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Título del Artículo:
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su
impacto en Guatemala. ¿Es la CICIG un organismo comprometido con la
libertad de prensa?
Autores: Director Académico:
Eduardo Fernández Luiña Estudiantes:
Luis Eduardo Barrueto Wittig María Asunción Castillo Gaitán Juan Enrique Kroner Sánchez Juan Francisco Mejía Saravia
Resumen: La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha cambiado el
panorama jurídico, político y social guatemalteco desde su fundación. La CICIG
nace con un objetivo claro: reducir la impunidad existente en el país para
aumentar la calidad de vida y el número de oportunidades de los ciudadanos
guatemaltecos, y así contribuir al desarrollo-país de la más importante y poblada
república centroamericana. A lo largo de las páginas que siguen, el lector podrá
encontrar una descripción detallada de la breve historia de la CICIG. Al mismo
tiempo, el documento de trabajo definirá qué es la CICIG, y presentará
brevemente los casos más importantes en los que está involucrado el nuevo
organismo internacional. Se analizará si estos mantienen una línea coherente y
consistente con los objetivos iniciales en base a los que nace la organización.
Posteriormente, el artículo mostrará que la defensa de la libertad de expresión, y
del libre ejercicio del periodismo como profesión, no están entre las
preocupaciones del organismo internacional contra la impunidad. Por último
pero no menos importante, el artículo pretende proponer ideas para mejorar el
rendimiento de la institución, y de esa manera ayudar a la misma a conseguir el
fin principal para el que ha sido creada.
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Palabras Clave:
CICIG, institución, ONU, República de Guatemala, impunidad, libertad de prensa,
periodismo, política pública.
Abstract:
The international Commission Against Impunity In Guatemala (CICIG) has
changed the guetamalan legal, political and social landscape since its inception.
CICIG born with a clear objective: Reduce impunity in the country to increase the
quality of life and the number of opportunities of Guatemala citizens. At the same
time the international organization wants to contribute to the development of
the most important and populous central American countries. Throughout the
following pages, readers will find a detailed description of the brief history of
CICIG. The research paper will present in first place a definition of what type of
institution CICIG is, and after the most important cases implemented by CICIG.
After that the paper try to analyze the consistency and coherence of CICIG
actions in line with the initial objectives. The paper shows how the defense of
freedom of expression and free exercise of journalism are not among the
concerns of the CICIG. Last but not least, the article intends to propose ideas to
improve the performance of the institution, and thus, help it to achieve the main
purpose for being born.
Keywords:
CICIG, institution, NU, Guatemala, impunity, freedom of press, journalism, public
policy.
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Introducción:
La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha cambiado el
panorama jurídico, político y social guatemalteco desde su fundación. La CICIG se
crea un 12 de diciembre de 2006, y desde su nacimiento el organismo se ha
convertido en una institución “fundamental” en el panorama guatemalteco. Han
sido muchas las críticas y también los apoyos a la nueva institución. La identidad
polémica y protagónica que posee la CICIG en el escenario guatemalteco ha
motivado la realización de este artículo de investigación. Se pretende con el
mismo analizar la vida de la CICIG para, desde un enfoque académico, pero
también con intención de proponer ideas para su mejora, analizar el rendimiento
que el nuevo organismo internacional ha desempeñado. Al mismo tiempo, el
artículo pretende mostrar el compromiso que con la libertad de prensa, y con el
ejercicio periodístico posee la CICIG. Podríamos resumir los objetivos de nuestro
trabajo presentando nuestras preguntas básicas de investigación:
¿Ha sido positiva la intervención de la CICIG en el mundo social, jurídico y
político guatemalteco?
¿Muestra la CICIG una postura activa a la hora de defender libertades básicas
como la libertad de prensa?
¿Pueden proponerse ideas para mejorar la CICIG?
Para responder a estos desafíos, el artículo se organiza a través de cuatro
apartados (con sus correspondientes subapartados) y una conclusión que
recapitula todos los logros del trabajo de investigación. En la primera parte de
nuestro trabajo se presentan los antecedentes de impunidad que motivan la
creación de la CICIG. Durante las páginas de este capítulo se lleva a cabo un
repaso y una descripción de la violencia en Guatemala.
En el capítulo 2 se desarrolla un esfuerzo de definición conceptual. El
apartado muestra una definición de la CICIG, en base a la documentación oficial
4
que la propia institución provee en su website. La lógica de investigación de este
apartado analiza la definición y revela las características fundamentales de la
misma, indicando los objetivos principales de la nueva institución internacional y
los resultados que ha conseguido en base a esos objetivos definidos. Se pretende
también describir brevemente los casos principales en los que se ha involucrado
la CICIG, y generar un pequeño resumen sobre la situación de los mismos.
En la tercera parte del documento de trabajo se realiza un breve estudio
sobre el compromiso que la CICIG ha mostrado con la libertad de expresión
primero, y en defensa de la libertad de prensa y de la profesión periodística
después. Para el desarrollo de esta fase del artículo, el equipo de investigación ha
realizado un trabajo de campo de naturaleza cualitativa a lo largo de los meses
de mayo y junio de 2011 consistente en la realización de entrevistas a
personalidades del mundo de la comunicación. Ha sido muy interesante el
resultado de dicho proceso de investigación, y la ayuda de los profesionales de la
comunicación ha sido fundamental para el desarrollo de una propuesta de
políticas públicas que motive un cambio de imagen de la CICIG.
El artículo finaliza con un cuarto capítulo dedicado a la propuesta de
política pública para la reforma de la CICIG. Por último, cerramos el proceso de
investigación con un apartado de conclusiones que pretende recapitular toda la
información utilizada y mostrada a lo largo de las páginas de este proyecto.
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1. Guatemala: Antecedentes históricos de la impunidad en el país centroamericano. La impunidad siempre ha estado presente a lo largo de la historia
contemporánea de Guatemala. La ausencia de castigo en el país ha sido y es un
problema estructural. En los últimos años dicho problema se ha convertido en un
elemento central de la agenda diaria de la política guatemalteca. Desde la
apertura democrática del país en 1985, la sociedad civil y el Estado de Guatemala
han hecho arduos intentos por reformar el sistema de justicia e instaurar el
imperio de la ley. El presente capítulo hace una breve sinopsis sobre la
impunidad en Guatemala tomando como punto de partida la nueva constitución
democrática. Se pretende con ello explicar las razones que motivaron la creación
de un órgano internacional e independiente encargado de asistir al Estado en el
combate contra la impunidad: la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG).
En mayo de 1985, la Asamblea Nacional Constituyente presentó una
nueva carta magna para Guatemala. Con esta, se ponía fin a décadas de gobiernos
militare, y se “institucionalizaba” un sistema democrático-liberal en el país. La
nueva constitución buscaba terminar con la represión del estado y reducir los
niveles de incertidumbre respecto a la ley. Para la consecución de estos fines el
documento manifestaba “un énfasis especial para la preservación y defensa de
los derechos humanos” (Poitevin, 2004), así como “garantizarle a los habitantes
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona” (Constitución Política de la República de Guatemala,
Título I, Artículo 2). Asímismo se establecía una Corte de Constitucionalidad,
tribunal permanente e independiente que defiende el orden constitucional (CC,
2011). De forma paralela se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos, con
la respectiva figura del procurador y un Tribunal Supremo Electoral encargado
de llevar elecciones limpias y transparentes. La reforma tenía un objetivo claro:
Hacer frente a la impunidad existente en el país, generar un amplio espacio de
respeto y cumplimiento de la Ley, atacar las violaciones a los derechos humanos,
y construir un documento legal que contribuyese al desarrollo integral de la
República.
6
Ese mismo año fueron convocadas elecciones democráticas y el 14 de
enero de 1986 asumió el gobierno la Democracia Cristiana bajo la presidencia de
Vinicio Cerezo Arévalo. El gobierno de Cerezo llegó al poder con las metas de
“…corregir el deterioro de la administración pública, terminar con la corrupción,
superar la desconfianza hacia las autoridades y lograr la pacificación1” (Luján
Muñoz, 2004, p. 355). La Democracia Cristiana tuvo que enfrentar dos grandes
retos:
El conflicto armado interno que continuaba siendo el mayor elemento de
inestabilidad nacional.
La existencia de un Ejército independiente y fuerte muy lejos del control
del Estado.
El historiador guatemalteco René Poitevin señala que:
“El ejercicio de poder frente a un Ejército que todavía dominaba grandes áreas
de la administración y que estaba acostumbrado a imponer su voluntad, no
resultaba fácil” (Poitevin, 2004, p. 71).
De igual manera:
“los proyectos de descentralización… no resultaron del agrado de la institución
armada… esta situación motivó al menos cinco intentos de golpe de Estado que
el Gobierno sofocó durante su período” (Poitevin, 2004, p. 71).
Además, el país seguía enfrentando problemas estructurales nunca
solucionados:
1 Guatemala aún se encontraba en el conflicto armado interno, que duró de 1962 a 1996. En este, el
Estado de Guatemala, a través del Ejército, se enfrentó a grupos guerrilleros que buscaban tomar el
mando político del país por medio de la fuerza.
7
“… la corrupción en los círculos oficiales, el deterioro de la administración
pública, la creciente desconfianza del pueblo hacia todas las instituciones
gubernamentales…” (Contreras, 2003, p. 139).
A pesar de las propuestas de cambio, el gobierno de Cerezo no resultó
capaz de solucionar la gran problemática nacional. Carlos Sabino apunta en su
trabajo sobre la historia contemporánea de Guatemala que:
“…el clima de optimismo con que se comenzó se había perdido , al contrario de
lo que se esperaba, su cuota de poder se había deteriorado… en medio de la
ineficiencia, los escándalos, la corrupción y su desatención a los deberes del
cargo” (Sabino, 2008, p. 343).
El gobierno había avanzado en el diálogo para la búsqueda de la paz y el fin del
conflicto armado2, pero la hostilidad en el seno de las fuerzas armadas
continuaba. Las promesas democráticas del nuevo sistema se veían incumplidas
y libertades básicas como la libertad de expresión en general, y la libertad de
prensa en particular estaban en riesgo. A pesar de cierto ambiente de tolerancia
Luján Muñóz, uno de los historiadores más prestigiosos del país afirmaba que:
“innegables los hechos en contra de los medios de comunicación (como un
atentado en contra del semanario La Época3), la probable intervención del
gobierno en la clausura del noticiero de televisión Aquí en el Mundo y atentados o
amenazas contra periodistas4” (Luján Muñoz, 2004, p. 357).
2 A inicios de 1985, Cerezo promovió una reunión de presidentes centroamericanos en la localidad de
Esquipulas para dialogar sobre el proceso de paz en la región. En agosto de 1987 se llevó a cabo otra
reunión similar bajo el nombre de Esquipulas II en donde se suscribió el documento “Procedimiento
para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” y el subsecuente establecimiento de la
Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, apoyado por la Organización de Estados
Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. 3 En junio de 1988 un grupo de hombres armados ingresó a las instalaciones del semanario La Época y
destruyeron la totalidad de su equipo. 4 Resaltan los casos del secuestro del reportero Julio Godoy en 1988, el asesinato de la esposa del
periodista Byron Barrera, Refugio Villanueva y el atentado que le costó la vida al empresario radial
Humberto González Gamarra.
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A pesar de todos los problemas que el sistema político guatemalteco
afrontaba, fueron los casos de impunidad y de indolencia judicial los que más
afectaron la imagen del nuevo sistema democrático. Resalta sobre otros el
asesinato en septiembre de 1990 de la antropóloga Myrna Mack , quien
elaboraba un estudio sobre violaciones a derechos humanos y las migraciones de
personas afectadas por el conflicto. A pesar que el crimen quedó impune en su
momento, la hermana de la víctima y una fundación que lleva el nombre de la
misma, desde entonces han luchado judicialmente por el esclarecimiento del
crimen, llevando el caso incluso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y ante juzgados guatemaltecos. Según la Fundación Myrna Mack, el
desarrollo del caso ha “…puesto de manifiesto las profundas y estructurales
debilidades del sistema de justicia guatemalteco…” (Mack, 2010).
Otros casos de asesinato político que quedaron impunes durante este
período fueron, por ejemplo, el asesinato del líder socialdemócrata salvadoreño
Héctor Oquelí en diciembre de 1990, y el caso de la “panel blanca”5, en el cual se
alegan torturas y ejecuciones extrajudiciales de al menos once personas por
parte de miembros de la Guardia de Hacienda.
En 1991 un nuevo gobierno presidido por Jorge Serrano Elías asumió el
poder en medio de una gran crisis institucional. El mandatario prometió ordenar
el país y continuar con el proceso de pacificación. Sin embargo, y como señala
Poitevin:
“…las negociaciones se estancaron de nuevo, debido a la resistencia del Gobierno
y del Ejército a aceptar la creación de la Comisión de la Verdad y el
desmantelamiento del aparato de represión…” (Poitevin, 2004, p. 77).
La resistencia por parte de las instituciones “oficiales” a la creación de estas
organizaciones de naturaleza humanitaria fue para muchos una muestra más de
impunidad en el Estado guatemalteco.
5 Llamado así debido a que los agentes de la Guardia de Hacienda utilizaban un vehículo tipo panel
color blanco para realizar los secuestros que conducían a las ejecuciones extrajudiciales.
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Además de todo lo anterior, la prensa comenzó a denunciar la corrupción
imperante en las instancias del Estado, y el Ejecutivo incautó y censuró varias de
las publicaciones que le atacaban. Esto llevó a que el gobierno de Serrano se
viese envuelto en una crisis de ingobernabilidad, ya que su partido no contaba
con apoyo suficiente en el Congreso. La institución legislativa buscaba la manera
de acusar al mandatario por los constantes señalamientos de corrupción en su
contra (Contreras, 2003, p. 140). La presión social, por ejemplo en el caso de la
prensa, y política, emanada de la institución legislativa, agravó la situación del
Gobierno y el mandatario decidió solucionar la encrucijada en la que se
encontraba con un golpe de Estado:
“El 25 de mayo de 1993, el Presidente Jorge Serrano Elías se dirige a los
guatemaltecos para anunciar la disolución del Congreso de la República, del
Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de
Constitucionalidad, la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, y
también la suspensión de más de 46 artículos constitucionales” (Poitevin, 2004,
p. 79).
El presidente se convertía así en un dictador con las facultades de los tres
poderes del estado. Inmediatamente después del anuncio, se ordenó la captura
de varios funcionarios de las instituciones clausuradas. El sistema judicial
guatemalteco se vió, una vez más, impotente ante la gran violación a las leyes
que había llevado a cabo el mandatario. Durante los siguientes días, el país vivió
una terrible crisis política. La gran mayoría de “…países con quienes Guatemala
tenía relaciones anuncian la suspención inmediata de sus vínculos diplomáticos
y comerciales con el país” (Poitevin, 2004, p. 79).
La situación de creciente inestabilidad en la que se encontraba la nación
preocupó tanto a los empresarios como al Ejército. Además, diversos sectores de
la sociedad civil manifestaron su repudio contra del golpe6. Los miembros
depuestos de la Corte de Constitucionalidad habían considerado nulo el acto, ,
6 El 31 de mayo de 1993, el periódico Siglo Veintiuno circuló con el irónico nombre de “Siglo
Catorce”, y sus páginas en blanco fueron marcadas con el sello “censurado” por parte del gobierno.
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pero la situación no se pudo haber solucionado sin la internvención de las
Fuerzas Armadas guatemaltecas. Serrano Elías fue entonces destituido de su
cargo y expulsado del país. En los años posteriores al llamado autogolpe de
Serrano, se llevaron a cabo procesos judiciales en contra del ex mandatario, pero
aún no se ha logrado la extradición del mismo, quien hasta la fecha se encuentra
asilado en Panamá.
Tras la destitución del gobierno “autogolpista”, el Congreso
inmediatamente llevó a cabo la elección de un nuevo mandatario, en la cual
resultaría electo el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de
León Carpio. Las expectativas sobre el nuevo presidente eran muy altas, ya que
se buscaba en él el ordenamiento administrativo del país y poner fin a los abusos
de poder, sobretodo por parte del Ejército.
El gobierno agilizó la agenda de los Acuerdos de Paz. Se firmó el Acuerdo
Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el establecimiento de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el Acuerdo sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas, etc. Además, se estableció la Comisión de Paz,
apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de
Naciones Unidas (ONU), así como la Misión de las Naciones Unidas para la
Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), la cual llegaría
a tener una gran influencia sobre la política guatemalteca en los años
posteriores. La lógica transitoria del Gobierno de Ramiro de León Carpio provocó
el estancamiento del proceso de pacificación.
A pesar del avance que hubo en torno a la búsqueda de estabilidad y paz
en el país por parte del gobierno transitorio, se dieron una serie de crímenes que
quedaron impunes. Uno de éstos fue el asesinato del líder político y candidato a
la presidencia Jorge Carpio Nicolle, quien fue asesinado en julio de 1993. “…Si
bien se acusó a unos delincuentes, el incidente nunca se aclaró…” (Luján Muñoz,
2004, p. 364). También, en octubre de 1995 una patrulla militar llevó a cabo una
masacre de campesinos refugiados en la localidad de Xamán, Alta Verapaz. “Este
crimen ponía al descubierto la difícil relación entre civiles y militares que
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generaban resistencias y desconfianzas de uno y otro lado, y dificultaban la firma
de la paz” (Poitevin, 2004, p. 84).
A pesar de los elementos generadores de inestabilidad en el sistema
político, se logró una nueva elección y se eligió Presidente de la República a
Álvaro Arzú. De el se esperaba, tanto a nivel nacional como internacional, que
pusiera fin al conflicto armado, “desmilitarizara” el país y luchase frente a la
violencia y la impunidad. Efectivamente, el 29 de diciembre de 1996, el Gobierno
de Guatemala y la URNG, principal grupo guerrillero, firmaron el Acuerdo de Paz
Firme y Duradera, que ponía fin a la guerra. Al mismo tiempo, el gobierno de
Arzú buscó tras esto:
“…la modernización de la administración pública con el objeto de actualizar y de
mejorar la capacidad insttiucional del Estado, mediante la descentralización de
las funciones públias y de la privatización de algunos bienes estatales…”
(Poitevin, 2004, p. 90).
Se firmó el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército
en una Sociedad Democrática, el cual creaba la Policía Nacional Civil, “… que
unificó en una sola, y con carácter profesional y no militar todas las fuerzas de
orden existentes hasta entonces en el país…” (Poitevin, 2004). De igual manera,
dicho acuerdo adoptaba medidas relevantes para la profesionalización del
organismo judicial.
Los acuerdos de paz y la modernización impulsada por el gobierno
tuvieron grandes resultados a corto plazo. Como se evidencia en la gráfica 1, los
asesinatos violentos se mermaron notoriamente durante los siguientes años. El
gobierno contaba con un fuerte apoyo debido al clima de seguridad que había
generado:
“Es probable que la firma de los Acuerdos de Paz y el inicio de la
implementación de importantes reformas como la instalación de la nueva Policía
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Nacional Civil hayan sido factores significativos en la disminución en la violencia
homicida” (Matute Rodríguez, 2007).
Sin embargo, una serie de escándalos de corrupción e impunidad
mostraron la precaria situación en la que aún se encontraba el país:
“A través de investigaciones periodísticas… se publicaron datos que
revelaban que el proceso privatizador habría sido manejado para favorecer
intereses de determinados políticos…” (Poitevin, 2004).
Manejo ilícito de fondos públicos, nepotismo e índices alarmantes de
violencia continuaron mermando la imagen de un Gobierno que, históricamente,
no podía hacer frente a los problemas infraestructurales que enfrentaba7.
La esperanza de pacificación y de cumplimento de la ley parecía rota en
Guatemala. Una vez finalizado el Gobierno Arzú, la ciudadanía votó a favor del
ofrecimiento de seguridad y orden del partido liderado por un militar ex golpista
y Jefe de Estado de facto que había gobernado el país en 1982: el FRG del General
Efraín Ríos Montt. En el año 2000, asumió la Presidencia de la República dicho
partido bajo la dirección de Alfonso Portillo. En la gráfica 1 se puede evidenciar
el número de homicidios ocurridos anualmente en Guatemala de 1995 a 2006. Se
ve con claridad la breve disminución que se dio después de la firma de la paz, y
cómo a partir de 1999 el número de homicidios comienza a ascender
continuadamente.
7 Otro caso que negativizó la imagen del gobierno y del Estado como tal fue el asesinato del arzobispo
Juan Gerardi. El religioso había presentado hacía dos días el informe del Proyecto Arquidiocesano para
la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) “Guatemala, nunca más”, en el cual se exponían
los abusos y crímenes cometidos por parte del Ejército a la población civil del altiplano guatemalteco
en tiempos del conflicto armado. Por primera vez en la historia de Guatemala, miembros del Ejército
fueron acusados y sentenciados por su participación en el crimen.
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Gráfica 1.
Fuente: Matute Rodríguez, Arturo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Guatemala. 2007.
Durante el gobierno Portillo, marcado por la corrupción y el ascenso del crimen
organizado, no se pudo hacer frente a la agenda de seguridad y de impunidad del
país. En la actualidad, el ex presidente se encuentra acusado ante los tribunales
guatemaltecos y contra él han sido abiertos una serie de procesos relacionados
con el desfalco de fondos públicos. En mayo de 2011, se dictó una sentencia
favorable para el ex mandatario; sin embargo, el caso o serie de casos aún no han
llegado a su fin.
En el año 2004 ingresa como Presidente de la República Óscar Berger. Su
mensaje contenía una promesa clara: resolver el tema de la corrupción e
impunidad en el país. Tanto los medios de comunicación nacionales e
internacionales, como las organizaciones internacionales con influencia y
presencia en el país, y la organizaciones no gubernamentales (ONGs), trataban el
tema de la violencia como prioritario y urgente. Durante el Gobierno Berger la
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Ciudad de Guatemala se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del
continente americano.
Gráfica 2.
Fuente: Matute Rodríguez, Arturo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Guatemala. 2007.
El informe del International Crisis Group, intentado dibujar los orígenes reales
de la CICIG señala que:
“La CICIG surgió del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmado por el
gobierno y el grupo insurgente URNG en marzo de 1994, que propuso la
ocnformación deu na comisión para desarticular a los Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Sin embargo, eso no ocurrió sino
más de unadécad después” (Goup, 2011).
Posteriormente, desde el año 2003, durante el mandato de Portillo, el Gobierno
de Guatemala solicitó asistencia al Departamento de Asuntos Políticos de la ONU
para investigar y enjuiciar a los grupos ilegales violentos. Esto evidenciaba el
reconocimiento por parte del país de la debilidad de su sistema de justicia. El
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Estado no podía hacer frente a las reformas que necesariamente debía enfrentar.
Como respuesta, las Naciones Unidas accedieron a firmar un acuerdo que incluía
la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos
Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Gracias a la intervención del Congreso, y a
una serie de problemas legales el acuerdo nunca llegó a tener vigencia y eso
provocó una reestructuración de su naturaleza para adaptar el nuevo organismo
a las demandas institucionales exigidas por los organismos políticos y jurídicos
guatemaltecos.
El gobierno Berger se encargó de revisar los puntos planteados por la
Corte de Constitucionalidad guatemalteca, y reescribió el texto para lograr la
compatibilidad con la Constitución de la República. El nuevo documento fue
presentado a finales de 2005 ante el Departamento de Asuntos Políticos de la
ONU, y una versión final fue entregada al Secretario General de dicha
organización en mayo de 2006. La propia CICIG relata con claridad como finaliza
el proceso:
“Prosiguieron las conversaciones con el Departamento de Asuntos
Políticos, y el acuerdo para establecer la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), se firmó con las Naciones Unidas el 12 de
diciembre de 2006…” (CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala, 2011).
Dicho acuerdo fue aprobado por la Corte de Constitucionalidad. Una vez
finalizado el trámite, el Congreso de Guatemala lo aprobó en agosto del mismo
año. Con este “Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno
de Gutemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala” 8 , Guatemala aceptó la creación de un órgano
independiente e internacional que tenía como objetivo asistir al Estado en el
combate contra la impunidad.
8 Nombre oficial del Acuerdo. Véase
http://cicig.org/uploads/documents/mandato/01_cicig_acuerdo.pdf
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Inmediatamente después de su ratificación, la ONU nombró al español
Carlos Castresana como comisionado de la CICIG y el organismo entró en
funciones. A su llegada al país, el comisionado se vio impactado por la gran
problemática que la impunidad representaba para el país:
“Las estadísticas muestran que muy pocos casos se resuelven, menos
llegan a juicio, y las sentencias condenatorias son casi inexistentes. El 98% de los
asesinatos cometidos en Guatemala queda impune. Los casos resueltos se
cuentan con los dedos de la mano. Las estadísticas muestran que muy pocos
casos se resuelven, menos llegan a juicio, y las sentencias condenatorias son casi
inexistentes. El 98% de los asesinatos cometidos en Guatemala queda impune.
Los casos resueltos se cuentan con los dedos de la mano” (Castresana, 2007).
De estas páginas se extrae con claridad la naturaleza del problema:
Guatemala sufre un problema grave de impunidad, incrustada en la propia
arquitectura del estado. La misma existe, por lo menos, desde la firma de la
nueva Constitución en 1985. Sin embargo sería interesante diferenciar, para
finalizar esta introducción histórica sobre la impunidad en Guatemala, dos
períodos claramente diferenciados:
1) Desde la firma de la Constitución en 1985 hasta la firma de los
Acuerdos de Paz.
2) Desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta la actualidad.
Es necesario reconocer que durante la primera fase el país se encontraba
inmerso en un conflicto armado interno, una verdadera guerra civil que sin duda
modificó, desestabilizó y dificultó la evolución del Estado Guatemalteco debido a
la intervención en el proceso político de fuerzas “ajenas” a la democracia liberal:
Militares y guerrilleros fueron la variable desestabilizadora de un sistema que ya
se encontraba en crisis desde su creación como estado.
Más interesante parece la segunda fase, en la que el Estado guatemalteco pide la
colaboración de la ONU para hacer frente a un problema que supera las
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capacidades del mismo. Ese período se caracteriza por una desastrosa política de
seguridad que, en base a la Firma de los Acuerdos de Paz, y al resentimiento por
parte de algunos grupos representantes del bando de los “vencidos” en el
conflicto armado interno, desmantela literalmente las estructuras del Ejército
como mecanismo y herramienta de seguridad nacional, y lo sustituye por una
Policía Nacional Civil (PNC) que no es capaz de ayudar a la ciudadanía
guatemalteca a salir del escollo en el que se encuentra en la actualidad.
La CICIG es un intento institucional que pretende contribuir a la solución de los
problemas diagnosticados en el sistema de justicia y seguridad guatemaltecos.
Con ello, se busca generar una sinergia que regenere la seguridad en todos los
niveles y aumente el grado de libertad de los ciudadanos del país. Sin embargo, y
en base a las necesaria operacionalización de conceptos que exige un trabajo de
ciencias sociales necesitamos definir que ha sido y que es la CICIG. Es necesario
comprender el verdadero significado de dicha institución para poder evaluar si,
después de cinco años de funcionamiento y dos Comisionados, la organización ha
cumplido con los objetivos para los cuales había sido fundada.
2. La CICIG: Un acercamiento conceptual.
¿Podemos definir con claridad a la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG)? ¿Podemos identificar la verdadera naturaleza de la
institución? Las dos preguntas son de difícil respuesta. Sin embargo, y en base al
auge que está adquiriendo el modelo CICIG en la región9 parece razonable
desarrollar un esfuerzo por el cual seamos capaces de delimitar con claridad qué
es la CICIG.
Como se ha señalado anteriormente:
9 Parece que el Salvador y Honduras también quieren importar el modelo CICIG para resolver sus
problemas de seguridad e impunidad. Para ello véase http://noticias.com.gt/nacionales/20100909-el-
salvador-y-honduras-trabajan-en-solicitud-a-la-onu-para-pedir-un-ente-simiar-a-la-cicig-en-sus-
paises.html o también http://mafiaandco.wordpress.com/2010/11/19/el-salvador-funes-reitera-
necesidad-de-crear-comision-como-cicig/
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“Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la
creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte
de Constitucionalidad en Mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el
Congreso de la República el 01 de Agosto de 2007” (CICIG, 2011).
La CICIG nace fruto del acuerdo y la asociación entre el gran organismo
internacional, la ONU, y la República Centroamericana de Guatemala. Lo que se
busca es la creación de un órgano independiente e internacional que tenga la
capacidad institucional necesaria para complementar la labor del Ministerio
Público guatemalteco, la Policía Nacional Civil (PNC), y cualquier otra institución
del Estado involucrada en los temas de seguridad y justicia.
Hemos de señalar, y la propia institución lo reconoce, el carácter sui generis de la
CICIG. En su sitio web el nuevo organismo internacional señala que:
“El mandato de la CICIG no tiene precedentes dentro de las Naciones Unidas u
otros esfuerzos de promover la responsabilidad y reforzar el Estado de Derecho.
Posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos las
leyes Guatemaltecas, en las Cortes Guatemaltecas, usando el procedimiento
penal de Guatemala. La CICIG apoya a las instituciones del Estado en la
investigación de las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos
de seguridad, definidos como grupos que cometen actos ilegales y que afectan el
gozo y ejercicio de los derechos fundamentales de la población Guatemalteca y
tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad de
bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales. La
influencia de estos grupos dentro del Estado es considerada como una de las
bases fundamentales de la impunidad en el país y como un gran obstáculo que
impide los esfuerzos de fortalecer el estado de derecho” (CICIG, Comisión
Internacional Contra la Impunidad, 2011).
Como se puede observar, y basándonos en la definición que de sí misma da la
propia CICIG, podríamos usar la sentencia que Jacques Delors y Jose Manuel
19
Duráo Barroso utilizaron en su momento para definir a la Unión Europea (UE):
La CICIG es un objeto político no identificado. Sus principales características son
un funcionamiento independiente al margen del sistema institucional
guatemalteco, y al mismo tiempo, un respeto y cumplimiento de las normas del
mismo. ¿Es eso posible? Desde el punto de vista de la CICIG sí.
El texto del acuerdo, completando lo anterior, indica con claridad la definición de
objetivos de la CICIG, y un interesante paquete de funciones para hacer realidad
la consecución de los mismos.
La tabla 1 describe de forma breve los objetivos básicos de la nueva institución
internacional:
Tabla 1.
Objetivos de la CICIG
Objetivo 1: La CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y
aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos
fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos
ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de
operación y fuentes de financiación.
Objetivo 2: La CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos
clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación,
persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
Objetivo 3: La CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de
políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de
seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales
necesarias para este fin.
Fuente: Elaboración propia en base a la información proveída por la CICIG
http://cicig.org/index.php?page=mandato
Tres objetivos generales y abstractos que para muchos especialistas en políticas
públicas son difíciles de conseguir. El objetivo 1, y el objetivo 2 pretende
habilitar a la CICIG, en base al propio acuerdo, para que sea un ente colaborador
del Estado en todo lo relacionado con la lucha contra la corrupción, lucha contra
el crimen organizado e impunidad. El objetivo 3 pretende convertir a la CICIG en
un órgano de naturaleza técnica que sea capaz de hacer un diagnóstico claro de
20
las capacidades que posee el Estado de Guatemala para hacer frente a los
problemas de corrupción, crimen organizado e impunidad. Se busca una
institución que de propuestas para diseñar políticas públicas efectivas capaces
de resolver los problemas que el estado enfrenta respecto a la corrupción, la
seguridad y la impunidad.
Algo sospechoso, identificado por un gran número de actores, se puede extraer
de esta definición de objetivos: El Estado de Guatemala parece, aunque
oficialmente no sea reconocido, haber cedido parte de su soberanía nacional en
pro de una institución internacional “técnica” que le ayude en la solución de los
problemas que enfrenta.
Lo anterior es difícil de evidenciar, sin embargo, muchos de los entrevistados
durante este proyecto de investigación e incluso la literatura que fervientemente
apoya al organismo internacional, reconocen que de manera consciente o
inconsciente, la CICIG ha ganado un protagonismo jurídico, político y social que
ha puesto muchas veces en apuros a las propias instituciones “soberanas”
guatemaltecas.
Como complemento, y siguiendo con la descripción y definición de la CICIG, a
continuación presentamos las capacidades que la nueva institución internacional
tiene asignadas para conseguir los objetivos definidos con anterioridad. La tabla
2 es también clara en ese sentido. En ella se muestran las capacidades que,
oficialmente y en base al Acuerdo entre la ONU y la República de Guatemala, la
CICIG tiene asignadas.
21
Tabla 2.
Capacidades de la CICIG
Capacidad 1: Facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la
investigación penal, particularmente al Ministerio Publico.
Capacidad 2: Facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código
Procesal Penal.
Capacidad 3: Puede hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en
particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el
cumplimiento del mandato de la CICIG.
Capacidad 4: Puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios
iniciados contra estos funcionarios.
Capacidad 5: Puede garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las
investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así
como promover su protección ante las autoridades correspondientes.
Fuente: Elaboración propia en base a la información proveída por la CICIG
http://cicig.org/index.php?page=mandato
Las capacidades asignadas refuerzan la argumentación adelantada líneas atrás:
Ineludiblemente, la CICIG es un actor que invade, con total consentimiento por
parte del Estado, la soberanía de Guatemala en materia de justicia y seguridad.
Siguiendo con la lógica expresada en el propio texto del acuerdo, la CICIG parece
que se conforma como un órgano “independiente” e “inmune”, no pudiendo ser
afectado por acciones de la justicia guatemalteca. Es una de las primeras
consecuencias inesperadas del Acuerdo: La CICIG intentando luchar contra la
impunidad, se convierte en un órgano inmune no sujeto a control. Esto se puede
observar en el artículo 10 del Acuerdo de creación de la CICIG:
“Artículo 10. Privilegios e inmunidades del Comisionado/a y del personal de la
CICIG.
1. El Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades exenciones y
facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En particular
disfrutará:
a) De inviolabilidad personal, con inclusión de inmunidad de arresto o
detención;
22
b) Inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa, de conformidad
con la Convención de Viena;
c) Inviolabilidad de cualesquiera papeles y documentos;
d) Exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros
registros de extranjeros;
e) Las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje propio o
personal que la Convención de Viena concede a los agentes diplomáticos; y
f) Exención de impuestos en Guatemala sobre su salario, emolumentos y
sanciones.
2. El personal internacional disfrutará de los privilegios e inmunidades
otorgados a los expertos en las misiones de las Naciones Unidas de conformidad
con el artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas. En particular disfrutarán de:
a) Inmunidad de arresto o detención personal y de confiscación de su
equipaje personal;
b) Inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras
pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su
misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después
de que hayan dejado de prestar servicios a la CICIG;
c) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;
d) Las mismas inmunidades y facilidades respecto a sus equipajes
personales acordadas a los enviados diplomáticos;
e) Exención de impuestos en Guatemala sobre su salario, emolumentos y
prestaciones” (Art. 10, Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el
Gobierno de Guatemala relativo al Establecimiento de una Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG).
El diseño de este tipo de instituciones es cuando menos paradójico, y muestra la
inmensa complejidad que existe en la actualidad a la hora de estudiar los
fenómenos internacionales y la propia evolución de la forma política estado
nación. La Constitución de la República de Guatemala adjudica un sinfín de
funciones de naturaleza social al Estado guatemalteco, sin embargo, las dos
funciones tradicionalmente asignadas al ente estatal, y sin las cuales el Estado no
23
sería lo que es, han sido históricamente la seguridad y el desarrollo monopólico
de un sistema de justicia. El Acuerdo entre la ONU y Guatemala muestra que
dichas funciones básicas, que hacen al ente estatal ser lo que es, no pueden ser
cumplidas por las autoridades oficiales del estado centroamericano, y su
incumplimiento motiva la creación de una institución que ayude primero, y de
ideas para política pública después, en los campos de la justicia y la seguridad al
estado guatemalteco. Muchos críticos señalan que la CICIG, en base a dicha
definición de objetivos, y a las capacidades de que disfruta, ha destrozado la poca
institucionalidad que quedaba en los servicios de justicia guatemaltecos debido a
su protagonismo mediático, y al poder que posee para censurar o apoyar a
determinadas organizaciones y personalidades en pro de la mejora del sistema
de justicia nacional.
Para muchos, la idea de un gobierno mundial se expresa a través de la
construcción y desarrollo de este tipo de instituciones. Las mismas responden a
una ideología “multilateral” basada en el siguiente conjunto de características:
1) “Cooperación: Los estados cooperan entre sí para construir relaciones
mejores y más duraderas.
2) Dimensión cuantitativa: Para que exista una relación multilateral tiene
que existir una asociación de tres o más estados.
3) Dimensión cualitativa: Esos Estados tienen que poseer un marco común
de creencias y principios para poder coordinar sus acciones.
4) Fenómeno estatal: A pesar de los nuevos actores que surgen en la
segunda mitad del S. XX cuando se habla de “multilateral” y
“multilateralismo” se está haciendo referencia a los estados como los
protagonistas principales de la política global“ (Fernández Luiña, 2010).
Como se puede observar, las características básicamente definen un campo de
actuación multilateral en el ámbito sectorial de la seguridad y la justicia. Todo lo
anterior nos ayuda a proponer una primera definición de la CICIG. Desde nuestro
punto de vista, y como equipo de investigación, definiremos CICIG como un
producto multilateral encargado de ayudar al Estado guatemalteco en la
24
provisión de servicios de seguridad y justicia para su ciudadanía. En ese sentido,
y para ser capaces de cumplir con la definición de objetivos presentada al inicio
de este capítulo, creemos que la CICIG invade de alguna forma el espacio
soberano del estado guatemalteco con el consentimiento del mismo. En segundo
lugar, y continuando con las afirmaciones, en base al acuerdo, a la definición de
objetivos, y a las capacidades que actualmente posee la CICIG, creemos que la
misma ha desarrollado, no se puede evidenciar si consciente o
inconscientemente, un sistema de instituciones “formales” paralelo que
deslegitima de la actuación de las instituciones oficiales del Estado guatemalteco.
Siendo capaces de haber analizado tanto los objetivos, como las capacidades que
tiene adquiridas, y habiendo facilitado una definición clara del significado global
que posee la CICIG, el siguiente paso sería el de resumir y mostrar con claridad
los actos que dicho organismo ha llevado a cabo.
La CICIG actualmente participa como querellante adhesivo, en base a la
información presentada en su sitio web y fruto del artículo 3(b) del Acuerdo
entre la ONU y la República de Guatemala10, en 13 casos resumidos en la tabla 3.
En dicha tabla podríamos señalar que los casos en general versan sobre lucha
contra la corrupción, análisis e investigación sobre malversación de fondos
públicos, lucha contra el tráfico de influencias e investigación sobre homicidios y
masacres en el dominio territorial guatemalteco.
10
El artículo se puede consultar el en sitio web de la Comisión Intergubernamental contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG). http://cicig.org/uploads/documents/mandato/01_cicig_acuerdo.pdf
25
Tabla 3.
Casos/ Fecha Breve Descripción Importancia Resolución
1) CAUSA No. 01070-2010-00309
18 de septiembre del 2009
Contrato administrativo 113-2009 entre la
entidad Proyectos MASKANA, S. A. y la
Dirección General de la Policía Nacional Civil
para la compra de cupones canjeables por
gasolina y/o diesel, hasta el monto de 40
millones de quetzales.
Reestructuración y reforma del personal
de importantes instituciones acusadas
de corrupción e impunidad.
En proceso
2) CAUSA No. 01080-2009-00470
Fecha no especificada
Trata de Personas, uso de documentos falsos,
incumplimiento de deberes, trámite irregular
de adopción y asociación ilícita.
Detección de una organización criminal
dedicada a la trata de personas,
constituida en torno a la casa hogar
denominada “Asociación Civil
Primavera”. Esta organización criminal
está implicada en más de 400 casos de
adopciones ilegales de menores en 2008.
En proceso
3) CAUSA No. 01070-2009-00883
15 de julio del 2010
Asesinato en complicidad de abogado. El caso Rosenberg es un caso que ha
polarizado a la sociedad y desenmascaró
la impunidad en las instituciones, y la
duda de muchos sectores de la sociedad,
sobre todo de periodistas. Este caso es
muy complejo, y se encuentra ligado al
caso de los Musa.
En proceso
4) CAUSA No. 01074-2009-0659
Fecha no especificada
No se indica. La relevancia de este caso es difícil de
demostrar ya que se necesita de más
No se indica
26
información para poder determinar la
importancia de éste. Solo se señala que
las acusaciones tienen que ver con
conspiración, dos asesinatos y asociación
ilícita.
5) CAUSA No. 01079-2009-00211
07 de Abril del 2008
Acuso de obstrucción a la justicia, por
interrumpir las investigaciones del Caso
Rivera.
Este caso es importante porque Víctor
Rivera, asesor del Ministerio de
Gobernación a cargo del Comando Anti-
Secuestros durante el gobierno del
Presidente Berger, fue asesinado el 7 de
abril del 2008, y su caso sigue en la
impunidad, aunque existen ciertos
avances.
En proceso
6) CAUSA No. 01079-2008-05306
Fecha no especificada
Acusados por la participación en una red de
adopciones irregulares.
La red de adopciones es un crimen que
desencadena ciclos de violencia e
impunidad.
En proceso
7) CAUSA No. 27-2009
25 de marzo del 2008
Matanza de once personas. El Tribunal de Sentencia de Zacapa y las
autoridades centrales deberán de
esclarecer este hecho, que alarmó a la
sociedad, sobre todo en el área rural.
En proceso
8) CAUSA No. 01073-2009-0656
Enero-Diciembre del 2001 Funcionarios públicos, prepararon y ejecutaron
la sustracción de 471'585.965,35 de Quetzales
pertenecientes al Ministerio de la Defensa.
La corrupción se encuentra en las altas
esferas del gobierno, y la malversación
de fondos en una institución que brinda
En proceso
27
Fuente: Elaboración propia en base al sitio web de la CICIG: http://cicig.org/index.php?pag
seguridad a los ciudadanos, debe de ser
una prioridad para la CICIG.
9) CAUSA Caso No. 01071-2009-
00678
Marzo 2009
Una persona está acusada del secuestro,
violación y tortura de Gladys Monterroso, la
esposa del Procurador de los Derechos
Humanos.
Este es un caso excepcional donde la
CICIG está a favor de los derechos
constitucionales de libertad para el
acusado, buscando garantizar la
objetividad probatoria y el debido
proceso.
En proceso
10) CAUSA No. 01074-2009-
01245
Entre el 2002 y el 2003
Funcionario público acusado de desfalcar el
Ministerio de Defensa Nacional.
La importancia de este caso es
desmantelar y aclarar la corrupción
durante la administración de Alfonso
Portillo.
Las investigaciones están siendo
realizadas, pero no hay suficiente
información respecto a este caso.
11) CAUSA No. 2009-0960
Enero-Diciembre 2001
Otros funcionarios públicos que están
implicados en el desfalco económico del
Ministerio de Defensa.
Este es un caso vinculante para
desmantelar la red de corrupción de
Alfonso Portillo.
En proceso. Todos los imputados gozan
de medidas sustitutivas.
12) Causa No. 49-2008
2008
Cuatro oficiales de la Policía Nacional Civil
son acusados de formar una banda ilícita que
ha sido responsable de cometer robos y asaltos
organizados.
Este caso es el más convincente debido a
que en la base de datos accesible al
público, tienen la descripción de los
hechos y los condenados muy detallado.
Visto para sentencia
13) CAUSA No. 7102-2001
Año 2000-2004 no especificado.
Otros funcionarios públicos que están
implicados en el desfalco económico del
Ministerio de Defensa.
Robo de más de Q30'000.000.00. En proceso con implicados en
prisión preventiva.
28
Como se puede observar, la CICIG se compromete en todo lo relacionado con la
impunidad en términos generales: Funcionarios que no reciben castigo por sus
actitudes y comportamiento ilícitos, asesinos que impunemente comenten
crímenes y no reciben castigo por el mismo, organizaciones que se dedican al
secuestro, el asesinato y los negocios ilícitos, etc.
Una crítica que se puede hacer al organismo internacional es su falta de
transparencia a la hora de comunicar sus acciones. El website de la CICIG,
principal elemento para acercarse al conocimiento de la misma, contiene poca
información sobre el funcionamiento del organismo internacional, y sobre las
operaciones que tiene a su cargo en estos momentos. Una falta de transparencia
que sin duda puede ser consecuencia de su “inmunidad”, de su capacidad para
evitar el control tanto del estado guatemalteco, como de la sociedad civil de la
nación centroamericana. Un elemento más, que sin duda debe ser tratado en este
capítulo, por ser otro de los objetivos de nuestro trabajo de investigación, es el
compromiso que la nueva institución internacional muestra en pro de la defensa
de las libertades básicas en general, y de la libertad de prensa en particular.
Analizado el website de la CICIG, y un importante número de publicaciones y
artículos periodísticos sobre la misma, no parece que haya una preocupación
clara por la protección de los derechos relacionados con la Libertad de
Expresión, y desde un punto de vista particular, por todo lo que tiene que ver con
la protección del ejercicio profesional periodístico y la libertad de prensa.
El proyecto de investigación, debido a este escollo, decide ampliar sus ámbitos
de actuación y generar una nueva línea de investigación que nos ayude a emitir
un juicio y una valoración acertada tanto del trabajo que ha realizado la CICIG
durante su existencia, como de la preocupación que el organismo muestra por
los temas relacionados con la libertad de expresión y la libertad de prensa. En
ese sentido, y ampliando la magnitud de nuestro documento de trabajo el equipo
de investigación decidió diseñar una entrevista destinada a determinadas
personalidades de los medios de comunicación guatemaltecos para obtener una
información más detallada de parte de los profesionales de la comunicación
sobre la opinión que desde el sector periodístico se tiene de la CICIG. El equipo
29
pudo desarrollar seis entrevistas. Al mismo tiempo, se implementó un análisis de
contenido de algunas entrevistas realizadas al propio Comisionado General
Francisco Dall’Analanese en medios de comunicación de alcance global como la
CNN.
3. La CICIG y la profesión periodística: ¿Es la CICIG un órgano
comprometido con la libertad de prensa?
Durante los meses de mayo y junio del año 2011, el equipo de investigación
realizó seis entrevistas a personalidades del mundo de la comunicación en
Guatemala. Desde nuestro punto de vista los objetivos eran tres: a) En primer
lugar observar la opinión que sobre el organismo internacional poseían algunos
de los profesionales de la información más importantes del país. b) En segundo
lugar ser capaces de hacer un examen a los propios líderes de opinión. Ver que
conocimiento poseían estas élites de la comunicación sobre el órgano
internacional que ha modificado el mapa social, jurídico y político guatemalteco.
c) En último lugar conocer su opinión e intentar extraer un análisis que nos diese
elementos para formular una ”tentativa” de política pública que ayudase a
mejorar el rendimiento de la nueva institución internacional.
En base a estos tres objetivos preparamos un cuestionario sencillo y directo11,
que en muchos casos nos ayudó a extraer un juicio claro sobre la opinión que
algunos de los periodistas más importantes del país tenían alrededor de la CICIG.
Las lista de personalidades tuvo como protagonistas a Pedro Trujillo, uno de los
analistas políticos más populares, a Giovanni Fratti y a Marta Yolanda Díaz
Durán, profesionales de la comunicación radiofónica, a Gustavo Berganza,
periodista que forma parte del medio de comunicación “El Periódico”, a Gonzalo
Marroquín, eminente periodista y director del Diario Siglo XXI, y a miembros de
la sociedad civil como Jean Anleu12, conocido popularmente como el twittero
11
El cuestionario se presenta como documento adjunto a este trabajo de investigación. 12
La frase que hizo famoso a Jean Anleu, el twittero chapín fue “Primera acción real: sacar el pisto de
Banrural, quebrar al banco de los corruptos”. Pisto es la palabra que de manera informal sirve para
hablar del dinero en Guatemala.
30
chapín, debido al comentario que hizo en la conocida red social. El caso de Jean
Anleu es interesante dado que el joven fue acusado de provocar pánico
financiero y aún hoy sufre las consecuencias de la frase que le hizo famoso.
Personalidades del mundo de la comunicación, como Sylvia Gereda, no fueron
capaces después de varios intentos, de concretar una entrevista con el equipo de
investigación. También hemos tenido dificultades a la hora de establecer una
comunicación clara y fijar una fecha para la realización de la entrevista con
comunicadores como Luis Felipe Valenzuela, elemento central que atrajo la
atención de la CICIG fruto del intento de asesinato que sufrió, Enrique Godoy y
Eduardo Stein, además del propio Comisionado de la CICIG Francisco Dall’Anese.
Estos últimos formaban parte del proyecto original como potenciales
entrevistados, pero el límite de tiempo fijado por el proyecto de investigación, la
imposibilidad de comunicación, y el rechazo de algunos a participar, impidieron
el desarrollo normal de las entrevistas como en los seis casos exitosos.
3.1 El contenido de las entrevistas.
Las entrevistas comenzaban con una pregunta clara que pretendía ayudar, aún
más, a adquirir una mejor comprensión de lo que la CICIG es: Un organismo
internacional de nuevo cuño que pretende ofrecer una asesoría técnica en los
ámbitos de seguridad y justicia al Estado guatemalteco. Al mismo tiempo, la
pregunta pretendía tomar el pulso a los entrevistados e intentar analizar el
conocimiento que de la misma poseían estos profesionales de la comunicación.
La cuestión era sencilla ¿Cómo podríamos definir a la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)? Las respuestas fueron variadas,
desde la información académica del profesor y comunicador Pedro Trujillo, que
la calificó cómo “un organismo que viene a luchar contra la impunidad en
Guatemala”, señalando que, desde este punto de partida, “una cosa es el objetivo
que marca el acuerdo que firma Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, y
otra la percepción de la ciudadanía”, hasta la opinión radical del periodista
Giovanni Fratti que indicaba que “La CICIG viene a cumplir un plan ideológico de
venganza contra el CACIF y el Ejército”. Todos indicaban que, sea lo que sea el
nuevo organismo internacional, la CICIG nace de un acuerdo entre la ONU y la
31
República de Guatemala, y sus funciones principales son, como señalaba el
periodista Gonzalo Marroquín “combatir la impunidad, y el crimen organizado,
concretamente el crimen que está infiltrado en el Gobierno”.
En las declaraciones de muchos de los entrevistados hubo algo interesante que el
equipo tomó en consideración y que ya había sido observado. Es algo que
subyace en la frase de la periodista Marta Yolanda Díaz Durán cuando afirma que
“en lugar de venir a fortalecer el sistema de justicia de este país, la CICIG ha
debilitado lo poco que de él quedaba… Comenzando por el derecho a la
presunción de inocencia”. Muchos de los entrevistados opinan lo mismo, también
se observa con claridad en las declaraciones de Pedro Trujillo “el protagonismo
de la CICIG ha terminado minando el protagonismo de las instituciones
nacionales que a final de cuentas son las que tienen que resolver”, y que también
subyace en las declaraciones de Giovanni Fratti. La CICIG ha destruido,
progresivamente y desde su creación, la institucionalidad “nacional
guatemalteca” al robarles el protagonismo a los organismos judiciales y políticos
del Estado. Al mismo tiempo, y de la mano de lo anterior, ese protagonismo que
la CICIG ha robado a las instituciones guatemaltecas se ha hecho sin la
correspondiente rendición de cuentas, algo que hemos comprobado fruto del
análisis del acuerdo desarrollado líneas atrás. En palabras de Giovanni Fratti
“Coloca al Comisionado sobre el Derecho Interno, y le impide rendir cuentas
porque tiene inmunidad diplomática… No hay rendición de cuentas y puede
suceder un abuso de poder…”.
Todo este paquete de acusaciones, sin dudas graves, a la hora de evaluar el
rendimiento de la institución desembocan en otro conjunto de preguntas
desarrolladas por parte del equipo de investigación y que tienen como fin
observar si, en opinión de los entrevistados, la actuación general de la CICIG
durante su corta vida ha sido positiva o negativa, entendiendo positiva como
acorde a la definición de objetivos que la propia institución se da, y negativa
como una lógica incompatible, e invasiva de otro tipo de competencias, en base a
dicha definición de objetivos. La cuestión era ¿Desde su punto de vista considera
la intervención de la CICIG como positiva o como negativa? Y,
32
sorprendentemente, los resultados vuelven a mostrar unas coincidencias que
creemos necesario señalar.
Muchos de los entrevistados apuntan que, en general, la actuación de la CICIG no
ha sido positiva. Si pudiésemos poner una nota numérica a la actuación general
de la CICIG, el resultado que emana, siendo cero la nota más baja, y diez la nota
más alta, de entre las personas entrevistadas, es una nota de 4.5 sobre diez.
Como se puede observar, la opinión agregada de los entrevistados suspende y
evalúa de forma negativa el accionar de la CICIG durante su corta vida. Las
razones de ese suspenso son varias. Todos los entrevistados señalan que el día a
día de la CICIG está plagado de luces y sombras. Es decir, hay casos de éxito, pero
también “rotundos fracasos”13. En ese sentido, muchos de los entrevistados
parecían pensar lo que Marta Yolanda resumió en la frase “Han prometido
mucho y cumplido muy poco… “.
Sin embargo, sí que para otros de los entrevistados la CICIG tiene cosas
positivas. Pedro Trujillo señala “Siempre que una organización tenga la
capacidad de poner a un delincuente delante de un juez es en sí mismo algo
positivo en un país como este”. Como casos de éxito todos los entrevistados,
salvo Giovanni Fratti que califica la intervención de la CICIG como “un rotundo
fracaso”, señalan que el caso Portillo, y para algunos el caso Rosenberg son
signos de la positiva intervención de la CICIG en el ambiente guatemalteco. Para
Gonzalo Marroquín, sin embargo, el mayor éxito ha sido:
“Al margen de los resultados en sí mismos hay cosas importantes. Generó una
gran polémica nacional sobre el tema y se creó conciencia en la ciudadanía de
que nuestro sistema de justicia estaba muy mal. Hoy más que nunca hay una
conciencia en los guatemaltecos que hoy hemos clamado por la justicia y somos
conscientes de la necesidad de tener un sistema de justicia efectivo. Si CICIG no
hubiera venido estaríamos igual que antes, que era muy mal. Y no significa que
hoy estemos bien pero ha habido mejoras. Se mejoró un poco la transparencia,
etc.”.
13
La cita es del periodista Giovanni Fratti. Véase entrevista como archivo adjunto.
33
Es decir, más que un caso a señalar, el gran éxito de la CICIG es el de haber
puesto el debate sobre la impunidad, la corrupción institucional, y la ineficiencia
del sistema judicial guatemalteco sobre la mesa. Abrir un debate público y
comenzar un proceso de “limpieza” y mejora progresivo.
Como notas negativas, muchos de los entrevistados señalan los abusos de poder,
la ausencia de rendición de cuentas por parte de un organismo que exige
rendición de cuentas al Estado guatemalteco, y la progresiva pérdidda de
institucionalidad de las instituciones guatemaltecas al interactuar con un órgano
internacional que no ha dejado de ganar protagonismo desde su puesta en
marcha en septiembre de 2007.
Pedro Trujillo comenta “De negativo tenemos a un Comisionado que destrozó a
dos o tres personas y que luego los tuvieron que sacar sin pruebas… Hay casos
de guardaespaldas de la CICIG, hay algún caso de acusación de acoso sexual, y
tuvieron que escapar del país, etc. Pero lo más importante es que la CICIG se ha
convertido en un líder de opinión que puede destrozar a un fiscal o a un juez
nacional… intentando crear “institucionalidad” hemos destrozado la
institucionalidad nacional”. En la misma línea, Giovanni Fratti comenta que
“Coloca al Comisionado sobre el Derecho Interno, y le impide rendir cuentas
porque tiene inmunidad diplomática… No hay rendición de cuentas y puede
suceder un abuso de poder… Un ejemplo de ese abuso ha sido lo que se le ha
hecho a Rodolfo Ibarra y a Diego Moreno Botrán que, básicamente por hablar
por teléfono y ser pariente de uno de los acusados estuvo en la cárcel seis
meses… Eso en sí mismo es un atentado contra la libertad de expresión… “. Jean
Anleu, el joven que fruto del uso de las redes sociales acabó en prisión por
“promover el pánico bancario”14 apunta que lo más negativo de la intervención y
actuación de la CICIG tiene que ver “Sobre todo los señalamientos… Hubo
acusaciones sobre todo y para todos… “. Marta Yolanda, en correspondencia con
Pedro Trujillo opina que “La CICIG desde su primer comisionado, Carlos
Castresana, y Francisco D’Alanese, han hecho poco para frenar los abusos de
14
Para ver el desenlace de dicho caso ver, Prensa Libre, Jueves, 9 de Junio de 2009.
http://especiales.prensalibre.com/PDFs/Ediciones/2009/julio/09/PDFs/PLMT09072009.pdf
34
poder en los que cae la institución”. Gustavo Berganza dice que muchas veces la
CICIG se ha guiado por “Ha habido líneas de investigación erróneas…” que han
hecho que muchas de sus investigaciones desemboquen en nada. Por último,
pero no menos importante, Gonzalo Marroquín afirma que “Los grandes fracasos
de la CICIG vienen en parte de la incompetencia del Estado de Guatemala”. Es un
final interesante, todos los entrevistados señalan las incongruencias,
incompetencias e incapacidades del nuevo organismo internacional, sin embargo
nadie, hasta Gonzalo Marroquín, había hecho referencia a la ineficiencia del
Estado guatemalteco a la hora de señalar los mayores fracasos en los que ha
incurrido la CICIG.
El equipo detecta que, sin embargo, puede que el mayor problema de la CICIG
haya sido “desinstitucionalizar” lo poco que quedaba de los organismos
judiciales guatemaltecos siguiendo las opiniones de Pedro Trujillo, Giovanni
Fratti y Marta Yolanda Díaz Durán. Ese sería el mayor fracaso de este organismo
internacional, su mayor incompatibilidad respecto a la definición de objetivos
inicial.
¿Qué decir respecto a la protección de la libertad de expresión y de la libertad de
prensa?
3.2 La CICIG: ¿un organismo comprometido con la libertad de prensa?
Las entrevistas volvieron a proveer información interesante para poner en
relación a la CICIG, y la protección de la libertad de expresión, la libertad de
prensa y el ejercicio de la profesión periodística. Sin embargo, en este apartado
intentamos contrastar tanto la información obtenida de la realización de las
entrevistas, como la provista por parte de Reporteros Sin Fronteras en su ya
clásico Mapa sobre la Libertad de Prensa a Nivel Mundial.
Las entrevistas fueron un espacio generador de polémica y debate. Nuestras
preguntas iban en una clara dirección: ¿Ha mostrado la CICIG, durante su breve
35
existencia, un compromiso claro con la Libertad de Prensa?
Los resultados del proceso de investigación han sido cuando menos interesantes.
Todos los entrevistados han señalado la poca preocupación, de parte de la CICIG,
respecto a la protección de la libertad de expresión en general y de la libertad de
prensa en particular. Todos indican que la poca preocupación se debe a que, en
su lista de funciones, no se encuentra la protección de la libertad de expresión.
Pedro Trujillo es el más polémico cuando señala que “¿tiene que meterse la CICIG
en eso? Pues si la libertad de expresión termina siendo propiedad de grupos
paralelos estamos en un crimen de los que el convenio registra… Hay empresas
de comunicación en régimen de monopolio que viven de la publicidad del
Gobierno”. Es decir, la CICIG no tiene asignada la función de protección de la
libertad de expresión en el territorio guatemalteco, y sólo se preocupará de un
tema relacionado con la libertad de expresión si el mismo se “traslapa”, o solapa,
con un asunto relacionado con grupos paralelos y crimen organizado. Gustavo
Berganza y Gonzalo Marroquín posee opiniones similares. Algo más
preocupante, que también subyace en las declaraciones de Pedro Trujillo, es lo
que señalan Giovanni Fratti, Marta Yolanda Díaz Durán y Jean Anleu, el twitero
chapín. Los tres comentan y responden ante la pregunta que, más que fortalecer
el sistema de liberta de expresión y libertad de prensa en el país, las acciones de
la CICIG han debilitado el mismo. Lo señala Giovanni Fratti cuando apunta que
“su compromiso con la libertad de prensa es literalmente nulo”, o Marta Yolanda
Díaz Durán, que ante la misma pregunta señala que “fui demandada ante la
CICIG, y luego en el Ministerio Público… Por un artículo titulado el beso de
Espada. El Vicepresidente violentó mi libertad de expresión. Tengo una
grabación donde el mismo me amenaza, y el fiscal de la CICIG me está llamando
para pedirme declaraciones. Vinieron también a violentar la libertad de
expresión”.
Definitivamente la CICIG no fue creada para proteger la libertad de expresión,
pero es realmente problemático que, fruto de sus acciones, no sólo se
“desinstitucionalice” progresivamente la arquitectura jurídica del país, sino que
al mismo tiempo se reduzcan los niveles de libertad de expresión y esta se vea
36
“limitada”. Son dos consecuencias “inesperadas” ¿o esperadas? fruto del diseño
del nuevo organismo internacional contra la impunidad para ayudar al débil y
corrompido estado guatemalteco en los grandes desafíos que afronta hacia el
futuro. Es importante porque la acusación de impunidad, por parte del
organismo que tendría que preocuparse de enfrentar dicho problema,
sobrevuela la conciencia de muchos líderes de opinión. Pedro Trujillo finaliza su
entrevista señalando que “La CICIG es inmune e impune… Se da la paradoja en
que una congresista norteamericana declara que la CICIG tendría que haber sido
más clara en algunas cuestiones. Cuando la ciudadanía pide explicaciones a la
CICIG, la propia organización no da muchas explicaciones… lo que hace
sospechar sobre la politización de la organización. No se puede hacer justicia si la
justicia se da en una única dirección… La ciudadanía no controla a la CICIG… La
CICIG es inmune y tiene una actitud cerrada…“. Giovanni Fratti, complementando
la intervención de Pedro apuntaba en la entrevista que “La CICIG ha sido un
rotundo fracaso… El caso Rosenberg, según el fiscal Rivera es un caso lleno de
mentiras… , el caso Yamatei lo paraliza artificialmente Castresana por
conveniencia política, el caso del profesor Beltranena de Ciencias Políticas pues
más o menos lo mismo… Puedo estar o no de acuerdo con el profesor pero no lo
voy a denigrar porque no piensa como yo, o porque me critica duramente.
Entonces Castresana, al salir de su mandato se venga con la prensa que lo critica
metiendo a la cárcel a Rodolfo Ibarra y denigrando públicamente a un
catedrático universitario porque no piensa como él. No hay casos de éxito con
esos fracasos y violaciones”. Marta Yolanda, suscribiendo todo lo anterior
declara que “La CICIG desde su primer comisionado, Carlos Castresana, y
Francisco Dall’Alanese, han hecho poco para frenar los abusos de poder en los
que cae la institución”. Y, por último, y en sentido contrario, un periodista de la
talla de Gonzalo Marroquín apuntaba en la entrevista respecto a la CICIG y a la
actitud de los dos Comisionados, Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese que
“los dos manifestaron que eran respetuosos del tema de la libertad de expresión.
Los funcionarios han mantenido una buena relación con los periodistas que
cubren la fuente. Nunca ha habido conflictos entre ambas instituciones. Me
parece difícil ponerle una calificación. Si es buena no se lo ha ganado, si es mala
tampoco lo ha hecho tan mal. CICIG nunca podría actuar al margen”. En
37
conclusión, desde el punto de vista de Gonzalo Marroquín la CICIG se esforzaba
por tener buenas relaciones con la prensa.
Como pregunta abierta, que podría ser desarrollada en futuros proyectos de
investigación, deberíamos indicar que, a priori, no es lo mismo poseer una
relación armoniosa con el sector periodístico, que forzar determinados discursos
y generar un clima de “opinión única”, acusaciones de la mayoría de los
entrevistados durante la realización de este proyecto de investigación.
3.3 Como ha evolucionado la libertad de prensa en Guatemala.
Para completar lo anterior, y cerrar las preguntas de investigación sobre la
libertad de prensa, se decidió analizar el Índice de Libertad de Prensa, que se
conforma como el indicador internacionalmente aceptado a la hora de medir la
situación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa a nivel global. El
mismo ha sido desarrollado por la organización no gubernamental Reporteros
Sin Fronteras y, durante años, concretamente desde el año 2002, ha sido el
termómetro de la libertad de expresión y de la libertad de prensa a nivel
planetario. La gráfica 3 señala el estado de dicha libertad en el año 2009.
La tabla 4 muestra la evolución de Guatemala, desde el año 2002 hasta la
actualidad, en el ranking o mapa de la Libertad de Prensa a nivel global. Las
cifras son interesantes porque la situación es marcada por la inestabilidad,
dibujando unas cifras que se caracterizan por una evolución a través de altos y
bajos a lo largo del tiempo.
38
Fuente: Wikipedia. Mapa del ranking de Libertad de Prensa realizado por Reporteros Sin Fronteras, 2009.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reporters_Without_Borders_2009_Press_Freedom_Rankings_Map.svg
Gráfica 3. Libertad de Prensa a nivel global.
39
Tabla 4.
TABLA RESUMEN SITUACIÓN DE GUATEMALA MAPA LIBERTAD DE PRENSA
AÑOS Puesto en el RANKING
2002 Puesto 83. 27,25
2003 Puesto 99. 30, 83
2004 Puesto 68. 16,50
2005 Puesto 86. 21,50
2006 Puesto 90. 21,25
2007 Puesto 104. 33,00
2008 Puesto 101. 22,64
2009 Puesto 106. 29,50
2010 Puesto 77. 20,25
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en el Sitio Web de Reporteros Sin
Fronteras. http://es.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html
Guatemala ha pivotado, en una lista de 178 estados que participan en la
medición, entre los puestos 68, su mejor nota en el año 2004, hasta el puesto
106, su peor clasificación, en el año 2009. En la actualidad evoluciona
positivamente y se encuentra en el puesto 77, el segundo mejor de su historia.
Esperemos que a inicios de septiembre de 2011, mes en el que la organización
vuelve a publicar el informe, Guatemala siga disfrutando de esa tendencia
positiva.
Una pregunta interesante y de necesaria respuesta es ¿qué se tiene en cuenta en
el informe? ¿Qué se mide para extraer dicha clasificación? Teniendo en cuenta
los indicadores del índice se puede ver, en primer lugar, la jerarquía de
preferencias de la organización que realiza el mismo, y en segundo si los
problemas de violencia e impunidad que afronta Guatemala son tomados en
cuenta para que en este momento el país se sitúe en un lugar intermedio a nivel
global.
40
El Mapa de la libertad de prensa intenta medir para su desarrollo los siguientes
indicadores:
1) Violencia Física hacia periodistas.
2) Número de periodistas asesinados, encarcelados, agredidos y amenazas,
así como responsabilidad del Estado en esos actos.
3) Amenazas directas, presiones y acceso a la información.
4) Censura y autocensura.
5) Control de los medios de comunicación.
6) Presiones administrativas, judiciales y económicas.
7) Internet y los nuevos medios de comunicación15.
En base a los mismos, Guatemala obtuvo el puesto 77 sobre 178 estados. Lo que
indica, según el propio informe que la no existencia de asesinatos a periodistas, y
la no injerencia de las instituciones oficiales sobre los medios de comunicación
muestran la tendencia positiva por la que Guatemala discurre, manteniendo una
seria distancia frente a los cinco asesinatos de periodistas que tuvieron lugar en
el año 2007. El dato negativo es el asesinato, este año, del periodista Yensi
Roberto Ordóñez Galdámez, en el Departamento de Escuintla16.
¿Cómo relacionar a la CICIG con la libertad de prensa? Definitivamente la
relación es difícil. En primer lugar por la definición de objetivos que posee el
organismo internacional, en segundo, porque desde el año de creación de su
CICIG el número de periodistas asesinados en Guatemala no ha dejado de
disminuir, y eso ha hecho que la CICIG dirigiese su mirada a eventos de más
impacto en la vida social guatemalteca. Todo lo anterior ha confirmado que,
como señalaban las entrevistas realizadas por el equipo de investigación, la
CICIG no tiene competencias en lo relacionado con la libertad de expresión y la
libertad de prensa, y tampoco demasiado interés, con todos los riesgos que esa
15
Para la explicación metodológica del informe véase “Criterios para establecer la clasificación
mundial de 2009 de la Libertad de Prensa” http://es.rsf.org/IMG/pdf/cm_questionnaire_2010_es.pdf. 16
Para ello ver “Encuentran asesinado a un periodista que habría recibido amenazas; detienen a otro en
condiciones controvertidas”, en http://es.rsf.org/guatemala-encuentran-asesinado-a-un-20-05-
2011,40329.html.
41
actitud pasiva conlleva, y por ello su impacto en este campo y en los indicadores
que miden el mismo es difícilmente demostrable.
Ahora bien, queda sobre la mesa un problema que puede afectar, y para muchos
de los entrevistados ha afectado, el funcionamiento normal de la libertad de
expresión y la libertad de prensa en Guatemala: Nos referimos al protagonismo
desmedido que provoca un abuso de poder por parte del nuevo organismo
internacional. ¿Podríamos resolver el problema? ¿Hay alternativas para limitar
dicha amenaza? ¿Existe un plan de política pública en ese sentido para vigilar al
vigilante?.
3.4 A modo de conclusión: ¿ha tenido un impacto positivo la CICIG?
El camino recorrido por la CICIG durante sus años de existencia ha sido un
camino marcado por luces y sombras de todo tipo.
A pesar de algunos éxitos registrados por nuestros entrevistados, y por informes
como el trabajo “Caminar sin muletas: un balance de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala”, escrito por el International Crisis Group, que
cataloga a la CICIG como éxito y como un organismo que “ha dado algo de
esperanza a un país profundamente atemorizado por la violencia del
posconflicto y por una arraigada impunidad” (Goup, 2011, pág. 1). Para muchos,
el balance de la CICIG, y el impacto que la misma ha causado en Guatemala ha
sido negativo. El balance y la evaluación general fruto del proceso de
investigación es que la CICIG:
“Así las cosas, la CICIG, ha terminado por monopolizar el debate nacional sobre la
justicia. Nadie le dijo que podría o debía opinar sobre Comisiones de Postulación,
honorabilidad de personas, destruir carreras, presentar expedientes muchos de
los cuales no soportan un análisis serio o acusar públicamente a personas, sin
embargo, lo hicieron. Sacaron a un fiscal general en lugar de exigir al Presidente
que asumiera su responsabilidad; cuestionaron a aspirantes sin pruebas y los
dejaron fuera del proceso de selección; enviaron a la cárcel a algún periodista
42
que posteriormente tuvieron que liberar; abandonaron (y paralizaron)17 el caso
de la ex esposa del PDH18 sin que se sepa qué fue lo que ocurrió ni cómo se
cambió aquella versión inicial, además de mantener a una persona en prisión por
seis meses; continúan tapando el sol con un dedo con las campañas de
desprestigio y acusando sin pruebas o con algunas que no soportan un análisis
forense de primero primaria y pareciera que no son capacer de superar el shock
Castresana” (Trujillo, 2011, pág. 6).
Otra prueba del desagrado que determinadas élites poseen contra la CICIG es el
caso de la jueza Verónica Galicia y las acusaciones que misma emite contra la
CICIG. Paradójicamente, dichas acusaciones poseen una compatibilidad grande
con los resultados surgidos fruto de la realización de las entrevistas:
“La juzgadora mostró su malestar por la acción legal presentada en su contra por la Cicig, por el caso Maskana, en relación con el arresto domiciliario que ella le otorgó a Juan Carlos Leal, implicado en ese proceso.
“Le dije al mandatario de la Cicig que ya se habían terminado los tiempos en que me demostraban con investigaciones, argumentaciones contundentes y pruebas abundantes”, expuso.
Al referirse a los casos que conoce y en los cuales participa esa entidad, dijo que la Cicig ya había bajado la calidad de su trabajo y ahora se adhería a las peticiones del Ministerio Público (MP), lo cual no era usual” (Alvarado & Orantes,
2011).
La lógica seguiría si, efectivamente, analizásemos casos como la extradición y acusación de Vielmann, el caso del profesor Pancho Beltranena, y todo lo relacionado con el ex ministro Yamatei.
Todas estas incertidumbres sobre el organismo internacional motivan la creación de un espacio de reflexión para modificar el mismo. En ese sentido, y como última parte de este trabajo, a continuación presentamos una serie de ideas generales para proponer un diseño de política pública más atrevido y que sea capaz de solucionar los problemas diagnosticados a la CICIG.
17
Lo acotado entre paréntesis pertenece al equipo de investigación. 18
Con las siglas PDH nos referimos al Procurador de Derechos Humanos.
43
4. Una propuesta de política pública para mejorar la CICIG
La disciplina de políticas públicas se ha caracterizado por una identidad única
que la diferencia de la visión jurídica, y de la visión de la nueva gestión pública o
nueva gerencia pública. En ese sentido, el public policy analysis se caracteriza por
una lógica empirista, que le hace mostrar con claridad tanto los actores, como los
procesos de toma de decisiones a la hora de diseñar, implementar y evaluar las
políticas públicas.
En ese sentido, e intentando presentar una opción para reformar la CICIG, y
mejorar el rendimiento de la misma, lo ideal sería mostrar los ciclos lógicos de
diseño, implementación y evaluación de una política pública. Para ello, creemos
necesario en primer lugar definir con claridad qué es en sí misma una política
pública. Una definición aceptada, y propuesta por un amplio conjunto de autores
es:
“…definiría a la política pública (policy) como una decisión formal caracterizada
por una conducta o actuación consistente y repetida por parte de aquellos que la
llevan a cabo y por parte de aquellos que resultan afectados por la misma”
(Bastos Boubeta, 1996, pág. 5).
La definición es clara a la hora de señalar que para poder definir una
intervención gubernamental o del poder público en cualquiera de sus tres
niveles, en el caso de Guatemala (local, departamental o nacional), y desde
cualquiera de los tres poderes del Estado, es necesario que dicha intervención
sea formal, es decir, que posea plena aceptación por parte de los actores que
participan en su ejecución, pero también plena aceptación por parte de los
afectados, de los receptores de dicha política para que se genere un feedback que
legitime la intervención.
Una vez definido nuestro concepto clave es necesario resumir los estilos de
políticas públicas existentes. El profesor Bastos Boubeta señala la existencia de
dos estilos a la hora de diseñar una política pública:
44
“Los estudiosos de los rasgos característicos del proceso de elaboración de
políticas públicas en cada país, esto es de su propio estilo, distinguen entre
estilos decisorios anticipativos o reactivos según el mayor o menor grado de
racionalismo o de incrementalismo presente en su elaboración. En los países
caracterizados por un elevado grado de racionalismo en su proceso de
elaboración de políticas públicas predominarán las políticas anticipativas, esto
es, aquellas que intentan prever el mayor número posible de contingencias en
una determinada área de políticas” (Bastos Boubeta, 1996, págs. 5-6).
Los dos estilos existentes a la hora de diseñar una intervención que lleve el
nombre de política pública son:
1) Políticas Públicas Anticipativas: caracterizadas por un mayor grade de
racionalismo e incrementalismo.
2) Políticas Públicas Reactivas: Menos racionales y más improvisadas.
En base a esta distinción de estilos podemos afirmar que muchas de las políticas
que han diseñado e implementado los ejecutivos guatemaltecos desde el inicio
de la constitución de 1985 han sido de carácter reactivo. Más que prever
problemas han reaccionado a los mismos y muchas veces sin un análisis y una
evaluación adecuada de las necesidades y problemas que enfrentaban. Las
necesidades representan el incentivo para diseñar y hacer frente a los problemas
que intentan resolver las propias intervenciones públicas. En ese sentido y
siguiendo con nuestro marco teórico podríamos señalar que existen cuatro tipos
de necesidades:
“Necesidades normativas, son aquellas necesidades definidas como tales
por terceras personas, normalmente expertos o políticos. Definen que
necesidades son o no problemáticas.
Necesidades sentidas son aquellas que expresan los deseos y
motivaciones de la población y se expresan de forma indirecta. Son los
especialistas quienes deben explicitarlas.
45
Necesidades expresadas, son aquellas que se explicitan en actos concretos
(consumo de determinados bienes, por ejemplo).
Necesidades comparativas, son aquellas que se generan cuando se
compara entre ellas dos o más situaciones sociales y geográficas, en
términos de nivel de servicio, y se utiliza a una como indicador de los
comportamientos futuros de los consumidores de las otras” (Bastos
Boubeta, 1996, pág. 14).
En cuanto a la definición de problema, también se posee una conceptualización
clara:
“Acostumbra a definirse un problema público como la divergencia entre la
realidad social en un determinado ámbito y la realidad deseada o esperada en
ese mismo ámbito. La definición de un problema público es un fenómeno social.
Depende mucho de las percepciones, ideas y valores del público y de los actores
implicados” (Bastos Boubeta, 1996, pág. 14).
Por lo tanto, y después de estas aclaraciones se puede observar con claridad que
la CICIG, su proyecto, representaba claramente un política pública. Pero la misma
no ha hecho demasiado por solucionar el problema de la impunidad para la que
fue creada. Y como consecuencia inesperada, y como señalábamos en el anterior
epígrafe, la CICIG ha desinstitucionalizado, y debilitado, si aún se puede más, el
sistema judicial guatemalteco.
Tenemos un problema, y parece necesario rediseñar la política pública para
hacer frente al mismo. La CICIG puede, como señalaba Gonzalo Marroquín haber
generado conciencia sobre la situación en la que se encuentra el país entre la
ciudadanía guatemalteca, pero no parece que haya hecho demasiadas cosas para
fortalecer el Estado guatemalteco. Por otro lado el problema sigue existiendo: la
baja institucionalidad del sistema judicial guatemalteco y la debilidad del mismo
para afrontar los problemas que desafían al propio estado. Parece que justicia y
seguridad cubren los cuatro tipos de necesidad que hemos observado a la hora
de presentar el marco teórico. Conforman una necesidad normativa, una
46
necesidad sentida por parte de la población guatemalteca, son una necesidad
expresada por amplios sectores de la población, y obviamente, si lo analizamos
desde una perspectiva comparada, Guatemala se encuentra en una posición
dramática tanto desde el punto de vista judicial y de impunidad, como de
seguridad.
La propuesta de política pública tiene que tener en cuenta el diagnóstico que se
ha realizado en el apartado anterior. Por eso, la misma posee un doble y
concurrente objetivo, de un lado evitar la creación y desarrollo de un poder
paralelo que haga dudar acerca de las intervenciones judiciales del Estado
guatemalteco, y contribuya progresivamente a su desinstitucionalización, del
otro, promover, potenciar y consolidar las instituciones existentes en los ámbitos
sectoriales relacionados con la seguridad y la justicia. Esos son los retos fruto de
cuatro años de funcionamiento del nuevo órgano internacional, y eso es lo
principal a tener en cuenta a la hora de nuestro diseño.
La propuesta de nuestro grupo de investigación pivota sobre dos proyectos:
1) Creación de un órgano supranacional que gestione de forma técnica todos
los problemas relacionados con la seguridad y la justicia y asista como
órgano independiente del Estado al mismo en la solución a los problemas
que este enfrenta.
2) La creación de un órgano sujeto a las instituciones guatemaltecas y al
servicio de estas. Obviamente en este segundo modelo no existiría la
citada “independencia” y la naturaleza del órgano estaría sujeta siempre y
en todo momento al sistema judicial e institucional guatemalteco. No
habría inmunidad.
Ambos modelos pretenden resolver los problemas propuestos con anterioridad
y, al mismo tiempo, creen en la concentración de poder en un solo agente. Ese es
el objetivo y la estrategia central para solucionar el desarrollo de un poder
paralelo. O construimos un órgano supranacional en base a cesión de soberanía,
o desarrollamos un órgano sujeto a las instituciones guatemaltecas y contralado
47
por estas. Lo que no conviene, y parece haber sido el caso con la CICIG, es el
desarrollo de un organismo paralelo que polemice e influya en la opinión pública
contradiciendo las decisiones que toman las instituciones nacionales, y que, al
mismo tiempo sea independiente de las mismas e inmune frente a cualquier tipo
de acusación.
4.1 Una propuesta supranacional
La primera propuesta de política pública de reforma de la CICIG sería el
desarrollo, ahora sí, de una institución supranacional que, en base al Acuerdo
entre ONU y la República de Guatemala, y fruto de la cesión voluntaria de
soberanía por parte del Estado guatemalteco, desarrollase un órgano judicial
más allá del Estado nación encargado de asistir técnicamente al mismo en la
solución de problemas relacionados con los ámbitos de la seguridad y la justicia.
En ese sentido, y aunque parezca ciencia ficción, tanto la ONU, como la República
de Guatemala podrían tener como inspiración a entes jurídicos de naturaleza
supranacional como el Tribunal de Justicia Europeo.
Para este modelo habría que desarrollar un nuevo acuerdo y sería necesario
ampliar el número de capacidades y funciones de la nueva CICIG. Es poco
realista, dado el antecedente de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca. Sin
embargo, sí sería necesario tenerlo en cuenta para futuros desarrollos de política
pública porque, sobre el papel, y grosso modo, resolvería todo lo relacionado con
la división y la dualidad, evitando el desarrollo de instituciones de carácter
paralelo que contradigan los procesos de las instituciones formales del Estado
guatemalteco.
A pesar de lo irreverente de la propuesta, y de los problemas que la misma
tendría a la hora de su diseño, dejamos la misma abierta para debates y futuros
trabajos.
4.2 Propuesta de creación de un órgano sujeto a las instituciones
guatemaltecas
48
La segunda propuesta es de naturaleza gubernamental, y pretende crear un
organismo de naturaleza técnica que ayude al Estado guatemalteco en su
quehacer diario para mejorar los servicios de justicia y seguridad a la población,
y así luchar contra la impunidad, crimen organizado y amenazas existentes en el
país.
El nuevo órgano podría poseer tres formas potenciales:
1) Un órgano incluido en el Ministerio Público y sujeto a las normas del
mismo.
2) Un órgano incluido en el Organismo Judicial guatemalteco y sujeto a las
normas del mismo.
3) Un órgano de asistencia técnica con recursos humanos y capacidades
repartidas entre el Organismo Judicial guatemalteco y el Ministerio
Público.
Sea como fuere, y quizás este es un trabajo y una pregunta de investigación para
futuros artículos, de cualquiera de las tres formas se resolvería el problema de la
división de poder, y tanto los poderes, como la concentración de protagonismo
social e institucional, recaería en instituciones encuadrados en la arquitectura
del Estado guatemalteco.
Ambas fórmulas, aunque requieren de mayor estudio e investigación,
pretenderían resolver el problema de desinstitucionalización que, en base a las
entrevistas, y a la breve evaluación de impacto realizada en el capítulo 3 se
percibe fruto de cuatro años de funcionamiento de la CICIG.
En relación a la Libertad de Expresión, y la Libertad de Prensa, ambas opciones
mantendrían el status actual y protegerían, en caso necesario, los derechos de
libertad de expresión y libertad de prensa. Pero el equipo de investigación no
cree necesario incluir la defensa de estos derechos tanto en la lista de funciones
49
del nuevo organismo, como en un argumento para dotar de nuevas capacidades
al proyecto CICIG.
Ambas recomendaciones de política pública serían necesarias, y deberían ser
tenidas en cuenta sobre todo por otros países que, en la actualidad, parecen
interesadas en importar el modelo CICIG.
Conclusiones.
El documento de trabajo que hemos presentado pretendía realizar una
evaluación de impacto de las acciones que ha llevado a cabo la CICIG desde su
fundación en el año 2006 y su puesta en práctica a partir del año 2007. Para ello
el artículo desarrolló a lo largo de la primera parte un repaso histórico que nos
ayudó a comprender la dimensión de la impunidad en Guatemala. Desde la
Constitución de 1985, el país sufre la lacra de la impunidad y no es capaz de
desarrollar un sistema de justicia estable y eficiente. Por todo ello, por las lógicas
existentes como consecuencia del conflicto armado interno, y por el período
post-conflicto armado interno caracterizado por unos elevados índices de
violencia y de impunidad se intenta diseñar un organismo de carácter
internacional que ayude y asista técnicamente al Estado guatemalteco en la
solución de sus problemas. Nace la CICIG.
La segunda parte representa un esfuerzo de definir a la CICIG. El artículo
considera a la CICIG como un producto de la ideología multilateral defendida por
organismos internacionales como la ONU. La lógica de creación es la de un
órgano internacional e independiente que se preocupe asistir al Estado
guatemalteco en los ámbitos sectoriales de la seguridad y la justicia. El
organismo tiene una serie de funciones y capacidades en base al Acuerdo entre la
ONu y la República de Guatemala que progresivamente fortalecen su papel a
nivel social, político y jurídico.
La tercera parte del trabajo de investigación ha sido realizado a través de una
serie de entrevistas a varios líderes de la comunicación en Guatemala. El motivo
del uso de dicha técnica de investigación cualitativa es, en primer lugar analizar
50
el conocimiento que sobre la CICIG poseen determinados líderes del mundo de la
comunicación, y en segundo ver la opinión que dichos líderes poseen sobre la
CICIG. Los resultados han sido sorprendentes. La mayoría de los entrevistados
establecen un diagnóstico preocupante después de cuatro años de
funcionamiento de la CICIG. La gran mayoría de los entrevistados coinciden que
el organismo internacional e independiente ha ayudado a debilitar aún más la ya
débil sistema jurídico y de seguridad guatemalteco por el protagonismo
mediático que la CICIG posee. La CICIG no sólo ha deslegitimado a las
instituciones nacionales guatemaltecas, sino que además la misma disfruta de
una serie de privilegios legales que la hacen estar al margen de las leyes
guatemaltecas, y sin la necesidad de rendir cuentas o de tener una relación
estrecha con los miembros de la sociedad civil. Como consecuencia inesperada
se ha diseñado un órgano impune e inmune que está “desinstitucionalizando” a
los órganos nacionales guatemaltecos debido a las acusaciones y a muchas de las
acciones que la Comisión ha implementado durante su corta existencia.
De la mano de lo anterior, el trabajo también muestra el poco compromiso que la
institución internacional muestra con la defensa de la libertad de expresión y la
libertad de prensa. En base a la definición de funciones y capacidades de la CICIG,
la defensa de dichas libertades queda muy lejos de los objetivos asignados.
El artículo finaliza con un apartado dedicado a proponer, de manera general y
desarrollando una nueva línea de investigación para futuros artículos dos
soluciones al mayor problema de los diagnosticados durante el proceso de
investigación. De un lado se incentiva la creación de una institución
supranacional que gestione la política de seguridad y justicia a nivel nacional. De
otro, el artículo propone la integración de la CICIG, de sus funciones y de susu
capacidades, en las instituciones del Estado guatemalteco, concretamente en el
Ministerio Público, en el Organismo Judicial, o en ambos al mismo tiempo. Ambas
soluciones pretenden mejorar el rendimiento de la CICIG e integrarla Estado
para que no se convierta en un poder paralelo con capacidad para desprestigiar,
y debilitar las decisiones tomadas por el Estado guatemalteco en base a su
sistema de Derecho.
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Dirección de Contacto: Eduardo Fernández Luiña 6 Calle Final, Zona 10, Edificio Académico, D-509, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Teléfono: (502) 2338-7779 Correo electrónico: [email protected]
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