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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS
MONOGRAFIA:
“INCIDENCIA QUE TIENE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO EN LOS
MENORES INFRACTORES EN EL SALVADOR”
REALIZADO POR:
JOSEFINA PEREZ ASCENCIO
SAN SALVADOR, JUNIO DE 2003
INDICE
Pág.
INTRODUCCIÓN 1
CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 3
1. Introducción 3
2. Antecedentes de la problemática 3
3. Planteamiento del problema 4
4. Justificación del problema 5
5. Objetivos de la investigación 5
6. Estrategia metodológica 6
CAPITULO II: MARCO JURIDICO SOBRE LA MEDIDA DE 7
INTERNAMIENTO EN EL PROCESO PENAL DE MENORES
1. Fundamento constitucional 7
2. Leyes secundarias 9
2.1 Ley de Familia 10
2.2 Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor 13
2.3 Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas del
Menor Infractor 15
2.4 Ley Penal y Procesal Penal 16
3. Tratados Internacionales 19
3.1 Convención sobre los Derechos del Niño 20
3.2 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad 23
3.3 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de Justicia de Menores 25
3.4 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de
la Delincuencia Juvenil. 27
CAPITULO III: ANALISIS DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO
EN LA LEY DEL MENOR INFRACTOR 29
1. Síntesis del objeto, finalidad y contenido de la Ley del Menor Infractor
en relación al internamiento 29
2. El internamiento y su relación jurídica 31
3. Presupuestos jurídicos de aplicación de la medida de internamiento 33
4. Destinatarios de la medida de internamiento 35
5. Confrontación entre fines formales y fines reales 38
CAPITULO IV: INCIDENCIA DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO
EN LOS MENORES INFRACTORES SUJETOS A SU APLICACIÓN 42
1. El menor en el contexto familiar 42
2. El menor y el referente educativo 44
3. El menor en el contexto comunitario y social 46
4. Conclusión capitular 48
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50
1. Conclusiones 50
2. Recomendaciones 52
BIBLIOGRAFÍA 54
ANEXOS 55
INTRODUCCION
El presente trabajo que se denomina “Incidencia que tiene la Medida de
Internamiento en los Menores Infractores en El Salvador”, tiene como finalidad
principal analizar la aplicabilidad que tiene la Medida de Internamiento en los
menores infractores en el contexto jurídico social nacional.
A nuestro lector darle a conocer que el presente trabajo se ha elaborado a través
de una ardua investigación y análisis de los diferentes preceptos legales, la doctrina
y la experiencia de expertos en el tema.
La utilidad del estudio consiste en conocer la afectación que tiene en el menor la
Medida de Internamiento en la vida actual y futura, y a la ves hacer conciencia en la
familia, la escuela y la sociedad que los menores en conflicto con la Ley Penal
necesitan de nuestra ayuda.
La investigación contiene cinco capítulos, los cuales se describen a continuación:
El capitulo I, se denomina “El Problema de la Investigación” en el cual se identifica
la problemática, los objetivos de la investigación y la estrategia metodológica que
se utilizó para desarrollar la investigación.
El capitulo II, se denomina “Marco Jurídico sobre la Medida de Internamiento en el
Proceso Penal de Menores.”, El cual hace referencia a tres temas principales como
es el fundamento constitucional, leyes secundarias y tratados internacionales.
Capitulo III, se denomina “Análisis de la Medida de Internamiento en la Ley del
Menor Infractor”, el cual hace referencia al objeto, finalidad, contenido, relación
jurídica, presupuestos jurídicos de aplicación, destinatarios de dicha medida y la
confrontación entre fines formales y fines reales.
Capitulo IV, que se denomina “Incidencia de la Medida de Internamiento en los
Menores Infractores sujetos a su aplicación”. El cual hace referencia a la afectación
que tiene esta medida al no recibir apoyo de la familia, la escuela y la sociedad.
Y finalmente el capitulo V que se denomina “Conclusiones y Recomendaciones” el
cual resalta los principales hallazgos del estudio realizado, como es el hecho de
considerar que es necesario que los jueces de menores deben estar concientes
que en su esfera de decisión en el marco jurídico que la ley les establece,
especialmente para optar la aplicación de la medida de internamiento, además de
tomar en cuenta los presupuestos legales de aplicación, se encuentran íntimamente
relacionados a las circunstancias personales de los menores sujetos a la
intervención penal del Estado.
Esta investigación ha sido para mí muy importante, ya que me ha permitido conocer
los efectos que causa el internar en un centro privativo de libertad a un menor en el
ámbito familiar, educativo y social.
CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION
INTRODUCCION
El presente perfil monográfico constituye un informe descriptivo del proyecto que a
continuación se presenta sobre la Incidencia que tiene la Medida de Internamiento en
los Menores Infractores en El Salvador, el cual contiene los antecedentes del tema; el
planteamiento del problema; la justificación del estudio; los objetivos de la
investigación; la estrategia metodológica que incluye: etapas, métodos que se
utilizaran en el proceso de investigación y las técnicas propias del que hacer
investigativo; la propuesta capitular y la bibliografía inicial.
ANTECEDENTES
Hay que tomar en cuenta que nuestra Ley del Menor Infractor (en adelante LMI) ha
pasado por un proceso histórico desde su creación hasta su promulgación, así que
antes de 1966 los Menores Infractores eran sometidos a los mismos tratamientos de
los adultos, hasta que el 14 de julio de1966 se aprueba un Decreto Legislativo
número 25 que contenía la Ley Tutelar de Menores, el cual fue derogado en enero
de 1974 por el Código de Menores, luego la Asamblea de las Naciones Unidas
adopta la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de1989, la
cual fue firmada y ratificada por El Salvador el 26 de enero y 27 de abril de 1990,
luego con la finalidad de armonizar la Legislación Nacional con la Convención de los
Derechos del Niño, en 1992 el Ministerio de Justicia comenzó a elaborar el
Anteproyecto de la Ley Tutelar del Menor de Conducta Irregular, luego sustituida por
el Proyecto de la Ley del Menor Infractor siendo aprobada el 27 de abril de 1994 y
entra en vigencia el primero de marzo de 1995.
El presente trabajo contiene un análisis objetivo y subjetivo sobre la incidencia que
tiene la Medida de Internamiento en los Menores Infractores en El Salvador, haciendo
énfasis en el uso de ésta solo en casos extremos. La Ley del Menor Infractor en su
capítulo I y en su Artículo 8 LMI nos señala las medidas que los menores están
sujetos cuando estos infringen la ley, siendo el literal “f” quien nos habla de la Medida
de Internamiento, tema de la investigación. Es así, que el principal propósito es hacer
un análisis de esta medida, a tal efecto el Artículo 15 LMI en su inciso primero señala:
“El internamiento constituye una privación de libertad que el Juez ordena
excepcionalmente, como última medida cuando concurran las circunstancias
establecidas para la privación de libertad por orden judicial y su duración será por el
menor tiempo posible”, al respecto la Medida de Internamiento debe ser la excepción
y puede aplicarse solamente en casos extremos, buscando mecanismos que
realmente lleven al menor a una verdadera reinserción en la sociedad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La Medida de Internamiento contemplada en la Ley del Menor Infractor es de gran
relevancia para conocer el Sistema de Internamiento Penal en los Menores
Infractores, razón por la cual es objeto del presente análisis. Como lo demuestran
diferentes estudios realizados sobre la Medida de Internamiento de la Ley del Menor
Infractor, entre ellos el de Mirna Yaneth Rauda, quien afirma que: “Es una medida muy grave, estigmatiza** a quien se le aplica y por lo general, no genera sino mayor violencia y daño a quien la sufre, creando en el menor frustración y resentimiento, volviéndose esto en contra de la misma sociedad.” 1 Es importante
mencionar que el internamiento no es la mejor respuesta a la delincuencia juvenil ya
que no rompe el círculo de violencia, por el contrario la incrementa, crea un caos en
el Sistema Judicial y sobre todo afecta la vida familiar y social del menor no
permitiéndole lograr el fin propuesto que es lograr su reeducación y resocialización ni
mucho menos su concientización a la vida útil y productiva de su persona2. En vista
de que los jueces de menores aplican la medida de internamiento en la mayoría de los
casos y no como lo establece el articulo 15 LMI, que señala que debe aplicarse en
forma excepcional, todo lo afirmado anteriormente nos lleva a explorar la siguiente
* Censurar, condenar, dejar una huella. 1 RAUDA, M. Y; Análisis Jurídico Social de la Medida de Internamiento y de servicio a la comunidad contemplada en la Ley del Menor Infractor en El Salvador, trabajo de Monografía de la Universidad Francisco Gavidia. Año 2002.Pág. 32. 2 Cfr. RIVERA, S: La Nueva Justicia Penal Juvenil; la experiencia de El Salvador.2° Edición, Taller litográfico de C.A. año 1999. Pág.29.
problemática: ¿Cuál es la Incidencia que tiene la Medida de Internamiento en los Menores Infractores en El Salvador?
3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
El presente trabajo tiene como propósito analizar la incidencia que tiene la Medida de
Internamiento en los Menores Infractores en El Salvador a través de la Ley del Menor
Infractor.
La importancia del estudio radica en que permitirá establecer la razón por la cual la
Medida de Internamiento no se aplica excepcionalmente a los Menores Infractores por
los Jueces y Juezas, estimándose que ella es una regulación que no contribuye a la
rehabilitación de los mismos.
La utilidad del estudio consiste en proponer un conjunto de orientaciones de carácter
jurídico social para aplicar la Medida de Internamiento en forma excepcional a los
menores en conflicto con la Ley Penal.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN A. OBJETIVO GENERAL
- Analizar la incidencia que tiene la Medida de Internamiento contemplada en la
Ley del Menor Infractor en el contexto jurídico social nacional.
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1) Describir un marco jurídico relacionado con la Medida de Internamiento en el
contexto de la Ley del Menor Infractor, la Ley Penal y la legislación nacional.
2) Establecer la razón por la cual la Medida de Internamiento no se aplica en forma
excepcional en los Menores Infractores.
3) Conocer la incidencia de la Medida de Internamiento en los Menores Infractores en
el ámbito familiar, educativo y social.
4) Proponer un conjunto de orientaciones socio jurídicas para aplicar cualquier otra
medida que no sea el internamiento en los Menores Infractores
5. ESTRATEGIA METODOLOGICA
La estrategia metodológica se utilizará para la realización de la investigación contiene
las partes que se indican a continuación.
A. ETAPAS
Recolección de información: consistirá en la recolección de fuentes bibliográficas,
consultas a expertos en el tema a través de entrevistas, recolección de
documentos legales, y toda aquella información pertinente en el problema de la
investigación.
Análisis de la información: consistirá en procesar la investigación, ordenarla y
sistematizarla.
Redacción del informe final: consistirá en elaborarlo de acuerdo al proyecto capitular.
B. METODO
El método que se utilizará para realizar el estudio será el científico, apoyado por el
método lógico e inductivo y deductivo, así mismo se utilizarán las técnicas de análisis
de contenido, resumen, fichas y consultas especializadas.
CAPITULO II: MARCO JURIDICO SOBRE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO EN EL PROCESO PENAL DE MENORES
1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
En cuanto al tratamiento de la delincuencia juvenil se comienza a dar una
referencia jurídica por primera vez en nuestra historia en la constitución de la
República de 1945, la cual establece en el Art. 153 Constitución, en adelante Cn.
“La familia como base fundamental de la nación, será protegida especialmente por
El Estado, el cual dictará las leyes y disposiciones necesarias para su mejoramiento
moral, físico, económico, intelectual y social para fomentar el matrimonio, y para la
protección de la maternidad y de la Infancia.
La delincuencia de menores estará sometida al régimen jurídico especial. El bien
de familia será sujeto a una ley. De igual manera lo retoman las constituciones de
1950 y 1962. Luego la Constitución de la República vigente desde el 20 de
diciembre de 1983 conserva las disposiciones anteriores y es que dentro del
capitulo II referido a los derechos sociales y en la sección primera, titulo I se
establecen los artículos que hacen referencia especial a la protección del menor, y
a la intervención tutelar y punitiva del Estado cuando el menor se le atribuya o
declare ser autor o participe de la comisión de una infracción penal.
El artículo 34 inciso 1° Cn. Expresa: “Todo menor tiene derecho a vivir en
condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral para lo
cual tendrá protección del Estado”. El artículo 35 Cn. expresa: “El estado
protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de
estos a la educación y a la asistencia. La conducta antisocial de los menores que
constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial.
A través de estas disposiciones constitucionales el Estado se obliga a crear un
régimen especial para los niños y adolescentes que delinquen, pero además a
respetar los derechos individuales que le son reconocidos como persona humana
sujeto de derecho, es aquí donde se dan las bases para desarrollar una protección
social y jurídica reconociendo la importancia de proteger los menores como parte
del desarrollo social actual. El régimen jurídico especial que ordena en cuanto a la
conducta antisocial de los menores que constituye delito y falta, es en base a la
idea de que los menores no pueden ser juzgados bajo el mismo régimen de los
adultos, sino que deben tener uno que asegure todos los derechos y garantías que
merecen como seres humanos en desarrollo.
La Ley del Menor Infractor además esta orientada hacia la adecuación de los
principios constitucionales establecidos en la sección referente a los Derechos
individuales, especialmente los siguientes: Que se garantice el derecho al honor, a
la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, Art. 2 Inc. 2° Cn. ; que la ley no
puede autorizar ningún acto o contrato que implique la perdida o el irreparable
sacrificio de la libertad o dignidad de la persona, Art. 10 Cn.; el Art. 11 Cn. el cual
regula sobre la garantía de audiencia; el Art. 12 Cn. , que establece la garantía del
debido proceso, el principio de culpabilidad la presunción de inocencia, el de
defensa, el de información acerca de los motivos de su detención, Art. 13 Cn., que
regula el control judicial de las ordenes de detención o privación de libertad y la
detención en flagrancia, la detención administrativa y el término de inquirir, Art. 15
Cn., que regula que nadie debe ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas
con anterioridad al hecho que se trate, y por los tribunales que previamente haya
establecido la ley.
En esta parte sobresale lo establecido en el Art. 3 Inc. 1° Cn., el cual expresa:
“Todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles no
podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad,
raza, sexo o religión”. Por lo tanto este artículo nos da la pauta que los niños y
adolescentes no se les debe aplicar la normativa penal establecida para las
personas mayores de edad, puesto que estos se encuentran en una situación
jurídico social muy diferente.
Con respecto a la privación de libertad de los menores, la Constitución vigente no
hace una referencia especifica acerca de ello, sin embargo, si menciona los fines
de la pena de prisión, como son: corregir al delincuente, educarlo y formarle hábitos
de trabajo, procurar su readaptación y prevenir los delitos, fines que también
persigue la Ley del Menor Infractor con respecto a la privación de libertad.
Expresamente el Art. 27 Inc. 3° Cn., dice: “El Estado organizará los centros
penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles
hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.
Es importante también mencionar con respecto a la privación de libertad de los
menores que la Constitución de la República en el Art. 13 Inc. 4° establece: Que
por razones de defensa social, podrán ser sometidas a medidas de seguridad
reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral
o daños, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos eminentes para la sociedad
o para los individuos. Dichas medida de seguridad deben estar estrictamente
reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del órgano judicial.
Es necesario aclarar que todo lo relacionado a la privación de libertad del menor de
edad, la Ley del Menor Infractor lo retoma con algunas diferencias, posteriormente
se hablará especialmente de ello.
2. LEYES SECUNDARIAS
Se presenta a continuación el desarrollo de algunos comentarios a normas
establecidas a nivel de la ley secundaria y que nos permite ver concretados
principios y lineamientos constitucionales o de normas internacionales sobre el
menor sometido al control penal.
LEY DE FAMILIA
La protección jurídica de la familia ha experimentado una trasformación notable en
el derecho interno de la generalidad de los países y para mayor eficacia se ha
logrado incorporar la protección familiar a la normativa constitucional. Este gran
movimiento del Derecho de Familia se ha producido en Europa a partir de la
primera Post-guerra mundial y posteriormente en América, luego surge a partir dela
segunda Post-guerra mundial un movimiento supranacional encaminado a la
protección Internacional de la Familia, en este momento el papel principal lo ha
realizado Las Naciones Unidas, generando un conjunto de declaraciones,
resoluciones, planes de acción en relación a la familia, teniendo en cuenta
principalmente a los grupos familiares de alto riesgo y otras situaciones de
desamparo que afectan a los miembros de la familia tales como; la mujer sola
cabeza de familia, la minoridad abandonada, las familias campesinas, otros.
Existen diferentes instrumentos internacionales que protegen la familia como
algunos que se mencionan a continuación: Declaración Universal de los Derechos
del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de
Derechos civiles y políticos, etc. “ Estos instrumentos generan un enorme potencial
para la protección jurídica y social de la familia, que se complementan con una
serie de políticas y estrategias internacionales que realizan principalmente las
Naciones Unidas y otros instrumentos imponen obligaciones jurídicas a los Estados
signatarios.”3 La normativa familiar en El Salvador constituye el desarrollo
normativo del mandato constitucional referente a la familia; no obstante se ha
venido modificando desde principios de siglo, fruto del cambio son las visibles
mejoras que se introdujeron legislativamente a partir de 1902, cambios que
resultaron de los graves problemas que ya para entonces afrontaba la familia
salvadoreña.
En el año de 1979 se comienza a plantear en El Salvador la necesidad de sustraer
la normativa familiar del Derecho privado en el que fue inscrita con la promulgación
del Código Civil de 1860. Para entonces el legislador constituyente de 1950,
enrumbó la protección de la familia a nuevos derroteros; el constitucionalismo social
derribó las bases del liberalismo. Se imponía la verdadera protección del Estado
hacia lo que se consideró su base fundamental: la familia. Se comienza a plantear
en El Salvador, la necesidad de darle a la familia la protección como grupo humano,
al igual que a cada uno de sus componentes.
3 Cfr. CALDERON DE BUITRAGO, A. Manual de Derecho de Familia, Centro de Investigación y Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial . Segunda edición, 1995, pág. 57.
Es así, que la Constitución de 1983, reconoce y reafirma a la institución de la
familia como el fundamento de la sociedad y se compromete a su protección
integral a través de la legislación necesaria y la creación de los organismos
apropiados para su integración, bienestar y desarrollo cultural, social y económico.
Es así que el 20 de octubre de 1993 es aprobado el Código de Familia, en adelante
CF y entra en vigencia el primero de octubre del mismo año. 4
Dentro del Derecho familiar existen ciertos principios rectores que especialmente
inspiran las disposiciones del Código de Familia y es el Art. 4 CF que expresa:
Principios rectores: La unidad de la Familia, la igualdad delos derechos del hombre
y de la mujer, la igualdad de los derechos de los hijos, la protección integral de los
menores y demás incapaces, de los adultos mayores y de la madre cuando fuere la
única responsable.
Como se menciona uno de los principios que inspiran en el Código de Familia: es la
protección integral de los menores, o sea que todo lo relativo a los menores dentro
del Código se trata de desarrollar la doctrina de la protección integral, establecida
en la Convención de los Derechos del Niño, la cual implica protección social y
jurídica del menor ya que su interés superior será la consideración primordial en
cuanto a todas las medidas que le afecten.
En el Código de Familia en su libro quinto “Los menores y las personas de la
Tercera Edad”, título primero “Los menores”, capítulo I “Principios rectores”,
“Derechos fundamentales y deberes de los menores”, en su artículo 344 CF
establece los principios en que se fundamenta la protección del menor,
reconociendo y regulando sus derechos, y estableciendo sus deberes, así mismo
establece los deberes de la familia, la sociedad y El Estado para garantizar la
protección integral del menor. Esta protección implica proteger al menor
socialmente y jurídicamente, ya que el interés superior del menor es todo aquello
que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y social, y así logrará el pleno
y armonioso desenvolvimiento de una personalidad.
.4 Cfr. CALDERON DE BUITRAGO, A. Ibid.: Manual de... pág. 2
Con respecto a los deberes del Estado en la protección al menor el Art. 397 Rel.
348 CF establece que es éste quien deberá propiciar por todos los medios la
estabilidad de la familia y su bienestar en materia de salud, trabajo, vivienda,
educación y seguridad social, ya que debe asumir la responsabilidad de proteger al
menor y de manera especial tienen la responsabilidad de proteger a aquellos
menores que se encuentren amenazados y violentados en sus derechos, y sobre
todo al menor infractor.
Con respecto de los Derechos fundamentales que a todo menor tienen es el Art.
351 CF quien establece veintiocho derechos, pero en el caso que un menor se
encuentre privado de su libertad ya sea esta provisional o definitiva y por ser sujeto
de derecho, la Ley de Familia le concede a ser protegido contra toda forma de
perjuicio o abuso físico mental y moral, descuido o negligencia a malos tratos,
sanciones o penas crueles inhumanas o degradantes; a que la Ley, tribunales,
autoridades, instituciones le amparen aplicándole una protección integral, a no ser
privado de su libertad en una forma ilegal o arbitraria, a ser puesto inmediatamente
a disposición de la autoridad judicial competente, y sí fuese internado a estar
separado de los mayores de edad, a recibir asistencia legal gratuita en todo tramite
administrativo y judicial y a que sus padres participen; a ser protegidos y asistidos
por el Estado, cuando se encuentre temporal o permanente privado de su medio
familiar y a gozar de los demás derechos que le reconoce la Constitución, Tratados
Internacionales ratificados por El Salvador y demás leyes. Así mismo todo menor
que es sujeto activo o pasivo de infracción penal se prohíbe difundir su nombre, su
fotografía o identificación ante cualquier medio.
LEY DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN AL MENOR
Con la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado el 20 de noviembre
de1989, adoptada por El Salvador, en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y suscrita el día 26 de enero de 1990, y que posteriormente la ratificaría el
27 de abril del mismo año, pasando a ser Ley de la República; posteriormente a
esta Convención, se produce un cambio sustancial en el Derecho de Menores, se
supera la doctrina de la situación irregular y se adopta la doctrina de la protección
Integral en la que se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de
carácter internacional considerando al niño y al adolescente como sujetos de
derechos y garantías plenas.
El Estado motivado por la Convención sobre los Derechos del niño que orienta a la
doctrina de la protección Integral, en el año de 1992, emprende la reforma de la
legislación de menores. Posteriormente a la firma de los acuerdos de Paz, se vio la
necesidad de crear competencias separadas en cuanto al tratamiento de menores
como son: El Instituto Salvadoreño de Protección al menor (1993) que
funcionaría con competencia administrativa y conocería de los casos de los
menores en riesgo social, así como las reformas al órgano judicial en cuanto a sus
programas y tribunales; éste destinado a la protección y atención de los menores
de cero a dieciocho años y los Tribunales Tutelares de Menores, destinados a los
menores infractores.
La Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor que en adelante se
abreviara LISPM, entra en vigencia con fecha once de mayo de 1993, de esta
manera se continúa el avance del Derecho de Menores en nuestro país. El artículo
2 LISPM, establece como uno de los objetivos primordiales del Instituto
Salvadoreño de Protección al Menor: (ahora Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, que en adelante llamaremos
ISNA.) 5 “Ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de Atención del
Menor, en todo el territorio Nacional y brindar protección integral al menor. Siendo
el ISNA la institución responsable para la creación y administración de los centros
de resguardo del país.
Además la protección integral del menor se fundamenta en los Derechos que a su
favor establece, la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos
del Niño, la legislación protectora de la familia y menores, en los principios rectores
del derecho de menores y de familia, así como las políticas estatales de protección
al menor y promoción familiar. Art. 3 LISPM.
5 El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor se le a sustituido el nombre a partir del año 2002 por Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
El artículo 14 LISPM nos menciona que para el cumplimiento de los fines de esta
Ley, el Instituto podrá crear las instalaciones necesarias para suministrar un lugar
adecuado para que las y los jóvenes en conflicto con la Ley Penal guarden su
detención administrativa en condiciones, que aseguren su dignidad humana y su
protección integral.
Dentro de las atribuciones generales del ISNA está: la responsabilidad de brindar
una protección integral de los derechos de toda persona menor de edad y estar
pendiente especialmente de los casos en que las personas menores de edad se
encuentren privados de libertad bajo la responsabilidad del Estado.
Otra de las atribuciones deL ISNA es conocer de la amenaza o violación de los
derechos del menor, tomar las medidas de protección a favor del menor que se le
compruebe esta amenazado o violado de sus derechos, Art. 4 LISPM letra “d”.
Dentro de las medidas que la Ley incorpora son innovadoras ya que su finalidad es
socio-educativa y rehabilitadota para el menor, por ello el artículo 45 LISPM estipula
las medidas de protección para el menor que son: orientación y apoyo sociofamiliar,
amonestación, reintegro al hogar con o sin supervisión, colocación familiar,
colocación en hogar sustituto, y colocación institucional, como se observa no se
menciona la figura de internamiento, ya que se pretende dar una visión socio-
educativa.
LEY DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS
DEL MENOR INFRACTOR.
La ley de Vigilancia y Control de Ejecución del Medidas del Menor Infractor que en
adelante se abreviará LVCEMMI decretada el día 7 de Junio de1995, siendo su
fundamento jurídico el artículo 125 Ley del menor Infractor el cual establece que la
vigilancia y control de las medidas en dicha ley, serán ejercidas por el Juez de
Ejecución de Medidas del Menor. El artículo 1 LVCEMMI establece que el objeto
de esta Ley es regular los procedimientos de actuación de dicho funcionario, siendo
el encargado de vigilar y controlar la ejecución de las medidas establecidas en la
Ley del Menor Infractor.
A esta Ley se aplican los principios rectores, las reglas de interpretación y
aplicación, así como todas los derechos de los menores establecidos en la Ley del
Menor Infractor. Dentro de su competencia esta en ejercer la vigilancia y control de
la ejecución de las medidas que puedan ser impuestas por los tribunales de
menores en la forma que mejor se garanticen los derechos de éstos, artículo 3
LVCEMMI.
Con respecto a las atribuciones que tienen el juez de Ejecución de medidas del
Menor Infractor, el artículo 4 LVCEMMI nos hace referencia de ellas, para las
cuales mencionaré las relacionadas al tema de investigación:
- Vigilar y garantizar que durante la ejecución de todas las medidas impuestas por
los tribunales de menores, y especialmente la medida de internamiento, se
respeten los derechos de estos. (numeral 1)
- Modificar, sustituir y revocar de oficio o a instancia de parte, las medidas
impuestas al menor, cuando no cumpla los objetivos por los que fueron aplicadas o
por ser contrarias al proceso de reinserción del Menor. (numeral 4)
- Autorizar permisos al menor para realizar actividades fuera del centro, cuando
se encuentre cumpliendo la medida de internamiento. (numeral 7)
- Vigilar de modo especial que no haya en los centros de internamiento menores
privados de libertad en forma ilegal, y cuando constate que el resguardo en dichos
centro, ha adquirido las características de una medida de internamiento anticipado,
deberá comunicarlo inmediatamente al juez de menores. (numeral 12)
Con respecto al computo de la medida de internamiento se practicará el computo
del tiempo que ha estado privado de libertad el menor, contando la medida de
acuerdo a las reglas establecidas en la legislación penal y procesal penal, y se
fijara la fecha en que se cumplirá la totalidad de la medida. Art. 9 LVCEMMI.
Es decir que la función del Juez de Ejecución de Medidas del Menor Infractor no se
limita simplemente a controlar la ejecución de la medida sino a verificar que se
logren los objetivos de ayudar al menor a su reinserción en la sociedad y
haciéndolo con la medida que mejor sirva a los intereses del menor y supervisando
en forma personal, siempre que sea necesario.
LEY PENAL Y PROCESAL PENAL
Uno de los objetos de la Ley del Menor Infractor es regular los derechos del menor
a quien se le atribuye o declare ser autor o participe de la comisión de una
infracción penal, siendo éste uno de los objetos que nos remite a la Ley Penal en
donde se tipifican las distintas conductas que constituyen los tipos penales, ya que
la Ley del Menor Infractor no tipifica conductas delictivas especificas, que pueden
atribuírseles a los menores.
La intervención de la justicia del Estado en el marco de éste ámbito deriva de la
comisión de un delito y de la posible atribución de éste al menor de edad,
basándose en el principio de legalidad que establece el artículo uno del Código
Penal, que expresamente dice: “Que nadie podrá ser sancionado por una acción u
omisión que la Ley Penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca
como delito o falta, ni podrá ser sometido a penas o medidas de seguridad que la
Ley no haya establecido con anterioridad”.
Además la Ley del Menor Infractor, en su artículo 5, menciona los derechos y
garantías que el menor tiene cuando se le atribuye la comisión o participación de
una infracción penal; incluyendo en éste artículo las garantías penales mínimas,
tipificadas en los artículos de 1 al 6 del Código Penal como son las siguientes:
Principio de legalidad; principio de la dignidad humana, principio de lesividad del
bien jurídico, principio de responsabilidad, principio de necesidad y principio de
aplicación general del Código Penal que establece: “Los principios fundamentales
del presente capítulo, serán aplicados siempre”.
Las normas generales de éste código serán aplicables a los hechos punibles
previstos en Leyes Especiales, salvo que estas contengan disposiciones
diferentes”. Con respecto a las excluyentes de responsabilidad penal que menciona
el Código Penal en el artículo 27 los menores a los cuales se le atribuyere la
comisión o participación de una infracción penal, la Ley del Menor Infractor en su
artículo 5, literal “l” establece que tienen derecho que se les reconozcan las
excluyentes de responsabilidad penal.
Con respecto a las circunstancias que modifican la responsabilidad del menor La
Ley Penal en su capítulo III, sección primera, “circunstancias atenuantes”, nos
establece en forma general aquellas circunstancias que atenúan la responsabilidad
penal como son: Inferioridad psíquica por intoxicaciones, exceso en las causas de
exclusión de la responsabilidad penal, estados pasionales, disminución del daño,
atenuantes por interpretación analógica, esta última considero importante
mencionar ya que establece que cualquier circunstancia de igual entidad, que a
juicio del Tribunal debe ser apreciada por su analogía con las anteriores o por
peculiares circunstancias personales del agente o de su ambiente.
De esta manera podemos decir que la Ley del Menor Infractor es derecho penal,
primeramente por ser un Derecho Público ya que el Estado interviene directamente
en cuanto le conviene o le interesa a sus fines, como cuando el objeto del acto
acarrea consecuencias de interés general en el que la sociedad entera se ve
afectada, siendo el derecho penal una de las ramas donde más interviene el
Estado, por cuanto en él centra su poder sancionador y preventivo del delito en
defensa de determinados bienes jurídicos. Además mantiene las características
generales de un proceso penal al regular el comportamiento humano derivado en
conductas delictivas, al preverse la participación de las partes y dar paso a la
investigación y procedimiento judicial en los que se controvierten los hechos para
llegar a la verdad, y con el poder punitivo del Estado se sanciona si se encuentra al
culpable o responsable, a éste se le reconocen garantías desde un principio y hasta
el final y se busca que pueda incorporarse a la sociedad una vez cumplida su pena
o medida definitiva.
Podemos afirmar que la Ley del Menor Infractor constituye un marco normativo que
es ubicado dentro del ámbito del derecho penal, pero con carácter especial por
cuanto se ha adecuado a las características del proceso penal en general, pero con
características propias y especiales fundamentadas en el principio del interés
superior del niño y el adolescente, que le permitan desarrollar un marco de
garantías mucho más amplio o al menos igualitario al establecido para las personas
mayores de dieciocho años.
Con respecto al Derecho Procesal Penal es importante mencionar que el
procedimiento creado por la Ley del Menor Infractor posee características
especiales que constituyen una novedad y un avance jurídico en el ámbito procesal
en general.
Es importante mencionar que con respecto a la interpretación de la Ley el artículo
17 C Código Procesal Penal, establece que: “las que limiten el ejercicio de un
derecho o facultad conferida a los sujetos procésales o que establezcan sanciones
disciplinarias”.
La interpretación extensiva y la analógica quedan prohibidas mientras no
favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus facultades.
El artículo 18 Código Procesal Penal establece que las garantías y principios
previstos en este Código serán observados en todo procedimiento a consecuencia
del cual se pueda aplicar una sanción penal o cualquier disposición restrictiva de la
libertad, aun cuando se trate de medidas respecto de menores de edad.
Los Arts. 17 y 18 Código Procesal Penal antes relacionados, tienen un alcance
fundamental a lo largo de la jurisprudencia reciente, en cuanto permiten
actualmente alcanzar interpretaciones jurídicas que han llevado a muchos
tribunales6, la reformulación de la concepción del proceso penal de menores, así
como a la superación de una supletoriedad hacia la Ley del Menor Infractor basada
única y exclusivamente en una interpretación literal amparada en el Art. 41 LMI.
6 CAMPOS VENTURA, O. A. Síntesis de Resoluciones de Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro 1996-2001, Edición FESPAD,2002, pág. 2
3. TRATADOS INTERNACIONALES El artículo 144 de la Constitución de la República que se refiere a la jerarquía que
gozan los tratados internacionales celebrados y ratificados por El Salvador.
Constituyen leyes de la República y en caso de conflicto entre el tratado y la Ley,
prevalecerá el tratado.
Fundamentados en este artículo se mencionan algunos tratados internacionales
suscritos por El Salvador a favor de los menores de edad.
3.1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Esta convención fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas en adelante será ONU, el 20 de noviembre de 1989, y en El
Salvador entró en vigencia al 27 de abril de 1990. dando uno de los cambios más
substanciales en materia de “Derecho Minoril”, adoptando a nivel mundial una
conducta más humanizada ya que considera que los niños y jóvenes en general
son sujetos capaces y por ende responsables y los reconoce como “Sujetos de
Derechos y Garantías plenas”. Lo cual indiscutiblemente convierte al individuo
(niño, niña, joven) en un sujeto más activo, capaz de desarrollar procesos de
cambio que contribuyan a su superación misma.
La convención de los Derechos del Niño que en adelante será CDN, se
fundamenta, como lo dicen sus considerándos en instrumentos legales como la
Declaración de Ginebra de1924 sobre los Derechos del niño y en la Declaración de
los Derechos del niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959, en las que
reconoce la necesidad de proporcionar al niño una “protección especial”; lo anterior
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero en especial en los Convenios
Constitutivos de Organismos Especializados e Internacionales que se interesan en
el bienestar del Niño.
Principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño.
1. El interés superior del niño.
2. La igualdad o no discriminación.
3. El principio de Universalidad que consiste en que todos los niños y niñas
del mundo poseen los mismos derechos.
El Salvador ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose en
Ley de la República con carácter supralegal conforme a lo establecido en el Art.
144 Cn. No obstante el Estado no había cumplido los compromisos derivados de
ella, ya que su ratificación exigía muchos cambios legislativos sobre la situación de
los niños, ya que impone a los Estados partes la obligación de armonizar la
legislación interna con los postulados de la misma, obligación impuesta
precisamente en el Art. 40 Inc. 3° CDN que se refiere a las cuestiones penales
sobre niños y adolescentes.
El Art. 37 y 40 CDN establece los lineamientos generales en cuanto al tratamiento
que debe dársele a niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal, los cuales
fueron retomados en la formulación de la Ley del Menor Infractor y son los
siguientes:
1. Todo niño de quien se alegue que ha infringido las Leyes penales, se acuse
o declare culpable, tiene derecho a ser tratado de manera acorde a su
dignidad, valor, a quien se fortalezca su respeto por los derechos humanos
y las libertades fundamentales de terceros y en las que se tenga en cuenta la
edad del niño y la importancia de promover su reintegración a la sociedad
para que se asuma una función constructiva de ésta. Art. 40, Inciso 1, CDN
2. Ningún niño debe ser privado de su libertad ilegal o arbitraria. La detención,
el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará acabo de conformidad
con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el
periodo más breve que proceda Art. 37 Literal “b” CDN.
3. Ningún niño debe ser acusado de infringir las leyes penales, por actos u
omisiones que no estaban prohibidas por leyes nacionales e internacionales
en el momento que se cometieron. Art. 40 Numeral 2, literal “a” CDN.
4. Los Estados Partes adoptaran las medidas apropiadas para promover el
establecimiento de las leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes
penales o a quienes se acuse o declare o declare culpables. En éste se
considerará la edad mínima y diversas medidas, tales como: el cuidado, las
órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada,
la colocación en hogares de guarda, así como otras posibilidades
alternativas a la internación en instituciones. Art. 40 Numeral 3 y 4 CDN.
Además no debe ser sometido a tortura ni a malos tratos o penas crueles,
inhumanas o degradante. No se impondrá pena capital, ni de prisión
perpetua sin posibilidades de excarcelación por delitos cometidos por
menores. Art. 37 Literal “a” CDN.
5. Si un niño es detenido y llevado a prisión después de juicio se considerara lo
siguiente:
a) Ser tratado con humanidad y respeto que merece la dignidad
inherente a la persona humana.
b) Estar separado de los adultos a menos que ello se considere contrario
al interés superior del niño.
c) Tienen derecho a mantener contacto con sus padres. Art. 37 Literal
“c”. CDN.
6. Todo niño acusado tiene los siguientes derechos:
a) -Se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la Ley. Art. 40, Numeral 2, literal “b”, romano I CDN.
b) -Ser informado lo antes posible, directamente o por medio de sus
padres o representantes legales de los cargos que pesan contra él. Y
a disponer de una adecuada asistencia jurídica, en la preparación y
presentación de su defensa. Art. 40 Numeral 2, literal “b” romano II
CDN.
c) La causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Art. 40. Numeral 2, literal “b”,
romano III. CDN
d) -Ser protegido si se le quiere obligar a declararse culpable y a que se
le interrogue testigos de cargo y de descargo. Art. 40, Numeral 2,
literal “b” romano IV CDN.
e) Contar con asistencia gratuita de un interprete. Art. 40 Numeral 2,
literal “b”, romano VI CDN.
f) Que sea respetada su privacidad en todas las fases del
procedimiento. Art. Numeral 2 , literal “b”, romano VII CDN.
7. Si el niño ha infringido las Leyes Penales, tiene derecho a someterlo a una
autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial. Art. 40
Numeral 2, literal ”b”, romano V CDN.
3.2 REGLAS MINIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCION DE
LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD
Estas reglas fueron preparadas por el Comité de Prevención del Delito y lucha
contra la Delincuencia en estrecha colaboración con varias organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales como defensoría de los niños. En
ellas se propugna evitar en lo posible la privación de libertad, especialmente las
cárceles y otros establecimientos cerrados. Las reglas disponen principios
específicos aplicables a todos los menores, cualquiera que sea la forma de
detención y la clase de establecimiento, en ella se pide que los menores estén
separados de los adultos detenidos y que se clasifiquen conforme a su sexo, edad,
personalidad y tipo de delito con miras de protegerles de influencias perniciosas y
situaciones arriesgadas.
Con respecto a la privación de libertad es alarmante las condiciones y
circunstancias en que se procede en todo el mundo a privar a menores de su
libertad, ya que estos son sumamente vulnerables a los maltratos, a la re-
victimización y a la violencia de sus derechos.
Es preocupante saber que algunos sistemas no hacen diferenciación entre adultos
y menores en las distintas fases de la administración de justicia y en consecuencia
los menores están detenidos en prisiones junto con adultos; se afirma que la
reclusión (internamiento) de un menor en un establecimiento debe ser siempre una
medida de último recurso y por el mínimo período necesario. Debido a su gran
vulnerabilidad los menores privados de su libertad deben requerir especial atención
y protección, garantizarle sus derechos y bienestar durante el período que estén
privados de libertad y con posterioridad a él. Se establece también que el
encarcelamiento deberá aplicarse como último recurso y debe ser por un período
mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales.
El objeto de estas reglas es establecer normas mínimas aceptadas por la ONU para
la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles
con los derechos humanos y las libertades fundamentales con mira a contrarrestar
los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración de la
sociedad. Su aplicación debe ser imparcial y sin discriminación alguna.
El alcance de las reglas es que la privación de libertad deberá efectuarse en
condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos
de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros, el
derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y
asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de la
responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar
sus posibilidades como miembros de la sociedad.
Con respecto a los menores en prisión preventiva se presume inocentes y como
tales deben ser tratados, el trámite debe ser rápido para que la detención sea
breve y deben estar separados de los declarados culpables.
Los menores privados de libertad tendrán derecho a contar con locales y servicios
que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana. Todo
menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza
adaptada a sus necesidades y capacidades, destinada a prepararlo para su
reinserción a la sociedad.
A continuación se mencionan otras reglas muy importantes como las anteriormente
dichas: a disponer de actividades recreativas, religiosas y médicas; en caso de
enfermedad a informarle a sus familiares y a estar comunicado con el mundo
exterior.
3.3 REGLAS MINIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE MENORES, CONOCIDA COMO “REGLAS
DE BEIJING”.
Las reglas de Beijing fueron presentadas como proyecto de resolución por el
Séptimo Congreso De las Naciones Unidas sobre prevención del delito y
tratamiento del delincuente a la Asamblea General en 1985.
En el sexto congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente celebrado en Caracas, Venezuela de 1980, se
formularon los principios básicos, en los cuales se decidió que debían ser
plasmados en un “conjunto de reglas” a fin de mejorar la administración de Justicia
Minoril para así proteger los derechos humanos fundamentales de los niños
adolescentes que hubieran cometido alguna infracción penal. La elaboración de las
reglas quedo a cargo del Comité de Prevención del Delito y Lucha Contra la
Delincuencia.7
Estas reglas mínimas comenzaron su proceso de aprobación en las reuniones
regionales preparatorias para el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; pero la reunión más
importante fue la Reunión Preparatoria Interregional celebrada en Beijing (China)
del 14 al 18 de mayo de 1984, ciudad de la cual toma su nombre las reglas, las
cuales fueron ahí enmendadas y aprobadas. En esta reunión fue que adquirieron su
calidad de “Reglas Mínimas Uniformes “para la administración de la justicia minoril,
que hoy conocemos como “Reglas de Beijing”.
7 Cfr. NACIONES UNIDAS: Recopilación de Reglas y Normas de las Naciones en la Esfera del Delito y la Justicia Penal. págs. 181 y ss.
El Congreso Económico y Social presentó al Séptimo Congreso, ya las “Reglas de
Beijing” en forma, congreso que fue celebrado en Milan (Italia) en agosto y
septiembre de1985 y fueron aprobadas por éste el 6 de septiembre del mismo año.
Fueron recomendadas a la Asamblea General para su aprobación el 29 de
Noviembre de1985.
Las Reglas de Beijing representan las condiciones mínimas aceptadas por las
Naciones Unidas, para el tratamiento de los delincuentes juveniles en todo sistema
de tratamiento de esas personas. Estas reglas toman en cuenta los diversos
marcos jurídicos, nacionales y estructuras, reflejando los objetivos y el espíritu de
la justicia de menores y estableciendo los principios y prácticas más convenientes
para la administración de la Justicia de Menores, dichas reglas establecen que los
objetivos de la Justicia de menores son fomentar el bienestar del menor y
garantizar que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo
momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito.
Las reglas contienen disposiciones concretas que abarcan las diversas etapas de la
justicia de menores.
En ellas se hace hincapié en que el confinamiento de menores en centros
penitenciarios será en todo momento en último recurso y se hará en el plazo más
breve posible, instando que se fomente la investigación, planificación, formulación y
evaluación de políticas.
Las reglas relacionadas a la medida de internamiento se citan textualmente a
continuación:
10.1 Cada vez que en un menor sea detenido, la detención se notificará
inmediatamente a sus padres o su tutor y cuando no sea posible dicha
notificación inmediata, se notificará a los padres o al tutor en el más breve
plazo posible.
13.1 Solo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo
más breve posible.
13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los
derechos y garantías previstas en las Reglas mínimas para el tratamiento de
reclusos.
13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de
los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados
en los establecimientos en que haya detenidos adultos.
19.1 El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará
en todo momento como último recurso por el más breve plazo posible.
26.1 Garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación
profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y
productivo a la sociedad.
26.2 Recibir los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria, social,
educacional, sicológica, médica y física que pueda requerir debido a su
edad, sexo, personalidad y en intereses a su desarrollo sano.
26.3 Mantener en establecimientos separados los menores de los adultos estando
detenidos.
26.4 Atender en lo que atañe a sus necesidades y problemas personales, su
tratamiento será equitativo.
26.5 Tener acceso los padres y tutores.
26.6 Fomentar la cooperación entre los ministerios y los departamentos para dar
formación académica o según proceda, profesional adecuada al menor y así
garantizar que al salir no se encuentre en desventaja en el seguimiento
educativo.
3.4 DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DE LA
DELINCUENCIA JUVENIL (RIAD)
Se redactaron por primera vez en una reunión celebrada por el Centro Árabe de
Estudios y Capacitaciones de Seguridad de RIAD, por lo que se conocen con el
nombre de Directrices de Riad. En ella se fijan normas para la prevención de la
delincuencia juvenil, incluyendo medidas de protección de los jóvenes
abandonados, desatendidos o maltratados o que se encuentran en situación
marginal, las directrices cubren la etapa anterior al conflicto o sea a los aspectos
relativos a la etapa preventiva previa al delito.
Su orientación se centra en el niño y parten en que es necesario contrarrestar las
condiciones que influyen de manera inversa en el desarrollo sano del niño y tienen
consecuencias perjudiciales para él. 8
Dentro de sus principios fundamentales podemos mencionar:
1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención
del delito en la sociedad.
2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que
toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y
respeten y cultiven su personalidad a partir de la infancia.
3. Los jóvenes deben desempeñar una función activa y de asociación en la
sociedad y no deben ser considerados meros objetos de socialización y
control.
4. Los programas deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su
Infancia.
5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política
progresista de prevención de la delincuencia y elaborar medidas pertinentes
que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no cause
graves perjuicios a su desarrollo.
8 NACIONES UNIDAS.Ibid.: Recopilación de ..., pág. 182.
CAPITULO III: ANALISIS DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO EN LA LEY DEL MENOR INFRACTOR
1. SINTESIS DEL OBJETO, FINALIDAD Y CONTENIDO DE LA LEY DEL MENOR INFRACTOR EN RELACION AL INTERNAMIENTO.
Con respecto a la Ley del Menor Infractor, en relación al internamiento el Art. 1 LMI
literal “c” que literalmente dice: La presente ley tiene por objeto, determinar las
medidas que deben aplicarse al menor que cometiera una infracción penal, dentro
de éstas medidas se encuentra la de internamiento.
Los menores cuyas edades se encontraren comprendidas entre los dieciséis y
dieciocho años de edad, a quienes se les atribuyere o comprobare responsabilidad,
como autores y partícipes de una infracción penal se le aplicarán las medidas
establecidas en la presente ley.
Comprobados los hechos constitutivos de la conducta antisocial, el juez de
menores resolverá declarar al menor responsable o de conducta antisocial,
aplicándole las procedentes medidas establecidas en la Ley del Menor Infractor o la
Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, siendo prioritarias estas
últimas para el caso de los menores entre los doce y dieciséis años; es llamativo
que la ley se expresa así de esas medidas: “siempre que sean en beneficio para el
menor”. Art.2 inc. 2º y 3°.LMI.
Además el proceso de menores tiene por objeto establecer la existencia de una
infracción penal, determinar quien es un autor o partícipe y ordenar la aplicación de
las medidas que correspondan. Art. 22 Inc. 1° LMI.
Resumiendo lo anterior se puede hacer mención de cuatro aspectos importantes
posteriores al enjuiciamiento y la determinación de la responsabilidad del menor
(Art. 95 LMI), siendo con respecto a la medida que se imponga, más importante aún
si se trata del internamiento:
1. Determinar la medida que debe aplicarse al menor.
2. Duración de la medida.
3. Finalidad de la medida.
4. Condiciones en que ha de ser cumplida, que tiene que ver con el tratamiento
individualizado a partir de las circunstancias individuales y sociales del menor.
Con respecto a la finalidad de la LMI en relación al internamiento el Art. 5 nos
menciona que los menores sujetos a esta ley gozaran de derechos y garantías:
siendo el literal “m” que regula que a toda medida que se imponga tenga como fin
primordial su educación.
Las medidas señaladas en el Art. 8 LMI entre ellas el internamiento debe tener una
finalidad primordialmente educativa, según dicha disposición. “De esta manera la
Ley del Menor Infractor se diferencia de otras leyes por su finalidad de educar al
menor tanto dentro del proceso como en el momento de aplicar las medidas. Con
respecto a la educación en el proceso sería importante que el menor presencie
cada fase del proceso y se de cuenta que todas las partes, aún la acusadora le esta
haciendo un llamado a la reflexión y comprender que tras su acción, hay una
sociedad dañada por ella; así también al momento de aplicar la medida debe
adecuarse a las características propias de la personalidad del menor teniendo
derecho que toda medida a imponerle que su fin primordial sea educarlo y no
perjudicarlo.” 9
Cuando se hable de reeducar se hace por medio de las medidas que se le
imponen, las cuales además de ser sancionatorias llevan implícito un fin educador,
además que contribuya a que los menores empiecen a lograr un sentimiento de
autoridad sobre si mismos y de propiedad sobre sus propios actos, educándose con
responsabilidad.
9 CAMPOS VENTURA, O. A: Justicia Penal de Menores, Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia, 1998, pág. 194.
La medida de internamiento busca o pretende que los menores se responsabilicen
de sus actos y educar al menor con el objeto que aprenda y confronte las reglas
sociales a los que todos los seres humanos estamos sometidos logrando su
reinserción social.
Concluimos esta parte con el contenido de la LMI en relación al internamiento, ya
que contiene las garantías exigidas por la Constitución y tratados internacionales.
Así mismo pon las medidas que implantan y su posibilidad de aplicación alternativa,
simultánea y sucesiva; teniendo los principios rectores de la misma ya que busca
educación del menor a través de la concientización de éste por la conducta
realizada y la sanción a la cual puede hacerse acreedor.
2. EL INTERNAMIENTO Y SU RELACION JURIDICA
Dentro de las medidas que regula la Ley del Menor Infractor, en su Art. 8 que
literalmente dice: “El menor que cometiere un hecho tipificado como delito o falta de
acuerdo a la legislación penal, solo podrá ser sometido a las siguientes medidas:
literal “f” el internamiento, el cual constituye una privación de libertad que el juez
ordena excepcionalmente, como última medida, cuando ocurran las circunstancias
establecidas para la privación de libertad por orden judicial y su duración será por el
menor tiempo posible .
El juez podrá ordenar la privación de libertad de un menor cuando concurran las
circunstancias siguientes:
a) Que se hubiera establecido existencia de una infracción penal, cuando el delito
estuviera sancionado en la legislación penal con pena de prisión cuyo máximo
se igual o superior a dos años.
b) Que existiera suficientes indicios o evidencias sobre la autoría o participación
del menor en la infracción.
c) Que existieran indicios de que el menor pudiera evadir la justicia o entorpecer la
investigación. Art. 15, 54 LMI.
Existen tres modalidades para el internamiento combinado:
1. Autorizar al menor la realización de actividades fuera del centro y luego
retornar al centro de internamiento.
2. Permitir el internamiento de fin de semana.
3. Sustituir el internamiento por la libertad asistida.
Según el Art. 9 Inc. 3° LMI., la medida de internamiento se aplica en base a la
sana critica del juez, pudiendo hacerlo en forma simultanea, sucesiva o
alternativa. Es importante mencionar que siempre que el infractor se le priva de su
libertad, existe la obligación de las autoridades de informar sobre la misma y el
lugar donde se encuentra detenido o el sitio donde será llevado a sus padres,
tutores o responsables a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría
General de la República y la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos
Humanos. Art. 55 LMI.
Los menores infractores en ningún caso deben de ser recluidos en lugares o
centros de detención para personas sujetas a la legislación penal común, o sea,
deben estar separados de los adultos. Art. 5 literal “ñ” LMI.
La medida de internamiento es una medida privativa de libertad por lo cual está
sujeta al cumplimiento de normas disciplinarias propias del régimen del
internamiento en los cuales se establecen responsabilidades para los jóvenes de
obligatorio cumplimiento y el sometimiento a programas socioeducativos.
Con respecto a la intervención del equipo multidisciplinario en el cumplimiento de
la medida de internamiento consiste en visitar los centros para conocer la
atención y oportunidades que en él tienen los jóvenes, prevención de conductas
inadecuadas dentro del mismo, seguimiento a su comportamiento y su situación
en general.
Los centros de internamiento deben ser los lugares donde los menores infractores
inicien programas reeducativos, de aprendizaje y concientización de su mala
conducta para luego reinsertarse a la sociedad10.
3. PRESUPUESTOS JURIDICOS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO.
Para la doctrina y como lo señala Ascencio Mellado en su libro “La Prisión
Provisional”11, existen dos presupuestos generales para la aplicación de la
medida de internamiento como son: el periculum in mora o peligro de fuga y el
fumus boni iuris o apariencia de buen derecho. A continuación se hará una breve
referencia acerca de ellos.
Periculum in mora, que es el peligro del retardo de un procedimiento, llamado
peligro de fuga que haría imposible el enjuiciamiento y la eventual pena o medida
a imponer.
En su aspecto objetivo referido al presunto delito cometido, se tomaran en cuenta
los siguientes criterios:
La gravedad del delito, las circunstancias del hecho y la incomparecencia. Dentro
de éste criterio es importante mencionar que para aplicar la prisión provisional
debe tomarse en cuenta las circunstancias que modifican la responsabilidad
criminal como es, la enajenación mental y si hay minoría de edad ; las causas que
extinguen la responsabilidad; si el delito es perfecto o imperfecto y los grados de
participación del autor; el concurso real o ideal de los delitos etc. ; y dentro de las
circunstancias del hecho como son: alarma social, frecuencia, antecedentes y la
incomparecencia .
En su aspecto subjetivo relacionada con la persona imputada, debe tomarse en
cuenta los antecedentes de la persona que acreditan su conducta, si es
10 MEJIA DE ESCOBAR, A. L.: “La Delincuencia Juvenil” Diario EL Mundo, marzo 2001 pág. 9. 11 Cfr. ASENCIO MELLADO, J. M: “La Prisión Provisional”. Editorial Civitas S.A. S.M.D. Pags. 61 ss.
reincidente, si hay habitualidad, peligrosidad, arraigo domiciliar, familiar o laboral,
si hay posibilidad de huir al extranjero y el carácter e inmoralidad del imputado.
El funus boni iuris o apariencia del buen derecho, que es un juicio de probabilidad
sobre la responsabilidad penal del sujeto pasivo de la medida, de modo que
pueda pensarse que la resolución definitiva habrá de coincidir con la provisional.
Para imponer la detención provisional es necesario que hayan motivos bastantes
para creer que la persona tuvo participación, que existan indicios razonables de
criminalidad, que la base de la sospecha venga constituida por una acción que
presente los caracteres del delito.
La privación provisional o definitiva para que responda a los fines propios de
dichas institución como son: los asignatarios del proceso y de la futura pena
deben responder al periculum in mora y el fumus boni iuris 12.
Con respecto a los presupuestos que aplica el juez para imponer la medida de
internamiento en los menores infractores es el Art. 54 de la LMI que
específicamente da los presupuestos de aplicación para dicha medida que
literalmente dice: “El juez podrá ordenar la privación de libertad de un menor
cuando concurran todas las circunstancias siguientes:
a) Que se hubiere establecido la existencia de una infracción penal, cuando el
delito estuviere sancionado en la legislación penal con pena de prisión cuyo
mínimo sea igual o superior a dos años.
b) Que existiera suficientes indicios o evidencias sobre la autoría o participación
del menor en la infracción, teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió
el hecho y el grado de responsabilidad.
c) Que existieran indicios de que el menor pudiera evadir la justicia o entorpecer la
investigación.
12 Cfr. ASCENCIO MELLADO, J M: Ibid. La prisión..., págs. 62 y ss.
Un juzgador debe también tomar en cuenta el estudio preliminar que presenta el
equipo multidisciplinario en el cual refleja aspectos como los siguientes: Si existen
responsables del menor y que respondan por él; que los responsables garanticen la
comparecencia del menor dentro del proceso y que no entorpezcan la
investigación.
Si no se diera este presupuesto, que no existan responsables que garanticen la
comparecencia del menor dentro del proceso, o si existen pero no ejercen el
verdadero control en la conducta del menor y las condiciones familiares, como el
entorno a su comunidad no da las garantías necesarias para su desarrollo integral,
los cuales no le permita el control en la conducta del menor, incidiendo en que
repetidas veces repercutan en la participación de hechos delictivos, así como la
trascendencia y gravedad de los mismos.
Todo lo anterior debe tomarse en cuenta para aplicar la medida de internamiento
tomándose ésta como la ultima medida a imponer y por el menor tiempo posible
4. DESTINATARIOS DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO
Las personas a quien se dirige la medida de internamiento según la Ley del Menor
Infractor, son aquellos menores cuyas edades se encontraren comprendidos entre
los dieciséis y dieciocho años de edad, a quienes se les atribuye o comprobare
responsabilidad como autores o participes de una infracción penal se le aplicarán
las medidas establecidas en la presente ley, siendo una de ellas el internamiento.
A continuación se menciona un perfil general de los menores a quienes en su
mayoría se les aplica la medida de internamiento:13
Jóvenes que no son estudiantes ni trabajadores.
Jóvenes que no tienen familia, ni hogar y nadie responde por ellos.
Jóvenes expulsados de las escuelas.
Jóvenes que enfrentan a diario violencia familiar en sus hogares.
Jóvenes maltratados o víctimas de abuso y explotación sexual.
13 CAMPOS VENTURA, O. A: Ibid.: Justicia... págs. 194 y ss.
Jóvenes con falta de identidad social y baja autoestima.
Jóvenes que viven en extrema pobreza.
Jóvenes con familias desintegradas.
Jóvenes que pertenecen a pandillas juveniles.
Jóvenes faltos de amor
Jóvenes inestables, con muy poco control sobre su hostilidad.
Jóvenes con mucha agresividad.
Jóvenes adictos a las drogas.
Jóvenes con antecedentes penales.
Existen factores que inciden en las conductas infractoras como son:
1. Factor socioeconómico como: la pobreza, alcoholismo, abandono,
agresividad, etc.
2. Ingreso a pandillas por no tener que hacer, no hay alternativas de
ocupación o no saben hacer nada.
3. La ociosidad.
4. Falta de educación
Perfil socioeconómico de un menor infractor.
Procede de ambientes degradados.
Carencia de recursos económicos.
Precaria o inexistencia formación cultural.
Deterioro de las relaciones familiares.
Factores de la personalidad de un menor infractor
Desapego frente a la vida.
Desconfianza ante las otras personas.
Desconfianza ante la sociedad en general.
Emoción ante la violencia.
Conciencia de una vida efímera y corta.
Adicción a las drogas y el alcohol.
Afán a la aventura.
Dificultad para amar.
Sentido de venganza.
Factores sicológicos del Menor Infractor
Obtención rápida de dinero
Placer y experiencia de disparar un arma.
Experiencia y placer de matar y robar.
La experiencia de delinquir.
Factores sociales:
Medios de comunicación.
Mara o pandillas.
Debe tenerse en cuenta que algunos de los criterios tanto objetivos como subjetivos
para determinar el peligro de fuga, tal como se han relacionado, se encuentran con
una factibilidad amplísima de encontrarse en el caso de los menores de edad,
especialmente en un país como el nuestro, donde la desintegración familiar, el
éxodo de compatriotas al extranjero, las muertes de muchas personas en el período
de guerra civil interna, etc, ha permitido un gran número de jóvenes sin padres y si
los tienen, son padres irresponsables o radicados en el extranjero, así mismo
menores que no tienen donde vivir, por lo que no tienen un arraigo familiar o
domiciliar; por otra parte existen muchos jóvenes en nuestro país sin acceso a la
educación, o a una mínima instrucción, o si la tienen ésta no les ha determinado
una autosuficiencia o sostenimiento económico, por muchos motivos, entre ellos la
falta de oportunidades o el cierre de oportunidades, por lo cual no tienen un arraigo
laboral.
Nótese así como se concretan los criterios exigidos por la doctrina y que en la
realidad de circunstancias sociales que tenemos en El Salvador, hacen que el perfil
del menor infractor encaje en los elementos que hacen más posible la aplicación de
una medida de internamiento en tanto que suponen una posibilidad de evasión de
la justicia.
5. CONFRONTACIÓN ENTRE FINES FORMALES Y FINES REALES
FINES FORMALES
Entre los fines formales que se persiguen al aplicar las medidas en el que va
inmersa la medida de internamiento, el Art. 5 LMI, expresamente dice: “a que toda
medida que se le imponga, tenga como fin primordial su educación; de la misma
manera lo reitera el Art. 9 LMI que literalmente dice: “Las medidas señaladas en el
artículo anterior deberán tener una finalidad primordialmente educativa “. Valga la
pena aclarar que el artículo anterior está referido al 8LMI el cual establece como
una de sus medidas el internamiento.
Siendo estas sanciones que además de que pretenden que los menores se
responsabilicen de sus actos, se pretende educar al menor con el objeto de que
aprenda y confronte las reglas sociales a que estamos sometidos todos, para que
sea una persona útil a la sociedad y prevenir en el futuro conductas antisociales.
Pero que quede claro, no es la medida la que resocializa sino los programas y
tratamientos a los que son sometidos, lo que les ayuda a la reflexión al deseo de
ser útiles a la sociedad y a su familia.14 .
Importante mención merece como desde el marco legal regulatorio en vigencia
desde 1995, se estableció una atribución esencial en el contexto de la política
criminal del Estado Salvadoreño, en relación a la justicia penal juvenil, según el Art.
127 LMI, en tanto que el Ministerio de Justicia establecería una política criminal
para ella y más específicamente entre otros aspectos “analizar y proponer los
programas para la ejecución de las medidas”. Ese deber no ha sido cumplido hasta
la fecha por el Estado Salvadoreño, ni existen las perspectivas que eso ocurra
desde el Ministerio de Gobernación, quien ahora tiene esas atribuciones; se
advierte así, la irresponsabilidad del Estado en algo tan importante para la
prevención de la delincuencia juvenil y para el cumplimiento de los fines de justicia
juvenil, y más concretamente para los fines de las medidas.
14 Cfr.CAMPOS VENTURA, O. A. Ibid.: Justicia..., pág. 194
FINES REALES
Según la doctrina los fines reales con respecto a la medida de internamiento,
podemos mencionar que la cárcel como institución total de carácter punitivo genera
por naturaleza violencia y patologías que dañan a quienes la habitan; pierden el
contacto con la sociedad que es a lo cual se pretende reintegrarlo, siendo la pena
una recriminación moral. Es aquí bien importante mencionar que según la doctrina
se señalan estos fines reales, siendo una de las características de la pena la de
ser aflictiva causando en el interno sufrimiento y dolor.
Los condenados a prisión pasan a ser objetos olvidados en depósito totalmente
insalubre que carecen de derechos siendo considerados enemigos de la sociedad.
Es entonces que nos podemos preguntar: ¿Cumple el encierro una finalidad, sirve
para su resocialización, o es todo una falsedad? , entonces hay que dejarlo libre
esto nos demuestra que el internamiento se basa fundamentalmente en la idea de
retribución, de puro castigo, aún más podemos agregarle que solo el hecho de
estar privado de su libertad es un castigo aberrante, agregando a ello que dentro de
los centros también se les aplican castigos disciplinarios.
Nuestra realidad en relación a los fines que se persiguen al aplicar la medida de
internamiento a un menor son mas aparentes que reales, puesto que los fines de
intervención estatal apuntan mas bien al control y represión, en el fondo se busca la
protección de la sociedad ante futuros delincuentes, más que la protección y
asistencia de los niños. 15 Lo que ha sucedido es que los menores han sido sometidos a medidas de
protección de naturaleza similar a la penas, a la cual solo se les ha cambiado el
nombre Medidas de Protección en vez de Penas, Internamiento en vez de Prisión,
Derecho Tutelar en vez de Derecho Penal.
Los estudios criminológicos de los últimos años han demostrado que el
internamiento estigmatiza e impide una adecuada reinserción social en el menor.
15 ISO 690-2: http://www.oij.org/oij19.htm
Sin embargo podemos atrevernos a afirmar que es la medida de internamiento la
que más se aplica en nuestro país, considero que para esto hay una explicación y
es que no existen programas de medio abierto que les permitan a los jueces de
menores decretar otras medidas menos dañosas.
Con respecto al fin socializador se considera que en ningún momento se a
resocializado, cuando previo al hecho delictivo la sociedad o la familia misma
margina al infractor, lo aparta, le priva, le niega sus derechos que por Ley le
corresponden; no digamos cuando este está dentro de un Centro de internamiento
o cuando cumple su periodo de internamiento.
Se considera que esta reacción de la familia y la sociedad es porque el menor no
se ha reeducado, no se ha resocializado, por el contrario se dice que ha estado en
una escuela del crimen que lo transforma en un ser negativo, resentido, rebelde,
que lo estigmatiza creando una imagen negativa que inevitablemente lo conduce a
marginarse y por ende a ser marginado por la sociedad e impide que pueda
reinsertarse a la sociedad y a la familia.
Con respecto a los Centros de Internamiento en éstos existe una sobrepoblación,
promiscuidad, drogadicción, ineficacia en sus diseños, no hay control, hay
represión, donde la misma seguridad los maltrata, etc. Todos estos problemas
inciden en que el menor privado de libertad no pueda resocializarse por más
programas de reeducación y de aprendizaje que existan.
Otro de los fines no declarados se puede mencionar que la Ley establece los
presupuestos jurídicos para la aplicación de la medida de internamiento, sin
embargo existen casos en que un menor infractor a pesar de cumplir con dichos
presupuestos se le aplica otra medida, esto tiene una explicación como el hecho
que tiene una familia que responde por el, tiene una casa donde vivir, quizá
estudie, quizá trabaje; por el contrario si un menor no estudia, no trabaja, no tiene
familia que responda por el, no tiene donde vivir, si pertenece a una pandilla juvenil
y a veces si es pobre y mal vestido, éste puede ser peligroso, puede que evada la
justicia, es entonces que parece que es el indicado para aplicarle la medida de
internamiento. La misma sociedad a veces considera que la pobreza es sinónimo
de la delincuencia.
CAPITULO IV: INCIDENCIA QUE TIENE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO
EN LOS MENORES INFRACTORES SUJETOS A SU APLICACIÓN.
1. EL MENOR EN EL CONTEXTO FAMILIAR La incidencia que existe para la familia de un menor que esta sometido a la medida
de internamiento es muy diversa y variante de acuerdo a cada circunstancia del
menor, su familia y su entorno social. No hay un efecto único y ello hace imposible
hablar este tema en términos estrictos, entre algunos aspectos podemos mencionar
los siguientes:
1) Temor de la Familia.
a) Temor en cuanto que el menor enfrentará dentro del centro de internamiento
diversas situaciones de peligro. Entre ellos: la violación sexual, la muerte, el
maltrato, desesperación, mala alimentación, hacinamiento, falta de atención
médica tanto física como psicológica para su persona.
b) Temor que el menor pueda lesionar o asesinar a otros menores internos ya
sea por defensa personal, por venganza o por habitualidad, ya que la mayoría
de los casos los menores pertenecen a pandillas y ahí encuentran pandillas
rivales.
c)Temor que el menor adquiera experiencia criminal y al obtener su libertad
lleve niveles de agresividad mayores de los que tenía que tanto le afectan a la
familia como a su comunidad. La experiencia nos ha demostrado que en la
mayoría de los casos los jóvenes que han tenido contacto con la justicia penal
su situación es mas difícil, ya que presentan altos niveles de agresividad, su
estado sicosocial se encuentra más deteriorado, con problemas de salud mental
altamente delicados y con quienes se hace más difícil el proceso de reinserción.
2) Escaso contacto familiar.
Para la mayoría de familias les es muy difícil tener contacto con los menores
cuando están internos ya que muchas veces los centros de internamiento se
encuentran a grandes distancias de donde vive la familia del menor, a veces tiene
que abordar hasta tres buses y no cuentan con los recursos económicos como
para estar constantemente cerca del menor esto impide que la familia esté
pendiente de los avances conductuales de su hijo(a).
3) Desintegración familiar.
El hecho que un miembro de la familia falte en el hogar y más por estas
circunstancias, trae en muchos casos problemas conyugales ya que crece el
sentido de la culpabilidad y responsabilidad que los padres tienen en relación a la
conducta del menor creando un conflicto en el hogar que los puede llevar a la
separación.
4) Influencia de conductas delictivas.
En cuanto si el menor tiene hermanos menores y específicamente adolescentes,
éstos pueden ser influenciados a conductas negativas, ya que la mayoría de
jóvenes buscan modelos conductuales a seguir.
Existen casos que a pesar que un menor tiene una familia, ésta no responde por él
no sintiéndose afectada en ningún momento, aún son ellos que manifiestan:”
Intérnenlo, edúquenlo, enséñenle un oficio tal vez aprende algo, yo ya no puedo
hacer nada”16, manifestaciones así nos demuestran que la familia le es mas
cómodo que el menor este interno y que otras personas se responsabilicen de él.
Con respecto al Tribunal de Ejecución de Medidas y haciendo uso de los Equipos
Multidisciplinarios pueden generar mas circunstancias para sostener la
responsabilidad de familia hacia el menor. Existen dos Equipos Multidisciplinarios,
el equipo del tribunal que trabaja a la familia excepto el psicólogo que además de
trabajar a la familia orienta al menor. Con respecto a la función que tiene hacia la
familia es acompañarla, orientarla, prepararla para que cuando el joven retorne a
su medio natural sea debidamente aceptado y apoyado.
En conclusión se puede decir que nuestra realidad en muchos casos es otra, ya
que al obtener el menor su libertad se encuentra muchas veces con una familia que
lo rechaza, le teme, le margina, encuentra en la familia los mismos problemas, 16 BAIRES. “La Delicuencia Juvenil”, Diario El Mundo, marzo 2001, pág. 9
como la pobreza, la falta de comunicación, ineficacia de modelos paternos, familias
desintegrada y sobre todo la falta de voluntad para ayudarlo, esto lo lleva a reincidir
y quizás lo poco que se había logrado en su educación y reinserción social se
pierda.
2. EL MENOR Y EL REFERENTE EDUCATIVO
Un menor que ha sido privado de libertad ya sea en forma provisional o definitiva
enfrenta dificultades en el ámbito educativo, de las cuales se harán mención de
algunas:
1) Impedir el ingreso a las Instituciones educativas tanto públicas como privadas. Los jóvenes que han sido procesados o que han estado
sometidos en un centro de internamiento y a pesar de haber seguido
dentro de él un programa de educación formal y haber obtenido
certificado de aprobación de dicho centro se le es bien difícil el poder
ingresar u obtener matrícula, ya que estos jóvenes por el hecho de haber
estado internos tienen la etiqueta de delincuentes, de peligrosos, de
antisociales, de rebeldes, etc., máxime si están tatuados. Existen
instituciones que llegan al colmo de quitarles la ropa para asegurarse si
están tatuados o no, y depende de eso se aceptan. Además dentro de
cada institución existen requisitos para el ingreso siendo uno de ellos la
“constancia de buena conducta” documento que le sería quizá imposible
obtener.
2) Negarle el derecho a la educación. Todo menor, aún el infractor tiene
derecho a recibir educación formal, es un mandato constitucional, el cual
le es negado por las instituciones educativas cuando no se les permite el
ingreso argumentando que existe temor que éstos menores puedan
realizar actos violentos que perjudiquen tanto a alumnos como maestros;
además que éstos influyan negativamente en la conducta de otros
jóvenes y se incremente la indisciplina y problemas que ya existen en
algunas instituciones educativas. Vale la pena mencionar que hay
instituciones educativas que si los aceptan brindándoles ese derecho,
pero poco o nada contribuyen, ya que condicionan al menor hasta el
grado de desesperarlo y él opta por abandonar el centro educativo.
3) Retroceso en el proceso educativo formal. Cuando un menor ha sido
privado de su libertad en forma provisional, enfrenta diferentes
problemas, el cual uno de ellos es que no existe programas de educación
formal, ya que ésta medida provisional a veces dura hasta tres meses y
se puede dar en cualquier época del año así, que en este tiempo
suspende sus estudios. Sería necesario que cuando el juez de menores
lo declare culpable o inocente, éste podría continuar sus estudios ya sea
dentro del centro de internamiento o en su comunidad, ya que al no
hacerlo es mas difícil seguir la continuidad de los contenidos, incidiendo
esto en un retroceso en el proceso educativo, ya que se pierde el interés
por los estudios al no haber tenido una continuidad en los contenidos
dados.
4) Baja calidad educativa .Para que un menor tenga calidad educativa
necesariamente tiene que estar en otro ambiente que no sea un centro
de internamiento. Sin embargo del menor al cual se hace mención, está
dentro de un centro de internamiento, claro que está pasando por una
situación de afectación psicológica severa, donde el encierro le produce
inseguridad, frustración etc., esto no le permite que tenga un aprendizaje
excelente o de calidad, por muy buen maestro que tenga le resultara
difícil ya que el ambiente carcelario no es el mas adecuado y ni cuentan
con los recursos necesarios.
Es importante mencionar que la asistencia educativa tiene la función esencial de
ofrecer al menor alternativas socializadoras en torno a su conducta desviada las
cuales se consideran como fracasos educativos que hay que reestablecer a partir
de una acción global con relación al menor y su medio educativo. Es la escuela la
que debe buscar la integración del menor, el establecimiento de incentivos sociales
por los esfuerzos que el menor realice y la creación de espacios que ayuden a
reforzar el proceso de rehabilitación del menor.
Ahora es importante decir lo siguiente: ¿Habrá que esperar que un menor este
interno para educarlo, se podrá educar en la cárcel? , considero que es aquí donde
el Estado a través de las instituciones que velan por los menores y la misma
sociedad debe contribuir en que el menor sea educado en libertad y en
responsabilidad, conociendo hasta donde llegan sus derechos y sus deberes
3. EL MENOR EN EL CONTEXTO COMUNITARIO Y SOCIAL
Cuando un menor ha estado privado de su libertad y cumple su periodo de
internamiento, al regresar a su comunidad enfrenta diferentes situaciones que
inciden negativamente en su conducta. A continuación se mencionan algunas de
ellas:
1) Rechazo de la sociedad. Un menor infractor al obtener su libertad, la
sociedad y su comunidad le señala, le margina, muestra temor hacia él, se le
estigmatiza por su apariencia (como viste, como habla), máxime si esta
tatuado, no puede relacionarse con cualquier persona porque no se le
permite. Se le considera que si ha estado en un centro de internamiento es
un delincuente y puede ser capaz de actuar en forma delictiva. Todo esto
incide en que el estigma social que ellos llevan, los bloquea, las actitudes de
rechazo hacia ellos los margina tanto que la única respuesta que son
capaces de dar es violencia y agresividad, se les considera criminales y no
les importa seguir creyendo que lo son. 2) Falta de oportunidad de trabajo y de aprendizaje. Uno de los
problemas que existe en nuestro país es el desempleo, pero para los
menores éste problema se incrementa, (vale la pena hacer mención que el
menor comprendido hasta los dieciocho años el cual legalmente no le está
permitido trabajar, solo en casos excepcionales, como al caso que nos
referimos)
La empresa privada al igual que las municipalidades en la mayoría de los
casos no cuenta con talleres de aprendizaje, y las que los tienen les niegan
el acceso. Si un menor no tiene la oportunidad de aprender un oficio de que
va a trabajar, ya que la mayoría de las empresas exigen demasiados
requisitos, además investigan en su comunidad antecedentes de las
personas que quieren contratar
Con respecto a las municipalidades que cuentan con programas de apoyo,
como talleres, es más accesible para los menores el ingreso a ellos, esto
por lo menos les da la oportunidad que con ayuda de algunas instituciones
puedan trabajar en talleres que han sido creados con ese fin.
3) Falta de trabajo social comunitario. No existe en las comunidades
proyectos de labor social para menores infractores, considerando que
primeramente es su comunidad la que tiene que observar en él, el deseo de
incorporarse a una vida útil, proporcionándole la oportunidad de hacer obras
sociales en beneficio de otras personas, como por ejemplo si él sabe grafite
o pintura en murales podría enseñarles a niños a pintar o a dibujar; podría ir
a instituciones educativas a contar su experiencia carcelaria e invitar a niños
a reflexionar lo negativo de su experiencia; hacer trabajos comunitarios en
Unidades de Salud, Alcaldías, etc. Debería ser el ISNA y los Tribunales de
Ejecución de Medidas los que deberían gestionar ante las municipalidades,
empresa privada y otros, lugares la orientación necesaria para poder hacer
efectiva dicha labor social en los menores infractores que quieran participar,
ya que hay mucho menor que quisiera iniciar una nueva vida, pero no
encuentra donde o como hacerlo, impidiéndole su reinserción social.
4) Ambiente comunitario violento. Otro aspecto importante es que los
menores al salir del internamiento tienen que regresar a su comunidad. Un
ambiente comunitario que no ofrece las condiciones necesarias para
continuar con su reincersión social, ya que perciben crímenes, drogas,
violencia, además no existen lugares de sano esparcimiento como parques,
zonas deportivas, talleres, casas culturales, etc., Permitiendo que el menor
aumente su ociosidad, su desgano por la vida y no le quede otra opción que
regresar de donde vino.
Es necesario entonces que la sociedad crea en ellos y se les de una oportunidad,
que haya un debido control y supervisión por parte de padres de familia, jueces y
entes comunitarios y quizá se pueda lograr que ellos generen mayores expectativas
y oportunidades para desarrollarse adecuadamente en su sociedad, que se sientan
parte de ella y que interioricen valores sociales; de lo contrario ellos regresaran a
cometer acciones delictivas porque las necesidades de ellos existen como comer,
de vivir, de imitar, tras eso ellos van que es propio de su adolescencia.
4. CONCLUSIONES CAPITULARES
Luego de analizar la incidencia que tienen la medida de internamiento en los
menores infractores puedo concluir:
Que es la familia la que debe colaborar en continuar el proceso de reeducación del
menor que ha estado interno, procurando que éste no reincida en acciones
delictivas, apoyarlo y darle la oportunidad que él necesita y no esperar que otros
tomen la responsabilidad que a estos les compete.
Que es la familia la responsable de velar por el menor cumpla las reglas de
conducta impuestas al obtener su libertad, como es no regresar a las pandillas, no
andar en drogas, estudiar y que la familia ejerza el control de su conducta de lo
contrario el juez de ejecución de medida puede ordenar el internamiento
nuevamente.
Que la escuela es un ente socializador de gran importancia en los menores y es la
que debe darles la oportunidad de superarse y no negarles el ingreso por el hecho
de haber estado sometido a una medida de internamiento, por el contrario debe ser
un reto para todo educador el intentar cambiar la conducta de éste.
Que los educadores tienen responsabilidad de ayudar a los jóvenes a enfrentar las
reglas sociales y a resolver sus problemas mediante programas educativos que le
ayuden a responsabilizarse de sus actitudes.
Que la sociedad no debe juzgar en forma negativa a un menor por el hecho de
haber estado en un centro de internamiento o por su apariencia, sino debe darle la
oportunidad en la cual él demuestre que realmente quiere ser una persona útil a la
sociedad.
Que es necesario que en la comunidad existan instituciones de medio abierto que
puedan brindarle al menor, apoyo trabajo, recreación, etc. Para que este pueda
incorporarse a la sociedad.
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Y finalmente el capitulo V que establece las conclusiones y recomendaciones.
1. CONCLUSIONES
Después de analizar la incidencia que tiene la medida de internamiento en los
menores infractores, se puede concluir:
1.1 Nuestro país ha ratificado convenciones y tratados internacionales,
estos protegen los derechos y la integridad de los menores que han
infringido la Ley Penal, sin embargo no se les da cumplimiento ya que
como se pudo apreciar hay disposiciones que protegen la libertad del
menor y que el internamiento debe aplicarse como última medida y en
casos excepcionales cuando la gravedad del delito lo amerite, pero en
nuestro país la medida que más se aplica es la de internamiento, hay
datos estadísticos en donde se han consolidado los cinco juzgados de
ejecución de medidas en los cuales se ha reflejado que es ésta la
medida que más opera en los jueces de menores. Ya que el Órgano
Ejecutivo no tiene programas de medio abierto que permita a los
jueces aplicar la medida de internamiento en forma excepcional,
teniendo que hacer uso de los pocos recursos con lo que se cuenta
en los centros de internamiento.
1.2 Para lograr los fines propuestos en la ley en estudio como es educar
en responsabilidad y resocializar al menor en conflicto con la Ley
Penal para que sea un joven de provecho es necesario el apoyo de
la familia, la escuela, la sociedad y el estado mismo, quien es el
principal responsable de crear los programas adecuados
encaminándolos a lograr la reincersión del menor.
1.3 La medida de internamiento en la mayoría de los casos afecta
negativamente la vida actual y futura de los menores, privar de
libertad es estigmatizarlo condenarlo a que la sociedad lo rechace por
el simple hecho de saber que el menor ha estado recluido en un
centro de internamiento, además del daño psicológico y moral que se
le causa al mismo menor; y de lo negativo que dentro del centro éste
pueda aprender, ya que corre el riesgo de que no se cuente con
programas de inserción social que le permitan formar parte del sector
productivo del país.
2. RECOMENDACIONES
2.1 Que los Jueces de Menores debe estar conscientes que en sus esferas de
decisión en el marco jurídico que la Ley establece, especialmente para optar
a la aplicación de la medida privativa de libertad, es decir el internamiento,
los presupuestos o requisitos de aplicación se encuentran íntimamente
relacionados a las condiciones y circunstancias personales de los menores
sujetos a la intervención penal del estado, entre dichos presupuestos
particularmente los referidos al peligro de fuga.
2.2 Que el Estado, la sociedad, la escuela y la familia tomen en serio la
problemática de los menores infractores y se apresten a colaborar con las
instituciones encargadas de la reinserción social.
2.3 Que si bien es cierto la medida de internamiento puede resocializar al menor,
esto es así en tanto existan las condiciones necesarias que las leyes,
convenciones y reglas mínimas lo establecen. Así también es necesario se
geste y procure la prevención de la delincuencia juvenil ya que es de gran
importancia para la prevención del delito en la sociedad.
2.4 Es necesario que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral dela
Niñez y la Adolescencia tome en serio el papel que desempeña y le debe dar
cumplimiento a la ley con respecto que en los centros de internamiento haya
clasificación de los menores por edad, por condición jurídica y por sexo.
2.5 Que los menores privados de libertad provisionalmente se les debe dar
acceso a programas de educación formal implementándose a los jóvenes
desde que entran al sistema penal y no necesariamente si queda
condenado.
2.6 Debe buscarse los medios adecuados para brindar información a la sociedad
y hacerles conciencia que el menor que ha estado privado de libertad
necesita de su apoyo para reinsertarse en la sociedad.
2.7 El Estado a través del ejecutivo debe crear programas de medio abierto,
como programas de la comunidad, de las Alcaldías, de la empresa privada y
otras entidades, permitiéndole a los jueces de menores aplicar la medida de
internamiento en forma excepcional.
2.8 Los equipos multidisciplinarios deben acompañar, orientar y preparar a la
familia y al menor para cuando este retorne a su medio social sea
debidamente aceptado.
2.9 El Estado debe dar prioridad a los programas de atención al menor infractor
tanto los vinculados al sistema penal minoril o a quienes no lo estén,
dotándole de fondos y recursos necesarios para ser eficiente y proporcionar
las instalaciones y personal idóneo para ellos. Así, cuando se aplique la
medida de internamiento los menores tienen la oportunidad de reeducarse y
resocializarse dentro del centro.
BIBLIOGRAFÍA
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• RIVERA, Sneider: La Nueva Justicia Penal Juvenil; La Experiencia de El Salvador,
Segunda Edición, Taller Litográfico de C.A; Año 1999.
ENTREVISTA
Lic. Aída Luz Santos Mejía de Escobar
Jueza Primero de Ejecución de Medidas
¿Considera Usted que en nuestro país la Medida de Internamiento se aplica
en forma excepcional según la Convención de los Derechos del niño y la Ley
del Menor Infractor lo ordena?
No. Tenemos datos estadísticos en donde se han consolidado los cinco juzgados
de Ejecución a través de ello se ha reflejado que es la Medida de Internamiento la
que más se aplica.
Esto tiene un fin es que lastimosamente el ejecutivo no tiene programas de medio
abierto que permitan que los jueces podamos aplicarla la Medida de Internamiento
en forma excepcional, tenemos que hacer uso de los pocos recursos con los que
se cuentan en los centros de internamiento, para que los jóvenes al menos ahí
comiencen a estar ubicados en la escuela o en el aprendizaje de un oficio que
luego que nos permita a nosotros devolverlos a algún tipo de programa que la
familia les gestione, pero no son programas que verdaderamente les ayuden a
superarse en su vida. Programas técnicos eso no existen.
¿Considera usted que la Medida de Internamiento cumple sus fines
propuestos?
Todo depende de la conducta que los jóvenes presenten, pero si un joven es
internado y no presenta una conducta violenta, ese joven no va el internamiento a
ayudarle a superar su problemática, porque en los centros de internamiento las
personas que atienden los jóvenes no son personal preparado o capacitado para
atender la problemática de los jóvenes. Cuando los jóvenes presentan una
conducta violenta al menos al menos la Medida de Internamiento les sirve para
bajar sus niveles de agresividad y sería ilógico dar una respuesta así, en cuanto
cualquiera podría decir como el encierro va a bajar los niveles de agresividad, el
encierro lógicamente podría desesperar a cualquiera, pero en algunos casos hemos
logrado comprobar que el internamiento a ellos como que los aflige y que hace al
menos al tener una oportunidad de las medidas alternas hace que no vuelvan a
reincidir por tener temor precisamente al internamiento; “Yo diría en forma vulgar es
una sacudida para ellos”.
Luego también otra forma de aplicar el internamiento es cuando el juez de
menores los condena, la familia cree que porque los jóvenes ya están en libertad
ya no tienen ninguna responsabilidad, no se les ha hecho saber que siguen un
control jurisdiccional eso a obligado que aunque el juez de menores los deje en
libertad, el juez de ejecución de medidas en un momento dado ordene el
internamiento nuevamente, al ver que los jóvenes continúan incorporados en las
pandillas, en las drogas; la familia no ejerce control, el joven no quiere estudiar, no
quiere trabajar; lógicamente la Medida de Internamiento en ese momento es la más
adecuada porque por lo menos ahí el joven va a cumplir obligatoriamente o
coactivamente un programa educativo, si no hacemos eso estaríamos de todo
punto de vista generando impunidad porque él considera que al quedar en libertad
ha pesar de haber cometido un delito grave, cree que el castigo termino.
Lógicamente la medida va a cumplir un fin o al menos por un tiempo, ahí entra otra
finalidad de la Medida de Internamiento que cuando se aplica sea el menor tiempo
posible, nos da la pauta de buscar otras alternativas, pero el joven ya vivió lo que
es la privación de libertad y hace de alguna medida cumplirla.
¿Existe contradicción entre los fines formales y los fines de la realidad?
Contradicción no hay, o sea tanto de alguna forma se pueden implementar en los
jóvenes los programas educativos, que se pueden dar con los jóvenes con la
realidad, es que la realidad existe porque hay escuelas, el hecho de que hay
escuelas es que el programa puede funcionar, aquí ha habido algún tipo de medida
que el fin no se logra, no se logra por la realidad pero “Yo no diría que es el
internamiento”, que es una medida que casi no se aplica, para mí, debería ser la
medida más aplicada es el Servicio Comunitario pero no hay programas y si no hay
programas lógicamente nos vamos a encontrar con una realidad que esta
bloqueando el programa educativo, pero no quiere decir que sea contradictoria sino
que en la realidad bloquea el objetivo de la Ley que es el fin educativo.
¿Cuál es la función de los Equipos Multidisciplinarios con respecto a la
Medida de Internamiento?
Hay dos Equipos Multidisciplinarios, uno que tiene los Tribunales y otro que tiene el
centro. Mi Tribunal trabaja con el Equipo Multidisciplinario a la familia cuando es la
Medida de Internamiento, excepto el Psicólogo que además de orientar a la familia
orienta al joven, y el Equipo del centro orienta únicamente al joven y así se
complementan. Porque sería una perdida de recursos que mi equipo este haciendo
lo que hace el equipo del centro, a parte de eso porque los especialistas delos
centros tienen el contacto directo con el joven que es el que va valorando la
conducta, en cambio nosotros lo que hacemos es acompañar, orientar, preparar a
la familia cuando el joven retorne a su medio natural y sea debidamente aceptado.
¿Cuál es la función del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integradle la
Niñez y Adolescencia con respecto a la Medida de Internamiento?
El papel que desempeña es muy pobre porque en primer lugar no le esta dando
cumplimiento a la Ley con respecto a que en los Centros de internamiento debe
haber clasificación por edad, condición jurídica y por sexo. Ejemplo de ello acaban
de ser trasladadas a Ilobasco las niñas que estaban en Rosa Virginia que es un
Centro que si esta preparado pero en el no existe la separación de sexo, ni de
edad; por ejemplo en Tonacatepeque que hay una población mayor de los que
pasan de 18 años, que los menores de edad estos están contagiando de alguna
manera a los menores de edad.
Con respecto a los menores con medidas provisionales se les esta negando el
acceso a los programas, para mí, el programa a la educación formal es un
programa es un programa que debería implementarse a los jóvenes desde que
entran en el sistema, no necesariamente si queda condenado, precisamente porque
el juez de menores al comprobar que es inocente debe dejarlo ya por lo menos en
la metido en la escuela y que siga la continuidad del proceso educativo y no se
pierda, porque los jóvenes ingresan al sistema penal juvenil en cualquier época del
año y pasan 3 meses en medida provisional y sería absurdo que si no iniciamos en
un centro de internamiento cuando salga han transcurrido tres meses en la escuela
de la comunidad y su acceso y aceptación es más difícil.
¿Qué incidencia tiene la Medida de Internamiento en la vida delos menores? La privación de libertad sacude, impacta, pero para la familia muchas veces se les
hace más cómodo que el joven este interno, soluciona sus problemas económicas
a través de eso, nosotros en nuestro Tribunal obligamos a la familia a que estén
acompañando a los jóvenes y supliéndolas necesidades básicas. Pero nos
enfrentamos con otro problema que la administración no les satisface lo que los
jóvenes quieren y tampoco le permite a la familia les ingresen articulo de uso
personal al cual ellos se justifican diciendo que la familia les ingresa objetos,
drogas, etc.
Nosotros consideramos que la familia tienen que apoyarlos materialmente sobre
todo si el Estado no se los esta dando, ahora si el Estado se los diera no hubiera
necesidad.
La escuela incide negativamente, ya que los jóvenes que provienen de un centro
privativo de libertad para la escuela y la sociedad, una persona procesada tiene la
etiqueta de delincuente, eso hace que los jóvenes no los acepten en su medio y
que la escuela les cierre las oportunidades de superarse. Para mí, incide la Medida
de Internamiento porque cuando los jóvenes están estudiando dentro de un centro
se les extiende su certificado y ahí aparece que vienen de un centro privativo de
libertad y eso los margina.
¿Por su experiencia considera que esta medida ayuda a un Menor Infractor en
su vida actual y futura?
Sobre la medida no puedo dar una respuesta tajante. Habrá que ir viendo cada
joven, cada caso, en unos si y en otros no, todo depende de la voluntad que tenga
el joven de querer cumplir y de querer verdaderamente que el programa llegue, el
programa puede estar pero si el joven no tiene intenciones ni voluntad de meterse
en el jamás leva a funcionar la Medida de Internamiento.
En algunos casos hemos podido comprobar que lo que la familia no le daba esta
siendo cubierta por el estado a través del centro privativo de libertad como es la
escuela y el aprendizaje considero que la sociedad organizada, el Estado a través
del Ejecutivo, los programas de medio abierto, podrían ayudar más que la Medida
de Internamiento, en otros casos es necesario la Medida Privativa de Libertad todo
depende de que el delito por el que el joven llego apara allá sea un hecho grave.
“Hace poco falleció un menor, lo mataron en el centro de internamiento porque
había sido privado de libertad por el delito de amenazas era una medida que no
ameritaba ir privado de libertad.