FRENTE AMPLIO

SER Y PENSARFRENTEAMPLISTA165 INICIATIVAS

JUN 09

ESPACIOS DE CONTENIDOS FRENTEAMPLISTAS

Ser y pensar frenteamplista. 5

La seguridad como derecho humano: autoridad, reciprocidad, convivencia. 7

Aportes del equipo “derecho a la educación”. Un desafío y dos propuestas sobre política educativa para un futuro de gobierno del frente amplio. 15

4 Definiciones, 8 compromisos programáticos con jubilados y pensionistas. 16

Política y sociedad - Más y mejores políticas sociales en el Uruguay. 18

Economía para todos y todas. Hacia una agenda nacional de desarrollo. 29

Cultura y desarrollo. 5 Pilares institucionales 34 lineamientos. 37

Renovación y profundización de la política ambiental y de hábitat para el segundo gobierno de izquierda. 40

Sistema nacional integrado de educación física y deportes. 50

Igualdad y libertad: de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. 53

9 Compromisos programáticos para el Uruguay de 4.000.000 59

CONTENIDOS

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SER Y PENSAR FRENTEAMPLISTA

Estimadas y estimados compatriotas:

Reunimos en esta publicación un conjunto de compromisos que hemos asu-

mido en diversas instancias de esta corta pero intensa campaña electoral.

Estas definiciones se basan en los trabajos de numerosos equipos compuestos

por técnicos y profesionales que brindaron su tiempo con generosidad mili-

tante y responsabilidad política.

El mismo 9 de febrero pasado, cuando acepté honrosamente la postulación

del Congreso del Frente Amplio como precandidato presidencial, promoví la

instalación de lo que llamamos “espacios de contenidos”. De allí surgieron

estas iniciativas, entre otras muchas, todas desarrolladas a partir del programa

del Frente Amplio.

Las propuestas aquí contenidas no son todas las que hemos compartido

en estos 100 días en los más diversos ámbitos. Éstas fueron expresadas en

los cinco foros que celebramos en abril y mayo, en asambleas populares o

directamente en respuesta a planteos realizados por grupos de interés. No

incluimos algunas definiciones e iniciativas que formulamos de manera muy

específica porque en cierta medida están incluidas en contextos temáticos

más amplios o porque se hicieron públicas por otras vías, como sucedió con

nuestra adhesión al Acuerdo Nacional por el Turismo y algunas propuestas

concretas que hicimos al respecto. Otro ejemplo es nuestro diálogo abierto

con la Universidad de la República, que atraviesa todas las formulaciones pro-

gramáticas pero que también tuvo especificidades.

También hemos planteado otros temas complejos y desafiantes en línea con

el programa del FA, como la promoción de una Constituyente que proyecte el

Uruguay del siglo XXI. He sostenido que es vital alcanzar un nuevo consenso

nacional, radicalmente democrático, solidario, equitativo y esperanzador. Ese

proyecto que llamamos “del Bicentenario 2010 – 2030” se apoya en un nuevo

contrato social celebrado con transparencia y participación de toda ciudadanía.

El lector podrá apreciar en estos textos que a veces usamos la primera per-

sona del singular y otras la primera del plural, “nosotros”. Es una cuestión de

formas pero también de contenidos, en todos los casos son compromisos que

asumo individualmente pero, al mismo tiempo, son producto de la elabora-

ción colectiva.

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Escribo estas líneas desde Mercedes y aunque la campaña es intensa, siem-

pre hay un momento para pensar, sobre todo con esa serenidad que dan los

entrañables caminos de nuestro país donde la mirada llega limpia a los hori-

zontes lejanos.

Recorrí muchas veces el territorio nacional, desde los ’60 cuando hice mis pri-

meras experiencias de extensión universitaria en Artigas hasta compartir con

los compañeros intendentes tantas experiencias de gestión concreta y directa.

Sin embargo, en estos cuatro meses, entre abrazos, apretones de manos,

miradas expectantes, preguntas agudas, aplausos cálidos, los recorridos son

especiales. He vivido algo diferente, reconocí nuevamente pero con más

exigencia la certeza que nuestro capital esencial es nuestra gente. Podremos

exponer, discutir y acordar cientos de propuestas programáticas como las de

esta publicación pero, de última, en la base, la clave está y estará en la gente.

No hay políticas públicas de calidad y eficientes si no hay apropiación social.

Por eso insistimos tanto en nuestro GPS, un tríptico único y articulable. La

Gestión es muy importante (programas, planes, acciones concretas como las

que se presentan aquí), pero siempre en relación constante, de ida y vuelta,

aun tensional, con la Política y la Sociedad.

En esta calma del amanecer mercedario, repaso lo que dije, dijimos, desde

aquel lunes de febrero, primer día de esta campaña. Nos motivaban seis

grandes objetivos: a) asegurar la victoria del FA devolviéndole la iniciativa

política y convocando a que nadie, ni un solo uruguayo, ni un solo frenteam-

plista, faltara a la cita del 28; b) evitar que las posiciones internas del FA se

tensaran en dos polos ficticiamente antagónicos; c) promover la paridad de

género; d) propiciar el diálogo intergeneracional, sobre todo, un mayor pro-

tagonismo de los jóvenes; e) impulsar el Uruguay integrado, el del interior, el

de la capital y el peregrino, el Uruguay de los 4 millones; y f) contribuir al de-

bate democrático de la ciudadanía enriqueciendo la propuesta programática

de nuestra fuerza política.

Hemos leído y oído a las compañeras y compañeros. Aquí aportamos 165

líneas e iniciativas programáticas. Creo que hemos alcanzado nuestras me-

tas centrales.

Seguiré en paz, con entusiasmo, recorriendo barrios y pueblos, orgulloso de

este país, de ser uruguayo y frenteamplista.

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LA SEGURIDAD COMO DERECHO HUMANO: autoridad, reciprocidad, convivencia

4 IDEAS RECTORAS – 18 PROPUESTAS CONCRETASMaldonado, 29 de abril de 2009

Los problemas de la seguridad y convivencia ciudada-na no se afrontan con agendas milagrosas, culpabili-zando a otros administradores del gobierno ni menos aún estimulando los miedos colectivos con discursos exaltados sobre la inseguridad. Nuestra visión acerca de este serio problema parte de la convicción de que cualquier gobernante que se proponga solucionar los desafíos actuales sobre seguridad y la convivencia con fórmulas sencillas o repetidas, carece de información o no respeta la ex-periencia acumulada aquí y en el plano internacional, y sobre todo, que no se pone en la piel de la gente que todos los días afronta la vida en un estado de vulnerabilidad importante. Nuestras propuestas están abiertas al debate y su pri-mer objetivo es generar condiciones para la concer-tación con otras fuerzas políticas y los acuerdos con las fuerzas sociales. Aquí se exponen sintéticamente cuatro ideas rectoras y 18 medidas concretas.El gobierno del Frente Amplio que termina en marzo próximo asumió integralmente el desafío de resolver al mismo tiempo la demanda inmediata de seguridad ciudadana y el histórico desgobierno de la institucio-nalidad en este campo. Si bien hubo indudables éxi-tos la demanda sigue insatisfecha. Ello exige una autocrítica a la fuerza política y el compromiso de seguir avanzando en los temas que están pendientes.

II. LAS CUATRO IDEAS RECTORAS

1) Dar satisfacción a la demanda cotidiana de mayor seguridad ciudadana, sin contradecir los objetivos de una estrategia sostenida para el mediano plazo de mejorar la convivencia, en un marco de plena vigencia de los derechos de todas y todos los uruguayos. La profundidad y permanencia de los procesos de frac-tura social y segmentación en nuestro país, sumados al creciente desafío impuesto por las nuevas formas del

crimen organizado y el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad delictiva, suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana en el largo plazo. A ello se suma la instalación de comportamientos de-finidos por la intolerancia y la falta de respeto hacia otros y otras, lo cual va dibujando un paisaje de lo co-tidiano cargado de formas de violencia y desrespetos colectivos. No se trata únicamente de actos delictivos ni exclusivamente de aquellos que más recaban la atención pública.La violencia familiar es una forma de inseguridad que no conmueve en forma proporcional a su significado en la vida de decenas de miles de personas. Es uno de los rostros mas dolorosos de la discriminación y representa una de las violaciones mas frecuentes, si-lenciadas e impunes de los derechos humanos (según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y criminalidad el Ministerio del Interior hay mas denun-cias de violencia doméstica que de rapiñas). Se evidencian también crecientes formas de violencia en los centros educativos, en el tránsito, en los espec-táculos deportivos o culturales, en el espacio público. El pensamiento estratégico no puede contraponerse a la toma de acciones en el más corto plazo con el objetivo de fortalecer la confianza de la población en la capacidad de las instituciones para satisfacer sus justas demandas. Para trabajar sobre esta situación debemos conside-rar tanto los cambios que se han producido en los últimos años en la naturaleza del escenario de la vio-lencia y el delito en Uruguay, como las expectativas de la ciudadanía respecto a un servicio público de vital importancia para la gobernabilidad democrática como es el que prestan las instituciones que integran el sistema de seguridad ciudadana. En el documento programático “Uruguay Democrá-tico” al definir las propuestas para el próximo quin-quenio (2010-2014) aprobadas en el V Congreso Ex-

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traordinario del Frente Amplio del 13-14 de diciembre de 2008, se apuntará al objetivo de: “aumentar la seguridad ciudadana en tanto necesidad de conviven-cia pacífica y pacificadora, incorporando a la fuerza pública al diseño de una sociedad tolerante, solidaria y comprometida con sus conciudadanos”.

2. La seguridad ciudadana no es una mercancía ni un privilegio de los sectores de mayor poder adquisiti-vo. Por eso el Estado es el responsable de promover formas de convivencia democráticas y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales vinculados con la seguridad ciudadana (la vida; la integridad física; la libertad; la propiedad). El Estado debe garantizar a todos los habitantes los derechos humanos más direc-tamente comprometidos con la seguridad ciudadana, como el derecho a la vida; a la integridad física; a la libertad y a la propiedad. En ese marco, concebimos la seguridad ciudadana como un derecho de la gen-te, en especial, de aquellos sectores menos favoreci-dos social y económicamente de nuestra población. La seguridad ciudadana no debe convertirse en una mercancía que solamente pueden comprar aquellos que pueden pagarla: el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas eficaces en materia de seguridad ciudadana que sean universales e integra-les, para, de esa manera, cumplir con su deber de garantizar los derechos de las personas que son ame-nazados por la delincuencia o por las diversas mani-festaciones de la violencia.

3. En la medida que la respuesta a estos problemas no se puede improvisar asumimos la necesidad de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia democrática, que incorpore los objetivos y acciones necesarias a los efectos de dar efectivo cumplimiento a la “Propuesta para un Uruguay Democrático”, de nuestra Fuerza Política, que señala como meta: “La profundización de las políticas tendientes al logro de la equidad en el acceso a los servicios básicos de cali-dad para toda la población y el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos”.

4. La seguridad y la convivencia democrática no avan-zan sólo con más y mejores escuelas o empleos, pero tampoco únicamente con el incremento de policías y de personas encarceladas.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convi-vencia será la herramienta para implementar una política pública sobre esta materia, que se desarro-llará a partir de las siguientes líneas estratégicas:

a) El abordaje integral de las problemáticas de se-guridad y convivencia, en el entendido que éstas responden a un complejo prisma de antecedentes y causalidades que requieren acciones preventivas multidimensionales que abarquen, entre otros, aspectos sociales, educativos, edilicios y urbanís-ticos. Para ello, y dentro sus competencias espe-cíficas, todas las instituciones públicas deberán participar en la implementación de planes y pro-gramas destinados a la prevención de la violencia y el delito en el ámbito público y en el privado, tanto a nivel nacional como departamental. Complementariamente, este abordaje integral requiere intervenciones transversales en situa-ciones específicas para grupos de población que presentan situaciones de vulnerabilidad particula-res frente al delito o la violencia. Esto lleva a la necesidad de ejecutar programas focalizados que tengan como objetivo disminuir al máximo el ries-go de reproducción de conductas violentas o el ingreso de los más jóvenes a una carrera delictiva de la cual será luego muy difícil desvincularse.Estas acciones preventivas, dentro del mismo enfo-que integral, se implementarán en forma simultá-nea a las acciones de disuasión y represión legítima que el Estado Democrático de Derecho tiene el de-ber de aplicar, por ser el depositario de la fuerza le-gítima que garantiza, en última instancia, la propia existencia del pacto social de convivencia.Este abordaje integral de los problemas vincula-dos a la seguridad ciudadana se inscribe también en los lineamientos del Programa de la Fuerza Po-lítica, en cuando el mismo plantea la necesidad de profundizar los procesos tendientes a: “la ra-cionalización y coordinación de los esfuerzos es-tatales”, promoviéndose la “profundización de la coordinación interinstitucional.”

b) Un enfoque descentralizado y territorial, tanto para los diagnósticos como para las respuestas que se instrumenten. Tenemos la más absoluta convicción de que las decisiones tomadas en el nivel más cercano a los usuarios son las más rele-vantes en términos de impacto, y las que promue-ven un mayor nivel de compromiso y control de los resultados. Por ello, y apelando a las mejores tradiciones de nuestro pueblo, resulta pertinente estimular la participación ciudadana desde las or-ganizaciones sociales con base territorial ya exis-tentes, para contribuir al diseño de estrategias y al control social participativo de la política pública sobre seguridad ciudadana que se implemente.

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Tambien en este sentido apelamos al Programa del Frente Amplio, cuando plantea: “La descen-tralización del Estado como proceso debe invo-lucrar a los gobiernos municipales articulándose con el gobierno nacional en el diseño y en el obje-tivo esencial de la descentralización: el ciudadano y la ciudadana.”

c) La seguridad ciudadana y la convivencia demo-crática no son una mercancía electoral; reclaman un consenso político social sostenido en el tiem-po, una planificación coherente y una evaluación pública permanente. No tenemos ninguna duda respecto a que los consensos constituyen la única manera sostenible para avanzar en la búsqueda de soluciones a los actuales problemas que nos afectan en materia de seguridad ciudadana. Hasta ahora, el sistema político se ha preocupado más en marcar dife-rencias que en buscar consensos en beneficio de toda la sociedad uruguaya. El único interés colec-tivo en este tema es que la violencia y el delito no se enfrentan administrando intereses electorales.No puede haber plan estratégico si las diferentes fuerzas políticas y las organizaciones de la socie-dad civil no hacen los mayores esfuerzos para en-contrar puntos de acuerdo que aseguren la sus-tentabilidad de la política pública sobre seguridad ciudadana, así como el seguimiento y evaluación de las mismas. Por eso es imprescindible convocar a trabajar en esta materia a los mejores especia-listas y a los principales referentes de los partidos políticos y las fuerzas sociales.

d) El desarrollo de una Institucionalidad eficiente, en el entendido que la promoción de políticas de seguridad ciudadana y convivencia articuladoras de esfuerzos colectivos y sustentables en el me-diano y largo plazo, requieren el fortalecimiento de instituciones con elevadas capacidades de gestión, liderazgo y transparencia en su funciona-miento a los efectos de: (i) elaborar una adecuada planificación estratégica; (ii) convocar a todos los actores políticos y sociales; y (iii) gestionar los re-cursos humanos y materiales necesarios para di-señar e implementar esta política pública.En el caso del Ministerio del Interior, seguiremos avanzando en el importante proceso de moder-nización que ha iniciado nuestro actual Gobier-no. De esa manera, esta nueva institucionalidad orientará y articulará los cometidos estrictamen-te policiales de esta Secretaría de Estado (en el

campo preventivo y represivo de la violencia y el delito), con otros aspectos que trascienden las clá-sicas funciones policiales (como es el caso, entre otros, de la atención a las víctimas de la violencia y el delito; la gestión de la participación ciudadana en temas de seguridad y convivencia; las políticas de prevención de la delincuencia juvenil y adoles-cente; y las políticas de prevención de la violencia de género).Avanzar en esta nueva institucionalidad para el sector seguridad ciudadana nos pone también en la línea del Programa de nuestra Fuerza Política, en cuanto éste plantea la necesidad de continuar y profundizar el proceso de Transformación De-mocrática del Estado, para lo cual se debe “seguir impulsando una nueva Ética de la función públi-ca, basada en el servicio público, la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia y el in-greso democrático a toda la Administración.”

III. Propuestas estratégicas para una política pública de seguridad y convivencia democráticas.

Las líneas estratégicas se harán operativas a través de un conjunto de iniciativas que demandan un esfuerzo por consolidar, fortalecer y profundizar una serie de transformaciones en curso, así como por instrumen-tar aspectos aún pendientes en las áreas operativa, normativa y preventiva. Propuesta de profundización de las reformas iniciadas por el Gobierno del Frente Amplio en marzo de 2005 y de reformas pendientes para implementar en el pe-ríodo 2010-2014:

Implementación del Plan Nacional de Seguridad 1. Ciudadana y Convivencia, El Estado uruguayo tie-ne el deber de presentar a los y las habitantes del país un plan estratégico. La gente tiene derecho a saber qué se hará en esta materia tan delicada; de qué manera; en qué tiempos y con qué recur-sos. De esta forma, además, cumpliremos con otra de las características fundamentales del país democrático que queremos seguir construyendo: la permanente rendición de cuentas de las autori-dades frente a la gente, consolidando, en un área compleja y delicada como es la prevención y con-trol del delito y la violencia, una gestión transpa-rente y abierta al mayor control y participación de la ciudadanía.

Promover la aprobación de una Ley Marco sobre 2. Seguridad Ciudadana y Convivencia, que defina

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con precisión la estructura institucional de este sector, indicando las diferentes responsabilidades de las dependencias del sector público involucra-das en la política de seguridad y convivencia (mi-nisterios; organismos descentralizados; empresas públicas; gobiernos municipales).

Creación de un Consejo Asesor de Seguridad Ciu-3. dadana y Convivencia. Dentro de esta Ley Marco, se creará el Consejo Asesor de Seguridad Ciuda-dana y Convivencia que tendrá como cometidos colaborar en el diseño de la política pública en esta materia. El Consejo deberá integrarse con representantes técnicos de todos los partidos po-líticos con representación parlamentaria, así como de las diferentes organizaciones sociales y de la empresa privada. En el ámbito de este Consejo, el Ministerio del Interior presentará su propuesta de Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Con-vivencia. Asimismo, en el ámbito del Consejo se acordarán los mecanismos de implementación y evaluación del Plan Nacional.

Prioridad absoluta a los recursos presupuestales 4. del Estado al Ministerio del Interior por el lapso de dos años y un sistema de indicadores por resultado vinculado a la retribución económica del personal. Esto permitirá continuar el proceso de recuperación salarial de los integrantes de esta institución. Sin embargo, estos recursos deberán aplicarse exclusi-vamente como incentivos para premiar a aquellos funcionarios que se comprometen con su servicio a la población. Así, promoveremos un sistema de indicadores por resultado que tenga como finali-dad evitar igualar hacia abajo al personal policial: quienes mejor cumplan con los objetivos estableci-dos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, recibirán una mejor retribución.

Más y mejores policías asignados a la prevención 5. del delito. En esta línea, señalamos que Uruguay tiene, en los papeles, una de las tasas de policías por habitantes más altos del mundo. La tasa pro-medio internacional está entre los 200 y los 250 policías cada 100 mil habitantes. En nuestro país, con una plantilla de 17.100 policías asignados a tareas propias de seguridad, llegamos a una tasa de 545 policías cada 100 mil habitantes. Es, real-mente, un exceso. Sin embargo, el sistema de tra-bajo policial en Uruguay se basa en un despliegue reactivo, por lo que, en los hechos, de esos 545 policías cada 100 mil habitantes disponibles, no llegan a desplegarse 150 policías cada 100.000 habitantes. El problema, entonces, pasa por una

mejor valorización y gestión del recurso humano con el que cuenta nuestra Policía Nacional. A ello, debemos adicionar que los recursos policiales es-tán muy mal distribuidos en todo el territorio na-cional, y existen situaciones difíciles de entender, si consideramos la tasa de delitos y la densidad po-blacional. Las denuncias por violencia doméstica superan a las rapiñas y sin embargo, ocupan solo el 1% del personal policial (dato que verifico mañana de mañana). En concreto, asumo el compromiso de redistribuir racionalmente las plazas existentes y las vacantes, a partir de una política profesional en gestión de recursos humanos, para que, como mínimo, contemos con una media nacional de en-tre 250 y 280 policías cada 100.000 habitantes, cumpliendo efectivamente tareas de seguridad en un sistema de intervención activo de la Policía Na-cional, trabajando al servicio de todos los vecinos y vecinas, de acuerdo a la densidad poblacional y el mapa del delito en cada zona del país.

Rediseño del despliegue territorial de la Policía 6. Nacional. Lo anterior se relaciona con la imple-mentación urgente de un nuevo diseño en el des-pliegue territorial de la Policía Nacional. El actual mapa de distribución de los recursos humanos y materiales de la institución policial en práctica-mente la totalidad de las seccionales policiales de las 19 Jefaturas Departamentales responde a otra época, a otro Uruguay. Se crearán las Comi-sarías Seccionales y los Destacamentos Policiales necesarios, de acuerdo al mapa del delito en cada punto del país, con el objetivo de acercar más el servicio policial a la población. No solamente más policía, sino mejor policía.

Continuar recomponiendo la confianza entre la 7. Policía y la sociedad. Seguiremos entonces, apo-yando a los buenos hombres y mujeres que in-tegran la institución policial, depurando la fuerza de los que no entendieron el compromiso que asumieron de defender la Constitución, la ley y la confianza del pueblo uruguayo. En esta mate-ria, continuaremos desarrollando a la Dirección de Asuntos internos, como garantía de transparen-cia y rendición de cuentas de la policía uruguaya hacia la ciudadanía. De esta menera, se avanzará en brindar a la ciudadanía las garantías para el ejercicio pleno de sus derechos, sancionando con firmeza las desviaciones a los deberes inherentes a la función, los actos de corrupción, así como las violaciones a los derechos humanos en que pueda incurrir el personal policial.

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Respeto a la funciones profesionales de los fun-8. cionarios estatales; las Fuerzas Armadas en nin-gún caso pueden cumplir funciones de seguridad interna. En este contexto, reiteramos que las fun-ciones del Estado que tienen que ver con la di-suasión y la represión del delito y la violencia son exclusivamente policiales. Apoyamos totalmente el trabajo de los buenos profesionales de la poli-cía, como elemento central e insustituible de cual-quier política pública de seguridad ciudadana. Reconocemos su sacrificio y valoramos su lealtad con la institucionalidad democrática. No pueden confundirse graciosamente cometidos y especia-lizaciones diferentes, proponiendo que profesio-nales de las Fuerzas Armadas asuman tareas para las que no están formados ni equipados. Menos aún aquellas que requieren un permanente tra-bajo de información e inteligencia, como las vin-culadas a enfrentar al tráfico de drogas, que con tan buenos resultados viene llevando adelante la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior. Por respeto a la policía y por respeto a los militares debemos ser sumamente cuidadosos cuando realizamos, en medio de una verdadera euforia electoral, plan-teos que no tienen ningún asidero desde el punto de vista legal ni, aún menos, desde el punto de vista profesional.

Continuar con el proceso de fortalecimiento ins-9. titucional de la Policía. También dentro del tema Policía Nacional, nos comprometemos a profun-dizar los procesos de modernización y cambio de la institución, apuntando a la profesionalización del personal; continuando con el mejoramiento de sus condiciones laborales y dignificación de sus tareas como servidores públicos, proceso que se inició el 1ro. de marzo de 2005, y del cuál no existen antecedentes en toda la historia de la po-licía uruguaya. Se asume el compromiso de pre-sentar un plan racional para la reducción gradual de las horas que cumple el personal por concepto de “servicio 222” hasta su eliminación total en el momento de alcanzar la compensación salarial correspondiente. En ese proceso, se creará una unidad policial especial para la prestación (como servicio ordinario) de servicios de seguridad ban-caria y en espectáculos públicos masivos.

Calificación permanente de los funcionarios poli-10. ciales Asumimos la necesidad de incrementar los niveles de capacitación y elevar los requisitos de ingreso a la fuerza policial, apuntando a la forma-

ción de profesionales con habilidades orientadas a la prevención del delito y la solución de conflic-tos. En la medida que la remuneración del perso-nal policial y las condiciones de trabajo sigan me-jorando, ese objetivo puede lograrse en el corto plazo. La sociedad uruguaya, repito, necesita no solamente más policías, sino mejores policías. El Estado debe asumir la responsabilidad de asegu-rar que el personal policial complete el Tercer Año de Ciclo Básico, mediante convenios con ANEP, e inclusive, liberando horas de trabajo del funcio-nario para que pueda alcanzar la escolaridad ne-cesaria. Hoy sabemos que se viene materializan-do el ingreso mas calificado: de 223 policías que acaban de ingresar todos tienen 3 años de ciclo básico y 6 meses de formación.

Respeto a los derechos sindicales de los funciona-11. rios sin menoscabo de la disciplina y jerarquía. El actual Gobierno ha permitido un avance sustancial en el reconocimiento de los derechos laborales del personal policial superior y subalterno, al generar las condiciones para el funcionamiento de organi-zaciones sindicales que representen los intereses de este sector de los funcionarios del Estado. Los tra-bajadores uruguayos deben seguir avanzando para fortalecer esta expresión inédita de las libertades sindicales, y desde el gobierno nacional deben se-guir respetándose rigurosamente las normas de la Organización Internacional del Trabajo y las dispo-siciones de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas en esta materia, especialmente en un punto sumamente delicado: el ejercicio del derecho de huelga por parte de los funcionarios policiales. En este sentido, asumo el compromiso de trabajar para, en permanente diálogo con el PIT-CNT, contribuir a compatibilizar el ejercicio de la libertad sindical con las características de la insti-tución policial, por naturaleza sometida a disciplina y jerarquía, y donde no debe, excepto en el caso de órdenes ilegales, romperse bajo ningún concepto la cadena de mando. Compatibilizar los derechos de los policías sindicalizados con el estricto cum-plimiento de la función permanente de la policía, que, según la OIT y los Pactos de Naciones Unidas, llega a restringir el ejercicio del derecho de huelga, reitero, es un desafío que asumo y que me compro-meto a resolver de la manera que mejor convenga al interés general, representado por la necesidad de garantizar los derechos humanos de todos los y las integrantes de la sociedad uruguaya.

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Un sistema de privación de libertad que no fun-12. cione como universidad del crimen y perfecciona-miento de las redes de marginalidad. En cuanto al sistema carcelario, nos comprometemos a la crea-ción y puesta en funcionamiento en el plazo más breve posible del Instituto Nacional de Rehabilita-ción, como servicio descentralizado. Este instituto será el responsable de la gestión de las medidas de privación de libertad en todo el país. Incorpora-rá tanto los establecimientos destinados a adultos como aquellos destinados a adolescentes que de-ban cumplir penas de privación de libertad, con-forme a lo que disponga la justicia competente. El instituto tendrá dos áreas con autonomía técnica (una encargada de los internos mayores de edad y otra de los internos menores de edad), y cen-tralizará las decisiones correspondientes a aspec-tos comunes del sistema de privación de libertad (como, por ejemplo: selección y capacitación del personal; infraestructura de los establecimientos; salud, alimentación y educación de los internos; y, especialmente, seguridad perimetral, para evitar fugas y otras situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los mismos internos, del personal a cargo de su custodia o de la pobla-ción en general). El personal de la Policía Nacional que actualmente cumple funciones en el sistema penitenciario (Dirección Nacional de Cárceles, Pe-nitenciarías y Centros de Recuperación, o en las Cárceles Departamentales), así como los funcio-narios del Instituto de Rehabilitación Juvenil del INAU, será evaluado, con todas las garantías, por una comisión técnica a los efectos de determinar si se incorporan al nuevo Instituto, o son redistribui-dos en otras dependencias del Estado.

Descentralización territorial de las cárceles y crea-13. ción de cinco nuevos establecimientos. Dentro del mismo tema, trabajaremos por la construcción de, al menos, cinco nuevos establecimientos peniten-ciarios para adultos varones distribuídos territorial-mente en el país según la densidad poblacional y las facilidades de comunicación y transporte. Con el mismo criterio, se establecerán establecimientos penitenciarios para mujeres adultas. La capacidad de estos centros penitenciarios no debe superar las trescientas plazas. Asimismo, se construirá un establecimiento especial para implementar las me-didas de privación de libertad para adolescentes, que asegure el desarrollo de los programas edu-cativos indicados por los técnicos a cargo de los mismos, a la vez que las medidas de seguridad in-

terna y perimetral necesarias para evitar incidentes o fugas. Es necesario analizar sin prejuicios dife-rentes formas de asociación del sector público con el sector privado, con la única condición que es el Estado el único responsable de la ejecución de las medidas de privación de libertad y, por ende, de la situación de las personas sometidas a las mismas.

Respuesta discriminada y racional ante los dife-14. rentes tipos de delitos y delincuentes: una opor-tunidad a los primarios no violentos y limitación al máximo legal posible de salidas transitorias y excarcelación y libertad anticipada a los reinci-dentes. Tenemos que asumir que el Estado debe emitir señales claras respecto a la respuesta penal que dispone en el caso de delincuentes primarios, frente al caso de delincuentes habituales, que reinciden una y otra vez en su comportamiento delictivo. En este tema, propongo la generación de una fuerte alianza donde las instituciones pú-blicas, con el apoyo de la empresa privada y las organizaciones sociales, comprometan todos sus recursos y esfuerzos para brindar una oportuni-dad a la persona que comete un delito que no sea grave por primera vez, a partir del diseño e imple-mentación de penas alternativas que consistan en la inserción obligatoria en programas de ingreso al mercado laboral con capacitación para puestos de trabajo genuinos, y de planes de incorporación al sistema educativo formal. Con la misma con-vicción, entiendo que en el caso de las personas que reinciden en el delito, más aún en aquellas formas delictivas que implican violencia contra las personas, deben recibir una respuesta clara y contundente por parte del Estado, limitándose al máximo cualquier forma de beneficio de excarce-lación, salidas transitorias o libertad anticipada.

Perfeccionar el sistema de responsabilidad pe-15. nal juvenil sancionando la tentativa de hurto. En cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal Juve-nil, señalamos la absoluta desprolijidad e impro-visación con que varios actores políticos se están refiriendo al tema. Hemos ya señalado que es ab-solutamente falso que las personas menores de 18 años sean inimputables en el Uruguay de hoy. El concepto de inimputabilidad quedo detenido en 1934 cuando se aprobó el viejo Código del Niño. Hoy, la legislación nacional establece para los menores de 18 años un régimen de derechos y obligaciones. Si un adolescente viola derechos de terceros, es responsable penalmente, dentro de un sistema penal especial, que implica penas de

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privación de libertad extensas, teniendo en cuen-ta la edad de la persona involucrada en el proce-so. No dudo que hay que mejorar el sistema de responsabilidad penal juvenil, pero no puede se-guir generándose confusión en la población plan-teando que el problema está centrado solamente en el marco jurídico: el problema tiene que ver con prácticas institucionales y con la asignación de los recursos humanos y materiales adecua-dos para que el sistema funcione. No queremos ninguna forma de impunidad: ni la del pasado ni la del presente. Si un adolescente vulnera dere-chos de terceros, debe hacerse responsable por el daño generado, y el Estado no puede ni debe permitir que la sanción dispuesta judicialmente se incumpla y que los programas especializados que deben aplicarse en el marco de las medidas de privación de libertad no se implementen. En cuanto al régimen de sanciones, comparto sí la necesidad de ajustar el marco legal para que se sancione la tentativa de hurto (conducta que hoy no es sancionada por la legislación penal para adolescentes), a la vez que también impulsaré los ajustes necesarios para establecer un régimen de sanciones no privativas de libertad para infraccio-nes que no sean graves o gravísimas que funcione eficazmente, con participación de organizaciones especializadas de la sociedad civil.

Atención especializada a las formas de consumo 16. de sustancias que reproducen ciclos delictivos e incrementan la violencia. Asumimos el compro-miso de trabajar para reducir el enorme impacto negativo que tiene sobre la política de seguridad ciudadana el consumo problemático de algunos tipos de drogas, en especial, la pasta base de co-caína. Sin embargo, quiero reiterar que asumo los problemas vinculados a las drogas en primer lugar como un problema de salud pública, y esa será la línea estratégica de nuestra gestión, sin descono-cer, por supuesto, su innegable efecto como uno de los factores que inciden sobre la reproducción de conductas violentas y delictivas en todo el país. No puede dejar de recordarse que la pasta base de cocaína no comenzó a ingresar al país a partir del 1ro. de marzo del 2005. Como ha señalado la Junta Nacional de Drogas, el ingreso de esta sustancia comienza a producirse en plena crisis del año 2002. No obstante, creo no equivocar-me si afirmo ahora que ninguno de los partidos que hoy están en la oposición incorporó este serio problema en la última campaña electoral. El ac-

tual gobierno del Frente Amplio es el que asume la gravedad de esta problemática y la incorpora a la agenda nacional. Y en esa misma línea se-guiremos trabajando: por una parte, seguiremos desarrollando la estrategia de la Junta Nacional de Drogas para reducir la demanda y reducir los daños que produce el consumo de estupefacien-tes, favoreciendo las acciones descentralizadas, el trabajo en red y la participación de la comunidad. Por otra, seremos inflexibles en el combate a la oferta de sustancias ilícitas, especialmente la pas-ta base de cocaína, en todos los frentes: desde la pequeña boca hasta el lavado de activos y sus co-nexiones internacionales. El tema de la marihuana pasa, evidentemente por otro lado: reitero que en este caso se trata de regularizar el mercado, a partir de intervenciones en la producción y distri-bución de esta sustancia.

Consolidación del proceso de modernización 17. del Ministerio del Interior iniciado en marzo de 2005. En cuanto a los aspectos institucionales del Ministerio del Interior, asumimos el compro-miso de consolidar el proceso de modernización iniciado en marzo de 2005 por nuestro Gobier-no, mediante el funcionamiento del Gabinete Técnico-Político para el diseño, supervisión y mo-nitoreo de las actividades que implican el cum-plimiento de las competencias institucionales de esta Secretaría de Estado. En el mismo sentido, continuaremos con la línea de producción y difu-sión de información sobre violencia, criminalidad e inseguridad, tanto para garantizar las instan-cias de transparencia hacia la ciudadanía, para el diseño y seguimiento de la política pública, así como para mejorar la capacidad de gestión de los organismos de control y sanción.

Seguir avanzando en la gestión local de los pro-18. blemas de la seguridad ciudadana y la conviven-cia democrática. En este sentido, manifestamos nuestra intención de extender el funcionamiento y fortalecer las Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, como instrumento idó-neo para el diseño de planes de seguridad partici-pativos y comprensivos de los problemas locales. Los gobiernos municipales, en especial los que tiene a su cargo el Frente Amplio, han avanzado sustancialmente en estos años en la gestión de la seguridad ciudadana desde una perspectiva local. Estoy tentado a hacer referencia a todo lo que venimos haciendo en Canelones, pero hoy quiero poner como ejemplo de lo que seguiremos pro-

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fundizando en un segundo gobierno del Frente Amplio, lo que se está implementando aquí en Maldonado. En especial, la adopción de la con-cepción integral de la seguridad por parte del Co-mité Departamental de Emergencia, articulando a las diferentes instituciones y organizaciones que lo integran con base en una evaluación de riesgo y vulnerabilidad, que tiene en cuenta las caracte-rísticas del Departamento: su territorio; su fuerte corriente migratoria interna, entre otros aspectos. Por otra parte, destaco las políticas de inclusión social en Maldonado, que persiguen el objetivo de incrementar la inclusión y generar trabajo dig-no. Hago especial énfasis en lo que se viene reali-zando en materia de capacitación para el empleo, comedores estudiantiles, vivienda, deporte y cul-tura y destaco la creación y funcionamiento del segundo centro del país para el tratamiento de adicciones con internación. Las políticas activas que viene realizando para el combate a la Violen-cia Familiar a través de servicios especializados, los planes departamentales y locales, junto al forta-lecimiento de las Comisiones departamentales de lucha contra la Violencia Doméstica. Por último, y no por ser menos importante el gobierno local de Maldonado viene apoyando permanentemente el despliegue policial en el departamento, en alta y baja temporada, con una inversión de casi un millón de dólares para financiar la llamada “hora ciudad”, que se abona al personal policial por sus trabajo en servicios extraordinarios.

La Propuesta Programática para un Uruguay Demo-crático (2010-2014) obliga a pensar un Estado que priorice las necesidades de las ciudadanas y los ciu-dadanos a través de una estrategia nacional de se-guridad con coherencia global, planes y programas específicos con metas y plazos, así como un sistema participativo de monitoreo y evaluación, como me-dios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en su más amplia extensión.

De ahí nuestro planteo centrado en estas tres defi-niciones:

Autoridad: porque ella se deriva de un gobierno legitimado por la voluntad popular, que cumple sus cometidos dentro de las reglas del Estado de Dere-cho y con estricto respeto de la institucionalidad de-mocrática y de los derechos de la gente. Si el Estado no ejerce su autoridad, los más perjudicados serán, como siempre, los sectores más postergados, más

excluidos de nuestra sociedad. Nosotros nunca diji-mos “achiquen el Estado”, o “cuanto menos Estado mejor”, ni llevamos adelante el creo neoliberal que es uno de los principales responsables de los problemas de inseguridad y violencia que hoy sufre la sociedad uruguaya. Por eso podemos hablar sin ningún rubor del “principio de autoridad”, como característica de un Estado salvaguarda de los más débiles: del trabaja-dor, del pequeño comerciante, de los estudiantes, de los jubilados... de toda aquella gente que anda por la calle, que ocupa el espacio público o que está en su pequeña propiedad, y que tiene derecho a que se lo proteja de la violencia y del delito.

Reciprocidad: porque hablamos de derechos y de obligaciones. El Estado debe garantizar la seguridad respetando los derechos de la gente. El fracaso más rotundo en las políticas de seguridad ciudadana en nuestra región está caracterizado por los planes de “mano dura” o “tolerancia cero”, que solamente ge-neraron más violencia. No responderemos a la violen-cia ilegítima de la delincuencia con más violencia irra-cional desde el Estado. Apelaremos a la prevención, porque estamos convencidos de ello, pero no dudare-mos en aplicar medidas disuasivas o represivas, den-tro del marco de la Constitución y la ley, cuando ello sea necesario para garantizar el derecho a la seguri-dad ciudadana de los uruguayos y las uruguayas.

Convivencia: porque el problema no es sólo el deli-to, sino la cultura de intolerancia, crispación y violen-cia cotidiana que ha construído la sociedad uruguaya en los últimos años. Respeto a la diversidad; respeto los bienes públicos; condena al vandalismo y al que no respeta lo que es de todos y todas... En definitiva: propongo una política de “cero intolerancia”: gene-rar, desde el Gobierno, las condiciones para recompo-ner una forma de vida que nos permita incorporarnos en este gran proyecto coletivo de felicidad pública.Los problemas de seguridad ciudadana son problemas serios. No aceptan respuestas fáciles, que jueguen con la inteligencia de nuestro pueblo, ni actitudes frí-volas que hagan perder la confianza de la gente en la capacidad de nuestros gobernantes para contribuir a resolver estos enormes desafíos. Hablamos de dere-chos, hablamos de obligaciones y responsabilidades. Hablamos de un tema que nos seguirá ocupando du-rante algún tiempo más, y por eso debemos buscar, empecinadamente, los mayores acuerdos políticos y sociales para enfrentarlo en las mejores condiciones y con nuestros mejores recursos.

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APORTES DEL EQUIPO DERECHO A LA EDUCACIÓN”Un desafío y dos propuestas sobre política educativa para un futuro de gobierno del Frente Amplio.

1) El principal desafío de la educación está centrado en la universalización del acceso al conocimiento de todos los adolescentes de nuestro país. Este desafío, aunque ubica la responsabilidad del Estado de garan-tizar el acceso universal de todos los adolescentes a la enseñanza media, trasciende tanto el ingreso a este tramo de la educación como al Estado como agente que debe llevarla adelante. Va más allá del ingreso a la enseñanza media porque supone que las trayecto-rias educativas tengan como resultante aprendizajes de calidad para todos; trasciende al Estado como ac-tor fundamental porque requiere del apoyo de acto-res de la sociedad como condición indispensable para llevarlas adelante. Pero también porque necesitamos repensar la idea de educación que tenemos, la cual se remonta a la época vareliana.En este sentido planteamos que la comprensión y lec-tura crítica del mundo que nos toca vivir, obliga a re-conceptualizar la idea de alfabetización como el apren-der a leer y escribir. La alfabetización en un mundo complejo, interconectado y en cambio permanente, requiere una educación que apueste por el desarrollo al máximo de las capacidades de cada uno como el principal capital para hacer frente a las desigualdades, injusticias y amenazas que pueden derivarse de la falta de control de los ciudadanos sobre los acontecimien-tos que nos tocan vivir. Por eso la alfabetización debe abrir nuevos mundos además de la lectura y la escritura, y para esto tiene que ser también una alfabetización digital, visual, ar-tística, matemática, ética entre otras. El desafío que enfrentan las instituciones educativas es, además de asegurar una educación de calidad para todos los y las jóvenes que ingresan más allá de su origen social, es cambiar el concepto de alfabetización y aceptar to-das las consecuencias que esto significa tanto desde punto de vista de las formas como de los contenidos de enseñanza. Porque no se puede enseñar sin conte-nidos, ni ampliar las formas de imaginar el mundo sin

cambiar las formas de enseñanza. Creemos que aquí se encuentran algunas de las claves que permiten re-cuperar el sentido de la palabra educar. 2) Nuevas políticas institucionales. Desde el punto de vista de la organización de las instituciones educativas esto supone que el aprendizaje se produce más allá de las aulas y para esto es imprescindible dotar a estos espacios de forma tal de que se vuelvan ricos en re-cursos y jerarquizados adecuadamente. Las bibliotecas, los laboratorios, los gimnasios, pasantías laborales, la necesidad de espacios gestionados por y para los y las adolescentes deben obligarnos a replantear las insti-tuciones, las cuales deberían pensarse más allá de los limites físicos que señalan sus paredes para comenzar a desarrollar alianzas con otras instituciones que pue-dan proporcionar aquello que estas no tienen. Necesi-tamos un nuevo pacto educativo en la sociedad, en la cual converjan Sociedad Civil y Estado, no para eximir de responsabilidad al Estad sino para redimensionar la educación de nuestros jóvenes. 3) Políticas docentes. Las investigaciones demuestran que la calidad de los sistemas educativos está fuerte-mente relacionada con la calidad de los docentes que trabajan en las instituciones de enseñanza. Por ende, ninguna política educativa que apueste por la calidad puede ser exitosa sino tiene en cuenta al factor do-cente. En este sentido, entendemos necesarias una serie de medidas que permitan profundizar la apues-ta por la educación que la izquierda ha realizado. Para esto proponemos la promoción de políticas que apo-yen a los docentes y educadores a la realización tanto de investigaciones como de producción de materiales didácticos para la enseñanza; políticas de difusión de la producción realizadas por los docentes; y políticas de formación que apuesten a la interinstitucionalidad entre UTU, Secundaria, Formación Docente, CENFO-RES, IPES, Universidad de la República, Centros de In-vestigación, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc.

“

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4 DEFINICIONES, 8 COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS CON JUBILADOS Y PENSIONISTAS.Extracto de la carta de respuesta a la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL URUGUAY.

Ubico mis compromisos y respuestas concretas en las siguientes premisas que considero esenciales:

a) La determinación de velar por los derechos humanos en sus múltiples dimensiones, donde el Estado tiene la obligación de garantizar su ple-na vigencia, implica considerar específicamente el papel de la persona adulta mayor en la so-ciedad contemporánea: una política basada en valores se apoya en la reserva ética de las y los trabajadores de siempre, significa acciones con-cretas para superar la discriminación y el abuso, y significa también encarar su extendida soledad.

b) Uruguay ha tenido un gobierno que cambió la historia, que demostró que puede haber una ad-ministración cuidadosa de los recursos y al mismo tiempo asumir sus compromisos con la sociedad. En ese contexto, donde se sentaron las bases para la profundización de las políticas sociales, la segu-ridad social se inscribe en nuestra propuesta de implementar un Agenda Nacional de Desarrollo. La política económica del primer gobierno del Frente Amplio fue una respuesta a la situación crí-tica y caótica en que encontramos al país en el año 2005 luego de una de las mayores crisis de la his-toria. Los objetivos centrales fueron lograr el equi-librio macroeconómico, atender la emergencia social, adecuar las necesidades de infraestructura elementales e iniciar la implementación de algu-nas reformas estructurales. En los próximos cinco años los objetivos deben ser más ambiciosos. Por un lado habrá que consolidar los importantes lo-gros alcanzados, pero además, con un rol activo del Estado, profundizaremos los cambios para al-canzar un desarrollo sostenido en el largo plazo.

c) La institucionalización de los ámbitos de parti-cipación será un norte de nuestra política de go-bierno pero, más allá de lo formal, lo sustantivo será contribuir a una convivencia constructiva, favoreciendo el diálogo intergeneracional para enriquecer las políticas y decisiones a partir de la diversidad de aportes y experiencias de vida.

d) Igualmente, es imprescindible proyectar las grandes políticas públicas en relación con el te-rritorio, en la cercanía de lo local, como se puede atestiguar con los planes que hemos implemen-tado en la Comuna Canaria. Los adultos mayo-res deben tener su lugar seguro y disfrutable allí donde optan por vivir y donde cumplen un papel especial en toda sociedad.

Desde esa perspectiva respondo concretamente al memorándum que me entregaran oportunamente:

Me comprometo a formalizar por decreto el ámbi-1. to de diálogo creado en estos últimos años entre MTSS, MEYF y BPS con ONAJPU, en tanto man-tenga la representatividad que hoy ostenta, sin perjuicio de seguir profundizando otros espacios de participación. Un antecedente valiosísimo lo constituyó el “Diálogo Nacional en Seguridad So-cial” impulsado por el Sr. Presidente de la Repúbli-ca en 2007. En ese sentido, considero imprescin-dible que ONAJPU -como las otras organizaciones sociales- asegure la independencia de los partidos políticos que le ha caracterizado hasta hoy.

Comparto la necesidad de prever la aplicación de 2. cláusulas que operen automáticamente para man-tener el poder adquisitivo de las jubilaciones más bajas, para que se conozcan las reglas de juego

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con anticipación, y evitar desgastes o falsas expec-tativas. Esta política ya la ha llevado a la práctica puntualmente el actual gobierno, por lo cual con-sidero que debe formar planes a mediano plazo.

Igualmente, coincido con la meta de tender ha-3. cia un Sistema Integrado de Protección Social, cuyos primeros pasos ya se dieron en este perío-do. Se trata de perfeccionar los nuevos y viejos instrumentos que lo componen, y establecer los vínculos entre sus componentes para que resulte un verdadero sistema interrelacionado que cons-tituya un todo armónico. Para ello la combinación entre el rigor técnico junto a la más amplia parti-cipación social parece ser la metodología indica-da como lo ha probado la experiencia reciente. Como para otras políticas, veo la necesidad de una respuesta integral, transversal, pienso en un desarrollo ambiental y humano sustentable. Des-de la salud y la cultura, la educación y la vivienda, el empleo y la calidad del trabajo, la producción, la investigación y la innovación, el desarrollo local y la producción nacional.

Compartiendo los lineamientos de la actual pre-4. sidencia del BPS y del MSP, entiendo conveniente institucionalizar el Consejo Consultivo de Salud, con representación del BPS y con vuestra orga-nización por su nivel de representatividad acredi-tada en las últimas elecciones. En esa dirección, debe seguir avanzándose en la universalización del sistema de salud e incorporar progresivamen-te nuevas franjas -por montos y por edades- al sistema de salud hasta llegar a la cobertura in-tegral. Fortalecer y calificar los servicios públicos para atender mejor la población de jubilados y pensionistas, con preferencia para personas con discapacidad y enfermedades prevalentes. Me consta que está presentado al Poder Ejecuti-vo un nuevo decreto modificativo mejorando los baremos que definen la discapacidad y me parece importante señalar que el actual directorio de BPS otorgó 15 mil pensiones por invalidez nuevas, lue-go de años y años de estar estancadas. Además la reciente ley de flexibilización de acceso a jubila-ciones (18.395), eliminó dos injustas condiciones de acceso a jubilación por incapacidad vigentes desde 1996.

Subrayo que adhiero a lo resuelto por el Congre-5. so Zelmar Michelini de nuestro Frente Amplio: “El primer objetivo deberá apuntar a la extinción del lucro de la Seguridad Social, a través de una re-forma estructural del sistema de Seguridad Social.

En paralelo se deberá implementar un decreto que permita la vuelta al BPS de todas y todos los que así lo decidan, sin exclusión de ningún tipo.” Asimismo, comparto el proyecto de ley de flexibi-lización jubilatoria porque disminuye los años de aporte para las mujeres más un año por cada hijo (hasta cinco). Es un avance en la valoración del rol reproductivo que cumplen las mujeres. En esa dirección, habrá de avanzarse hacia un Sistema Nacional de Cuidados que permita conciliar mejor la vida laboral con la familiar.

Opino que hubo un avance importante en 2008 6. cuando el BPS entregó 140.000 canastas bási-cas de $ 300 para jubilados y pensionistas de menores ingresos y se hizo en forma coordinada con ONAJPU y entidades del comercio minorista. Esa experiencia debe ser considerada a futuro. Independientemente, como lo he planteado re-cientemente, habrá de considerarse la confor-mación de una Canasta de Alimentos Básicos. El control de la inflación ha sido una de las priorida-des de la política económica de nuestro primer gobierno. Para controlarla se ha recurrido a mu-chos instrumentos, la mayoría de los cuales son competencia central del Ministerio de Economía y algunos de ellos del Banco Central. Pero ha ha-bido una política que contribuyó a la reducción de los alimentos básicos que son los acuerdos voluntarios de precios, una experiencia que ha dejado muchas enseñanzas que debemos anali-zar para definir qué posibilidades tiene de apli-cación futura.

En relación al planteo sobre los beneficios de 7. transporte, respondo desde la experiencia en Ca-nelones, donde hemos implementado medidas concretas, que es posible avanzar a nivel nacional para que haya un mismo tratamiento. Lo pode-mos hacer en el marco del Sistema Metropolita-no de Transporte y, con los colegas del Congreso de Intendentes, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con las asociaciones gremiales del transporte podemos analizar la viabilidad de una solución integral.

Respecto a vuestro planteo sobre mantener la 8. actual estructura de los Consejos de Salarios, efectivamente considero que se debe mantener la que ha sido una línea central del gobierno frenteamplista: deben ser tripartitos y obligato-rios, por rama y para todos los sectores de acti-vidad y ello mejorará los salarios y con ellos las pasividades.

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POLÍTICA Y SOCIEDADMás y mejores políticas sociales en el Uruguay

SEIS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS:

Un nuevo relato del Uruguay Inclusivo. El cambio 1. social implica una revolución cultural.

Compromiso con los pobres y un pacto de inclu-2. sión y reciprocidad con los trabajadores y las ca-pas medias.

Creación de un sistema de servicios públicos de 3. integración social.

Fortalecer las organizaciones sociales para no es-4. tatizar la sociedad.

Promover políticas decididas de acción afirmativa.5.

Una Sistema de Protección Social Integral basado 6. en tres pilares y la infancia como prioridad.

ONCE PROGRAMAS DE CAMBIO PARA EL URUGUAY SOCIAL Y CINCUENTA COMPROMISOS CONCRETOS DE POLÍTICAS

1. Programa de transformaciones en la institucio-nalidad del MIDES, INDA, INAU, INMUJERES.2. Programa “Salud 100%”. En cinco años lograr la universalización del Sistema Nacional de Salud.3. Programa “De la Calle a la Escuela”: Repensar la estrategia. 2014, un país sin niños y niñas en situación de calle.4. Programa “Uruguay Protege”. Perfeccionar la universalización de las asignaciones familiares.5. Programa “Más Barrio, más Vida”. 24 interven-ciones urbanas para la inclusión.6. Programa “Uruguay Crece Contigo” 15.000 fa-milias con soberanía y seguridad alimentaria para el crecimiento y el desarrollo.7. Programa “Estudiar Vale la pena” Plan Educativo en la Enseñanza Media: 25 centros educativos comu-nitarios y 10.000 becas escolares para adolescentes.

8. Programa de “Acciones afirmativas” 5 planes prioritarios; porque la igualdad se construye en la diversidad.9. Programa “Uruguay mi casa”. Hábitat y desa-rrollo urbano.10. Programa de “Certificación de calidad de las ONG”. Excelencia para los servicios sociales.11. Programa “Mas ciudadanía organizada”. De-sarrollo y Fortalecimiento de la Sociedad y sus 2500 organizaciones sociales.

SEIS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Una fuerza de izquierda no debiera olvidar nunca la necesidad de tener proyectos de largo plazo que ilu-minen el accionar cotidiano. Por eso hoy queremos ha-cer un planteo sobre política y sociedad, con el énfasis en más y mejores políticas sociales en el Uruguay.

Primera orientación. Necesitamos construir un nuevo relato del Uruguay In-clusivo. El cambio social implica una revolución cultural.Conceptualmente la formulación e integralidad de la política social enfrenta el desafío y el conflicto de diri-mir entre lo posible y lo deseable, entre objetivos so-ciales y económicos, entre prioridades intemporales y óptimos sociales junto a situaciones de coyuntura y emergencia. Por este motivo, la política social es ante todo, esencial y simultáneamente un tema político y económico. La sustentabilidad y viabilidad económica de las políticas sociales debe estar en el mismo nivel de consideración de la sustentabilidad social de la po-lítica económica.Las políticas sociales son la expresión fundamental de los propósitos de la sociedad y de las posibilidades económicas para alcanzarlos, que obviamente son realidades inseparables. Para que las políticas sociales sean tanto un asunto de principios como de priorida-des y de gestión, es preciso discutir y establecer los logros deseables y alcanzables. Por ese motivo, he-

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mos planteado que una Economía para todos y para todas tiene que integrar en su diseño, la construcción del sistema de protección social del siglo XXI.En el centro de las políticas sociales de un gobierno progresista debería plantearse la reducción drástica de las desigualdades, porque es posible reducir la indi-gencia e incluso la pobreza y mantener las desigual-dades. Es clave que pensemos las políticas sociales en clave de ampliación de ciudadanía y derechos.Hay que comprender con mucha claridad que la confi-guración social del Uruguay ha cambiado drásticamen-te y que hay algunas situaciones sociales instaladas que serán de muy difícil resolución en el corto plazo. Por eso, el gran desafío de un gobierno de izquier-da es instalar un nuevo relato de integración social producto de un amplio pacto social y político, radi-calmente democrático, equitativo y esperanzador. Un relato que incorpore nuevos valores culturales que expresen una forma de habitar el mundo centrada en la solidaridad. Un relato que nos proponga como sociedad un pro-yecto a construir, un modelo deseable y alcanzable por el cual día a día trabajar y luchar. Un relato que nos permita amalgamar lo diverso y que la fractura social no se transforme en crispación y enfrentamiento entre sectores sociales. Un relato social que nos entusiasme, que nos haga sentir que vale la pena nuestro país, porque es viable, es seguro y tiene un proyecto de futuro.Construir ese relato es parte de la disputa ideológi-ca por generar legibilidad, comprensión y respaldo a medidas de redistribución social que hay que profun-dizar porque es posible contemplar a todos y todas sólo si reconocemos los puntos de partida desiguales. La concreción de lo anterior es parte de un profundo cambio cultural que el Uruguay debe procesar. Hemos cambiado de gobierno después de 170 años de histo-ria pero la batalla principal es transformar la cultura.Queremos pensar el futuro, porque tenemos la cer-teza que el futuro nos transforma.¿Cómo puede ser que el futuro, algo que aún no es, algo que aún no está, nos llegue a afectar? ¿No estaremos incurriendo en un imposible lógico al situar, como vulgarmente se dice, la carreta delante de los bueyes? Evidentemente, el futuro no es algo que esté ahí, algo que nos esté esperando y hacia lo que avanzamos inexorablemen-te, sin otra opción que la adaptación. El futuro nos transforma en la medida en que es an-ticipado –definido, preconstruido– ya desde ahora. El futuro actúa en el presente en la medida en que es en el presente cuando ponemos las bases de lo que el futuro va a ser. Pensar el futuro es, de alguna

manera, anticiparlo. Por eso, no es posible situarse en el presente si no es en el marco de un proyecto de futuro. Tratar de definir, entre los varios futuros históricamente posibles y la estructural incertidumbre que la vida contiene, aquel concreto futuro que de-seamos, exige tomar decisiones y adoptar estrategias desde hoy mismo. Por otra parte, ya sabemos que tampoco el pasado es lo que ha sido, sino lo que en un momento de-terminado se dice que ha sido. Construir y elaborar los relatos del pasado es una práctica fundamental, constituyente, de cualquier sociedad. Entre pasado y presente, al igual que ocurre entre presente y futuro, se establecen relaciones de mutua alimentación. Recientemente, Zigmunt Bauman escribía lo siguien-te: La cuestión ética no es tanto la de si los nuevos desposeídos o desfavorecidos se levantan y se suman a la lucha por la justicia, que no pueden entender más que como rectificación de la injusticia cometi-da contra ellos, sino la de si los acomodados y, por ende, privilegiados, la nueva “mayoría satisfecha” de John Kenneth Galbraith, se pone por encima de sus intereses singulares o grupales y se consideran res-ponsables de la humanidad de los Otros, los menos afortunados. En otras palabras, si están dispuestos a suscribir, en pensamiento y en acto, y antes de que se los obligue a ello, y no por miedo a verse obliga-dos, unos principios de justicia tales que no puedan satisfacerse a menos que se conceda a los Otros el mismo grado de libertad práctica, positiva, del que ellos mismos han venido gozando . Por ese motivo reafirmamos que el cambio cultural es la garantía de las transformaciones duraderas.

Segunda orientación.Compromiso con los pobres y un necesario pacto de inclusión y reciprocidad con los trabajadores y las ca-pas medias.En el 2005 el Frente Amplio asumió el gobierno en el marco de una crisis social de grandes dimensiones. Hemos demostrado nuestra opción por los pobres, hemos demostrado nuestra opción por los trabaja-dores. Desde el Plan de Emergencia a los Consejos de Salarios hay una gama relevante de acciones y políti-cas. Nuestro compromiso con las personas pobres es una seña de identidad de nuestras acciones. Pero las políticas sociales no deben enfocarse en forma res-tringida a ellos. Debemos seguir cambiando y por eso vamos por más. Debemos en un nuevo gobierno del Frente Amplio ampliar la base de los servicios sociales también para los trabajadores y las capas medias que constituyen

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un pilar fundamental de nuestro proyecto político. Tampoco hay sociedad integrada si las capas medias no participan activamente de la educación pública y de los servicios de salud. Los cambios también son duraderos si una amplia alianza de sectores sociales lo respalda y en particular, si los capas medias se sienten parte de los beneficios de un nuevo sistema de pro-tección social. Esto garantiza respaldo político, legiti-midad social y estabilidad económica de las políticas. A la consigna que pague quien tiene más debemos agregarle un añadido: que el pague también perciba los beneficios en forma directa a través de servicios o en un clima social que refuerce la integración social.Queremos igualar hacia arriba y estimular fuertemen-te a quienes viven de su trabajo y generan riqueza en el país. Las capas medias en Uruguay son un motor de dinamismo y de integración social a la cual debemos de retornarle también, al igual que a los trabajado-res con menores ingresos, más y mejores beneficios y servicios sociales de calidad en seguridad social, salud y educación.Por eso es fundamental que el Frente Amplio forta-lezca una alianza amplia de trabajadores, de sectores medios de la ciudad y el campo para que participen y se beneficien de los cambios sociales en curso.

Tercera orientación.Debemos impulsar la creación de un sistema de servi-cios públicos de integración social.La compasión no puede ser un sustento de la política. Es necesario arbitrar y optar, particularmente en rela-ción a cuales son los niveles de desigualdad inadmisi-bles en una sociedad. Trazar esa frontera es una tarea política, no técnica. Es en el terreno de la política que debe elaborarse la frontera deseada.Queremos plantear la necesidad de concebir las po-líticas sociales como un sistema de servicios públicos de integración social. Estos deben concentrar toda su atención, su incidencia y su logística en cuáles son las condiciones iniciales que catapultan a los indivi-duos a procesos precipitados de desconexión con el mundo social. Las políticas sociales no pueden concebirse como las políticas para los pobres, que compensan de alguna forma el mal funcionamiento del mercado. Las políti-cas sociales son un soporte central del proyecto político de integración y por eso deben de tener una vocación universal, anclaje territorial y dinámicas sectoriales.En la sociedad actual hay muchas formas de estar ex-cluidos. La pobreza es una de ellas, pero no la única. Por eso hablamos de exclusiones en plural. Estar ex-cluido es no contar en absoluto, no ser considerado

parte de la sociedad. El principal desafío de los exclui-dos es lograr ser. Ellos constituyen la sombra proyec-tada del mal funcionamiento de la sociedad y son la resultante de un proceso de desacoplamiento al estilo de vida y convivencia del Uruguay. A nosotros nos preocupan las personas, por eso no queremos que las mismas se borren en su denomina-ción detrás de un problema. Nos habíamos acostum-brados a que había pobreza y no personas pobres, desocupación más que personas desocupadas, exclu-sión más que personas excluidas. El esfuerzo durante este período ha permitido que tengan nombre, ros-tros; y las personas no son pobres: están pobres. Y esta diferenciación para quienes creemos en los cam-bios y en la lucha contra toda forma de estigmatiza-ción, no es menor.Entendemos que es necesario introducir una nueva ca-tegoría de derechos: el derecho a la integración social, a ser parte de un colectivo. El derecho a la integración articula por un lado un imperativo moral más allá del derecho a la subsistencia. Considerar a los individuos como ciudadanos es superar la visión asistencial de los programas de emergencia. Cuando la gente pasa de recibir canastas a poder comprar con su tarjeta, cuan-do pasa de percibir un ingreso ciudadano a integrarse a un Programa de Uruguay Trabaja o de Rutas de Sa-lida, cuando participa activamente de las asambleas departamentales de construcción del Plan de Igualdad de Derechos y Oportunidades, está realizando un pro-ceso de apropiación colectiva de sus derechos. Queremos reafirmar no solo el derecho a vivir, sino el derecho a vivir en sociedad.Por estas razones, los servicios públicos de integración social deben concentrar su atención e incidencia en las condiciones iniciales de los individuos y en particu-lar en sus dotaciones de capital social. La distribución de los ingresos estará fuertemente determinada por esta trayectoria de vida de los individuos y es previo a esto que debería concentrarse la acción.Son servicios públicos porque son garantes de cohe-sión social y cumplen una función política. Los servicios públicos del futuro serán aquellos que mejor se adap-ten a la recomposición del vínculo social a los efectos de reducir en forma persistentes las desigualdades. El eje principal de intervención debe ser la promoción permanente y a tiempo del principio de igualdad de oportunidades a los efectos de debilitar el peso de las herencias del pasado y del contexto social al cual pertenecen los grupos y personas más vulnerables a los efectos de lograr alterar y tocar rápidamente esa trayectoria que parece inevitable.

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Cuarta orientación.Hay que fortalecer las organizaciones sociales para no estatizar la sociedad. Hemos planteado que la izquier-da debe incorporar un trípode de gestión, política y so-ciedad en su actuación. En el campo de las políticas so-ciales esto es especialmente relevante. Nuestra apues-ta estratégica es fortalecer las organizaciones sociales y todas sus expresiones organizadas favoreciendo su autonomía. No queremos estatizar la sociedad.Hoy en muchas áreas de las políticas sociales organi-zaciones de la sociedad civil implementan y diseñan programas. En este plano, creemos que el Estado debe asumir que es necesario una “gestión asociada” en muchas áreas de las políticas públicas y no concebir a estas entidades como suministradoras de servicios sociales. Esto implica, que existe un espacio de actua-ción conjunta que debe alcanzar formas de alianza específicas que exige la adecuación de la normativa actual y la creación de espacios que permitan acordar con reglas de funcionamiento claras y acordes a los objetivos compartidos.Asumir esta idea implica tener una estrategia decidida a fortalecer las organizacio-nes de la sociedad civil para su autonomía. Hay una democracia viva y que avanza cuando hay so-ciedad organizada, en la dimensión política, en la dimen-sión cultural, en la económica y también en la social.La izquierda que transforma la sociedad es aquella que deja huellas en el tejido social a través del fomento de la organización social. Por este motivo, recomponer y for-talecer los lazos con la sociedad organizada superando una mirada restringida de “lo popular” nos desafía.

Quinta orientación.Hay que promover políticas decididas de acción afir-mativa. Creemos que es necesario desarrollar políti-cas de acción afirmativa dirigida a grupos sociales que han sido históricamente excluidos en el Uruguay. Es-tas políticas son necesarias porque para enfrentar las desigualdades no es posible tratar a todos por igual. Aquellos que sufren una discriminación estructural o histórica deben ser objeto de un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servi-cios así como acceso a determinados bienes. Por eso creemos firmemente que hay que tener políticas de acción afirmativa dirigidas hacia las mujeres, las per-sonas lesbianas, gays, transgénero y transexuales; las personas discapacitadas, las comunidades que viven en el interior rural y las personas afrodescendientes. La igualdad, en sí misma, no es un estado sino un proyecto, es decir, un principio que estructura el de-sarrollo y la construcción de la sociedad. Cada co-lectivo humano prioriza un conjunto de valores que

entiende pertinentes en tanto vertebradores socia-les. Las desigualdades se convierten en intolerables ante una sociedad, cuando ésta reconoce que el o los principios vertebradores que legitimó ya no están verdaderamente vigentes. Creemos que es necesario expresar con toda claridad que hay desigualdades in-tolerables en el Uruguay las cuales necesitan de ac-ciones decididas.

Sexta orientación.Un Sistema de Protección Social Integral basado en tres pilares y la infancia como prioridad.Si pensar el futuro es construir en parte el presente, desde mi punto de vista la izquierda debe plantear-se a modo de valizas que pauten un posible camino en los próximos cinco años de gobierno redefinir las bases de un nuevo Estado social en Uruguay, con la modernidad de la gestión que impone el siglo XXI, estructurado en los pilares de la igualdad y la libertad junto a una fuerte sensibilidad social y con el desarro-llo de una potente red de protección social que hay que re-edificar pero sin perder la memoria. En consecuencia avanzar en un Sistema de Protección Social Integral que introduzca nuevas categorías de derechos sociales, instale servicios públicos de inte-gración social, transforme viejas estructuras y po-tencie programas e iniciativas que han sido exitosos. Desde una perspectiva de efectivizar el ejercicio de la ciudadanía plena la Reforma Social debe garantizar los derechos sociales del siglo XXI en un proceso sistemá-tico y persistente de transformaciones estructurales.La reforma social deberá pasar por tres ejes orien-tadores: una fuerte reestructura del sistema de pro-tección social en el país basada en nuevos servicios públicos de integración social y al mismo tiempo una apuesta empecinada para alterar la distribución de los ingresos a través de una mejora permanente de la política impositiva y la profundización de políticas activas de empleo.La construcción de un nuevo modelo de bienestar basado en esa tríada debiera ser la orientación para cada acción que se tome, en la emergencia o en el mediano plazo. Es necesario cuando se aborda la situación de coyuntura definir acciones que tengan relación con el proyecto de largo aliento. De lo con-trario, estaremos a tientas. Desde nuestro punto de vista, la infancia y la ado-lescencia deben ser la prioridad. Queremos pensar al país, como decía Luis Perez Aguirre, a través de la mirada de los niños y las niñas. Teniendo en cuenta el balance generacional debemos de enfocar con alta prioridad las políticas hacia los niños y niñas.

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INICIATIVAS POLÍTICAS PARA EL URUGUAY SOCIAL

1. Programa de transformaciones en la institucionalidad del MIDES, INDA e INAU, INMUJERES.

La creación del Ministerio de Desarrollo Social ha sido un avance considerable en el rediseño de la institucio-nalidad social en el Uruguay. Es necesario desarrollar un fuerte énfasis en un mejoramiento continuo de la gestión culminando un proceso de reingeniería insti-tucional iniciado en esta administración. En esa dirección, es necesario trasladar el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) desde la órbita del MTSS hacia el Mides. La ubicación del INDA en el MTSS obedece en rigor a una realidad social e institu-cional de hace al menos cuatro décadas. Por diversas situaciones no fue posible ubicar al INDA desde el ini-cio en la órbita del MIDES.La especialización de los organismos del Estado exige que organismos con papeles relevantes en la red de protección social se vinculen directamente a través del Ministerio de Desarrollo Social. En particular el INDA debe jugar un papel central en la política de soberanía alimentaria del Uruguay.A nivel del INAU es necesario realizar una transforma-ción institucional que separe el rol de rectoría de las políticas de infancia en el Uruguay y la gestión directa de programas y servicios. La transformación del MSP para la implementación del sistema nacional de salud donde se separaron estos roles es un camino a seguir como ejemplo.A nivel del INAU, se entiende que es necesario ubicar bajo su dependencia al Programa Infancia y Familia que hoy se encuentra adscripto directamente al MI-DES. De esta manera se dotaría de legitimidad insti-tucional lo planteado en el nuevo Código del Niño que establece que el INAU es el rector de las políticas de infancia y adolescencia en el Uruguay. Al mismo tiempo, el INAU como servicio público de integración social de la infancia debe ampliar sus servicios a los sectores medios y de trabajadores, particularmente a través del Plan CAIF y programas dirigidos para ado-lescentes. Se entiende que el Centro de Formación debe desacoplarse de la estructura del INAU en la medida que la formación de educadores sociales en el país debe estar encuadrada en el marco del sistema público de educación y formación.También en el INAU se impulsará la creación del Insti-tuto Nacional de Rehabilitación, como servicio descen-

tralizado. Esto implica que la atención de los adoles-centes privados de libertad y en conflicto con la ley no dependerán más del organismo. El nuevo Instituto Na-cional de Rehabilitación será el responsable de la ges-tión de las medidas de privación de libertad en todo el país. Incorporará tanto los establecimientos destina-dos a adultos como aquellos destinados a adolescen-tes que deban cumplir penas de privación de libertad, conforme a lo que disponga la justicia competente.En relación al organismo rector de las políticas de gé-nero (hoy Instituto Nacional de las Mujeres) se debe avanzar hacia una institucionalidad jerarquizada, que cuente con autonomía presupuestal y que estando al nivel jerárquico correspondiente, permita profundizar en el diálogo y construcción de políticas públicas con perspectiva de género en los mas distintos ámbitos de acción del gobierno. Transversalizar las políticas publicas con perspectiva de género se hace imperioso para que podamos hablar de una verdadera demo-cracia, donde hombres y mujeres estén integrados a todos los espacios sociales y puedan gozar de ellos sin limitaciones que provengan de estereotipos, manda-tos culturales o concepciones limitadoras.

2. Programa “Salud 100%”. En cinco años, lograr la universalización del Sis-tema Nacional de Salud.

El Sistema Nacional de Salud significa una apuesta decidida a construir servicios públicos de integración social. En los próximos años debemos plantearnos universalizar el seguro de salud integrando a un sector de trabajadores y capas medias que aún hoy no están incluidos, entre los que se destacan cón-yugues, adolescentes y personas adultas mayores jubilados o pensionistas. En el plano de la salud sexual y reproductiva creemos que hay dos acciones prioritarias: la aprobación de una ley integral de promoción de los derechos sexua-les y reproductivos que incluya la despenalización del aborto y la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Promoción de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos. Este Plan contaría con un Consejo Consultivo presidido por la Dirección de Derechos Humanos del MEC.Queremos un Estado garante de los derechos sexua-les y reproductivos de todos y todas, sin moralismos ni disciplinamientos, para que todos y todas tenga-mos derecho a decidir y derecho a disfrutar.En este plano, también proponemos profundizar y ex-pandir en el territorio nacional el abordaje realizado por Iniciativas Sanitarias en el Hospital Pereira Ros-

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sell para la prevención del aborto en condiciones de riesgo al tiempo que nos comprometemos al cumpli-miento y control de la normativa vigente (Ordenanza 369, Ley 18.426).Creemos que es necesario en esta materia profundi-zar en el cumplimiento de la normativa vigente sobre los estudios de prevalencia de cáncer de mama, cuello de útero y próstata y la inclusión de la anticoncepción en el sistema nacional integrado de salud.

3. Programa “De la Calle a la Escuela”. Repensar la estrategia: 2014 un país sin niños y niñas en situación de calle.

En toda el área metropolitana hay menos de 2000 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Un gobierno de izquierda debe poder plantearse enfocar en forma contundente este problema para alcanzar una meta básica: que en el Uruguay del 2014 no haya más niños y niñas en situación de calle. El país invierte en este problema recursos e infraestruc-turas pero debemos repensar la estrategia para mejo-rar los resultados. No es posible que nos acostumbre-mos a que esta realidad no se puede cambiar. Habrá sin duda que revisar los dispositivos y las formas de intervención del Estado y de las organizaciones no gu-bernamentales que tienen una muy amplia experien-cia en esta materia. También se deberá valorar desde la perspectiva de los derechos humanos la responsabi-lidad de los adultos ante la mendicidad de los niños y niñas. La defensa de la libertad individual es un dere-cho humano a defender pero también lo es el derecho de los niños a no ser expuestos a la mendicidad. Es necesario reconocer que asistimos a un agota-miento del modo en que fuimos respondiendo a la presencia de los niños y niñas en las calles. El modelo de intervenciones que hemos generado en el país en los últimos 20 años, fue implementado so-bre un sustrato de focalización, que está revelando lí-mites en cuanto a la generación de trayectorias viables y sostenibles para los niños, de incorporación exitosa en los ámbitos que les corresponde por derecho. Estas respuestas fueron válidas en un contexto so-cial, económico y político que era otro. A la luz de los cambios en los modelos de políticas sociales vi-gentes y en la arquitectura de la matriz del estado de bienestar social, es necesario refundar/reorientar los modos de intervención específicos para las po-blaciones que aún siguen en procesos de exclusión y vulneración de derechos. Creemos necesario replantearnos cuánto de lo viejo y vigente debe continuar, y qué modelos nuevos deben

emerger. No es lo mismo intervenir con estas pobla-ciones sin un Plan de Equidad que con él, no es lo mis-mo intervenir sin acceso al sistema de salud que con la incorporación de todos los niños a él. No debería ser lo mismo y si es igual, algo anda mal. A nivel de políticas sociales, la década de los ’90 mar-có la consolidación de una generación de respuestas focalizadas a problemáticas específicas como vía de acceso a derechos universales. La cronificación y extensión de los fenómenos de exclusión social, junto a los procesos de concentra-ción territorial de la pobreza y la profundización de la brecha social, está marcando fronteras cada vez más rígidas para el acceso a los bienes universales.De este modo, las respuestas focalizadas concebi-das como dispositivos especializados de tránsito, una suerte de vía especial para el acceso a la ‘sociedad integrada’, fueron transformándose en avenidas pa-ralelas de circulación, o espacios-de-sentido- en- sí- mismos, con la consecuente pérdida de efectividad en su objetivo fundante y fuertes dificultades para su intersección con el sistema universal de políticas pú-blicas a la infancia. Bajo la pretensión de la compensación para la univer-salidad, corremos el riesgo de amurallar la pobreza en planes especiales. Para imaginar un Uruguay en el 2014 sin niños y niñas en situación de calle debemos cambiar de estrategia. Reconocerlo es el primer desa-fío político que queremos asumir.

4. Programa “Uruguay Protege”. Perfec-cionar la universalización de las asigna-ciones familiares.

El Uruguay debe profundizar la tendencia a que la asignación familiar es un derecho del niño y perfec-cionar su universalización. En el diseño actual un hijo de un trabajador/a formal tiene derecho a la presta-ción, pero puede ocurrir que ese trabajador/a pasa por un período sin actividad y si el hogar no reúne las condiciones para ingresar en el nuevo sistema de asignaciones familiares, ese hogar pierde el derecho a la prestación, justamente cuando los ingresos en el hogar descienden. Este es un ejemplo de que el per-feccionamiento del sistema pasa también por crear o mejorar los vínculos entre sus componentes y llenar los vacíos que aún persisten.Parecido al caso anterior esta la situación de los me-nores respecto al seguro de salud. Si una madre o padre pierde el derecho por salir del empleo formal, ello conlleva la pérdida de derecho del menor. Cree-mos necesario establecer un plazo para que el menor

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retenga el beneficio, mientras que su responsable puede recuperar un trabajo formal.En el nuevo sistema de asignaciones familiares se estableció un incremento monetario si el menor cursa el nivel secundario. Sabido es que uno de los mayores problemas que afrontamos es la deserción de los jóvenes luego del ciclo básico. Es probable que sea muy eficiente reforzar ese complemento para jóvenes que permanecen estudiando luego del ciclo básico. Esto se puede hacer por esta vía o vin-cularlo con becas monetarias para estudiantes en determinada condición social y sujeto a condiciones de rendimiento.

5. Programa “Más Barrio, más Vida”. 24 intervenciones urbanas para la inclusión.

El Programa “Más Barrio, más Vida” es una estrategia integral de efectivización de la ciudadanía e inversión en infraestructura, equipamiento y servicios sociales básicos en 24 comunidades emblemáticas del Uru-guay donde habitan alrededor de 35.000 personas en su mayoría indigentes y vulnerables a ésta. El Programa inicia una intervención de transforma-ción sustantiva de la trama urbana de la localidad. La clave de la estrategia es el desarrollo de infraestructu-ra y la transformación estética para la convivencia. La efectiva participación de los vecinos será central en la se definición, selección y diseño de las intervenciones, tomando como base y potenciando la rica experiencia del “presupuesto participativo”. Proponemos incluir el concepto de “derechos urba-nos” desde la decisión y apropiación responsable de los habitantes y buscando la calificación de la vida desde un espacio público bien equipado en servicios para la comunidad barrial.En cada una de las 24 zonas se realizará una “Cam-paña de Ciudadanía Efectiva” consistente en un re-levamiento y posterior inserción de cada uno de los habitantes de dichas localidades en los servicios so-ciales básicos. Concretamente en cada zona se implementarán ac-ciones para garantizar:

1.- Documentación de identidad completa a cada una de las personas (partida de nacimiento, cédu-la de identidad, credencial cívica).2.- Acceso garantido a las asignaciones familiares.3.- Documentación acreditante para los servicios de salud.4.- Inclusión en el programa de apoyo al padre y madre adolescente; y el programa “Estudiar vale la pena”.

5.- Los programas del Fondo de Reconversión La-boral focalizarán entre sus beneficiarios a los ha-bitantes de estas zonas en forma prioritaria. 6.- Inclusión en el Programa de Alfabetización Di-gital Universal extendiendo el uso de las presta-ciones del Plan Ceibal.6.- Programa “Uruguay Crece Contigo” 15.000 familias con soberanía y seguridad alimentaria para el crecimiento y el desarrollo.

Debemos impulsar un programa que nos garantice que en los próximos 5 años logremos que no haya niños y niñas con retraso de crecimiento y bajo peso. Por eso estamos proponiendo la iniciativa “Uruguay Crece Contigo”, como una línea estratégica de priori-dad. Los niños y niñas primero tiene que ser nuestro objetivo”.Esto implica implementar un programa de soberanía y seguridad alimentaria de cercanía para lograr una reducción significativa del riesgo nutricional en los niños y niñas menores de 4 años y en las mujeres embarazadas en todo el país.Los niños y niñas en el país son pocos y un conjunto considerable en los primeros años de vida sufren re-traso de crecimiento debido a problemas nutriciona-les que aún existen en el Uruguay”.El Uruguay debe priorizar el gasto social en la infan-cia y en particular focalizar esfuerzos interinstitucio-nales en la primera infancia ya que existe eviden-cia que la mala alimentación de los niños repercute directamente en un retraso en el crecimiento. De acuerdo a estudios recientes de UNICEF un 11% de los niños de 0 a 2 años tienen retraso de crecimiento en Uruguay. Un país que es productor de alimentos no puede permitir que nuestra infancia se encuentre mal alimentada.Este programa se focalizará en 15000 familias por año que tienen hijos de 0 a 2 años y se encuentran con niveles de inseguridad alimentaria severos y mo-derados a través de un dispositivo de cercanía con las familias que se debe traducir en un contrato de reciprocidad que se firme con padres y madres cu-yos niños y niñas se encuentran con problemas ali-mentarios. El programa incluirá cinco componentes: promoción de hábitos de alimentación saludable en el hogar, un estrecho sistema de vigilancia sanitaria a la familia en riesgo; un programa de inserción social a través del mejoramiento del capital educativo dirigido a las mujeres jefas de familia, promoción de pautas de crianza respetuosas de los derechos humanos y un apoyo adicional a las familias en la alimentación de sus hijos.

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7. Programa “Estudiar Vale la pena”. Plan en la Enseñanza Media: 25 centros educativos comunitarios y 10.000 becas escolares para adolescentes.

Tenemos un problema de importantes dimensiones en la educación media en el Uruguay. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística sabemos que casi el 30% de la población urbana no logra completar en la actualidad el ciclo básico, al tiempo que uno de cada cuatro que sí lo consiguen lo hace luego de cumpli-dos los 18 años.Por eso proponemos un Plan a nivel de la Educación Media basado en un sistema de Becas para Adoles-centes de carácter progresivo en su monto en función del desempeño escolar y con un sistema de claras contrapartidas. Se proponen 10.000 becas en todo el país, concentrando el primer esfuerzo en el ciclo básico de secundaria y UTU. Al mismo tiempo se propone la creación de 25 liceos comunitarios en todo el país extendiendo el tiempo pedagógico en los mismos revertir el problema de la desvinculación estudiantil en secundaria. Para esto proponemos ampliar el tiempo pedagógico tendiendo a Liceos Comunitarios en el Ciclo Básico con un diseño en el cuál el aula tenga un rol importante pero comple-mentario a otras formas y espacios de aprendizaje). En una primera fase nos planteamos como metas para estos 25 centros educativos:

Duplicar el promedio de dedicación horaria de los do-•centes en los centros educativos en el quinquenio.Asegurar en cada uno de los liceos un 30% de •profesores con cargo docente.Disminuir en un 50% la brecha de rezago y deser-•ción según entornos socioculturales.Alcanzar el 100% de docentes titulados en el nivel.•

La educación refleja a profundidad de la fractura so-cial que el país vivió fruto de años de aplicación de políticas que no tuvieron en cuenta a los más pobres como prioridad. No podemos admitir los niveles de desigualdad a los que hemos llegado en la sociedad. Mientras los jóvenes de los barrios de mayores ingre-sos de Montevideo –y, por tanto, del país – presentan tasas de egreso de secundaria semejantes a las de los países industrializados o más desarrollados –entre los jóvenes de los barrios de menores ingresos de Monte-video apenas uno de cada diez consigue esta meta.Entre el 93 y 95% de los jóvenes que viven en Punta Carretas, Parque Rodó y Pocitos logran culminar toda la secundaria, mientras que sólo entre un 38 y 42% de los adolescentes de Casabó, Casavalle, La paloma y Tres Ombúes lo consiguen.

8. Programa de “Acciones afirmativas”. Porque la igualdad se construye en la diversidad.

Muchas personas son discriminadas por diversos mo-tivos en el Uruguay. Para que se produzca la discri-minación es necesario ver a la persona discriminada como parte de un grupo o colectivo por el que se siente rechazo o desagrado. La base de la discriminación suele encontrarse casi siempre en los estereotipos, que son creencias, ideas y sentimientos negativos o positivos hacia ciertas per-sonas pertenecientes a un grupo determinado. Cuan-do se realiza una valoración negativa de un grupo en base al estereotipo y esto lleva a las personas a actuar de un modo determinado respecto al grupo o indivi-duo prejuzgado, el resultado es la discriminación: la violación de derechos, la desigualdad, la infelicidad. Proponemos que el Estado despliegue Cinco Planes de Acciones Afirmativas dirigidos especialmente a grupos de población que en el Uruguay sufren discri-minación persistente: las personas discapacitadas, las personas afrodescendientes, las personas lesbianas, gays, transgénero y transexuales; las comunidades del interior rural, y las mujeres.Pretendemos aplicar un tratamiento preferencial para estos grupos sociales implementando meca-nismos de selección expresa y positivamente en-caminados a corregir las desigualdades. Cada Plan instrumentará mecanismos de discriminación in-versa que se pretende operen como una forma de compensación a favor de dichos grupos. Los mismos serán elaborados en consulta con las organizaciones representativas del sector. En ese proceso promoveremos entre otras iniciativas una adecuación legislativa de los instrumentos legales que mandatan a los organismos públicos a incorporar un porcentaje de personas discapacitadas como tam-bién promoveremos una línea especial de atención en la formación laboral para este sector a través del Fondo de Reconversión Laboral. En el caso de la población afrodescendiente, forta-lecimiento de la institucionalidad existente, genera-ción de un mecanismo rector de la equidad racial, con mayor jerarquía y presupuesto genuino dentro del MIDES. Se transverzalizará el componente étnico racial en las políticas sociales a ser implementadas; focalizando acciones territorializadas en zonas urba-nas y de frontera donde existe mayor concentración de población. Se realizará una focalización especial del Programa “Vale la pena estudiar” dirigido a estu-diantes de raza negra y se implementarán programas

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de reconversión laboral con estímulos fiscales para aquellos empresarios que incorporen en su plantillas de recursos humanos jóvenes afrodescendientes.En el caso de las mujeres, además de profundizar en las líneas estratégicas de igualdad que propone e im-plementa el actual Plan de Igualdad de Oportunida-des y Derechos, promovemos la paridad de género en la integración del gabinete y las responsabilidades de gobierno. Asimismo, creemos en la importancia de nuevos pactos familiares que apunten a la corres-ponsabilidad en las tareas reproductivas brindando iguales oportunidades a hombres y mujeres para dis-frutar del entorno familiar y desarrollarse en el plano laboral junto con servicios públicos universales para el cuidado de niños y dependientes. Estamos pensando en servicios públicos que garanticen el derecho de las personas a ser cuidadas y atendidas en las etapas de las vida que menos pueden auto-valerse, cuando niños y cuando viejos. Aquí es donde las asimetrías de género han legado este trabajo y responsabilidad exclusivamente a las mujeres cooptando así oportu-nidades para la capacitación, el auto-cuidado y el empleo en el mercado de trabajo remunerado. Un sistema integral de cuidados debería apuntar a que todas las personas puedan cuidar y ser sujeto de cui-dado sin por eso limitar las posibilidades de quien ejerce el cuidado. Este sistema debe garantizar es-tos servicios de atención a la primera infancia y a la vejez tanto a las poblaciones más desfavorecidas y de menores ingresos como a las capas medias que mencionábamos anteriormente.En el caso de las personas lesbianas, gays, transgéne-ro y transexuales, garantizaremos sus derechos den-tro de un Plan Nacional de Lucha contra toda forma de discriminación, apoyado en un marco legal y una institucionalidad actualizados y coherentes. La edu-cación sexual en especial, y toda la educación en ge-neral, incorporará explícitamente la perspectiva de la diversidad sexual. Para los habitantes de las comunidades rurales del Uruguay focalizaremos aún más un conjunto de accio-nes para lograr que la vida en el campo sea parte de una ciudadanía plena. En ese plano, nos planteamos un sistema diferencial de asignaciones familiares para las familias rurales en el entendido que es necesario favorecer su radicación en el campo. También promo-veremos finalmente la electrificación total del Uru-guay alcanzando a 7000 hogares que aún no tienen energía eléctrica en nuestro país. La iniciativa de un costo de 40 millones de dólares será subsidiada por el gobierno central y la UTE en un plazo de cinco años. Entendemos que el esfuerzo principal es dotar a esta

iniciativa de legitimidad, visibilidad y un presupuesto específico acorde que exprese la voluntad política cla-ra y decidida de actuar.

9. Programa “Uruguay mi casa”. Hábitat y desarrollo urbano.

El documento “Uruguay Social” del Frente Amplio re-cientemente aprobado, es claro cuando afirma que la vivienda y el hábitat debe considerarse como factor de inclusión social y re-distributivo. El programa defi-ne esta política pública como una prioridad de primer orden para el próximo gobierno.La concepción que orientó y orientará las acciones de política habitacional se apoya en una nueva visión del rol del Estado, no ya como mero facilitador, sino como un actor relevante, rector y constructor de polí-ticas, promotor de amplios consensos sociales , desde responsabilidad social con los más vulnerables.Aumentar los recursos para el nuevo plan quinquenal de vivienda no solo es un mandato programático de la fuerza política, sino que es estratégico como factor de desarrollo social. Nos proponemos que esta prio-ridad se exprese en 43.000 soluciones habitacionales durante el próximo gobierno a partir de una batería de medidas. Se deberán generar instrumentos claros de captación de ahorro público y privado y un contex-to favorable a la inversión privada en vivienda social mediante incentivos atractivos y sostenibles en el me-diano y largo plazo.Además de los aportes tradicionales en mano de obra por ayuda mutua y el ahorro previo propios del sistema cooperativo se considerarán y valorarán especialmente los recursos y activos que poseen las familias autoconstructoras como fuente de enorme potencial para el acceso a la vivienda y el hábitat. Creemos necesario potenciar en forma armómica tres pilares de una trilogía: ahorro o esfuerzo propio, préstamo y subsidio si la situación socio-económica familiar lo amerita.

Las Líneas de Acción para los próximos 5 años serán:1. Política de Suelo: Potenciar y activar la Car-tera de Inmuebles del Estado para Vivienda de Interés Social recientemente creada. Para esto es necesario aprobar los instrumentos que permitan en forma ágil acceder a los inmuebles necesarios mediante la adquisición, adjudicación y/o utiliza-ción de inmuebles públicos y disponibles ya iden-tificados y evaluados, para nuevos proyectos en coordinación con los gobiernos locales, las orga-nizaciones sociales y los promotores privados.

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2. Programas de Renovación Urbana en las capitales departamentales. Son los sectores con mejores servicios e infra-estructuras y tienen una enorme potencialidad para su densificación y renovación. También se priorizarán en las zonas urbanas la recuperación para vivienda de antiguos complejos industriales en desuso.

3. Programa de mejora y mantenimiento “Casa Renueva”.Basado en la experiencia reciente (Ciudad Vieja renueva y Barrio Peñarol), se implementarán pla-nes especiales de mantenimiento y mejora del stock habitacional. Se apoyará decididamente con programas de microcréditos de bajo interés, apoyo técnico y canasta de materiales para un amplio sector de familias que necesitan mejorar sus condiciones de vida y donde se podrá trabajar por autoconstrucción y pequeñas empresas con generación de empleo y capacitación.

4. El alquiler como una opción accesible. Se implementarán programas de Arrendamien-to de Interés Social agregando nuevos instru-mentos a los ya existentes para un acceso se-guro y ágil al alquiler. Destacamos iniciativas de círculos alquiler protegido y la promoción de cooperativas de alquiler.

5. Fuerte compromiso con la vivienda coo-perativa. La solución habitacional a través del cooperativismo es central y a la cual daremos alta prioridad. Las experiencias de ayuda mutua y las de ahorro previo han demostrado ser una forma de hacer ciudad inclusiva e integradora además de una solución habitacional digna para los uruguayos.

10. Programa de “Acreditación y Certifi-cación de calidad de las ONG”. Apuesta a la excelencia para los servicios sociales.

Las organizaciones no gubernamentales y cooperati-vas que implementan servicios sociales en convenio con el Estado son actores claves en la gestión mo-derna de las políticas sociales. Más del 90% de los niños, niñas y adolescentes que atiende el INAU se realizan en régimen de convenios, al igual que un gran número de los programas implementados en diversos ministerios y gobiernos departamentales en el Uruguay.

Hoy el Estado a través de sus diversas dependencias no cuenta con un sistema de acreditación de la calidad de las entidades que permita un relacionamiento más transparente y profesional. Los criterios de evaluación son disímiles en toda la administración pública y no hay una historia de desempeño de las instituciones que las acredite para poder acceder a gestionar con-venios más complejos. El sistema de Acreditación y Certificación otorgará un sello de calidad a las organizaciones que realicen convenios con el Estado, promoverá un sistema de es-calonamiento de las entidades para recibir fondos en función de la experiencia y el puntaje previo y promo-verá acciones permanentes de capacitación y mejora para alcanzar más y mejores servicios sociales.

11. Programa de “Más ciudadanía orga-nizada”. Desarrollo y Fortalecimiento de la Sociedad y sus organizaciones.Este Programa está dirigido hacia las 2.500 organiza-ciones sociales y al menos 18.000 personas que en Uruguay expresan diferentes formas organizativas y asociativas de la sociedad en todos sus niveles.El Estado debe promover su desarrollo y fortalecer su autonomía. Una democracia viva se expresa en una sociedad organizada y movilizada, con proyec-tos e intereses.

El Programa de desarrollo y fortalecimiento se basa en los siguientes pilares:

Una Ley de Asociaciones Civiles que delimite •claramente la especificidad del sector y que esté basada en el principio de promoción y de auto-rregulación. Deberá permitir la participación en asociaciones a menores de 18 años, favorecer la existencia de asociaciones integradas por perso-nas jurídicas y físicas.Un Fondo de Desarrollo Institucional y de Infra-•estructuras de Organizaciones sociales que apun-te al mejoramiento de equipamientos y edificios para servicios públicos de las instituciones.Un Programa de capacitación y de fomento •asociativo dirigido a los sectores sociales no organizados.Un Sistema de Nacional de Voluntariado que im-•pulse en particular el involucramiento en tareas comunitarias a jóvenes y adultos mayores. Un Programa de Gerencia Social de Organizacio-•nes y un sistema de beca que favorezca un acceso equitativo en todo el país.

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A estos efectos se deberá fortalecer el ámbito insti-tucional que tenga como objetivos fomentar la auto-nomía y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, a través de una serie de acciones de asistencia técnica, financiera y de capacitación.

A modo de cierre

Hemos planteado iniciativas sobre política y sociedad para que haya más y mejores políticas sociales. La po-lítica debe recuperar el rol de brindar certezas sobre el porvenir y de formular cartas de navegación para los ciudadanos. La falta de comprensión del sentido de las transformaciones sociales y de la direcciona-lidad de las mismas junto a la interrogante sobre el modelo de sociedad futura produce por un lado la crisis de la política y por otro el distanciamiento de ésta con la sociedad. Por eso creemos cierto lo que señala Pierre Rosan-vallon: “si quiere recuperar su papel, la política debe consagrarse a formalizar este diagnóstico y las pers-pectivas a las que conduce. Tal sería en efecto el re-torno de lo político: la capacidad recuperada de des-cifrar las inquietudes; de formalizar y hacer compartir un marco de interpretación de las mutaciones en curso (...) y de proponer por último, una trayectoria colectiva capaz de establecer los términos renovados de un contrato social duradero, vale decir productor de una certidumbre de sí, apertura a los otros y por-venir común.”

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ECONOMÍA PARA TODOS Y TODASHacia una Agenda Nacional de Desarrollo

Fortalecimiento de las políticas activas tanto hori-1. zontales como verticales.

Prioridad en el estímulo a los complejos produc-2. tivos estratégicos que incorporan valor agregado, conocimiento e innovación.

Estrategias de desarrollo territorial para un “solo 3. país productivo”.

Acuerdo nacional por la producción y el empleo. 4.

Modelo de especialización productiva que invo-5. lucre calidad basado en el trabajo decente y ca-lificado.

Mejorar la calidad de las exportaciones, promo-6. viendo los bienes con valor agregado y con media y alta tecnología.

Fortalecer el MERCOSUR y a la vez impulsar con el 7. sector privado la diversificación de mercados.

Captar inversión extranjera directa estructurada 8. en torno a las prioridades del desarrollo nacional.

Política energética diversificada, promoviendo las 9. fuentes de energías renovables.

Formación profesional relacionada con estas es-10. trategias de desarrollo y el Uruguay Productivo.

Fuerte apuesta a la economía social y el coope-11. rativismo.

Inclusión de la perspectiva de género en las polí-12. ticas de trabajo.

Sistema público de financiamiento para el desa-13. rrollo estructurado en torno al BROU.

Sistema de protección social, componente de la 14. estrategia país, que garantice derechos cada vez más universales a los trabajadores.

El Uruguay moderno debe favorecer la creación de un clima social y cultural de un país viable pujante, inno-vador, que nos incluya a todos y respete en nuestra

diversidad, señas que se han empezado a construir desde nuestro gobierno.Construir pues felicidad y esperanza pública es un ob-jetivo político central para el desarrollo social, econó-mico y cultural de un país. Construir esperanza públi-ca es la base para que existan esperanzas individuales y estrategias de integración social exitosas. No comulgamos con la idea de que la política es el arte de lo posible, esa lógica sólo es eficaz en el con-texto de un estado de desesperanza pública. Creemos sinceramente que la política debe dar pau-tas explicativas y emocionales que promuevan la con-vicción que estamos construyendo un país moderno, lleno de oportunidades para el desarrollo, que premie la innovación y el riesgo como motores del desarrollo y que tiene una preocupación marcada por la equi-dad y los derechos humanos.Por eso hablamos de Economía para Todos y Todas y desde allí proponemos una Agenda Nacional de De-sarrollo, que nos proyecte y entusiasme. Que nos dé la certeza que tenemos las condiciones para ser un país habitable, moderno y seguro que se desarrolla en armonía con el medio ambiente, que crece en for-ma equilibrada desde el punto de vista territorial y que reparte la riqueza con equidad. Políticas activas para el desarrollo productivo. Durante el segundo gobierno del FA debemos dar gran impulso a las políticas activas para el de-sarrollo productivo. En los próximos cinco años los objetivos deben ser ambiciosos. Por un lado habrá que consolidar los importantes logros alcanzados, pero además debemos profundizar los cambios para sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo. Esto implica operar sobre la estructura produc-tiva del país, basado en un rol activo y orientador del Estado en un proceso de crecimiento con distribución y justicia social. Las políticas productivas tendrán en este proyecto un rol central. En ese sentido, necesitamos políticas hori-zontales y verticales.

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Las políticas horizontales deben promover la competi-tividad, la innovación el empleo de calidad, la mejora de productos y proceso en toda la economía, porque la especialización es posible aun en los sectores más tradicionales. Con ello mejorará la competitividad de toda la economía. En la actualidad se están desarro-llando en el país dos programas con este enfoque de promoción de la competitividad con énfasis en asociaciones y encadenamientos entre empresas: el Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (PACPYMES) del MIEM, y el Programa de Competi-tividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) en DIPRODE-OPP. Estos programas muestran algunos aspectos clave, que a nuestro juicio, debería estar en la médula de los nuevos enfoques de política industrial, tanto horizon-tales como sectoriales o de cadenas productivas. La misma debe ser capaz de generar una relación fluida entre los empresarios y el Estado, así como dentro de los propios grupos empresariales, en la que cada una de las partes entienda que todas tienen mucho para ganar de la confianza mutua. Este Estado “amiga-ble” para los negocios, tendría la virtud de identificar iniciativas de refuerzo de competitividad propuestas por las empresas, en las que la rentabilidad social sea superior a la privada, sobre las que se justifiquen los subsidios explícitos, que se ejecutan para la realiza-ción de dichas iniciativas concretas. Esta concepción es muy distante de la más tradicional política sectorial, usualmente asociada a la protección arancelaria o para-arancelaria de ramas enteras. Por otra parte, constituye un enfoque fuertemente pro-activo, lo que implica una inmensa distancia respecto a la visión aplicada desde 1990, donde se expresaba, con matices, que la mejor política industrial era no tener política industrial.

Las políticas verticales se dirigirán a complejos pro-ductivos y sectores específicos promoviendo la gene-ración de productos de mayor valor agregado, que promuevan la innovación y el cambio técnico para que aumenten el empleo y la integración del conjun-to del complejo. Algunos de estos complejos con su desarrollo realizan un aporte a la mejora en todos los complejos. Es el caso de las tecnologías de la infor-mación o del software, dado que todos los sectores utilizan sus productos, una mejora en estos complejos se extiende a toda la economía.Para definir e implementar estas políticas se requie-re profundizar el fortalecimiento de los comple-jos productivos.

En primer lugar, las grandes cadenas agroindustriales que se distribuyen la mayor parte del uso de nuestras tierras y que continuarán siendo la mayor parte de nuestras exportaciones: la carne, las agroindustrias cerealeras, la cadena forestal papelera y los lácteos. Estas ramas están recibiendo importantes inversiones y disponen todavía de un potencial para ganar pro-ductividad y competitividad utilizando adecuadamen-te nuestros recursos naturales.

En segundo lugar, pero no menos importante, interesa continuar desarrollando ramas más intensivas en co-nocimiento con su evidente potencial de crecimiento futuro. Pensamos en un sector que agrupe a las indus-trias creativas con base a las tecnologías de la comuni-cación e información; así como los sectores vinculados a las ciencias de la vida apoyado en biotecnologías.

La economía digital y la conectividad a internet ope-rarán como un factor clave, no podemos perder el futuro de las decididas apuestas que se han realizado en este período de gobierno, por ejemplo a través del Plan Ceibal. Proponemos reforzar las capacidades y competitividad del Uruguay en TI, en el marco de una clara opción estratégica por lo que podríamos deno-minar la Industria del Conocimiento.Es prioritario continuar la inversión en infraestructura de Telecomunicaciones y Acceso a internet (satélites, contratos de ancho de conexión, cableado). Imple-mentar el acceso universal a internet (Plan Cardales, plazas y zonas wi-fi), sostener (extender) la exonera-ción fiscal a estas industrias.1 Por su parte, nuestra industria farmacéutica ha mos-trado una importante dinámica, y el potencial de las biotecnologías a futuro aparece como una oportuni-dad de futuro. La instalación del Pasteur, además de los polos tecnológicos que se venían desarrollando, muestra que ese potencial puede no estar lejos de concretarse en desarrollo productivo. Todo esto implica generar rápidamente más y mejo-res recursos humanos para estos sectores.Por su parte, transporte y logística, sectores de im-pactante dinámica en el período reciente, constituyen una apuesta estratégica al futuro para el país. Como se señalará luego, es determinante –especialmente en períodos de crisis como el que se vive– mantener inversiones en ferrocarriles, que acompañen los desa-rrollos exitosos del sistema portuario.

Otro sector clave es el turismo. La meta es que Uru-guay sea un destino atractivo trascendiendo el motivo

1 - Ver documento sobre “Sociedad de la Información y el conocimiento”.

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sol y playa, ampliando la oferta mediante decididas políticas de capacitación de los recursos humanos y ampliación de infraestructura. Hoy el turismo es una actividad central en la vida del país a la cual se debe de priorizar porque genera ingresos de divisas al país, dinamiza el empleo y la inversión, favorece el desa-rrollo de emprendimientos económicos que dan ima-gen de marca al Uruguay (como la gastronomía y la vitivinicultura) y porque también atrae inversiones al país en otras áreas de la economía. Uruguay Natural es concepto que debe de guiar el desarrollo turístico del país teniendo nuestras embajadas y consulados un papel fundamental a cumplir. El nuevo aeropuerto y un sistema de aeropuertos en el país deberán per-mitir convertirnos en un centro regional de operacio-nes, punto de encuentro y conexión para el turismo. Esta actividad requiere una institucionalidad fuerte, con recursos económicos adecuados a la importancia cada vez más gravitante que tiene en el país.

La Agenda Nacional de Desarrollo, proyecto del bi-centenario 2010-2030, será la gran herramienta del próximo gobierno. Con políticas activas nos permitirá promover la producción para construir una estructura productiva sustentable en el largo plazo: que permita aumentar la producción y mejorar las condiciones de trabajo y de vida. En ese marco, iremos hacia un gran acuerdo con los trabajadores y todos los sectores in-volucrados por la producción y el empleo.

¿Promover una especialización en qué sentido? En el de agregar a la producción valor nacional, calidad y conocimientos. La nueva división internacional del trabajo va a promover los sectores que tengan más conocimientos. Estos serán los productos de mejores precios en los mercados internacionales y los que per-mitirán pagar mejores salarios y de mejor calidad.

Esta orientación se aplica a todos los sectores eco-nómicos. Por ejemplo en la industria cárnica, la carne orgánica o la carne de razas especiales son ejemplos a promover. En la industria maderera la promoción de la construcción de casas de madera permitirá abaratar la vivienda sin reducción de la calidad y aumentar los puestos de trabajo directos en el sector de madera, muebles y productos de madera e indirectos, como en productos eléctricos, pinturas, herrería, etc.

Los partidos tradicionales siempre dijeron que la me-jor política es la que no existe. Lo dijeron y lo hicieron en sus gobiernos provocando en los años noventa la mayor crisis de la industria de las últimas décadas.

Queremos una intervención estatal más activa, promotora de la actividad económica y la espe-cialización de la producción. Este es un compo-nente central de nuestra agenda de desarrollo.

Concebimos el desarrollo económico de un territo-rio (región, localidad o ciudad) como un proceso de avance del potencial competitivo del sistema produc-tivo local. Para favorecer las propuestas de proyec-tos que impulsen tal avance, resulta de gran utilidad regionalizar el país de acuerdo a las dinámicas pro-ductivas actuales y potenciales, atendiendo además a la geografía y a la intensidad de otras vinculaciones entre los territorios.

La escala departamental suele resultar insuficiente para desarrollar proyectos productivos internacional-mente competitivos. Parece imprescindible el desa-rrollo de instituciones intermedias entre lo nacional y lo departamental, capaces de articular iniciativas e intereses de varias localidades y agentes locales; o de proponer como tales agentes se organizan como pro-veedores para las inversiones que sus territorios estén recibiendo, en una escala adecuada como para que los proyectos se sostengan por sí mismos a mediano y largo plazo. A su vez, la escala departamental puede ser demasiado elevada para pensar en proyectos de desarrollo social, que a menudo requieren de atender especificidades de pequeñas comunidades.

Se debe vincular los sectores dinámicos a escala na-cional (por ejemplo, las cadenas agroindustriales) con el tejido productivo local, para que los territorios puedan realizar sus potencialidades más allá de ser un mero soporte físico de los grandes proyectos. Ello implica desarrollar otras actividades no vinculadas al sector agropecuario, formación de redes de provee-dores y servicios locales, así como formación de capi-tal humano y generación local de conocimiento para la mejora de la competitividad.

El gran reto es que las regiones y territorios del país asuman rol protagónico en la provisión de esas ven-tajas, con criterios de especialización y eficiencia, in-sertándose en el sistema de valor de las actividades productivas y sectores clave desde la perspectiva de la estrategia país, aportando valor agregado en pro-ductos y servicios que no se reduzcan solamente al factor tierra y recursos naturales. La idea es que no solamente debemos promover las inversiones, sino colaborar con las regiones para que estén prepara-das para recibirlas, y crear desarrollo social a partir de

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ellas, mediante una relación de cooperación y articu-lación entre la inversión o emprendimiento externo y el territorio.

Se propone promover una red de Agencias e Insti-tutos de Desarrollo, que en función de estas u otras regionalizaciones, puedan acumular masa crítica para elaborar proyectos consistentes de desarrollo productivo y social, con fuerte involucramiento de los agentes locales.

Política energética

No hay proyecto de desarrollo productivo que pueda sostenerse en el tiempo si no se acompaña de una adecuada política energética. Se ha hecho mucho en este terreno durante el primer gobierno del FA y en un tema clave: la promoción e incorporación de energías renovables. En 2006 nuestro gobierno defi-nió lineamientos de estrategia energética con el ob-jetivo de establecer un Plan Energético Nacional de largo plazo. Con el objetivo de comenzar a diversifi-car nuestra matriz energética, en marzo de 2006 se convocó a un llamado público para producir 60 MW originados en fuentes renovables (biomasa, eólica y pequeña hidroeléctrica) que UTE compraría e integra-ría en la red. Esta cifra constituye aproximadamente el 3% de la potencia instalada. Todos los proyectos de biomasa que se presentaron, utilizaron equipos con calderas uruguayas, lo que sin duda supone una promoción a la industria nacional. Esto fue un objetivo buscado pues en la evaluación de los proyectos se premiaba el mayor componente nacional. También se adjudicaron proyectos eólicos por un total de 6MW, los que se suman a los 10MW eólicos en el Cerro de los Caracoles. Por otra parte, la generación solar térmica ha sido prevista como tecnología de apoyo específico en financiamiento del programa de Eficiencia Energética Uruguay, progra-ma que ha dispuesto también elementos de difusión y capacitación. Asimismo se reguló la producción y comercialización de los agrocombustibles y se fijaron metas mínimas obligatorias de incorporación de mez-cla a los combustibles nacionales. En las metas energéticas, que compartimos plena-mente y que nos comprometemos a llevar a cabo, se proponen que al menos el 15% de la generación eléc-trica sea producida con fuentes renovables, y que al menos 30% de los residuos agroforestales se utilicen para producir distintas formas de energía. También se propone que al menos el 10% del combustible que se utiliza en el transporte de carga y de pasajeros tenga

un origen de fuentes de energía alternativa. Avanza-remos en esta dirección en el segundo gobierno del FA, proporcionándole al país una opción mas diversi-ficada en materia energética.

Nuestro gobierno retomó la inversión en gene-ración energética que los partidos tradicionales no hicieron en décadas, generando la incerti-dumbre que hoy tiene cada año el país donde esperamos ansiosamente que llueva para tener energía. Este es un gran cambio de nuestro go-bierno. En el siguiente debemos profundizarlo.

Formación de recursos humanos y política laboral

El desarrollo productivo del país implica un esfuerzo colectivo, del conjunto de la sociedad. Es el país ente-ro que tiene que acentuar su movimiento hacia más y mejor producción. Y sobre este punto es necesario mencionar que en los trabajos realizados en el ámbito del Gabinete Productivo se detectaron cuellos de bo-tella, como la escasez de recursos humanos califi-cados y la dificultad de obtener recursos financieros para proyectos de desarrollo. Debemos trabajar más intensamente para formar los trabajadores que son necesarios pues actualmente las empresas tienen dificultades para llevar a cabo ampliaciones por la imposibilidad de contratar per-sonal adecuado. Para poner algunos ejemplos esta situación es clara en el sector del software, pero algo similar ocurre en los laboratorios y los sectores de las tecnologías de la información. Uruguay perdió inversiones que no se concretaron por carencia de personal calificado para poner en funcionamiento las nuevas empresas proyectadas. Una prioridad de nuestro gobierno debe ser la formación pro-fesional para preparar los trabajadores que las empresas necesitan.

Perspectiva de género y economía social

Hemos titulado esta presentación “Economía para todos y todas”. Según algunos cálculos el aporte del trabajo no remunerado, que realizan principalmente las mujeres en el ámbito de los hogares oscilaría entre un 26 y 30% del valor del PBI. Sin embargo, aun siendo las mujeres más educadas ganan menos que los hombres (cuando ellas tienen más de 13 años de educación la brecha alcanza más

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del 30% si calculamos salario por hora), el desempleo femenino es mayor y persiste la segmentación vertical y horizontal del mercado de trabajo. Si su trabajo es una contribución al desarrollo y a la economía, ¿por qué no se lo impulsa de una manera más decisiva? Sostenemos la necesidad de reconocer estas asime-trías entre hombres y mujeres y adoptar políticas ac-tivas para combatirlas. Avanzar en empleo de calidad con todos hombres y mujeres bajo el concepto del “trabajo decente de OIT”.

Economía social, cooperativismo y Mipymes

La izquierda debe favorecer el desarrollo económico y social de experiencias con claro sentido solidario. El Estado debe establecer una verdadera alianza es-tratégica con el cooperativismo y la economía social en su conjunto para una mejor distribución de la ri-queza hay que abrir anchos campos de actuación a estos sectores.Asumimos y respaldamos las decisiones del V Con-greso del Frente Amplio que señalan “la necesidad de apoyar distintas formas de propiedad incorporando formas mixtas entre estatales y privadas, de propie-dad social y de autogestión”.

El cooperativismo y la economía social deben ser parte sustantiva de la estrategia de desarrollo, por lo cual, y respetando su autonomía, el Estado debe ge-nerar políticas, estrategias, instrumentos y acciones a fin de fortalecer este espacio económico, a condi-ción de que impulse una real democratización de la economía y la sociedad. Las cooperativas y entidades de la economía social deben representar un eslabón relevante en la incorporación de sectores sociales a la actividad productiva, y jugar un rol complementario con respecto al papel de las instituciones del Estado en esferas sustantivas de la vida social.Asimismo, pueden constituir alternativas para los y las jóvenes y las mujeres a fin de su inserción en la sociedad y especialmente en el ámbito del trabajo de manera digna y estable.Creemos necesario impulsar un plan de fortaleci-miento de este sector que incluya 1) un cambio en el sistema de compra del Estado, una plataforma de apoyo a la comercialización y la gestión; 2) el acceso a las tecnologías de la información; 3) la creación de un Fondo de Garantía; 4) la creación de una marca social y cooperativa y 5) adecuar el marco jurídico para el tercer sector.

Un capítulo especial merecen las pequeñas y media-nas empresas. Hablar de empresas en Uruguay impli-ca hablar de MIPYMES. Más del 99% de las empre-sas uruguayas son MIPYMES. Esto representa 120 mil empresas en el rubro comercio, industria y servicio. Si se contabilizan establecimientos agropecuarios se llega a 190 mil. En las PYMES trabajan casi el 70% de los uruguayos. Un desafío central, es favorecer la competitividad de estas empresas, y promover un mayor peso en las exportaciones del Uruguay. Hoy solo contribuyen al 5% de las exportaciones desta-cándose el sector de software. Para eso es necesario priorizar el apoyo crediticio y la formación empresa-rial. Esto último es relevante, para tener empresarios y cultura empresarial en el país que favorezca el riesgo, el emprendedurismo y el desarrollo.En esta área, la producción familiar a nivel rural es un sector al cual debemos prestar especial atención. 32000 unidades de producción familiar a nivel rural existen en el país. Un país integrado debe velar por equilibrios territoriales y económicos. El fortaleci-miento de estas unidades de producción, su apoyo y fomento deben ser parte central de una política de desarrollo rural.Debemos seguir cambiando pero vamos por más. De-bemos en un nuevo gobierno del Frente Amplio am-pliar la base de los servicios sociales también para las capas media que constituye un pilar fundamental de nuestro proyecto político. Tampoco hay sociedad in-tegrada si las capas media no participan activamente de la educación pública, de los servicios de salud. Los cambios también son duraderos si una amplia alianza de sectores sociales lo respalda. Por eso es determi-nante una alianza amplia de trabajadores, de sectores medios de la ciudad y el campo para que participen y se beneficien de los cambios sociales en curso.

Mejorar la inserción internacional para las exportaciones

Es imperioso mejorar la calidad de las exportacio-nes, su contenido de conocimiento, entendiendo por ello que tengan un mayor porcentaje creciente de bienes con elevado valor agregado nacional, bienes de media y alta tecnología. El MERCOSUR debe con-tribuir a la mejora de la calidad de las exportaciones, por ejemplo: eliminar el doble cobro del arancel exter-no común, recurrir a las monedas locales en el inter-cambio regional, concretar la interconexión eléctrica con Brasil y continuar perfeccionado los instrumentos para combatir asimetrías.

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Pero también resulta imprescindible compartir con el sector privado el esfuerzo por abrir nuevos merca-dos que nos permitan ampliar la gama de productos que el país exporta. Deben para ello continuarse y profundizarse los esfuerzos para la creación de una institucionalidad apta para promover la inserción ex-portadora. Se deben aprovechar al máximo posible los espacios de negociación comercial que nuestro acuerdo regional nos permite.

Es cada vez más falsa la disyuntiva mercado interno – mercado externo. Ambos son importantes, pero un crecimiento sostenido requiere un mercado superior al de nuestro país, pero eso la necesidad de ir a los mercados internacionales y en éstos los de mejores tendencias de precios y tamaño son los de productos de calidad.

Aumentar y mejorar la calidad de las inversiones

Durante el segundo gobierno del FA será necesario incrementar de manera significativa la inversión pública en infraestructura. Este objetivo no es de fácil realización en el contexto presente porque los recursos fiscales serán quizá menos holgados que en los años recientes, dado que la crisis internacional ha enlentecido el nivel de actividad, y porque es de espe-rar que Uruguay enfrente un saldo de cuenta corrien-te más estrecho por reducción en cantidad y precio de ciertas exportaciones.

Asumimos ese reto. Debemos diferenciar entre las obras de infraestructura que puede encarar, con sus recursos, el sector público de aquellas que deban im-pulsarse por medio de un programa serio y bien di-señado de asociación público/privada. Los proyectos público/privados tienen que estar sometidos al régi-men jurídico de las empresas privadas y, en lo que corresponda, deben contar con asesoría de la ANII para adquirir o desarrollar en ámbito local la tecnolo-gía apropiada. Tarea prioritaria en materia de infraes-tructura es la reactivación del servicio ferroviario, más aún en una estrategia de desarrollo por regiones del país, los puertos, las comunicaciones y la red vial.Una asociación público/privada, bien estructurada, es el primer camino que debemos intentar para recupe-rar y ampliar nuestra red ferroviaria. Lo que se ha he-cho en nuestro período de gobierno desde el MTOP no se había hecho en los últimos 50 años; demostró eficacia y capacidad de resolución.

Otra área donde hay que incrementar en forma sus-tantiva la inversión es la vivienda. Tenemos un déficit habitacional claro en el Uruguay. El Banco Hipoteca-rio debe cumplir un papel importante y ya que ha co-menzado a recuperar ese rol que nunca debió aban-donar. También serán determinantes las cooperativas de vivienda.

Otra cuestión clave para la Agenda Nacional del De-sarrollo refiere a la inversión extranjera. El desarrollo autónomo e independiente del capital extranjero, como operó en Japón y Corea, por ejemplo, ya no es posible en el sistema mundial actual, dada la pre-sencia dominante de las Empresas Trasnacionales (ET) en el comercio internacional y su peso relativo en los sectores más dinámicos. Para un país que requiere transformar sus estructuras productivas, es necesario promover la inversión extranjera directa (IED) orienta-da por los objetivos de desarrollo.

La promoción de IED para el desarrollo debe tener por objetivos principales la atracción de “IED de ca-lidad”, mejorar los beneficios de la IED recibida, en términos de tecnología, compras locales, reinversión, protección ambiental y al consumo, etc., así como contener potenciales daños (por ejemplo evitar el desplazamiento de firmas locales viables o prácticas anticompetitivas). En materia de organización institu-cional, se debería apuntar a cumplir con los tres roles que las Agencias de promoción de la IED han ejercido en países exitosos: identificación de los inversores, se-guimiento de los compromisos asumidos o de las acti-vidades de estas empresas, y apoyo técnico a la nego-ciación que debe realizarse al más alto nivel político. Tres destinos de la inversión extranjera: a) participar en proyectos publico-privados y privado-privados en calidad de socio; b) participar en nuevos proyectos, muy difíciles de financiar con recursos propios y no sólo comprar empresas ya existentes; c) asociarse con capitales nacionales a través del mercado de ca-pitales, el cual puede cumplir un rol importante en el financiamiento de obras que no puede abordar el Estado en forma exclusiva.

El MERCOSUR puede contribuir a que las inversiones extranjeras, de la región y de extrazona, se instalen en Uruguay para que se abastezca desde aquí al mer-cado regional. Para que esto sea posible el requisito clave es la certidumbre de acceso al MERCOSUR. El financiamiento al desarrollo debe también ser un objetivo relevante porque la inversión en gran escala requiere recursos específicos. El Banco de la Repúbli-

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ca ha cumplido un papel importante. El segundo go-bierno del FA deberá reforzar las funciones del BROU como banco de desarrollo.

Debe entenderse que el BROU es una pieza clave en el financiamiento del desarrollo; alcanza con decir que este solo banco representaba, en diciembre de 2008, el 43% de los activos totales del sistema bancario Las iniciativas de llamado a presentación de proyectos, puestas en marcha por el BROU, han resultado alta-mente exitosa.

Debemos perfeccionar y profundizar el régimen legal establecido durante este gobierno frenteamplista para fomentar la reinversión de utilidades y debemos enca-rar en profundidad el fomento del mercado de capita-les de forma que los grandes proyectos de infraestruc-tura encuentren financiamiento en el ámbito local.

Reforma del desempleo y formación profesional

El trabajo cumple un rol central en la sociedad y es vi-tal para cada persona, promoverlo es un objetivo cen-tral del gobierno. Pero sabemos que a veces las alzas y bajas de la economía determinan que puedan existir períodos de desempleo. Nuestro gobierno promovió un cambio central con la reforma del seguro de des-empleo ampliando la cobertura en varios sentidos. Una innovación valiosa es agregar la participación en cursos de capacitación mientras dure el subsidio. Existe una importante disponibilidad de fondos ya asignados, pero no ejecutados en el Fondo de Recon-versión Laboral (producto del aporte de empleados y trabajadores del 0,25% de los salarios). Recientemen-te se ha creado una nueva institucional para adminis-trar dichos fondos, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. La crisis en Uruguay ingresa por el comercio interna-cional. Esto ya se vio en las curtiembres, la industria automotriz, la textil y en algunos sectores del comple-jo maderero. Y esto provocó aumentos en el desem-pleo. Nuestro objetivo es utilizar todas las herramien-tas existentes y crear otras para mantener el empleo. Debemos promover acuerdos de trabajadores y em-presarios para reducir el tiempo de trabajo y no enviar trabajadores al seguro de paro. La pérdida de salario debe ser compensada con una utilización flexible del seguro de desempleo y el Fondo de Reconversión La-boral que permite financiar cursos de recalificación profesional.

No habrá ajuste fiscal

El próximo gobierno del Frente no hará un ajuste fis-cal. No lo hará porque no será necesario. Esto es así porque el actual gobierno equilibró las cuentas públi-cas y, si bien en este año por la crisis global el déficit fiscal tendrá un crecimiento, ratificamos que no será necesario un ajuste.

Los partidos tradicionales afirman que habrá un ajuste fiscal en el nuevo gobierno. Ellos conocen bien de qué se trata esto porque ellos sí hicieron ajustes y siempre lo hicieron castigando a los hogares más humildes. Lo que no dicen es que sus gobiernos terminaron con un déficit fiscal muy superior al de nuestro gobierno. Ninguno de los gobiernos de los partidos tradiciona-les tuvo un déficit fiscal menor que el actual.

Desarrollo y protección social

Los sistemas de protección social son un compo-nente esencial para lograr un desarrollo sustentable, un desarrollo que supone crecimiento económico con equidad. La protección social debe ser universal (to-das las personas deben estar protegidas por el siste-ma), por lo que debe tener programas diferenciados que den cuenta de la diversidad existente en la socie-dad para cumplir con tal aspiración.

Asumimos formalmente el compromiso de continuar avanzando en el cumplimiento de los objetivos de la protección social: a) garantizar un nivel mínimo de in-gresos, generalmente vinculado con alguna medición de la pobreza; b) compensar, en un porcentaje, las pérdidas de ingreso resultantes de enfermedad, des-empleo o vejez; c) avanzar hacia un nivel más alto en la igualdad de la distribución de los ingresos.Cuando asumió el gobierno del Frente Amplio en mar-zo del 2005 la ruptura entre el modelo de protección social y la realidad social era muy clara. La realidad indicaba que existían crecientes riesgos sociales aso-ciados a hogares cuyos jefes o jefas de hogar estaban desempleados o trabajaban en el sector informal de la economía y que se caracterizaban por la presencia de mayor cantidad de menores que el promedio de los hogares uruguayos. El único dispositivo previsto desde la protección social era la asignación familiar para hogares de menores recursos, pero el exiguo monto de la prestación esterilizaba en buena medida su potencialidad de alivio a la pobreza y era inocuo a la hora de incidir positivamente en la distribución del ingreso.

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Inmediatamente el gobierno desplegó el Plan de Aten-ción a la Emergencia Social (PANES), que suponía un conjunto de programas articulados, incluyendo un componente de transferencia monetaria (Ingreso Ciu-dadano), cuya finalidad era la asistencia y promoción social, destinado a los hogares más pobres entre los pobres y que abarcó en su desarrollo a aproximada-mente el 10% de los hogares uruguayos. Por defini-ción el PANES era de carácter transitorio y así sucedió, no obstante algunos de sus componentes reformula-dos (tarjeta alimentaria, Uruguay Trabaja, etc.) conti-núan en la llamada Red de Asistencia e Integración Social (RAIS) del Plan de Equidad.

Las reformas de salud y de asignaciones familiares, dan cuenta del viraje producido en la materia, aten-diendo a la estructura de riesgos de la sociedad uru-guaya, incorporando a cerca de 500.000 niños y ni-ñas al seguro de salud en el primer caso, y a 330.000 a una prestación monetaria sustancialmente mejora-da en el segundo caso, todo ello en el curso de un solo año.

Compartimos las definiciones clave surgidas del “Diá-logo Nacional en Seguridad Social”. De esta instancia surgieron líneas programáticas para ser aplicadas en el corto plazo (flexibilización del sistema jubilatorio y reforma del seguro de desempleo, que se plasmaron en leyes ya votadas por consenso en el parlamento) y otras con alcance de mediano plazo que hacen a la construcción del Sistema Nacional de Protección Social. Creemos de fundamental importancia la cons-trucción del Sistema Nacional de Protección Social cuyas bases fundacionales se crearon en este primer período de gobierno.

La asignación familiar es un derecho del niño y per-feccionar su universalización. Todos los niños deben reunir las condiciones para ingresar en el nuevo siste-ma de asignaciones familiares. Y todos los niños de-ben reunir las condiciones para estar incorporados al seguro de salud.2

2 - Ver documento sobre “4 Definiciones, 8 compromisos programáticos con jubilados y pensionistas” en la página 16.

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CULTURA Y DESARROLLO5 pilares institucionales 34 lineamientos

Porque desarrollar democráticamente nuestros dere-chos culturales desde el punto de vista de la integra-ción social, la participación, la identidad y la diversi-dad, es generar las condiciones para la construcción de valores éticos y estéticos que inspiren positivas acciones constructoras para la vida personal y comu-nitaria de la ciudadanía.

Nuestro URUGUAY CULTURAL es construcción y compromiso común desde una visión de IDENTIDAD – CREATIVIDAD – INTEGRACIÓN – PARTICIPACIÓN – DIVERSIDAD.

Durante el gobierno del FA se fundaron espacios y hubo concreciones sin antecedentes en las políticas culturales del estado que contribuyen a mejoras sus-tanciales en la calidad de vida y al desarrollo humano en el país, como el Plan Ceibal, cuyo impacto en la vida cultural es lo más determinante. Nadie puede ne-gar los avances logrados en el primer gobierno del FA: los Fondos Concursables, la Ley de Cine, la creación de los Conglomerados (clústeres) del Audiovisual, de lo editorial y de lo musical, la Ley de Seguridad Social de los artistas, el Fondo de Incentivos Fiscales, los 90 centros MEC instalados en todo el territorio nacional. Además de la ratificación de las Convenciones sobre diversidad cultural y patrimonio inmaterial.

De cara a un nuevo período de gobierno, es preciso desplegar aún más este potencial para que la apro-piación social y democrática de estos avances y nue-vos conceptos sean internalizados en la sociedad, contemplando especialmente aquellas zonas más desprovistas de herramientas de desarrollo cultural. Sin libertad cultural, sin desarrollo cultural individual y colectivo, no hay participación y no hay democracia en su sentido más profundo.

Nuestra construcción política de un nuevo concepto de desarrollo basado en valores culturales está con-cebida dentro de una estrategia que se apoya en el

despliegue de la creatividad de uruguayos y urugua-yas, que piensa a todos los ciudadanos y ciudadanas como sujetos culturales, verdaderos protagonistas que aportan prácticas y saberes.

La cultura no puede entenderse sólo como factor de desarrollo sino como una forma de proyectar el de-sarrollo de una sociedad.

Un nuevo concepto de desarrollo definido y proyecta-do desde la cultura, debe propiciar la construcción de una ciudadanía democrática cultural que, partiendo de las especificidades culturales de los sujetos, ten-ga una presencia efectiva en los espacios públicos y genere las bases para una convivencia pacífica, cultu-ralmente integrada como vehículo natural de la inte-gración social.

Para seguir avanzando pensamos en una nueva insti-tucionalidad de la cultura no solo en el ámbito estatal sino también en la sociedad civil, un nuevo diseño institucional que sintetice y supere los modelos histó-ricos y sume sus mejores características de ejecutivi-dad, representatividad, transparencia, participación y reglas de juego comunes y públicas.

Para llevar adelante este nuevo diseño se propone configurar un nuevo entramado institucional com-puesto de cinco pilares: Ministerio de Cultura (Eje-cutividad) - Un Consejo Nacional (Representatividad) - Consejos Regionales (Descentralización y participa-ción) - una estructura de Fondos Concursables (Finan-ciamiento) y Agencias de desarrollo.

Se propone un Ministerio de Cultura porque, más allá que hoy no quedan dudas sobre la importancia y pa-pel fundamental de la cultura en el desarrollo social y económico sostenible y bienestar de los pueblos, es necesario darle jerarquía e interlocución de primer ni-vel, lograr una mejor planificación, implementación, ejecución y evaluación de las políticas culturales.

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Se requiere una institucionalidad integradora que con-ciba el conjunto de los deberes y desafíos del Estado para con la cultura como un sistema abierto, flexible, dinámico, plural, diverso pero también como un todo. Se requiere más agilidad y eficiencia en la gestión. Una nueva institucionalidad permitirá profundizar la especialización y la complementariedad de los servi-cios públicos, además de facilitar la profundización de la descentralización, generar sinergias de recursos para alcanzar todo el territorio nacional y adecuar las políticas nacionales a cada región del país.

Se combina con un Consejo Nacional y Consejos Re-gionales para complementar la ejecutividad del rango ministerial con una mayor representatividad, partici-pación y transparencia.

Para el cumplimiento de estos objetivos se impulsará:

Legislación

El reconocimiento pleno de los derechos culturales •y su inclusión en la Constitución de la República.Nuevos instrumentos legales que complementen •la ley 18.384 (Ley del Artista y Oficios Conexos) amparando a todos aquellos artistas no contem-plados en la presente ley.Legislación compensatoria sobre la protección de •los derechos de autor e intérprete por la comer-cialización ilegal de los productos fonográficos y audiovisuales. Proyectar en forma participativa la elaboración de •una Ley General de la Cultura.

Formación

La creación de un sistema nacional integrado de •formación artística, partiendo de los recursos existentes públicos y privados.Implementar una política de créditos que permita •una mejor y más libre circulación de los educan-dos en las diferentes instancias de formación.

Financiamiento

La creación de una nueva y más amplia estructu-•ra de fondos concursables e incentivos fiscales de mayor alcance y un fondo interdepartamental.Acordar líneas crediticias diferenciales, acor-•des la realidad de la producción cultural y su competitividad.

Desarrollo

La creación de una agencia para la inserción •internacional de la producción cultural de nuestro país.Articular a través de comisión sectorial e interins-•titucional de cultura en la O.P.P. asistiendo al Po-der Ejecutivo en planes y programas de desarrollo y en políticas de descentralización cultural. Profundizar el conocimiento de la realidad cultu-•ral en el país componiendo una cartografía cultural desde una perspectiva transversal y territorial.Desarrollar planes, programas y acciones de in-•clusión social a partir de la creatividad y diver-sidad cultural, promoviendo su conocimiento y apropiación.

Economía creativa

Profundizar el desarrollo de las industrias cultu-•rales y creativas por ser instrumentos fundamen-tales de creación y difusión de cultura, afirma-ción de identidades y generación de riqueza y crecimiento.Implementar planes diferenciados para la MI-•PYMES del sector. Incentivos para la transferencia de tecnología y •conocimiento y favorecer acuerdos regionales de coproducción y co-distribución fundamental-mente en aquellas industrias culturales y creati-vas incipientes. Considerar la marca URUGUAY CULTURAL como •visón inspiradora de un fuerte desarrollo de la economía creativa.Aplicar el Sello MERCOSUR CULTURAL y mecanis-•mos que permitan el libre tránsito de bienes y ser-vicios culturales en la región, que promuevan la cooperación y el mutuo enriquecimiento cultural.Alentar la cooperación entre los diversos secto-•res a través de proyectos conjuntos dentro del campo de las industrias culturales (producción, inversiones y comercialización).

Patrimonio

Adecuar la legislación actual a la luz de las Con-•venciones internacionales y las concepciones más modernas sobre patrimonio material, inmaterial y subacuático.Promover una nueva ley nacional de patrimonio •para dotar de mayor eficacia y eficiencia los pla-nes, programas y acciones en la materia.

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Elaborar políticas y fortalecer prácticas de conser-•vación y reconocimiento del patrimonio tangible e intangible. Profundizar y ampliar el estudio, inventario, regis-•tro y la elaboración del catálogo del patrimonio organizando bases de datos de acceso público y actualizables en forma continua.Dar a conocer disposiciones y medidas sobre la •protección patrimonial para mejorar la participa-ción de las comunidades en dicha protección.Generar espacios para la promoción y el disfru-•te del patrimonio cultural de los grupos y mino-rías étnicas.Respetar la propiedad intelectual de las comu-•nidades.

Medios de comunicación

Continuar desarrollando y profundizando la línea •actual en esta materia sobre la libre competencia, la asignación de publicidad del Estado y el surgi-miento de nuevas prácticas comunicacionales.Impulsar la difusión y fomento de la identidad •nacional y la diversidad cultural en los medios de comunicación.Fomentar el desarrollo de medios de comunica-•ción ciudadanos y comunitarios que enriquez-can la presencia de la diversidad cultural en el espacio público.Promover una planificación en el área comuni-•cacional, que involucre a todos los medios de comunicación, en la incorporación de objetivos culturales y educacionales que promocionen el patrimonio cultural.

Turismo desde la perspectiva de la cultura

Establecer una agenda de investigación sobre la •promoción de la cultura y el desarrollo del turismo a partir de considerar que el turismo es un vector de conocimiento y valoración de las identidades y la diversidad cultural. Generar una amplia integración entre cultura, •turismo y el sistema educativo, con énfasis en aspectos de la educación patrimonial y en pro-gramas artísticos que revaloricen y respeten la producción artística.Implementar desde el turismo el fortalecimiento •cultural con acciones de difusión y reflexión so-bre sus significados desde el contexto histórico y

sociopolítico de las comunidades bajo una pers-pectiva cultural. Establecer recursos para desarrollar las áreas de •educación, investigación cultural e información que sean necesarias para la ejecución de las polí-ticas culturales desde el turismo. Promover programas de formación para profesio-•nales, administradores, directivos y gestores cul-turales en el ámbito del turismo.

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RENOVACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y DE HÁBITAT PARA EL SEGUNDO GOBIERNO DE IZQUIERDA

Generar estándares tecnológicos de producción •más limpia aplicables a nuestros países, de mane-ra de poder plantear estrategias de reconversión a los proyectos ya instalados y de exigírselos a los nuevos emprendimientos.Dar un uso adecuado a nuestros ecosistemas a tra-•vés de la planificación territorial y el uso sensato de los recursos naturales orientado a definir tasas de reposición cuando sea esto posible.Promover aquellas tecnologías intensivas en la ge-•neración de mano de obra pero compatibles con las otras dimensiones del desarrollo sostenible. Apoyo a las estrategias de soberanía alimentaria. •

Promover un nuevo diseño institucional para el 1. área ambiental unificada bajo una sola institucio-nalidad y autoridad política.

Fortalecer la política de recursos humanos para 2. la captación y retención de las mejores capacida-des profesionales

Desplegar nuevas políticas de población, inte-3. gración territorial y aprovechamiento sustenta-ble de recursos.

Promover directrices estatales para el uso del te-4. rritorio, forestación, costas, minería y suelo.

Planes de sustitución de energías tradicionales.5.

Programas para la promoción del uso eficaz de los 6. recursos energéticos.

Fomentar medios de transporte de alto rendi-7. miento.

Gestión Integrada de la Zona Costera.8.

Potenciar y desplegar el Sistema Nacional de 9. Áreas Protegidas.

Gestión Integrada de Cuencas.10.

Implementar planes de soberanía alimentaria te-11. rritoriales en todos los departamentos del país.

Desplegar a un nuevo nivel la experiencia de la 12. Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente – COTAMA.

Promover una Agenda 21 nacional basada en las 13. experiencias locales.

Creación de espacios de coordinación departa-14. mentales o regionales.

Construcción de capacidades para el Monitoreo 15. Ambiental Ciudadano.

Promoción de cultura e instrumentos para el mane-16. jo transparente de la Información.

Audiencias Públicas.17.

Educación ambiental y estrategia nacional para 18. la educación para el desarrollo sustentable.

Acciones para promover ciudades sostenibles.19.

Producción participativa, autoconstrucción y coo-20. perativismo.

Rehabilitación de áreas centrales de las ciudades.21.

Microcréditos de bajo interés.22.

Los temas ambientales así como todo lo vinculado al hábitat y el ordenamiento del territorio, no han ocu-pado un lugar relevante en las discusiones programá-ticas en las campañas electorales anteriores. Independientemente de ello, a partir de importantes definiciones de nuestra fuerza política, el gobierno nacional y las ocho intendencias frenteamplistas pu-sieron un fuerte énfasis en estos temas, avanzando

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en políticas, herramientas y acciones concretas.Si a los avances logrados le sumamos el conocimien-to cada vez mayor acerca de temas relevantes como el cambio climático, y el impacto de las actividades humanas sobre la calidad de nuestro ambiente, nos reafirma en la necesidad de plantear con énfasis pro-puestas que con mirada de izquierda nos permitan continuar en la construcción de un modelo de país realmente sustentable.

IDEAS RECTORAS PARA UN PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE

Debemos avanzar a un modelo de desarrollo con fuerte énfasis en la sustentabilidad de las actividades, esto implica la necesidad de planes de desarrollo am-bientales estratégicos y una fuerte apuesta al ordena-miento territorial. Históricamente se ha visto al desarrollo industrial y agroindustrial como motor del desarrollo social y eco-nómico. Si bien esto es correcto, los efectos de la apli-cación intensiva de este modelo únicamente produc-tivista de desarrollo, comienza a generar problemas tanto a nivel global (cambio climático, agotamiento de recursos naturales, etc.) como a escala de los países (agotamiento de los nutrientes en suelo, erosión, cur-sos de agua inutilizados, enfermedades, afectación de la biodiversidad, etc.). Estos problemas terminan afec-tando la posibilidad futura de la propia actividad.Si bien, debido a la escasa industrialización, muchos de estos efectos se han visto disminuidos en nuestro país, es necesario incorporar en los planes de desarro-llo una tercera dimensión, la ambiental. No es posible pensar en un polo industrial sin prever cómo será su impacto ambiental, el tipo de tecnología industrial o tratamiento que tendrán sus efluentes, ni en un plan de desarrollo hídrico sin saber qué consecuencias eco-lógicas tendrá o en actividades agrícolas-ganaderas que no consideren el agotamiento del suelo.Resulta imprescindible orientarse a sistemas de mane-jo que utilicen las mejores tecnologías, de manera de que se optimice el uso de los recursos a través de la maximización de la producción y la disminución de los desechos, sumado a que esto sea lo más compatible posible con los procesos regenerativos naturales. Siem-pre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente, y teniendo siempre presente una visión de largo plazo. Como fuerza renovada de izquierda debemos enfrentar tanto el discurso conservacionista que no toma en cuenta la necesidad del desarrollo humano,

como el que solo maximiza la producción con una vi-sión de corto plazo, sin considerar otros aspectos.

Condiciones para un modelo producti-vo de desarrollo sustentable.Un modelo productivo que tenga en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible debe:

1. Generar estándares tecnológicos de pro-ducción más limpia aplicables a nuestros países, de manera de poder plantear estra-tegias de reconversión a los proyectos ya instalados y de exigírselos a los nuevos em-prendimientos.Definir cuáles son las mejores tecnologías aplicables a nuestra realidad y establecer estrategias para que la industria instalada se pueda reconvertir. Existen diversos mecanismos para lograr esto, por ejemplo: a) préstamos blandos y fondos concursables; b) es-tímulos de la investigación, educación y generación de tecnología; c) inclusión en las compras del esta-do de beneficios por la aplicación de las mejores tecnologías o contar con certificaciones de gestión ambiental internacionales (ISO 14.000); d) una es-tructura fiscal que castigue de manera proporcio-nal a los que contaminan o consumen recursos por encima de los estándares definidos; e) sanciones o multas a las empresas infractoras.En el caso de nuevos emprendimientos, se les exi-girá como piso la instalación de las tecnologías definidas. Para instrumentar este proceso será necesario comenzar por las ramas productivas de mayor impacto ambiental y social, deberá ser un proceso participativo que permita definir tanto estándares ambientales como tecnológicos con credibilidad social.2. Dar un uso adecuado a nuestros ecosis-temas a través de la planificación territorial y el uso sensato de los recursos naturales orientado a definir tasas de reposición cuan-do sea esto posible.Esto es aplicable a todas las actividades producti-vas (por ej. la contaminación de un río por parte de una industria), pero particularmente importan-te en lo que refiere al desarrollo agrícola-ganadero e ictícola. Uruguay debe tener una estrategia que apunte a los productos naturales, no tiene sentido en nuestro país que se promuevan estrategias de encierro cuando no existen problemas de espacio o temperaturas extremas. Uruguay Natural es un valor desde el punto de vista productivo pero esto implica dar un salto cualitativo en el uso intensivo y profesional de los recursos.

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Es necesario estimular el uso de tecnología por parte de los productores o si la escala no lo per-mite, fomentar procesos asociativos tanto para la aplicación de tecnologías productivas de punta como para las de tratamiento de efluentes o re-siduos. Este proceso genera un valor agregado a la producción, aumentando la rentabilidad de los emprendimientos y a su vez mejora la calidad de vida de los trabajadores rurales. Hoy en día exis-ten industrias que su contaminación se debe a la alta carga orgánica y al contenido de nutrientes (p. ej. ind. láctea) y que en lugar de reducirlos en plantas de tratamiento, se podrían utilizar para regar y fertilizar plantaciones (siempre dentro de determinados parámetros) o utilizar sistemas na-turales de depuración que su cosecha se pueda utilizar como alimento animal. Este tipo de ex-periencias ya ha sido aplicado en otros países de Latinoamérica.El cuidado de la biodiversidad de nuestros ecosis-temas resultan un valor a cuidar para generacio-nes futuras, por esta razón es necesario preservar su capacidad de auto depuración y conservación. Ser sumamente cuidadosos en la incorporación de especies exóticas o transgénicas con fines produc-tivos, esto no quiere decir que se impida su utiliza-ción, sino que se debe realizar estudios técnicos y definir protocolos de control de cumplimiento es-tricto, en un marco de consulta con diversos acto-res sociales e institucionales vinculados al tema. 3. Promover aquellas tecnologías intensivas en la generación de mano de obra pero com-patibles con las otras dimensiones del desa-rrollo sostenible. Estudios de la CEPAL establecen una relación en-tre el crecimiento económico y la diversificación de productos y la incorporación de la innovación. Sin embargo, dichos estudios establecen que “…las trayectorias de incremento del ingreso agre-gado son concomitantes de la diversificación y el aumento de la calidad y sofisticación de los productos exportados y, por lo tanto, de los bie-nes en cuyos mercados internacionales muestran capacidad de competencia las empresas que operan en el país…” Dentro de esa estrategia las industrias ambientales o energéticas son una oportunidad de negocios nueva, que nuestro país debe aprovechar, tanto para contar con esa tecnología como país, como para la generación de ingresos. Esto ha estado planteado en el Ga-binete Productivo como una cadena a desarrollar y nosotros lo compartimos.

Existen ejemplos a nivel mundial (molinos de vien-to en España) y nacional (ALUR) de esta estrategia. Dicho estimulo puede ser a través de subsidios o apoyos en su venta a nivel nacional (p. ej. que el estado la utilice o estimule su compra). 4. Apoyo a las estrategias de soberanía ali-mentaria. La Soberanía Alimentaria representa una estrate-gia social que incluye dimensiones productivas y comerciales, así como las que refieren al fortale-cimiento de los agricultores familiares y sus orga-nizaciones, la generación de alianzas y redes de agricultores con organizaciones urbanas, la educa-ción para la sustentabilidad a través de las escuelas rurales, la conservación y reproducción de semillas criollas y la recuperación de la cultura local. Finalmente es necesario afirmar que el impulso de estrategias de desarrollo sostenible implica una gestión ambiental coordinada por parte del esta-do, la definición de objetivos e indicadores (eco-nómicos, sociales y ambientales) y sobre todo la activa participación de los involucrados.

NUESTRAS PROPUESTAS

a) Nuevo diseño institucional: Ministe-rio de ambiente, territorio y hábitat.

1. Promover un nuevo diseño institucional para el área ambiental unificada bajo una sola institucionalidad y autoridad política. Hoy es un elemento consensuado por todos los ac-tores que todas aquellas áreas con competencia en estos temas se deben concentrar en una misma ins-titucionalidad. La creación de la DINASA, trabajando en conjunto con la DINOT y DINAMA ha demostrado una siner-gia en la formulación de políticas integradas de agua ambiente y territorio que es necesario profundizar y jerarquizar, si queremos avanzar en un modelo de de-sarrollo productivo sustentable. De la misma forma que se plantea en la nueva Ley de Aguas, creemos fundamental avanzar en la gestión integrada y la participación de los distintos actores a nivel de regiones y cuencas hidrográficas como uni-dades territoriales de actuación.

Fortalecimiento InstitucionalSi hoy ya no se discute la necesidad de contar con más presencia del Estado en los grandes temas del país, en los aspectos ambientales sin dudas es clara la necesidad de contar con más y mejor Estado, ya sea

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para las indelegables tareas de formulación de políti-cas y de control que brinde garantías al conjunto de la sociedad, así como para las tareas de evaluación y autorizaciones para los nuevos emprendimientos de todo tipo, que gracias a ello siguen eligiendo nuestro país para desarrollar e invertir.En un próximo período de gobierno progresista se debe continuar con el proceso ya iniciado de forta-lecimiento institucional, unificando todas las compe-tencias ambientales que se encuentran en otros mi-nisterios, y también dotando de un mayor número de técnicos y recursos para desarrollar esta tarea.

2. Fortalecimiento de la política de re-cursos humanos para la captación y re-tención de las mejores capacidades pro-fesionales.Para ello es necesario desde el primer año de gobier-no dotar al Ministerio de los recursos presupuestales para dotar de mayor cantidad de técnicos y definir los instrumentos necesarios para retener a los técnicos ca-pacitados dentro de la órbita estatal y concretamente dentro del Ministerio, para lograr una mayor eficien-cia del rol del estado en un área tan estratégica como la ambiental. Generar mecanismos permanentes de capacitación de los recursos humanos. Despliegue de nuevas políticas de población, integración territorial y aprovechamiento sustentable de recursos.En este período de gobierno se dio un paso impor-tantísimo en relación al ordenamiento del territorio, como fue la aprobación de la ley 18.308, ley de Or-denamiento y Desarrollo Territorial Sustentable, cuyo objetivo es mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social del territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales, según establece dicha ley. Hemos demostrado que hacer una planificación ambientalmente sustentable del territorio, integrando el desarrollo económico con la participación ciudadana y equidad social, es posi-ble. Y en este sentido se seguirá avanzando.

3. Promover directrices estatales para el uso del territorio, forestación, costas, minería y suelo.En el próximo periodo se debe continuar este proceso de generar los principales lineamientos estratégicos en relación al uso de nuestro suelo, generando los instru-mentos nacionales que son los que marcan la visión estratégica de un desarrollo territorial donde ambien-te y territorio son aspectos inseparables. Para ello se hace imprescindible contar con Directrices Nacionales

(leyes) que definan los lineamientos estratégicos con relación a: la forestación, el uso de nuestras costas, la minería, el uso de nuestro suelo agrícola, definición de lineamientos para nuestra cuenca lechera, etc.Continuaremos trabajando en la descentralización, planificando el uso y manejo del territorio junto a las intendencias municipales y organizaciones locales de la sociedad civil, promoviendo el desarrollo local y re-gional, valorando los recursos naturales y culturales de cada rincón del país.

b) El Uruguay y el cambio climático.

El cambio climático es una de las mayores preocu-paciones ambientales globales que hay que atender, poniendo especial atención a zonas, áreas y sectores de la población más vulnerables. En los debates inter-nacionales sobre cambio climático, uno de los temas recurrentes es la evaluación de la vulnerabilidad y la adopción de medidas de adaptación y mitigación. Es-tas medidas deben ser aún mayores en países como Uruguay, ya que sus consecuencias inciden fuerte-mente en el desarrollo económico y social sostenible. En respuesta a estas necesidades, nuestro país ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y está trabajando, a través de la Unidad de Cambio Climático, en el cumplimiento de los compromisos asumidos en dicha instancia. Se han realizado y actualizado inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y se elaboró un Progra-ma de Medidas Generales de Mitigación y Adapta-ción al Cambio Climático. Muchas de las acciones propuestas en este progra-ma se vienen implementando y se continuará en ese camino; mientras se avanzará en la integración del componente ambiental y de cambio climático en las políticas de desarrollo del país, disminuyen-do la vulnerabilidad ambiental, la presión sobre los recursos naturales y el nivel de pobreza, en equi-librio con el crecimiento económico, productivo y el bienestar social. Algunas de las acciones que se vienen implementando y que se profundizarán son en relación al ordenamiento territorial, manejo de la franja costera, conservación de recursos naturales y biodiversidad, gestión integrada de cuencas hídricas y uso de energías alternativas.

4. Planes de sustitución de energías tradicionales.

Nuestro gobierno comenzó a desarrollar un pro-grama de autonomía energética en un marco de

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integración regional con políticas ambiental y social-mente sustentables. En particular en materia de pro-moción de energías alternativas se prioriza la incor-poración de energías autóctonas, preferentemente renovables que privilegien desarrollos de tecnología local, reduciendo las emisiones de dióxido de car-bono al ambiente. Continuaremos profundizando este camino, con el objetivo que en el año 2015 el país cuente con un 15% de la matriz eléctrica basada en este tipo de energías. Consideramos fundamental la incorporación de ener-gía eólica, plantas en rellenos sanitarios, biomasa, pa-neles solares, biodigestores, etc.Estas energías alternativas, no solo contribuyen a aminorar la dependencia con la energía hidroeléctri-ca, como medida de adaptación a los efectos del cam-bio climático sino también contribuyen a la mitigación del mismo, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero, al utilizar fuentes energéticas sensible-mente más limpias. A esto hay que sumarle nuevas oportunidades económicas para el país, promoviendo diversas industrias energéticas nacionales. Vamos a trabajar es en la puesta en práctica de planes de sustitución de energías tradicionales por energías alternativas, profundizando prácticas como las que ya se está realizando en algunas instituciones y hogares del país, instalando calentadores solares complemen-tando los calentadores eléctricos. Se implementará un Plan masivo para toda la población, donde se creará un fondo de préstamos para instalar calentadores so-lares. Se obligará a los grandes consumidores (empre-sas, centros de enseñanza, clubes, oficinas públicas, etc.) a complementar calefones eléctricos con calen-tadores de agua solares, reduciendo al mínimo el uso de los primeros. Un plan de estas características, ade-más de los beneficios ambientales para todos, es una fuente económica y oportunidad laboral a través de la creación de empresas suministradoras de este tipo de energía. Este plan iría acompañado de una campaña de concientización donde se promoverá un cambio cultural hacia el uso de energías alternativas. Este es un claro ejemplo de cómo es posible integrar el desarrollo productivo con el manejo ambiental-mente sustentable de los recursos del país.

5. Programas para la promoción del uso eficaz de los recursos energéticos.

Está a estudio del Poder Legislativo un Proyecto de Ley presentado por el P. E. en junio de 2008.Los aspectos más relevantes de este proyecto de Ley

tienen que ver con brindar información veraz a los consumidores, lograr establecer el procedimiento de etiquetado de electrodomésticos, la aplicación de un incremento fiscal muy fuerte a la comercialización de electrodomésticos ineficientes y a la emisión de Cer-tificados de Ahorro de Energía emitidos por el MIEM entre otros aspectos.Nos parece muy importante contribuir a la culmina-ción del trámite parlamentario de este proyecto y que se convierta en ley.

6. Fomento de medios de transporte de alto rendimiento.

Es importante comenzar un camino de fomento de medios de transporte de alto rendimiento en la re-lación carga transportada/consumo de combusti-ble (transporte fluvial, ferrocarril) y crear un Plan de enseñanza y capacitación sobre las bondades de las energías renovables (no agotadora de recursos) y de eficiencia energética, utilizando las sinergias de las políticas comenzadas en este período (Plan Ceibal y Plan Cardales).

7. Gestión Integrada de la Zona Costera.

Otra de las medidas a seguir implementando es la evaluación de la vulnerabilidad y adaptación al cam-bio climático en la zona costera.Uruguay cuenta con algo más de 600 kilómetros de costa y la misma representa uno de los principales recursos económicos del país, en especial para el tu-rismo. Es necesario realizar una gestión integrada de la zona costera, en coordinación con diferentes or-ganismos, abordando la diversidad de dimensiones y situaciones en el área. En este sentido se han estado realizando diversas acciones, coordinando con los diferentes actores le-gales, gestores y usuarios de la franja costera, con el objetivo de promover el manejo sustentable de la zona costera. Con el Programa EcoPlata, se promovió un modelo de gobernanza a través de una estructura interinstitucio-nal, con participación de la comunidad en la toma de decisiones de los temas costeros. Esto se ha logrado a través de procesos de educación y participación ciu-dadana, fortalecimiento institucional, capacitación y a través de la articulación de las instituciones y los diferentes actores sociales. Son estos los procesos y ámbitos que nos comprometemos a fortalecer y ex-tender, única forma de abordar temas tan complejos

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y diversos como los que involucran al territorio y la calidad del ambiente.En cuanto a la vulnerabilidad de las poblaciones cos-teras al cambio climático y otros factores antrópicos, se han identificado los principales riesgos de degrada-ción de los ecosistemas costeros, por lo que se deberá avanzar en el diseño de planes de contingencia adap-tados a las condiciones existentes. Se promoverán programas de adaptación al cambio climático en las zonas costeras, atendiendo a los sectores turísticos, pesqueros, de transporte marítimo, de urbanizacio-nes costeras, previniendo desde ya los problemas que sigan surgiendo por efecto del aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos. Creemos también fundamental promover el desarrollo productivo en las comunidades costeras, minimizando posibles impac-tos al ambiente, los recursos naturales y culturales.

8. Potenciar y desplegar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Las áreas protegidas contribuyen a conservar el patri-monio natural y cultural del país y ayuda a reducir las presiones causadas por algunas actividades humanas sobre el ambiente. Uruguay está implementando un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objetivo de conservar la diversidad biológica y usar sostenible-mente los recursos naturales. Uno de los efectos del cambio climático en la biodiversidad, es la fragmenta-ción de hábitats. Por eso se vuelve necesario conservar áreas naturales representativas de los ecosistemas na-cionales y gestionar las mismas de manera adecuada, con el objetivo de no perder el patrimonio natural del país. En el año 2000 se crea la ley Nº 17.234, la cual declara de interés nacional la creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Cinco años después se aprueba su decreto reglamentario y a continuación se trabajó en la fase preparatoria del Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Implemen-tación del SNAP, el cual se comenzó a ejecutar en el 2007. Con este proyecto se busca diseñar y comenzar a implementar un SNAP adecuado a las característi-cas de nuestro país. El SNAP es una herramienta para conservar la diversidad biológica en armonía con el desarrollo económico, social y cultural del país. Desde el ingreso de Quebrada de los Cuervos en 2008, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas comienza una etapa de planificación y gestión participativa en cada una de las áreas, sin dudas esta es una de las líneas de trabajo fundamental que un nuevo gobierno de izquierda deberá desarrollar y potenciar.

9. Gestión Integrada de Cuencas.

Otro tema relevante vinculado al cambio climático es el de los recursos hídricos. Con la recurrencia de eventos climáticos extremos, en particular las inunda-ciones y sequías, se deben tomar medidas de preven-ción y de mitigación de sus efectos. En este sentido se seguirá avanzando en medidas preventivas promoviendo la planificación territorial, saneamiento y gestión adecuada de residuos sólidos, mitigación de efectos ante desastres naturales, entre otros. Se reforzará el trabajo de gestión de riesgos que viene realizando el Sistema Nacional de Emer-gencias, fortaleciendo las capacidades locales para mitigar los efectos de eventos extremos. El agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida, de la biodiversidad y el desarrollo productivo. El abastecimiento de agua potable, el riego, la nave-gación, la recreación, los recursos pesqueros, etc., de-penden de los recursos hídricos del país y de la región, por lo que se deben generar una estrategia nacional de gestión sustentable e integrada de este recurso, mejorando la oferta de agua en calidad y cantidad y disminuyendo los impactos de la demanda, a través de una adecuada planificación de la producción y el bienestar social. Se avanzará hacia un manejo eficiente y sustenta-ble de los recursos hídricos, desde una perspectiva ecosistémica, teniendo en cuenta la escala natural de las cuencas hidrográficas. Estas medidas de pre-servación del agua y también del suelo, permitirá anticiparse a los problemas ambientales que limitan su utilización.El uso del suelo tiene estrecha relación con los re-cursos hídricos, por lo que se debe realizar también una adecuada planificación del mismo, tanto en la producción agropecuaria, como en la urbanización.Se fortalecerán los acuerdos y programas interna-cionales de Aguas Transfronterizas asumidos por el país, en especial los vinculados a proyectos pro-gramáticos y normativos en el Parlamento del MER-COSUR que permitan avanzar en la gestión de las cuencas hidrográficas compartidas con Argentina, Brasil y Paraguay. Se buscarán estrategias comunes con los países de la región a fin de lograr asistencia internacional, adquisición de tecnologías y creación de capacidades para la adaptación a esta nueva realidad en la región, según lo expresado por los Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en su Declaración de Santo Domingo en febrero de 2008.

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10. Implementar planes de soberanía alimentaria territoriales en todos los departamentos del país.

Estos planes integrarán la rica experiencia de la socie-dad civil como organizaciones de agricultores familia-res, redes de agricultura ecológica, huerteros urbanos, técnicos, educadores, consumidores organizados, pe-queñas empresas procesadoras y comercializadoras de alimentos pero también gobiernos locales donde destacan algunas experiencias de intendentes fren-teamplistas. Se propone dar un paso más y avanzar en políticas públicas de soberanía alimentaria donde los gobiernos locales tendrán un rol fundamental. Los organismos involucrados del gobierno central serán la OPP, el MGAP y el Ministerio de Ambiente. El objetivo de los planes será mejorar la calidad, canti-dad y diversidad de alimentos producidos localmente por agricultores familiares en circuitos cortos de co-mercialización, que incluirán mercados locales e insti-tucionales. Hospitales, escuelas, cuarteles, INDA, apo-yarán el desarrollo local sustentable con compras que prioricen a la agricultura familiar, alimentos orgánicos, empresas locales de procesamiento. Se desarrollará una normativa específica que facilite estos procesos. Los Planes de Soberanía Alimentaria no sólo se com-ponen de aspectos productivos y comerciales, incor-porarán el fortalecimiento de los agricultores fami-liares y sus organizaciones, la generación de alianzas y redes de agricultores con organizaciones urbanas, la educación para la sustentabilidad a través de las escuelas rurales, la conservación y reproducción de semillas criollas y la recuperación de la cultura local. Desde el punto de vista científico y técnico se privi-legiará un enfoque agroecológico, contando con la participación de organizaciones de apoyo a pequeños agricultores, el INIA y la Universidad. Se promoverá un enfoque flexible apropiado a cualquier agricultor familiar que podrá integrar los planes dentro de un proceso de transición que demuestre mejora de los indicadores ambientales y sociales. Para los produc-tores orgánicos se desarrollarán apoyos específicos dado su necesidad de certificar la producción.

c) Participación ciudadana e información ambiental.

El diseño de la Política Ambiental debe realizarse desde la globalidad hacia las partes, involucrando a todos los actores, desde el gobierno al vecino organi-zado. El centro de la Política debe estar en provocar

un cambio cultural. Esto es, lograr que cada persona se considere administradora de los recursos del pla-neta y, por lo tanto, responsable de su uso y legado a las futuras generaciones. En esta perspectiva es ne-cesario reforzar el marco institucional para habilitar y favorecer la participación del vecino como ciudadano responsable, capacitándolo para su buen desempeño en el ejercicio del rol.Las estrategias de trabajo que apunten a un modelo realmente sustentable, deben inexorablemente con-tar con una activa participación de nuestros ciudada-nos, única forma de lograr compromisos permanentes en tareas cotidianas o de largo aliento. La búsqueda diaria, para generar instancias reales y concretas de participación ciudadana en la gestión del ambiente, es sin dudas una de las señas características de un gobierno de izquierda. Por eso entendemos funda-mental promover la Participación Ciudadana, el ma-nejo transparente de la información y las políticas de Educación Ambiental, como elementos claves de la Política Ambiental del gobierno del FA, no porque nos aseguren por sí mismos la resolución de los pro-blemas ambientales, pero sí por ser imprescindibles para alcanzar el objetivo último: la mejora de la cali-dad de vida de nuestros ciudadanos.

11. Desplegar a un nuevo nivel la experiencia de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente – COTAMA.

Estos años de trabajo de la COTAMA marcan algu-nas conclusiones. Más allá de algunos necesarios ajustes en relación a su composición y funciona-miento, es una herramienta realmente significativa como espacio de asesoramiento técnico y partici-pación institucional.Este ha sido un ámbito importante para avanzar en propuesta de estándares en diferentes temas.La COTAMA puede y debe jugar un rol fundamental a los efectos de ofrecer un terreno relevante para la participación social e institucional en la definición de lineamientos de la gestión ambiental a nivel nacional.

12. Promover una Agenda 21 nacional basada en las experiencias locales.

La Agenda es una muy importante herramienta para la búsqueda de consensos que permiten encarar caminos conjuntos de cuidado y mejora del ambiente.La Agenda 21 es un documento elaborado en la Cum-

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bre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, por el que todos los gobiernos del mundo se compro-meten a establecer en sus respectivos países estrategias de desarrollo sustentable para abordar los principales problemas actuales como las situaciones de pobreza y exclusión social, el deterioro del ambiente, etc. En dicho documento se reconoce explícitamente que esta labor no debe quedar exclusivamente a cargo de los gobiernos, sino que debe implicar a todos los ciu-dadanos, a asociaciones, empresas, sindicatos, colec-tivos de jóvenes y de mujeres, grupos ambientalistas, ONG’s, etc. El programa de implantación de la Agenda 21 pasa por que el gobierno nacional, cada intendencia, o in-cluso a nivel regional, con apoyos del ámbito nacional e internacional, se elabore un plan de desarrollo sos-tenible a partir del análisis de sus recursos y contando con la participación de la comunidad. Este proceso, conocido como Agenda 21 Local, resul-ta sin dudas una de las bases para la elaboración en forma participativa, de una Política Ambiental.En este marco, una de las primeras tareas que im-pulsaremos tomando como referencia principal de trabajo la COTAMA, será la realización de una Agen-da 21 Nacional. De la misma forma, tomando como referencia dichos trabajos, se elaborarán Agendas 21 departamentales o regionales, en base al análisis y los acuerdos logrados con los actores sociales e institu-cionales, nacionales y locales.

13. Creación de espacios de coordinación departamentales o regionales.

El seguimiento de los lineamientos y compromisos plasmados en las Agendas 21 Locales, así como la permanente coordinación entre diversos actores so-ciales e institucionales con incidencia en la gestión del ambiente a nivel nacional, regional o local, requieren de ámbitos formales y permanentes, convocados des-de el gobierno.Estos espacios interinstitucionales, tienen la capacidad no solamente de asegurar el seguimiento de la Agen-da 21 Local, de facilitar la articulación entre las acciones que realizan los diversos actores, sino también de brin-dar apoyo y asesoramiento técnico en las instancias que sean necesarias.La formación de estos espacios departamentales o re-gionales, con fuerte vinculación con la Agenda 21 Local, será uno de los ejes y apuestas centrales con el objetivo de consolidar una Política Ambiental Participativa.

14. Construcción de capacidades para el Monitoreo Ambiental Ciudadano.

El segundo Gobierno Progresista en nuestro país, de-berá poner especial énfasis no solamente en una só-lida Política Ambiental, sino también en mecanismos e instancias que permitan a los vecinos organizados en cada uno de los departamentos, participar activa-mente en el monitoreo y seguimiento de los temas que ellos mismos identifiquen como prioritarios.Al momento de plantear el desarrollo en todo el país de experiencias de Monitoreo Ambiental Ciudadano, nos parece importante destacar:

si concebimos el cuidado del ambiente como una •responsabilidad compartida, y apostamos fuerte-mente a lograr compromisos ciudadanos en esta materia, debemos generar espacios reales no so-lamente para la definición de grandes lineamien-tos (Agendas y Planes de trabajo Locales), sino también para conocer, monitorear y realizar un seguimiento de los temas que en cada localidad se entiendan como prioritarios.los principales problemas ambientales de nuestro •país, están casi siempre asociados a dificultades en los mecanismos de control y vigilancia am-biental, la participación de los vecinos, con me-canismos claros y transparentes, sin duda ayudan a solucionar de forma articulada entre el Estado y la Sociedad Civil, problemas que no pueden ni deben resolverse exclusivamente con los recursos del Estado.

Se generarán ámbitos donde se integren organizacio-nes sociales de distinto tipo, que quieran participar en actividades de Monitoreo Ambiental Ciudadano que deberán conjugar:

manejo transparente de la información: • ésta proviene de los ámbitos de gobierno nacional o departamental, de organizaciones sociales y de los grupos locales y se colectiviza en un órgano central mixto. capacitación: • requisito indispensable para lo-grar una real participación basada en un diálogo abierto y directo entre vecinos, técnicos y deci-sores gubernamentales; dependerá en cada caso concreto quién o quiénes la imparten y quiénes la reciben.monitoreo ambiental:• concebido como herra-mienta participativa democratizadora y eficaz de la gestión ambiental con un fuerte componente de control ciudadano.

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15. Promoción de cultura e instrumentos para el manejo transparente de la información.

Una adecuada información y comunicación pública, son condición para una gestión ambiental participativa, úni-ca estrategia posible para enfrentar situaciones comple-jas como las derivadas de los aspectos ambientales. La Ley de Protección del Medio Ambiente (N° 17.283, aprobada en noviembre del 2000) reconoce como un principio que “la gestión ambiental debe basarse en un adecuado manejo de la información ambiental, con la finalidad de asegurar su disponibilidad y acce-sibilidad por parte de cualquier interesado”.Nuestro gobierno se preocupará especialmente para que la Política Ambiental Nacional tenga como uno de sus ejes fundamentales el manejo transparente de la información, tanto en lo que tiene que ver con el esta-do del ambiente como con las acciones desarrolladas por diferentes actores sociales e institucionales. En ese sentido, se priorizarán las siguientes herramientas:

Concreción y puesta en funcionamiento de un •Sistema Nacional de Información Ambiental que reúna, coordine y actualice toda la información dispersa que se genera en el país en diversas insti-tuciones públicas y privadas, la procese y la ponga a disposición del público.Publicación de un Informe Ambiental Anual, con •datos acerca del estado del ambiente y de las ac-ciones desarrolladas, tal cual lo prevé la Ley de Protección del Medio Ambiente.Monitoreo Ambiental Ciudadano, donde los veci-•nos organizados y participantes en esta experien-cia, recibirán información sobre los temas que se entiendan prioritarios.

16. Audiencias Públicas.

Creemos fundamental profundizar la herramienta de la Audiencia Pública como un verdadero espacio de intercambio y consulta a la ciudadanía, mejorando su alcance y potestades.

17. Educación ambiental y estrategia nacional para la educación para el desarrollo sustentable.

Frente a un modelo social basado en el consumo compulsivo, en la concepción de lo natural como in-finito y de la naturaleza al servicio del hombre, con el

planteo de políticas y actividades de Educación Am-biental apuntamos a contar con ciudadanos solida-rios, conscientes y responsables para con su ambien-te, y al desarrollo de una sociedad que viva en forma sostenible con su medio. En este sentido, hacemos nuestros los objetivos plan-teados por el Seminario Internacional de Educación Ambiental realizado en Belgrado en 1975:Toma de conciencia: estimular una toma de concien-cia acerca de los temas ambientales, a actores sociales e institucionales, así como a la ciudadanía en general.Conocimientos: estimular una mayor comprensión de la temática ambiental y de los problemas conexos.Actitudes: estimular una mayor participación ciudada-na (participación individual y colectiva) en el cuidado del ambiente, consolidar una mayor conciencia y un senti-do de responsabilidad con respecto a estos temas.Aptitudes: colaborar para que dichos actores ad-quieran las aptitudes para resolver dichos problemas.En lo que refiere a las principales líneas de acción de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental, creemos importante incluir:

la investigación y el desarrollo del conocimiento •científicola formación y capacitación en temas ambientales•la información, comunicación y difusión de los te-•mas ambientalesla orientación y el apoyo educativo•la búsqueda de una importante participación ciu-•dadana en la gestiónuna gestión basada en la planificación y evalua-•ción de los programas en curso.

Temas tan importantes y diversos como la preserva-ción de áreas naturales o incluso la separación en ori-gen y el reciclaje de residuos, requiere de un fuerte sustento de educación ambiental que asegure el com-promiso y la participación de nuestros ciudadanos.La experiencia desarrollada desde la Red Nacional de Educación Ambiental, sin dudas es la base fundamen-tal a partir de la cual avanzaremos en una Estrategia Nacional de Educación Ambiental en todo el país.

d) Un territorio habitable.

En Uruguay, más del 90 % de la población habita en áreas urbanas. Nos importa entonces la distribución y gestión de servicios y recursos necesarios para hacer de éste un territorio habitable y sostenible ambien-talmente. Más de un millón de viviendas conforman el stock habitacional, de las cuales más del 50% in-tegra el déficit cualitativo, y si bien la cobertura de los servicios básicos es alta en Uruguay en relación

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a otros países, existen factores desequilibrantes que agudizan y profundizan procesos de precarización y pobreza urbana. Las políticas de vivienda deben formar parte de una idea de desarrollo de país, del ordenamiento territo-rial y el desarrollo urbano buscando la equidad terri-torial y la inclusión social como parte de una verdade-ra visión de desarrollo sostenible. Es necesario integrar el concepto de hábitat que incluye la escala barrial a la dimensión del habitar y considera además de la vivienda, los servicios, las infraestructuras y los equipamientos, elementos que aseguren la integralidad y la sostenibilidad urbana y ambiental.

18. Acciones para promover ciudades sostenibles.

Impulsar la idea de “ciudad sostenible”, para encarar de esa forma una transformación de los modos de producción y de consumo de la ciudad y transformar y desarrollar sustentablemente sus barrios. La sosteni-bilidad a escala urbana se vinculará con el barrio y la mejora progresiva del hábitat mediante la participa-ción de los distintos niveles de la sociedad civil. En Uruguay el sector residencial representa casi el 30% del consumo total de energía. En la escala de la vivienda, debemos optimizar la “performance ener-gética”, mejorando las condiciones de confort y la salud de sus usuarios.La pobreza urbana, los factores de la economía glo-bal, la precarización del empleo y el retiro del Estado en las últimas décadas como garantía de inclusión y equilibrios socio económicos, han generado enor-mes áreas de exclusión y fragmentación socio terri-torial con producción y reproducción de la ciudad precaria e informal. En los asentamientos clasifica-dos por el PIAI (más de 600) se concentran unas 240 mil personas.El impacto social y ambiental de este proceso signi-fica un enorme desafío para las políticas de Estado, que deberán pasar por una adecuada gestión de los recursos y apuntar a la generación de un territorio más habitable.

Estrategias para la Producción social del hábitat.

Respecto a la “producción social del hábitat”, la política habitacional tendrá como objetivo central facilitar el acceso y permanencia de la población a

un hábitat digno, respetando la diversidad y hetero-geneidad de las situaciones y promoviendo la parti-cipación social efectiva.Una política con centro en el ambiente debe cons-truir alternativas que contemplen las necesidades de nuestra población de bajos recursos, aportando a la calificación del hábitat y en particular de la vi-vienda popular. La falta de atención correcta del problema habitacio-nal hoy, repercute en mayores gastos en otras áreas en el futuro, provocando un consumo desmesurado e irracional de recursos naturales y energéticos, al tiem-po que los lineamientos acertados generan una enor-me racionalización de los recursos en todas las áreas.

19. Producción participativa, autoconstrucción y cooperativismo.

Serán apoyados especialmente los procesos de pro-ducción participativos y de autogestión, apoyando la autoconstrucción asistida tanto familiar como colecti-va, enfatizando la experiencia cooperativa.

20. Rehabilitación de áreas centrales de las ciudades.

Se instrumentarán programas para la rehabilitación social y física de las áreas centrales de la ciudad, para conservar y mejorar el patrimonio edificado, preser-var recursos e impulsar la inclusión social y el mejor aprovechamiento de la estructura urbana existente mediante planes especiales de mantenimiento densi-ficación y mejora del stock habitacional.Esto será complementado con programas para la re-calificación de las condiciones habitacionales en áreas intermedias precarizadas y las de nueva expansión metropolitana.

21. Microcréditos de bajo interés.

La autoconstrucción se apoyará decididamente con programas de micro-créditos de bajo interés, apo-yo técnico y canasta de materiales para un amplio sector de familias que necesitan mejorar sus condi-ciones de vida y donde se podrá trabajar por auto-construcción y pequeñas empresas con generación de empleo y capacitación.

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SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

En lo que refiere a la actividad física, el avance generado en este período ha de-jado una base sustancial para ir hacia la conformación de un Sistema Nacional In-tegrado de Educación Física y Deportes.

Se aprobó la Ley que decretó la obligatoriedad de la Educación Física Escolar, creándose los créditos pre-supuestales para la contratación de los profesores co-rrespondientes para cubrir todas las escuelas públicas urbanas del país; se redactó la base de una ley Nacio-nal del Deporte que ya se encuentra en el Parlamento para su consideración por parte de los parlamenta-rios; se actualizó el presupuesto de la Dirección Na-cional de Deportes (DINADE) el cual, recién en 2008, tuvo una cifra acorde a las necesidades. Toda la formación docente es de carácter universita-rio (la pública y la privada), lo cual puede facilitar la investigación, la integralidad, la capacitación perma-nente, la transversalización, etc.Se está desarrollando un proceso de mejoramiento edilicio de las Plazas de Deporte de la DINADE; se han realizado mejoras en los grandes escenarios de Monte-video y el interior (Velódromo de MVD, Pista Oficial de Atletismo, Cilindro Municipal, Pista de Regatas), Pista de Atletismo en el Estadio Paiva Olivera de Rivera, Pis-cina y Gimnasio de Trinidad, aportes del gobierno na-cional para mejoras en el Campus de Maldonado, etc. Todas las Intendencias Municipales han creado algún tipo de oficina, secretaría, dirección u otra modalidad administrativa, referida a la actividad física y el depor-te. Por ende, en el marco del Congreso Nacional de Intendentes se ha constituido la Comisión Intermu-nicipal de Deportes la que ha ayudado a iniciar un procesos de articulación entre los municipios. El sistema educativo ha retomado la senda de la com-petición deportiva dentro de sus planes y programas, generando el ámbito propicio para introducir una ver-

dadera estrategia de torneos nacionales escolares y liceales que se pueden transformar en un espacio de detección de talentos para los deportes federados.Se ha comenzado en Montevideo (aunque aun de manera incipiente, y en coordinación con el M.T.yD. y el área metropolitana), un Plan Director de Infraes-tructura Deportiva. ONFI ha desarrollado una estrategia de capacitación a los referentes voluntarios de dicho mo-vimiento del fútbol infantil nacional que mueve aproxi-madamente unos 60.000 niños por fin de semana.Se creó por ley la Comisión Asesora de Seguridad en el Deporte que está integrada por actores públicos y privados. Se instaló en Montevideo la oficina para las Américas de la WADA, referida al dopaje en el alto rendimiento.Se instaló en presidencia de la República la figura del asesor presidencial en deportes, desarrollando desde allí una serie de actividades y programas con singular éxito, como por ejemplo, el Knock out a las Drogas. Se creó el Programa Uruguay a Toda Costa, propues-ta integradora del deporte y la cultura en los depar-tamentos costeros.Se lanzó el proyecto “Gol al Futuro”, en apoyo al fút-bol juvenil con perspectiva multidisciplinaria e inte-rinstitucional.

Ejes políticos de un Gobierno Popular en Actividad Física y DeportesLas propuestas de orientaciones y objetivos de los documentos del Congreso de diciembre de 2008 del Frente Amplio están organizados en torno a grandes ejes temáticos. En todos ellos puede apreciarse de una y otra forma el papel del deporte y la educación física. La actividad física y el deporte son herramientas que perfectamente se desarrollan en una política progre-sista que busca fundamentalmente el bienestar de la gente, procurando su participación en los distintos procesos de construcción de los proyectos.

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Reafirmamos la importancia estratégica que tiene el deporte y la actividad física.“El deporte como factor de integración regional”: pocas actividades pueden comprender un sentimiento nacional como el deporte. La representación de lo local se transforma en nacional cuando se imagina a cualquier deportista con la camiseta celeste de la selección nacional de cualquier deporte. “La actividad física y el deporte como elemento de salud de la población”: según la OMS, todo dó-lar invertido en el deporte se transforma en 3 que el sistema sanitario se ahorra. “El deporte como elemento de inclusión social“. El deporte genera espacios de comportamiento en conjun-to, en equipo. El pertenecer a una institución deportiva inculca reglas de funcionamiento, de respeto a las nor-mas de convivencia, a aceptar la derrota y la adversidad, asimilando la enseñanza y potenciando las capacidades para luego transformarla en éxitos. La inclusión social y la participación organizada de la comunidad encuentran en la actividad deportiva una oportunidad de sentirse partícipes, representados, incorporados con un fuerte protagonismo.“Atención al deportista como fiel represen-tante de un sistema popular”: el deportista de representación nacional está orgulloso de vestir la camiseta que representa al país. Tenemos que des-tacar y apoyar mucho mas a ese emblema que par-ticipa y a su vez estimula a otros a seguir en esa dirección. Representar al Uruguay, además de ser un reconocimiento deportivo personal, deberá ser un orgullo para todo quien se sienta respaldado por un gobierno popular y progresista que lo destaca por su esfuerzo y compromiso.A partir de estos fundamentos, se propone separar el Ministerio de Turismo con el de Deporte y crear una institucionalidad eficaz y eficiente para que el Estado cumpla los siguientes roles:

Garantizar el derecho a la práctica de la educación 1. física y el deporte a toda la población de la Repú-blica Oriental de Uruguay promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades.

Planificar, promover, incentivar y orientar a la ins-2. tauración de Sistemas de actividad física, el de-porte y la recreación a nivel nacional con la amplia participación de los diferentes actores vinculados a los mismos.

Elaborar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar 3. y evaluar planes y programas generales del país en el campo de la actividad física, el deporte y la recreación.

Distribuir el presupuesto equilibradamente basán-4. dose en criterios técnico-profesionales, de pro-yectos sustentables y ambientalmente viables.

Promover el deporte de alta competición que 5. eleve la representación internacional de nuestro país en el concierto sudamericano, panamericano y mundial, promoviendo el desarrollo de las fe-deraciones deportivas a través de procedimientos transparentes y cristalinos.

Supervisar el normal desarrollo de los deportes 6. profesionales ajustado a la normativa vigente. Co-laborar y velar en la aplicación de programas de educación y prevención de uso de drogas.

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Objetivos

Establecer los mecanismos que permitan el fomen-•to, masificación, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre mediante la integración funcional de los organismos, procesos, actividades y recursos de este sistema.Organizar y establecer las modalidades y formas •de participación comunitaria en el fomento, de-sarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, que aseguren la vigencia de los principios de participación ciu-dadana.Establecer un conjunto normativo armónico que •regule el fomento, masificación, desarrollo y prác-tica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y los meca-nismos para controlar y vigilar su cumplimiento.

Ejes temáticos

A) DEPORTE DE COMPETENCIA Y ALTO RENDIMIENTO.

Instalar un sistema único de medición y planificación •nacional de la alta competencia.Mejorar el aporte económico a las Federaciones •Deportivas de acuerdo a la planificación de las mismas.Planificación de torneos nacionales escolares.•Política de Detección de talentos y especialización •deportiva a nivel nacional.

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Creación progresiva de un centro de Alto Ren-•dimiento.Profundización de los vínculos regionales para •optimizar el aporte a través de convenios de las políticas de alto rendimiento de países vecinos.Creación del programa Garra Celeste, que poten-•cie los valores del deporte y los identifique con los referentes deportivos nacionales.

B) DESARROLLO DEL DEPORTE COMUNI-TARIO Y LA INICIACIÓN DEPORTIVA.

Creación de los Torneos Deportivos Nacionales •Gral. José Artigas.Fortalecimiento de los programas de deporte co-•munitario de las Plazas de deportes a nivel na-cional en coordinación con los Municipios y el MIDES.Pasaje de las Plazas de Deportes a los Municipios •y/o Alcaldías.Creación de un Sistema de planificación nacional •de las políticas de iniciación deportiva con las Fe-deraciones.

C) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.Finalizar el Plan de Infraestructura Deportiva de •Montevideo y Área Metropolitana.Hacer el Plan Nacional de Instalaciones Deportivas.•Fortalecer las inversiones de plazas y espacios pú-•blicos que posea infraestructura deportiva. Generar un plan de cerramientos de piscinas pú-•blicas de las Plazas de Deportes en zonas más ale-jadas de la costa.Generar una estrategia de potenciar equipamien-•to de alta competencia con sentido integrador y equilibrado a nivel nacional.

D) EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, LICEAL Y UNIVERSITARIO.

Potenciar los torneos deportivos escolares naciona-•les dotándolos de mayor presupuesto y logística.Potenciar los torneos deportivos liceales naciona-•les dotándolos de mayor presupuesto y logística.Fomentar en mayor medida el deporte y la activi-•dad física a nivel universitario.Potenciar la planificación de líneas rectoras coor-•dinadas entre los distintos estamentos de la edu-cación en el área.Mejorar las instalaciones deportivas de los centros •educativos y su uso a nivel comunitario.Profundizar en las políticas de género en la parti-•cipación deportiva.

E) LEGISLACIÓN JURÍDICA DEL DEPORTE.Aprobación de la Ley General de Educación Física •y Deportes.Legislar sobre las transferencias deportivas.•Regularizar las profesiones del ámbito del deporte.•Regularizar las habilitaciones de las instalaciones •deportivas.

F) SALUD Y CALIDAD DE VIDA (DROGAS Y VIOLENCIA).

Potenciar al deporte como agente preventivo en •el marco del Plan Nacional Integrado de Salud.Crear campañas de bien público que promuevan •hábitos saludables.Generar programas de recreación y turismo de-•portivo familiar y social.Profundizar los planes del Knock out a las drogas, •instalando más academias deportivas y tableros de básquetbol en plazas públicas.Legislar y profundizar sobre las políticas del dopaje.•Profundizar sobre la legislación vigente acerca de la •violencia en escenarios deportivos.

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IGUALDAD Y LIBERTAD: de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento

2 programas, 3 lineamientos y 6 medidas concretas en tecnologías de la información

2 programas:

Programa de Alfabetización digital universal.1.

Programa Integral de Capacitación a distancia en 2. Tecnologías de Información.

3 lineamientos:

6 medidas concretas:

Desde que en la pasada campaña electoral el Fren-te Amplio incluyó una visión del país organizada en lo que fue conocido como “Los cinco Uruguay”, los temas de la innovación, la cohesión social, la inte-gración regional, los derechos humanos y el derecho al trabajo productivo de sus ciudadanos integran la agenda diaria. Bien sabemos que se trata de un avan-ce significativo porque ésa es la demanda primera para toda gran política pública de nuevas dimensio-nes. La definición de políticas, la realización de planes específicos y la creación de ámbitos institucionales de primer nivel constituyeron logros indiscutidos del gobierno frenteamplista. El salto cualitativo verificado en estos años también señalan la otra cara: allí estuvo una de las grandes omisiones de la vieja época de gobiernos blanquicolorados.

En otras ocasiones hemos pasado revista a los re-sultados generales del gobierno de Tabaré Vázquez, cualquiera sea los indicadores que uno tome para su análisis. Es ese listado de ideas y obras que marcaron precisamente un cambio de época, una nueva eta-pa histórica y que lleva a concitar niveles inéditos de aprobación de la ciudadanía a una gestión. En ese plano, se subraya la importancia concedida a la inno-vación científico-técnica y la educación, donde tam-bién la lista sería abundante pero que puede ilustrarse con la creación de la Agencia para la Investigación y la Innovación (ANII), la Agencia para el Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC), o con la implementación del Plan Ceibal y el proyecto del Plan Cardales.En esta presentación, con el mismo norte que nos propusimos desde esta opción, continuidad y cambio, queremos destacar la importancia que vamos a darle

Procurar una mejor articulación entre todos los 1. componentes del Sistema.

Incentivar la aplicación de ciencia y nuevas tecno-2. logías a la mejora de la producción y de la calidad de vida en todos los aspectos.

Orientarse al mundo.3.

Mantener la Infraestructura en Tecnologías de 1. la Información en un plano competitivo a nivel mundial.

Continuar la apuesta estratégica a la Industria del 2. Conocimiento.

Detectar y apoyar a los micro-productores de la 3. Industria del Conocimiento.

Colaborar con la consolidación de Conglomera-4. dos por nichos de capacidad productiva y procu-rar su certificación a nivel internacional.

Crear una “Fuerza de Tareas” nacional que diag-5. nostique, proponga recomendaciones y eventual-mente realice intervenciones de reingeniería en todos los ámbitos de la gestión pública.

Masificar la Capacitación e Incrementar la Produc-6. ción de Recursos Humanos calificados para la In-dustria del Conocimiento, cuya demanda seguirá creciendo en los próximos años a nivel mundial.

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en el segundo gobierno del Frente Amplio a forta-lecer el camino que nos lleve hacia la sociedad del conocimiento.

La presencia por todos los rincones de las tecnologías de la comunicación y la información o TICs, como se las conoce, es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Su impacto se ve hasta en esta misma sala, cuando este encuentro se transmite por internet y donde de un momento a otro sonará un celular o llegará alguien con una notebook, una cámara o un grabador. Estas palabras aparecerán tal vez en televisión, radio, algu-nos diarios y semanarios, junto a fotos o quizás alguna caricatura. Nuestro equipo publicará estas propuestas en la web y circulará por miles en las redes electrónicas. Estamos acostumbrados a que esto forme ya parte de nuestra vida. Pero la pregunta de fondo es ¿cómo hace-mos para que estos cambios nos beneficien como socie-dad, como grupo humano con objetivos comunes?Aunque se ha señalado en distintos ámbitos, quiero reiterar un concepto que me parece claro y definitorio de cualquier proyecto de país: en esta sociedad con-temporánea se aprecia demasiadas veces una inver-sión de valores, los que son fines se vuelven medios y la obtención de éstos, o la cantidad que se poseen, parecen ser la última finalidad del ser humano. Gra-ve y extendida tergiversación que hace creer que el crecimiento material es el fin en sí mismo. Permítan-me, dejar sentado nueva y particularmente en esta presentación, que encandilarse con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuyos avances en estos últi-mos siglos son realmente deslumbrantes, sin reparar que aún hoy en el mundo hay millones de personas sin acceso al agua potable, a la corriente eléctrica y a condiciones mínimas de salud y confort, es invertir medios y fines. La posesión excluyente de los mayores avances científicos y tecnológicos, especialmente en el campo de la información y el conocimiento, hacen más injustamente abismal la condición de quien no puede acceder a los mismos.

Lo puedo decir desde mi profesión personal pero lo sabemos todos, el desarrollo científico y tecnológico es un gran instrumento para comprender mejor nues-tra realidad y, compartido solidariamente, es un fac-tor determinante para un mejor desarrollo humano. Entonces, ¿qué hacer para potenciar estas posibilida-des y no limitarnos a recibir esta forma de moderni-dad sólo como “consumidores” de tecnología y de contenidos? ¿Cuál es el camino que nos permite co-municarnos y producir libremente, innovar, generar puestos de trabajo de alta calidad y bien remunera-

dos, conocer lo mejor del resto del mundo al tiempo que mostramos lo nuestro, respetando nuestra pro-pia cultura y desarrollándola?Uruguay es un país chico y con una población peque-ña para el continente donde estamos. Competir por cantidad o a partir de materias primas con poca elabo-ración es un camino estrecho. El camino del país está en educarse, preparándose con flexibilidad para un mundo que se mueve a ritmo vertiginoso. Y preparar-se significa optar por un modelo de desarrollo que sea humano y ambientalmente sustentable, que agregue inteligencia a nuestra producción, que sea justo para con los trabajadores, que abra oportunidades para los emprendedores y que nos permita romper con mo-delos que daban una participación marginal a países como el nuestro.

Este modelo que estamos proponiendo es el de un país productivo que dé especial relevancia a las tec-nologías de punta, que se base en la educación de su pueblo, que respete los derechos de empleadores y empleados, que nos integre con atención a nuestras propias formas de ver al mundo.Tomemos un punto. Hoy puede decirse con bastante certeza que la industria del software no tiene techo y que todos los recursos humanos que puedan gene-rarse con diverso grado de formación en esa perspec-tiva serán utilizados. Este es un aspecto central, que permite ver por ejemplo el Plan Ceibal en sus más va-riadas y múltiples posibilidades. Adelanto ahora tres proyecciones muy concretas que precisaré luego en propuestas prácticas: abatir la brecha digital en las nuevas generaciones, generar más valor agregado en todas las áreas y disponer de más recursos humanos con conocimientos de distinto nivel pero todos valio-sos en manejo de herramientas informáticas. Como lo dijimos cuando hicimos nuestra presentación de economía, la formación técnica y profesional es vital para nuestro país. Y en ese mismo sentido, reitera-mos que es clave mejorar la eficiencia en la creación de profesionales universitarios.

La base y el entorno de ese desarrollo es una genuina democracia cultural, es todo lo que apunte a niveles de igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías, a la sociedad de la información, y que simultáneamente dé herramientas para que esa ciudadanía crezca en libertad.El camino elegido ya comenzó, pero la apuesta es profundizar ese cambio, ampliando el Plan Ceibal a Secundaria, llevando la alfabetización digital a los adultos y veteranos, fomentando la creación cultural

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y volcándola al mundo, aprovechando las oportuni-dades que nos dará el aún incipiente Plan Cardales. La política en Ciencia, Tecnología e Innovación, jun-to con la política Educativa deben ser una prioridad estratégica de gobierno. No sólo queremos un Uru-guay integrado y adaptado a la era del conocimien-to. Queremos liderar la era del conocimiento. Eso no solamente va a traducirse en impactos positivos en la calidad de vida, en la producción y en el trabajo de los uruguayos. En última instancia significa recuperar y elevar la autoestima, el orgullo de los uruguayos por vivir en nuestro país.

Quiero aprovechar esta oportunidad para comentar algunas iniciativas, pero sobre todo una en especial, de fondo. En el camino que proponemos, como decíamos, es necesario garantizar como un derecho humano de-terminante en el mundo que vivimos el derecho a la comunicación. La importancia de las Tecnologías de la Información en la intensidad de este siglo XXI, en este mundo cada vez más interconectado lleno de oportunidades y amenazas, nos impone más que nunca plantearnos el deber de asegurar el acceso de todas las personas en condiciones de igualdad mate-rial a la información y al conocimiento. Y promover el doble carácter de esa accesibilidad, el consumo y la producción.

Creo que un componente esencial del país que quere-mos es el pleno ejercicio de la ciudadanía cultural y allí le cabe un papel determinante a las tecnologías de la información y a los medios de comunicación.Por supuesto, entre múltiples factores que importan para un pleno desarrollo cultural de las personas (en su acepción más vasta), también es determinante la educación, la educación formal y no formal. Lo menciono expresamente, aunque no sea motivo de esta reunión, porque yo creo que estas estrategias están profundamente entrelazadas.

En esa dirección, desde febrero hemos trabajado con nuestros equipos de contenidos en la presentación de diferentes énfasis que queremos formular sobre la base del programa de nuestro FA. En las últimas semanas hemos presentado planes y propuestas con-cretas en materia económica, de seguridad, de cultu-ra, de deportes, sobre hábitat y ambiente, como lo hacemos respecto a políticas de ciencia y tecnologías de la información. Entre los grupos de trabajo que instalamos con exce-lentes profesionales, hay varios que tienen directa re-

lación con los temas que aquí se tratan. Allí surgieron propuestas muy concretas que me parece tienen que ver con el rol específico del estado en estas áreas.Proponemos, dos programas concretos para avan-zar en estas líneas de democracia cultural. En primer lugar, Programa de Alfabetización digital uni-versal. El despliegue del Plan Ceibal en el territorio nacional dejó atrás la brecha digital territorial (que separaba a la gente que vive en el medio rural o el interior respecto a la de las grandes ciudades) y la de género (entre mujeres y varones) y puso la línea den-tro de la familia. Hoy decenas de miles de madres y padres no pueden utilizar las herramientas informáticas que el Estado compró y entregó a los escolares. Imprescindible tender un puente entre ambas partes, permitiendo que la computa-dora XO sirva para unir la familia y no para marcar una separación dentro de la familia entre quiensabe y pueden utilizarla y quienes quedan rezagados, al costado del camino.

Una política pública tendiente a lograr la alfabetiza-ción digital universal de adultos a realizarse a través del Ministerio de Educación y Cultura. El objetivo in-mediato no es que la gente aprenda “computación” o “informática” sino que sepa manejar una computa-dora para escribir, leer, comunicarse y entretenerse.Para ello definimos claramente que la población ob-jetivo primaria está compuesta por todas aquellas familias que tengan en su casa una computadora y deseen aprender a usarla. Es posible también dise-ñar alternativas para enseñar a aquellos que, sin tener una, quieren integrarse. Por supuesto, hemos previsto costos e indicadores de evaluación.

En segundo lugar, nos proponemos desarrollar un Programa Integral de Capacitación a distan-cia en Tecnologías de Información, es decir refor-zar capacidades y competitividad del Uruguay en tec-nologías de la información, masificar la capacitación e incrementar la producción de recursos humanos calificados para la industria del conocimiento, cuya demanda seguirá creciendo en los próximos años a nivel mundial. Capacitar principalmente a los pre-adolescentes y adolescentes que “egresan” de Pri-maria con su computadora XO del Plan Ceibal. la XO de los alumnos que ingresen al tercer año de Secun-daria facilitarles el uso de una computadora más po-tente y grande. La XO deberá ser recertificada para volver a los niños de Primaria.Estas iniciativas se apoyan en la convicción de gran-des avances que se han registrado en nuestro país

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en los últimos años. Hablé del Plan Ceibal. Creo que el Plan Cardales, que ya está planificando un piloto para el interior en la segunda mitad de este año, es una gran propuesta que ha lanzado el gobierno. De-cía hace poco para un reportaje: permitir la llegada del “triple play” (telefonía, internet y TV cable) a cada hogar del Uruguay (y no sólo a los de la costa montevideana y las capitales departamen-tales) es algo que dejaría al país en una posición de ventaja en la región. Por las posibilidades que brinda a la gente y por la justicia que implica dar un servicio de tipo básico pero universal a todos los rincones del país. Todo esto implicará una gran ampliación de públicos, posibilidades de múltiples desarrollos de diferentes escalas y también nuevos mercados.

Basta pensar: en Uruguay tenemos 1.062.000 hogares y hay cerca de 600.000 que todavía no acceden a internet y a la TV para abonados. Y conste que pienso en todas sus manifestaciones: la recreación y el entretenimiento, la producción y el consumo cultural, la educación y la gestión del conocimiento.

A su vez, esta gran expansión, veloz, interior y exte-rior, genera la necesidad de repensar las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad. Implica reglas claras, definiciones de largo plazo.

Me consta que está en debate el papel de las em-presas públicas, y específicamente de ANTEL. Tam-bién he dado mi opinión recientemente al respecto: “ANTEL es una gran empresa, líder en varios secto-res y muy competitiva en otros. Su existencia es de enorme importancia para el país, pero en especial para aquellos que viven en las zonas más alejadas y por eso menos rentables desde el punto de vista co-mercial. En los próximos años ANTEL deberá adap-tarse a la nueva realidad en que el monopolio de la telefonía fija cada vez es menos valioso. La mayor parte de los servicios que se daban a través de ese monopolio hoy pueden darse con métodos alterna-tivos (inalámbricos, satelitales, etc.). En la medida que la tecnología cambió, también el negocio cam-bio y ANTEL deberá adaptarse a la nueva realidad. ANTEL es una empresa grande y si aumenta las in-versiones en I+D y mejora su gestión, puede compe-tir perfectamente con las empresas multinacionales instaladas en el mercado uruguayo.” Lo mismo con

URSEC, he dicho: “Una legislación clara y un ente regulador independiente y de alto nivel técnico es una garantía para todos los actores, tanto públicos como privados”.El país que da cabida a los planes Ceibal y a Car-dales no puede ser el mismo que tenemos hoy. La alfabetización digital universal que nos planteamos como meta no debe servir exclusivamente para que los uruguayos compremos más y mejores aparatos (hardware) y consumamos más y más programas, in-formaciones y entretenimientos producidos en otras partes. Ello puede ser una sofistificada forma de ex-clusión. Tenemos que lograr que nuestra producción se tecnifique, desde la más básica, y que se fomenten nuevas áreas industriales de alta tecnología. Y que el Estado ayude a los emprendedores de la industria del software, del entretenimiento y la cultura a con-formarse como cadenas de producción que sirvan a las necesidades del país y que también exporten ese trabajo uruguayo al mundo.

Al principio señalábamos que estas bases y los en-tornos que se conforman nos deben permitir otras proyecciones de las políticas en las políticas en Ciencia y Tecnología.

En este plano una primera definición: debemos procurar una mejor articulación entre todos los componentes del Sistema:

el Gabinete de Innovación como director de •la política;la ANII y la AGESIC como promotores y arti-•culadores;el CONYCIT como consejo consultor y super-•visor;el PENCTI (plan estratégico en ciencia, tecno-•logía e innovación) como plan rector en las dis-tintas áreas;el Sistema Universitario como escenario princi-•pal de producción científica y tecnólogica junto los institutos científicos públicos y privados;las empresas estatales que producen, viabili-•zan o requieren el desarrollo de tecnologías;los sectores industriales que producen, utilizan •o requieren de alta tecnología ylos micro-productores de conocimiento (desa-•rrolladores, diseñadores, consultores, periodis-tas, docentes, productores de contenidos au-diovisuales, artistas, expertos en general).

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Como segundo lineamiento, debemos incentivar la aplicación de ciencia y nuevas tecnologías a la mejora de la producción y de la calidad de vida en todos los aspectos.

Queremos más involucramiento de ciencia, tecnología e innovación en todas las áreas: en la infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones y en la ma-triz energética; en la producción industrial, en la agro-pecuaria, la pesca y la minería; en la salud, en la educa-ción, el turismo, el deporte, el entretenimiento y el sis-tema financiero; y en la democracia: mejorando la par-ticipación ciudadana, la gestión pública y la seguridad.

En tercer lugar, debe orientarse al mundo.

La producción de Ciencia y Tecnología para la de-manda interna es importante, pero no puede ser la demanda interna la rectora de las prioridades en investigación.Queremos ser un país exportador de conocimiento. Y para ello vamos a promover políti-cas sectoriales de clusterización y certificación inter-nacional en los nichos en los que el Uruguay pueda competir a nivel global.

A partir de estos lineamientos, nuestros énfasis están en las siguientes iniciativas:

1. Mantener la Infraestructura en Tecnolo-gías de la Información en un plano competi-tivo a nivel mundial.Es imprescindible darle continuidad ala inversión en Infraestructura de Telecomunicaciones y Ac-ceso a Internet (satélites, contratos de ancho de conexión, cableado). Esto va a hacer viable el ac-ceso universal a internet (Plan Cardales, plazas y zonas wi-fi).

2. Continuar la apuesta estratégica a la In-dustria del Conocimiento.Sostener y extender la exoneración del IVA a las exportaciones de soportes lógicos y servicios de conocimiento. Sostener y extender la exoneración del impuesto a la renta a las empresas de software y servicios asociados, en particular a las pequeñas

y micro-empresas orientadas a la exportación de conocimiento.

3. Detectar y Apoyar a los micro-productores de la Industria del Conocimiento.Consideramos necesario construir un registro na-cional (base de datos, red) de micro-productores de conocimiento (desarrolladores, diseñadores, docentes, investigadores, traductores, consulto-res y expertos en general).

4. Colaborar con la consolidación de con-glomerados por nichos de capacidad pro-ductiva y procurar su certificación a nivel internacional.Es determinante la detección de nichos y segmen-tos que puedan ser promovidos y certificados in-ternacionalmente, involucrando a la ANII, la OPP y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5. Crear una “Fuerza de Tareas” nacional que diagnostique, proponga recomendacio-nes y eventualmente realice intervenciones de reingeniería en todos los ámbitos de la gestión pública.Proponemos constituir un equipo multidiscipli-nario de expertos y consultores, que realice una agenda de relevamientos en todos los entes, empresas y municipios durante un plazo de dos años. Este un grupo, que puede alojarse en la OPP, recogerá observaciones, quejas, iniciativas y propuestas de los ciudadanos a través de internet. Este equipo ofrecerá a cada ente un conjunto de recomendaciones y propuestas procurando es-tándares comunes en todo el Estado.

6. Masificar la capacitación e incrementar la producción de recursos humanos calificados para la Industria del Conocimiento, cuya de-manda seguirá creciendo en los próximos años a nivel mundial.Esto implica crear un “pool” de módulos de ofer-ta de capacitación a distancia semi-presencial que puedan ser tomados por estudiantes mayo-res de 12 años en forma opcional y en cualquier momento.

Por estos razonamientos e ideas que he expuesto su-cintamente, quiero plantear en este ámbito algo que he propuesto en términos más generales. He soste-nido que debemos ir a un consenso nacional ra-dicalmente democrático, equitativo, solidario y

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esperanzador, nuestro Proyecto del bicentena-rio 2010-2030, que deberemos construir entre todos los actores sociales y políticos del país. Pero aquí, particularmente, cuando hablamos entre agentes públicos y privados en un área que refiere a algo tan importante como es la llamada sociedad de la información, con el diferencial que representa para nuestro país su potencialidad creadora, conside-ro que tenemos que llegar a nuevo contrato social donde se definan las bases del derecho esencial a la comunicación, donde se analicen las responsabili-dades, obligaciones y derechos de las partes involu-cradas, el papel de los en este Uruguay que se pro-yecta, los criterios de competitividad, los diferentes tipos propiedad y sus perfiles, el carácter del servicio de la comunicación, las reservas de explotación, los espacios de interlocución con los consumidores, las oportunidades y estímulos a la producción de conte-nidos nacionales.

Este Uruguay del bicentenario que tenga un nuevo contrato social que garantice a sus ciudadanos y a sus residentes la oportunidad de forjarse un destino humanamente satisfactorio tiene necesariamente a la ciencia y la tecnología como uno de sus pilares. Ese desarrollo científico y tecnológico que muchas veces oímos llamar como “sociedad de la información” es insuficiente. No alcanza con informarse, con poder leer, con estar al tanto de lo que sucede en el mun-do. Para liberar nuestro potencial como seres huma-nos, además de acceder a una información abierta y plural, tenemos que llegar a una sociedad donde reine el conocimiento, y tengamos la capacidad de gestionarlo democráticamente. Donde podamos lo-grar que la ciencia y la técnica estén al servicio del bienestar y el desarrollo y no nos conviertan, como sucedió en anteriores revoluciones tecnológicas, en engranajes de un sistema que sólo beneficia a sus dueños e impulsores.

Los uruguayos debemos aprovechar esta recomposi-ción de la producción de bienes y de cultura para sen-tar las bases de una sociedad más justa y más libre. Tenemos las mejores condiciones para aprovechar estas ventanas de oportunidad. Nuestro momento es ahora.

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9 COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS PARA EL URUGUAY DE 4.000.000

Los uruguayos que viven en el exterior tendrán una institucionalidad acorde para atender a más de 500.000 compatriotas a través de un Instituto Na-cional de la Emigración.En este gobierno se ha visibilizado por primera vez la existencia de un Uruguay Peregrino. El primer paso que estamos dando es reintegrarles la ciudadanía política a quienes viven fuera del territorio nacional –pero no dejan de ser uruguayos–. Esa ciudadanía política se materializa en la posibilidad que puedan votar, tal como lo hacen innumerables países en el mundo, desde Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, EEUU, España, e Italia entre otros.A partir de la experiencia del Departamento 20, es necesario concebir una estructura que logre dar res-puesta a una situación estructural que el Uruguay tiene: somos el país de América Latina con mayor cantidad de población viviendo fuera del territorio. Tenemos que tener conciencia que el Uruguay es uno de los países del mundo con mayor proporción de población en el exterior.Visto de este modo, esta situación adquiere una di-mensión trascendente. El Uruguay no es uno sino mu-chos, tantos que muchas veces cuesta reconocerse en algunos de ellos. Hay un país que vive fuera del territorio que tenemos que construir puentes perma-nentes, de ida y vuelta para acercarlos. Esta institucionalidad tendría la misión de desarrollar fuertes políticas de vinculación y relacionamiento con todos los uruguayos que viven fuera del territorio que representan sumados los habitantes de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera y Tacuarembó. ¿No es necesario entonces un dispositivo institucional acorde a semejante realidad y desafío?Otras iniciativas:

1- Programa Dos por Uno. Sistema de capta-ción de ahorro de uruguayos en el exterior para financiar proyectos productivos en el interior del país.

Un conjunto significativo de lo uruguayos que viven en el exterior tienen capacidad de ahorro. Es necesario diseñar un conjunto de productos financieros desde el BROU que apunten a captar dicho ahorro a los efectos de desarrollar empren-dimientos productivos en el interior del país. Se propone un sistema por el cual asociaciones de emigrantes o conjunto de ciudadanos que viven en el país, realicen una inversión productiva en proyectos previamente calificados como viables. El Estado a través del BROU financiaría dos dóla-res por cada dólar que se aporte del exterior. De esta manera, el trabajo y el ahorro de uruguayos en el exterior se combina en un sistema de co-desarrollo interno.

2- Oferta de incorporación al Sistema Nacio-nal Integrado de Salud a los uruguayos resi-dentes en el exterior.La denominada Cuenta a Distancia del BROU per-mite la afiliación a uruguayos del exterior dado que hace posible el giro automático de los costos que ello puede implicar.El tema de la salud es muy importante para nues-tros connacionales en el exterior ya que con fre-cuencia no disponen de seguros médicos o estos son muy caros.

3- Promoción de acceso al crédito hipotecario para la adquisición de vivienda desde el exte-rior también a través de la Cuenta a Distancia del BROU.En este tema la operación puede concebirse con el propio BROU o con el BHU.

4- Desarrollo de un programa de becas uni-versitarias a jóvenes residentes en el exte-rior que deseen estudiar en el Uruguay.Se trata de generar un fondo que sea utilizado

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para ello y que jóvenes beneficiados lo devuelvan en el ejercicio de la profesión obtenida.

5- Consolidación de la organización de los uruguayos en el exterior.Para ello se trata de promover muy enfáticamente la creación y consolidación de los Consejos Con-sultivos en todas las ciudades y regiones en las que existan cantidades significativas de compa-triotas.Ello tal como lo establece la Ley de Migraciones aprobada el año pasado le corresponde activa-mente realizarlo al servicio consular uruguayo.La promoción de la organización en Consejos Consultivos debe de estar acompañada de una programación conjunta entre dichas entidades y las oficinas consulares de un plan de promoción económica y cultural del Uruguay en el país an-fitrión, conjuntamente con una variada gama de actividades con el conjunto de la colectividad a efectos de reafirmar y perpetuar las identidades.

6- Promoción en todas las colectividades de grupos de uruguayos empresarios interesa-dos en el comercio exterior entre el país an-fitrión y el Uruguay.Esto ya existe en algunos lugares, pero se trata de promoverlo, consolidarlo en todos lados ya que es una muy valiosa herramienta de inserción in-ternacional.

7- Reestructura del servicio consular.Las nuevas funciones de vinculación promoción del retorno así como los requerimientos en la es-trategia de inserción internacional del Uruguay requieren un servicio consular radicalmente dife-rente en sus funciones, su estilo de actuación y su integración.Entre otras cosas se necesita un importante forta-lecimiento de las oficinas en las que existen impor-tantes colectividades. Este fortalecimiento implica más personal diplomático allí afectado, conjunta-mente con funcionarios expertos especialmente afectados al trabajo con las colectividades.Se trata de imaginar oficinas que sean realmente eficientes en los trámites que requieren nuestros compatriotas, que sean amables y correctas en el trato y que sean proactivas en el potenciamien-to de la presencia de uruguayos en los países de acogida.

Definitivamente ello requiere muy importantes cambios con respecto a la situación actual, que si no se realizan no es posible concebir una es-trategia seria y fructífera de vinculación con la diáspora

8- Los derechos políticos de los uruguayos en el exterior.No por estar en último término este punto es de menor importancia. Por el contrario es tal vez una de las definiciones más importantes. No hay es-trategia de vinculación creíble sin la integración política de los compatriotas en el exterior mani-fiesta en la posibilidad de participar en las eleccio-nes nacionales y en el ejercicio de la ciudadanía a través de los Consejos Consultivos.Al día de hoy existe una definición de promover una ley constitucional que habilite la reforma de la Constitución en los próximos comicios.