tesis de grado -...

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA DE ECONOMÍA

TESIS DE GRADO

GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA: 1998-2008

Postulante: Loreta Telleria Escobar Docente-Tutor: Lic. Boris Quevedo Docente-Relator: Lic. Luis Sucujayo

LA PAZ-BOLIVIA 2011

Tesis de grado: Gasto en seguridad pública y seguridad ciudadana en Bolivia. LTE Página 2

AGRADECIMIENTO: Agradezco el enorme apoyo brindado por la Universidad Mayor de

San Andrés y los docentes de la Carrera de Economía, por haberme ayudado a comprender el complejo y apasionante mundo de la ciencia económica.

Y particularmente agradezco a mi querida MARTINA, aquella persona especial sin la cual este desafío personal hubiese sido imposible.


INDICE

PRIMERA PARTE INTRODUCCIÓN Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………………………

Pág. 14

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………

Pág. 15

CAPITULO I 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………..

Pág. 18

1.1 Planteamiento del problema …………………………………………………

Pág. 18

1.2 Delimitación espacial, temporal y temática…………………………………

Pág. 20

1.3 Justificación…………………………………………………………………….

Pág. 20

1.4 Formulación de la Hipótesis………………………………………………….

Pág. 22

1.5 Objetivos generales y específicos…………………………………………..

Pág. 23

1.6 Metodología……………………………………………………………………

Pág. 23

SEGUNDA PARTE MARCO TEÓRICO………………………………………………………………..

Pág. 25

CAPITULO II 2. LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO UN BIEN PÚBLICO…………….

Pág. 26

2.1 Economía de Bienestar, Economía Fiscal y Gasto Público……………..

Pág. 26

2.2 Bienes Públicos……………………………………………………………….

Pág. 29

2.2.1 Condiciones de eficiencia y equidad en el caso de los bienes públicos puros……………………………………………………………..

Pág. 32

2.2.2 Provisión de bienes públicos. …………………………………….

Pág. 34

2.3 La seguridad ciudadana como bien público………………………………..

Pág. 36

2.4 Presupuesto de seguridad ciudadana………………………………………

Pág. 36

CAPITULO III 3. 3. LA (IN) SEGURIDAD CIUDADANA COMO FENOMENO SOCIAL………..

Pág. 38

3.1 Tipos de inseguridad ciudadana…………………………………………….

Pág. 39

3.2 Causas de la inseguridad ciudadana………………………………………. Pág. 40


3.2.1 Causas Estructurales………………………………………………

Pág. 40

3.2.2 Causas Situacionales………………………………………………

Pág. 41

3.3 Consecuencias de la inseguridad ciudadana………………………………

Pág. 42

3.4 Medidas adoptadas …………………………………………………………..

Pág. 43

3.4.1 Medidas represivas y de control…………………………………..

Pág. 43

3.4.2 Medidas de privatización y descentralización……………………

Pág. 44

3.4.3 Medidas preventivas……………………………………………….

Pág. 44

3.5 Medición de la inseguridad ciudadana………………………………………

Pág. 45

TERCERA PARTE ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA……...

Pág. 46

CAPITULO IV 4. PLANES, ACTORES Y NORMATIVA DE LA SEGURIDAD

CIUDADANA EN BOLIVIA……………………………………………………

Pág. 47

4.1 Planes de Seguridad Ciudadana…………………………………………….

Pág. 47

4.2 Actores de la seguridad ciudadana en Bolivia……………………………...

Pág. 52

4.2.1 Ministerio de Gobierno……………………………………………..

Pág. 52

4.2.2 Policía Nacional……………………………………………………..

Pág. 53

4.3 Marco normativo y político de la seguridad ciudadana……………………

Pág. 55

CUARTA PARTE LA (IN) SEGURIDAD CIUDADANA EN CIFRAS……………………………..

Pág. 58

CAPITULO V 5. (IN)SEGURIDAD CIUDADANA EN AMERICA LATINA Y BOLIVIA……..

Pág. 59

5.1 Factores estructurales de la inseguridad ciudadana en América Latina y Bolivia

Pág. 59

5.2 Inseguridad Ciudadana en América Latina: entre el delito y el temor……

Pág. 62

5.2.1 Datos Objetivos……………………………………………………..

Pág. 62


5.2.2 Datos Subjetivos…………………………………………………….

Pág. 69

5.3 La inseguridad ciudadana en Bolivia: entre el delito y el temor………….

Pág. 73

5.3.1 Datos Objetivos……………………………………………………..

Pág. 74

5.3.2 Datos subjetivos……………………………………………………

Pág. 82

QUINTA PARTE ECONOMÍA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN BOLIVIA………………….

Pág. 90

CAPITULO VI 6. 6. GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA EN BOLIVIA………………………….

Pág. 91

6.1 Gasto en Orden Público y Seguridad………………………………………

Pág. 91

6.2 Gasto del Ministerio de Gobierno y Policía………………………………..

Pág. 95

SEXTA PARTE GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA………..

Pág. 102

CAPÍTULO VII 7. CRUCE DE VARIABLES…………………………………………………….

Pág. 103

CAPITULO VIII 8. 8. MODELO ECONOMÉTRICO…………………………………………………

Pág. 108

8.1 Datos…………………………………………………………………………..

Pág. 108

8.2 Especificación del modelo…………………………………………………..

Pág. 109

8.3 Estimación del modelo………………………………………………………

Pág. 110

8.4 Pruebas de validez y estabilidad del modelo……………………………..

Pág. 113

8.4.1 Prueba de Heterocedasticidad…………………………………..

Pág. 113

8.4.2 Prueba de Linealidad……………………………………………..

Pág. 114

8.4.3 Prueba de Estabilidad……………………………………………

Pág. 115

8.4.4 Prueba de Normalidad…………………………………………..

Pág. 116

8.4.5 Mecanismo de corrección de errores………………………….

Pág. 117


CAPÍTULO IX 9. CONCLUSIONES…………………………………………………………….

Pág. 119

ANEXOS…………………………………………………………………………….

Pág. 128

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………..

Pág. 136


INDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1 ¿Por qué el Estado debe asignar recursos en un Bien Público?...............

Pág. 32

Gráfico 2 Condiciones de eficiencia para bienes privados y públicos……………

Pág. 33

Gráfico 3 Tasas de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, 2004…….

Pág. 63

Grafico 4 América Latina: Tasa de policías cada cien mil habitantes: 2008…….

Pág. 66

Gráfico 5 América Latina: Tasa de jueces cada cien mil habitantes: 2008………

Pág. 67

Gráfico 6 Problemas más importantes: delincuencia y desempleo. América Latina, 1998-2008…………………………………………………………………….

Pág. 69

Gráfico 7 ¿Ha sido víctima de un delito?: SI América Latina 1998-2008/Totales por país 2008………………………

Pág. 72

Gráfico 8 América Latina: La Delincuencia como problema principal y la tasa de victimización………………………………………………………………….

Pág. 73 Grafico 9 Bolivia: Número de denuncias de delitos comunes, 1998-2008………

Pág. 75


Grafico 10 Bolivia: Delitos contra la propiedad, 1999-2008…………………….

Pág. 76

Grafico 11 Bolivia: Delitos contra las personas, 1998-2008……………………

Pág. 77

Grafico 12 Bolivia: Delitos contra las personas, la propiedad y otros en porcentajes, 1999-2008……………………………………………………………………

Pág. 78

Grafico 13 Bolivia: Casos de violencia intrafamiliar, 2000-2008…………………..

Pág. 79

Grafico 14 Bolivia: Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, 1998-2008.

Pág. 79

Grafico 15 La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Resto país: Participación porcentual de delitos, 1998-2008 (En porcentajes)…………………….

Pág. 80

Grafico 16 Eje Central de Bolivia: Tasa de Homicidios por cada cien mil habitantes según departamento, 2000-2008………………………………………….

Pág. 81

Grafico 17 Bolivia: Percepción de la Policía, 2001-2008…………………………….

Pág. 83

Grafico 18 Bolivia: Percepción de la Justicia, 2001-2008…………………………….

Pág. 83

Gráfico 19 Bolivia: Percepción de Inseguridad, 2000-2008…………………………

Pág. 84

Gráfico 20 Bolivia: Victimización por delincuencia, 1998-2008…………………….

Pág. 85

Gráfico 21 Bolivia: Usted diría que la ciudad en que vive es muy segura, más o menos segura, algo insegura o muy insegura?, 2006. En porcentajes

Pág. 85

Gráfico 22 ¿Cuál es la causa principal de la inseguridad en su barrio?, 2006. En porcentajes……………………………………………………………………

Pág. 86

Gráfico 23 ¿Quién debe responsabilizarse de resolver los problemas de inseguridad en su barrio o comunidad?, 2006. En porcentajes……….

Pág. 87


Gráfico 24 ¿Ha sido usted o algún miembro de su familia víctima de algún delito durante los últimos doce meses?, 2006. En porcentajes……………….

Pág. 87

Gráfico 25 Distribución de la población victimada, 2006. En porcentajes…………

Pág. 88

Gráfico 26 ¿Usted o su familiar dieron aviso de este hecho a la Policía o la PTJ?, 2006. (Porcentaje de quienes señalan haber sido víctimas de un hecho delictivo en los últimos doce meses)………………………………………

Pág. 89

Gráfico 27 BOLIVIA: Gastos en Orden Público y Seguridad, 1998-2008 En millones de bolivianos…………………………………………………..

Pág. 92

Gráfico 28 BOLIVIA: Gastos en Orden Público y Seguridad respecto del Gasto de la Administración Central y del PIB, 1998-2008. En porcentajes…………………………………………………………………….

Pág. 93 Gráfico 29 BOLIVIA: Gasto en Orden Público y Seguridad y Gasto Social respecto al Gasto Total de la Administración Central, 1998-2008. En porcentajes……………………………………………………………………

Pág. 93

Gráfico 30 BOLIVIA: Gasto en Orden Público y Seguridad y Gasto Social percápite, 1998-2008. En bolivianos corriente……………………………………….

Pág. 94

Gráfico 31 BOLIVIA: Presupuesto del Ministerio de Gobierno respecto del Presupuesto General de la Nación, 1999-2008. En porcentajes……..

Pág. 96

Gráfico 32 BOLIVIA: Presupuesto Ministerio de Gobierno según programas, 1998-2008. En porcentajes………………………………….

Pág. 98

Gráfico 33 BOLIVIA: Ejecución presupuestaria del Ministerio de Gobierno por grupo de gasto, 1998-2008. En porcentajes……………………………………….

Pág. 99

Gráfico 34 BOLIVIA: Presupuesto Ejecutado de la Policía, 1998-2008. En millones de bolivianos…………………………………………………………………

Pág. 100


Gráfico 35 BOLIVIA: Gasto en Orden Público y Seguridad (en millones de bolivianos) versus tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, 1998-2008…………………………………………………………………………….

Pág. 103

Gráfico 36 BOLIVIA: Presupuesto ejecutado del Ministerio de Gobierno (en millones de bolivianos constantes de 90) versus tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, 1998-2008………………………………………………

Pág. 104

Gráfico 37 BOLIVIA: Presupuesto ejecutado de la Policía Nacional (en millones de bolivianos constantes 90) versus tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, 1998-2008………………………………………………………

Pág. 105

Gráfico 38 BOLIVIA: PIB percápite (en millones de bolivianos constantes 90) versus tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, 1998-2008……..

Pág. 106

Gráfico 39 BOLIVIA: PIB percápite (en millones de bolivianos constantes 90) versus tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, 1998-2008..

Pág. 107


INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Características de los Bienes Públicos…………………………………..

Pág. 31

Tabla 2 Planes de Seguridad Ciudadana en Bolivia: 1990-2008………………

Pág. 47

Tabla 3 Indicadores de empleo en América Latina, 1999-2008…………………

Pág. 60

Tabla 4 Indicadores de pobreza y desigualdad económica en América Latina, 1999-2008………………………………………………..

Pág. 61

Tabla 5 Homicidios por cada cien mil habitantes en América Latina, 2000-2008…………………………………………………………………………..

Pág. 64

Tabla 6 Derechos de prisioneros y acusados en América Latina, 2000-2009…

Pág. 68

Tabla 7 América Latina: Problema más importante del país, 2008…………….

Pág. 71

Tabla 8 BOLIVIA: Presupuesto General de la Nación, Ministerio de Gobierno y Poder Judicial, 1998-2008. En millones de bolivianos corrientes…..

Pág. 95

Tabla 9 BOLIVIA: Presupuesto Ministerio de Gobierno según programas, 1998-2008. En porcentajes……………………………………………….

Pág. 97


RESUMEN El objetivo de la presente investigación es conocer si existe una relación directa entre el

gasto en seguridad pública y la inseguridad ciudadana en Bolivia durante el periodo 1998-

2008. Entendiendo a la seguridad ciudadana, como un bien público y como un fenómeno

social, cuya ausencia afecta directamente al bienestar de los ciudadanos, la legitimidad de

las instituciones y, en muchos casos, la estabilidad de los gobiernos, ya que su impacto

influye indistintamente a esferas sociales, políticas y económicas.

Para lograr este objetivo, la tesis se divide en seis partes. La Primera Parte es introductoria

y da cuenta de los antecedentes del objeto de estudio y el diseño de la investigación, que

incluye, entre otros, el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y la

metodología empleada. La Segunda Parte, se enfoca en el marco teórico de la tesis y

define a la seguridad ciudadana como un bien público puro con características particulares

en cuanto a sus condiciones de no exclusión, no rivalidad y de eficiencia y equidad en

cuanto a su provisión presupuestaria. Por otra parte, también se define a la (in) seguridad

ciudadana como un fenómeno social, con características propias, respecto a tipos, causas,

consecuencias, medidas adoptadas para enfrentarla y formas de medición.

La Tercera Parte, describe los aspectos institucionales de la seguridad ciudadana en

Bolivia, en cuanto a actores involucrados, marco normativo e institucional, y planes y

políticas implementados durante el periodo de estudio. En la Cuarta Parte, se realiza el

análisis de la seguridad ciudadana en América Latina y Bolivia, a partir de datos objetivos y

subjetivos, que reflejan el estado de la situación de inseguridad a nivel regional y local. Esta

información sirve de marco referencial a la Quinta Parte, donde se efectúa el análisis de las

variables económicas del gasto es seguridad pública en Bolivia, así como su nivel de

participación en relación a variables macroeconómicas, tendencia y disgregación

presupuestaria.

La última y Sexta Parte enfoca su análisis al estudio comparado del gasto en seguridad

pública y la inseguridad ciudadana en Bolivia, mediante el cruce de variables económicas y

sociales, y su consecuente explicación gráfica. Asimismo, en esta parte se realiza el estudio


econométrico de la investigación, a través del diseño de un modelo de regresión lineal

múltiple y su respectiva estimación, para finalmente presentar las conclusiones obtenidas.

Los resultados de la investigación desarrollada, para su mejor comprensión, son divididos

en los ámbitos: político-institucional, económico-social y econométrico. Cada uno de estos

ámbitos es contrastado con la hipótesis planteada y muestra su respectiva validez. De

manera general, esta tesis tiene el fin de contribuir, desde una perspectiva económica, a los

estudios de seguridad ciudadana en Bolivia, ámbito poco explorado hasta el momento, a

pesar de la importancia que esta problemática está adquiriendo en los últimos años.


PRIMERA PARTE INTRODUCCIÓN Y DISEÑO

DE LA INVESTIGACIÓN


INTRODUCCIÓN El término de seguridad ciudadana se incorporó en los ámbitos políticos y sociales de

Bolivia a partir de la década de los noventa, reemplazando poco a poco a términos como

orden público y seguridad interna, propios de épocas dictatoriales1 y de sistemas jurídicos

tradicionales. El nuevo término se introdujo rápidamente en los planes de seguridad

implementados por los gobiernos de turno, sin embargo, paradójicamente, éstos se

caracterizaron por mantener antiguos enfoques represivos y militarizados, en lugar de

incorporar una visión de tipo preventivo e integral, tal como postulaba el concepto de

seguridad ciudadana. La principal causa de esto, fue que la institución designada

constitucionalmente para hacer frente a los problemas de la inseguridad como era la

Policía, mantenía los mismos principios doctrinales del pasado y no contaba con

mecanismos institucionales eficientes para la implementación de dicha tarea, más aún,

cuando se debía dar paso a un concepto nuevo de seguridad que incorporaba la

prevención, la coordinación y la participación como principales ejes de acción.

En Bolivia, como en los demás países de la región latinoamericana2, el problema de la

inseguridad ciudadana se vincula tanto a causas estructurales como situacionales. Bolivia

es uno de los países más pobres de la región, en 2007 tenía 54% de pobreza, superada

solo por países como Honduras, Nicaragua, Paraguay y Haití3. Así mismo, entre los años

1950 y 2008 tuvo un crecimiento promedio anual percápite del PIB de 0,5%, acompañado

de un crecimiento poblacional urbano que fue de 26% a 66% en el mismo periodo, lo que se

vio agravado con un alto nivel de desempleo y un crecimiento sistemático de la economía

informal. La elevada pobreza también se reflejaba en la desigual distribución de los

ingresos en Bolivia, mostrando un índice de Gini de 0,56 el año 2007.

Entre los factores situacionales, se identifica el tráfico y consumo de drogas, la formación

de pandillas juveniles, el incremento de barrios inseguros por falta de iluminación y escasa

1 Por épocas dictatoriales se hace referencia a los periodos de tiempo en los cuáles se tuvieron gobiernos militares no democráticos en Bolivia, específicamente al periodo comprendido entre los años 1964 y 1982. 2 Se refiere a los países que comprenden el continente americano, que va desde México hasta Argentina. 3 CEPAL, Informe Estadístico de América Latina y El Caribe, 2010


presencia policial, falta de coordinación interinstitucional, inexistencia de normativa eficiente

en materia judicial y negativa influencia de los medios de comunicación. Todo esto sumado,

a la falta de aplicación de una política de seguridad ciudadana eficiente en el país y a una

grave crisis de legitimidad de las instituciones públicas encargadas del terma (Quintana,

2003).

Los primeros planes de seguridad ciudadana ejecutados en Bolivia, datan de 1990 y

mantienen la misma característica hasta 1997. Todos ellos delinean su accionar en torno a

la dotación de más equipos a la Policía y/o en la creación de nuevas unidades policiales, lo

que demuestra un concepto distorsionado de seguridad ciudadana y la continuación de una

doctrina basada en conceptos tradicionales como el orden público y la seguridad interna. A

pesar que en la actualidad este es un tema recurrente, poco a poco se dio lugar a planes de

seguridad ciudadana conceptualmente más amplios, que incorporaron entre sus objetivos,

aunque no en sus resultados, la participación social, la coordinación con otras instituciones

y principios de carácter preventivo, todos ellos manteniendo un común denominador: el

protagonismo policial.

A medida que el gobierno se esfuerza por dotar de más presupuesto en temas de seguridad

ciudadana, como lo demuestra el crecimiento del gasto en Orden Público y Seguridad del

gobierno central y de seguridad ciudadana de prefecturas y municipios, la sociedad

demanda cada año más seguridad y se queja constantemente de no ser atendida en sus

reclamos, identificando como una de las principales causas de la inseguridad: la ineficiencia

de las instituciones del sistema penal en su conjunto.4

El impacto de la inseguridad no sólo en la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de

las personas, sino también en la estabilidad y fortalecimiento de la democracia y el

desarrollo del país, hace que el tema sea de primer orden en la problemática nacional. Esto

4 Al respecto, en 1999 entra en vigencia en Bolivia la Ley 1970 del nuevo Código de Procedimiento Penal, que liquida el modelo inquisitivo e implementa un nuevo sistema procesal en Bolivia, con los objetivos de reglamentar en mejores condiciones el debido proceso, crear los tribunales mixtos, reconocer los derechos de la víctima y establecer normas contra la retardación de justicia. A pesar de éstos objetivos, en los hechos, de acuerdo a la percepción ciudadana y de funcionarios judiciales, los resultados de este nuevo Código no incidieron directamente en la seguridad de los ciudadanos (PNUD, 2006)


implica su conocimiento desde diferentes perspectivas, siendo una de las principales,

conocer la relación existente entre el gasto en seguridad pública y la seguridad ciudadana,

como una forma de medición de la eficiencia de las políticas públicas de seguridad

ciudadana implementadas en Bolivia.


CAPITULO I

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema La seguridad ciudadana es un concepto polisémico5, que en su sentido amplio abarca el

bienestar de las personas, convirtiéndose en un derecho humano. En su sentido acotado,

comprende el bienestar de las personas, relacionado con la certidumbre de no ser víctima

de un hecho delictivo y/o violento. La inseguridad ciudadana, como ausencia de seguridad,

puede ser entendida desde una perspectiva objetiva y/o subjetiva, la primera da cuenta de

los hechos reales de delincuencia y violencia que afectan a los ciudadanos en su diario

vivir; y la segunda se refiere al conjunto de percepciones relacionadas con el miedo que

tienen los ciudadanos de ser víctimas de hechos delictivos y/o violentos (Rico y Chinchilla,

2002).

La inseguridad ciudadana se ha convertido en los últimos años en una problemática de

carácter social importante, no solo a nivel nacional sino también a nivel de toda la región

latinoamericana. El incremento de los índices de violencia y del temor de la ciudadanía a

ser víctima de un hecho delictivo, amenaza con quebrar el tejido social, poner en crisis la

legitimidad de las instituciones públicas y desestabilizar a los gobiernos de turno, ya que el

impacto de esta problemática incluye tanto las esferas sociales y políticas, como las

económicas.

Desde el punto de vista económico, la seguridad viene a ser asumida como un bien público

y una condición preponderante para alcanzar el desarrollo de los países, de ahí que

organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), consideran a la inseguridad ciudadana un obstáculo para alcanzar niveles

aceptables de desarrollo humano en la región. De acuerdo a un estudio del Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-2009), se concluye que la delincuencia cuesta

alrededor del 5% del PIB de los países industrializados, y tanto como 14% del PIB de los

5 La palabra polisémico hace referencia a aquellas que tienen múltiples significados


países de bajos ingresos. Los datos para países desarrollados encuentran que el costo

principal consiste en el valor económico de las vidas truncadas, que ronda 40% del total de

las pérdidas atribuibles al crimen (International Centre for the Prevention of Crime, 1998).

En América Latina, los trabajos pioneros del BID para siete países permitieron concluir que

el costo total de la delincuencia (incluyendo el valor de los bienes robados) llegaba a 14,2%

del PIB (Londoño y Guerrero, 1999); de esta suma, alrededor de la mitad consistía en

“intangibles” vale decir, en daños sobre la inversión, la productividad, el trabajo y el

consumo.

Desde esta perspectiva, el gasto en seguridad pública viene a ser una inversión cuyas

ganancias se reflejan en un escenario social apto para que los ciudadanos puedan

desarrollar sus actividades económicas, con total libertad y confianza de no ser víctimas de

algún delito. En este sentido, se entiende como gasto en seguridad pública, aquella

erogación de dinero que realiza un Estado a través de las instituciones públicas que tienen

que ver directamente, de acuerdo a un marco normativo general y específico, con la

producción del bien seguridad, como ser los presupuestos del gobierno central, las

prefecturas y los municipios.

De acuerdo a estudios realizados, a pesar de que Bolivia tiene uno de los niveles más

elevados de gasto público en la región, “no existen mecanismos claros que garantizan la

eficiencia con que los recursos públicos son usados (….) por lo general, el seguimiento y la

evaluación se focalizan solamente en el cumplimiento de actividades o en la utilización de

insumos (ejecución presupuestaria), muy poco en los productos o servicios que resultan del

gasto” (Jemio, 2008:77). Respecto al gasto en seguridad pública, se puede observar que,

además de padecer las deficiencias mencionadas, es un área poco explorada del gasto del

sector público por varias razones, entre las principales: falta de especialistas en el tema,

poca transparencia en el manejo de la información, y existencia de intereses políticos.

En este escenario los datos muestran lo siguiente: 1) De acuerdo a fuentes policiales, en

Bolivia el año 2008 se registraron 45.768 denuncias de delitos y una tasa de 12 homicidios

por cada cien mil habitantes. 2) En el mismo año, el 48,7% de los bolivianos percibía

inseguridad en el país. 3) Entre 1997 y 2008 se implementaron siete planes de seguridad

ciudadana en Bolivia y el año 2003 se promulgo la primera Ley de Seguridad Ciudadana. Y


finalmente 3) Fuentes del Ministerio de Hacienda indican que el presupuesto en orden

público y seguridad se incrementó entre 1998 y 2008 en 114%, mientras que el presupuesto

de la Policía tuvo un incremento de 275% en el mismo periodo.

Realizado este diagnóstico, se ha identificado la siguiente problemática:

¿Existió relación entre gasto en seguridad pública e inseguridad ciudadana en Bolivia en el

periodo 1998-2008?

1.2 Delimitación espacial, temporal y temática La investigación se hizo a nivel del gobierno central de Bolivia en el periodo comprendido

entre 1998 y 2008, once periodos anuales. No incluyó en su análisis a los gobiernos

departamentales ni municipales.

El estudio se centró en el análisis del gasto en seguridad pública y estuvo enmarcado

teóricamente dentro la economía fiscal, la teoría del gasto público y los bienes públicos.

1.3 Justificación

Teórica La teoría económica en relación a los bienes públicos, en el marco de la economía positiva6

ha analizado de manera específica algunos bienes, como son la defensa, la educación, la

sanidad, la construcción de carreteras, etc. Sin embargo, no se ha desarrollado un análisis

exclusivo respecto a la seguridad ciudadana como bien público y sus características

económicas, salvo aquellos estudios relacionados con el costo del delito y su incidencia en

el desarrollo de los países.7 Esto tiene mucho que ver, con la falta de concreción conceptual

de la seguridad ciudadana, lo que se refleja en difusos o ausentes marcos normativos,

especificación de objetivos, roles y actores en la materia, y la ausencia de mecanismos de

medición de la eficacia presupuestaria en el tema. 6 Economía positiva es la economía que se refiere a la descripción y explicación de los fenómenos económicos. 7 En estudios del BID, FMI, OMS y páginas web específicas como es: http://www.costsofcrime.org/


Dada la importancia que tiene la problemática de inseguridad, en la región y en el mundo en

general y en Bolivia de manera particular, la investigación desarrollada en esta tesis, buscó

explorar cuál es la estructura institucional que Bolivia tiene en materia de seguridad

ciudadana y cuál es el presupuesto que sustenta esta estructura, desde una doble

perspectiva: la seguridad ciudadana como un bien público y la inseguridad ciudadana como

un fenómeno social.

Económica A partir de la incidencia de la seguridad ciudadana en el desarrollo de los países, un tema

de vital importancia desde el punto de vista económico, es analizar cuál es la relación entre

gasto en seguridad pública e incidencia de este gasto en la seguridad de los ciudadanos,

viendo este último punto, con datos oficiales en cuanto a delincuencia y criminalidad en

Bolivia. Así mismo, este estudió nos ayuda a saber qué porcentaje del PIB se gasta en

seguridad y cómo se lo distribuye en cuanto gasto corriente y gasto de capital, así como en

distribución programática.

Este análisis nos permite conocer, de acuerdo a la distribución presupuestaria, cuáles son

los objetivos del gobierno en materia de seguridad ciudadana, y si existe un enfoque

represivo o preventivo en la materia. De igual forma, contrastar estos objetivos con los

planteados en las políticas de seguridad ciudadana implementadas, nos muestra la relación

que existe entre programación presupuestaria y políticas diseñadas.

Metodológica

Siguiendo los objetivos planteados, esta tesis busca construir un modelo econométrico, que

cruce variables de tipo cuantitativo; por un lado, el número de denuncias de delitos

cometidos en Bolivia entre 1998 y 2008; y por otro, el gasto, en términos reales del gobierno

central en materia de seguridad ciudadana, centralizado en el Ministerio de Gobierno.

Este modelo econométrico, mostrará la relación que existe entre el gasto en seguridad y la

(in)seguridad ciudadana en Bolivia entre 1998 y 2008, y permitirá contrastar la hipótesis


planteada. Su importancia radica en estudiar, un fenómeno social como la inseguridad

ciudadana, desde la perspectiva económica, utilizando un instrumento econométrico.

1.4 Formulación de la Hipótesis

La mayoría de las políticas de seguridad ciudadana en Bolivia se caracterizaron por

responder a problemas de carácter coyuntural, muy pocas se basaron en diagnósticos

serios, que implicaran el reconocimiento de factores, causas y expresiones de la

inseguridad. De manera general, las políticas desarrolladas no abordaron el tema de

reformas institucionales, mecanismos de prevención sostenibles en el tiempo, ni articulación

interinstitucional. Todas ellas priorizaron la implementación de medidas represivas, tal es el

caso de mayor número de policías y mayor equipamiento policial; por su parte, aquellas

políticas que definieron medidas tendientes a cambios y reformas en el marco normativo,

vieron que era muy difícil su concreción debido a la poca articulación de actores en la

problemática.

Frente a la parcialidad de las políticas implementadas los resultados también fueron

parciales. El poco margen de acción que los gobiernos han adoptado-voluntaria o

involuntariamente-sobre temas de seguridad ciudadana, viene a reflejar problemas en la

conceptualización misma de seguridad y los instrumentos necesarios para instrumentalizar

el concepto. Fruto de esta problemática surge lo que Garland llama el “manejo

esquizofrénico de las políticas públicas”, por un lado se busca priorizar políticas

preventivas, pero por otro se mantienen los mecanismos de control tradicionales que no

hacen más que profundizar el problema de la inseguridad.

En el caso boliviano, esta situación ha producido diversos efectos políticos, sociales y

económicos, tales como el no involucramiento de otras instituciones nacionales, regionales

y locales en el problemática de inseguridad, la desatención política y administrativa de las

instituciones del sistema penal, llámese policía, justicia y sistema carcelario, y el completo

desconocimiento de los patrones de asignación del gasto en seguridad, así como los

procesos de negociación que constantemente son influidos por intereses corporativos y

políticos.


Hipótesis

La falta de coordinación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana en Bolivia,

provocó que no exista relación entre el gasto en seguridad pública y la inseguridad

ciudadana en el país, durante el periodo 1998-2008.

1.5 Objetivos generales y específicos Objetivo General

Determinar la relación existente entre gasto en seguridad pública e inseguridad ciudadana

en Bolivia, en el periodo 1998-2008

Objetivos específicos

Determinar cuáles son las principales características de inseguridad ciudadana en

Bolivia en el periodo de estudio.

Describir y analizar los planes de seguridad ciudadana implementados en el periodo

de estudio.

Determinar cuál fue la tendencia del gasto en seguridad pública en el periodo 1998-

2008

Realizar un modelo y análisis econométrico de la relación entre gasto en seguridad

pública e inseguridad ciudadana en Bolivia en el periodo de estudio.

1.6 Metodología Se realizó una investigación científica de carácter descriptivo–correlacional que utiliza las

variables incorporadas en el problema de investigación, como es el gasto en seguridad

pública y la inseguridad ciudadana en Bolivia durante los últimos diez años.

La investigación siguió una metodología inductiva, utilizando técnicas de recolección de

datos cualitativas (análisis de documentos) y cuantitativas (modelo econométrico). Una vez


obtenidos los datos se paso a la fase de procesamiento. Los datos cualitativos fueron

sujetos a la sistematización y análisis correspondiente, y los datos cuantitativos fueron

procesados econométricamente para determinar la existencia o no de correlaciones entre

las variables. Con la información obtenida y analizada previamente, se detallaron los

resultados logrados a la luz de la problemática, hipótesis y objetivos planteados en el

diseño de investigación.


SEGUNDA PARTE MARCO TEÓRICO


CAPITULO II

2. LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO UN BIEN PÚBLICO

2.1 Economía de Bienestar, Economía Fiscal y Gasto Público

La Economía de Bienestar es la rama de la economía que intenta determinar las

condiciones que se requieren para alcanzar el máximo de bienestar social. Para lograr este

objetivo establece condiciones de máxima eficiencia económica en términos de maximizar

la producción con una cantidad dada de recursos y optimizar la distribución de bienes y

servicios. Por su parte, la Economía Fiscal “es la rama de la disciplina económica que se

ocupa del estudio y análisis de los problemas de teoría y política económicas emanados de

las operaciones de ingreso, gasto y crédito público” (Leif Johansen, 1965)

Por lo tanto, la Economía de Bienestar estudia exclusivamente la eficiencia económica y la

Economía Fiscal justifica en términos estrictamente económicos la intervención del sector

público en la economía, para lograr el principio de eficiencia económica. La Economía

Fiscal se subdivide en teoría fiscal y política fiscal. La teoría fiscal se encarga del estudio y

análisis de los instrumentos fiscales (ingresos y gastos), realizando un énfasis en los

elementos normativos, técnico-económicos y financieros que coadyuvan al logro de los

objetivos económicos. Por su parte, la política fiscal se encarga del análisis económico de la

aplicación de los instrumentos fiscales, realizando énfasis en los ajustes y cambios de las

variables fiscales y su incidencia en el producto global y la equidad.

El protagonista de la política fiscal es el Estado que cumple tres funciones principales, la

función asignadora, la función distribuidora y la función estabilizadora:

La función asignadora supone la intervención estatal, directa o indirecta, en dos

esferas interrelacionadas, la de producción y la de financiamiento para la provisión

de bienes y servicios a la sociedad. Esta función es clave, porque en ella se puede

ver la interrelación entre economía y mercado, actúa en dos tipos de escenarios: a)

un mercado sin fallas en el cual el Estado debe velar por la eficiencia económica,


velando que se cumplan los requisitos de la Economía de Bienestar; y b) un

mercado con distorsiones, que cuente con estructuras no competitivas,

externalidades o asimetrías de información. En este caso la intervención estatal

puede ser directa (nacionalización) o indirecta (regulación, legislación, impuestos o

subsidios).

La función distribuidora es una función pública por definición, el mercado no tiene

nada que hacer. El Estado interviene a través de los ingresos públicos (sistemas

tributarios) y los gastos públicos (inversión pública).

La función estabilizadora utiliza dos tipos de estabilizadores, los estabilizadores

automáticos asociados a la política fiscal endógena y los estabilizadores

discrecionales, asociados a la política fiscal exógena.8

En consonancia con lo anterior, podemos definir el Gasto Público como aquel instrumento

de la política fiscal que expresa la asignación de recursos para la operación y

funcionamiento del sector público en general. Al respecto, la tradición neoclásica, –en lo

que concierne al análisis de la pareja Gastos Públicos/Crecimiento- tomando en cuenta

únicamente las deducciones que hace el sector público, argumenta que si el Estado

financia el gasto público por la vía del préstamo, lleva las tasas de interés a la alza y por

consiguiente, deprime la inversión privada productiva “efecto de expulsión o

desplazamiento”; si por el contrario, el financiamiento se opera por la vía de los impuestos

sobre la producción, se observa una disminución del rendimiento privado del capital. En

estos dos casos, la intervención del Estado tiene una influencia negativa sobre la inversión

privada, la producción y el crecimiento.

Dentro la perspectiva del crecimiento endógeno, se considera que la manera neoclásica de

considerar la intervención del Estado es sin lugar a dudas parcializado, ya que sostiene que

es cierto que una parte de los gastos públicos pueden ser considerados como suntuarios o

improductivos o rinden servicios de tipo de “consumo final”: museos, bibliotecas, parques,

subvenciones a los desayunos escolares o de transporte público. Sin embargo, grandes 8 La Política Fiscal se subdivide a su vez en política fiscal endógena y política fiscal exógena, la primera se encarga del análisis de los ajustes que sufren los instrumentos fiscales requeridos, ante cambios en los niveles de las variables que escapan del ámbito puramente fiscal, y la segunda analiza en términos macroeconómicos la aplicación discrecional de los instrumentos fiscales, en el marco de su incidencia en el crecimiento del producto global.


cantidades de gastos públicos rinden servicios de tipo de “consumo intermediario” que

contribuyen directamente o indirectamente a mejorar la productividad del sector privado a

través de infraestructuras (carreteras, comunicaciones, redes urbanas,...), y la contribución

a la formación o al mantenimiento del capital humano (educación, salud), garantía de los

derechos de propiedad (seguridad interior y exterior, defensa nacional, policía,...).9

En consonancia con este último argumento, Salá i Martin plantea un modelo donde se

introduce el bien público en la función de producción, lo que da lugar a un trade-off en la

tasa de crecimiento: más gasto público favorece el crecimiento porque el gasto es

productivo, pero reduce el crecimiento porque los impuestos necesarios para financiarlo

reducen la rentabilidad neta. (Sal-i-Martin, 208:145)

En el marco de la perspectiva económica, el gasto público puede tener diversas

clasificaciones, como podemos observar en el siguiente esquema:

Organigrama

Fuente: CIDE, 2008

9 Es en este marco de crecimiento endógeno que Barro en 1990 en un artículo “Government Spending in a Simple Model of Economic Growth”, propone su modelo. Empieza haciendo la distinción entre capital privado y capital público. El rendimiento marginal del capital privado es decreciente, por su parte el rendimiento marginal del capital total (capital privado y capital público) es constante lo que permite el desarrollo de un proceso de crecimiento endógeno.

CLASIFICACIÓN DEL

GASTO PÚBLICO

Clasificación Administrativa ¿Quién Gasta?

Dependencias y entidades de la Administración Pública

Clasificación Económica ¿En qué se gasta? Gasto Corriente Gasto de Capital

Clasificación Funcional ¿Para qué se gasta?

Programas Actividades y Proyectos

Objetivos Metas


La más utilizada por su capacidad explicativa es la clasificación económica, donde se

ordenan las transacciones gubernamentales según la naturaleza económica de los gastos o

los ingresos. Aquí se divide al gasto programable en gasto corriente y en gasto de capital:

Gastos Corrientes: Son aquellos que representan el costo directo de la

administración pública, las transferencias, el consumo, etc.

Gastos de Capital: Comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de

bienes de capital y conservación de los ya existentes: obras públicas, construcciones

directas, las transferencias para inversión, etc. Además, el gasto de capital se

desagrega en inversión física, que contempla el gasto que se destina a la

construcción de obra pública y a la adquisición de bienes de capital para la obra

pública; e inversión financiera, que incluye el gasto que realiza el sector público en la

adquisición de acciones, bonos y otros títulos, así como préstamos otorgados a

diversos agentes económicos y a países del resto del mundo.

La teoría del gasto público se divide en: Bienes y Producción Pública, Elección Pública y

Externalidades. A continuación, en el marco del objetivo de esta investigación,

estudiaremos lo referente a los bienes públicos.

2.2 Bienes Públicos Los bienes públicos son estudiados dentro de la teoría del gasto público en el área

correspondiente a Economía Fiscal. Se refieren a aquellos bienes suministrados por el

Estado como es el caso de la defensa nacional, la educación, la seguridad, etc. Y que

adquieren ciertas características en relación a los bienes privados.

Los bienes públicos se caracterizan por a) su consumo no rival, es decir que si un bien es

utilizado por una persona puede ser utilizado por otra u otras al mismo tiempo, y b) la

imposibilidad de excluir a nadie de sus beneficios.

Existen casos de algunos bienes, donde el consumo no es rival, pero la exclusión es

posible, ejemplo la televisión codificada. En estos casos aunque fuera posible la exclusión,


cuando un bien no es rival, no tiene sentido la exclusión desde la perspectiva de eficiencia

económica. Cobrar por un bien no rival provoca subconsumo. El beneficio marginal es

positivo, pero el coste marginal es cero, y el subconsumo es un tipo de ineficiencia. Pero si

no se cobra por un bien no rival, no habrá ningún incentivo para suministrarlo, adoptando la

ineficiencia la forma de suministro insuficiente. En el caso de que la exclusión sea posible,

aunque el consumo no sea rival, el Estado suele cobrar una tasa, llamada tasa por el uso, a

los beneficiarios de los bienes suministrados, es el caso de peajes de autopistas, tasas

aeroportuarias, etc.

En aquellos casos donde no es posible la exclusión, ejemplo programas de sanidad y

defensa nacional, no se puede implementar un sistema de precios. La inviabilidad de un

sistema de racionamiento basado en los precios, implica que el mercado competitivo no

genera una cantidad del bien público eficiente en el sentido de Pareto.10 Esta es la razón

por la que debe obligárseles a financiar estos bienes mediante impuestos. La renuencia de

la gente a contribuir voluntariamente a la financiación de los bienes públicos se denomina el

problema del polizón.

Existen dos tipos de bien público,11 bien público no puro y bien público puro. El bien público

no puro cumple con las dos características en alguna medida, el costo marginal ya no es

cero, pero es relativamente bajo, y existe una relativa dificultad en la exclusión, aunque es

posible imponer ciertas tarifas, ejemplo de esto es la Salud Pública. Los bienes cuyo

consumo no es rival y de los que es imposible excluir a nadie se los denomina bienes

públicos puros. Un bien público puro es un bien público en el que los costes marginales de

suministrarlo a una persona más son estrictamente cero y en el que es imposible impedir

10 En honor al economista italiano Wilfredo Pareto (1848-1923), quien afirmaba que “una asignación económica es eficiente si resulta imposible conseguir otra asignación que mejore la situación relativa de alguien sin empeorar la posición de otros. La utilización eficiente de los recursos en el caso de los bienes privados requiere que las tasas marginales de sustitución en el consumo sean iguales para todos los consumidores y se igualen con la tasa marginal de transformación en la producción. 11 Existe un tercer bien donde se da intervención estatal, son los bienes privados suministrados públicamente, cuando el sector público entra a ámbitos privados por dos razones: una función distribuidora o por ser un sector estratégico. Ejemplo de esto es el área de hidrocarburos. Por otra parte, también se habla de bienes públicos suministrados de manera privada, es el caso de la defensa y la contratación de mercenarios.


que la gente reciba el bien. Por otra parte, el costo asociado a la exclusión de este tipo de

bien público puede ser significativo.12

Tabla 1 Características de los Bienes Públicos

La asignación de recursos en un bien público puro debe darse estrictamente por el sector

público, dado que la asignación por el mercado presenta condiciones de ineficiencia y

subutilización, con resultados distorsionantes como pérdidas dinámicas de la capacidad de

consumo y asignaciones Sub-pareto óptimas que atentaran con la generación de renta y

bienestar.

12 Tanto la exclusión en el caso de los bienes privados como la exclusión en el caso de los bienes públicos tiene costes, los que son llamados costes de transacción.


Gráfico 1

¿Por qué el Estado debe asignar recursos en un Bien Público?

Suponer una carretera que no se

congestiona: el costo marginal de un

usuario más es cero. La curva de

demanda la muestra el gráfico. Aún

cuando se cobre 0 el nivel de uso de

congestión Qc no se alcanza. Si el costo

marginal es cero y el usuario paga P*, la

cantidad se reduce a Q*. El triángulo

sombreado mide la pérdida de bienestar

(cada unidad que deja de venderse

valuada según la disposición a pagarla).

Razón para que el estado provea el bien:

para acercar la cantidad producida al

óptimo.

De acuerdo a la teoría fiscal, solo la asignación de recursos (financiamiento de la provisión)

por parte del sector público, hace que se cumplan los teoremas fundamentales del

bienestar,13 que conducen a la eficiencia pareteana y además a un empleo más adecuado

del bien en cuestión que tienda a una utilidad plena del recurso.

2.2.1 Condiciones de eficiencia y equidad en el caso de los bienes públicos puros De acuerdo a la teoría fiscal los bienes públicos puros se suministran eficientemente

cuando la suma de las relaciones marginales de sustitución RMS (de todas las personas)

13 Teoremas fundamentales de la economía de bienestar: a) Toda economía competitiva es eficiente en el sentido de Pareto; b) Toda asignación de los recursos eficiente en el sentido de Pareto puede alcanzarse por medio de un mecanismo de mercado competitivo con la debida restricción inicial.


es igual a la relación marginal de transformación RMT.14 La relación marginal de sustitución

de bienes públicos por privados nos indica a qué cantidad del bien privado está dispuesto a

renunciar cada individuo para obtener una unidad más del bien público. La suma de las

relaciones marginales de sustitución nos indica, pues, a qué cantidad del bien privado están

dispuestos a renunciar todos los miembros de la sociedad para obtener una unidad más del

bien público (que será consumido conjuntamente por todos). La relación marginal de

transformación nos indica a qué cantidad del bien privado debe renunciar para obtener una

unidad más del bien público.

RMS=RMT

La eficiencia exige que la cantidad total a la que están dispuestos renunciar los individuos,

es decir, la suma de las relaciones marginales de sustitución, sea igual a la cantidad a la

que tienen que renunciar, es decir la relación marginal de transformación (Stiglitz, 2000:

164). La producción es eficiente en la intersección de la curva de demanda colectiva,

formada sumando verticalmente las curvas de demanda de todas las personas, con la curva

de oferta.

Gráfico 2 Condiciones de eficiencia para bienes privados y públicos

14 Esta es la norma establecida por el profesor Samuelson en sus artículos pioneros de finales de los años cincuenta. Se argumenta que esta teoría es incompleta ya que se basa en la implementación de impuestos de suma-fija, con lo que la incorporación de impuestos más realistas lleva a modificar la regla.


El Gráfico 2 nos muestra la diferencia que existe entre la asignación eficiente en una

economía de bienes privados y la asignación eficiente en una economía de bienes públicos.

La asignación eficiente en una economía de bienes privados se obtiene de la suma

horizontal de las relaciones marginales de sustitución (igual RMS-distintas cantidades),

mientras que en una economía de bienes públicos se obtiene como la suma vertical de las

relaciones marginales de sustitución (distintas RMS-igual cantidad).

La regla de la provisión óptima cambia cuando se tiene un bien público. Esto significa que la

curva de demanda agregada por el bien público va a ser igual a la suma vertical de las

curvas de demanda individuales. Es decir, la demanda agregada es la suma de las

disposiciones a pagar de todos los individuos del mercado. Se trata de una asignación en la

cual la cantidad del bien público es igual para todos mientras que las valoraciones son

distintas; a diferencia de la condición paretiana para bienes privados donde todas las

valoraciones son iguales mientras que las asignaciones son distintas.

Por otra parte, es necesario saber que si bien el precio de un bien público puede reflejarse

en una estructura impositiva, una de las principales funciones de la intervención del Estado

es asegurarse que no exista desigualdad, operando directamente sobre la distribución de la

renta. La evaluación de un programa público suele exigir sopesar entre eficiencia y

distribución de la renta (equidad), siendo esto un objetivo principal de la Economía de

Bienestar. En este sentido, un nivel eficiente de bienes públicos depende de la distribución

de la renta, ya que no es posible distinguir el tema de la eficiencia en la provisión de bienes

públicos del tema distributivo. Sin embargo, para otros economistas, es posible, en

determinados casos, separar las decisiones relacionadas con la provisión eficiente de

bienes públicos de la distribución de la renta (Stiglitz y Atkinson, 1978: 269-284)

2.2.2 Provisión de bienes públicos. De acuerdo a Musgrave, la norma de Samuelson es útil para resaltar las diferencias de las

condiciones de eficiencia del bien social en relación al bien privado, pero errónea si se toma

en el sentido de sugerir que la provisión de bienes sociales podría ser llevada a cabo

mediante un mecanismo de mercado de oferta y demanda, como el caso del bien privado

(Musgrave, 1999:59). Esto por la razón que las preferencias del consumidor por los bienes


sociales no se revelan voluntariamente. Dado su cantidad, estos consumidores actuaran

como usuarios gratuitos (free-riders). Por lo tanto debe usarse un proceso político. Este

proceso político servirá para: a) obtener la revelación de preferencias y b) proporcionar los

recursos fiscales necesarios para pagarlos. Eso se hace mediante la votación sobre las

decisiones relativas a impuestos y gastos. El mecanismo político es imperfecto y sólo puede

aproximarse a lo que sería la elección presupuestaria óptima, no obstante este mecanismo

es el mejor (o el único) disponible y debe ser diseñado tan bien como sea posible.

Al respecto, existen teorías para determinar el nivel de gasto público en equilibrio o lo que

se llaman los mecanismos de elección pública, una de las más importantes es la

representada por Bentham y hace hincapié en los procesos políticos. Bentham defiende la

teoría del Votante Mediano y la regla de la mayoría, que afirma que el nivel de gasto público

de equilibrio en sistemas democráticos, es aquel preferido y determinado por el votante

mediano (1965). Es decir, aquel que se encuentra en una situación tal, que el número de

personas que prefieren un mayor nivel de gasto (el número de personas que tienen una

renta más alta) es exactamente igual al de personas que prefieren un menor nivel de gasto

(número de personas que tienen un nivel de renta más bajo). Sin embargo, esta teoría

presenta problemas, tal el caso de la ineficiencia que se da cuando la distribución de la

renta no es simétrica.

No obstante, en la práctica las decisiones sobre el nivel de los bienes públicos son tomadas

por los poderes públicos y no por los ciudadanos; por lo tanto, el que la producción se

encuentre o no en un punto de eficiencia, depende de la naturaleza de un proceso político

específico. Es importante hacer notar, que en un escenario de democracia representativa,

el modelo fiscal está basado en una estructura de grupos de interés que reflejan

determinadas intensidades de las preferencias. Ante esto, Musgrave afirma que “una teoría

positiva del comportamiento fiscal, centrada en la interacción de grupos de interés y en su

impacto sobre las instituciones fiscales y las decisiones que adoptan, puede ser más

realista que aquellas basadas en las preferencias de los votantes individuales, o en los

planteamientos de burócratas regidos por sus propios intereses” (Musgrave, 1999: 132).


2.3 La seguridad ciudadana como bien público Dado el marco teórico proporcionado por Stiglitz y Musgrave, se puede convenir en que la

seguridad ciudadana es un bien público, que tiene las siguientes características:

Es un bien no rival y no es posible su exclusión

Es un bien público puro en el que los costes marginales de suministrarlo a una

persona más son estrictamente cero y en el que es imposible impedir que la gente

reciba el bien

El Estado financia este bien mediante impuestos

El presupuesto en seguridad ciudadana es una atribución de los poderes públicos y

por lo tanto un proceso político que no sigue estrictamente las condiciones de

eficiencia de los bienes públicos.

Es un bien que puede ser satisfecho desde el mercado a través de la seguridad

privada, pero que no excluye la provisión del Estado de manera obligatoria y general.

Desde el punto de vista económico, la seguridad viene a ser asumida como un bien público

y una condición preponderante para alcanzar el desarrollo de los países. De ahí que

organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, consideran a la

inseguridad ciudadana un obstáculo para alcanzar niveles aceptables de desarrollo humano

en varios países de la región. Desde esta perspectiva, el gasto en seguridad pública viene a

ser una inversión cuyas ganancias se reflejan en un escenario social apto, para que los

ciudadanos y las empresas puedan desarrollar sus actividades económicas, con total

libertad y confianza de no ser víctimas de algún delito.

2.4 Presupuesto de seguridad ciudadana

Los presupuestos de seguridad ciudadana son el resultado de acuerdos políticos que se

forjan en los parlamentos nacionales o locales, evidencian las características del marco

institucional, las políticas aplicadas, la transparencia y las prioridades asignadas (Carrion,

2007). Los presupuestos hacen explícita la “política de seguridad”, que muestran cual es el

énfasis de dicha política -la prevención o la represión-, y reflejan el “enfoque y concepto de


seguridad asumido por el gobierno central, determinado por la identificación de las

amenazas y el modo idóneo para enfrentarlas y neutralizarlas, lo cual se verá reflejado en la

asignación y destino de los recursos públicos” (Vargas, 2009: 39) El análisis del

presupuesto en cuanto destino, cantidad, capacidad de ejecución son niveles que ayudan a

medir la eficacia y eficiencia de las políticas institucionales.

Una de las principales atribuciones del gobierno de la seguridad es la definición

presupuestaria del sector, lo que implica la programación de proyectos y planes

debidamente financiados por el gobierno, teniendo en cuenta que la seguridad es un bien

público. América Latina tiene un marco institucional difuso en el tema de seguridad

ciudadana, donde varias instituciones intervienen pero no de manera exclusiva, tal el caso

de la policía que en muchos casos no está especializada únicamente en seguridad

ciudadana, la justicia que aborda temas no exclusivamente penales y las gobernaciones y

municipios que entre muchas tareas también abarcan la seguridad. Por otra parte, es difícil

ver cuánto de inversión pública social va directamente a temas de seguridad ciudadana.

Pese a esta complejidad, todos los años se observa un incremento del presupuesto en

seguridad ciudadana en todos los países de la región, sin embargo los especialistas se

preguntan si este incremento tiene un impacto positivo en el problema. Todo esto, hace que

exista dificultades en el análisis del presupuesto de seguridad ciudadana, en tanto

transparencia, rendición de cuentas y medición de su eficiencia.


CAPITULO III 3. LA (IN) SEGURIDAD CIUDADANA COMO FENÓMENO SOCIAL

La seguridad ciudadana es un concepto que en su sentido amplio abarca el bienestar de las

personas, convirtiéndose en un derecho humano; y en su sentido acotado, engloba el

bienestar de las personas, relacionado con la certidumbre de no ser víctima de un hecho

delictivo15 y/o violento. Este término adquiere importancia en la región latinoamericana una

vez constituido el sistema democrático, en la década de los ochenta, cuando la “centralidad

de las políticas públicas de seguridad se desplazan de la defensa del orden público hacia la

búsqueda de la tolerancia y la convivencia interpersonal, es decir, hacia el concepto de la

seguridad ciudadana” (Carrión, 2009:13). Coincidentemente la década de los ochenta,

también se caracterizó por conformar un ciclo expansivo del delito y la violencia en la región

(Miguel y D´Angelo, 2006). Los dos factores, democracia y crecimiento de la delincuencia

provocaron entonces, el surgimiento del nuevo concepto de seguridad ciudadana.

El orden público es entendido como “una situación de paz y tranquilidad, regulada por el

derecho y garantizado por el Estado” (Álvarez, 1990), este concepto mantiene estrecha

relación con el de seguridad pública, concebida como un servicio que debe brindar el

Estado para garantizar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. De manera

general, en todos los países, las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión

de delitos y reprimir éstos una vez que están curso.16Ambos conceptos mantienen

diferencias importantes con el de seguridad ciudadana, principalmente en los siguientes

puntos: a) La seguridad ciudadana no se limita solamente a la lucha contra la delincuencia,

sino busca crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las

personas. b) La seguridad ciudadana sobrepasa la esfera de la acción policial para

demandar la participación coordinada de otros organismos e instituciones tanto del Estado

como de la sociedad civil. c) La seguridad ciudadana define un nuevo perfil de la policía,

15 Delito es entendido como todo hecho prohibido bajo la amenaza de una pena (Alimeno). Infracción de las leyes del estado, protectoras de la seguridad privada y pública, mediante un hecho humano cometido con intención directa y perfecta (Carmignani). IDHAC, 2009-2010 16 En: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4163.htm


definiéndola como un servicio de naturaleza civil orientada a la comunidad antes que al

Estado, y d) La seguridad ciudadana, pone mayor énfasis en las tareas de prevención,

antes que en tareas represivas y reactivas ante hechos ya consumados (Yepez, 2004:24).

Desde este punto de vista, el concepto de seguridad ciudadana puede ser entendido desde

dos perspectivas, como una condición de cohesión social y solidaridad en la que el

ciudadano se encuentra protegido contra cualquier tipo (o amenaza) de violencia y/o delito,

tanto de forma objetiva y subjetiva; y cómo una política pública que busca la convivencia

pacífica entre los ciudadanos a través de la acción coordinada del Estado y la sociedad,

mediante mecanismos preventivos, con el fin de eliminar o disminuir actos violentos y

delictivos que amenacen la seguridad de los ciudadanos. La inseguridad ciudadana vendría

entonces a ser la ausencia de las condiciones señaladas, o la falta de una política dirigida a

dar respuestas satisfactorias a situaciones de vulnerabilidad de los ciudadanos, frente a

escenarios de violencia y delito.

En la actualidad, la inseguridad ciudadana, como problema, está dentro de la agenda

política y pública de todos los países del continente. El incremento de la violencia, el crimen

organizado y la percepción de temor de la población hace que la seguridad ciudadana pase

a ser un tema urgente, no solo para los gobiernos nacionales, sino también para los

organismos multilaterales. La violencia en la actualidad “rompe el tejido social, detiene el

crecimiento y el desarrollo económico y vulnera la legitimidad del Estado” (Carrillo, 2007:

194), lo que la ha convertido en un problema de primer orden, cuya solución incluye la

participación de una multiplicidad de actores y procesos.

3.1 Tipos de inseguridad ciudadana

De manera general, la inseguridad ciudadana puede ser objetiva y subjetiva. La primera da

cuenta de los hechos de criminalidad real que afectan a los ciudadanos y que son

contabilizados por los organismos competentes, convirtiéndose en las cifras de la

criminalidad. A nivel mundial el mecanismo utilizado para comparar las cifras de

criminalidad entre los países, es el número de homicidios por cada cien mil habitantes, lo

que refleja de algún modo el nivel de inseguridad ciudadana de un determinado país. Por su

parte, la inseguridad subjetiva se relaciona con las percepciones de vulnerabilidad, temor y


miedo que tienen las personas de ser víctimas de algún tipo de violencia o delito. La forma

de medir este tipo de inseguridad es a través de las encuestas de opinión.

A nivel mundial, los estudios muestran que los datos de inseguridad objetiva y subjetiva no

son los mismos en un determinado país, ya que la inseguridad subjetiva supera en la

mayoría de los casos a los datos de la inseguridad objetiva, reflejando el crecimiento

sostenido de la percepción de inseguridad frente a las cifras de victimización real. Se afirma

que aquello que hace que una persona este expuesta a ser víctima de un delito, no coincide

exactamente con lo que hace que tenga temor de enfrentarse a esa situación (Isla y Miguel,

2010:14). De hecho, el temor de las personas surge de varios factores, tales como la

influencia de los medios de comunicación y la confianza que generan las instituciones

estatales encargadas de la seguridad. Este último punto se explica a través de un proceso

de deslegitimación, promovido tanto por la incapacidad de las instituciones, como la policía,

de responder eficazmente a los problemas de inseguridad, como por su relación, en

muchas ocasiones, directa con el crimen. Al respecto, se identifican tres factores de la

debilidad institucional: falta de liderazgo civil,17 altos niveles de autonomía política y

precariedad de las instituciones de seguridad (Dammert, 2007).

3.2 Causas de la inseguridad ciudadana 3.2.1 Causas Estructurales

Se basan en la noción de que los delitos y la violencia son causados por factores diversos

relacionados con la conformación misma del sistema social en su conjunto. En las ciencias

sociales existen dos teorías básicas para el estudio de la violencia y de la conducta

delictiva, que se presentan en diversas combinaciones: la teoría de las formas de

socialización y la teoría de la ruptura o de la anomia (Arriagada, 2002).

17 Por liderazgo civil se entiende la capacidad de la autoridad política de diseñar, formular, monitorear, modificar y sancionar políticas en el ámbito de la seguridad. La autonomía se refiere aquí a la capacidad de la policía de actuar al margen de la autoridad política. La debilidad institucional, se deriva de la multiplicidad de acciones desarrolladas por las policías, que las alejan de la función que más preocupa a la opinión pública: la delincuencia.


En el primer caso el énfasis se coloca en la socialización, es decir la violencia

surgiría de determinadas dimensiones organizativas, institucionales y culturales que pueden

conducir a la selección de estrategias violentas por parte de ciertos actores sociales. Las

causas primarias del delito se derivarían de la existencia de grupos “subculturales” de

delincuentes (grupo de amigos, familia, cárcel).

En el segundo caso, se privilegia factores explicativos de dimensiones estructurales

y sociales, la violencia surgiría de la ruptura o desajuste del orden social, es decir, de

cambios sociales acelerados como efecto de la industrialización o la urbanización por

ejemplo, que disuelven los mecanismos tradicionales de control social y generan una

brecha entre aspiraciones y los medios social y culturalmente aceptados para hacer

realidad esas aspiraciones (Martínez, 1990). En esa línea, la teoría de Malton sostiene que

la conducta delictiva depende de la capacidad de los individuos para alcanzar las metas

éxitos de acuerdo a su entorno social y a la importancia asignada al éxito económico

(ILPES, 1997). Por lo tanto desde esta perspectiva, existiría una correlación importante

entre pobreza y delincuencia. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que más que la

pobreza, es la desigualdad, en conjunto con otros factores sociales, culturales y

psicológicos, la que genera mayor violencia y delincuencia. Si la relación pobreza-

delincuencia se cumpliera, habría más delincuencia en los países menos desarrollados y

los países más desarrollados serían países más seguros, los índices delictivos tendrían que

bajar a medida que la economía presenta niveles de crecimiento y todos los pobres serían

potenciales delincuentes. En los hechos, ninguna de las anteriores afirmaciones se cumple

efectivamente.

3.2.2 Causas Situacionales Se basan en la noción de que los delitos y la violencia son causados por elementos

diferenciales y circunstanciales propios de cada escenario social. Esto hace que en algunos

lugares existan mayores posibilidades de existir hechos delictivos y violentos, debido a la

existencia de estos factores diferenciales y circunstanciales.

Fernando Carrión, más que de factores causales, habla de factores desencadenantes, entre

ellos se identifica:


Los medios de comunicación: se expresan a través de la prensa y la televisión.

Venden la violencia en un nivel primario, lo cual permite construir una percepción

distorsionada del fenómeno, no solo porque magnifican una realidad sino porque

insensibilizan a la población local y alertan a la internacional. De esta forma

banalizan la violencia. De igual forma, la televisión difunde conductas violentas y

genera modelos, valores y técnicas delictivas a seguirse.

La impunidad, abierta o diferenciada, es la forma más clara de la caducidad de los

mecanismos de procesamiento de conflictos, que conduce, por un lado, al descrédito

de la policía, de la justicia, y de toda la institucionalidad; y por otro, a producir un alto

grado de libertad cuando un victimario tome la decisión de producir un acto violento.

La impunidad conduce también a nuevas modalidades de privatización de lo

jurisdiccional, siendo un ejemplo de esto los linchamientos.

Consumo de productos psicoactivos, alcohol y droga. Es uno de los componentes

más importantes que tiene la violencia y el delito. Generalmente existe una relación

directa entre inseguridad y la producción, tráfico y consumo de droga.

Desorden urbano, calles oscuras, zonas inseguras. Todo esto producto en gran parte

del crecimiento acelerado de las ciudades producto de la migración campo-ciudad.

3.3 Consecuencias de la inseguridad ciudadana La inseguridad ciudadana tiene diversas consecuencias, tanto en el ámbito humano, como

en la economía, la sociedad y la política. Las principales de estas consecuencias fueron

identificadas por el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (IDHAC, 2009-

2010), siendo los siguientes:

Daños humanos Para la vida, la integridad física, la autonomía sexual, la libertad personal y el traumatismo

de la víctima y de sus allegados

Costos económicos directos Para las víctimas potenciales (primas de seguros y otros gastos en seguridad privada)

Para la víctima o sus allegados (gastos médicos e ingreso perdido por el daño o daños)


Para el delincuente (ingreso perdido por estar en la cárcel)

Par el Estado (costo de salud y costos de sistema de seguridad y justicia

Daños o costos económicos indirectos Menor productividad laboral (incapacidad, ausentismo, emigración)

Menos ahorro (fuga de capitales)

Menos recaudo fiscal y mala asignación del gasto público

Daños sociales Pérdida de confianza y disminución del “capital social”

Daños políticos Pérdida de confianza en las instituciones

Desconfianza en el Estado de derecho

3.4 Medidas adoptadas Dentro las medidas de solución implementadas por los gobiernos para encarar la

inseguridad ciudadana, se tienen las siguientes:

3.4.1 Medidas represivas y de control

Tradicionalmente, las iniciativas centradas en el control y la represión ponen énfasis en las

acciones del sistema de justicia criminal, que permiten detectar al individuo que ha

cometido un delito y utilizar los mecanismos legales para establecer su responsabilidad

penal. Las instituciones encargadas del control son la policía y el sistema judicial. La

primera cuenta con facultades para utilizar la fuerza del estado como una de sus

herramientas principales en el control de la criminalidad, situando a la sociedad democrática

ante el dilema del potencial uso de la fuerza traducido en violaciones de los derechos

humanos. A su vez, el sistema judicial es el encargado de establecer las responsabilidades

penales de los imputados de algún delito y de imponer las sanciones correspondientes.

(Dammert, 2007-2016).


Las medidas más utilizadas son:

Más policías

Más cárceles

Penas más severas

Más jueces

Se caracterizan por altos costos económicos al erario nacional y una acción inequitativa del

Estado dirigida hacia los sectores más vulnerables de la sociedad

3.4.2 Medidas de privatización y descentralización Están en consonancia con las políticas de corte neoliberal, explica el enorme crecimiento de

la seguridad privada que en muchos países dobla en número a los efectivos de la seguridad

pública. También se empieza a ver la descentralización de los cuerpos policiales, siendo

México el caso más ilustrativo con la tenencia de 1.665 cuerpos policiales en todo su

territorio. A esto se suma que varios municipios ya empiezan a crear cuerpos de seguridad

con distintos nombres y distintas perspectivas del problema.

3.4.3 Medidas preventivas Las medidas de prevención han demostrado ser más eficientes que las medidas de control.

Sin embargo, de forma paradójica esto no se sustenta en la asignación presupuestaria de

los Estados en el tema.

Estas medidas de prevención se clasifican en:

Prevención situacional: conjunto de medidas no penales tendientes a eliminar o

reducir las ocasiones que en numerosos casos propician la comisión de un delito (Ej.

Mejor iluminación, vigilancia barrial, etc.). Tiene una visión pragmática y busca

reducir las oportunidades de delinquir.


Prevención social: intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales,

orientadas a atenuar su propensión criminal (Ej. Educación, empleo, etc.)

Prevención multiagencial: La idea fuerza es la responsabilidad ciudadana y la

coordinación interinstitucional en la prevención y disminución de la delincuencia 3.5 Medición de la inseguridad ciudadana En la actualidad existen dos tipos de fuentes de información para medir la inseguridad

ciudadana, estas son:

Oficiales: Son las estadísticas provenientes de las fuentes oficiales de las

instituciones de gobierno (policía, justicia, cárceles, salud), centradas en las

denuncias, sentencias y casos atendidos. De acuerdo a estudios realizados por

FLCSO-Chile, en la mayoría de los países de América Latina, estos datos adolecen

de credibilidad y transparencia, lo que se ha llamado la manufacturación de las

cifras, que sirve para obtener una buena o mala calificación de la gestión

gubernamental o institucional, dependiendo de los intereses políticos y económicos

en juego.

Encuestas sobre victimización. Realizadas usualmente por organizaciones no

gubernamentales a nivel interno y externo y en menor medida por instituciones

públicas. Su objetivo es ver a cuanto asciende en porcentajes, el temor de las

personas y su percepción respecto a la inseguridad en su país y región.


TERCERA PARTE ASPECTOS INSTITUCIONALES DE

LA SEGURIDAD CIUDADANA


CAPITULO IV

4. PLANES, ACTORES Y NORMATIVA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA

4.1 Planes de Seguridad Ciudadana En Bolivia los primeros planes de seguridad ciudadana surgen a partir de 1990, los mismos

que adquieren con los años características peculiares. La siguiente tabla muestra el detalle

de estos planes, en cuanto año de implementación, nombre del Plan y descripción general:

Tabla 2 Planes de Seguridad Ciudadana en Bolivia: 1990-2008

AÑO Nombre del Plan Descripción

1990 Plan Nacional de

Protección y

Auxilio Ciudadano

Consistió en mejorar las condiciones de las unidades

operativas de Radio Patrullas para un mejor control de la

ciudad, se trató de implementar equipamiento a esta unidad

para su mejor desenvolvimiento.


Protección y

Seguridad

Ciudadana

Contó con la cooperación española que entregó 50 vehículos

y 90 equipos de radio destinados al servicio de 110, los cuales

fueron empleados para el resguardo de la seguridad

ciudadana

1994 Plan de Seguridad

Ciudadana

El proceso fue iniciado con la creación de la Policía Técnica

Judicial (PTJ) y la Policía de Apoyo al Ciudadana (PAC). Esto

significaría el proceso de modernización de la Policía

Nacional, destinado a mantener bajos índices de criminalidad

1997 Plan de Seguridad

y Protección

Ciudadana por la

Familia

Su propósito era combatir las conductas anómalas que

alteraban una pacífica convivencia y el normal desarrollo

social, y su finalidad era lograr incrementar la seguridad

ciudadana para garantizar el normal desarrollo de las

actividades políticas, sociales y económicas del país.

Elementos o componentes: Reforma de las siguientes


instituciones:

Policía

Migración

Sistema penitenciario

Estrategia:

Fortalecimiento de la Policía

Participación social

Creación de la Escuela de Seguridad Ciudadana

Creación de Brigadas Escolares

Creación de Brigadas Vecinales

Creación Gacip

Más recursos (149 millones de bolivianos)

Más policías y equipo de comunicación, armas,

vehículos.

1998 Relanzamiento Se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional “El

Servicio Policial hacia el Tercer Milenio”, con el propósito de

poner en vigencia la interacción Policía-Sociedad para reducir

los márgenes de inseguridad existentes, a través de la

operativización del Plan de Seguridad y Protección Ciudadana

1999 Plan Integral de

Seguridad y

Participación

Comunitaria

El objetivo general era “reducir los factores de riesgo que

generan inseguridad ciudadana”

Metas:

Llegar con los servicios policiales a la totalidad de la

población nacional

Incrementar los Recursos Humanos en un 10%

Incrementar los Recursos Técnicos en un 50% en la

institución policial

Brindar capacitación en seguridad ciudadana por lo menos al

90% del personal subalterno

2000 Plan Ciudadela Militarización de la Seguridad Ciudadana


2001 Plan Tranquilidad

Vecinal y

Participación

Comunitaria

El Plan se elabora conjuntamente con las Fuerzas Armadas

de la Nación con el fin de controlar los factores que generan

intranquilidad vecinal en coordinación con los vecinos e

instituciones, incrementando las acciones de participación,

educación, prevención, auxilio y cooperación comunitaria.

Estrategia:

Efectivos militares 9.082

Efectivos policiales 15.339

Rol más efectivo de Prefecturas y Municipios

Cultura de seguridad en las escuelas

Campañas de comunicación

Participación de la sociedad

Fortalecimiento de la Policía

Servicio Militar en la Policía

2002 Programa de

Vigilancia

Participativa

Elementos o componentes:

Contratación de vigilantes barriales

Trabajo eventual PLANE

Vigilantes civiles

Provisión de apoyo y alerta temprana a la Policía

2002 Plan de

Emergencia de

Seguridad

Ciudadana

Elementos o componentes:

Desplazamiento de 9000 efectivos policiales a nivel nacional

La Paz “Plan Relámpago”

Efectivos militares 600

Efectivos policiales 1.500

PLANE Vigilancia participativa, 321 civiles

Cochabamba


Efectivos policiales 800

Mayor intensidad de vigilancia los fines de semana

Santa Cruz “Plan Cerco”


Efectivos policiales 200


2003 Plan Integral de

Seguridad

Ciudadana y

Orden Público

El plan incorpora los lineamientos de la Ley de Seguridad

Ciudadana 2494, que tiene como principal organismo al

Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana.


Seguridad

Ciudadana

Su objetivo era articular acciones preventivas y de acción

temprana entre Estado, instituciones y sociedad civil, que

enfrenten la inseguridad ciudadana, a través del

fortalecimiento de las capacidades de los sectores

involucrados

Fuente: Elaboración propia en base a documentos oficiales y archivo hemerográfico

Como se puede observar, los planes de seguridad ciudadana en Bolivia, tuvieron una

notable evolución con los años. Si en un inicio estos planes no representaban más que la

mejora de las condiciones de trabajo policial, en cuanto a dotación de equipos y creación de

unidades; poco a poco el concepto de seguridad ciudadana se fue incorporando en el

diseño político, y abarco temas de participación social, prevención y coordinación

interinstitucional.

De manera general, se pueden dividir a los Planes de Seguridad implementados en Bolivia

en cuatro periodos temporales, que reflejan por un lado, la evolución del concepto de

seguridad ciudadana; y por otro, la pervivencia de factores que atraviesan todo el proceso:

1990-1994: Los planes de seguridad implementados en este periodo, incorporaron a

nombre de la seguridad ciudadana, la entrega de equipos y la creación de

determinadas unidades policiales, reflejando el manejo todavía incipiente de este

concepto. El fortalecimiento policial resumía el espíritu de los planes implementados.

1997-1999: Ya en los planes de seguridad ciudadana implementados en este

periodo, se observa la incorporación de conceptos más amplios que el sólo

fortalecimiento policial. En estos planes se incorpora procesos creativos de

participación ciudadana, a través de la capacitación y la organización de grupos

sociales dirigidos por la policía, y el involucramiento de otras instituciones


corresponsables del problema de la inseguridad, tal es el caso de Migración y el

Sistema Penitenciario.

2000-2002: En este periodo, lo sobresaliente en los planes implementados, es que a

la participación social se le suma la incorporación de militares en tareas de seguridad

ciudadana, o lo que se ha dado en llamar la militarización de la seguridad. En

términos de seguridad ciudadana, la participación de militares es muy cuestionada,

ya que se lo considera un retroceso, sobre todo en temas de protección de derechos

humanos y prevención del delito.

2003-2008: Es recién en el año 2003, cuando se diseña un Plan Integral de

Seguridad Ciudadana en Bolivia, que a su vez es respaldado por una Ley. Este Plan

incorpora un concepto amplio de seguridad ciudadana que promueve entre sus

principales objetivos: la prevención, la coordinación interinstitucional y la

participación social a través de los consejos de seguridad ciudadana, la reforma del

sistema penal en su conjunto y un manejo político adecuado del tema. Cinco años

más tarde, el año 2008, se lanza un nuevo plan de seguridad ciudadana, que a

grandes rasgos reproduce los objetivos del Plan del año 2003, pero tiene el

aditamento de ser respaldado institucionalmente por la creación del Viceministerio de

Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Como se puede observar, los distintos planes de seguridad ciudadana implementados,

presentan características propias en cuanto a su desarrollo temporal, sin embargo en todos

ellos se puede encontrar un común denominador: el protagonismo de la Policía, tanto en el

diseño como en la implementación de los planes. A pesar de que a partir de 2003 se da

inicio a una visión más amplia de seguridad ciudadana, los objetivos programados por esos

planes no logran tener resultados positivos. De acuerdo a la información recabada, en la

totalidad de los planes implementados, no existieron mecanismos de monitoreo y

evaluación de resultados, lo que por un lado se reflejo en la multiplicidad de planes

existentes desde 1990; y por otro, en la falta de credibilidad de las instituciones

involucradas, en este caso el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional.


4.2 Actores de la seguridad ciudadana en Bolivia Si entendemos la seguridad ciudadana, en un sentido acotado, como el bienestar de las

personas, relacionado con la certidumbre de no ser víctima de un hecho delictivo y/o

violento, es posible identificar actores dentro la estructura de gobierno, cuyos roles y tareas

están directamente relacionados a reducir la comisión de delitos, tanto desde una

perspectiva preventiva, como coercitiva, de control y rehabilitación. En el caso boliviano, se

pueden identificar de manera práctica dos actores principales, uno dependiente del otro,

pero que mantiene roles específicos en el tema. Estos actores son el Ministerio de Gobierno

y la Policía Nacional. A continuación, se presenta un resumen de las funciones que

desempeñan estas instituciones, de acuerdo al marco normativo vigente en el periodo de

estudio.

4.2.1 Ministerio de Gobierno En el marco institucional boliviano, es el Ministerio de Gobierno quien tiene bajo su

responsabilidad la seguridad interna, la seguridad pública y la seguridad ciudadana, y es

responsable de elaborar las políticas nacionales en la materia. El Ministerio de Gobierno

está encargado de resguardar la seguridad interna, fortalecer la presencia territorial del

Estado, y contribuir a garantizar a la población el resguardo de su integridad física y de sus

bienes aplicando políticas de prevención del conflicto, prevención de la violencia, el delito,

el miedo y políticas de reinserción social, logrando una convivencia armónica.18

Tiene bajo su dependencia a los Viceministerios de Régimen Interior y Policía, de

Seguridad Ciudadana y de Defensa Social y Sustancias Controladas; y a las Direcciones

Generales de Migración y Régimen Penitenciario.

18 http://www.mingobierno.gob.bo/


4.2.2 Policía Nacional19

La Policía Nacional en Bolivia depende del Presidente de la República por intermedio del

Ministerio de Gobierno, tiene por misión “la defensa de la sociedad, la conservación del

orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional” (Art. 215 CPE,

1994).

Según el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (1985), tiene las siguientes

atribuciones:

a) Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la

Constitución Política del Estado.

b) Proteger el patrimonio público y privado.

c) Prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales.

d) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas

con sus funciones de: Policía Rural, Fronteriza, Aduanera, Ferrocarrilera,

Substancias Peligrosas, Minera, Turismo y otras especialidades.

e) Ejercer tuición, asesoramiento y cooperación para el cumplimiento de las funciones

de Policía Urbana y Policía Tutelar del Menor.

f) Coadyuvar con los organismos administrativos correspondientes en la protección

integral de los menores de edad.

g) Prevenir los accidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas.

h) Investigar los delitos y accidentes de tránsito.

i) Practicar diligencias de Policía Judicial, aprehender a los delincuentes y culpables

para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

j) Recuperar los objetos robados o hurtados para restituirlos a sus legítimos

propietarios.

k) Juzgar y sancionar las faltas y contravenciones policiales y de tránsito.

l) Proceder a la calificación de vagos y malentretenidos e imponer las medidas de

seguridad pertinentes.

19 La nominación de la Policía Nacional, cambia a partir de la Constitución Política del Estado promulgada en el año 2009, a Policía Boliviana.


m) Hacer cumplir las disposiciones legales que regulan el tránsito público en todo el

territorio nacional.

n) Conceder licencias y permisos de conducción de vehículos conforme a Ley.

o) Mantener el registro nacional de vehículos en general.

p) Mantener y organizar en todo el territorio nacional el servicio de Identificación

Personal, Archivo y Registro de antecedentes penales; y el registro domiciliario de

las personas.

q) Tener a su cargo el resguardo y seguridad, tanto de los establecimientos

penitenciarios como de la población penal y participar en la rehabilitación de los

mismos.

r) Tener a su cargo unidades especializadas de auxilio para la protección de la vida y

los bienes, en caso de siniestros, incendios, inundaciones y otros desastres.

s) Cooperar en las campañas de alfabetización y de salud.

t) Cultivar el espíritu cívico y patriótico de la población, en forma especial en las

fronteras del territorio nacional.

u) Cumplir y ejecutar las disposiciones y órdenes del Supremo Gobierno y de las

autoridades competentes, con arreglo a la Constitución Política del Estado y demás

disposiciones legales.

v) Cumplir y hacer cumplir los convenios y tratados celebrados por el Poder Ejecutivo y

ratificados por el Poder Legislativo, en materia de Policía Internacional.

w) Ejercitar el control migratorio de nacionales y extranjeros, de acuerdo a disposiciones

legales.

x) Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial,

cumpliendo otras funciones que no estuviesen previstas en las precedentes.

y) Pedir y recibir cooperación de las autoridades civiles y militares y de todos los

estantes y habitantes del país, para el mejor cumplimiento de sus funciones

específicas.

Como se puede ver, el carácter integral de la Policía Nacional en Bolivia, hace que esta

institución mantenga diversas y múltiples funciones, gran parte de ellas relacionadas

directamente con la seguridad de los ciudadanos. De acuerdo al listado de los 25 incisos

detallados, 15 de ellos mantienen estrecha relación con este tema.


4.3 Marco normativo y político de la seguridad ciudadana

Constitución Política del Estado (1994) ARTICULO 215º.- Misión de la Policía Nacional I. La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Ejerce la función policial de manera integral y bajo mando único, en conformidad con su Ley Orgánica y las Leyes de la República.

Ley 2494 (2003). Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Artículo 1 (objeto) Crease el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de articular y coordinar de manera eficaz y eficiente las políticas, planes, proyectos y programas emergentes del poder público y de todas las personas de la comunidad, en el país y en los diferentes departamentos, sin discriminación ni exclusión alguna, destinados a asegurar el libre ejercicio de los derechos, garantías y libertades constitucionales brindando mayor seguridad a la población, procurando una mejor calidad de vida a todos los estantes y habitantes del territorio nacional Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana D.S. No 27571

Decreto Supremo No 25673 (2000) Se crea la Dirección General de Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Gobierno, Funciones:

Planificar las acciones operativas de la Policía Nacional Coordinar con las prefecturas, gobierno municipales y sociedad civil, las acciones integrales de seguridad ciudadana

Decreto Supremo No 28631 (2006) Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo ARTÍCULO 48. (FUNCIONES DE LOS VICEMINISTROS Viceministro de Seguridad Ciudadana a) Desarrollar la política criminal en coordinación con prefecturas, gobiernos municipales y Policía Nacional. b) Establecer y coordinar políticas de cooperación con la Policía Nacional contra el crimen organizado. c) Diagnosticar, formular y coordinar las políticas de seguridad ciudadana, respetando los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía plena. d) Proponer y canalizar proyectos de investigación y evaluación sobre la situación de seguridad en los diferentes departamentos del país. e) Identificar y evaluar las causas de los delitos que se encuentran en investigación formal ante el Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial, generando la base de datos como indicadores en la formulación de políticas. f) Por delegación del ministro, ejecutar acciones de coordinación con el Poder Judicial, para establecer y clasificar las causas de los delitos que se encuentran bajo proceso penal.

Decreto Supremo No 28421 (2005) Referido a la distribución del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) y asignación de competencias I. Distribución:

12,5% Dpto Productor 31,25% Dpto. no Productor Compensación a Dptos.

Productores II. Competencias: a) Prefecturas: 3. Seguridad Ciudadana: i) Fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana. ii) Infraestructura y equipamiento de cárceles públicas. b) Municipios: 4. Seguridad Ciudadana: En el marco de programas municipales de seguridad ciudadana, los gobiernos municipales dotarán a la Policía Nacional de módulos o instalaciones policiales, equipamiento, mantenimiento y provisión de servicios básicos, para la prestación de servicios policiales y de seguridad ciudadana integrales. La Policía Nacional y los Gobiernos Municipales coordinarán acciones que permitan desarrollar estos programas de manera semestral. La Policía Nacional es responsable del uso y conservación de los bienes a su cargo.


La seguridad ciudadana no tiene un marco normativo específico en el periodo de estudio,

salvo la ley de Seguridad Ciudadana 2494 promulgada el año 2003, y su respectivo

reglamento. En la CPE vigente en el periodo de estudio, el único artículo relacionado con la

temática es el 215 correspondiente a la misión de la Policía Nacional, que no hace

referencia al término de seguridad ciudadana, sino a la defensa de la sociedad y la

conservación del orden público.

En cuanto a marco institucional, es el año 2000 cuando en el Ministerio de Gobierno se crea

por primera vez, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y seis años más tarde el

Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Ambos relacionados directamente con el trabajo de

la Policía Nacional y con el objetivo de buscar una mayor coordinación en el tema con los

gobiernos municipales y prefecturales, así como con la sociedad civil. Este fue un paso

importante en materia institucional, aunque presentó limitaciones en cuanto a los resultados

esperados.

En el plano político, en este periodo solo se encuentran dos referencias al respecto:

a) En el Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 (Hugo Banzer Suárez),

donde la Seguridad Ciudadana entra como uno de los trece grandes objetivos nacionales

de consenso y se la relaciona con los cuatro pilares propuestos por el Plan: Oportunidad,

Equidad, Institucionalidad y Dignidad

b) En el Plan Nacional de Desarrollo. Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática

para Vivir Bien. 2006-2011 (Evo Morales Ayma), donde se manifiesta que la Política de Seguridad Ciudadana y educación preventiva debe buscar garantizar la seguridad de las

personas, reducir los niveles de violencia delictiva y proteger fundamentalmente los

derechos humanos como una de las principales responsabilidades del Estado. Se afirma

que la aplicación de esta política no podrá ser efectiva sin la participación activa de las

Organizaciones Sociales, a través de la Red Social e Institucional de Seguridad Ciudadana,

la que será ejecutada a través de los Consejos de Seguridad Ciudadana que será

implementados y desarrollados en los Municipios, Comunidades, Juntas vecinales, Juntas

escolares, Ayllus, Tentas y Capitanías, bajo una nueva normativa que fortalezca la

legitimidad de la justicia y materialice los derechos humanos (PND, 2006).


Como se observa, en el plano político, es recién a partir de 2006 cuando se tiene una

propuesta de Política de Seguridad Ciudadana que incorpora procesos participativos de

implementación.


CUARTA PARTE LA (IN) SEGURIDAD CIUDADANA

EN CIFRAS


CAPITULO V

5. (IN)SEGURIDAD CIUDADANA EN AMERICA LATINA Y BOLIVIA 5.1 Factores estructurales de la inseguridad ciudadana en América Latina y Bolivia Como se vio en el marco teórico sobre seguridad ciudadana, existen causas estructurales y

coyunturales que promueven la inseguridad de las personas. Entre las causas estructurales

sobresalen tres factores: el desempleo, la pobreza y la desigualdad. A continuación se hace

una breve evaluación de estos tres factores y cual su incidencia en América Latina y Bolivia.

Como podemos observar en la Tabla 3, América Latina presenta datos variables por país,

en cuanto desempleo, tamaño del sector informal y cobertura de la seguridad social. En el

tema de desempleo, en el periodo 2000-2008 vemos que Colombia y Argentina presentan

las tasas más altas de desempleo abierto en áreas urbanas, 13,3% y 10% respectivamente;

mientras que Guatemala y México tiene las tasas más bajas de la región con un 3,8%. En el

caso de Bolivia, en este mismo periodo, su tasa de desempleo abierto en área urbana fue

de 6,8%, encontrándose un poco menos de la media latinoamericana de 8,9%, situación

contraria a los datos de 2008, donde Bolivia tiene una tasa que asciende a 7,7%, en

oposición a la media latinoamericana que desciende a 6,8%.


Tabla 3 Indicadores de empleo en América Latina, 1999-2008

Respecto al tamaño del sector informal, los datos son diferentes. En el periodo 2006-2008,

Bolivia presenta el porcentaje más alto en la región del tamaño del sector informal, con

62,5%, seguido por Guatemala con 58,1%. En este periodo la media latinoamericana fue de

45,9%, lo que permite ver que un índice moderado de desempleo puede en algunos casos,

como el boliviano, suponer la formación de un sector informal de grandes dimensiones.

Este dato guarda estrecha relación con la cobertura de la seguridad social, que en el caso

de la región abarcó el 42,4% en 2008. En Bolivia el porcentaje llegó al 20,2%, uno de los

niveles más bajos junto a Guatemala (17,7), Honduras (19,8), Paraguay (14,1%) y Perú

(13,7%).


Tabla 4 Indicadores de pobreza y desigualdad económica en

América Latina, 1999-2008

Los otros dos factores a los cuales se atribuye mayores grados de inseguridad ciudadana

son la pobreza y la desigualdad. En lo que respecta a los datos de pobreza, América Latina

entre los años 1999 y 2008, presentó una leve mejoría pasando de 43,9% a 33,0%, datos

que se reflejan en todos los países de la región a excepción de Uruguay. En el caso de

Bolivia, en este periodo la pobreza se reduce de 60,6% a 54,0%, pasando algo parecido en

los datos de indigencia que se reducen de 36.4% a 31,2%. Por su parte, la desigualdad


medida por el índice de Gini,20 muestra que América Latina en el año 2008, presentaba un

índice de Gini de 0,522, manteniendo índices de desigualdad elevados. Brasil es el país con

mayores niveles de desigualdad en este año, con 0,594 y Bolivia supera la media

latinoamericana con 0,565. Los países que presentan mejores niveles de distribución de la

riqueza son Costa Rica y Perú, con 0,473 y 0,476, respectivamente. Finalmente, respecto a

la relación del ingreso promedio entre hogares ricos y pobres (10/40), se observa que el

promedio latinoamericano es de 16.8 y que Bolivia supera este promedio con una relación

de 22,2, mostrando una mayor concentración de ingresos en los hogares ricos.

En resumen, de acuerdo a los datos presentados, Bolivia en el año 2008 superaba la media

latinoamericana en cuanto a tasa de desempleo y mantenía el mayor porcentaje en la

región, en cuanto tamaño del sector informal. Los niveles de pobreza se redujeron entre

1999 y 2008, sin embargo, este porcentaje seguía siendo elevado en comparación a los

países latinoamericanos y su índice de Gini, que mide la desigualdad en los países,

también alcanzaba niveles por encima de la media regional. 5.2 Inseguridad Ciudadana en América Latina: entre el delito y el temor

El panorama social latinoamericano mostrado anteriormente, en cuanto datos de

desempleo, pobreza y desigualdad sirve para analizar el problema de la inseguridad

ciudadana, de acuerdo a datos objetivos y subjetivos. A continuación se muestran datos y

análisis que tratan de explicar el escenario de la inseguridad ciudadana en la región,

tomando en cuenta información objetiva derivada de organismos internacionales e

información subjetiva provenidas de encuestas de percepción regional, en el periodo 1998-

2008.

5.2.1 Datos Objetivos

En materia de seguridad ciudadana, un dato utilizado frecuentemente por la literatura

internacional, es la tasa de homicidios21 por cada 100.000 habitantes, como indicador de

20 Este coeficiente mide la distribución desigual de la riqueza, mientras más se acerca a 0 se da la igualdad perfecta y viceversa 21 Definición básica de homicidio: Muerte causada a una persona por otra, ejecutada generalmente con violencia


mayor impacto en cuanto niveles de criminalidad y violencia. Se ha elegido este indicador

por ser pasible a comparaciones entre países y regiones, mantener una definición jurídica

similar, además de poder ser registrado por varias instituciones, tal es el caso de la policía,

la justicia y el sistema de salud en su conjunto.

El siguiente gráfico nos muestra la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes

para el año 2004. De acuerdo a esta información, la región latinoamericana y el Caribe

presentaron las tasas más altas de homicidios a nivel mundial, con 20 y 82 homicidios por

cada 100.000 habitantes. Este porcentaje se eleva a 25,7, si se toma en cuenta solamente

América Central y México, y se reduce a 18,68 en América del Sur y a 18,07 en el Caribe.

La diferencia que presenta la región en cuanto a tasa de homicidio en relación a otras

partes del mundo es enorme. Esta misma tasa en Asia representa el 5,97; en América del

Norte el 3,95; en Europa el 3,85 y en Oceanía el 3,51. Lo que convierte a la región

latinoamericana y el Caribe en la región más insegura del mundo.

Gráfico 3

Tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, 2004

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, estadísticas internacionales de homicidios, 2004

Un análisis de los países que conforman la región de América Latina, muestra que en el

periodo 2000-2008, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes tuvo un incremento


de diez homicidios (18,8 a 22,8). Mientras el año 2000, las tasas más altas de homicidios lo

tenían Colombia22 y Honduras, 63,3 y 49,9 respectivamente, el año 2008 estos puestos

eran ocupados por Honduras y El Salvador, con 57,9 y 52 respectivamente, cuyos

problemas de delincuencia juvenil ocupan el primer lugar de inseguridad en la región.

Tabla 5

Homicidios por cada cien mil habitantes en América Latina, 2000-2008

Fuente: Nuestra democracia / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. — México: FCE, PNUD, OEA, 2010

22 La situación de Colombia mantiene características especiales, por los problemas de seguridad interna que mantiene hace más de cuarenta años.


En el caso de Bolivia, los datos presentados en la Tabla 5, no coinciden con la fuente oficial

del Instituto Nacional de Estadística (INE), que a su vez toma los datos de la Policía

Nacional. Esta fuente presenta una tasa de homicidios de cada 100.000 habitantes, para los

años 2001 y 2008 en Bolivia, de 3,7 y 10,6, respectivamente; mientras que el INE presenta

tasas de 35,7 y 12,1 para los mismos periodos. Esto puede considerarse normal en este

tipo de datos, pues tanto las fuentes internacionales como las nacionales adolecen en

muchos casos de objetividad, debido a que es muy difícil obtener esta información en un

periodo determinado; ya sea por la ausencia de datos sistematizados o por falta de

transparencia en los mimos.

El siguiente gráfico nos muestra la tasa de policías por cada 100.000 habitantes en varios

países de la región latinoamericana. De acuerdo a información del Centro de Estudios de

Justicia en Las Américas (CEJA), en América Latina, los contingentes policiales, son más o

menos numerosos dependiendo de la realidad del país. Por esta razón, se determinó que la

forma de compararlos era asignar una tasa de efectivos por cada 100.000 habitantes. De

esta forma los países que presentaron una tasa más alta el año 2008 fueron Granada

(1.090) y Bahamas (864), en tanto los que presentaron una tasa menor de policías por cada

cien mil habitantes son Haití (95) y Guatemala (136). Bolivia en esta gestión (2008)

presentó una tasa de 337,51 policías por cada 100.000 habitantes, ocupando una posición

media en relación a los otros países.


Grafico 4 América Latina: Tasa de policías cada cien mil habitantes: 2008

Fuente: Reporte sobre Justicia en las Américas 2008-2008. CEJA

Dado que la temática de seguridad ciudadana incluye también el tema de justicia, se realiza

el mismo análisis respecto a la tasa de jueces por cada 100.000 habitantes en diversos

países de la región, como medio de comparación entre ellos.


Gráfico 5 América Latina: Tasa de jueces cada cien mil habitantes: 2008

Fuente: Reporte sobre Justicia en las Américas 2008-2008. CEJA

De acuerdo al Gráfico 5, Costa Rica presenta la tasa más alta de jueces por cada 100.000

habitantes (21,85), a quien le sigue a cierta distancia Uruguay (14,05). Bolivia se encuentra

en el sexto lugar con una tasa de 9,12, un poco menos que el promedio de los países de la

región analizados, que llega a 9,18 jueces por cada 100.000 habitantes. Ambas tasas, el

del número de policías y de jueces por cada 100.000 habitantes, contribuyen a analizar el

rol que tienen estas variables en los niveles de seguridad ciudadana en la región. No

obstante, en este punto es necesario precisar que no existen estudios que afirmen o

comprueben, que una tasa alta del número de policías y jueces en un determinado país o

región, repercute en mejores niveles de seguridad ciudadana.

Otro de los datos objetivos que ayudan a comprender el tema de la inseguridad ciudadana

en el referido al sistema carcelario de los países y sus respectivas tasas de población


carcelaria, hacinamiento y detenidos sin condena. La tabla 6 nos refleja estos escenarios

por países entre los años 2000 y 2009.

Tabla 6

Derechos de prisioneros y acusados en América Latina, 2000-2009

Fuente: Nuestra democracia / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. — México: FCE, PNUD, OEA, 2010 En cuanto a la tasa de población carcelaria por cada 100.000 habitantes en América Latina,

podemos ver que entre los años 2000 y 2009 esta varió de 142 a 178, mostrando un

aumento de 25%. El año 2009, el país que presenta la mayor tasa, es El Salvador con 370,

mientras que el país con menor tasa lo ocupa Guatemala con 70. Bolivia está entre las tasa

más bajas, con 80 presos por cada 100.000 habitantes.


Respecto al nivel de ocupación carcelaria, el promedio en América Latina el año 2009 era

de 147, siendo El Salvador el país con la más alta tasa (274) y Argentina con la más baja

(94). Bolivia en este tema, superaba la media de la región con un nivel de ocupación

carcelaria de 165. Por otra parte, los datos muestran que entre los años 2006 y 2010, el

49% de la población carcelaria en América Latina estaba sin condena, lo que refleja

también el nivel de ineficiencia de los distintos poderes judiciales de la región. Al respecto,

Chile presenta el porcentaje más bajo con 23%(2010) y Bolivia el más alto con 74% (2006).

5.2.2 Datos Subjetivos

De manera general, el análisis de la seguridad ciudadana implica también tomar en cuenta

los datos subjetivos, es decir, la percepción de los ciudadanos en materia de inseguridad.

En este punto, una de los organismos internacionales de mayor confiabilidad en la región es

la Organización Latinobarómetro, que anualmente realiza encuestas de percepción a nivel

latinoamericano sobre diferentes temas. Uno de los principales objetivos en estos estudios,

es evaluar la percepción ciudadana en materia de inseguridad. A continuación presentamos

los resultados de estas encuestas en el periodo 1998-2008.

Gráfico 6

Problemas más importantes: delincuencia y desempleo. América Latina, 1998-2008

Fuente: Latinobarometro 2008


A través de los años, Latinobarómetro ha preguntado a las personas en la región, cuál

considera que es el problema más importantes en su respectivo país, ocupando en la

mayoría de ellos, el desempleo un lugar fundamental. Sin embargo, tal como se observa en

el Gráfico 6, la delincuencia empieza a tener un lugar importante, en cuanto problema

principal. Si en el año 1998 la diferencia entre desempleo y delincuencia era de 13 puntos,

en el año 2008 el desempleo pasa a un segundo lugar con 15% y la delincuencia ocupa por

primera vez el primer lugar con el 17% de los encuestados, que lo consideran el problema

más importante en su país de origen.

Por su parte, la tabla 7 muestra información más específica sobre el aumento de la

delincuencia como problema más importante por país en el año 2008. Podemos observar

que en seis países de la región (Venezuela, México, Guatemala, Honduras, Argentina y

Chile) la delincuencia ocupa el primer lugar en cuanto a problema-país, y en uno de ellos

(Costa Rica) comparte este lugar con los problemas económicos. El desempleo se ubica

como segundo principal problema, en cuanto número de países, y los problemas

económicos ocupan el tercer lugar. Se observa también que existe países con

problemáticas más puntuales, tal es el caso de Bolivia con los problemas políticos, Panamá

con la inflación y Brasil con problemas de salud.


Tabla 7 América Latina: Problema más importante del país, 2008

Problema más importante en el país

Bolivia Situación, problemas de la política 47

Panamá Inflación, aumento de precios 35

Brasil Problemas de salud 19

Delincuencia, Seguridad Pública

Venezuela Delincuencia. Seguridad Pública 57

México Delincuencia. Seguridad Pública 33

Guatemala Delincuencia. Seguridad Pública 24

Honduras Delincuencia. Seguridad Pública 22

Argentina Delincuencia. Seguridad Pública 21

Chile Delincuencia. Seguridad Pública 15

Desempleo

Nicaragua Desempleo 27

Uruguay Desempleo 25

Colombia Desempleo 24

Paraguay Desempleo 23

Problemas económicos

Perú Problemas económicos 25

El Salvador Problemas económicos 27

Rep. Dominicana Problemas económicos 20

Países con dos problemas igualmente importantes

Ecuador Problemas económicos. Desempleo 18

Costa Rica Problemas económicos. Delincuencia,

seguridad pública

22


El siguiente gráfico nos muestra los datos de victimización, es decir cuántas personas han

sido víctimas efectivas de un delito en el año en el que se realizó la encuesta. Podemos

observar, que entre 1998 y 2008, existe una tendencia variable en cuanto porcentaje de

victimización, si en el año 1998 este porcentaje alcanzaba al 42% de la población, en el año


2008 éste baja a 33%, nueve puntos menos, mostrando en este periodo, dos subidas

importantes los años 2005 y 2007, con 41% y 38%, respectivamente.

Gráfico 7 ¿Ha sido víctima de un delito?: SI

América Latina 1998-2008/Totales por país 2008


En el año 2008, América Latina presentaba un porcentaje de victimización de 33%, es decir

3 de cada 10 latinoamericanos habían sido víctimas de un delito en los últimos doce meses.

El país con el más alto porcentaje de victimización era Venezuela con 53% y el más bajo

Panamá con 12%. Bolivia en este año tiene un índice de victimización igual a la media

latinoamericana, de 33%.


Gráfico 8 América Latina: La Delincuencia como problema principal y la

tasa de victimización


El lugar que empieza a tener la delincuencia como principal problema-país en la región,

puede ser contrastado con los porcentajes de victimización de las personas. Ambos datos

muestran tendencias diferentes. Si en el año 1998, la diferencia entre ambas era de 34

puntos, en el año 2008 esta se reduce a 26. Es decir, a medida que aumenta la

preocupación sobre la delincuencia en los países, se reducen las tasas de victimización, lo

que confirma que los datos subjetivos y objetivos no necesariamente son los mismos. En la

mayoría de los país en mucho más el temor de las personas a ser víctimas de un delito que

el porcentaje de personas que ha sido víctima. Lo que pone en debate que la inseguridad

ciudadana no responde exclusivamente a los índices de delincuencia, sino a factores

institucionales y sociales.

5.3 La inseguridad ciudadana en Bolivia: entre el delito y el temor

Como sucede a nivel regional, las fuentes de información sobre datos de seguridad

ciudadana, objetiva y subjetiva, en Bolivia son escasas. En relación a los datos objetivos, en

el plano oficial, la única fuente de información sobre el tema es el Instituto Nacional de

Estadística (INE), que produce informes anuales sobre la materia, con información

proporcionada y sistematizada por la Policía Boliviana. En cuanto a información subjetiva,


se cuenta con los reportes anuales que presenta las organizaciones internacionales, de

Latinobarómetro y Barómetro de las Américas con encuestas de percepción a nivel

regional. En el plano interno, se utilizó la encuesta realizada el año 2006 por el Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, sobre Policía y Seguridad

Ciudadana, constituyéndose en el más importante y único aporte a nivel nacional realizado

sobre este tema en los últimos años. A continuación, se presentan algunos cuadros

elaborados a partir de la información recabada de las fuentes mencionadas anteriormente,

con el objetivo de diagramar el escenario de seguridad ciudadana en Bolivia en el periodo

1998-2008.

5.3.1 Datos Objetivos

El número de delitos cometidos en Bolivia, tiene su variable más próxima en el número de

delitos denunciados a la Policía Nacional, quien recaba esta información diariamente a

través de sus diferentes dependencias en todo el país. Cada año esta información es

entregada al INE para ser parte de los datos estadísticos de seguridad ciudadana,

publicados en el anuario de esta institución. Al respecto, el Gráfico 9, nos muestra el

itinerario que ha seguido el número de denuncias de delitos comunes en el país entre los

años 1998 y 2008. Es una información importante, en la medida que muestra las

variaciones del número de denuncias de delitos, realizadas por las personas en este

periodo, sin perder de vista la existencia de una cifra negra, referida al porcentaje de

personas que no realiza denuncias a la policía sobre determinados delitos.


Grafico 9 Bolivia: Número de denuncias de delitos comunes, 1998-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística

De acuerdo a este gráfico, el número de denuncias de delitos comunes, tuvo una tendencia

variable y descendente entre los años 1998 y 2008. Con un nivel máximo de 75.439

denuncias el año 1998 y un nivel mínimo de 32.150 denuncias el año 2005, para luego

volver a crecer el año 2008 con 45.768 denuncias realizadas. En este punto es necesario

tomar en cuenta, que la tipificación de delitos que presenta el INE, es la misma incorporada

en el Código Penal Boliviano.

De manera general y para mayor comprensión del tipo de delitos, estos se dividen en

delitos contra la propiedad y las personas. El Grafico 10 nos muestra el número de

denuncias de delitos contra la propiedad23 producidas entre 1999 y 2008. La tendencia de

este tipo de delitos es variable y descendente, con un número máximo y un mínimo de

32.495 (1994) y 16.714 (2005) delitos, respectivamente.

23 De acuerdo al INE, los delitos contra la propiedad incorporan los siguientes delitos: hurto, robo, robo agravado, secuestro, extorsión, estafa, abigeato, usurpación, daños, usura, contra derecho de autor, y manipulación informática.


Grafico 10 Bolivia: Delitos contra la propiedad (*), 1999-2008

(*) Delitos contra la propiedad: hurto, robo, robo agravado, secuestro, extorsión, estafa, abigeato, usurpación, daños, usura, contra derecho de autor, manipulación informática Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística

Por su parte, el Gráfico 11 nos detalla el número de denuncias de delitos contra las

personas24 sucedidas en los diez años de estudio. Se puede observar una tendencia

variable y levemente ascendente, diferente a la tendencia de los delitos contra la propiedad,

en este caso, los delitos contra las personas fluctúan en una banda de 9.139 (2005) y

12.091 (2008) delitos denunciados, lo que muestra números mucho menores que en el caso

de los delitos contra la propiedad, reflejando que en Bolivia, son los delitos contra la

propiedad los que tienen mayor incidencia o afectan en mayor proporción a la seguridad de

los ciudadanos.

24 De acuerdo al INE, los delitos contra las personas incorporan los siguientes delitos: homicidio, aborto, contra integridad corporal, abandono de niños, trata de personas, violaciones, contra la moral sexual y rapto.


Grafico 11 Bolivia: Delitos contra las personas (*), 1998-2008

(*)Delitos contra las personas: homicidio, aborto, contra integridad corporal, abandono de niños, trata de personas, violaciones, contra la moral sexual, rapto.


Para tener una mirada general del porcentaje de participación de los delitos contra las

personas y la propiedad en relación a la totalidad de delitos denunciados, elaboramos el

siguiente gráfico. Podemos ver que en los diez años de estudio, los delitos contra la

propiedad abarcan entre el 48% (2006) y 58% (1999) de la totalidad de los delitos

denunciados. Mientras que los delitos contra las personas, mantienen una banda que varía

entre 17% (1999) y 35% (2004). Ambos suman, entre el 60% y 90% de la totalidad de

delitos denunciados, convirtiéndose en los delitos de mayor incidencia en el periodo de

estudio.

De acuerdo al Gráfico 12 los delitos contra la propiedad, al igual que los delitos contra las

personas y los otros tipos de delitos, mantienen una tendencia constante en el periodo de

estudio en cuanto a porcentajes. Esto refleja que las políticas de seguridad ciudadana

implementadas durante estos años, no pudieron incidir en la variación porcentual de la

estructura del tipo de delitos, mostrando, en el caso de Bolivia, una conformación

porcentual constante en el tiempo.


Grafico 12 Bolivia: Delitos contra las personas,

la propiedad y otros en porcentajes, 1999-2008


En su informe anual de seguridad ciudadana, el INE también incorpora datos de violencia

intrafamiliar en un apartado específico. Por la importancia que tiene y la incidencia en los

niveles de inseguridad, se incorpora a continuación un gráfico al respecto, que nos muestra

datos alarmantes de casos registrados de violencia intrafamiliar. La tendencia entre los

años 2000 y 2008 es variable y ascendente, con un nivel mínimo el año 2007 del 32.814

casos, y un nivel máximo al año siguiente (2008), con 53.119 casos denunciados.


Grafico 13 Bolivia: Casos de violencia intrafamiliar, 2000-2008


Al respecto, es necesario decir que muchos estudios han identificado la violencia

intrafamiliar como uno de los factores más importantes de inseguridad ciudadana, que

ataca en su mayoría a los sectores más vulnerables de la sociedad: mujeres, niños y

ancianos.

Grafico 14 Bolivia: Tasa de homicidios por cada

cien mil habitantes, 1998-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística.


Como se mencionó anteriormente la tasa de homicidios por cada 100.000 mil habitantes se

ha convertido a nivel internacional, en un indicador confiable de medición del grado de

inseguridad en un determinado país. El Gráfico 14 muestra la tasa de homicidios por cada

100.000 habitantes en Bolivia, en el periodo 1998-2008. Se puede observar una tendencia

variable y descendente. Entre los años 1998 y 2003 la tasa de homicidios muestra una

caída de 40 a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero entre los años 2004 y 2007,

la tendencia es sumamente inestable: 43,4 (2004); 9,3(2005); 28,3 (2006), 10,3 (2007) y

12,1 (2008).

Más allá de evaluar los datos a nivel nacional en temas de seguridad ciudadana, es preciso

realizar especificaciones en cuanto áreas geográficas. Ya que la inseguridad ciudadana no

es la misma, ni tiene las mismas características en áreas rurales, urbanas y fronterizas, ni

tampoco en sectores con altos, medios y bajos recursos económicos. Por lo tanto, una

categorización de la inseguridad por país siempre es incompleta y cuestionable. Con ánimo

de profundizar más los datos de inseguridad en Bolivia, a continuación se presentan datos

de delincuencia, circunscritos en los departamentos del eje central del país: La Paz,

Cochabamba y Santa Cruz.

Grafico 15 La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y resto país: Participación porcentual de delitos,

1998-2008 (En porcentajes)



La especificación geográfica en cuanto a delitos, presentada en el Gráfico 15, muestra que

los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, suman entre el 70% y el 86% de

los delitos denunciados por año en Bolivia, dejando al resto del país (Beni, Pando,

Chuquisaca, Tarija, Oruro y Potosí) porcentajes de 30% y 14% respectivamente. También

se observa que La Paz y Santa Cruz son los dos departamentos que aglutinan la mayor

cantidad de denuncias de delitos por año, Santa Cruz con una tendencia descendente entre

1999 (45%) y 2008 (29%) y La Paz con una tendencia poco variable entre 1998 (29%) y

2008 (28%). Cochabamba a su vez, presenta porcentajes menores en comparación a La

Paz y Santa Cruz, con una tendencia constante en los años, que fluctúa entre 10% y 16%.

Finalmente, se grafica la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en los

departamento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre los años 2000 y 2008. Se

observa que La Paz, mantiene las tasas más elevadas de homicidios en todos los años, con

un nivel máximo de 73,9 el año 2000 y un nivel mínimo de 14, 9 el 2005. Por su parte

Santa Cruz, ocupa entre el segundo y tercer lugar en este periodo, en cuanto a tasa de

homicidio a nivel país, siendo su nivel más alto el año 2004 con 39,7 y su nivel más bajo el

2005 con 6,1. Cochabamba mantiene tasas también variables, que fluctúan entre 7,3(2005)

y 33,3(2001).

Grafico 16

Eje Central de Bolivia: Tasa de Homicidios por cada cien mil habitantes según departamento, 2000-2008

(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008La Paz 73,9 53,9 42,3 37,1 51,3 14,9 36,3 21,3 22,0Cochabamba 29,3 33,3 25,5 24,5 31,7 7,3 27,0 8,0 10,5Santa Cruz 28,3 29,3 29,1 29,3 39,7 6,1 17,4 3,4 4,8

0,010,020,030,040,050,060,070,080,0

núm

ero d

e hom

icidio

spo

r cad

a 100

mil h

abita

ntes



De acuerdo a estos datos La Paz seria el departamento de mayor incidencia de inseguridad

en el país, dato que puede ser veraz en la medida que se contempla a la ciudad de El Alto

como parte de los datos oficiales. También se puede observar una tendencia descendente

en todos los departamentos, en cuanto a número de homicidios, lo que en sentido universal,

reflejaría la disminución de la inseguridad ciudadana en Bolivia durante este periodo.

5.3.2 Datos subjetivos La percepción de los ciudadanos sobre el tema de la inseguridad ciudadana es reflejada en

las encuestas de percepción. Por este motivo, para esta investigación hemos tomado varias

fuentes relacionadas con el tema: La primera corresponde a los información que

mensualmente exhibe la Empresa Apoyo, Opinión y Mercado en Bolivia, la segunda

corresponde al Barómetro de las Américas que presenta informes bianuales sobre temas de

democracia, entre ellos seguridad ciudadana; y la tercera, es la encuesta realizada por el

PNUD el año 2006 en todos los departamento de Bolivia, con el objetivo de tener una línea

de base para encarar la reforma de la Policía Nacional de ese entonces.

El primer gráfico muestra la percepción de la ciudadanía sobre la Policía en el periodo

2001-2008. Se observa que esta percepción mantiene variaciones en el tiempo, en cuanto

niveles de aprobación y desaprobación. En el año 2001-2002, los niveles de desaprobación

alcanzaban los porcentajes más altos, con 64% y 74% respectivamente. El nivel de

desaprobación vuelve a incrementarse los años 2005 y 2006 y tiende a bajar el año 2007

llegando al 31%, en oposición al nivel de aprobación, que alcanza el nivel más alto de este

periodo con el 62%, para luego volver a bajar al 54% un año después (2008).


Grafico 17 Bolivia: Percepción de la Policía, 2001-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Empresa Apoyo, Opinión y Mercado de Bolivia

Dentro el mismo enfoque de seguridad ciudadana, se analiza la percepción de la justicia en

el mismo periodo de tiempo. A diferencia de la institución policial, los niveles de

desaprobación de la justicia mantienen porcentajes más altos que los niveles de

aprobación, ya que en octubre de 2003 se observa el porcentaje más elevado de

desaprobación con un 65%. Respecto a los niveles de aprobación, estos conservan una

tendencia descendente, que va desde agosto de 2001 con el 42%, hasta septiembre de

2008 con un 29%.

Grafico 18 Bolivia: Percepción de la Justicia, 2001-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Empresa Apoyo, Opinión y Mercado de Bolivia


Frente a los datos de percepción de la policía y la justicia, se tienen los datos de percepción

de la inseguridad en el país en el periodo 2000-2008, mostrados en los informes del

Barómetro de las Américas para Bolivia. De acuerdo a esta información, los niveles de

percepción de inseguridad de los ciudadanos han aumentado levemente entre el año 2000

y el 2008. Si en el primer año el porcentaje de inseguridad abarcaba el 44% de la población,

en el año 2006 este porcentaje era de 51,7%, para luego mostrar una reducción de 48,7%

el año 2008. Estos datos muestran un promedio de 48,5% durante los cinco años, lo que

aproximadamente representa que cinco de cada diez ciudadanos en Bolivia, se sienten

inseguros y potenciales víctimas de un delito en el lugar donde viven.

Gráfico 19

Bolivia: Percepción de Inseguridad, 2000-2008

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Frente al sentimiento de inseguridad ciudadana, se encuentran los datos de victimización,

es decir el porcentaje de personas que han sido víctimas de algún delito en los últimos doce

meses de la fecha en la que fue realizada la encuesta de percepción. Los porcentajes nos

muestran que el promedio de victimización entre los años 1998 y 2008 es de 22%, es decir,

dos de cada diez ciudadanos fueron víctimas de un delito en los últimos doce meses. Dato

que en contrastación con el de percepción de inseguridad, muestra una diferencia

importante, dos de cada diez personas han sido víctimas, pero cinco de cada diez, más que

el doble siente temor de serlo.


QUINTA PARTE ECONOMÍA DE LA SEGURIDAD

PÚBLICA EN BOLIVIA


CAPITULO VI 6. GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA EN BOLIVIA

Uno de los principales objetivos de esta tesis, es ver cuál ha sido el desarrollo del

presupuesto en seguridad pública en Bolivia durante el periodo 1998-2008, es por eso que

a continuación se examinaran los presupuestos correspondientes a dos ítems: a) El

presupuesto ejecutado de Orden Público y Seguridad, consignado por el INE en el gasto de

la Administración Central del Gobierno25 según funciones; y b) El presupuesto programado

y ejecutado del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. En ambos casos, se realizan

gráficos y análisis respecto a variables como el PIB, Presupuesto General de la Nación

(PGN),26 gasto social y variables percápite.

6.1 Gasto en Orden Público y Seguridad

De acuerdo a información oficial proporcionada por el Ministerio de Hacienda al INE, acerca

de estadísticas económicas del gobierno,27 se observa que en lo referido a gastos de la

administración central, se encuentra un ítem denominado gasto en Orden Público y

Seguridad, incluyendose también en esta clasificación los gastos correspondientes a

Servicios Públicos Generales, Defensa, Asuntos Económicos, Protección de Medio

Ambiente, Vivienda, Salud, Actividades recreativas, Educación y Protección Social.

25 La Administración Central está conformado por Tesoro Gral. de la Nación, Ministerios, Poder Legislativo, Poder Judicial, Corte Nal. Electoral, Contraloría Gral. Rep, Ministerio Público y COSDENA. Cuando se agrega los municipios y las prefecturas se habla de gobierno general y si agregamos las empresas públicas, se habla de sector público no financiero 26 El Presupuesto General de la Nación (PGN) está compuesto por los presupuestos institucionales de las entidades del Sector Público que son aprobados por el Congreso Nacional, cada gestión. Los presupuestos institucionales de municipalidades y universidades, en su totalidad, no forman parte del PGN y no son aprobados por el Congreso. Esto se debe a la autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, los montos de transferencias por coparticipación tributaria que son otorgados por el TGN a estas entidades sí están contemplados en el PGN. Los presupuestos de todas las demás entidades del Sector Público sí forman parte del Presupuesto General de la Nación 27 Se define gobierno como responsable de la implementación de políticas públicas a través de la provisión de servicios que no tienen mercado y la transferencia de ingresos , apoyado principalmente por las recaudaciones obligatorias sobre otros sectores de la economía. (De Gregorio, 2007:134)


Un análisis de los datos correspondientes al gasto en Orden Público y Seguridad durante

los años 1998 y 2008, nos muestra que éste mantuvo una tendencia ascendente en este

periodo; de 831,4 millones de bolivianos en 1998 a 1.783,5 millones de bolivianos en el año

2008, mostrando un crecimiento de 114% durante los once años de estudio.

Gráfico 27

BOLIVIA: Gastos en Orden Público y Seguridad, 1998-2008 En millones de bolivianos

Fuente: INE. Elaboración propia

Respecto al total del gasto de la administración central en este periodo, el gasto en orden

público y seguridad representó el 5,8% el año 1998, y el 4,4% el año 2008, teniendo su

punto más bajo durante el 2006 con 3,4% del gasto total, esto debido a que el gobierno en

ese año, invirtió más en temas de educación, salud y vivienda y menos en las áreas de

defensa y seguridad. Por su parte, cuando se analiza este mismo gasto como porcentaje

del PIB, tenemos cifras menores, que fluctuan entre el 1,8% (1998) y el 1,5% (2008),

mostrando al igual que en el gasto de la administración central, el porcentaje más bajo el

año 2006, con el 1% de gasto en orden público y seguridad respecto al PIB.


Gráfico 28 BOLIVIA: Gastos en Orden Público y Seguridad respecto del

Gasto de la Administración Central y del PIB, 1998-2008 En porcentajes


De acuerdo a estos datos, el gasto en orden público y seguridad tiene una participación

mínima respecto al gasto total de la administración central y respecto al PIB, lo que puede

reflejar, de alguna manera los problemas de inseguridad analizados en el capítulo anterior.

Gráfico 29 BOLIVIA: Gasto en Orden Público y Seguridad y Gasto Social

respecto al Gasto Total de la Administración Central, 1998-2008. En porcentajes

Gasto Social: Incluye Vivienda y Servicios Comunitarios, Salud, Educación, Protección Social Fuente: INE. Elaboración propia


Con frecuencia, el gasto en seguridad pública en comparado con el gasto social, con el

objetivo de ver porcentajes de incidencia respecto al gasto total. El Gráfico 29 nos permite

hacer esta comparación, mostrándonos que el porcentaje del gasto social respecto al gasto

total es mayor que el porcentaje del gasto en orden público y seguridad entre los años 1998

y 2008. Mientras el gasto social mantuvo una banda, de mínimos y máximos, que fluctuo

entre el 21% (2002) y el 39% (2000), los porcentajes del gasto en orden público y seguridad

se encuentran entre el 3% (2006) y 7% (2000). Es decir, en este periodo, se gastó, entre

cinco y siete veces más en gasto social que en gasto en orden público y seguridad.

En cuanto al gasto percápite, se puede observar que durante el periodo 1998 y 2008, cada

boliviano gastaba más en temas sociales que en temas de seguridad pública. El gasto

social percápite subió de 604 a 868 bolivianos entre los año 1998 y 2008, es decir un 30%;

mientras que el gasto percapite en orden público y seguridad varió de 103 a 178 bolivianos

en este mismo periodo, con un incremento de 43%.

Gráfico 30

BOLIVIA: Gasto en Orden Público y Seguridad y Gasto Social percápite, 1998-2008. En bolivianos corrientes


Los Gráficos 29 y 30 nos muestran un dato interesante, tomando en cuenta que la

inseguridad ciudadana, al ser un problema de orden estructural, también requiere de

medidas de tipo preventivo, dirigidas a temas de carácter social, como es la educación,


salud, vivienda, etc. Por lo tanto, a pesar de no saber la verdadera incidencia de este tipo

de gastos en la seguridad ciudadana, no deja de ser importante, conocer la participación del

gasto social en el gasto total de la administración central del gobierno en este periodo.

6.2 Gasto del Ministerio de Gobierno y Policía

En términos de presupuesto, la Tabla 8 nos presenta en millones de bolivianos corrientes,

el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el presupuesto del Ministerio de Gobierno.

Como podemos apreciar, los dos presupuestos, marcan un crecimiento sostenido entre los

años 1998 y 2008. El PGN, creció en 245%, de 23.292 millones de bolivianos en 1998 a

80.554 millones de bolivianos el año 2008. Por su parte, en este mismo periodo el Ministerio

de Gobierno incrementó su presupuesto en 159%, de 489 a 1.267 millones bolivianos.

Tabla 8

BOLIVIA: Presupuesto General de la Nación, Ministerio de Gobierno, 1998-2008

En millones de bolivianos corrientes Año PGN Presupuesto de Min. Gobierno

1998 23.292,57 488,52

1999 24.259,97 538,49

2000 24.109,15 594,38

2001 27.598,03 735,07

2002 29.382,12 844,63

2003 30.925,69 921,13

2004 33.677,20 930,21

2005 40.543,35 1.008,49

2006 46.331,68 1.081,92

2007 58.917,73 1.174,07

2008 80.554,14 1.267,27

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contaduría

En porcentajes, el presupuesto del Ministerio de Gobierno respecto al PGN, entre 1998 y

2008 no sobrepasó el 3% (2003). Este porcentaje osciló entre 2,10% (1998) y 1,57%

(2008). Es decir de cada 10 bolivianos gastados en el PGN, 0,3 centavos correspondían al

Ministerio de Gobierno.


Gráfico 31 BOLIVIA: Presupuesto del Ministerio de Gobierno respecto

del Presupuesto General de la Nación, 1999-2008. En porcentajes

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. Elaboración propia

Uno de los temas importantes para poder evaluar el trabajo del Ministerio de Gobierno, es

conocer su distribución presupuestaria y cómo a través de ella, se priorizan objetivos

institucionales. A continuación, se realiza un análisis por programas del presupuesto del

Ministerio de Gobierno entre los años 1999 y 2008. Como nos muestra la Tabla 9 y el

Gráfico 32, el mayor porcentaje presupuestario fue dirijido al ítem de Orden y Seguridad,

correspondiente a la institución policial, el mismo osciló entre 61,6% y el 89,6% entre 1999

y 2008 respectivamente. Este presupuesto mostró un crecimiento de 242% en este periodo,

incrementándose de 331,8 a 1.135,3 millones de bolivianos. En segundo lugar, el

presupuesto fue dirigido a la Administración de la Seguridad, que supone toda la planta

directiva y administrativa del Ministerio de Gobierno, presentando una tendencia

notoriamente decreciente en los años, la misma que fue desde el 30,9% en 1999 al 5,6%

en 2006, ocupando los años 2007 y 2008, el tercer lugar en cuanto porcentaje de

distribución presupuestaria con un 2,2%.

En el siguiente puesto, se encuentra el Viceministerio de Defensa Social, cuyo trabajo esta

estrictamente relacionado con la política antinarcóticos. Este presupuesto es destinado,

entre otros, al funcionamiento de las direcciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el


Narcotráfico (FELCN), Sustancia Controladas, y Control y Fiscalización de la Hoja de Coca.

Este ítem representaba el 5,3% del presupuesto el año1999, reduciendo su participación el

año 2008 al 2,5%.

Por su parte, el Viceministerio de Régimen Interior incluye en sus partidas el Régimen

Penitenciario, el Servicio Nacional de Migración y el Centro Especial de Seguridad del

Estado, entre los más importantes. Como se puede observar este Viceministerio tuvo una

participación en promedio, entre 1999 y 2008, de 2,6% del presupuesto del Ministerio de

Gobierno, con un incremento de 6,8 a 52,9 millones de bolivianos en el periodo estudiado.

Tabla 9

BOLIVIA: Presupuesto Ministerio de Gobierno según programas, 1998-2008 En porcentajes

Ítem 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Administración de la

Seguridad 30,86 30,10 23,19 20,94 18,50 13,57 8,37 5,56 2,22 2,17

Orden y Seguridad

(Policía) 61,62 61,86 70,27 73,67 76,28 82,18 83,11 83,12 87,49 89,59

Proyectos de Inversión 0,00 0,63 0,56 0,45 0,56 0,43 0,88 0,82 0,67 0,69

Viceministerio de

Defensa Social (a) 5,31 5,72 4,61 3,80 3,54 2,69 3,00 3,01 2,21 2,51

Viceministerio de

Régimen Interior (b) 1,25 1,69 1,37 1,14 1,11 1,14 4,65 4,96 6,07 4,18

Viceministerio de

Seguridad Ciudadana

0,09 0,34

Otros programas 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 1,25 0,52

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Este ítem incorpora las políticas de control al narcotráfico

(b) antes del año 2003 este ítem se denominaba Servicio Nacional de Migración



Gráfico 32 BOLIVIA: Presupuesto Ministerio de Gobierno según

programas, 1998-2008. En porcentajes


Finalmente se encuentran los proyectos de inversión, que en todo el periodo representan

porcentajes muy bajos que no superan el 1%, al igual que el presupuesto destinado al

Viceministerio de Seguridad Ciudadana, cuya creación data del año 2006. Este

Viceministerio tuvo un presupuesto de 1,07 millones de bolivianos el año 2007 y de 4,3

millones de bolivianos el año 2008, mostrando un incremento aproximado de 300%, lo que

en porcentaje significó el 0,34% del presupuesto del Ministerio de Gobierno de ese año.

Otro análisis que se puede realizar al respecto, es la ejecución presupuestaria de este

Ministerio en cuanto grupo de gasto28. Como nos muestra el Gráfico 33, el Ministerio de

Gobierno mantiene elevados porcentajes de su ejecución presupuestaria destinados a los

servicios personales, con un promedio de 60% entre 1998 y 2008. Por su parte, el grupo de

servicios no personales ocupa el segundo lugar en cuanto porcentaje, con una tendencia

decreciente que va del 27% (1998) al 6% (2008) y el grupo de materiales y suministros que

28 Ver anexo A


comprende la adquisición de artículos, materiales y bienes que se consumen, muestra

porcentajes que oscilan entre el 14% y el 17%. Los otros grupos de gasto, es decir activos

reales, activos financieros, servicio a la deuda, transferencias, etc., mantienen porcentajes

mínimos que no sobrepasan el 5%.

Gráfico 33

BOLIVIA: Ejecución presupuestaria del Ministerio de Gobierno por grupo de gasto, 1998-2008. En porcentajes



Finalmente, una de las instituciones que más relacionada con la seguridad pública se

encuentra es la Policía, por su rol constitucional y por ejercer simultáneamente, a través de

sus varios roles, las tareas de prevención, control, represión y rehabilitación. El Gráfico 34

nos muestra la tendencia del presupuesto ejecutado por la Policía entre 1998 y 2008, donde

se observa un crecimiento de 275% en los once años de referencia, el mismo que va desde

336 (1998) a 1.262 (2008) millones de bolivianos.

Gráfico 34 BOLIVIA: Presupuesto Ejecutado de la Policía, 1998-2008

En millones de bolivianos

*Gasto en Orden y Seguridad Pública (Policía Nacional) del Ministerio de Gobierno Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. Elaboración propia

En este punto, es necesario mencionar que la Policía en Bolivia tiene dos fuentes de

financiamiento, uno que proviene del Tesoro General de la Nación, el que está consignado

en el gráfico, y otro que proviene de recursos propios. Dichos recursos proceden de

servicios que presta la institución a la ciudadanía, a través de órganos específicos de

recaudación, como son Migración, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (ex Policía

Técnica Judicial), Identificaciones, Conciliación Ciudadana, y la Unidad Operativa de

Tránsito.

De manera general, en el tema del gasto en seguridad pública en Bolivia, entre 1998 y

2008, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 1) El gasto en Orden Público y


Seguridad subió en este periodo en 114%; 2) Respecto al gasto total de la Administración

Central y al PIB, el Gasto en Orden Público y Seguridad tuvo una tendencia decreciente con

los años, llegando el año 2008 a representar el 4.4% y el 2.2%, respectivamente; 3) En este

mismo periodo, el gasto social del gobierno, representó entre cinco y siete veces más que

el gasto en Orden Público y Seguridad, 4) El presupuesto del Ministerio de Gobierno creció

en 159% en los once años de estudio, representando aproximadamente el 3% del PGN; 5)

El ítem de Orden y Seguridad (Policía) del presupuesto del Ministerio de Gobierno,

representó entre el 62% (1998) y el 90% (2008) del total presupuestario; 6) En cuanto

presupuesto ejecutado del Ministerio del Gobierno, aproximadamente el 60% se destina a

servicios personales; y 7) El presupuesto de la Policía Nacional, creció en 275% entre 1998

y 2008, incremento mucho más alto que el obtenido por el Ministerio de Gobierno y el Gasto

en Orden Público y Seguridad en el mismo periodo, reflejando nuevamente el

protagonismo de la institución policial en el sector.


SEXTA PARTE GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA

Y SEGURIDAD CIUDADANA


CAPÍTULO VII 7. CRUCE DE VARIABLES

Con el objetivo de analizar los datos presentados anteriormente, en relación a gasto en

seguridad pública e (in)seguridad ciudadana en Bolivia, a continuación se realiza, a través

de gráficos, un cruce de estas variables en el periodo 1998-2008.

A través de este cruce de variables, se pueden observar ciertas tendencias en relación a los

datos de inseguridad ciudadana y al desarrollo del gasto en seguridad en Bolivia, entre los

años 1998 y 2008. El Gráfico 35 realiza el cruce de los datos del gasto en orden público y

seguridad versus la tasa de delitos denunciado por cada 100.000 habitantes. Se puede ver

que el gasto en orden público y seguridad marca una tendencia creciente en estos años (a

excepción del año 2006), llegando a cerca de 1.800 millones de bolivianos en el año 2008;

mientras que la tasa de delitos, muestra una tendencia decreciente entre los años 1998 y

2005, que tiende a crecer en los tres años posteriores, llegando a una tasa de

aproximadamente de 400 delitos por cada 100.000 habitantes en el año 2008.

Gráfico 35

BOLIVIA: Gasto en Orden Público y Seguridad (en millones de bolivianos) versus tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, 1998-2008

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contaduría e INE. Elaboración propia


De acuerdo a esta comparación gráfica, entre los años 1998 y 2005 se observa una

relación inversa entre por un lado, el gasto en Orden Público y Seguridad; y por otro la tasa

de delitos por cada 100.000 habitantes, a medida que uno se incrementa, el otro disminuye.

Situación que no sucede entre los años 2005 y 2008, donde la relación de ambas variables

es directa, ambas presentan una tendencia creciente. De lo que se concluye que no existe

en todo el periodo de estudio, un patron de relación único y constante.

En el Gráfico 36 se realiza el cruce de dos variables, por un lado el presupuesto ejecutado

del Ministerio de Gobierno y por otro, la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes en los

años 1998-2008. Se observa que el presupuesto del Ministerio de Gobierno mantiene una

tendencia creciente entre 1998 y 2003, para luego mantener un tendencia constante entre

2004 y 2008. Por su parte, la tasa de delitos caracteriza todo el periodo con dos tendencias,

la primera decreciente (1998-2005), y la segunda levemente creciente hasta el 2008.

Gráfico 36 BOLIVIA: Presupuesto ejecutado del Ministerio de Gobierno (millones de bolivianos

base 90) versus tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, 1998-2008



Se observa que en el periodo 1998-2003 ambas variables tuvieron una relación inversa: a

medida que el presupuesto del Ministerio de Gobierno subía, la tasa de delitos por cada

100.000 habitantes bajaba. Sin embargo, entre los años 2003 y 2008, no se observa la

misma relación, ya que mientras la primera variable (presupuesto Ministerio de Gobierno)

se mantiene constante, la segunda (tasa de delitos) se incrementa.

Por otra parte, analizado el presupuesto ejecutado de la Policia Nacional versus la tasa de

delitos, se observa que el presupuesto de la institucion, en terminos reales, tuvo un

crecimiento sostenido entre los años 1998 y 2008, mientras que la tasa de delitos mantiene

la tendencia ya descrita; con la salvedad, que en este cruce de variables se muestra que el

nivel más bajo de delitos por cada 100.000 habitantes se dio en el año 2005, con 341

delitos, congruente con uno de los niveles más altos de presupuesto policial, que llego

aproximadamente a 300 millones de bolivianos.

Gráfico 37

BOLIVIA: Presupuesto ejecutado de la Policía Nacional (millones de bolivianos base 90) versus tasa de delitos

por cada 100.000 habitantes, 1998-2008


Ambas variables en este caso presentan una relación inversa entre 1998 y 2005, mientras

la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes se reduce, el presupuesto policial se


incrementa. Es apartir del año 2006 hasta el año 2008 donde se observa una relación

directa, manteniendo ambas una tendencia creciente.

Otro de los cruces de variables posibles, y congruente con la relación inseguridad

ciudadana-pobreza, es ver el crecimiento del PIB versus la tasa de delitos por cada 100.000

habitantes. El Gráfico 38 muestra que el PIB en el periodo de estudio mantuvo una

tendencia constante entre 1998 y 2003, para luego tener una tendencia levemente creciente

entre 2004 y 2008. En el caso de la tasa de delitos, esta mantiene una tendencia

decreciente entre 1998 y 2005 y una levemente creciente entre 2006 y 2008, mostrando la

no relación entre estas variables.

Gráfico 38

BOLIVIA: PIB percápite (en millones de bolivianos base 90) versus tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, 1998-2008


También se relacionó el PIB percápite con la tasa de homicidios por cada 100.000

habitantes. El primero, como un indicador ideal para medir el bienestar económico de la

población y el segundo como un indicador a nivel internacional elegido para medir la

inseguridad ciudadana. Se observa que ambas variables mantiene tendencias no

relacionadas entre sí, mientras el PIB percapite presenta una tendencia levemente


creciente en este periodo, la tasa de homicidios muestra una tendencia sumamente

variable.

Gráfico 39 BOLIVIA: PIB percápite (en millones de bolivianos constantes 90) versus tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, 1998-2008

año20082007200620052004200320022001200019991998

Med

ia p

ibpc

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Media hom

ic

50

40

30

20

10

0


De acuerdo a lo presentado en los gráficos anteriores, se observa que el gasto en Orden

Público y Seguridad y el presupuesto del Ministerio de Gobierno mantienen algún tipo de

relación con la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, en cuanto a determinados

periodos de tiempo; mientras que el PIB percápite y la tasa de homicidios por cada 100.000

habitantes, no mantienen relación alguna en todo el periodo estudiado.


CAPITULO VIII 8. MODELO ECONOMÉTRICO

Con el objetivo de realizar la determinación empírica de lo propuesto en los objetivos y la

hipótesis de la presente investigación y definir el análisis cuantitativo de los fenómenos

económicos y sociales expuestos, a continuación se formula el modelo econométrico

respectivo

8.1 Datos Los datos utilizados en el modelo econométrico, corresponden a series de tiempo29 anuales

y fueron elegidos de acuerdo al marco teórico existente relativo al gasto público y la

seguridad ciudadana. Esto son: a) El número de delitos denunciados por año; b) el

porcentaje de desempleo; c) el gasto social del gobierno en millones de bolivianos

constantes (1990); d) el PIB en millones de bolivianos constantes (1990); e) el porcentaje

de pobreza; f) la existencia o no de políticas o planes de seguridad ciudadana; y g) el

presupuesto ejecutado por el Ministerio de Gobierno en millones de bolivianos constantes

(1990). Todos los datos se encuentran en el periodo comprendido entre 1998 y 2008; y

tienen como fuente de información al Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Unidad de

Análisis de Políticas Económicas (UDAPE),

Datos utilizados en el modelo econométrico

29 Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores que toma una variable en diferentes momentos del tiempo.

AÑO DELITOS

DES Desempleo (Porcentaje)

GASOC Gasto Social (millones de Bs. Base 90)

PIB (millones

de Bs. Base 90)

POB Pobreza

(Porcentaje)

POLSC Política de Seguridad Ciudadana

PRES Presupuesto Ministerio de

Gobierno (millones de Bs. Base 90)

1998 75.439 6.1 2,252 21.716 63.6 1 268

1999 55.854 7.2 2,351 21.809 63.5 1 279

2000 47.311 7.5 2,840 22.379 66.4 1 326

2001 47.783 8.5 2,802 22.733 63.1 1 338

2002 36.577 8.7 1,944 23.297 63.3 1 339


8.2 Especificación del modelo

Se utilizó un Modelo de Regresión Uniecuacional, donde una variable endógena

(dependiente) es expresada como función lineal de una o más variables llamadas exógenas

(independientes).

La forma matemática del modelo planteado en primera instancia fue:

Del= 0 -/+ 1 des -/+ 2 gasoc -/+ 3 pib -/+ 4 pob -/+ 5 polsc -/+ 6 pres + Et

La variable dependiente-endógena es expresada por el número de delitos (Del)

Las variables independientes-exógenas son expresadas por: el porcentaje de

desempleo (des), el gasto social del gobierno (gasoc), el producto interno bruto (pib), el

porcentaje de pobreza (pob), la existencia o no de política de seguridad ciudadana

(polsc) y el presupuesto del Ministerio de Gobierno (Pres).

Los signos de las variables exógenas pueden ser positivos o negativos, de acuerdo a

los resultados de la regresión

Los residuos que estiman las perturbaciones (Et) deben tener media cero, varianza

constante, y no estar autocorrelacionados. Un término de error con tales propiedades es

conocido también como ruido blanco.

2003 36.162 9.2 3,176 23.929 63.1 1 348

2004 36.015 6.2 3,213 24.928 63.1 0 331

2005 32.150 8.1 3,232 26.030 60.6 0 359

2006 35.463 8.0 3,515 27.279 59.9 0 321

2007 39.817 7.7 2,900 28.524 60.1 0 335

2008 45.768 7.3 2,182 30.278 59.3 1 347


8.3 Estimación del modelo La regresión se realizó por medio de un modelo de regresión lineal multiple, a través del

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Para estimar la función de regresión

lineal multiple y efectuar las respectivas pruebas del modelo, se uso el programa EViews

6.1.

Luego de realizar la simplificación parsimoniosa a través de la marginalización, la

simplificación y la sustitución de las variables, se decidió excluir a las siguientes

variables por no ser estadísticamente significativas, a pesar de todos los periodos de

rezago utilizados: desempleo (des), gasto social del gobierno (gasoc), producto

interno bruto (pib) y pobreza (pob),

Por lo tanto, la forma matemática del modelo quedo de la siguiente manera:

Del= 0 - 1 pres + 2 polsc + Et

La Tabla de Correlación mostró los siguientes resultados:

LDELITOS LPRES POLSC LDELITOS 1.000000 -0.832606 0.589608

LPRES -0.832606 1.000000 -0.291440 POLSC 0.589608 -0.291440 1.000000

Se observa que las variables LPRES y LDELITOS mantienen en la tabla de correlación una

relación inversa y altamente significativa de -0,8, mientras que las variables POLSC y

LDELITOS mantienen una relación directa de 0,58.


Por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios obtenemos la siguiente regresión:

Dependent Variable: LDELITOS Method: Least Squares Date: 07/12/11 Time: 17:03 Sample: 1998 2008 Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 49.10235 8.274045 5.934504 0.0003

LPRES -1.966919 0.421411 -4.667461 0.0016 POLSC 0.187685 0.076582 2.450757 0.0399

R-squared 0.824782 Mean dependent var 10.67027

Adjusted R-squared 0.780977 S.D. dependent var 0.249742 S.E. of regression 0.116879 Akaike info criterion -1.228353 Sum squared resid 0.109286 Schwarz criterion -1.119836 Log likelihood 9.755941 F-statistic 18.82870 Durbin-Watson stat 1.952976 Prob(F-statistic) 0.000943

El análisis de esta aplicación, de acuerdo a la teoría econométrica, nos permite observar los

siguientes resultados:

R2= 0.82

Coeficiente de determinación R2: es un

indicador de la bondad del ajuste del modelo.

Indica la proporción en la cual las variables

explicativas contribuyen a explicar la variable

dependiente. En nuestro caso quiere decir que el

82% de la variación del número de delitos se

explica por el presupuesto en seguridad.

R2 ajustado=0,78

R2 Ajustado: Permite comparar la capacidad

explicativa del modelo para una misma variable

dependiente con diferente número de variables

explicativas. Prueba T-statistic > l2l Prueba T-statistic: Si en términos absolutos es

mayor a 2, es un estimador estadísticamente


significativo

Durbin-Watson Stat =1.95

Durbin-Watson Stat: Indicador de

Autocorrelación Serial de primer orden en los

residuos. Supone que el término de perturbación

relacionado con una observación cualquiera no

está influido por el término de perturbación

relacionado con cualquier otra observación. Toma

valores entre 0 y 4.

Alrededor de 2, no hay correlación serial

Cercano a 0 hay autocorrelación positiva

Cercano a 4 hay autocorrelación negativa Para una buena especificación Durbin Watson

debe tender a 2 Akaike info Criterion= -1.22 Schwarz criterion= -1.11

Akaike info Criterion: Permiten analizar la

capacidad predictiva de un modelo. A menor

valor de estos indicadores el modelo es mejor. F-statistic = 18.82 F-statistic: Permite contrastar la capacidad

explicativa conjunta de las variables introducidas

en el modelo. Debe ser elevado

Prob (F-statistic)=0.0009

Prob (F-statistic): Es la probabilidad de cometer

el error de tipo I. Debe ser menor al 5% (P

− valor

< 0.05)

Una vez hecha la regresión a través de MCO, se tiene la siguiente estructura estimada.

LDELITOS = 49.1023544 - 1.96LPRES + 0.18POLSC


Esto significa que existe una relación inversa entre delitos y presupuesto, el aumento del

presupuesto en 1% significa la reducción de los delitos en 1,96%. Es decir, a medida que el

presupuesto se incrementa, el número de delitos se reduce en promedio en 1,9 veces el

valor del incremento realizado. Por su parte, también se observa una relación directa entre

delitos y políticas de seguridad ciudadana, la existencia de una política de seguridad

ciudadana representa el incremento de los delitos en una relación de 0,18. Esto significa

que la existencia de una política de seguridad ciudadana en el país, en este periodo de

estudio, siempre coincidió con el incremento de los delitos en Bolivia.

El valor de 0 es de 49.10, y representa el nivel promedio del número de delitos cuando el

presupuesto en seguridad pública es cero y cuando no existe política de seguridad

ciudadana. Otra forma de interpretación, es aquella en la que el término de intersección, es

el efecto de la media o promedio sobre el número de delitos de todas las variables omitidas

en el modelo de regresión.

8.4 Pruebas de validez y estabilidad del modelo A continuación, se realizan las pruebas de validez del modelo, de acuerdo a la teoría

econométrica.

8.4.1 Prueba de Heterocedasticidad

Uno de los supuestos importantes del modelo de regresión lineal es que la varianza de

cada término de perturbación, condicional a los valores seleccionados de las variables

explicativas, es un número constante, lo que es lo mismo que la homocedasticidad (igual

varianza). La presencia de Heterocedasticidad muestra un mala simplificación parimoniosa,

normalmente es un problema de información. En nuestro modelo la prueba de

Heterocedasticidad de White muestra los siguientes resultados:


Prueba de Heterocedasticidad de White

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.464897 Probability 0.287020

Obs*R-squared 2.948613 Probability 0.228937

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/13/11 Time: 10:55 Sample: 1998 2008 Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.003050 0.465768 -0.006548 0.9949

LPRES 0.000433 0.023722 0.018235 0.9859 POLSC 0.007081 0.004311 1.642581 0.1391

R-squared 0.268056 Mean dependent var 0.009935


De acuerdo a la Econometría, si el valor de la probabilidad asociado al estadístico reportado

en la prueba es menor al 5%, rechazamos Ho (homocedasticidad) y concluimos que el

modelo tiene problemas de heterocedasticidad. En nuestro caso las probabilidades son

superiores al 5%. Por lo tanto, aceptamos la Ho y concluimos que no hay

heterocedasticidad.

8.4.2 Prueba de Linealidad Esta prueba nos indica la especificación del modelo. Se analiza con el contraste RESET

elaborado por Ramsey en 1969, el cual permite identificar si se está usando una forma


lineal incorrecta y cualquier error de omisión o la presencia de correlaciones entre las

variables explicativas y la perturbación. Aplicada a nuestro la prueba de Ramsey, tenemos:

Prueba de Linealidad Ramsey RESET

Ramsey RESET Test: F-statistic 0.523979 Probability 0.492625

Log likelihood ratio 0.794034 Probability 0.372883

Test Equation: Dependent Variable: LDELITOS Method: Least Squares Date: 07/13/11 Time: 10:57 Sample: 1998 2008 Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -571.0442 856.7597 -0.666516 0.5264

LPRES 25.94888 38.56743 0.672818 0.5226 POLSC -2.422240 3.606412 -0.671648 0.5233

FITTED^2 0.655471 0.905517 0.723864 0.4926 R-squared 0.836984 Mean dependent var 10.67027


Se comprueba que las probabilidades obtenidas son mayores a 5%. Por lo tanto, se acepta

la Ho de que existe linealidad en el proceso, mostrando una buena especificación del

modelo de regresión.

8.4.3 Prueba de Estabilidad

Cuando se utiliza un modelo de regresión que involucra series de tiempo, posiblemente se

de un cambio estructural en la relación de la variable dependiente e independiente. Por


cambio estructural se quiere decir que los valores de los parámetros del modelo no

permaneces constantes a lo largo del periodo de estudio. En nuestro caso se identifico el

año 2003 -como una gestión de inestabilidad política y social en Bolivia-, para realizar esta

prueba y determinar si los parámetros del proceso, son estables en todo el periodo

muestral. En nuestro modelo, aplicando la prueba de CUSUM al cuadrado tenemos:

Prueba de Estabilidad de CUSUM

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2005 2006 2007 2008

CUSUM of Squares 5% Significance

Esta prueba muestra la estabilidad del modelo basada principalmente en los residuos

recursivos. En nuestro caso, se observa que existe estabilidad, ya que el estadístico se

mantiene dentro de las bandas de confianza, tal como lo muestra el gráfico

8.4.4 Prueba de Normalidad de los residuos Se basa en el supuesto de que cualquier función lineal de variables normalmente

distribuidas estará también normalmente distribuida. La prueba de normalidad es aplicada a

través del estadístico Jarque-Bera, usado para ver el contraste de normalidad. Nuestro

modelo presenta los siguientes resultados en la aplicación de esta prueba:


Prueba de normalidad de residuos Jarque-Bera

0

1

2

3

4

5

-0.2 -0.1 -0.0 0.1

Series: ResidualsSample 1998 2008Observations 11

Mean -3.84e-15Median 0.022242Maximum 0.119409Minimum -0.151939Std. Dev. 0.104540Skewness -0.161326Kurtosis 1.435767

Jarque-Bera 1.169175Probability 0.557336

Dado que la Ho acepta la existencia de normalidad, los resultados de la prueba nos

muestran un Jarque Bera de1.16 menos a 5,99, encontrándose en la zona de aceptación,

con una probabilidad mayor al 5% de aceptar la Ho. Por lo tanto, existe normalidad en la

perturbación aleatoria.

8.4.5 Mecanismos de corrección de errores

Este mecanismo fue propuesto originalmente por Engle-Granger en 1987, tiene por

finalidad ligar el comportamiento a corto plazo de las variables Delitos y Presupuesto con el

comportamiento a largo plazo de las mismas. Aplicando este mecanismo tenemos:

Mecanismo de corrección de errores

Dependent Variable: DLDELITOS Method: Least Squares Date: 07/13/11 Time: 11:34 Sample (adjusted): 2001 2008 Included observations: 8 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.002469 0.054353 0.045428 0.9659

DLPRES -0.993393 1.076617 -0.922699 0.4084 DPOLSC 0.109231 0.115682 0.944234 0.3985


RES_1 -0.574258 0.786338 -0.730294 0.5057 R-squared 0.270466 Mean dependent var -0.004145

Adjusted R-squared -0.276685 S.D. dependent var 0.134616 S.E. of regression 0.152103 Akaike info criterion -0.621664 Sum squared resid 0.092541 Schwarz criterion -0.581943 Log likelihood 6.486655 F-statistic 0.494316 Durbin-Watson stat 2.437727 Prob(F-statistic) 0.705417

La función estimada es:

DLDELITOS = 0.0028 - 0.99DLPRES + 0.10 DPOLSC - 0.57 U t-1 El término negativo es el mecanismo de corrección de errores. El signo negativo actúa para

reducir el desequilibrio en el próximo periodo anual. En nuestro caso, vemos que la

desviación de los delitos respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo se corrige

anualmente en un elevado porcentaje de 57%, aproximadamente.


CAPÍTULO IX 9. CONCLUSIONES El crecimiento de la inseguridad ciudadana en Bolivia es un problema que afecta

directamente, tanto a instituciones estatales como a la sociedad en su conjunto. La

responsabilidad del gobierno por garantizar el bienestar de los ciudadanos, relacionado con

la certidumbre de no ser víctima de un hecho delictivo y/o violento; en la actualidad, se

entrecruza con la obligación de los ciudadanos de cooperar activamente para el logro de

estos objetivos. Sin embargo, el manejo de un concepto de seguridad ciudadana todavía

ambiguo, se refleja en la falta de marcos institucionales concretos y políticas eficientes. Lo

que se ve reforzado, por una ley se seguridad ciudadana que ha resultado ser poco

operativa, y que por lo mismo, en la actualidad está siendo reformulada por el Asamblea

Legislativa.

En este marco de análisis, el objetivo de la tesis fue: determinar la relación existente entre

el gasto en seguridad pública y la inseguridad ciudadana en Bolivia, en el periodo 1998-

2008. Para lo cual se planteo la siguiente hipótesis: La falta de coordinación

interinstitucional en materia de seguridad ciudadana en Bolivia, provocó que no exista

relación entre el gasto en seguridad pública y la inseguridad ciudadana en el país, durante

el periodo 1998-2008.

Una vez realizado el proceso de investigación, se obtuvieron los siguientes resultados,

clasificados en tres niveles de análisis: el normativo-institucional, el económico-social y el

econométrico:

Normativo-institucional En este ámbito, se pudo constatar a través de la revisión de fuentes primarias y

secundarias de información, la ausencia de un marco normativo que haya sido capaz de

articular los esfuerzos institucionales en la materia. La promulgación de la primera Ley de

Seguridad Ciudadana en Bolivia (2003), la creación de una Dirección de Seguridad


Ciudadana (2000) y posteriormente de un Viceministerio de Seguridad Ciudadana (2006)

dependientes del Ministerio de Gobierno, y la implementación de ocho planes de seguridad

ciudadana desarrollados entre 1998 y 2008, muestran los siguientes resultados:

- La Ley de Seguridad Ciudadana, no logró su objetivo principal de crear un Sistema

Nacional de Seguridad Ciudadana, que articule y coordine de manera eficaz y

eficiente las políticas, planes, proyectos y programas en la materia.

- Tanto la Dirección de Seguridad Ciudadana como el Viceministerio de Seguridad

Ciudadana, carecieron de capacidades institucionales para proyectar una política de

seguridad ciudadana de largo plazo, que articule la coordinación con otras

instituciones y que muestre resultados efectivos y sostenibles en el tiempo.

- En los ocho planes de seguridad ciudadana implementados en el periodo de estudio,

si bien se observa una evolución en cuanto al carácter participativo y preventivo de la

seguridad ciudadana; en todos ellos permanece inalterable el protagonismo de la

institución policial dependiente del Ministerio de Gobierno, lo que refleja una visión

altamente represiva y de control. Así mismo, se observa en su desarrollo, la ausencia

de mecanismos de evaluación, medición de resultados, definición presupuestaria y

efectiva articulación con instituciones a nivel central (Ministerio de Justicia, Poder

Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Hacienda), a nivel regional (Prefecturas) y a

nivel local (Municipios).

- En el ámbito político, sólo a partir de la última gestión de gobierno (2006), la

seguridad ciudadana es tomada como componente principal del Plan Nacional de

Desarrollo en Bolivia.

Económico-social La investigación abordó la inseguridad ciudadana desde dos perspectivas: una económica

que reconoce a la seguridad como una bien público; y la otra social, que la analiza como un

hecho o fenómeno social. Ambas perspectivas fueron relacionadas a través de dos tipos de

variables. La variable económica se refirió a los gastos en seguridad pública del gobierno


central; y la variable social analizó los datos de inseguridad ciudadana en Bolivia, por medio

de información objetiva (número de delitos) y subjetiva (encuestas de percepción). Los

resultados obtenidos fueron:

- El gasto en seguridad pública en Bolivia se incrementó entre 1998 y 2008. El gasto

en Orden Público y Seguridad del gobierno central, subió en este periodo en 114%,

en el caso del Ministerio de Gobierno en 159% y en el caso de la Policía Nacional en

275%. De manera general, el gasto social del gobierno representó entre cinco y siete

veces más, que el gasto en Orden Público y Seguridad.

- La inseguridad ciudadana en Bolivia mantuvo datos diferentes en cuanto inseguridad

objetiva y subjetiva. Si bien la primera presenta en este periodo niveles constantes,

con una incidencia de 20%. Es decir, en promedio cada año, dos de cada diez

ciudadanos es víctima de un delito. Por su parte, la inseguridad subjetiva mantiene

porcentajes más elevados y crecientes con los años, en promedio en este periodo,

cinco de cada diez ciudadanos siente temor de ser víctima de un delito o percibe

inseguridad en su entorno, es decir el 50% de la población.

- El cruce de las variables de carácter económico con las de carácter social, muestra

relaciones que se pueden dividir en dos etapas temporales, correspondientes al

periodo estudio. La primera etapa va desde 1998 a 2005, periodo en el que se

observa una relación inversa entre, por un lado el Gasto en Orden Público y

Seguridad del gobierno central, el gasto del Ministerio de Gobierno y el gasto de la

Policía Nacional; y por otro, el número de delitos cometidos en este periodo. A

medida que estos tres gastos se incrementan, el número de delitos se reduce. La

segunda etapa que va del año 2005 al año 2008, muestra una tendencia diferente,

en la que tanto el número de delitos como los gastos en Orden Público y Seguridad y

de la Policía Nacional se incrementan, mientras que el gasto del Ministerio de

Gobierno se mantiene constante.

- Los datos reflejan que no existe ninguna relación entre el crecimiento económico,

reflejados en el PIB y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Mientras el

primero, en términos reales, mantiene una tendencia constante entre 1998 y 2003,


para luego tener una tendencia levemente creciente entre 2004 y 2008, el segundo

muestra un desarrollo sumamente variable.

Econométrico

El modelo econométrico utilizado fue el de regresión lineal múltiple, a través del método de

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Luego de realizar la simplificación parsimoniosa a

través de la marginalización, la simplificación y la sustitución de las variables, los resultados

obtenidos fueron los siguientes:

- Existe una relación inversa entre delitos (número de delitos denunciados) y

presupuesto (Gasto del Ministerio de Gobierno), el aumento del presupuesto en 1%

significa la reducción de los delitos en 1,96%. Es decir, a medida que el

presupuesto se incrementa, el número de delitos se reduce en promedio en 1,9

veces el valor del incremento realizado.

- También se constató una relación directa entre delitos y políticas de seguridad

ciudadana. La existencia de una política de seguridad ciudadana supone el

incremento de los delitos en una relación de 0,18. Lo que demuestra que un

aumento del número de delitos en el periodo de estudio, estuvo siempre

acompañado de la implementación de una política de seguridad ciudadana.

- El valor de 0 (49.10) significa el nivel promedio del número de delitos cometidos,

cuando el presupuesto en seguridad pública es cero. Otra forma de interpretación,


es aquella en la que este término representa el efecto de la media o promedio sobre

el número de delitos, de todas las variables omitidas en el modelo de regresión.

- El Coeficiente de determinación (R2) es de 0,82, que indica que el 82% de la

variación del número de delitos es explicado por el presupuesto en seguridad

pública. Lo que muestra que existe un porcentaje de 18% que es explicado por

otras variables, que pueden ser de carácter social o económico y que por factores

como vaguedad teórica y/o falta de información no han sido incluidas.

En base a los resultados obtenidos, concluimos que la hipótesis planteada muestra

resultados verdaderos en cuanto al ámbito normativo e institucional, ya que no existen

mecanismos específicos que relacionen el marco normativo y los planes implementados

con políticas claras en cuanto al presupuesto en seguridad ciudadana, su distribución,

control y eficacia.

En cuanto al ámbito económico y social, vemos que la relación entre presupuesto en

seguridad pública y seguridad ciudadana es variable. Mientras en un periodo de tiempo

determinado esta relación es inversa, -a medida que aumenta el gasto en seguridad

pública, la inseguridad ciudadana se reduce-; en otros periodos, ambas variables mantienen

una relación directa, -a medida que aumenta el gasto en seguridad pública, también

aumenta la inseguridad ciudadana-, no mostrando un comportamiento uniforme a lo largo

de todo el periodo de estudio.

Finalmente, en el ámbito econométrico el modelo planteado muestra la existencia de una

relación inversa, entre por un lado el presupuesto en seguridad pública; y por otro, la

inseguridad ciudadana. Esta relación indica que a medida que se incrementa el

presupuesto en seguridad pública, el número de delitos se reduce.

Dado estos resultados, se concluye que si bien se establece la falta de construcción

institucional en materia de seguridad ciudadana en Bolivia; también se evidencia la


existencia de una fuerte relación entre el presupuesto en seguridad pública y los índices de

seguridad ciudadana en el periodo 1998-2008.

ANEXOS


ANEXO A

ANEXO B

BOLIVIA: GASTO EN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD, GASTO SOCIAL Y GASTOS

TOTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1998-2008 En millones de bolivianos

Año

Orden Público y Seguridad

Gasto social Total Gastos

% del presupuesto de Orden Público y Seguridad respecto al Gasto Total

% del Gasto Soc. respecto al Gasto Total

1998 831,44 4855,87 14365,18 5,78788431 33,8030571 1999 927,81 5192,17 15326,69 6,05355755 33,8766557 2000 1108,67 6595,73 16710,76 6,63446785 39,4699583 2001 1185,42 6630,02 19248,74 6,15842907 34,4439168 2002 1244,37 4729,95 22746,04 5,47071051 20,7946086 2003 1367,36 8215,8 26234,19 5,21212967 31,3171476 2004 1418,73 8975,31 30268,55 4,68714226 29,6522628 2005 1486,59 9562,62 33907,39 4,38426549 28,2021707 2006 963,47 11821,18 31743,59 3,03516395 37,2395813 2007 1554,79 10473,88 32431,19 4,79411949 32,2957005 2008 1783,5 8699,4 40174,62 4,43936993 21,6539696 Gasto social: Vivienda y Servicios Comunitarios, Salud, Educación, Protección Social Fuente: INE


ANEXO C

BOLIVIA: PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO SEGÚN PROGRAMAS, 1998-2008 En millones de bolivianos

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Administración de la Seguridad 166,16 178,9 170,45 176,85 170,38 126,19 84,4 60,11 26,07 27,49 Orden y Seguridad (Policía) 331,79 367,6 516,51 622,26 702,66 764,46 838,18 899,32 1027,2 1135,34

proyectos de Inversión

3,75 4,128 3,76 5,2 4 8,83 8,82 7,86 8,8 Viceministerio de Defensa Social (a) 28,62 33,99 33,89 32,12 32,65 24,98 30,22 32,56 25,98 31,76 Servicio Nacional de Migración (b) 6,75 10,05 10,091 9,63 10,24 10,57 46,86 53,71 71,23 52,97 Viceministerio de Seguridad Ciudadana

1,07 4,31

Otros programas 5,16

27,39 14,69 6,59

Total 538,48 594,3

8 735,069 844,62 921,13 930,2 1008,5 1081,9 1174,1 1267,26

(a) Este ítem incorpora las políticas de control al narcotráfico (b) a partir del año 2003ste íten es incluido en el Viceministerio de Régimen Interior y Policía Fuente: Ministerio de Hacienda


ANEXO D

BOLIVIA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y LA POLICÍA

NACIONAL En millones de bolivianos corrientes

AÑO

Min. Gobierno Policía Nacional 1998

577,79 336,3

1999

615,84 357,86 2000

757,52 495,35

2001

799,17 563,37 2002

823,81 595,12

2003

899,52 680,27 2004

925,84 745,1

2005

1062,51 897,34 2006

1078,42 974,79

2007

1211,06 1061,1 2008

1382,49 1262,46

Fuente: SIGMA


ANEXO E

BOLIVIA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGÚN PARTIDAS

En millones de bolivianos corrientes Partidas de gasto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Servicios Personales 279,19 321,75 425,52 483,79 513,84 551,36 597,83 695,57 764,01 838,90 848,55 Servicios no Personales 157,16 177,72 191,64 184,70 183,66 170,93 114,18 108,31 57,28 47,90 78,05 Materiales y Suministros 80,05 84,93 108,52 99,67 96,26 148,79 162,82 180,71 191,53 200,95 211,60 Activos Reales 35,88 15,19 14,06 8,04 10,53 7,64 9,13 15,98 18,15 34,32 42,53 Activos Financieros 0,14 0,06 0,08 2,48 1,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 3,52 Servicio de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias 25,37 16,20 15,46 19,08 14,54 16,61 16,56 38,97 32,75 31,04 54,34 Impuestos, Regalías y Tasas 0,00 0,00 1,23 0,91 3,31 4,18 25,25 22,94 14,71 16,34 28,38 Otros Gastos 0,00 0,00 1,00 0,50 0,67 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,30 Total 577,79 615,84 757,52 799,17 823,81 899,52 925,84 1.062,51 1.078,42 1.169,47 1.267,27

.Fuente: Ministerio de Hacienda

ANEXO F

BOLIVIA: NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS REGISTRADOS POR DEPARTAMENTO Y AÑO, SEGÚN TIPO DE DELITO COMÚN, 1989 - 2008(P)

DELITOS COMUNES BOLIVIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL 75.439 55.854 47.311 43.783 36.577 36.162 36.015 32.150 35.463 39.817 45.768 CONTRA LA SEG. DEL ESTADO 640 976 931 988 533 279 292 298 317 246 333

Contra la Seguridad exterior del Estado 0 0 0 0 0 6 16 8 7 5 11

Contra la Seguridad Interior del Estado 4 4 8 16 24 6 9 8 16 4 9

Contra la tranquilidad pública 636 971 920 972 509 254 266 282 286 236 313 Contra el Derecho Internacional 0 1 3 0 0 13 1 0 8 1 0

CONTRA LA FUNCION PUBLICA 131 88 270 279 199 337 283 465 392 483 542

Cometida por Funcionario Público o autoridades 16 55 144 124 52 152 134 163 184 153 189

Abuso de autoridad 81 15 19 48 81 52 50 78 83 101 140 Delitos cometidos por particulares 34 18 107 107 66 133 99 224 125 229 213

D. CONTRA FUNCION JUDICIAL 111 93 107 126 114 215 223 251 243 206 313

Contra la actividad judicial 104 83 101 121 112 199 191 202 204 143 258 Contra la autoridad de Desc. Judicial 7 10 6 5 2 16 32 49 39 63 55

D. CONTRA LA FE PUBLICA 1.047 2.357 2.195 2.237 1.791 2.277 2.357 2.263 2.532 2.142 2.631

Falsificación de monedas y billetes de Banco 264 1.275 194 306 468 182 104 100 164 98 199

Falsificación de sellos, papel 37 9 27 37 25 51 59 51 57 33 45


sellado Falsificación de documentos 641 976 1.963 1.893 1.286 2.044 2.194 2.112 2.311 2.011 2.387

Cheques sin provisión de fondos 105 97 11 1 12 0 0 0 0 0

D. CONTRA LA SEG. COMUN 302 208 146 174 199 214 142 173 168 210 244

Incendios y otros estragos 220 153 86 104 100 100 88 100 74 124 151 Contra la seguridad de los medios de transporte 22 15 28 45 59 65 37 46 65 50 68

Contra la salud pública 60 40 32 25 40 49 17 27 29 36 25 D.C. ECONOMIA NAL.IND.Y COM. 430 49 103 103 54 56 64 116 368 191 137

Contra la economía nacional 281 21 58 65 25 31 47 95 343 178 118 Contra la industría y comercio 149 28 45 38 29 25 17 21 25 13 19 DELITOS CONTRA LA FAMILIA 3.668 2.854 2.434 1.893 1.651 1.542 1.189 526 592 1.008 649

Contra el matrimonio y el estado civil 873 191 166 114 161 137 123 152 180 268 187

Contra los derecho de asistencia familiar 2.795 2.663 2.268 1.779 1.490 1.405 1.066 374 412 740 462

D.C.LA VIDA Y LA INTEG.CORP. 7.549 6.511 8.775 8.345 7.967 7.827 9.981 7.728 9.058 8.621 9.513

Homicidio 3.040 2.908 3.078 2.957 2.610 2.565 3.748 876 2.724 1.013 1.216 Aborto 140 70 93 81 102 79 42 49 68 58 96 Contra la integridad corporal y la salud 4.088 3.369 5.275 5.087 4.926 5.036 6.108 6.758 6.106 7.453 7.909

Abandono de niños y personas incapacitadas 281 164 136 96 203 71 13 15 21 13 33

Trata de personas 193 124 126 76 70 30 139 84 259 DELITOS CONTRA EL HONOR 6.378 2.746 821 388 435 399 0 8 3 610 346

Difamación, calumnia, injuria 6.378 2.746 821 388 435 399 0 8 3 610 346 D.CONTRA LA 5.178 3.826 3.475 3.159 2.815 2.962 2.055 2.193 2.608 3.796 4.613


LIBERTAD Contra la libertad individual 3.831 2.844 2.623 2.479 2.109 2.332 1.414 1.584 1.840 2.735 3.422 Contra la inviolabilidad de domicilio 1.307 968 799 645 628 586 587 558 702 1.004 1.105

Contra la inviolabilidad del secreto 5 1 9 6 20 2 13 13 9 6 6

Contra la libertad de trabajo 35 13 44 29 58 42 41 38 57 51 80 D.C. LA LIBERTAD SEXUAL 3.321 3.651 3.344 2.587 2.128 2.088 2.509 1.415 2.153 2.480 2.584

Violación, estupro y abuso deshonesto 1.958 2.373 2.727 2.198 1.739 1.756 2.210 1.076 1.725 1.982 2.168

Rapto 1.151 970 607 383 376 319 297 331 313 350 359 Contra la moral sexual 168 156 10 6 13 13 2 4 34 28 51 Ultraje al pudor público 44 152 0 0 0 0 0 4 81 120 6 D. CONTRA LA PROPIEDAD 46.684 32.495 24.710 23.504 18.691 17.966 16.920 16.714 17.029 19.824 23.863

Hurto 12.984 6.871 5.532 5.562 4.297 3.538 3.981 3.837 3.944 4.566 5.028 Robo 15.835 12.223 9.100 9.666 8.447 8.472 7.365 7.430 7.550 9.079 10.140 Robo agravado (Atracos) 2.162 2.486 2.390 2.579 1.363 1.275 1.272 1.791 3.429 Secuestro 33 28 74 81 81 84 92 174 198 160 154 Extorsión 582 273 401 300 157 258 134 99 143 161 125 Estafas y otras defraudaciones 3.444 5.500 5.939 4.639 2.670 2.674 3.662 3.570 3.458 3.421 4.076 Apropiación indebida 8.401 5.285 885 221 177 18 15 15 65 43 143 Abigeato 353 359 159 125 133 159 115 191 114 184 339 Usurpación 1.982 908 164 133 82 5 12 6 87 91 6 Daños 3.049 998 206 144 131 92 103 28 79 266 310 Usura 9 8 37 84 83 40 12 11 14 8 14 Contra el derecho del autor 12 41 47 59 33 42 41 33 26 54 99 Manipulación Informática 0 0 4 4 10 5 25 45 79 0 0 Fuente: POLICÍA NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

ANEXO G PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA

Una prueba alternativa sobre estacionariedad que se ha empleado con frecuencia en se

conoce como la prueba de raíz unitaria (Gujarati, 1997). Esta prueba es sumamente

importante ya que el rechazo de la hipótesis nula de raíz unitaria en favor de alternativas

estacionarias tiene interpretaciones económicas significativas, admitiendo la posibilidad de

relaciones a largo plazo entre variables económicas.

Prueba de Raíz Unitaria de la variable Delitos:

Prueba Augmented Dickey-Fuller

Null Hypothesis: LDELITOS has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.834334 0.9214

Test critical values: 1% level -5.295384

5% level -4.008157

10%

level -3.460791

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La prueba Augmented Dickey Fuller, nos muestra que el T.Statistic es en valor absoluto,

menor a los t-criticos en 1%, 5% y 10%. Por lo tanto, no es posible rechazar la hipótesis

nula, lo que nos muestra que la variable LDELITOS presenta raíz unitaria


Prueba de Raíz Unitaria de la variable Presupuesto (pres)


Null Hypothesis: LPRES has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.178701 0.4499

Test critical values: 1% level -5.295384

5% level -4.008157

10%

level -3.460791




nula, lo que nos muestra que la variable LPRES presenta raíz unitaria

Prueba de Raíz Unitaria de la variable Politica de Seguridad ciudadana (polsc)


Null Hypothesis: POLSC has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.102404 0.8723

Test critical values: 1% level -5.295384 5% level -4.008157 10% level -3.460791





nula, lo que nos muestra que la variable LPRES presenta raíz unitaria


BIBLIOGRAFÍA Arriagada, Irma (2002). Seguridad Ciudadana y violencia en América Latina. En Seguridad

Ciudadana ¿espejismo o realidad?. Quito: FLACSO Ecuador, OPS/OMS

Barro, Robert (1990). Goverment Spending in a Simple Model of Endogenous Grout.

Journal of Political Economy.

Bentham, Benjamin (1965). Escritos Económicos México: FCE

Carrillo, Fernando (2007). Seguridad Ciudadana en América Latina: un bien público cada

vez más escaso”. En: Pensamiento Iberoamericano. Madrid: Nueva época.

Carrion, Fernando (2002). Seguridad Ciudadana ¿espejismo o realidad?, Quito: FLACSO

Ecuador, OPS/OMS

Carrion, Fernando, Dammert, Lucía Comp. (2009). Economía Política de la Seguridad

Ciudadana. Quito: FLACSO-Municipio metropolitano de Quito

Dammert Lucía y Salazar, Felipe (2009). ¿Duros con el delito? Populismo e Inseguridad en

América Latina, Santiago: FLACSO Chile

Dammert, Lucía Edit. (2010). Violencia e inseguridad ciudadana en las Américas. Lima,

Lima: El Virrey

Garland, D. (2005). La cultura del control. Barcelona: Gedisa

Gujarati, Domador (2003). Econometría. México: Mc Graw Hill

INE (2001, 2006 y 2008). Informe Anual. Bolivia


Jemio, Luis Carlos. (2004). Bolivia: Del Ajuste Fiscal a las Políticas Contracíclicas. La

Agenda Fiscal Necesaria, en Sostenibilidad Fiscal en la Región Andina, Caracas:

Corporación Andina de Fomento.

Kessler, Gabriel (2009). Seguridad y Ciudadania. Nuevos paradigmas y políticas públicas.

Foros del Bicentenario, Buenos Aires: Edhasa

Johansen, Leif, (965). Public Economics. Amsterdam: North Holland Publishing Co.

Londoño, Juan Luis; Guerrero, Ramiro. 1999. Violencia en América Latina. Epidemiología y

costos. Documento de Trabajo R-375. Red de centros de investigación, Washington: BID

Martinez, Javier (1990). Violencia social y política en Santiago de Chile. Santiago de Chile:

Ediciones sur

Miguel, Daniel e Isla, Alejandro (2010). Entre la Inseguridad y el temor. Instantáneas de la

sociedad actual. Buenos Aires: Paidos

Miguel, Daniel y D´Angelo, Luis (2006). “Relaciones relativas. Delito y desempleo en la

Provincia de Buenos Aires (1980-2000)”, en Desarrollo Económico, vol. 46, nº 182.

Musgrave, Richard y Musgrave, Peggy (1999). Hacienda Pública, Quinta Edición. España:

Mc Graw Hill

Nuestra democracia (2010) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría

General de la Organización de los Estados Americanos. — México: FCE, PNUD, OEA,

2010

Pfizer. 2001. Responding to the global public health challenge of violence. The Pfizer

Journal, Global Edition.

Rico, José María y Chinchilla Laura (2002). Seguridad Ciudadana en América Latina, hacia

una política integral. España: Siglo XXI


Rico, José María y Salas, Luis (1988). Seguridad Ciudadana y Policía. España: Tecnos

Rivero, Ernesto (1993). Principios de Econometría. Sucre: editorial Aguirre

Sala i Martin Xavier, (2008). Apuntes de Crecimiento Económico. España: Antoni Bosch

Editor

Stiglitz, Joseph (2000). La economía del sector público, Tercera edición. España: Antony

Bosch

Vargas Alejo y García Viviana (2009). Presupuesto Nacional y Seguridad Ciudadana en

Colombia. En Economía Política de la Seguridad Ciudadana, Quito: FLACSO Ecuador

Yépez, Enrique (2004). Seguridad Ciudadana, 14 lecciones fundamentales. Lima: Instituto

de Defensa Legal.

Referencias electrónicas:

Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA: www.cejamericas.org/portal/

Comisión Económica para América Latina y El Caribe CEPAL: http://www.eclac.org/

Latinobarometro: www.latinobarometro.org/

Ministerio de Economía y Finanzas: www.economiayfinanzas.gob.bo/

Ministerio de Gobierno: www.mingobierno.gob.bo/

Unidad de Análisis de Políticas Económicas: www.udape.gob.bo

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