Enero 21¿Se retrasará la licitación 5G en Colombia?

¿Peligra el despliegue de infraestructura en Brasil?

¿Perú impondrá la velocidad mínima de Internet?

DPL Spotlight Política Digital

2 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Analistas de DPL Consulting

Alejandro González

Dinorah Navarro

Efrén Páez

Itzel Carreño

Paula Bertolini

Violeta Contreras

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Presentación 4Nuevos liderazgos tecnológicos 5

Brasil | En peligro los derechos de vía que permitieron el despliegue de infraestructura 13Perú | Elevar la velocidad mínima de Internet podría ser una nueva barrera al desarrollo de las telecomunicaciones 16México | IFT apuesta por una próxima licitación de espectro con pocos competidores 18Guatemala | La tardía licitación de la banda de 700 MHz en 2021 enfrenta cuestionamientos 20Ecuador | El futuro digital de Ecuador dependerá de cambios en la política regulatoria y de espectro 23Argentina | El inventario de los bienes tecnológicos del Estado, un paso hacia la transformación digital de la administración pública 26México | Telefónica avanza en la devolución de espectro y su acuerdo con AT&T México 28Global | Joe Biden le dice adiós a la Red Limpia de Trump y abre la puerta para la negociación tecnológica con China 31

Contenido:

Chile | Las tres subastas independientes de frecuencias para 5G para liderar en espectro en América Latina 33Panamá | El primer país latinoamericano en brindar espectro temporal ante Covid-19… y continúa el beneficio 36Perú | La ruta para implementar 4G para conectar a todos los peruanos 39Ecuador | Obligado a tener una ley de protección de datos por filtración de datos 42Argentina | La Ley de Economía del Conocimiento podría ser una palanca para la recuperación económica 45Uruguay | La portabilidad numérica podría dinamizar el mercado de telecomunicaciones 47Estados Unidos - Licitación de la Banda C para 5G rompe récord de ofertas 49Brasil | Se modifica la Ley TIC para impulsar la innovación y brindar seguridad jurídica 51México | Ley de Home Office: ¿al estilo californiano? 53

Colombia | ¿Se repetirá la historia de retrasar la licitación 5G como ocurrió con la banda de 700 MHz? 8Argentina | El control de precios genera un escenario de confrontación 11

lo que hay que destacar

4 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

DPL Consulting presenta esta primera entrega mensual de su DPL Spotlight Política Digital, un documento de análisis de las políticas y la regulación de las telecomunicaciones y el ecosistema digital en Iberoamérica y su impacto en la conectividad, los derechos de ac-ceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la transformación digital en la región.

El objetivo de DPL Spotlight Política Digital es aportar un docu-mento de análisis que permita observar y enfocar las principales iniciativas que están cambiando el panorama de los sectores de te-lecomunicaciones, digital y tecnológico en la región.

A través de reflectores sobre las decisiones de las principales auto-ridades sectoriales, regulatorias o legislativas que abordan los aspec-tos digitales, buscamos contribuir a la toma reflexiva de decisiones.

Con DPL Spotlight Política Digital usted podrá enterarse de qué ocurrió o cuál fue la decisión que se tomó en el sector; cuáles son las implicaciones para la industria en el país; las posturas de los prin-cipales actores del ecosistema y cuáles son las acciones futuras a tomar, incluso algunas recomendaciones a partir de la observación de los acontecimientos y el seguimiento permanente que DPL Con-sulting realiza de los temas.

La estructura del DPL Spotlight Política Digital contempla cuatro colores similares a los semáforos epidemiológicos. El reflector rojo es un estado de alerta considerable y es el equivalente a un retroce-

so legislativo o regulatorio. El reflector anaranjado enciende las aler-tas sobre un tema que ha sido abordado de forma delicada por los actores del ecosistema. El reflector amarillo indica que se requiere poner atención en los temas y avanzar hacia su solución. Finalmen-te, el reflector verde atestigua iniciativas o avances positivos en las políticas digitales en iberoamérica.

Cada mes usted podrá registrarse y descargar gratuitamente el DPL Spotlight Política Digital en el sitio web de DPL News y a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

La mejor forma de tomar decisiones es estar informado y contar con elementos de análisis suficientes. DPL Consulting lo orienta en pocas páginas sobre los temas digitales, tecnológicos y de teleco-municaciones más relevantes de Iberoamérica. Usted se enterará y estará bien informado sobre los temas más relevantes del ecosiste-ma digital y siempre podremos ampliar aún más la información si lo desea. La ventaja es que usted podrá iniciar la lectura del documen-to en el tema o país que más le interese.

El documento se publicará la primera semana de cada mes con los análisis más actualizados del ecosistema digital. Su descarga es gratuita y daremos un seguimiento puntual de los temas.

Esperamos que DPL Spotlight Política Digital sea de utilidad y le ayude a informarse más y tomar mejores decisiones.

Presentación

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Nuevos liderazgos tecnológicos

Pat Gelsinger, exdirectivo de VMware, reem-plazará a Bob Swan en IntelIntel anunció que Pat Gelsinger será el nue-vo director Ejecutivo de la compañía a partir del 15 de febrero, en reemplazo de Bob Swan,

quien ocupó ese cargo en los últimos dos años.Gelsinger es un veterano de la industria con

más de cuatro décadas de experiencia en tecnología y liderazgo, in-cluidos 30 años en Intel, donde comenzó su carrera.

La junta de Intel confía en que Pat garantizará la ejecución sólida de la estrategia de Intel para aprovechar su liderazgo de productos y aprovechar las oportunidades que se avecinan a medida que con-tinúa transformándose.

Jessica Rosenworcel es la nueva presidenta interina de la FCCEl nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, designó a Jessica Rosenworcel como presidenta interina de la Comisión Federal de

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).Se trata de la segunda mujer en la historia en lide-

rar la FCC (después de Mignon Clyburn, también interina). La demó-crata se convirtió en comisionada durante la administración de Barack Obama, pero ha ocupado diversos puestos en el organismo desde hace dos décadas.

Durante su carrera como comisionada, Rosenworcel apoyó las re-glas de neutralidad de la red, derogadas por Ajit Pai al frente de la FCC durante el gobierno de Donald Trump.

La nueva presidenta interina tiene entre sus prioridades abatir la brecha digital en el país. Ha respaldado los proyectos del regulador para impulsar la implementación de banda ancha en las zonas rura-les y desconectadas.

Dinorah Navarro

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Cristiano Amon será el nuevo CEO de QualcommQualcomm anunció que su Junta Directi-va seleccionó por unanimidad a Cristiano Amon para suceder a Steve Mollenkopf como

CEO de la compañía, a partir del 30 de junio de 2021.

Cristiano Amon se ha desempeñado como presidente de Qual-comm desde enero de 2018 y es quien encabezó el desarrollo de la estrategia 5G de la empresa, incluida su aceleración, hoja de ruta tecnológica para ser líder en la industria y el despliegue global.

Qualcomm designó a Luiz Tonisi, exdirectivo de Nokia, para vicepresidencia en América LatinaQualcomm nombró a Luiz Tonisi como vice-presidente de Qualcomm en Servicios de Te-

lecomunicaciones Ltda y presidente de Qual-comm América Latina.

El nombramiento de Tonisi entró en vigor de forma inmediata, bajo la supervisión de Jim Cathey, vicepresidente Senior de Qual-comm Technologies y Presidente de Operaciones Comerciales Glo-bales de Qualcomm.

José Antonio López dejó Ericsson tras 10 años como responsable de España

José Antonio López, presidente y Consejero Delegado de la filial española de Ericsson, abandonará sus cargos al considerar cumpli-da su etapa en el fabricante sueco de redes

de telecomunicaciones, tras casi una década en el cargo.

El grupo ha iniciado la búsqueda de su sustituto que asumirá el puesto a partir de junio.

Franco Bernabé le dice adiós a CellnexEn los primeros días de 2021, Franco Bernabé dejó su cargo de presidente del Consejo de Administración y Consejero Dominical de Ce-llnex, debido a “motivos personales”.

Bertrand Kan, actual vicepresidente de la compañía, asumirá la presidencia de manera tem-

poral hasta que se nombre a alguien de manera definitiva. Franco Bernabé ocupó el puesto desde julio de 2019, cuando sustituyó a Marco Patuano.

Cellnex destacó que durante su gestión la firma española vivió “una etapa de fuerte crecimiento” que le ayudó a mejorar su posi-ción en el mercado europeo de torres de telecomunicaciones.

Axtel elige a Eduardo Escalante como director interino tras salida de Rolando ZubiránLa empresa mexicana de telecomunicaciones y tecnologías de la información, Axtel, anun-ció que a partir del 22 de enero Rolando Zu-

birán Shetler dejó de ser su Director General.De acuerdo con un comunicado de la Bolsa

Mexicana de Valores (BMV), el Consejo de Axtel designó a Eduar-do Escalante Castillo como director General Interino a partir del 22 de enero.

Eduardo Escalante ha sido, desde 2018, director de Finanzas de Alfa, además es miembro del Consejo de Administración y Comité Ejecutivo de Axtel. También se desempeñó en otras posiciones de Alestra entre 1996 y 1999.

Rafael Rodríguez, nuevo director general de TV AztecaTV Azteca nombró a Rafael Rodríguez Sán-chez como su nuevo Director General, en sus-titución de Benjamín Salinas, como parte de

un proceso de renovación hacia el futuro.Benjamín Salinas fue promovido a vicepresi-

dente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, donde forta-lecerá procesos de transformación en diversas compañías.

7 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Ericsson pierde a Sickand como su CTO de América del NorteEl Director de Tecnología de Ericsson Norte-américa, GS Sickand, anunció su salida de la empresa luego de 11 años.

La decisión se produce en un momento clave para la división de redes del proveedor en América

del Norte: en el tercer trimestre de 2020, la división fue un punto bri-llante, con ventas que aumentaron 4 por ciento interanual a mil 900 millones de dólares, aunque disminuyeron en sus otras unidades.

Digicel nombra a Jabbor Kayumov como nue-vo CEODigicel Jamaica anunció el nombramiento de Jabbor Kayumov como su nuevo Director Eje-cutivo (CEO).

Kayumov fue jefe de operaciones de Digi-cel en Trinidad y Tobago durante los últimos dos

años y supervisó la transición de Digicel para convertirse en un ope-rador digital.

Jabbor trae consigo más de 15 años de experiencia en la indus-tria de las telecomunicaciones y se espera que la experiencia y el conocimiento de la industria de Jabbor continúen contribuyendo al desarrollo y progreso continuo de Digicel.

BT realiza movimientos internos para acelerar su estrategia de datos y productos

BT quiere convertirse en una telco digital y para eso anunció una serie de movimientos internos que buscan acelerar los servicios de

próxima generación.El operador nombró a Harmeen Mehta como

directora de Innovación y Digitalización, quien liderará la nueva uni-dad, reportará directamente al Director Ejecutivo de BT, Philip Jan-sen. En los últimos siete años, Mehta fue CIO de Bharti Airtel.

John Ternus toma el lugar de Dan Riccio como responsable de Ingeniería de Hardware de AppleApple realizó un movimiento en su cúpula di-rectiva. Dan Riccio, uno de los directivos más

veteranos de la compañía, dejó su cargo como vicepresidente Senior de Ingeniería de Hardware.

Su lugar fue tomado por John Ternus, quien ya trabajaba en la mis-ma división como vicepresidente.

Ternus ha supervisado el trabajo de ingeniería de hardware en una gran variedad de productos, como la primera generación de los AirPods y cada una de las generaciones del iPad. Ternus dirigió el equipo de hardware responsable del iPhone 12 y iPhone 12 Pro, y ha sido un líder fundamental en la actual transición de la Mac a los procesadores de Apple silicon.

8 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Colombia¿Se repetirá la historia deretrasar la licitación 5Gcomo ocurrió con la banda de 700 MHz?Efrén Páez

Operadores como Telefónica y ETB en Colombia, ambos con par-ticipación accionaria del Estado, han solicitado al regulador por diferentes medios que se retrasen las próximas licitaciones de es-pectro, alegando que no existen condiciones de competencia o que no se cuenta con el capital suficiente para participar en nuevos pro-cesos licitatorios y de despliegue de infraestructura.

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La más reciente licitación de espectro que se realizó en Colombia fue a finales de 2019. Incluyó la asignación de espectro sobrante de pasadas licitaciones en las bandas de 2.5 GHz y 1.9 GHz, además de asignar al mercado la banda de 700 MHz por primera vez.

La asignación de esta última se retrasó al menos 4 años desde el primer intento que hizo el regulador, que provocó un retraso de hasta 6 años respecto de otros países de la región como Argentina, Brasil y Chile que la asignaron en 2014 y México en 2016.

La importancia de esta banda, conocida como “dividendo digital”, se encuentra en sus características de propagación. Permite a los operadores cumplir con sus obligaciones de cobertura social a un menor costo de infraestructura. El retraso de la licitación de esta importante banda provocó la demora en el cumplimiento de los ob-jetivos de cobertura y conectividad del Estado.

A partir de la inversión para uso del nuevo espectro y las obli-gaciones de conectividad adquiridas por los operadores, 70.75 por ciento de los usuarios de Internet móvil en el país (por suscripción y demanda) usaba tecnologías 4G al segundo trimestre de 2020, un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a lo registrado al mismo periodo de 2019, previo a la subasta de espectro, según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comuni-caciones (MinTIC).

Es indudable que el mayor espectro disponible en el mercado per-mitió que los operadores aceleraran sus planes de despliegue y, con ello, llevar los beneficios de mayor velocidad y cobertura provenien-tes de 4G a los usuarios colombianos.

Pese a los beneficios evidentes, algunos operadores han reco-mendado al MinTIC que posponga la licitación de nuevas bandas,

poniendo a Colombia nuevamente en riesgo de retrasarse en la carrera a la digitalización. Telefónica señala que primero se deben resolver las barreras a la competencia. El operador no participó en la más reciente licitación de espectro al considerar que se estable-cieron “elevados precios” por el espectro.

Fabián Hernández, presidente de la compañía en Colombia, indicó a El Tiempo que “no es el momento, hay que terminar los pilotos y arreglar la casa. Eso pasa por los temas de dominancia, de un modelo de competencia que sea adecuado, que se tengan reglas claras de asignación de espectro”.

En la última consulta pública del regulador, ETB indicó que estaría interesado en una nueva licitación de bandas 5G hasta la segunda mitad del 2022. La compañía se encuentra en medio de un proyecto de reestructura para sanear sus finanzas.

Adicionalmente, el presidente de Millicom en Colombia, Marcelo Cataldo, señaló que la pandemia aplazaría la llegada de 5G a Colom-bia en al menos dos o tres años, debido a las fuertes inversiones que se requieren para su despliegue. Al mismo tiempo, durante su parti-cipación en el Congreso Empresarial Colombiano, consideró que se tendría que atender primero el fuerte rezago del país en el despliegue de 4G, que llega apenas a 43 por ciento del territorio, cuando Chile y Brasil tienen una cobertura de 91 y 73 por ciento, respectivamente.

ImplicacionesSon extraños los llamados de estos operadores por retrasar el espec-tro 5G cuando estos mismos adquirieron del MinTIC el pasado junio de 2020 licencias de experimentación para esta nueva tecnología. Los ensayos se llevarían a cabo en 36 lugares de Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y Tolú.

Ante estos cuestionamientos para detener la licitación de nuevas bandas de espectro (como la banda de 3.5 GHz) para la habilitación de la tecnología 5G, Colombia se arriesga a repetir el mismo error al retrasar los beneficios derivados de la nueva tecnología celular y el uso más eficiente del espectro.

Además de la falta de interés de los operadores, el regulador colombiano sumó un nuevo riesgo al ecosistema. La Comisión de

Algunos operadores han recomendado al MinTIC que posponga la licitación de nuevas bandas, poniendo a Colombia nuevamente en riesgo de retrasarse en la carrera a la digitalización.

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Regulación de Comunicaciones (CRC) determinó que Claro de Amé-rica Móvil tiene una posición de dominancia en el segmento de servicios móviles, lo que disminuiría aún más el interés por nuevas bandas de espectro.

“Esta decisión no sólo castiga y desincentiva las inversiones de Claro en el país, empresa que ha realizado más de 60 por ciento de las inversiones del sector en los últimos 20 años, sino que beneficia a las empresas competidoras que buscan regulación que les permite no invertir en Colombia”, aseguró la compañía en un comunicado.

La importancia de la inversión y el espectroPrecisamente, al considerar los efectos provocados por la pandemia de Covid-19, la licitación de espectro 5G y la instalación de nueva in-fraestructura serán un factor esencial en la reactivación económica y la necesaria aceleración de la transformación digital.

Si bien los argumentos presentados por algunos operadores, como el limitado acceso a capital en medio de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 sí podría tener un efecto adverso en una potencial licitación, no hay que olvidar que el Estado debe ga-rantizar los derechos de conectividad de la población, incluido fo-mentar el despliegue de nueva tecnología.

Aunque una potencial licitación de espectro en este ambiente po-dría atraer menos interés de los operadores y, por lo tanto, reducir los recursos financieros para el Estado, el gobierno podría aprove-char la oportunidad para explorar nuevas modalidades de asigna-ción de espectro, tales como reducir los precios de recaudación para el Estado a cambio de nuevos compromisos de cobertura de parte de los operadores (similar a como lo hizo Chile que realizó una licita-ción con éxito en medio de la pandemia).

Nuevas modalidades de asignación con base en inversión en infraestructura y cobertura, podría funcionar de manera similar a una política anticíclica, al generar un impacto positivo en la gene-ración de empleo y la adquisición de los componentes necesarios para el despliegue de la nueva red.

Asimismo, no hay que olvidar que las expectativas sobre 5G no se limitan únicamente en proveer conectividad a los usuarios, sino de proveer nuevas soluciones de digitalización a las industrias, que les permita ser más eficientes y competitivas frente al resto del mundo.

A partir de los efectos de la pandemia, muchas empresas se vie-ron obligadas a acelerar sus planes de digitalización para permitir a sus empleados el trabajo remoto y la continuación de sus activi-dades productivas. De manera similar, sectores como educación y gobierno se vieron en la necesidad de adoptar nuevas herramientas tecnológicas que les permita continuar la oferta de servicios a estu-diantes y ciudadanos.

En ese sentido, es más más evidente la importancia del lanza-miento de redes 5G, las cuales proveerán de nuevas herramientas a industrias, sociedad y gobierno que les permita hacer frente a las barreras impuestas por la pandemia, con nuevas oportunidades al largo plazo para el incremento de la productividad y la eficiencia del uso de recursos para generar nuevos ahorros, mayor inversión y be-neficios para los consumidores.

Mientras otros países de la región y el mundo aprovechaban los beneficios de la licitación de una banda de espectro esencial para conectividad social como la banda de 700 MHz, Colombia se retrasó en sus objetivos de cobertura, como lo señaló el propio Cataldo.

Claramente, el retraso de 6 años entre la asignación de espec-tro en cada país ha dejado sus consecuencias. Por ello, Colombia no puede darse el lujo de repetir el error de retrasar la asignación de este recurso esencial para la operación de redes móviles.

Industria y gobierno deben activar nuevas modalidades de con-sulta y licitación para permitir que la industria haga frente a los retos presentes por la crisis económica sin alterar sus capacidades de in-versión, pero sobre todo, permitir que el Estado cumpla con sus obli-gaciones para garantizar el derecho de conectividad de la población.

Son extraños los llamados de estos operadores por retrasar el espectro 5G cuando estos mismos adquirieron del MinTIC licencias de experimentación.

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ArgentinaEl control de precios genera un escenario de confrontaciónPaula Bertolini

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ya están ofreciendo la Prestación Básica Universal (PBU), planes de telefonía fija, móvil, banda ancha y televisión a menores costos.

Los operadores deben apostar a recuperar la libertad de precios y mantener la PBU, a la cual podría acceder alrededor de 11 millones de argentinos en situación de vulnerabilidad.

De todas formas, en enero algunos operadores decidieron aplicar los aumentos por encima de lo permitido, puesto que las compañías ya habían anunciado el alza a sus clientes y además porque están judicializado el DNU y la resolución del alza de las tarifas.

Esto generó también un ida y vuelta de confrontaciones: el Ena-com intimó a las empresas para que devuelvan a los usuarios lo que cobraron de más, mientras que las empresas se sujetan a los pri-meros fallos judiciales en contra del DNU que comenzaron a surgir de fueros federales. En este contexto, hay poco margen de diálogo con el regulador, y todas las miradas están en la judicialización de las normas.

En definitiva, el control de las tarifas en un país hiperinflaciona-rio no hace más que degradar las prestaciones. El consecuente em-peoramiento de los servicios y el retraso tecnológico, incluida la llegada del 5G, no sólo tendrá efectos negativos sobre las empresas del sector, sino que puede comprometer la digitalización del país y mermar el aporte de esta transformación a la necesaria recupera-ción económica.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, dictado por el Eje-cutivo en 2020, declaró servicio público en competencia las comu-nicaciones y congeló los precios durante 2020. La norma estableció también que, a través de una reglamentación, es el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el que aprobará las alzas de las tarifas según el esquema de costos de los operadores.

Llegó enero de 2021 y el regulador autorizó a los operadores una subida de precios de hasta 5 por ciento, y de 8 por ciento para ope-radores más chicos. La cifra dejó descontenta a la industria en su totalidad, pues la inflación anual de 2020 fue de 36.1 por ciento y la devaluación fue de 40.4 por ciento.

El descontento se centra en la imposición de un control de precios sobre una industria en competencia, y la ausencia de criterios técni-cos para definir los aumentos que se autorizaron, con una discrecio-nalidad que genera aún más incertidumbre.

El sector telecomunicaciones fue el más perjudicado por la brecha de la inflación. Sus precios aumentaron en 2020 7.6 por ciento, esto es, 28.5 por ciento menos que el nivel general de inflación.

La necesidad por parte del gobierno de mantener tarifas de las comunicaciones muy por debajo de la inflación implicaría un retra-so en el despliegue, renovación y actualización tecnológica y de in-fraestructura de telecomunicaciones en el país.

Incluso podría hacer inviable el negocio de algunas empresas pe-queñas. Por lo que la secuela para el sector sería contraria a las in-tenciones declaradas del gobierno, relativas a mejorar la calidad y cobertura de los servicios, cerrar la brecha digital y disminuir la con-centración del mercado.

Los operadores tampoco encuentran motivos para mantener re-gulados los precios si para ayudar las poblaciones más vulnerables

El sector telecomunicaciones fue el más perjudicado por la brecha de la inflación.

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BrasilEn peligro los derechos de vía que permitieron el despliegue de infraestructuraItzel Carreño

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ción en el país, debido a la infraestructura de banda ancha móvil que será necesaria construir a demanda del aviso de la subasta de frecuencias 5G que hasta el momento debate el despliegue de redes autónomas.

En un comunicado remitido al STF dentro de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 6.482, la PGR señaló que el decreto fue emitido luego de que se interpusiera la acción contra el derecho de vía. Por lo tanto, solicitó un complemento para incluir los tres párra-fos del artículo 9 del texto reglamentario en la solicitud de declara-ción de inconstitucionalidad.

La PGR entiende que el artículo 12 de la Ley de Antenas viola la autonomía de las entidades federativas (municipios y estados) al prohibir el cobro por el uso de la vía pública para elementos de re-des de telecomunicaciones, como las rutas de fibra óptica.

ReaccionesDiversas entidades y asociaciones se manifestaron a la acción inter-puesta por la PGR, afirmando que pone la conectividad en riesgo de estancamiento e incluso de retroceso. El grupo también afirmó que el artículo de la Ley General de Antenas que regula el derecho de paso libre es “fundamental para atender las necesidades de la sociedad y el interés público”.

Alegan que la carga reducirá las inversiones en despliegues como 5G e Internet de las cosas. “Parte de ellos se desviarán por la carga impuesta, y también comprometerán la adopción de nuevas tecno-logías modernas que requerirán altas inversiones y capacidades de

En diciembre de 2020, la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó al Tribunal Supremo Federal (STF) la incons-titucionalidad de la exención de tarifas cobradas a los operadores en el “derecho de vía” para la infraestructura de telecomunicacio-nes en la vía pública, establecido por la Ley General de Antenas (Ley 13.116 / 2015). La PGR también comenzó a cuestionar el de-creto reglamentario sancionado por el presidente Jair Bolsonaro (10.40/2020).

Qué es la Ley de AntenasLa Ley General de Antenas es considerada una importante herra-mienta fiscal para las empresas de telecomunicaciones, ya que re-duce los costos de operación y permite un mayor control sobre el precio que ofrecen los servicios de Internet de banda ancha.

En términos más específicos, el derecho de vía proporciona gra-tuidad para que las empresas operen con infraestructura en vías pú-blicas y áreas de municipios.

Es el permiso para que los operadores accedan a la propiedad de terceros para “construir, instalar, cambiar o reparar la infraestructu-ra de soporte”. La regla también se aplica a cables, sistemas, equipos y otros elementos de las redes de telecomunicaciones.

El Decreto se ocupa de la instalación de redes de telecomunica-ciones como parte de cualquier obra pública, refuerza la gratuidad del derecho de vía y recupera el llamado “silencio positivo”, es decir, licencia automática si los ayuntamientos no la otorgan en 60 días. También se consideran las antenas pequeñas, con exención de licen-ciamiento, lo que hace más fácil la instalación de celdas pequeñas, relevante para cobertura interior 4G y 5G.

ImpactosEl cobro por el derecho de vía podría incrementar el costo de los servicios y ralentizará el ritmo de expansión de las redes de tele-comunicaciones, especialmente en regiones distantes. Lo anterior también afectaría el despliegue de las redes de quinta genera-

El cobro por el derecho de vía podría incrementar el costo de los servicios y ralentizará el ritmo de expansión de las redes de telecomunicaciones, especialmente en regiones distantes.

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red que solo se pueden soportar con la adopción de fibra óptica en toda su extensión”.

Las entidades piden estabilidad y seguridad jurídica para mante-ner las inversiones. El documento está firmado por Conexis Brasil Digital, la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Tele-comunicaciones (Abrint), la Asociación Brasileña de Infraestructura para Telecomunicaciones (Abrintel), Asociación Neo, ConTIC, Febra-tel, Fenainfo, Feninfra y Telcomp.

Beneficios del mecanismoEn una petición al STF, Abrint afirmó que el mecanismo permitió explotar el acceso de fibra óptica en el país. Citando datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), la asociación manifestó que el sector contaba con 1.4 millones de accesos de fibra óptica en julio de 2015 (año de la aprobación de la Ley de Antenas). Al cierre de 2020, los contratos de tecnología sumaron 16.75 millones.

La Ley de Antenas y el decreto que la reglamenta llegó a Brasil con la promesa de facilitar la instalación de infraestructura de tele-comunicaciones, especialmente antenas celulares, dado el esperado crecimiento de las redes con la llegada de 5G.

La sentencia de la Acción Directa de Inconstitucionalidad estaba en la agenda del Pleno del Supremo Tribunal Federal el 10 de febre-ro, pero la deliberación se pospuso para el 17 de febrero.

Si el STF declara la inconstitucionalidad del derecho de vía sería una acción que puede pasar desapercibida para la mayoría de la gente, pero que tendrá un impacto significativo en la conectividad del país, encareciendo los planes de Internet de banda ancha y de-teniendo la expansión de las redes de fibra óptica.

Las reglas para la instalación de antenas a nivel municipal se ha vuelto central para el crecimiento de la infraestructura celular y, por lo tanto, la conectividad y 5G. La instalación de infraestructura de te-lecomunicaciones se enfrenta con barreras de las normas federales, estatales y municipales, con intereses divididos e incluso se llegan a interponer unas a otras.

Para impulsar la conectividad necesaria para el cierre de la brecha digital, la llegada de nuevas tecnologías y de ciudades inteligentes será necesario repensar la conectividad para todos en el municipio, con base en los lineamientos de la ley federal.

Si se declara la inconstitucionalidad del derecho de vía sería una acción que tendrá un impacto significativo en la conectividad.

16 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

PerúElevar la velocidad mínima de Internet podría ser una nueva barrera al desarrollo de las telecomunicacionesPaula Bertolini

17 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó el dictamen que busca garantizar para los usuarios de Internet el mantenimien-to de una velocidad mínima de 70 por ciento de la oferta contrata-da, cuando la norma actual determina que se garantice 40 por cien-to. La norma agrega que esto aplicará tanto para los planes prepago, pospago u otros que se publiciten.

El proyecto, aún en debate en el Congreso, fue criticado por los operadores de telecomunicaciones. Según las empresas, un pará-metro tan rígido “no es posible desde el punto de vista técnico”, porque en los servicios de conectividad convergen diversos factores sobre los cuales no tienen control los operadores.

Por ejemplo, la conectividad móvil es una cadena con múltiples eslabones, en la cual proveedores externos contribuyen al servicio final que recibe el usuario, desde el suministro eléctrico hasta los servidores que alojan los servicios en la nube distribuidos en todos los rincones del mundo y operados por diversas entidades.

Además, la calidad de las comunicaciones móviles se ve afectada por cuestiones de entorno, como la demanda de tráfico, factores geográficos y fenómenos meteorológicos. Por lo que se hace invia-ble garantizar todo el tiempo un porcentaje mínimo demasiado alto de la oferta contratada.

ImplicacionesLas asociaciones rechazaron la propuesta por considerarla una

barrera para el desarrollo de la industria en el país. “La exigencia legal de garantizar una velocidad mínima de Internet al 70 por cien-to representa una nueva barrera a la expansión de servicios móvi-les, que se añadiría a las ya existentes, como las trabas municipales

para la instalación de infraestructura, las dificultades geográficas y mayores costos de despliegue y operación en zonas remotas”, sos-tuvo la GSMA.

Para la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomuni-caciones (Asiet), la medida supondría “aumentos en el costo de la infraestructura, los cuales podrían perjudicar la asequibilidad de los servicios”, si se considera que el costo del acceso a Internet ha caído en Perú 96 por ciento en los últimos cinco años. Agregó que esta pérdida de asequibilidad resultaría “particularmente negativa en un contexto de crisis sanitaria en el cual se ha demostrado lo esencial de garantizar la conectividad”.

En debates anteriores el Organismo Supervisor de Inversión Priva-da en Telecomunicaciones (Osiptel) ya había considerado que elevar el mínimo de velocidad generaría que las velocidades nominales de Internet móvil ofrecidas por los operadores disminuyeran. El Con-greso peruano se estaría convirtiendo en un regulador, cuando esa tarea corresponde al Osiptel

De aprobarse la norma, podría generar que se bajen las ofertas para poder cumplir con la medida, lo que también impactaría en los niveles generales de Internet de Perú y en los usos que hacen los usuarios.

Las asociaciones rechazaron la propuesta por considerarla una barrera para el desarrollo de la industria en el país.

18 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

MéxicoIFT apuesta por una próxima licitación de espectro con pocos competidoresAlejandro González

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso a disposición de los interesados 41 bloques de espectro en las bandas AWS, PCS, 2.5 GHz y la de 800 MHz, cuyo proceso de licitación ya comenzó y concluirá hasta principios de 2021 con el pago de las contraprestacio-nes y entrega de títulos de concesión a quienes resulten ganadores.

La apuesta del IFT es que AT&T y Telcel se interesen en diversos bloques, pues ambas empresas ya tienen espectro en algunas ban-das antes mencionadas, y querrán completar sus redes al añadir el espectro que les falte en diversas zonas.

Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléc-trico del IFT, mencionó que es probable que ambos operadores mó-viles, los más grandes de México, adquieran espectro en esta licita-ción; sin embargo, hasta el momento no hay nada seguro.

Navarrete comentó que pequeños operadores podrían estar inte-resados en adquirir espectro para dar servicios móviles más amplios, porque las bandas libres que existen hoy en día no les alcanzan. Sin embargo, lo anterior suena bastante complicado, pues en México los derechos anuales por el espectro radioeléctrico son sumamente al-tos. Al grado de que uno de los tres grandes operadores del país, Te-lefónica, ya devolvió el espectro que poseía, por lo que este operador queda completamente descartado de participar en la nueva licitación.

El panorama para el concurso denominado IFT-10 es complicado. A pesar de que es obligación del IFT poner a disposición el espectro radioeléctrico disponible, no hay garantía de que el mismo se vaya a entregar por completo. Existe el riesgo de quedar desierto debido al contexto económico que ha dejado la pandemia de Covid-19, y por la incertidumbre a las inversiones que ha generado el propio gobierno de México con propuestas como la desaparición del órga-no regulador.

Además del dinero que deben ofrecer los interesados para ganar la subasta, también deberán desembolsar los derechos anuales. Por si fuera poco, el IFT agregó obligaciones de cobertura a los operado-res para poder hacerse de diversos bloques en las bandas.

El hecho de que haya impuesto obligaciones de cobertura no es una medida negativa, todo lo contrario, es una de las políticas nece-

sarias para lograr avances en el desarrollo de redes de telecomuni-caciones en sitios donde hoy no existen servicios. Sin embargo, para los operadores implica un costo extra que deberán contemplar en sus modelos de negocio si quieren hacerse del espectro.

El IFT puso entre las reglas de la licitación IFT-10 un tope de te-nencia de espectro para evitar que AT&T y Telcel acaparen todo. La primera tiene 24.2 por ciento del total asignado actualmente, y la segunda posee 24 por ciento; sin embargo, ambos casos son la prin-cipal apuesta del regulador para adquirirlo por la solvencia econó-mica que tienen y porque podrían no participar otros competidores.

La licitación se realizará en una primera etapa con un tope de lle-gar a 26.5 por ciento de tenencia total de espectro. En caso de que no haya interesados, habrá una segunda ronda que amplía el límite a 30 por ciento.

El espectro que se pondrán a licitación en la IFT-10 representa 6 por ciento del total asignado hoy en día, por lo que la apuesta es clara: si únicamente AT&T o Telcel estuvieran interesados, la esta-dounidense podría hacerse de hasta 5.8 por ciento del espectro dis-ponible, mientras que Telcel podría adquirir el total de 6 por ciento, en ambos casos sin rebasar el límite de 30 por ciento establecido por el regulador como tope de tenencia.

Será a partir del 30 de septiembre de 2021 cuando inicie el proce-dimiento de presentación de ofertas por el espectro, y 20 días des-pués cuando se emitan las actas de fallo. Hasta entonces sabremos si se logra asignar todo el espectro o habrá bloques desiertos.

A pesar de que es obligación del IFT poner a disposición el espectro radioeléctrico disponible, no hay garantía de que el mismo se vaya a entregar por completo.

20 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Guatemala La tardía licitación de la banda de 700 MHz en 2021 enfrenta cuestionamientosPaula Bertolini

21 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Guatemala desempolvó sus planes para realizar la licitación por el espectro radioeléctrico de 700 MHz, una banda importante para el desarrollo de la banda ancha como 4G, que en la región ha sido usada por la televisión abierta y ahora los países están limpiándola.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) retomó en ene-ro de 2021 su proyecto de subasta. Aunque no definió una fecha para concretarlo, se propone hacerlo este año.

Entre un gobierno y otro, el país ha intentado, al menos en el discurso, licitar 60 MHz de frecuencias desde 2015. Sin embargo, el proceso se ha detenido por trámites jurídicos e interposición de recursos legales. Esta vez podría suceder lo mismo.

Tigo adquirió 30 MHz en la banda de 700 MHz a Albavisión por medio del mercado secundario, lo cual desató una controversia en el país. El gobierno dijo que la empresa cuenta con sus respectivos títulos, pero existe la duda de si hubo un comportamiento discrecio-nal de las autoridades al permitirle acceder a dichas frecuencias sin participar en la puja.

ConflictosJosé Monterrosa, extitular de la SIT, fue destituido del cargo en di-ciembre de 2020. Tras su salida, declaró que lo habían separado debido a que no aceptó firmar la resolución que, supuestamente, favorece a Tigo en la banda de 700 MHz.

El exfuncionario alegó que el viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona, lo presionó para ello, pero él no cedió, “porque ha-bía una arbitrariedad, ya que no hay ningún operador de telefonía que tenga derechos dentro de la banda de 700 MHz (…). En los títu-los otorgados por la SIT, no hay ninguno que diga que un operador de telefonía tenga derecho dentro de esa banda”.

Letona negó las acusaciones de Monterrosa; aseguró que el pro-ceso de adquisición de espectro por parte de Tigo había sido legal.

Por su parte, Tigo todavía no puede explorar el espectro adquirido para los servicios de telecomunicaciones, porque están pendientes dictámenes jurídicos y técnicos.

Al enterarse de la denuncia, la Procuraduría de Derechos Huma-nos de Guatemala recomendó a la Contraloría de Cuentas y al Minis-

terio Público que investigue la adjudicación del recurso radioeléctri-co, para determinar si hubo discrecionalidad y si proceden sanciones administrativas o inclusive penales.

Retraso en la asignaciónLa nación guatemalteca es la que menos ha asignado espectro para los servicios móviles en América Latina. En total, tiene 210 MHz ad-judicados, mientras que la Unión Internacional de Telecomunicacio-nes recomienda que haya 1,960 MHz asignados (o 1,340 MHz en un entorno de mercado bajo), para que los operadores puedan satisfa-cer las necesidades de conectividad de la población y la moderniza-ción de las redes.

Es decir, la SIT ha asignado apenas 10.7 por ciento de la cantidad ideal que podría estar disponible para 2020, lo que se ha traducido en un rezago digital para el país. Hasta 2018, Guatemala se ubicaba en la posición 51 en el Índice de Desarrollo de Banda Ancha (IDB) del BID que mide el estado de la banda ancha entre 65 países analizados.

También el IDB pone al país a la zaga de la penetración de banda ancha móvil y fija. En un estudio sobre el desarrollo digital del país, el BID advierte que existen graves deficiencias de infraestructura di-gital y asequibilidad de los servicios, lo que explica en parte que sólo 34 por ciento de la población usa Internet.

DesafíosEl retraso del país en la asignación de frecuencias es un signo de varios desafíos que enfrenta en temas de política pública digital y regulación. Uno de los principales retos es la liberación del llamado

Guatemala es el país que menos ha asignado espectro para los servicios móviles en América Latina. En total, tiene 210 MHz adjudicados.

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dividendo digital: culminar la transición a la televisión digital terres-tre (TDT) para dejar libre la banda de 700 MHz, a fin de que sea aprovechada por las telecomunicaciones móviles.

La SIT ya publicó una resolución en diciembre de 2020 en la cual aprueba el ordenamiento de la banda para licitar los 60 MHz dispo-nibles, pero dependerá de si logra avanzar en la migración a la TDT y, al mismo tiempo, despeja los recursos legales interpuestos contra el espectro que adquirió Tigo.

Aunque el gobierno niega los señalamientos sobre una posible discrecionalidad en la decisión de la banda de 700 MHz, entre la sociedad e incluso otras instituciones existe desconfianza y dudas al respecto. Lo anterior deja de manifiesto dotar a la SIT de indepen-dencia para tener un mayor margen de maniobra sin estar sujeta al gobierno en turno.

23 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

EcuadorEl futuro digital de Ecuador dependerá de cambios en la política regulatoria y de espectro Paula Bertolini

24 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

En las elecciones presidenciales que se realizaron el 7 de febrero en Ecuador, ganó el correísta Andrés Arauz, con 32 por ciento de los votos. Pero habrá una segunda vuelta, aunque hasta entonces no estaba claro quién irá al balotaje el 11 de abril. El segundo pues-to está reñido por la poca diferencia de votos que obtuvieron Yaku Pérez, del movimiento indígena Pachakutic, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo- PSC. Por eso, el Consejo Nacional Electoral decidió llevar a cabo un recuento parcial de los votos.

La nueva administración que asuma la Presidencia tendrá entre sus desafíos transitar la crisis sanitaria pero también impulsar la re-activación económica. Se espera que ésta deberá ser con un impor-tante uso de las TIC en la economía y en los procesos productivos, con la mirada puesta en una plena transformación digital.

Algunos avancesEn los cuatro años con Lenín Moreno, Ecuador logró importantes avances: elevó la penetración a Internet 69 por ciento, y 45.5 por ciento de los hogares cuenta con acceso a banda ancha fija. Vale la pena destacar la política pública Ecuador Digital, cuya estrategia se sustentó en tres pilares: conexión, eficiencia y ciberseguridad e innovación y competitividad.

Asignaturas pendientesPero cerrar la brecha digital en el país sigue siendo un reto impor-tante; hubo puntos en los cuales no se avanzaron en este mandato.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-mación prometió una licitación en la banda de 700 MHz y 2.5 GHz en 2019 pero luego la aplazó para 2020 sumando la frecuencia 3.5 GHz; por la pandemia no ocurrió.

El país cuenta con una ventaja debido a los 1,040 MHz que tiene asignados para los servicios de IMT, siendo uno de los países con mayor atribución. No obstante, la cantidad de espectro efectivo asignado sólo asciende a 280 MHz.

Política de espectroEn políticas de pago de espectro también hubo importantes retra-sos. Después de las semanas de conflicto social que atravesó Ecua-dor en 2019, el Presidente presentó un proyecto de Ley de Creci-miento Económico, donde se establecen reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) para que 80 por ciento del pago por otorgamiento de títulos habilitantes, concentración de mercado y asignación del espectro radioeléctrico sean reinvertidos en benefi-cio de los ecuatorianos en proyectos tecnológicos como salud, edu-cación, infocentros e innovación.

La iniciativa también reducía el cobro por concentración de mer-cado para los operadores y elevaba hasta 20 años (actualmente es de 15) la duración de los títulos habilitantes para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones. Finalmente, la Asamblea no tramitó la propuesta. Si bien el Ministerio de Telecomu-nicaciones lanzó normas para atenuar la situación, como la compar-tición de infraestructura, sigue existiendo un déficit en este ámbito.

Ecuador tiene uno de los costos por espectro más alto de la re-gión, con una metodología en la cual los operadores deben propor-cionalmente pagar más a medida que instalan más infraestructura, lo que produce una barrera al despliegue. Por eso, el país necesita un marco de asignación de espectro a largo plazo, con una importan-te modificación a la visión recaudatoria.

Previo a la pandemia entró en vigor la Ley Orgánica de Simpli-ficación y Progresividad Tributaria, que oficializa la aplicación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los servicios de te-levisión de paga, telefonía fija y móvil para empresas, y de telefonía móvil pospago para usuarios finales. La industria coincide en que

La industria coincide en que para reducir la brecha digital se requiere eliminar impuestos específicos sobre las telecomunicaciones.

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para reducir la brecha digital se requiere eliminar impuestos especí-ficos sobre las telecomunicaciones.

Las cámaras de la industria de telecomunicaciones, como Asiet y GSMA, llevaron sus propuestas a los candidatos presidenciales. Coincidían en los siguientes puntos: para que el país avance en la di-gitalización, se necesitan adecuar los marcos regulatorios, una me-jor política fiscal y mejores condiciones de asignación de espectro. Recalcaron que, para lograr los objetivos de conectividad, el primer paso es la articulación, diálogo y colaboración con el sector privado.

Tampoco en estos años hubo un impulso a la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En 2019, el operador decidió que iba a seleccionar a un operador privado para que lidere la gestión temporal del negocio de CNT. Pero la pandemia retrasó el proceso y generó incertidumbre sobre las posibilidades para entregar a un operador privado la gestión de los activos. Según el tinte político de la próxima administración, se avanzará o no en la privatización de la compañía.

En definitiva, las consecuencias de la pandemia han reivindicado al sector TIC como un aliado fundamental para el mantenimiento y la reactivación económica. Estará en las manos del próximo gobier-no aprovechar la digitalización para el bienestar de los ecuatorianos.

26 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

ArgentinaEl inventario de los bienes tecnológicos del Estado, un paso hacia la transformación digital de la administración públicaPaula Bertolini

27 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

La Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina creó el primer Inventario Nacional de Bienes Informáticos y Servicios Tecnológicos. Su objetivo es constituir un registro unificado de los bienes y servi-cios tecnológicos de las entidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional, bajo la órbita de la Oficina Nacional de Tecnologías de In-formación (ONTI).

El inventario brindará información certera y actualizada al Estado para que éste elabore y amplíe políticas públicas orientadas a la im-plementación de soluciones, integración, estandarización y optimi-zación en las contrataciones de bienes y servicios tecnológicos en el Sector Público Nacional.

Este inventario procura construir un registro unificado de bienes informáticos y servicios tecnológicos que se encuentran en el sector público, para luego analizar futuras contrataciones, actualizaciones o modernizaciones.

La ONTI será la encargada de mantener actualizado el inventario, implementar medidas para el cumplimiento del reglamento y dictar normas. Para mantener actualizado el inventario, las entidades y ju-risdicciones del Sector Público Nacional deberán definir a un Refe-rente TIC y enviar antes del 30 de marzo de cada año la Declaración Jurada de Inventario TIC al organismo.

Esta asignación de competencia resulta razonable dado que la ONTI, que depende de la Secretaría de Innovación, tiene a su cargo la dirección de procesos de innovación y el desarrollo tecnológico para la transformación del Estado. También promueve acciones para mejorar la disponibilidad de indicadores operativos -relacionados a los procesos- para hacer uso eficiente de la infraestructura tecnoló-gica del Estado.

El inventario es un acto de transparencia pública y coherente con las buenas prácticas de homogeneizar criterios respecto al uso de las tecnologías y servicios del Estado.

El inventario es un acto de transparencia pública y coherente con las buenas prácticas de homogeneizar criterios respecto al uso de las tecnologías y servicios del Estado. Esta medida podría constituir un avance sólido para la transformación digital del Estado.

28 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

MéxicoTelefónica avanza en la devolución de espectro y su acuerdo con AT&T MéxicoAlejandro González

29 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

En marzo de 2020 Telefónica México inició la devolución de todo el espectro que poseía hasta entonces, tras un anuncio hecho en no-viembre de 2019 sobre un convenio con AT&T México para migrar sus comunicaciones hacia el espectro de la empresa estadounidense.

Dicha decisión fue tomada por Telefónica en un momento en el cual la compañía había advertido los altos costos de los derechos anuales del espectro.

De acuerdo con información revelada por el diario Reforma, la empresa española pagaba en México alrededor de 4 mil millones de pesos anuales, por lo que ya era insostenible.

Telefónica México devolverá su espectro por etapas para evitar afectaciones a las 27 millones de líneas que tenía cuando realizó el anuncio. Tiene previsto que la migración concluya en 2023. Camilo Aya, CEO de Telefónica México, dijo en aquel momento que cuando concluya la devolución del espectro comenzaría a tener ahorros de hasta 230 millones de euros anuales.

El 5 de enero de 2021, Telefónica México anunció que concluyó la migración de las líneas en las regiones 1, 3 y 4 de México, corres-pondientes a los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.

El país tiene nueve regiones celulares, por lo que a Telefónica aún le queda un buen tramo por recorrer en la migración de sus líneas al espectro de AT&T México.

La devolución de espectro de Telefónica ocurre en un momento en el cual la compañía implementa un plan interno de transforma-ción digital, así como la venta de sus negocios en diversos países de

América Latina para concentrarse en los principales mercados como España, Brasil, Alemania y Reino Unido.

Nueva licitaciónUno de los efectos inmediatos de la devolución de espectro de Te-lefónica en México se verá reflejado en la licitación de espectro en México que inició el 15 de febrero de 2021. Se trata de 41 bloques en las bandas AWS, PCS, 2.5 GHz y la de 800 MHz, de los cuales podría recaudarse menos que en otras ocasiones debido a que Te-lefónica no competirá por espectro, lo que deja sólo a AT&T, Telcel y en menor probabilidad a la Red Compartida de Altán para adquirirlo.

Una posibilidad es que parte de ese espectro quede desierto, mientras que en caso de que no sea así, es probable que el Estado no vea ingresos tan altos al haber menos competidores. Las ofertas, por lo tanto, también serán menores.

No se debe perder de vista que los altos derechos anuales del es-pectro son una barrera de entrada para operadores más pequeños, incluida la Red Compartida, pues un operador de menor escala no tiene la capacidad económica suficiente para pagar en la licitación, además de los pagos anuales.

Implicaciones del acuerdoOtro de los efectos de la devolución del espectro que hizo Telefónica México es que quedará ocioso en un momento en el cual a nivel in-ternacional los gobiernos fomentan la adquisición del recurso para desarrollar redes 5G. Mientras el espectro en México se encuentre sin asignar, tardará más la llegada de servicios a usuarios y empresas en quinta generación.

Para Telefónica y AT&T el acuerdo que lograron es positivo. La es-pañola se desprendió de las altas cuotas anuales por los derechos, además de que al utilizar espectro de la estadounidense ha logrado tener mayor cobertura. Para AT&T también es un buen negocio; se trata de un uso secundario que le permite capitalizar de mejor ma-nera la infraestructura que ya tiene instalada.

Para Telefónica y AT&T el acuerdo es positivo. La española se desprendió de las altas cuotas anuales por los derechos, además de que al utilizar espectro de la estadounidense ha logrado mayor cobertura.

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Los usuarios de Telefónica México no tendrían por qué verse afec-tados con la migración hacia la red de AT&T. La empresa española ha dicho que se tratará de un proceso transparente; sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe estar pendiente de las implicaciones, pues el operador debe garantizar la conectividad y calidad de los servicios para todos sus usuarios.

Adicionalmente, Telefónica es uno de los operadores con más acuerdos con Operadores Móviles Virtuales (OMV) que utilizan su red para ofrecer servicios móviles, a quienes debe dar garantías.

Tampoco hay que perder de vista que Spica Telecom, una com-pañía que renta el espectro de Telefónica para ofrecer servicios en zonas rurales, se ha quejado de incumplimientos por parte de la española, derivado de la devolución de espectro. Telefónica ha respondido que ha cumplido con los contratos; sin embargo, el pe-queño operador ha insistido en que no es así.

31 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

GlobalJoe Biden le dice adiós a la Red Limpia de Trump y abre la puerta para la negociación tecnológica con ChinaAlejandro González

32 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

A pesar de que el recién estrenado gobierno de Joe Biden no ha de-finido clarawmente una postura sobre su relación con Huawei, una de sus primeras acciones como Presidente de Estados Unidos fue decirle adiós a la página web del proyecto Red Limpia que impulsó Donald Trump.

Se trata de una iniciativa impulsada por el ahora ex presidente de Estados Unidos que pretendía quitar del camino las empresas de origen chino, principalmente Huawei, en el desarrollo de las nuevas redes de telecomunicaciones móviles, específicamente 5G.

El gobierno le llamó Red Limpia porque lo que buscaba el gobier-no estadounidense era tener redes 5G libres de tecnología china. Algunos proveedores fueron acusados de espionaje a través de sus tecnologías implementadas en territorio estadounidense.

Aunque Biden no ha derribado por completo el “muro tecnoló-gico” impuesto a Huawei, la página del mencionado proyecto fue archivada. El nuevo presidente demócrata quiere dictar sus propias reglas en la relación con el país asiático.

Liderazgo tecnológico 5GLa carrera de 5G se ha convertido en la nueva carrera espacial, por lo que Biden y sus asesores en telecomunicaciones y tecnología saben que no pueden darle acceso irrestricto a las empresas del país orien-tal. Al mismo tiempo, reconocen que cortar de tajo la cadena de suministro ha traído consecuencias negativas para las propias com-pañías estadounidenses y el despliegue de 5G en varias naciones.

El bloqueo de Estados Unidos ha dejado heridos en ambos lados del campo de batalla. En los próximos meses la situación podría cambiar hacia una relación más flexible, aunque no de libertad total.

Por ejemplo, el CEO y fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ha he-cho pública su petición al gobierno de Joe Biden sobre su interés de reanudar negociaciones y empezar de nuevo con la relación de pro-veeduría de componentes para que las empresas norteamericanas utilicen componentes de la marca china en la construcción de sus redes 5G.

Del lado estadounidense, Brian Deese, director del Consejo Eco-nómico Nacional de Estados Unidos en la era Biden, ha señalado la

disposición del nuevo gobierno de reanudar las relaciones con las empresas chinas.

Aunque los negocios se reactiven entre ambos gigantes, las res-tricciones a las compañías chinas podrían levantarse con ciertas con-diciones y reglas. Estados Unidos reconoce el ascenso de China en el desarrollo tecnológico, económico y de innovación. La negociación entre ambas potencias sería un avance para garantizar el suministro de componentes y la neutralidad tecnológica.

El propio Brian Deese señaló en su momento que la competencia en los mercados tecnológicos debía ser leal entre las empresas chi-nas y estadounidenses, pues de lo contrario no se quedarán cruza-dos de manos.

Por lo pronto, el primer paso para poder soltar un poco la rienda a las empresas chinas es reforzar las compañías tecnológicas loca-les. Se logrará a través de políticas públicas y apoyos que les den un impulso tras la crisis generada por el entorno económico que ha dejado la pandemia por Covid-19.

El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ha hecho pública su petición al gobierno de Biden sobre su interés de reanudar negociaciones y empezar de nuevo con la relación tecnológica.

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ChileLas tres subastas independientes de frecuencias para 5G para liderar en espectro en América LatinaEfrén Páez

34 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

A partir de la futura asignación de espectro radioeléctrico por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Chile se convertiría en el nuevo líder por cantidad de espectro asig-nado en América Latina, superando ampliamente a países como Brasil, Perú y México. El país pasaría de 470 MHz de espectro a 1,870 MHz.

El espectro radioeléctrico es el combustible esencial para el fun-cionamiento de las redes celulares, por lo que se requiere su dispo-nibilidad en suficiente cantidad y variedad para un óptimo desem-peño del servicio que se ofrece a los usuarios.

El proceso licitatorio de espectro en curso por la Subtel planea asignar hasta 1,800 MHz de espectro en las bandas de 700 MHz (20 MHz), 1.7 GHz/AWS (30 MHz), 3.5 GHz (150 MHz) y 26 GHz (cuatro bloques de 400 MHz). Estas dos últimas bandas son de interés espe-cial para los operadores: permitirían la oferta de servicios 5G.

Ante la mayor demanda de las bandas de 700 MHz, AWS y 3.5 GHz, la Subtel informó que la subasta se dividiría en tres procesos independientes, a causa de un empate en los proyectos técnicos presentados por los operadores concursantes.

Respecto de la banda de 26 GHz, el regulador indicó que se realiza-ría la asignación a los tres operadores que participaron por esta ban-da, Claro, Entel y WOM. Eso significa que, de los 1,600 MHz puestos a disposición del mercado, se asignarán 1,200 MHz en tres bloques.

ControversiasEl proceso no ha estado libre de controversia, en especial alrededor de la banda de 3.5 GHz. A finales de 2020, Movistar de Telefónica presentó un recurso ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) para detener la licitación, al considerar que el proceso “excluye a ciertos competidores y otorga ventajas anticompetitivas a otros”. El recurso fue rechazado.

En 2018 la Subtel también había ordenado “congelar” el uso de la banda de 3.5 GHz para las compañías que contaban con licencias para brindar servicios fijos-inalámbricos. Unos meses después, ese mismo año, el regulador “descongeló” parte de la banda para su uti-lización en servicios fijos-inalámbricos, incluida la banda ancha. A

Entel le fue permitido utilizar 50 de los 100 MHz que tenía en conce-sión y a Claro 30 de 50 MHz en la banda de 3.5 GHz.

Más espectro para los consumidoresActualmente, los 470 MHz de espectro licenciado en Chile represen-tan 24 por ciento de la recomendación que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) realizó para un escenario alto en 2020. Después de la licitación, se tendrían 1,870 MHz asignados, con lo que el país se acercará a 95 por ciento de la recomendación del orga-nismo internacional. El mayor brinco viene gracias a los tres bloques de 400 MHz que se asignarían en la banda de 26 GHz.

Aún sin considerar la asignación de la banda de 26 GHz, que for-man parte del segmento de bandas milimétricas (mmWave), Chile finalizaría el proceso con 670 MHz de espectro, superando a sus pa-res latinoamericanos.

El 20 de enero de 2021, Entel y Ericsson inauguraron la primera zona con cobertura 5G. Esta zona cubrirá un área comercial de 5.5 km. La prueba se realiza a través de las bandas de 3.5 GHz (n78) y 700 MHz (n28) como parte de un proyecto experimental puesto en marcha por la Subtel.

Retos y oportunidades en bandas mmWaveLas llamadas bandas milimétricas se encuentran en los rangos de entre 30 a 300 GHz, con algunas algo más bajas como la de 26 y 28 GHz. En América Latina, países como Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Uruguay han llevado a cabo procesos de asignación de la banda de 28 GHz, por lo que Chile se convierte en uno de los primeros países con disposición de estas frecuencias.

Sin embargo, la asignación de las bandas milimétricas implica nuevos retos de infraestructura para los operadores. A diferencia

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de otras bandas en segmentos más bajos del espectro, las bandas milimétricas ofrecen una menor área de propagación y enfrentan dificultades para atravesar obstáculos, por lo que su uso implica una mayor densificación de la red y, por lo tanto, mayor inversión en infraestructura y componentes de red.

Pese a ello, también ofrecen importantes beneficios. Al contar con un mayor ancho de banda, permite la oferta de servicios a gran velocidad, así como la atención en áreas con una alta densidad de dispositivos, incluidos entornos urbanos de alta demanda y densi-dad poblacional, tales como estadios o centros de espectáculos y zonas comerciales.

Se espera que para América Latina las bandas milimétricas tengan un papel relevante en el abatimiento de la brecha digital, ya que también se pueden utilizar para el lanzamiento de servicios fijos-ina-lámbricos y redes privadas celulares 5G.

Al tener el potencial de ofrecer altas velocidades de acceso, estas bandas se podrían utilizar para la oferta de servicios de banda an-cha al hogar en zonas urbanas donde es más compleja y costosa la instalación de redes fijas como cable o fibra óptica. En ese sentido, permitiría a los reguladores resolver los retos alrededor de la última milla en servicios de banda ancha e incrementar la competencia en servicios fijos.

Dadas las implicaciones económicas y de infraestructura de la red, será importante que en las próximas licitaciones de esta banda en la región, los reguladores ofrezcan un equilibrio entre el costo del espectro frente a los requerimientos de inversión para su uso, de tal forma que se acelere el despliegue de la red.

El proceso licitatorio de espectro en curso por la Subtel planea asignar hasta 1,800 MHz de espectro en las bandas de 700 MHz, 1.7 GHz/AWS, 3.5 GHz y 26 GHz.

36 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

PanamáEl primer país latinoamericano en brindar espectro temporal ante Covid-19… y continúa el beneficioVioleta Contreras

37 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explicó que puede ser difícil implementar el espectro temporal, a menos que las estaciones base ya cuenten con transmisores de repuesto o una capacidad similar para activar las nuevas frecuencias.

El BID consideró que no existen razones de mayor peso para au-mentar la disponibilidad de espectro, aunque podría provocar algu-nos beneficios si la expansión contempla lugares donde las compa-ñías ya tienen licencias, o si son capaces de activar las frecuencias adicionales de manera remota.

¿Qué tan efectiva ha sido la medida?Hasta octubre, la experiencia de servicio móvil percibida por los pa-nameños no se ubicaba entre las mejores de América Latina. Tigo era el operador con la calidad más alta del país, pero se encontraba en la posición número 15 a escala regional, con una calificación de 61 puntos sobre 100, según datos de Tutela Insights.

Un año antes, la misma consultora le otorgó a la compañía (antes de que Telefónica vendiera sus operaciones a Tigo) una puntuación de 54.4 por ciento de experiencia móvil. La comparación entre am-bas métricas indica que, al menos, en la calidad del servicio móvil se registraron mejoras, aunque no se conoce a cabalidad si el espectro radioeléctrico adicional fue un factor determinante.

Durante el tiempo que han perdurado las restricciones de mo-vilidad en el espacio público y después de que se levante el con-finamiento, la Asep debe monitorear qué tanto han aprovechado

Panamá fue el primer país de la región en otorgar espectro ra-dioeléctrico adicional a los operadores de telecomunicaciones, para que pudieran fortalecer la capacidad de sus redes ante los incre-mentos en el tráfico de datos.

En abril de 2020, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep) proporcionó 120 MHz en la banda AWS a Claro, Tigo, +Móvil y Digicel (30 MHz a cada uno) por un periodo inicial de 90 días.

Las compañías no tuvieron que desembolsar un pago por las fre-cuencias, a cambio concedieron algunas prestaciones a los usuarios, incluidos mensajes de texto gratuitos, zero rating para sitios web oficiales relacionados con la contingencia, un servicio básico de In-ternet en caso de no poder cubrir el costo o un plan de conexión solidario para los estudiantes.

Después de los tres meses que duraría la medida temporal ori-ginal, la institución prolongó las autorizaciones por tres ocasiones más. La más reciente fue en enero de 2021, cuando la Asep amplió el permiso por un semestre hasta finales de junio.

Repunte de tráfico durante la crisisA raíz del confinamiento social implementado por el gobierno para contener la pandemia de Covid-19, el tráfico de datos en las redes aumentó considerablemente en Panamá y otros países del mundo. Por ello, la institución decidió dar frecuencias extras a las compañías del sector.

En 2020, Panamá fue la nación de la región latinoamericana que experimentó una mayor caída en la velocidad de Internet, de acuer-do con mediciones de Cable.co.uk. Hasta junio, las redes reflejaron un descenso de rapidez de descarga de casi 49 por ciento, debido al crecimiento de las actividades en línea, el trabajo remoto, la educa-ción a distancia y el entretenimiento.

Para la GSMA, este mecanismo de espectro adicional temporal puede ser útil para aliviar la demanda extraordinaria en el tráfico de datos de voz, texto e imagen, porque contribuye a optimizar el soporte de los servicios inalámbricos.

Además, la acción viene acompañada de otras medidas como fa-cilitar procesos para el despliegue de infraestructura.

La institución prolongó las autorizaciones por tres ocasiones más. La más reciente fue en enero de 2021, cuando la Asep amplió el permiso por un semestre hasta finales de junio.

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los operadores el espectro AWS temporal y con qué magnitud ha contribuido para robustecer las redes y soportar la alta demanda de Internet.

Para responder a la pregunta de qué tan efectivo ha sido el me-canismo del espectro temporal, también aportarán datos los otros países que brindaron frecuencias temporales, como Estados Unidos, Perú, Ecuador y Honduras.

Además, es importante que la institución no implemente única-mente soluciones aisladas, sino que conjugue varias acciones para garantizar una conectividad fiable y resiliente durante la pandemia, y más allá de ella.

Entre algunas de las tareas que la Asep no tendría que perder de vista están la de expandir el acceso a los servicios de banda ancha, servicios digitales y dispositivos tecnológicos; mejorar la asequibili-dad; promover habilidades digitales y propiciar un entorno de ma-yor competencia en el mercado.

39 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

PerúLa ruta para implementar 4G para conectar a todos los peruanosVioleta Contreras

40 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Perú inició 2021 con un plan ambicioso para ampliar la cobertura 4G en todos los rincones del país. La estrategia tiene tres pilares que se buscarán materializar en los próximos meses, en sincronía con un conjunto de medidas de urgencia que el gobierno aprobó para ampliar y garantizar la conectividad durante la pandemia de Covid-10.

En primer lugar, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) propuso intercambiar el pago del canon anual por el uso del espectro por proyectos de infraestructura o modernización tecnoló-gica. Así, en vez de un cobro económico, los operadores dirigirán los recursos al desarrollo digital y la conectividad.

Se prevé que el mecanismo sirva para conectar con LTE a 240 lo-calidades del país de las regiones de la Amazonía, Ayacucho, Cusco, Puno, San Martín, Huancavelica, Lima, Arequipa, Ica, Junín, Apurí-mac, Áncash y Cajamarca.

La expectativa del Ministerio está en la próxima subasta de las bandas AWS-3 (1.7/2.1 GHz extendida) y de 2.3 GHz. Las bases de la licitación incluirán condiciones de cobertura 4G o tecnologías supe-riores en mil 590 zonas de la Amazonía y el Valle de los Ríos Apurí-mac, Ene y Mantaro.

El MTC anunció que próximamente emitirá las directrices para los procedimientos de renovación de títulos habilitantes en el sector de comunicaciones, con el objetivo de definir compromisos de cober-tura LTE.

Según datos de la GSMA, la tecnología de cuarta generación es la segunda en términos de penetración en el país; representa 37 por ciento de las conexiones móviles, mientras que la red predominante es 3G (con 41% de las conexiones).

La organización pronostica que para 2025 Perú llegará a una pe-netración 4G de 73 por ciento, volviéndose la red principal. Alcan-zar ese hito más rápido y llegar a un mayor nivel de adopción será posible si el gobierno logra llevar a buen puerto sus medidas de política pública.

Expandir la cobertura LTE en las zonas rurales implica esfuerzos extra de inversión, que difícilmente pueden hacerse sin estímulos por parte de las autoridades y el regulador. Además, aún con las medidas se tendrán que destinar subsidios u otros esquemas para llegar a algunas zonas remotas.

Incentivos para el despliegue de tecnologíaNo es una demanda nueva en la industria de telecomunicaciones, de Perú y a nivel internacional, que el espectro radioeléctrico suele ser muy costoso, desalentando las inversiones, entorpeciendo la actua-lización tecnológica y, a final de cuentas, afectando a los consumido-res porque se verá reflejado en el precio de los servicios o la demora en el despliegue de infraestructura.

Por ello, para ser efectiva, la acción del MTC sobre la licitación de las bandas AWS-3 y 2.3 GHz tendrá que abandonar cualquier afán recaudatorio. A lo largo de 2020, la viceministra de Comunicacio-nes sostuvo que se priorizará la conectividad por encima de ingresar efectivo a las arcas del Estado.

Sin embargo, a finales de 2020 hubo cambios en el gobierno na-cional; entraron un nuevo viceministro y un titular del Ministerio. Mantener la visión dependerá de que la política digital se vea como un propósito de Estado y no sólo de la administración en turno.

En cuanto al canon anual por el aprovechamiento y explotación del espectro, la acción de sustituir el pago con proyectos es una se-ñal de que el Ministerio escuchó los reclamos de los operadores mó-viles, ya que incluso Claro y Movistar presentaron recursos legales contra el canon.

Las empresas arguyeron que el cálculo que definía el cobro era irracional y desproporcionado, por lo que desincentiva las inversio-nes. Aunque se plantea este camino para saldar el canon, aún falta observar cuáles serán las reglas específicas y que se replantee el cos-to considerando un cálculo más adecuado.

El MTC propuso intercambiar el pago anual por el uso del espectro por proyectos de infraestructura o modernización tecnológica.

41 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

EcuadorObligado a tener una ley de protección de datos por filtración de datosVioleta Contreras

42 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Retos y oportunidadesEcuador es uno de los pocos países de América Latina que carece de una ley de protección de datos personales, mientras el mundo se mueve hacia una economía digital basada en el aprovechamiento de los datos. Por ello, es una tarea inaplazable avanzar hacia una legislación y regulación en la materia.

Sin embargo, diversos actores de la industria advierten algunos puntos inquietantes del proyecto. La Asociación Interamerica-na de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) señaló que la ver-sión inicial contiene algunos puntos limitantes, como altas multas en caso de infracción. Las empresas tendrían que pagar hasta 17 por ciento de los ingresos totales del volumen de negocio, una can-tidad cuatro veces mayor que lo fijado por la Unión Europea.

La Asiet hizo hincapié en que el marco legislativo debe ser flexible, con el fin de permitir la innovación en nuevos productos y servicios basados en datos, siempre que éstos sean anónimos. Además, la organización coincidió en que las sanciones que se plantearon eran irracionales y desproporcionadas.

Por otro lado, Derechos Digitales, Access Now y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones dijeron que era una buena deci-sión discutir una ley de protección de datos personales, porque es una base para garantizar derechos fundamentales.

Asimismo, resaltaron que es importante contar con una visión transversal; no sólo involucra la privacidad y la autodeterminación informativa, también libertad de expresión, no discriminación, dere-cho a la reunión pacífica y otros más.

Tras atravesar la mayor filtración de datos personales en el país, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacio-nal un proyecto de ley en la materia en septiembre de 2019.

La Ley Orgánica de Protección de Datos podría ser aprobada este 2021. Ya pasó por una primera revisión en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, por lo que ahora está en la agenda de discusión del Pleno.

El proyecto legislativo busca brindar un marco normativo para proteger los datos personales, la autodeterminación informativa y los derechos digitales involucrados en el tratamiento y flujo de da-tos, al establecer principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela.

De acuerdo con el documento, el tratamiento de datos personales sólo será legítimo cuando exista una obligación jurídica aplicable al responsable; por orden judicial, resolución o mandato motivado de autoridad competente; por entidades públicas y sus organizaciones, según sus competencias; para cumplir obligaciones contractuales; ejecutar medidas a petición del titular o por consentimiento de éste, y para proteger intereses vitales.

Además, la propuesta establece que las finalidades del manejo de datos personales deben estar justificadas, explícitas y ser legítimas. Los procesos tienen que concebirse bajo la confidencialidad, cali-dad, conservación, seguridad, responsabilidad, normativa especiali-zada y otros principios.

La causa del proyectoCon este proyecto, el país busca subsanar el vacío normativo que quedó en evidencia en 2019, cuando la compañía de seguridad in-formática vpnMentor detectó una filtración masiva de datos desde un servidor en Miami de la empresa Novaestrat.

El sistema de la firma ecuatoriana de marketing y análisis no cum-plía con los requisitos de seguridad, por lo que dejó expuestos los datos personales de prácticamente toda la población del país, inclui-dos números de teléfono, registros de trabajo, números oficiales de identificación y otros más, según la revisión hecha por vpnMentor.

Ecuador es uno de los pocos países de América Latina que carece de una ley de protección de datos personales.

43 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

La aprobaciónAhora la labor y el deber de la Asamblea es no abandonar el pro-yecto de ley y abordar las preocupaciones de la academia, organiza-ciones, empresas y la sociedad civil de manera que se reflejen en el articulado en su aprobación final.

Entre los temas que están en la mesa de debate se encuentran la claridad en cuanto a la seguridad de los datos en manos de los suje-tos responsables, resguardar el anonimato del conjunto de datos, la transparencia en el tratamiento, el régimen sancionatorio, los retos de proteger los datos en un contexto digital de flujo transfronterizo y el consentimiento de los titulares de los datos.

Una vez que logre concretarse la nueva ley, será la Autoridad de Protección de Datos la encargada de vigilar y regular el cumplimien-to; aprobar códigos de protección, mecanismos de certificación y se-llos de protección de datos personales; así como vincularse con los delegados en la materia en cada organización, empresa o institución responsable del manejo de datos.

Los sujetos responsables de los datos tendrán dos años para adap-tarse y acoger todos los principios y reglas de la ley, y deberán co-municar a los titulares de los datos los mecanismos que pondrán en marcha para cumplir con la protección de la información personal.

Además, un desafío para la autoridad regulatoria será atender re-clamos de los titulares de los datos, y vigilar y dar seguimiento a las vulneraciones a la seguridad de los datos, para evitar que se repita un caso como el de Novaestrat en 2019.

44 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

ArgentinaLa Ley de Economía del Conocimiento podría ser una palanca para la recuperación económicaPaula Bertolini

45 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Luego de varios meses de demora, a finales de 2020 el gobierno aprobó y reglamentó la Ley de Economía del Conocimiento. Pro-mete relanzar las exportaciones y empleos de sectores vinculados a la industria del software, la producción audiovisual en formato digi-tal, la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética, nanotec-nología y nanociencia, industria aeroespacial y satelital e ingeniería para la industria nuclear.

La iniciativa, ahora impulsada por el Ministerio de Desarrollo Pro-ductivo, prevé que se generen entre 200 mil y 500 mil empleos adi-cionales (actualmente el sector emplea a 437 mil personas) y que las exportaciones alcancen 15 mil millones de dólares anuales (actual-mente ingresan 6 mil millones de dólares).

La ley fue aprobada por el gobierno de Macri a finales de 2019 y suspendida en enero de 2020 por Alberto Fernández. Se esperaba que fuera re-aprobada en mayo de 2020. Sin embargo, hasta agosto de 2020 no recibió la media sanción de Diputados, y volvió a es-perar hasta octubre para ser aprobada por el Senado. Esta cámara la devolvió el 3 de octubre a Diputados con algunos cambios y fue finalmente refrendada el 8 de octubre. La reglamentación se publicó el 22 de diciembre de 2020.

Qué implica la leyEl proyecto dispone descuentos sobre los aportes patronales que las empresas podrán convertir en bono fiscal de hasta 70 por ciento de las contribuciones que hayan pagado. Rebaja 60 por ciento la tasa del impuesto a las ganancias a las micro y pequeñas empresas, 40 por ciento a las empresas medianas y 20 por ciento a las grandes. Este régimen de promoción se extenderá hasta 2029.

La ley crea un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento y dará incentivos extras para lograr un desarrollo federal de polos de economía del conocimiento, promover el em-pleo femenino y la diversidad.

Algunas determinaciones que se dictaron en las resoluciones de reglamentación detallan que las zonas desfavorables, que tendrán un beneficio adicional de 10 por ciento sobre las contribuciones pa-tronales, son las provincias de San Juan, Tucumán, Catamarca, La

Rioja, Entre Ríos, Jujuy, Corrientes, Salta, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.

Para qué la leyEl proyecto es clave para paliar dos de las necesidades imperiosas del país: la entrada de divisas y la generación de empleo de calidad. El gobierno enfrenta una situación de constante pérdida de reser-vas en dólares al mantener un desdoblamiento cambiario -fruto del control de cambios- que trata de frenar la inflación y proteger las importaciones para que no caiga más la demanda interna. La ex-pectativa sobre el valor del dólar retrae la exportación de sectores como agroindustria, lo que frena la entrada de dólares al país. En este contexto, aumentar la entrada genuina de dólares es una prio-ridad para el gobierno. La Ley de Economía del Conocimiento es una de las palancas para hacerlo.

Algunos cuestionamientosEntre las críticas al proyecto, las cámaras empresariales han seña-lado la excesiva burocracia y discrecionalidad que se prevé para ser receptor de los beneficios, aunque la reglamentación avanzó en cla-rificar estos puntos.

También se ha señalado que reducir los beneficios a las grandes empresas perjudica la capacidad de la industria argentina de compe-tir en el mercado global. Se consideran complicaciones adicionales para la exportación que el bono de crédito fiscal sea intransferible, pues las empresas que tengan una importante capacidad exporta-dora y no tengan posición fiscal local no lo podrán ejecutar.

Los críticos atribuyen los cambios en la ley a una concepción anti empresa por parte del gobierno, que entiende que si hay un sector que le va bien hay que incrementarle impuestos, bajarle los benefi-cios y regularlo lo más posible.

El sector privado celebró la aprobación y se espera que en mayor o menor grado pueda ser un dinamizador de la economía.

46 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

UruguayLa portabilidad numérica podría dinamizar el mercado de telecomunicacionesPaula Bertolini

47 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Después de muchos años siendo solicitada por los operadores, se hará efectiva la portabilidad numérica en Uruguay a partir de oc-tubre de 2021.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay aprobó el reglamento y cronograma de implementación del sistema de por-tabilidad numérica, luego de que se avalara en la Ley de Urgente Consideración sancionada en 2020.

De acuerdo con el cronograma, el 30 de marzo el Ejecutivo debe-rá suscribir los contratos con el Administrador de la Base de Datos (ABD, quien coordinará las operaciones para la portación). El inicio de las pruebas, capacitación y validación del ABD iniciarán el 30 de junio, para que el arranque oficial de la portabilidad numérica sea el 1 de octubre de 2021.

La reglamentación detalla que los operadores de telefonía móvil que tengan derecho a asignación directa de numeración “están obli-gados a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida ésta como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad”.

¿Medida política?Durante los años que llevaba gobernando Uruguay el Frente Am-plio (durante 15 años), no se avanzó en la portabilidad numérica por temor a que la aprobación de la migración se interpretase política-mente como una medida tendente a debilitar la posición del ope-rador estatal Antel, en un país de fuerte tradición de defensa de los servicios públicos. Actualmente, Antel concentra 51.5 por ciento de las líneas móviles en el país, cuando Movistar posee 30.5 por ciento y Claro el 18 por ciento restante.

Con la llegada de Luis Lacalle Pou a la presidencia, se comenzaron a analizar cambios regulatorios tendientes a generar más compe-tencia en el mercado de telecomunicaciones. Por eso se avanzó en la portabilidad numérica y en la modificación de la ley de comunica-ción audiovisual, norma que habilitaría a los cableros a dar servicios de banda ancha fija (hasta el momento, el único operador que lo puede hacer es la estatal Antel). Esta última ley aún espera el aval en el Congreso.

Los cambios podrían dinamizar aún más el mercado de telecomu-nicaciones de Uruguay, a pesar de que es uno con los mejores servi-cios y teledensidad de América Latina (77% de los accesos a banda ancha fija son por fibra óptica).

Estos cambios regulatorios fueron los que despertaron el interés de Telecom Argentina por adquirir las operaciones de Movistar en suelo charrúa. Por ahora es un rumor, pero de aprobarse la ope-ración y la modificación a la ley de medios, Telecom (que en Uru-guay presta únicamente servicios de TV de paga a través de Cablevi-sión-Flow) podría ofrecer triple play.

Antel concentra 51.5% de las líneas móviles en el país, cuando Movistar posee 30.5% y Claro el 18% restante.

48 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

Estados UnidosLicitación de la Banda C para 5G rompe récord de ofertasItzel Carreño

49 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

El 8 de diciembre de 2020, la Comisión Federal de Comunicacio-nes (FCC, por sus siglas en inglés) inició la licitación de la Banda C para tecnologías 5G, la subasta de espectro de banda media más grande que ha hecho el regulador a la fecha.

La llamada Subasta 107, puso a disposición 280 MHz en la banda de 3.7-3.98 GHz. Se ofrecieron 5 mil 684 licencias que se emitirán por área económica parcial (PEA) y cada licencia incluiría 20 MHz de espectro.

El 18 de enero de 2021, la FCC finalizó la fase de subasta de reloj. Los 57 postores calificados realizaron ofertas por 80 mil 916 millones de dólares, la cifra más alta conseguida en un proceso licitatorio de espectro en Estados Unidos.

Ahora, los ganadores tendrán la oportunidad de ofertar por li-cencias específicas de frecuencia en la fase de asignación de la Su-basta 107.

La subasta brinda a los operadores inalámbricos y otros la primera oportunidad real de obtener espectro de banda media para 5G des-de la subasta de Citizens Broadband Radio Services (CBRS) el verano de 2020, la cual recaudó solo 4.5 mil millones dólares.

Beneficios para 5GEl espectro de la Banda C se considera más valioso, como se eviden-cia en las licitaciones. Estas frecuencias de banda media están en el corazón de las redes 5G. Ofrecen una gran combinación de cobertu-ra razonablemente buena y suficiente espacio de frecuencia abierto para permitir conexiones de alta velocidad.

Los 57 postores calificados realizaron ofertas por 80 mil 916 millones de dólares, la cifra más alta en un proceso licitatorio de espectro en Estados Unidos.

En un comunicado, la presidenta interina de la FCC, Jessica Ro-senworcel, declaró que “esta subasta ha superado las expectativas y, en este punto, estamos avanzando para que esta pieza crítica del espectro de banda media se comercialice rápidamente, porque ayu-dará a los consumidores estadounidenses a aprovechar los servicios inalámbricos de próxima generación”.

En sintonía con la licitación, Nokia anunció que su cartera de pro-ductos 5G para dicha banda estará disponible a partir del primer trimestre de 2021.

Ofertas tecnológicasLos productos podrán respaldar las implementaciones de redes 5G de los operadores móviles en Estados Unidos. La cartera cubre tanto necesidades de implementación en interiores y exteriores, incluye soluciones de antenas MIMO masivas, antenas híbridas que combi-nan plataformas de radio pasivas y activas en una sola unidad modu-lar, cabezales de radio macro remoto y soluciones de celda pequeña para cubrir todos los requisitos de conectividad e implementación.

Respuesta de la industria satelitalLos operadores de satélites Intelsat, SES, Telesat, Eutelsat y Star One están trabajando para despejar la parte de la Banda C que se está subastando. Los operadores acordaron despejar el espectro a cam-bio de costos de reubicación y pagos de incentivos por despejar el espectro en un cronograma acelerado.

La FCC decidió otorgar 9.7 mil millones de dólares en pagos de reubicación acelerados, la mayoría de los cuales se destinarán a In-telsat (4.87 mil millones) y SES (3.97 mil millones). Los operadores deben primero despejar 120 MHz de espectro en 46 áreas econó-micas parciales para el 5 de diciembre de 2021. En una segunda fase, deben despejar los 120 MHz más bajos en las áreas restantes, más 180 MHz adicionales en todo el país, para el 5 de diciembre de 2023.

50 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

BrasilSe modifica la Ley TIC para impulsar la innovación y brindar seguridad jurídicaItzel Carreño

51 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

El 18 de enero de 2020, se publicó en Brasil el Decreto Presidencial N°10.602 que determina cambios en la reformulada Ley de las Tec-nologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de diciembre de 2019.

Dicha ley establece que las empresas de TIC que inviertan en in-vestigación, desarrollo e innovación (I+D+I) tendrán derecho, hasta 2029, a incentivos fiscales sobre los ingresos netos por la venta de bienes y servicios. El propósito del decreto publicado el 18 de enero de 2021 fue detallar los lineamientos y normas previstas en la ley a fin de evitar interpretaciones dudosas y aclarar a las empresas de la zona quiénes pueden hacer uso de los beneficios y cuáles son los requisitos para estas actividades.

Las nuevas definiciones clasifican las actividades de I+D+I en in-vestigación básica, aplicada, desarrollo experimental, innovación tecnológica y formación técnica o formación en las áreas de las TIC (incluida la informática), ingeniería eléctrica, electrónica, mecatróni-ca y de telecomunicaciones y “otros cursos relacionados”.

Estas actividades pasarán por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), que aún estará obligado a editar un acto a tra-vés de la Secretaría de Emprendimiento, indicando cómo utilizar el monto a gastar en cada proyecto de I+D+I.

Otro cambio relevante a los incentivos para la producción de TIC permite que, si una empresa está presente en más de un lugar del país, puede utilizar diferentes regímenes, es decir, una indus-tria puede utilizar el régimen de créditos trimestrales de incentivos, mientras que otro usa el sistema anual.

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, Marcos Pontes, dijo que “la expectativa es que los cambios traerán aún más segu-

ridad jurídica, más detalles de lo que cubre y cómo lo cubre la ley, incluso en materia de cálculo tributario. Los cambios permitirán una mayor inversión en la formación de personal, mayor promoción de la ciencia y la tecnología en este sector que emplea a miles de per-sonas y necesita aún más puestos de trabajo”.

ImplicacionesEl decreto se hizo a pedido del sector productivo para, entre otras ra-zones, aumentar la posibilidad de utilizar la ley de TIC y traer mayor inversión en ciencia y tecnología. De esta manera, se hizo más fácil entender quién tiene derecho a los mecanismos de la ley y quién no.

Sin embargo, la publicación del decreto aún no ha sido suficiente para que las empresas del sector se sientan cómodas con el nuevo modelo que fue modificado para cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para impulsar más la innovación y la tecnología en el país.

Otro tema a igualar es sobre la vigencia del decreto. Se esperaba su publicación para diciembre de 2020, por lo que fue posible regu-larizar ediciones limitadas al año calendario 2020. La publicación en 2021 necesita mostrar las condiciones que deben seguirse para la elaboración de las cuentas del año base 2020, que incluye los meses de 2020 y 2021.

La ley establece que las empresas de TIC que inviertan en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) tendrán derecho, hasta 2029, a incentivos fiscales.

52 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

MéxicoLey de Home Office: ¿al estilo californiano?Alejandro González

53 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

La pandemia por Covid-19 obligó a muchas empresas y personas a cambiar su forma de trabajar. Al decretarse un confinamiento, mu-chos se adaptaron como pudieron al trabajo a distancia, también conocido como Home Office.

A raíz de ello, legisladores mexicanos decidieron reformar la Ley Federal del Trabajo para incluir derechos y obligaciones sobre el Home Office.

Entre las modificaciones se incluye la obligación de los patrones de contribuir con una parte del costo de la electricidad y la Internet que consuman los empleados mientras trabajan desde casa.

Asimismo, obliga a las empresas a otorgar a los empleados equipos de cómputo o comunicaciones como celulares para que desempe-ñen sus tareas. Además, los empleadores deben dar mantenimiento a los equipos, mientras que los empleados se deben comprome- ter a cuidarlos.

La reforma contempla el “derecho a la desconexión”, lo que signi-fica que los empleados tienen el derecho de desconectarse de toda comunicación como llamadas, chats o correos electrónicos cuando haya concluido su horario laboral.

Además, la modificación a la ley incluye el mandato sobre los sa-larios, en el cual se establece que un empleado que trabaja en casa no puede ganar menos que otro que acuda a las oficinas de la em-presa cuando realizan las mismas actividades.

Todas las anteriores son reglas nuevas para muchas empresas y empleados en México; sin embargo, para muchas otras firmas, so-bre todo las grandes tecnológicas californianas como Microsoft, Cis-co y muchas más, es algo que hacen desde hace mucho tiempo en sus headquarters y también en México.

México pone foco, por primera vez desde una regulación, al traba-jo a distancia, pues el Home Office era una propuesta de trabajo que

La ley contempla el “derecho a la desconexión”, lo que significa que los empleados tienen el derecho de desconectarse de toda comunicación.

se ha propuesto desde hace muchos años, sobre todo en la Ciudad de México por razones de calidad de vida de las personas y protec-ción al medio ambiente, pues hay empleados que dedican varias ho-ras a traslados de sus casas a la oficina. Además de que la Ciudad de México cuenta con una infraestructura digital robusta.

El Home Office implica cambios en la organización de las empre-sas,y también en la idiosincrasia de los mexicanos. El éxito de esta forma de trabajo no recae en cuántas horas dedique una persona frente a su computadora, sino en aprovechar mejor el tiempo, ser más productivos y cumplir con los objetivos que los equipos de las organizaciones establecen.

Hablar de Home Office también es hablar de ahorros para las em-presas. Aunque definitivamente no van a desaparecer los espacios de oficinas físicos, sí pueden ser aprovechados de mejor manera o in-cluso reducirse, lo cual significa menores gastos para las compañías.

Aunque no todas las empresas o roles de empleados son sujetos a realizarse desde casa, los que sí lo permitan podrán generar una relación que traerá beneficio para ambas partes.

Aún está pendiente una Norma Oficial Mexicana que establecerá las reglas puntuales del Home Office. Sin embargo, puede preverse que la forma de trabajo en México va a cambiar a un modelo híbri-do. Cuando la emergencia sanitaria quede superada, las empresas que logren modificar sus actividades hacia un modelo híbrido físico y a distancia serán las que seguramente tendrán más beneficios.

54 | DPL Spotlight Política Digital Enero 21

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