sociedad, trabajo y neoliberalismo. apuntes de las escuelas de formación sindical. ical y f. rosa...

••SOCIEDAD, ^ ^ TRABAJO

Y NEOLIBERALISMO "Apuntes de las Escuelas de Formación Sindical"

El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ha planificado y desarrollado la primera versión de las Escuelas de Formación Sindical, iniciativa conjunta con la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania, cuyo objetivo medular apunta a entregar una formación integral a dirigentes sindicales de base, federaciones y confederaciones, que los capacite tanto en saberes específicos del quehacer sindical, como en elementos críticos del actual modelo socioeconómico y político en vigencia, de una forma que les permita ejercer su función de liderazgo sustentada en bases de conocimiento de la mayor amplitud posible.

Entre sus objetivos, este proyecto busca dotar a cuadros y dirigentes sindicales de conocimientos teóricos y prácticos que les permitan diagnosticar y analizar críticamente el modelo neoliberal y su aplicación en Chile, en particular sus consecuencias sobre el mundo del trabajo; desarrollar una línea de investigación en educación popular que permita innovar en las concepciones y métodos de la formación sindical y aportar al fortalecimiento de un movimiento sindical consciente, crítico y propositivo.

Aún con todas las dificultades e insuficiencias propias de una primera experiencia, el balance es, para el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ampliamente satisfactorio, no sólo por los numerosos alumnos de diversas organizaciones que obtuvieron su diploma, sino también por la calidad, pertinencia y oportunidad de los contenidos y los aportes del cuerpo docente, de los cuales este libro constituye un testimonio.

Ediciones ICAL Instituí.« de Ciencias Alejandro Lipschutz I'l imera Edición, enero, 2004.

Registro de propiedad intelectual: N° 137.295 ISBN: 956-7074-04-6

Diseño y diagramación: Manuel Oíate

Impreso en Santiago de Chile

INDICE

Presentación Francisco Herreros 5

Frederick Hayek y la Génesis del Pensamiento Neoliberal Daniel Núñez Arancibia 15

Chile y su Relación con el Comercio Internacional Patricio Malatrassi Aguilera 50

Los Trabajadores y la nueva legalidad, 1924-1973 Jorge Rojas Flores 91

Sindicalismo, Neo-corporativismo y Transformismo César Guzmán Concha 192 Los Estudios del Trabajo en América Latina: Apuntes para el debate Antonio Aravena Carrasco 220 De Jornada Excepcional a Jornada Común Pedro Aravena Rivera 258 El TLC Chile-EEUU y el Modelo de Desarrollo Magaly Parada Aguayo 277

Apuntes de las Escuelas de Formación Sindical

A MODO DE INTRODUCCIÓN

A pesar de la profundidad de la inserción de Chile en el proceso de globalización del capitalismo en su expresión neoliberal, o más bien por lo mismo, el movimiento sindical chileno no sólo se niega a abandonar aquella visión de sí mismo que lo coloca como un actor social de primera importancia desde mediados del siglo pasado, sino que ha dado inequívocas señales de revitalización, dentro de las cuales cabe mencionar la demanda por un Chile Justo, en virtud de la cual convocó al primer paro nacional de los trece años de gobierno de la Concertación, el 13 de agosto de 2003, y el Congreso Refundacional de la Central Unitaria de Trabajadores, proceso que como señala su convocatoria, busca "recuperar críticamente nuestra memoria histórica y adecuar nuestra acción sindical a las nuevas realidades y necesidades de la evolución del mundo del trabajo".

Si hubo un sector social castigado con particular brutalidad e inquina por la represión de la dictadura y por la destrucción de un régimen democrático en el que había obtenido importantes conquistas y espacios de participación, ese fue el movimiento sindical.

No en vano 360 de sus cuadros y dirigentes aparecen en las nóminas de desaparecidos y ejecutados durante ese oscuro período de nuestra historia reciente. Pero más importante todavía fue el embate permanente orientado a desarticularlo y destruirlo como expresión social organizada.

Es así como, en nombre de la libertad y la propiedad, se lo privó de sus libertades y conquistas, de sus derechos más elementales y aún de sus bienes y recursos. No conformes con

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Sociedad. Trabajo y Neoliberalísmo

eso, los sedicentes nuevos dueños del país intentaron arrebatarle su identidad, su organización y sus herramientas históricas de lucha, mediante una legislación laboral elaborada entre cuatro paredes, que además de consagrar la desigualdad en términos absolutos, propició su anulación como sujeto histórico y principal componente de la cadena de producción, bajo el argumento del que todavía se vale la propuesta neoliberal en boga, según el cual el valor lo crea la empresa en lugar del trabajo.

El movimiento sindical chileno fue objeto de esa desorbitada arremetida porque tuvo la originalidad de saber unir, desde sus inicios, la lucha social con la lucha política, y crear, en un proceso ascendente, no exento de contradicciones y retrocesos, la base social de un proceso cuya culminación, como expresión democrática, fue el gobierno de Salvador Allende, durante el cual alcanzó la cota más alta de trabajadores sindicalizados de su historia, algo más de 900 mil, equivalentes aproximadamente a un tercio de la fuerza de trabajo asalariada de entonces.

En una somera revisión, la acometida contra el movimiento sindical incluyó, en la primera etapa, la agresión física contra sus integrantes y la confiscación de sus bienes, así como la derogación en los hechos de la mayor parte de sus conquistas económicas y sociales y una cesantía generalizada, como consecuencia del shock económico de 1975, el inicio de la política de ajuste por el lado del trabajo, que no ha cesado de aplicarse hasta hoy.

Enseguida, sobrevino la cancelación de la personería jurídica de federaciones y confederaciones, la supresión de los tarifados nacionales y la prohibición de elecciones para renovar directivas. Pero el golpe más importante contra el movimiento sindical empezó a gestarse a partir de 1978, con la dictación de una serie de decretos que fueron configurando la nueva institucionalidad laboral, particularmente con los decretos ley 2.200 sobre contrato

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individual, 2.756 sobre organización sindical y 2.758 sobre negociación colectiva.

Dicha legislación ad-hoc persiguió un doble objetivo. De una parle, flexibilizó ampliamente los derechos individuales, pero en dirección a atomizar a las organizaciones sindicales y a desregular las relaciones laborales en función de entregarle al empleador amplias facultades para determinar las jornadas de trabajo y las remuneraciones. En el otro extremo, rigidizó en forma absoluta el ejercicio de los derechos colectivos, como la negociación colectiva y la huelga, hasta el punto de tornarlos casi ilusorios. El efecto combinado de esta nueva institucionalidad laboral implicó simultáneamente el retiro del Estado de la supervisión de las relaciones laborales y la desprotección del movimiento sindical ante un empresariado que no trepidó en valerse de sus nuevos fueros y libertades para obtener del trabajo inéditas tasas de productividad y explotación.

El resultado neto de tal política ha sido la contracción de la participación de los salarios en el producto nacional desde cerca del 70% alcalizado en 1972, hasta el 38% de la actualidad, y en la reducción del número de trabajadores sindicalizados, desde los más de 900 mil del año 1972, a los poco más de 600 mil de la actualidad, alrededor del 10% de la fuerza laboral, porcentaje que correlacionado con el crecimiento de la población, arroja una merma brutal.

Sin embargo, si hay atributos que caracterizan al movimiento sindical chileno, esos son su voluntad de lucha, coraje y tenacidad. Es así como tempranamente, todavía bajo la fase más aguda de la represión dictatorial, inicia su proceso de reconstitución con la Coordinadora Nacional Sindical, surgida al alero de la Iglesia Católica, hacia fines de 1975.

En esas condiciones extremas, organizaciones sindicales de clase protagonizaron tres importantes huelgas, como las de Panal el año 75, la de Goodyear el año 78 y la de la central hidroeléctrica

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Colbún Machicura, el año 82, que tuvo la virtud de ser la primera huelga que desbordó el estrecho marco del Plan Laboral de la dictadura, aún al costo del despido masivo de todos los trabajadores que participaron en la misma.

A pesar del dinero derrochado a manos llenas y la ambición de algunos caudillejos, la dictadura no logró implantar el sindicalismo amarillo. Con gran inteligencia y sentido táctico, el sindicalismo de clase logró conservar la unidad aún en el marco del Plan Laboral, creado precisamente para dividirlo. No sin intensos debates ideológicos, supo readecuar sus organizaciones a las normativas de la institucionalidad laboral de la dictadura, lo que por una parte implicó su reconocimiento de hecho, pero como contraparte, permitió mantener la cohesión de sus organizaciones.

Pero, en lo fundamental, el movimiento sindical, agrupado en el Comando Nacional de Trabajadores, convocó a las primeras protestas nacionales a partir del 11 de mayo de 1983, punto de inflexión que le arrebató la iniciativa a la dictadura, modificó de modo irrevocable el mapa de las correlaciones políticas vigentes hasta entonces, y que bien pudo terminar con ella, si la clase política hubiese seguido el ejemplo unitario, y batallado con igual denuedo y decisión.

En un error histórico que admite más de una interpretación, el movimiento sindical cedió el protagonismo de masas y la conducción a aquellas fuerzas políticas que negociaron con la dictadura la actual configuración de un modelo que combina el liberalismo extremo en lo económico y la democracia de baja intensidad en lo político, responsable de la mayor desigualdad y polarización social que haya conocido la historia del país.

Aún más, renunció temporalmente a sus justas reivindicaciones con miras a preservar una representación de democracia que en rigor no estaba amenazada, y que en todo caso le ha retribuido con sublime cicatería y mezquindad.

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Es así como a comienzos de los años noventa, y en medio de un cuadro político determinado por la salida pactada de la dictadura, la actividad de los movimientos sociales decayó de manera significativa.

El mundo social asumió el discurso político del pragmatismo, que postuló la postergación de las demandas sociales en función de privilegiar la consolidación del gobierno de transición. Desaparecen muchas organizaciones de base, especialmente en el ámbito poblacional, la participación en organizaciones sociales y políticas cae de manera sostenida, y se impone un comportamiento de apatía ciudadana que deja en manos de la clase política concertacionista el futuro de la emergente democracia.

Este fenómeno se prolongó durante toda la década, y si bien surgieron algunos focos aislados de conflicto social, en definitiva la tendencia dominante fue la desmovilización. El paro del 13 de agosto de 2003 marca un punto de inflexión en la tendencia, sin perjuicio de que la reactivación del movimiento sindical ocurre en un contexto de gran complejidad.

Como pocos países en el mundo, en Chile han arraigado hondamente los postulados del dogma neoliberal. El Estado ha abdicado no sólo de la provisión de servicios sociales básicos, como la salud, educación y la previsión social, sino también de sus facultades reguladoras y fiscalizadoras de las relaciones de producción y de intervención en la economía, en función de permitir el máximo despliegue de las potencialidades del mercado. El proceso de privatización de las relaciones de producción ha traído aparejado profundos cambios (auto en en las formas de organización del encadenamiento productivo como en la subjetividad de los propios trabajadores como sujeto y clase social, cuestión que tiene un directo correlato en el comportamiento sociocultural y en el marco valoneo que determina la conducta de las personas, donde

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Sociedad, Trabajo y Neoliberalismo

campean el arribismo, el consumo y la competencia, lo que a su turno determina que las nuevas identidades sociales se construyen desde el tener más que en el ser, y desde la inserción personal de cada uno en el mercado, en detrimento de las relaciones de cooperación y solidaridad social.

En el caso particular de los trabajadores, su identidad como sujeto social está fuertemente condicionada por la desregulación del mercado del trabajo, que ha generado cambios estructurales en su composición, algunos de los cuales pueden sintetizarse como sigue:

• Crisis de la clase obrera industrial y manufacturera, típica de la posguerra

• Fin del empleo estable y creciente precarización de los trabajadores.

• Crecimiento del empleo en el sector terciario de servicios, en especial, en el comercio, los servicios financieros y telecomunicaciones.

• Incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, que actualmente alcanza cerca de una tercera parte de la fuerza de trabajo del país.

• Incrementos sustantivos de la productividad del trabajo, asociados a la incorporación de nuevas tecnologías, que de una parte van en directo beneficio de la acumulación del capital, y de otra, contribuyen a la eliminación de puestos de trabajo.

A estas tendencias de orden estructural se suman nuevos dilemas suscitados o profundizados durante el tercer gobierno de la Concertación, que al ser encabezado por un presidente que se presenta bajo un rótulo de socialista o cuanto menos progresista, agregan componentes adicionales de desconcierto y confusión, lint re ellos, cabe consignar:

• Una reforma laboral presentada como lo máximo alcanzable dentro de la actual correlación de fuerzas políticas, que si

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bien significó algunos avances en materia de organización sindical, dejó intocada la médula del problema, en cuanto a mantener los desequilibrios básicos en la capacidad de negociación de los trabajadores, referidos al derecho a huelga y a la negociación por rama de producción.

• La suscripción de Tratados de Libre Comercio, especialmente con Estados Unidos, presentados por sus mentores como un factor dinamizador de la economía, y en lo específicamente laboral, como un incentivo para el respeto de la legislación internacional del trabajo, por la posible acusación de dumping a aquellas empresas que no la respeten. Sin embargo, una mirada más acuciosa indica que el país abdicó importantes grados de soberanía económica; que dichos tratados tienden a petrificar el actual modelo económico fundado en relaciones de desigualdad, y que en virtud de la asimetría de las respectivas economías, representan una amenaza real contra la precaria est ructura productiva distinta a la minería y el sector agroexportador, particulamiente la pequeña y mediana empresa de caracter manufacturero, la que genera alrededor del 80% del empleo.

• Una tendencia al estancamiento estructural de la economía, donde la flexibilidad laboral es asumida por el empresariado como el mecanismo preferente para restaurar la tasa decreciente de rentabilidad del capital, la cual es presentada al país como pretexto para asegurar la competitividad de la empresa en el contexto de la globalización de los mercados, y por ende, para la reactivación de la generación de empleo. A pesar de que no hay ninguna evidencia empírica que correlacione mayor flexibilidad con crecimiento del empleo, el gobierno se ha alineado con esa visión del empresariado y, de hecho, ha enviado a trámite parlamentario tres proyectos de ley que introducen nuevos elementos de flexibilidad que se suman a los de suyo excesivos actualmente existentes, sin perjuicio de que el empresariado los ha criticado como insuficientes.

• La emergencia de la percepción de la desigualdad en la distribución del ingreso como problema central del actual

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modelo de acumulación, reconocida incluso por la autoridad económica y por el propio empresariado, pese a lo cual las soluciones propuestas no pasan de las consabidas recetas del crecimiento de la economía y la inversión en educación, concepción miope y estrecha que condena a mantener en la pobreza a vastos sectores de la población; que implica la preservación de la matriz insolidaria y disolvente del modelo, y que constituye una amenaza contra la estabilidad democrática y la paz social.

• La correlación cada vez más evidente entre el dinamismo del actual modelo con la hiperexplotación del trabajo, como queda de manifiesto si se contrastan las utilidades de "industrias" de punta como la frutícola, forestal y salmonera, con los exiguos ingresos de sus trabajadores, mayoritariamente temporeros y desprovistos de los más elementales beneficios de seguridad social. A este panorama pueden agregarse los trabajadores del cobre, crecientemente asimilados a empresas contratistas, que pagan salarios asociados al piso de la banda y liberados de cargos de seguridad social.

Es en este cuadro complejo donde se desarrolla una nueva fase de lucha del movimiento sindical, el que además contiene en su seno sectores críticos de esa orientación y funcionales al modelo, los que con toda probabilidad recurrirán al expediente de la división. Con todo, la reactivación de un movimiento sindical crítico del actual modelo no sólo es una evidencia empírica, sino que constituye una respuesta que se inscribe en el ámbito de las regularidades de la historia descritas por la dialéctica.

Está dentro de los márgenes de la probabilística que la lógica coi ícentradora y expoliadora del modelo genere como contrapartida, en algún punto de la línea del tiempo, un comportamiento orientado primero a la organización y luego a la lucha de los perjudicados, excluidos y oprimidos del sistema, no bien adviertan coyunturas políticas favorables o acumulación de fuerzas suficientes para el

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efecto, cuestión que también se juega en ámbitos más amplios que la mera economía, tales como la subjetividad, la conciencia, la lucha ideológica y las identidades de clase.

En ese orden de ideas, el conjunto de políticas inscritas dentro del consenso de Washington, e incluso su propia racionalidad, ha entrado en un terreno de disputa como hace años no ocurría en América Latina, con gobiernos que han llegado al poder por la vía electoral sobre la base de discursos y propuestas alternativas, o con movimientos populares que han sido capaces de derribar gobiernos identificados con postulados neoliberales.

Por lo demás, está meridianamente claro que allí donde se ha implantado, el neoliberalismo ha sido incapaz de generar políticas de desarrollo sustentable y de satisfacer las necesidades de las mayorías, sin perjuicio de que muestra inequívocas señales de estancamiento estructural, si es que no de agotamiento, en aquellos rasgos esenciales que lo caracterizan como modelo.

Como fuere, el hecho es que en Chile el modelo ha generado una polarización social comparable sólo a la época del capitalismo temprano, y que todavía no ha enfrentado la prueba de la reacción colectiva de un movimiento popular dinamizado por un sindicalismo de clase que ha asumido el compromiso de emprender la conducción.

Es en ese marco de tiempo y circunstancia que el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ha planificado y desarrollado la primera versión de las Escuelas de Formación Sindical, iniciativa conjunta con la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania, cuyo objetivo medular apunta a entregar una formación integral a dirigentes sindicales de base, federaciones y confederaciones, que los capacite tanto en saberes específicos del quehacer sindical, como en elementos críticos del actual modelo socioeconómico y político en vigencia, de una forma que les

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permita ejercer su función de liderazgo sustentada en bases de conocimiento de la mayor amplitud posible.

Entre los objetivos específicos, este proyecto busca dotar a cuadros y dirigentes sindicales de conocimientos teóricos y prácticos que les permitan diagnosticar y analizar críticamente el modelo neoliberal y su aplicación en Chile, en particular sus consecuencias sobre el mundo del trabajo; desarrollar una línea de investigación en educación popular que permita innovar en las concepciones y métodos de la formación sindical y aportar al fortalecimiento de un movimiento sindical consciente, crítico y propositivo.

Aún con todas las dificultades e insuficiencias propias de una primera experiencia, el balance es, para el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ampliamente satisfactorio, no sólo por los numerosos alumnos de diversas organizaciones que obtuvieron su diploma, sino también por la calidad, pertinencia y oportunidad de los contenidos y los aportes del cuerpo docente, de los cuales este libro constituye un testimonio.

La segunda versión de las Escuelas Sindicales Rosa Luxemburgo, a realizarse en el curso del año 2004, ofrecerá una inestimable oportunidad para mejorar muchos aspectos del proyecto, entre ellos, la evaluación de una posible ampliación del rango de cobertura geográfica, actualmente remitido a las regiones Metropolitana, Quinta y Octava.

Francisco Herreros

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FREDERICK HAYEK Y LA GENESIS DEL PENSAMIENTO NEOLIBERAL

Daniel Núñez Arancibia *

Introducción

Aunque el término "neoliberalismo" hace su aparición en los círculos intelectuales de la izquierda chilena en plena dictadura militar, para identificar la novedosa orientación que poseían las reformas estructurales que impone el régimen de Pinochet entre los años 1979 y 1981, hay que señalar que es a principios de los años noventa, y más específicamente en el momento en que comienzan a agotarse las expectativas de democratización que genera el gobierno de Patricio Aylwin, cuando esta escurridiza palabra emerge del olvido y adquiere una renovada vigencia. Hacia fines de la misma década su uso se hace más común para los chilenos, pasando, a comienzos del nuevo siglo, a formar parte del vocabulario político básico al cual recurren los medios de comunicación e importantes sectores de la población.

Durante el decenio recién pasado se suceden una serie de fenómenos que contribuyen decisivamente para que este término se difunda en la opinión pública. En el plano nacional, la estrategia política de transición a la democracia en los marcos de la constitución pinochetista impulsada por los sectores moderados de la oposición, rápidamente da paso, no sólo a una aceptación pasiva de la institucionalidad antidemocrática, sino también a una cuasi total identificación por parte de los gobiernos de la concertación con las políticas de libre mercado que aplicó la dictadura. En definitiva, este conglomerado viste de un ropaje civil al mismo modelo económico que impuso Pinochet a sangre y fuego, generando de esta manera inmejorables condiciones para su estabilización1. En este contexto soeiopolítico, el concepto neoliberalismo es recuperado por los núcleos tanto políticos como

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intelectuales de izquierda que habían sido capaces de sobrevivir al cisma provocado en el movimiento popular por la caída de los socialismos reales en Europa del Este, y que se mantienen firmes en su voluntad de transformación social, resistiendo con éxito la avasalladora ofensiva ideológica del imperialismo. Es así como la izquierda chilena se ve enfrentada a la necesidad de enriquecer sus herramientas teóricas para comprender la dinámica de funcionamiento de un sistema capitalista que, si bien resulta ser mucho más salvaje y explotador, también logra una amplia base de sustentación política, exhibiendo una apariencia en muchos aspectos más amigable.

El valeroso proceso de rearticulación política y social de la izquierda en nuestro país, se ha visto favorecido durante los últimos años por el surgimiento de una nueva oleada de luchas sociales en todo el mundo, que se expresa con especial vitalidad en América Latina. La crisis de las políticas de ajuste y reforma estructural impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en países como Venezuela, Ecuador, Argentina y recientemente en Bolivia, ha tenido dramáticas consecuencias para los pueblos. Esta situación se hace palpable día a día con el aumento de la pobreza2, ha impulsado a los pueblos a superar el clima de desesperanza impuesto en el mundo tras la caída del muro de Berlín, activando un despertar social de cientos y miles de personas que adquieren conciencia de los nefastos efectos de un modelo económico que se ha inspirado en el pensamiento neoliberal para articular sus políticas.

Cabe destacar otro fenómeno que ha contribuido a poner en el centro de la escena pública la crítica al neoliberalísmo y que ha sido protagonizado por sectores que hasta hace poco tiempo comulgaban con sus postulados. Pasada la euforia inicial que instaló al neoliberalísmo como pensamiento único, y en la medida que se hacía más evidente la profundización de la brecha que separa a los países ricos de los pobres y el aumento de las

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desigualdades sociales entre la población de los países más avanzados, al interior del propio pensamiento neoliberal surge una corriente de intelectuales que cuestionan los efectos del neoliberalismo y, en especial, alertan sobre los peligros que entraña esta extrema polarización social. El exponente más representativo de estos intelectuales es Joseph E. Stigliz, un exvicepresidente del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía que eleva la denuncia del neoliberalismo hasta niveles insospechados para un funcionario de su envergadura.

Es indudable que la popularización del término neoliberal es un fenómeno positivo, ya que su uso masivo implica una compresión de sentido común respecto a su significado por parte de sectores cada vez mayores de la población. Entre otros efectos beneficiosos, esta masificación ha permitido hacer una distinción entre un capitalismo keynesiano que recurría a la intervención estatal para atenuar las desigualdades sociales, y el régimen capitalista neoliberal vigente hoy, que se caracteriza por las constantes ofensivas del capital, destinadas a despojar a los trabajadores y pueblos de todas las conquistas sociales que lograron acuñar durante décadas de heroicas luchas. Esta capacidad de identificar el carácter innovador del neoliberalismo en relación al modo de producción capitalista de tipo keynesiano que predominó durante la gran parte del siglo XX, resulta fundamental, pues evita una asimilación mecánica del neoliberalismo con el capitalismo, y dota al estudio del capitalismo de una historicidad que resulta determinante para quienes están interesados en su superación. En definitiva, se puede afirmar que el neoliberalismo ha resultado ser un concepto tremendamente fecundo para significar las nuevas características que rigen los mecanismos de acumulación del capital y los innovadores mecanismos de cooptación que éste desarrolla.

Por último, el acertado uso que se hace del término neoliberal para identificar las políticas que promueven el Fondo Monetario

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Internacional y el Banco Mundial, y que aplican buena parte de los gobiernos latinoamericanos, no debe inhibir la necesidad de profundizar el estudio del neoliberalismo en dos direcciones convergentes. Por una parte, se trata de indagar en las fuentes originarias del neoliberalismo para entender la naturaleza de su doctrina y el carácter del nuevo orden social que busca instaurar y, por la otra, se persigue profundizar en el análisis histórico concreto de las formaciones económico-sociales nacionales para rescatar las particularidades que presenta el desarrollo del neoliberalismo en cada país.

Como una forma de contribuir a esta primera línea de estudio, me ha parecido apropiado exponer en este artículo las reflexiones principales que desarrolla Frederich Hayek acerca del orden social deseable para la humanidad y analizar cómo sus ideas contribuyen a la formación del pensamiento neoliberal.

El Liberalismo como Filosofía Política

A modo introductorio y como un primer uso que se puede ha-cer del termino neoliberal, cabe señalar que esta denomina-ción permite identificar las ideas de un conjunto de econo-mistas y c ientistas sociales tanto europeos como norteamericanos que, desde fines de la segunda guerra mun-dial y durante todo el período de la posguerra, comienzan a reivindicar la existencia de un "nuevo" liberalismo, en oposi-ción al liberalismo social de tradición francesa que predominó en Europa durante gran parte del siglo XX. Esta nueva ver-sión del liberalismo denuncia a las concepciones socialistas de todo tipo que habrían logrado penetrar en la doctrina libe-ral, desvirtuando de esta manera los valores esenciales de una sociedad libre, y propugna un rescate de la teoría liberal de raíz inglesa, desarrollada por autores como Adam Smith, Adam Fergusson, y David Hume.

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Si bien es efectivo que esta identificación inicial que se hace de los "neoliberales" resulta acertada, también es evidente que ella abre una serie de interrogantes con respecto a los puntos de continuidad y ruptura que se establecen entre el neoliberalismo como teoría política y el pensamiento liberal.

Los primeros antecedentes del liberalismo se remontan a la ludia política desarrollada en Inglaterra, durante el siglo XVII, entre aquellos que defendían la continuidad del régimen de absolutismo y la naciente burguesía urbana que buscaba restringir el poder del rey, posibilitando de esta manera la generación de nuevos espacios de representación política. Este proceso culmina en 1688 con la revolución "carlista", que delimita las atribuciones del monarca Jacobo II y precisa las atribuciones de un remozado poder legislativo. Los principios que inspiran a los triunfadores de este movimiento, como la tolerancia religiosa y el respeto del gobierno constitucional, llegaron a ser los dos pilares del orden liberal que con el tiempo se extendieron por todo Occidente. Es así como hasta la Revolución Francesa, el liberalismo es asociado con el sistema inglés, que se basaba en un poder político limitado y en un grado considerable de libertad civil, religiosa y, especialmente, de libertad económica. Los pensadores de la llamada ilustración inglesa -Hume, Smitii y Fergusson- veían las ventajas del gobierno regular y la opinión libre, así como la estrecha relación que ellas tenían con el crecimiento económico y el progreso científico que acompañaba al surgimiento del capitalismo 3.

La expansión alcanzada por el conocimiento científico durante el siglo XVIII con el desarrollo de la ilustración y en especial el advenimiento de la Revolución Francesa, hacia fines del mismo siglo, hace posible una renovación del pensamiento liberal, enriquecida con el aporte de los más significativos pensadores que sil-vieron de inspiración a estos procesos. Los postulados de Rousseau, Voltaire y Montesquicu pasan a constituirse en una

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referencia obligada dentro de la doctrina liberal. Sin embargo, hay que tener presente que esta incorporación no transcurre sin conflicto, pues al mismo tiempo que el liberalismo adquiere mayor densidad intelectual como cuerpo teórico con los nuevos aportes, también se hacen más evidentes las tensiones que surgen en su interior.

En este sentido, Rousseau ha sido catalogado como la figura más característica de la escuela francesa del liberalismo. Para este autor, la cesión de soberanía individual que se realiza a través del contrato social es una condición indispensable para la constitución de la sociedad, es más, la soberanía popular, en tanto voluntad general del pueblo, es una expresión superior de la libertad que no resulta contradictoria con la libertad individual defendida por el liberalismo. En otras palabras, se puede decir que Rousseau colocaba a la libertad política por encima de la libertad civil y también de la libertad económica, pues concebía al ciudadano como una realización social más completa en comparación al prototipo burgués que predominó en Inglaterra y Holanda. Esta polémica tesis ha sido fuertemente cuestionada por corrientes teóricas conservadoras, pues se sostiene que los jacobinos se apoyaron en ella durante la Revolución Francesa para implantar buena parte del terror que ejercieron durante el tiempo que se sostuvieron en el poder 4.

Sin embargo, una crítica aún más descarnada proviene del mismo pensamiento liberal. Varios autores cuestionan la tesis rousseuniana del predominio de la libertad política, pues sostienen que en nombre de las necesidades del gobierno y de las mayorías políticas se puede fácilmente coartar la libertad individual. Esta coerción que se ejerce sobre el individuo sería contraria a la esencia misma de la escuela inglesa de la teoría de la libertad que va de Hobbes y Locke a Bentham y Stuart Mili, y que concibe a la libertad justamente como ausencia de coerción, poniendo especial énfasis en la coerción que proviene del Estado,

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en tanto este organismo es la principal institución facultada para ejercer la autoridad.

Habitualmente se le atribuye a la tradición francesa o continental, y en particular a Rousseau, el mérito de haber abierto el camino a la articulación de un liberalismo "social", al sostener que el ejercicio de libertad individual demanda la existencia entre los hombres de una base mínima de igualdad social, que provee de las condiciones necesarias a cada individuo para realizar una práctica efectiva de sus derechos como ciudadano. La crítica rousseauniana al orden social desigual de su tiempo será compartida más adelante por pensadores como J.Dewey, H.Laski, M.Keynes y J.Rawls, quiénes se caracterizan por aceptar una intervención más activa del estado y un control sobre el mercado para atenuar las desigualdades sociales que crea el capitalismo.

Se puede concluir que el liberalismo, en general, encarna una tradición de pensamiento y acción que desde el advenimiento de la modernidad enfatiza un reclamo de la libertad individual y las libertades públicas contra tutelas externas, sean éstas de tipo aristocrático, religiosas o políticas y una exigencia de respeto por la libertad en el plano económico. Es así como dentro de la evolución política occidental pueden distinguirse dos grandes patrones liberales, que se constituyen a partir de la relación que el individuo establece con el Estado. La especie inglesa del liberalismo, que estaba por limitar el poder estatal para así asegurar un efectivo ejercicio de la libertad individual, mientras que la variedad francesa buscaba fortalecer la autoridad del estado con el fin de asegurar la igualdad ante la ley 5.

Hayek como precursor del neoliberalismo

Los antecedentes más cercanos del pensamiento neoliberal se encuentran en las ideas que desarrolla, desde fines del siglo XIX

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y durante gran parte del siglo venidero, un núcleo de economistas que se aglutinó en torno a la llamada Escuela de Viena, donde destacan autores como Menger, Von Mises, Haberler y Hayek, siendo justamente a este último a quién se puede considerar como el precursor del neoliberalismo.

La condición de paternidad sobre el neoliberalismo que se está atribuyendo a Hayek no resulta exagerada, ya que sus escritos trazan los pilares sobre los cuales se estructura la ideología que rejuvenecerá al capitalismo en los últimos decenios del siglo XX. Además, a este personaje se le atribuye el "mérito" intelectual de haber adquirido conciencia de la envergadura que tiene la misión de defensa de los principios de la llamada sociedad libre, ya que un desafío de esta magnitud no puede limitarse al ámbito de una sola disciplina del conocimiento. Tras estas motivaciones, es él mismo quien impone a su obra un alcance teórico de nuevo tipo que le permitirá traspasar la frontera de la economía para expandirse a otros campos del saber como las ciencias sociales y las humanidades; en otras palabras, Hayek se propone crear una nueva filosofía política que posea una concepción integral y totalizadora con respecto al orden social deseable para alcanzar el progreso económico.

A pesar de que Hayek había escrito, en los años treinta, varios libros dedicados al estudio de la economía, esta novedosa exigencia intelectual que se autoimpone permite comprender las razones del éxito de su primera obra más política, publicada en lí)44 bajo el titulo de "Camino de Servidumbre". Esta obra resultará decisiva para encauzar sus inquietudes políticas y sociales, pues en ella se esbozan una serie de críticas que serán recurrentes en sus escritos posteriores, tanto a las doctrinas socialistas como a la planificación central de la economía llevada a cabo por el estado, a la vez que se abordan de manera intuitiva los requerimientos que demanda un ordenamiento social basado en el libre mercado.

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Aprovechando la buena acogida que tiene esta publicación en los círculos intelectuales conservadores, Hayek despliega nuevos esfuerzos, abocándose a la organización de una férrea red de intelectuales que comparta y promueva su emergente orientación ideológica. Es así como tres años más tarde, en Mont Pélerin, Suiza, se reúne un selecto grupo de intelectuales, entre los cuales se encontraban Mil ton Friedman, Karl Popper, Ludwig. Von Mises, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga, que se propone combatir tanto al keynesianismo como al estado bienestar reinante en Europa y, en menor medida, en EEUU, y preparar las bases para el surgimiento en el futuro de otro capitalismo más duro y libre de regulaciones 6.

Décadas después de la publicación de la primera gran obra fundadora del neoliberalismo, y cuando su trayectoria acumulaba una importante cantidad de volúmenes, Hayek recibe en 1974 el premio Nobel de Economía. Este reconocimiento inviste de mayor legitimidad científica a sus postulados y le permite ampliar de manera significativa sus esferas de influencia.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de las ideas desarrolladas por este autor, a continuación organizamos la exposición de su pensamiento sobre la base de tesis que buscan recoger los aspectos que resultan esenciales en la articulación de su propuesta teórica.

Tesis Fundamentales de Hayek: Los principios de la "Sociedad Libre"

La Libertad como ausencia de coacción estatal

Este autor denuncia que durante todo el transcurso del siglo XX el mundo se ha alejado progresivamente de las ideas esenciales sobre las cuales se fundó la civilización occidental y, en especial,

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se ha abandonado aquella teoría de la libertad que es portadora de los grandes avances materiales que se experimentaron en Europa con la revolución industrial, los cuales se propagarán posteriormente por todo el mundo con el desarrollo de la modernidad. La teoría de la libertad a la cual se alude corresponde a la tradición liberal que se desarrolló en Inglaterra, "a partir de la época de los Oíd Whigs al término del siglo XVII hasta aquélla de Gladstone a fines del siglo XIX. David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, T.B. Macauly y Lord Acton pueden ser considerados como sus representantes típicos en Inglaterra. Esta concepción de la libertad fue justamente la que inspiró desde el comienzo a los movimientos liberales en Europa y la que llegó a ser la base de la tradición política americana. Pertenecen completamente a ella unos cuantos pensadores políticos dominantes en esos países, como B. Constant y A., de Tocqueville en Francia, Inmanuel Kant, Schiller y Humbolldt en Alemania, y James Maclison, John Marshall y Daniel Webster en los Estados Unidos" 7.

Es evidente, entonces, que el concepto de libertad reivindicado tiene su origen en las luchas políticas sucedidas en Inglaterra y. particularmente, en los esfuerzos que se realizaron por limitar el poder desmesurado que poseía el rey tanto en los asuntos de gobierno como en lo referido a las libertades civiles, y que también se vincula estrechamente a los intentos por establecer una efectiva igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, que permitiera eliminar los privilegios de los cuales gozaba la aristocracia. De aquí se toma la idea del gobierno limitado.

1 Iayek se hace parte de esa experiencia histórica y de su respectiva síntesis teórica, para arribar a un concepto de libertad entendida como aquella condición en que la coacción que se ejerce sobre el individuo en el ámbito social queda reducida al mínimo. Es decir, se defiende la independencia del individuo frente al poder arbitrario de sus semejantes8. El progenitor del neoliberalismo

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reconoce que una ausencia total de coacción es una situación ideal que difícilmente podrá alcanzarse, pero señala a continuación que la sociedad libre ha enfrentado esta disyuntiva confiriendo al estado el monopolio de la coacción, lo que impide que ésta se ejercite por personas privadas, y además, intentando limitar el poder del estado a los casos donde sea necesario ejercerlo.

En relación a la concepción sobre la libertad que desarrolla este autor, es conveniente señalar que él traslada en forma mecánica -a nuestros días- la tesis de la defensa de la libertad individual en base a la limitación del poder estatal, despojándola de esta manera del sentido histórico que le otorgó un carácter revolucionario para su época !). Mientras parece totalmente justificado cuestionar el poder despótico que ejercía el rey en las monarquías absolutas, - en la medida que este poder tenía un origen ilegitimo que se justificaba en forma arbitraria en el supuesto carácter divino del rey que actuaba como representante de dios en la tierra- , resulta bastante desproporcionado rechazar toda acción estatal que provenga de los regímenes políticos "democráticos" surgidos en Occidente después de la posguerra, va que la fuente de la cual emana su poder y la legitimidad de sus actos es de una naturaleza muy diferente. A pesar de las justas reservas que se puede tener frente a las limitaciones que poseen las llamadas democracias occidentales, es indudable que en ellas se han desarrollado mecanismos de representación mucho más participativos que los existentes en las monarquías europeas del siglo XVIII, y resulta excesivo atribuir el mismo carácter represor a un edicto real que imponía tributos a sus súbditos, que a una ley emanada de un parlamento que pretende gravar con nuevos impuestos a las grandes fortunas.

Otra dimensión de la concepción sobre la libertad que tiene el padre del neoliberalismo, apunta a la preminencia de la libertad económica por sobre las otras libertades. Cuando este autor

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crítica la situación existente en los países europeos hacia 1942, y señala que "hemos abandonado aquella libertad en materia económica, sin la cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política"10, está aludiendo en forma bastante directa a que la libertad individual debe considerar como un aspecto indispensable de sí misma a la libertad económica y a la consiguiente defensa del derecho de propiedad que ella conlleva. Se estipula que una condición fundante de la sociedad libre es la existencia de un total albedrío para sacar provecho de las innumerables oportunidades que entrega el mercado, lo que implica evitar cualquier limitación o discriminación hacia las actividades empresariales. En este sentido, la amalgama que existe entre libertad económica y libertad individual es completa, por lo tanto, se asume que cualquier ataque a las facultades que permiten el desenvolvimiento espontáneo de los individuos en el mercado es un ataque a la sociedad libre. A modo de conclusión, se puede señalar que para Hayek, la libertad bien puede ser entendida como ausencia de coacción estatal y respeto a la libertad económica, o dicho en otras palabras, libertad para el capital.

Sin embargo, la polémica en torno a la libertad no se agota aquí, pues Hayek cuestiona el uso que se hace de la palabra libertad por parte de Voltaire y del liberalismo racionalista de origen francés, y que alude al empleo del concepto libertad para describir la facultad física de hacer lo que uno quiera, en otras palabras, de escoger entre las alternativas que se abren ante nuestros ojos. Es más, denuncia que se ha masiíicado una ideología que postula que la libertad es poder, poder para optar entre las distintas posibilidades que nos ofrece la vida moderna y poder para disponer de las condiciones mínimas que permiten hacer tal elección, ya sean estas condiciones educacionales, culturales, económicas, entre otras. Así, para Voltaire y la corriente francesa, la libertad como ausencia de coacción es una condición para la libertad plena, pero no es suficiente por sí sola, ya que se requiere de los otros aspectos recién descritos de la libertad que se

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encuentran asociados a una condición "positiva" de la misma. Según Frederich Hayek, esta concepción positiva de la libertad como poder ha sido utilizada por las doctrinas socialistas como justificación de medidas que destrozan la libertad individual y que permiten la dominación del poder colectivo por sobre el individuo y sus libertades11.

La crítica a la construcción racional del orden social

Del liberalismo inglés, que representa para Hayek el auténtico pensamiento liberal, el economista austríaco rescata dos principios que van a resultar esenciales en sus planteamientos: el carácter espontáneo del orden social y el respeto por la tradición. Si bien este autor reconoce que las instituciones sociales son el fruto de la acción del ser humano, también señala que los hombres no crean estas instituciones en forma premeditada, es decir, ellas son un producto natural de la evolución de la sociedad y no corresponden a una creación consciente que se propone cumplir con determinados fines. Es por ello que sólo una vez que dichas instituciones están establecidas, los hombres logran apreciar sus beneficios y comienzan a inquirir tanto en su funcionamiento y a perfeccionar su desarrollo. Es justamente dentro de este marco donde la razón humana debe desenvolverse para constituir un aporte efectivo al progreso de la sociedad12.

Esta postura no puede confundirse con una actitud contraria al razonamiento científico, ya que para este autor el uso instrumental de la razón se encuentra plenamente justificado, pues es ella quien le permite descubrir al hombre la utilidad que prestan las instituciones sociales. En definitiva, se acepta un uso controlado de la razón humana que resulta válido en la medida que está delimitado su radio de acción y que se reconoce la existencia de un ámbito que escapa a su dominio.

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El respeto a la tradición se deduce de los argumentos ya expuestos. Si el orden social es un producto espontáneo de la evolución "natural" de la humanidad, es evidente que existe una valoración por las instituciones sociales que han perdurado en el tiempo, pues ellas han puesto en evidencia los beneficios que producen y también han evolucionado para soportar con éxito los avatares de la historia. Es así como se concluye que, si las actuales instituciones son provechosas para la humanidad, sólo se puede buscar su perfeccionamiento pero jamás desecharlas por una nueva construcción guiada por la razón13.

El rechazo al constructivismo que se aprecia en el pensamiento de Hayek es una renuncia a los postulados básicos de la modernidad, en especial, al papel emancipador que el pensamiento ilustrado le confiere a la razón. Las tesis iluministas postulan que el hombre es un ser autónomo que debe hacer uso consciente de sus capacidades intelectuales para construir la sociedad que le parece más justa y rechazar cualquier orden social predeterminado por poderes ajenos a la voluntad humana. Esta idea representa la concepción de la libertad como la capacidad del hombre para elegir su propio destino y adquirir el dominio sobre el futuro de su especie, suprimiendo el poder que ejercían sobre los hombres las fuerzas místicas de la religión y el oscurantismo que conlleva la ignorancia.

Con estos planteamientos no sólo se rechazan a las ideas socialistas provenientes del marxismo, - que justamente corresponde a una teoría social racionalista que lleva hasta sus ultimas consecuencias los principios liberadores que inspiraron a la modernidad-, sino que también se descalifica a los pensadores ilustrados que sirvieron de inspiración a la revolución francesa, y que postulaban, como el Abate Sieyes, que hombres inteligentes salidos del estado de naturaleza se debían reunir para deliberar sobre la conformación del mundo y para firmar un contrato social que los llevaría a alcanzar los principios de libertad, igualdad y

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fraternidad que dicho proceso buscaba representar. Según Hayek, el liberalismo racionalista de raíz francesa, al confiar plenamente en las capacidades ilimitadas de la razón humana, se deja seducir por los idealismos utópicos, que sacrifican la libertad individual en función del cumplimiento de un propósito común colectivo que se hace absoluto. Se le entregan demasiadas atribuciones al interés general expresado como soberanía popular, y con ello, se le entregan excesivos poderes al Estado que termina coartando las libertades individuales, tanto económicas, como civiles y politicas.

No resulta causal la afinidad que presenta el neoliberalismo con otras ideologías antimodernas como el posmodernismo. Esta corriente filosófica tiene una gran desconfianza hacia los meta-relatos propios de la modernidad, es decir, frente a aquellas teorías sociales que se proponen desarrollar explicaciones globales de la sociedad. Las preocupaciones de la filosofía postmoderna empalman con la crítica que Hayek realiza a las pretensiones racionalistas de construir un nuevo orden social, y ponen al descubierto la afinidad que se producen entre ambas teorías. Sin embargo, los puntos de encuentro entre el posmodernismo y el neoliberalismo no se agotán en este aspecto y van más lejos y, en relación a este tema, Jorge Larraín desarrolla un interesante aporte: "Hay otro punto de conexión entre estas dos corrientes (¡ue viene dado por la insistencia postmodernista en que el caos, la discontinuidad y la fragmentación son el estado normal de la sociedad. No es difícil ver que existe una relación entre esta posición postmodernista y el respeto neoliberal irrestricto por la autonomía del orden espontáneo. El mercado dejado a su arbitrio tiende a producir cambio caótico, discontinuidad y fragmentación. Ninguna otra forma ideológica parece mejor dotada que el postmodernismo \>ara hacer de la irracionalidad del mercado algo natural e inevitable. El discurso postmodernista no actúa como la vieja ideología liberal clásica, diciéndole a la gente que en el mercado hay libertad, igualdad y propiedad para Lodos. Más bien le dice a

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la geníe que hay cambios incontrolables y sin propósitos en la realidad y dislocaciones a nivel personal... y que nada se puede hacerfrente a esto porque las certezas modernistas y los procesos ordenados se han acabado y la historia ha dejado de ser gobernable o de tener sentido. Por eso es posible sostener que el postmodernismo se ha transformado en la lógica filosofea del neoliberalismo"14.

La exposición de estas ideas permite apreciar en toda su dimensión el carácter conservador del pensamiento de Hayek, en particular, en lo referido a los avances que supone para los hombres el advenimiento de la modernidad15.

El respeto irrestricto al orden espontáneo del libre mercado

Para introducir el análisis de esta tesis es conveniente traer a colación un aspecto de los planteamientos de este autor que ya fue abordado. Hayek señala que la mayor libertad que comien-zan a disfrutar algunos pueblos europeos, desde el siglo XVIII en adelante, es la base sobre la cual se levanta un nuevo orden social que ha sido capaz de generar un bienestar material sin precedentes en Occidente. Este ordenamiento social no es una construcción humana consciente de los hombres, pues ellos no planificaron racionalmente la forma más apropiada de acceder a el, por el contrario, es el resultado natural de las múltiples rela-ciones cine se establecen entre individuos que buscan satisfacer sus propios intereses, y que sin tener consciencia de los efectos de sus acciones, dan vida a un orden espontáneo que se genera a sí mismo en los asuntos sociales16. Como el mercado es el espacio natural donde concurren los individuos a realizar sus fines particulares, este orden espontáneo corresponde justamente al movimiento de las fuerzas del mercado y es del desenvolvi-miento de sus fuerzas espontáneas de quien depende el progre-so de la sociedad.

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En este sentido, se puede concluir que para Hayek el mercado posee cualidades peculiares que le permiten desempeñar un papel articulador de la vida social. En base al principio de reciprocidad en el intercambio, a que cada individuo que concurre al mercado para satisfacer sus intereses particulares, establece ciertas relaciones con otros individuos que también se ven beneficiados por este intercambio mutuo, el mercado lograría generar el anhelado bien común que persigue la humanidad.

Para que el mercado pueda desarrollar estas funciones de articulación social se necesita el cumplimiento de ciertos requisitos, siendo el más importante el funcionamiento de un mercado libre, es decir, la existencia de una total libertad económica donde no existen discriminaciones ni tampoco limitaciones arbitrarias impuestas por un poder ajeno a él. Por estos motivos y, además, para hacer un uso eficaz de los mecanismos de competencia que posee el mercado, se debe rechazar ciertos tipos de interferencia coercitiva en la vida económica que habitualmente provienen del Estado.

Sobre este punto, el progenitor del neoliberalismo dicta una receta que resulta bastante conocida, ya que la pregonan a destajo los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, cuando señala que en un mercado libre debe existir efectiva libertad para vender y comprar a cualquier precio, todos deben ser libres para producir, vender y comprar cualquier mercancía, la ley no debe tolerar discriminación de ningún tipo y se debe impedir cualquier intento por intervenir los precios o las cantidades de una mercancía17.

Si las fuerzas del mercado han creado un orden social espontáneo que se sustenta en la libertad individual, y que se perfecciona en la medida que los hombres comprenden su funcionamiento, es evidente que se constituye en una preocupación fundamental

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asegurar la preservación del normal desarrollo del mercado y evitar cualquier intervención humana que altere su equilibrio natural, en especial aquella que proviene del Estado. Cuando anteriormente se señala que en el mercado debe existir libertad para producir, vender o comprar, lo que se esta diciendo es que no pueden existir ámbitos de la actividad económica donde esté vedado el acceso al sector privado, como sucedió en Chile durante el período en que, aduciendo a su calidad de recurso estratégico, se nacionaliza el cobre y el Estado monopoliza la producción de este recurso. Continuando con la lógica neoliberal, en este caso se estaría en presencia de un poder ajeno al mercado que restringe en forma artificial el orden espontáneo del mercado y que, además, pasa a llevar la libertad económica de aquellos individuos nacionales o extranjeros que tienen capitales disponibles para invertir en esta rentable actividad, pero que se ven impedidos de hacerlo producto de la coerción estatal que se ejerce sobre ellos. De igual manera, Hayek rechaza la fijación de precios de determinada mercancía por cualquier actor externo al mercado, y también el control de la producción, como sucede -por ejemplo-cuando los gobiernos de los países miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) deciden en forma deliberada rebajar la producción mundial de este recurso energético para así elevar el precio del barril en el mercado mundial.

En este sentido, Hayek ha señalado claramente qué tipo de coacciones o intervenciones externas debemos evitar, el problema es que su concepción del mercado libre, transforma a esta entidad en un suprapoder ajeno a toda intervención pública, pues se despoja al estado de los mecanismos regulatorios de la economía que promovió el keynesianismo durante el siglo XX. Debido a que entre los actores que concurren al mercado es habitual la existencia de una desigualdad distribución de recursos18, hay que reconocer la existencia de poderes que logran tal fuerza, que en definitiva terminan por dominar el funcionamiento del

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mercado, y por esta vía monitorean todo el desarrollo social, condenando al resto de la sociedad a ser espectadores de un orden social que los excluye de los beneficios que éste genera. De esta manera se le arrebatan al Estado instrumentos básicos para ejercer una regulación pública sobre el mercado, y con ello se le entrega todo el poder a quienes dominan el mercado: los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales. En definitiva, se entrega a manos privadas la soberanía del país, pues no son las mayorías nacionales quienes pueden regular y controlar la vida de la sociedad a través de los organismos politicos de gobierno, es el mercado quien gobierna a la sociedad y se debe respetar su funcionamiento.

La radicalidad de este planteamiento, en tanto implica una ruptura con la lógica de funcionamiento del capitalismo que predominó en décadas pasadas, requiere que se preste una mayor atención a las contradicciones que existen entre el keynesianismo v el neoliberalismo.

Preocupado de las crisis que afectaron a la economía mundial durante las primeras décadas del siglo XX y, en especial, por los desastrosos efectos que tuvo para Europa la gran crisis de 1929, el economista inglés Maynerd Keynes se aboca a la tarea de preparar una nueva formulación económica que le permita al capitalismo superar este período difícil y alcanzar un nivel de crecimiento sostenido en el tiempo. Este economista propone que el Estado desempeñe un papel más protagónico en la vida económica de cada país, lo que se expresa concretamente en un aumento de sus capacidades de regulación e intervención sobre el mercado para evitar que su expansión inorgánica nos lleve a uuevas crisis. Es así como desde 1930 en adelante, y especialmente después de la segunda guerra mundial, en una importante cantidad de países capitalistas se impulsan políticas económicas contracíclicas tendientes a evitar el aumento del desempleo, se crean importantes empresas estatales algunas de

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las cuales incluso son monopolios estatales como sucede con los servicios básicos de agua y electricidad, y se promueve un sistema público de bienestar social, que alcanza su máximo desarrollo en los países europeos, y cuya finalidad es atenuar las aberrantes desigualdades sociales que provoca el capitalismo.

Para los países latinoamericanos, las propuestas keynesianas se relacionan con las políticas que buscan impulsar el desarrollo de los países del subcontinente, mejorando su inserción en la economía mundial a través de un proceso guiado de industrialización, que contempla como primera fase la instalación de una dinámica de sustitución de importaciones. En este proceso se le asigna al Estado un papel decisivo, ya que se constituye en un agente exógeno al mercado que resultará determinante para superar las debil idades que exhiben las burguesías latinoamericanas para crear en forma autónoma la base industrial necesaria para acceder al desarrollo.

En el caso de nuestro país, diversas instituciones como la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Universidad Técnica del Estado y las diversas empresas estatales que se crean a partir de 1938 en el transporte, en la industria siderúrgica y en un importante sector energético, son tributarias de esta concepción. Más allá de las limitaciones que enfrentó la industrialización por sustitución de importaciones, es evidente que en Chile ella fue fundamental para la constitución de un desarrollo industrial nacional, y que haber aceptado en ese entonces la tesis del respeto irrestricto al "orden espontáneo" del mercado nos hubiera convertido en un país aun más dependiente y atrasado.

Como si no fuera suficiente, Hayek va aun más lejos, ya que también rechaza la intervención que se realiza desde la sociedad civil sobre el mercado. En este sentido, la acción de los sindicatos para él sólo se justifica si éstos actúan como instituciones de

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beneficencia social, al estilo de las antiguas mutuales obreras, que apoyaban a sus asociados cuando enfrentaban un accidente, enfermedades u otro tipo de calamidad. Este economista austríaco es tajante al cuestionar cualquier acción de los trabajadores que altere el mercado, es decir, exigencia de los sindicatos respecto a la fijación de un salario mínimo, demanda de mejores condiciones salariales, son todas medidas artificiales ajenas al libre mercado que limitan la libertad económica del propietario del capital y que son inaceptables. Esta lectura que hace Hayek en lo que se refiere al papel de los sindicatos pone en evidencia cómo algunas de las principales "modernizaciones" que llevó a cabo la dictadura militar en Chile se inspiraron en el pensamiento neoliberal. La reforma al Código del Trabajo que aplicó en 1980 el entonces ministro del trabajo, José Pinera, justamente buscó disminuir al mínimo el poder de los sindicatos para negociar colectivamente y entregó una gran cantidad de atribuciones al empresario, contribuyendo así a profundizar la desigual relación que se establece entre el empleador y el empleado en el mundo del trabajo.

La desigualdad social como condición del progreso y resultado justo del mercado

En primer lugar, hay que señalar que para este polémico economista, el rápido progreso económico que se aprecia en Occidente es, en gran medida, el resultado natural de la aludida desigualdad social, y este progreso resultaría imposible sin ella, por lo tanto, las desigualdades existentes al interior de una nación sirven de gran ayuda al progreso general de esa sociedad. En relación con lo anterior, merece la pena recordar que para este autor las clases económicamente más avanzadas son quienes I íacen factible que un país tome la delantera en el progreso mundial. Toda nación que en forma deliberada emprenda acciones tendientes a disminuir las desigualdades sociales

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existentes en su seno, termina por abdicar de su posición rectora19.

A pesar de lo violento que resultan estos argumentos expresados por Hayek con tanta franqueza, este autor, para cautelar la legitimidad de sus ideas señala que sus planteamientos constituyen una propuesta que en el "largo plazo" sí posibilita una superación de las desigualdades sociales. Aquellas fuerzas que primeramente hacían que se acentuase la desigualdad más tarde tienden a disminuirla, existiendo dos diferentes maneras de enfocar la posibilidad de reducir la desigualdad y de abolir la pobreza; una de corto plazo que se concentra en adoptar medidas redistributivas, y otra de largo plazo, donde se apuesta a que el progreso de los ricos llevará a un progreso general de la sociedad, que rápidamente beneficiaría a los sectores de menores ingresos.20

La tesis recién expuesta resultó ser bastante radical para el momento histórico en que comienzan a ser publicadas las obras de este autor, pues durante la posguerra crcce la preocupación por el avance que experimenta el comunismo en el mundo y por los sectores marxistas se aprovechaban de las profundas desigualdades sociales que genera el capitalismo para ganar adeptos a sus ideas socialistas. Este fenómeno junto a otros, incide en el desarrollo por parte del estado de una vasta red de asistencia social que justamente pretendía atenuar los efectos nocivos que estas desigualdades tenían entre la clase trabajadora. Frente a este escenario, Hayek no se amilana y mantiene firme sus posiciones. Consecuente con la lógica de su teoría, señala que la desigualdad social no sólo es condición de progreso, sino que, además, es el resultado natural y justo de la acción del mercado.

Pero sería prudente analizar con mayor detenimiento una nueva sorpresa que nos tenía reservada este polémico personaje. Hayek sostiene que los esfuerzos de los individuos están guiados por

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sus propios puntos de vista acerca de las oportunidades y probabilidades que les interesan, y al ser los resultados de tales esfuerzos impredecibles, carece de significado el problema de si la consecuente distribución de rentas es justa o no.21 Como se supone que la igualdad de condiciones conduce a una desigualdad de resultados, la desigualdad es natural. Bajo esta línea argumental nadie que concurra al mercado puede esperar obtener un resultado predeterminado, pues en el mercado el riesgo es un componente inherente a él, y sus resultados son justos independiente de a quien beneficie o perjudique, por lo tanto, hablar de una relación de mercado justa, sólo tiene sentido si con eso queremos evitar el fraude, la violencia o el robo, pero no existe una medida para juzgar la justicia de un acto del mercado.

En este sentido, se desarrolla una contundente crítica a todos aquellos que pretendan intervenir en el mercado invocando una argumentación basada en la justicia social. Por ello, para Hayek resulta absolutamente errado adoptar medidas que alteren los resultados "justos" que produce el mercado, como sucede con las políticas redistributivas que intentan aumentar los impuestos sobre los sectores de mayores recursos, para que ellos sean redistribuidos entre el resto de la población a través de la acción del estado. Siguiendo la misma lógica, el padre del neoliberalismo rechaza los llamados impuestos progresivos, es decir, aquellos que aumentan la carga impositiva a medida que se posee mayores ingresos. Él plantea que este tipo de medidas implica actuar en forma arbitraria, puesto que no se somete a todos los individuos a las mismas reglas, es más, en este caso se cometería un abuso hacia los sectores de mayores ingresos, que se verían afectados por una discriminación odiosa.

Finalmente, Hayek culmina esta idea planteando que un resultado necesario y sólo aparentemente paradójico de lo dicho, es que la igualdad formal ante la ley está en pugna y, de hecho, es incompatible con toda actividad del Estado dirigida

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deliberadamente a la igualdad material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho22.

El temor a la soberanía popular como expresión de la mayoría

Para el precursor del neoliberalismo existe una tensión entre los intereses que defiende el liberalismo como movimiento político que busca ampliar las libertades individuales, limitando al máximo los poderes coactivos del Estado, y los ideales de gobierno soberano de la mayoría que promueven los más fervorosos partidarios de la democracia. Esta tensión tendría su origen en la aplicación extremadamente radical que los demócratas dogmáticos hacen de la regla de la mayoría; en otras palabras, estos demócratas postulan como único principio válido que debe orientar la acción del gobierno a la voluntad soberana del pueblo, y no reconocen la necesidad que existe de imponer limitaciones a esta voluntad mayoritaria. En contradicción con esta postura, para Hayek los verdaderos liberales consideran que, si bien es efectivo que los gobiernos deben guiarse por decisiones democráticas que le otorguen legitimidad a sus acciones, es fundamental que los gobiernos sean respetuosos de las necesarias restricciones que se imponen a la voluntad de la mayoría23.

Las limitaciones que se imponen a la soberanía popular no corresponden a un acto arbitrario o antojadizo, al contrario, ellas emanan de un consenso social entre mayorías y minorías que representa a la voluntad general de toda la nación y, por lo tanto, son principios universales que no pueden ser vulnerados por ningún gobierno, aunque éste invoque el nombre del pueblo o haga alusión a cualquier otra causa justa para validar sus cometidos. Hayek señala que con el desarrollo de estos controles al poder político se evitan algunos de los peligros que lleva en su

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seno el régimen democrático, ya que un poder conferido de manera democrática puede desnaturalizarse, y ese mismo gobierno democrático puede terminar actuando de manera autoritaria, produciéndose una dictadura de la mayoría. Para evitar estos riesgos, lo más apropiado es eliminar el problema de raíz, y restringir las atribuciones a las cuales puede hacer uso el poder político, para así evitar su actuar arbitrario24.

Esta concepción de una democracia política sin expresión de la soberanía popular, es decir, una democracia donde la mayoría no puede expresarse, queda muy bien reflejada en la Constitución que impuso la dictadura de Pinochet en el año 1980. Esta constitución posee una serie de organismos burocráticos que impiden el ejercicio de la soberanía popujar, como la institución de los senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional, institución facultada para cuestionar las decisiones del Presidente de la República que no cuenten con la aprobación de las Fuerzas Armadas, o el mismo sistema electoral binominal, entre otros.

Un aspecto que llama la atención al leer estos planteamientos es que, en lo formal, parecen guiarse por una lógica implacable, que si bien puede resultar muy atractiva en un primer momento, en una lectura más reposada permite observar sus contradicciones internas y la coherencia con que sus postulados responden a los intereses económicos-sociales del gran capital.

En base a las consideraciones ya descritas, este autor desarrolla una peculiar concepción del Estado de Derecho. A diferencia del gobierno democrático y la soberanía popular que creen que el Estado de Derecho quedará salvaguardado si todos los actos del Estado están debidamente autorizados por la ley, Hayek señala que en estos casos el accionar del poder político puede ser válido jurídicamente, pero igual puede pasar a llevar al Estado de Derecho, pues la vigencia del mismo debe ser asimilada al respeto de ciertos principios universales. Dando

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continuidad a la lógica planteada se podría decir que la vigencia del Estado de Derecho es homologable al respeto por el orden espontáneo del mercado y a la existencia de plena libertad para la realización del capital. En un lenguaje aún más directo se puede afirmar que el llamado Estado Derecho, no es nada más que una compleja articulación intelectual que busca defender los derechos de propiedad de una minoría.

El temor que exhibe Hayek ante la democracia, se convierte en pánico frente a la posibilidad que irrumpa un proyecto de transformación social que altere el funcionamiento espontáneo del mercado. Este lemor se expresa también en una contundente preocupación por la capacidad que puedan tener los sectores populares para utilizar, en función de su proyecto político, los mecanismos de representación que permitieron las democracias occidentales de la posguerra. La solución hayekiana es coherente con la visión de las democracias restringidas que han desarrollado diversos politólogos a partir de la tesis de la crisis de la democracia que formulará Samuel Hungtinton. Se trata de reducir al mínimo los espacios institucionales desde donde se puede articular un proyecto político de transformación social, y también de despojar al régimen político de las atribuciones que en determinado momento le pueden servir de base a un gobierno popular para aplicar políticas redistributivas, de control de precios o de expansión del gasto público, dejando estas facultades en manos de poderes fácticos o permanentes distintos al poder temporal al que puede acceder determinado gobierno.

En definitiva, para Hayek, el orden espontáneo del mercado (también denominado catalaxia), es un bien supremo que en su desenvolvimiento crea riqueza y progreso en forma natural, y que se encuentra por encima de la democracia, que sólo es un medio y nunca un fin. Si se llegará a producir una contradicción entre ambos, la base del orden social que es el libre mercado, es lo que debe primar.

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El Estado mínimo y su papel como promotor del mercado

El rol que el Estado debe desempeñar en una sociedad libre es una preocupación permanente en el pensamiento de este autor, y por lo tanto es un aspecto de su obra que ya ha sido tratado en las tesis antes estudiadas; sin embargo, se realizará una rápida sistematización de la argumentación respecto al rol del Estado, enfatizando en los temas insuficientemente abordados.

Resulta curioso que en los escritos de este polémico personaje se realice una permanente mención a que sus postulados no persiguen un retorno a la doctrina del "laisez faire", entendida como una doctrina que consagra la nula intervención del Estado en la vida económica de un país. Es más, Hayek postula que hay materias donde al estado le compete actuar, pero a continuación señala que todo gobierno debe preocuparse por encaminar sus acciones en la dirección acertada, por lo tanto, debe limitar su proceder a facilitar el desenvolvimiento de las fuerzas espontáneas del mercado.25 Y es a partir de este prisma que se deben analizar las opiniones que este autor vierte con respecto a los ámbitos donde el Estado debe participar.

Un primer criterio general es que el Estado, en tanto posee el monopolio de la fuerza, es la única institución que puede emplear la violencia en forma legítima y debe velar por el mantenimiento de Estado de Derecho. Asumiendo que la vigencia de éste va más allá del cumplimiento de determinado ordenamiento jurídico, pues también debe resguardar la vigencia de los principios universales de libertad económica y defensa de la propiedad, que son requisitos indispensables para la vigencia del Estado de Derecho.

En este sentido, otra de las primeras misiones que Hayek le asigna al Estado, es velar por la mantención de un sistema monetario eficiente y seguro, a lo cual se agregan otras tareas vinculadas a

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la formación de la estructura administrativa que demanda el mercado para su funcionamiento: "Otras funciones de una significación escasamente menor son el establecimiento de pesos y medidas, el suministro de información en materia catastral, los registros de propiedad, las estadísticas, etc., y la financiación y también organización de cierto grado de instrucción pública".20

Existe un ámbito donde hay ciertas actividades poco apetecibles para las empresas privadas, debido a que los costos de su producción o la inversión inicial es demasiado onerosa, y los precios que los usuarios pueden pagar dejan un margen de utilidad nulo o muy limitado, como sucede con los servicios de salud, la construcción de carreteras, entre otras actividades. Es el caso del Metro en Santiago, que a pesar de ser un servicio que cuenta con una alta demanda, la inversión que requiere para su funcionamiento es tan elevada que el Estado es el único inversionista dispuesto a gastar tan elevada cantidad de recursos y esperar un tiempo prolongado para recuperar la inversión. En tales casos el padre del neoliberalismo nos propone que el Estado no incursione en forma directa administrando estas actividades, él señala que "Dichos servicios, por lo general, quedarán mejor atendidos si los poderes públicos se limitan a soportar total o parcialmente su costo, encomendando su gestión a entidades privadas que hasta cierto punto compitan entre s"27.

Esta tesis ha servido de base para el desarrollo de un tipo particular de políticas sociales, que se pueden catalogar de neoliberales, y que tienen como manifestación más visible los subsidios que el estado entrega a privados. Con estos subsidios se pretende ampliar la oferta disponible en el mercado, apoyando a determinados productores para que pueden poner a disposición de los excluidos del mercado determinado servicio o bien a un precio menor que el normal. Un buen ejemplo de esta política de subsidios es el apoyo económico que el Estado chileno le entrega a los sostenedores de colegios particulares subvencionados por cada alumno matriculado

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en su institución, y que tiene por finalidad desarrollar un sistema de educación particular menos excluyente que el sistema tradicional de los colegios particulares pagados.

En general, se puede concluir que estos planteamientos con respecto al Estado han servido de justificación ideológica para los procesos de privatización que asolan la región, tanto de empresas estatales productivas como de servicios sociales.

Palabras finales

Destacar el papel rector de los escritos de Hayek no puede llevar a desconocer el papel que desempeñan otras corrientes intelectuales en la conformación del neoliberalismo como ideología dominante y en su aplicación a través de determinadas políticas económicas y sociales. Mientras que en lo político sobresale la contribución que realiza la escuela del Public Choice, donde se ubican autores como Tullock y Buchanan, en el ámbito de la economía se podrían agregar figuras como Walras y Marshall, aunque es indudable que la otra figura de mayor renombre asociada al neoliberalismo corresponde a un personaje que resulta bastante conocido para los latinoamericanos y para los ("hílenos en particular, me refiero a Milton Friedman, principal representante de la llamada escuela monetarista de Chicago.

La relación entre Hayek y Friedman merece un comentario especial, pues la afinidad entre ambos personajes resultó sorprendente. No sólo compartieron en las aulas universitarias -pues Hayek estuvo radicado por largos años en la Universidad de Chicago, centro académico desde el cual Friedman proyectó su pensamiento-, sino que ambos personajes también se asociaron en múltiples empresas de defensa y difusión del pensamiento neoliberal, como sucedió con la conformación del circulo de Mont Pelerin.

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Debido a la complementación que se produce entre el monetarismo y el pensamiento de Hayek, -pues el monetarismo encuadra a la perfección con el universo teórico construido por este último autor- el mayor aporte que realiza Friedman al desarrollo del pensamiento neoliberal se ubica en la sistematización con que organiza los argumentos que justifican un rechazo tajante a la intervención del Estado en la economía y al monopolio que éste ejerce en la provisión de los servicios de educación, salud, previsión, entre otros. No obstante, la temática que hará mundialmente conocidos a Friedman y los monetaristas es su frenética preocupación por reducir los niveles de inflación y la atención que prestan al desempeño de los indicadores macroeconómicos.

Es justamente a través de la mano de Milton Friedman y de sus discípulos latinos - también llamados Chicago Boys- como llega el neoliberalismo a tierras latinoamericanas. En un contexto sociopolítico determinado por el agotamiento que comienza a exhibir el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se sucede la crisis de la deuda externa, y esta coyuntura se transforma en una apreciada oportunidad para la introducción de las políticas neoliberales de ajuste estructural que pregonan los expertos monetaristas.

El estallido de la crisis de la deuda externa con la declaración de cesación de pagos que hace México en 1982, genera un movimiento en torno al no pago de los intereses de la deuda externa que rápidamente es controlado por la coordinación que se establece para el manejo de la deuda entre los gobiernos de EEUU y los países de Europa involucrados, los bancos privados y los organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional impone drásticas condiciones de pago a los países deudores, y a pesar de la reticencias iniciales, al cabo de un breve plazo, todos se suman a las condiciones que impone este organismo, donde se estipula la necesidad de producir un drástico ajuste fiscal

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que permita aumentar los excedentes en divisas que maneja el Estado para cubrir los compromisos de la deuda. Augusto Pinochet en Chile, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, son sólo algunos de los monarcas civiles y militares latinoamericanos que durante los años ochenta harán sentir en carne propia a sus pueblos los dramáticos efectos del neoliberalismo.

Si bien estos antecedentes también tienen validez en el caso de nuestro país, la situación de Chile tiene ciertas particularidades que le otorgarán una calidad distinta, pues es justamente en nuestro país donde el pensamiento neoliberal encontrará el terreno más fecundo para hacer entrar en funcionamiento su proyecto de contrarrevolución capitalista. En ello influyen al menos dos elementos. Primero, la existencia de un grupo de economistas de primer nivel que formados en Chicago desde 1957 producto de un acuerdo suscrito entre esta universidad y el departamento de economía de la Universidad Católica. Segundo, la existencia de una dictadura militar que producto del terror que impuso, logró contar con una mínima resistencia social a las transformaciones estructurales que introducen en 1979 la dictadura de Pinochet.

El carácter temprano de las transformaciones neoliberales, junto a la continuidad de las políticas de este signo bajo los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, permite concluir que Chile ha vivido en forma ininterrumpida durante al menos veinte y cuatro años bajo el dominio de las políticas neoliberales, representando un caso paradigmático en el concierto latinoamericano. Entre otros aspectos peculiares del caso chileno, hay que señalar que en nuestro país este remozado capitalismo ha desarrollado hasta niveles insospechados sus tasas de crecimiento y su capacidad de innovación, logrando seducir en el plano de la subjetividad a importantes sectores del pueblo chileno. Para cumplir con este cometido el neoliberalismo ha

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desarrollado novedosos mecanismos virtuales de integración a través del consumo y complejos aparatos ideológicos de manipulación de la conciencia social. Un caso emblemático de la manipulación de la opinión pública se puede encontrar en el comportamiento de las grandes cadenas de televisión, que manejan a su arbitrio los valores que instalan en los hogares de millones de chilenos, como sucedió recientemente con la escandalosa cobertura que se le entregó a los llamados "Reality Shows", eventos que sólo promovían la hipocresía y el individualismo desenfrenado.

Explorar la huella que ha dejado el neoliberalismo en nuestra patria y analizar su proyección bajo los gobiernos de la eoncertación, es una tarea de gran envergadura que se dejará pendiente para una próxima ocasión.

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BIBLIOGRAFÍA

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Guilherme Merquior, José: Liberalismo Viejo y Nuevo, México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Hayek, Frederich: Trabajo presentado en el encuentro de Tokio de la Sociedad Mont Pelerin, Septiembre de 1966, Archivo Electrónico del Centro de Estudios Públicos, www.cep.cl.

Hayek, Frederich: Camino de Servidumbre, Madrid: Alianza Editorial, 1978.

Hayek, Friederich: Los Fundamentos de la Libertad, Buenos Aires: Centro de Estudios sobre la Libertad, 1982.

Larraín, Jorge: "Ubicando al neoliberalismo en su contexto", en Persona y Sociedad, Volumen XIII, N°2, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 1999.

REFERENCIAS

Sociólogo Universidad de Chile y Magíster en Estudios Sociales y Políticos latinoamericanos Universidad Alberto Hurtado; Investigador ICAL.

1 La consolidación del modelo se manifiesta en Chile a través de un espectacular ciclo de expansión del capital, que tiende a frenarse hacia 1997 con la llegada a nuestras costas de los efectos de la crisis asiática.

2 Según los datos de la CEPAL en el 2002 el número de pobres llegaba a 220 millones de personas.

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3 Guilherme Merquior, José: Liberalismo Viejo y Nuevo, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p.16.

4 Ibid, p. 26. 5 Ibid, p. 30. 6 Anderson, Perry, "Neoliberalismo: Balance provisorio", en Emir

Sader y Pablo Gentili compiladores: La Trama del Neoliberalismo, Buenos Aires, 1999, Editorial Universitaria de Buenos Aires, p.15-16.

7 Hayek, Frederich, Trabajo presentado en el encuentro de Tokio de la Sociedad Mont Pelerin, Septiembre de 1966, Archivo Electrónico del Centro de Estudios Públicos, www.cep.cl., p. 180.

s Hayek, Friederich, Los Fundamentos de la Libertad, Centro de Estudios sobre la Libertad, Buenos Aires, 1982, p. 32. Las restricciones que se impusieron al poder real facilitaron el desarrollo del capitalismo frente a otro modo de producción más atrasado, y alcanza su máxima expresión en la superación de las monarquías que se desarrolla en Francia con la Revolución de 1789.

10 Hayek, Frederich, Camino de Servidumbre, Alianza Editorial, Madrid, 1978, p.40.

11 Hayek, Friederich, Los Fundamentos de la Libertad, Centro de Estudios sobre la Libertad, Buenos Aires, 1982, p. 39.

12 Ibid, 83-84. 13 Ibid, p. 94. 11 Larrain, Jorge, "Ubicando al neoliberalismo en su contexto",

en Persona y Sociedad, Volumen XIII, N°2, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 1999, p..54.

|r> A pesar de las contradicciones de la cual la modernidad es portadora y que no resultan menores, en especial, con el desarrollo del capitalismo como modo de producción dominante. Este tema ha sido brillantemente tratado por Marx en diferentes obras y habría que remitirse a sus textos para analizar esta problemática con mayor detalle.

10 Hayek, Frederich, Trabajo presentado en el encuentro de To

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kio de la Sociedad Mont Pelerin, Septiembre de 1966, Archivo Electrónico del Centro de Estudios Públicos, www.cep.cl., p. 182.

17 Hayek, Frederich, Camino de Servidumbre, Alianza Editorial, Madrid, 1978, p.65.

18 El reconocimiento de la desigual distribución del poder que se producen en cualquier mercado es uno de los aspectos que sirven de base para la formulación del derecho laboral, que justamente se propone equilibrar esta relación asimétrica que existe entre empleado y empleador, es por ello, que la ley busca resguardar a la parte más débil en la relación laboral -al trabajador- quién cuenta con mínimos mecanismos de defensa frente a las prerrogativas del empleador.

19 Hayek, Friederich, Los Fundamentos de la Libertad, Centro de Estudios sobre la Libertad, Buenos Aires, 1982, p. 76.

20 Ibid, p. 77. 21 Ibid, p. 138. 22 Hayek, Frederich, Camino de Servidumbre, Alianza Editorial,

Madrid, 1978, p . l l l . 23 Hayek, Friederich, Los Fundamentos de la Libertad, Centro de

Estudios sobre la Libertad, Buenos Aires, 1982, p. 142. 24 Hayek, Frederich, Camino de Servidumbre, Alianza Editorial,

Madrid, 1978, p.102. 25 Hayek, Friederich, Los Fundamentos de la Libertad, Centro de

Estudios sobre la Libertad, Buenos Aires, 1982, p. 308. 26 Ibid, p. 308. 27 Ibid, p. 310.

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CHILE Y SU RELACION CON EL COMERCIO INTERNACIONAL Patricio Malatrassi A. *

Bases históricas del comercio internacional en Chile

La práctica y desarrollo del comercio internacional en América Latina, y en particular, en Chile, muestra que su impronta fue definida, en forma y contenido, desde los albores de la colonia. Los procesos de copamiento imperial de españoles y portugueses a fines del siglo XV1 sobre los pueblos originarios, significaron la ocupación territorial, económica y cultural. "El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen: todos hechos que señalan los albores de la producción capitalista"2. Estos contenidos iniciales de una época de transición en la cual la Edad Media aún no terminaba del todo, pero que ya comenzaba a delinear los profundos cambios con que se iniciaron los Tiempos Modernos, abriendo surcos de dominación y violencia que se mantienen hasta nuestros días en muchos campos, uno de ellos el comercio internacional.

Los flujos de capitales y bienes se realizan desde el comienzo sometiendo a los países del "Nuevo Mundo" a la expoliación más brutal. Se ha estimado que Europa recibió de América, en los siglos XV, XVI y XVII un total de 2 millones y medio de kilos de oro, en circunstancias que el stock de oro europeo, en 1500, era sólo de 552 mil kilos. En igual forma, se estima que, mientras en 1500, la existencia de plata en Europa llegaba a 7 millones de kilos, a fines del siglo XVII subían a 100 millones de kilos3.

El sistema capitalista y su etapa de acumulación originaria se fue desarrollando, casi en paralelo, con la formación y consolidación de las nacionalidades en América Latina. Marx cita a este propósito: "Los actos de barbarie y de desalmada

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crueldad cometidos por las razas que se llaman cristianas contra todas las religiones y todos los pueblos del orbe que pudieron subyugar, no encuentran precedentes en ninguna época de la historia universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea"4.

Es posible analizar sistemáticamente los signos de los tiempos en tres ámbitos del desarrollo económico:

El ámbito comercial, un mercantilismo generalizado desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII en países como Gran Bretaña, España, Francia, Holanda, constituidos en actores principales de "nuestro desarrollo económico" que van desde la colonización de vastos territorios devastados por la avidez por metales preciosos en que el beneficio de unos significa la explotación de otros, hasta la implantación de los sofisticados métodos de producción, transporte y comunicación de nuestros días que generan cambios esenciales en las formas y métodos, pero no en los contenidos de las relaciones.

El ámbito financiero se ha convertido de más en más no sólo en un complemento de las aventuras productivas, sino en un mecanismo con vida propia, destinado a succionar desde esferas aparentemente inasibles, el valor agregado de millones y millones de seres humanos en "tiempo real". Hazaña del capitalismo que traza un arco nítido desde el primitivo préstamo a interés, que era condenado como usura y se practicaba clandestinamente, hasta las vastas operaciones de nuestros días, capaces de derrumbar las economías de un continente sin que quienes las ejercieron pierdan para nada su prestigio social.

El ámbito productivo: El capitalismo industrial viene a asumir su papel en la economía mundial con plena potencia a fines del siglo XVIII, acelerándose este proceso a lo largo del siglo XIX, con las grandes concentraciones de trabajadores y un siglo XXI

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que estructura el desmantelainiento de las industrias tradicionales, que se difuminan en los vericuetos de las grandes corporaciones transnacionales, atomizando el proceso productivo. Es la enorme transición entre los balbuceos de la economía medieval y un capitalismo plenamente desarrollado que conserva esencialmente un alto grado de marginación social nunca resuelto, con un poderoso avance científico tecnológico, en lo principal gestionado en función de las insaciables apetencias del interés privado.

El Nuevo Mundo, despertó la codicia de todas las potencias occidentales. Así, por ejemplo, Holanda, enemiga de España por motivos económicos y religiosos, trató de apoderarse de Brasil y del Sur de Chile. Los alemanes, cobijados en la compañía Welser, recibieron, de parte de Carlos V, concesiones que le permitieron buscar oro y capturar indígenas para venderlos en Cuba y en La Española.

Los conquistadores implantaron en América las instituciones municipales que existían en Castilla desde la Edad Media. Estos cabildos desempeñaron funciones claves para establecer cierta regularidad económica en "defensa de los vecinos". Fijaba aranceles a los bienes importados o listas de precios de los artículos de primera necesidad y tarifas para el trabajo de los artesanos, de los médicos y sangradores, igualmente fiscalizaba los pesos y medidas.

La política mercantilista

Al definirse en forma más nítida la desintegración del feudalis-mo, la producción mercantil se alza como modo dominante de producción. Esto fue posible gracias a que la producción mer-cantil simple y la capitalista poseen una base idéntica: la propie-dad privada de los medios de producción. No obstante, este de-sarrollo marca un cambio cardinal en la naturaleza de las rela-ciones de producción: la economía mercantil simple se asienta en el trabajo personal del propietario de los medios de produc-

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ción, mientras que el nuevo modo descansa en la explotación del trabajo ajeno, del trabajo asalariado.

El mercantilismo dominó la política económica desde el siglo XV hasta mediados del XVIII, caracterizándose por la acción del Estado en la formación y unificación de las economías nacionales en el plano interno y el robustecimiento del poderío de los mismos en el plano externo.

Debemos recordar que en el mercantilismo como doctrina cabe al Estado la responsabilidad fundamental de proteger y crear condiciones para acrecentar las actividades productivas nacionales, y en especial, la manufactura y la marina mercante. Lo mismo puede decirse de la educación, la técnica, la ciencia, y el conocimiento de los recursos naturales del país.

Entre los aspectos relevantes para la economía internacional, el mercantilismo promueve una definida política aduanera, aplicándose prohibiciones y fuertes gravámenes a las mercancías extranjeras que pudieran competir con las nacionales. Otorgando además incentivos por la organización de nuevas iniciativas productivas, o la exportación de productos industriales. En forma paralela, desarrolla una política colonial cuyo objetivo es buscar fuentes de materias primas y mercados consumidores.

Los reyes de España concedieron la más amplia libertad de comer-cio para todos sus subditos en las tierras recién descubiertas. Carlos V, que gobernaba también sobre los alemanes, concedió a muchos de éstos el derecho a comerciar. Sin embargo, estos princi-pios liberales se veían coartados, en la práctica, por la política mer-eantilista que seguían todos los estados europeos de la época, em-peñados en monopolizar para sí el comercio de sus colonias.

España concentró en Sevilla el comercio de ultramar, fundando la Casa de Contratación, con lo cual comienza a aplicarse en

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América el sistema de monopolio. Por la Casa de Contratación debía pasar todo el comercio de las colonias. Fue a la vez adua-na, tribunal de comercio, almacén y mercado, almirantazgo, es-cuela náutica, oficina de migración, centro de estudios geográfi-cos. Despachaba los barcos, las flotas y las escuadras que ve-nían de América: se hacía cargo de los tesoros con que regresa-ban, separaba la parte del rey y devolvía el resto a sus dueños. "Ninguna otra nación que no fuese España podía comerciar con las colonias españolas, ni estas entre sí. El rey aplicó al mercado imperial el mismo diseño burocrático, lineal, centralista y homogeneizador que al territorio imperial", pero "el monopolio comercial regulado por el Poder central constituía una camisa de fuerza para los grandes mercaderes hispánicos, a quienes urgía competir sin trabas contra la agresividad 'liberal' de Ingla-terra y Francia: la lucha de esos mercaderes por la abolición del monopolio, en pro de un libre comercio regulado, atravesó casi todo el siglo XVIII, hasta lograr la aprobación de las célebres leyes liberales de 1778 (que permitieron quintuplicar el flujo co-mercial del Imperio)"^.

El comercio exterior

La Curva de Transformación de nuestro país y, por tanto, de su comercio internacional, a partir de la independencia de España, se expandió en forma notable. Desde su condición de economía fronteriza, hasta nuestros días, donde parecen no haber barreras para una economía globalizada. Sin embargo, resulta también notable la constancia de los profundos desequilibrios económicos y sociales y su gran inestabilidad. A pesar de la visión contraria de ver en el desarrollo chileno un "Estado de hecho y de Derecho de notable estabilidad, eficacia y permanencia"6.

Podríamos, con fines expositivos, ubicar el contexto de realización del comercio internacional chileno en cuatro etapas, que por lo

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demás han ido siguiendo momentos de expansión de la economía chilena. Estas etapas no difieren entre sí, porque no constituyen enfoques, teóricos y prácticos esencialmente distintos, sino más bien, a nuestro juicio, son distintos énfasis dentro de una constante que se viene aplicando a partir de 1830. Estos énfasis han ido variando como respuesta, no a un ordenamiento propio, sino modulando los impactos que han producido en la economía chilena las transformaciones del ámbito internacional y sus crisis. En Chile, casi nada es propio, ni siquiera las crisis. Sin considerar la etapa colonial y de acuerdo con la periodización entregada por Carióla y Súnkel7, hay un primer ciclo de expansión económica experimentado entre 1830 y la crisis de 1870; un segundo ciclo, que comienza en 1879 con la Guerra del Pacífico y la incorporación de los territorios de Tarapacá y Antofagasta, en donde se concentran riquezas decisivas para la marcha económica futura del país (Salitre, cobre, plata, oro, etc.), amén de una costa de enorme riqueza pelágica, que finaliza con la Gran Depresión Mundial de 1929; una tercera, que va desde la crisis del 29 hasta la crisis de 1982; y un último ciclo de expansión caracterizado por la aplicación casi sin restricciones del modelo neoliberal en un mundo globalizado que se mantiene hoy en pleno desarrollo.

Aunque los elementos involucrados son de un amplísimo espectro, hemos tratado de concentrarnos en aquellos que tienen directa atingencia en el comercio internacional.

La economía durante el siglo XVIII.

El siglo XVIII presencia la transformación de la economía pastoral desarrollada el siglo anterior en una economía agrícola, derivada de la conquista del mercado peruano de trigo y su posterior expansión durante el siglo siguiente8.

Es importante constatar que, a comienzos de este siglo, se realizan una serie de descubrimientos mineros, que abarcan desde

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S o c i e d a d . Trabajo y Neoliberalísmo

Copiapó hasta Santiago, y dan gran relevancia a esta actividad, "antes circunscrita a los aledaños de la Serena y a la producción de cobre y oro de lavaderos"9.

A pesar de las dificultades técnicas, ya entonces la minería se constituyó, contra los supuestos tradicionales de que Chile exportaba sólo sebo y cueros, en un bastión de la economía de la época. Así, tanto la producción de metales preciosos como la de cobre produjo un rendimiento relativamente alto que permitió sostener la balanza de pagos. (Dada) "la decadencia suma en que están los frutos del Reino especialmente el trigo. Han sido las minas las que únicamente la sostienen"10.

Las producciones consignadas por Carmagnani en la época son las siguientes:

Productos Períodos

1701-20 1721-40 1741-60 1761-80 1781-00 1780-89 1790-0C Oro (Kg.) 8.000 8.000 16.000 20.000 40.000 10.690 14.528 Plata (Kg..) s/i 20.000 30.000 50.000 100.000 60.000 63.353 Cobre (Ton.) 2.000 5.000 15000 40.000* 15.000 *

Fuente: Marcelo Carmagnani, El salario minero del Chile colonial, Santiago: Editorial Universitaria, 1963, p. 49 y 50. * Valores que corresponden a otras fuentes 1761-00 y 1780-00

Como se puede observar, la producción de cobre era importante y abastecía el mercado local, los excedentes se exportaban al Perú y a los mercados del Río de la Plata y a España. En el Norte Chico, solamente el distrito de Huasco produjo, a lo largo del siglo XVIII, 16.534,32 toneladas de cobre11.

En cuanto a las importaciones, las restricciones impuestas por

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el gobierno español, así como los altos precios que alcanzaban las manufacturas, fueron estímulo para el desarrollo industrial de la colonia. Ello dio origen a una rudimentaria industria de tejidos, de vajillas, de muebles, etc, permitiendo una apertura comercial que se manifestó a través de tres canales:

Con el Perú: que constituyó la base de su comercio, ya que de allí provenían las mercaderías que se consumían en el país, tales como telas y lienzos de España, Francia, Flandes o Italia, y algunos artículos de lujo, como sedas, terciopelo, muebles y espejos de salón. Igualmente textiles de Quito, azúcar y arroz.

Las exportaciones fundamentales de Chile al Virreinato eran los productos de la ganadería, particularmente el sebo, cuero, charqui. Les seguían el cobre, badanas, suelas, cordeles, jarcias, tinajas, alfarería de barro cocido, las lanchas y otros barcos pequeños. La agricultura todavía contribuía muy poco al comercio de exportación.

Con Buenos Aires. Muy inferior al anterior. Se trataba de partidas de contrabando de mercaderías europeas que se pagaban con oro de las minas del país.

Con Asia. Consistía en el trueque del cobre, oro y plata de Chile por las telas de seda y los géneros que traían los barcos procedentes de la China y de las Filipinas.

Este escenario de Chile como exportador primario y recepcionista de productos manufacturados de alto valor agregado, signado mucho más tarde como "intercambio desigual" continúa hasta nuestros días, ahogando una y otra vez los intentos por abandonar esta condición. Intentos que por lo demás no han sido nunca impunes, siempre han terminado en verdaderas masacres12. Es claro que estos procesos tejieron una red que potenciaba la función mercantil exterior, condenando al provincialismo a los grupos productores.

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S<>< talad. I nihiiji) IJ Neoliberalísmo

Es evidente que la lucha independentista del imperio español desató una vorágine que perjudicó notablemente a quienes estaban insertos con mayor fuerza dentro del orden imperial. Es decir, a los "llamados monopolistas o casas pudientes, que manejaban fortunas de $500.000 (oro) y más; que obtenían una ganancia de 35 a 75% por cada operación comercial o de préstamo (frente a los predios rústicos, que cuanto más, rinden 6%, según el Real Consulado de Santiago) y que se resisten apagar impuestos o a conceder préstamos no sólo a la corona, sino también al flamante Gobierno Patriota. Los monopolistas agostaban sin piedad la ganancia potencial de mineros, cosecheros y artesanos, aumentando la cesantía y el vagabundaje"13.

Con la independencia de España, culminó un proceso de transformaciones internas e internacionales que se había iniciado en el siglo XVI. La Revolución Industrial se aceleraba en Inglaterra inaugurando una fase de expansión extraordinaria de la economía capitalista mundial. Ello implicó la ampliación de los mercados de materias primas y alimentos como consecuencia del crecimiento demográfico, la producción, la productividad y los ingresos de determinadas capas de la población en los países centrales. Significó además la creación de excedentes de capital y de mano de obra en esas naciones, y su aplicación para explotar recursos naturales disponibles, necesarios para la expansión de las economías centrales. "Hacia 1825, los extranjeros no sólo instalaban talleres con régimen de monopolio, sino que comerciaban al detalle en todas partes y practicaban el cabotaje y el contrabando. Un funcionario de la Comisión de Hacienda, ante eso, comentó: "los extranjeros han monopolizado nuestro comercio, aún al detalle, y han colonizado a nuestros hombres de negocio"14.

Primer ciclo de expansión

La Independencia de España metió a Chile de cabeza en el proceso

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de desarrollo mundial, eliminando las barreras legales elaboradas durante la Colonia, ampliando los mercados externos y poniéndolos a disposición de una potencial producción nacional, que se protegía de la competencia externa por medio de aranceles.

"La gran expansión, que con algunos altibajos y cada vez mayor estabilidad, experimentó la economía chilena desde 1830, se basó, casi enteramente, en un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, hasta entonces escasamente utilizados o enteramente desaprovechados. La fuerza motriz de este proceso fue la creciente apertura y vinculación con el mercado mundial y, particularmente, con la economía inglesa. Ello se manifestó en el notable desarrollo de las corrientes comerciales y financieras entre Chile y esos países"15. En 1830, la temida invasión de los países nórdicos ya se había producido, y "los nórdicos estaban dentro de los principales puertos de Chile. Esto significaba que la oligarquía criolla, aunque dominaba el Estado, no dominaba el comercio exterior"16. En 1832 se firmó una Convención de Comercio con Estados Unidos, la cual reconocía a los ciudadanos de ese país plenos derechos y anulaba todas las leyes aduaneras proteccionistas. En igual forma se concedió rango de "nación más favorecida" a los mercaderes ingleses por un tratado suscrito en 1854. Esto es lo que da consistencia al "el primer gran ciclo de expansión económica experimentado por el país", entre la iniciación del régimen portaliano en 1830 y la consiguiente crisis de 1870. Se podría asegurar que entre 1830 y 1885, el modelo creado por la eficacia portaliana funcionó con éxito en tanto fue referido al mercado internacional. "Fue sobre estos parámetros que labró su fama. Pero en el plano de la baja sociedad civil, paralelamente, cosechó la crisis terminal de los empresarios campesinos, mineros y manufactureros"17.

También tempranamente se consolidaba el hecho de que "todas las actividades mineras se basaban en el mercado externo. En

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las posibilidades del comercio de exportación. El mercado mundial comenzó a ser determinante en la vida del país, en la posición de las clases sociales, en su mentalidad y en el futuro de la nación"18.

El triunfo en la guerra contra la Confederación Perú - Bolivia, que le aseguró a Chile el predominio en el Pacífico, permitió consolidar la importancia de la minería y la agricultura con amplios mercados en América, Europa e incluso Asia y Oceanía, desarrollando una compleja y creciente actividad en el campo internacional.

Hay una aceptación generalizada de la importancia central de las relaciones económicas internacionales en el crecimiento y transformación de Chile; en otras palabras del papel relevante del "crecimiento hacia afuera". Este patrón de desarrollo, este auge de las importaciones y exportaciones exigió obviamente un determinado sesgo a los otros sectores de la economía y una estructura institucional a su servicio en los aspectos internos y externos para adaptarlos a los requerimientos de un mundo capitalista en expansión. Es la llamada internacionalización mercantil de los negocios. Las costumbres los intereses nacionales bajo el dominio indiscutido de comerciantes ingleses, franceses y alemanes que aseguraron la incorporación librecambista plena, poniendo en retirada cualquier intento productivista del Estado o una modernización endógena del país. Como ya hemos planteado en esta expansión en los rubros mineros, agrícolas y comerciales, vinculados directamente con el intercambio exterior, la producción agropecuaria para el mercado interno se amplió y diversificó, aunque siempre en un tono asordinado. También como una constante los sectores manufactureros e industrial en general lograron un desarrollo comparativamente menor, definiendo un modelo de crecimiento dependiente.

Es necesario considerar que, pese a la tendencia integradora a

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la economía internacional en expansión, hay un énfasis dialéctico muy interesante en el régimen conservador de Diego Portales y que dice relación con las características mercantilistas y nacionalistas del mismo. Así, mientras por un lado se promulgaba en 1813 un decreto de "Apertura i fomento del comercio i navegación" que abría al comercio los puertos más importantes de Chile, se establecía una tarifa general a las importaciones de mercaderías del 30%, así como una serie de prohibiciones y protecciones para defender a los sectores afectados por la libre importación. Mientras la expansión del comercio y las finanzas internacionales del país, con presencia de capitales y empresarios extranjeros, caminaban en una dirección, los intereses del poder conservador, centralista y autoritario latifundista, que dominaban el gobierno portaliano, lo hacían en dirección contraria. Sin embargo, los sectores liberales, ligados a las importaciones y exportaciones fueron imponiéndose a través de los conflictos políticos y militares en la década de 1850.

Con estas perspectivas exportadoras e importadoras se reformó el régimen aduanero, fijando nuevos aranceles para algunas mercaderías y declarando libre de derechos a todas aquellas que eran necesarias para el progreso del país, maquinarias, instrumentos científicos, libros, imprentas, etc. (1834). "Los grupos mercantiles que habían asumido el control del Estado en 1830, trataron de fomentar el desarrollo de la producción nacional, pero sobre la base de asociarse ellos mismos a los comerciantes ingleses, franceses, etc. El resultado final fue el desplazamiento de los mercaderes chilenos por los comerciantes foráneos; la supremacía alcanzada sobre la economía nacional por las grandes "casas comerciales y bancos extranjeros que se prolongó hasta 1930"19.

Entre los años 1846 a 1856, Chile (sin perder de vista que la asociación de este crecimiento sólo refleja el enriquecimiento de un sector muy minoritario del país) experimentó una prosperidad

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Sociedad, Trabajo ij Neoliberalísmo

económica extraordinaria, manifestada tanto en la excelente situación financiera del Estado como en el auge de los negocios privados. Las iniciativas particulares no reconocían límite y, llevada de una confianza excesiva, la burguesía enriquecida invertía grandes capitales en toda de clase de obras, entre ellas la construcción de ferrocarriles.

Los grupos de poder nacidos al amparo del auge minero de Chañarcillo y los mercados de California y de Australia no se fijaban en gastos. Naturalmente, esta expansión, al estar sustentada en la explotación ilimitada de recursos no renovables vio su fin con la decadencia de Chañarcillo que producía casi el 74% de la plata. También contribuyó el término de la fiebre del oro en California y Australia. En estos países se dejó de consumir el trigo que tantas ganancias produjeron a la poderosa burguesía creada a sus expensas. El quintal de trigo bajó de un envión casi un 50%. Por otra parte, el gobierno, amparado en las doctrinas liberales individualistas y librecambistas del economista francés Courcelle Seneuil, de importante influencia en la política económica y financiera, combatía la intervención del Estado en todas las formas. Así, se desvió el endeudamiento con los financistas ingleses para la construcción de ferrocarriles, traspasándolo a particulares que los despilfarraron en empresas sin destino y consumo suntuario. La crisis llega a su nivel más alto en 1861.

Entre 1857 y 1861, se produjo la primera interrupción significativa de la expansión en el comercio exterior chileno desde el comienzo del período: "A fin de agosto de 1857, la contracción monetaria y crediticia se hizo tan intensa que las transacciones comerciales se paralizaron completamente en Valparaíso"20.

Es interesante consignar que el gobierno intervino en esta situación con una política expansiva, constituyéndose en una de las primeras operaciones anticíclicas en nuestro país.

En términos generales en el período, la expansión del crédito, y

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Apantes cíe las Escuelas de Formación Sindical

el gradual reemplazo del oro y la plata por papel moneda son acelerados por factores como:

Los cambios en los precios internacionales del oro y la plata; El pánico financiero producido por la guerra con España que produjo atesoramiento de moneda metálica; Una balanza de pagos crecientemente deficitaria con una fuerte tendencia al crecimiento de las importaciones, y el incremento de la deuda exterior.

Marcial González, economista de la época, describe la situación en el año 1873 con los siguientes rasgos: "El país cree que su vida está vinculada sólo al desarrollo de la riqueza, a los juegos de bolsa, a las aventuras mineras, al agiotaje del papel fiduciario y de las sociedades anónimas"21.

La crisis final del primer ciclo de expansión signado por el crecimiento hacia fuera puso tempranamente una señal de alerta en la volatilidad de una economía que descansa tan fuertemente en su sector transable minero.

Alrededor de 1870, comenzó, un largo período depresivo de la economía internacional que afectó directamente los principales productos de exportación. Así ocurrió con el trigo, arrasado por la competencia más productiva de Argentina, Estados Unidos, Australia, Ucrania y Canadá. Igual cosa ocurrió con el cobre, que representaba más de la mitad de las exportaciones, y cuyos precios cayeron verticalmente a partir del máximo alcanzado en 1872. No se recuperaría hasta fines de siglo, debido fundamentalmente al agotamiento de los yacimientos más ricos y al desarrollo de grandes depósitos cupríferos en los Estados Unidos, en los que se emplearon técnicas más avanzadas, que permitieron la elaboración de minerales de leyes más bajas.

La marcha ascendente de la economía chilena, asentada una

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Sociedad, Tmlxi/o i¡ Neolilx-iulisino

vez más en la acción decidida del Estado, se reanuda después de la crisis de 1857-61. El auge, que adquiere un ritmo excepcional después de la Guerra con España (1865-66), se extendió hasta la aguda depresión iniciada a mediados de la década de 1870, coincidente con un largo período de recesión de la economía mundial, produciendo una baja general de los precios, que afectó los principales productos chilenos de exportación, cerrando así el primer ciclo de expansión comenzado en 1830.

El segundo ciclo de expansión

La actividad salitrera comenzó en la década de 1860 y llegó a constituir el pilar fundamental y prácticamente único del segundo ciclo de auge de la economía chilena. Cabe señalar que este nuevo siglo de auge en función del salitre, se traslapa con la crisis del comercio exterior iniciada en 1870, por lo que el nuevo modelo de crecimiento hacia afuera tendría características diferentes del anterior, por ejemplo, procesos de desvalorización monetaria, aumento violento de la deuda externa, la monetización del sistema económico mediante la circulación y papel moneda, creación de instituciones y grupos de interés bancario que desplegaron poder político y económico para obtener apoyo de emisiones estatales, aparición de los grandes problemas de desocupación y estancamiento que se agudizaban, con el paso del tiempo, en las hasta ese momento prósperas provincias del Norte Chico.

La actividad salitrera tuvo también como expresión, un fenómeno quizás el más significativo e inédito en Latinoamérica: la formación de un proletariado de considerable magnitud y fuerza en las oficinas salitreras, como también en torno a la actividad portuaria en el norte y centro del país. En las ciudades y puertos principales se desarrollaron pequeñas industria artesanales y manufacturas importantes. Hay que agregar la formación de sectores medios surgidos como resultados de la ampliación del

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sistema educacional, de las actividades técnicas y profesionales, de la inmigración, de la expansión de la administración pública y de los servicios comerciales y bancarios.

La emergencia de este proletariado, la aparición de la prensa obrera, de sus organizaciones sociales, y los partidos populares que los representaban, y la influencia de las ideas socialistas, comenzaron tempranamente a poner en cuestión las políticas de desarrollo y la economía del país.

En 1873, Chile era el primer productor de cobre del mundo, debido principalmente al mineral de Tamaya y las fundiciones de Tongoy y Guayacán. La extraordinaria riqueza de las minas de plata de Caracoles trajo un período de prosperidad y de expansión del crédito. Se multiplicaron las sociedades anónimas, creándose nuevos bancos y la primera bolsa de comercio en Valparaíso, en 1873.

La Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre 1879 y 1883, incentivó diversas actividades manufactureras, agrícolas y comerciales, y disminuyó la desocupación por el reclutamiento. El aumento del gasto público necesario para enfrentar la guerra que significó su duplicación, se financió, con un incremento en la emisión y con el aumento de los ingresos fiscales, producto de las exportaciones de salitre. De este modo se constituyó una política anticíclica que tuvo resultados inesperados: "ios negocios mejoraron rápidamente; la economía nacional, en vez de deprimirse, entró en un período de vigorosa expansión enfrentando los gastos de la guerra sin empréstitos externos y absorbiendo 28 millones de pesos de papel moneda en tres años, sin que se abatiesen los cambios internacionales ni la moneda se depreciase en el interior como todos temían"22.

En la década de 1880, apenas terminado el conflicto bajo el gobierno de Montt se continuó con la expansión de los servicios públicos; pero fue bajo el gobierno de Balmaceda (1886-91) en


Socicdail, Trabajo y Neoliberalísmo

que las políticas estatales recuperaron la fuerza de mediados del siglo.

En el gobierno de Balmaceda se ampliaron las actividades de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, se inició la instalación de líneas telefónicas, se construyeron puentes y caminos, comenzó a implementarse el alumbrado público eléctrico, se adelantó en la construcción de edificios hospitalarios y se implementaron importantes avances en todos los niveles de la educación. También fueron liberados de pagar derechos de aduana los bienes destinados a instalar nuevas industrias o a mejorar las existentes. De esta manera, la Sociedad de Fomento Fabril, creada bajo este gobierno, si bien actúo solitaria en su defensa del desarrollo industrial, obtuvo apoyo y un importante estímulo.

Lo que pretendía el Presidente Balmaceda era evitar la entrega de la totalidad de los terrenos salitreros fiscales a los monopolios extranjeros, para reservar al Estado un instrumento de regulación de la industria; obtener el control de los ferrocarriles salitreros vinculados con los del centro del país, e invertir el gran excedente de los ingresos fiscales derivados del salitre en obras productivas, a fin de formar una riqueza nacional permanente para cuando se agotara el salitre.

Esta política se contraponía con los intereses extranjeros y de los grupos financieros nacionales, cuyas voces se expresaron en una "comisión del salitre", que elaboró los antecedentes de la ley dictada en 1880 y que se manifestaba contraria al monopolio estatal: "En lugar de este sistema peligroso y absorbente, es de esperar que Chile acate y mantenga la primera de las reglas de la buena economía política, que condena toda intervención gubernativa en los dominios especiales de la industria"23.

La forma en que la industria del salitre fue pasada a manos extranjeras constituye una de las más extraordinarias operaciones en contra del

pcigina 66


interés nacional que puede encontrarse en nuestra historia. De esta manera, buena parte de la industria salitrera, desarrollada a partir de la década de 1860 con la participación de mineros y empresarios chilenos fue entregada a especuladores extranjeros. Incluso, parte de esta operación se financió con créditos del Banco de Valparaíso, es decir con recursos chilenos. Esta operación sólo encuentra parangón en la entrega de la Gran Minería del Cobre a monopolios extranjeros iniciada por la dictadura de Pinochet y ampliada y consolidada bajo los sucesivos gobiernos de la llamada Concertación. Este proceso tiene los mismos rasgos de impudicia, ya que ambas, por la vastedad de su red de mercados, transporte e intereses financieros las hacen lejos los negocios de mayor envergadura internacional y los únicos capaces de movilizar hasta las últimas consecuencias los apetitos de los grandes consorcios transnacionales.

La entrega del salitre al capital foráneo implicó la integración de Chile al sistema económico internacional organizado por el Imperio Británico, que creó formas de dependencia similares a las destruidas por el proceso de independencia del Imperio español. Durante este período, las finanzas públicas y el comercio exterior habían pasado a depender centralmente de la actividad salitrera. La siempre violenta defensa del interés foráneo desencadenó la guerra civil de 1891, en la que Balmaceda fue derrotado, porque, a diferencia del ciclo anterior en que las actividades de exportación estaban en manos de empresarios chilenos, en el caso del salitre, estas pasaron a ser casi en su totalidad propiedad de capitales extranjeros, principalmente ingleses. Este cambio también se manifestó en las inversiones estadounidenses en la nueva industria del cobre, que pasará a ser la base de la economía nacional.

Durante la década de 1890, continúa la recesión internacional, pero en los últimos del siglo XIX se produce un extraordinario auge, el que se desploma poco antes de la Primera Guerra Mundial. Durante esta guerra, aumentan nuevamente las


S<>< ic(í(i(í, l'mlxijo ¡i Neoliberalísmo

exportaciones y se limitan las importaciones, lo que determinó una expansión muy fuerte en el país que terminará violentamente en los primeros años década de 1920, para volver a repuntar a fines de la etapa, antes de la catástrofe de 1930.

Desde las primeras décadas del siglo XX, surgieron nuevas y grandes minas de Cobre en Chuquicamata, Potrerillos y Sewell. Nuevamente el capital extranjero jugaba un papel preponderante en una actividad que al ñn del período estaba en pleno desarrollo y que, con la decadencia del salitre, se convirtió en la principal actividad de exportación chilena.

Después de la crisis de 1908, los gobiernos liberales privilegiaron sistemáticamente las importadoras extranjeras, lo que provoca como era natural, una serie de conflictos ya que estos últimos propiciaban el levantamiento de las leyes aduaneras protectoras y la promoción de sistemas de crédito que les favorecieran. Esta situación fue resuelta por la Primera Guerra Mundial, que abrió la posibilidad de una plataforma productivista en la cual los industriales acordaron impulsar un nacionalismo industrial, cuya primera exigencia era la nacionalización del comercio exterior.

El segundo ciclo de expansión de la economía chilena terminaría, como el primero, con una gran crisis de la economía mundial, de la que ya no se recuperaría la principal actividad económica, el salitre.

El tercer ciclo de expansión

A partir de 1908 se inició una política proteccionista, gracias a la cual la industria chilena pudo proporcionar lo indispensable para llenar las más apremiantes necesidades en el curso de la guerra del 14, se así como los productos nacionales se fueron perfeccionando paulatinamente. Al mismo tiempo, productos agrícolas que antes tenían escaso valor, comenzaron a ser

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solicitados por las fábricas de tejido, paños, papel, cartón, calzado, muebles, conservas, etc. Se comenzó a gestar un movimiento, no planificado por cierto y empujado por las crisis del capitalismo, tendiente a la generación de una incipiente industria nacional.

En 1928 ya había 200 mil hombres y 90 mil mujeres trabajando en las industrias. Se construyeron nuevos ferrocarriles y canales de regadío. La creación de riqueza del período estuvo alimentada por una explotación despiadada, como lo demuestran los alzamientos populares que en 1903 saquearon Valparaiso, igual cosa en Santiago en 1905; en 1907 se tomaron Iquique y entre 1919 y 1920 eran capaces de organizar huelgas que movilizaban ingentes grupos de trabajadores: "Así que había miedo. Era el mismo miedo oligárquico que había recorrido la espina dorsal del siglo XIX"2 >.

Al mirar la historia, es posible estructurar una síntesis significativa de Chile: el dominio constante del pensamiento liberal y su expresión librecambista desde los albores de la independencia hasta nuestros días. Así, la condena de la intervención del Estado en las decisiones relevantes de la economía ha sido una constante.

También podemos observar que el ámbito mercantil financiero ha sido predominante en el capitalismo chileno junto a un vector de desarrollo basado en la exportación de materias primas, con nulo o escaso valor agregado, con una contrapartida importadora de manufacturas y medios de producción. Los productores han jugado históricamente un papel secundario en el desarrollo nacional frente a los comerciantes y banqueros que han determinado la estructura nacional de acumulación capitalista monopolizando de ida y vuelta el comercio exterior chileno.

El desplazamiento de los comerciantes chilenos del comercio exterior y la supremacía constante de los conglomerados bancarios y financieros transnacionales prefiguraba, sin duda,


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lo que (h iii ilii.i con la misma fuerza cien años más tarde apai i'i'lciiiliMniiin ni levo. ('unírolaban hacia 1900 más del 60 % de los mecanismos de acumulación capitalista del país, creando de paso una oligarquía mercantil nacional convertida hasta núes!ros días en los "gestores políticos" de los intereses económicos extranjeros frente al Estado.

Este conglomerado transnacional se derrumbó en 1930, permitiendo abrir paso a un discurso nacional-desarrollista caracterizado en lo esencial por la creación de la Corporación de Fomento de la Producción que permitió rasgos de autonomía. "El eje capital extranjero - burguesía comercial se opone a un proceso de sustitución integral, porque destruiría el fundamento en que descansan sus negocios principales. No rechaza la creación de nuevas industrias siempre que estas continúen dependiendo de abastecimientos importados"25.

De allí que reconociendo el gran avance realizado en el proceso de sustitución de importaciones, este no disminuyó la vulnerabi l idad de la economía frente a las crisis internacionales.

En 1955, el economista Felipe Herrera hacía ver que los dos tercios de las principales inversiones extranjeras en nuestro país se concentraban en la gran minería y el resto estaba manifiesto en Bonos del Estado, servicios de utilidad pública y actividades comerciales. Predominaba en ella su esencia desnacionalizadora, sin ninguna vinculación armónica con el resto de las actividades del país. "Las empresas de la gran minería no son propiamente actividades extranjeras radicadas en el país, sino ramas de firmas internacionales que poseen yacimientos minerales en diversas regiones del mundo. El cerebro de la organización está en el extranjero; en nuestro país sólo existe la planta productora y los servicios de control y embarque"26.

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A este respecto Chile en el año 1950 tenía un alto nivel de exportaciones con respecto a su Renta Nacional en el concierto latinoamericano.

PAIS % exportaciones en la Renta Nacional. (1940)

Argentina 15.1 Uruguay 25.1 Chile 27.7 Colombia 15.1 Cuba 26.0 Brasil 15.0 Méjico 30.5 Paraguay 13.1 Venezuela (1936) 70.0 Bolivia 57.7 USA 5.1 Canadá 22.0

Fuente: C. Moyano, El desarrollo Industrial en América Latina, Publicaciones del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Montevideo, 1947.

Resulta notable en este cuadro que, con la excepción de Canadá el nivel de exportaciones ha sido la expresión inversa de su nivel de desarrollo y por otra parte la fuerte autarquía de la economía norteamericana que, a pesar de mantener esta situación hasta nuestros días, internacionalmente mantiene un discurso de apertura que su propia economía contradice.

En cuanto a la composición del valor de las exportaciones chilenas entre los años 1944 y 1953 se ve claramente que la minería representa casi el 80 % en el total.


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% Valor de otras

exportadores

% Decreto Ley 646

% Totales

1 9 4 4 5 3 . 3 0 . 3 1 3 . 0 7 . 9 2 4 . 3 1 . 2 1 0 0

1 9 4 5 4 8 . 5 0 . 2 1 7 . 3 5 . 9 2 5 . 0 1 . 1 1 0 0

1 9 4 6 4 6 . 5 1 . 3 2 0 . 0 5 . 5 2 5 . 5 1 . 2 1 0 0

1 9 4 7 5 6 . 2 1 . 5 1 9 . 0 3 . 5 1 9 . 0 0 . 8 1 0 0

1 9 4 8 5 8 . 3 1 . 7 1 9 . 9 3 . 3 1 5 . 5 0 . 9 1 0 0

1 9 4 9 4 7 . 7 2 . 3 2 2 . 2 7 . 5 2 0 . 3 1 0 0

1 9 5 0 5 1 . 0 2 . 5 2 2 . 8 6 . 7 1 7 . 0 1 0 0

1 9 5 1 4 5 . 3 2 . 7 1 8 . 1 7 . 1 2 6 . 6 0 . 2 1 0 0

1 9 5 2 5 3 . 1 2 . 2 1 5 . 2 9 . 0 2 0 . 3 0 . 2 1 0 0

1 9 5 3 5 1 . 1 2 . 3 1 6 . 6 7 . 7 2 1 . 8 0 . 4 1 0 0

Fuente: Banco Central de Chile, Balanza de Pagos, 1950.

Además esto sitúa la real perspectiva del Comercio Internacional chileno en su dependencia de los mercados extranjeros con materias primas, muy poco trabajo nacional y alta elasticidad de la demanda, contra importaciones de alto valor agregado y baja elasticidad, lo que hace que los impactos de las crisis cíclicas de la economía manifiesten su impacto en forma más profunda en las primeras que las segundas.

En los países industrializados, los ciclos dependen fundamentalmente de las fluctuaciones del capital invertido, de allí que economías tan ligadas a las exportaciones los momentos de desplome de las economías externas se traducen rápidamente en crisis generalizadas.

Dada esta alta especialización y volumen de producción minera en el total de las exportaciones, Chile fue el país cuyo comercio exterior sufrió con mayor intensidad el impacto de la depresión mundial del período 1929 -1932. Entre 1929 y 1932, el valor

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de las exportaciones descendieron de $ 2.293 millones (Pesos oro) a 282 millones (87.7 %); las importaciones lo hicieron de $ 1.617 millones a 214 millones (86.8 %).

Resumiendo, y de acuerdo con las cifras del Banco Central, la balanza de pagos del país se caracterizaba por lo siguiente:

Gran incidencia del comercio exterior con prevalecencia de los sectores mineros. La agricultura, ganadería, pesca, maderas e industria fabril ocupan un 20 % a 30 % del total.

Con respecto a las importaciones, entre materias primas y combustibles se alcanza un 50 % del total; los bienes de consumo, más de un 30 %, y el saldo, bienes de capital.

Un porcentaje bastante considerable del pasivo de la balanza está constituido por el movimiento de capitales (amortizaciones) y su servicio (intereses).

La gran importancia que tienen para el país el conjunto de transacciones internacionales, con relación a las actividades económicas en general. En efecto, estas transacciones representan un 27,7 % de la Renta Nacional.

La gran sensibilidad del sistema monetario chileno a las fluctuaciones de la balanza de pago y, en general, la conexión íntima del ritmo de la economía del país con dichas fluctuaciones.

De alguna manera el proceso de desarrollo industrial llego en la década de 1960, a constituirse en un 25% del producto27, pasando a ser un importante eje de desarrollo, alcanzando ritmos de crecimiento muy altos, y que de haberse mantenido habrían producido transformaciones muy importantes en la economía en un período mediano de tiempo.



La restricción de importaciones permitió el desarrollo de la industria nacional en las ramas de artículos de consumo como textiles, cuero, papel, vidrios. A partir de 1938, se crean la industria siderúrgica, petrolífera y metalúrgica. La sustitución se completó, en lo fundamental, con la creación de la industria liviana.

Esta participación activa del Estado en la economía sufre un corte violento a partir de 1973. Se comienza a estructurar el regreso de las políticas liberales en su concepción monetarista por parte de los economistas de derecha ubicados en la Pontificia Universidad Católica de Chile monitoreados y adiestrados en la Universidad estadounidense de Chicago.

Su diagnóstico se centró en los siguientes aspectos: Las empresas públicas son menos eficientes que las privadas. El crecimiento de la economía beneficia siempre y necesariamente a todos los grupos sociales que componen el país. Ineficiente asignación de recursos debido al proteccionismo frente a la competencia externa. Excesiva intervención estatal, con tendencia deficitaria de la balanza de pagos, como resultado de las restricciones impuestas al comercio exterior, falta de incentivos a las exportaciones debido fundamentalmente a la mantención de un tipo de cambio subvaluado. En el caso de un país pequeño, es fundamental que dicha asignación se realice considerando las oportunidades en los mercados internacionales, lo que implica la apertura al comercio con el objeto de especializarse de acuerdo a las ventajas comparativas del país.

La libertad económica es base y requisito de la libertad política.

Con este diagnóstico se implemento una serie de medidas y políticas que han llegado a caracterizar en el tiempo el modelo económico como se aplicó en Chile: liberalización del mercado y de los precios en función de la oferta y la demanda; apertura

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comercial y financiera al exterior y reducción del Estado a un rol subsidiario y privatizaciones.

Con la aplicación de estas medidas se esperaba lograr: Mercados integrados, flexibles, bien informados, capaces de generar un desarrollo espontáneo. Ajustes estabilizadores y rápidos. Una competencia que produciría mayor bienestar para la mayoría.

Quizá los aspectos más relevantes condición antes de de los demás cambios que se efectuaron en la economía fueron los introducidos en el sector financiero. En una primera etapa se autorizó la creación de sociedades financieras privadas, sujetas a una legislación absolutamente permisiva. En 1975, fueron licitados la mayoría de los Bancos que estaban en manos de la Corporación de Fomento del Estado (CORFO), licitación realizada en condiciones muy ventajosas a la cual accedieron los grupos económicos en formación que tenían acceso al crédito externo. Esto permitió una transferencia enorme de patrimonio del Estado al sector privado que explica el altísimo grado de concentración económica del período.

También durante 1975, se procedió también a liberar las tasas de interés, se eliminaron las normas sobre el control cuantitativo del crédito en moneda nacional y la selectividad del encaje o reservas bancarias. Toda la política de liberalización del sector financiero y de apertura al exterior, apuntaba en dirección a un mercado libre de intervención, que condujera a la igualdad de las tasas de interés internas y externas, que promoviera el ahorro nacional y canalizará los recursos hacia inversiones rentables y eficientes.

La consecuencia más relevante de este proceso es que el sector financiero se transformó en "el centro de decisión dominante de la economía chilena". Durante el período 1975-1981 las dos características preponderantes del sistema financiero fueron los


Sociedad. Tiaha/o i/ Ni-olibcralismo

plazos y las tasas de interés. El plazo más frecuente de depósitos y colocaciones fue el de 30 días y la tasa de interés real promedio fue de un 40 % para dicho periodo con un rango entre el 12 y 120 %. El margen de intermediación o "spread" fue superior a un promedio anual de 15 puntos. Todas estas condiciones en detrimento de la actividad productiva, como obstáculos objetivos para realizar proyectos de inversión de mediano y largo plazo, ya que concentraron la actividad en los negocios de corto plazo: la especulación y el consumo de bienes importados.

Las altas tasas de interés y los plazos breves no sólo significaron el deterioro de los sectores productivos, sino que implicaron un traspaso de riqueza, al consolidarse un elevado endeudamiento de estos sectores con el sector bancario, que absorbió un gran volumen de activos con el que se hizo frente al endeudamiento. Obviamente, los únicos en condiciones de adquirir estos bienes eran los propios bancos y personas o grupos económicos vinculados.

A partir de 1979 y relacionado con la fuerte expansión y afluencia de créditos externos, se produce un nuevo proceso de endeudamiento del sector productivo. Sin embargo, debido a las altas tasas de interés y la política de apertura a las importaciones, las empresas se ven impedidas de cumplir con los compromisos contraídos. Las altas tasas de interés y los plazos cortos de operación se transformaron en un "boomerang" para los bancos y financieras.

La liberación de importaciones, que se inicia a partir de 1974, culmina cinco años después con un arancel uniforme de 10 % para la casi totalidad de los productos, lo que suprime de golpe la selectividad necesaria para una protección adecuada de los sectores productivos nacionales.

En conjunto con la política de apertura, la política cambiaría se articuló como una pieza central de la gestión económica de esos

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años. El discurso oficial consideraba que ambos instrumentos serían fundamentales para acentuar los procesos competitivos en el interior y para promover las exportaciones. No obstante, a diferencia de la política de apertura, sostenida y acentuada en el tiempo, la política cambiaría fue objetivo de numerosas transformaciones, que fueron desde la congelación del precio por tres años a la liberalización total del mercado, poco tiempo después. "Reiteradamente se sostuvo que el tipo de cambio real subiría a medida que se redujera la protección arancelaria efectiva. Sin embargo, al poco tiempo el tipo de cambio comenzó a ser usado para reducir expectativas inflacionarias para compensar - como en otros países - los efectos monetarios del ingreso masivo de capitales financieros "28.

La fijación del tipo de cambio contribuyó a disminuir el ritmo de las exportaciones y provoca, a partir del segundo semestre de 1997, una fuerte expansión de las importaciones de bienes de consumo no alimentos, financiados con recursos externos, generando una fuerte expansión en el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. La deuda se eleva a 20 mil millones de dólares sin inversiones productivas que permitieran generar los recursos para servir la deuda.

El proceso de inversión extranjera se inició con el pago de las indemnizaciones a las transnacionales del cobre nacionalizadas por la Unidad Popular y siguió con una profunda reforma al Estatuto de Inversión Extranjera.

Este Estatuto autorizó el ingreso de capitales externos a cualquier sector de la economía en igualdad de condiciones con los inversionistas locales, provocando la salida de Chile del Pacto Andino, por contravención a las normas del artículo 24 del Acuerdo de Cartagena. Estas facilidades, a pesar de no recabar los volúmenes de inversión que augurados por quienes diseñaron el Estatuto hicieron crecer el endeudamiento motivados por las



tasas de interés internacionales relativamente bajas de la década del setenta, debido, en lo fundamental, a la gran liquidez de fondos en los mercados internacionales. En definitiva, era fácil endeudarse y un buen negocio hacerlo. La filosofía del modelo indicaba que si el sector privado era el que se endeudaba, esto era sinónimo de que los recursos iban a ser utilizados en forma eficiente.

Los resultados no fueron los esperados. La afluencia de créditos externos permitió un aumento indiscriminado de las importaciones, con una alta proporción de bienes de consumo que permitió mantener la política del dólar fijo en una situación de déficit creciente de la balanza comercial. El resultado es que en vez de "crecimiento económico promovido por la deuda" se produjo "déficit en cuenta corriente promovido por la deuda" con el consiguiente impacto negativo sobre la producción nacional2''.

Por otra parte, las ventajas comparativas son en una importante medida función tanto del nivel y estabilidad del tipo de cambio, el grado de actividad económica nacional e internacional y de fluctuaciones de precios externos. En el caso de Chile durante este período, debido a una demanda interna deprimida y un alto nivel de desempleo "el marco económico fue poco propicio para la identificación de las ventajas comparativas y las coirespondieníes oportunidades de inversión. El resultado fue un nivel notablemente bajo de inversión y de utilización de la capacidad instalada y de Icij'uerza de trabajo'"''".

La reducción del rol del Estado

El Estado, que siempre ha tenido en Chile un papel importante, a partir de la gran crisis del año 1930, lo incrementa. Se convierte en orientador y promotor del desarrollo, factor fundamental en el proceso de ahorro e inversión, corrector de las desigualdades sociales e impulsor de un proceso de creación de igualdad de oportunidades.

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La redefinición general del papel del Estado y la decisión de reprivatizar la economía, marca un cambio fundamental del sistema, llevándose a cabo un proceso de cesación del amplio campo que operaba bajo la lógica estatal. Comenzó a hacerse cada vez más consistente la concepción del "estado subsidiario" en su sentido más estrecho, basado en la lógica neoliberal.

Esta ideologización produjo una disminución de la inversión pública en más de un 50% como porcentaje del producto entre 1974 y 1982, sin que esta fuese sustituida por una mayor inversión del sector privado. La inversión pública representaba más del 20% en la década del sesenta y comienzos del setenta cae en el período 1974 -81 a cifras del 15% en promedio.

El modelo neoliberal de la economía se imponía en todos los ámbitos y su objetivo era lograr una transformación profunda de la sociedad chilena. Se llevó a cabo el experimento monetarista más extremo, haciendo caso omiso de las críticas y no asumiendo el altísimo costo social que significó su implementación. Esta ausencia absoluta de sensibilidad social tuvo su momento máximo en el ajuste de 1975, a través del llamado "tratamiento de shock" que produce una caída en el producto del 12% y que fue reeditado el año 1981 con el nombre "mecanismo de ajuste automático" para lograr el equilibrio del sector externo, lo cual produce una nueva caída del producto de más de un 14%. El efecto devastador de estas verdaderas bombas neutrónicas económicas no ha sido aún evaluada en toda su dimensión, pero sus efectos se dejan sentir en la nueva conformación adquirida por el tejido social chileno. Este experimento excepcional pudo realizarse solamente mediante la aplicación de una política del terror que difícilmente será borrada de la memoria colectiva.

En el año 1980 se vivía, por parte del gobierno, de las autoridades económicas y del sector empresarial agrupado en la Sociedad de Fomento Fabril -creada en el gobierno de Balmaceda para defender



la industria nacional-, una situación de euforia. Se hablaba del milagro económico. El Wall Street Journal en su edición del 18 de enero de 1980 editorializaba en los siguiente términos: "Cuando Whashinglon termine con sus sermones políticos al gobierno de Pinochet, tal vez como retribución por la restauración de relaciones amistosas. Chile debería prestarnos su equipo económico. Economistas que pueden simultáneamente reducir la inflación, los aranceles y el desempleo serían bienvenidos en Washington".

Un año después, en 1981, se inicia la recesión internacional que hace colapsar el modelo neoliberal monetarista, poniendo al descubierto una vez más en la historia nacional la forma en que las irrestrictas políticas de libre mercado adicionadas a una apertura indiscriminada del comercio internacional se potencian y contribuyen a agudizar los efectos depresivos iniciados por una recesión o crisis externa.

En los primeros meses de 1981 (en el mes de mayo más precisamente), quiebra una empresa clave, la Compañía Refinadora de Azúcar Valparaíso, lo que arrastra a un conglomerado económico relacionado. En junio, el déficit comercial superaba los 1.100 millones de dólares. El déficit en cuenta corriente es también creciente y la pérdida de reservas internacionales mayor. En el último trimestre de 1981, el PIB cae en un 4,6% con relación al mismo trimestre del año anterior, en tanto la producción lo hace en un 8% en el mismo período. El déficit en cuenta corriente supera los 4.700 millones de dólares, lo que equivale a un 14% del PIB aproximadamente. La deuda externa sube en un 38%, alcanzando un monto total de 15.700 millones de dólares.

En los primeros seis meses de 1982, la producción, caía vertiginosamente, numerosas industrias paralizaban sus actividades y de éstas un número significativo entraba en quiebra. El desempleo aumentaba a tasas que llevaron a fines de 1982, a superar el 30% de la fuerza de trabajo.

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El sistema financiero que se había transformado en el centro y motor de la economía, muestra descarnadamente la falta de solidez de un sistema basado en la especulación financiera y las altas tasas de interés. Se produce la quiebra de varios bancos y financieras y la insolvencia del sector La dictadura debió intervenir, contraviniendo así uno de los pilares en que se sustentaba el modelo.

Pm definitiva, la caída en la producción, el empleo y las importaciones se produjo en una magnitud sólo comparable con la Gran Depresión de los años 30.

Cuarto ciclo de expansión 1982-2003

Con el golpe de Estado de 1973 se encaramó al primer plano toda la contundencia librecambista en su concepción neoliberal, restableciendo a plenitud el opacado rol en Chile del conglomerado económico financiero extranjero en el desarrollo del capitalismo. Se trato de ocultar los ejercicios prácticos del extremo liberalismo en el desarrollo del país que en las tres últimas décadas del siglo XX entregan las fuentes mineras al capital extranjero. Podría decirse que. del mismo modo que en 1830, la dictadura política interior fue puesta íntegramente al servicio del librecambismo exterior. Nuevamente ocurre que el gobierno asegura "el imperio del orden y la ley" sobre la sociedad civil y las empresas transnacionales aseguran la eficiencia económica en el comercio exterior.

Reeditando esos conceptos y en palabras de un Senador de la Repirblica, las empresas mineras han exportado en estos 13 años de la Concertación 23 millones de toneladas métricas de cobre, por 38 mil millones de dólares, sin pagar impuestos. "Esto es un robo, y los gobernantes que permiten esto son cómplices ele este robo. (...) no hicieron para que las empresas mineras que explotan


Sociedad, Trabajo y Neoliberalísmo

el cobre pagaran impuestos. Más encima esas empresas van a agotar el mineral de aquí a veinte años. Es un drama aterradof'31.

Vivimos tiempos que no son más que ajustes y refinamientos a la lógica globalizadora del capitalismo. Es un perpetuo presente petrificado en la lucha incesante por insertarse en el mercado mundial. Acceso superficial a tecnología de punta, pobreza y precarización del empleo compensado por la masificación crediticia.

El Chile de hoy es una sociedad plenamente mercantilizada. Mercantilización que se ha ampliado en forma arrolladora a los servicios públicos, educación, salud, mercado laboral y la transnacionalización de la economía chilena con gigantescas transformaciones registradas en la estructura de propiedad en favor del capital extranjero en los sectores eléctricos, sanitario, bancario, previsional y de seguros, ya sea mediante nuevas privatizaciones o por la adquisición de activos en poder de grupos chilenos como los realizados en campos inéditos de la educación superior del país.

La globalización desarrolla a un nivel no conocido la libre circulación de capitales, que en Chile ha impuesto la abolición absoluta de mecanismos reguladores esenciales.

En un mundo globalizado y con la apertura que caracteriza al modelo chileno, no existen ventajas comparativas que den cuenta de un comercio ventajoso, lo que determina la ventaja es la movilidad de los factores capital y tecnología. En una relación esencialmente desigual que "crea" procesos nuevos de explotación: maquilacíón en la producción manufacturera, comercio intrafirma e interfirmas por parte de las transnacionales que se han ubicado en Chile.

Las privatizaciones se constituyeron en otro aspecto de movilidad de factores, donde los capitales de operación de las empresas

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adquirentes, son equivalentes al crecimiento de los fondos obtenidos en los mercados financieros del país. Si a ello se agrega las tarifas abusivas que se cobran por los servicios (sanitarias, telefónicas, concesiones de infraestructura, energía, etc.) determina que la inversión extranjera "lleva a un drenaje de los recursos locales, científicamente organizado, y hacia un modelo de desarrollo de la renta financiera característico del caso chileno. En este contexto, no son precisamente los TLC los que cambiarán nuestro estilo de desarrollo"32.

La expoliación de las riquezas básicas ha retrotraído a la economía chilena por sus formas brutales a los albores del capitalismo. Es como la imagen agobiante del eterno retorno que nos lleva circularmente al abismo. Un nuevo ciclo depresivo de la economía sería repetir el desastre de la década de 1870 o de 1913 o de 1930.

¿Cuales son los mecanismos de salida?

La respuesta elemental del comercio internacional, en términos de satisfacción de la demanda debe darse como producción-comercialización con sentido territorial, desplazamiento y reubicación de la producción en la economía local, donde los efectos de la mayor productividad deberán complementarse con una gestión exitosa internacional. Así por ejemplo con respecto a nuestra determinante minería del cobre la sola exportación de concentrados de cobre en el largo plazo es un pésimo negocio para el país, más aún si esta exportación es a base de concentrados de cobre. Es necesario retinar en fundiciones propias, elaborar productos terminados, industria química, infraestructura, ingeniería y desarrollo, transporte, seguros, finanzas internacionales. Es necesario incorporar a la industria a la red de relaciones internacionales y "cadena de valor", para penetrar en los sectores de punta de la demanda internacional. Y nos referimos a empresas sociales en los sectores



fundamentales de la economía. El interés social sólo puede ser cautelado por empresas que no tengan como único objetivo el lucro individual. Es necesario terminar con el mito seudosociológico de que en la economía dada la complejidad de las relaciones puestas en juego, la planificación es ineficiente con relación a la "mano invisible del mercado" en la asignación de recursos. También es necesario terminar con la falacia de que el país no dispone de ahorro interno como para financiar la inversión de grandes proyectos. Solamente los trabajadores poseen un pozo de inversión del orden de los 35 mil millones de dólares, cifra que supera largamente el ahorro con que el interés privado nacional y transnacional accedió a aproximadamente el 65% de la gran minería chilena.

El ahorro interno de los trabajadores está siendo usado, hasta en un 25%, en inversiones donde los trabajadores no tienen ninguna participación, incluso financiando proyectos de grandes empresas en Estados Unidos y Europa.

La idea central de los tratados de los Tratados de Libre Comercio (TLC) es la de despojar al Estado de su capacidad de interven-ción política en el desarrollo del libre comercio. El TLC con Esta-dos Unidos, con América del Norte, y con la Unión Europea con-sagran este principio. Se le reemplaza por un marco jurídico rígido, mediante el cual la relación queda limitada a los térmi-nos del tratado, dejando abierta la jurisdicción de mecanismo de solución de controversias a la Organización Mundial de Comer-cio (OMC).

Este marco jurídico, privilegia la funcionalidad del acuerdo a cualquier argumento basado en la soberanía nacional. El esfuerzo de integración queda en manos del país más débil, que debe acceder a las condiciones impuestas por las economías dominantes con mercados más vastos e integrados. Según esta lógica, se imponen reglamentaciones favorables a las inversiones,

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procesos de desgravación y eliminación de obstáculos para -arancelarios, establecimientos de mecanismos de salvaguardia, reglas de origen, reglas de protección medioambiental y laboral, etc. En este contexto, la economía dominante de Estados Unidos entiende crear comercio a partir de las inversiones que está dispuesta a realizar en el país. Desde ya, nuestra legislación en el Artículo 11 bis del Decreto Ley 600. que consagra la libertad de precios y de exportación para las empresas extranjeras que invierten en Chile, impide el control sobre operaciones entre la casa matriz y filiales, las cuales al establecer precios de transferencia, notoriamente más reducidos que el precio de mercado, minimizan las utilidades o las transforman en deuda. Con lo cual, hace disfuncional cualquier sistema tributario que se imponga, ya sea de impuestos sobre las utilidades, ya sea de doble tributación sobre las utilidades y la parte alícuota marginal del impuesto adeudado a los accionistas.

Separarse de los tratados gerenciados por Estados Unidos es un imperativo. Las políticas económicas impuestas por los sectores nacionales en convivencia con el gran capital transnacional han ahondado los desequilibrios.

En todo caso, es fundamental poner en discusión a nivel nacional el control y la recuperación de nuestras riquezas básicas como condición imprescindible para el desarrollo del país. Allí están los recursos para que el Estado incremente sustancialmenle sus inversiones en educación, salud, infraestructura e investigación y desarrollo.

La historia económica del país nos muestra que este se desarrolla cuando se incrementan los coeficientes del gasto público sobre el producto y no cuando lo disminuye. Los países avanzados tienen un gasto público de entre 39% v hasta un 53% del PIB, y están entre las naciones más competitivas del mundo. Chile destina sólo el 22,4%> del PIB. y apuesta a aspectos meramente



cuantitativos de crecimiento, al mismo tiempo que cuenta con un sector privado insaciable en la consecución de granjerias y que "crea" sus oportunidades a partir de la cada vez más aguda indefensión de los trabajadores.

La única oportunidad de competencia real del pueblo chileno en los globalizados mercados internacionales está en la creación estatal de empresas de alcance global. Esta es la nítida experiencia que muestra la Corporación del Cobre (CODELCO) y Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Estas experiencias debieran ampliarse para cambiar el horizonte de empresas transnacionales que hacen sus utilidades de ida y vuelta en la economía chilena.

Empresas que investiguen y procesen el cobre, que preserven y procesen con mirada nacional las reservas de litio, salitre y yodo. Es necesario recuperar la iniciativa social, a través de empresas eficientes, eficaces y competitivas en las nuevas tecnologías. Si no lo hace el interés colectivo realmente representado por un Estado democrático, representativo, nadie lo hará. Empresas de alcance global que exploten racional y planificadamente bosques y océanos, y que usen los excedentes monetarios en distribución social en educación, salud, vivienda y cultura.

La construcción y fortalecimiento de bloques subregionales como el MERCOSUR, el proyecto brasileño de la Asociación de Libre Comercio de Sudamérica, el APEC, son asociaciones que pueden iniciar un nuevo escenario de mayor viabilidad para los pueblos latinoamericanos y para enfrenar a la potencia dominante.

Es necesario reemplazar la economía neoliberal por una economía, con principios éticos y económicos distintos.

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REFERENCIAS

Profesor, Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración, Diplomado en Ciencias Sociales, Encargado Taller de Economía del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz.

1 En las etapas iniciales del proceso nacional, por ejemplo (siglos XVI y XVII, sobre todo), dominó una constelación 'G' asociada al sistema mundial del Imperio y la Catolicidad (o Cristiandad). "En consecuencia, los principios articuladores de la sociedad chilena no fueron otros que los de un Estado Universal, que se fundaba más en el derecho divino de los reyes absolutistas que en el derecho local de las naciones y los pueblos... Esta constelación admitía y en cierto modo requería que la Iglesia y el Estado se asociaran para administrar y controlar el desarrollo de lo que en el fondo, se entendía como una variante de la Civitas Dei". En Gabriel Salazar: Violencia política popular en las grandes alamedas (1947-1987), volumen I, Sur, Santiago, 1990, p. 27.

2 Cari Marx, El Capital, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 638.

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! Felipe Herrera, Política Económica, Editorial Universitaria, Santiago, 1955, p 17.

I C. Marx, op. cit. P. 639. Gabriel Salazar, op. cit, p. 23.

II Carmen Carióla y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1982, p.21

7 Carmen Carióla y Osvaldo Sunkel, op. cit., p. 11 y siguientes. s Carióla y Sunkel, op. cit., p. 67.

Joaquín Morales, Historia del Huasco, Imprenta de la Librería del Mercurio, Valparaíso, 1896, p.47; y C. M. Sayago, Historia de Copiapó, Imprenta El Atacama, Copiapó, 1874, p.298.

10 Marcelo Carmagnani, El salariado minero en Chile colonial, Editorial Universitaria, Santiago, 1963, p. 49.

11 Herrman, Alberto, La producción en Chile de los minerales más importantes, de las sales naturales, del azufre y del guano desde la conquista hasta fines del año 1902. Imprenta Barcelona, Santiago, 1903, p. 46.

12 "En pocas etapas de la historia de Chile se ha dado una constelación de ideas 'G' tan trascendental, dominante y rígida como en el período colonial. Y en ninguna otra etapa el imperio de esas ideas fundamentó una represión tan drástica contra los que osaron levantar posiciones de particularidad y cambio contra ese imperio. Los que lo hicieron -tildados habitualmente de 'cismáticos', 'herejes', 'individuos sin Dios ni Ley', insurgentes, etc.- fueron quemados vivos, colgados, descuartizados y últimamente fusilados". G. Salazar, op. cit, p. 28.

1! G. Salazar, op. cit., p. 29. , ! G. Salazar, op. cit., p.132 y 133. |:> Carióla y Sunkel, op. cit., p.25.

G. Salazar, op. cit., p. 36 y 37. G. Salazar, op. cit., p. 36.

j s José Cademártori, La economía chilena. Editorial Universitaria, Santiago, 1968, p. 62.

111 Notable con respecto a esto resulla el empeño de Balmaceda en



"evitar la entrega de la totalidad de los terrenos fiscales a los monopolios extranjeros, para reservar al Estado un instrumento de regulación de la industria; obtener el control de los ferrocarriles salitreros vinculados con el centro del país; invertir el gran excedente de los ingresos fiscales derivados del salitre, en obras reproductivas a fin de formar una riqueza nacional permanente para cuando se agotara el salitre". En Carióla y Sunkel, op. cit., p. 45.

20 Francisco A. Encina, Historia de Chile, Volumen 2, Editorial Nascimento, Santiago, 1940, p. 1188.

21 Carióla y Sunkel, opus cit, p. 37 22 Encina, F., op. cit., p. 1584. 23 Hernán Ramírez N., Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891,

Editorial Universitaria, Santiago, 1958, p. 26. 24 Salazar G. Opus cit. p. 79 25 J. Cademártori, op. cit., p. 118. 26 F. Herrera, op. cit, p 170. 27 ODEPLAN, Cuentas Nacionales de Chile, 1960-1968. 28 Ricardo Ffrench-Davis, El experimento monetarista en Chile:

una síntesis crítica, Colección Estudios Cieplan, 1983, p.36 29 Op. cit. p.38 30 Op. cit., p.39 31 Jorge Lavandera, El Siglo, 28 agosto, 2003 32 Héctor Vega, Tratado Comercial Chile - Unión Europea, en Punto

Final, 29 de mayo, 2002.

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LOS TRABAJADORES Y LA NUEVA LEGALIDAD, 1924-1973

Jorge Rojas Flores*

Introducción

Desde que se escribieran los primeros libros y artículos sobre la clase trabajadora y los sindicatos, esto es desde la década del 40 y 50, mucho ha sucedido en relación a estos sujetos sociales, el conocimiento histórico y el contexto nacional e internacional.

Las conocidas historias del movimiento obrero de Jorge Barría, Julio César Jobet, Hernán Ramírez y Fernando Ortiz, por citar algunas, siguen siendo útiles, pero es evidente que desde entonces ha habido aportes importantes de nuevos investigadores (Eduardo Devés, Gabriel Salazar, Julio Pinto, M. Angélica Illanes, Sergio Grez, etc.), que ofrecen visiones distintas, enfoques innovadores y, además, una aproximación que considera los fenómenos más recientes.

En la actualidad, se sigue escribiendo sobre el tema, pero no para un lector masivo, sino al interior de las universidades o en espacios de escasa cobertura nacional. Por lo mismo, los libros y artículos publicados más recientemente y que reconstruyen varios aspectos interesantes de la historia de los trabajadores tienen escasa difusión.

En razón de lo anterior, este texto se propone dos objetivos gene-rales. Por una parte, entregar un bosquejo general de la historia de los trabajadores en Chile, que comprende desde la época co-lonial hasta el presente. Por otro lado, contribuir a la discusión sobre algunos de los grandes temas pendientes: la forma en que surgen las identidades, el carácter de la acción reivindicativa, las formas históricas de la lucha laboral, los mecanismos de in-tegración y exclusión que han afectado a los trabajadores, etc.



¿Qué tienen en común un obrero estucador, una profesora, un empleado público, una contadora, un vendedor callejero, un cesante, un artesano del mimbre, una temporera de la fruta, un jubilado de ferrocarriles, una vendedora de seguros, un analista de sistemas y un cargador de la vega? Efectivamente todos son trabajadores. Estén laborando o no, todos ellos desarrollan una actividad o buscan desarrollarla.

Ser trabajador implica ocupar un lugar en la estructura económica de una sociedad, pero ciertamente es mucho más que eso. También significa desarrollar un conjunto de vínculos sociales derivados de la actividad que cada cual desempeña o ha desempeñado. O bien, experimentar un status social, una relación al interior de una comunidad, como consecuencia de la ocupación. La experiencia del trabajo también considera un aspecto subjetivo, la percepción de una identidad que puede surgir en torno al puesto de trabajo, el oficio o la profesión. Como se puede apreciar, las dimensiones del trabajo son variadas: materiales o económicas, sociales y subjetivas. Pero no todas ellas surgen del mismo modo, ni con la misma intensidad.

Durante muchas décadas, existió la tendencia a calificar como "clase trabajadora" a los obreros, casi con exclusividad. Y la clase obrera era entendida en un sentido sustancialista. Existía un "ser proletario". Aquí nos apartaremos de ambos reductivismos. Nos abriremos a los trabajadores en general, sin restringirnos al obrero únicamente; y entenderemos a estos sujetos en un proceso de permanente constitución histórica.

Siguiendo enfoques contemporáneos, en este texto no nos detendremos únicamente en los condicionamientos materiales y político-ideológicos que han acompañado este proceso de identidad, sino que también consideraremos el conjunto de factores culturales que lo vinculan con experiencias cotidianas.

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1. Un nuevo modelo de desarrollo: la industrialización sustitutiva

Aunque no siempre los contextos estructurales (económicos y políticos) permiten comprender el comportamiento de un sujeto social, la profundidad de los cambios que se produjeron a partir de los años 20 marcaron profundamente el escenario nacional e internacional, haciendo inevitable una nueva estrategia sindical, una nueva cultura laboral y una recomposición de las relaciones entre la clase trabajadora (y el pueblo en general) y el Estado.

La descripción de estos cambios institucionales no es una tarea fácil de hacer. Por una parte, está la magnitud del esfuerzo, que requeriría de un mayor espacio. Pero también existe la dificultad de "objetivar" el proceso, ya que existen varias interpretaciones que difieren en las consecuencias que esto produjo en los movimientos sociales.

En primer lugar, algunos autores han situado el cambio con el surgimiento de la Corlo (1939) y la experiencia política del Frente Popular (1938). Otros lo adelantan al momento que siguió a la crisis económica de 1929, que marcó el colapso del ciclo salitrero. Y hay quienes ven que el proceso de transformación se gestó en los años inmediatamente posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial (1918).

Como sea, no hay grandes diferencias en la identificación del carácter ele esos cambios: surgimiento de un sector industrial orientado al mercado interno (considerando que ya había industrias bastante modernas a f ines del siglo XIX), agotamiento del sector orientado al comercio exterior (la crisis sa l i t rera de 192 1 fue central en la percepción del agotamiento), mayor presencia del Estado en la economía a través de políticas proteccionistas (ya se aplicaron aranceles proteccionistas y políticas de fomento industrial en 1928) y surgimiento de canales institucionales orientados a la



integración de ciertos sectores populares, en especial los sindicatos (leyes laborales de 1924).

2. Las leyes laborales de 1924

El largo debate sobre las leyes laborales culminó con la promulgación, en septiembre de 1924. de la serie de leyes que con posterioridad (en 1931) serían fusionadas en el primer Código del Trabajo. Los ámbitos de la nueva legislación laboral consideraban varios aspectos:

La sindicalización legal.- Se crearon los sindicatos industriales (por establecimiento o empresa) y los sindicatos profesionales (por oficio). Los primeros tenían derecho a negociar contratos colectivos.

El contrato de trabajo.- Se establecieron las obligaciones de las partes, incluyendo la duración de lajornada, y los mecanismos de despido.

Los procedimientos de arbitraje y conciliación.- A través de mecanismos de negociación colectiva, que incluían la intervención de árbitros, se resolvían los conflictos colectivos. Primero se trató de juntas de conciliación y arbitraje (organismo colectivo). Luego se modificó el procedimiento y surgieron los Tribunales del Trabajo (unipersonales).

La previsión social.- Se crearon instituciones de previsión (Caja de Seguro Obrero, Caja de Empleados Particulares, que se sumaron a la que existía en Ferrocarriles; ei i las decadas siguientes se agregaron otras cajas sectoriales)

La protección de accidentes y cnlerniedades profesionales.-Fijaba procedimientos para prevenir los riesgos laborales y

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compensar lo danos producidos por accidentes y enfermedades laborales.

Para llevar a cabo esta política social, se creó un nuevo ministerio que, sumado a los que surgieron para el fomento económico (el de Fomento y el de Agricultura), amplió considerablemente las funciones del Estado. En este nuevo ministerio, que se denominó de Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social, se integraron las nuevas áreas de acción estatal, bajo una concepción biologista de la intervención, donde no había límites precisos entre el derecho laboral, el cuidado del cuerpo y el ahorro.

El modelo de relaciones laborales que se impuso en Chile en 1924. tuvo una fuerte intervención estatal. En otros países, en la misma época se estaban estableciendo leyes que reconocían a los sindicatos y fijaban mecanismos de negociación: Uruguay (antes de 1915), México (1917), Argentina (1920). Venezuela (1928), Brasil (1930), Perú (1935) y Bolivia (1936). En cada caso, los respectivos sistemas tuvieron variantes, más o menos intervencionistas, con mayores o menores niveles de autonomía sindical.

La concepción ideológica que inspiró la experiencia chilena estuvo fuertemente influida por la función biologista del Estado. No resulta casual que varios de los primeros ministros de higiene, trabajo y previsión social hayan sido médicos (especializados en medicina social), como José Santos Salas, Pedro Lautaro Ferrer, Alejandro del Río, etc. Al Estado le correspondía defender la armonía del cuerpo social, y para ello, en materia de conflictos laborales, debía crear las condiciones para un efectivo equilibrio entre trabajadores y patrones. Como justo y neutral àrbitro, debía garantizar la función productiva de la nación, y para ello, debía hacer un esfuerzo orientado a acercar posiciones, contener la lucha de clases y armonizar intereses. Toda la institucionalidad, creada en 1924, por lo menos durante su primera etapa de aplicación (antes de la crisis



de 1929), estuvo dominada por este contenido. Ibáñez fue el gran sostén político de este esfuerzo.

El quiebre que esto produjo con la política del Estado liberal encontró poderosos aliados en el mundo laboral (aunque con la resistencia de los sectores más radicalizados al interior del movimiento sindical), una de las bases de sustento social de la dictadura populista de Ibáñez. Otro sector que le brindó un entusiasta apoyo fue el de los grupos profesionales que venían alentando desde antes este cambio en la concepción liberal de acción pública. La clase dirigente no quedó al margen de este proyecto, aunque los segmentos más comprometidos con la democracia liberal tradicional se mostraron algo renuentes y algunos se alienaron en la oposición, más por solidaridad con los perseguidos políticos de la Dictadura que por una distancia ideológica profunda con los propósitos estratégicos de ésta.

3. Beneficios y límites de la ley

Como hemos visto, las leyes laborales habían surgido en las primeras décadas del siglo XIX, pero habían tenido una mínima aplicación. Sólo demostraron el interés del Estado por contener el creciente descontento social, pero sin abandonar del todo los principios del Estado liberal. Sólo a partir de 1924, se constituyó un sistema de relaciones laborales moderno, que se propuso abordar el tema desde una perspectiva integral.

En el diseño de tal sistema participaron los partidos políticos tradicionales (hubo dos proyectos, uno conservador, presentado en 1919; otro liberal, en 1921), pero los gestores habían sido intelectuales vinculados a ellos (juristas como Moisés Poblete Troncoso; médicos como Exequiel González).

Los factores estructurales que estuvieron en la base de este cambio

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en el escenario fueron dos. Uno de orden político-ideológico, y otro de carácter económico. En el primero se ubicaba la creciente sensibilidad que surgió en la elite dirigente frente a la "amenaza comunista". Las instituciones políticas y el orden social parecían debilitados frente a las crecientes demandas sociales y desde los años 20, si no antes, ya no había gran duda respecto de ofrecer "válvulas de escape" al conflicto político. Por otra parte, el avance del capitalismo demandaba un cierto nivel de institucionalización de las relaciones laborales. Esto implicaba un nuevo sistema legal que se pusiera al día con las transformaciones que se habían producido a raíz de la expansión de las formas capitalistas de producción, por lo menos en las ciudades.

Pero si bien los factores estructurales fueron importantes, también lo fue el papel de la coyuntura específica que permitió la promulgación de las leyes. Ese momento fue el golpe militar de septiembre de 1924, promovido por jóvenes militares sensibles al creciente protagonismo popular. La circunstancias no pudieron ser más auspiciosas para los propósitos de potenciar una nueva estructura sindical que permaneciera alejada de orientaciones revolucionarias. La formación anti-comunista de los militares se encargó de asegurar este aspecto.

La forma en que se diseñó y aplicó la legislación laboral de 1924 fue concordante con estos propósitos: permitir el funcionamiento relativamente autónomo de los sindicatos pero sin permitir su acción por fuera de ciertos límites. Para ello, se aplicó el control del Estado sobre el funcionamiento de los sindicatos, se crearon estructuras paralelas para empleados y obreros, se prohibió la acción sindical a nivel nacional (incluso la federación intergremial), ete.

En otras palabras, los beneficios sociales y económicos que proponía la legislación iban ligados a sus restricciones. Frente a los beneficios de la ley, por ejemplo, el fuero sindical que tenían



los dirigentes, el salario mínimo (que comenzó a regularse en los años 30), la protección al derecho a huelga y los mecanismos de fiscalización, hubo restricciones derivadas del intervencionismo estatal y la pérdida de autonomía (en la creación de los sindicatos, homogenización de su estructura orgánica, manejo de sus recursos), la atomización de su acción (se prohibió la federación de sindicatos) y el esfuerzo por limitar sus objetivos al plano económico. Sin embargo, estas contradicciones no permanecieron estables, ya que las estructuras legales se fueron modificando en los años siguientes. Y en ello tuvo una directa ingerencia el marco político que se abrió con la creciente participación de los sectores populares.

I'ara ciertos sectores de trabajadores, sobre todo aquellos organizados en torno a partidos marxistas, el Estado siguió siendo un instrumento de dominación de clase, por lo menos en términos de su análisis teórico. Pero la práctica más corriente impuso una concepción menos radical, ya que la institucionalidad laboral, y también la política, cumplía una función de arbitro y, en algunos casos, de aliado. El discurso del asalto al poder o la abolición del Estado fue suplantado por sucesivos intentos por ampliar su intervención, promoviendo un escenario de mayor proteccionismo estatal.

La FOCh adoptó una postura ecléctica al comienzo. El diputado comunista Luis Víctor Cruz, antiguo obrero gráfico, se mostró partidario de un mayor pragmatismo, sin abandonar una posición doctrinaria al respecto. Había que sacar provecho de las leyes para fortalecer posiciones, y combatir la posición "manifestada por compañeros y hasta por organismos centrales de pedir su derogación o desentenderse de ellas". Eslo no significaba aceptar el reformismo como el camino que resolvería las contradicciones del capitalismo, sino utilizarlo taclicamenle (Justicia. 24 y 26/ 9/1924; 3-5/12/1924). Respecto de la coiisl iliicion de sindicatos legales, el Partido Comunista promovio la cslralegia de acogerse

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a la ley, para así asegurar que tales organizaciones siguieran una orientación clasista y no colaboracionista, como lo promovía el Estado. Pero esta posición no logró imponerse. La tendencia predominante fue de cerrado rechazo o bien de ingenua aceptación. Algunos grupos dieron su apoyo entusiasta a las leyes sociales (muchos de ellos terminaron colaborando con el gobierno de Ibáñez), renunciando incluso a la noción de lucha de clases, mientras otros se cerraron en posiciones más prineipistas y las rechazaron de plano, por temor a que el movimiento sindical terminara domesticado por las leyes.

Los grupos más reacios a aceptar, siquiera tácticamente, las leyes laborales fueron los anarquistas, que se mantuvieron fieles a su doctrina. Los principales detractores de la ley que había creado la Caja de Seguro Obrero fueron ellos. En parte, se valieron de la resistencia que surgió ante el hecho de que se descontara parte del sueldo para efectos de la cotización. Pero la postura anarquista no se limitó a su participación dentro del Comité contra la citada ley 4054. También incluyó su negativa a reconocer cualquier beneficio en las restantes leyes laborales. Todavía en 1926, la IWW defendía la idea de lucha por la abolición de todas ellas. El Estado y sus leyes eran consideradas instituciones "parásitas".

Pero esta postura corrió por cuenta de los sectores anarquistas más convencidos de su ideario, ya que antiguos ácratas menos ortodoxos se sumaron a la marea favorable a la legislación social. Varios dirigentes de los marítimos, panificadores y gráficos (por citar algunos gremios emblemáticos) comenzaron a valorar la formación de sindicatos reconocidos por la ley. Aquí también Ibáñez pudo cosechar una cuota importante de adhesión entusiasta.

A diferencia de Alessandri, el proyecto de Ibáñez parecía estar fundamentado, por fin, en obras y 110 en meras ilusiones y expectativas. Esto puede explicar el por qué, en poco tiempo.



muchos desilusionados del reformismo de los años 20 volvieron a acoger las ideas de cambio social por una vía no revolucionaria.

4. Los primeros sindicatos legales

En la organización de los primeros sindicatos reconocidos por la ley quedó en evidencia el objetivo político que se perseguía. El gobierno de Ibáñez promovió abiertamente la formación de sindicatos que sustituyeran a las antiguas organizaciones libres, cada vez más inclinadas hacia posturas rupturistas, o abiertamente revolucionarias. Incluso se puso mucha atención en la elección de los dirigentes. Se intentó por varios medios que no se produjera un cambio formal, bajo el nuevo formato legal, que significara la elección de líderes que siguieran una orientación similar a la del "sindicalismo rojo".

El contexto de Dictadura facilitó este propósito. Los inspectores del trabajo se concentraron en la tarea de difundir el fundamento político de la nueva legislación: el "apoliticismo" de los sindicatos, la armonía social que debía presidir las relaciones entre capital y trabajo, la aceptación del control estatal.

En este contexto, no debe extrañar que las antiguas organizaciones de trabajadores se hayan mostrado reacias a participar en estas organizaciones. Algunas de ellas, las de inspiración anarcosindicalista, lo hicieron por razones de principios, ya que no podían aceptar la participación en organizaciones amparadas por el Estado que pretendían abolir. Otras se resistieron más bien porque la táctica de la aceptación de la legalidad parecía muy riesgosa, considerando el contexto político de aquellos años.

Ya en 1925, se produjeron las primeras elecciones sindicales amparadas por la nueva legislación. Esto sucedió entre los

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trabajadores salitreros, fuertemente influidos por la Federación Obrera de Chile, que logró con cierto éxito elegir a dirigentes afines a su orientación. El gobierno, alertado por los empresarios, se hizo presente en la zona y siguió con detención ese fenómeno que no estaba entre sus planes. La persecución no se dejó esperar, debido a la inexistencia de un reglamento que permitiera resolver problemas administrativos no contemplados por la ley.

El retraso en la aplicación de la ley sindical dio tiempo para que el gobierno hiciera mayores esfuerzos de "convencimiento" entre los empresarios. Con la llegada de Ibáñez a la presidencia, en 1927 (aunque desde antes tuviera el poder efectivo), el clima ya estaba maduro para dar inicio al proceso de constitución de sindicatos legales. Después de una fuerte persecución aplicada contra los dirigentes comunistas y anarquistas, el campo quedó libre para que surgieran sindicatos legales sin su influencia.

5. Crisis económica 1931-1933: la cesantía y la agitación

Apenas se asentaba la nueva institucionalidad laboral cuando ésta debió enfrentar una dura prueba, la crisis económica de fines de 1929, que en Chile se vivió con toda crudeza a partir de 1931. El impacto no se limitó a afectar la estructura productiva, financiera y comercial, con su principal efecto en la cesantía, sino también sobre la estabilidad del gobierno que había sido el sustento de las reformas laborales. Ibáñez debió abandonar el poder, después de una gran movilización social donde a las organizaciones de trabajadores les cupo un papel secundario.

La caída del gobierno de Ibáñez no significó el desmantelamiento de su principal obra. Los sindicatos, los mecanismos de arbitraje y fiscalización, las instituciones previsionales y, en general, toda la estructura creada en 1924 siguió funcionando, aunque algunas no estaban plenamente maduras aun. Las nuevas condiciones

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económicas debieron privilegiar el tema del empleo. El Ministerio de Bienestar Social (sucesor del de Higiene, Asistencia Previsión Social y Trabajo) robusteció el servicio de colocaciones y gran parte del esfuerzo, durante los años siguientes, estuvo puesto en la creación de empleos en obras públicas y lavaderos de oro.

Como en todos los países insertos en los circuitos de la economía capitalista, la principal experiencia de los trabajadores durante esos años fue la cesantía o el peligro de caer en ella. Los albergues para cesantes se instalaron en los barrios populares de Santiago, acogiendo la migración del norte, además de los contingentes urbanos propios. Tanto la caridad pública como los escasos recursos fiscales se orientaron a sostener las raciones alimentarias para los cesantes. Este proceso migratorio tuvo profundas consecuencias (algo que ya se había anticipado con la crisis salitrera de 1921), al provocar que una gran masa de trabajadores, impregnados de una fuerte experiencia sindical y una orgullosa cultura obrera, tomara contacto con los trabajadores de las ciudades del centro, los pequeños poblados de la zona de Atacama y los campos del sur, hacia donde fluyeron en busca de trabajo.

Obviamente, el movimiento sindical disminuyó al mínimo su capacidad de presión en torno a reivindicaciones salariales, pero se transformó en un sujeto visible al orientar el descontento social en acciones callejeras de protesta, y en la organización de conferencias y veladas artísticas donde se criticaba el estado de cosas. Aunque la mayoría de los sindicatos disminuyó su contingente de socios, la caída del gobierno de Ibáñez permitió la rearticulación de las organizaciones libres, es decir, las que se habían resistido a la legalización. Esto creó la falsa imagen de un fortalecimiento del movimiento sindical, cuando fue notorio su debilitamiento. A partir de agosto de 1931, comenzaron a rearmarse las sociedades en resistencia y los consejos federales. En los meses siguientes fueron convocados encuentros nacionales

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que dieron vida a antiguas y nuevas estructuras: la Federación Obrera de Chile (ahora convertida en un reducto comunista, y sin el peso de los consejos salitreros) y la Confederación General de Trabajadores (el último esfuerzo de coordinación de los dispersos grupos anarcosindicalistas).

Varios sindicatos legales radicalizaron su orientación y abandonaron la acción conciliadora y el lenguaje moderado que, en general, habían adoptado durante la dictadura de Ibáñez. Pero, al parecer, esta radicalización no los sacó definitivamente de la estructura legal, aunque los hizo más escépticos de ella, así como más abiertos a adoptar un lenguaje más político. Las organizaciones que se crearon para agrupar a estos sindicatos legales, y que quedaron bajo la dirección de dirigentes socialistas, mantuvieron en los años siguientes esta posición.

6. Empleados y obreros

La ley laboral dictada en 1924 distinguió claramente la condición de obrero y de empleado. Lo hizo sobre la base de una diferenciación entre trabajo manual e intelectual. Quienes desarrollaban una mayor proporción de lo primero calificaban como obreros, y aquellos que principalmente hacían trabajo intelectual serían considerados empleados. A partir de este contexto jurídico, en la práctica se dio inicio a la creación de sindicatos de empleados y obreros al interior de un mismo establecimiento.

La distinción legal reconocía, institucionalizaba y profundizaba algo que no era solamente una distinción técnica, sino social y cultural. Desde finales del siglo XIX, los trabajadores asalariados que se desarrollaban en la banca, el comercio (vendedores de "tienda"), las comunicaciones (telegrafistas, telefonistas) y algunas profesiones (profesores secundarios) conformaban un grupo que

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actuaba y se sentía distinto, quizás por provenir de sectores con mayor escolaridad, o por desarrollar oficios considerados más "modernos". En otros países se produjo un fenómeno de similares características: el surgimiento de una brecha entre los trabajadores de "cuello y corbata", es decir los empleados, y los obreros, operarios o trabajadores de "overol".

Las agrupaciones de empleados, primero mutualistas y luego también de carácter sindical, surgieron a fines del siglo XIX, pero sobre todo en los primeros años del XX. En 1887, se había creado la Sociedad de Empleados de Comercio de Santiago. En 1910, surgió la Sociedad de Empleados de Aduanas, en 1912, la Asociación de Telegrafistas en Santiago y, en 1919, la Federación de Empleados de Antofagasta. En esta última dio sus primeros pasos Francisco Hinojosa, autor de El libro de oro de los empleados particulares, uno de los pocos textos que relata la historia de estas organizaciones.

A partir de los años 30, comenzaron a actuar mecanismos legales y administrativos para definir las calificaciones de empleados y obreros en situaciones específicas. A través de esos mecanismos, sucesivamente se fueron incorporando grupos de obreros calificados a la categoría de empleados. Esta integración tenía ribetes prácticos, si consideramos los beneficios diferenciados de ambos sectores en el plano de las remuneraciones (en casi todas las escalas de clasificación, el salario del obrero era inferior al sueldo del empleado). Varios grupos pasaroi i a engrosar la categoría de empleados: los peluqueros (1950): los vendedores de carnicería (1955); los operadores de palas y gritas (1958, 1963); los torneros y matriceros (1964); los actores y artistas de circo (1964), etc.

Otras diferencias se agregaron con la aparición de los profesionales y las organizaciones que los agruparon (y siguen agrupando), los colegios de profesionales, surgidos a partir de 1880 (el Instituto de Ingenieros y la S o c i e d a d Médica, en 1888)

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y, en especial, desde los años 20 (abogados, en 1925; farmacéuticos, en 1926; contadores, en 1938). En general, estas identidades profesionales, desarrolladas a lo largo del siglo XX, se han cerrado a tener vínculos con el resto de los trabajadores, aunque su nivel de ingresos a veces no es muy distante, y tampoco el ambiente social en que se mueven.

Un caso digno de considerar, en este sentido, es el de los profesores, tanto primarios (normalistas), como secundarios. Entre ambos había (y todavía persiste) un status muy distinto. Si bien los estudios formales no estaban plenamente regularizados entre los profesores, en general los primarios habían transitado directamente de la escuela primaria a las escuelas normales, mientras los profesores secundarios habían pasado por el liceo y luego la universidad. Esto y las diferencias de ingreso hacían una gran diferencia entre ambos grupos. La dispersión organizativa de los años 20, no obstante las grandes movilizaciones y su activa presencia en el debate educacional (por ejemplo, en la reforma de 1928), se mantuvo hasta 1936, cuando surgió la Unión de Profesores de Chile. Los maestros primarios se sintieron más inclinados a asociarse en organizaciones sindicales, integrando sus propias demandas laborales con las relacionadas con el ámbito de la educación. Los profesores secundarios, en cambio, tuvieron estrecha relación con organizaciones de tipo profesional, donde establecieron contactos con otros sectores que promovían la reforma de la educación pública. Fue mínima su capacidad para asociarse en torno a la defensa de sus problemas laborales.

La acción sindical de los empleados y los obreros no ha sido objeto de un estudio histórico comparativo, para así apreciar sus características distintivas. Pero, en términos generales, se pueden plantear algunas hipótesis. Si nos basamos en un estudio realizado para el caso peruano, una argumentación propia de las demandas de los empleados ha sido el tema del status social:

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mantener un cierto nivel de vida acorde con él, requiere un nivel de ingresos superior al que recibe un trabajador manual. Otro aspecto que resalta es el de la "dignidad", sustentada no sólo en términos monetarios, sino también en el trato. Esto no quiere decir que ésta sea privativa de los empleados, sino que se hace más visible en ellos, por la necesidad de reafirmar su condición social.

Según lo plantean algunos autores, fue la pauperización de los sectores medios, a fines de los años 40, lo que provocó la radicalización de sus dirigentes (o la mayor valoración de aquellos más radicalizados, como Clotario Blest), así como su mayor protagonismo sindical. Sin embargo, cabe, además, considerar la intervención de variables culturales o políticas (la penetración de ideas más rupturistas en esos segmentos). Si comparamos las movilizaciones sindicales de los empleados bancarios en 1925 (realizadas en un clima de bastante moderación) y la combativa huelga de empleados de 1950 (liderada por Edgardo Maas, y relatada en el libro Victoria al amanecer, del dirigente Eduardo Pizarro), podremos apreciar que la autonomía y la radicalización habían avanzado bastante.

7. La primera central sindical unitaria: la CTCh, 1936

A veinte años del surgimiento de los sindicatos legales, se produjo un movimiento unitario que rompió con los límites que imponía la legislación. El ambiente que surgió en 1935 fue el propicio para el surgimiento de la primera central sindical chilena, a la cual confluyeron las distintas vertientes ideológicas existentes hasta entonces. El crecimiento de la amenaza fascista a nivel mundial y el giro estratégico de la Internacioi íal Comunista fueron los factores precisos que colaboraron a crear el contexto externo.

Los primeros esfuerzos unitarios se dieron ese mismo año, cuando la FOCh hizo llamados a deponer los sectarismos y hacer un

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esfuerzo real por la unidad. Los intentos anteriores habían proliferado, pero todos habían fracasado por el abierto afán hegemónico de los involucrados. El antiguo lenguaje descalificatorio fue reemplazado por los gestos de acercamiento. A nivel político, la situación confluía en el mismo sentido, lo que abrió pasó al surgimiento del Frente Popular, un bloque amplio que tenía en común el definir un enemigo en común, el fascismo, y un objetivo prioritario, la defensa de la democracia.

El Congreso de Unidad, que dio origen a la Confederación de Trabajadores de Chile, se realizó en 1936, con la participación de delegados de sindicatos afiliados a la Confederación Nacional de Sindicatos, la Federación Obrera de Chile, e incluso la Confederación General de Trabajadores, anarco-sindicalista (la que después se retiró), además de organizaciones independientes.

Si bien la nueva Confederación estableció en su declaración de principios que su objetivo era luchar contra la explotación del régimen capitalista, la vinculación estrecha de la CTCh con el Frente Popular puso límites a estos objetivos, cuando la alianza llegó al poder en 1938. La nueva central declaró su "incondicional" apoyo al gobierno de Aguirre Cerda, lo que significaba atenuar las presiones sociales propias de una alianza que aglutinaba a distintos sectores sociales, desde obreros hasta algunos terratenientes.

El aspecto que creó mayor roce fue la situación de los inquilinos y obreros agrícolas, quienes debieron resignarse a que nada cambiara, debido a las resistencias que ejerció una fracción del Partido Radical en el gobierno, que representaba a los grandes terratenientes.

Hasta la llegada al poder de Aguirre Cerda (1938), la mayor parte del movimiento sindical se había situado en una permanente oposición. Ni siquiera en los inicios del primer gobierno de Alessandri (1920-1924) se produjo una vinculación tan estrecha

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entre un presidente y una organización sindical. Además, las esperanzas en el reformismo alessandrista se disiparon con rapidez. En 1938, el contexto político era otro y los mecanismos institucionales de integración comenzaron a provocar efectos. Ya no se trataba de una situación de alianza ocasional. En varios niveles del Estado se abrieron espacios de integración hacia los sindicatos que funcionaron de un modo más permanente (como veremos más adelante). Esto no impidió que surgieran conflictos, ya sea contra el gobierno o contra los patrones, pero estos ya no tuvieron el mismo carácter de antes.

Otro efecto permanente sobre el conjunto del movimiento sindical fue el surgimiento, a partir de 1936, de organizaciones sindicales sectoriales (o "ramales") de carácter nacional, que agruparon a las distintas federaciones que hasta entonces existían, superando la dispersión ideológica. Nacieron así las federación nacionales de los trabajadores de la construcción (1936), de la minería, de los ferroviarios, de los obreros agrícolas, de los obreros metalúrgicos, de la industria textil y del vestuario, del cuero y calzado, de los suplementeros, etc. Con mayor o menos éxito, en cada una de ellas se intentó reproducir el espíritu unitario de la CTCh, integrando en una sola organización a las diversas vertientes ideológicas, con la excepción de los anarcosindicalistas, que permanecieron al margen.

8. La nueva acción sindical: ¿del rupturismo a la integración?

Los mecanismos de integración de los trabajadores, surgidos a partir de los años 30, tuvieron canales diversos: la institucionalidad laboral, el sistema político, los lazos sociales y las conquistas económicas.

El sistema de relaciones laborales, creado en 1924, se canalizó a través de los sindicatos (ahora reconocidos por ley) y los mecanismos de conciliación y arbitraje. Como hemos visto, esto exigió aceptar

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determinadas restricciones en materia de organización sindical (no se permitía la federación de sindicatos), de la acción sindical (formalmente se le excluía su rol político) y del uso de la huelga (sometida a procedimientos y limitada a la empresa). El Estado pasó a intervenir directamente en la vida interna de los sindicatos (supervisaba las elecciones, los gastos), no así en las agrupaciones de patrones, que funcionaron en forma autónoma a esta legislación. Algunos autores han destacado este alto costo que debió pagarse (una especie de domesticación del sindicalismo), pero, para el contexto de la época, estas condiciones fueron consideradas menores, o apenas percibidas, por los involucrados. Más bien, para el común de los trabajadores, fue un signo de los nuevos tiempos que se iniciaban, con un Estado por ñn dispuesto a ofrecer protección a la acción sindical. Su aliado principal fue la Dirección del Trabajo, institución que debía velar por su neutralidad, pero que podía ser fuertemente inñuenciable. Su actuación, en todo caso, demostró ser muy fluctuante y dependiente del clima político nacional.

En el caso de la integración política, ésta se llevó a cabo por diversas vías. Ninguna de ellas se realizó con una directa participación de los sindicatos, sino a través de la intermediación de los partidos políticos de extracción popular. A diferencia de otras experiencias de integración (por ejemplo en México y Argentina), donde los sindicatos tuvieron una importante presencia en el aparato estatal, en Chile no surgió un sindicalismo sometido a una integración "corporativa" o gremial. Aquí se mantuvieron las formas tradicionales de participación política, y, a través de ellas, los sindicatos buscaron algún tipo de presencia en los temas nacionales y en sus ámbitos de decisión. El Consejo Superior del Trabajo, por ejemplo, "organismo técnico" compuesto por representantes del Estado, los trabajadores y los patrones, debía estudiar las reformas a la legislación social, pero no tenía carácter resolutivo y no parece haber sido muy relevante.

La participación de dirigentes sindicales en los directorios de la CORFO, las cajas de previsión y el Banco Central, por citar

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algunos ejemplos, si bien fue importante en términos simbólicos, no representó una real forma de participación en las decisiones, ya sea porque numéricamente no afectaban las decisiones y generalmente eran nominados por las autoridades con cierta discrecionalidad (se les nominaba según su militancia). La propia CTCh incorporó este tema entre sus demandas, proponiendo una participación más efectiva, que incluía el control sobre las diversas cajas de previsión por parte de los cotizantes involucrados. Dependiendo de las afinidades políticas de los gobiernos, estos canales de representación se ampliaron o restringieron. Más adelante veremos que, en términos generales, la CUT durante el gobierno de Frei tuvo menos espacios de integración que la CTCh durante los gobiernos radicales.

La forma más extendida que tuvieron los sindicatos para relacionarse con el Estado fue a través de los partidos y las alianzas políticas que participaban en el gobierno o que aspiraban a serlo. Estos, por su parte, en la medida que buscaban representar los intereses de la clase trabajadora (por definición ideológica y/o extracción social de sus militantes) establecían tales nexos y trataban de ejercer influencia en las organizaciones sindicales. Los límites para tales vínculos con los partidos políticos, por lo menos para el caso de la CTCh, estaban señalados en su declaración de sus objetivos: luchar "contra la explotación del régimen capitalista hasta llegar al socialismo integral".

Esto determinó que el tipo de integración que estableció el movimiento sindical con el Estado haya fluctuado según la orientación de los gobiernos. El gobierno de Alessandri, por ejemplo, promulgó la ley de Seguridad Interior del Estado (N°6026), en 1937, que estableció la reanudación de labores en los casos en que las huelgas fueran declaradas ilegales. Durante el gobierno de Aguirre Cerda, se estrecharon los vínculos, al grado de que la principal central sindical, la CTCh, dio muestras de un apoyo "incondicional". Esto se logró principalmente por el clima político internacional asociado a la lucha

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antifascista. En todo caso, en este período se vivieron las consecuencias de la heterogénea composición del Frente Popular (que integraba desde comunistas hasta radicales de derecha), lo que determinó un clima favorable hacia los sindicalización urbana, pero una dura resistencia a la sindicalización agrícola. La distancia se profundizó durante el gobierno de Ríos, aunque sin que se produjera una ruptura total. El quiebre se produciría con ocasión de la Guerra Fría, cuando se aplicó la proscripción hacia los comunistas en el campo sindical, algo que ya se había iniciado en el ámbito estrictamente político.

A diferencia de otros países latinoamericanos, en el caso chileno, la vinculación entre los partidos populares y el movimiento sindical ha sido estrecha, por lo menos hasta los años 90. Más allá del origen de este fenómeno (el temprano surgimiento de partidos de origen proletario, como el PC), la mantención de estos contactos se debió a las insuficiencias que tenía la institucionalidad creada a partir de 1924, que obligaba muchas veces a negociar por fuera de ella o a buscar aliados externos.

En cuanto a la integración a nivel de la empresa, existían canales al interior de algunas, las más modernas e importantes. La mayoría de las grandes fábricas contaba con departamentos de bienestar en los años 30. Algunas los habían organizado en los años 20 (como las empresas salitreras, del carbón y del cobre). A través de ellas, profesionales titulados en las Escuelas de Servicio Social (la primera, creada por Alejandro del Río en 1924) se dedicaban a mejorar las condiciones materiales, morales, y aun espirituales, de la clase obrera. Si bien esto significó muchas veces una fuerte intervención en la vida y los espacios privados de los trabajadores, logró también que éstos se pusieran en contacto con los beneñcios que ofrecía el Estado, como el acceso a la vivienda, las asignaciones familiares, etc.

El proletariado parece haber logrado un mayor status social en los años 40. El lugar central que ocupaban en el proceso de industrialización hacía crecer su valoración social. El interés del Estado

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por asegurar la "cultura" de los obreros fue también en aumento. El Ministerio del Trabajo no sólo se preocupaba de la regulación del conflicto. Dentro de su estructura se creó, en 1932, un Departamento de Extensión Cultural, orientado hacia la formación cívica y moral de las clases trabajadoras. Su función era promover canales de formación y ocupar sus horas de descanso (organizando conciertos, conferencias, creando bibliotecas), para así alejarlo de la taberna, el prostíbulo y los juegos de azar. En los años siguientes continuó este esfuerzo. La CTCh participó en este Departamento con la llegada del Frente Popular, aunque después se alejó para forzar su reestructuración. Así, por su iniciativa surgió en 1937 el Consejo Obrero Cultural, transformado después en Consejo Nacional de Cultura Obrera. Por la misma época, también surgió la Asociación Sindical Obrera de Deportes, que organizaba actividades deportivas, con el respaldo de la Caja de Seguro Obligatorio. El gobierno de Aguirre Cerda creó, en 1939, el Departamento de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres. Tenía por misión desarrollar y perfeccionar las "virtudes de la raza", el ejercicio de la cultura física, la formación de una "conciencia colectiva de cooperación nacional", además de un aprovechamiento apropiado de las horas libres. Todo esto iba dirigido a las clases populares en general, pero en la práctica se privilegiaba su aplicación a través de organizaciones como los sindicatos.

Los beneficios económicos también jugaron favorablemente en la integración social. Aunque no hay evidencias muy concluyentes respecto de un aumento significativo en los ingresos reales de los obreros, los empleados sí experimentaron una mejoría. En todo caso, ambos se vieron beneficiados de modo indirecto, por medio de subsidios, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda y la educación, la cultura y la recreación, el control de precios, la alimentación de los niños, etc. La integración económica se logró parcialmente, pero fue notorio el cambio en las condiciones materiales. No todos accedieron a ella del mismo modo o con la misma intensidad, pero los trabajadores vieron modificada su forma tradicional de vida.

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Para poder apreciar la importancia de este cambio deberíamos conocer las condiciones materiales en que vivieron los trabajadores a partir de los años 20 o 30. Pero sólo las conocemos en forma parcial. El proceso de transición que se inició por entonces no ha sido investigado en particular. En todo caso, hay referencias de los cambios en la vivienda obrera a partir de los años 30 y 40. Las poblaciones que levantaron algunas empresas, amparadas por leyes que otorgaban beneficios tributarios, fueron un ejemplo de ello. Al parecer fue en esta época que el mobiliario (comedor y sillas), el uso de vajilla de loza y la sala de baño dentro del hogar pasaron a ser símbolos de un status creciente en algunos segmentos del proletariado.

Estos cambios reprodujeron la segmentación al interior de la clase trabajadora que ya hemos mencionado (entre obreros y empleados). Los obreros en Lota, por ejemplo, no disponían de baño al interior de sus pequeñas casas, sino cubículos de uso público. Las labores de cocina también eran compartidas, ya que los hornos eran colectivos, al igual que los lavaderos. Las casas de los empleados tenían características distintas.

La situación en Santiago, y en menor medida en algunas ciudades de provincia, ya estaba cambiando en esta época. Las viviendas para obreros que se construyeron en los años 40 disponían de baño, cocina y un dormitorio separado de la sala de estar. El modelo ideal de vivienda popular era una versión diminuta del estilo burgués (algo que ya se había ensayado en las poblaciones para artesanos del 1900). Aunque la distancia entre empleados y obreros siguió presente, se intentó abandonar el antiguo formato de viviendas comunitarias para obreros y casas independientes para los empleados, que habían surgido en los campamentos mineros. Además, la producción industrial para el mercado interno que se desarrolló a partir de los años 30 puso a disposición de las masas urbanas, o a una parte de ella, bienes que hasta entonces eran bastante exclusivos. En los años 40, Cristalerías

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de Chile comenzó a producir su línea Cremopal, que permitió un uso más masivo de tazas y platos.

Los beneficios materiales del proceso de industrialización alentado por el Estado, y los mecanismos integradores asociados, no se repartieron de forma equitativa. Algunas estadísticas para los años de los gobiernos radicales muestran este fenómeno. Lamentablemente no disponemos de investigaciones sobre la distribución del ingreso antes de la crisis y los años inmediatamente posteriores. Sólo tenemos estimaciones de la Corfo para el período 1940-1953. En estricto rigor, estas cifras muestran la forma en que se repartieron "las recuperaciones" en el nivel de las rentas por grupos.

La tendencia que se aprecia es significativa, al mostrar que los empleados obtuvieron mayores beneficios que los obreros, si se compara la variación de sus ingresos entre 1940 y 1953. Los sueldos de los empleados aumentaron en términos reales en un 46%, mientras los salarios de los obreros solo lo hicieron en un 7%.

Cambios en el ingreso real y en la participación de los principa-les grupos en el ingreso nacional.

Tipo de ingreso Variación ingreso % en total % población activa

1940 1948 1953 1940 1948 1953 1940 1948 1953

Salarios (obreros) too 103 107 26,7 22,9 21,1 57.2 56,5 57,1

Sueldos (empleados) 100 109 146 15,1 16,1 20,0 11,4 11,4 11.7

Empresarios

(independientes) 100 125 160 58,2 61,0 58.9 33,2 32,0 31,2

Total 100 115 140 100,0 100,0 100.0

Rentas, intereses,

dividendos 100 143 164

Fuente: Estudio inédito de Nicholas Kaldor para Cepal, Datos de Corfo. Citado por Aníbal Pinto, Chile: un caso de desarrollo frustrado, 3ra. Edición, Editorial Universitaria, Santiago, 1973, pág. 273.

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Un tema necesario de dilucidar es el impacto que provocaron estos cambios en las condiciones materiales a nivel de la conciencia política. ¿Generaron un abandono de la actitud contestataria y rupturista? El debate no es nuevo y ya se planteaba en los años 50 por parte de los sociológos interesados en el tema laboral. El espíritu revolucionario de la clase obrera en países en proceso de modernización fue puesto en duda por algunos intelectuales norteamericanos. Para el caso chileno el más importante exponente de esta postura fue Henry Landsberger, quien en los años 1960 afirmó que los sindicatos chilenos estaban politizados, pero no eran revolucionarios. La politización tenía una razón estructural: el modelo político y económico que se había instalado en América Latina le asignaba un papel protagónico al Estado y todo intento por influir en ese proceso debía pasar, por tanto, por una apelación al sistema político. No era posible, en estas condiciones, limitar las acciones sindicales al ámbito económico. Para Landsberger, la acción política de los sindicatos no debía confundirse con propuestas revolucionarias.

En el vértice opuesto se encontraba otro norteamericano, James Petras. En un texto, escrito en 1967, negaba que los obreros mineros pudieran asumir el rol de una "aristocracia obrera" por sus elevados niveles de ingreso. Al contrario, eran ellos justamente los más receptivos a las tendencias políticas más izquierdistas, y habían servido para asentar su influencia electoral en las comunas agrícolas vecinas.

9. Los empleados: nuevos protagonistas

El protagonismo de los empleados, a partir de los años 40, puede explicarse por varios factores. La expansión del aparato público a partir de los años 30 hizo crecer el número de funcionarios fiscales, todos calificados legalmente como empleados. Por otra parte, hacia fines de los años 40, entre los empleados organizados

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se produjo la sensación de que su status estaba siendo afectado. No tenemos evidencias de que esto haya sido efectivo, porque si hubo un sector beneficiado durante los años 40, éste fue el de los empleados. Finalmente, la represión hacia los comunistas dejó el campo casi libre para que los dirigentes de orientación radical (o bien sin militancia definida) pudieran activar las organizaciones de empleados, con ausencia de disputas internas. De hecho, las organizaciones de empleados demostraron ser bastante más unitarias y menos politizadas.

En los años 30, algunas organizaciones de empleados habían participado en la CTCh. La tolerancia inicial del Frente Popular permitió la creación del Frente de Trabajadores del Estado, en 1938, presidida por Fernando Oyarce. Por la presión que ejerció el gobierno, finalmente se disolvió. Por otra parte, la crisis de la CTCh (su división en 1946) provocó la salida de un importante grupo de organizaciones de empleados, las que comenzaron a actuar con relativa autonomía.

En los años 40, hubo bastantes novedades. En 1943, se creó la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que eligió como presidente a Gotario Blest. También surgió por eso años la Asociación Nacional de Empleados Semi-Fiscales (ANES). En marzo de 1948 los empleados particulares realizaron un Congreso de Unidad en Valparaíso que culminó con la fundación de la Confederación de Empleados de Chile (CEPCh), que tuvo como primer presidente al dirigente de los bancarios Edgardo Maas, socialista. Como corolario de todo este proceso, en diciembre de 1948, varias de estas organizaciones de empleados constituyeron la Junta Nacional de Empleados de Chile (JUNECh), de activo protagonismo en aquellos años, bajo la presidencia de Clotario Blest.

Pero no se trató únicamente de cambios a nivel organizacional. La huelga de los empleados, en enero de 1950, puso de relieve el nivel de movilización que estaban desarrollando. En rechazo a

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una reforma laboral que les negaba ciertos derechos relacionados con la participación en las utilidades, los empleados de la Compañía de Teléfonos y de la Compañía Chilena de Electricidad decidieron paralizar sus actividades el día 23 de enero. Obtuvieron el apoyo de la CEPCH, a la cual pertenecían, encabezada por Edgardo Maas. Con los días, se fueron sumando otros sectores de empleados, como los ferroviarios. El conflicto se prologó por 12 días y culminó favorablemente para los trabajadores. Uno de los dirigentes participantes, Eduardo Pizarro, escribió un libro donde relató la gloriosa hazaña, bajo el sugestivo título de Victoria al amanecer. En el texto el autor se empeña en aclarar que la huelga era "apolítica" y "gremial", lo que parece muy sintomático del tipo de participación que se producía en esa época entre los empleados.

10. Los trabajadores agrícolas: la modernización pendiente

Si bien a comienzos del siglo XX hubo una incipiente modernización en ciertas actividades agrícolas de la zona central, en términos generales la agricultura siguió empleando un sistema de producción tradicional, con baja mecanización y alta concentración de la propiedad. Algunos cambios se habían incorporado, de cualquier modo. La salarización de las relaciones laborales ya se había iniciado en algunas zonas agrícolas que se orientaban hacia los mercados urbanos.

La organización de los trabajadores agrícolas se produjo por iniciativa de los sindicatos urbanos y grupos políticos que se movilizaron hacia el campo. En el periódico La Federación Obrera es posible observar los intentos que se hicieron al respecto. En sus páginas eran frecuentes las denuncias de abusos patronales en los fundos del valle central. En 1921, la FOCh llegó a organizar una Convención Campesina, que reunió a 42 delegados. Paralelamente, se dio inicio a la organización de los mapuches de la zona de la Araucanía.

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A fines de la década del 30, se volvió a revitalizar la organización de los trabajadores del campo. Por ejemplo, en 1935 se creó la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres, encabezada por Emilio Zapata. Su primer Congreso lo realizó en abril de 1939, que creó la Federación Nacional Campesina, disuelta años después. Otra organización se creó en 1937, a raíz de un congreso campesino realizado en Santiago, al que asistieron unos doscientos delegados. Se denominó Federación Nacional Agraria, y su secretario general fue el comunista Juan Chacón.

Pero poco se avanzó, al no contarse con el apoyo del gobierno del Frente Popular para producir una reforma en la propiedad rural y extender la aplicación de la ley laboral al campo. En la campaña presidencial, el problema agrario estuvo presente. El propio Chacón era el encargado del tema. Al calor de la campaña se crearon algunos sindicatos campesinos, pero una vez en el gobierno la situación se enfrió. Las autorizaciones para crear sindicatos agrícolas fueron suspendidas. Chacón trabajó en un proyecto de sindicalización campesina, pero "Don Tinto era partidario de dejar las cosas como estaban en el campo y, con mucha habilidad, planteó que, por la situación política, era mejor dejar pasar un año antes de llevar ese proyecto al Congreso". Chacón reconocería, años después, que fue un gran error político aceptar ese planteamiento1. En 1939, se pasó a trámite legislativo un proyecto de sindicalización campesina, pero no hubo voluntad política para hacerlo avanzar.

El ambiente en algunos sectores campesinos era seguir presionando. En octubre de 1940 se organizó la primera huelga legal al interior de un predio agrícola. La agitación sindical fue en ascenso ese año y el siguiente. Finalmente, la respuesta del gobierno fue prohibir la organización de huelgas durante la cosecha (Poblete, cit. por Ponce, p.58). Para dar una idea del nivel de expectativas que surgieron en esos años, hay que recordar que de los 5 pliegos con demandas laborales que se presentaron en el campo en 1939 se pasó a 171 en 1939, 199 en 1940; desde

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entonces empezó a decaer, contabilizándose 101 pliegos en 1942.

A raíz del clima que acompañó la candidatura de González Videla, en 1946, la situación en el campo volvió a animarse. Ese año se presentaron 272 pliegos, y en 1947 se llegó al record de 384. La ruptura de la alianza de González Videla con los comunistas detuvo esta tendencia. Esto quedó claramente establecido a través del resultado final de toda la discusión sobre la Reforma Agraria. En 1947 se promulgó la ley 8811 de sindicalización agrícola que dejó las cosas peor que antes, ya que ponía tal cantidad de obstáculos que se hacía imposible poder organizar sindicatos. Los requisitos para crear un sindicato (mínimo 20 trabajadores en un mismo predio, con una antigüedad de un año; por lo menos la mitad debía ser alfabetos) y los límites para presentar pliegos (prohibidos en la época de cosecha) hacían imposible esperar un contexto favorable en el plano legal.

11. La fase en ascenso: los gobiernos radicales

En los últimos años del gobierno de Arturo Alessandri (saliendo ya de la crisis económica) y los dos primeros gobiernos radicales (Aguirre Cerda, 1938-1941, y Juan Antonio Rios (1942-1945), la producción creció a un ritmo importante. Si comparamos el producto industrial, el crecimiento promedio de la década 1940-1950 no volvió a repetirse. El país pasaba por una fase ascendente del ciclo económico, con una inflación controlada, altos niveles de inversión pública (Endesa, Huachipato, Cap, Enap) y una relativa estabilidad política y social, que tenía su sustento en el clima bélico europeo y en las alianzas políticas internas.

En términos laborales, los cambios legales fueron importantes. Bajo la segunda administración de Arturo Alessandri, se estableció el salario vital familiar para los obreros del salitre (L.5350 de 1934), se promulgó la ley que creó la Caja de Habitación Popular (1936), se estableció el Sueldo Vital y la

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Asignación Familiar para los empleados particulares (L.6020, febrero de 1937) y la ley de Medicina Preventiva (L.6174 febrero de 1938). Durante los gobiernos radicales aumentaron las leyes: se fijó un Sueldo Vital y el pago de la Asignación Familiar a los empleados (L.7295) octubre/ 1942); la indemnización (15 días) por años de servicio para los obreros de Ferrocarriles (nov./1940); extensiva luego al personal de Alcantarillado (enero /1942). Poco después se agregó el fuero de inamovilidad para los trabajadores durante conflictos colectivos legales (L. 7747, diciembre/1943) y la asignación familiar para los empleados públicos (L.8282, septiembre de 1945) y los obreros agrícolas (L.8811, julio de 1947). Durante el gobierno de González Videla, se promulgó la ley de Semana Corrida (L.8961, julio/1948).

El clima institucional y político provocó un crecimiento de la afiliación sindical legal, como se puede apreciar en el gráfico. Si bien esta tendencia venía de antes, la afiliación se acentuó a partir de 1939, el primer año del gobierno del Frente Popular. De esa época, además, datan los primeros esfuerzos de organización de los empleados públicos. La participación comunista y socialista en los gobiernos radicales parecía ser garantía de un mayor respaldo institucional a las demandas sociales de los trabajadores urbanos. Con la importante excepción del campo, donde la situación siguió sin cambios importantes, como hemos visto, en las ciudades el clima de agitación de los años 30 fue reemplazado por una relación más estrecha entre el Estado y el movimiento sindical.

En términos absolutos, entre 1929 y 1953, se pasó de 50 mil afiliados a casi 300 mil en 1953. La mayor expansión, en todo caso, se dio en el período 1939-1947. La tasa de afiliación legal fue de 11,0% en 1940, alcanzando el nivel de 13,2% en 1952 (en ambos casos sobre el total de ocupados), a pocos meses de la constitución de la CUT2.

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Afi l iación sindical, 1929 - 1953

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Más adelante veremos que estos índices siguieron crecieron hacia fines de los años 60 y durante la Unidad Popular. Pero durante más de 30 años la fuerza de los sindicatos no radicó tanto en la cantidad de afiliados (ni en términos absolutos ni relativos), sino en otros factores.

12. Las críticas al modelo económico (1950-1964)

En la segunda mitad del siglo XX, el contexto que acompañó la acción sindical fueron los ajustes económicos que, si bien no pusieron en duda la necesidad de basar el desarrollo en la industrialización hacia el mercado interno, trataron de resolver ciertos desajustes que alentaron las protestas sociales. Fue en este clima que se dieron las condiciones para la creación de la CUT.

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El desarrollo económico basado en la industrialización dio muestras de un cierto agotamiento hacia fines del gobierno de González Videla. Estaba culminando la fase de crecimiento rápido y la capacidad del modelo de desarrollo para acoger las demandas populares se fue haciendo cada vez más limitada. La escasez de divisas, la deuda pública, la inflación, la estrechez de la demanda interna, la concentración de la propiedad y el atraso en la agricultura eran algunos de los problemas más visibles y que los especialistas comenzaron a denunciar.

Desde otra perspectiva, los años de la postguerra, incluyendo los dos primeros años del gobierno de Ibáñez (1952-1958), fueron prolíficos en el desarrollo de un gigantesco aparato estatal, que ofreció beneficios que hasta entonces no estaban disponibles para el grueso de la población. Gran parte de la infraestructura de la salud pública (el Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Seguro Social) se creó entonces, en 1953. La principal innovación fue la ampliación de la cobertura asistencial, que extendió la prestación médica a la familia del asegurado; ofreció pensiones vitales por invalidez y vejez, y seguro de orfandad, viudez y cesantía; por otra parte, se cambió del sistema de "capitalización" de la antigua Caja de Seguro Obrero por el de "reparto". Como resultado, se amplió la cobertura previsional de la Caja de 1 millón de beneficiarios a 3 millones (sobre una población de 5.200.000). Las prestaciones las entregaba el Servicio Nacional de Salud, con una estructura nacional centralizada. En cuanto a las políticas de vivienda, el plan del gobierno de Ibáñez fracasó, no obstante la creación de la CORVI, el mismo año 1953. Habría que esperar hasta 1959, bajo el gobierno de Alessandri (y tras las tomas de terrenos de 1957), para que la política de fomento a la construcción de viviendas populares adquiriera real dimensión (por entonces surgieron las poblaciones San Gregorio y José María Caro). En materia de políticas laborales, con Ibáñez se aplicó el salario mínimo a los obreros agrícolas (DEL 244, en 1953) y a los obreros de la industria, el comercio y los servicios del Estado

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(L. 12006, de enero de 1956) y se estableció la asignación familiar para los obreros (DFL 245, julio de 1953).

Si observamos los indicadores de producción, podremos ver que no hubo un estancamiento de la economía en las décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque sí fluctuaciones en las tasas de crecimiento. Por otra parte, el sector industrial, hasta entonces el más dinámico, disminuyó su ritmo de expansión.

Habiendo alcanzado la institucionalidad estatal su máximo desarrollo a comienzos de los años 50, las demandas del movimiento obrero se orientaron principalmente hacia el Estado. Las políticas de ajuste económico que se propusieron por entonces (la mayoría sólo se quedó en el anuncio) buscaron utilizar los mecanismos disponibles para asegurar el control de la inflación. Uno de ellos era la política de reajuste de sueldos y salarios, a través de las atribuciones legales para fijar las remuneraciones mínimas y la negociación que determinaba el sueldo de los empleados públicos. Ya en enero de 1950, el ministro de Hacienda intentó aplicar un programa económico que contemplaba la congelación de sueldos y salarios. Bajo el gobierno de Ibáñez, después de la primera fase populista, el ministro Prat intentó llevar a cabo un plan de rectificación económica (1954), que incluía congelación del derecho a huelga por dos años. Poco después, bajo la influencia de la Misión Klein Sacks, en diciembre de 1955 se aplicó la congelación de salarios, dentro de un paquete de medidas que buscaba el ajuste fiscal, la contención de la inflación y liberalización de los precios.

Esto no anuló del todo la lucha directa entre patrones y trabajadores. Pero buena parte de la agitación laboral se volcó a presionar sobre el sistema político, para resistirse frente a estos proyectos de ajuste o para elevar por ley los sueldos y salarios a un nivel que lograra compensar la inflación. A partir de la década del 50, se hizo frecuente la disputa anual con el Estado. El enfrentamiento directo con la clase empresarial pasó a segundo plano, salvo para los trabajadores que tenían beneficios superiores al promedio.

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En forma paralela, se abrió paso la discusión política, por parte de los partidos y los intelectuales, sobre los límites del modelo de desarrollo. La mayoría planteó propuestas de transformación estructural de la economía, pero manteniendo la orientación central (industrialización hacia el mercado interno, con fuerte presencia estatal). Entre los más conocidos se puede citar a Aníbal Pinto (Chile un caso de desarrollo frustrado, 1958) y Jorge Ahumada (En vez de la miseria, 1958). Entre los cambios que se propusieron estaban abrir la industrialización hacia los mercados regionales; producir la nacionalización del cobre; llevar a cabo la reforma agraria; poner atajo a la concentración oligopólica de ciertos sectores; etc. Una minoría de intelectuales se planteó a favor de una liberalización de los mercados, pero sin lograr mayor respaldo en esos años.

En este escenario, la radicalización política y social alcanzó a las organizaciones sindicales. Los primeros que dieron muestras de ello fueron los empleados, quizás el principal soporte social de los gobiernos radicales. La huelga de empleados de 1950 fue un primer síntoma. Por influencia de los partidos políticos de izquierda, las distintas orgánicas sindicales levantaron propuestas alternativas, orientadas hacia la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la intervención del estado en actividades claves para la sociedad. Ese fue el eje de la discusión política en los años 60, incluyendo a todo el espectro partidario.

Un dirigente de los empleados fiscales, Gotario Blest, encabezaría este proceso y sería pieza clave en el proceso de unificación que culminaría con la constitución de la CUT.

13. La CUT, 1953

Tanto la fundación como la existencia de la CUT significaron una giro y a la vez una continuidad con la historia sindical chilena. Por una parte proyectaba una larga tradición organizativa que la

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vinculaba con distintas instituciones de existencia previa. Pero todas ellas (por ejemplo, la FOCh, la CGT, etc.) se habían constituido en base a una ideología común que las había cohesionado internamente. Claramente el movimiento sindical de la época de Recabarren no se sentía llamado a defender la unidad orgánica. La única aspiración, por lo menos teóricamente, era conseguir la unidad en la acción. Sólo a partir de la CTCh (1936), se vivió un clima de unidad, derivado del contexto internacional: la amenaza del fascismo. Pero esa experiencia, por diversos motivos, no prosperó por mucho tiempo.

Por tanto, la tradición unitaria del movimiento sindical chileno no tenía gran trayectoria antes de la fundación de la CUT y su experiencia resultó bastante inédita. El antecedente más remoto, la experiencia de la CTCh (1936-1946), había terminado en un quiebre profundo en dos fracciones. El proceso de confluencia que culminó en la CUT tenía un antecedente más reciente, que se inició a partir de 1950, y que tuvo como contexto político la lucha de los comunistas por salir de la ilegalidad.

Pero más allá de haberse conseguido la unidad, en 1953, lo interesante fue haber logrado mantenerla durante veinte años. Por más crisis, disputas y divisiones internas que debió enfrentar, casi todas las vertientes ideológicas que la constituyeron mantuvieron presencia en su interior. Hubo disensiones y retiro de representantes en distintos momentos, pero los únicos que la abandonaron en forma definitiva fueron los grupos anarcosindicalistas. Todos los intentos por levantar una alternativa orgánica similar a la CUT fracasaron, incluyendo los esfuerzos de algunos sectores democratacristianos.

La Central Unica de Trabajadores surgió de un Congreso Constituyente, realizado en febrero de 1953. Con él culminaba un proceso de convergencia que se venía produciendo desde la etapa final del gobierno de González Videla. En 1951 se había

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realizado el primer acto unitario, en recuerdo del Primero de Mayo. La dispersión orgánica, propia del clima de Guerra Fría, llegaba a su fin. El último gobierno radical no había logrado revertir la crisis económica que afectaba al modelo. Esto provocó una incontenible radicalización de importantes sectores sindicales.

En la organización del Congreso de Unidad participaron varias orgánicas sindicales:

- la JUNECH, que agrupaba a empleados fiscales, semifiscales, autónomos y municipales. Creada en 1948, estaba integraba principalmente por dirigentes radicales, aunque también por socialistas populares y democratacristianos.

- el MUNT, Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores, se constituyó en julio de 1950, e integraba a los grupos anarcosindicalistas, con presencia en el cuero y calzado y los obreros de imprenta;

-el COOEE, Comité Nacional de Obreros y Empleados, constituido, en noviembre de 1951, por las dos CTCh y la JUNECh, aunque esta última se mantuvo más bien al margen. Estaba integrado por dirigentes comunistas y del Partido Socialista de Chile, que se habían unido en torno al Frente Nacional del Pueblo, llevando como candidato a Allende.

- el MUS, Movimiento de Unidad Sindical, surgió en septiembre de 1952, después de las elecciones presidenciales, y agrupaba a los partidarios del triunfante Carlos Ibáñez (antes incorporados al Frente Gremial Ibañista). La organización se había formado por iniciativa del Partido Socialista Popular y grupos de agrario laboristas.

- el CONAF, Comité Nacional de Federaciones, agrupaba a siete

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Apuntes ele las Escuelas de Formación Sindical

federaciones (panificadores, ferroviarios, vitivinícolas, marítimos, química, transporte colectivo y del cobre), todas encabezadas por dirigentes socialistas simpatizantes de la CIOSL-ORIT, y contrarios tanto al Partido Socialista de Chile como al Partido Socialista Popular.

Los cinco grupos se constituyeron en el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), en septiembre de 1952. El Comité integraba a 35 dirigentes y la Directiva Ejecutiva, por un representante de cada organización: Bernardo Yuras (JUNECh), Ernesto Miranda (MUNT), Clotario Blest (COOEE), Otilio Olivares (MUS) e Isidoro Godoy (CONAF). No obstante la gran dispersión ideológica (anarquistas, socialistas, comunistas, social-demócratas, radicales, social-cristianos), la coyuntura política fue muy propicia para la confluencia. No hubo espacio para que surgieran voces disidentes a una idea central que convocaba a todos: el rechazo a la colaboración de clases.

La Declaración de Principios de la CUT, cuyo texto fue ampliamente debatido, logró concitar el consenso mínimo que se requería para que las distintas vertientes ideológicas se sintieran representadas. Las corrientes marxistas y anarcosindicalistas fueron las que quedaron más claramente expresadas en la declaración de principios, ya que el principio de la lucha de clases y el propósito de superar el capitalismo, abolir la propiedad privada y el Estado capitalista y crear una sociedad sin clases (el "socialismo integral") fueron muy claramente incorporados en el texto.

"Que el régimen capitalista actual, Jundado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por el hombre, que divide a la sociedad en clases antagónicas: explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se aseguren al hombre y ala humanidad su pleno desarrollo".

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"Que el Estado capitalista es una expresión de esta lucha de clases y, por lo tanto, mientras subsista el capitalismo en cualquiera de sus formas, éste será un instrumento de explotación". "Que la guerra es una expresión y consecuencia inherente al régimen capitalista: por lo tanto, la Central Única de Trabajadores se pronuncia enfáticamente contra ella. Proclama, en consecuencia, la lucha internacional de los trabajadores por la paz permanente dentro de la convivencia de todos los pueblos y sin anexiones territoriales, apoyando, por consiguiente, tocias las luchas por la liberación nacional" "Que frente al régimen capitalista, la Central Única de Trabajadores realizará una acción reivindicacionista encuadrada dentro de los principios y métodos de la lucha de clases, conservando su plena independencia de todos los gobiernos y sectarismos políticos partidistas. Sin cmlxuyo, la Central Única de Trabajadores no es una central apolítica; por el contrario, representando la conjunción de todos los sectores de la masa trabajadora, su acción emancipadora la desarrollará por sobre los partidos políticos, a fin de mantener su cohesión orgánica". "Que la Central Única de Trabajadores tiene como finalidad primordial la organización de todos los trabajadores de la ciudad y del campo, sin distinción de credos políticos o religiosos, de nacionalidad, color, sexo o edad para la lucha contra la explotación del hombre por el hombre hasta llegar al socialismo integral". "Que frente al imperialismo, transformación del capitalismo en sistema mundial de esclavización y dominación de los pueblos, lucha por la conservación de las riquezas del país, por la liberación del yugo del capitalismo nacional y extranjero; por consiguiente, desarrollará todos los esfuerzos de que sea capaz para encauzar un vigoroso movimiento por la recuperación de las materias primas, por la Reforma Agraria y por la expropiación de las empresas en manos del imperialismo, sin indemnización". (...) "Que la Central Única de Trabajadores considera la lucha sindical como parte integrada del movimiento general de clases del proletariado y de las masas explotadas y en esta virtud, no debe ni puede permanecer neutral en la lucha social y debe asumir el rol de dirección

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que le corresponda. En consecuencia declara...que los sindicatos son organismos de defensa de los intereses y fines de los trabajadores dentro del sistema capitalista Pero, al mismo tiempo, son organismos de lucha clasista que se señalan como meta la emancipación económica de los mismos, o sea, la transformación socialista de la sociedad, la abolición de clases y la organización de la vida humana mediante la supresión del Estado opresivo"

A través de esta fórmula, se pudo conciliar la permanencia de los grupos de orientación marxista (mayoritaria) y de los anarcosindicalistas. Los sectores democratacristianos y corporativistas no debieron sentirse muy cercanos a estos planteamientos, pero eran minoritarios. Recién en 1957, se harían sentir con más peso, lo que provocó el primer cambio en la Declaración de Principios.

El Congreso se realizó en el Teatro Coliseo, durante tres días. Se logró aprobar los aspectos ideológicos que guiarían a la central (Declaración de Principios), su estructura orgánica (Estatutos), la plataforma programática y su posición en términos de las corrientes sindicales internacionales.

En la última sesión se eligió el Consejo Directivo Nacional. La elección se hizo de acuerdo a listas que representaban a los distintos grupos presentes. La que estaba encabezada por Gotario Blest eligió 13 consejeros (5 comunistas, 3 socialista de Chile, 2 democratacristianos, 2 radicales y el propio Blest, como independiente); la lista apoyada por un grupo de Ibáñistas sacó 9 consejeros (4 socialistas populares, 3 socialistas disidentes y 2 independientes ibañistas); los anarcosindicalistas obtuvieron 3 cargos.

La amplitud ideológica de los participantes en la CUT era la consecuencia más visible del máximo esfuerzo de unidad orgánica que podía exhibir el movimiento sindical chileno. Con todo, los

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trabajadores que estaban integrados en ella representaban el 9% de la fuerza de trabajo ocupada. Respecto de los que estaban organizados en sindicatos en 1953 (unos 170 mil), la CUT agrupaba al 42,5%. Del total de sindicalizados, 136 mil pertenecían al sector público, 147.633 a sindicatos industriales; 51.629 a sindicatos profesionales; 24 mil a sindicatos libres, y apenas 827 a sindicatos agrícolas (cit. por Ponce, 160).

14. Partidos, sindicatos y trabajadores

La elección de un independiente como Clotario Blest en el cargo de presidente de la CUT no significó una menor presencia de los partidos políticos. No obstante su carisma y capacidad como dirigente, su elección se debió en buena medida al equilibrio en que se encontraban las distintas fuerzas y a las garantías que ofrecía la figura de Clotario Blest. No fue una demostración de la crisis de representación de los partidos. De hecho, los dirigentes que se denominaban independientes eran una minoría.

Si bien la influencia de los distintos partidos políticos en los sindicatos ya tenía varias décadas de desarrollo, fue a partir de los años 50 que se hizo más visible, es decir, durante las décadas en que existió la CUT. Las centrales ideológicas de la década anterior ya eran un indicio de la influencia de los partidos. Pero, en el caso de una central unitaria como la CUT, la integración de las distintas vertientes hizo más inevitable y visible la disputa entre ellas por el control de la organización. Incluso el propio proceso de unidad que llevó a la constitución de la CUT fue una consecuencia directa del predominio de los factores políticos.

Durante los sucesivos congresos de la CUT, la presencia de los partidos fue importante, disputándose siempre el control de la Central los grupos marxistas (socialistas y comunistas). Tan importante fue la influencia de las distintas corrientes políticas,

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que los cambios en su Declaración de Principios, la definición de su plataforma de lucha y la distribución de los cargos generalmente era algo que se definía a partir de una negociación entre los partidos. Respecto de lo primero, fueron los comunistas quienes propiciaron el cambio en la finalidad de la CUT desde el "socialismo integral" (de clara influencia marxista y anarcosindicalista) a una expresión más vaga, "transformación de la sociedad", para así retener a democrata-cristianos y radicales. Todo lo anterior, sin abandonar la fuerte crítica al sistema capitalista. El intento por mantener estos equilibrios internos provocó tensiones, que en 1957 condujo al alejamiento de los anarcosindicalistas. Un efecto adicional fue el impacto que produjeron al interior de la central los quiebres o disputas entre los partidos, algo que incluso definió la salida de algunos dirigentes.

Filiación política 1953 1957 1959 1962 1965 1968 Comunista 21,3 39,9 44,7 31,1 42,3 45,5 Soc. Popular 12,7 22,9 28,1 28,4 33,1 Soc. de Chile 4,2 Soc. disidente 8,4 3,0 Socialista 21,6 Usopo 3,0 Radical 6,3 9,0 4,1 6,2 4,8 8,1 PDC 6,3 14,7 14,6 17,9 11,9 10,2 Anarquista 7,9 2,2 2,0 2,0 MIR 1,4 Trotskista 0,7 1,3 1,1 0,8 1,0 Independiente 6,6 0,5 S/c y ausente 25,6 8,8 5,0 12,9 7,2 9,4

Jorge Barría S., Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno. 1946-1962 (Santiago, 1963).

No es extraño que la actividad sindical tenga un componente político. Más bien lo excepcional es que la acción sindical se

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circunscriba siempre dentro de los límites de las demandas económicas al interior de una empresa. En un sentido amplio, la sola disputa entre capitalistas y trabajadores por la distribución de las ganancias es un hecho que, a nivel global, tiene trascendencia política. Lo novedoso del caso chileno es la forma en que se ha dado esa relación, el papel que han desempeñado los partidos y el nivel de politización que se ha observado. Por ejemplo, a diferencia del movimiento sindical de otros países (por ejemplo, en Argentina y México), en Chile no se ha producido una asociación con un solo partido hegemónico, sino con varios de ellos de peso equivalente, lo que ha reproducido en su interior las fricciones políticas a nivel nacional.

La influencia que ejercen los partidos políticos en el movimiento sindical no se limita a la presencia de algunos militantes-dirigentes en los niveles superiores de la CUT. De hecho, la mera militancia no asegura que la acción sindical tenga un fuerte componente político. Tampoco es evidente que esa militancia influya de modo rígido en su acción sindical o que se revierta en una capacidad para irradiar determinadas orientaciones políticas a la base sindical.

Existe cierto consenso de que la fuerte vinculación (o afinidad) de los dirigentes sindicales chilenos con ciertos partidos no fue sólo una consecuencia de la capacidad de penetración de los partidos, sino que era resultado también de las características del sistema de relaciones laborales, que daba muchas atribuciones al aparato estatal. Desde los años 30, un dirigente sindical no sólo debía manejarse frente a sus bases, sino sobre todo frente a las redes de poder en el sistema político y burocrático para que su acción fuera medianamente exitosa. El fortalecimiento del Estado desarrollista, además, privilegió que la CUT orientara sus demandas hacia el gobierno, y no hacia los patrones.

Según algunas encuestas aplicadas en la década del 60, la mayoría de los dirigentes sindicales reconocía que los objetivos que

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perseguían eran de carácter económico. Esto no significa que la militancia haya sido meramente instrumental, pero es claro que este componente estaba presente. No se prescindía de la adhesión a determinados proyectos políticos, pero la militancia cumplía también objetivos materiales: el éxito económico de una negociación se potenciaba cuando existían relaciones con el aparato institucional (parlamentarios, autoridad de gobierno, aparato burocrático). Esto fue más evidente en el caso de las organizaciones campesinas: durante el gobierno de Frei Montalva, la mayoría se inclinó por las confederaciones democratacristianas, mientras que en el gobierno de Allende, la tendencia se revirtió hacia las organizaciones proclives al gobierno. Es probable que la débil tradición partidaria en el campo haya provocado estas fluctuaciones. En el sindicalismo urbano, la influencia de los partidos marxistas fue más estable.

Un tema de interés para los sociólogos de los años 60 fue conocer las características del comportamiento obrero, más allá de su orientación partidaria o su opción electoral. Para ello se aplicaron varias encuestas que trataron de medir las conductas y las percepciones de los trabajadores y dirigentes sindicales.

Quienes estaban en desacuerdo con pedir apoyo a la CUT en caso de huelga señalaban que eran "muy políticos en la Central", además que les importaba más la opinión de los partidos que la de los trabajadores. Los conflictos laborales debían ser "una cosa interna de la fábrica". Además, de lo contrario se enardece más a la parte patronal. La CUT sólo ayudaba a los obreros que estaban afiliados a ella, a pesar de estar hecha para todos los trabajadores. El apoyo de la CUT, por lo demás, no era necesario, y solo debía pedirse en casos muy necesarios, cuando ya no hay otras posibilidades de arreglo. También se criticaba los frecuentes llamados a huelga: "La CUT pasa en huelga, da puros pases para las huelgas". Es claro que opiniones de este tipo provenían de dirigentes sindicales que tenían capacidad propia para enfrentar un conflicto laboral.

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A partir de los años 50, el nuevo escenario institucional fue modificando las orgánicas sindicales, lo que demuestra el pragmatismo con que actuó el movimiento sindical. Por ejemplo, con el surgimiento del SNS, en 1953, apareció una institución que comenzó a centralizar las demandas de los empleados de los servicios de salud estatal: así surgió la FENATS. En la actividad minera sucedió algo equivalente. La antigua Federación Industrial Minera, que agrupaba a los trabajadores del sector, debió ver la partida de los obreros de la gran minería del cobre (de las empresas norteamericanas), los que formaron junto con los empleados, la Confederación de Trabajadores del Cobre, en 1951. El Convenio de Washington (1951) y la Ley del Nuevo Trato (1955) fueron asentando una nueva política estatal hacia las empresas cupríferas, que llevó, como contrapartida, al reconocimiento de la condición especial de los trabajadores del cobre, en 1956 (a través del Estatuto de los Trabajadores del Cobre).

Para autores como Zapata, las demandas económicas, y no las ideológicas, fueron el aspecto más importante en la definición política de los trabajadores del cobre. Así, la adhesión de sus dirigentes a una determinada militancia partidaria tuvo un objetivo más bien pragmático. Incluso en las demandas referidas a la nacionalización del cobre, según esta interpretación, habría prevalecido este aspecto. El espíritu nacionalista, además, se vio favorecido por los tradicionales privilegios que recibían los empleados de origen extranjero (dentro de un esquema que segregaba a chilenos y norteamericanos, con escalas de sueldos diferenciadas), además de las abultadas ganancias de las empresas.

A nivel de la CUT, la influencia ideológica era más fuerte y se producía por la presencia de los distintos partidos políticos. Aunque la CUT se cuidó de mantener distancia con las distintas coaliciones electorales, era clara su coincidencia con las plataformas que algunas de ellas planteaban. La profundización de la Reforma Agraria, la nacionalización de las riquezas básicas,

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la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas estatales, el desarrollo de una activa política anti-monopólica, por citar algunos ejemplos, fueron demandas que se incorporaron al calor de las campañas políticas.

Si bien la defensa de los intereses gremiales de cada sector laboral fue un elemento central en la acción sindical, también existió cierta capacidad por integrarse a demandas u objetivos más amplios. Los propios trabajadores del cobre, por ejemplo, se plegaron al paro convocado por la CUT con ocasión del Tacnazo, en 1969, que tuvo un propósito claramente político. Hubo también huelgas de solidaridad, amenazas de paralización o apoyo económico de sindicatos no directamente involucrados en los conflictos, lo que puede demostrar un cierto nivel de sensibilidad política e ideológica, que iba más allá del puro interés económico inmediato. Sin embargo, estas acciones se hacían dentro de ciertos niveles de resguardo. Por ejemplo, era común que los grandes sindicatos industriales participaran en las huelgas generales, pero muchas veces lo hacían llegando previamente a un acuerdo con las empresas, para recuperar horas en los días siguientes.

Hubo ámbitos donde la adhesión ideológica resultaba más decisiva, aunque no lograba convocar al trabajador promedio. Se trataba de la afiliación a centrales ideológicas, uno de los temas más polémicos y que enfrentó con frecuencia a los partidos políticos dentro de la CUT.

15. Las centrales internacionales

La vinculación de los sindicatos chilenos con centrales internacionales se desarrolló a partir de los años 30. Entonces, por razones políticas e ideológicas derivadas del contexto internacional, se dio inicio a un mayor protagonismo de estas instituciones.

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Los anarcosindicalistas, ya más debilitados en estos años, tuvieron menos contactos. Los principales fueron los que surgieron a raíz de la Guerra Civil Española, donde los anarcosindicalistas fueron importantes protagonistas. Por su parte, los dirigentes sindicales comunistas mantuvieron sus vínculos con las organizaciones comunistas internacionales.

Pero fue el comienzo de la Guerra Fría el factor que estrechó los lazos a nivel internacional. El inicio de esta nueva época quedó marcado por el rompimiento de la Federación Sindical Mundial (FSM, en inglés WFTU), surgida al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La FSM había logrado aunar a distintas vertientes ideológicas, que incluían desde los sindicatos soviéticos hasta las organizaciones social-demócratas inglesas, la principal central latinoamericana y la CIO norteamericana), Por iniciativa de Estados Unidos, el quiebre dio origen a una organización paralela, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales libres (CIOSL, en inglés ICFTU), en 1949.

En Chile, el ambiente de la Guerra Fría también tuvo sus efectos sobre el movimiento sindical. El quiebre de la CTCh se produjo a comienzos de 1946, y tuvo consecuencias directas en el alineamiento internacional. La AFL norteamericana (que se había resistido a participar en la constitución de la FSM en 1945 debido a la presencia de los comunistas) brindó su apoyo a la CTCh encabezada por Bernardo Ibáñez, socialista. La CTCh lid erada por el comunista Bernardo Araya se mantuvo afiliada a la FSM.

La AFL norteamericana apoyó la creación de una nueva central sindical latinoamericana que contrarrestara la influencia de la CTAL, nacida en 1938, y que tenía fuerte presencia comunista. Ese esfuerzo dio sus frutos con la fundación de la Confederación Interamericana de Trabajadores (CIT), en 1948. Una vez creada la CIOSL (1949), el empeño fue buscar la integración a ella de la CIT. Esto se logró en 1951, transformándose la CIT en la

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Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT). La ORIT se instaló en Chile con oficina propia en 1956.

La CTCh de Bernardo Ibáñez siguió perteneciendo a la ORIT-CIOSL. Entre los grupos sindicales chilenos que se vincularon a la ORIT estuvieron, en distintos momentos, la Confederación Marítima de Chile (Comach) y la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), fundada en 1951; también las federaciones de los panificadores, los ferroviarios, de la industria química y el transporte colectivo. Más adelante, en 1961, se agregó una nueva organización pro-norteamericana que promovía y financiaba una política de sindicalismo anticomunista, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL, en inglés AIFLD).

Los sindicatos de los países socialistas y las centrales pro-comunistas se mantuvieron adheridas a la FSM (después del quiebre de 1945). Las principales centrales con presencia comunista mantuvieron contacto con ella. En América Latina su expresión local fueron las federaciones con presencia comunista. En el caso de Chile, la CTCh de Araya, y varias federaciones afiliadas a ella.

A este alineamiento en dos bloques (pro-norteamericano y pro-soviético) se sumó, en febrero de 1952, el movimiento sindical peronista, que tuvo interés en extender su influencia en América Latina a través de su propia central: la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS). Su interés era contrarrestar la influencia de la CTAL-FSM pro-comunista y la ORIT-CIOSL pro-norteamericana. Este esfuerzo se extendió hacia Chile, durante el gobierno de Ibáñez (uno de los aliados de Perón), instalándose una filial de ATLAS en Santiago, en abril de 1955.

El cuarto grupo que se agregó fue el sindicalismo cristiano, agrupado en torno a la CLASC (Confederación Latino Americana de Sindicalistas Cristianos), fundada en Santiago en 1954, y que

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adhería a la Central Mundial de Trabajadores (CMT). En Chile tenía como seguidores a varios dirigentes social-cristianos pertenecientes a la ASICh, como Ramón Venegas y el sacerdote Santiago Tapia. Pero no todos los integrantes de la ASICh estaban de acuerdo con participar en una central de sindicatos católicos (idea que estaba detrás de la CLASC, para un futuro cercano), es decir, en una central de carácter ideológico. Cuando la ASICh se definió claramente por esta vía, en 1956, varios de sus integrantes se alejaron de ella, entre ellos Emilio Lorenzini y William Thayer, quienes deseaban privilegiar la estrategia de participar en la CUT y ganar posiciones dentro de ella para desplazar a los comunistas.

La creación de la CUT, en 1953, puso en tensión a estos grupos. Todos ellos estaban presentes en su interior, con distinto peso. El acuerdo que se logró para evitar la división fue mantener a la nueva Central alejada de una afiliación específica. Pero el acuerdo, si bien se mantuvo durante toda la vida de la CUT, no impidió los intentos por dividirla y crear centrales con afinidad ideológica. La ORIT, Serafino Romualdi hizo varios esfuerzos en ese sentido, como el que se realizó en 1962, con apoyo de la CLASC, y que no fructificó debido a que los delegados demócrata-cristianos en la CUT finalmente optaron por permanecer dentro de la Central.

Todos estos contactos internacionales se mantuvieron más bien a nivel partidario. Cada central sindical mundial, y sus filiales en América Latina, se relacionaba con los dirigentes sindicales locales más afines, de acuerdo a su militancia política. Ante la "neutralidad" de la CUT, tales vínculos se estrecharon con los dirigentes de las federaciones ramales. Pero todo esto involucró apenas a los dirigentes sindicales de los niveles superiores. Fueron ellos quienes observaron la influencia de las distintas centrales mundiales, viajaron a los países donde se realizaban los encuentros y congresos, y recibían a las delegaciones extranjeras. El común de los trabajadores afiliados a un sindicato apenas percibía el papel de estas organizaciones. Sólo en momentos de mayor conmoción

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internacional, por ejemplo con ocasión de alguna campaña de solidaridad o de boicot, se podía desarrollar un vínculo mayor, aunque siempre esporádico. Por ejemplo, desde fines de 1944, se manifestó cierta oposición frente al régimen peronista argentino y, en marzo de 1945, los estibadores del puerto de Lo ta decidieron no cargar carbón en los barcos de bandera argentina. Una campaña más intensiva se produjo a partir de 1942, en solidaridad con la URSS, en la que participaron varias organizaciones sindicales pro-comunistas, coordinadas a nivel continental por la CTAL.

Más allá de estos esfuerzos un tanto excepcionales, la afiliación a nivel internacional probablemente tuvo escasa incidencia en la acción del sindicalismo a nivel local, salvo en el flujo de recursos y apoyo institucional para la realización de campañas y la mantención de escuelas sindicales. Sobre el particular, lo más visible fue el papel de la AIFLD norteamericana, en su esfuerzo por detener el avance del comunismo en América Latina. Es probable que las restantes centrales hayan hecho también aportes económicos, aunque de menores dimensiones.

16. La identidad de clase

Con una larga tradición de lucha sindical, y enfrentada a varios mecanismos de integración que potenciaron su orgullo colectivo, a partir de los años 30, la clase obrera siguió desarrollando una fuerte identidad. Quizás el período del Frente Popular fue un factor que potenció aún más esta tendencia. El proceso de industrialización parecía demandar que los trabajadores fabriles vieran asentado su status social, y el esfuerzo democratizador del Frente Popular aportó mucho en ese sentido. No obstante las limitaciones que tuvo el gobierno, para muchos sectores populares la sensación fue la de estar presenciando, por primera vez, la llegada al poder de los trabajadores. Un mito que la propia derecha asentó, a través de su campaña del terror.

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La literatura social de esos años fortaleció la imagen del obrero y la familia proletaria y de los componentes éticos de su lucha cotidiana. Nicomedes Guzmán, por ejemplo, en su novela La sangre y la esperanza, publicada en 1943, nos muestra a Guillermo, un orgulloso y comprometido obrero tranviario, que debe enfrentar las consecuencias personales de su actividad sindical. Su esposa debe trabajar como lavandera y es el soporte afectivo necesario para mantener la cohesión familiar.

La trama transcurre en el barrio San Pablo y sigue las andanzas de Enrique, el hijo del matrimonio, por entonces de unos 10-12 años. El tema central es la temprana experiencia social que va teniendo el niño, que gira en torno al ambiente laboral de su padre y la vida del barrio. La conciencia de clase del padre, Guillermo, comprometido dirigente sindical, contrasta con la calidez de la madre, abnegada esposa y protectora de sus hijos. La hija, Elena, una joven obrera, se enamora de un poeta de ideas revolucionarias que despierta los recelos del padre, orgulloso de su clase. Enrique se va mezclando en el ambiente sindical, asistiendo incluso a una manifestación callejera, donde se desata la represión policial. Resulta simbólico el momento en que el padre invita a su hijo hombre, de edad suficiente, para que lo acompañe al acto (no así a su esposa ni a su hija mayor). Imposibilitado de trabajar por las heridas recibidas, el padre recibe el apoyo del sindicato de tranviarios. Pero, al prolongarse los días de reposo, la situación se hace insostenible y es el propio niño quien decide comenzar a trabajar para aportar al sustento de su familia.

La ética del esfuerzo y el sacrificio está muy presente en la obra de Guzmán, ambientada en los años 20. En los años 40, en cambio, ya se estaba asentado un ambiente menos adverso y hostil. Los restoranes y bibliotecas populares y las actividades culturales orientadas al mundo obrero que organizaban varias instituciones públicas pasaron a ser mecanismos que crearon vínculos entre los trabajadores y el Estado. Otro cambio operó

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en estos años, al legitimarse un modelo de familia obrera donde la participación laboral de la mujer comenzaba a ser desalentada. El Estado buscó fortalecer el rol materno de la mujer, para así alejar las amenazas del alcoholismo, la ilegitimidad de los hijos y los juegos de azar, y potenciar el rol proveedor del obrero.

17. Los dirigentes sindicales en los años 60

En 1962, se realizó un estudio sobre el pensamiento de los dirigentes de los sindicatos industriales (de Valparaíso, Concepción y Santiago). Si bien se dejó de lado a los sindicatos profesionales, más débiles, esta investigación, aplicada a 231 dirigentes, nos permite percibir el sentido que ellos le daban a la acción sindical, la forma en que se daban las relaciones con los empresarios y su orientación política3.

Respecto del ambiente dentro de la empresa, los dirigentes percibían que no había una gran aceptación del sindicato. Un alto porcentaje señalaba que la actitud empresarial se orientaba hacia la eliminación de la organización (18%), o evitar que esta se fortaleciera (27%). Sólo un 17% pensaba que la empresa cooperaba con el sindicato tanto como fuera posible. Con todo, una alta proporción (73%) sentía que las relaciones entre la gerencia y el sindicato era muy buena o más buen que mala; y sobre el trato personal, un 58% lo calificaba como cortés y amistoso y sólo un 9% como descortés y arbitrario.

Una de las preguntas aplicadas buscaba identificar los objetivos que debía perseguir el sindicato, con indicación del orden de importancia. Como primera opción, un 62% eligió la obtención de beneficios económicos. Algunos aulores han interpretado esta respuesta como un indicio de que; los sindicatos estaban volcados hacia temas materiales y económicos inmediatos, y no se proponían la transformación global de la sociedad. Sin embargo,

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no parece razonable que se haya podido dar una respuesta distinta, considerando que el objetivo prioritario del sindicato es el que los dirigentes identifican. Por lo demás, el objetivo que eligieron como segunda opción incluyó el mejoramiento de la educación y el desarrollo espiritual de los trabajadores (23%), la unificación y fortalecimiento del movimiento sindical en Chile (19%), el desarrollo del espíritu sindical y la solidaridad entre los trabajadores (15%).

El balance que hacían los dirigentes de la acción sindical era positivo. Respecto del resultado de las últimas demandas laborales, un 29% opinaba que habían sido ganadas todas, y un 27% que los logros habían sido importantes, frente a un 14% que opinó que no se había logrado nada. Frente al futuro, la tendencia era aun más optimista. Sólo un 9% sentía que no ganaría nada de sus demandas más importantes, frente a un 45% que pensaba que seguramente se ganarían. No obstante, las razones de esta seguridad no radicaban tan sólo en su capacidad de lucha. Un 34% consideraba que la principal razón que tenían para asegurar un futuro éxito era la actitud favorable de la empresa, y un 9% a su buena situación económica; a esto se sumaba un 6% a las buenas relaciones entre el sindicato y la empresa y un 8% al apoyo del gobierno. Sólo un 36% daba como razón principal la capacidad de presión, incluyendo sus recursos económicos y la solidaridad de otros sindicatos.

Respecto de sus afinidades políticas, para un 43% de los dirigentes, el partido que hacía más por la clase trabajadora era el FRAP, mientras que el 23% opinaba que era la DC. Un 19% señaló que ningún partido la beneficiaba. Una gran mayoría no mostraba ninguna simpatía por las estructuras sociales existentes: un 34% creía que debían ser cambiadas en forma total e inmediata, y un 44% que este cambio no debía retrasarse; solo un 22% optó por una evolución gradual. El diagnóstico sobre la distribución de la riqueza avalaba esta opinión negativa. La

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brecha entre ricos y pobres se había acrecentado, en el último tiempo, para un 55% de los entrevistados.

18. Las estrategias de la CUT, 1953-1970

Si hacemos un balance de las estrategias de acción de la CUT, encontraremos dos etapas antes de 1970. La primera cubre el período en que Clotario Blest estuvo a la cabeza de la central, entre 1953 y 1961. La segunda se inició ese año y culminó con la elección de Allende.

Algo que une a ambos períodos es el protagonismo de la CUT, casi sin contrapeso, ante el fracaso de levantar otras centrales.

El otro aspecto importante, que da unidad a todo este período, es el relativo agotamiento del modelo industrializador, como hemos señalado antes. Así, los planteamientos de reestructuración económica y social que surgieron en la CUT fueron expresivos del ambiente que rodeaba la época.

La autonomía de la Central respecto de los sucesivos gobiernos fue un tercer elemento que dio continuidad a esta etapa. El presidente Ibáñez hizo el primer intento por controlar la CUT. A poco de asumir como presidente, nombró como Ministro del Trabajo a un dirigente de la CUT, Leandro Moreno, quien militaba en el Partido Socialista Popular (gobiernista) y presidía al Confederación de Obreros Molineros. La CUT, basándose en sus estatutos, declaró que Moreno quedaba fuera de la CUT, para así asegurar su independencia frente a todo gobierno. La asistencia de Ibáñez al acto del Primero de Mayo organizado por la nueva central, a pocos días de haberse fundado, y la aprobación de algunas leyes sindicales lampoco fueron razón para establecer una alianza con el gobierno.

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a) El período de Clotario Blest: las huelgas generales. La estrategia de esta etapa estaba organizada en torno a las demandas nacionales de la CUT, establecidas en su plataforma de lucha. Los temas que quedaban contemplados en ella eran amplios y consideraban cambios profundos para el país.

En el plano más local, a nivel de las empresas, los sindicatos realizaban sus negociaciones con bastante autonomía de la CUT, e incluso de las federaciones respectivas. Se establecía, por tanto, una brecha (o quizás un complemento) entre las discusiones, las propuestas y las acciones lideradas por la CUT y aquellas que eran encabezadas por los sindicatos industriales. La Central tenía en su preocupación el marco nacional, que integraba a los trabajadores no organizados o aquellos que tenían menor peso para negociar. Esto incluía muchos temas claves, como el reajuste de los sueldos y salarios.

En la acción inmediata, la estrategia de la CUT consideraba la organización de paros nacionales que buscaban presionar determinados petitorios. Algunos tenían un carácter simbólico y buscaban mostrar la solidaridad frente a determinados hechos. Otros, eran convocados para revertir actos del Gobierno.

Veamos algunos de estos paros nacionales. La huelga general del 17 de mayo de 1954 se produjo como reacción al proceso judicial que se llevaba a cabo contra Blest, que condujo a su arresto, acusado de injuriar al presidente Ibáñez. La segunda movilización nacional fue el 7 de julio de 1955, como consecuencia directa de la Conferencia Nacional que se había producido poco antes. El paro organizado fue de advertencia, para lograr que el gobierno detuviera sus planes económicos. Por entonces, los roces políticos dentro de la central eran fuertes. Un paro convocado para septiembre de 1955 fue suspendido a última hora, lo que produjo las iras de los grupos más rupturistas. La movilización se reactivó cuando se impuso el plan monetarista del gobierno de Ibáñez (que

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contenía el congelamiento de los salarios propuesto por el FMI). El 9 de enero de 1956 se realizó un paro, que fue respondido por el gobierno con la declaración de Estado de Sitio. La convocatoria de esta movilización fue menor, tanto por las medidas represivas como por las divisiones internas de la CUT (algunos llamaban a la huelga indefinida) y la apatía de los trabajadores.

En este escenario se produjo, en abril de 1957, una movilización callejera que vino a demostrar la existencia de grupos sociales que no respondían a una dirección clara y que sobrepasaban a la CUT y otras orgánicas populares. Los hechos fueron conocidos como los "Sucesos del 2 de abril". Se iniciaron a raíz de una protesta organizada contra el alza de los pasajes de la locomoción colectiva, promovida inicialmente por la FECh, a fines de marzo. Ante la detención de los dirigentes y la represión callejera (que provocó la muerte de Alicia Ramírez), el 2 de abril se produjo una asonada callejera en el centro de Santiago, que incluyó el saqueo de tiendas y la quema de vehículos. Los manifestantes no respondían a ninguna conducción y no lograron ser contenidos por Carabineros, lo que provocó la declaración de toque de queda.

Hacia esta época, el apoyo político de Gotario Blest al interior de la CUT se había debilitado. El presidente de la CUT estaba bastante decidido de llevar a cabo una estrategia de movilización social ascendente que provocara un cambio en la orientación del gobierno, replicando en cierto modo la estrategia de la acción directa de los anarquistas. En 1959 y 1960 esto se profundizó por la influencia que ejerció en él el ejemplo cubano. El objetivo insurreccional de las huelgas generales pasó a ser un objetivo explícito en su discurso.

A esto se agregó la actitud de los dirigentes democratacristianos al interior de la CUT, quienes alegaron por el carácter excluyente de la Declaración de Principios, incompatible con su orientación cristiana. La Declaración fue cambiada en algunos aspectos, en

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1957, eliminándose las referencias a la lucha de clases y el "socialismo integral". En 1959 fue modificada nuevamente, sin dejar conforme a anarcosindicalistas, trotstkistas ni democratacristianos. En 1962 se terminó concordando una nueva declaración, que ya no tenía el mismo sello de la original.

Lo que estaba enjuego en todo este debate era el tipo de unidad que se estaba construyendo al interior de la CUT. La que promovían algunos (como Clotario Blest) era una unidad en torno a objetivos muy definidos, que no abriera dudas sobre el carácter de los cambios que se promovían en la sociedad. Otro grupo, liderado por los comunistas, enfatizaba una unidad más amplia, que incluyera a los grupos no marxistas, en torno a demandas específicas, que no rehuyera aspectos políticos, pero sin una definición clara respecto del proyecto de gobierno que se perseguía.

En este clima de disputas internas, el 3 de noviembre de 1960 se realizó una concentración para protestar por varios conflictos que seguían sin solución. La concentración derivó en una marcha improvisada que fue reprimida por Carabineros, lo que provocó la muerte de dos manifestantes. Al inicio de la marcha, Blest lanzó su recordada arenga: "El heroico pueblo de Cuba ha sido capaz de enfrentar al imperialismo norteamericano... Nosotros los chilenos debemos responder a este llamado y ser capaces de tener nuestra Sierra Maestra. Debemos desde este instante luchar con nuestras armas, con nuestros puños, con nuestro esfuerzo y valentía. Cuando el pueblo se lanza a la calle nadie lo detiene. // Estamos convencidos que todos los trabajadores de Chile, todos unidos en un paro nacional, seremos capaces derrotar a este Gobierno. El pueblo vencerá a cualquier fuerza bruta que se oponga a su justicia y a su verdad...".

En respuesta a la represión policial se convocó a un paro nacional para el 7 de noviembre de 1960, día en que se realizaron los funerales. En ellos usó la palabra liles!, insistiendo en sus

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expresiones: "Los trabajadores, cansados de someterse a los dictados de la Intendencia y del Ministerio del Interior, cuando indican las calles que debe usar el pueblo para sus desfiles, no aceptamos esa humillación y avanzamos a pesar de que los carabineros quisieron obstruirnos el paso. Seguimos adelante y se produjo el choque violento... Santiago será en este país la Sierra Maestra que aplastará a la reacción y aplastará al señor Alessandri y sus corifeos.." Contra la opinión de Gotario Blest, la CUT decidió levantar el paro. Los dirigentes comunistas acusaron la actitud provocadora de Blest y de los dirigentes de orientación trotskista.

Un nuevo paro, convocado para el 29 de agosto de 1961, en apoyo a varios conflictos sectoriales, puso nuevamente en evidencia la división interna. Contando con la aprobación de la Directiva, que llamó a una huelga por dos días, el Consejo Nacional de Federaciones, por iniciativa de los comunistas, decidió suspenderlo, en contra de la opinión de Gotario Blest. Se argumentó que no estaban dadas las condiciones para que la CUT organizara tal paro. Esto motivó la renuncia del presidente de la CUT. Blest no estaba de acuerdo con realizar cambios profundos a través del "actual régimen de legalismo y pseudo-democracia".

Más allá de la disputa político-ideológico y estratégica que estaba detrás de este conflicto, Gotario Blest fue separado de la conducción de la CUT de una forma bastante bochornosa. Teniendo en cuenta las constantes muestras su entrega personal, resultó bastante injusto que se le arrojaran monedas al abandonar un acto. Así lo reconocieron, por lo demás, algunos de los protagonistas de ese incidente, tiempo después.

b) La estrategia ramal o sectorial. Con la salida de Blest, la dirección de la CUT pasó por una etapa de transición. Durante algunos meses, ejerció como presidente el dirigente Juan Campos (PC). En agosto de 1962 fue elegido en el cargo el socialista Oscar Núñez. En 1965 llegó a la [¡residencia Luis Figueroa (PC).

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La estrategia de los paros generales, sostenida por Blest, comenzó a ser sustituida por la estrategia de la Unidad Popular. La Central pasaba a ser un catalizador de las demandas económicas y sociales de los trabajadores (es decir, mejorar el estándar de vida, defender y ampliar los derechos laborales, demandar reformas estructurales, etc.), abandonando una actitud de cuestionamiento del sistema político (la "democracia burguesa"), como ocurrió en la etapa final de la presidencia de Blest.

Esto no impidió la realización de algunas movilizaciones a nivel nacional, como el paro del 19 de noviembre de 1962, que demandaba un reajuste a las remuneraciones. Pero estas acciones fueron más bien excepcionales.

Las negociaciones promovidas por la CUT, a partir de esta nueva estrategia, tuvieron un carácter más bien sectorial y buscaban acumular fuerzas y no debilitar las instituciones. Los objetivos de la CUT tuvieron componentes estratégicos y tácticos. Iban desde aquellos relacionados con reformas estructurales (nacionalización de las riquezas básicas, etc.) a las reivindicaciones tradicionales (elevar el nivel de vida de los trabajadores, mejorar la capacidad de negociación de los sindicatos, etc.).

Muchas de las huelgas sectoriales promovidas por la CUT en esta etapa no han sido estudiadas en detalle, por lo que no es posible para nosotros sacar conclusiones de datos dispersos. Sin embargo, una huelga que se enmarcó dentro de esta lógica ha sido trabajada con mayor detalle, la de Madeco, desatada en 1962. El sociólogo Joel Stillerman logró reconstruir la forma en que se fue gestando este proceso.

19. Los trabajadores del campo, 1947-1964

La expansión de la vida urbana se produjo en la segunda mitad

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del siglo XX. La atracción de Santiago fue importante, aunque también de otros centros urbanos. En esto influyeron varios factores: la baja productividad de la agricultura que deprimía los salarios, las mayores espectativas de consumo, la atracción por la vida urbana, la búsqueda de una integración social a través de la educación (disponible en las ciudades), etc.

La migración campo ciudad se acentuó a partir de los años 40. Una importante proporción de las mujeres que provenían del campo se incorporó al trabajo doméstico. Según el censo del año 1940, un 32,2% de la fuerza de trabajo femenina estaba ocupada como "servidumbre" (unas 140 mil). Fue a partir de estos años que los sectores medios, y no sólo la clase alta, comenzó a disponer de una empleada de servicio. El símbolo de esa época fue el personaje de radioteatro La Desideria, que ponía de relieve el protagonismo de la mujer empleada de casa particular.

Del total de población activa, más de un tercio (619 mil) se dedicaba a la actividad agrícola, según ese mismo censo. En la práctica, los trabajadores agrícolas habían estado excluidos de la posibilidad de organizarse en sindicatos legales, por las dificultades que establecía la legislación laboral. El Programa del Frente Popular no se había cumplido y la ley que se dictó en 1947, bajo González Videla, resultó impracticable.

En los años 50, la estructura agraria y la situación de los trabajadores no era la misma de comienzos del siglo XX (y menos de la Colonia), como algunos enfatizan con exageración. Por ejemplo, entre los trabajadores agrícolas había distintas categorías: el inquilino, el voluntario, el afuerino y el mediero (o aparcero). El inquilino constituía el grupo más tradicional. Seguía siendo un campesino sin tierra que vivía en el interior del fundo, junto a su familia. A cambio de su trabajo recibía dinero y "regalías" (una extensión de tierra para su cultivo: derecho a tener cierto número de animales, etc.). Su importancia había decrecido en términos

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Sociedad, Trabajo y Neolíberalismo

cuantitativos, aunque las cifras son bastante lluctuantes. El "voluntario", al parecer, era el trabajador más numeroso. Muchas veces era un familiar del inquilino. Su labor era estacional y por ella recibía un salario en dinero, sin regalías. El afuerino era un habitante de los pueblos vecinos o un minifundista, que recibía un salario y algunos alimentos. El mediero era un campesino que establecía un contrato con un dueño de fundo o mediano propietario, para trabajar un predio, recibiendo a cambio la mitad de la cosecha.

El problema agrícola ya era un tema de interés en los años 50, tanto a nivel académico como político. Algunos intentos surgieron para hacerlo visible y ofrecer algunas soluciones. La Iglesia, por ejemplo, estuvo entre las instituciones que comenzó a desarrollar una creciente preocupación. En 1947 se había creado la Asociación Sindical Chile, bajo la conducción de Alberto Hurtado, con objetivos de capacitación y asesoramiento. En forma paralela, la Iglesia había creado la Acción Católica Rural, en 1952, dedicada en un comienzo a aspectos espirituales.

El cambio en la actitud de la Iglesia, el pasar de la evangelización tradicional a la promoción de la organización de los trabajadores, en especial de los agrícolas, fue un proceso de larga gestación. Pero los hechos se precipitaron en la década del 50, cumpliendo un papel importante la huelga de Molina.

La huelga de Molina de 1953. Por el interés nacional que despertó este conflicto, el desarrollo de esta huelga resulta importante. La completa investigación que realizara un equipo encabezado por Heniy Landsberger ayuda en ese sentido. La zona de Molina era excepcional, por su alta concentración de actividad vitivinícola, la importante presencia de peones asalariados y el apoyo de la Iglesia a la organización de los campesinos. A raíz de un encuentro obrero realizado en octubre de 1953, había quedado en evidencia que la legislación laboral no favorecía la organización de los trabajadores rurales. Las resoluciones del congreso sindical, organizado por

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grupos católicos, fue comenzar la constitución de sindicatos o grupos libres de campesinos, con el propósito de presentar pliegos de peticiones. Iniciado este proceso, los patrones se resistieron a la estrategia, acogiéndose a la ley. Iniciada la huelga el Io de diciembre, la respuesta patronal fue el despido masivo de los trabajadores. Por su carácter ilegal, la aplicación de la legislación no se hizo esperar y el principal dirigente del movimiento, Emilio Lorenzini, fue detenido. Las vinculaciones de éste con la Iglesia agilizaron intervención del cardenal José María Caro en el conflicto, quien medió ante el propio presidente Ibáñez.

Si bien la acción de la Iglesia en este conflicto le dio a ésta una gran legitimidad en el ambiente sindical, hasta entonces un reducto de la izquierda marxista, sus consecuencias fueron de limitado alcance. La influencia de la jerarquía católica entre algunos hacendados no le permitió alterar la estrategia predominante que aplicaban los patrones en el campo laboral.

En la huelga de Molina estuvieron presentes varios componentes que luego apreciaremos en los años 60, aunque con mayor nivel de politización: la participación de la Iglesia, la fuerte intermediación de organismos estatales, el bajo protagonismo de los trabajadores directamente involucrados y algunos indicios de clientelismo electoral en la movilización.

Nuevos aires en el campo.- Desde la huelga de Molina (1953) hasta el comienzo del gobierno de Eduardo Frei (1964), los cambios fueron importantes en el campo. No porque se haya modificado sustantivamente la vida campesina, lo que debería esperar algunos años, sino porque fue en esta época que se asentó una generalizada preocupación social y política por resolver el "problema agrario", algo que había sido relegado a un segundo plano en los años 20 frente al predominio del "problema obrero".

Además de la acción de organisi i ios (le Iglesia (algo visible en la huelga

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Sociedad. Trabajo y Neoliberalísino

de Molina), la elección presidencial de 1958 activó la presencia de los grupos políticos en el campo. El avance electoral de Allende en el campo fue ilustrativo del clima de esos años. En términos orgánicos, las agrupaciones de trabajadores agrícolas, campesinos y mapuches, bajo influencia socialista y comunista, realizaron un congreso de unidad de varias de estas organizaciones, que dio vida en 1961 a la Federación Nacional Campesina e Indígena, que se afilió a la CUT.

La Reforma Agraria llevada a cabo por Jorge Alessandri en 1962, conocida como la "Reforma del Macetero" (L. 15.020), agregó otro ingrediente. La iniciativa formaba parte del programa de reformas que promovía, por esos años, el gobierno de EEUU a través de la Alianza para el Progreso. Lo importante de tal iniciativa fue que, por primera vez, se consideró la existencia de una función económica de la tierra, que limitaba el derecho a la propiedad ociosa (es decir, improductiva). Como parte de ese esfuerzo, se creó, en 1962, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

Ese mismo año la Iglesia, específicamente el obispo Manuel Larraín y el Cardenal Silva Henríquez, inició su propio proceso de Reforma Agraria, que incluyó la repartición de algunos predios de su propiedad en 1962, y la creación de organismos como el INPROA, dispuestos a dar asesoría técnica (1963).

Respecto de los grupos católicos, la Acción Católica Rural promovió la creación en 1953 del Instituto de Educación Rural (IER), que tenia como objetivos promover la educación, la cooperación entre terratenientes y campesinos y servir de vínculo con agencias de cooperación técnica. Dentro del mismo ambiente católico, la ASICh, organizada por Alberto Hurtado, pasó de la capacitación y l¡> asesoría a la acción sindical. Fue una activa promotora de la organización de los

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campesinos de Molina. En 1956, la ASICh se transformó en una organización propiamente sindical, que en 1960 creó, a part ir de su departamento campesino, la Unión de Campesinos Cristianos (UCC). La mayoría de sus líderes no eran campesinos, sino intelectuales, sacerdotes (Santiago Tapia) y sindicalistas urbanos, que tenían la preocupación por incorporar la asociatividad entre los campesinos, ofrecer apoyo y asesoría, y contener el avance de las organizaciones comunistas.

En 1962/3 dirigentes vinculados al IER fundaron la ANOC (Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas). La UCC y la ANOC dieron vida, en 1965, a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Pero esta Confederación fue una de varias que surgieron bajo la inspiración de los grupos demócrata-cristianos.

A raíz de la campaña presidencial de Frei, en 1964, surgieron el Movimiento Nacional de Liberación Campesina (MONALICA) y el Movimiento de Campesinos Independientes (MCI), ambos promotores de la organización de los campesinos. Una vez en el gobierno, varios de los dirigentes que habían participado en el MONALICA, comenzaron a ocupar funciones en el INDAP y desde allí siguieron con su trabajo. El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), creado en 1962, fue reestructurado a la llegada de Frei al gobierno, bajo la dirección de Jaeques Chonchol, pasando a tener por misión no solamente el fomento a la pequeña agricultura, sino también la promoción de la organización del campesinado, tanto en términos sindicales como cooperativos. En 1965, había asesorado la constitución de casi quinientas organizaciones sindicales, con un total de 20 mil socios. La importante labor que desarrolló el INDAP en el campo llevó a que, del total de trabajadores sindicalizados en 1968, cerca de la mitad haya estado bajo su influencia.

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Sociedad. 'I'mhajo (/ Ncoíilx'ralísino

20. La Revolución en libertad y los trabajadores: desarrollo económico y distribución (1964-1973)

El lenguaje político y la acción se radicalizaron en los años 60, poniéndose acento, con insistencia, en las críticas al sistema capitalista y su necesaria reestructuración o superación. Al interior del movimiento sindical esto también se produjo. Desde distintas ópticas ideológicas, se demandaba la necesidad de pasar a la ofensiva. A los grupos marxistas, que tradicionalmente habían protagonizado la dirección del movimiento sindical, se les sumó la creciente presencia de los dirigentes de la Democracia Cristiana.

El discurso por el cambio estructural que lanzó la Democracia Cristiana, si bien no logró desplazar completamente a la izquierda marxista, ganó posiciones y se consolidó una vez que Frei alcanzó la presidencia en 1964. Su campo de acción prioritario fue el de los sectores populares no organizados (sobre los cuales se aplicó la política de Promoción Popular), pero el movimiento sindical también fue de su interés. De hecho, la base de apoyo social que esperaba tener la DC descansaba en tres pilares: los pobladores, los campesinos y los trabajadores.

Lapolítica del paralelismo sindical. Entre los dirigentes de la DC no hubo unanimidad respecto a qué estrategia adoptar frente a las organizaciones sindicales bajo influencia de los partidos marxistas. Algunos habían alentado la conformación de una organización sindical de tipo ideológica, que captara a los grupos de trabajadores proclives al mensaje social-cristiano. En esa linca estaba la ASICh (heredera de la orientación de Alberto Hurlado) desde 1956, así como la CLAT a nivel continental. Pero olio grupo opinaba que debía ser una central pluralista (evei íl nali nenie la CUT) el escenario natural de disputa donde se definiría la iulluencia de cada cual.

Al llegar al gobierno, la Democracia Cristiana siguió mostrando esos desencuentros internos. El nuevo Ministro del Trabajo

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William Thayer planteó un proyecto de reforma al Código del Trabajo que pretendía sustituir la unidad sindical y la afiliación obligatoria por un modelo de sindicalismo basado en el pluralismo y la afiliación voluntaria. Ya era evidente, por entonces, que la orientación de la CUT no se alteraría si no se realizaba un cambio del sistema legal. Éste se basaba en la representación única por establecimiento, a través del sindicato industrial, y la idea era sustituirlo por otro que permitiera el surgimiento de varios sindicatos paralelos, asegurando el principio de la libertad sindical. El proyecto no fructificó.

En mayo de 1965, aprovechando el fervor por el arrollador triunfo en las urnas, los grupos sindicales proclives al gobierno convocaron a un acto paralelo al de la CUT, que tuvo como orador principal a Eduardo Frei, un hecho inédito hasta entonces. Dos organizaciones intentaban por entonces disputar la hegemonía marxista de la CUT, aunque a partir de posiciones distintas. El Movimiento Unitario de Trabajadores (MUTCh), liderado por Luis Quiroga, Wenceslao Moreno, Carlos Ibáñez King y Héctor Alareón, era más cercano a la ORIT y se mostraba renuente a participar en organizaciones como la CUT, con presencia comunista. En cambio, los dirigentes del Comando Nacional de Trabajadores (CNT), dirigido por Santiago Pereira y Humberto Soto, intentaban disputar el liderazgo marxista dentro de la CUT. En forma creciente, comenzó a predominar la segunda tendencia, la unitaria, aunque el Gobierno mostraba simpatías por la estrategia del paralelismo sindical.

A partir de 1966, los dirigentes sindicales de la DC comenzaron a izquierdizarse y se afianzaron las críticas al paralelismo. Ernesto Vogel, dirigente ferroviario, era uno de los líderes del grupo rebelde y era contrario a la conformación de grupos paralelos. Al año siguiente, a raíz de varias medidas aplicadas por el gobierno, el distanciamiento del gobierno se profundizó y los dirigentes DC volvieron a participar en la CUT, y con ellos una de las

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confederaciones campesinas (Triunfo Campesino) se incorporó a la Central. El último esfuerzo orientado a crear una central paralela fue promovido a mediados de 1968, con la creación de la Unión de Trabajadores de Chile (UTRACh), idea que no prosperó por la escasa acogida que encontró.

La Reforma Agraria. Las transformaciones en la estructura agraria tuvieron un punto culminante en 1967 cuando se promulgó la Ley de Reforma Agraria, y poco después la de Sindicalización Campesina (16.625). A diferencia de la iniciativa de 1948, la nueva ley alentaba en forma muy clara la organización de los trabajadores, levantando las principales restricciones que la dificultaban. Los trabajadores no necesitaban saber leer ni escribir; podían pertenecer a varios predios dentro de la misma comuna; y estaba permitido negociar en época de cosecha.

Con la Ley de Sindicalización Campesina en 1967 las organizaciones de trabajadores campesinos se adaptaron al nuevo formato legal y pasaron a constituir las nuevas confederaciones y federaciones. La CNC se transformó, en diciembre de 1967, en la Confederación Libertad. Las bases del MCI se constituyeron en la Federación Sargento Candelaria de la provincia de Santiago, en octubre de ese mismo año. Los sindicatos del INDAP, en parte herederos del MONALICA, dieron vida a la Confederación El Triunfo Campesino, en abril de 1968 (de esta surgió, en 1971, a raíz de una división interna, la Confederación Unidad Obrero Campesina, dirigida por el MAPU-OC). Y finalmente, en agosto de 1968, la Federación Campesina e Indígena se transformó en la Confederación Ranquil.

Algo similar comenzó a ocurrir con las organizaciones cooperativas, que surgieron con fuerza en estos años. Un hito importante en este sentido fue la eonslilución de la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas en 1969.

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La afiliación sindical campesina comenzó a crecer rápidamente en el período 1967-1973, a un mayor ritmo que los restantes sectores. La composición interna de esa masa campesina agrupada en las nuevas organizaciones tuvo la siguiente evolución en el tiempo.

Afiliación y participación (%) en organizaciones campesinas: 1968-1972.

Organización 1968 % 1969 % 1970 % 1971 % 1972 % Ranquil 18.253 23,9 30.912 29,8 43.867 31,3 100.299 45,8 132.294 42,8 Triunfo 39.288 51,4 47.510 45,9 63.642 45,5 51.092 23,3 62.073 22,0 Libertad 17.421 22,8 23.024 22,2 29.105 20,8 34.715 15,8 43.798 15,5 UOC 29.355 39.675 S.Candelaria 1.394 1.743 1.7 1,605 2.241 2.989 Prov.Agr.U 355 0,3 1.686 1.219 1.788

76.356 103.544 100,0 139.905 218.921 282.617

Los sindicatos bajo influencia demócrata-cristiana (El Triunfo y Libertad) fueron mayoritarios durante todo el gobierno de Frei. En conjunto agrupaban a dos tercios de los trabajadores sindicalizados. Solo cedieron terreno con el cambio de gobierno, cuando la Confederación Ranquil (PC-PS) pasó a la delantera. Los grupos escindidos de la DC (como el Mapu OC, a través de la UOC) no resultaron exitosos en aumentar su presencia en el sector campesino.

El crecimiento de la afiliación sindical campesina se produjo a un ritmo notable, en un corto período. Pasó de 76 mil a 282 mil entre los años 1968 y 1972, es decir, aumentó casi tres veces su tamaño. Esa tasa de crecimiento fue la que más aportó al crecimiento de la sindicalización en su conjunto, como se aprecia en el gráfico siguiente:

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Af i l iac ión sindical agrícola y no agrícola

900000 S O O O O O

700000 J 600000

1 500000 S 400000

300000 ''¿ju-.ft j|M 2 0 0 0 0 0

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Después de un estancamiento en la afiliación sindical (durante la década del 50 y hasta mediados del 60 la tasa de sindicalización se mantuvo cercana al 11%), la tendencia se comenzó a revertir. Tanto el sindicalismo tradicional urbano (industrial y profesional) como el nuevo sindicalismo rural mostraron un gran dinamismo. Fue a partir de 1966 que se inició la tendencia ascendente, pasándose de 369 mil socios en ese año (14,2%) a 500 mil en 1968 (18,5%), y 939 mil en 1973 (32,5%).

No obstante los remotos antecedentes de acción sindical desde los años 20, los años 60 fueron los decisivos. El papel que cumplieron los partidos políticos en la conformación de las organizaciones de trabajadores del campo fue importante. I 'en > cjuizás lüe más importante el nuevo contexto institucional, que les dio mucha mayor fuerza: facilidades para crear organizaciones territoriales (por comuna, no por predio), con alto nivel de afiliación (por regla general debían tener más de cien socios) y derecho efectivo a huelga (durante la cosecha).

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El historiador Brian Loveman ha tratado de recalcar que las luchas campesinas y la capacidad de organización de los trabajadores agrícolas fue previa a los años 60 y no surgió con la Reforma Agraria a partir de 1967. Por ejemplo, las primeras huelgas ilegales de trabajadores agrícolas, incluyendo en algunos casos la toma de los predios, comenzó en la etapa final del gobierno de Alessandri y al comenzar el de Frei. Una de las más emblemáticas fue la del fundo Los Cristales, en 1965, en la zona de Curicó. Loveman vio en esta trayectoria organizacional una lenta pero efectiva politización de los campesinos.

En cambio, otros autores (por ejemplo Affonso) han dado mayor importancia al contexto institucional que surgió a partir de 1967 y a los esfuerzos de agentes externos (Iglesia, partidos políticos, intelectuales). Además, las estrategias de los campesinos y los trabajadores sin tierra habrían sido moderadas. Las demandas por tierra habrían sido tardías, una vez iniciada la Reforma Agraria, y no en la etapa previa. Sus reivindicaciones antes de 1965 se habrían orientado hacia el mejoramiento de las regalías y del salario. Además, las relaciones personales e instrumentales habrían sido más importantes que los objetivos ideológicos.

Avances y retrocesos. El entusiasmo inicial que surgió en torno al proyecto de Revolución en Libertad se fue debilitando después del tercer año en el gobierno, curiosamente justo cuando se daba inicio a la Reforma Agraria. El atractivo que habían tenido para muchos trabajadores las propuestas de cambio social, cedió lugar a las críticas, incluso en el sector gobiernista.

¿Qué había pasado con el fervoroso apoyo que Frei recibió de distintos sectores sociales al asumir el gobierno, y que se expresó en el acto del Primero de Mayo convocado por sus seguidores? Las reformas promovidas por el gobierno de Frei habían avanzado, pero no al ritmo esperado. Era evidente que las propias contradicciones del proyecto impedían resolver ciertos dilemas.

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La reforma educacional (1965) se impuso sin mayores tropiezos. Pero la Reforma Agraria y la ley de sindicalización campesina debieron enfrentar fuertes resistencias y tardó en aplicarse. Recién fue promulgada en 1967, sin que se resolviera del todo la tensión entre quienes promovían la propiedad comunitaria y la propiedad individual. O entre quienes veían con cierto recelo la organización política de los campesinos y proclamaban un necesario apoliticismo. La promoción estatal de los sindicatos agrícolas también fue vista con sospechas incluso al interior de la DC, así como el flujo de recursos desde EEUU.

En términos económicos, el gobierno buscó mantener una política de estabilización (con baja inflación) y una política social redistributiva. Esta estrategia encontró la oposición creciente de las organizaciones sindicales, incluidas las oficialistas. Ya en 1966 el gobierno planteó, junto a su propuesta de reajuste, entregar atribuciones al Ejecutivo para que decretara la reanudación de faenas, el nombramiento de interventores y el arbitraje obligatorio, tratando con ello de contener futuras presiones por alzas de sueldos y salarios. La idea no prosperó.

Otro tema de tensión fue la represión que se aplicó sobre ciertas huelgas, como ocurrió en el Mineral de El Salvador (1966) y otros conflictos posteriores. También desalentó la escasa voluntad que existió en el gobierno para otorgar espacios de participación a los trabajadores en las empresas del Estado y avanzar en el mismo sentido en el sector privado. Las escasas empresas autogestionadas (uno de los pilares de la tercera vía de desarrollo, ni capitalista ni socialista) no tenían mayor incidencia en el conjunto de la economía, y mientras más difícil se hacía el manejo económico, menor interés existía por alterar la estructura de propiedad de las grandes empresas.

Un nuevo frente se abrió a fines de 1967, cuando el gobierno impulsó un proyecto que buscaba conciliar su política anti-inflacionista con las demandas de reajuste a las remuneraciones.

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El mecanismo propuesto incluía la creación de un fondo de ahorro obligatorio, prácticamente en manos de un consejo designado por el gobierno, que administraría los fondos acumulados a partir del aporte empresarial, del Estado y de los trabajadores. Este proyecto de capitalización se complementaba con otro, que establecía la suspensión del derecho a huelga, de tal modo que no se pudiera exceder el nivel de reajuste que establecería la ley. La CUT rechazó el proyecto de los "chiribonos", y organizó una huelga general en noviembre, que obtuvo gran adhesión.

Pero el panorama no era completamente negro, y el gobierno podía exhibir avances en su gestión. En 1965, una ley estableció la inamovilidad laboral, restringiendo el despido de trabajadores, e igualó el salario mínimo agrícola al salario mínimo industrial (ley 16.250, de 1965). En abril de 1966, se estableció la seguridad y estabilidad en el empleo agrícola (L. 16.645). Otra ley en beneficio de los trabajadores agrícolas, que se promulgó en 1967, fijaba el pago del salario (en efectivo y en especies) en los días de lluvia (L. 16.611). En materia de condiciones laborales, enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, una ley promulgada en 1968 se puso a la vanguardia de la época, al establecer un estándar muy alto para el nivel internacional (ley 16.744).

Otro cambio institucional importante se produjo con la conformación de los comités tripartitos, algo que ya se observaba en algunos rubros, y que ahora se amplió a nivel nacional (ley 17.074, de 1968). Esto permitió frenar la dispersión que provocaba la negociación por empresa. Las federaciones ramales habían tenido poco peso hasta esta época. El cambio radicaba en plantear una negociación por rama, en torno a un pliego único sectorial, que legitimara a las federaciones como actores relevantes. De este modo, los sindicatos fuertes podrían apoyar a los más pequeños, mejorando las condiciones laborales y salariales para el conjunto de los trabajadores

Cambios en la vida material y cultural. Debido al tenso clima

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electoral que se creó en los años finales del gobierno de Frei, y dentro de un clima de gran radicalización ideológica, los balances sobre el proyecto reformista que se aplicó en los años 60 estuvieron muy cargados por las recriminaciones de unos y otros. No obstante esta dificultad, es posible identificar ciertos cambios visibles.

Por ejemplo, resulta indudable que las pautas de consumo se modificaron, en la ciudad y en el campo, incluyendo mayores posibilidades de acceso al mercado cultural masivo y a la vivienda (a I ravés de programas estatales y soluciones "de hecho" que pasaron a ser reconocidas). Es probable que el ritmo de los cambios no haya sido el esperado, considerando el nivel de expectativas que surgieron. Además, la situación económica se estancó al final de la década, lo que acentuó las críticas, pero el balance mostraba logros importantes. Si confiamos en las cifras disponibles sobre participación de los asalariados en el Ingreso, podremos ver un visible aumento. Es probable que la situación haya sido más heterogénea y que estas cifras promedio no logren mostrar a los sectores postergados. El mejoramiento en la situación relativa de los asalariados habría sido leve entre 1940y 1955 (pasando de un 39,5% a41,9%), siendo mayor el crecimiento en el período 1960y 1968 (47,1 y 53% respectivamente).

Participación en Años

el Ingreso Geográfico Bruto, 1940-1968 Participación de los asalariados

1940 39,5 1945 41,0 1950 42,3 1955 41,9 1960 47,1 1965 47,6 1966 49,2 1967 52,5 1968 53,0

Fuente: Odeplan, citado por Barrera, "Perspectiva histórica", en Cuadernos de la Realidad Nacional, N"9, septiembre/1971, pág. 154.

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Ya hemos mencionado que, desde los años 40, estos avances en el nivel de ingresos y en la distribución de la riqueza no habían sido equitativos para obreros y empleados. El propio gobierno de Frei intentó revertir la brecha entre el trabajador urbano y el rural. Uno de los propósitos de la CUT (y que acogió el programa de la UP) fue profundizar los mecanismos que establecieran un mayor equilibrio entre obreros y empleados.

Otro cambio importante, en el plano laboral, fue el explosivo aumento en la sindicalización, no sólo explicada por la mayor organización de los campesinos y obreros agrícolas, sino también por la mayor participación de los obreros de las pequeñas y medianas empresas. El mayor poder negociador de las federaciones ramales alentó la integración de pequeños sindicatos, que de otro modo no disponían de mayor fuerza. En términos estadísticos esto se tradujo en la disminución del tamaño promedio de los sindicatos.

En materia de reivindicaciones laborales, los trabajadores aumentaron su participación en huelgas, aunque disminuyó el promedio de días en paralización, algo que se podría explicar por la mayor efectividad de las movilizaciones.

No obstante el clima de tensión entre la CUT y el gobierno, agudizado aún más con la cercanía de las elecciones, la actitud que adoptó la Central con ocasión del levantamiento militar del 21 de octubre de 1969 (Tacnazo) fue de defensa de la institucionalidad. Sin que esto significara un apoyo al gobierno, como se insistió en las declaraciones públicas, la Central llamó a un paro nacional y a la ocupación de los lugares de trabajo.

Poco después, en noviembre, el gobierno firmó un Acta de Acuerdo con la CUT, acogiendo varias demandas sindicales referidas a reajustes de sueldos y salarios, y asignaciones familiares.

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21. Los trabajadores y la Unidad Popular

Pocos momentos han marcado más la historia de los trabajadores que el período de la Unidad Popular. No intentaremos siquiera hacer acá una reconstrucción de este proceso (lo que implicaría un espacio mayor, y entrar en ámbitos que exceden este texto). Pero el relieve que tuvieron los trabajadores en él no parece posible obviarlo.

Tanto por lo que sucedió en aquellos días (el nivel de politización de los sindicatos, la intervención de las empresas, la acción de los cordones industriales, etc.) como por la memoria que surgió con posterioridad, la Unidad Popular sigue siendo un hito en la historia laboral.

No todos los trabajadores hicieron suyo este proyecto, pero desde la década de los 50, con la fundación de la CUT, una buena parte de las orgánicas sindicales dieron respaldo a cambios estructurales que se orientaban hacia la sustitución del modelo capitalista, por lo menos bajo la forma en que venía funcionando en América Latina. La Unidad Popular fue uno de los proyectos que se planteó esos objetivos. No el único, pero sí el más importante.

En la declaración de principios de la CUT, de 1953 ya se planteaba el objetivo de sustituir el capitalismo. Todas las vertientes con presencia en la CUT participaban de esta idea. Diferían en las salidas posibles: la abolición de toda institucionalidad política (los anarcosindicalistas), la propuesta "comunitaria" (de los demócrata cristianos), el liderazgo populista de Ibáñez (durante algún tiempo fue la opción del PSP), la estrategia del Frente de Trabajadores (PS) y el proyecto de la Unidad Popular (PC y PSCh). La idea de cambio social atravesaba casi todo el espectro político. Con el tiempo, y tras el agotamiento del proyecto demócrata cristiano, durante el gobierno de Freí, la Unidad Popular fue

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vista por muchos trabajadores como el camino que traería justicia, dignidad y una mejoría en las condiciones de vida de los sectores populares.

Varias historias sindicales que reconstruyen estos años han pasado revista con detalle al proceso de la Unidad Popular. Sin embargo, generalmente lo han hecho desde una perspectiva más bien partidaria, donde el protagonismo ha estado radicado en las estructuras de los partidos, los debates ideológicos, la postura del Gobierno. Es decir, buscando en la CUT la proyección de una realidad que se originaba fuera de ella, algo que aquí trataremos de evitar.

El acuerdo CUT Gobierno, noviembre de 1970. A pocos días de la elección de Allende, la CUT y el nuevo gobierno firmaron un acuer-do que explicitaba los compromisos referidos a los trabajadores. El documento contenía varios beneficios de tipo económico (au-mentos salariales y de pensiones, bonificaciones), modificacio-nes al Código del Trabajo (sobre organización sindical y negocia-ción colectiva), disposición a establecer mecanismos de participación de los trabajadores en la dirección de las empresas y en las instituciones de seguridad social y el compromiso de legalización de la CUT.

No era primera vez que una organización sindical a nivel nacional daba su respaldo a un gobierno. Antes de la Unidad Popular, dos gobiernos contaron con el apoyo de una central sindical (en ambos casos fue la CTCh), lo que significó un alto grado de involucramiento de los sectores que ésta representaba. Ocurrió con el Frente Popular (1938-1941); y durante algunos meses, al asumir Gabriel González Videla (1946 y comienzos de 1947). Las experiencias habían sido breves y conflictivas, especialmente en el segundo caso. Más fuerza tenía la "cultura de oposición", es decir, la experiencia de situarse en confrontación con los sucesivos gobiernos, sobre todo durante las administraciones de Ibáñez,

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Alessandriy Frei. Esta estrat egia sindical opositora, en todo caso (con la excepción del período más radicalizado liderado por Blest), no significó una ruptura total con los gobiernos. Además, la CUT mantuvo su compromiso con la estabilidad del orden democrático. Esto no sólo se expresó en 1969, con el Tacnazo, sino también en las movilizaciones sindicales. En ellas, generalmente se combinaba la fuerza con la concesión. En el gobierno de Frei, por ejemplo, la CUT llegó a ciertos compromisos que constituyeron la base del Acuerdo Gobierno-CUT, que luego se replicaría en 1971 con Allende.

Si bien la firma del acuerdo entre el gobierno de la Unidad Popular y la CUT manifestaba el interés del gobierno por mantener una base social de apoyo en la clase trabajadora, también demostraba que el punto de encuentro estaba en el Programa y en la composición partidaria de la alianza de gobierno. La CUT no llegó a integrar directamente el gobierno (aunque algunos de sus dirigentes alcanzaron altos puestos), sino que mantuvo su independencia, aunque brindando su apoyo entusiasta a las acciones que se encaminaban a llevar a cabo el Programa.

Esta peculiar relación entre la Central y la Unidad Popular intentaba mantener la autonomía del movimiento sindical respecto de los gobiernos. La militancia de la mayor parte de los dirigentes sindicales (cercanos a los partidos de la Unidad Popular) parecía hacer cuestionable esta autonomía. Pero ésta se hace más entendible si consideramos que la CUT se planteaba como una organización representativa del conjunto de los trabajadores, incluyendo a aquellos sectores que tenían otras orientaciones políticas.

La unidad interna del propio movimiento sindical, y de su orgánica nacional, la CUT, exigía adoptar una relación con los gobiernos que estuviera basada en elementos programáticos. Esto permitió la mantención (aunque con constantes rupturas) de las

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distintas corrientes políticas presentes en la CUT. En el deslinde de atribuciones de una organización sindical (como la CUT) y de los partidos políticos (que participaban en ella) la Central trató de mantener un proyecto de cambio social a nivel nacional (política antimonopólica, de nacionalización de las riquezas básicas,) y una defensa más "corporativa" de derechos laborales. Fue esto lo que le permitió mantener un diálogo permanente con los sucesivos gobiernos.

Pero más allá del cuidado que se tuvo en la CUT por mantener la pluralidad política (esfuerzo liderado por el PC con relativo éxito) y por no dejarse amarrar en exceso por las alianzas electorales, el triunfo de la Unidad Popular significó un quiebre, en los hechos. La afinidad programática de la CUT con la Unidad Popular condujo, inevitablemente, a una estrecha vinculación de la Central con el gobierno triunfante.

Esto colocó al movimiento sindical en la encrucijada de tener que conciliar su papel defensor de los derechos laborales con su rol de sostén social del gobierno. Aunque no se produjo un quiebro de la CUT, debido a la hegemonía que conservaron los grupos marxistas, las tensiones internas se agudizaron y quedaron en evidencia en las elecciones nacionales de 1972. Y no sólo esto se vivió a nivel nacional, sino también en los propios centros de trabajo, donde se hizo muy dificultoso mantener la declarada "unidad de la clase trabajadora", en un clima de creciente polarización.

Las Normas Básicas de la Participación de los Trabajadores en las empresas. Uno de los puntos que había sido incorporado en el Acuerdo de 1970 consideraba el papel que le correspondería a los trabajadores en las empresas del Estado o bajo su adminis-tración. Al respecto, los antecedentes eran escasos. Si bien en algunas empresas estatales los sindicatos mantenían algún tipo de representación desde los años 40, ésta era más simbólica que

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real, ya que su presencia no permitía el control de la gestión. El propósito de la Unidad Popular era ampliar la presencia del Es-tado en la propiedad de determinadas empresas (creando el Área de Propiedad Social), pero promoviendo la participación de los trabajadores en ellas.

Uno de los criterios acordados en las Normas Básicas fue mantener una separación entre los sindicatos y los organismos de representación de los trabajadores en las empresas. Los primeros debían mantener su preocupación por defender los derechos de los trabajadores. Los segundos, por su parte, serían responsables de la administración de la empresa.

Las primeras empresas donde se aplicó este acuerdo fueron aquellas consideradas en el programa de gobierno. Se trataba de grandes establecimientos, con complejos sistemas de gest ión. La forma en que se vivió la cogest ión de los trabajadores en las empresas intervenidas puso en evidencia el tipo de compromiso que tenían los trabajadores con el proceso. Las primeras experiencias se dieron dentro del clima de expansión que experimentó la economía. Pero aun así, no se llegaron a aplicar las estructuras predefinidas. El propio Allende lo enrostró a los trabajadores cuando visitó algunas de esas fábricas. Con posterioridad, se intervinieron empresas menores que 110 estaban consideradas en el plan inicial. Estos trabajadores de empresas pequeñas y medianas, liderados por algunos partidos políticos, se radicalizaron porque eran los más interesados en recibir los beneficios de la incorporación al Área de Propiedad Social.

El gobierno, con dificultades frente a la oposición, que conservaba la mayoría en el Congreso, debió contener estas intervenciones ilegales. Una ministra de extracción popular, como era Mireya Baltra, se encargó de devolver las empresas, enfrentándose a los propios trabajadores.

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En el otro extremo, en algunas grandes empresas que sí estaban consideradas dentro del plan de gobierno hubo trabajadores que se resistieron al proceso de intervención, debido a que creían que su situación se vería perjudicada y sus beneficios igualados. Los casos más emblemáticos fueron los de la CRAVy la Papelera, donde además existía una cultura patronal paternalista muy fuerte. Fueron las primeras muestras de la existencia de sectores obreros no comprometidos con el proceso de la Unidad Popular, algo que volvería a manifestarse en las reñidas elecciones de la CUT.

Las elecciones directas de la CUT, mayo de 1972.Tanto para me-dir fuerzas entre los distintos partidos políticos como para legiti-mar la representatividad de la Central, la elección del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT por voto directo fue apoyada por todos los sectores. Los grupos minoritarios (principalmente el MIRy la DC) hicieron esfuerzos por reorientar la estrategia de la CUT. Un tema de debate se refería a los mecanismos de partici-pación en las empresas. Los dirigentes demócrata-cristianos apoyaban la idea de dar una representación mayoritaria a los trabajadores en los comités de administración. Esto les permiti-ría contener el control estatal a través de los delegados del go-bierno. Otro tema de debate era propuesto por los dirigentes de la ultra-izquierda, quienes se manifestaban críticos frente al com-promiso del gobierno con la "democracia burguesa". En su lugar proponían el poder popular. Todas estas posiciones contrapues-tas fueron planteadas en las elecciones de la CUT.

El proceso eleccionario fue objeto de una gran controversia, debido a denuncias por irregularidades en los padrones. Los resultados oficiales dieron muestras de algunos cambios en la composición política de la Central. Los demócrata-cristianos, por ejemplo, elevaron su representación a un 26,3% (en 1968 había sido de 10,2%). Los grupos disidentes de la DC (IC y Mapu) obtuvieron un escaso apoyo. Tampoco lograron respaldo los dirigentes del MIR. Los delegados comunistas y socialistas mantuvieron el control de

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la CUT, con un 30,9 y un 26,4% de los votos, respectivamente.

Resultados de las elecciones de la CUT de 1972 Organización política Votos recibidos % Dirigentes

elegidos Comunista 173.068 30,89 18 Socialista 148.140 26,44 16 Democracia Cristiana 147.531 26,33 16 MAPU 25.983 4,63 2 Radical 21.910 3,91 2 MIR 10.192 1,81 1 USOPO (socialistas fuera de la UP) 5.420 0,96 Izquierda Radical 3.572 0,63 Comunista Revolucionario (maoísta) 3.330 0,59 Izquierda Cristiana 3.216 0,57 Social Demócratas 1.616 0,28 Independientes 1.599 0,28 Anarquistas 673 0,12 Blancos y nulos 13.990 2,49 TOTAL 560.240 99,93 55

Los trabajadores y la ofensiva de la derecha. La relación de los trabajadores con el gobierno pasó por varias fases. En el primer año, la relativa estabilidad económica y política dieron fuerza a la alianza entre la Unidad Popular y la clase trabajado-ra. Pero con la creciente desestabilización, esa relación comenzó a variar.

El primer hecho significativo fue el paro de camioneros, en octubre de 1972. El desabastecimiento del comercio y la industria provocó una acción decidida de la CUT. Los trabajos voluntarios para mantener la producción y la ocupación de las empresas hicieron

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crecer la efervescencia política en los sindicatos. Los contactos entre los trabajadores a nivel territorial, en torno a los cordones industriales, hicieron potenciar estas estructuras de coordinación, complementarias a las organizaciones ramales y provinciales favorecidas por la CUT.

La huelga de los mineros de El Teniente, en julio/agosto de 1973. cambió este escenario. Por primera vez no eran los pequeños comerciales ni los camioneros los que paralizaban contra el gobierno. Eran trabajadores de un sector clave, como la explotación de cobre, quienes se oponían a una medida tendiente a nivelar la condición económica de obreros y empleados. El gobierno decidió no ceder ante tales demandas, argumentando la situación excepcional de los trabajadores del cobre y la delicada situación del país. Los trabajadores se dividieron frente al conflicto, profundizándose la brecha social y política que existía en su interior.

Entre el poder popular y la batalla de la producción. Los estudios sobre los cordones industriales han proliferado en los últimos años, en parte por el interés que existe por rescatar una de las experiencias más visibles de organización sindical bajo formas orgánicas no tradicionales. Además, la vinculación que tuvieron estos cordones con las propuestas de "poder popular" los han transformado en actores claves para comprender los alcances de las estrategias que no aceptaban la utilización de los canales de representación legal.

En este esfuerzo de revalorización de los cordones, muchas veces se ha terminado extrapolando sus alcances (se habla de la existencia de una revolución desde arriba, promovida por la Unidad Popular y una revolución desde abajo, representada por los cordones industriales, entre otros), exagerando su efectivo poder (como bastión de defensa del proceso) y su distancia con la acción de los procesos (como si en ellos no hubiera existido una activa presencia de partidos vanguardistas).

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Sociedad. Trabajo ij Neoliberalísmo

La contradicción entre el mundo social (en este caso los trabajadores) y el mundo político-institucional, que se habría vivido durante la Unidad Popular, fue interpretada como un conflicto entre proyectos.

En opinión de algunos autores, la institucionalidad que procuraba respetar el proyecto de la Unidad Popular (que confiaba en la vía electoral) estrechaba y contenía forzadamente las estrategias efectivas de poder de los sectores populares. El movimiento sindical era el sujeto que más tradición tenía al respecto, como exponente de ciertas tendencias economicistas (o "peticionistas" frente al Estado, en palabras de Salazar). Algo que se había ido atenuando con la participación de nuevos grupos sociales, en los años 60, que aportaron sabia nueva, una cuota de radicalización y revirtieron en parte la burocratización generada por la institucionalización del movimiento sindical. Durante los años de la Unidad Popular, la estrategia de los cordones industriales fue expresiva de ese clima. Si bien surgió para contener el impacto de las huelgas patronales, terminó rompiendo con la lógica tradicional de acción los sindicatos (que actuaba en torno a estructuras centralizadas, de carácter sectorial), logró afianzar los lazos de solidaridad y conciencia de clase y, finalmente, radicalizó el ambiente político al interior de los centros productivos.

Vistos como una manifestación de esta revolución desde abajo, los cordones industriales han sido estudiados por varios autores en el último tiempo (Miguel Silva, Patricio Guzmán, etc.). Su aporte ha sido considerado de tal importancia (sobre todo en su relación con la constitución de un "poder popular") que se ha transitado en los límites del mito.

La consigna levantada por la Unidad Popular se orientaba a defender la consolidación del proceso, bajo la consigna de la "batalla de la producción". Los trabajadores debían ocupar un

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papel central en esta tarea. El ejercicio del poder popular (que en el extremo significaba ponerse por encima de las instituciones estatales, incluyendo el parlamento con mayoría opositora) no siempre se contradecía con esta postura más economicista, centrada en el logro de las metas productivas, pero en la práctica alineó a los cuadros sindicales.

En todo caso, la acción de los trabajadores al interior de las empresas intervenidas fue más compleja que un nítido alineamiento ideológico. Por ejemplo, la preferencia electoral no significó una correspondencia directa con las estrategias al interior de la empresa. En la experiencia de Cristalerías de Chile, los dirigentes de militancia democratacristiana no se alinearon contra la intervención; incluso defendieron la batalla por la producción, lo que no impidió sus críticas al proyecto de la Unidad Popular.

Identidad proletaria, amarillismo y aristocracia obrera. Generalmente la acción sindical ha sido calificada en torno a categorías ligadas a su adscripción ideológica. En un extremo, los rojos y, en el otro, los amarillos (o apatronados). Winn gráfico estos niveles de concientización a partir de estudio sobre los trabajadores de Yarur. La gradación comprendía desde los "apatronados" (los que aceptaban resignadamente las diferencias de clase y confiaban en la intervención generosa del patrón); los "populistas" (deseosos de ver superadas esas distancias sociales, pero confiando en la intervención de un caudillo iluminado); los "gremialistas" (quienes valoraban el papel de los sindicatos, pero en su rol negociador y no político); los "reformistas radicales" (con conciencia del rol de los sindicatos y de los partidos políticos en la defensa de sus derechos, pero combinando pragmáticamente la negociación con la presión social, sin llegar a una ruptura total con las instituciones); y los "revolucionarios" (el sector más ideologizado, que a leí íl aba hacer avanzar el proceso a través de los canales más radicales).

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Sin embargo, durante los agitados años de la Unidad Popular, las afinidades parecieron estar marcadas por variables más complejas. Por ejemplo, el reconocimiento de las diferencias sociales y de su necesaria superación no significaba una automática defensa de la igualación de ingresos. Por otra parte, pareciera que la defensa gremial de los trabajadores se generalizó a tal grado que la propia oposición al gobierno de la Unidad Popular la utilizó para resistir ciertas medidas. Además, fuera de la reflexión política y la adhesión militante, existía un estado de ánimo que sobrepasaba a los propios sujetos. En otras palabras, la reconstrucción histórica también requiere la integración de estos aspectos, las expectativas sobre el futuro, y no sólo la calificación del lugar que cada cual ocupaba dentro del espectro político o el grado de "conciencia" que orientaba su accionar.

Esta complejidad se puede apreciar en forma particular en la huelga de los trabajadores de El Teniente, en 1972. Pero, más allá de su mayor visibilidad en ese conflicto (que mostraba a obreros actuar contra un gobierno que se decía defender sus intereses), la capacidad conductora de la clase obrera y su inclinación hacia posiciones más rupturistas (revolucionarias) había sido puesta en duda por varios autores desde los años 60. Lansberger y Di Telia, por ejemplo, pusieron de relieve cierta tendencia pragmática y burocrática, que privilegiaba los acuerdos en torno a sus objetivos corporativos, especialmente en las empresas más modernas y tecnificadas.

En torno al trabajador rural también se expresó este debate sobre la conciencia de clase. Al comienzo fue calificado como un elemento "atrasado" en su nivel de politización. Pero la rápida expansión de la sindicalización en el campo, a partir de 1967, su fuerza organizacional, y el alto nivel de radicalidad de su acción en los años de la Unidad Popular lo elevaron a una categoría protagónica.

La radicalización política producida al calor de las huelgas, tomas

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e intervenciones de empresas puso el debate de la conciencia obrera en un plano mucho más concreto. Siendo la cogestión en las empresas del Area Social uno de los pilares de la política laboral del nuevo Gobierno, varios estudios han tratado de indagar en ese fenómeno. El de mayor envergadura fue el que realizaron Zelbist y Espinosa, de carácter sociológico y aplicando una metodología cuantitativa, que comprendió el estudio de la experiencia de 35 empresas de la gran industria. Tratando de identificar los factores que facilitaron y limitaron la participación, así como las formas que ésta fue adoptando, la principal conclusión del estudio se refirió a sus consecuencias. Por lo menos para el caso de las empresas consideradas en el estudio, la productividad habría aumentado en relación directa con los niveles de participación y la presencia activa de grupos organizados de trabajadores.

En este debate sobre los niveles de conciencia obrera, muchas veces entendida como adhesión a ciertas corrientes políticas, ha surgido de forma encubierta el viejo concepto de la "falsa conciencia". Esto se traduce en que los trabajadores que encabezaron (o se incorporaron a) la resistencia al gobierno de Allende han sido colocados en los márgenes de la reflexión sobre las contradicciones del proceso. Mayor interés se ha puesto en los estudiantes, las mujeres, los pequeños propietarios o el gran empresariado.

Si bien la renovación académica ha significado una dura crítica a los enfoques marxistas de los años 40 al 70 (criticas excesivas y muchas veces descontextualizadas), la nueva historiografía ha seguido manteniendo distancia frente a los trabajadores que no se sintieron atraídos por el ideario izquierdista de transformación social. Es más, los intentos por recuperar la subjetividad de los trabajadores se ha concentrado en las distintas variantes del apoyo al gobierno, pero no ha puesto atención a la subjetividad de los opositores. Así, los trabajadores hostiles a la Unidad Popular dejan de ser relevantes. La contradicción principal queda

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radicada en los trabajadores que siguen su propio instinto rebelde, y los militantes que se dejan conducir por las directrices del proyecto desde arriba.

Los grupos que más se resistieron al proyecto de la Unidad Popular fueron aquellos que vieron amenazados sus intereses. Sin embargo, esto no habría bastado para detenerlo si no hubieran existido sectores populares que no adhirieron a él, ya sea porque se dejaron influir tanto por el clima de temor y los discursos apocalípticos, como porque las propias dinámicas que se desataron los pusieron fuera del proceso.

Por ejemplo, la cultura obrerista atribuía a la clase obrera la consecuencia y la pureza de todo proceso revolucionario. Este protagonismo, cuando menos a nivel simbólico, pareció opacar la participación de otros sectores sociales. Si bien igualmente asalariados, los profesores, los empleados públicos, del comercio, la banca, no estaban asociados a esta cultura obrera. Curiosamente algunos trabajadores independientes (suplementeros, pequeños artesanos) sí lo estaban, debido a ciertos rasgos comunes de su cultura material. Cómo se relacionaban estos distintos grupos no es un tema fácil de dilucidar. ¿Predominaba su imagen social, su rol económico, su estándar de vida?

Durante la Unidad Popular, la imagen que se había ido gestando del papel de la clase obrera alcanzó su máximo desarrollo. En el imaginario colectivo, de partidarios y detractores, eran ellos los que llegaban al poder, aunque el proyecto político dijera algo distinto. El movimiento sindical ganó en mística con estos componentes valóricos, pero también afectó negativamente su capacidad para establecer alianzas de clase, uno de los ingredientes centrales en el proyecto de la Unidad Popular.

Aunque no estamos seguros de poder afirmar que estas identidades entraron en conflicto durante la Unidad Popular o, al

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contrario, acercaron posiciones en torno a una "cultura popular" común, en la práctica hubo roces, reflejados a nivel local, que tuvieron ese origen. Los supervisores, el personal más calificado, aquellos que se sentían portadores de un status ganado en gran medida a partir de su propio esfuerzo, no vieron con gran simpatía que trabajadores sin gran formación pasaran a tomar posiciones de mayor poder en algunas empresas. Aunque no se puede generalizar al respecto, ya que las experiencias fueron muy disímiles; al parecer, fue un factor que se sumó a los conflictos de origen ideológico.

Orgullo, fervor y odio. Para las viejas y nuevas generaciones de trabajadores, el gobierno de la Unidad Popular parecía permitir, por fin, la realización de demandas largamente esperadas: "había llegado nuestro momento". Al parecer, fueron los trabajadores más jóvenes, muchos de ellos campesinos recién incorporados a la vida urbana, los más entusiastas y su fervor condujo a la crecien-te radicalización política de esos años. A diferencia de la cultura obrera tradicional (asentada en el antiguo proletariado), estos jó-venes trabajadores no tenían la imagen de un triunfo distante.

El desbordante entusiasmo parece haber contagiado a masas importantes de trabajadores. La Unidad Popular había creado un momento distinto, en particular porque el programa de gobierno se definía claramente al servicio de los trabajadores. El clima de gran radicalización y la coincidencia de la necesidad de cambios profundos alentaban la sensación de que, por fin, las frustradas o limitadas experiencias de participación popular serían superadas. Ahora sí se estaba produciendo el momento de la victoria.

Los tiempos eran decisivos para todos los bandos. No se trataba solamente del entusiasmo, sino del convencimiento de que había llegado el momento de actuar. El contenido de la acción era muy amplio y multiforme. Incluía desde el debate permanente, los trabajos voluntarios, el asambleísmo, las marchas y también el aporte en el plano productivo. Esta capacidad de decisión surgía,

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por una parte, de la sensación de estar enfrentados a un enemigo poderoso, pero también por razones prácticas, vinculadas a la satisfacción de las necesidades diarias más inmediatas.

Entre los defensores del proyecto de cambio se vivió un aprendizaje como producto de la experiencia cotidiana vivida en esos años. Entre ellos, los que miraron con mayor pesimismo el curso del proceso comenzaron a sentir desazón por varios motivos. Los obreros no calificados no demostraban tener la menor capacidad técnica para dirigir las empresas. Otros no actuaban en forma responsable y no estaban dispuestos a trabajar. 'Todos mandaban", todos se creían patrones y la mayoría se dejaba llevar por la verborrea política y el abuso frente a la propiedad colectiva. En definitiva, "no estábamos preparados".

Los gremios profesionales, los comerciantes, los pequeños empresarios, además de la clase alta, comenzaron a desarrollar la imagen del trabajador con aspiraciones excesivas, que rompía con toda autoridad y principio del orden. La huelga permanente, el desconocimiento de las jerarquías en la empresa y el caos en que se encontraba la gestión de las empresas intervenidas, colocaba a los trabajadores, y los obreros en particular, como los exponentes más claros del odio y el resentimiento de clase. Esto se sumó al miedo alentado por "la pronta llegada" de la "dictadura comunista" (incluyendo la destrucción de la familia, la confiscación de toda propiedad privada).

Algunos sectores de la clase trabajadora se sumaron a estos temores, ya sea porque efectivamente rechazaban el exceso de efervescencia o bien porque se sentían amenazados en su estatus, y trataron de aprovechar el clima de agitación para presionar por sus propias demandas. Una de las acusaciones que hicieron al gobierno era que este favorecía solamente a sus adherentes.

La conflictividad laboral. Los conflictos laborales en el período de la Unidad Popular alcanzaron su máximo desarrollo, como culmina-

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ción de un protagonismo de la clase trabajadora que se había inicia-do a comienzos del siglo XX. Si observamos la trayectoria de las huelgas a lo largo de la centuria, podremos ver que en los momentos culminantes de la historia política se producía un alza en la movili-zación de los sindicatos. Esto sucedió en el período 1916-1920, que impulsó el reformismo alessandrista. Volvió a aparecer en los años 1924-1925, que antecedieron los cambios impuestos por Ibáñez. No sucedió algo similar con el Frente Popular, que alentó el surgimiento de sindicatos, pero contuvo el conflicto laboral. En la segunda mitad de los años 40, entre 1945 y 1947, la propia crítica al Frente Popular animó el reimpulso de la oleada de huelgas, que acompañó el proce-so que llevó al gobierno de González Videla en 1946. El creciente descontento social que surgió en torno al segundo gobierno de Ibáñez hizo aumentar las huelgas, de un modo fluctuante. Pero la tenden-cia se haría ascendente a partir de la década del 60, que marcó el inicio de una nueva etapa de creciente movilización social que cul-minaría en la Unidad Popular. Sin embargo, la cuantificación del número de huelguistas no permite caracterizar plenamente los pro-cesos. Si consideramos, por ejemplo, el número de días comprome-tidos, podremos ver que esta cifra comenzó a descender en los albo-res de la Unidad Popular, probablemente porque la efectividad de las huelgas desalentaba su prolongación en el tiempo.

H u e l g u i s t a s , 1910-1973

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REFERENCIAS

Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Docente de las universidades A r c i s y Academia de Humanismo Cristiano. El siguiente texto corresponde a una parte de un escrito de mayor envergadura del autor. En esta oportunidad se escogió aquella parte del texto que se circunscribe al período que va entre 1924 y 1973.

1 José Miguel Varas, Chacón, Santiago, 1968, pág. 109 2 Los datos para 1940: 194.049 asociados a sindicatos y los

ocupados, 1.769.570, según el Censo de Población. Los datos para 1952: 284.418 socios y población ocupada, 2.155.293, según el Censo respectivo.

3 Heniy A. Landsberger, Manuel Barrera y Abel Toro, "The Chilean Labor Union Leader: A Preliminary Report on his Background and Attitudes", en Industrial and Labor Relations Reuiew, vol.17, N°3, april, 1964.

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SINDICALISMO, NEO-CORPORATIVISMO Y TRANSFORMISMO.

César Guzmán Concha*

El siguiente artículo explora en algunas de las tendencias carac-terísticas del comportamiento y discursos sindicales contempo-ráneos en los países del cono sur latinoamericano, en particular en Argentina. Brasil y Chile. El texto se sitúa dentro de las coor-denadas que configura tanto su actuación en los procesos de resistencia contra las dictaduras y su posterior participación en las transiciones políticas, como también su reacción frente al desarme de los acuerdos populistas o fordistas de la postguerra y la progresiva instalación de una práctica de desregulación de mercados, privatización a gran escala y promoción de la activi-dad privada, que ha tenido consecuencias para el sector laboral que no encuentran precedentes en etapas previas de la historia de estos países.

Una lectura en perspectiva de la trayectoria de los sindicatos considerando estos factores, permite poner en evidencia que, contra lo que se sostiene comúnmente, el desempeño de dichas organizaciones ha resultado más relevante de lo que aparenta. Es frecuente que en la evaluación o el análisis de la historia reciente en nuestros países, se adscriba a una línea de interpre-tación que considera exclusivamente aquellas tendencias triun-fantes, o que terminan por imponerse, omitiendo a los actores derrotados y las estrategias fallidas. La historia se escribe por los vencedores, reza el adagio. Ciertamente la historiografía, durante las últimas décadas, ha logrado hacerse cargo de la his-toria de las clases subalternas, escribiendo con gran vigor la compleja trayectoria de dicho sector social. Pero la labor de la historiografía en esta materia, valga reconocer, ha ido detrás de

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los acontecimientos históricos. El protagonismo de la cuestión social latinoamericana, la lenta politización de las clases popu-lares, la participación cada vez más frecuente -y muchas veces heroica- en los asuntos públicos, antecedieron largamente los primeros esfuerzos serios y sistemáticos de registrar y dar cuenta de la dinámica de dichos actores. Si este problema en la actuali-dad tiene ribetes menos graves y dolorosos, en la actualidad ha sido desplazado por otro de similar relevancia: la escritura, regis-tro y estudio de las experiencias con capacidad de positividad histórica -real, o potencial- deja a un lado los actores, tendencias y fenómenos que colapsaron. Problema aun mayor cuando se trata de escribir sobre la historia del presente. Según lo ha defini-do Arostegui, "la historia de lo coetáneo, la historia del tiempo presente significa, en definitiva, y como punto de partida para su definición, la construcción y, por tanto, la explicación, de la histo-ria de cada época desde la perspectiva de los propios hombres que la viven. La historia del presente es la historia de una edad cualquiera escrita por los coetáneos. En ese sentido es una cate-goría histórica y en forma alguna un período"1.

En este mismo sentido, es preciso destacar que intentar una perspectiva comparada de la historia presente en estos países, requiere dejar de lado una comprensión de la temporalidad liga-da a las cronologías. El presente en estos países está marcado por la experiencia de procesos comunes, y por el despliegue por parte de los actores sociopolíticos de estrategias similares, basa-das en muchos casos en lecturas que si bien partieron de he-chos diferentes, terminaron asemejando las trayectorias históri-cas y sus resultados. Cierto es que la dictadura en Brasil se prolonga por más de 20 años, mientras que en Argentina ésta "sólo" se prolonga entre 1976 y 1983. Es claro también que mien-tras en Chile hasta el golpe militar se desarrolló por décadas un sindicalismo con una identidad clasista muy manifiesta, en Ar-gentina y Brasil el recorrido del movimiento sindical lo situó en una condición de alianza con el ICstado que fue conocida como

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sindicalismo corporativista. Y que el avance en las políticas de reforma de mercado (las reformas de primera generación, según la denominación del FMI y el BM) fue acelerado y pionero en Chile, mientras que en Argentina y Brasil éste se prolongó du-rante mucho más tiempo, comprometiendo la suerte de los go-biernos electos tras el fin de las dictaduras. Sin embargo, como lo señalamos al principio, en el caso de los sindicatos, éstos des-empeñaron un papel relevante en las luchas contra los gobier-nos de facto, a la vez que las mismas transiciones políticas les impusieron un rol e intentaron orientar su accionar ya durante los gobiernos democráticos. También, en este proceso, debieron enfrentarse a la reestructuración económica, que tuvo por con-secuencia que las bases de identidad y de acción de los mismos perdiera consistencia, encontrando dificultades para encontrar nuevos basamentos que les permitieran resolver la crisis en la que se vieron sumidos.

En efecto, se ha tornado un lugar común constatar la pérdida de la centralidad histórica de los sindicatos o centrales sindicales nacionales en el curso de nuestras sociedades, a partir de la crisis de los años setenta. La larga crisis abierta a partir de esa fecha ha afectado los patrones precedentes de constitución de actores sociopolíticos y de generalización de intereses, incidien-do directamente sobre uno de los actores que formó parte prin-cipal de los pactos sociales de la postguerra, y que dieron origen a los que Hobsbawn denominara la "edad dorada". Durante los últimos veinte años, los sindicatos se han enfrentado a una en-crucijada histórica de proporciones, bregando en un contexto económico que le impide arribar a mejoras estables y sostenidas en las condiciones de vida de los trabajadores, y en un escenario político estrecho, donde el Estado, junto con perder atribucio-nes en materia de política social o de regulación de las relacio-nes entre capital y trabajo, concentra un poder político de enor-me alcance, producto de las exigencias planteadas a las nacio-nes por parte de los agentes económicos, políticos y militares

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dominantes a escala mundial que están a la base de la reestruc-turación global. Sin embargo, este diagnóstico, certero, por su-puesto, es incompleto. Los sindicatos, a través de sus discursos, acciones u omisiones, han sido una pieza de vital relevancia den-tro de las estrategias implementadas para conseguir la viabili-dad de las políticas de reforma económica. Ya se trate de actores que directamente participan de las reformas de mercado, involucrándose en los negocios abiertos con la privatización de la seguridad social (Argentina), o de sindicatos que adscriben a los requerimientos de las empresas, haciéndose parte de sus objetivos y aceptando la flexibilidad como concesión que les pro-mete, en el mediano plazo, defender sus remuneraciones (Bra-sil); o bien, de centrales que negocian con el Estado la modera-ción en el conflicto social a cambio de mejoramientos en las con-diciones laborales perdidas durante la dictadura, constituyén-dose en un factor de la estabilidad de la transición política (Chi-le); en fin, en todos esos casos, el papel jugado por el actor resul-tó de relevancia para los objetivos propios de la transformación económica. En todas las variantes descritas, lo hecho, y tam-bién lo no hecho por los sindicatos, ayudó a la conformación, y en algunos casos a la consolidación, de un escenario de aisla-miento sindical y retroceso en su incidencia en materias políti-cas, sociales y económicas. Salvo en el caso de Brasil2, en el resto de los países, veremos, la dinámica sindical ha visto un predominio de las tendencias que han puesto en el centro la adaptabilidad a las condiciones prevalecientes.

En el artículo describimos las características y trayectoria de las estrategias que han sido denominadas por algunos analistas como sindicalismo de resultados, sindicalismo de sobrevivencia, y sindicalismo consolidador. La historia presente del mundo laboral, como también el propio "estado de situación" actual en materia de condiciones sociales de las sociedades brasileña, argentina y chilena, encuentra en el desempeño sindical un factor de explicación.

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Las resonancias del antiguo modelo sindical.

La crisis de legitimidad del modelo de desarrollo orientado al exterior, durante las primeras décadas del siglo XX, dio origen a la adopción de la estrategia de "desarrollo hacia adentro", o tam-bién denominada de "sustitución de importaciones". En estas circunstancias, la acción sindical pasa a formar parte de un con-texto institucional de regulación estatal y articulación de clases. Un nuevo equilibrio de fuerzas reemplaza al predominio de la oligarquía de base agraria, propio de los años previos a las gran crisis del 29. La presencia de los sectores medios en el aparato del Estado, la emergencia de una burguesía industrial vincula-da a los procesos de urbanización acelerada, la preservación de un status quo en la sector rural, entre otros fenómenos, llevan a los sindicatos a formar parte de un marco institucional que se identificó con las leyes sociales que, en algunos países, tomaron la forma de códigos del trabajo3. En estos, muchas de las viejas aspiraciones de los trabajadores son reconocidas y materializa-das (derecho a huelga, jornadas de trabajo de 8 horas, negocia-ción colectiva), sin embargo las atribuciones del Estado en la vida sindical permiten que se implemente, en mayores o meno-res intensidades según los países, un sistema de regulación y control del conflicto social, que en ocasiones derivó en la pér-dida de la autonomía sindical. La atribución de otorgar (y qui-tar) personalidad legal sobre los sindicatos, la intromisión en la negociación colectiva, la fijación de precios (máximos y mí-nimos) de los salarios y beneficios, entre otras características, permitieron que el Estado gozara de altas prerrogativas en materia laboral. De acuerdo a Zapata, "la consolidación del sindicalismo tanto como representante de los trabajadores en el sistema de relaciones industriales como en el sistema polí-tico constituyó un salto hacia adelante que fortaleció al pro-pio Estado populista, que encontró en ella un interlocutor y un mecanismo de intermediación muy eficaz en sus relaciones con los trabajadores"4.

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Las experiencias populistas de los gobiernos de Vargas en Brasil como de Perón en Argentina, tuvieron enormes consecuencias en la configuración de un sistema de relaciones laborales que marcó la conducta de sindicatos y sindicalistas durante déca-das, enmarcando la acción sindical hacia los parámetros que desde el propio Estado resultaban admisibles. Del mismo modo, en estos países un segmento mayoritario de los sindicatos y tra-bajadores se articularon políticamente en torno a movimientos o partidos que se levantaron como continuadores de la obra de sus caudillos fundadores. Con todo, "la presencia de este marco institucional permitió la expansión cuantitativa del sindicalis-mo. La afiliación se expandió considerablemente, pasando de ser un fenómeno relativamente reducido en tamaño a consti-tuirse en un movimiento de masas (...). A la vez, en estos países, los trabajadores sindicalizados pasaron a ser parte de alianzas políticas que permitieron incrementar aun más la población sindicalizada. Esta expansión tuvo un doble sentido: por un lado fue la expresión de la oportunidad de presionar colectivamente a la estructura política por parte de los trabajadores, y por otro, fue el resultado de un proceso de cooptación inducido por el nuevo Estado populista en formación"5. En el caso de Chile, si bien los sindicatos admitieron, participaron y legitimaron el marco institucional abierto, a diferencia de Argentina y Brasil, el carác-ter y la identidad de los asalariados -su cultura clasista-, junto a las dificultades que encontraron los experimentos populistas para instituirse al estilo de sus países vecinos, confluyeron para evitar que aquellos renunciaran a los objetivos políticos (la abo-lición del capitalismo) que sus antecesores en las primeras dé-cadas del siglo XX le habían destinado a la clase obrera, sin perjuicio de que desde el punto de vista de sus prácticas sociales se observara una similitud que contrastaba con sus discursos y planteamientos. Por tal motivo, los sindicatos arriban a un go-bierno identificado con sus ideales en un proceso de radicalización y polarización social propio de la crisis del modelo mercadointernista hacia fines de los sesenta. En el caso de Bra-

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sil y Argentina, los sindicatos llegan a identificarse con el go-bierno durante el proceso de crisis de la dominación oligárquica y su reemplazo por un modelo industrialista y orientado al mer-cado interno (las décadas del treinta y cuarenta), lo que configu-ró un esquema de relación Estado-sindicatos mucho más estre-cho, que logró una articulación de intereses superior a la exis-tente en el caso chileno durante el mismo período.

En general, el predominio de las estructuras cupulares a nivel de organización sindical instituyó un estilo de negociación con idénticas características. Por otro lado, dicho sistema de nego-ciación se relacionó directamente con el sistema político, lo que derivó en que la presión reivindicativa de los sindicatos se diri-giera hacia el Estado antes que a las empresas o a las organiza-ciones patronales. Bajo la influencia de estos fenómenos emerge un tipo de liderazgo sindical que se caracteriza por su funcionalidad al Estado populista y a los requerimientos propios del modelo económico implementado. En la denominación de "pelegos" (Brasil), o de jefes o burocracias sindicales (Argentina), estos dirigentes servirán como amortiguación de las fricciones propias del conflicto derivado del reparto de la riqueza del traba-jo, convirtiéndose prácticamente en vehículo de transmisión de las políticas estatales sobre el sector laboral. En estos casos, dichos liderazgos están soportados en poderosas organizaciones sindicales, nacionales y por rama, con altos ñnanciamientos donde el Estado juega un papel relevante al imponer sistemas de financiación de las organizaciones (descuentos obligatorios) o bien otorgando autonomía para la generación de negocios pro-pios con dichos recursos -orientados a la prestación de benefi-cios a sus afiliados-. En Chile, la capacidad económica de los sindicatos nunca llegó a alcanzar la magnitud de sus homólogos argentino o brasileño, salvo en casos muy particulares (los sin-dicatos cupríferos, las categorías profesionales de los empleados estatales), y tampoco desarrollaron un sistema de cobertura de seguridad social complementario a la altura del sistema provisto

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por el Estado, por lo que su poder no encontró basamento en el manejo de dichos recursos.

Este estilo de liderazgo y conducción sindical queda en la encru-cijada una vez que la crisis del modelo industrialista desemboca en las dictaduras militares. Bajo las dictaduras, el principal blan-co de la represión estatal en el sector laboral será aquel que intentó articular una política sindical alternativa al burocratismo corporativista: las oposiciones sindicales brasileñas, la CGT de los argentinos, el nuevo sindicalismo. En Chile, durante el pri-mer tiempo de la dictadura, con excepción de las dirigencias de filiación demócratacristiana -que apoyan el golpe y miran con cierta expectativa un gobierno que aparentemente les promete el monopolio de la representación sindical-, prácticamente todo el resto deberá pasar a la clandestinidad o al exilio, producto de su adhesión al proyecto de transformaciones del gobierno de la Unidad Popular.

Las dictaduras militares, y luego la desarticulación del bloque de países socialistas, significaron duros golpes para la izquier-da. Quizás el más importante haya sido el desarme ideológico y de proyecto, que tuvo serias repercusiones en el mundo sindi-cal, lugar privilegiado donde ésta vehiculizaba su accionar y dis-curso. Simultáneamente, la reforma económica, las nuevas for-mas de gestión del trabajo, la flexibilidad, el desempleo, impo-nían exigencias que significaron mayores interrogantes al movi-miento obrero. Carentes de alternativa, muchos optaron por abandonar cualquier intento de transformación y pasaron a rei-vindicar la política del pragmatismo y la adecuación. Del mismo modo, junto a los elementos del escenario internacional, se agre-gaba la forma según la cual se lograba ingresar a las tortuosas transiciones políticas. En ella, importantes sectores políticos, intelectuales y de la sociedad civil arribaban a la conclusión de que la moderación de la demanda social, así como la cordura en las reformas políticas y en la relación con el empresariado y las

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elites militares, involucraban un horizonte de paz social, creci-miento económico y estabilidad política. Este es, en definitiva, el escenario en el que surgen las tendencias o estrategias sindica-les mencionadas.

Una rápida revisión de los procesos que han dado origen a las tendencias pragmáticas o neo-corporativistas dentro del sindi-calismo en estos tres países sería la siguiente:

Brasil. Los esfuerzos de principios de los ochenta, destinados a la constitución de una única central de trabajadores, y materia-lizados en los encuentros que toman el nombre de CONCLAT, finalmente fracasan, lo que lleva a una situación hacia media-dos de la década, donde se verificaba la existencia de la Central Única de Trabajadores, CUT, y de la Central General de Trabaja-dores, CGT. La primera basaba su poderío en el circuito del ABCD, en el Estado de Sao Paulo, los estatales y algunos segmentos de trabajadores rurales, mientras que la segunda se afincaba en los sindicatos industriales de la ciudad de Sao Paulo. El experi-mento de la CUT generaba desconfianzas en muchos sindicalis-tas históricos, con raíces en las oposiciones sindicales, el anti-guo Comando General de Trabajadores, fundado para apoyar al gobierno de Goulart, y otros sectores proclives a partidos políti-cos de izquierda como el PCB y el PCdoB. La denominación de sindicalismo de resultados es atribuida a la trayectoria del líder sindical Luis Antonio Medeiros, ex militante comunista, quién desilusionado de la experiencia de la URSS, prontamente postu-la la necesidad de obtener conquistas concretas, dejando de lado la ideología. Hacia 1991, en el segundo congreso de la CGT, Medeiros logra alcanzar el liderazgo en la central, desplazando a figuras como las de Joaquinzao (Joaquim dos Santos Andrade) y Antonio Rogerio Magri. La purga hacia los sectores de izquierda dentro de la central facilitó el ascenso de este tipo de estrategia. Es así como en ese año este sector declara fenecida a la CGT y funda Fuerza Sindical. En la actualidad. Fuerza Sindical se le-

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vanta como una de las dos centrales sindicales más importantes de Brasil, junto a la CUT, constituyéndose en un referente indis-cutido de la escena social de ese país.

Argentina. Las características sociales y económicas de la salida a la crisis de los ochenta, fueron objeto de distintas evaluacio-nes por parte de los sindicatos. Por un lado, se encontraron aque-llos que históricamente se reconocían como tributarios del sin-dicalismo clasista -peronista o de izquierda-, opositor a las bu-rocracias sindicales de los sesenta y hasta el 76. Este sector opta por generar una central propia, la CTA, rompiendo con la tradición unitaria en torno a la CGT, al evaluar que el antiguo modelo sindical estaba agotado en sus bases de constitución. Por otro, la propia CGT, fuertemente articulada con la interna del Partido Justicialista, y que se identifica con la gestión de Menem y el PJ en el gobierno. La estabilización de la economía, que había generado el Plan Cavallo, y la segunda victoria electo-ral de Menem, en 1995, "condujo a la mayoría de los sindicalis-tas a dos conclusiones contradictorias: por una parte, que el modelo económico, resistido por unos o aprobado por otros, con-taba con un respaldo popular que hacía prever su prolongada continuidad; y, por otro lado, que la unidad sindical pasaba a ser una imperiosa urgencia para tratar de contener los aspectos anti-sindicales de la nueva legislación laboral en preparación desde el Poder Ejecutivo"6. Las reformas del gobierno de Menem, entre las más relevantes la privatización del sistema de jubila-ción y de riesgo del trabajo, y la reforma al sistema de obras sociales, pusieron en riesgo el enorme poder económico y políti-co de los sindicatos. Frente a ello, el sindicalismo cegetista opta por participar de las mismas, involucrándose como accionista o propietario de las nuevas instituciones emergentes, en una ma-niobra por preservar parte de su anterior poderío. Surge así el término de "sindicalismo empresario", para referirse a aquel que participa de las reformas, tratando de sacar partido de la adver-sidad a través de una estrategia de sobrevivencia7.

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Chile. La gestión de los acuerdos que dieron origen a la transi-ción política de la dictadura a la democracia implicaba extender la concertación al área social. Es así como durante el último tramo de la dictadura, especialmente a partir del fracaso de las protestas del período 1983-84, comienzan operaciones destina-das a asegurar posiciones al interior del movimiento sindical, comprometido históricamente con un discurso y una estrategia de orientación clasista. Según el diseño de la transición, el sin-dicalismo debía combinar dos tipos de tareas. Por un lado, par-ticipar activamente de la disputa electoral, el plebiscito de 1988, y luego las presidenciales de 1989, presentándose como el depo-sitario legítimo de la demanda social. Ello implicaba, con poste-rioridad, ser partícipe de la concertación social, limitando su rol a los parámetros que imponía el concepto de "sindicalismo mo-derno" en boga. Pero, en segundo término, las dirigencias sindi-cales CUT, casi todas comprometidas con el diseño político de la transición, debían comportarse como "agente de regulación y control social", morigerando los términos según los cuales sus bases se expresaban en torno a sus demandas, evitando la ex-plosión de la conflictividad social contenida en dictadura, y afian-zando en sus bases "la convicción de que durante la transición, un orden socio-económico e institucional negociado con el Es-tado y otros actores (por ejemplo, los empresarios) garantiza un horizonte de conquistas de largo plazo más sólido que una explosión no regulada de demandas"8. Por esta razón, el reco-nocimiento político de la legitimidad de la CUT efectuado por el gobierno de Aylwin, y luego otorgarle existencia legal -cuestión que en el anterior período de la CUT, 1953-1973, sólo fue lo-grada en 1971 bajo el gobierno de Allende- resultaba coheren-te con: (i) la necesidad de reconocer simbólicamente a un por-tador de la demanda social; (ii) a través de ello asumir un com-promiso de mejoramiento, en el marco de los límites del nuevo modelo económico, de las condiciones de los sectores popula-res y los trabajadores; (iii) legitimar los contenidos del nuevo modelo económico a través del concurso de la CUT en los deno-

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minados "Acuerdos Marco"; y (iv) contener el conflicto social mediante su rol regulador y de orden social con las bases sin-dicales. Es promovido desde el concepto de "sindicalismo sociopolítico", dispuesto promotor de la concertación social, como respuesta y alternativa al sindicalismo clasista y confrontacional del pasado. Guillermo Campero denominó a esta estrategia seguida por los líderes sindicales como "sindi-calismo consolidador": aquel que confiaba en que los consen-sos con el gobierno y los empresarios naturalmente iban a re-dundar en resultados positivos para los trabajadores.

Haciendo un balance, y según lo ha señalado Rojas H., el sindi-calismo consolidador, con su moderación y el aval de pertenecer a los partidos de la coalición oficialista, "aspiraba a realizar un intercambio político con el gobierno y con el sistema político. Precisamente, pretendían intercambiar moderación por refor-mas institucionales y sociales, favorables a sus intereses. En cierta forma, soñaban con restaurar formas de intercambio político, similares a las que existieron en el pasado, aunque suavizadas considerablemente. Pero el intercambio no tuvo lu-gar. Los partidos políticos no estaban dispuestos a intercam-biar favores de fondo con el sindicalismo. Por una parte, lo sa-bían débil; y por otra, el sistema político que estaban constru-yendo no toleraba dicho intercambio. En este sentido, puede decirse que la actitud moderada y no confrontacional del sindi-calismo fue un obsequio"9.

En Chile, los efectos desmovilizadores de la transición a la de-mocracia y la aceptación indiscutida del modelo económico por la casi totalidad de los actores políticos, hicieron que los dirigen-tes sindicales que aún se resistían a admitirlo no tuvieran más alternativa que operar en función de la nueva realidad. Huérfa-nos de articulación posible con algún partido de gobierno y pre-sionados por el Estado a llegar a consensos (materializados en los Acuerdos Marco), la conclusión fue participar con la espe-

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ranza que la retribución se hiciera expedita, o que se abriera la posibilidad de "arrancar" beneficios, siempre en el ámbito de las negociaciones con el Estado y sin intervenir activamente desde el nivel de empresa.

En definitiva, es perceptible que las nuevas políticas impulsadas por el Estado en estos países han sido eficientes durante la dé-cada en el objetivo de imprimir disciplina en los trabajadores, quitándole a los sindicatos la antigua plataforma que les posibi-litaba crecimiento y avances, pero sin dejarlos abandonados del todo, por cuanto ello implicaría la pérdida de respaldo a los par-tidos políticos que han basado su poderío en las alianzas y apo-yos electorales obtenidos de las masas trabajadoras, a pesar que cada vez más los partidos tradicionales omitan a los trabajado-res de sus agendas programáticas. En el caso de Argentina, es posible comprobar un aumento de las resistencias a las políticas neoliberales, fundamentalmente durante la segunda mitad de los noventa y hasta hoy, pero a costa de un proceso de fragmen-tación que ha debilitado la potencia inicial de dichas manifesta-ciones. Del mismo modo, el agudo y ascendente desempleo se ha constituido como un factor adicional en el proceso de disciplinamiento de la fuerza laboral, que encuentra sus mejo-res posibilidades de protesta -aunque no los mejores resulta-dos- en el espacio del no-trabajo: las organizaciones de desempleados. En Chile, el período de expansión económica de los noventa, en vez de fortalecer la acción reivindicativa de los sindicatos, quienes podrían haber disputado el reparto de la ri-queza generada, terminó siendo el factor que sepultó a la CUT como fuerza política, al consolidar la percepción de inoperancia e inutilidad de la principal central sindical.

Aunque el sindicalismo chileno no contaba con los mismos re-cursos que su homólogo argentino (las obras sociales), y ello limitaba sus posibilidades de intercambio y alianza estructural con el Estado, el mecanismo de cooptación ha sido precisamen-

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te el aval de moderación discursiva y de carácter (la renuncia al clasismo), que en el plano ideológico se ha manifestado en el vaciamiento doctrinario de la CUT. Paralelamente, el vaciamien-to doctrinario (manifiesto, por ejemplo, en la evolución de las declaraciones de principios de la multigremial) ha tenido un correlato en el avance de las ideas del sindicalismo corporativo, técnico, recluido a la empresa y despojado de connotaciones políticas. Si hay un sector que ha crecido en el sindicalismo en el último período, ha sido precisamente el que adscribe a las tesis de la acción gremial despolitizada y utilitarista. Una parte de él se representa políticamente en la CUT y la CAT, pero otro seg-mento no menor es el que se omite ex profeso de cualquier inten-to de actuar al interior de las centrales existentes.

El avanzado desarrollo en la Argentina de un modelo de sindica-lismo de servicios, que operaba administrativamente con inde-pendencia del Estado, aunque no siempre con autonomía finan-ciera, y el esquema de personerías gremiales a organizaciones por rama otorgadas por el Estado, pone de manifiesto un víncu-lo Estado-sindicatos que no se observa en Chile. Aquí, si bien algunos grandes sindicatos implementaron un esquema de asis-tencia similar, éste no alcanzó las magnitudes y difusión del modelo argentino. Así también, aunque en algunos momentos hubo intentos desde el Estado de replicar el modelo de relación Estado-sindicatos de la Argentina y Brasil bajo los gobiernos de Perón y Vargas, ellos no prosperaron por distintas razones (en-tre otras, porque el sindicalismo logra forjar un mínimo grado de autonomía a partir de la fundación de la CUT en 1953 que lo hacía principalmente enfrentarse al Estado con la pretensión de radicalizarlo). Con todo, en estos tres casos se observa que el sindicalismo tuvo por interlocutor y referente privilegiado al Es-tado, cuestión que perdura hasta la actualidad.

En Brasil, en tanto, el sindicalismo burocrático de los años se-tenta, respecto del cual la CUT se alza como una alternativa,

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adquiere remozados contornos con la fundación de la CGT y lue-go con Fuerza Sindical. Sin perjuicio de ello, en diversas ocasio-nes, en algunos momentos en el plano nacional, y en otros en conflictos sectoriales, ambas organizaciones han confluido en campañas de protestas, reivindicaciones o huelgas. Según lo ha planteado Lopes de Almeida, "durante los años ochenta, el 'sin-dicalismo de puerta de fábrica' era sinónimo de combatividad y eficacia. En los años noventa eso no ha sido suficiente. Fue ne-cesario que el sindicalismo se organizase dentro de los locales de trabajo y, además de tratar de temas como los reajustes de sala-rios, los sindicalistas deberán estar preparados para interferir en los procesos de innovación tecnológica, en el sentido de res-guardar empleos, salarios y condiciones de trabajo"10. Estos fe-nómenos, en definitiva, son los que marcan tanto la dinámica interna al interior de la propia CUT11, como su disputa con la estrategia del sindicalismo de resultados que pretende repre-sentarse en Fuerza Sindical.

La aparente asociación entre actores "alternativos", o nuevos movimientos sindicales-laborales (como las organizaciones de desocupados en Argentina, o de trabajadores rurales en Brasil), y el impacto más regresivo de la reestructuración en ciertos sec-tores ocupacionales, puede explicar la importancia que van to-mando las nuevas temáticas y preocupaciones en estos lugares. En todo caso, como lo ha señalado Maceira y Spaltenberg, en Argentina "son estos trabajadores quienes aparecen en el nuevo siglo como la imagen del proletariado, aquellos que no sólo han sido separados de sus condiciones materiales de vida sino que efectivamente no tienen nada que perder. Es de esta condición social de donde deriva su radicalidad, y no del haber asumido tal radicalidad como determinación política a partir del conoci-miento de las causas del proceso que lleva a su aniquilamiento social"12. Esta afirmación también puede ayudar para analizar las posibilidades y límites del movimiento de trabajadores rura-les o campesinos de Brasil. Las nociones sobre la conciencia

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obrera que manejan algunos sectores parten de imágenes pre-concebidas, ignoran el carácter de proceso en los fenómenos de politización y movilización social y laboral, y se equivocan al asig-narle un significado unívoco, ya resuelto, a dicha conciencia. En estos temas, incluso las corrientes que parten de una crítica radical a las formas tradicionales de hacer política se empantanan al asumir controvertibles conceptos -soslayados la mayoría de las veces- acerca de una supuesta "vitalidad" anticapitalista pro-pia del género humano o de los trabajadores. De estas omisiones proviene la pretensión de "no ejercer poder" sobre las experien-cias de organización de los sectores populares, o la confianza en las experiencias de auto-organización de los desocupados (que se referencian en las primeras organizaciones de trabajadores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, tales como las sociedades de resistencia o las mutuales, influidas por las ideas del socialismo utópico y posteriormente del anarquismo). Esta confianza termina siendo tan mesiánica como la antigua fe en "el partido" como vanguardia esclarecida, que resolvería las lu-chas populares.

En el caso de la Argentina, si bien se verifican diversas variantes discursivas dentro del sindicalismo, hay ciertas coordenadas de referencia que parecen hacer más homogéneo al sindicalismo en sus componentes ideológicos (los mitos fundacionales, el signifi-cado del peronismo), que en sus prácticas sociales. Para Novick, "a pesar de esta situación casi inédita de tres centrales sindica-les, más allá de los grandes cambios que registran sus modali-dades de actuación, y su propia identidad política y organizativa, ofrece un rasgo notable de continuidad en su estructura"13.

Por otro lado, no hay que olvidar que la experiencia histórica muestra que los mejores éxitos de los sindicatos se han produci-do en contextos de expansión económica. Y también, que aun-que la fracción organizada de los trabajadores siempre ha sido minoritaria, ello no ha impedido la consecución de importantes

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logros14. Según Zapata, "la estructuración de acciones colectivas de gran envergadura descansa en la existencia de tensiones de-rivadas de un cierto equilibrio de fuerzas en el sistema social y no en el predominio abierto del capital sobre el trabajo. En la medida que el deterioro salarial y la pérdida progresiva de condi-ciones de vida decentes ha reducido considerablemente el peso del factor trabajo en el producto y que se han modificado radi-calmente las formas de acumulación de riqueza, el sindicalismo se ve privado de lo que constituía su principal fuente de poder: la clase obrera industrial"15. Esto llama la atención respecto a los límites de una estrategia de acción basada en consideracio-nes que destacan la radicalidad de las luchas de los desocupa-dos y su potencial de ruptura sistèmica. En efecto, para Zapata "el fenómeno central del mercado de trabajo en América Latina no es el desempleo abierto sino la informalización creciente de la fuerza de trabajo"16.

Adaptación y transformismo en los actores sociopolíticos

La adaptación a las condiciones prevalecientes ha significado una mutación en parte importante del sindicalismo en estos países. Dicha mutación se relaciona íntimamente con la natura-leza de las estrategias seguidas a fin alcanzar un umbral acepta-ble de legitimidad para la reestructuración económica en el marco de transiciones políticas pactadas, es decir, de estrechos márge-nes de maniobra para un Estado post-dictatorial que enfrenta debilitado el desafío de satisfacer la demanda social acumulada durante los gobiernos de facto. En torno al concepto gramsciano de transformismo se han levantado sugerentes tesis que hacen posible interpretar los procesos políticos y sociales que configu-ran el estado actual de cosas en el terreno laboral.

De acuerdo a Basualdo, el fin de la dictadura en la Argentina planteaba el problema de la continuidad del modelo de valoriza-

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ción financiera impuesto por la dictadura, pero ahora en un con-texto democrático con libertades públicas. Según el autor, "se trata de un problema crucial para el afianzamiento de los secto-res dominantes porque ya no podían recurrir a la dictadura pero tampoco, debido al carácter excluyente del proceso económico, se podía plantear como objetivo el consenso social basado en la incorporación de alguna de las restantes fracciones sociales"17. Frente a las dificultades para constituir hegemonía con un ca-rácter duradero se recurre a una estrategia negativa, donde lo central no es constituir el consenso sino impedir la organización y representación política e ideológica de los sectores populares, integrando a sus conducciones políticas y sociales. Para el au-tor, "este parece ser el motivo por el cual, a lo largo de las últi-mas décadas, son cooptados cuadros políticos, dirigentes sindi-cales, etc., que conservan e incluso en algunos casos fortalecen sus liderazgos debido al respaldo que encuentran en los secto-res de poder. Sin embargo, de allí en más, la tarea central de estos 'intelectuales orgánicos' consiste en la desmovilización y la desestructuración de quienes supuestamente representan, por-que en eso consiste fundamentalmente su nueva organicidad en el naciente bloque de poder que conforman los sectores domi-nantes a partir de la vigencia de la valorización financiera"18.

Pero, ¿qué es el transformismo argentino? Con este concepto, el autor remite al proceso de legitimación política y de garantía de la continuidad y profundización del modelo de valorización fi-nanciera, iniciado por los sectores dominantes, pero llevado a cabo por la fracción del capital concentrado interno, que "asu-men la tarea de cooptar al partido político que accede al gobier-no una vez agotada la dictadura militar, a distintos integrantes del partido opositor y a diversas conducciones de organizacio-nes que forman la sociedad civil [especialmente a los sindica-tos]". Pero lo distintivo del caso argentino, lo que lo diferencia del caso chileno, es que aquí "la ideología necesariamente pierde importancia relativa en favor de o t r o s factores de índole mate-

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rial, porque allí radican las ventajas relativas de las fracciones sociales que detentan el poder en una sociedad capitalista"19. Es la coima, el soborno, los "retornos", la participación en negocios con privados y el Estado, el "sindicalismo empresario", como al-gunos lo han denominado, lo que hace factible la cooptación en la Argentina.

Para Moulian, en tanto, una de las claves de comprensión de Chile en la actualidad se encuentra en el vínculo de continuidad que lo une con el Chile de la dictadura. El autor sostiene que este lazo se encuentra en el concepto de transformismo. Para Moulian, "'transformismo' [es el] largo proceso de preparación, durante la dictadura, de una salida a la dictadura, destinada a permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes políticos, las vestimentas democráticas. El objetivo es el 'gatopardismo', cambiar para permanecer. Llamo 'transformis-mo' a las operaciones que en el Chile Actual se realizan para asegurar la reproducción de la 'infraestructura', creada durante la dictadura, despojada de las molestas formas, de las brutales y de las desnudas 'superestructuras' de entonces. El 'transformis-mo' consiste en una alucinante operación de perpetuación que se realizó a través del cambio de Estado [...] pero no hay un cambio del bloque dominante pese a que sí se modifica el mode-lo de dominación"20.

En Brasil, por su parte, Sader ha sugerido que las modificacio-nes en las formas de dominación política no han implicado cam-bios sustantivos en el contenido de la dominación. Las estrate-gias de hegemonía siempre han surgido de acuerdos entre las elites, obviando y subordinando a las clases subalternas. Ha-ciendo un rápido balance de la historia del país hasta la Asam-blea Constituyente, "al finalizar el régimen dictatorial de los años sesenta y setenta, la primera elección presidencial (1985) no se hizo por el voto universal porque la oposición no consiguió los dos tercios necesarios en el Congreso. Fue un colegio electoral el

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que se encargó de designar a los nuevos integrantes de poder ejecutivo, y en ese ámbito la victoria de la oposición sólo fue posible mediante la alianza con fuerzas identificadas con el ré-gimen que terminaba. El nuevo régimen nacía así de un nuevo pacto de elite, hecho a imagen y semejanza del ilegítimo Colegio Electoral. Se restablecieron los derechos civiles pero sin realizar ninguna reforma de las estructuras económicas que sustentan el poder de las elites, tales como el monopolio del capital finan-ciero, la propiedad de las tierras, los grandes medios de comuni-cación, los conglomerados industriales y comerciales. Fue un proceso del tipo que Gramsci denominó 'transformismo', en el que se altera la forma de dominación sin que se modifique su contenido"21.

El concepto de transformismo, como fenómeno y proceso que explica la continuidad y viabilidad del viraje neoliberal, se manifestaría de forma común en las estrategias emprendidas con el objetivo de conseguir que los únicos que en aquel momento podían desarrollar una oposición activa, otorgaran validez y/o legitimidad al modelo económico, en circunstancias que las fuerzas políticas principales ya habían pactado la gobernabilidad futura con los sectores económicos emergentes de la reestructuración económica de las dictaduras. Aunque sólo Basualdo se refiere explícitamente al papel de los líderes sindicales en este proceso, y que aparentemente los mecanismos de cooptación desplegados desde el Estado fueron diferentes, el resultado en estos tres países es el mismo: la reestructuración o profundización neoliberal consiguió el compromiso, respaldo u omisión de líderes y sectores sindicales tradicionalmente opuestos a esquemas de desregulación y de dirigentes sociales y políticos que fueron críticos de las reformas de las dictaduras.

Si bien nunca el Estado agota en su representación todos los intereses sociales, los que tampoco están dados de una vez y para siempre como un conjunto completo y coherente, ya que se

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actualizan, amplían o reducen a cada momento, lo que estaría ocurriendo en la actualidad es un proceso de concentración del poder político sin precedentes en los últimos setenta u ochenta años, por la vía de la exclusión cada vez más validada y por momentos consensuada -en el sentido que Gramsci le asigna al concepto- de la participación en el Estado de las clases subal-ternas. Si en el pasado, concertación de clases y sectores socia-les se reflejaban en la -conflictiva- coexistencia de éstas al inte-rior del Estado, hoy estaría ocurriendo todo lo contrario. En con-secuencia, si antes el Estado fue visto como un ente que repre-sentó la "voluntad general" de la nación, en la actualidad su legitimidad en tanto espacio de representación colectiva es limi-tada ya que éste aparece con nitidez defendiendo los intereses de algunos sectores en desmedro de otros. Por tal motivo, las políticas de concertación social que fueron promovidas en los países de América Latina como mecanismo de participación de los trabajadores en los procesos de transición política y de satis-facción de sus demandas, encontraban una imposibilidad de carácter estructural en la profunda transformación experimen-tada por el Estado durante los gobiernos militares.

La autonomía del sindicalismo en este contexto se ha visto se-riamente comprometida, en la medida que principalmente éste ha buscado fórmulas que significan la supervivencia organizativa, hipotecando la búsqueda de una alternativa que implique un reacomodo de las relaciones de fuerza entre capital, Estado y trabajo. Pero también, la salida corporativista, por la vía de los acuerdos de supervivencia con el Estado, en la práctica ha clau-surado o imposibilitado que las organizaciones históricas de los trabajadores puedan identificar y significar las nuevas prácticas de las relaciones laborales que atentan contra dimensiones o aspectos que durante la vigencia del antiguo modelo industrial no aparecían como conflictivas. La exploración en mecanismos corporativistas de nuevo tipo por parte de los sindicatos ha clau-surado la significación y emergencia de demandas que pueden -

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eventualmente- devenir en derechos, los que podrían tener un potencial movilizador que reactive la lucha sindical. Por ejem-plo, los empleos de carácter temporal, vinculados a actividades estacionarias (como en la agricultura, la construcción, el mon-taje industrial), sólo en el contexto actual de desregulación y flexibilidad crecientes adquieren un carácter problemático, al asociarlos al resto de actividades que se tornan estacionarias por una mera decisión de economía de costos. De ahí que la protección al trabajador en los períodos de no trabajo, en mate-ria de salario indirecto o incluso directo, puede transformarse en un derecho tan importante como aquellos a los que se ha considerado históricos.

En definitiva, los sindicatos que responden a las tendencias y raciocinios descritos sólo consiguieron otorgarle mayor legitimi-dad al modelo socio-económico que inicialmente les reparaba legítimas dudas y comprometieron la suerte del sindicalismo y del sector laboral durante la década del noventa. Lo llamativo es que las estrategias "transformistas" desplegadas por las elites que encabezan y conducen las transiciones se ven obligadas a establecer una política hacia los sindicatos, con la pretensión de efectuar un encuadre de los actores sociales hacia los objetivos y procesos contenidos en la reestructuración societal de gran escala implícita en el programa neoliberal. Ello a pesar de que tenían conocimiento de la debilidad con la que el actor ingresa-ba a los procesos de transición. De ahí que la política hacia los sindicatos tenga por característica fundamental legitimar el es-quema de desregulación de la economía, pretendiendo asegurar con ello la estabilidad social necesaria para la expansión econó-mica y la acumulación. Los resultados de la economía durante los primeros gobiernos de la Coneertaeión en Chile, bajo Cardoso en Brasil y hasta el 96 en la Argentina de Menem, parecen ava-lar esta afirmación. A pesar de esto, la eonflictividad social, es-pecialmente en Argentina y Brasil, lia mostrado una vitalidad que contrasta con las proclamas del fin del trabajo o de la clase

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Sociedad. 'I ' iabajo y Neoliberalísrno

trabajadora. Contra los pronósticos y teorías que sostenían el declive, en algunos casos, la desaparición de la clase trabajado-ra y su expresión en tanto sujeto social en la nueva etapa del capitalismo, ésta ha tenido en los trabajadores (públicos y priva-dos, urbanos y rurales) un importante protagonista. Dicho de otro modo, la conflictividad social ha encontrado en la región un importante eje de expresión en el conflicto derivado de las rela-ciones entre capital y trabajo. Si bien los ejes en torno a los cuales han transcurrido las manifestaciones de conflictividad se han multiplicado, y el trabajo, a diferencia de las décadas de vigencia del acuerdo fordista, no aparece como el único factor desde el cual se organiza y manifiesta la conflictividad social, ello no ha implicado ni la decadencia, ni menos el ocaso de los conflictos derivados del trabajo y de la distribución de la riqueza social. En el dinamismo de la conflictividad social se comprueba que la validación por los trabajadores del programa de reforma económica es algo que aún está en discusión, y si bien el trans-formismo en el plano sindical ha logrado cosechar éxitos, éstos no alcanzan a ser definitivos ni concluyentes.

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BIBLIOGRAFÍA

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REFERENCIAS

Sociólogo y Magíster en Historia por la Universidad de Chile. 1 Julio Arostegui, "Reflexiones sobre la historia del presente (pre-

supuestos de un análisis histórico de nuestro tiempo)", en Passatipresent, claus d'interpretado, Barcelona, 1998, p. 96.

2 País en el que hacia fines de los setenta emerge una alternati-va al tradicional sindicalismo "pelegista", corporativo, y don-de la escena sindical presenta una vitalidad explicada por el rol que ha jugado la CUT como referente de prácticas, estilos y discursos con carácter no corporativo, clasista y a la vez movimientista, pero que a la par disputa un lugar central con los referentes clásicos (Fuerza Sindical).

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3 Francisco Zapata, Autonomía y subordinación en el sindicalis-mo latinoamericano, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México, 1990.

4 Op. cit., p. 40. 5 Op. cit., p. 41. 6 Arturo Fernández, Crisis y decadencia del sindicalismo argen-

tino. Sus causas sociales y políticas, Buenos Aires: Editores de América Latina, 1998, p. 177.

7 La participación en las privatizaciones y el esquema de com-petencia entre obras sociales implica "una instancia de preser-vación del espacio sindical, en virtud de los reacomodamientos y los cambios, pero en el congreso del año 2001, 2000, y en todos los foros donde se discute el tema de las obras sociales, se sostiene que la obra social es fundamentalmente solidaria, por sobre todas las cosas y en última instancia es el reaseguro para que los trabajadores tengan más salud por más que te dé más plata, ¿por qué? ¿Qué se busca?, se buscan alternativas pero no totales sino parciales para contener el avance de las prepago, porque el día que las prepago igual que las AFJP te copan en el mercado, ningún trabajador va a tener jubilación ni salud, pero lo que se tiene claro es que hay que preservar este sistema, más allá que existan alternativas coyunturales, puntuales, para entrar un poco en las reglas del juego, porque esto es una lucha salvaje..." (Entrevista personal a Mario Gasparri, Estudios Históricos de la CGT, mayo de 2002).

8 Gonzalo Falabella y Guillermo Campero, "Sindicatos y Transición Democrática", en Campero, G. y Robles, A. (editores) Sindicatos y Transición Democrática, vol. I, Santiago: Planeta, 1991, p. 146.

9 Jorge Rojas Hernández, "El movimiento sindical chileno en la transición a la democracia" en Proposiciones, N° 22, Santiago, 1993, p. 65.

10 Adelmar Lopes de Almeida, "Transic;ao política e reconstrugao sindical no Brasil", en Enrique de la Garza Toledo (compilador), Los sindicatos frente a los ¡>rocesos de transición política, Bue-

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nos Aires: CLACSO, 2001, p. 98. 11 En un artículo de Antunes de 1991, se describía la disputa

interna de la CUT posterior a su IV congreso en los siguiente términos: "¿la CUT debe continuar con esta tendencia recien-te de burocratización e institucionalización, o debe volver a sus orígenes, marcados por a existencia de un movimiento social arraigado en la masas urbanas y rurales y en los asalariados en general? ¿Debe basar su acción en la imposición antidemocrática de una aparente mayoría o debe respetar las decisiones de sus congresos? (...) ¿debe, por fin, abrazar una vía socialdemocrática o debe avanzar en búsqueda de un sin-dicalismo combativo fundado en una concepción socialista (...)?. (Cursivas del autor).

12 Verónica Maceira y Ricardo Spaltenberg, "Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transforma-ciones de la clase obrera en Argentina" en Observatorio Social de América Latina, N° 5, Buenos Aires: CLACSO, septiembre de 2001, p. 26.

13 Marta Novick, "Nuevas reglas del Juego en la Argentina, competitividad y actores sindicales", en Enrique de la Garza Toledo, (comp.) Los Sindicatos frente a los procesos de Transi-ción Política, Buenos Aires: CLACSO, 2001, p. 83.

14 Enrique de la Garza, "Las transiciones políticas en América Latina, entre el corporativismo sindical y la pérdida de imagi-narios colectivos", en Los sindicatos frente a los procesos de transición política, Buenos Aires: CLACSO, 2001.

15 Francisco Zapata, "¿Crisis del sindicalismo en América Latina?", Cuadernos del CENDES, N° 147, Buenos Aires, 2001, p, 16.

16 Op. cit., p. 9. 17 Eduardo Basualdo, Sistema político y modelo de acumulación

en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino du-rante la valorizaciónfinanciera (1976-2001), Buenos Aires: Uni-versidad Nacional de Quilmes / FLACSO / IDEP, 2001, p. 15.

18 Op. cit., p. 16. 19 Op. cit., p. 21 y 22.

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20 Tomás Moulian, Chile Actual: Anatomía de un mito, Santiago: LOM / ARCIS, 1997, p. 145.

21 Emir Sader, "Brasil: Una historia de pacto entre elites", en Atilio Borón, Julio Gambina y Naum Minsburg editores, Tiem-pos Violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 1997, p. ¿?.

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LOS ESTUDIOS DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA: APUNTES PARA EL DEBATE

Antonio Aravena Carrasco *

Introducción

Este texto tiene por objeto describir las principales característi-cas y tendencias de los estudios del trabajo en América Latina. La mirada que entregamos es de carácter general y pretende identiñcar los ejes o ámbitos de análisis centrales de dichos tra-bajos o investigaciones. Al mismo tiempo, este documento tiene por objeto reconocer aquellos procesos o fenómenos que han modificado en términos concretos el trabajo y la situación de los trabajadores en nuestra región.

En las últimas décadas, el mundo del trabajo ha experimentado profundos cambios, los cuales están insertos en mutaciones igual-mente significativas en las estructuras económicas, producti-vas, sociales, políticas y culturales de las diferentes sociedades. En este sentido, las reflexiones que proponemos no tienen sólo una pretensión académica o conceptual, sino también práctica. Es decir, nos interesa mirar a través de estos estudios lo que ocurre con nuestras sociedades, con sus contradicciones y sus componentes esenciales.

En este contexto, el primer capítulo muestra algunos rasgos de los denominados "Nuevos Estudios del Trabajo" (autores, temas, influencias teóricas, etc.). Estos estudios han cumplido un pa-pel fundamental en la creación de nuevos conocimientos respec-to al mundo del trabajo en América Latina. Esta sección actúa como un marco general que permite entender mejor los conteni-dos que se presentan en los siguientes capítulos.

El segundo capítulo propone una reflexión sobre el concepto

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trabajo, el cual ha estado en el centro de la polémica en diversos estudios tanto regionales como mundiales. En el tercer capítulo se entregan algunos antecedentes relativos a la tesis sobre la crisis o el fin del trabajo, para posteriormente (en el cuarto capítulo) ver la manera en que ha sido abordada esta tesis en América Latina. Por último, se contempla una sección final de conclusiones.

1. Los nuevos estudios del trabajo.

Los estudios del trabajo en América Latina han alcanzado un valioso desarrollo en las últimas décadas. Es así como los denominados "Nuevos Estudios del Trabajo" han generado interesantes conocimientos en diferentes planos de la investigación laboral. Según Enrique de la Garza, estos estudios recogen la vasta tradición teórica de la sociología del trabajo, pero no se circunscriben sólo a la visión que entrega esta última. Es decir, la producción teórica y metodológica de la sociología del trabajo converge en una corriente de pensamiento más amplia que pretende ser la punta de lanza de la renovación del pensamiento sobre el trabajo en América Latina.

Los Nuevos Estudios del Trabajo muestran una notable evolu-ción, lo que se refleja en los temas que motivan las investigacio-nes, así como en los enfoques analíticos que ponen en movi-miento. Los estudios han avanzado por múltiples e interesantes senderos, aunque todavía se ven enfrentados a limitaciones y obstáculos importantes. La investigación social, en general, se lleva a cabo en contextos institucionales que no siempre favore-cen proyectos e iniciativas duraderas1. Con todo, los estudios del trabajo han alcanzado cierto nivel de institucionalización, especialmente con la acción de entidades que promueven la re-flexión, la realización de eventos académicos y la difusión de ideas a través de medios escritos y electrónicos. El aporte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) o de la

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Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales (ALAST), por ejemplo, ha sido fundamental2.

Del mismo modo, son relevantes las contribuciones de algunos sociólogos europeos, que han permitido el desarrollo de la socio-logía del trabajo y la difusión de nuestras perspectivas de análi-sis en otros contextos o círculos académicos. En este sentido destacan los aportes de Juan José Castillo, director de la revista española Sociología del Trabajo3.

La sociología del trabajo se viene desarrollando en la región des-de la década de los sesenta, influenciada por diferentes corrien-tes y enfoques teóricos y metodológicos. Sin embargo, pese a estos influjos, no han abandonado la idea de totalidad, lo que se observa en las orientaciones teóricas y metodológicas de las nue-vas investigaciones. Coincidentemente, el desarrollo de los nue-vos estudios laborales tampoco se circunscribe sólo a los proce-sos de trabajo (o al proceso productivo), sino que se amplía al mercado del trabajo, a las articulaciones y dinámicas de los ac-tores (trabajadores, empresarios, Estado) y a las condiciones estructurales que determinan un cierto escenario social, políti-co, cultural, económico o laboral.

La producción intelectual sobre el trabajo en América Latina contiene una "toma de posición" respecto al modelo de desarro-llo o el tipo de democracia que existe en la región y a lo que muchos llaman la sociedad de la exclusión, la hegemonía del mercado, la nueva división mundial del trabajo, la imposición del pensamiento único, etc. Los estudios del trabajo tienen una estrecha ligazón con los problemas globales que afectan a nues-tros países y en ese marco tratan de consolidarse y de constituir un referente para la acción y la generación de políticas, acciones o visiones más integrales por parte de los diferentes actores.

Esta perspectiva estaría relacionada principalmente con los

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marcos teóricos amplios que orientan los estudios de la sociología del trabajo. Es decir, "al tener la sociología del trabajo en América Latina puntos de partida teóricos amplios, que no son sólo socioló-gicos sino económicos y políticos, engarza con tradiciones intelec-tuales latinoamericanas anteriores preocupadas por el desarrollo, el Estado y los sujetos sociales y políticos, pero ahora partiendo del trabajo. En esta medida los conceptos de modelo de producción y modelo de industrialización parecen estar en el centro de las pre-ocupaciones de esta disciplina. Esta opción ha tenido grandes ven-tajas analíticas, porque manteniendo un enfoque sociológico ha permitido romper límites disciplinarios y reconstruir conceptos que no siempre aparecen juntos en los países desarrollados"4.

No obstante, debido a la reciente historia de la disciplina y en consideración de las transformaciones ocurridas en la sociedad y el trabajo, es posible señalar que estos estudios tienen diver-sos desafíos. Entre ellos, de la Garza menciona la necesidad de pensar los problemas metodológicos clásicos de la investigación, vinculándolos con la construcción de teorías; por otra parte, pro-fundizar su relación con los temas del desarrollo, el crecimiento económico o la democracia, ampliando de esta forma su visión; finalmente, propiciar un mayor reconocimiento por parte de sin-dicatos, empresas y gobierno.

Podríamos agregar a estas observaciones que es necesario valo-rar más el desarrollo de la "imaginación sociológica" de los inves-tigadores sociales. Esto, en la perspectiva de descubrir y com-prender las nuevas y emergentes situaciones laborales y evitar la "contaminación" con teorías e interpretaciones reduccionistas, mecanicistas o que simplemente no dan cuenta de nuestro con-texto socio - cultural.

Se deberían fomentar, además, los estudios que vinculen la teo-ría con la investigación social (reconociendo sus mutuas influen-cias), y la investigación empírica con nuevos modelos o procedi-

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mientos de análisis social. Puede ser pertinente valorar diferen-tes paradigmas o enfoques sociológicos que permitan reconocer las heterogéneas realidades sociales y laborales, permitiendo así que la práctica de los intelectuales no remita a un terreno de infecundidad o de pobreza de saber y conocimiento. Asimismo, resulta válido preguntarnos si se está acumulando conocimien-to sociológico significativo para el desarrollo de futuras investi-gaciones.

Los Nuevos Estudios del Trabajo pueden ser considerados como una "sociología ampliada", donde no existen límites estrechos para la investigación. Entre los temas que se privilegian en el continente se pueden mencionar los vinculados con los siguien-tes aspectos: cambio tecnológico y organización del trabajo; fle-xibilidad laboral; sindicatos y reestructuración productiva; mer-cado del trabajo; cultura obrera; estrategias empresariales de modernización; encadenamientos productivos; educación, cali-ficación y trabajo. Asimismo, adquiere especial relevancia la pre-gunta por la crisis o el fin del trabajo5. En los siguientes párrafos haremos referencia a algunas de estas dimensiones de análisis, esperando que nos entreguen antecedentes para entender la si-tuación laboral en nuestra región.

2. El concepto trabajo como tema de discusión.

La crisis del trabajo y una de sus principales expresiones teóricas, "el fin del trabajo", se ha convertido en los últimos años en uno de los principales ámbitos de debate en las ciencias sociales y en la sociología del trabajo de manera particular. En este escenario se ha producido el cuestionamiento de muchas categorías teóricas utilizadas para entender la realidad social y laboral, al tiempo que nuevos conceptos parecen emerger (aunque muchos de ellos no son plenamente aceptados por la comunidad intelectual). Una de estas categorías conceptuales es la de trabajo, que si bien es

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cierto ha sido vinculada a la idea de trabajo asalariado principalmente, tiene diferentes acepciones.

El concepto trabajo es altamente complejo, pues conecta distintos planos de la vida de las personas (objetivos y subjetivos; éticos y morales; económicos, sociales, culturales; etc.). Las distintas ciencias entienden el trabajo de un modo diferente y en sus propios esquemas o marcos teóricos le otorgan significado. Así, por ejemplo, desde el punto de vista económico, el trabajo tiene relación con la producción y la generación de riquezas. Al mismo tiempo, se le considera uno de los factores de la producción (capital, trabajo, medios de producción). Desde el ámbito jurídico, puede ser relacionado con los diversos derechos y deberes que implica, o como un ámbito objeto de regulación. En la perspectiva religiosa el trabajo se asocia a la idea de dignidad humana, de sacrificio y salvación.

En fin, las definiciones y nociones pueden extenderse a otras ciencias y disciplinas. La física concibe el trabajo básicamente como la transformación de energía (química, eléctrica, etc.). La fisiología relaciona el trabajo con los procesos internos en el ser humano donde se acumulan y transforman energías según ciertas leyes o regularidades. Desde un punto de vista estético, el trabajo tendría relación con el desarrollo de la belleza del ser humano y su entorno. La filosofía, por su parte, trataría de rescatar una noción de trabajo vinculada con la idea de espíritu (considerado como actividad).¡Desde una dimensión ética, tendríamos que vincular el trabajo con la constitución más esencial del ser humano, con sus valores, motivaciones y visiones de mundo.

En un nivel etimológico, el trabajo puede representar también distintas cosas. Puede ser entendido como la actividad de trabajar, aludiendo principalmente al esfuerzo f ísico comprometido en ella. También puede referirse al esfuerzo intelectual. O a ambos a la vez.

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Algunos enfoques enfatizan el rescate de un sentido "objetivo" del trabajo, concibiéndolo como la transformación que hace el hombre de la naturaleza, como una actividad que le permite tomar conciencia de su quehacer y que se efectúa en determinadas relaciones sociales de producción. El trabajo es la actividad humana que diferencia a las personas de otros seres vivos y, en este sentido, existe desde la existencia misma del género humano. Desde una perspectiva opuesta, se trata de recuperar una noción "subjetiva" del trabajo o que incorpore las valoraciones y representaciones que las sociedades y los sujetos se forman de él en distintos contextos históricos. Es decir, más allá de sus contenidos objetivos, lo relevante sería apreciar qué idea de trabajo se construye socialmente en diferentes lugares y tiempos.

Muchos autores, en distintos momentos, nos presentan una recapitulación de los sentidos históricos del trabajo. A través de ellos podemos aproximarnos a las ideas que han prevalecido en las distintas sociedades y las modif icaciones que ha experimentado el concepto en diferentes culturas y períodos históricos. ¿Qué es el trabajo?, ¿Qué elementos implica o pone en movimiento?, ¿Cuáles son sus rasgos centrales? Estas son algunas de las preguntas más recurrentes en estos estudios, cinc por lo general nos remiten a las ideas que existen del trabajo desde las culturas de la antigüedad hasta los tiempos modernos".

El trabajo ha sido la principal actividad que han desarrollado los hombres y en ese sentido forma parte consustancial de nuestras vidas. Sin embargo, en la época preindustrial tenía una acepción eminentemente negativa (de sufrimiento y castigo), se relacionaba con el esfuerzo de ciertos segmentos o sectores de la sociedad (clases bajas, siervos, jornaleros) que producían los servicios y bienes necesarios para la reproducción social. El trabajo era concebido como un "mal necesario", y no representaba para los intelectuales una categoría de análisis relevante. En la antigüedad y en la edad media, por ejemplo, había un desprecio social por el

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trabajo, se le entendía como un castigo, y era realizado básicamente por las clases bajas. El trabajo era visto como sufrimiento y señalaba una situación de exclusión social de las clases subalternas más que de inclusión en las estructuras de la sociedad. Esta situación sólo se modificó después de la revolución industrial y de la influencia del luteranismo y el calvinismo principalmente.

La reivindicación del trabajo como valor social aparece en el naciente capitalismo y desde el siglo XIX con más fuerza. Aquí es donde el tema de la moral laboral adquiere relevancia. El trabajo deja de ser percibido sólo en su dimensión negativa (como sufrimiento o padecimiento), siendo apreciado en sus diferentes aristas: como espacio de socialización, de identidad, de vínculo social, también como creador de valor, etc. Es concebido dialécticamente, ya que la forma de entenderlo se construye a partir de sus dimensiones negativas y positivas. En esta época, la noción de trabajo comienza a estar estrechamente vinculada con su connotación asalariada. Desde la revolución industrial, esta idea del trabajo se volvió central, junto a la centralidad que adquirió la clase obrera. De ahí que se haya hecho común asimilar ambas expresiones (trabajo con clase obrera).

Marx y Hegel fueron quizás los primeros en interrogarse críticamente por la situación del trabajo, en un escenario caracterizado por la masificación de la producción, el aumento de los trabajadores en fábricas (asalariados), el desarrollo de la división del trabajo, la mayor relevancia de la ideología del trabajo y su centralidad en la vida de las personas, etc. Si bien es cierto, el pensamiento de estos autores presenta evidentes diferencias, ambos observan los mismos procesos: que el trabajo está siendo transformado por el capitalismo industrial, que los hombres han quedado desposeídos de los medios de producción (ahora en manos de capitalistas), que enfrentan una creciente enajenación y explotación en el trabajo, etc. Será Marx, sin embargo, quien

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llevará a su extremo estas tensiones al punto de cuestionar el contexto político y social en que ellas se materializan7.

Marx hace énfasis en la relación de explotación que observa entre capital y trabajo. El trabajador se hace dependiente del trabajo y de las variaciones del mercado, al tiempo que se ve privado del resultado final de su esfuerzo (del producto), el que finalmente le es quitado por el capitalista (dominio del trabajo acumulado sobre el trabajo vivo). El autor reconoce contradicciones históricas entre capital y trabajo, y plantea que deberían ser eliminadas para permitir la emancipación de los hombres a partir de la experiencia del trabajo. Marx critica también una visión cosificante del trabajo que es instalada básicamente por la economía política en el siglo XIX.

En la Fenomenología, Hegel concibe el trabajo como una actividad fundamental en las relaciones humanas, como un espacio de construcción social e individual importante. El trabajo no se considera sólo en sus rasgos negativos (como un castigo), sino que también en su dimensión positiva, como parte importante de la historia de los hombres. El trabajo es un espacio de construcción de sujetos sociales y, al mismo tiempo, de reclusión de los hombres en el ámbito de la necesidad. Pese a la importancia del trabajo, sin embargo, el trabajador desarrolla su actividad sobre objetos que no posee. Es decir, el trabajador (o el siervo, en la analogía de Hegel sobre el señorío y la servidumbre) se forma una conciencia de sí mismo como dependiente de otra conciencia que es la del señor.

Con el correr del tiempo (ya entrado el siglo XX), el trabajo comenzó a ser vinculado con la idea de racionalización económica, con la producción y el rendimiento, con la determinación de los tiempos y ritmos de producción, es decir, con el ideal de la organización científica del trabajo (aspectos que marcan los esquemas productivos introducidos por Taylor y Ford). Desde

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entonces, se vuelven importantes temas como la disciplina laboral, la sincronización y el cronometraje del tiempo de trabajo, entre otros8.

Este proceso, no obstante, tiene efectos sociales contradictorios. El obrero (y no sólo su trabajo) queda controlado por el capital (control social, no sólo técnico); sus condiciones laborales empeoran; el trabajo deja de formar parte de la vida de los sujetos para convertirse solo en un medio de ganarse la vida. Es decir, se consolida la división entre el tiempo para trabajar y el tiempo para vivir. Por último, se hace más evidente el conflicto entre el capital y el trabajo (el antagonismo entre trabajadores y empresarios capitalistas), lo que denota una situación de desigualdad social más global; etc.

Según Enrique de la Garza (que incorpora una perspectiva histórica - sociológica para el estudio del trabajo) se pueden apreciar cuatro grandes períodos en el capitalismo moderno donde ha sido diferente el papel del concepto trabajo en las teorías sociales: un primer período, que va desde la revolución industrial a la segunda mitad del siglo XIX, con el cambio de la teoría económica clásica por el marginalismo; un segundo momento, que va de fines del siglo XIX a la gran crisis de 1929, de dominio de la teoría neoclásica en economía y donde ésta última se separa de las otras ciencias sociales; un tercer período, que transcurre de la crisis de 1929 a los años sesenta, etapa en que predomina el keynesianismo en economía y donde se produce el acercamiento de la economía con otras ciencias sociales a través del institucionalismo. En esta época, surgen las relaciones industriales como disciplina y se fortalece la sociología y la psicología industriales y del trabajo; por último, el período actual, que iría desde los años setenta hasta nuestros días, donde se produce el ascenso del neoliberalismo, que entra en disputa con el institucionalismo. Aquí surgen las teorías de la posmodernidad y se produce una vinculación entre el neoinstitucionalismo y la sociología del trabajo9.

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Para la economía política, que dominó el campo de interpretación en el siglo XIX, el concepto de trabajo era entendido fundamentalmente como creador de valor. En este sentido, la creación de riqueza (asociada al trabajo incorporado en las mercancías), era su principal preocupación. Asimismo, el proceso de la producción más que el de la circulación o el consumo concitaba su interés. En este período, se instaló una idea que perdurará hasta bien entrado el siglo XX y que tiene relación con la centralidad teórica de la industria y del trabajo industrial por sobre otros trabajos. El crecimiento y la importancia del sector servicios desde la década de los setenta fundamentalmente ha « ocasionado, en todo caso, un cuestionamiento a esta idea.

A comienzos del siglo XX la teoría económica se vio impregnada por un individualismo metodológico y por la idea de "actor racional". Su ámbito de estudio seguía siendo la creación de riqueza, pero no como valor trabajo, sino como utilidad. Asimismo, el trabajo industrial, eje de los análisis, era influido por las teorías respecto a la administración científica del trabajo y el taylorismo. Posteriormente, hasta los setenta, el trabajo se asoció a la idea de institución. Los conflictos de clase no fueron negados por la teoría (como en la fase previa), sino que se trató de encauzarlos a través de instituciones reguladoras.

El neoliberalísmo, inspirado en la teoría neoclásica, ha relegado nuevamente el concepto trabajo y cuestiona las instituciones de regulación laboral que habían sido establecidas en el período previo. El mercado vuelve a ser el articulador de las relaciones económicas y laborales (también sociales) y la flexibilidad es el nuevo concepto que se comienza a instalar y a implementar en los distintos ámbitos de la producción. En el plano teórico se produce un abandono de la idea o noción de clase obrera en las teorías sociales que piensan el trabajo (la que cede paso a la noción de empresario). Asimismo, de la Garza constata el surgimiento de nuevas corrientes institucionalistas, en oposición

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a los neoliberales, tales como: las de las relaciones industriales, el segmentacionismo y el posfordismo. Y esta última que tendría, a su vez, tres expresiones: neoschumpeterianismo, regulacionismo y especialización flexible10.

En lo que serían las influencias teóricas más recientes de las teorías sociales preocupadas del trabajo encontramos los postulados de los posmodernos y los que piensan el fin de la sociedad del trabajo. Para la posmodernidad la crisis de la sociedad actual es total o se refiere a la totalidad de esferas de acción (entre ellas la del trabajo). Según esta visión, la creencia en proyectos globales basados en la razón científica ya no tendría sentido ni serían posibles, los meta discursos y los sujetos sociales tampoco serían relevantes (especialmente la capacidad de articulación social y política de la clase obrera). Lo que predominaría sería la fragmentación social. Sobre los teóricos del fin del trabajo nos referiremos más adelante.

Pero más allá de estas apreciaciones, resulta interesante la propuesta que hace De la Garza en el sentido de considerar que la definición conceptual de trabajo tiene que ver también con construcciones sociales, con relaciones de poder entre los actores de la sociedad. Esta perspectiva interpreta nuestra aproximación al tema. De cierta forma, esta definición conceptual facilita pensar la situación del trabajo en las sociedades latinoamericanas y en nuestro propio país. Para el autor es importante situar la actividad laboral en ciertas relaciones sociales entre los hombres. Es decir, "la diferencia histórica entre trabajo y no trabcyo (De la Garza, 1997), no puede ser determinada por el tipo de actividad, o de objeto, sino por su articulación en ciertas relaciones sociales de subordinación, cooperación, explotación o autonomía. Esta ubicación permite, junto a otros niveles de la cultura y el poder, conferir además significación social al trabajo, definir qué es trabajo frente a lo que no lo es, valorar el trabajo en términos morales y también valorarlo en términos económicos, por ejemplo frente al capital"11.

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Luego agrega, en el mismo texto: "No cabe por tanto la definición abstractá de lo que es trabajo (frente a lo que no lo es), sino que sus significaciones son construcciones sociales que implican determinadas relaciones de poder lj dominación, relaciones de fuerzas que pueden hacer variar los significados de los conceptos. El pensamiento único reduce el trabajo al asalariado, dándole un carácter universal y no histórico. Su visión se complementa con dos conceptos adicionales: el concepto de utilidad, sancionado en última instancia por el mercado y el de productividad total de los factores. De acuerdo con esta última noción, tanto el trabajo como el capital (medios de producción) serían productivos, y con los procesos de automatización se tendría una pérdida ele importancia del trabajo frente al capital".

El concepto trabajo ha tenido diferentes connotaciones de acuerdo a la teoría social o las disciplinas sociales y económicas que lo interpretan, así como al contexto histórico que se considere como referencia. En América Latina, sin embargo, se comienza a reivindicar un sentido amplio y múltiple. De esta forma, el trabajo es valorado tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos: como actividad física e intelectual; como generador de riquezas y creador de conciencia en los sujetos; como relación social, de poder, cultura, etc.; como mercado de trabajo y proceso productivo; como instituciones de regulación, organizaciones de trabajadores o empresariales; vinculado con el tema étnico, de género y jóvenes; relacionado con el ámbito del no trabajo, con la familia y el barrio: no sólo como industria o asalariado, sino que también con la idea de trabajo informal, desregulado o desprotegido; etc.

3. Los teóricos del fin del trabajo

El debate sobre la tesis de la "crisis del trabajo" o del "fin de la centralidad del trabajo" en nuestra región recoge las discusiones y elaboraciones teóricas desarrolladas a contar de los ochenta,

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principalmente en Europa y Estados Unidos, donde destacan autores como Jeremy Rifkin, Jurgen Habermas, Claus Offe y André Gorz. Julio Cesar Neffa es uno de los autores que presenta de manera interesante esta discusión en América Latina, puntualizando algunos elementos de crítica a dichas elaboraciones12. Junto con mostrar esta producción intelectual Neffa trata de rastrear y recoger algunos ejes de discusión teórica para incorporarlos en el debate latinoamericano, como por ejemplo, la pregunta respecto a si el trabajo debe ser examinado como una categoría histórica o antropológica.

Este debate sobre el estatus del trabajo tiene antecedentes en la crisis de los años setenta que provocó un considerable y permanente aumento de los niveles de desempleo. De hecho, una de las interpretaciones que tiene la tesis del fin del trabajo se refiere al fin del período del pleno empleo. El trabajo asalariado es cuestionado, y, según quienes lo consideran una categoría histórica, después de tres siglos de vida estaría llegando a su fin. Hannah Arendt y Dominique Méda se inclinan a pensar el trabajo en este sentido, mientras que autores como R. Sainsaulieu, J.M.Harribey y corrientes marxistas y ecologistas, entre otras, lo conciben en su sentido antropológico.

Otro punto de reflexión que rescata Neffa estaría dado por la polémica respecto a la constitución o desconstitución de la sociedad salarial. Tal discusión recoge los planteamientos de Robert Castel en su texto La metamorfosis de la cuestión social, donde propone tres formas o expresiones de las relaciones de trabajo en la sociedad industrial: la condición proletaria, la condición obrera, la condición salarial13. Hoy estaríamos en presencia de la crisis o el fin de la sociedad salarial, en el marco de una creciente desregulación y desprotección de los trabajadores.

En nuestra región no es sencillo adoptar posiciones al respecto. La concreción de la sociedad salarial en América Latina es más

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un punto de debate que de acuerdo. La idea de sociedad salarial tiene relación con la existencia de un marco institucional - Estatal protector del trabajador, donde el trabajo asalariado es fuente de identidad, integración social, seguridad y derechos. Además, está asociada a la idea de pleno empleo. En tal sentido, las voces más críticas indican que esto nunca se dio en nuestra región, mientras que otros sostienen que se cristalizó de un modo imperfecto, pues la protección institucional - Estatal sólo incluyó a un sector limitado de trabajadores (los salariados)14.

En Europa, la crisis de la sociedad salarial llevaría a la elaboración de diversas propuestas, entre las que se encuentran las de Michel Godet (que habla del trabajo individual o del "trabajador -empresario"), J. Boissonnat (que plantea la idea del "contrato de actividad"), Francois Gaudu (que se refiere a la relación laboral sobre la base del "estatuto"), Alain Supiot (que revaloriza la idea de "ciudadanía social") y otros enfoques que buscan recuperar y desarrollar la idea del tercer sector o sector social de la economía. No todos estos autores sugieren el fin del trabajo, aunque sí muestran cierto grado de coincidencia en el sentido de entender al trabajo no sólo en su dimensión asalariada, sino en todas las actividades que ahora emergen en la economía.

Muchos autores latinoamericanos examinan o consideran en sus análisis las teorías que emergen en Europa y Estados Unidos sobre este tema. Parece pertinente, por lo tanto, enunciar brevemente algunas ideas contenidas en dichas tesis que se refieren a la pérdida de centralidad del trabajo en la sociedad actual.

La propuesta de Jeremy Rifkin, con fuertes repercusiones hacia fines de los ochenta, establece una estrecha relación entre el aumento del desempleo y los cambios científico-tecnológicos15. Para Rifkin, inserto en la realidad estadounidense, la revolución tecnológica posibilita un fenómeno nuevo que es el incremento

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de la productividad junto a una disminución de la relevancia y necesidad del trabajo humano (aumento estructural del desempleo). El autor prevé la constitución de una sociedad dual donde por una parte se encontraría un pequeño grupo o clase que es capaz de adaptarse a los cambios y un segmento mucho más amplio de trabajadores pobres o desempleados en condiciones limitadas de inclusión social. La clase obrera, en este esquema, se diluiría y llegaría a su fin.

Según Rifkin, la expansión del sector servicios no lograría absorber la fuerza de trabajo desplazada de otros sectores, por lo que tiende más bien a pensar en la reducción del tiempo de trabajo y la constitución de un tercer sector de economía social, donde las ONGs serían sus principales actores. El autor sugiere que es en este tercer sector donde se debería distribuir un salario social, ingreso de existencia o ingreso mínimo.

Para Jurgen Habermas, que representa otra línea de interpretación, el trabajo ya no sería una categoría de explicación fundamental en la sociedad como lo fue en las décadas anteriores. Es decir, lá categoría "trabajo" no sería determinante en las prácticas (o en la praxis) de los sujetos colectivos en la actual sociedad capitalista. Más que el trabajo, la categoría "comunicación" tendría mayor importancia. En definitiva, las posibilidades de realización de los sujetos y las potencialidades de emancipación de los seres humanos no estarían vinculadas a la esfera del trabajo. La ciencia explicaría parte de esta nueva tendencia, ya que se estaría constituyendo en la principal fuerza productiva16.

André Gorz analiza hacia fines de los setenta los impactos del cambio tecnológico y las nuevas formas de organización y producción de las empresas en el trabajo y el empleo en Francia, llegando a conclusiones parecidas a las de Jeremy Rifkin para el caso estadounidense (aunque este último se centra mucho más

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en el aspecto tecnológico). El autor escribe en un contexto de reestructuración productiva incipiente, donde la incorporación tecnológica aparecía como una de las principales manifestaciones de los cambios en curso. En ese marco, Gorz cuestiona la centralidad del trabajo tal como se entendió en la sociedad salarial y tiende a pensar el trabajo más como una categoría histórica que antropológica.

Su mirada de la realidad le lleva a valorar el proceso de incorporación tecnológica como mecanismo que permite resolver las necesidades humanas con menos trabajo y recuperar el tiempo libre como espacio de constitución y realización humana importante. En el espacio del no-trabajo, fuera del ámbito del trabajo asalariado, se alcanzaría la autonomía y la realización personal. El autor valora el tiempo libre como ámbito de creación de nuevas actividades, sentidos y lazos sociales autónomos (el trabajo ya no sería el principal agente de socialización).

En el trabajo se consolidaría el esquema de flexibilidad y en el futuro predominaría el trabajo intelectual vinculado a la utilización de las nuevas tecnologías. Sumándose a otros autores, Andre Gorz dice que el esquema antes descrito haría necesaria la creación de un ingreso de existencia o ingreso ciudadano, el que no estaría condicionado a la realización de un trabajo.

Claus Offe escribe en el marco de los procesos de reestructuración de las empresas en los ochenta y noventa (posterior a las ideas de Gorz), y postula el fin de la centralidad del trabajo en tanto principal organizador de las relaciones e identidades sociales. Para el autor es fundamental la transformación que se produce en la estructura productiva, que propicia la expansión del sector terciario y un cambio en la composición de las ocupaciones (preferentemente empleados o cuellos blancos que obreros). Además, Offe vincula la crisis del trabajo con la fragmentación de los mundos de vida de los trabajadores (trabajo, familia, tiempo

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libre, consumo, etc.). De esta manera, la capacidad de transformación y cambios sustantivos de los trabajadores o de sujetos que se piensen a sí mismos a partir del ámbito del trabajo estaría afectada por una doble fragmentación: por un lado, de los propios obreros; por otro, de sus mundos de vida.

El autor piensa que el desempleo generado por el cambio tecnológico permite disponer de un "mayor tiempo libre" para otras actividades valiosas de las personas. Los cambios en el mercado del trabajo llevan a plantear al autor la desaparición de la sociedad del trabajo y a relativizar su importancia en la construcción de significados, subjetividades o identidades colectivas e individuales (las que ahora se formarían principalmente en la esfera del no-trabajo). Debido a estos cambios, se haría necesario estudiar los distintos tipos de trabajo que hoy surgen: trabajo informal, asalariado, doméstico, en servicios, empleo precario, etc.

Además de lo anterior, Offe proporciona un análisis de la tesis sobre crisis del trabajo en términos de sus efectos en la generación de conocimiento, es decir, desde un prisma epistemológico. Reconociendo que el trabajo ya no es una categoría de análisis central en los estudios e investigaciones sociales (pérdida de relevancia de la "ética del trabajo"), el tema sería reconocer los modelos de investigación que están siendo afectados (los modelos en declive y aquellos emergentes) y examinar los conceptos más pertinentes para conocer las configuraciones sociales actuales17.

Estas aproximaciones, como hemos indicado antes, se completan con la mirada postmoderna donde la fragmentación abarca todos los ámbitos de acción de los sujetos sociales. Esto se convertiría en un obstáculo insalvable en la construcción de identidades, culturas y nuevas subjetividades sociales y, especialmente, de todo proyecto con ambiciones de transformación global de la sociedad. El concepto de historia, desde esta óptica, ya no tiene

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sentido. Lo que se estaría produciendo es la atomización del mundo del trabajo, de los trabajadores y sus organizaciones, y de todos aquellos espacios donde irrumpía lo colectivo como potencial germen de cambios profundos en la sociedad.

Las distintas interpretaciones muestran puntos de encuentro y de disociación. Para algunos, el fin del trabajo tiene una connotación positiva, por diferentes razones. Por ejemplo, Andre Gorz plantea que salir de la sociedad del trabajo nos ubica en el plano de una economía plural, donde la esfera de lo no mercantil permite garantizar la subsistencia material de los seres humanos. Jeremy Rifkin, en cambio, tiene una mirada más fatalista de esta crisis y lo que trata de hacer es proponer una estrategia (el desarrollo del tercer sector) para evitar los efectos catastróficos de las transformaciones. Pese a estas diferencias, todas estas posturas parecen coincidir en observar la crisis del trabajo como articulador de identidades y de sensibilidades sociales o culturales. De modo especial, observan el debilitamiento de la clase obrera en tanto actor relevante social y políticamente.

Respecto a la posibilidad de constituir identidades y subjetividades colectivas (aquello que es negado por las interpretaciones del fin del trabajo o en las visiones de los posmodernos), Enrique de la Garza nos muestra una mirada diferente. En su perspectiva es posible pensar estos temas y reconocer nuevas formas de identidad en el trabajo. En ese sentido, el autor considera fundamental buscar una nueva articulación entre subjetividades, acciones y estructuras. Más que declarar la imposibilidad de la articulación social, de la creación de lazos, identidad y vida colectiva señala que es necesario examinarlas considerando las transformaciones acaecidas en el mundo del trabajo.

En la perspectiva del autor, los sujetos no actúan sólo en función de su ubicación en las estructuras, sino que llevan a cabo un

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proceso de reflexión y decisión sobre sus cursos de acción. La subjetividad, entonces, "no es una estritctura que da sentido de uno a uno, sino un proceso que pone enjuego estructuras subjetivas parciales (cognoscitivas, valorativas, de la personalidad, estéticas, sentimentales, discursivas y de formas de razonamiento); es subjetividad con estructuras parciales en diferentes niveles de abstracción y profundidad que se reconjigura para la situación y decisión concretas"18. Es decir, la subjetividad es un proceso donde se otorga sentido a situaciones especificas y que, por tanto, puede reconocer discontinuidades y contradicciones.

De la misma forma, la identidad se entiende como una forma particular de subjetividad en diversas expresiones o manifestaciones: "en tanto sentido ele pertenencia colectiva, con sus signos compartidos, su memoria colectiva, sus mitos fundacionales, su lenguctje, su estilo de vida, sus modelos de comportamiento y, en niveles superiores, sus proyectos y enemigos comunes; esta identidad, como la subjetividad, puede reconocer niveles desde los más ambiguos hasta los más específicos y, en esta medida, aceptar la pregunta: ¿identidad para cuáles espacios de acción?"19. En definitiva, se haría necesario actualizar la manera de aproximarnos analíticamente a las nuevas realidades, situaciones o procesos que caracterizan el mundo del trabajo y las acciones o representaciones de los individuos o grupos sociales.

4. La crisis del trabajo en América Latina y los nuevos temas de estudio

Los estudios realizados en la región han procurado reconocer la pertinencia de estas teorías o enfoques para comprender la situación de nuestras sociedades latinoamericanas. En este sentido, los estudios coinciden en que el trabajo no desaparece (como lo propone Rifkin, por ejemplo), pero sí se ha transformado sustancialmente, lo que plantea la necesidad de estudiar las

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condiciones en que se realiza y expresa en la actualidad. Enrique de la Garza, Marcia Campillo, Francisco Zapata, entre muchos otros autores, han realizado interesantes aportes al debate, teniendo en México un importante centro de producción y difusión de ideas sobre el tema20. Estos autores proponen analizar pormenorizada y empíricamente la situación laboral en nuestra región.

Las tesis sobre la crisis del trabajo no estaría relacionada en nuestra región con el fin del trabajo como espacio relevante en la representación y creación de identidad, subjetividad o lazos colectivos. El trabajo sigue siendo importante, lo que se puede observar (por ejemplo) tanto en las dinámicas sociolaborales del mundo asalariado como en el fuerte crecimiento del trabajo informal, que hacen de la experiencia laboral un componente esencial en la vida de las personas21. La idea de crisis del trabajo estaría vinculada principalmente a una crisis de precarización de las actividades, de exclusión social y de creciente pobreza. Es decir, no se puede afirmar que en nuestras sociedades el trabajo carece de relevancia, sino que se está transformando en perjuicio de las condiciones de seguridad y de realización tradicionales (trabajo protegido, por tiempo indeterminado, con un solo empleador, etc.)22.

La precarización de las actividades sería la principal expresión de la "crisis del trabajo" en América Latina. Esta sería la lectura más pertinente con las situaciones laborales observadas en la región. En este sentido, Enrique de la Garza indica que "sípuede hablarse de crisis del trabajo en América Latina, ésta no podría atribuirse a la ausencia de trabajo asalariado, ni de empleo industrial ni a un crecimiento explosivo de los trabajadores técnicos y administrativos. En todo caso, la crisis puede tener que ver primero con el desempleo que creció en los noventa en la mayoría de los países, con la disminución de los salarios reales que se produjo en la mayoría de América Latina, y sobre todo por el crecimiento de la economía no estructurada en todos los países

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sin excepción entre 1990 y 1996; principalmente las ocupaciones por cuenta propia son las responsables de este crecimiento de lo no estructurado, además del empleo en microestablecimientos que en general funcionan en condiciones precarias de salarios, seguridad en el empleo y condiciones de trabajo"23.

Coherente con este planteamiento Francisco Zapata señala que un tema central en América Latina (respecto al debate sobre la crisis del trabajo) es reconceptualizar la noción de trabajo más que presentar o diagnosticar su fin. En su perspectiva, los diagnósticos realizados para otras realidades no se ajustan exactamente en nuestras sociedades latinoamericanas o en el propio EEUU. Según el autor "el debate acerca del jin del trabajo, identificado cotí el aumento del desempleo estructural en el nivel global como consecuencia de la automatización de los procesos productivos, cuya versión más contemporánea fue detonada por la publicación del libro de Jeremy Rifkin (1995) y sustanciado por Stanley Aronowitz y William Di Fazio (1994), ha sido desmentido por la evolución de la economía internacional, por la evolución de los mercados de trabajo y, en particular, por las estrategias ele las empresas para enfrentar la inestabilidad de los mercados en condiciones de una globalización cada vez más grande"24.

Luego agrega que la visión optimista de los procesos de automatización que la vinculaban al aumento de la productividad en el trabajo, la expansión de los mercados y la generación de puestos de trabajo, entre otras cosas, no se ha concretado. "En efecto, lo que ha ocimido es que el desempleo abierto ha aumentado (por ejemplo en los países de la Unión Europea) y el empleo encubierto se ha incrementado en forma dramática en países como los de América Latina, en donde más de la mitad de la población económicamente activa tiene ocupaciones informales que generan poco o nada de valor"25.

El debate respecto a la crisis o el fin del trabajo ha convocado muchas discusiones en America Latina. Al mismo tiempo, ha

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conducido a descubrir nuevos ternas de estudio y a valorar nuevas perspectivas de análisis de la realidad laboral: la división y organización del trabajo, las formas de producción, la flexibilidad laboral, la incorporación o innovación tecnológica, la situación del sindicalismo, las estrategias del empresariado y el Estado, etc. Al mismo tiempo, los estudios llevados a cabo en la región han constatado los efectos variados y hasta contradictorios del proceso de flexibilización, la creciente precarización laboral, la coexistencia de núcleos especializados de trabajadores y segmentos con escasa calificación y formación (ubicados en los empleos más precarios e inestables), entre otras cosas.

Las modificaciones temáticas de los estudios laborales en la región se pueden apreciar al ver los ejes temáticos de los últimos Congresos Latinoamericanos de Sociología del Trabajo: el debate de los paradigmas de la sociología del trabajo (México, 1993); el estudio de los nuevos sujetos sociales, la idea de un sindicalismo ciudadano, una inicial discusión sobre redes y regiones productivas, las transformaciones del trabajo rural, infantil y juvenil o sobre la temática de género (Brasil, 1996); el momento actual donde se continúan muchas de las polémicas de los anteriores Congresos, pero se abren tópicos nuevos como la resignif icación del concepto trabajo, el análisis de la heterogeneidad de situaciones y figuras jurídico-laborales, el rol del Derecho del Trabajo, el contrapunto entre modernidad y exclusión socio-laboral, etc. (Argentina, 2000)26.

En un contexto de flexibilidad laboral y deterioro de las condiciones laborales, los estudios que caracterizan los nuevos sistemas y formas de contratación han alcanzado mayor relevancia. En cierta medida esta preocupación sería tributaria del mayor énfasis que alcanzaría la categoría empleo (o de ocupación) por sobre la de trabajo. En el contexto de lo que Francisco Zapata ha llamado el tránsito "cíe la vieja a la nueva economía", el trabajo típico, estable, protegido, daría paso a los trabajos "atípicos", altamente flexibles

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e inseguros27. La generalización de los sistemas de externalización (especialmente en la modalidad de subcontrataeión) motiva muchos estudios. También el análisis de las nuevas agencias laborales que ahora hacen la intermediación entre la empresa y el trabajador. Todo esto conduce al surgimiento de nuevas categorías de trabajadores y de nuevas dinámicas individuales y colectivas en los diferentes espacios de trabajo.

Las transformaciones en el trabajo, así como el surgimiento de los nuevos sistemas contractuales, o el crecimiento del sector informal, han originado una mayor preocupación por el tema de la protección social y previsional de los trabajadores que quedarían sin mecanismos de cobertura de seguridad o salud en el futuro. Hay estudios que han avanzado en clarificar la magnitud del problema y que propician el debate con el derecho del trabajo y sus postulados tradicionales28.

Los cambios al interior de las empresas, en sus modalidades de organización y gestión, también cobran relevancia. Por eso hay estudios que tratan de analizar tales cambios, constatando sus implicancias en los trabajadores. Por ejemplo, hay trabajos que comprueban una relación directa entre estas transformaciones y el deterioro de las condiciones de trabajo, la situación salarial o la calidad de vida de los trabajadores. En virtud de esto, se busca entender los problemas físicos, psicológicos y sociales que afectan a los trabajadores y que se derivan de las transformaciones en la organización del trabajo en las empresas. Esto, en todo caso, no impide que otros estudios visualicen a la empresa como un ámbito de competitividad, de innovación y de aprendizaje y que la analicen en tal sentido.

Otras investigaciones han mostrado interés por analizar la importancia del conocimiento en la sociedad actual. En alguna medida, esta reflexión es heredera de una idea muy difundida por algunos teóricos que indican que nos encontramos en la "sociedad del conocimiento" o en la "sociedad de la información".

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Hay estudios que muestran una preocupación por observar los desafíos que esta nueva realidad plantea a nuestras sociedades en términos de capacitación o desarrollo de competencias laborales (competencias que, por cierto, no serían las mismas que predominaban en una sociedad que tenía como eje la industria o la producción material).

Preocupados por la educación, la formación y capacitación laboral, algunos estudios han examinado las similitudes y diferencias de las políticas públicas que se implementan en los distintos países de la región en estos ámbitos. Asimismo, se incluyen reflexiones respecto al rol que cumplen las empresas y sindicatos en estas iniciativas. En algunos casos, también se entregan reflexiones respecto a las políticas educacionales nacionales y su vinculación con el mundo del trabajo.

Las alteraciones que se producen en el trabajo conducen a examinar desde una nueva perspectiva el tema de las relaciones laborales, particularmente en lo referido a los marcos regulatorios, las formas de contratación, negociación y conflicto. En tal sentido, adquiere importancia analizar los rasgos de la institucionalidad vigente y los cambios que se harían necesarios introducir en ella en la perspectiva de establecer mecanismos de protección; se observa el rol del sindicato en las transformaciones y sus actitudes más frecuentes; se visualizan los límites y obstáculos de la acción sindical tradicional y se muestran nuevas formas de organización y lucha en el continente.

Los estudios sobre la organización de los trabajadores son muy interesantes y fecundos. En ellos se analiza la situación del sindicalismo, sus estrategias, acciones, perspectivas y desafíos en un marco de transformaciones y reestructuraciones económicas, productivas y políticas. Se consideran los distintos modelos de desarrollo en que actúa el movimiento sindical, los procesos de transición política que lian experimentado algunos

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países de la región o los procesos de globalizacióii, por ejemplo29. Donde se requiere desarrollar mayores esfuerzos de estudio es en el análisis de las nuevas expresiones de lucha o acción laboral que no remiten sólo al sindicato, sino también a grupos de cesantes, pobladores, mujeres, etc.

Otros discuten respecto a la posibilidad de pensar la potencialidad de la clase obrera como portadora de proyectos alternativos al capitalismo o como generadora de una identidad colectiva, considerando los cambios que experimenta actualmente el trabajo. Adrián Sotelo, por ejemplo, observa el despliegue de la clase obrera en el contexto de reestructuración capitalista. En su opinión, "uno de los resultados de este nuevo orden laboral, desde el punto de vista de la estructura, no es la desaparición del sujeto de la clase obrera, como partícipe del proceso de trabajo y de la creación de plusvalor, sino laformación de un sujeto más complejo y heterogéneo que interactúa en distintas ramas y sectores productivos que han surgido con la modernización industrial"30.

También hay estudios que analizan la situación de la conflictividad laboral, constatándose un desplazamiento del conflicto desde la industria a los servicios, y desde el sector privado al público; por otra parte, se analizan el conflicto en algunos sectores como salud y educación, visualizando sus características en términos de jornadas de trabajo, niveles de precariedad, formas de contratación, situación de sus organizaciones, etc. El tema de la conflictividad laboral en nuestro país, no obstante, debe mejorar ampliando los métodos y fuentes de información.

Conclusiones

En América Latina 110 se han adoptado de manera mecánica las interpretaciones sobre la crisis del trabajo que se desarrollan en Europa y EEUU, pero si se llega a la conclusión de que es

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necesario analizar detalladamente las transformaciones que se producen en ese ámbito. El mundo del trabajo y la dinámica de los actores laborales son examinados considerando los múltiples cambios en curso y la heterogeneidad de situaciones socio-laborales. En esta perspectiva, en los últimos años los tópicos y referentes de investigación laboral se han ampliado y enriquecido sustancialmente tanto desde el punto de vista teórico como metodológico.

El análisis de la situación del trabajo está inmerso en un conjunto más amplio de procesos, los que son captados en los Nuevos Estudios del Trabajo. Estas investigaciones no se limitan a observar lo que ocurre en el proceso productivo, sino que consideran el contexto económico, político y social, así como las múltiples dimensiones, componentes y relaciones que constituyen el mundo del trabajo: actores y relaciones laborales, mercado del trabajo, flexibilidad laboral, cambio tecnológico, educación, modelo de desarrollo, etc.

No obstante lo anterior, los desafíos de estos estudios son diversos. Se deben ampliar las perspectivas metodológicas y teóricas de análisis. La discusión de categorías teóricas como "trabajo", "clase obrera", "cambio", entre otras, plantean la necesidad de elaborar nuevas definiciones conceptuales que den cuenta efectivamente de las transformaciones en marcha. Es necesario hacer una comparación permanente entre nuestras elaboraciones teóricas y conceptuales y las prácticas laborales cotidianas de los sujetos para observar su pertinencia o adecuación. En este sentido, es importante enfatizar los estudios de carácter empírico que permitan alcanzar nuevas claves para entender los fenómenos que se investigan.

La crisis del trabajo se ha entendido en la región como una crisis de precarización de las actividades laborales principalmente. En este marco, su expresión básica es el deterioro de las condiciones

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de trabajo y seguridad que tradicionalmente tenían los trabajadores. Asimismo, dicha crisis genera una mayor exclusión social y crecientes niveles de pobreza en la región. De tal modo, la relación entre empleo y pobreza aparece hoy como un eje central de debate. ¿El trabajo permite superar la pobreza y alcanzar niveles de vida dignos? Las investigaciones realizadas en nuestra región no nos permiten responder afirmativamente a esta pregunta. Las evidencias muestran que la situación contraria es la que tiende a generalizarse.

Por último, distintas interrogantes cobran importancia. Los cambios en curso en la esfera del trabajo, ¿Nos deben llevar a la conclusión de que estamos en presencia del surgiendo de un nuevo paradigma para entender el trabajo y su papel en la sociedad?, ¿La forma de concebir el trabajo ha cambiado sustancialmente, o sólo a mutado parcialmente respecto a una idea de trabajo preexistente (aquella que surge y se desarrolla en el siglo XVIII y XIX?. En definitiva, ¿Cuáles son las interpretaciones más acertadas de las transformaciones ocurridas en el trabajo en las últimas décadas?

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REFERENCIAS

Sociólogo. 1 En algunos países de la región los problemas para desarrollar

la investigación social y laboral siguen siendo considerables y en muchos casos determinan la modificación o eliminación de proyectos investigativos de mediano o largo alcance.

2 Muchos investigadores han tenido en CLACSO un importante respaldo institucional para crear o difundir nuevos conoci-mientos. Por ejemplo: Enrique de la Garza, Julio Cesar Neffa, Emilio Taddei, Francisco Zapata, Jean-Maríe Harribey, Lais Abramo, Daniel Cornfield, Héctor Lucelia, Fernando Urréa, Vania Salles, Adalberto Moreira, Daniel Villavicencio, Marta Novick, Francisco Iturraspe, Nicolás Iñigo Carrera, María Celia Cotarelo, Marcia de Paula Leitc, Consuelo Iranzo, Jacqueline Richter, Thanalí Patruyo, María Eugenia Trejos, Jorge Carri-llo, Carlos Salas, entre otros autores.

3 Castillo, Juan José: "La sociología del trabajo hoy: la genealogía

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de un paradigma", en Enrique de la Garza (coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, El Colegio de México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, Fondo de Cultura Económica, D.F, México, 2000, páginas. 39 - 64. Castillo, Juan José: "A dónde va la sociología del trabajo", en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Año 1, Número 1, México, 1995, páginas. 13 -42.

4 Garza, Enrique de la (coord.): Tratado latinoamericano de so-ciología del trabajo, página. 12.

5 Una mirada actualizada y más pormenorizada de estos tópi-cos en Enrique de la Garza (coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo. Véase también las publicaciones del grupo de estudios Trabajo, sujeto y organizaciones laborales, de CLACSO.

ü Véase Battaglia, Felice: Filosofía del trabajo, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, España, 1955; Carro, Alberto: Historia social del tralxijo, Bosch Casa Editorial S.A, Barcelona, España, 1982. En nuestro país destaca el análisis que hace Hopenhay del concepto trabajo en sus diferentes connotaciones históricas. Hopenhay, Martín: Repensar el trabajo. Historia, profusión y pcrsi)cctivus de un concepto, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, Argentina, 2001. Puede resultar pertinente también ver el texto de Stanley Udy: El trabajo en las sociedades tradicional y moderna, Amorrortu Ediciones, Centro Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el Desarrollo Internacional (A.1.1)). Buenos Aires, Argentina, 1971. En este texto el autor líala de visualizar la relación entre la organización del habajo y el desarrollo socio-económico de la sociedad. Asimismo, en la perspectiva de establecer analogías entre los distintos penndos históricos, maneja un concepto de trabajo mas bien a c o l a d o , entendiéndolo como "todo esfuerzo humano ml< 'in ioikiI d< •slinado a modificar el ambiente físico del hombre ".

7 Carlos Marx: Manir.< i i/u\ de economía y filosofía, Alianza

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Editorial S.A., Madrid, España, 2001. Carlos Marx; Federico Engels: La ideología Alemana, Ediciones Grijalbo S.A., Barcelona, España, 1970. Carlos Marx; Federico Engels: Manifiesto del partido comunista y otros escritos políticos. Editorial Grijalbo S.A., DF, México, 1970.

8 Una discusión sobre la transformación en la organización del trabajo en América Latina se puede ver en Martha Novick: "La transformación de la organización del trabajo", en Enrique de la Garza (coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, páginas. 123 - 147. También es interesante revisar, para una comprensión de estos procesos en los países desarrollados, el texto de Rafael Aracil: "Trabajo y capitalismo: una relación conflictiva", en Francis Blanchard, José María Monsalvo, Ruggiero Romano, Rafael Aracil y otros: El trabajo en la historia, Séptimas Jornadas de Estudios Históricos, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, España, 1995, páginas 261-289.

9 Garza, Enrique de la (coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, página 16.

10 Garza, Enrique de la (coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, página. 24. En este mismo Tratado se puede consultar un análisis más detallado de estas teorías en Enrique de la Garza: "Las teorías sobre la reestructuración productiva y América Latina", páginas. 716 - 734.

11 Garza, Enrique de la: "Problemas clásicos y actuales de la crisis del trabajo", en Julio Cesar Neffa y Enrique de la Garza: El trabajo del futuro. El futuro del trabajo, CLACSO, Grupo de Trabajo: Trabajo, Sujeto y Organizaciones Laborales, Buenos Aires, Argentina, 2001, páginas 11-31 (versión internet).

12 Neffa, Julio Cesar: "Presentación del debate reciente sobre el fin del trabajo", en Julio Cesar Neffa y Enrique de la Garza (compiladores): El trabajo del futuro. El futuro del trabajo. CLACSO, Grupo de Trabajo: Trabajo, sujetos y organizaciones

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laborales, Buenos Aires, Argentina, 2001, páginas 51-96 (versión internet).

13 Castel, Robert: La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1997.

14 Nun, José: "El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal", en Desarrollo Económico, N° 152, volumen 38, Buenos Aires, Argentina, 1999.

15 Rifkin, Jeremy: El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era, Editorial Paidos Ibérica S.A, Barcelona, 1996.

16 Habermas, Jurgen: Ciencia y técnica como ideología, Editorial Tecnos S.A, Madrid, España, 1992. Paralelamente, el análisis de la centralidad del trabajo debe contemplar la relevancia del concepto "consumo" o "consumismo" que según diferentes autores representa uno de los principales ejes en torno a los cuales se despliega la vida de los seres humanos en la sociedad actual. Un estudio que vincula la idea de trabajo, consumo y pobreza es el de Zygmunt Bauman: Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Editorial Gedisa, Barcelona, España, 2000.

17 Nos hemos apoyado también, para hacer esta descripción, en Ruth Sosa: Crisis de la sociedad del trabajo...o un nuevo sentido común posmoderno? Ponencia presentada al XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Concepción, Chile, 12 al 16 de Octubre, 1999.

18 Garza, Enrique de la (coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, páginas 28- 29.

19 Garza, Enrique de la (coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, página 29.

20 Ya hemos citado al respecto el texto de Garza, Enrique de la (Coord.): Tratado latinoameñcano de sociología del trabajo. Véase también, por ejemplo, Enrique de la Garza y Marcia Campillo: "¿Hacia dónde va el trabajo humano?", en Revista Trabajo, Centro de Análisis del Trabajo (CAT), Coordinación de Humanidades Universidad Nacional Autói x una de México - Rectoría Universidad Autónoma Metropolitana, Año 1, Número 1, México, 1998.

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21 El interés por los estudios relativos al trabajo informal ha adquirido relevancia en América Latina, lo cual ha implicado ampliar el campo de estudio de la disciplina (centrado tradicionalmente en el trabajo formal, al interior de la empresa, con carácter dependiente) a las nuevas formas, condiciones y espacios donde se realiza la actividad. Algunos comentarios sobre el tema en Jorge Carpió, Emilio Klein e Irene Novacovsky (Compiladores): Informalidad y exclusión social, Fondo de Cultura Económica (FCE) - Organización Internacional del Trabajo (OIT), Buenos Aires, Argentina, 2000. También existen aproximaciones referidas a los problemas teóricos y metodológicos que se deben considerar al analizar el sector informal. Véase al respecto Fernando Cortés: "La metamorfosis de los marginales: la polémica sobre el sector informal en América Latina", en Enrique de la Garza (Coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, páginas. 592 - 618.

22 En Europa también existen estudios que muestran los efectos perversos de las transformaciones en el mundo del trabajo. Véase, por ejemplo, Luis Enrique Alonso: Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial, Editorial Trotta, Fundación Io de Mayo, Colección Estructuras y Procesos, Madrid, España, 1999. Asimismo, el tema de la inseguridad que caracterizaría a las actuales sociedades ha quedado expresado en el texto de Ulrich Beck: Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globcdización, Editorial Paidos, Barcelona, España, 2000.

23 Garza, Enrique de la: "Problemas clásicos y actuales de la crisis del trabajo", página 28 (versión internet).

24 Zapata, Francisco: "El trabajo en la vieja y en la nueva economía", en Julio Cesar Neffa y Enrique de la Garza (compiladores): El trabajo del futuro. El futuro del trabajo, página 99 (versión internet).

25 Zapata, Francisco: "El trabajo en la vieja y en la nueva economía", página 99.

26 Novick, Marta: "El trabajo y su sociología en América Latina:

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modernidad y exclusión", en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, El trabajo en los umbrales del siglo XXI, Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Año 6, Número 11, Buenos Aires, 2000, páginas 5-20.

27 Standing, Guy: "La inseguridad laboral", en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, El trabajo en los umbrales del siglo XXI, páginas 47-105.

28 Tamez, Silvia: "La reforma de la seguridad social en América Latina, culminación de la política social neoliberal", en Revista Trabajo: El futuro de la seguridad social, Centro de Análisis del Trabajo (CAT), Año 1, Número 2, México, julio-diciembre, 1998.

29 Zapata, Francisco: Autonomia y subordinación en el sindicalismo latinoamericano, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1993. Garza, Enrique de la (Compilador) : Los sindicatos frente a los procesos de transición política, CLACSO, Grupo de Trabajo: Trabajo, sujetos y organizaciones laborales, Buenos Aires, Argentina, 2001 (versión internet). Zapata, Francisco: El sindicalismo mexicano frente a la reestructuración, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1995, México. Garza, Enrique de la (Coordinador): Democracia y cambio sindical en México, Fundación Friedrich Ebert, Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional, AFL - CIO, Plaza y Valdés Editores, México, 2001. Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES: El sindicalismo latinoamericano en el marco de la globalización: crisis y retos a comienzos de siglo, año 18, N° 47, Segunda época, Caracas, mayo-agosto 2001.

30 Sotelo V., Adrián: "El paradigma de la centralidad del trabajo en la era de la globalización", en Revista Papeles de Población, N° 14, CIEAP/UAEM, páginas 79-90.

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DE JORNADA EXCEPCIONAL A JORNADA COMUN

Pedro Ara vena Rivera *

En nuestro país, el debate acerca de reformas legales a la nor-mativa laboral destinadas a implementar la denominada flexibi-lidad laboral lleva ya casi un cuarto de siglo, desde el decreto ley N ° 2.200 de 1978, referido al contrato individual del trabajo y los decretos leyes 2.756 sobre organizaciones sindicales y 2.758, de 1979, sobre negociación colectiva, que integraban el llamado "plan laboral" impuesto por la dictadura. Estos decretos dieron paso a un derecho del trabajo sentado sobre bases totalmente distintas a las que se venían desarrollando y aplicando hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Este último se fue construyendo desde comienzos del siglo XX a partir de reivindi-caciones impulsadas por el movimiento sindical y por la inter-vención de las clases dominantes, a través de los poderes del Estado, y fueron dando paso a una legislación destinada a con-tener el conflicto entre capital y trabajo en los marcos de un modelo capitalista industrializador y proteccionista. Las fuentes de esta concepción del derecho pueden ser encontradas en la experiencia de importantes corrientes democráticas y revolucio-narias del siglo pasado, lo que influyó en la propia conformación de la OIT.

Desde las primeras leyes sobre habitación obrera, descanso do-minical y de la silla, hasta el primer Código del Trabajo de 1931 y las leyes complementarias de dicho Código, como la 16.645 de 1966, llamada de estabilidad en el empleo, 16.744, de 1968, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 16.625, de 1967, sobre sindicalización campesina, entre otras, dan origen a un nuevo derecho cuya finalidad principal se defi-

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nía como "el conjunto de doctrinas y teorías, normas e institucio-nes cuyo fin es la reivindicación y protección de los intereses y derechos del trabajador y de las clases sociales económicamente débiles"1, cuyas características más esenciales son su condición tutelar y que consagra la irrenunciabilidad de los derechos de los asalariados, más conocida actualmente como garantismo le-gal y el denominado tripartismo laboral, expresado a través de la intervención activa del Estado en las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Con el plan laboral de finales de la década de los ochenta, surge un derecho laboral totalmente distinto, como parte de una institucionalidad refundada bajo los preceptos de Mont Pélerin, con Hayek, Friedman e implementados por la Escuela de Chicago y su apéndice aborigen, la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como lo señalara Perry Anderson: "Pinochet aplicó sus programas de manera dura: desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la renta a favor de los ricos, privatizaciones de los bienes públicos. Todo esto comenzó en Chile, casi una década antes de Thatcher"2. Y si bien, todo lo anterior es una historia ya bastante asumida, lo que no estaba en las previsiones de ni siquiera el más descreído crítico de la Concertación de Partidos Políticos, que sustituyó a Pinochet en la conducción del gobierno, es que dicho proceso de deslaborización del derecho del trabajo continuaría y se acen-tuaría bajo los tres Presidentes concertacionistas.

En las actuales circunstancias, ya no se trata de los tratamien-tos de shock para resolver la crisis del capitalismo ni la destruc-ción de un poderoso movimiento sindical, como el existente a 1973, sino de adaptarse a las nuevas y mayores exigencias del capitalismo global, es decir, prescindir de cualquier obstáculo que pudiera obstruir el libre desplazamiento del capital finan-ciero transnacional, respondiendo a las exigencias que imponen los tratados de libre comercio con Estados Unidos de

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Norteamérica y demás potencias capitalistas, tal como se expre-sa por parte del ex Ministro del Trabajo del gobierno de Aylwin: "Las bases intelectuales del consenso emergente están siendo construidas sobre el fundamento de la confianza en una integra-ción creciente a la economía mundial y el uso de los mecanismos de regulación macroeconómicos propios de una economía abierta. La sociedad organizada cumple un papel fundamental, tanto en la definición de las 'reglas del juego' laboral -las que deben tener un amplio grado de legitimidad social- como en la negociación co-lectiva, elemento clave para asegurar que las remuneraciones re-flejen la productividad de los trabajadores en las empresas"3.

Se trata de un cambio del contenido de la normativa, de la natu-raleza jurídica y social del derecho laboral, que de proteccional de quienes viven básicamente como asalariados, pasa a promocio-nar un modelo de economía capitalista determinado. Bastante descriptivas de esta transformación son las conclusiones en el sentido de que: "Signos premonitorios de un proceso de transfor-mación del Derecho del Trabajo se están haciendo patentes; ellos están configurando una perspectiva distinta de aquella que está-bamos acostumbrados a observar. La flexibilidad jurídica, como presupuesto necesario de los nuevos tiempos, ha venido aponer en jaque ciertos postulados percibidos hasta ahora como inmutables, lo que ha dado paso a formas menos rígidas de contratación.... La tendencia del Derecho clel Trabajo, en esta materia, ha sido la de disminuir las barreras que impiden los cambios requeridos y reba-jar Las protecciones que secularmente han estado presente en pro de los trabajadores en la mayoría de las legislaciones sociales."4.

En ese marco se inscriben las últimas proposiciones que el gobier-no ha promovido bajo el título de "Iniciativas para el empleo y la productividad", que contiene tres propuestas concretas, la primera denominada de promoción del empleo juvenil, que, en síntesis, sig-nificaría que junto con destinar los recursos de los programas de contratación con bonificación del Estado vía SENCE hacia los tra-

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bajadores de entre 18 a 24 años de edad, se sustituye el pago de la indemnización por años de servicios, que correspondería a es tos jóvenes, por actividades de capacitación. La segunda formulación implementa nuevos mecanismos de flnanciamiento y de ejercicio del derecho a sala cuna que darían un mayor acceso de las mujeres a dicho beneficio y modificarían la actual forma de pago del misino, de modo de establecer más alternativas de ejercicio de este derecho y, finalmente, referidas a las denominadas jornadas especiales de trabajo, se buscaría organizar la jornada laboral de una forma más eficaz y compatible con la vida familiar del trabajador. Para ello, se ampliarán y perfeccionarán las actuales facultades de la Dirección del Trabajo en cuanto a autorizar la jornadas horarias especiales de trabajo, bajo la condición de que concurra el consentimiento de los trabajadores, se certifique el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas en cuestión y que implique una jornada semanal no superior a las 45 horas semanales. Cabe agregar que, dentro de los argumentos que expone el gobierno, se menciona el aumento progresivo de las solicitudes de las empresas para obte-ner actualmente las respectivas autorizaciones para implementar jornadas especiales.

Un marco legal flexible de la jornada laboral

Sin disminuir la importancia de las primeras dos mociones, sin duda, el debate se ha ido centrando en la última de las propuestas gubernativas, dada su mayor connotación económica e incidencia en las condiciones en que deberá desempeñarse el trabajo asala-riado, dada la modificación introducida por la ley N ° 19.759 al inciso Io, del artículo 22 del Código del Trabajo, en lo que respecta a la duración máxima de 45 horas semanales de la jornada ordina-ria, a contar del 01 de enero de 2005, lo que ha llevado a un cre-ciente número de empresas a ir diseñando los nuevos tipos de jor-nadas, para lo cual requieren indispensablemente de una mayor amplitud de la actual legislación vigente, que les permita readecuar

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sus sistemas horarios, toda vez que, el artículo 28° del mismo Có-digo establece que dicha jornada debe distribuirse en un mínimo de 5 y en un máximo de 6 días a la semana, siendo la máxima extensión que puede alcanzar la jornada diaria de 10 horas y que el artículo 32° inciso primero del citado cuerpo legal permite sólo un máximo de dos horas diarias de carácter extraordinario.

Para lograr una adecuada comprensión de lo que está en debate con la nueva modificación que pretende el gobierno, que permitiría transformar en una jornada de aplicación general la actual jornada especial o excepcional que exceptúa del descanso dominical, debemos referirnos a los actuales alcances del artículo 38°, ya citado, que regula dicha materia y que en palabras oficiales de la Dirección del Trabajo tiene la siguiente interpretación en reciente pronunciamiento, de acuerdo al Dictamen N° 2.860/ 70, del 21.de julio de 20.03, de esa entidad fiscalizadora sobre descanso compensatorio y días domingos:

"El artículo 38 del Código del Trabajo, que establece excepciones al descanso dominical y de días festivos, en sus cuatro primeros incisos, prescribe: "Exceptúanse de lo ordenado en los artículos anteriores los trabajadores que se desempeñen: "1.- en las faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable; "2.- en las explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que satisfacen o para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria; " 3.- en las obras o labores que por su naturaleza no puedan ejecutarse sino en estaciones o períodos determinados; "4.- en los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de la empresa; "5.- a bordo de naves; "6.- en las faenas portuarias, y

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"7.-en los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público, respecto de los trabajadores que realicen dicha atención y según las modalidades del establecimiento respectivo. "Las empresas exceptuadas de este descanso podrán distribuir la jornada normal de trabajo, en forma que incluya los días domingo y festivos. Las horas trabajadas en dichos días se pagarán como extraordinarias siempre que excedan de lajornada ordinaria semanal. "Las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana en compensación a las actividades desarrolladas en día domingo, y otro por cadafestivo en que los trabajadores debieron prestar servicios, aplicándose la norma del artículo 36. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por turnos para no paralizar el curso de las labores. "No obstante, en los casos a que se refieren los números 2 y 7 del inciso primero, al menos dos de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberán necesariamente otorgarse en día domingo. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos". De la norma legal precedentemente transcrita se infiere que los trabajadores que se desempeñan en las explotaciones, labores o servicios a que se refieren los números 1 a 7 de la misma, están exceptuados del descanso dominical y de días festivos que establece el artículo 35 del Código del Trabajo, lo cual se traduce en que su jornada normal de trabajo puede distribuirse en tales días y que las horas laboradas en ellos sólo da derecho al pago de horas extraordinarias si con ellas se excediere la jornada convenida por las parles. Se infiere asimismo, (¡ne el legislador ha otorgado a los trabajadores cxce¡)( nados del descanso en comento en virtud de los N°s. 2 y 7, precedentemente transcritos, el derecho a que, a lo

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menos, dos de los días de descanso compensatorio que les corresponde en el respectivo mes calendario, les sean otorgados en día domingo. Ahora bien, el pronunciamiento requerido obliga a determinar si las labores que realizan los trabajadores por los cuales se consulta se encuentran o no comprendidas dentro de las situaciones previstas en los numerandos 2 y 7 ya citados, atendido que, como ya se expresara, el derecho de que se trata sólo asiste a los trcibcyadores exceptuados del descanso dominical que se desempeñen en las faenas, establecimientos y labores que en los mismos se indican.".

Como bien lo expresa el dictamen anterior, el artículo 38° del Códi-go laboral chileno regula las excepciones a la normativa que prote-ge el descanso dominical, sustrayendo a los trabajadores que eje-cutan algunas de las labores que indican los siete numerales de la mencionada disposición y que tienen características de continui-dad, debido a que se trataría de servicios o faenas que no podrían suspenderse o detenerse según lo indican las razones expresadas en dicho artículo, que con motivo de la reforma laboral de la ley N° 19.759, vigente a contar del 1 de diciembre de 2001 pasó a contem-plar la contraexcepción de que los descansos de dichas jornadas excepcionales tratándose de las labores signadas por los numerales 2o y 7o, del artículo 38°, deberían recaer en dos domingos del respec-tivo mes, a lo menos, tal como lo explica la propia Dirección del Trabajo en un informe sobre el alcance de tal modificación legal: "La modificación introducida en el artículo 38 del Código permite que los trabajadores que se desempeñen en las explotaciones, labores o ser-vicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que sa tis facen o para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria y en los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamen-te al público, respecto de los trabajadores que realicen dicha atención y según las modalidades del establecimiento respectivo, vale decir los correspondientes a los numerales 2 y 7, aumenten de uno a dos al mes los días de descanso que deberán recaer en días domingo.

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Sin perjuicio de mantener la facultad del Director del Trabajo de autorizar el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y descansos en el artículo 38 inciso final, la reforma agrega el cumplimiento de dos nuevos requisitos para proceder a tal autorización, los que se suman a los anteriores, en el sentido de que deberá contarse con el acuerdo de los trabajadores involucrados, si los hubiere, y se haya constatado, mediante fiscalización, que las condiciones de higiene y seguridad son compatibles con el sistema solicitado

Sumado a lo anterior, la reforma también innova en el plazo de vigencia del sistema autorizado, por cuanto hoy el plazo de vi-gencia es de 4 años, sin perjuicio que el Director del Trabajo pueda renovar la autorización, si se verifica el mantenimiento de los requisitos que justificaron su otorgamiento. En este mismo sentido, y tratándose de obras o faenas, la vigencia de la resolu-ción no podrá exceder del plazo de ejecución de las mismas, con un máximo de cuatro años.

A las anteriores jornadas excepcionales debe agregarse las indi-cadas en el artículo 39°, del mismo Código, que ha previsto las situaciones de las actividades laborales que deben prestarse en lugares lejanos de los centros urbanos, norma que permite a empleadores y trabajadores convenir jornadas ordinarias con una duración máxima de dos semanas ininterrumpidas, a cuyo término deberá otorgarse descanso por todos los días domingos y festivos que haya comprendido dicha jornada bisemanal, incrementado en un día adicional de descanso.

Otro elemento que no puede dejarse de considerar en este análisis de la legislación positiva es el inusual planteamiento efectuado por el actual Ministro del Trabajo ante la sesión del Senado que analizaba las reformas laborales de la Ley N ° 19.759, buscando dar una interpretación a los alcances de las modificaciones que se introducían al artículo 38°, que apaciguara a las senadores

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más flexibilizadores de las normas laborales, señaló, para una "historia de la ley", que el sistema de autorizaciones establecido por la Dirección del Trabajo operaría automáticamente, "siempre que mantuvieren las condiciones que habilitaron la primera autorización". En otras palabras, las jornadas excepcionales podrán renovarse indefinidamente, según el sentido que ha tratado de darle dicho personero.

Siguiendo con las innovaciones que introdujo la última reforma del año 2001, se consagró otro tipo de jornada denominada parcial, que también constituye una excepción a las normas generales sobre la jornada y su distribución horaria, ya que los nuevos artículo 40 bis y siguientes reconocen y autorizan el contrato especial con jornada parcial de trabajo, en el que se pacta una jornada que no excede a los dos tercios de la jornada ordinaria del artículo 22 del mismo Código, jornada de carácter continuo y que no podrá exceder el máximo de 10 horas, con una interrupción de media a una hora para la colación.

Antes de finalizar el examen de la legislación laboral aplicable en materias de jornadas no se puede dejar de mencionar que ya en el Código del Trabajo que dejó la dictadura se estableció la posibilidad del empleador de extender la jornada ordinaria para evitar perjuicios a los establecimientos y faenas por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, evitar accidentes y realizar reparaciones impostergables de las maquinarias, conforme a lo prevenido en el artículo 29°, del actual Código.

La jurisprudencia administrativa proclive a la flexibilización de la jornada

Ampliando los márgenes de movilidad que la normativa anterior entrega a los empleadores, el organismo estatal fiscalizador de dicha legislación ha ido aun más allá, otorgando aun mayores facilidades para que la parte patronal pueda adecuar los sistemas

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de jornadas a sus necesidades, según se desprende de los dictámenes que más adelante se transcriben.

Nos referimos al hecho de que dicha interpretación administrativa otorga a los empresarios, de modo genérico, la posibilidad de adecuar a su voluntad las jornadas semanales de trabajo, a fin de cumplir con la obligación de otorgar descansos en dos días domingos del mes, que consigna el nuevo inciso 4o del artículo 38°. En aquellas empresas en donde la jornada sólo se encuentre regulada por los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, igualmente se permite compensar los festivos trabajados mediante descansos otorgados en dichos dos domingos de cualquier mes del año e inclusive la posibilidad de otorgar los descansos compensatorios en medio de una semana laboral y no esperar que ella transcurra íntegramente para otorgar tales compensaciones de días domingos o festivos trabajados. Del mismo modo, la labor interpretativa de la Dirección del Trabajo ha concluido, en lo que respecta a la aplicación de las horas extraordinarias, que dicho sobretiempo, en las jornadas semanales distribuidas en cinco días a la semana, puede efectuarse.en el sexto día, es decir, modificando, en el hecho la jornada semanal pactada en solo cinco y que los pactos sobre jornadas extraordinarias pueden ser de orden genérico. En efecto, no obstante la ley ha limitado dichos acuerdos a un máximo de tres meses, estos pueden renovarse sucesiva e indefinidamente cuando se presenten las mismas circunstancias que permitieron pactarlo originalmente, si así se conviene en el respectivo acuerdo. Así se consigna expresamente en los siguientes documentos de la Dirección del Trabajo:

Dictamen N ° 2219/126, del mes de julio de 2002: "Para los efectos de dar cumplimiento a la obligación que se consigna en el precepto señalado en el N ° 1, precedente, el empleador podrá efectuar las correspondientes adecuaciones en la distribución de lajornada de trabajo, ías cuales deberán necesariamente contar

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con el acuerdo o consentimiento de los involucrados cuando dicha distribución se encuentre convenida en los respectivos contratos individuales o instrumentos colectivos a que se encuentren afectos. Por el contrario, si la jornada de trabajo existente se cumple a través de un sistema de turnos, cuya duración y distribución se encuentra consignada únicamente en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, el empleador se encontraría facultado para modificar la referidajornada, debiendo para tales efectos dar cumplimiento a las exigencias contempladas en el artículo 156 del Código del Trabajo. 3.1) Con igual propósito, el empleador podrá acordar con los respectivos dependientes compensar los días festivos laborados, otorgándoles descansos en día domingo del mismo mes calendario o de otro distinto dentro del mismo año calendario. 2) La señalada obligación podrá también ser cumplida conviniendo la concesión del descanso semanal en una oportunidad distinta al séptimo día. en la medida que con ello no se alteren las normas sobre distribución de jornada que prevé el ordenamiento jurídico laboral vigente, debiendo entenderse reconsiderada en tal sentido la doctrina conforme a la cual el descanso compensatorio semanal debía otorgarse necesariamente al séptimo día, después de seis días consecutivos de labor, y que se contiene, entre otros, en dictámenes N°s 305/24, de 18.01.94, 2411/ 125, de 25.04.97, 3094/170, de 25.05.97. 6196/320, de 14.10.97y 647/ 44, de 4.02.98."

Dictamen N ° 1673/103, de mayo de 2002: 1) Tratándose de trabajadores cuya jornada laboral se distribuye en cinco días, resulta procedente el trabajo extraordinario en el sexto día, dado el cómputo en unidad semanal de dicha jornada extraordinaria que efectúa el artículo 30, del Código del Trabajo. 2) Respecto de este tipo de trabajadores, atendido al hecho de que el trabajo extraordinario se computa en una unidad de tiempo equivalente a la semana, el límite al trabajo en horas extraordinarias, en cuanto a su duración máxima, es de 12 horas semanales, las que pueden distribuirse a lo largo de la semana incluyendo el sexto día. 3) De

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conformidad al Ordinario 332/23, de 30 de enero de 2002, los trabajadores cuya jornada de trabajo se distribuya en cinco días están afectos, en el sexto día, al límite de dos horas diarias de

jornada extraordinaria a que alude el inciso primero, del artículo 31 del Código del Trabajo, cuando en los cinco días en que se distribuye la jornada ordinaria se hubiesen laborado horas extraordinarias en cada uno de esos días. Por el contrario, en el evento de no haberse utilizado completamente las 12 horas — límite semanal— durante los cinco días a que se ha hecho referencia, procedería que el saldo que reste para completar dicho tope de 12 horas se utilice para laborar horas extraordinarias el sexto día. En tal caso, su límite diario ha de ser necesariamente de 8 horas. Por lo anterior, se debe entender complementada la doctrina contenida en el punto 7), del Ordinario 332/23, de 30 de enero de 2002, en el sentido indicado precedentemente. 4) En atención a las nuevas disposiciones sobre jornada extraordinaria contenidas en la Ley 19.759 y que apuntan a enfatizar la naturaleza temporal y transitoria de las mismas, excluyendo toda posibilidad de laborar horas extraordinarias con carácter permanente, sólo resulta procedente laborar tales horas durante el sexto día, al igual que en el resto de los días en que se distribuye lajornada ordinaria, en la medida que se cumplan a su respecto, de forma estricta, las referidas restricciones en cuanto a su naturaleza, así como las formalidades y límites para su pacto."

Dictamen N ° 0332/23 de enero de 2002: " 1) No existe impedimento jurídico para que las partes suscriban un pacto genérico sobre trabajo extraordinario por un plazo no superior a tres meses, a través del cual el trabajador se obligue a laborar sobretiempo cuando concurran las situaciones o necesidades temporales especificadas previamente en el referido acuerdo. 2) El pacto sobre horas extraordinarias no puede exceder de tres meses y el límite de sus renovaciones estará determinado por la permanencia de las circunstancias que le dieron origen, lo cual no podrá afectar en caso alguno el carácter ocasional del trabajo

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extraordinario 3) 3.1) Resulta jurídicamente procedente que a requerimiento y en representación de los o algunos afiliados, el respectivo sindicato celebre un pacto sobre horas extraordinarias en los términos del inciso 10 del artículo 32 del Código del Trabajo. 3.2) y 3.3) No existe impedimento que en los contratos o convenios colectivos de trabajo, incluidos en estos últimos aquellos de carácter Ixircial, se acuerde el trabajo extraordinario de los involucrados, en la medida que la respectiva estipulación se ajuste íntegramente a las exigencias que sobre el particular establece el inciso 1 ° del arl ículo 32 del Código del Trabajo, vale decir, que la misma no abarque i ii i lapso superior a tres meses y que en ella se indiquen en forma pormenorizada las situaciones o necesidades temporales que harán I ¡remedente el respectivo sobretiempo. 3.4)Enlos instrumentos colectivos ¡Kxirá también contemplarse una regulación marco sobre el trabajo de horas extraordinarias en la empresa, estableciendo criterios de temporalidad, formalidades del pacto, horas máximas de sobretiempo por trabajador, distribución del mismo entre los trabajadores, etc. 4). 4.1) Para los efectos previstos en el inciso 1 ° del artículo 32 del Código del Trabajo deberá entenderse por situaciones o necesidades temjx>rales de la empresa, todas aquellas circunstancias que no siendo permanentes en la actividad productiva de la empresa y derivando de sucesos o acontecimientos ocasionales o de factores que no sea posible evitar, impliquen una mayor demanda de trabajo en un lapso determinado.4 .2) La sola circunstancia de celebrarse un contrato de trabajo por unafaena de temporada no presupone la concurrencia de las condiciones que autorizan el trabajo extraordinario, de suerte tal que el sobretiempo de los trabajadores afectos a tales contratos sólo será procedente en los términos del inciso 1 ° del artículo 32 precitado, esto es, en la medida que se den las condiciones señaladas en dicho precepto y que las partes celebren un pacto al efecto. 8) Las nuevas disposiciones que regulan el trabajo extraordinario resultan aplicables a los trabajadores afectos a sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y descansos, como asimismo, o aquellos sujetos a jornadas bisemanales de trabajo."

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Conclusiones

1) Las referencias hechas a las diversas normas analizadas, permiten señalar que en Chile actualmente hay un conjunto de disposiciones legales que confieren amplias posibilidades a los sectores empresariales para establecer diversas variantes de regímenes horarios de trabajo que superan los límites de las jornadas máximas semanales y diarias, su distribución, la vigencia del descanso semanal y los máximos permitidos de horas extraordinarias. De manera que no puede ser un problema de rigidez excesiva de la leg is lac ión el motivo de la nueva inic iat iva flexibílizadora, toda vez que en el amplio espectro de posibilidades que otorga los siete numerales del artículo 38° y 39° del Código del Trabajo y sin perjuicio de las otras normas ya reseñadas, se cubre un amplio espectro de las empresas de bienes y servicios del país.

2) La labor interpretativa efectuada por el organismo fiscalizádor del Estado respecto de dicha normativa amplia aun más las prerrogativas de la patronal en orden a implementar jornadas que exceden a las reglas generales sobre la materia, lo que incluso excede los textos expresos de la normativa vigente.

3) Esta ñexibilidad de la norma y de la jurisprudencia administrativa tienen una directa incumbencia en cuanto a la ubicación ele Chile como uno de los países en que dan las mayores jornadas laborales del mundo, de acuerdo a un informe elaborado por "The World Competitiveness Yearbook", 1Mb, Chile ha liderado entre los años 1996-1998 el ranking de un total de 49 países estudiados y a su vez, también es el país de mayor productividad en América Latina. "Otro rrpor/r internacional señaló que entre 58 capitales, Santiago se ubicó en primer lugar respecto del

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tiempo dedicado al trabajo por sus habitantes, sumando 2.244 horas anuales. Santiago fue secundada en este ranking por Kuala Lumpur. Bogotá, Hong Kong y Taipei"5.

4) La nueva reforma propuesta por el Gobierno no hará sino acrecentar el cuadro anterior toda vez que: "A partir de marzo de este año, y planteado como requisito para la reactivación económica y la generación de nuevos empleos, ha resurgido de parte del empresariado y de sectores del Gobierno, la discusión sobre la jornada laboral, específicamente sobre la flexibilidad o adaptabilidad pactada del tiempo de trabajo. Sin que se conozcan aun propuestas concretas, el tema se ha enfocado desde la perspectiva económica y como necesidad de competitividad de las empresas que permitiría, con una utilización flexible del tiempo de trabajo a lo lago del año, adecuar las jornadas y reducir costos laborales. Lo cual incentivaría nuevas contrataciones"6.

5) En cuanto a la justificación esgrimida por los sectores que pugnan por flexibilizar la ya excesivamente ílexibilizada legislación chilena, en cuanto ella permitiría crear nuevos puestos de trabajo podemos indicar que: "...no existen estudios cientíjicos que demuestren el <nexo causal> entre protección laboral y un eventual aumento del desempleo y viceversa. Por ejemplo en Chile entre 1978 y 1986 hubo una legislación muy flexible y la tasa de cesantía fue muy alta. Por el contrarío, en 1990 aunque se <rigidizó> en cierto grado la legislación, la tasa de cesantía disminuyó sostenidamente hasta 1998"7. Otros países desarrollados, no citados, como los escandinavos y Japón, tienen una alta protección laboral y una baja cesantía." Por otra parte, la tasa actual de cesantía es superior a un 9 %, cifra discutida por el método empleado para su determinación, se ha mantenido sin grandes variaciones, lo que ha llevado a la conclusión de que se trata de una cesantía

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estructural, determinada por la adecuación a las exigencias de la llamada economía global que ha significado, entre otros aspectos, la desindustrialización.

¿Qué significa esta nueva reforma adaptabilizadora?

Una adecuada forma de responder a esta interrogante, la permite el leer con atención las últimas opiniones entregadas por Juan Claro, Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, quien, sin ningún tapujo, ha expresado claramente que considera insuficiente el proyecto del Ministro del Trabajo, ya que otorgaría una competencia excesiva a la Dirección del Trabajo para autorizar la procedencia de las jornadas exceptuadas del descanso dominical y que ella debiera operar sin sujeción a la intervención de ese organismo. En reciente discurso, que hiciera ante una reunión empresarial, señaló: "que en el marco de una economía abierta, continuar con un régimen dejornadas de trabajo uniforme constituye un anacronismo. Describió como un contrasentido mantener ciertas trabas y restricciones cuando el desempleo no cede al ritmo deseado, especialmente entre los jóvenes, y las mujeres no pueden ingresar al mercado laboral al ritmo que coriesponde a nuestro nivel de desarrollo. Admitió que el proyecto presentado por el Gobierno al Congreso requiere de algunos perfeccionamientos en su articulado, en especial, aquel que elimina lajacultad discrecional otorgada a la Dirección del Trabajo"8. Es evidente que el máximo diligente del gran empresariado chileno busca derogar cualquier obstáculo legal que inhiba a sus representados para poder amoldar las jornadas a sus requerimientos de mercado, ya que 110 es efectivo que exista un régimen uniforme de jornada en el país, pues se aplican las más diversas y especiales sistemas horarios.

No se trata de incrementar la jornada ordinaria, sino que dentro de las 45 horas semanales que comenzarán a regir a contar del 01 de enero de 2005, permitir las más distintas y variadas formas

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horarias de la actividad laboral, de modo que los ajustes a ese nuevo máximo semanal no conlleven pérdidas al capital y que no se produzcan, dentro de ella, momentos de aumento de lo que se denomina como trabajo necesario, es decir, de aquella parte destinada a la subsistencia del trabajador.

Una segunda cuestión, no menos relevante, es que las nuevas reformas que propugnan el gran empresariado y gobierno chilenos con la perspectiva de lograr una mayor adecuación a las exigencias derivadas de la globalización de la economía nacional, expresada principalmente por los tratados de libre comercio suscritos con los Estados Unidos, entre otras potencias capitalistas, es el hecho de que se corrobora una constante de la economía capitalista de deshumanización del trabajo, tal como se describe en un antiguo manual de economía política, pero de gran vigencia, que plantea:

"Una de las consecuencias de la aparición y la generalización progresiva de la producción de mercancías, es que el mismo trabajo comienza a regularizarse, a dosificarse, es decir, que el trabajo deja de ser una actividad integrada a los ritmos de la naturaleza y deja de obedecer a los ritmos fisiológicos del hombre"'. Las jornadas de trabajo flexibles, variables, adaptables mes a mes, semana a semana, día a día, en donde el trabajador deja de poseer el control del tiempo que antes era suyo y que destinaba a su vida familiar, cultural y al esparcimiento, necesariamente desaparecerá. Si antes existía un período de descanso diario, semanal y anual, debidamente determinado, ahora será reemplazado por el tiempo que determinen las necesidades de la competencia por los mercados, un tiempo que ya no podrá prever ni controlar el trabajador. Richard Sennett en su texto "La Corrosión del Carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo", bien señala que: "Las especiales características del tiempo en el neocapitalismo han creado un conflicto entre carácter y ex¡)eriei icia. la experiencia de un tiempo desarticulado que amenaza la capacidad de la gente de consolidar su carácter en narraciones duradt'ras."

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BIBLIOGRAFÍA

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REFERENCIAS

Abogado, Universidad Católica de Chile, asesor sindical. 1 Héctor Escribar Mandiola, Tratado de Derecho del Trabajo,

Tomo I, p. 17. 2 Perry Anderson, Balance del Neoliberalismo: Lecciones para la

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Izquierda, Santiago: Cuadernos Aréis - Lom N° 4, 1996, p. 7. 3 Rene Cortazar, Política Laboral en el Chile Democrático, San-

tiago: Ediciones Dolmen, 1993, p. 36. 4 Héctor Húmeres y Cecily Halpern, "Globalización Económica

y Derecho Individual del Trabajo", en Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Santiago de Chile, 1998, p. 111 y 112.

5 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, El trabajo y la protección social en Chile 2000 2002, Santiago, febrero 2003.

(i Magdalena Echeverría, "Tiempo de trabajo, tiempo social", Revista Laboral Chilena, 2002, p. 64.

7 Sergio Gamonal, "La flexibilidad laboral: apuntes críticos", en Revista laboral chilena, Santiago, 2003, p. 65.

8 El Mostrador, 30 de octubre de 2003. 9 Mandel Ernest, Introducción a la teoría económica marxista,

Montevideo: Editorial Carabela, 1971.

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EL TLC CHILE - EE. UU. Y EL MODELO DE DESARROLLO

Magaly Parada Aguayo *

El día 22 de octubre de 2003, el Senado de Chile aprobó, por 34 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, siendo éste el último paso de la tramitación que se inició en diciembre de 2000. Con esta votación el acuerdo bilateral quedó definitivamente sellado, tras la ratificación que hiciera el parlamento estadounidense el pasado 31 de julio, pudiendo entrar formalmente en vigencia el 1 de enero de 2004. La sesión del Senado fue interrumpida por las protestas de grupos antiglobalización, los que fueron desalojados de las tribunas de la sala por orden del presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar.

El párrafo anterior, sin ser una cita, se asemeja bastante al carácter de las notas hechas por la prensa nacional durante los días posteriores al trámite en el Senado. Los medios de prensa se han ocupado de resaltar y difundir ampliamente las ventajas del TLC, relacionándolas con el hecho de que Estados Unidos es el primer inversor externo de Chile y su principal socio comercial, con un intercambio anual que supera los 6.000 millones de dólares, situación que en la práctica se traduciría en beneficios para los chilenos. Los beneficios anunciados para la población de nuestro país podrían resumirse en:

a. que en un plazo de 12 años todos los bienes y servicios de intercambio quedarán libres de aranceles, lo que supone posibilitar a los empresarios chilenos el ingreso al mercado más importante del mundo, siendo las mercancías chilenas más beneficiadas el cobre y sus derivados, el salmón, productos forestales, vinos y fruta fresca.

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b. que los precios de los bienes importados desde Estados Unidos disminuirán de manera considerable debido a la rebaja arancelaria, lo que permitiría ampliar la diversidad y la cantidad de productos importados ofrecidos en nuestro país.

c. que el TLC atraerá mayor flujo de Inversión Extranjera, lo que implica contar con mayores fuentes de trabajo.

Quienes han criticado la firma del TLC con Estados Unidos lo han hecho arguyendo falta de democracia en el proceso y la inconstitucionalidad del texto firmado. Se ha dicho también que la pérdida de soberanía que implica este acuerdo no se ve compensada por los beneficios en el terreno comercial.

Atendamos el contexto general:

Lo cierto es que nos encontramos frente a una situación de enor-me desigualdad entre ambos países, Chile y Estados Unidos.

Según cifras de Producto Interno Bruto (PIB1) del año 2001, la participación de Estados Unidos en el producto global es de 21,4%, en comparación con el 0,1% del PIB chileno. Estados Unidos representa un mercado de 288 millones de habitantes, mientras Chile cuenta en su mercado interno con una población de 15 millones de habitantes.

Además, Estados Unidos cuenta con una estructura arancelaria escalonada que grava con aranceles mayores los bienes que poseen mayor valor agregado incorporado. Esta estructura permite a este país proteger determinados bienes producidos internamente.

Chile, por su parte, mantiene desde hace décadas un arancel parejo para todos los bienes importados, el que además ha ido

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descendiendo con la implementación de medidas aperturistas de nuestra economía. Este proceso es parte de lo que se ha llamado apertura unilateral de la economía chilena.

También es preciso recordar que se encuentra vigente el Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGPA) para las exportaciones chilenas a Estados Unidos. El SGPA desgrava, en el intercambio con los países que participan del acuerdo, el ingreso al mercado norteamericano de los bienes favorecidos, estos son particularmente los manufacturados, es decir justamente aquellos que Chile no produce. Actualmente, los beneficios de rebajas arancelarias que se reciben por dicho acuerdo son sometidos a revisión cada año.

Revisemos ahora los argumentos que se han dado a favor del TLC:

a. El TLC promoverá un importante incremento de las exportacio-nes chilenas, ya que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo.

El tratado establece que el 87% de los envíos chilenos a Estados Unidos ingrese desde el primer año de su vigencia con arancel cero, lo cual se estima acontecerá en el 2004. El resto de las exportaciones se desgravará en un lapso máximo de doce años, es decir, el proceso se habrá completado para el 2016.

Chile exporta principalmente materias primas de bajo valor agre-gado. Las industrias del cobre, el salmón, los productos foresta-les, los vinos y la fruta fresca, claramente obtendrán beneficios por esta rebaja.

El impacto de las ventajas prometidas por el TLC para el sector exportador debe analizarse considerando que el arancel promedio pagado en la actualidad por nuestro país para ingresar

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los productos de exportación a Estados Unidos no llega al 1,0%. Es decir, la ganancia para las exportaciones chilenas, de llegar a arancel cero, no será superior a este 1,0%. Recordemos que Washington, al suscribir el TLC, no está obligado a cambiar la estructura arancelaria escalonada que actualmente posee.

La evolución de la estructura de exportaciones chilenas, entre 1960 y 1997, muestra la diversificación de los sectores de exportación, aunque claramente se mantiene la característica en todos ellos de realizar explotación de recursos naturales. Además, es preciso señalar que a través de Empresas Transnacionales o de sus asociaciones con grupos nacionales, el capital transnacional se encuentra presente en todos los sectores de nuestra economía, incluyendo aquellos vinculados a la exportación. Como ejemplo se expone la participación de las Inversiones Extranjeras Directas (ingresadas vía DL6002), provenientes de Estados Unidos y de la Unión Europea en los distintos sectores de producción, incluyendo aquellos de exportación.

Estructura de las exportaciones chilenas: 1960-1997. Bienes Fob

0,900 0,800

0,700 0,600

0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000

1960 1970 1980 1990 1997 • Minería Cobre O Minería No Cobre H]Productos del Mar • Productos Agrícolas O Productos Forestales QOtros

Fuente: Elaboración propia. En base a información del Banco Central de Chile Boletín Mensual 1997; Patricio Meller, Raúl Sáey., 1997. Auge Exportador Chile-no, Lecciones y Desafíos Futuros. CIEPLAN.

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IED vía DL 600 Por Sector Económico I I Unión Europea I lEEUU

100%--90%- -80%--70%--60%--50%--40%--30%--20%--10%--

0 % -

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL. Informe: La In-versión Extranjera para América Latina y el Caribe, 2001. Pág. 113.

b. El TLC promoverá una importante disminución de los precios de los bienes importados debido a la reducción de aranceles.

Respecto al flujo comercial desde Estados Unidos a Chile, es preciso señalar que el arancel promedio que enfrentan las im-portaciones desde Estados Unidos alcanza el 6%. Recordemos que el arancel promedio que pagan nuestras exportaciones es menos del 1 %

Siendo el objetivo del TLC alcanzar el arancel cero para el inter-cambio, al desaparecer las barreras arancelarias, claramente el beneficio alcanzado por listados Unidos es mayor que el logrado por Chile.

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Pero más allá de la comparación de cifras promedio, aquí lo aten-dible tiene que ver con que, al existir un beneficio adicional para incentivar las importaciones, se agudizará un problema ya exis-tente en nuestro mercado interno. La importación de productos que sustituyen producción nacional por productos importados. Productos manufacturados, que no tienen un alto grado de de-sarrollo actualmente en nuestro país, pero que existen. La expe-riencia de las industrias textiles y del calzado, son ejemplos que no se deben olvidar.

Podríamos entender que el TLC mantendrá las condiciones de intercambio actualmente vigentes. Profundizando el proceso de sustitución de producción nacional por importaciones y mante-niendo las condiciones de una industria exportadora de mate-rias primas de bajo valor agregado, asegurando con ello las rela-ciones de dependencia en condiciones muy precarias para Chile respecto a sus posibilidades de negociar o defender los intereses de su población.

Tomemos como ejemplo de estas condiciones precarias la situa-ción, por todos conocida, del déficit fiscal provocado por la re-ducción arancelaria que llevó al Gobierno a incrementar el Im-puesto al Valor Agregado (IVA), bajo el argumento de que el be-neficio de la disminución de los precios de importaciones com-pensaría con creces el alza del IVA. Sabemos que las personas beneficiadas por la reducción de precios de productos importa-dos no son necesariamente las que deberán enfrentar una ma-yor carga tributaria por efecto del IVA.

El IVA es el impuesto más regresivo, dado que lo pagan en mayor proporción las personas de menores ingresos. El IVA, al ser un impuesto parejo para todos los bienes de consumo, se transfor-ma en un impuesto al acto de consumir. Sabemos que mientras menor sea el ingreso de una persona, mayor proporción de su salario lo destinará al consumo, quedándole muy poco dinero

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para el ahorro o la inversión. En la medida que el nivel de ingre-sos aumenta, esa proporción varía, disminuyendo cada vez más la que corresponde al acto de consumir.

Si se observa la estructura de la recaudación tributaria en Chile, aparece el gran peso que tiene el IVA, representando entre el 47% y 48% del total de impuestos recogidos en nuestra economía. Aquí radica su carácter regresivo.

[MPUESTO CLASIFICACION POR TIPO DE [MPUESTO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

A LA RENTA 24.57% 24.09% 23.36% 23.54% 22.68% 23.59% 22.96% 24.05% 22.60% 24.90%

IVA 46.36% 48.34% 47.94% 48.93% 48.36% 47.90% 48.07% 47.80% 48.43% 48.46%

PRODUCTOS 11.94% 11.14% 10.54% 10.51% 10.83% 11.04% 11.79% 12.43% 14.09% 13.72%

Tabacos 3.89% 3.49% 3.34% 3.40% 3.39% 3.24% 3.25% 3.50% 4.25% 4.28%

Combustibles 8.05% 7.65% 7.20% 7.12% 7.44% 7.80% 8.55% 8.94% 9.83% 9.44%

ACTOSJUR 2.70% 2.94% 3.42% 3.61% 3.52% 3.80% 4.13% 3.85% 4.23% 3.64%

COMEXT 13.73% 12.76% 12.71% 11.47% 12.17% 11.85% 10.85% 10.30% 9.22% 8.29%

OTROS 0.69% 0.72% 2.03% 1.94% 2.43% 1.81% 2.20% 1.57% 1.44% 1.00%

ITNETOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 00.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Ministerio de Hacienda Dirección de Presupuestos. Estadísticas de las Finanzas Públicas 1991-2000

c. El TLC incentivará los flujos de Inversión Extranjera hacia nuestra economía, lo que implica contar con mayores fuentes de trabajo.

Los beneficios de la Inversión Extranjera son innegables, siem-pre y cuando se realice en determinadas condiciones. La Inver-sión Extranjera Directa (IED), es decir aquella que se incorpora al proceso productivo, generando puestos de trabajo, que respe-ta el medio ambiente y aporta o transfiere tecnología, claramen-te trae consigo beneficios para la economía interna.

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Para que dichas condiciones se den, debe existir un cuerpo legal que entregue al Estado las herramientas para regular el ingreso y la permanencia del capital extranjero.

Actualmente en Chile, el Comité de Inversiones Extranjeras re-cibe las solicitudes y gestiona el ingreso de IED que ingresa a través del DL 600, conocido también como el Estatuto de la In-versión Extranjera. Dicho Estatuto es el que garantiza un trato no-discriminatorio y no-discrecional al inversionista extranjero.

El principio de la no-discriminación garantiza a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, "la no-discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica". De esta manera, la inversión extranjera y las empresas en que ésta participe están sometidas al mismo régimen jurídico que la inversión nacional, sin que pueda discriminarse respecto de ellas ni directa ni indirectamente. El principio de no-discriminación se extiende a los diferentes sectores económicos. Por su parte, la no-discrecionalidad garantiza la existencia de procedimientos claros, conocidos y transparentes, que aseguran un tratamiento justo e imparcial al inversionista extranjero. De esta manera, cualquier persona natural o jurídica extranjera, así como chilenos con residencia y domicilio en el exterior, pueden invertir en el país a través del D.L. 600.

El D.L. 600 es un contrato-ley que se suscribe entre el inversionista y el Estado de Chile. Mediante dicho contrato, el inversionista extranjero queda autorizado para efectuar un aporte de capital por un monto determinado, el que se destinará al objeto autorizado en conformidad a lo solicitado por el propio inversionista. Considerando que se trata de un contrato vinculante para el Estado de Chile, éste no puede ser modificado unilateralmente por el Estado ni siquiera mediante la dictación de normas legales con posterioridad a su suscripción.

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El Capítulo 10 del TLC compromete al Estado chileno a manlenet las ventajosas condiciones vigentes hoy en día para los Inversionistas Extranjeros. Dicho compromiso se expresa tan lo para las inversiones ya realizadas Estados Unidos en Chile como para las que se realizarán, quedando el Estado chileno sujeto al arbitrio de un Tribunal Internacional en caso de que los inversionistas apelen ante dicho tribunal al ver menoscabados sus beneficios.

Por su parte, la Inversión Extranjera Indirecta (IEI) o Inversión Especulativa, es decir aquella que no se integra al proceso pro-ductivo, debe adaptarse a las condiciones que imponga el Banco Central mediante el mecanismo de encaje.

La IEI o los llamados capitales "golondrina", buscan mercados en función de un objetivo: realizar rápidamente una ganancia sin entrar en el proceso productivo. Esto se traduce en la práctica en que llegan a las economías cuando se presentan dos situaciones: diferencial de tasas de interés y revaluación de las monedas nacionales.

En la primera situación, el diferencial de tasas de interés favorable para el capital foráneo se da cuando el tipo de interés en Chile es mayor que el que pueden encontrar en su país de origen u otro país que le garantice condiciones favorables al momento de retirarse, la ganancia se genera en el rendimiento financiero del instrumento que hayan elegido. En el caso de existir procesos revaluatorios, la ganancia se produce por efecto del tipo de cambio. La revaluaciói i de la moneda nacional implica que el precio del tipo de cambio cae, un dólar hoy cuesta más pesos que el mismo dólar mañana. Al llegar con una cantidad de dólares e invertir en papeles medidos en pesos, por la venta de los mismos papeles incluso al mismo precio, pasado un período corto de tiempo podrán adquirir, con esa misma cantidad de pesos, mayor cantidad de dólares y se irán con más dólares que con los que llegaron.

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Ambas situaciones generan necesariamente movimientos en la economía interna con efectos desestabilizadores más o menos graves, según sea el volumen de recursos involucrados. Los efectos desestabilizadores se relacionan con las repercusiones de los movimientos de capitales en los equilibrios macroeconómicos y los niveles de actividad. Por ello se requiere de mecanismos de protección que disminuyan los efectos desestabilizadores sobre la economía interna. Estos mecanismos estabilizadores, generalmente están en manos del Banco Central.

Durante la década de los noventa, América Latina se enfrentaba una coyuntura similar a la actual, de bajas tasas de interés en Estados Unidos (y Europa en ese momento) con motivos reactivadores y altas tasas de interés en la región, lo que incrementaba el diferencial de tasas de interés internacionales con las internas. Ello atrajo grandes cantidades de capital golondrina a todos los países de la región, siendo entonces Chile la excepción, puesto que atrajo en su mayoría inversión directa influida principalmente por los beneficios de la minería y otros sectores vinculados a la producción de materias primas y servicios.

Chile, desde entonces y durante varios años, usó con éxito un mecanismo de restricción al ingreso de recursos de corto plazo, conocido con el nombre de "encaje", que consiste en que un porcentaje de la inversión (que en Chile llegó al 30%) debe quedar retenido en el Banco Central, además de imponer restricciones a los plazos de salida (el plazo máximo que alcanzó en Chile fue 1 año). De esta manera, el Banco Central busca disminuir el impacto del ingreso de capitales, al liberar un poco el manejo de la tasa de interés para realizar política interna con efectos estabilizadores.

Vale detenerse aquí para explicar el funcionamiento del mecanismo de estabilización. La importancia de contar con la

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tasa de interés para el manejo de la política interna se funda en la estrecha relación que ésta tiene con la inversión y el consumo, en sistemas en los cuales gran parte del consumo se realiza a través del crédito. El Banco Central fija una tasa de interés de instancia, que es la tasa de referencia para el sistema financiero. Pongamos un ejemplo: si el Banco Central desea activar la Demanda Interna, fijará una tasa de instancia baja, con lo cual el Sistema financiero debería seguir la tendencia, con ello abarata el crédito y con esto el consumo, a la vez que hace menos interesante los instrumentos de ahorro que el sistema ofrece, ante lo cual quienes poseen liquidez preferirán invertir productivamente.

El encaje y las políticas de estabilización fueron empleados con éxito en la década de los noventa. Su utilización fue puesta frecuentemente de ejemplo a nivel internacional como un mecanismo efectivo para reducir los efectos adversos de los movimientos de fondos de corto plazo, además de permitir al país enfrentar en mejores condiciones que otras naciones de la región el llamado "efecto tequila" de 1994-1995.

La suscripción del TLC exige a Chile renunciar definitivamente a usar el mecanismo de encaje. El encaje fue reemplazado por un mecanismo que reduce su aplicación a un lapso de sólo un año v "cuando las medidas fiscales y monetarias no sean suficientes para garantizar la estabilidad económica" y siempre que "no obstaculice seriamente las salidas de capital", lo que restringe fuertemente la autonomía del Banco Central para aplicar políticas monetarias. Se trata de un paso que deja al país, en lo fundamental, en absoluta dependencia de las direcciones que adquieran los desplazamientos de capitales, los cuales han sido factores determinantes en numerosas crisis durante los últimos años.

Al reunir antecedentes que aparecen como relevantes para comprender los alcances e implicancias de la firma del TLC para

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el modelo de desarrollo vigente en nuestro país, podemos concluir lo siguiente:

El modelo económico vigente en Chile, y el modelo de desarrollo que lo sustenta, tiene sus bases en el Consenso de Washington que ha promovido, desde su inicio en los años ochenta, la aper-tura plena de las economías a los movimientos comerciales y de capitales, políticas que tiendan a la desregulación, la disminu-ción de la presencia estatal y la promoción de los mecanismos de mercado, los programas de privatizaciones, el privilegio en las políticas macroeconómicas de bajos niveles de inflación y el fin de los desequilibrios presupuestarios.

Estos principios son los que han regido el quehacer del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), orga-nismos a través los cuales se asegura que las distintas naciones en el marco de interés, se ajusten a dichos principios de funcio-namiento. Mediante los mecanismos del crédito internacional y los llamados programas de desarrollo se ejerce la presión inter-nacional. La firma del TLC entre Chile y Estados Unidos implica imponer dichos principios en la práctica y para el futuro.

Esto quiere decir que Chile deberá hacer frente a situaciones futuras no predecibles hoy día, sin posibilidad de efectuar cambios en las normativas internas referentes a tributos, medio ambiente, nacionalización o expropiación, puesto que se expone a ser demandado frente a Tribunales Internacionales y a ser obligado a indemnizar a sus demandantes.

La gravedad de la situación descrita, para Chile se profundiza al abarcar también el caso del cobre y el royalty minero. El royalty constituye la cancelación que debe hacerse al dueño de la tierra, en este caso al Estado chileno, por explotar un recurso natural, en este caso el cobre. Otros países, incluso aquéllos con empresas transnacionales instaladas en esta industria en Chile, tienen

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normado este impuesto. Chile en la práctica, ha tomado el compromiso con Estados Unidos de no aplicar dicho royalty.

PAÍSES PRODUCTORES DE COBRE: PAGO DE ROYALTY País Situación Chile No se aplica Estados Unidos Aplica por tipo de tierra Indonesia US$ 45-55/TM Australia 2,5%-7%. Canadá l%-2% China 2% Perú No se aplica Polonia 3% Kazajstán 2% México No se aplica Zambia 2% Argentina 3% Sudáfrica 8%, deducible de impuestos

Fuente: Cochilco

Es posible pensar que el objetivo estratégico de Estados Unidos es el ALCA, es decir conseguir una gran zona franca de Alaska a Tierra del Fuego. El ALCA está previsto sea constituido por 35 países de América, de los cuales Estados Unidos representa el 92% del PIB total y los 34 países restantes, representan 520 millones de consumidores y de trabajadores para Estados Unidos. Además, el ALCA le permitirá a Estados Unidos el acceso libre a materias primas y recursos energéticos.

La importancia que tiene Chile para Estados Unidos es de orden estratégico, principalmente en el plano geopolítico, en función de avanzar con sus planes regionales en el escenario de

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competencia mundial. El actual orden mundial se dibuja con potencias económicas integradas en tres zonas, la Unión Europea, Asia y América, esta última liderada por Estados Unidos. La globalización es el escenario de esta competencia.

Es en este orden mundial y escenario de competencia, que Estados Unidos se interesa por Chile. Para entrar al orden mundial, Chile optó por esta vía.

Aunque creo que no es posible marginarse para sobrevivir, sí creo que es posible integrarse a una realidad innegable y objetiva, resguardando el bienestar de las mayorías. Me parece, en todo caso, que esto se hará posible siempre y cuando las mayorías empecemos a hacernos cargo de nuestro bienestar.

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BIBLIOGRAFÍA

Alcayaga, Julián: La inconstitucionalidad del TLC con Estados Unidos, ESTRATEGIA, Santiago, 10/10/2003.

Arceo, Enrique: El ALCA es regulación disfrazada de libertad. Página 12, 13/10/2003.

Banco Central De Chile, Boletín Mensual. 1996-2002.

Cepal: Informe: La Inversión Extranjera para América Latina y el Caribe, 2001.

Fazio, Hugo: Crece la Desigualdad. Otro Mundo es Posible. Edilo rial LOM. Santiago 2001.

Fazio, Hugo: ¿Quiénes Gobiernan América Latina?. Editorial LOM. Santiago 2003.

Meller, Patricio y Sáez, Raúl: Auge Exportador Chileno, Lecciones y Desafíos Futuros. CIEPLAN. Santiago, 1997.

Ministerio de Hacienda Dirección de Presupuestos: Estadísticas de las Finanzas Públicas 1991-2000.

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REFERENCIAS

Economista, Ingeniero Comercial de Universidad ARCIS; Investigadora y Profesora en Programas de Formación y Desarrollo para Trabajadores.

1 PIB. Producto Interno Bruto que permite medir en dinero la producción total de bienes y servicios realizada al interior de las fronteras de un país, sin importar quien sea el dueño de los medios de producción utilizados.

2 D.L. 600: Decreto con fuerza de Ley conocido como el Estatuto de la Inversión Extranjera, el cual establece los términos y condiciones a los que se acogen los flujos de capital extranjero que se transfieren a nuestro país. A pesar de que existen otros mecanismos que pueden ser utilizados por el inversionista extranjero, como el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central, más del 80% de la inversión extranjera materializada desde 1974 ha ingresado al país a través del mecanismo que establece el D.L. 600.

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sociedad, trabajo y neoliberalismo. apuntes de las escuelas de formación sindical. ical y f. rosa...

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