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RECOMENDACIÓN No. 10/2018
SOBRE EL CASO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS A LA SEGURIDAD PERSONAL DE V1, ASÍ COMO AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN AGRAVIO DE V1 Y V2, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. Ciudad de México, a 19 de abril de 2018
LIC. MANUEL VELASCO COELLO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. LIC. MARÍA SUSANA PALACIOS GARCÍA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. MTRO. LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. Distinguidos servidores públicos:
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero y 102, Apartado
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3º, segundo
párrafo, 6°, fracciones I, II y III, 15, fracción VII, 24, fracciones II y IV; 42, 44, 46 y
51 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 14, 128 a 133 y
136 de su Reglamento Interno, ha examinado las evidencias del expediente
CNDH/1/2015/5737/Q, relacionado con la queja presentada por V1.
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2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los
hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su
publicidad, en términos de lo establecido en los artículos 4º, párrafo segundo de la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 147 de su Reglamento
Interno, y 68, fracción VI, y 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha información se pondrá en
conocimiento de las autoridades recomendadas a través de un listado adjunto en
que se describe el significado de las claves utilizadas, con el deber de dictar las
medidas de protección de los datos correspondientes.
3. En la presente Recomendación, la referencia a diversas instituciones y
ordenamientos se hará con acrónimos o abreviaturas a efecto de facilitar la lectura
y evitar su constante repetición, las que podrán identificarse como sigue:
• Procuraduría Estatal. La entonces Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas.
• Fiscalía Especializada en Derechos Humanos Estatal. Fiscalía
Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas.
• Fiscalía Especializada. Fiscalía Especializada en Protección a los
Derechos de las Mujeres de la entonces Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas.
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• Policía Estatal. Agente de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas.
• Policía de Tránsito. Agente de la Policía de Tránsito Municipal de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
• Centro de Estudios. “CETIS” Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y
de Servicios número 138, “Gabino Barreda”.
• Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
I. HECHOS. 4. El 4 de julio de 2015 a las 8:15 horas, V1 acudió al Centro de Estudios ubicado
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la aplicación del Examen Nacional del
“Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, ciclo escolar 2015-
2016”1, para estar en posibilidad de formar parte del servicio público de educación
e impartir la clase de “Disciplina de lectura, expresión oral y escrita”.
5. Debido a que patrullas desviaban la circulación, V1 descendió del taxi en la
calle de entrada a la altura de un entronque donde se ubica el Centro de Estudios,
y cuando estaba a metros de distancia del citado plantel, fue interceptada por
cinco o seis personas, quienes le preguntaron si presentaría examen, a lo que 1 De acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos, criterios y acuerdos establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como en las convocatorias para el ingreso a la Educación Básica, expedidas por las Autoridades Educativas de las 32 Entidades Federativas.
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contestó que sí, pidiéndole de manera insistente su “ficha” y cuando accedió, le
arrebataron el folder que la contenía con copia de su credencial de elector.
6. De forma inmediata, dos personas la sujetaron de las manos mientras gritaban
“quítenle el cabello”, momento en que una persona del sexo femenino se acercó
por detrás y con unas tijeras le cortó parte de su cabello que llevaba en forma de
coleta, mientras decían “no es suficiente, de ahí no”, misma persona que se paró
frente a ella y le cortó otro mechón, escuchó que gritaban ¡foto, foto!,
percatándose que le tomaban fotografías con un teléfono celular y cuando
preguntó por qué la agredían, manifestaron por ser “charra”.
7. En el lugar se encontraba un contingente que presenció los hechos, entre los
que se encontraban AR1, AR2 y AR3 de la Policía Estatal, quienes laboraban
vestidos de civil, sin que auxiliaran a V1 ni solicitaran apoyo para evitar tal
agresión.
8. Por su parte, AR4, AR5, AR6 y AR7 de la Policía de Tránsito, igualmente
presenciaron la agresión de que fue objeto V1, debido a que se encontraban en la
Patrulla 1 y Patrulla 2 a un costado de la “Torre Chiapas” sobre el “Libramiento
Norte” sin que hicieran algo para evitarlo o en su caso, informar a sus superiores.
9. El 4 de julio de 2015, V1 denunció los hechos en la Fiscalía Especializada, por
lo que se inició el Registro de Atención 1 por la posible comisión de hechos
delictuosos.
10. El 6 de julio de 2015, V1 formuló queja ante este Organismo Nacional en la
que se inconformó con la actuación de personal de la Secretaría de Seguridad y
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Protección Ciudadana del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, la cual se radicó con el expediente
CNDH/1/2015/5737/Q.
11. El 13 de julio de 2015, otra víctima de hechos similares (V2) presentó denuncia
ante la Fiscalía Especializada dentro de la Averiguación Previa 1, con motivo de lo
acontecido el 4 de ese mes y año a las afueras del Centro de Estudios donde un
grupo de personas “le cortaron el copete de su cabello”, le arrebataron la ficha
para presentar el Examen Nacional y la fotografiaron con un teléfono celular, sin
que obre constancia de que hubiera presentado queja ante este Organismo
Nacional.
12. El 5 de agosto de 2015, este Organismo Nacional ejerció facultad de atracción
para conocer los hechos narrados por V1.
13. Para dar seguimiento a la queja presentada por V1, este Organismo Nacional
obtuvo informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal; de
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; de la Fiscalía
Especializada en Derechos Humanos Estatal; de la Fiscalía Especializada y de la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales Estatal, cuya valoración
lógico-jurídica será objeto de análisis en el capítulo de Observaciones de esta
Recomendación.
II. EVIDENCIAS. 14. Acta Circunstanciada de 6 de julio de 2015, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar la entrevista realizada a V1, en la que relató que
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el 4 de julio de 2015, unas personas le arrebataron su ficha de examen, la
sujetaron de las manos y le cortaron el cabello de atrás y adelante, mientras le
tomaban fotografías, hechos presenciados por elementos de tránsito municipal
que se encontraban en la Patrulla 1 y Patrulla 2, quienes nunca la auxiliaron, pero
sí le tomaron fotografías; posteriormente AR1 se identificó con ella como policía
estatal diciéndole que la apoyaría, sin que realizara alguna acción a su favor y
agregó que el organizador de los manifestantes era PR1 del bloque democrático
de la Sección VII del SENTE (sic).
15. Publicaciones periodísticas de 7 de julio de 2015, relacionadas con los hechos
ocurridos el 4 de julio de 2015 a V1.
16. Oficio SGG/SSGDH/DVDHTPD/0640/2015-N/M/002 de 15 de julio de 2015,
mediante el cual la Secretaría General de Gobierno y Derechos Humanos del
Estado de Chiapas, remitió a este Organismo Nacional el diverso
FEDHAVSC/0668/2015 signado por SP5, al que adjuntó el siguiente documento:
16.1 Copia simple del oficio PGJE/FEPDM/1182/2015 de 12 de julio de
2015, en el cual informó que el 4 de julio de 2015, se inició el Registro de
Atención 1 por la posible comisión de hechos delictuosos en agravio de V1;
fecha en que la Fiscalía Especializada decretó medidas precautorias para
su protección, extensiva a familiares y amigos; se le indicó que existe una
casa de tránsito para resguardar su integridad física, sin que aceptara la
propuesta de dicho servicio. El 6 de julio de 2015, el Registro de Atención 1
se elevó a Carpeta de Investigación 1 y se remitió al Sistema Tradicional
(sic) de dicha Fiscalía y fue radicada como Averiguación Previa 1 por los
delitos de discriminación, robo con violencia y asociación delictuosa.
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17. Oficio SSPC/UPPDHAV/773/2015 de 28 de julio de 2015, a través del cual la
Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a
Víctimas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal anexó
copia del diverso SSPC/DPEP/TGZ/5155/2015 de 20 de julio de 2015, al que la
Dirección de la Policía Estatal Preventiva adjuntó el parte informativo de 18 de julio
de 2015, en el que AR1 narró su participación en los hechos. 18. Oficio SSPyTM/CJ/3275/2015 de 28 de julio de 2015, a través del cual la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, adjuntó a este Organismo
Nacional la siguiente información:
18.1 Parte informativo sin número de 4 de julio de 2015, suscrito por AR4,
AR5 y AR6. 18.2 Folio 68281 de 20 de julio de 2015, suscrito por AR6, quien negó los
hechos atribuidos por V1. 18.3 Folio 68281 de 27 de julio de 2015, a través del cual AR4 negó los
hechos atribuidos por V1.
19. Oficio FEDHAVSC/0772/2015 de 30 de julio de 2015, mediante el cual la
Fiscalía Especializada informó a este Organismo Nacional el estado que guarda la
Averiguación Previa 1, iniciada por los delitos de discriminación, robo con violencia
y asociación delictuosa.
20. Acta Circunstanciada de 31 de julio de 2015, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar la comunicación telefónica con V1, quien refirió
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que la protección brindada por la entonces Procuraduría Estatal ha consistido en
patrullajes en sus domicilios y llamadas telefónicas; asimismo, agregó que el 30 de
julio de 2015 presentó su examen en el Estado de Puebla donde fue cuidada por
personal de dicha dependencia.
21. “ACUERDO DE APERTURA DE EXPEDIENTE DE QUEJA POR
ATRACCIÓN” de 5 de agosto de 2015, mediante el cual este Organismo Nacional
ejerció la facultad de atracción para conocer del caso relacionado con la queja
presentada por V1.
22. Acta Circunstanciada del 25 de agosto de 2015, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar que se constituyó en la Fiscalía Especializada y
recibió copias simples de diversas constancias de la Averiguación Previa 1, de las
que destacan las siguientes:
22.1 “ACTA DE ENTREVISTA DE LA DENUNCIANTE [V1]” de 4 de julio de
2015, rendida ante SP1, en la que denunció hechos probablemente
constitutivos de delito. 22.2 “CONSTANCIA” de 4 de julio de 2015, mediante la cual SP1 informó a
V1 las fechas y horas de los talleres de psicología. 22.3 “ACTA DE ENTREVISTA DE [T1]” de 4 de julio de 2015, ante SP1, en
la que declaró que su hija V1 le informó por mensaje que no había
presentado el examen porque supuestos maestros le quitaron su ficha y le
cortaron su cabello; cuando llegó a donde V1 se encontraba, la observó
“desgreñada”, posteriormente la acompañó con unos policías a quienes V1
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preguntó por qué no la habían auxiliado, contestándole “porque eran
muchas personas las que estaban haciendo disturbios”; después llegaron
dos supuestos policías, identificándose uno de ellos como AR1.
22.4 “ACTA DE ENTREVISTA DE [T2]” de 4 de julio de 2015, quien refirió a
SP1 que V1 le informó vía telefónica que no había hecho su examen debido
a que unas personas la retuvieron, le arrebataron su ficha, la intimidaron y
le cortaron su cabello; que cuando llegó con V1 la observó “despeinada”,
temblorosa y con su cabello trasquilado, refiriéndole que había sido
humillada, posteriormente dos personas vestidos de civil dijeron “que
estaban ahí para ayudarla, pero sólo le hicieron preguntas y se fueron”. 22.5 “COMPARECENCIA VOLUNTARIA DE [V1]” de 4 de julio de 2015
ante SP1 en la que exhibió una USB con 18 fotografías de su cabello antes
y después de los hechos, de la Patrulla 1 y Patrulla 2, así como de dos
“supuestos policías” para que se realice el peritaje correspondiente.
22.6 “DICTAMEN MÉDICO LEGAL” de 4 de julio de 2015, practicado a V1
por perito médico adscrito al Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía
Especializada.
22.7 “VALORACIÓN PSICOLÓGICA” de 4 de julio de 2015, practicada a V1
por perito en la materia adscrita al área de psicología de la Fiscalía
Especializada.
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22.8 “ESTUDIO VICTIMOLÓGICO” de 4 de julio de 2015, practicado a V1,
por perito en materia de trabajo social adscrita a la Fiscalía Especializada
Estatal.
22.9 Oficio DGPE/J.O/95/2015 de 5 de julio de 2015, suscrito por SP3 y
SP4, Agentes Investigadores del Nuevo Sistema de Juicios Orales
U.I.I.J.R.D.M., al que adjuntaron el informe solicitado por SP1 respecto a los
hechos denunciados por V1.
22.10 Oficio 00453/0854/2015 de 5 de julio de 2015, suscrito por el perito
en materia de criminalista de campo adscrito a la Dirección General de
Servicios Periciales de la entonces Procuraduría Estatal, al que anexó seis
fotografías digitales de V1.
22.11 “ACUERDO” de 6 de julio de 2015, suscrito por SP1, mediante el
cual elevó el Registro de Atención 1 a Carpeta de Investigación 1 por el
delito de robo con violencia y lo que resulte en contra de quienes resulten
responsables. 22.12 “ACUERDO DE INCOMPETENCIA” por materia de 6 de julio de
2015, mediante el cual SP1 ordenó la remisión de la Carpeta de
Investigación 1 a la Fiscalía del Ministerio Público de delitos graves de
dicha Fiscalía. 22.13 Oficio SSPyTM/CAVIP/0447/2015, de 6 de julio de 2015, mediante el
cual la Coordinación Operativa del Centro de Atención y Vigilancia
Permanente (CAVIP) informó a SP1 que ese centro no cuenta con cámara
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instalada en Libramento Norte a la altura de la Torre Chiapas y el Centro de
Estudios, por lo que no es posible remitir la información solicitada. 22.14 “DECLARACIÓN” de AR4 ante SP2 del 8 de julio de 2015, en la que
manifestó que se percató a 30 metros de la agresión que V1 sufrió, sin que
interviniera debido a que la multitud era muy grande, como 250 personas, al
parecer de maestros de la CNTE2. 22.15 “DECLARACIÓN” de AR6 ante SP2 de 8 de julio de 2015, en la que
manifestó que el 4 de ese mes y año, se percató a 30 metros que seis
personas del sexo masculino tenían encerrada a una persona del sexo
femenino mientras otra mujer le cortaba su cabello con tijeras, sin que
interviniera debido a que la multitud era como de 250 personas. 22.16 “DECLARACIÓN” de AR5, rendida ante SP2 el 8 de julio de 2015, en
la que manifestó que el 4 de julio de 2015 se percató a 30 metros que
cuatro personas del sexo masculino tenían encerrada a una persona del
sexo femenino, mientras otra persona del sexo femenino le cortaba su
cabello, sin que intervinieran debido a que la multitud era muy grande. 22.17 “DECLARACIÓN” de AR2, rendida ante SP2 el 8 de julio de 2015,
quien refirió que el 4 de ese mes y año, laboraba dentro de la multitud
vestido de civil y se percató cuando cinco personas del sexo masculino
acorralaron a V1, le quitaron un fólder, mientras otra persona del sexo
femenino le cortaba el cabello, sin que pudieran defenderla, que cuando
2 Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
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llegaron a la esquina de La Torre, AR1 se identificó con V1 para que sirviera
como testigo. 22.18 “DECLARACIÓN” de AR3, rendida ante SP2 el 8 de julio de 2015, en
la que manifestó que el 4 de ese mes y año, laboraba vestido de civil dentro
de la multitud y vio cuando cinco personas del sexo masculino acorralaban
a V1, le quitaron un fólder mientras otra persona del sexo femenino le cortó
el cabello, sin que pudieran defenderla porque pudieron haber salido
lastimados. 22.19 Oficio sin número de 8 de julio de 2015, mediante el cual la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó a la Unidad
de Violencia Familiar que, en cumplimiento a la medida de protección
otorgada a V1, el 4 de julio de 2015, a las 23:50, realizaron patrullajes
preventivos y permanentes en su domicilio. 22.20 Oficio DFSEPCHIA/AT/0048/2015 de 9 de julio de 2015, mediante el
cual la Delegación Federal de la Secretaría de Educación en el Estado de
Chiapas, informó a la Fiscalía Especializada que V1 “está inscrita para
sustentar la evaluación para ingreso al Servicio Profesional Docente, en la
Educación Media Superior” y formó parte de los aspirantes a presentar
examen el 4 de julio de 2015. 22.21 Oficio asignado 31216-31217 de 10 de julio de 2015, mediante el cual
un perito en criminalística de campo y fotografía forense de la entonces
Procuraduría Estatal rindió su informe pericial respecto a la fijación
fotográfica del lugar de la investigación.
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22.22 “DECLARACIÓN MINISTERIAL DE [V2]” de 13 de julio de 2015 ante
SP2, en la que refirió que el 4 de ese mes y año, acudió al Centro de
Estudios a presentar su examen y fue agredida por un grupo de personas
quienes “le cortaron el copete de su cabello”, le arrebataron su ficha para
presentar el Examen Nacional y le tomaron fotografías. Misma fecha en que
identificó por fotografía a PR3 y PR4 como dos de sus agresores.
23. Oficio CEDH/VAAAM/0456-A/2015-M de 29 de julio de 2015, a través del cual
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas informó a este
Organismo Nacional que no existe registro de expediente de queja a nombre de
V1.
24. Oficio SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/2804/2015 de 14 de septiembre de 2015,
mediante el cual la Dirección de Asuntos Federalizados de la Secretaría de
Educación del Estado de Chiapas, informó a esta Comisión Nacional que el Centro
de Estudios fue designado para la aplicación del “Examen Nacional de Ingreso del
Nivel Medio Superior del ciclo escolar 2015-2016”, y al advertirse que V1 refirió
como organizador de los manifestantes a PR1, el 31 de agosto de ese año, solicitó
a la Dirección de Administración de Personal de la Subsecretaría de Educación
Federalizada de esa Secretaría, informara si PR1 labora para el subsistema
federalizado y anexó lo siguiente: 24.1 “ACUERDO DE INICIO” del Procedimiento Administrativo 1 en contra
de PR1, suscrito por el Director de Asuntos Federalizados de la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de
Educación Estatal de 3 de septiembre de 2015, por hechos suscitados el 4
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de julio de ese año en agravio de V1, en el que se señala que PR1 es
trabajador activo, con categoría de maestro de grupo primaria, foráneo.
25. Acta Circunstanciada de 14 de junio de 2016, a través de la cual personal de
este Organismo Nacional hizo constar la llamada a V1, quien informó que la última
ocasión que acudió a la entonces Procuraduría Estatal fue el año pasado y
respecto a la medida de protección que se le concedió, tuvo seguridad hasta el
mes de diciembre de 2015, no obstante, los elementos policiales le dejaron sus
números telefónicos.
26. Acta Circunstanciada de 16 de junio de 2017, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar que T1 informó que V1 ya no tenía protección y
tampoco ha sido molestada, agregó que cuando no conoce un número telefónico,
no contesta.
27. Oficio FEDHAVSC/1446/2016 de 8 de julio de 2016, mediante el cual la
Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, adjuntó el siguiente:
27.1 El 24 de agosto de 2015, dicho Juzgado negó la orden de aprehensión
solicitada por los delitos de robo ejecutado con violencia y agravado y
asociación delictuosa. “En cuanto al delito de discriminación, declinó
competencia al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento para esa
entidad”.
27.2 Oficio FAR.M4.338.2016 de 6 de julio de 2016, mediante el cual la
Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, informó que en la Averiguación Previa 1, el 5 de agosto
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de 2015 consignó a PR1, PR2, PR3 y PR4 por los delitos de robo ejecutado
con violencia agravado, discriminación y asociación delictuosa en agravio
de V1 y la sociedad, respectivamente, ante el Juzgado Segundo del Ramo
Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Chiapa,
Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, radicándose como Causa Penal 1.
28. Oficio FDH/533/2017 de 12 de julio de 2017, mediante el cual SP5 informó a
este Organismo Nacional que el 24 de noviembre de 2016 se autorizó la reserva
de la Averiguación Previa 1 por los delitos de robo ejecutado con violencia
agravado y asociación delictuosa en agravio de V1 y V2, por lo que se envió al
Archivo General para su guarda y custodia; asimismo, anexó los oficios FAR.
M1.153.2017 y el diverso FAR.M1.542.2016 de la Fiscalía Especializada en
Asuntos Especiales y Relevantes.
29. Oficio FDH/1525/2017 de 23 de octubre de 2017, a través del cual SP5
informó a esta Comisión Nacional, entre otros aspectos, que no cuenta con las
declaraciones ministeriales de PR1, PR2, PR3 y PR4 debido a que la Fiscalía de
Asuntos Relevantes indicó que “conforme el sistema tradicional o inquisitorio, (…)
no estaba obligado a citarlos para que fueran escuchados (…), ni consideró
necesario (…) para [su] integración, si bien todo imputado tiene derecho de
audiencia, ésta no fue solicitada (…)”. Respecto del delito de discriminación se
encuentra imposibilitada para proporcionar el número de causa penal, toda vez
que no fue remitida al Juzgado de Control y Enjuiciamiento por haberse dictado la
reserva, y anexó los siguientes documentos:
29.1 “DETERMINACIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL” de 5 de
agosto de 2015, mediante el cual SP2 ejerció acción penal sin detenido en
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la Averiguación Previa 1 en contra de PR1, PR2, PR3 y PR4 por los delitos
de discriminación y robo ejecutado con violencia agravado cometido en
agravio de V1 y V2, así como el de asociación delictuosa en agravio de la
sociedad. 29.2 Oficio FAR.M1.246.2017 de 23 de octubre de 2017, mediante el cual
dio vista a la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado por el actuar de
SP6, derivado de que en el oficio FAR.M4.338.2016 remitió a esta Comisión
Nacional información errónea.
30. Oficio FDH/1451/2017 de 16 de octubre de 2017, mediante el cual SP5
informó a este Organismo Nacional, que de las constancias que integran la
Averiguación Previa 1 obra únicamente la información de que PR1, PR2, PR3 y
PR4 pertenecen “al Bloque Democrático Sección VII, más no obra información del
centro de trabajo en que laboran”.
31. Oficio FDH/1749/2017 de 13 de noviembre de 2017, a través del cual SP5
comunicó a este Organismo Nacional que la Fiscalía Especializada “ha reactivado
la investigación para (…) determinar lo que conforme a derecho corresponda”;
asimismo, remitió en CD el oficio de consignación de 5 de agosto de 2015, el
acuerdo de negativa de orden de aprehensión de 24 de agosto de 2015, acuerdo
de consulta de reserva de 5 de noviembre de 2016 y de aprobación de la misma
de 11 del mismo mes y año.
32. Oficio SE/CGAJy/L/DAF/DCA/DH/3548/2017 de 13 de noviembre de 2017,
mediante el cual la Jefatura del Departamento Contencioso Administrativo de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas informó a este
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Organismo Nacional que en el Procedimiento Administrativo 1 iniciado a PR1, se
pronunció resolución absolutoria (sic) a su favor al no contarse con elementos con
los que se acreditara la irregularidad atribuida en su contra, ya que PR1 negó los
hechos. 33. Acta Circunstanciada de 19 de enero de 2018, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar que V1 informó vía telefónica, que el examen
que realizaría en el Centro de Estudios el 4 de julio de 2015, lo presentó en el
Estado de Puebla. 34. Acta Circunstanciada de 23 de febrero de 2018, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar que la Fiscalía General del Estado de Chiapas
remitió a través de correo electrónico el oficio FDH/479/2018 de 20 de febrero de
este año, en el que SP5 informó que el 11 de noviembre de 2017 se reactivó la
Averiguación Previa 1 por el delito de discriminación cometido en agravio de V1 y
V2, por lo que el 16 y 20 de ese mes y año, comparecieron AR2 y AR3, así como
AR4, AR5 y AR6, respectivamente.
35. Acta Circunstanciada de 1 de marzo de 2018, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar que el Director de la Fiscalía de Derechos
Humanos de Chiapas, comunicó vía telefónica que la Averiguación Previa 1 se
integraba por el delito de discriminación debido a que no se contó con mayores
elementos para continuar con la investigación respecto de los delitos de “robo
ejecutado con violencia agravado” y asociación delictuosa.
36. Acta Circunstanciada de 6 de marzo de 2018, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar que se constituyó en la Fiscalía General del
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Estado de Chiapas, comunicándole SP2 que en la Averiguación Previa 1 no se
realizó diligencia de identificación de los probables responsables por V1 debido a
que “la identificación de los agresores la realizó [AR1]”, elemento de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para esa entidad; asimismo,
entregó copia de los siguientes documentos:
36.1 Acuerdo de 11 de noviembre de 2017, a través del cual AR8 ordenó la
continuación de la integración de la Averiguación Previa 1 por el delito de
discriminación en agravio de V1 y V2.
36.2 “ACUERDO DE RADICACIÓN” (sic) de 9 de diciembre de 2017, en el
que AR8 solicitó al Comandante Operativo de la Fiscalía de Asuntos
Relevantes, la investigación del delito de discriminación en agravio de V1 y
V2, en contra de PR1, PR2, PR3 y PR4.
36.3 Oficio FAR-M1/306/2017 de 9 de diciembre de 2017, a través del cual
AR8 ordenó al Comandante Operativo, la investigación del delito de
discriminación únicamente respecto de V2. 36.4 “ACTA DE ENTREVISTA” de AR2 ante AR8 de 16 de febrero de 2018,
en relación a la investigación por el delito de discriminación.
36.5 “ACTA DE ENTREVISTA” de AR3 ante AR8 de 16 de febrero de 2018,
en relación a la investigación por el delito de discriminación.
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36.6 Oficio SSPC/UAJ/AVMJ/TGZ/2078/2018 de 20 de febrero de 2018,
mediante el cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
informó a AR8 que AR1 causó baja por acta administrativa.
37. Acta Circunstanciada de 7 de marzo de 2018, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar que se constituyó en la Secretaría de Educación
del Estado de Chiapas, informándole personal de la Coordinación General de
Asuntos Jurídicos y Laborales que a V1 se le buscó para que aportara mayores
elementos de prueba en el Procedimiento Administrativo 1, sin que la localizaran,
por lo que se dejó su notificación fijada en la puerta de su domicilio; que PR2 tiene
una plaza federal, y PR3 una plaza estatal y respecto a PR4 se sigue verificando
su procedencia; además anexó el siguiente documento:
37.1 Oficio SE/CGAJL/198/2018 de 6 de marzo de 2018, a través del cual el
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de
Educación para esa entidad, adjuntó copia simple de la resolución del
Procedimiento Administrativo 1, de 12 de septiembre de 2016, ante la
imposibilidad de enviar copia certificada derivado del incendio en el edificio
principal, como consta del acta circunstanciada de hechos de 7 de
noviembre de 2017 y la declaratoria de emergencia extraordinaria de 1 de
ese mes y año, e informó lo siguiente:
37.1.1. Que debido a que la Dirección de Administración de Personal
indicó que PR1 era trabajador de esa dependencia educativa, se
radicó el Procedimiento Administrativo 1 hasta su conclusión, sin que
dieran vista al Órgano de Control Interno de la Subsecretaría de
20/86
Educación Federalizada por ya haberse radicado el mismo y versar
sobre un procedimiento disciplinario.
37.1.2. No se inició procedimiento administrativo en contra de PR2,
PR3 y PR4 porque la queja de V1 no fue en su contra, inclusive
cuando ella ratificó su escrito tampoco los mencionó, aunado a que
esa Subsecretaría no tuvo conocimiento que hubieran sido señalados
como presuntos responsables (sic).
37.1.3. En cuanto a la seguridad de los alumnos que presentan
exámenes en las instalaciones dependientes de esa Secretaría, la
Coordinación del Servicio Profesional Docente es la encargada de
coordinar las evaluaciones de los aspirantes dentro de las sedes y
aclaró que en el caso concreto “los hechos de los que se duele [V1]
se suscitaron en las afueras del [Centro de Estudios]”, aunado a que
dicha evaluación estuvo a cargo la Delegación de la Subsecretaría
de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública
Federal, quien se encarga de sus propios procesos de evaluación.
38. Acta Circunstanciada de 9 de marzo de 2018, en la que personal de este
Organismo Nacional hizo constar que entabló comunicación con la Directora de
Atención a Víctimas de Violación a Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, quien informó que la
“Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas” creada mediante decreto de
16 de diciembre de 2015 publicado en el Periódico Oficial para esa entidad, aún
no se encuentra en funciones, pero tiene entendido que dependerá de la
Secretaria de Gobierno.
21/86
III. SITUACIÓN JURÍDICA. 39. El 4 de julio de 2015, se inició el Registro de Atención 1 en la Fiscalía
Especializada con la denuncia de V1 por la posible comisión de hechos
delictuosos cometidos en su agravio y en contra de quien o quienes resulten
responsables.
40. El 6 de julio de 2015, SP1 elevó el Registro de Atención 1 a Carpeta de
Investigación 1, la cual fue remitida por incompetencia en razón de la materia a la
Fiscalía de Delitos Graves, siendo radicada en la misma fecha como Averiguación
Previa 1.
41. El 5 de agosto de 2015, SP2 ejerció acción penal sin detenido en contra de
PR1, PR2, PR3 y PR4 como probables responsables de los delitos de
discriminación y robo ejecutado con violencia agravado en agravio de V1 y V2, y el
delito de asociación delictuosa en agravio de la sociedad, por lo que solicitó se
girara la orden de aprehensión correspondiente. 42. El 24 de agosto de 2015, el Juzgado Segundo del Ramo Penal para la
Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y
Tuxtla, negó la orden de aprehensión solicitada por SP2 por los delitos de robo
con violencia agravado y asociación delictuosa, al considerar en relación al delito
de robo, que no se probó la existencia de la cosa hurtada (ficha de examen) y
respecto al delito de asociación delictuosa, por no haberse acreditado la intención
constante y permanente de los sujetos activos para perpetrar acciones ilícitas
determinadas; respecto al delito de discriminación determinó carecer de
competencia por tratarse de un delito no grave precisando que “el órgano técnico
22/86
de investigación deberá hacer el desglose y turnarlo como una nueva
consignación ante el Juez competente que en ese caso resultaría ser el Juez de
Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.
43. El 3 de septiembre de 2015, la Dirección de Asuntos Federalizados de la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales Estatal, inició el
Procedimiento Administrativo 1 en contra de PR1, persona a la que V1 refirió en
su escrito de queja como el “organizador de los manifestantes”.
44. El 12 de septiembre de 2016, el Departamento Contencioso Administrativo de
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, dictó resolución
absolutoria (sic) en el Procedimiento Administrativo 1, al considerar que no había
elementos que acreditaran la irregularidad atribuida a PR1.
45. El 11 de noviembre de 2016, la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales
y Relevantes remitió la Averiguación Previa 1 al “Archivo Temporal” por los delitos
de robo con violencia agravado y asociación delictuosa, propuesta que fue
autorizada el 24 de ese mes y año.
46. El 6 de marzo de 2018, este Organismo Nacional corroboró que la
Averiguación Previa 1 fue reactivada desde el 17 de noviembre de 2017 para
determinar lo que conforme a derecho corresponda respecto del delito de
discriminación, por lo que continúa en integración.
47. Hasta la emisión de la presente Recomendación, la Averiguación Previa 1
continúa en trámite y no obra evidencia de alguna investigación y/o procedimiento
23/86
administrativo en contra del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
IV. OBSERVACIONES. 48. Previo al estudio de las violaciones a derechos humanos en perjuicio de V1,
por lo que hace a las acciones y omisiones a que se refiere esta Recomendación,
atribuidas a servidores públicos de Fiscalía de Asuntos Relevantes, se establecen
con pleno respeto de las facultades conferidas a ésta y sin que se pretenda
interferir en su función de investigación de los delitos o en la persecución de los
probables responsables, potestad exclusiva del Ministerio Público.
49. Por el contrario, se hace patente la necesidad de que el Estado a través de
sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de
conductas delictivas, investigar los ilícitos que se cometan en el ámbito de su
respectiva competencia para identificar a los responsables y lograr que se
impongan las sanciones correspondientes, así como proporcionar a las víctimas
un trato digno, solidario y respetuoso.
50. Enseguida se analizará el contexto del conflicto magisterial en el Estado de
Chiapas, con motivo de la reforma en materia educativa.
A. Contexto del conflicto magisterial en el Estado de Chiapas. 51. Previo al análisis de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron
elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal y la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a fin de ubicar lo ocurrido el 4 de julio de 2015 a las afueras del Centro
24/86
de Estudios, es importante referir datos contextuales del conflicto magisterial en
Chiapas.
52. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se define en su
página electrónica como “una Organización Sindical a nivel nacional, que surge
por acuerdo del Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación celebrado en
diciembre de 1943, cuya misión es el estudio, defensa y mejoramiento de sus
intereses comunes”.3
53. Por otra parte, la CNTE surgió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en diciembre de
1979, bajo el argumento de existir inconformidad con el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).4
54. En la Recomendación 7VG/2017, párrafo 51, se precisó que el 26 de febrero
de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el
que se reforman los artículos 3 en sus fracciones III, VII y VIII; 73, fracción XXV, y
se adicionó un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y
una fracción IX al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.5
55. Dicha reforma estableció como una de las obligaciones del Estado, garantizar
la calidad en la educación obligatoria, previendo la realización de concursos de
3 Artículo de SNTE y CNTE http://revistadeeducacioneducando.blogspot.mx/2015/12/snte-es-una-organizacion-sindical-nivel_1.html 4 URL. https://cnteseccion9.wordpress.com/2011/11/04/conoces-la-historia-de-la-coordinadora/ 5 CNDH. Recomendación 7VG/2017. Sobre violaciones graves a derechos humanos por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción de Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en el Estado de Oaxaca.
25/86
oposición para el ingreso al servicio docente y evaluación obligatoria para la
promoción, reconocimiento y permanencia a cargo del Sistema Nacional de
Evaluación Educativa (SNEE), cuya coordinación corresponde al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE).
56. Tal situación generó la oposición de distintos sectores educativos a nivel
nacional, quienes se han negado a participar en dichos procesos de selección,
manifestándose mediante marchas, paros laborales, enfrentamientos con la
policía, bloqueos e inclusive han cortado el cabello a diferentes personas.
57. El 4 de julio de 2015, a las afueras del Centro de Estudios, sede designada por
la Dirección de Asuntos Federalizados de la Secretaría de Educación del Estado
de Chiapas para la aplicación del “Examen Nacional de Ingreso del Nivel Medio
Superior del ciclo escolar 2015-2016”, se encontraban PR1, PR2, PR3 y PR4,
quienes con diversas personas impidieron la realización de dicha evaluación
docente, quienes a dicho de SP5, pertenecen al bloque democrático Sección VII.
B. El carácter de maestro y el respeto a Derechos Humanos.
58. En la Recomendación 7VG/2017,6 este Organismo Nacional precisó que la
premisa básica para el desarrollo de la sociedad es el apego y respeto al Estado
de Derecho, por tanto, las autoridades, particulares, personas físicas o morales,
instituciones u organizaciones sociales o sindicales, entre otras, están obligadas a
respetar el orden jurídico.
6 CNDH. Ídem, párrafo 131.
26/86
59. El artículo 123, apartado B, fracción X de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece “que los trabajadores tendrán el derecho de
asociarse para la defensa de sus intereses comunes (…)”, por tanto, los maestros
de la Sección VII tienen derecho a manifestarse públicamente para expresar sus
inconformidades por cuestiones de índole magisterial, lo que no les está permitido
es infringir el orden jurídico, ni mucho menos afectar derechos de terceros.
60. Respecto al derecho a la reunión y asociación pacífica, esta Comisión
Nacional en la Recomendación 65/2016,7 preciso:
60.1. En el párrafo 82, que “Los derechos humanos a la reunión y
asociación pacíficas y a la libertad de expresión y opinión en el contexto de
la manifestación y protesta social son reconocidos por el marco normativo
nacional e internacional. Las normas internacionales de derechos humanos
amparan únicamente las reuniones pacíficas. La Constitución (…) previene
que la reunión o asociación libre y pacífica no se podrá coartar cuando
contemple un objeto lícito, como las denuncias públicas, las demandas y
protestas sociales. Los derechos a la reunión y asociación pacíficas
encuentran su límite en la seguridad nacional, la integridad de la población,
el orden público, (…), así como en la protección de los derechos y
libertades de terceros (…)”.
60.2. En el párrafo 83 hizo hincapié en que “Los Estados tienen la
obligación positivamente de proteger activamente las reuniones pacíficas.
7 CNDH. Recomendación 65/2016. Sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas el 19 de julio de 2015 en la comunidad de Ostula, Municipio de Aquila, Michoacán de Ocampo.
27/86
(…) abarca la protección de los derechos de los participantes en reuniones
pacíficas […] por personas aisladas o grupos de personas, incluidos los
casos de manifestantes. (…) Por su parte, los gobernados, en sus
reclamos, [demandas y protestas sociales ante las autoridades], tienen el
deber de no vulnerar la ley, y si derivado de una manifestación pública los
manifestantes cometen delitos, tales ilícitos deberán ser investigados y
sancionados”.
60.3. En el párrafo 84, se enfatizó que “el ejercicio de un derecho, el
planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares,
que por legítimos que estos sean o fundada que resulte la reclamación, no
puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, desconociendo
las instituciones o afectando los derechos de terceras personas”.
61. En torno a la responsabilidad de los maestros por la comisión de ilícitos de
índole penal o administrativo, se debe puntualizar sí su calidad de servidores
públicos los ubica en la hipótesis de agentes a los que se les pueda atribuir
violaciones a derechos humanos; para ello, en la citada Recomendación
7VG/2017, se precisó que para llegar a una conclusión habría que analizar los
siguientes aspectos:
61.1. “a) el carácter individual o colectivo-sindical con el que actúan los
maestros; b) la actuación dentro de un salón de clase, de las instalaciones
de la escuela o fuera de la escuela; c) la actuación vinculada al proceso
enseñanza-aprendizaje o ajena al mismo; d) la actuación frente a alumnos,
28/86
maestros, autoridades escolares, autoridades distintas a las educativas,
padres o tutores de alumnos, terceros a la escuela”.8
61.2. En lo individual un maestro puede violar derechos humanos cuando
actúa: “a) en el contexto del ejercicio de su función de docente dentro del
salón de clase, b) por estar relacionado con el proceso enseñanza-
aprendizaje (relación con alumnos) y, c) en instalaciones de la escuela
(relación con otros alumnos, profesores o autoridades escolares)”.9
61.3. Colectivamente cuando, por ejemplo, cierren “de manera injustificada
las instalaciones e impedir que se impartan clases. La afectación es a los
alumnos en su derecho a la educación o al derecho al trabajo de otras
personas”.10
61.4. En el párrafo 142.3, se estableció que cuando actúa individualmente,
fuera de las instalaciones escolares, aun cuando perjudicara a terceros, no
se le podría atribuir violación a derechos humanos “salvo que actúe con la
anuencia, permisión o tolerancia de una autoridad, en cuyo caso se
investiga el actuar de la autoridad”. Pero cualquier conducta ilícita si bien no
necesariamente cae en el campo de derechos humanos, si debe tener las
consecuencias administrativas o penales que correspondan.
61.5. En el siguiente párrafo, se estableció que cuando se afecta a terceros
por la actuación colectiva de maestros como integrantes del sindicato fuera 8 CNDH. Recomendación 7VG/2017. párrafo 139. 9 CNDH. Recomendación 7VG/2017. párrafo 142.1. 10 CNDH. Recomendación 7VG/2017. párrafo 142.2.
29/86
de las instalaciones escolares, “la labor de este organismo (…) se limitaría a
investigar el actuar de esa autoridad, ya que el sindicato asumiría la calidad
de particular, lo que no lo excluye de responsabilidad penal o
administrativa”.
61.6. Por último, en el párrafo 142.8, se resaltó que, para solucionar tal
problemática, lo idóneo “es identificar un interés común a las autoridades, al
sindicato y a los alumnos como afectados colaterales”, a partir del
cumplimiento de la ley “para que se respeten las posiciones o
planteamientos de las partes”.
62. En el caso particular, este Organismo Nacional desaprueba que un grupo de
maestros y/o simpatizantes de éstos con el pretexto de realizar una manifestación
atenten contra la dignidad humana de las personas, como aconteció en las
inmediaciones del Centro de Estudios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 4 de julio de
2015, lugar en el que con la finalidad de impedir la realización del “Examen
Nacional de Ingreso del Nivel Medio Superior del ciclo escolar 2015-2016”,
sometieron a las aspirantes V1 y V2, les quitaron su respectiva ficha de examen y
deliberadamente les cortaron el cabello, en el caso de V1 ante la omisión de
elementos policiales estatales y municipales, quienes no solicitaron el apoyo a sus
superiores para dar el auxilio al que estaba obligada el área de seguridad pública,
lo que se tradujo en un trato cruel, inhumano y/o degradante por parte de un grupo
de personas.
63. En consecuencia, se deberá investigar la responsabilidad penal de los
agresores y por otro lado, en la que incurrieron los servidores públicos adscritos a
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, Secretaría de
30/86
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como sus superiores jerárquicos
conforme a la cadena de mando, todas con sede en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas,
por las consideraciones expuestas en el presente apartado.
64. Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que integran el
expediente CNDH/1/2015/5737/Q, de acuerdo a los principios de la lógica y la
experiencia y en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se cuenta con evidencias que
permiten acreditar las siguientes violaciones a los derechos humanos atribuibles a
elementos de la policía estatal y municipal, así como a la Fiscalía General del
Estado de Chiapas, respectivamente:
Violación al derecho humano a la seguridad e integridad personal de V1.
Violación al derecho al trato digno de V1.
Violación al derecho humano a una vida libre de violencia de V1.
Consideraciones sobre la prevención de riesgos por parte de los mandos
superiores de la policía estatal y municipal.
Violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de
procuración de justicia, en agravio de V1 y V2.
Lo anterior en razón a las siguientes consideraciones:
31/86
C. Violación al derecho humano a la seguridad e integridad personal de V1. 65. El derecho humano a la integridad personal implica que cualquier persona
tiene derecho a que sea protegida su integridad física, psicológica y a ser tratada
con la dignidad inherente a cualquier ser humano.
66. En la Recomendación 81/2017, párrafo 92, se definió el derecho a la integridad
personal como “aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su
estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración
en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o
sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un
tercero”.11
67. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General 20,
reconoce que el derecho a la integridad personal protege a los individuos de
daños físicos o mentales provocados o que puedan ser ocasionados por una
multitud de acciones y omisiones tanto de las autoridades que hagan uso de sus
potestades públicas, de las autoridades que no se encuentren investidas en ese
momento de su cargo público, así como de los actos de particulares.
68. La CrIDH ha sostenido que “la infracción del derecho a la integridad física y
psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas
connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de
11 CNDH. Recomendación 81/2017. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la libertad personal de V1, V2, V3, V4 Y V5; a la seguridad jurídica de V5, a la integridad personal por actos de tortura cometidos en contra de V1, de V3, niña de 6 años, V4 niña de 8 años y V5, así como el derecho a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez de V2 niña de 1 año, V3 y V4, y a la justicia por inadecuada procuración de justicia, en agravio de V1, V2, V3, V4 Y V5.
32/86
vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y
psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que
deberán ser demostrados en cada situación concreta”.12 69. El derecho a la integridad y seguridad personal, se encuentran regulados en
los artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículo 5, puntos 1 y 2, 7, punto 1 de la Convención Americana
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), artículos 3
y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los
artículos 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en
términos generales especifican que toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral, que nadie debe ser sometido a tratos
crueles, inhumanos y/o degradantes y, asimismo tienen derecho a la seguridad
personal.
70. Respecto a la obligación que tiene el Estado de proporcionar seguridad a las
personas, es prudente citar que “Cuando el Estado, ya sea por acción o por
omisión, falta de articulación de estrategias, planes y políticas adecuadas, no
garantiza la seguridad de los individuos y los derechos que la misma lleva
aparejada (vida, libertad, integridad, propiedad, igualdad ante la ley e igualdad de
oportunidades etc.) incumple tres tipos de obligaciones estatales al respecto,
como lo son las de respetar, proteger y cumplir derivando en el fracaso parcial en
garantizar y proteger los derechos humanos de toda la población, especialmente
12 CrIDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Párrafo 57.
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de aquella más vulnerable a la violencia, justamente aquellos con más problemas
de destitución de derechos”.13
71. También se precisa que “La función policial constituye un servicio público a la
comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio
de los derechos y libertades. La razón de ser que otorga legitimidad a la profesión
policial es la protección y garantía de los derechos humanos y libertades
fundamentales, razón que constituye su horizonte último. Es una labor
íntimamente ligada al bienestar general y a la calidad de vida de las personas
como función superior del Estado”.14
72. Analizadas las evidencias y de acuerdo a la legislación existente, este
Organismo Nacional concluye que los servidores públicos garantes de la
seguridad de las personas, faltaron a sus obligaciones de proteger la seguridad e
integridad personal de V1, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad
y riesgo, protección que debió ser proporcionada con la mayor diligencia que su
cargo les exigía, lo que en el caso en análisis no fue llevado a cabo por parte de
AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7.
73. Esto es así, ya que el 4 de julio de 2015, V1 compareció ante SP1 y señaló:
“Siendo 08:15 horas, llegué (…) al [Centro de Estudios] (…), a unos
pasos de entrar (…) 05 o 06 sujetos (…) preguntaban ¿VENISTE A
13 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH): Seguridad ciudadana en América Latina. Una propuesta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pág. 29. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 2000. 14 Ídem.
34/86
PRESENTAR EXAMEN?, (…); empezándome a gritar que les
entregara mi ficha (…), los sujetos (…) uno y dos me agarraron de
las manos, y [otros dos] me arrebataron de manera violenta el folder
(…) el quinto (…) no me di cuenta qué (…) hizo, (…), me gritan (…)
“VETE, VETE” (…), [los sujetos] se abalanzan contra mí (…)
gritaban “QUÍTENLE EL CABELLO, QUÍTENLE EL CABELLO”, (…)
pierdo fuerzas, me siento intimidada, débil con miedo, pensando en
que (…) me iban a violar o lastimar; (…) se acercó una persona del
sexo femenino (…) llevaba en la mano una tijera, los sujetos (…) se
pusieron a mi alrededor, encerrándome (…) la persona del sexo
femenino por la parte de atrás me cortó el cabello (…); gritaban “NO
ES SUFICIENTE, DE AHÍ NO” (…), [por lo que] toma un mechón de
mi frente y me lo corta, (…) empezaron a decir “FOTO, FOTO” y (…)
un sujeto (…) me estaba tomando fotos, (…) y [pregunté] “PERO
POR QUÉ” y (…) otro hombre dijo “PORQUE ERES CHARRA”, (…)
empecé a caminar sobre la banqueta (…) corrí (…), realicé llamadas
telefónicas (…), crucé la calle (…) hasta llegar a donde estaban unas
patrullas (…) de tránsito municipal, (…) no les pedí apoyo porque
(…) no me sentía segura de pedir ayuda a cualquier persona, (…)
supongo que se dieron cuenta de lo que pasó, (…), un policía (…)
levantó su teléfono hacia mí, (…) pensé que me estaba tomando
fotos, (…), me moví delante de una patrulla (…) llegó mi hermano
(…) compañeros de prensa (…), cuando me estaban entrevistando
mis compañeros de la prensa, llegó un tsuru (…) con cuatro
hombres (…) con actitud sospechosa (…), se acercaron dos sujetos
no uniformados, mostrando (…) una identificación [de AR1], (…)
empezaron a preguntar qué (…) había pasado, (…) que se
35/86
encontraban ahí para supuestamente brindarme ayuda pero no pasó
nada, sin percatarme que haya hecho algo relevante para ayudarme,
(…) concluyendo la entrevista (…) me trasladé (…) a la [entonces]
Procuraduría (…).”
74. La anterior narrativa fue reiterada ante personal de este Organismo Nacional,
al presentar V1 su queja el 6 de julio de 2015. 75. Por su parte, T1 corroboró los hechos narrados por V1, al rendir su declaración
ante SP1 el 4 de julio de 2015, en la que manifestó:
“Su hija le envió un mensaje (…) [en el que] indicó “ESTOY
AFUERA DE LA TORRE (…) SUPUESTOS MAESTROS ME
QUITARON LA FICHA Y ME CORTARON EL CABELLO, VOY A
PRESENTAR UNA DENUNCIA”, (…) le llamé (…) estaba alterada
con llanto incontrolable dijo “(…) UN CONGLOMERADO DE
PERSONAS (…) NO PERMITIERON QUE ENTRARA, UNO (…) ME
ARREBATÓ (…) MI FICHA (…) SE AMONTONARON (…) ME
CORTARON MI CABELLO, (…) PENSÉ QUE ME VIOLARÍAN O
GOLPEARÍAN (…) UNAS PERSONAS ME PERSIGUIERON (…)
VAN A VENIR (…) COMPAÑEROS DE LA PRENSA”, [cuando llegué, observé que estaba] desgreñada o sea con su cabello alborotado (…) le dije qué le había pasado, contestando “me quitaron mi cabello fueron aquél grupo que está allá (…)”, [la]
acompañé a hablar con los policías (…), diciéndoles [V1] por qué no
la habían auxiliado contestado que no podían meterse porque eran
mucha gente (…), llegó un Tsuru (…) donde habían cuatro sujetos
36/86
(…) escuchando (…) llegaron dos supuestos policías, quienes no
estaban uniformados [uno de los cuales se identificó como AR1].”
(Énfasis añadido)
76. T2 refirió ante SP1 el 4 de julio de 2015:
“A las 08:16 horas mi amiga [V1] marca a mí (…) celular, (…) le
marco (…) escucho que se encontraba llorando dijo “(…) AL
QUERER ENTRAR AL PLANTEL ME RETUVIERON, (…) ME (…)
ARREBATAN MI FICHA, (…) ME CORTARON MI CABELLO, (…)
CREÍ QUE ME VIOLARÍAN (…) COMO PUDE SALÍ CORRIENDO
(…)”, al llegar veo a [V1] llorando temblorosa como despeinada, me
abraza y me dice “ahí hay unas personas que me están
persiguiendo” (…), su cabello se encontraba trasquilado, (…) cuando
la abracé casi se desvanecía en los brazos y decía “(…) APENAS
PUDE ESCAPAR, NO SE VALE (…), CON QUE ME HUBIERAN
QUITADO MI FICHA ERA MÁS QUE SUFICIENTE, ME HUMILLARON AL QUITARME MI PELO, (…) SE BURLARON Y ME TOMARON FOTOS”, (…) se acercaron personas vestidas de civil que dijeron que eran agentes (…) que estaban ahí para ayudarla, pero sólo le hicieron unas preguntas y se fueron,
luego vino la declaración de [V1] con los medios y cuando concluyó
fuimos a (…) la [entonces] procuraduría.”
(Énfasis añadido)
37/86
77. Los testimonios de V1, T1 y T2 dan cuenta de las conductas omisivas en que
incurrieron los policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Estatal y Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes no solicitaron apoyo
a los mandos superiores para evitar la agresión, eludiendo una de sus principales
funciones como proporcionar seguridad a las personas, preservar el orden en
lugares públicos y proteger los bienes contra la comisión de delitos y si bien es
cierto el grupo de agresores era superior al número de policías, éstos no
adoptaron medidas idóneas y pertinentes para hacer del conocimiento a su área
de adscripción lo acaecido y solicitar apoyo a fin de evitar la agresión inferida a
V1, lo que la dejó en una situación de franca vulnerabilidad, ya que solamente
informaron lo relativo a la manifestación del contingente, aunado a que omitieron
prestarle ayuda una vez sufrida la agresión, como pudo haber sido acompañarla a
presentar su denuncia y resguardarla.
78. El 5 de julio de 2015, SP3 y SP4 rindieron informe dentro de la Averiguación
Previa 1, en el cual señalaron que el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal del Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se enteró del bloqueo a las 07:15 horas,
por lo que envió la Patrulla 1 conducida por AR4, acompañado del comandante
AR5 y la Patrulla 2 conducida por AR6 acompañado del comandante AR7, todos
elementos de la Policía Municipal. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública
y Protección para esa entidad, solicitó a AR1, AR2 y AR3, agentes de la Policía
Estatal, fueran vestidos de civil al lugar donde se verificaría la manifestación de
maestros. 79. Respecto a la señalada orden, el 18 de julio de 2015, AR1 exhibió el parte
informativo en el que refirió:
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“Aproximadamente a las 9:00 horas del 04 del presente mes (…) me
encontraba (…) vestido de civil (…) me dirigí a supervisar un
bloqueo de maestros (…) en las instalaciones del [Centro de
Estudios] boicoteando los exámenes de admisión para docentes, al
circular a la altura del Libramiento Norte a la altura del crucero del
Paso Limón se encontraban dos unidades de Tránsito Municipal
[Patrulla 1 y Patrulla 2] dirigiendo la vialidad, (…) también (…) un
grupo de personas y entre ellas una persona del sexo femenino [V1]
que estaba llorando, [le pregunté] qué le había pasado y si podía
apoyarla (…) solicitándome que me identificara, (…) manifestó
llamarse [V1] que tenía (…) una hora que había arribado (…) pero
que un grupo de personas que según ella eran maestros, la
agredieron verbalmente y físicamente, arrebatándole su ficha de
examen y cortándole el cabello, (…) sin que pudiera defenderse, (…)
se le preguntó si necesitaba el apoyo de una unidad médica
respondiéndome que no, (…) le di indicaciones de que procediera
ante la autoridad correspondiente (…), retirándome del lugar.”
80. El 8 de julio de 2015, AR2 y AR3, agentes de la Policía Estatal, declararon
ante SP2 de manera coincidente, lo siguiente:
Que el 4 de julio de 2015, a las 07:00 horas llegaron a pasar lista
indicándoles que se pusieran de civil para checar un bloqueo de los
maestros a la altura del Centro de Estudios, siendo
aproximadamente las 08:15 horas en la entrada del Centro de
Estudios, había aproximadamente cinco personas del sexo
masculino que tenían acorralada a una persona del sexo femenino,
39/86
así como también a una mujer dentro de ese grupo que tenía
acorralada a la persona del sexo femenino, a quien le quitaron un
fólder y la otra persona agresora del sexo femenino que estaba en
medio con unas tijeras, le cortó el cabello a V1, que no pudieron
defenderla porque eran muchas personas, aproximadamente 250,
teniendo conocimiento que eran maestros de la CNTE, se retiraron y
en la esquina de La Torre Chiapas vieron a la persona del sexo
femenino que le habían cortado su cabello y AR1 se identificó con
ella, le señaló que le podía servir como testigo, ya que los tres
policías presenciaron los hechos. Que al tener a la vista las
fotografías que obran en el oficio DGPE/J.O/95/2015, lograron
identificar a PR1, PR2, PR3 y PR4 como los mismos que se
encontraban en el lugar de los hechos.
81. Lo anterior demostró que AR1, AR2 y AR3, agentes de la Policía Estatal que
iban vestidos de civil, presenciaron cuando un grupo entre los que se encontraban
PR1, PR2, PR3 y PR4 rodearon a V1, le arrebataron su folder, mientras una
persona del sexo femenino le cortaba el cabello y otro le tomaba fotografías, sin
que realizaran acción alguna tendente a pedir apoyo a sus superiores jerárquicos
a fin de evitar el daño causado.
82. No pasa inadvertido para este Organismo Nacional, que AR2 y AR3,
comparecieron el 16 de febrero de 2018 ante AR8 a fin de declarar en relación con
los hechos acontecidos el 4 de julio de 2015, diligencia en la que de manera
idéntica manifestaron “(…) no pudimos intervenir (…) para auxiliarla [a V1] , ya que
los maestros nos superaron en número y nosotros éramos únicamente tres
elementos de la policía estatal preventiva, cabe señalar que informamos a nuestro
40/86
Jefe inmediato la situación ocurrida”; sin que de las evidencias con que se cuenta,
obra el informe que refieren haber rendido a su superior el día que presenciaron
los hechos.
83. Es relevante precisar, que aun cuando la naturaleza jurídica de los cuerpos
policiacos, es ser garantes de la seguridad de las personas, también es cierto que
no pueden rebasar lo materialmente imposible, ni poner en peligro la vida de ellos
mismos, es decir, ante un peligro real, actual e inminente, como el que
representaba enfrentarse ante una multitud de 250 personas, aproximadamente,
con actitud violenta, resultaba imposible que siete policías evitaran esas
conductas, sin embargo, en opinión de este Organismo Nacional, el reclamo surge
a partir de las siguientes omisiones:
83.1. Respecto a AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7, omitieron solicitar
el apoyo a su respectiva corporación a través de sus superiores, atendiendo
la cadena de mando, a fin de que los auxiliaran en esa defensa.
83.2. De igual forma, omitieron auxiliar a V1 una vez sufrida la agresión
realizada por el contingente en la corporeidad de ella, como pudo haber
sido acompañarla a presentar su denuncia y resguardarla y no solamente
por lo que hace a AR1, AR2 y AR3 dejarle un número telefónico, en caso de
requerirlos como testigos.
84. No pasa inadvertido para este Organismo Nacional, como se ha señalado que
AR1 se entrevistó con la víctima a quien le dejó sus datos para que sirviera como
“testigo”, sin embargo, a dicho de V1 “no pasó nada”, no se percató que “haya
hecho algo relevante para ayudarme”, cuando una de sus obligaciones es procurar
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la vinculación de la víctima a un área especializada para que le fuera brindada
asistencia y protección, por lo que al no hacerlo transgredió el artículo 41 fracción
V de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado
de Chiapas.
85. Los policías justificaron su omisión diciendo que no pudieron defender a V1
debido a que las personas los superaban en número, 250 aproximadamente, por
lo que “pudieron haber salido lastimados”; dejando de considerar que una de sus
principales funciones, es brindar seguridad y confianza a las personas que lo
requieran, en el caso concreto de V1, por lo que estaban obligados no a
enfrentarse ante el contingente, sino informar de manera inmediata al área de su
adscripción lo acontecido y solicitar apoyo para adoptar medidas adecuadas,
pertinentes y oportunas para que los auxiliaran en la defensa de V1, contrario a
ello, únicamente le dejaron un número telefónico, en caso de requerirlos.
86. En consecuencia, AR1, AR2 y AR3, agentes de la Policía Estatal,
transgredieron el artículo 22 de la Ley que establece las obligaciones de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para esa entidad,15 de las que
destacan las siguientes:
(…)
IV. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o
que hayan sido víctimas u ofendidos de algún presunto delito, así
como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será
congruente, oportuna y proporcional al hecho. 15 Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 17 de abril de 2010.
42/86
(…)
87. El artículo 49 del Reglamento de Ética y Disciplina de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana,16 establece los principios básicos de actuación
de sus elementos policiales, de los que resultan aplicables al caso concreto, los
siguientes:
I. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución (…), a la
Constitución Política del Estado de Chiapas y demás disposiciones
legales (…).
(…)
VII. Impedir en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier
omisión o práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe
violencia física o moral.
VIII. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus
relaciones con los ciudadanos, a quienes auxiliará y protegerá en su
persona y bienes, siempre que fueren requeridos para ello.
(…)
X. En ejercicio de sus funciones deberán actuar con la determinación
y decisión necesaria, sin demora, cuando de ello dependa evitar un 16 Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el 27 de agosto de 2014, 2da. Sección.
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daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la
utilización de los medios a su alcance”.
88. El artículo 51, fracción I del citado ordenamiento, establece entre los principios
éticos y disciplinarios que deberán “intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar,
se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, o
derivado de alguna llamada de auxilio”.
89. El Manual de Inducción de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana,17 establece que sus integrantes tienen la obligación de “denunciar ante
su superior o autoridades correspondientes, los actos de los que tuviera
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que
pudieran causar algún perjuicio o constituir un delito”; lo cual no aconteció, debido
a que AR1, AR2 y AR3, agentes de la Policía Estatal, se limitaron a observar la
manera en la que V1 era agredida, sin avisar oportunamente a sus superiores,
emitir el informe correspondiente, ni denunciar los hechos ante la autoridad
correspondiente.
90. De lo anterior se deriva la obligación de la Policía Estatal para prestar auxilio
cuando las personas lo requieran, impedir cualquier práctica abusiva o arbitraria
que entrañe violencia física o moral en cualquier tiempo y lugar, estén o no de
servicio, de ahí que el hecho de haber laborado ese día como “infiltrados” dentro
del contingente que agredió a V1 y vestidos de civil, no los eximía de pedir apoyo
e informar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de los
17 Elaborado por el Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en abril de 2013.
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acontecimientos o rendir su informe a sus superiores jerárquicos, inobservando su
deber de actuar con diligencia para prevenir el resultado, lo que trajo como
consecuencia que V1 quedara en notorio estado de vulnerabilidad ante el grupo
de manifestantes que ejercieron tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en su
persona.
91. Por otra parte, este Organismo Nacional se allegó del parte informativo de 4 de
julio de 2015, suscrito por AR4, AR5 y AR6, elementos de la Policía Municipal,
tripulantes el día de los hechos de la Patrulla 1 y Patrulla 2, del cual se advirtió:
“Aproximadamente a las 07:35 hrs. (…) me encontraba (…)en la
[Patrulla 1] con mi chofer [AR4], (…) por vía radio (…) la central de
emergencia C-4 me informó que (…) a la altura del cbtis (…) un
contingente de personas se encontraban bloqueando el Libramiento
Norte de poniente a oriente, (…) al llegar me percaté que (…) se
encontraba bloqueada (…) le informé (…) a mi coordinador operativo
[AR7], quien minutos más tarde arribó al lugar (…) me dirigí hacía el
contingente (…) pero unos treinta metros antes de llegar (…) me
percaté que (…) un grupo de personas (…) tenían rodeada a una
persona sentada en la guarnición, frente al cbtis al parecer gritaban
que le cortaran el cabello (…) estaban muy agresivos con palos y
piedras, (…) fue entonces que la persona (…) salió corriendo (…) iba
llorando, y la multitud lo seguía (sic), (…) al verme superado en
número de personas (…) un aproximado de 250 personas (…)
retrocedí al crucero de Paso Limón, donde se encontraba [AR7], (…)
la persona que salió corriendo ya se encontraba a la altura de dicho
45/86
crucero (…) llorando, sin pedir auxilio o apoyo (…), retirándose las
personas (…) a las 12:30 horas (…).”
92. El 20 y 27 de julio de 2015, AR4 y AR6, respectivamente, elementos de la
Policía Municipal, informaron que el 4 de julio de 2015, se encontraban a la altura
del Centro de Estudios realizando cortes a la circulación y a las 09:30 horas vieron
a una distancia de 200 metros que un grupo de personas tenían palos y piedras y
gritaban “que le corten el cabello”, saliendo del tumulto una persona del sexo
femenino corriendo, alterada y llorando, pero dicha persona nunca se dirigió al
lugar donde se encontraban a solicitar el apoyo, perdiéndola de vista, por lo que
siguieron realizando su trabajo en dar vialidad en el lugar, por lo que negaron lo
dicho por V1.
93. El 8 de julio de 2015, AR4, AR5 y AR6, elementos de la Policía Municipal,
declararon ante SP2 que el 4 de julio de 2015, aproximadamente a las 08:30
horas, vieron que un grupo de aproximadamente cuatro personas del sexo
masculino tenían encerrada a una persona del sexo femenino sobre la banqueta
frente al Centro de Estudios, mientras otra persona del sexo femenino le cortaba
su cabello con unas tijeras, que la mujer se encontraba llorando y salió corriendo,
sin que pudieran intervenir porque era una multitud como de 250 personas,
quienes estaban muy agresivos, con palos y piedras.
94. Respecto a AR4, AR5, AR6 y AR7, elementos adscritos a la Policía Municipal,
su intervención se limitó a ser observadores de las agresiones a V1, pues como ha
quedado señalado, no se pretende que se enfrentaran a un grupo de personas
con actitud agresiva y que los superaban en número, contrario a ello, debieron
solicitar apoyo a sus superiores jerárquicos a fin de aplicar planes emergentes y
46/86
estrategias para coadyuvar en el auxilio de V1 y evitar el resultado y no limitarse a
señalar que únicamente hacían funciones de dirigir el tránsito, dado que su
naturaleza jurídica es de ser garante de la seguridad de las personas, con
independencia que en ese momento se encontraran realizando operativos de
vialidad, en consecuencia, al no hacerlo transgredieron las obligaciones a que se
refiere el artículo 11 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de
dicho Municipio.18
95. AR4, AR5, AR6 y AR7 de la Policía Municipal incumplieron con sus
obligaciones al no dar aviso inmediato a sus superiores atendiendo a la cadena de
mando para implementar un operativo que cumpliera con sus metas institucionales
de brindar seguridad y protección a las personas y no limitarse a observar cuando
V1 era agredida por un grupo de personas entre las que se encontraban PR1,
PR2, PR3 y PR4, siendo notoria su falta de actuar con decisión en la protección de
las personas para salvaguardar su integridad cuando se encuentre amenazada, lo
cual no realizaron.
96. Esta Comisión Nacional sostiene que transgredieron el artículo 11, fracciones
V, XVIII y 30 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como el artículo 33, fracción II de la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la citada entidad, que
establecen su deber de actuar con decisión y sin demora en la protección de las
personas para salvaguardar su integridad cuando estén amenazadas. En este
sentido, el hecho de que AR1 ofreciera apoyo a V1 después de los hechos, fue
insuficiente para considerar el cumplimiento de su deber, ya que debió
18 Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 14 de noviembre de 2012.
47/86
acompañarla a presentar su denuncia o resguardarla, negligencia que se constató
con la propia declaración de V1, T1 y T2, quienes refirieron que no recibieron el
apoyo ofrecido.
97. AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7 demostraron falta de profesionalismo y
sensibilidad para con V1 ya que al momento de la agresión, omitieron solicitar el
apoyo a sus respectivas corporaciones a través de sus superiores, atendiendo a la
cadena de mando, a fin de que los auxiliaran en esa defensa, asimismo, posterior
a la agresión no le brindaron a V1 apoyo para que presentara su denuncia, o bien,
la resguardaran.
98. En consecuencia, dichos servidores públicos desatendieron su calidad de
garantes de la protección de las personas, calidad que asumieron desde la
aceptación de su respectivo cargo, sin dejar de considerar su formación y
experiencia profesional, lo que les obligaba a proteger los derechos a la seguridad
personal e integridad de V1, quien no fue auxiliada en los términos señalados.
99. En opinión de esta Comisión Nacional, si bien los servidores públicos a los que
se ha hecho referencia no fueron los que directamente violentaron el derecho de
V1, dado que la conducta fue llevada a cabo por un grupo de personas entre los
que se encontraban PR1, PR2, PR3 y PR4, quienes infligieron tratos crueles,
inhumanos y/o degradantes en la persona de V1, sin embargo, dichas conductas
se dieron como consecuencia de las omisiones de los mandos de las respectivas
corporaciones policiales, como por AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7, ya que
desatendieron su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con el principio de interdependencia, esto es, la colaboración entre
48/86
corporaciones, que prevé el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución General
de la República.
100. En ese contexto, cabe puntualizar la conceptualización que existe del trato
digno como del derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito del
derecho nacional como internacional a fin de dimensionar la trascendencia de las
omisiones incurridas por las autoridades citadas.
D. Violación al derecho al trato digno de V1.
101. Toda persona tiene derecho al trato digno reconocido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en distintos instrumentos
internacionales de derechos humanos. El artículo 1, párrafo quinto constitucional,
dispone que “queda prohibida toda discriminación motivada por (…) cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas”. 102. El artículo 25 Constitucional, en su primer párrafo, establece como uno de los
fines del desarrollo nacional a cargo del Estado, garantizar el pleno ejercicio de la
dignidad de las personas.
103. El Poder Judicial de la Federación al respecto precisó lo siguiente:
“DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA
RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS
DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las
49/86
personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna (…) que atente contra la dignidad humana y
que, junto con los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior
de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada (…), constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho (…) a la integridad física y psíquica, al honor, (…) a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, (…) y el propio derecho a la dignidad personal. (…), aun cuando estos derechos personalísimos
no se enuncian expresamente en la Constitución (…), están
implícitos en los tratados internacionales suscritos (…)y, en todo
caso, deben entenderse como derechos derivados del
reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través
de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su
dignidad.” 19
(Énfasis añadido)
19 Novena Época, Tomo XXX, registro: 165813, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2009. Página: 8.
50/86
104. En relación con el trato digno, el artículo 5, fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece que toda persona
tendrá derecho:
A la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser
humano y sobre el que se sustenta la base para el disfrute de todos
sus derechos, para que sea tratada con respeto y no como un objeto
o cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida.
105. Por su parte, el artículo 324 del Código Penal para el Estado de Chiapas,
establece que se entenderá por discriminación “(…) al que realice distinción,
exclusión o restricción basada en el origen étnico, nacional o regional, el sexo, la
edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de
salud, el embarazo, el idioma, las ideologías o creencias religiosas, las opiniones,
las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres,
la raza, el color de piel, los patrones de conducta social, así como cualquier otra
que tenga por objeto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales, tales como: (…) III. Veje o excluya a
otro de un círculo social, actividad pública o privada, grupo o agrupación de
cualquier naturaleza, cuando dichas conductas tengan por resultado un daño
material o moral. (…) V. Todas aquellas que atenten contra la dignidad de la
persona.”
106. Respecto al derecho que nos ocupa, la Ley Orgánica de Policías Preventivas
del Estado de Chiapas, establece como parte de los deberes que deben observar
sus integrantes, los siguientes:
51/86
I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los
derechos humanos.
(…)
III Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de
(…) tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o castigos
crueles, inhumanos o degradantes.
(…)
107. Este Organismo Nacional concluye que en el caso en particular, los
elementos de la policía estatal y municipal que presenciaron los hechos, debieron
conducirse con apego al orden jurídico y solicitar el apoyo de sus superiores
jerárquicos a fin de evitar que V1 fuera objeto de actos que atentaron contra su
dignidad humana por parte de un grupo de personas, entre los que se
encontraban PR1, PR2, PR3 y PR4.
108. La existencia de la humillación quedó constatada con la declaración de V1, al
referir que cuando los sujetos se le abalanzaron gritaban “quítenle el cabello,
quítenle el cabello, (…) pierdo fuerzas, me siento intimidada, débil con miedo,
pensando en que (…) me iban a violar o lastimar (…)”, manifestación que hace
evidente el estado de impotencia que presentó con las acciones llevadas a cabo
en su persona y que le produjeron un sentimiento de humillación e intimidación.
109. De igual manera, T2 constató el estado anímico en que se encontraba V1, al
referir que “cuando la abracé casi se desvanecía en los brazos y decía “(…)
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APENAS PUDE ESCAPAR, NO SE VALE (…), CON QUE ME HUBIERAN
QUITADO MI FICHA ERA MÁS QUE SUFICIENTE, ME HUMILLARON AL
QUITARME MI PELO, (…) SE BURLARON Y ME TOMARON FOTOS”.
110. Del resultado de la valoración psicológica realizada por personal
especializado adscrito a la entonces Procuraduría Estatal, el 4 de julio de 2015, se
señaló al respecto:
“Área emotiva”, V1 presentó enojo, temor, coraje e impotencia; en el
rubro de “observaciones” se percibió ansiosa y enojada por haber
sido agredida por un grupo de personas que estaban afuera del
Centro de Estudios donde presentaría su examen, quienes le
quitaron la ficha del examen, le cortaron el cabello y la
amedrentaron, (…) refirió sentirse “indignada por la situación en la
que se vio inmersa, al sentir que atentaron en contra de sus
derechos humanos”, concluyéndose:
“(…) refiere haber sido agredida por un grupo de personas,
percibiéndose (…) enojo, impotencia y coraje (…) al manifestar que
se violentaron sus derechos humanos (…), lo que logra alterarla
emocionalmente es el temor de que dichos sujetos puedan atentar
en contra de la integridad física de ella, de sus amigas, de su familia
y de sus compañeros (…) solicitando (…) vigilancia (…)”.
111. Por otra parte, se cuenta con el “estudio victimológico” de 4 de julio de 2015,
realizado por perito de la entonces Procuraduría Estatal, de cuyo apartado
referente a “observaciones”, se advirtió que V1 se mostró “con los ojos llorosos,
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muy molesta e indignada en torno a lo sucedido” y concluyó, que los hechos le
generaron “impotencia e indignación, ya que estos sujetos le arrebataron su ficha
para ingresar al examen, (…) le cortaron el cabello, (…) enojo al violentarse sus
derechos (…), a la vez que sintió miedo de ser agredida sexualmente”.
112. Es cierto que los policías estatales y municipales no fueron quienes
directamente llevaron a cabo la agresión, sin embargo, pudieron haberlo evitado si
previo al acontecimiento se hubieran aplicado estrategias acordes a un evento
como el que se realizaría en el Centro de Estudios, lo que conllevaba a dar aviso
inmediato a sus respectivas corporaciones para establecer un plan emergente y
brindarle el apoyo que requería V1 en un ámbito de seguridad en lugar de
desconfianza. 113. Del análisis de las evidencias se acreditó que la omisión de los agentes de la
policía estatal y municipal mencionados, al no haber dado aviso a sus respectivos
mandos superiores o en su caso, brindar a V1 apoyo después de los hechos,
violentó su derecho al trato digno ya que V1 fue excluida y/o restringida en el
ejercicio de sus derechos al haber sido vejada por un grupo de personas en
presencia de dichos servidores públicos.
114. Cabe mencionar que, en la misma fecha en que acontecieron los hechos
relacionados con V1, también V2 fue agredida de manera similar ya que de la
declaración ministerial que rindió se advirtió que el día 4 de julio de 2015 cuando
llegó a las instalaciones del Centro de Estudios se dio cuenta que todo estaba
cerrado, que al estar a un metro de distancia de la puerta de la entrada del referido
plantel se le acercó una mujer quien le preguntó si presentaría examen, contestó
que sí, manifestándole que no lo haría, que reconoció a un profesor que le dio
54/86
clases a quien le comunicó que presentaría su examen, preguntándole éste
¿sabes en qué condiciones lo vas a presentar? indicándole “vete o te van a
pelonear”, momento en que se le amontonaron varias personas y le pidieron su
ficha, la cual le fue arrebatada por una mujer, mientras un hombre le jaló
fuertemente su cabello de la parte de enfrente y le cortó el copete, sin que ella
pudiera reaccionar, le tomaron fotografías y video, retirándose del lugar; asimismo,
al tener a la vista las fotografías exhibidas por elementos de la policía
especializada de la Fiscalía, identificó a PR2 y PR3 como dos de sus agresores;
no pasa inadvertido que de su declaración no se desprendió algún señalamiento
respecto al actuar de los policías estatales y municipales, sin embargo, al ser
denunciante dentro de la Averiguación Previa 1, deberá continuarse con la
investigación correspondiente para determinar lo que en derecho corresponda, y
en su caso, proceder a la reparación del daño.
E. Violación al derecho humano a una vida libre de violencia de V1. 115. El artículo 1, párrafo tercero Constitucional establece que “todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
116. Por otra parte, el deber de prevención conforme a la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
"Convención de Belem do para", en su artículo 4, establece que “Toda mujer tiene
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos
55/86
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos”, de entre los que se destaca su derecho
a que se respete “la dignidad inherente a su persona”. 117. El artículo 7, inciso b, establece que los Estados deberán tomar acciones
para “(…) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer (…)”.
118. En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en su artículo 20, establece que para “cumplir con su obligación
de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres
órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el
daño que les inflige”.
119. La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el
Estado de Chiapas en el artículo 38, establece las atribuciones y obligaciones del
Estado para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, de entre las que se
destacan:
I. Garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia;
II. Formular y conducir, con perspectiva de género, la política estatal
y municipal para prevenir y en su caso, erradicar la violencia contra
las mujeres, proteger y asistir a las víctimas en todos los ámbitos, en
un marco integral y promoviendo sus derechos.
56/86
III. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el
cumplimiento de esta Ley;
(…)
120. Es evidente que AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7 omitieron solicitar
apoyo para auxiliar a V1, rendir informe pormenorizado y resguardar a V1, quien
se encontraba alterada e inclusive tenía miedo de acercarse a ellos ya que creía
que podían lastimarla, pues no confiaba en ese momento en nadie, máxime que
en ese Estado de la República existe una protección especial en la prohibición de
ejercer violencia contra las mujeres, incluso desde el 4 de diciembre de 2013, está
vigente la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en esa
entidad, así como disposiciones constitucionales e internas que prohíben infligir
malos tratos, crueles, inhumanos y/o degradantes tanto para hombres como para
mujeres.
121. De las declaraciones de V1, T1, T2 y las autoridades responsables, se
desprende que V1 fue víctima de sometimiento por parte de PR1, PR2, PR3, PR4
y otras personas, entre ellas otra persona de sexo femenino, quien de manera
seguida le cortó el cabello mientras era fotografiada, sin que ninguna autoridad
interviniera durante los hechos o de forma posterior.
122. V1 declaró ante SP1 que, durante las agresiones hacia su persona, se
“encontraba temerosa y confundida” y se sentía “intimidada, débil con miedo,
pensando en que (…) [la] iban a violar o lastimar”; agregó que cuando logró
alejarse de quienes la atacaban “no [se] sentía segura de pedir ayuda a cualquier
persona”. Por su parte, T2 refirió ante SP1, que al encontrarse con V1, la observó
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“mal (…) alterada, con su cabello trasquilado”, refiriendo que V1 había expresado
que “[la] humillaron al quitarle [su] pelo (…) se burlaron y [le] tomaron fotos”.
123. Por otra parte, este Organismo Nacional no pasa inadvertido que AR4, AR5 y
AR6 refirieron que no le dieron auxilio a V1 porque no se los pidió, ello no justifica
su omisión en el cumplimiento de sus funciones, tampoco se justifica el hecho que
AR1, AR2 y AR3 se hayan retirado del lugar después de que el primero le dejó sus
datos a V1 para servir como “testigos”, ya que la seguridad que deben brindar es
un derecho humano irrenunciable de los gobernados, por lo que el Estado a través
de sus instituciones policiales se encuentra obligado a dar la mayor protección a
las personas para ejercer sus derechos fundamentales y libertades públicas, así
como su salvaguarda, por lo que al haber omitido dichos servidores públicos tal
obligación, contravinieron el artículo 78 de la Ley que establece las bases de
operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de
Chiapas que precisa que cuando se tenga contacto primario con la víctima de un
delito, se procurará su vinculación a un área especializada, evitando su
revictimización, máxime que se trataba de una mujer que había sido vulnerada.
124. En consecuencia, se deberá seguir actuando en la Averiguación Previa 1 a
fin de que se agoten las acciones tendentes a la identificación de las personas que
intervinieron en los hechos.
F. Consideraciones sobre la prevención de riesgos por parte de los mandos superiores de la policía estatal y municipal.
125. Ha quedado establecido que los cuerpos policiales, garantes de la seguridad
de las personas basan sus actividades en estrategias, planes y mecanismos para
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lograr mantener la paz pública en la sociedad, por antonomasia son contenedores
de la violencia, la prevención de los delitos y situaciones de riesgo, tareas que no
podrían llevarse a cabo sin la debida coordinación con otras corporaciones e
instituciones.
126. En este sentido, este Organismo Nacional es consiente que las tareas de
cualquier cuerpo policiaco conllevan un peligro o riesgo, y es ahí cuando dichas
instituciones de seguridad, no pueden rebasar lo materialmente imposible ni poner
en peligro su vida; sin que sea óbice para cumplir con su finalidad de brindar
seguridad, el implementar estrategias eficientes y eficaces que garanticen ese fin.
127. Por consiguiente, se considera que tanto la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Tuxtla Gutiérrez, ambas del Estado de Chiapas, incurrieron en omisión
respecto a las obligaciones que conforme a la ley tenían, como lo fue:
127.1. Previo a los acontecimientos, los superiores jerárquicos de los
respectivos policías que acudieron al Centro de Estudios, debieron
coordinarse a fin de aplicar planes y estrategias para su intervención;
contrario a ello, se evidenció una falta de articulación de estrategias, planes
y políticas adecuadas, que garantizaran la seguridad de las personas que
acudirían al examen, siendo que su función radica precisamente en ser
contenedores de violencia.
59/86
128. Al respecto, “La rendición de cuentas sólo puede garantizarse mediante la
existencia de una cadena de mando clara (…).”20
129. Este Organismo Nacional ha sostenido que los mandos superiores tienen una
doble responsabilidad en lo que a rendición de cuentas respecta. No sólo por las
órdenes ilegales que emitan, sino también por la negligencia y omisiones propias
de su mando que tuvieran como consecuencia la transgresión a la integridad física
o a la vida de una persona.
130. Por ello, se considera que es reprochable a ambas autoridades que omitieran
implementar estrategias, planes y políticas adecuadas para garantizar la seguridad
de las personas que acudirían al examen, máxime que conocían el contexto de
conflicto que existe entre el Magisterio Nacional y la CNTE, esto es, la franca
oposición que existe a la aplicación de los exámenes de docencia, por lo que
resultaba imperante que se llevara a cabo una coordinación eficaz entre las
corporaciones policiales para evitar poner en riesgo a los aspirantes de dicho
examen, contrario a ello, minimizaron esa circunstancia.
131. En consecuencia, los mandos superiores de los agentes de la Policía Estatal
(AR1, AR2 y AR3) incumplieron con lo preceptuado por el artículo 2 de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Chiapas, que establece:
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del
Estado y de los municipios, cuyos fines son salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos (…). 20 Amnistía Internacional, Op. Cit., página 20.
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El Estado y los Municipios desarrollarán políticas en materia de
prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así
como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la
protección de las víctimas.”
(Énfasis añadido)
132. La omisión al deber de prevención y protección que tenían los superiores
jerárquicos de los agentes de la policía que asistieron al evento, ocasionó poner
en estado de vulnerabilidad a V1 ante un grupo de personas entre las que se
encontraban los maestros PR1, PR2, PR3 y PR4 que le infligieron tratos crueles,
inhumanos y/o degradantes, pues al no recibir instrucciones precisas y enviar un
operativo con personal capacitado para este tipo de manifestaciones violentas,
influyó para que los tres agentes de la policía estatal que enviaron permanecieran
sólo como espectadores.
133. Al respecto, el artículo 41, fracciones IV y VI de la Ley de Acceso a una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, establece las
obligaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el “(…)
Capacitar a los cuerpos de seguridad pública a su cargo para atender, con
perspectiva de género y de conformidad con los protocolos estandarizados a las
normas aplicables, los casos de violencia contra las mujeres; así como (…)
Garantizar que el personal a su cargo cumpla con lo establecido en esta Ley”.
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134. Este Organismo Nacional tomando en consideración las disposiciones
jurídicas señaladas concluye que los mandos de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado de Chiapas vulneraron el derecho humano a la
seguridad jurídica, al faltar a sus funciones de prevenir cualquier ataque a la
seguridad e integridad de todas las personas que se presentaron el 4 de julio de
2015 a presentar su examen para la obtención de plazas docentes, entre ellas, V1.
135. Cabe mencionar que la naturaleza jurídica de toda institución de seguridad
pública, es la de ser garante de la seguridad de la sociedad, por lo que debieron
prever todo lo que resultara pertinente conforme a la ley, para asegurar los fines
para la cual fueron creadas, máxime que en el caso particular se trataba de una
manifestación masiva, cuyo objetivo era impedir la realización del “Examen
Nacional de Ingreso del Nivel Medio Superior del ciclo escolar 2015-2016” por
parte del Magisterio Nacional como una de las medidas aprobadas en la Reforma
Educativa contra la cual se oponía la CNTE.
136. Al respecto, se acreditó que ambas instituciones policiales tuvieron
conocimiento de la “manifestación” y del “bloqueo” previamente, como se
desprende del informe rendido por SP3 y SP4 en la Averiguación Previa 1, en el
que se señaló que el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se enteró del bloqueo a las 07:15 horas del 4 de julio de
2015, por lo que envió la Patrulla 1 conducida por AR4 acompañado del
Comandante AR5 y la Patrulla 2 conducida por AR6, acompañado del
Comandante AR7. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública y Protección
del Estado de Chiapas solicitó a AR1, AR2 y AR3 que acudieran al lugar donde se
verificaría la manifestación de maestros vestidos de civil. Información que fue
ratificada por los propios agentes de la policía al rendir declaración en la que de
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forma coincidente refirieron que eran aproximadamente doscientos cincuenta o
más manifestantes, siendo evidente que no tomaron las acciones adecuadas para
garantizar la seguridad de los asistentes al examen.
137. Tampoco existió coordinación entre las instituciones de seguridad pública,
para hacer frente al contingente, por un lado, el Secretario de Seguridad Pública y
Protección del Estado de Chiapas únicamente envió a AR4, AR5, AR6 y AR7, en
tanto el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, sólo comisionó a AR1, AR2 y AR3 sin que se vislumbrara coordinación
alguna interinstitucional. Al respecto el Poder Judicial de la Federación estableció
lo siguiente:
“SEGURIDAD PÚBLICA, DEBEN GENERARSE PROCESOS O
PROTOCOLOS DE POLICÍA CON BASES COMUNES PARA
TODAS LAS CORPORACIONES, A FIN DE NO ENTORPECER
LAS COLABORACIONES CONJUNTAS. (…) la función de
seguridad pública es concurrente entre los tres órdenes de gobierno,
en términos del artículo 21 de la Constitución (…), cada orden
jurídico puede organizar y efectuar sus tareas (…) conforme a sus
criterios. Sin embargo, precisamente por tratarse de una función pública ejercida de este modo, para ser efectiva debe realizarse coordinadamente a fin de que los objetivos comunes de seguridad pública se cumplan. (…), los operativos y formas de
operación y reacción (…) no deben quedar sujetos a las coyunturas
de cada momento y circunstancias en que se hace necesario que
accione o reaccione la policía, particularmente cuando más de un
cuerpo policial debe entrar en acción, a riesgo de hacer ineficaz el
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trabajo. De ahí que los procesos de actos y operativos (…), deben
ser estandarizados a través de protocolos (…). Esto es, deben generarse procesos o protocolos con bases similares para todas las corporaciones, para que cuando se vean en situación de colaborar conjuntamente su labor no se entorpezca por falta de coordinación o porque cada una maneje distintas formas de
reaccionar ante los mismos hechos.”21
(Énfasis añadido)
138. Es evidente que los mandos superiores de las autoridades aludidas debieron
colaborar conjunta y coordinadamente para contener al contingente, atendiendo a
los antecedentes de manifestaciones violentas por parte de los maestros
disidentes.
139. Este Organismo Nacional precisó en la Recomendación 78/2017, párrafo
169, que “reconoce la labor de los servidores públicos que realizan funciones de
seguridad pública y el riesgo que conlleva, no obstante, reitera que para un mejor
desempeño y óptimos resultados requiere de las condiciones adecuadas en
materia de equipo, adiestramiento físico y operativo, comunicación de mandos y
toma de decisiones oportunas, que minimicen hasta donde sea posible los riesgos
a sus agentes policiales y a la población en general”.22
21 Semanario Judicial de la Federación, enero de 2011, registro 163000. 22 CNDH. Recomendación 78/2017. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida, por la omisión de actuación de las autoridades en el linchamiento de V1 y V2, en Ajalpan, Puebla.
64/86
140. En el mismo sentido, apoya lo anterior el criterio sostenido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de prevención y debida
diligencia de las autoridades:
“(…) que la obligación de garantizar los derechos a la vida e
integridad personal presupone el deber de los Estados de prevenir
las violaciones a dichos derechos. Este deber de prevención abarca
todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y
cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y
que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean
efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que,
como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las
cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus
consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de
prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su
incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido
violado”.23
141. En consecuencia, con las evidencias señaladas se acreditó la falta de acción
por parte de los mandos superiores de la policía estatal y municipal con miras a la
prevención de las vejaciones de las que V1 fue objeto, lo que se traduce en una
evidente omisión de su deber de prevención y protección. De ahí que dicha
omisión propiciara las afectaciones y sufrimiento psicológico que V1 padeció por
el episodio de agresiones realizadas sin intervención de la autoridad; situación
23 CrIDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párrafo 107.
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que se reflejó en la valoración psicológica y estudio victimológico a los que fue
sometida posterior a los hechos.
142. Se deberá investigar lo referente a la cadena de mando en la actuación de
los policías estatales y municipales, de la que deviene la obligación de preservar la
seguridad de sus subalternos y toda persona, garantizándoles las condiciones
para que se cumpla de forma óptima el servicio y se eviten sucesos como los que
nos ocupan. Lo anterior a fin de deslindar responsabilidades en el caso que nos
ocupa.
G. Violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en agravio de V1 y V2. 143. El derecho de acceso a la justicia se encuentra previsto en el artículo 17,
párrafo segundo de la constitución, el cual estatuye la prerrogativa a favor de los
gobernados de acudir y promover ante las instituciones del Estado, la protección
de la justicia a través de procesos que le permitan obtener una decisión en la que
se resuelva de manera efectiva sus pretensiones o los derechos que estime le
fueron violentados.
144. La obligación del Ministerio Público de investigar los delitos, se encuentra
prevista en el artículo 21, párrafos primero y segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: “La investigación de los
delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo
la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función (…). El ejercicio de
la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público (…)”.
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145. Respecto a las funciones de los agentes del Ministerio Público para el Estado
de Chiapas, el diverso 133, inciso b) del Código de Procedimientos Penales para
esa entidad, vigente al momento de los hechos, estipula que “Además de las
funciones que prevé su ley orgánica, el ministerio público tendrá las siguientes
atribuciones: (…) Practicar, coordinar y ordenar todos los actos de investigación
necesarios para el esclarecimiento de los hechos delictivos de que tenga
conocimiento por la noticia del hecho, la denuncia o la querella”.
146. El artículo 6, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos, establece
dentro de las atribuciones del Ministerio Público “Investigar y perseguir los hechos
probablemente constitutivos de delitos del orden común. El ejercicio de esta
atribución comprende: (…) a) En la Investigación: (…) 2. Practicar las diligencias
necesarias para la acreditación del cuerpo del delito de que se trate y la probable
responsabilidad del indiciado”. Tal atribución también se establece en el artículo 5,
fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.24
147. En relación a la función del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, ha señalado que “Conforme a los artículos 21 y 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ministerio Público tiene a
su cargo la persecución e investigación de los delitos, lo que significa que es el
único órgano estatal competente para formular e impulsar la acusación o
imputación delictiva (…) los artículos constitucionales aludidos deben leerse en el
sentido de que establecen obligaciones a cargo del Ministerio Público, de manera
que la investigación y persecución de los delitos no constituyen una prerrogativa a
24 Publicada en el Periódico Oficial número 285, Segunda Sección de 8 de marzo de 2017.
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su cargo y, por tanto, no puede renunciar a su ejercicio, el cual es revisable en
sede constitucional (…)”.25
148. El derecho de las víctimas a una investigación adecuada y efectiva, se
encuentra previsto en el artículo 7, fracciones XXVI y XXVII de la Ley General de
Víctimas, que establece que es derecho de las víctimas “Una investigación pronta
y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de
manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los
hechos y a la reparación del daño”, así como “participar activamente en la
búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia
que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley
de la materia”.
149. El acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, se
encuentra reconocidos en los artículos 1, 2, 7, fracciones I, III, V, VII, IX y X, 8,
tercer párrafo, 10, 18, 19, 20 y 21 de la Ley General de Víctimas; 8.1 y 25.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 8 y 10 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3, 4 y 6 de la “Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder”
de las Naciones Unidas y 3, inciso b), inciso c), 10 y 12, inciso c) de los “Principios
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos”, que establecen la
obligación del Ministerio Público para tomar las medidas necesarias para la
integración de la averiguación previa, dar seguimiento a las denuncias y allegarse
25 Tesis constitucional penal: Registro: 165954 “Ministerio Público. Es el único órgano del estado competente para formular e impulsar la acusación penal.” Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 2009.
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de elementos para el esclarecimiento de los hechos; debiendo facilitar a las
personas con motivo de actos que violen sus derechos fundamentales acceso a
los mecanismos de justicia y en dado caso a la reparación del daño.
150. En la Recomendación General 14, “Sobre los derechos de las víctimas de
delitos”, esta Comisión Nacional reconoció que el trabajo de investigación del
delito en la averiguación previa constituye “(…) la etapa medular en la fase de
procuración de justicia, porque de ella depende el ejercicio de la acción penal en
contra del probable responsable, o bien para ubicarlo y lograr la solicitud de la
reparación del daño (…)”.
151. Los representantes sociales de la entonces Procuraduría Estatal no
garantizaron el acceso a la justicia a que tienen derecho V1 y V2, al haber
incurrido en irregularidades como se analiza a continuación.
G.1. Inadecuada procuración de justicia
152. Se considera que existe una inadecuada procuración de justicia en aquellos
casos en que los servidores públicos encargados de la investigación y persecución
de los delitos no actúan con debida diligencia, omiten realizar las acciones
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos delictivos, o las realizan de
manera deficiente, generando que los hechos denunciados continúen impunes.
153. Esta Comisión Nacional acredita la violación al derecho de acceso a la
justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuible a AR8 y AR9, debido
a las acciones y omisiones en que incurrieron en la integración de la Averiguación
Previa 1.
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154. Con motivo de los hechos denunciados por V1 y V2, el 5 de agosto de 2015,
SP2 ejerció acción penal en contra de PR1, PR2, PR3 y PR4 por los delitos de
“Robo ejecutado con Violencia, Agravado” (sic), Asociación Delictuosa y
Discriminación en agravio de V1 y V2.
155. El 24 de agosto de 2015, el Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos
Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negó
la orden de aprehensión solicitada por SP2, única y exclusivamente por los delitos
de “Robo ejecutado con Violencia, Agravado” y asociación delictuosa, por lo que
ordenó su devolución al ministerio público para su “tratamiento”.
156. En el resolutivo tercero de la mencionada determinación, el juzgador ordenó:
“(…) en relación al delito de discriminación, al considerarse un delito
no grave y por el que este juzgador está fuera de jurisdicción por
razón de la materia para conocer, el Órgano Técnico de
Investigación, deberá realizar el desglose correspondiente y turnarlo
como una nueva consignación ante el juez competente que en este
caso resultaría ser el Juez de Control y Tribunal de enjuiciamiento de
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que éste sea quien
entre al estudio del referido antisocial.”
157. Conforme a la determinación del Juez quedó establecido que por los delitos
de “Robo ejecutado con Violencia, Agravado” y Asociación Delictuosa, no existían
elementos suficientes para tenerlos por acreditados, devolviéndolo al Ministerio
Público para que le diera el “tratamiento” que en derecho procediera, es decir, de
70/86
acuerdo al artículo 276, último párrafo del Código de Procedimientos Penales del
Estado de Chiapas, vigente al momento de los hechos, se lo regresaba para
seguir investigando, en la inteligencia que de incurrir de nueva cuenta en las
mismas o diversas imprecisiones se decretaría el sobreseimiento de la causa y se
ordenaría su archivo definitivo, de conformidad con los artículos 37 parte in fine y
522, fracción VIII del citado ordenamiento.
158. El Órgano Jurisdiccional en su resolutivo tercero, instruyó de manera puntual
que era un Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en esa ciudad quien
debería conocer del asunto, que tenía que hacer un desglose y con ello, una
nueva consignación ante aquél.
159. Trámite que no fue llevado a cabo por la autoridad ministerial que tenía a su
cargo la indagatoria, dado que hasta el día en que se emite esta Recomendación
no se tiene constancia de que se haya enviado el desglose correspondiente al
Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en turno, ocasionando una demora
negligente en la impartición de justicia.
160. Este Organismo Nacional ha sostenido que el derecho de acceso a la justicia
previsto en el artículo 17, párrafo segundo constitucional, consiste en la
prerrogativa a favor de los gobernados de acudir y promover ante las instituciones
del Estado, la protección de la justicia a través de procesos que le permitan
obtener una decisión pronta, en la que se resuelva de manera efectiva sus
pretensiones o derechos que estime le fueron violentados, lo que en el caso no ha
acontecido.
71/86
161. Respecto a la responsabilidad de AR8, se hace consistir en que, haciendo
caso omiso al resolutivo tercero del auto de 24 de agosto de 2015, no envió el
ejercicio de la acción penal correspondiente por el delito de discriminación al Juez
de Control y Enjuiciamiento en turno, inclusive el 5 de noviembre de 2016, ordenó
la reserva respecto de los delitos de “Robo ejecutado con Violencia, Agravado” y
Asociación Delictuosa, omitiendo hacer manifestación alguna respecto del delito
de discriminación, propiciando además de dilación, impunidad.
162. La consulta de reserva fue autorizada erróneamente por AR9 el 11 de
noviembre de 2016, quien motivó su autorización señalando que no se acreditaron
los requisitos establecidos en el artículo 16 Constitucional, sin que atendiera que
la determinación judicial únicamente tuvo por no acreditados los ilícitos de “Robo
ejecutado con Violencia, Agravado” y Asociación Delictuosa, no así el delito de
discriminación, pues respecto a éste se declaró incompetente en razón de la
materia y ordenó formar un desglose para consignarlo nuevamente ante un Juez
competente que él señaló.
163. Circunstancia que AR9 no consideró, lo que ocasionó que la Averiguación
Previa 1, fuera enviada al archivo; determinación que de igual forma, causa
perjuicio a las víctimas, pues hace nugatoria la posibilidad de justicia a favor de
ellas.
164. Fue hasta el 11 de noviembre de 2017, cuando AR8 reabrió la Averiguación
Previa 1, en la que aun cuando se podía perfeccionar el ejercicio de la acción
penal propuesto por SP2, y seguir investigando los hechos por el delito de
discriminación, no se llevó a cabo ninguna diligencia en investigación del mismo,
lo que produjo un período de inactividad de más de dos años, contados a partir del
72/86
24 de agosto de 2015, cuando el Órgano Jurisdiccional devolvió dicha indagatoria
para que se hiciera la consignación ante la autoridad judicial competente, lo que
ha ocasionado impunidad y que las víctimas no vean reflejado su deseo de justicia
por parte de la autoridad, ocasionándoles a su vez, incertidumbre jurídica.
165. No pasa desapercibido que la Averiguación Previa 1 fue reabierta ante la
solicitud de información por parte de este Organismo Nacional, mediante el cual se
solicitaron los datos de la causa penal y Juzgado que estuviera conociendo del
delito de discriminación, a lo cual el 23 de octubre de 2017, SP5 informó que no se
dio trámite al desglose por parte de los ministerios públicos que habían conocido
de la Averiguación Previa 1, que inclusive se dio vista a la Visitaduría General de
la entonces Procuraduría Estatal respecto a SP6, quien había aportado datos no
acordes con los contenidos en la citada averiguación, investigación que
actualmente sigue en trámite.
166. En consecuencia, aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la ley no precisan un plazo determinado para que el Ministerio
Público resuelva lo que corresponda dentro de una averiguación previa, el solo
transcurso del tiempo afecta la esfera jurídica de las víctimas, en virtud de que los
efectos de tal omisión los dejan en total incertidumbre respecto del derecho que
tiene toda persona a que se le procure justicia pronta y expedita.
167. En términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, esta Institución formulará queja en contra de
AR8, AR9 y quien resulte responsable ante la Fiscalía de la Visitaduría por las
omisiones e irregularidades en la integración de la Averiguación Previa 1, debido a
que dichos servidores públicos incumplieron lo preceptuado en los artículos 6,
73/86
fracción I, inciso a), puntos 1 y 2, 104, 105, fracciones II, XII, 106, fracciones I, VIII,
IX y X de la Ley Orgánica de la Procuraduría Estatal vigente en la época de los
hechos, así como los artículos 57, 58, fracciones II, XII y XIII, de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
V. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 168. Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la
reparación del daño derivado de la responsabilidad profesional e institucional,
consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, y
otra vía es el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de
conformidad con los artículos 1°, párrafo tercero constitucional; 44, párrafo
segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 1º
párrafos tercero y cuarto, 2, fracción I, 7, fracciones II y V, 26, 27, fracciones II, III,
IV y V, 62 fracción I, 64, fracción II, 65 inciso c), 73, fracción V, 75 fracción IV, 88
fracción II, 88 Bis, fracciones I y III, 96, 97, fracción I, 110, fracción IV, 111,
fracción I, 112, 126, 130 y 131, de la Ley General de Víctimas, y 1 y 2 de la Ley de
Víctimas para el Estado de Chiapas26, al acreditarse violaciones a los derechos
humanos a la integridad, seguridad personal y dignidad, atribuibles a servidores
públicos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como a la
procuración de justicia en su modalidad de acceso a la justicia atribuible a AR8 y
AR9, la Recomendación que se formule a las dependencias públicas debe incluir
las medidas que procedan, a fin de lograr la efectiva restitución de las afectadas 26 Publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 20 de mayo de 2015, cuyo artículo transitorio segundo abrogó la Ley para la Protección a Víctimas del Delito en el Estado de Chiapas, publicada el 17 de diciembre de 1997.
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en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado debe investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos
establecidos en la ley.
169. En los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los “Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, y en
diversos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reconoce
que para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la
gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir
los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación,
satisfacción y garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos, así
como identificar, detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
170. En el “Caso Espinoza González vs. Perú”, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos enunció que: “(…) toda violación de una obligación
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente y que la disposición recoge una norma consuetudinaria que
constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional
contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado (…) las reparaciones deben
tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los
daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños
respectivos (...)”.27
27 CrIDH. Caso Espinoza González vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párrafos 300 y 301.
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171. Los hechos descritos constituyen una transgresión al deber de prevención de
violaciones a los derechos humanos de V1 y V2, por lo que con fundamento en lo
previsto por los artículos 88 Bis, fracciones I y III, 96, 106 y 110, fracción IV, de la
Ley General de Víctimas, y 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de
Chiapas, se les deberá inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, cuyo
funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por
lo que se remitirá copia de la presente Recomendación.
172. Este Organismo Nacional no pasa inadvertido que en el Estado de Chiapas el
16 de diciembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial para esa entidad, el
decreto por el que se creó la “Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas”,
sin que en la actualidad se encuentre en funcionamiento, razón por la cual el
Gobierno del Estado deberá realizar las acciones necesarias para que empiece a
operar la misma.
i. Rehabilitación
173. De conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el
Estado de Chiapas, se deberá brindar a V1 la atención psicológica que requiera, la
cual deberá ser proporcionada por personal especializado y prestarse de forma
continua hasta su total sanación psíquica y emocional, a través de la atención
adecuada a los padecimientos sufridos, atendiendo a su edad y sus
especificaciones de género.
174. En suplencia de la queja y conforme al principio de interpretación “pro
personae”, este Organismo Nacional estima procedente considerar a V2 a fin de
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que se le brinde la atención psicológica que requiera en los mismos términos que
a V1.
175. Atención psicológica que deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata
y en un lugar accesible para las víctimas, con su consentimiento, para ello, se les
brindará información previa, clara y suficiente.
176. Los tratamientos deberán ser provistos por el tiempo que sea necesario y, en
su caso, incluir provisión de medicamentos.
ii. Satisfacción
177. En el presente caso, la satisfacción comprende que los Órganos Internos de
Control de las autoridades recomendadas inicien las investigaciones respectivas
con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de
V1 y V2, a fin de que, en su caso, se determine la responsabilidad administrativa
que corresponda.
178. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, deberá agilizar la integración y
perfeccionamiento de la Averiguación Previa 1 relacionada con V1 y V2 a fin de
que en su oportunidad, se determine lo que conforme a derecho corresponda.
179. Con fundamento en los artículos 1°, párrafo tercero y 102, apartado B
constitucionales; 6°, fracción III; 71, párrafo segundo; 72, párrafo segundo, y 73,
párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se
cuenta en el presente caso con evidencias suficientes para que este Organismo
Nacional en ejercicio de sus atribuciones formule queja ante las autoridades
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competentes en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7 por las
violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V1, así como en contra
de AR8 y AR9 y quien resulte responsable por las omisiones e irregularidades en
la integración de la Averiguación Previa 1 precisadas en la presente
Recomendación, respecto de V1 y V2 a fin de que se determine lo que conforme a
derecho corresponda.
180. Igualmente, se deberá investigar lo referente a la cadena de mando en la
actuación de los policías estatales y municipales, de la que deviene la obligación
de preservar la seguridad de sus subalternos y las personas, garantizándoles las
condiciones para que se cumpla de forma óptima el servicio y eviten sucesos
como los que nos ocupan, a fin de deslindar responsabilidades en el caso que nos
ocupa.
iii. Medidas de no repetición
181. Consisten en implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la
repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su
prevención, por ello, el Estado debe adoptar todas las medidas legales y
administrativas y de otra índole para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de
V1 y V2, sin omitir la importancia que reviste escuchar sus necesidades.
182. Se deberá diseñar e impartir en el término de tres meses un curso integral
dirigido al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal
y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el Estado de
Chiapas con capacitación y formación en materia de derechos humanos,
específicamente en técnicas, tácticas y estrategias para el control de multitudes y
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la aplicabilidad del “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”,28 a fin de
garantizar el correcto desempeño de los citados cuerpos policiales para prevenir
hechos similares a los que dieron origen a la presente Recomendación.
183. Respecto al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Chiapas, se deberá diseñar e impartir en el término de tres meses un curso
integral sobre capacitación de derechos humanos en materia de procuración de
justicia, a fin de prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente
Recomendación.
184. Los manuales y contenido de dichos cursos deberán estar disponibles de
forma electrónica y en línea, a fin de que puedan ser consultados con facilidad.
185. Se deberá diseñar y publicar en el término de tres meses un protocolo de
actuación policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del
Estado de Chiapas para el control de multitudes, previendo la respectiva
coordinación con sus municipios, con el objetivo de establecer técnicas de
intervención para actuar con decisión y sin demora ante actos inminentes de
violencia que pongan en peligro la seguridad de las personas partiendo de los
factores de riesgo, en estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos.
186. Dirigir una circular al personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que, en el desempeño de su
28 El 18 de noviembre de 2016 el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la 17ª sesión, acordó la procedencia de la declaratoria de Alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, requiriéndose acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas.
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cargo, actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia.
iv. Compensación.
187. La compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o
inmaterial. Por ello, se considera necesario que el Gobierno del Estado en
coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorguen una
compensación y/o indemnización integral a V1 que conforme a derecho
corresponda en términos de los artículos 88 Bis, fracciones I y III de la Ley
General de Víctimas, así como los artículos 59, 60, 61 y 65 de la Ley de Víctimas
para el Estado de Chiapas, derivada de la violación a derechos humanos en que
incurrieron los policías estatales y municipales, razón por la cual se remitirá copia
de la presente Recomendación a la referida Comisión.
En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera
procedente formular, respetuosamente, a ustedes servidores públicos Gobernador
Constitucional del Estado de Chiapas, Encargada del Despacho de la Fiscalía
General para esa entidad y Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las
siguientes:
VI. RECOMENDACIONES. A usted señor Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas:
PRIMERA. Se instruya a quien corresponda, a fin de que, en coordinación con la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde a V1, una reparación integral
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del daño conforme a la Ley de General de Víctimas, que incluya el pago de una
compensación y/o indemnización integral y justa, así como se le brinde atención
psicológica derivada de la violación a los derechos humanos precisados en la
presente Recomendación, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias
con que se acredite su cumplimiento.
SEGUNDA. Inscribir a V1 y V2 en el Registro Nacional de Víctimas, cuyo
funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de a
fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 Bis, fracciones I y III, 96, 106 y
110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así como los numerales 46 y 47
de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
TERCERA. Girar instrucciones al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Chiapas para que coadyuve con esta Comisión Nacional en la
presentación y seguimiento de la queja que este Organismo Nacional formule ante
la autoridad competente en contra de AR1, AR2 y AR3, incluida la investigación
referente a la cadena de mando, y se remitan a este Organismo Autónomo las
constancias con que se acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Se giren instrucciones para que en el plazo de un mes se emita una
circular dirigida a todos los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal para que, en el desempeño de su cargo, actúen atendiendo a los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y remitan a
este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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QUINTA. Diseñar e impartir en el término de tres meses, un curso integral a
personal de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado de Chiapas con capacitación y formación de
derechos humanos, específicamente en técnicas, tácticas y estrategias para el
control de multitudes, así como la aplicabilidad del “Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres”, a fin de garantizar el correcto desempeño del citado cuerpo
policial para prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente
Recomendación, los cuales deberán impartirse por personal especializado y con
suficiente experiencia en derechos humanos. De igual forma, los manuales y
contenido de los cursos deberán estar disponibles de forma electrónica y en línea,
a fin de que puedan ser consultados con facilidad, debiendo remitir a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEXTA. Diseñar y publicar en el término de tres meses, un protocolo de actuación
policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de
Chiapas para el control de multitudes, previendo la respectiva coordinación con
sus municipios, con el objetivo de establecer técnicas de intervención para actuar
con decisión y sin demora ante actos inminentes de violencia que pongan en
peligro la seguridad de las personas partiendo de los factores de riesgo, en
estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, y se remitan las
constancias que acrediten su cumplimiento.
SÉPTIMA. Girar instrucciones para que, en el plazo de un mes, se incorporen
copias de la presente Recomendación en los expedientes personales de AR1,
AR2 y AR3 con la finalidad de que obren constancias de las violaciones a
derechos humanos en las que participaron, debiendo enviar las constancias de su
cumplimiento.
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OCTAVA. Instruir las acciones necesarias para que la “Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas” y el Registro Estatal de Víctimas previstos en la Ley de
Víctimas para el Estado de Chiapas operen en dicha entidad.
NOVENA. Designar al servidor público que fungirá como enlace con esta
Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente
Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a
este Organismo Nacional.
A usted señora Encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Chiapas: PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas
necesarias para que se proporcione la atención psicológica a V2, en términos de
la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas con
base en las consideraciones planteadas en esta Recomendación, y se envíen a
esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a fin de que se agilice con la debida
integración y perfeccionamiento de la Averiguación Previa 1 relacionada con la
denuncia presentada por V1 y V2, a fin de que, en su oportunidad, determine lo
que en derecho corresponda, debiendo enviarse a esta Comisión Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA. Se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y
seguimiento de la queja que se formule ante la Fiscalía de la Visitaduría en contra
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de AR8 y AR9, y quien resulte responsable por las omisiones e irregularidades en
la integración de la Averiguación Previa 1 precisadas en la presente
Recomendación, y se remitan a este Organismo Autónomo las constancias con
que se acredite su cumplimiento.
CUARTA. Se deberá diseñar e impartir en el término de tres meses un curso
integral sobre capacitación de derechos humanos en materia de procuración de
justicia, a fin de prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente
Recomendación, los manuales y contenido del curso deberán estar disponibles de
forma electrónica y en línea, a fin de que puedan ser consultados con facilidad,
debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.
QUINTA. Gírense instrucciones para que, en el término de un mes, se incorporen
copias de la presente Recomendación en los expedientes personales de AR8 y
AR9 con la finalidad de que obren constancias de las violaciones a derechos
humanos en las que participaron, debiendo enviar las constancias de su
cumplimiento.
SEXTA. Designar al servidor público que fungirá como enlace con esta Comisión
Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y
en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente. A usted señor Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Gobernador Constitucional de
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Chiapas, se brinde a V1, una reparación integral del daño conforme a la Ley de
General de Víctimas, que incluya el pago de una compensación y/o indemnización
justa, así como atención psicológica derivada de la violación a los derechos
humanos precisados en la presente Recomendación, y se envíen a esta Comisión
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
SEGUNDA. Se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y
seguimiento de la queja que se formule ante la autoridad competente en contra de
AR4, AR5, AR6 y AR7, incluida la investigación referente a la cadena de mando, y
se remitan a este Organismo Autónomo las constancias con que se acrediten su
cumplimiento.
TERCERA. Se giren instrucciones para que en el plazo de un mes se emita una
circular dirigida a todos los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad
Pública para ese Municipio a fin de que, en el desempeño de su cargo, actúen
atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, y remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.
CUARTA. Diseñar e impartir en tres meses un curso integral dirigido a personal de
la Policía de Tránsito Municipal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con capacitación y formación de
derechos humanos, específicamente en técnicas, tácticas y estrategias para el
control de multitudes y la aplicabilidad del “Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres”, a fin de garantizar el correcto desempeño del citado cuerpo policial
para prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente
Recomendación, los cuales deberán impartirse por personal especializado y con
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suficiente experiencia en derechos humanos. De igual forma, los manuales y
contenido de los cursos deberán estar disponibles de forma electrónica y en línea,
a fin de que puedan ser consultados con facilidad, debiendo remitir a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Girar instrucciones para que, en el término de un mes, se incorporen
copias de la presente Recomendación en los expedientes personales de AR4,
AR5, AR6 y AR7 con la finalidad de que obren constancias de las violaciones a
derechos humanos en las que participaron, debiendo enviar las constancias de su
cumplimiento.
SEXTA. Designar al servidor público que fungirá como enlace con esta Comisión
Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y
en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo
Nacional. 188. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el
carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de hacer una
declaración respecto de las conductas irregulares cometidas por servidores
públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley
como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo tercero,
constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias
administrativas u otras autoridades competentes para que conforme a sus
atribuciones, se apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad
de que se trate.
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189. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicito a ustedes que la
respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, se informe
dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. De no
hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue aceptada.
190. Con el mismo fundamento jurídico, les solicito, en su caso, las pruebas
correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta
Comisión Nacional, dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación.
191. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las
autoridades o servidores públicos, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y,
con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, fracción X y 46 de la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Senado
de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente de esa Soberanía,
así como a las Legislaturas de las entidades federativas que requieran, su
comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
EL PRESIDENTE
LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ