seguridad nacional en la administración pública

Proyecto Profesional

“Evaluación a la estructura y funcionamiento de la Administración Pública en Méxicoen materia de Seguridad Nacional”

Alumno: Benito Edwin Jiménez Lomelí

Programa: Maestría en Administración Pública

Matrícula: U99222944 Campus: Virtual Ciclo: Septiembre 2015

Docente: L.A.P. M.P. Gabriela Taboada Hernández

Fecha: 04/octubre/2015

Universidad LatinoamericanaMaestría en Administración Pública

Administración Pública, Instituciones y Procesos en México

Importancia de la Administración Pública para el Estado y Sociedad Mexicana.

La administración pública es la dirección general que mantiene el orden de la sociedad política y que busca establecer e incrementar el poder del estado; es una ejecutora de leyes de interés general que institucionalizan a las relaciones sociales necesarias para administrar personas, bienes, acciones, naciones, territorios, etc., que conservan el orden social; no sólo es el medio de consenso e intermediación social, sino también el medio por el cual el estado ejerce su dominación sobre lo económico y lo político, a la vez que al estado también le impone contrapesos o limites.

La administración pública representa el elemento primordial de que se vale el Estado para dar respuesta y satisfacción a las principales demandas y necesidades sociales; obedece a un interés general y pretende el equilibrio socioeconómico, el control legal, político y social. Actúa en todo el territorio e inclusive puede hacerlo sobre la propiedad privada si así lo reclama el interés general.

La administración pública desde un punto de vista orgánico, es el conjunto de personas parte de la población, bajo el mando y servicio de la otra parte de la sociedad general, encargado de atender las demandas sociales, agenda de gobierno, formulación de programas, ejecución de actos administrativos y evaluación de la acción administrativa. El gobierno no puede ser ni debe de comportarse como un patrón cualquiera, ya que debe desempeñarse en el papel de salvaguardar el interés general; tampoco el servidor público puede comportarse como un trabajador común porque también debe salvaguardar el interés general.

La base del programa de reforma de la gestión pública en México se encuentra expresada en el Plan Nacional de Desarrollo; es a través de la administración pública como se logra el programa o proyecto político de una nación; por ello expresa la síntesis de una serie de procesos de concertación y acuerdos que la dotan de legitimidad y autoridad, de conformidad con las normas que rigen a una comunidad.

La importancia creciente que en nuestro país va adquiriendo el estudio de la administración pública deriva del esfuerzo que realiza el gobierno mexicano para alcanzar mayores índices de eficiencia y honestidad en el ejercicio de las funciones públicas.

El movimiento social de 1910 asignó al gobierno del Estado el trascendental papel de rector de la economía nacional y promotor del desarrollo social, económico y político del país, lo cual ha requerido de un importante crecimiento del aparato administrativo público, a fin de cumplir esta responsabilidad consignada en la Constitución Política de 1917.

Dicho crecimiento se refleja en la expansión de las dependencias centrales de la administración federal, pero principalmente en la multiplicación de las empresas paraestatales y los organismos públicos descentralizados, con el fin de satisfacer demandas y necesidades de urgente solución, más bien atendiendo a situaciones de carácter coyuntural. En tal virtud, la carencia de un plan general de desarrollo administrativo ha venido generando graves problemas, relativos a duplicaciones funcionales, ineficiencia y falta de coordinación y controles administrativos.

A fin de resolver estos problemas, el gobierno federal ha comenzado a realizar importantes cambios a la organización y funciones de las dependencias y entidades del Ejecutivo. Específicamente, en enero de 1977 entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es el instrumento jurídico rector de todo el proceso de reorganización administrativa.



Descripción y análisis de la intervención del Estado en la Seguridad Nacional.

Situación actual.

Para nadie es secreto que atravesamos por una de las peores crisis en materia de seguridad pública. La sociedad mexicana entera se ha pronunciado en este sentido y demanda respuestas satisfactorias para enfrentarla. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia incide en el potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la eficiencia operativa de las empresas.

Un análisis de la inseguridad pública desde la perspectiva de la seguridad de la nación también es importante porque se han incrementado la delincuencia y el narcotráfico en los últimos años, provocando efectos en la seguridad ciudadana en los ámbitos nacional y fronterizo.

En su definición tradicional, la seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden público que se logra a través de los mecanismos de control penal y de las acciones de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneran, particularmente a través de los sistemas de procuración e impartición de justicia.

Estas definiciones están a su vez enmarcadas en la realidad por dos grandes enfoques que dan sustento a las políticas de seguridad pública: el punitivo y el preventivo. El primero de ellos se basa fundamentalmente en el castigo a los delincuentes. El segundo se concentra en las causas que originan la delincuencia. Una política ideal sería aquella donde existiera un equilibrio entre ambos enfoques.

La definición de seguridad pública, con un enfoque preventivo, implica además una concepción integral en dos ámbitos: el de la gestión intergubernamental -que contempla la participación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para promover las políticas de seguridad con un enfoque ciudadano- y el de la multiplicidad de entornos, ya sean de tipo social, cultural, económico o político, que condicionan la eficacia de la seguridad. Estos entornos a su vez se asocian a la seguridad económica, a la seguridad comunitaria, a la seguridad ambiental y a la seguridad política con sus respectivos indicadores.

Para México, el concepto de seguridad nacional ha obedecido a que su delimitación tradicional a una noción de seguridad militar e interés nacional resulta insuficiente para enfrentar los distintos impactos que las nuevas problemáticas de fin y principio de siglo han ocasionado. Por ello se requiere una nueva teoría de seguridad que incluya en un rango más amplio, las relaciones entre fenómenos sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales que bosqueje las acciones que pueden tomarse para lograr la seguridad de estos frentes.

Esta redefinición de la seguridad nacional se puede justificar con base a la argumentación de Ullman y Brown (1977) de que existe un ambiente internacional que está cambiando la naturaleza y sustancia de los problemas de seguridad nacional, abarcando en consecuencia otros problemas. Esta diversidad de amenazas potenciales incluye la degradación del medio ambiente, el crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos naturales, la mala administración, el deterioro económico y los desastres naturales.

En la perspectiva de Hurrell el concepto de seguridad también debe incluir problemas como el del tráfico de drogas, la violencia asociada a la droga y la criminalidad, la migración y los refugiados y la descomposición del orden público, ante la evidencia de formas diversas de violencia interna.

Estas nuevas amenazas para la seguridad derivan no del fortalecimiento del Estado, del poder militar, ni de ambiciones geopolíticas, sino más bien de la debilidad de los Estados y la falta de legitimidad política y a su vez, de la incapacidad de los Estados para proveer condiciones mínimas de orden público dentro de sus fronteras.



La necesidad de reconceptualizar la seguridad nacional desde la perspectiva de nación se justifica porque los países en desarrollo como México se enfrentan a amenazas de naturaleza diversa y compleja que no se agotan en las amenazas externas de carácter militar ni en los desequilibrios del contexto geopolítico. En esos países, el origen de la violencia se asocia generalmente a la inestabilidad, la inseguridad y la guerra fenómenos que poco tienen que ver con la defensa del territorio o de la soberanía y que derivan más bien de las condiciones internas generadas por conflictos sociales, pobreza, crecimiento demográfico, crisis de instituciones e incapacidad gubernamental.

La definición tradicional de seguridad nacional es un concepto desarrollado a partir de Estados claramente articulados, en los que la distancia entre la organización del Estado y los ciudadanos no es tan marcada y en donde la frontera entre la esfera interna y el ámbito externo es relativamente nítida. En esos Estados, las instituciones se caracterizan por una notable estabilidad y un grado importante de aceptación entre la población y su dominio se funda en la autoridad más que en la coerción. Situación que no sucede en países en vías de desarrollo en donde existen problemas graves de ingobernabilidad, gobiernos ineficaces, corrupción, pobreza e inseguridad ciudadana, entre otros. Por ello, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, los retos a la seguridad nacional en el tercer mundo son de origen endógeno más que exógeno.

En vista de que la literatura tradicional sobre seguridad carece de criterios para diferenciar entre las amenazas reales y las potenciales (esta situación puede permitir que cualquier individuo, grupo o gobierno transforme un reto o un problema en amenaza a la seguridad), aunado al hecho de que el concepto de seguridad nacional es muy elástico, se hace perentorio no sólo delimitarlo sino redefinirlo por igual.

Si a estos problemas se adiciona la ausencia de marcos jurídicos y de observación pública, particularmente en países como el nuestro, la cuestión de qué tema adquiere o debe tener un carácter de seguridad nacional se hace aún más compleja.

Según Ernesto López Portillo, en la perspectiva del comportamiento de las instituciones del Estado, la ausencia de referentes jurídicos se proyecta en la ausencia de respuestas a las características del proceso de toma decisiones: ¿Cómo se decide que un conflicto es de seguridad nacional?, ¿quién participa en esa decisión?, ¿existe una metodología previa que establezca hipótesis generales a las que se vincula un caso concreto?, ¿qué procede una vez clasificado el conflicto como asunto de seguridad nacional?, ¿quién interviene en el terreno operativo? y ¿cuáles son los controles aplicados a este proceso decisorio y operativo?

Una situación similar se presenta en la diferenciación entre la seguridad nacional y la seguridad interna, pues prevalece un alto contenido político a causa de sus estrechos vínculos que dificultan la delimitación de sus fronteras.

Por tanto, afirmar que las amenazas internas están en el ámbito de la seguridad interna y las externas en el de la seguridad nacional es insuficiente, pues las primeras pueden tener dimensiones de seguridad nacional sin provenir necesariamente del exterior.

Los asuntos que cuestionan la seguridad del gobierno y del Estado frente a agentes internos se pueden concebir como amenazas a la seguridad nacional cuando se traducen en escenarios probables de inestabilidad interna o si amenazan a la supervivencia de las instituciones del Estado. Sin embargo, el desarrollo del concepto de seguridad interna tradicionalmente se ha asociado, tanto conceptual como operativamente, con el de seguridad nacional, lo cual puede tener varias connotaciones. Por ejemplo, se concibe que "La anteposición de la seguridad del gobierno frente a la seguridad del Estado y de la nación ha llevado a concebir que los enemigos del gobierno son por definición enemigos del Estado y de la nación y ha influido para justificar represión, autoritarismo, cese de garantías individuales y ausencia de vida democrática".



Problemática.

Los principales problemas de la seguridad nacional en México, como el narcotráfico y la delincuencia organizada, se han agudizado en el transcurso de los últimos años. Esto refleja, entre otros aspectos, la ineficaz articulación entre la formulación de políticas públicas y su implementación, hecho que puede ser explicado por los siguientes factores:

Incapacidad gubernamental y de gestión. Ausencia de una planeación estratégica articulada. Deficiencias en el diseño y reformulación de políticas. Ausencia de una visión a largo plazo. Relativa preocupación por el impacto social y ético. Insensibilidad social. Incapacidad de entender contextos socioculturales locales-regionales. Dificultad de crear consensos con otros ámbitos de gobierno y autoridades. Dificultad de negociación con actores de distintas posturas políticas. Ausencia de una concepción integral

Medidas:

La gravedad del problema y el riesgo de que se siguiera propagando, no admitía ni indecisión ni demora, es por ello que la anterior administración del Gobierno Federal decidió actuar con toda la fuerza del estado para restablecer el orden y la autoridad, donde se desplegaron varios operativos con participación coordinada de la Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública; así como las Fuerzas Armadas.

El objetivo primordial era y es recuperar para el estado su poder indelegable e irrenunciable. El inicio de estos operativos permitió al gobierno retomar la iniciativa que los criminales habían arrebatado a la autoridad; la batalla contra el crimen organizado está aún lejos de concluir. La activa presencia de efectivos militares en el territorio nacional en los momentos y situaciones de mayor apremio ha tenido por objeto garantizar la seguridad y bienestar de la población, auxiliar a los damnificados en caso de desastre y sumarse a las tareas de beneficio social en apoyo a las comunidades marginadas, observando, siempre, lo dispuesto por nuestra Constitución Política y por las leyes que de ella emanan.

Pero esto no es suficiente, pues para garantizar la Seguridad Nacional se requiere una política que identifique y prevenga la actualización de fenómenos que pretendan atentar contra los intereses estratégicos nacionales; que fortalezca la generación de inteligencia; que promueva esquemas de cooperación y coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales; y que garantice un equipamiento, una infraestructura y un marco legal que responda a las amenazas que enfrenta el país.

Es por ello, que se encuentra incluida como la primera meta nacional en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 el eje “México en Paz”. En un México en Paz, más mexicanos podrán gozar de una tranquilidad que les permita invertir a largo plazo. Para garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, se plantea consolidar la transición hacia un Nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial. Lo anterior implica una transformación de las instituciones involucradas hacia un modelo que contribuya a abatir la impunidad, logre una procuración de justicia efectiva y combata la corrupción.

Un México en Paz busca mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades. Las acciones en este ámbito estarán enfocadas a combatir los delitos que más afectan a la población.



El fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad contribuirá de manera directa a incrementar la productividad de un gran número de negocios que hoy sufren el flagelo de la inseguridad en forma de altos costos de operación y de transporte, así como en la disminución de recursos disponibles para el funcionamiento y expansión de su escala productiva. En este sentido, una mayor seguridad es una acción con la que se tiende a democratizar la productividad porque fortalece el ambiente de negocios en el que operan todas las empresas y las unidades de producción del país, y es conducente a una mejor asignación.



La institucionalización en la Administración Pública

Concepto y elementos de Institución.

Las instituciones son organizaciones, creaciones del obrar humano colectivo, que con carácter permanente procuran satisfacer necesidades sociales éticas.

Desde el poder se pueden crear entes, pero ellos no se convertirán en instituciones, es decir, no se institucionalizarán si no hay respaldo colectivo.

Toda institución dispone de elementos que la constituyen, ordenados hacia el fin que tiende a promover, los cuales son:

Elemento estructural o formal. Se encuentra representado por la organización técnica y material: locales, muebles, máquinas, emblemas, personal, una jerarquía administrativa (aspecto externo).

Elemento intelectual o de representación colectiva. Se expresa en ideas, creencias, sistemas de valores, que sirven de sostén al orden que la institución establece (alma de la institución).

Las instituciones y el cambio social:

La institucionalización es el proceso por el cual adquieren valores y estabilidad las organizaciones y procedimientos.

Otra característica propia de la Institución es que posee estabilidad, tiende a proyectarse en el tiempo, a permanecer en la organización social, se trate de: “institución-cuerpo”, “institución-órgano” o “institución-norma”.

Las instituciones responden a necesidades del medio social e ideas sobre las que reposan, prestan servicios; cuando cesan de rendirlos, se transforman las necesidades o se ha corrompido la institución, haciéndose parasitaria, la confianza del público se aparta de ella lentamente, entra en trance de reforma o supresión, esto dado a las condiciones del mundo y de la vida en constante evolución. Existen dos posibilidades:

Modificación de las necesidades e instintos que subyacen a la institución, no acompañada del cambio o forma de la misma, da como resultado el fracaso en la tarea de creación, inestabilidad y caída natural de la institución.

Modificación de una Institución mientras las necesidades e instintos son los mismos, de tal manera que las necesidades que habían sido recogidas no pueden ser ya satisfechas.

El cambio científico-técnico tiene un ritmo más rápido, que no coincide con la capacidad asimilativa de una institución; ocurre un desfase, y la sociedad entra en crisis. Nuestro conocimiento científico crece más de prisa que nuestra ciencia social. Son pocas las instituciones que en circunstancias actuales pueden evitar la contingencia.

Si las instituciones políticas no se proyectan hacia el futuro, con vocación para subsistir, carecerán de sentido. Para garantizar el éxito de una institución, es preciso superar en forma continua los obstáculos que se le presenten, debiendo sufrir un proceso de adaptación que la transforme, en ocasiones, radicalmente.



Instituciones Jurídicas e Instituciones Políticas.

Existe un sinnúmero de instituciones, pero por su incidencia con nuestra disciplina, nos ocuparemos de estas dos:

Instituciones Jurídicas. Son aquellas creadas por normas y comportamientos adecuados a ellas, puestas al servicio del derecho, a los fines de regular la convivencia humana conforme a un principio que se entiende justo.

Toda institución implica un ordenamiento y todo ordenamiento jurídico es elemento esencial de toda institución. Lo que diferencia la Institución Jurídica de otras instituciones es la norma, que además de ser un elemento estructural de la institución, constituye su objeto específico; en otras instituciones, lo normativo pasa a ser lo instrumental (el medio).

El principio de la institución es la idea de autoridad. La organización de una institución implica diferenciación, desigualdad, autoridad y jerarquía. Exige que el bien común de la institución tenga que prevalecer sobre los intereses privados y subjetivos de los miembros individuales. Lo anterior no implica que los miembros de la institución estén en situación de esclavos, si bien los miembros de una institución pierden su libertad en cierto grado; pero, ganan en seguridad lo que pierden en libertad.

Toda Institución presenta la triple significación: “institución-cuerpo”, “institución-órgano” e “institución-norma”. Ejemplo: la institución del matrimonio, institución-cuerpo (la pareja de esposos); la institución-órgano (el marido en su rol de administrador de la sociedad conyugal) e institución-norma (el conjunto de preceptos que regulan las relaciones entre los esposos).

Instituciones Políticas. Aquellas que se refieren al poder, a su organización, evolución, ejercicio y legitimidad; aparato a través del cual se ejerce el poder en una sociedad organizada como Estado. Su objeto es normalizar la lucha por el poder, condiciones de su ejercicio (reglamentación del mando).



Institucionalización de la Seguridad Nacional

El centro de gravedad en la institucionalización de la estructura presidencial y de su poder, (clave para la gobernabilidad de México) descansa en las Fuerzas Armadas en el marco del autoritarismo (1929-2000) y de la endeble transición democrática (2000-2010). Esta indisoluble ecuación se ha visto alterada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y por la precipitada estrategia de combate al narcotráfico impulsada por el gobierno federal.

En efecto, las Fuerzas Armadas conforman el último bastión en la institucionalización en la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y más recientemente en la seguridad pública.

Ante la delincuencia organizada y en especial las actividades que giran entorno al narcotráfico, constituyen las principales amenazas a la seguridad nacional mexicana, puesto que afectan severamente la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano; se trata de un actor no gubernamental que le disputa al Estado el control territorial, a la luz de la posición relativa del país como corredor de drogas y migrantes hacia el mercado meta en Estados Unidos.

El tejido de las policías es aún más endémico a lo largo y ancho del país y se prescindió de una organización ordenada, coherente y responsable con la administración e impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos por décadas enteras que permitieron la coexistencia con la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. La ausencia de un sistema de seguridad pública efectivo en México ha escalado a una crisis que ha afectado a la seguridad nacional y la defensa porque han incluso puesto en riesgo, la seguridad con Estados Unidos.

Frente a ello, el entonces presidente de México Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006–2012) optó por una estrategia que privilegió el componente militar en la búsqueda de la recuperación de los espacios públicos y la generación de condiciones mínimas de seguridad comunitaria; la denominada estrategia en el modo de acción directo, fundada en el empleo o la amenaza de las fuerzas armadas, consideradas el medio principal. Dicho en otras palabras, el primer mandatario basó, exclusiva y excluyentemente toda su estrategia en el factor militar de la nación.

De ahí, la apreciación de que la estrategia tipo militar no policíaco, está dirigida a lograr el control territorial de las áreas en las que se están implementando despliegues masivos de tropas y reconocimientos aéreos, lo que puede tener un efecto disuasivo de la criminalidad, pero éste es de carácter temporal, parcial e ineficiente. Temporal, porque su impacto está constreñido al período de duración del operativo presencial; parcial, porque sólo interviene sobre los aspectos operacionales y logísticos de la actividad delictiva, sin un enfoque integral de la misma; ineficiente, por los altos costos que implica tener en activo a miles de efectivos militares en acción fuera de sus cuarteles, y con resultados que no aprueban una evaluación de costo–beneficio.

El caso de Ciudad Juárez como paradigma.

Esta decisión al más alto nivel de conducción política, de comprometer a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y en el ejercicio efectivo del control territorial, va más allá en el caso de Ciudad Juárez. Si ya antes se les habían asignado cargos de alta responsabilidad en la institución policial, durante 2009 se le confía a SEDENA, la conducción y operación total de la institución policial durante un año (marzo de 2009 a abril de 2010), tanto la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, como la Policía Municipal.



La institución policial de ese municipio constituyó un laboratorio de ensayos de las estrategias y líneas de acción del gobierno central mexicano, al privilegiar procesos masivos de depuración del personal encuadrado; fascinación por el mundo castrense que cristalizó en la asunción de los mandos policiales de manera directa por militares, y la génesis de la denominada nueva policía bajo el molde del mando policial único.

Es así como la intervención directa de militares en Ciudad Juárez no sólo consiste en pasar a desempeñar funciones tradicionalmente reservadas a la policía, sino fundamentales, como hacer de la policía una extensión del domino militar, en un espacio donde debería prevalecer una misión civilista y una vocación por la ciudadanía.

Profesión Militar y profesión Policial.

Los militares y policías son diferentes; tratándose del mundo castrense, lo que probablemente aleje a la profesión militar de otras es "el compromiso del militar de dar la vida, si ello fuera necesario en el cumplimiento de la misión", es decir, "el Estado le exige al individuo dar la vida si es necesario; este requerimiento exige desarrollar una serie de códigos internos de la propia profesión con valores, conductas y motivaciones que le permitan cumplir con ese requerimiento tan extremo y definitivo". Los valores militares se erigen en virtudes que todo militar debe poseer y que constituye el motor que lo lleva a actuar y que moldea sus conductas.

La existencia de la profesión militar presupone la existencia de conflictos de intereses humanos y el

empleo de la violencia para apoyar dichos intereses; consecuentemente, la ética militar ve al conflicto como un esquema universal en la naturaleza y ve la violencia arraigada en la naturaleza permanente, biológica y psicológica del hombre.

En contraste, a la policía se le concibe como una institución social, una de las formas más antiguas de protección social y el principal modo de expresión de la autoridad, tradicionalmente encargada de la aplicación de leyes y de la estabilidad pública. Protector social que se erige, además en la parte de la administración de justicia penal que se encuentra constantemente en contacto directo no sólo con la delincuencia y el delincuente, sino también con la ciudadanía en general; circunstancia que lo aleja de otros funcionarios públicos y le confiere especial importancia.

En el caso de la institución policial, se insiste, la misma debe velar por la seguridad ciudadana: donde el ejercicio de los derechos individuales y las libertades públicas deben resultar compatibles con la protección de la seguridad ciudadana.

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: "una política de seguridad pública democrática implica la conformación y funcionamiento de un sistema policial eficiente en el desarrollo de sus labores básicas de prevención delictiva e investigación criminal, y estrictamente ajustado al principio de legalidad y al deber de protección de los derechos humanos, por encima de todo".

Recapitulando, mientras la profesión militar responde a una concepción "Estado–céntrica" de la seguridad, las actuaciones policiales se insertan y conciben desde una perspectiva "Ciudadano–céntrica". Esto significa que, primordialmente, al militar se le prepara para hacer la guerra contra los enemigos externos (defensa nacional) e internos (seguridad interior), con el objeto de preservar el Estado frente a amenazas a la seguridad nacional, que pongan en entredicho la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y situaciones de tensiones, disturbios y violencia interna que cuestionen severamente la vigencia de la paz social y del estado de derecho, y que rebasen la capacidad disuasiva y reactiva de los cuerpos de seguridad pública.



Por su parte, la función policial se centra en garantizar la seguridad pública, cuyos fines son: salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo. Esto es la preservación de la vida y el goce de los derechos consagrados en la constitución general de la república, acuerdos y tratados internacionales y leyes y reglamentos vigentes, el mantenimiento del orden y tranquilidad públicas y la prevención, disuasión y resolución de los delitos.

Lo que explica que, si por un lado la policía debe utilizar el arma de fuego sólo una vez agotados otros recursos o cuando se vea amenazada por otras; la profesión militar se caracteriza por el uso de armas de alto poder de fuego y letalidad; es decir, aquellas idóneas para la guerra o el conflicto armado. Además, debería tenerse en cuenta que la profesión de las armas es experta y limitada; sus miembros tienen competencia especializada dentro de su campo y carecen de competencia fuera de él.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sostiene: El mantenimiento de la ley y el orden es una responsabilidad de las autoridades civiles. Se trata de una tarea que compete a la policía y/o a las fuerzas paramilitares especialmente equipadas, organizadas y capacitadas para esas misiones, como los cuerpos de gendarmería. La función normal de las fuerzas armadas de un Estado es defender el territorio nacional contra las amenazas externas (conflictos armados internacionales) y afrontar situaciones de conflicto armado interno (no internacional). Sin embargo, en algunas ocasiones, se requiere que las fuerzas armadas presten asistencia a las autoridades civiles para hacer frente a niveles de violencia más bajos, que pueden caracterizarse como disturbios internos y otras situaciones de violencia interna.

A partir de este reconocimiento de las diferencias entre la profesión de las armas y la de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la Organización de Naciones Unidas (ONU) lleva a cabo un diagnóstico sobre la situación que guarda México en materia de seguridad pública, justicia penal y derechos humanos. El capítulo titulado "Derechos civiles" de este diagnóstico analiza la relación entre justicia y funciones militares de la siguiente manera:

La separación entre las funciones militares y la justicia es una exigencia de toda sociedad democrática, el riesgo de injerencia indebida de los militares en el sistema de justicia se manifiesta en la persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico. Esta situación ha sido observada por la relatora especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, que ha recomendado al gobierno mexicano que evite delegar en las fuerzas armadas la lucha contra el delito.

La distinción y separación entre las tareas de seguridad y justicia y las de naturaleza militar ha sido una preocupación constante en el seno de los organismos internacionales intergubernamentales, que han recomendado a México separar a los militares de las tareas policiales y desmilitarizar la sociedad y evitar delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento de la estabilidad pública o la prevención de las violencias y la delincuencia. De ahí que convenga someter a análisis el proceso de militarización de la seguridad pública en México bajo el gobierno de alternancia de segunda generación encabezado por el actual titular del Poder Ejecutivo de la federación.



Atipicidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Cualquier estudio sobre el instrumento militar mexicano debe partir por considerar la tradicional atipicidad del modelo del sistema de defensa y brazo armado del Estado mexicano, que presenta dos caras, a saber: por un lado, el aspecto positivo de subordinación de los militares y lealtad de la institución castrense al sistema político; y, por el otro, el precio que el poder político y en especial la sociedad mexicana han tenido que pagar para garantizar la desmilitarización de la política. En este marco, tres son las notas esenciales que separan a las Fuerzas Armadas Mexicanas de sus pares de América Latina:

a) Como hijas de la revolución (1910–1920), tanto su ideología (que se corresponde con la "institucionalización" de la revolución) como su composición (la mayoría de sus integrantes son campesinos y ciudadanos provenientes de las clases populares), alejan desde el principio el fantasma del carácter elitista que sí caracterizó al cuerpo de oficiales de otros institutos armados de la región.

b) La tradicional subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Político, que ha impedido la irrupción extraconstitucional de los militares y el establecimiento de gobiernos de facto a lo largo de la historia política de los sucesivos gobiernos posrevolucionarios. Las fuerzas armadas demuestran su institucionalidad al asumir el compromiso de lealtad al presidente del gobierno, sin importar el color de su partido político.

c) El bajo nivel de gasto militar, si se compara con el resto del hemisferio. Históricamente, México es uno de los países que menos recursos destina al rubro Defensa Nacional.

Proceso de Militarización de la Seguridad Pública en México (2006–2010)

A lo largo de su corta historia institucional, poco más de nueve décadas, el aparato militar de México se orienta y desarrolla para enfrentar amenazas y problemas de carácter interno; y, a la par de la descomposición de los cuerpos de seguridad pública y justicia penal, en el marco de la crisis del Estado, asume el papel preponderante en la represión de la delincuencia organizada.

La injerencia directa de los militares mexicanos en la dimensión interna viene acompañada por la legitimidad social, ya que en el imaginario colectivo mexicano sus fuerzas armadas cuentan con una amplia aceptación y reconocimiento social, lo que se mantiene incólume en el horizonte temporal.

Si bien este fenómeno presenta una tendencia a la baja, nos encontramos ante una situación insoslayable de desgaste institucional, que incluye el riesgo de la degradación: ejemplo de ello son los denominados zetas, desertores de fuerzas especiales del ejército, componentes de las fuerzas de élite, entrenados en operaciones antidrogas y antiterroristas; gran número de ellos en Estados Unidos, por lo que dominan equipos de comunicación sofisticados, sistemas de armas diversificados y conocen todas las estrategias de inteligencia; en la última década, se verifica la deserción de 1 680 efectivos encuadrados en las fuerzas de operaciones especiales (Milenio, 2011). Es probable que los elevados niveles de violencia que se hacen presentes en diversas regiones de México respondan a la intervención de estos ex-militares.



Emergencia del Modelo Policial de Mando Único Estatal como paradigma del proceso de militarización de la seguridad pública.

A la participación directa de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico se adiciona la propuesta denominada "Nuevo modelo policial de mando único estatal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal", que pretende la desaparición de la función de seguridad pública en el orden municipal, lo que claramente implica un tránsito del sistema policial descentralizado al centralizado.

Se trata de una postura de carácter radical a la que se adhieren tanto la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) como el máximo órgano de decisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en virtud del Acuerdo 03/XXVIII/10, que a la letra dice: "El Consejo Nacional de Seguridad Pública se pronuncia a favor de un modelo policial que cuente con 32 policías estatales, cada una con un mando único y confiable, y apoyado por la policía federal".

El llamado "nuevo modelo policial" descansa en la unificación de las policías municipales y estatales para garantizar la unidad de mando, es decir, un solo cuerpo policial por entidad federativa con un mando único, cuyo significado es la fusión de las policías uniformadas e investigadoras en un cuerpo estatal de policía único por estado.

Ahora bien, de los actuales titulares de las secretarías de seguridad pública de las 32 entidades federativas, 14 tienen antecedentes castrenses (12 proceden del ejército, uno de la armada y uno del US Army) lo que representa cerca de 50 % de los responsables del diseño y ejecución de la seguridad pública en el ámbito local mexicano. Tal vez sea conveniente preguntarse si la propuesta presidencial de mando único estatal en las corporaciones policiales no responde al intento de profundización del proceso de militarización de la seguridad pública en México; o, lo que es lo mismo, confiar en mandos militares la conducción de las instituciones policiales estatales.

Ficción o simulación jurídica en el escenario mexicano.

México vive bajo el amparo del estado de derecho, pero de facto, el estado de excepción domina el escenario político nacional, cuestionando los principios de legalidad y seguridad jurídica. Probablemente, esta situación responda a la interpretación de la letra y espíritu del artículo 129 constitucional y de integración de la SEDENA y la SEMAR en el Consejo de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llevada a cabo en abril de 1996 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la propia aplicación o ejecución de cinco tesis en el mismo sentido (que sientan jurisprudencia), que dejan expedita la participación de las fuerzas armadas en misiones y funciones de naturaleza policial y parapolicial, sin necesidad de que sea declarado el estado de excepción cuando y donde intervengan los militares.

Cabe recordar que el artículo 129 a la letra dice: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.



A la luz de la situación dominante se impone un marco normativo de excepción, consagrado en el artículo 29 constitucional, que, por un lado, reconozca la situación prevaleciente en determinadas regiones y municipios de México y que, a la vez, tienda un manto protector, tanto sobre las actuaciones de los propios uniformados como de los habitantes del espacio territorial en el que sea necesario desarrollar operativos a cargo de las fuerzas armadas; puesto que, en opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja, la declaración del estado de excepción por un órgano nacional competente: "permite a la población conocer exactamente el ámbito de aplicación material, territorial y temporal de las medidas de excepción y previene las suspensiones de facto, así como las posteriores tentativas de justificar violaciones de los derechos humanos".

Además, no debe soslayarse que durante la vigencia de tal estado de excepción debe preservarse el denominado "núcleo duro" de los derechos humanos; se trata de aquellos derechos inalienables que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser suspendidos o abrogados, tales como el derecho a la vida; al reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano; al debido proceso; la prohibición de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la esclavitud y servidumbre, y la retroactividad del derecho penal, entre otros.

Curiosamente, el máximo órgano jurisdiccional no lo interpreta así e incluso allana el camino para que las fuerzas armadas participen en funciones que se corresponden con la seguridad pública. En cinco tesis del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96, XXIX/96 y XXX/96) se establece que las tres fuerzas "pueden participar en acciones civiles a favor de la seguridad pública, en auxilio de las autoridades civiles".

Las dos condiciones o reservas de la SCJN son: a) que la participación de los militares responda a una solicitud fundada y motivada de la autoridad política; por ejemplo, un gobernador o presidente municipal, y b) que durante la intervención de las fuerzas armadas, las mismas se encuentren subordinadas a la autoridad política.Cabe señalar que, hasta el momento, el instrumento militar interviene a requerimiento de la autoridad política, pero, en la praxis, no se subordinan a la misma. Por el contrario, la experiencia demuestra que las fuerzas armadas se caracterizan por la autonomía en el ejercicio del comando y actuaciones. De facto, la participación directa de los uniformados en misiones y funciones policiales cuestiona severamente la vigencia del Estado de derecho consagrada de jure.

Recapitulando, en los últimos años en México los militares desempeñan funciones y misiones en el ámbito de la seguridad pública en dos vertientes: como activos de las fuerzas armadas y policía federal, por un lado; y como titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, por otro. Se trata de la tendencia a la militarización de la seguridad pública que, en Ciudad Juárez, se materializó en la injerencia directa sobre su Secretaría de Seguridad Pública.

Esta situación ha conllevado una condición sumamente grave, que presupone la violación consuetudinaria de las garantías individuales, mientras los funcionarios públicos insisten en que tenemos solamente un grave problema de seguridad pública. Lo hemos afirmado anteriormente, la realidad ha superado el discurso: nos encontramos ante un problema de seguridad nacional que compromete la viabilidad misma de las instituciones estatales.

Es necesario, en consecuencia, que se reconozca que existe un problema de seguridad nacional, con todas sus secuelas. Esto es, el gobierno federal debe asumir que no posee todo el control del territorio y que, en algunas entidades federativas, la delincuencia ha constituido un narco-estado paralelo. En el caso específico de Ciudad Juárez, las condiciones en que viven sus habitantes constituyen, de facto, un estado de Excepción sin ningún tipo de control parlamentario o judicial: la presencia del Ejército y Policías federales en las calles, la decisión ciudadana de no salir, la falta de seguridad para realizar reuniones pacíficas, las ejecuciones extrajudiciales, entre otras cosas, todo ello conforma este estado excepcional.



Es en este tenor que, para el resguardo de las garantías individuales de nuestros conciudadanos y evitar, en consecuencia, excesos y discrecionalidades por parte de las autoridades federales, es necesario que sea aplicado lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, que contempla mecanismos de control legislativo de las acciones implementadas como consecuencia de la emisión del decreto de suspensión de garantías. Hacerlo de otra manera, implica la convalidación de la violación de garantías de nuestros conciudadanos por parte del gobierno federal, en una situación de guerra no declarada.

Es menester señalar que, dentro de las diferentes teorías constitucionales, la suspensión de garantías o derechos que deben ser tutelados por el Estado (declaración de estado de Excepción), es el acto de mayor contundencia por parte de las autoridades que puede ser ejercido en contra del ciudadano. Es por ello que debe ser plenamente justificado, autorizado y fiscalizado por los poderes de la Unión–Legislativo y Judicial—ya que es el Ejecutivo quien toma, autorizado por el Congreso, facultades extraordinarias para el control de una situación que pone en riesgo la gobernabilidad misma.

Sin embargo, resulta indispensable señalar que, dada la historia de ejercicio autoritario del Poder en nuestro País, la izquierda mexicana se rehúsa al uso del término. Debemos insistir: la suspensión de garantías no es un mecanismo autoritario en sí mismo, aunque puede derivar en él –no soslayamos el hecho de que, en algunos Estados, “los estados de excepción, se han transformado en el instrumento jurídico mediante el cual se pretendía legalizar los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades”. El problema fundamental es cómo establecer mecanismos de control legislativo y judiciario sobre el ejercicio de estas facultades extraordinarias.

Lo que sí resulta del todo autoritario e irresponsable es, exactamente, perpetuar y convalidar las deplorables condiciones de vida impuestas fácticamente en ciudad Juárez y otros sitios del territorio nacional, ya que el Ejército desenvuelve funciones que sólo tendría que ejercer en un estado de Excepción –porque no coadyuva sino que sustituye de facto a las autoridades civiles a las que debiera estar sujeto—, las garantías individuales se encuentran suspendidas en los hechos, ninguno de los poderes municipales, estatales y hasta los federales funciona con normalidad y, encima de todo, por intereses meramente mediáticos se permite el desarrollo de un proceso electoral en el que no se puede garantizar ni la legalidad ni la equidad, principios fundamentales de cualquier elección. Adicionalmente, en el contexto internacional, la Administración Pública federal tiene sobre sí la presión del gobierno estadounidense para estrechar, aún más, los lazos de cooperación en la materia.

Tenemos un grave problema de seguridad pública y es la razón por la que el gobierno federal se rehúsa a utilizar los mecanismos constitucionales que pudieran coadyuvar en la solución del problema, resguardando al tiempo, las garantías individuales de los ciudadanos, porque tendría que reconocer su incapacidad política, técnica y operativa, para enfrentar este problema. Es por lo anterior que el gobierno federal se ha visto obligado a violar, reiteradamente, nuestro marco constitucional y legal.



Reconsiderando el rumbo

Sin duda, el instrumento central en el aparato de seguridad nacional en México es el de las fuerzas armadas que tienen como misión central el uso de la fuerza y el de repeler amenazas internas y externas. Sin embargo, la seguridad nacional comprende un abanico más amplio de misiones que requieren de una mirada extensiva y decidida de la participación del Estado y la nación; en este marco, el uso legítimo de la fuerza es insuficiente.

Algunos elementos son fundamentales: Una ambiciosa reingeniería institucional de la inteligencia cívico-militar, financiera y judicial en una estructura común que jamás antes se haya visto para desarticular la criminalidad, adelantarse a la delincuencia organizada y combatir la corrupción sin ambigüedad; un decidido compromiso de Estado con el desarrollo económico y regional; una política exterior con visión y liderazgo; educación, desarrollo científico y tecnológico, la promoción de la salud; preservación de los recursos naturales; un fomento efectivo al federalismo; una política incuestionable del resguardo de las fronteras; y una visión estratégica con el respaldo de una comunidad profesional y multidisciplinaria de civiles y militares que puedan en su conjunto robustecer la cohesión social en nuestro país.

En suma, México carece todavía de un sistema integral de carácter civil y legal para la seguridad nacional capaz de regular efectivamente la participación de las fuerzas armadas, e integrar la seguridad nacional con el desarrollo económico y social y la política exterior, y de esa forma garantizar el interés nacional de México. El gran desafío es establecer una estrategia geopolítica e internacional que agrupe los intereses, las aspiraciones y las oportunidades de la República y que brinde confianza, certidumbre y estabilidad al grueso de los mexicanos y sea capaz de redefinir una vecindad responsable y madura con Estados Unidos y la comunidad internacional.



Los procesos de Centralización y Federalización de la Administración Pública.

El centralismo y el federalismo en la administración pública no solo son conceptos opuestos, sino que han sido doctrinas o posiciones políticas que se enfrentaron en México para estructurar la republica desde el siglo XIX. Ambos conceptos refieren al tipo de régimen político, al arreglo del gobierno de un país, en cuanto a la manera en que se administran los poderes en el territorio, sobre la población y la riqueza nacional.

Remontándonos en la historia, bien se podría decir que seguimos atorados en aquellas luchas entre conservadores y liberales, pues como se sabe, el federalismo responde o es equivalente al pensamiento liberal democrático mientras que el centralismo se explica en función de las sociedades conservadoras y autocráticas. Estos dos bandos, estas diferentes y opuestas ideologías, son en gran parte la causa del estancamiento que México, como país, ha tenido en cuanto a un crecimiento tanto económico como social y cultural.

Entendemos por Centralismo, al sistema de organización estatal cuyas decisiones de gobierno son únicas y emanan de un mismo centro.

El Federalismo es una doctrina política que busca una organización estatal conformada por distintos organismos que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía, el Estado, pero conservan cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente, en otras palabras es un sistema político en el cual las funciones de gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados, primeramente, que luego delegan competencias a un estado federal central.

Dentro del federalismo se establece una división territorial del poder político, creando un gobierno federal central, a través de adherir gobiernos regionales con cierto grado de soberanía. Dentro del centralismo no existe esa división territorial del poder político, solo existe el gobierno central sin gobiernos regionales.

En el federalismo existen varias unidades políticas que reciben distintos nombres: delegaciones, comunidades, provincias, departamentos, etc., que pueden tener soberanía territorial en algunos asuntos como: policía, tribunales, sistema educativo, impuestos locales, y otros, según lo definan políticamente. El centralismo en cambio mantiene poderes de cobertura nacional como: impuestos nacionales, relaciones internacionales, constitución nacional, política monetaria, defensa nacional y otros.

El centralismo disfrazado de federalismo que hemos vivido en México, no sólo ayer, sino muchos años antes, ha sido una embarrada de atole de agua con el dedo. El Gobierno Federal se mantiene como un poder centralizador de recursos hacendarios, en vez de constituirse en un equitativo distribuidor de facultades jurídicas e ingresos fiscales para los Estados de la República: así los gobernadores de las entidades libres y soberanas dejarían de ser; -dijo el diputado Heriberto Jara en la tribuna del Congreso Constituyente de 1917-; como esos niños inocentes que esperan con ojos lastimeros y mano tendida a que “su papi” –en el caso el Presidente de la República-; tenga a bien darles el “domingo” semanal.

Tras un largo proceso de “descentralización” que México vivió o más bien, que sigue viviendo, se les quitó, se les volvió a dar y así sucesivamente, porciones de poder y un poco de voz y voto a los gobernantes de cada estado, sin embargo siempre manejado a la conveniencia de nuestros presidentes.

Se dice que el centralismo es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de una nación, y como se mencionó anteriormente, México se encuentra estancado y nos preguntamos ¿Por qué?, sin darnos cuenta que la respuesta esta ante nosotros, el gobierno nos tiene con los ojos vendados ante la realidad y nos vende ideas falsas de una federación con el poder distribuido.



No podemos seguir siendo un país pasivo y ausente en la toma de decisiones que “dictan el veredicto” de nuestro futuro y por lo tanto marcan el curso de nuestras vidas. Esta más que claro, a través de la historia, el poder centralizado solamente beneficia a unos pocos, es obsoleto y deficiente.

Desbaratar el centralismo funcional que engorda al Gobierno nacional y agobia a los Gobiernos estatales no es tan difícil, pero requiere la unidad de los gobernadores y de los ciudadanos, sin distinción de partidos políticos. Por ello es importante impulsar, desde cada estado de la república, proyectos encaminados a utilizar las fortalezas de los gobiernos locales para atender las múltiples necesidades comunitarias y proyectar objetivos de avance económico de significativa incidencia.



“Estructura institucional y funcionamiento de la seguridad nacional en la administración pública”

Proceso de descentralizar las políticas de seguridad.

La experiencia internacional comparada indica que las iniciativas efectivas de control y prevención del delito tienen como eje la descentralización de la toma de decisiones. Así, iniciativas de policía comunitaria o programas de prevención situacional vinculadas con la recuperación de espacios públicos evidencian mayor impacto cuando se desarrollan en coordinación y bajo el liderazgo de los gobiernos locales. Esta misma evidencia pone de presente las limitaciones que enfrentan iniciativas centralizadas y con circunscrito soporte local.

No obstante lo anterior, la amenaza de la corrupción tiene que ser considerada y el bien público de la seguridad asumido con cautela y rigurosidad debido a los peligros que implica la posible penetración del crimen organizado en las múltiples estructuras gubernamentales. Algunas experiencias de países de la región muestran las consecuencias que puede arrojar la infiltración del crimen organizado en instituciones descentralizadas caracterizadas por sus enormes debilidades estructurales.

Una de las áreas de opacidad que detecta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son las debilidades en los sistemas de control interno de las entidades federativas y municipios, acentuados de manera significativa en el caso de los municipios. Para la ASF es un aspecto que incide de manera fundamental en la calidad y transparencia de la gestión y resultados de los fondos y programas del gasto federalizado, por lo que considera que su atención es esencial para alcanzar gestiones más eficientes, transparentes y sujetas a procesos efectivos de rendición de cuentas.

Es así como en la mayoría de países se han desarrollado iniciativas locales que buscan disminuir la presencia de la delincuencia y aumentar la sensación de seguridad. En general, estas iniciativas se vinculan principalmente con la prevención más que con el control de la situación, debido a marcos jurídicos que carecen de mecanismos de coordinación entre los gobiernos locales y los nacionales o estatales. Paradójicamente, incluso aquellos países que cuentan con tipos de gobierno federales, y por ende con mayores niveles de descentralización, evidencian serios problemas en la definición de los roles y tareas específicas que debe asumir cada nivel de gobierno. Especialmente las bandas de crimen organizado de mayor complejidad y organización evidencian un importante poder de penetración en estructuras débiles y con altos niveles de precariedad laboral y profesional.

De esta forma, ambos esquemas, centralizados y descentralizados, presentes hoy en el continente americano, muestran problemas serios para enfrentar la criminalidad. No existe una respuesta única para la interrogante definida previamente.

Las condiciones de cada país, la situación delictiva, los marcos jurídicos existentes, así como los recursos humanos y financieros de los gobiernos locales, son elementos centrales para definir la oportunidad y necesidad de procesos que tiendan a descentralizar las funciones de seguridad en un determinado contexto nacional. No obstante, es en la prevención donde se encuentran las mayores posibilidades y capacidades de acción local en prácticamente todos los países de la región.

Las iniciativas de participación ciudadana que promueven el desarrollo de acciones descentralizadas que vinculan necesidades de la población con acciones específicas, son otro pilar que fundamenta la necesidad de procesos descentralizadores relacionados con la prevención. El involucramiento del gobierno local tiene el potencial de enfatizar la importancia de la prevención.



Luego de los procesos de democratización y descentralización del Estado desarrollados en los ochenta, el gobierno local asumió un activo papel en la formulación e implementación de políticas públicas; sin embargo, las limitaciones propias de estos procesos, aunadas al déficit de recursos humanos y financieros, así como a la carencia de cobertura de servicios básicos que sufre la población, han retrasado su emergencia como verdaderos protagonistas en la gestión.

Los gobiernos locales enfrentan a diario el reclamo ciudadano por los niveles de inseguridad y la necesidad de medidas que aborden esta situación. En términos generales, las medidas pueden ser de tres tipos: control, prevención y rehabilitación.

Las primeras, en la mayoría de países del continente americano, pertenecen al ámbito nacional o estatal (en los países federales), por lo que la capacidad local de intervención es limitada. La prevención, por su parte, es el terreno idóneo para el gobierno local, en términos de intervención y sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con este tema. Los gobiernos locales tienen un conocimiento detallado de los problemas que enfrentan sus comunidades (presencia de espacios abandonados, carencia de iluminación, aumento de la deserción escolar, entre otros), razón por la cual están capacitados para focalizar las iniciativas y para articularse con la comunidad con el objeto de implementar las medidas requeridas. De igual forma, la rehabilitación es tarea que debería ser desconcentrada y descentralizada para asegurar su mayor efectividad.

Ahora bien, las tres son medidas que deben ser realizadas en conjunto y de forma coordinada. La experiencia internacional muestra la importancia de emprender tareas vinculadas de control-prevención-rehabilitación, que bien coordinadas arrojan resultados efectivos. Así por ejemplo, la recuperación de un espacio público en un barrio de alta vulnerabilidad delictiva requiere del aumento de la presencia policial para que aliente la participación de los vecinos, así como iniciativas de prevención situacional que mejoren la iluminación y calidad del espacio cercano. Finalmente, hay que emprender programas de participación de la comunidad que permitan detectar problemas de adicción; si se consigue involucrar en estos programas a actores locales como las iglesias, dichos problemas puedan ser intervenidos apropiadamente.

La forma como el Estado en América Latina está respondiendo a los problemas de seguridad es claramente insuficiente. La necesidad de procesos de reforma estructural es evidente no sólo en lo que respecta a las instituciones encargadas del tema, sino también a los procesos de diseño e implementación de las políticas.

Sin duda, la descentralización de políticas de seguridad involucra el rediseño de los grados de autonomía y responsabilidad de los diversos niveles de gobierno. Situación que traerá beneficios evidentes al proceso de transparencia en la toma de decisiones así como en la implementación de políticas adecuadas para los problemas específicos que enfrenta la población. Especialmente, los gobiernos locales presentan una enorme fortaleza en la implementación de las políticas de prevención del delito vinculadas con el rediseño urbano, la iluminación, la recuperación de espacios públicos y otras iniciativas relacionadas con la llamada prevención situacional o con iniciativas de trabajo comunitario que buscan involucrar a los actores de la sociedad civil en mecanismos efectivos, focalizados y directos de intervención local, incluso en programas de prevención social que intentan atacar aquellos factores enraizados en ciertas comunidades que detonan el aumento de la criminalidad.

En todas estas áreas de acción, la descentralización es un proceso positivo en que el gobierno local puede y debe actuar con un rol protagónico. Las tareas de control del delito, por su parte, deben ser analizadas en cada contexto para reconocer la validez, viabilidad y especialmente la conveniencia de procesos que descentralicen las instituciones a cargo.



Ahora bien, esto no implica la pertinencia de procesos de toma de decisión centralizados que no incluyan las diferencias sub-nacionales. Por el contrario, se deben poner en práctica con mecanismos de trabajo conjunto y coordinado con los gobiernos estatales y locales para lograr una adecuada sinergia en la acción y toma de decisiones, situación que no necesariamente incluye la descentralización de responsabilidades y definiciones.

En este sentido, la seguridad pública debe ser analizada en su totalidad en cada contexto nacional para asegurar la conformación de la propuesta más pertinente que permita diseñar e implementar políticas integrales y efectivas para disminuir la criminalidad.

En la actualidad, el estudio de la seguridad pública en cualquier entidad del país, y las propuestas de políticas que se formulen, debe enfocarse desde la escala nacional, pues persistir en una visión localista para cada una de ellas supone ingenuamente que ahí sólo existen delincuentes de barrio. Esto es así por varias razones, aunque en apariencia los delitos como el narcotráfico, la piratería, el secuestro o el robo de autos se cometan en una determinada entidad, son planeados, supervisados, ejecutados y protegidos, desde redes que operan con un enfoque internacional, rebasando deliberadamente los límites de un estado, sabiendo que las agencias de gobierno local, provincial y nacional no actúan coordinadamente, situación que les concede una enorme ventaja logística. También debe considerarse que algunos ilícitos de carácter federal como el narcotráfico generan colateralmente un halo de delitos que no deben ser perseguidos por separado.

Quizá, la evolución de la delincuencia hacia redes debe obligar no sólo a una adecuada coordinación, sino a realizar una reforma constitucional que establezca dos tipos de organismos policíacos, uno de carácter nacional, encargado de los delitos federales y 32 policías estatales con personal distribuido en todos los municipios, en función de sus índices delictivos, actuando bajo mandos unificados, con estrategias de trabajo determinadas en cada entidad y conteniendo en su interior, de forma separada las funciones preventiva y de investigación.

Entre los rasgos que pueden destacarse en la propuesta, se pueden señalar cinco:

1. Más y mejor capacitación al concentrar recursos humanos y financieros, evitando con ello la actuación de policías que no saben manejar armas de fuego, no practique tiro y no usen esposas para detener a un sospechoso;

2. Incluir la formación policial de carrera como requisito de ingreso y permanencia, haciendo hincapié, en el respeto de los derechos humanos y en la separación ideológica con el ejército;

3. Al interior de la agrupación incrementar el número de policías investigadores, cuyo trabajo se asigne en función de las solicitudes de los ciudadanos que han denunciado un delito, a quienes deberán informar los resultados de su labor;

4. Jefes policíacos formados en escuelas de policías, en vez de políticos que desconocen la materia, nombrados usando mecanismos que aseguren un margen razonable de libertad respecto del poder ejecutivo, pero obligado a informar continuamente al legislativo y a consejo ciudadano. También podrían nombrarse políticos al frente, reglamentando que los mandos operativos sean policías de carrera;

5. Mejorar las condiciones de trabajo, ingreso, promoción, jubilación, servicio médico y seguro de vida.

Probablemente, un esquema como este permitiría establecer una verdadera prevención del delito, en donde la coordinación institucional se facilitaría al reducir el número de corporaciones participantes.



Desaparición de la Secretaria de Seguridad Pública.

Peña Nieto propuso modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; modificar el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación y crear la Comisión Nacional de Seguridad.

Esto dio nuevas tareas al titular de la SEGOB, que con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), asumió la coordinación de las tareas de seguridad con los secretarios de Estado y demás funcionarios de la administración pública federal para un trabajo conjunto de parte de los gobernadores y autoridades Federales"

“Una línea de mando jerárquica y establecida que lleva a mejores resultados, pues cuando tenemos líneas de mando paralelas no se tienen los resultados y en muchos casos hay competencia entre las propias instituciones del gobierno”.

Convertir a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el brazo fuerte en el combate al crimen en México fue un acierto de la administración de Enrique Peña Nieto, pues terminó con las pugnas entre dependencias al contar con una sola línea de mando, aunque aún sin resultados visibles, coincidieron analistas consultados por CNNMéxico.

Críticas al Mando Único de Policía:

Por otra parte, habrá diferentes opiniones respecto al tema de seguridad nacional, algunas a favor y otras en contra. Pues si bien es cierto, se ha observado en los últimos años que para buscar “resolver” problemas que parecen ser generalizados, ha sido centralizada la capacidad de decisión en los espacios federales, haciéndolos nacionales. Para algunos, esto tiene un efecto pernicioso sobre el federalismo al restar recursos y autoridad a los órdenes inferiores, además de generar una carga importante en los espacios federales.

En México, el federalismo ha pasado por distintas vertientes, pero desde hace algunos años ha habido una tendencia a restar capacidades a los municipios para pasarlas a los estados, y de los estados para que los asuma la Federación. Los últimos dos casos, en ese sentido, fueron la reforma electoral y la reforma al Código Penal, que tendieron, como nunca, a establecer mecanismos nacionales y comunes a las entidades, restando capacidades a los estados y municipios en su conjunto, trasladando diversas atribuciones a la autoridad federal.

El problema es que el aspecto de seguridad, está en la base de la función del Estado. Si se le resta la atribución a los municipios, entonces pone en tela de juicio el fundamento del municipio y, por lo tanto, del esquema federal.

La reciente propuesta del presidente Enrique Peña sobre mando único y otros aspectos de seguridad, nuevamente tensa la relación de la Federación con las entidades y al interior de ellas con los municipios. En buena medida, pensar que como las localidades no tienen recursos o no saben cómo hacerlo, o como son más débiles institucionalmente, entonces se les debe quitar la atribución y trasladarla a aquellos espacios donde sí se pueda hacer, o que tengan más fortaleza institucional, o que se pueda homogeneizar.

El centralismo en el ejercicio de los recursos constituye un obstáculo difícil de remontar. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constata el escaso nivel de 3% de descentralización fiscal, que ubica a México como una de las naciones más centralizadas en materia de distribución del gasto, aunado a una pequeña inversión federal equivalente al 20% de su Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de la OCDE es de 45%, plantea un sombrío panorama.



En buena medida la problemática con las policías en el país tiene que ver más con su formación que con su función, lo cual no se ubica en la propuesta. Los policías reciben cursos que les habilitan como tales pero, a diferencia de otros países, no tenemos en el país un mecanismo de formación profesional que les dé, no únicamente habilidades, sino también identidad y prestigio.

La centralización, evita entonces abordar los problemas desde sus propias características. Es por ello que el mando único puede ser efectivo en alguna entidad, pero inefectivo en otras, debido a las diferencias y lógicas internas de las entidades del país. Incluso, en la mayor parte de las ocasiones, los estados construyen mecanismos de solución a problemáticas específicas mucho más avanzadas y novedosas de lo que la Federación hace, por lo que ignorar esa condición impacta sustancialmente la dinámica local.

Opinión personal respecto al Mando Único de Policía:

En mi opinión, la seguridad nacional es un bien público especial que atañe al Gobierno Federal, es cierto, vivimos un centralismo disfrazado de federalismo, pero también es cierto que resulta una buena idea en el sentido de apoyar a los estados y municipios en materia de seguridad, sobre todo cuando no han sido suficiente tantos años para garantizar la protección de la población por parte de los gobiernos locales; es momento ya de que el gobierno federal tome control y se inviertan los papeles; si antes el Gobierno Federal exigía al Municipal, ahora que sean los ayuntamientos quienes exijan al gobierno que garantice la seguridad pública que la población demanda, que sea la ciudadanía que califique el actuar de la Policía de Mando Único (evaluar transparencia, servicio, legalidad, transparencia, etc.) y que sean atendidas sus denuncias; no serian “reproches” sino “cooperación” entre los tres niveles de gobierno, “coordinación” con el único fin de servir a la población sin miras a intereses particulares, ni colores partidistas ni teorías de formas de Estado, pues al final la historia nos ha demostrado que México adopto el sistema federalista y a través del tiempo éste se ha ido moldeando a las características propias del país..

Análisis FODA del Mando Único de Policía.

Fortalezas: Rendición de cuentas por parte del Gobierno Federal. Fuerte aparato anticorrupción con capacidad de

detectar actos y llevarlos al sistema de justicia. Experiencia en materia de seguridad nacional. Fortaleza institucional y homogenización. Mecanismo de formación profesional que brinde

habilidades, identidad y prestigio. Coordinación de tareas de seguridad, una sola línea de

mando, sinergia en la acción y toma de decisiones. Establece roles y tareas especificas a cada nivel de

gobierno. Cuenta con recursos humanos y financieros necesarios

para operar. El municipio podrá ocuparse de cubrir servicios básicos

que necesita la población, mismos habían sido retrasados por atender la seguridad pública; así como atender problemas de sus comunidades.

Oportunidades: Confianza ciudadana e internacional. Vigilancia por parte de la Comisión Nacional

de Derechos Humanos que evite incurrir en violaciones o abusos de poder en materia.

Supervisión por parte del Sistema Nacional Anticorrupción que garantice legalidad y transparencia.

Participación de la Comisión Nacional de Seguridad Pública.

Intercambio de experiencias en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Revisiones por parte de la Auditoria Superior de la Federación en materia de recursos financieros.

Recupera de espacios públicos. Promueve la iniciativa ciudadana. Previene el delito.



Debilidades: Desaparición de policías municipales,

desempleo. Carga importante en espacios federales. Resta capacidades a los municipios y estados,

menores recursos y autoridad. Destruye el Federalismo, pone en tela de juicio

el fundamento de municipio.

Amenazas: México país variado en sus características que no

permita dar respuesta a situaciones que representen distintas regiones de un mismo estado.

Corrupción, se facilita la corrupción de una sola corporación en vez de tener que corromper más de 2000.

Crimen organizado, narcotráfico y conflictos internacionales.

Estados y Municipios sin capacidad de gobierno, donde el gobierno federal se tenga que hacerse cargo de problemáticas tan complejas que no tenga la capacidad de hacerlo.

Estrategias:

Estrategias FO. Utilizar las fortalezas para convertir las oportunidades en el mismo. Foros intermunicipales, nacionales e internacionales para el intercambio de experiencias. Atender las recomendaciones que emita la CNDH y sancionar a los servidores públicos que incurran en

violaciones o abusos de autoridad. Establecer sistemas de control interno que garanticen calidad y transparencia de la gestión y resultados de

los fondos y programas del gasto federalizado. Diseñar e implementar programas de rehabilitación dirigidos a la población juvenil infractora y a aquella que

se encuentra cumpliendo condena por infracción. Promocionar la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas e iniciativas de seguridad

pública (por ejemplo, iniciativas que fortalezcan la relación policía-comunidad). Promover la educación cívica en las escuelas y en la comunidad.

Estrategias DO. Mejorar las debilidades para tener ventaja de las oportunidades. Avanzar en la definición de herramientas que permitan diseñar e implementar políticas de seguridad pública

a nivel local. Fortalecer los marcos jurídicos que establezcan mecanismos de coordinación entre los gobiernos locales,

estatales o provinciales y nacionales, para lograr mayor efectividad.

Estrategias FA. Utilizar las fortalezas para hacer frente a las amenazas externas. Institucionalizar aquellas políticas de seguridad pública que prometan resultados para evitar que los cambios

de gobierno produzcan modificaciones que rompan con la naturaleza de las mismas, les resten efectividad o las eliminen.

Ayuntamientos y la SFP, en el ejercicio de sus funciones exijan la rendición de cuentas por parte del Gobierno Federal.

Practica periódica de exámenes de control y confianza al personal de servidores públicos. Definir los roles de cada nivel de gobierno que garanticen la efectiva coordinación de tareas.

Estrategias DA. Reducir debilidades internas evitando amenazas del entorno. Contar con personal calificado: capacitación de funcionarios y reclutamiento de personal especializado; Desarrollo de diagnósticos que identifiquen las debilidades del gobierno local, estatal y federal; así como

elaboración de planes de fortalecimiento institucional. Promover el liderazgo de alcaldes en el diseño e implementación de las políticas de seguridad pública,

especialmente vinculadas con iniciativas de prevención y rehabilitación.Universidad Latinoamericana

Maestría en Administración PúblicaAdministración Pública, Instituciones y Procesos en México

Semana 4. Análisis sobre la estructura y funcionamiento de la administración públicaestatal y municipal que México ha tenido en materia de Seguridad Pública.

Organización administrativa de los niveles federal, estatal y municipal de gobierno en México.

La ley orgánica de la administración pública establece la forma de organización de la administración pública, misma que a través del estado ejerce sus funciones, y se integra por órganos de la administración pública centralizada y otra que corresponde a órganos de administración paraestatal, de ahí la importancia de esta ley en cuanto a la capacidad y apertura de la organización en la administración pública en lo que se refiere a todos los niveles, en los términos que aparece en el siguiente recuadro:

El sistema constitucional mexicano, instituye tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal.

El Gobierno Federal (Gobierno Central) es el poder público a través del cual se ejerce la soberanía nacional y representa jurídicamente a la Nación. Su fin es el de ejecutar los ordenamientos que la Constitución Política confiere a la Federación a través de los tres Poderes de la Unión: Legislativo, Ejecutivo y Judicial Federal; así mismo, funge como ente rector y orientador de la actividad económica social de la población. El Gobierno Federal, como categoría económica, incluye al Poder Ejecutivo, sus Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Órganos Autónomos Constitucionales de la Federación.

Universidad Latinoamericana


Los Gobiernos Estatales se organizan de manera soberana e independiente bajo una forma de gobierno republicana, representativa, popular y teniendo como base de su división territorial y organización política y administrativa, el Municipio Libre. Este subsector incluye al gobierno de las entidades federativas, es decir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, Poder Judicial y a los Órganos Autónomos constitucionales de los mismos. En torno a dichos poderes y órganos se desarrolla una estructura administrativa, que en el caso del Poder Ejecutivo, comprende a dependencias tales como las Secretarías de Finanzas, Educación, Comunicaciones, Trabajo, Ecología, entre otras; en el del Poder Legislativo comprende a los Congresos Estatales; en tanto en el Poder Judicial contiene los Supremos Tribunales de Justicia, entre otras dependencias.

Los Gobiernos Municipales (Locales) son la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados miembros de la Federación. El gobierno de cada uno de ellos incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y a las dependencias. Se dedican a la producción de servicios sociales y comunales, dentro de los cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, drenaje y limpieza, entre otros.

Rasgos constitucionales de la administración pública: estatal y municipal en relación materia de Seguridad Pública.

Está por demás demostrado que la Seguridad Pública, representa un tema vital para la vida política y social en nuestro país. Hoy en día es indispensable que la concurrencia entre la Federación, los Estados y los Municipios en este asunto, sea más clara y precisa, tanto a nivel Constitucional como de legislación secundaria; pero también es necesario actualizar su regulación local y que además ésta sea efectiva a lo largo del territorio mexicano.

A pesar de la existencia de una Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe una gran divergencia entre las distintas regulaciones a nivel estatal en el tema, por lo que es necesario pensar en una uniformidad a nivel local, o incluso considerar que por su importancia, puedan elevarse a nivel Federal algunos lineamientos indispensables y básicos que toda entidad federativa de nuestro país deba de tener.

Para cada uno de los tres órdenes de gobierno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define responsabilidades político-administrativas, ya sea diferenciadas o compartidas entre los tres.



Artículo 115 Constitucional, Fracción III., “Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen la leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:

a) Agua potable y alcantarillado b) Alumbrado público c) Limpia d) Mercados y centrales de abasto e) Panteones f) Rastro g) Calles, parques y jardines h) Seguridad pública y tránsito i) Las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y

socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Estructura y funcionamiento de la administración pública estatal y municipal que México ha tenido en materia de Seguridad Pública.

El artículo 21 Constitucional establece que, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Así mismo, La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reglamenta el artículo anterior, y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Organización administrativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición

de políticas públicas; Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; Consejos Locales e Instancias Regionales, y Secretariado Ejecutivo del Sistema. Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias

que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública estará integrado por: El Presidente de la República, quien lo presidirá; El Secretario de Gobernación; El Secretario de la Defensa Nacional; El Secretario de Marina; El Secretario de Seguridad Pública; El Procurador General de la República; Los Gobernadores de los Estados; El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y El Secretario Ejecutivo del Sistema.



La función primordial del CNSP, es coordinar a todas las instancias que integran al Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsando la instauración de mecanismos para lograr la participación ciudadana en los procesos de evaluación e implementación de las políticas de prevención del delito y de las instituciones de seguridad pública de todo el país. El consejo puede invitar a ciudadanos, representantes de organizaciones, etc., a participar en sus asambleas para exponer temas relevantes de seguridad nacional, estas invitaciones son siempre con el carácter de honoríficas.

Análisis sobre la estructura y funcionamiento de la Secretaría de Marina.

A lo largo del presente proyecto nos hemos podido percatar que el campo de intervención estatal en materia de Seguridad Pública es un tema de actualidad y bastante complejo, tanto así, que se ha redefinido por algunos autores y críticos como de Seguridad Nacional, toda vez que existe un ambiente internacional que está cambiando la naturaleza y sustancia de los problemas de seguridad, abarcando en consecuencia otros problemas (tráfico de drogas, violencia asociada a las drogas, criminalidad, migración, refugiados, descomposición del orden público ante la evidencia de formas diversas de violencia interna, etc.).

Recientemente, Peña Nieto propuso modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como, modificar el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación y crear la Comisión Nacional de Seguridad Pública.

Esto dio nuevas tareas al titular de la SEGOB, que con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), asumió la coordinación de las tareas de seguridad con los secretarios de Estado y demás funcionarios de la administración pública federal para un trabajo conjunto de parte de los gobernadores y autoridades Federales"

Para la presente semana, he optado por analizar la estructura y funcionamiento de la Secretaría de Marina, integrante de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, por ser esta la Institución en donde actualmente presto mis servicios:

Misión.Emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Visión.Un poder naval que coadyuve en el logro y mantenimiento de los objetivos nacionales marítimos, que sea líder en el impulso del desarrollo marítimo nacional; con una infraestructura logística moderna, capaz de operar en todo tiempo, con buques de vigilancia oceánica y de mar territorial diseñados y construidos en México y dos fuerzas navales que ejecuten operaciones navales con tácticas inherentes a la guerra naval, capaces de participar en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz y operaciones combinadas de entrenamiento con países amigos cuando así lo requieran los intereses nacionales.



Atribuciones (Art. 30 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar, administrar y preparar la Armada;II. Manejar el activo y las reservas de la Armada en todos sus aspectos;

III. Conceder licencias y retiros e intervenir en las pensiones de los miembros de la Armada;IV. Ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las costas del territorio, vías

navegables, islas nacionales y la Zona Económica Exclusiva;V. Organizar, administrar y operar el servicio de aeronáutica naval militar;

VI. Dirigir la educación pública naval;VII. Organizar y administrar el servicio de policía marítima;

VIII. Inspeccionar los servicios de la Armada;IX. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada;X. Establecer y administrar los almacenes y estaciones de combustibles y lubricantes de la Armada;

XI. Ejecutar los trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas;

XII. Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas extranjeras o internacionales en aguas nacionales;

XIII. Intervenir en la administración de la justicia militar.XIV. Construir, mantener y operar, astilleros, diques, varaderos y establecimientos navales destinados a los

buques de la Armada de México;XV. Asesorar militarmente los proyectos de construcción de toda clase de vías generales de comunicación por

agua y sus partes integrantes;XVI. Organizar y prestar los servicios de Sanidad Naval;

XVII. Programar y ejecutar, directamente o en colaboración con otras dependencias e instituciones, los trabajos de investigación oceanográfica en las aguas de jurisdicción federal;

XVIII. Integrar el archivo de información oceanográfica nacional, yXIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes o reglamentos.

Estructura Orgánica.

1.0 Secretario1.0.1 Inspección y Contraloría General de Marina1.0.2 Junta de Almirantes1.0.3 Junta Naval1.0.4 Jefatura del Estado Mayor General de la Armada1.0.5 Unidad de Planeación Estratégica1.0.6 Unidad Jurídica

1.1 Subsecretario1.1.1 Dirección General de Construcciones Navales1.1.2 Dirección General de Servicios1.1.3 Dirección General de Investigación y Desarrollo

1.2 Oficial Mayor1.2.1 Dirección General de Recursos Humanos1.2.2 Dirección General de Administración y Finanzas

1.3 Fuerzas, Regiones y Zonas



Organigrama.



Ejemplo: Segunda Región Naval (Ensenada, Baja California)



Funciones de una Región Naval.

a. Participar en programas de apoyo a la seguridad nacional con las autoridades federales, estatales y municipales dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Marina-Armada de México.

b. Ordenar los estudios y acciones para mantener y garantizar el orden constitucional y defensa de la soberanía nacional dentro de su ámbito de competencia.

c. Coordinar acciones conjuntas con autoridades civiles y militares para la vigilancia y seguridad de instalaciones vitales dentro de la jurisdicción.

d. Proporcionar protección y coadyuvar en el control del tráfico marítimo, fluvial y lacustre, así como disponer operaciones para la búsqueda, rescate y salvamento en el área de jurisdicción.

e. Disponer, dentro de su ámbito de competencia, la elaboración y ejecución de los planes y programas de contingencia, de auxilio a la población civil en los casos y zonas de desastre, de prevención y control de la contaminación del medio ambiente marino, vigilancia de los recursos marítimos y los que ordene el Mando.

f. Proporcionar la información oficial de las actividades o eventos de la Secretaría de Marina- Armada de México en la jurisdicción.

g. Verificar la aplicación del Plan Básico de Comunicaciones de la Armada, así como aprobar y ordenar la ejecución del Plan de Comunicaciones de la Región Naval.

h. Autorizar y evaluar los programas de alistamiento y entrenamiento de las unidades operativas.i. Gestionar los apoyos logísticos y operativos, así como coordinar las operaciones con otras regiones

navales, fuerzas navales y unidades adscritas.j. Proporcionar los apoyos requeridos por los mandos territoriales de su jurisdicción.k. Ordenar la obtención, procesamiento y diseminación de información de interés estratégico y operativo.l. Disponer inspecciones y auditorías a los establecimientos y unidades adscritas y dar cumplimiento a las

ordenadas por el Mando.m. Establecer directivas para el fomento de actividades culturales marítimas, en coordinación con las

autoridades civiles.n. Verificar que las obras aprobadas por el Alto Mando en las zonas, sectores y subsectores navales

cumplan con las especificaciones y tiempos establecidos.o. Formar parte del Consejo del Almirantazgo.



Estructura Orgánica:

1.0 Comandancia1.0.0.1 Ayudantía

1.0.0.0.0.1 Jefatura Jurídica1.0.0.0.0.2 Departamento de Control Contable y de Adquisiciones

1.1 Jefatura de Estado Mayor1.1.0.0.0.1 Departamento de Seguridad y Bienestar Social

1.1.1 Sección de Personal (S-1)1.1.1.1 Subsección de Control de Personal y Reclutamiento1.1.1.2 Subsección de Promoción y Educación

1.1.2 Sección de Inteligencia (S-2)1.1.2.1 Subsección de Acopio y Análisis de INFORMACIÓN

1.1.2.1.1 Grupo de Análisis Coyuntural y Estructural1.1.2.1.2 Grupo de Acopio, Clasificación y Búsqueda de Información

1.1.2.2 Subsección de Contrainteligencia1.1.2.2.1 Grupo de Medidas Activas1.1.2.2.2 Grupo de Medidas Pasivas

1.1.2.3 Subsección de Enlace y Protocolo1.1.3 Sección de Operaciones (S-3)

1.1.3.1 Subsección de Planes1.1.3.2 Subsección de Organización Táctica

1.1.4 Sección de Logística (S-4)1.1.4.1 Subsección de Planes Logísticos1.1.4.2 Subsección de Telecomunicaciones

1.1.4.2.1 Grupo de Sistemas de Radiocomunicación1.1.4.2.2 Grupo de Sistemas Informáticos

1.2 Inspección de Mando1.2.1 Subinspección Técnica1.2.2 Subinspección Administrativa

1.3 Jefatura Administrativa1.3.0.1 Jefatura de Servicios

1.3.0.1.0.1 Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino1.3.0.1.0.2 Departamento de Coordinación de Programas Contra la Contaminación del Mar1.3.0.1.0.3 Departamento de Trabajo Submarino1.3.0.1.0.4 Departamento de Transportes1.3.0.1.0.5 Departamento de Contramaestre1.3.0.1.0.6 Departamento de Condestable1.3.0.1.0.7 Departamento de Despensero

1.3.0.2 Jefatura de Talleres1.3.0.2.0.1 Taller de Carpintería1.3.0.2.0.2 Taller Mecánico y Combustión Interna1.3.0.2.0.3 Taller de Electricidad y Refrigeración

1.3.0.3 Jefatura del Detall1.3.0.3.0.1 Departamento de Representante de la Unidad Ejecutora1.3.0.3.0.2 Departamento de Control del Presupuesto Armada1.3.0.3.0.3 Departamento de Ejercicio y Comprobación del Presupuesto1.3.0.3.0.4 Departamento de Depósito y Equipo

1.3.0.4 Jefatura de Comunicaciones Navales1.3.0.4.0.1 Departamento de Electrónica1.3.0.4.0.2 Departamento del Centro de Comunicaciones1.3.0.4.0.3 Departamento de Cómputo



Gestión de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

La Oficialía Mayor de Marina administra los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para satisfacer en cantidad, calidad, oportunidad y lugar, las necesidades de las unidades y establecimientos navales. La Oficialía Mayor a través de las Direcciones Generales de Recursos Humanos y la de Administración y Finanzas, verifica que los recursos asignados se empleen con estricto apego a la normatividad que rige el proceso presupuestario y que el ejercicio de dichos recursos contribuya al logro de los objetivos institucionales en forma transparente.

Para cumplir con sus objetivos, la SEMAR requiere de personal con la capacidad y disposición para servir a la Institución y al país, por lo que la Dirección General de Recursos Humanos, ejerce las funciones para proveer de personal naval en la cantidad suficiente y adecuada a las unidades y establecimientos navales, así como definir las normas y lineamientos que permitan validar y operar en forma ágil y eficiente los procedimientos de reclutamiento, contratación, ascensos, promociones y cambios de adscripción de personal.

La Dirección General de Administración y Finanzas. Provee de recursos materiales y financieros a las unidades y establecimientos navales, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, desarrollo y crecimiento de la Institución. La Dirección General de Administración y Finanzas gestiona y administra el presupuesto de la Dependencia; así mismo, realiza el proceso presupuestario desde la programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los recursos hasta la rendición de cuentas de la Dependencia. Además, es la responsable de mantener actualizadas las estructuras orgánicas y ocupacionales, tanto básica como no básica de la SEMAR.

La Dirección General Adjunta de Abastecimiento, administra, establece, dispone, supervisa y dirige el programa de abastecimiento de medios logísticos, en apego de la normatividad interna y a la establecida por la administración pública federal, a fin de solventar los requerimientos de logística determinados por las unidades operativas, dependencias y establecimientos navales, dirigidos al logro de las metas institucionales.

Gestión de Recursos Humanos.En cada Mando Naval (Fuerzas, Regiones, Zonas, Sectores y Subsectores) existe un Departamento de

Reclutamiento, responsable de efectuar toda acción relativa a la contratación del personal naval, así como mantener su control hasta su distribución en las diferentes unidades y establecimientos.

Funciones Generales:a. Auxiliar en la estimación, planeamiento y supervisión del personal.b. Elaborar propuestas para cubrir vacantes de la estructura orgánica de las unidades y establecimientos de

acuerdo a los perfiles que se establezcan.c. Llevar el registro de las solicitudes de personal aspirante a ingresar al SAAM.d. Dar cumplimiento al procedimiento administrativo para la contratación de personal.e. Turnar al elemento de nuevo ingreso al Departamento de Seguridad y Bienestar Social para que se lleve a

cabo su afiliación.

El elemento humano es factor principal en toda organización y por consiguiente en la Armada de México, por tal razón su reclutamiento adquiere una atención relevante. Las fases del reclutamiento en la Armada de México son:

1. Captación.2. Selección.3. Contratación.4. Curso de adiestramiento básico.5. Distribución



Captación. El Departamento de Reclutamiento mantiene un control de planillas orgánicas (vacantes, excedentes y requerimientos de personal) de las unidades y establecimientos; determina e informa al Mando los requerimientos de personal, para que éste a su vez solicite autorización a la Dirección de General Adjunta Control de Personal (DIGACOPER).

DIAGACOPER, al recibir los requerimientos de personal y corroborar su necesidad de acuerdo a las planillas orgánicas, procede a captar los recursos humanos de fuentes de reclutamiento internas y externas.

Selección. El personal es contratado al cubrir los requisitos generales, si cuenta con la documentación correspondiente y aprueba satisfactoriamente los exámenes de selección: Entrevista de selección, Pruebas de conocimientos, Pruebas psicológicas, Prueba física, Pruebas de desempeño y Examen médico.

Contratación. La contratación se formaliza mediante el contrato de prestación de servicios, el cual se hará con apego a la ley, mismo que normará la futura relación de trabajo para garantizar los intereses y derechos, del trabajador y la Secretaría de Marina-Armada de México. En esta fase se coordina con los organismos correspondientes la verificación de la autenticidad de la documentación entregada por el personal.

Adiestramiento. La capacitación inicial se lleva mediante el Curso de Capacitación para Reclutas de la Armada de México (CCRAM), mismo tiene como objetivo sentar las bases para conducir y optimizar el proceso de integración del personal que causa alta en el SAAM, procedente de la vida civil, con el fin de formar militares navales, con disciplina, responsabilidad, doctrina y conocimientos básicos que le permitan su pronta y efectiva adaptación al medio.

Al término del proceso de contratación, se informa a DIGACOPER la relación del personal que causó alta. DIGACOPER, informará al Mando Naval los periodos a efectuar el CCRAM durante el año. Este programa tiene como finalidad familiarizar al elemento con el armamento, equipo y medios de acción para que lleve a cabo sus funciones en las diferentes situaciones que se presenten y poder lograr con éxito el objetivo institucional.

Distribución. En el momento en que el candidato causa alta SAAM, se le indica cual será su adscripción. Al finalizar el CCRAM, cada elemento se incorpora a su respectiva unidad. La distribución de personal tiene por objeto hacer llegar personal profesional y militarmente instruido a las unidades para ocupar las vacantes donde sean necesarios de acuerdo a la planilla orgánica autorizada.

Base de Datos. El Sistema Integral del Personal de la Armada de México (SIPAM), es una base de datos donde se captura toda la información del personal, misma que es actualizada y alimentada por distintos organismos de la Institución, contiene su historial: Datos Generales, tiempo de servicio, datos escolares, puesto, movimientos, derechohabientes, ausencias temporales, cursos, premios, entre otros.

Informes de evaluación. Documento que se elabora anualmente para evaluar la actuación profesional del personal naval en base a principios y conceptos de la doctrina naval que norman su actuar, impulsando así el desarrollo profesional; además de servir como base en los procesos de ascensos, cargos y comisiones.

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml



Gestión de Recursos Financieros.

La Secretaría de Marina cuenta con recursos asignados por Presupuesto de Egresos de la Federación; cada organismo, unidad o establecimiento cuenta con un presupuesto anual suficiente para llevar a cabo sus funciones y cumplir con planes y programas.

El presupuesto es controlado a nivel central y se comunica mediante autorizaciones de gasto calendarizadas por mes, la unidad responsable al ser notificada procede a ejercer sus recursos mediante Cuentas por Liquidar Certificadas que amparan la documentación comprobatoria (facturas, nominas, papeletas, detalles, etc.). Los recursos vienen etiquetados para gastos específicos y se cuenta con órganos de control interno que supervisan que los recursos sean ejercidos y comprobados debidamente, reuniendo los requisitos que fijan las y leyes en materia de contabilidad gubernamental y responsabilidad hacendaria. También se cubren recursos extraordinarios, no contemplados en el gasto de las unidades, siempre y cuando se justifique el fin y exista disponibilidad presupuestaria.

Cabe hacer mención que los pagos son depositados directamente por parte de la Tesorería de la federación al destinatario final sin necesidad de intermediarios (facturas a los proveedores y nominas al personal naval) y que en su mayoría es gasto administrativo, de mantenimiento e inversión.

Para la compra de artefactos, piezas o equipos, a nivel central se analizan los costos y se determina si envían los recursos a las unidades o si se realiza la compra a nivel central para posteriormente distribuirlos a los mandos navales.

Todo lo anterior apegándose a la normatividad vigente, como es: Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Código Fiscal de la Federación, Catálogo por Objeto del Gasto, Catálogo de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios, entre otras.

Gestión de Recursos Materiales.

La Secretaría de Marina cuenta con dos manuales fundamentales para el abastecimiento de recursos materiales: Manual de Equipamiento y Manual de Determinación de Necesidades: el primero establece que equipos, materiales y demás accesorios debe contar una Región, Zona, Sector, Batallón o Buque según sus características y estado de fuerza, es decir, existe uniformidad en cuanto al equipamiento de las unidades y establecimientos; el segundo establece el procedimiento y formatos para solicitar recursos materiales que no estén contemplados en el Manual de Equipamiento.El abastecimiento de medios logísticos lo proporciona la Dirección General Adjunta de Abastecimiento, a través de la Dirección de Transporte.



Análisis FODA del Marco jurídico institucional.Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.

Fortalezas: Da soporte y legalidad a las funciones y

actividades de la Institución. Regulan las relaciones entre las diferentes

unidades y establecimientos de la institución y define sus responsabilidades.

Es una guía para el personal en su actuar diario, su incumplimiento es sancionado por la institución independientemente de las consecuencias legales que la autoridad civil disponga.

Está en constante actualización y en medida a la situación social, económica y política que guarda el país.

El Marco Jurídico Institucional cumple con La Constitución y demás Leyes y Reglamentos federales que de ella emanen.

Oportunidades: Imagen institucional que brinda confianza y

cooperación ciudadana.

Debilidades: Falta de conocimiento por gran parte de sus

integrantes.

Amenazas: Lagunas jurídicas que ponen entredicho el actuar de

sus integrantes, sobre todo en materia de derechos humanos.

Por tratarse de servidores públicos y militares, algunas sanciones se castigan con el doble de tiempo, destituyéndolos de sus cargos y empleo.

Estrategias:

Estrategias FO. Utilizar las fortalezas para convertir las oportunidades en el mismo. Seguir actuando con estricto apego al Marco Jurídico Institucional como se ha vendido haciendo, para

garantizar el estado de derecho y con ello seguir siendo la institución número uno en aceptación, confianza y credibilidad ciudadana.

Estrategias DO. Mejorar las debilidades para tener ventaja de las oportunidades. Constante capacitación del personal, mediante seminarios de legislación naval, verificando que se de

seguimiento a los mismos, a pesar de sus cambios de adscripción y comisiones del servicio. Podrían aprovecharse las TIC´s y crear un sistema de información y evaluación del Marco Jurídico Institucional.

Estrategias FA. Utilizar las fortalezas para hacer frente a las amenazas externas. Crear una comisión revisora en materia jurídica, a fin de estudiar y analizar toda aquella legislación que

comprometa o llegase a perjudicar a un elemento de la institución por el cumplimiento de su deber; debiendo gestionar ante quien corresponda las reformas o adecuaciones pertinentes.

Estrategias DA. Reducir debilidades internas evitando amenazas del entorno. En tanto se reforman o adecuan las leyes donde existan lagunas jurídicas, capacitar al personal, haciendo

especial énfasis en aquellos aspectos que comprometen o perjudican su situación legal en el cumplimiento de sus funciones.



Semana 5“Retos de la Administración Pública en México en materia de Seguridad Nacional”.

México enfrenta desafíos que demandan que el Estado actúe con fortaleza, determinación y en absoluto apego a la ley. Este es el caso, por ejemplo, de grupos vinculados a la delincuencia organizada, pero también de otros factores de riesgo que pueden amenazar objetivos e intereses nacionales, tales como los impactos del cambio climático, la ciberseguridad o la provisión de insumos estratégicos para nuestra economía.

Para hacerles frente, el Programa para la Seguridad Nacional 2014 – 2018 contempla un enfoque multidimensional y define una política de Seguridad Nacional integral, que incluye todos los elementos pertinentes.

Como parte de esta política, se promueve la participación corresponsable de autoridades, integrantes de la sociedad civil, la academia y la comunidad científica. Asimismo, prevé la consecución de los intereses y objetivos nacionales, bajo las premisas del bienestar social, los derechos humanos y la consolidación de la democracia.

Al adoptar un enfoque multidimensional, el Programa reconoce el impacto de aquellas tendencias y factores que podrían incidir negativamente sobre los intereses y objetivos nacionales de México y sobre las condiciones para el desarrollo social y económico de su población.

Asimismo, presta atención a aquellos riesgos globales derivados de la transformación del panorama tecnológico, energético, demográfico y ambiental. Del mismo modo, reconoce las vulnerabilidades que pueden comprometer la estabilidad y el desarrollo de la nación.

El Programa resalta el desafío de garantizar la Seguridad Interior y reducir la violencia donde más afecta a la población. Considerando el papel destacado que las Fuerzas Armadas han desempeñado en la preservación del orden público y la contención del crimen organizado.

La consolidación del Sistema de Seguridad Nacional permitirá que el Titular del Poder Ejecutivo Federal disponga de las instituciones, procesos e instrumentos para atender de modo integral la agenda de Seguridad Nacional del Estado mexicano. Para lograrlo, se desarrollará el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), el cual sustentará el proceso de deliberación del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) con productos de inteligencia de carácter estratégico. Con ello, las instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa podrán evaluar oportunamente los desafíos presentes y futuros.

Propuesta de un Modelo de Seguridad Nacional.

Una política de Estado en materia de Seguridad Nacional debe tener como sustento un marco conceptual amplio, que permita considerar las amenazas del presente y los desafíos del futuro.

El marco conceptual constituye un referente estratégico para la actuación de las autoridades que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional. Bajo esta perspectiva, la agenda de Seguridad Nacional desarrollada por el Gobierno de la República se articula a partir de los tres elementos siguientes:

a) El proyecto de nación definido en nuestra Constitución Política y la visión del Ejecutivo Federal en materia de Seguridad Nacional, expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.

b)Los intereses y objetivos nacionales tutelados por la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y la Agenda Nacional de Riesgos (ANR).

c) La evaluación del entorno estratégico nacional en sus dimensiones externa e interna, de la cual deriva la identificación de los retos y los antagonismos que deben ser atendidos por la política de Seguridad Nacional en una perspectiva de mediano y largo plazos.



De esta manera, el enfoque de Seguridad Nacional que orientará la actuación se enuncia de la siguiente manera:

“Promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Este enfoque trasciende el concepto clásico de Seguridad Nacional, que privilegia amenazas convencionales de tipo político-militar, por medio de una aproximación multidimensional que considera las diversas dimensiones de la seguridad contemporánea: la económica, la alimentaria, la tecnológica, la ambiental, la social y la humana. Al hacerlo, da vigencia a la visión del Ejecutivo Federal expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Si bien, la preservación de la Seguridad Nacional compete de manera exclusiva al Ejecutivo Federal, contribuir al cumplimiento de esta misión es responsabilidad de todos los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto. México es responsabilidad de todos.

Finalmente, el enfoque de Seguridad Nacional propuesto por la presente Administración exige avanzar hacia la consecución de tres propósitos de alcance estratégico:

a) La consolidación del Sistema de Seguridad Nacional.b) La construcción de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. c) El desarrollo de una Cultura de Seguridad Nacional acorde a las necesidades e intereses del país.

a)La consolidación del sistema de seguridad nacional.

La preservación de la Seguridad Nacional constituye una función de carácter superior que ejerce el Presidente de la República. Para hacerlo de modo efectivo, se auxilia del Sistema de Seguridad Nacional (SSN), el cual se encuentra integrado por un conjunto de instancias que realizan funciones de mando, control, vigilancia, alarma y protección para garantizar la seguridad del Estado mexicano y su población.

El propósito de la política de Seguridad Nacional es hacer frente a aquellos riesgos y amenazas que pueden comprometer nuestro proyecto de nación e identificar de manera simultánea las ventanas de oportunidad para promover el desarrollo nacional y la seguridad del Estado mexicano. Las instituciones que desempeñan funciones públicas en los ámbitos de la defensa exterior, la Seguridad Interior y la protección civil forman parte de un Sistema de Seguridad Nacional que debe ser fortalecido para garantizar la seguridad de México.

Uno de los propósitos centrales de este Programa es delimitar los ámbitos de competencia de los diversos actores que forman parte del Sistema, a fin de establecer los criterios de gestión y los instrumentos que permitirán fortalecer la acción coordinada de las Instancias de Seguridad Nacional (ISN).

Gestión del Sistema de Seguridad Nacional.

En el Sistema de Seguridad Nacional convergen todas las instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa del país, al igual que todos los sistemas de información e inteligencia especializada de los que dispone el Estado mexicano. Ninguno de sus componentes es más relevante que otro, pues todos se ocupan de tareas de manera interrelacionada bajo el

liderazgo del Presidente de la República, quien es respaldado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y por el Secretario Técnico de dicho Consejo.



El Sistema de Seguridad Nacional se encuentra conformado por el conjunto de autoridades, procesos e instrumentos que permiten al Presidente de la República atender de modo integral los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional desde una perspectiva multidimensional.

El ciclo de respuesta a los riesgos y amenazas que pueden comprometer la Seguridad Nacional da inicio cuando las dependencias de la Administración Pública Federal remiten información especializada para ser procesada por el Sistema Nacional de Inteligencia.

Los productos de inteligencia generados inician un proceso de deliberación dentro del Consejo de Seguridad Nacional para permitir que el Presidente de la República ejerza la decisión política fundamental en materia de Seguridad Nacional. Al hacerlo, este último moviliza al resto de las autoridades que forman parte del Sistema de Seguridad Nacional con el propósito de utilizar los procesos e instrumentos a su alcance para contener y neutralizar aquellos riesgos y amenazas que pueden vulnerar la seguridad del Estado mexicano.

El Sistema Nacional de Inteligencia integrará todas las inteligencias especializadas generadas por la Administración Pública Federal.

Las funciones sustantivas del Sistema de Seguridad Nacional han sido organizadas de tal manera que promuevan la coordinación y el control del propio Sistema:

A. Decisión política fundamental.

En su calidad de Jefe de Estado, corresponde al Presidente de la República la toma de decisiones en torno a los asuntos que inciden sobre la preservación de la Seguridad Nacional, de acuerdo con las facultades y obligaciones que marca el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



B. Asesoría y consulta.En su carácter de instancia deliberativa, corresponde al Consejo de Seguridad Nacional proporcionar al titular del Ejecutivo Federal productos de inteligencia y otros elementos de juicio necesarios para que éste tome decisiones adecuadas al hacer frente a riesgos y amenazas específicos, coordinando acciones orientadas a preservar la seguridad del Estado mexicano.

C. Información e inteligencia.Todas las instancias que forman parte del Sistema de Seguridad Nacional generan información y producen inteligencia. La integración de inteligencia estratégica tiene como propósito brindar sustento a las decisiones políticas adoptadas por el Presidente de la República en materia de Seguridad Nacional, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional.

D. Planeación y análisis.El Consejo de Seguridad Nacional contará con mecanismos para permitir que, en el marco de sus procesos deliberativos, sus integrantes aporten elementos para la planeación de los objetivos y las estrategias que orientan las políticas públicas en materia de Seguridad Nacional y la toma de decisiones para hacer frente a riesgos y amenazas específicas.

E. Ejecución.Consiste en la aplicación del poder nacional por medio del ejercicio coordinado de atribuciones por parte de cualquier autoridad que materializa las líneas de acción derivadas de los objetivos y las estrategias determinadas por el Ejecutivo Federal.

F. Evaluación.El Ejecutivo Federal contará con mecanismos que le permitirán evaluar las acciones realizadas por los integrantes del Sistema de Seguridad Nacional para reorientar o continuar la ejecución de cada estrategia según sea el caso.

El modelo de gestión del Sistema de Seguridad Nacional también considera una vertiente de coordinación con los órganos constitucionales autónomos, y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Esta vertiente opera en los términos de los convenios de colaboración correspondientes y se complementa con una vertiente de concertación que señala la necesidad de promover la participación de la ciudadanía.

En este marco, el modelo destaca el papel de la cooperación internacional como un componente esencial, toda vez que el intercambio de información sobre riesgos y amenazas, al igual que la coordinación de acciones con otras naciones para preservar la seguridad de nuestra región y la gobernabilidad del sistema internacional, es fundamental para promover la defensa de los intereses de México en el mundo.

Finalmente, el modelo plantea el establecimiento de un diálogo permanente con el Congreso de la Unión, a través de la Comisión

Bicamaral de Seguridad Nacional (CBSN), como un mecanismo de control democrático sobre las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional.



b) La Construcción del Sistema Nacional de Inteligencia.

La preservación de la Seguridad Nacional exige contar con un diagnóstico integral, transparente y participativo, que considere las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que pueden comprometer el desarrollo de la nación. Dicho diagnóstico debe ser sustentado por inteligencia oportuna, confiable y precisa. Sólo al contar con productos de inteligencia con un alcance estratégico adecuado, se estará en condiciones de poder anticipar el impacto de aquellas tendencias que pueden vulnerar la Seguridad Nacional y el desempeño de las instituciones que ejercen funciones públicas en este ámbito. En este sentido, la generación de inteligencia cobra relevancia en el marco de un modelo de Seguridad Nacional en el que las acciones de todos sus integrantes serán sometidas a un ciclo de evaluación permanente.

Para alcanzar este objetivo, se establecerá un Sistema Nacional de Inteligencia. Su propósito será generar productos de inteligencia con un alcance estratégico y multidimensional para sustentar la toma de decisiones del Ejecutivo Federal en materia de Seguridad Nacional. El nuevo Sistema Nacional de Inteligencia permitirá integrar las inteligencias especializadas de la Administración Pública Federal. Las actividades que serán desarrolladas por el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia tendrán los fines siguientes:

• Generar inteligencia para la seguridad y la defensa del Estado mexicano y el desarrollo nacional, bajo un esquema dual de prevención que permita promover iniciativas de política pública en los ámbitos humano, político-militar y económico-ambiental.

• Proteger los derechos humanos en las operaciones de inteligencia y la defensa de los principios fundamentales de nuestro proyecto de nación, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• Favorecer la actuación estratégica del Estado mexicano en el ámbito exterior para contribuir al mantenimiento de la gobernabilidad del sistema internacional y la proyección de los intereses de México en el mundo.

• Sumar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en los esfuerzos para hacer frente a los retos que puedan incidir negativamente sobre la seguridad y el desarrollo de la nación.

• Promover el uso de medios tecnológicos avanzados para la generación de productos de inteligencia y el intercambio seguro de información entre los componentes del Sistema.

Al definir estos propósitos, la política de Seguridad Nacional tendrá como soporte la producción de inteligencia estratégica, explotando al máximo el vínculo entre el proceso de toma de decisiones, la difusión oportuna de los productos de inteligencia y la generación de conocimiento científico y técnico de carácter especializado.

c) El desarrollo de una Cultura de Seguridad Nacional.

Aunque la preservación de la Seguridad Nacional es una función del Estado mexicano que compete directamente al Ejecutivo Federal, ésta requiere del diálogo y la coordinación con otros poderes públicos, el sector privado, la academia y la sociedad civil a fin de generar condiciones que permitan consolidar el régimen democrático que da sustento a nuestro proyecto de nación.

México requiere desarrollar una cultura de Seguridad Nacional integrada por un conjunto de valores,

principios, conocimientos, prácticas y actitudes que deben ser orientadas por una conciencia ética colectiva convencida de mantener el equilibrio racional entre la necesidad práctica de subsistencia del Estado y la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales de su población. La conducta social de los ciudadanos y sus comunidades respecto a la política de Seguridad Nacional debe tener como cimiento la

identidad cultural, el patriotismo, el respeto a la ley y al Estado de Derecho; prácticas cívicas que construyen y fortalecen al sistema social en su conjunto.



El desarrollo, difusión y fortalecimiento de esa cultura habrá de generar entre las autoridades y la sociedad una concepción homogénea respecto de los fines de la Seguridad Nacional, lo cual necesariamente exige un trabajo de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo con el sector privado, la academia y la sociedad civil, toda vez que una política de Estado en la materia no puede prosperar sin el aval explícito de la sociedad. De igual forma, el fortalecimiento doctrinal de la Seguridad Nacional en las instituciones del Estado requiere de la profesionalización y la formación especializada de sus miembros, a fin de que éstos desarrollen los valores, principios y prácticas necesarias para su actuación profesional bajo un marco de transparencia, eficacia y respeto irrestricto a los derechos humanos. Finalmente, una cultura de Seguridad Nacional debe promover la capacidad de prevención y anticipación de la sociedad frente a aquellas tendencias que pueden poner en riesgo la seguridad de la nación.

Bajo este enfoque, la divulgación de una cultura de Seguridad Nacional debe propiciar que la población desarrolle un entendimiento claro de los fines de la política de Seguridad Nacional y de las herramientas y capacidades a disposición del Estado mexicano para prevenir, disuadir, contener y neutralizar aquellas amenazas y riesgos que pueden vulnerar la seguridad de la nación. El proceso de socialización de la cultura de Seguridad Nacional también debe permitir el fortalecimiento de la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones del Estado, fomentando su participación activa en el logro de los intereses y los objetivos nacionales.

Este proceso permitirá que los ciudadanos identifiquen claramente a los órganos encargados de preservar la Seguridad Nacional como instituciones de un Estado democrático y de derecho que actúan bajo el amparo de la ley y que se encuentran sujetas a controles democráticos para vigilar su conducción, promoviendo así el apoyo y la participación de la sociedad en la consecución de los fines de la política de Seguridad Nacional. En la medida en que la sociedad civil participe en el debate sobre el diseño y la ejecución de la política pública en materia de Seguridad Nacional, podrá ser corresponsable de ésta. Al participar en la definición de las prioridades de Seguridad Nacional, la sociedad tendrá mayor certeza de que el Gobierno de la República actúa para su beneficio con respeto absoluto a los derechos humanos. Ello permitirá fijar los cimientos de una identidad cultural vinculada con la consolidación de un ejercicio responsable de la ciudadanía, el patriotismo y el respeto a la ley, al tiempo que se promueven otras prácticas conducentes a la construcción de condiciones sociales que permitan alcanzar los intereses y objetivos nacionales y el desarrollo humano, político, económico, social y cultural del individuo. En este contexto, el Gobierno de la República ha asumido la prioridad de hacer partícipe a la sociedad en el desarrollo y difusión de la cultura de Seguridad Nacional, estableciendo canales adecuados de comunicación con la sociedad civil en este ámbito.

Objetivos y líneas de acción:

Consolidar el marco jurídico del Sistema de Seguridad Nacional para fortalecer las capacidades de las instituciones y autoridades del Estado mexicano. Impulsar proyectos normativos que regulen los recursos humanos, financieros, materiales y

tecnológicos de las instancias de Seguridad Nacional. Impulsar la implementación de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la

información, a fin de cumplir racionalmente el principio de máxima publicidad respecto de la información de Seguridad Nacional.

Desarrollar los sistemas y programas que sustentan el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional.

Impulsar el establecimiento de mecanismos de alerta temprana en el marco de los programas operativos de seguridad y protección.

Promover la creación de grupos interinstitucionales que lleven a cabo operaciones integradas de inteligencia y seguridad, bajo un modelo celular regionalizado.



Impulsar el cumplimiento de los objetivos de los distintos Comités Especializados, establecidos por el Consejo de Seguridad Nacional para promover sinergias en su operación cuando así sea necesario.

Diseñar e implementar un modelo de profesionalización y certificación en materia de Seguridad Nacional. Impulsar el desarrollo del marco jurídico que defina las bases del servicio profesional de los servidores

públicos del Sistema de Seguridad Nacional y programas de formación que eficiente el desempeño de sus funciones.

Establecer un sistema de certificación de conocimientos y habilidades de los servidores públicos del Sistema de Seguridad Nacional.

Establecer el Sistema Nacional de Inteligencia por medio del desarrollo del marco jurídico y mecanismos que permitan su integración y operación como parte del Sistema de Seguridad Nacional. Promover, con el apoyo de las instituciones de investigación científica nacionales, el desarrollo de una

plataforma tecnológica para la recolección de información de interés para la Seguridad Nacional que apoye la generación de inteligencia estratégica y especializada.

Establecer Unidades de Información e Inteligencia para la generación de información e inteligencia especializadas.

Desarrollar una Doctrina Nacional de Inteligencia para la Seguridad Nacional que unifique los criterios y las fases del ciclo de inteligencia en los órganos de inteligencia civiles y militares del Estado mexicano. Establecer un grupo de trabajo interinstitucional para el desarrollo y difusión de la Doctrina Nacional de

Inteligencia, integrado por las instituciones educativas de las instancias y dependencias representadas en el Consejo de Seguridad Nacional.

Organizar foros con expertos nacionales y extranjeros para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de producción y uso de inteligencia.

Desarrollar y divulgar la Cultura de Seguridad Nacional, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y que la sociedad civil asuma un papel corresponsable en la preservación de nuestro proyecto de nación; valores de una sociedad democrática. Establecer un Comité de Estudios para definir los elementos mínimos de la cultura de Seguridad

Nacional integrado por representantes de las escuelas de seguridad y defensa de las dependencias que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional, así como otras instituciones educativas, el sector privado y la sociedad civil.

Promover el desarrollo, estudio y difusión de temas y contenidos relacionados con la Seguridad Nacional para el desarrollo integral de la Cultura en la materia.

Fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para contribuir tanto al mantenimiento de la Seguridad Interior como a las tareas de Defensa Exterior de la Federación. Impulsar las reformas legales necesarias para dar sustento a la actuación de las Fuerzas Armadas en

actividades de Seguridad Interior.

Fortalecer la arquitectura institucional y la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales en materia de seguridad y defensa. Promover un marco normativo que fije las responsabilidades y alcances de las instituciones federales en

materia de seguridad y defensa nacionales.

Desarrollar una doctrina que unifique la actuación de las instituciones federales en materia de seguridad y defensa nacionales.

Fortalecer la interacción de las Fuerzas Federales, a fin de mejorar su cohesión y entendimiento en asuntos de seguridad y defensa.



Consolidar los esquemas de coordinación entre las autoridades federales y locales en materia de Seguridad Interior. Diseñar esquemas de participación conjunta entre las instituciones federales y locales que permita

minimizar el impacto de los antagonismos que inciden en la Seguridad Interior. Impulsar la coordinación de las instancias de la Administración Pública Federal para realizar acciones

interinstitucionales en materia de Seguridad Interior.

Conclusión.

La complejidad que subyace en materia de seguridad es plantear temas de seguridad pública, nacional, fronteriza y humana; desde asuntos de carácter local hasta una dimensión global, ello conlleva a la necesidad de fortalecer un planteamiento decisivo y un paradigma de gobernanza para los problemas de seguridad.

Las capacidades institucionales no existen o son escasas en el ámbito local y estatal; el gobierno federal mexicano no ha contado con un mecanismo para fortalecer los esquemas de investigación, inteligencia y procuración de justicia.

En suma, México carece todavía de un sistema integral de carácter civil y legal para la seguridad nacional capaz de regular efectivamente la participación de las fuerzas armadas, e integrar la seguridad nacional con el desarrollo económico y social y la política exterior, y de esa forma garantizar el interés nacional de México. El gran desafío es establecer una estrategia geopolítica e internacional que agrupe los intereses, las aspiraciones y las oportunidades de la República y que brinde confianza, certidumbre y estabilidad al grueso de los mexicanos y sea capaz de redefinir una vecindad responsable y madura con Estados Unidos y la comunidad internacional.

Esperemos que el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, sea la respuesta a esta grave situación que afrontan los mexicanos, y que por fin puedan gozar de una tranquilidad que les permita invertir a largo plazo.

Por otra parte, no debe bajarse la guardia en materia de seguridad pública en los gobiernos locales, que en términos generales, las medidas pueden ser de tres tipos: control, prevención y rehabilitación.

Las primeras, pertenecen al ámbito nacional o estatal (Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018), por lo que la capacidad local de intervención es limitada. La prevención, por su parte, es el terreno idóneo para el gobierno local, en términos de intervención y sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con este tema. Los gobiernos locales tienen un conocimiento detallado de los problemas que enfrentan sus comunidades (presencia de espacios abandonados, carencia de iluminación, aumento de la deserción escolar, entre otros), razón por la cual están capacitados para focalizar las iniciativas y para articularse con la comunidad con el objeto de implementar las medidas requeridas. De igual forma, la rehabilitación es tarea que debería ser desconcentrada y descentralizada para asegurar su mayor efectividad.

Ahora bien, las tres son medidas que deben ser realizadas en conjunto y de forma coordinada. La experiencia internacional muestra la importancia de emprender tareas vinculadas de control-prevención-rehabilitación, que bien coordinadas arrojan resultados efectivos. Así por ejemplo, la recuperación de un espacio público en un barrio de alta vulnerabilidad delictiva requiere del aumento de la presencia policial para que aliente la participación de los vecinos, así como iniciativas de prevención situacional que mejoren la iluminación y

calidad del espacio cercano. Finalmente, hay que emprender programas de participación de la comunidad que permitan detectar problemas de adicción; si se consigue involucrar en estos programas a actores locales como las iglesias, dichos problemas puedan ser intervenidos apropiadamente.



Reporte Final

Planeación.

1. Identificación del Proyecto

1.1. Contexto.

El Proyecto Profesional de la materia Administración Pública, Instituciones y Procesos en México tiene como finalidad evaluar la estructura y funcionamiento de la administración pública en México, a través de analizar un campo de acción del sector público que el Estado mexicano está obligado a garantizar a su población, esto a fin de que el alumno de la Maestría en Administración Pública aplique los conceptos y herramientas aprendidos a lo largo del curso y desarrolle los saberes profesionales como: el análisis de información estadística, institucional, legal y administrativa del sector público en México.

Como profesional de la administración pública, el futuro egresado trabajará en un determinado campo de intervención estatal que tiene por objetivo garantizar ciertos derechos de la población mexicana como: el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la seguridad pública, etc., o también sobre aquellas otras acciones institucionales que el Estado está obligado a garantizar como son los servicios de: alumbrado público, pavimentación, difusión de información contra el racismo, la violencia de género, lucha contra el VIH, etc.

Para la realización del presente Proyecto Profesional, el alumno eligió un campo de intervención estatal de su interés, para aplicar lo aprendido en la materia, toda vez que es fundamental como parte de su formación profesional, que conozca la estructura, funciones, formas y niveles de la administración pública mexicana, para comprender y lograr evaluar adecuadamente los procesos de centralización, federalización e institucionalización implicados en cualquiera de las actividades y obligaciones del Estado. Ante este reto, el análisis a un campo de intervención estatal es la mejor herramienta para aplicar el aprendizaje sobre la realidad.

El proyecto se titula: “Evaluación a la estructura y funcionamiento de la Administración Pública en México en materia de Seguridad Nacional”.

1.2. Necesidad que se atiende en el Proyecto.

La administración pública representa el elemento primordial de que se vale el Estado para dar respuesta y satisfacción a las principales demandas y necesidades sociales; obedece a un interés general y pretende el equilibrio socioeconómico, el control legal, político y social. Actúa en todo el territorio e inclusive puede hacerlo sobre la propiedad privada si así lo reclama el interés general.

La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos e incide en el potencial de desarrollo nacional.

La necesidad de reconceptualizar la seguridad nacional desde la perspectiva de nación se justifica porque los países en desarrollo como México se enfrentan a amenazas de naturaleza diversa

y compleja que no se agotan en las amenazas externas de carácter militar ni en los desequilibrios del contexto geopolítico.



En estos países, el origen de la violencia se asocia generalmente a la inestabilidad, la inseguridad y la guerra fenómenos que poco tienen que ver con la defensa del territorio o de la soberanía, y que derivan más bien de las condiciones internas generadas por conflictos sociales, pobreza, crecimiento demográfico, crisis de instituciones e incapacidad gubernamental.

Por lo tanto, afirmar que las amenazas internas están en el ámbito de la seguridad interna y las externas en el de la seguridad nacional es insuficiente, pues las primeras pueden tener dimensiones de seguridad nacional sin provenir necesariamente del exterior.

Los asuntos que cuestionan la seguridad del gobierno y del Estado frente a agentes internos se pueden concebir como amenazas a la seguridad nacional cuando se traducen en escenarios probables de inestabilidad interna o si amenazan a la supervivencia de las instituciones del Estado.

1.3. Objetivos específicos.

Análisis de la importancia de la Administración Pública para el Estado y la Sociedad en México.

Análisis de la Seguridad Nacional en el contexto de la Administración Pública.

Problemática que la Administración Pública Mexicana enfrenta en materia de Seguridad Nacional.

La Institucionalización y su proceso en el contexto de la Administración Pública.

Análisis de la Institucionalización que en México se ha tenido en materia de Seguridad Nacional.

Los procesos de Concentración y Federalización de la Administración Pública.

Análisis a la estructura y funcionamiento de la Administración Pública Federal en materia de Seguridad Nacional.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del proceso de Concentración o Federalización en que se encuentre la Administración Pública en materia de Seguridad Nacional.

La organización administrativa de los niveles Federal, Estatal y Municipal de Gobierno en México.

Los rasgos constitucionales de la Administración Pública: Estatal y Municipal en materia de seguridad nacional.

Análisis a la estructura y funcionamiento de la Administración Pública Estatal y Municipal en materia de Seguridad Nacional.

La gestión de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros en los niveles Estatal y Municipal de Gobierno en materia de Seguridad Nacional.

Los Retos de la Administración Pública en México en materia de Seguridad Nacional.



2. Plan de Trabajo.

2.1. Propuesta de las actividades que se realizarán señalando el tiempo y otros recursos necesarios.

Semana 1. Análisis al campo de intervención estatal elegida.Actividad Recursos necesarios Tiempo

Realizar una introducción sobre el papel o la importancia de la administración pública para el Estado y la sociedad en México.

Equipo de computo con conexión a internet

1 hora

Elegir un campo de intervención estatal en México que me gustaría analizar, mismo que será objeto de estudio en todo el proyecto


1 hora

Descripción y análisis del campo de intervención elegido; elaboración de un diagnóstico general


3 horas

Captura, formato y envío de avance de proyecto a través de la plataforma virtual.


1 hora

Total 6 horas

Semana 2. Análisis a un proceso de institucionalización.Actividad Recursos necesarios Tiempo

Elaborar una introducción sobre qué es la institucionalización y cómo es ese proceso en el contexto de la administración pública.


1 hora

Realizar un análisis a un proceso de institucionalización que en México se ha tenido en el campo de intervención estatal elegido.


4 horas



1 hora

Total 6 horas

Semana 3. Análisis a la estructura y funcionamiento de la administración pública federal.Actividad Recursos necesarios Tiempo

Elaborar una introducción sobre en qué consisten los procesos de concentración y federalización de la administración pública.


1 hora

Realizar un análisis a la estructura y funcionamiento de la administración pública federal en relación al campo de intervención estatal elegido.


3 horas

Realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del proceso de concentración o federalización en que se encuentre la administración pública del tema elegido


1 hora



1 hora

Total 6 horas



Semana 4. Análisis a la estructura y funcionamiento de la administración pública estatal y municipal.

Actividad Recursos necesarios TiempoElaborar una introducción sobre cómo es la organización administrativa de los niveles federal, estatal y municipal de gobierno en México.


1 hora

Identificar los rasgos constitucionales de la administración pública: estatal y municipal, en relación al tema elegido.


1 horas

Realizar un análisis sobre la estructura y funcionamiento de la administración pública: estatal y municipal, en relación al campo de intervención estatal elegido.


2 horas

Análisis de manuales y material bibliográfico de una Dependencia del campo de intervención estatal elegido.

Equipo de cómputo. 4 horas

Análisis de la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros en los niveles estatal y municipal de gobierno en cuanto al tema de estudio.


2 horas



1 hora

Total 11 horas

Semana 5. Reporte final (Retos de la administración pública en México en relación al tema elegido).

Actividad Recursos necesarios TiempoPlantear los retos de la administración pública en México en relación al campo de intervención estatal elegido.


2 hora

Integrar el proyecto con los avances anteriores y elaborar el Reporte final siguiendo el formato predeterminado.

Equipo de cómputo. 4 horas

Evaluación crítica sobre el desempeño general del proyecto profesional, resultados y conclusiones.


2 horas



1 hora

Total 9 horas

2.1. Justificación del Plan de Trabajo.

El Plan de Trabajo fue establecido en atención al Plan de Actividades que establece la Universidad Latinoamericana, con algunas modificaciones en lo que respecta al tiempo o carga horaria en el desarrollo de cada actividad, dada la naturaleza del tema del campo de intervención estatal elegido y por así convenir a los intereses del alumno.



Desarrollo.

3. Etapas del Proyecto.

Para desarrollar el presente proyecto fue necesario realizar los siguientes pasos:

1. Al inicio de cada semana-módulo fue necesario leer el contenido de todo el material de los recursos proporcionados por el docente para comprender el tema.

2. Se siguieron las instrucciones de las actividades a desarrollar según el Plan de Actividades que establece la Universidad Latinoamericana, para estructurar el avance del proyecto profesional, cerciorándose de cumplir la evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación, para posteriormente ser enviado oportunamente.

3. Para integrar la información de cada tema del proyecto profesional, fue necesario consultar la biblioteca virtual de la Universidad Latinoamericana y el motor de búsqueda Google, verificando que las fuentes fueran confiables, preferentemente material de Centros de Investigación o Planteles Educativos.

4. Durante las Sesiones Web y Foros de Discusión se tomó nota de aquella información importante que pudiera complementar la investigación, así mismo se aclararon las dudas consultadas con el docente.

5. Todo el material empleado para el desarrollo de los avances del proyecto profesional, fue analizado detalladamente, toda vez que el tema SEGURIDAD NACIONAL resultó ser bastante amplio y dinámico en su campo de estudio; existe suficiente información por ser un tema de actualidad y discusión.

6. Al momento de enviar el avance del proyecto profesional a través de la plataforma virtual, se aprovechaba el espacio destinado para “comentarios” para comunicarse con el docente y emitir la opinión particular respecto a la información contenida, solicitando por la misma vía la retroalimentación correspondiente.

Cierre.

4. Resultados del proyecto.

El presente proyecto permitió al alumno de la Maestría en Administración Pública, aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas en la materia Administración Pública, Instituciones y Procesos en México, así como evaluar la estructura y funcionamiento de la administración pública en México, mediante el análisis de la SEGURIDAD NACIONAL, campo de acción de del sector público que el Estado mexicano está obligado a garantizar a su población.

Se observó la importancia de la diversidad de competencias existentes en el funcionamiento de la administración pública en México, su estructura, funciones, formas y niveles. En lo que respecta al

tema de elección, que la falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos e incide en el potencial de desarrollo nacional.

El desarrollo del proyecto profesional permitió cumplir con el objetivo de la materia, ahora cuento con una visión general de la administración pública, sus instituciones y procesos en México.



5. Experiencias adquiridas.

Me quedó una grata experiencia de ésta mi primera materia de Maestría en modalidad virtual, en un principio me pareció bastante complejo el uso de la plataforma virtual y ajustarme a los tiempos y horarios establecidos en el programa de estudio, pero conforme avanzaron las semanas fui acomodando mis horarios y el apoyo del docente también fue fundamental.

Ahora cuento con las bases necesarias y un panorama general de lo que es la Administración Pública en México y el gran compromiso que estoy adquiriendo al realizar estos estudios de posgrado, me doy cuenta de la importancia que resulta de otorgar un servicio público de calidad a la población que tanto lo merece y sobretodo, que el servidor público debe actuar con ética profesional.

Actualmente laboro en el sector público y ya comienzo a ver resultados, recientemente nos leían el Código de Conducta del Servidor Público, tema de estudio en la semana 4, lo que me resultó familiar y fácil de comprender; estoy convencido que la Maestría en Administración Pública me será una herramienta de gran utilidad.

También debo ser honesto y manifestar que tenía bastante tiempo que no leía tanto como ahora… es impresionante la cantidad de información que en su momento seleccione, recopile, analice y finalmente estructure para desarrollar este proyecto profesional que espero cumpla con los requisitos establecidos y sea del agrado del personal docente y directivo de la Universidad Latinoamericana.

6. Conclusiones y recomendaciones.

Considero que se cumplió con el objetivo de la materia, el material y los tiempos son suficientes, la experiencia y cátedra del docente fue excelente, todo bastante claro.

Sin embargo, en las Sesiones Web, sugeriría que se analicen las preguntas contenidas en el apartado de “Reflexión” de cada semana-modulo, pues resulta a mi parecer que es el resumen o evaluación final del conocimiento adquirido en el mismo, pues como lo comentaba, el tiempo es suficiente, por no decir justo, y si puedo contestarlas con mis palabras, pero no estaría de más quedarme con una respuesta mucho más completa y fundamentada, que podría investigarlas pero el tiempo es justo, y la gran mayoría de los alumnos laboramos y es la razón por la cual optamos por este modo de estudio.

En algunas semanas vienen “videos” y en otras “actividades interactivas”, sería conveniente incluir ambas para enriquecer al alumno.

7. Reflexiones.

El presente proyecto profesional será de gran utilidad a estudiantes, docentes, investigadores y público en general que les interese conocer la situación actual que guarda la SEGURIDAD NACIONAL en el contexto de la Administración Pública, pues toda la información contenida es vigente y de fuentes confiables. Se cuenta con una introducción previa a cada tema, que posteriormente es abordado en materia

y en algunos casos, cuenta con la opinión personal del alumno, quien actualmente presta sus servicios en la Secretaría de Marina – Armada de México.

Espero impaciente la retroalimentación del docente, y una vez que se encuentre completo el presente trabajo, quisiera compartirlo a través de internet.



8. Fuentes de información: Gobierno Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018” Ramos García, José María, “Seguridad ciudadana y la seguridad nacional en México: hacia un marco

conceptual”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. XLVII, núm. 194, mayo-agosto, 2005. Robert Agranoff, "Las relaciones y la gestión intergubernamentales" en Rafael Bañón y Ernesto Carrillo

(comps.), La nueva Administración Pública, Madrid, Alianza Universidad, 1997. Samuel González, Ernesto López Portillo y José Yánez, Seguridad Pública. Problemas, perspectivas y

propuestas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 1994, p. 43. Mario Ojeda, Alcances y límites de la política exterior de México, México, El Colegio de México, 1981. R. Ullman y N. Brown. The Future Global Challenge: A Predictive Study of World Security, 1988-1990,

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seguridad nacional en la administración pública

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