INTERNACIONAL

VENEZUELA: LA DESTRUCCIÓNREVOLUCIONARIA

Xavier Reyes Matheus, director académico de RANGEL (Redes para laAcción de Nuevos Grupos de Estudios Latinoamericanos)

11/09/2009Nº 117

AFP/

JUAN

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LOS

ROJA

S

Hugo Chávez bromea con Zapatero en su última cumbre en La Moncloa el 25 de julio del pasado año. El viernes11 de septiembre se reúnen de nuevo.

“Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento históricoque se producirá en nuestro planeta: la coincidencia en breve de dospresidencias progresistas a ambos lados del Atlántico”. Para alguien

como Chávez, tan mirado con la dignidad latinoamericana, debe resultarfrancamente desdoroso que su reunión con José Luis Rodríguez Zapaterono se haya anunciado en los mismos términos que dedicó Leire Pajín alencuentro del presidente español y el estadounidense. Sobre todo porque

el bolivariano viene de acordar con los ayatolás la formación de un“frente antiimperialista” de “países revolucionarios”, y a lo mejor traía

en mente invitar a España a sumarse.

Por los mismos días en que el Gobiernode Hugo Chávez promulgaba la nuevaLey de Educación y cerraba de un plu-mazo 34 emisoras de radio, los venezo-lanos nos entreteníamos jugando, porenésima vez, a que tenemos una“reina”. Con su Miss Universo, el paísvolvía a quedar deslumbrado por los bri-llos de la purpurina sobre escenariosde cartón: toda una alegoría de la bo-nanza efímera y carnavalesca que, porpura cara bonita, se nos ha prometidotodo el último medio siglo desde el Es-tado paternalista fundado sobre unpozo de petróleo.

Pero lo cierto es que son muchaslas cosas que han cambiado para Ve-nezuela, y no precisamente para bien.Sin salirnos del tema, la nueva MissUniverso tiene apenas 18 años.Desde que cobró uso de razón, el pre-sidente del país al que representa sellama Hugo Chávez; algo que significaque la muchacha no ha vivido propia-mente en la sociedad venezolana, sinomás bien en el proceso de su desinte-gración. El pasado y el presente de lajoven miss pertenecen al chavismo.¿Pasará otro tanto con su futuro?

Si el plan al que aspira es la Univer-sidad, se le pinta delante un caminointervenido por la nueva Ley de Educa-ción. Si quiere por el contrario aprove-char su buena imagen para probarsuerte sobre los platós, entrará en un

terreno controlado por la Ley de Me-dios. Aún más trágico: dicen las rese-ñas de prensa que la chica hace la ca-rrera de Relaciones Internacionales.Teniendo en cuenta los términos enque Venezuela ha llevado últimamenteel trato con Estados Unidos, con Co-lombia, con Israel, con Honduras, conMarruecos, con la Comunidad Andina,con el G-3…, las perspectivas del ofi-cio resultan más bien poco alentado-ras. No es cuestión, por otra parte, deestudiar demasiado para servir a unadiplomacia marcada por la mano deseda y el lenguaje exquisito del cha-vismo: sin ir más lejos, el actual minis-tro de Exteriores venezolano, quehasta hace pocos años conducía unautobús, no tiene estudios superioresni habla idiomas. Eso sí, representa lafidelidad al régimen con todo el com-promiso del interés familiar: su mujeres la presidenta del Congreso.

A finales de julio, Newsweek dedi-caba sus páginas centrales a un am-plio reportaje sobre lo que calificabacomo “principal producto de exporta-ción del socialismo del siglo XXI”: losprofesionales jóvenes1. En el texto secitaba un estudio de Latin AmericanEconomic System según el cual la sa-lida de venezolanos de 25 años enadelante y con un alto grado de califica-ción profesional había aumentado enun 216% entre 1990 y 2007. Especialpresencia tienen en esta cuenta los

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“El actual ministro de Exteriores venezolano, que hastahace pocos años conducía un autobús, no tiene estudiossuperiores ni habla idiomas. Eso sí, representa la fidelidadal régimen: su mujer es la presidenta del Congreso”

1 Mac Margolis, “Brain drain”, en Newsweek, 27 de julio de 2009.

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que trabajan en medios de comunica-ción que, desde que el régimen cerróRadio Caracas Televisión (RCTV), en-frentan la suerte de los trabajadoresde la industria petrolera en 2002: es-coger entre la sumisión total al Go-bierno o la muerte civil. El cierre de las34 emisoras ha dejado en el paro a1.400 personas, y si se concreta laamenaza que pende sobre otros 250medios se elevarán a 9.000 los despi-dos. Sin embargo, un informe del Insti-tuto Nacional de Estadística de Vene-zuela acaba de revelar que en ladécada de Administración chavista elnúmero de empleados públicos se in-crementó en 977.261 personas, lo quesupone un 70% más que el Gobiernoanterior, cuya excesiva burocracia fus-tigó Chávez cuando era candidato. Losempleados públicos, entre otras cosas,tienen la obligación de concurrir vesti-dos de rojo a las concentraciones y mí-tines a favor del Gobierno.

Y es que Chávez asumió todo delEstado desarrollista venezolano qui-tándole precisamente lo que tenía dedesarrollista, y lo que tenía de Estadoen el sentido de conjunto de institucio-nes subordinadas al derecho. Res-pecto de lo primero, un ejemplo: traslos despidos de la petrolera, que suma-ron 22.000 trabajadores puestos en lacalle de un día para otro, la produccióncayó de 3,2 millones de barriles diariosa 2,4 millones. Es algo que al régimenle importa muy poco, porque la econo-mía nacional no está en función de laproductividad del país, sino de financiarla Revolución. Por lo demás, la destruc-ción de la legalidad facilita esta tarea.Así, es fama mundial que los venezola-nos no podemos comprar con libertaddivisas extranjeras, pues en 2003 elGobierno implementó un control cam-biario que establece supuestos taxati-vos bajo los cuales se autoriza, porcantidades fijadas correlativamente, laadquisición de dólares o euros al pre-cio oficial. Para evitar el mercado negrose dictó luego una Ley contra los ilíci-tos cambiarios, con severas penas deprisión. Pues bien, en marzo pasado,una operación de la DEA para investi-gar el lavado de dólares a través decasas de cambio venezolanas puso enevidencia que Petróleos de Venezuela,principal empresa pública del país y porlo tanto principal fuente de dólarespara el Gobierno, participaba en el mer-cado paralelo cambiando cantidadesque según Veneconomía oscilaban

“Tras los 22.000 despidos de la petrolera, la produccióncayó de 3,2 a 2,4 millones de barriles diarios. La

economía nacional no está en función de laproductividad del país, sino de financiar la Revolución”

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entre los 100 y los 200 millones de dó-lares semanales.

Por eso, y con tantos recursoscomo permite el sistema, a Chávez leha bastado con reivindicar los dere-chos del Estado sobre el espacio ra-dioeléctrico para revocar las concesio-nes a las emisoras. Del mismo modo,la agencia tributaria hace las veces depolicía política cuando se trata de aco-sar a algún adversario. Mientras tanto,el gigante sudamericano TeleSur es elcaballo de Troya de las comunicacio-nes chavistas, como se vio con todaclaridad durante el enfrentamientoentre Colombia y Ecuador, y reciente-mente en los sucesos de Honduras.

Las razones del chavismo sonsiempre “administrativas”. La Comi-sión Nacional de Telecomunicaciones(Conatel) anunció, respecto de las 34emisoras cerradas en agosto: “se lesabre inmediatamente un procedi-miento administrativo para la restitu-ción, por parte del Estado, de todaslas concesiones”. La razón, según sedijo, es que estos medios llevabantiempo negándose a “actualizar susdatos”. Junto a tales argumentos téc-nicos se ponen luego los revoluciona-rios: “Vamos a democratizar el usodel espectro radioeléctrico [...], esta-mos empeñados en erradicar el lati-fundio radioeléctrico”. Hace unos díasotras 29 estaciones de radio fueronobjeto de idénticas medidas, y a Glo-

bovisión llegaron nuevas notificacio-nes sobre procedimientos administra-tivos en su contra. La cínica nota queenvía el Gobierno a las emisoras quesufren la censura está redactada enestos términos: “Es grato dirigirme austedes para notificarles que estaránfuera del aire”.

Una creencia ingenua es que laaprobación de “leyes revolucionarias”supondrá para los venezolanos la pér-dida de la seguridad jurídica. Como seha visto en el caso de la Ley contra elilícito cambiario, el orden legal en Ve-nezuela hace tiempo que es una fic-ción, con los tribunales, el legislativoy las fuerzas públicas oficiales y para-lelas sirviendo al Gobierno de manerairrestricta. La razón se habrá com-prendido también con el ejemplo delcontrol de cambio: dinero. El odio declase o las convicciones ideológicasson apenas accesorios, a diferenciade lo que creen los lebreles europeosy norteamericanos del chavismo, quehan desempolvado todos los clásicosdel pensamiento marxista para anali-

“Para evitar el mercado negro se dictó una Ley contra losilícitos cambiarios con severas penas de prisión. En marzopasado, Petróleos de Venezuela cambiaba en el mercadoparalelo entre 100 y 200 millones de dólares semanales”

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zar el “proceso” con la esperanza mi-lenarista de siempre: la de que “estavez sí”.

Pero ¿por qué entonces no se dejatodo de cuenta de la impunidad, y sepersiste en meter aquel caos tan fun-cional en camisas legales que puedenresultar de once varas? Los diputadosque dejaron para mejor momento laaprobación de la Ley contra DelitosMediáticos en agosto pasado debie-ron de haber reflexionado sobre ello.Después de todo, la violación fácticade las leyes es subrepticia. Resultamucho menos evidente la arbitrarie-dad de un funcionario aislado que lade un artículo como el siguiente, quefigura en el proyecto de la norma pos-puesta:

“Artículo 4-. Definición de delitosmediáticos. Constituyen delitos lasacciones u omisiones que lesionenel derecho a la información opor-tuna, veraz e imparcial, que atentencontra la paz social, la seguridad dela nación, el orden público, estabili-dad de las instituciones del Estado,la salud mental o moral pública, quegeneren sensación de impunidad ode inseguridad y que sean cometi-das a través de un medio”.

Parece claro que la reacción inter-nacional influyó sobre la opinión delCongreso, integrado casi exclusiva-mente por el oficialismo. El director ge-

neral de la Unesco, Koichiro Matsuura,había enviado un comunicado en elque mostraba “profunda preocupa-ción” por la situación de los mediosen Venezuela, y a esto se sumaron lasquejas de la Sociedad Interamericanade Prensa (SIP), especialmente vivasdurante esos días por las agresionescontra varios periodistas de la CadenaCapriles. También se sumaron las acu-saciones de Human Rights Watch, quedenunciaron a Venezuela como elúnico país de América Latina que re-trocede “sistemáticamente” en el de-recho a la libre expresión. En general,los titulares de periódicos y telediariosdesaconsejaban el paso adelante alos legisladores venezolanos.

Quizá otro habría sido el resultadode haber prevalecido el parecer del mi-nistro de Exteriores español, MiguelÁngel Moratinos, que dio por entoncesa El País estas pintorescas impresio-nes de su viaje a Venezuela: “Creo queel nivel de libertad de expresión es sa-tisfactorio”. Pero el ministro no sólo“cree”, sino que le parece “evidente”que Chávez “ha ganado las elecciones,y no una, sino varias, y ha reconocidola derrota cuando ha perdido”. En rea-lidad, este “cuando” no es de aspectodurativo sino puntual: la única derrotaque Chávez ha reconocido (con tal ga-llardía y elegancia, como se recordará,que al calificar el triunfo de sus adver-sarios llegó ya etimológicamente a laescatología o coprolalia, según se pre-

“La cínica nota que envía el Gobierno a las emisorasque sufren la censura está redactada en estos términos:

‘Es grato dirigirme a ustedes para notificarlesque estarán fuera del aire’”

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fiera) fue la del referendo de diciembrede 2007, cuyo propósito era justa-mente no tener que volver a reconocerderrotas, pues se trataba de incluir lareelección indefinida. Pero es que, enaquella oportunidad, la aceptación quetanto encomia el ministro Moratinosconsistió en volver a plantear la con-sulta, aunque el artículo 345 de laConstitución venezolana impedía ex-presamente hacerlo en el mismo pe-riodo presidencial. Y claro: no se tra-taba de repetirla para volverla aperder; efectivamente, la ganó. Comose ve, todo un ejemplo de talante. Perose conoce que la Constitución de Ve-nezuela, con todo y con ser “boliva-riana”, no figura en los anaqueles delMinisterio de Exteriores español. Exac-tamente como la de Honduras.

La ley que iba a seguir haciendo sa-tisfactorio el nivel de libertad de expre-sión en Venezuela contenía tambiéndisposiciones como ésta:

“Artículo 5-. “Toda persona que di-vulgue a través de un medio noticiasfalsas que ocasionen una grave alte-ración a la tranquilidad pública, pá-nico en la población, la hubierenmantenido en zozobra, que haya alte-rado el orden público, que hubierenproducido un perjuicio a los intere-ses del Estado, será castigada con

una pena de prisión de dos a cuatroaños. Se aplicará la misma pena ala persona responsable del mediode comunicación social”.

Claro que lanzar amenazas bélicascontra el mundo entero desde Aló, Pre-sidente no mantiene a la población enzozobra ni perjudica los intereses delEstado, aunque le cueste a Venezuelaromper con sus dos socios comercia-les más importantes, Estados Unidosy Colombia.

Otro artículo de la ley aplazada obli-gaba a los medios a revelar sus fuen-tes a requerimiento del Ministerio Pú-blico, donde la fiscal Luisa Ortega hacelas veces de Fouquier-Tinville del cha-vismo. A su disposición han puestotambién los diputados la reciente re-forma del Código Procesal Penal, cuyoartículo 309 le da autorización para ac-ceder a los registros de llamadas tele-fónicas de cualquier ciudadano sin ne-cesidad de orden judicial, y obliga a lasempresas de telecomunicaciones, ban-carias y financieras a seguir la ubica-ción de los móviles manteniendo “uni-dades permanentes las 24 horas deldía y los siete días de la semana”. Aun-que los teléfonos pinchados son prác-tica inveterada del régimen2, la ofensivade ahora tiene por objeto atajar losmensajes de texto que envían los tele-

“El orden legal en Venezuela hace tiempo que es unaficción, con los tribunales, el legislativo y las fuerzaspúblicas oficiales y paralelas sirviendo al Gobiernode manera irrestricta”

2 En el siguiente link, publicado por la asociación civil Súmate, puede leerse un resumen de varioscasos de espionaje telefónico en Venezuela desde 2002: http://web.sumate.org/democracia-re-troceso/attachments-spanish/T5%20ST03%20N3%20Grabaciones%20ilegales.pdf

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chard Blanco, y 11 trabajadores de laAlcaldía Metropolitana, a cargo delopositor Antonio Ledezma, entraron enla cárcel acusados de agredir a la po-licía durante aquella manifestación.

Junto a esto, la nueva Ley de Edu-cación atribuye a los Consejos Comu-nales (a propósito de los cuales Chá-vez ha recordado la consigna de “todoel poder para los soviets”) “un rol pe-dagógico liberador para la formaciónde una nueva ciudadanía con respon-sabilidad social”. El artículo 14 define:“La educación regulada por esta Leyse fundamenta en la doctrina de nues-tro Libertador Simón Bolívar” y “en ladoctrina de Simón Rodríguez”. Pero locierto es que un cuerpo de catequesisbolivariana, lo mismo que una “Repú-blica Bolivariana”, es cualquier cosaque el chavismo quiera interpretar.¿Formarán parte de esa doctrina citasde Bolívar como “el que sirve una revo-lución ara en el mar” (Carta a JuanJosé Flores, 9 de noviembre de 1830),o “nada es tan peligroso como dejarpermanecer largo tiempo en un mismociudadano el poder. El pueblo se acos-tumbra a obedecerle y él se acostum-bra a mandarlo; de donde se origina lausurpación y la tiranía” (Discurso deAngostura, febrero de 1819)? Ambascosas las dijo Bolívar: la primera porconvicción y la segunda, por demago-gia. En cuanto al modelo de Simón Ro-dríguez, baste decir que Bolívar enco-mendó al mariscal Sucre favorecer su

“Human Rights Watch ha denunciado a Venezuela como elúnico país de América Latina que retrocede

‘sistemáticamente’ en el derecho a la libre expresión”

videntes a uno de los programas demás audiencia de Globovisión.

Ortega, artífice precisamente de laLey contra Delitos Mediáticos, havuelto por sus fueros para anunciarque todos “los que por cualquier mo-tivo marchan” [para protestar contra elGobierno] son susceptibles de encajar“perfectamente en el delito de rebe-lión civil”, castigado por la legislaciónvenezolana con penas de entre 12 y24 años de prisión. Esta advertenciala hizo desde su programa de radio,pues, lo mismo que Chávez, Ortega seentretiene con la locución en aquelpaís donde las oligarquías contrarrevo-lucionarias no dejan, ya se ve, la másmínima oportunidad de hablar. Susamenazas respondían directamente ala marcha organizada en Caracas con-tra la Ley de Educación, que fue al finla norma revolucionaria a la que dieronprioridad los legisladores chavistas(valga la redundancia) frente a la deDelitos Mediáticos. Por lo pronto, lasprevenciones de la fiscal se van cum-pliendo: el prefecto de Caracas, Ri-

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implantación y éste le contestó deses-perado que el pedagogo no era capazde “desempeñar el puesto que tienebajo el plan que él dice y que yo no sécuál es”, pues consistía en principiostan caóticos –o tan geniales, según sequiera ver– que “diferentes veces lehe pedido que traiga por escrito el sis-tema que él quiere adoptar para queme sirva de regla y en ocho meses nome la ha podido presentar”.

Por lo que toca a la Universidad, elartículo 34 de la norma recién estre-nada dice que habrá “libertad intelec-tual”, en función del “principio de au-tonomía reconocido por el Estado”, enaquellas instituciones “que les seaaplicable”. Asimismo se establece laelección de las autoridades universita-rias “en igualdad de condiciones delos derechos políticos de los integran-tes de la comunidad universitaria: pro-fesores, estudiantes, personal admi-nistrativo, obreros y egresados”. Juntoa esto, el artículo 35, numeral 8, dis-pone que “la oferta de algunas carre-ras que por su naturaleza, alcance, im-pacto social e interés nacional debanser reservadas para ser impartidas eninstituciones especialmente destina-das para ello”.

Un reciente estudio, en el que un ex-perto del Instituto Pedagógico de Cara-cas ha comparado datos entre los años2004 y 2007, encontró que la res-puesta de la población al plan chavistade reforma educativa en los colegiospúblicos, que comenzó con el estable-cimiento de las “Escuelas Bolivaria-nas”, ha disparado la matrícula en loscentros privados incluyendo a algunasde las zonas más pobres de la capital.En el lapso analizado, el incremento enlos planteles oficiales de Caracas fuede 32.312 estudiantes, frente a117.178 en los privados.

Pero quedaba en el aire una pre-gunta: ¿por qué consagrar legalmenteel totalitarismo, pudiendo ejercerlo enla práctica a fuerza de clientelas? Poruna sola razón, y es que el gobiernoautoritario consiste justamente encreer que para el poder no hay nadaque no deba hacerse. La lógica delabuso de autoridad no es la de porqué; es la de y por qué no. Por eso loque verá España en los próximos díasserá lo que se acaba de ver en Vene-cia: puro exabrupto, que es el estilo delo que llamaba Leire Pajín, en su turife-rario anuncio, “la hora de las políticasde izquierda”.

“La reciente reforma del Código Procesal Penalautoriza al Ministerio Público a acceder a los registrosde llamadas telefónicas de cualquier ciudadanosin necesidad de orden judicial”