Save the Children Canada (SCC)

David Morley, presidente y CEO

Will Postma, director de Programas

Patricia Erb, directora regional para América Latina

Marlen Mondaca, mánager para América Latina, sede Toronto

Robyn Braverman, directora de País- Presencia Unificada

Tatiana Romero Rey, coordinadora del Programa Colombia SCC

Equipo de investigación Observatorio de Infancia Universidad Nacional

María Cristina Torrado, Marina Camargo, Nisme Pineda, Diana Bejarano, Melissa Moreno

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Álvaro Marchesi Ullastres, secretario general

Mariano Jabonero Blanco, director general de Concertación y Desarrollo

Ángel Martín Peccis, representante regional en Bogotá

Elsa Castañeda, directora Idie- Primera Infancia y Derechos de la Niñez

Equipo de investigación Corporación Nuevo Arco Iris

Paula Andrea Ila, Angélica Arias, Ariel Ávila, Angélica Arias, Maylor Caicedo, Magda Paola Núñez

Esta publicación se realizó gracias al apoyo de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (Acdi): Canadian Partnership Branch – Additional Funds para Colombia, y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España.

Coordinación editorial: Ana Cristina Mejía y Guillermo González Uribe, Revista Número EdicionesDiseño: Lemoine ComunicaciónCorrección: Elkin RiveraImpresión: Panamericana Formas e Impresos, S.A.Fotografías: Jesús Abad Colorado

Fotografía de carátula: Desplazamiento de Bojayá y de Vigía del Fuerte, 2002.

ISBN: 958-98027-6-2

Impreso en ColombiaOctubre del 2009

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TABLA DE CONTENIDO

REESCRIBAMOS EL FUTURO JUNTOS EN COLOMBIADavid Morley, presidente y CEO, Save the Children Canada

PRÓLOGOÁlvaro Marchesi, secretario general, Organización de Estados Iberoamericanos

Introducción¡BIENVENIDOS A SU LECTURA!Tatiana RomeroElsa Castañeda

CAPÍTULO 1EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y LA PRIMERA INFANCIATatiana RomeroElsa Castañeda

Contexto de la guerra1.1. Importancia de la primera infancia1.2. Análisis del conflicto armado1.3.

CAPÍTULO 2ESTADO DEL ARTE SOBRE PRIMERA INFANCIA EN EL CONFLICTOMaría Cristina TorradoMarina Camargo A.Nisme PinedaDiana Carolina Bejarano

2.1. Marco para analizar la incidencia del conflicto armado en los derechos de la primera infancia en Colombia

Población menor de seis años y la geografía del conflictoConflicto armado, condiciones de pobreza y primera infanciaDesplazamiento forzado y primera infanciaA manera de conclusión

2.2. Incidencia del conflicto armado en la garantía para la realización de los derechos favorecedores del pleno desarrollo de la primera infancia.

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Vínculos familiares segurosBuen trato, protección a los niños y respeto a su dignidadServicio de agua potable, derecho a un ambiente sano a una vivienda dignaAlimentación suficiente y adecuadaAtención en salud, oportuna y de calidad Oportunidades para el juego y la recreación Acceso a educación inicial de calidadGeneración de condiciones y oportunidades para la participación

2.3. Algunas reflexiones en torno a las implicaciones del conflicto armado en la construcción de niños como sujetos.

CAPÍTULO 3APROXIMACIÓN A LOS IMPACTOS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA PRIMERA INFANCIA EN TRES REGIONES DEL PAÍS: PUTUMAYO, MAGDALENA MEDIO Y ARAUCAPaula Andrea IlaAriel Ávila MartínezAngélica Arias OrtizPaola Núñez GantivaMaylor Caicedo Fraide

3.1. Putumayo: la niñez en medio de los combates y las fumigaciones

Dinámica de los actores armados en la regiónImpactos del conflicto armado en la población civil¿Cómo impacta la complejidad del conflicto armado de Putumayo en la primera infancia?Respuesta institucional frente a la primera infancia en medio del conflicto

3.2. Magdalena Medio: la niñez entre desplazamientos forzados y un contexto de pacificación

Desarrollo histórico del conflicto en el Magdalena MedioDinámica de los actores armados y su impacto en la población civil¿Cómo impacta el contexto de conflicto en la primera infancia?

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Respuesta institucional en la atención integra a la primera infancia

3.3. Arauca: la niñez en un territorio en disputaDinámica de los actores armados y repercusiones del conflicto

en la población civil

Primera infancia y situaciones de vulneración de derechos en un territorio en disputa

Hijos de combatientes de grupos armados al margen de la ley o de desmovilizados.

Normas expresas que funcionan en los grupos armados al margen de la ley acerca del tratamiento de los embarazos y de los hijos e hijas de combatientes

Hijos e hijas de combatientes

Hijos e hijas de desmivilizados

CAPÍTULO 4REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONESTatiana RomeroElsa Castañeda

RecomendacionesRecomendaciones de investigaciónRecomendaciones de intervenciónRecomendaciones para las políticas públicas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Desplazamiento de Bojayá y de Vigía del Fuerte, 2002.

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REESCRIBAMOS EL FUTURO

JUNTOS EN COLOMBIA

David MorleyPresidente y CEOSave the Children Canada

La Alianza Internacional Save the Children acordó en 2004 lanzar una campaña mundial para proteger a los niños y jóvenes alrededor del mundo afectados por con-flictos armados, garantizando el acceso a una educación de calidad para todos. Con el convencimiento de que la educación salva vidas, pues proporciona las capacidades y habilidades necesarias para salir de la pobreza, para llevar una vida sana y tener esperanza en el futuro, emprendió la tarea de escolarizar a tres millones de niños que no van a la escuela y de garantizar que la educación que reciben cinco millones de niños en distintas partes del mundo, ya escolarizados, sea de excelente calidad.

Ha sido un importante y complejo reto que a lo largo de cinco años ha permitido hacer un llamamiento a los líderes mundiales para que piensen en las jóvenes genera-ciones y prioricen sus inversiones en educación y protec-ción a la niñez. Durante este período hemos visualizado avances y encontrado nuevos desafíos.

Colombia ha sido uno de los países prioritarios en esta campaña, por lo que hemos aunado esfuerzos para posi-cionar el Programa Reescribamos el Futuro y lograr así los objetivos propuestos. El reto colombiano ha sido llegar a las zonas donde la niñez vive la complejidad de la violen-

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cia y el desplazamiento, donde los más pobres y vulnera-bles enfrentan diariamente la angustia de la sobrevivencia, y donde los niños y jóvenes tienen pocas oportunidades para construir futuro.

Hemos hecho alianzas con múltiples actores, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, comunidades de base, organizaciones juveniles y de mujeres, universida-des, centros de educación superior e instituciones educa-tivas. Así mismo, la cooperación internacional ha sido cla-ve para responder positivamente a este desafío, por lo que entramos a trabajar desde 2006 en la puesta en marcha de la campaña en Colombia. En razón de que el foco ha sido la educación básica, se ha apoyado el desarrollo de meto-dologías flexibles para que la población que está fuera del sistema educativo se integre a éste; se han implementado estrategias para crear una cultura orientada a conseguir la paz y la convivencia en las escuelas y comunidades donde trabajamos; se han hecho innovaciones pedagógicas en el aula para que los niños más vulnerables aprendan más y mejor; se ha estimulado la formación de docentes; se han implementado mecanismos para promover la gratuidad del derecho a la educación, y se ha hecho un gran esfuerzo para mejorar las aulas y complementar los materiales es-colares, entre otras actividades.

Al apoyar diversas iniciativas en educación básica en zonas de conflicto o en jóvenes desplazados por la vio-lencia y la inequidad, observamos que la primera infancia víctima de los horrores de la guerra requería una atención especial. Nos encontramos con un aliado fundamental, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que te-nía las mismas preguntas que nosotros sobre los efectos del conflicto en la población menor de seis años y de las pocas respuestas que se estaban dando, lo que significaba un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo desde los primeros años de vida de los ciudadanos colombianos. Por ello emprendimos la tarea de hacer un análisis sobre la

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situación de la primera infancia afectada por el conflicto colombiano, así como traer algunos estudios de caso en zonas complejas, tales como Putumayo, Arauca y Magda-lena Medio.

Presentamos hoy sus resultados, conscientes de que el reto que se deriva de ello es inmenso y que por eso de-bemos estar pendientes de los niños pequeños, pues en ellos está el origen de las grandes transformaciones de la sociedad.

Bienvenidos a la lectura de este riguroso estudio, em-prendido por un grupo de profesionales que la OEI y Save the Children invitaron para que analizaran el tema y, posteriormente, propusieran las opciones más adecuadas para resolver este problema.

Desplazamiento de Libia Gallego, sus diez nietos y su hija —quien estaba reclamando una ayuda humanitaria— por miembros del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), 2000.

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Prólogo

GARANTIZAR UN DESARROLLO

INFANTIL EQUILIBRADO

Álvaro MarchesiSecretario general de la OEI

La primera infancia es la etapa evolutiva más importan-te de los seres humanos. En ella no sólo se establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo, sino que también se viven experiencias cruciales que afectan a la dimensión afectiva de los individuos, a la confianza en las personas y a la manera de encarar las oportunidades y los retos que aparecerán a lo largo de la vida. No hay ya nin-guna duda de que el desarrollo infantil tiene una enorme repercusión en el aprendizaje, así como en el desarrollo social y personal posterior.

Por esta razón es imprescindible que se garanticen las condiciones básicas de alimentación y de salud de los ni-ños pequeños, la provisión de estimulación variada, el apoyo a las familias para que atiendan las necesidades, el desarrollo y la educación de sus hijos, y la incorporación progresiva de los niños en situaciones educativas organi-zadas, que contribuyan a su maduración y a su aprendi-zaje. Ojalá llegue a cumplirse en forma rigurosa la Con-vención de los Derechos de los Niños y sus propuestas de desarrollo, especialmente aquellas referidas a la defensa de los derechos de los niños pequeños mediante la formula-ción y promoción de políticas, leyes, programas, prácticas,

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capacitación profesional e investigación globales, centra-dos específicamente en la primera infancia.

Por desgracia, todavía queda mucho camino por reco-rrer en Iberoamérica. La pobreza, sobre todo la pobreza extrema de las familias, tiene un efecto devastador en la infancia, pues conduce a la desnutrición, con sus secuelas en la salud de los niños, en su desarrollo y en su aprendi-zaje. Cada año mueren más de un cuarto de millón de ni-ños pequeños por causas que podían haberse controlado, muchos de ellos por falta de alimentos. No son problemas e injusticias que golpean por igual al conjunto de los ciu-dadanos, sino que afectan más a las poblaciones origina-rias, afrodescendientes, rurales y a aquellos que viven en zonas marginales de las grandes ciudades.

Pero si garantizar un desarrollo infantil equilibrado, en el que se respeten los derechos de la infancia y se cuiden la salud y la alimentación, un entorno afectivo y comunica-tivo estimulante y la provisión de experiencias educativas enriquecedoras, es ya difícil para millones de niños, esta dificultad es aún mucho mayor en situaciones de conflicto armado. No hay mayor drama para un niño o niña que vi-vir los efectos de la guerra: muerte, destrucción, venganza, mutilación, abandono, desarraigo, terror. Ninguna situa-ción puede ser comparable, salvo la prolongación de esa misma situación.

Es, indudablemente, una urgencia y un deber inexcu-sable dedicar los máximos esfuerzos a aliviar, proteger y compensar a todos los niños que han vivido las experien-cias traumáticas de la guerra. Aún mejor sería protegerlos durante los conflictos bélicos para que no padecieran las secuelas físicas, psíquicas y morales de la guerra. Es una tarea casi utópica, pues exigiría una conciencia moral de respeto a la infancia en aquellos cuya conciencia moral no les impide matar y arrasar. Por ello, el clamor y el esfuer-zo deben dirigirse a encontrar soluciones pacíficas y me-diadoras que terminen con los conflictos armados y los

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erradiquen para siempre. Por el bien de la infancia y por el bien de la humanidad.

El libro sobre primera infancia y conflicto armado, di-señado y desarrollado por el Instituto de Primera Infancia de la OEI con sede en Colombia y por Save the Children Canada, tiene el enorme acierto de enfrentarnos con la extrema crueldad del conflicto armado y de sus enormes repercusiones en la primera infancia y, por tanto, en todos los ciudadanos y en todo el país. Su lectura debería servir para convencernos de los horrores de la guerra y de sus brutales consecuencias, y para levantarnos en la exigencia de la paz, en la protección de la infancia que vive en situa-ciones de conflicto armado, al igual que en la defensa de los derechos de la infancia en todos los países iberoameri-canos y en todas las regiones del mundo.

FALTA ESTE TEXTO. Tat autem iure del ulputatumsan ut nonse corper alit atet praessi blamet, quisim vercilisse tet praessi.

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Introducción

¡BIENVENIDOS A SU LECTURA!

Tatiana RomeroElsa Castañeda

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), por medio de su Instituto Iberoamericano de Innovación y Desarrollo Educativo (Idie) en Primera Infancia y Dere-chos de la Niñez, se asoció con Save the Children Cana-da (SCC) para hacer frente a una preocupación mutua: la situación de la población menor de seis años frente al conflicto armado interno en Colombia. Cincuenta años de guerra no han sido suficientes, y los odios e imposibi-lidad de perdón y reparación se transmiten de generación en generación. Ambas organizaciones se preguntaron por el origen e impacto de esta crisis prolongada en los niños, y encontraron una ausencia de estudios sistemáticos y de intervenciones intencionales frente a las afectaciones di-rectas e indirectas de la guerra en la primera infancia.

La alianza OEI - SCC tomó entonces como hipótesis de partida que las huellas de odio y retaliación se gestan en los primeros años de vida, cuando la guerra marca la co-tidianidad de los pequeños ciudadanos de manera direc-ta, mediante la pérdida de sus padres, el desplazamiento de su lugar de origen, el secuestro, el confinamiento, la exposición a minas antipersona, la desaparición forzada de sus familiares, o el impacto de ser víctima de algún en-frentamiento armado; pero también, indirectamente, ante

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la imposibilidad de salir a la calle, jugar en un parque o sendero por el miedo a la violencia que no cesa, o también la escucha permanente a través de los medios de comu-nicación del diario vivir de la guerra, que se volvió algo habitual en nuestra sociedad.

Emprendimos, entonces, este difícil reto de promover un estudio con dos ámbitos de reflexión: un estado del arte sobre investigaciones inéditas, publicaciones, producción bibliográ-fica existente sobre el tema; tres estudios de caso sobre la co-tidianidad de la primera infancia en tres territorios afectados por el conflicto armado —los departamentos de Arauca y Pu-tumayo y la región del Magdalena Medio— y, finalmente, una aproximación a la vida de los hijos de los combatientes.

La importancia de este estudio radica en que es inédito. Si bien se identificaron trabajos claves sobre el impacto de la guerra en la niñez, la focalización en la primera infancia es restringida. Adicionalmente, y tomando como referente la Política Pública de Primera Infancia colombiana, que incluye el período de gestación hasta los seis años de vida de los infantes, observamos que si bien la población de cero a seis años es invisible frente a los hechos violentos, tampoco hay reflexiones ni acciones sistemáticas que ayu-den a las madres y familias gestantes y lactantes que viven en medio de la guerra.

El propósito de esta publicación es iniciar la reflexión, visibilizar el problema y abrir el debate sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger a nuestros niños desde el vientre y proveer la mejor protección en esa eta-pa crucial de la vida de los seres humanos. Es un clamor al que invitan estas dos organizaciones, cuyo propósito es garantizar los derechos de la niñez alrededor del mundo.

Se puede decir que este estudio se armó desde dos aproximaciones al mismo tema. Inicialmente se contactó a expertos en primera infancia y en el tema del conflicto armado, para entablar un diálogo interdisciplinario alre-dedor de la problemática en cuestión. Esto suscitó sesio-

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nes de trabajo y debate amplio, de mutuo conocimiento sobre el tema de desarrollo infantil, asociado con reflexio-nes sobre los pormenores de la guerra y los vericuetos de los territorios donde operan los grupos armados. No fue fácil esta interacción, por los lenguajes y las dinámicas empleados, y por el tipo de trabajo que llevan a cabo los profesionales de ambas disciplinas, que fundamentalmen-te eran psicólogos, educadores, sociólogos, politólogos, especialistas en derechos humanos y derechos de la niñez. Era un ejercicio interdisciplinar que permitía sacar de la «asepsia» la investigación disciplinar con miras a lograr que, por ejemplo, los politólogos descubrieran el mundo del desarrollo infantil y a su vez los expertos en primera infancia se enfrentaran al mundo de la guerra.

El estado del arte (capítulo 2) terminó siendo tarea del grupo de profesionales en primera infancia y en derechos de la niñez, mientras que los estudios de caso (capítulo 3) fueron responsabilidad principal de los expertos en con-flicto y en derechos humanos. No obstante, tanto el Ins-tituto de Primera Infancia y Derechos de la Niñez como Save the Children Canada armonizaron el estudio, y re-orientaron sus productos y desarrollos, produciendo el texto que hoy se concreta en este libro.

Esta publicación es un llamado a la sociedad colom-biana, a toda Iberoamérica por la misión de la OEI y en general a los países donde interviene Save the Children, para que se concienticen de la importancia de proteger a sus niños, de excluirlos de las guerras, pero sobre todo es un llamado para ayudar a terminar con las 26 guerras vi-gentes en el mundo, para promover sociedades civilizadas que, a través del diálogo y la concertación, logren avanzar hacia la democracia y la equidad.

Varios son los hallazgos de este esfuerzo colectivo. Por un lado, las relaciones entre pobreza y conflicto y el impac-to en la niñez, pero también el asocio con la vulnerabili-dad de las poblaciones más excluidas del territorio, como

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los pobres históricos, los desplazados, los indígenas y los afrocolombianos. Además de las huellas emocionales que deja la guerra, se suman a ello los efectos de la pobreza que impactan en la desnutrición, en la falta de programas inte-grales de cuidado, atención, protección y educación inicial o en la baja calidad de los existentes, en la limitada presen-cia estatal para abogar por los derechos de la niñez en sus primeros años, en la imposibilidad de acceder a programas de desarrollo infantil temprano de calidad, en la ausencia de estrategias que les garanticen a los niños el derecho a jugar e interactuar con los lenguajes expresivos, propios de este estadio del desarrollo y fundamento clave para el libre crecimiento y calidad en las interacciones de la población menor de seis años. La reparación integral o restitución de derechos no da espera. Adicionalmente a los aspectos psico-sociales, los aspectos legales son de vital importancia.

La Alianza Save the Children, comprometida con mi-nimizar los efectos de las guerras en el mundo, ha venido trabajando para garantizarle a la niñez su protección y el acceso a una educación de calidad; con este propósito ha implementado un programa global denominado «Rees-cribamos el futuro», que opera en 32 países afectados por conflictos armados y que aboga porque también en Co-lombia se garantice el derecho a una vida digna de la niñez desde sus primeros años.

El Instituto de Primera Infancia y Derechos de la Niñez de la OEI, instancia iberoamericana que ha venido gene-rando convergencias y fortaleciendo las iniciativas sobre la garantía de los derechos de la infancia que se suceden en sus países miembros, ha creado un programa para conti-nuar desarrollando estrategias de intervención, así como produciendo investigaciones para que se minimice el im-pacto del conflicto en los niños y cesen la inequidad y la falta de garantías para la niñez de la región.

Esta investigación, al igual que las líneas de interven-ción que se deriven, son el punto de partida para que am-

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bas organizaciones incidan en la política pública existente en la materia.

El libro consta de cuatro capítulos que se organizaron de acuerdo con la dinámica y metodología de la investi-gación. En el primer capítulo se conceptualiza sobre el contexto de la guerra y las tipologías de territorios y del conflicto en dichos territorios; en el segundo, se habla del estado del arte sobre la primera infancia y el conflicto ar-mado; en el tercero, se desarrollan los tres estudios de caso y se analiza la situación de los hijos de los combatientes, y por último, en el cuarto, se invita a una reflexión final y se dan algunas recomendaciones.

¡Bienvenidos a su lectura!

Refugio para desplazados por combates entre guerrilla, paramilitares y ejército en la Operación Génesis. Pavarandó, 1998.

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Capítulo 1

EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Y LA PRIMERA INFANCIA

Con1.1. texto de la guerraLa guerra y el conflicto armado en Colombia, más que un problema coyuntural, se constituyen en ejes permanentes de la historia del país.

Desde las luchas de independencia, el país vivió durante el siglo XIX ocho guerras civiles generales, catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales con el Ecuador y tres guerras de cuartel. En el siglo XX, además de los múltiples levantamientos locales, libra una guerra con el Perú (1932-1934) y es escenario, en 1948, del mayor le-vantamiento popular en la historia nacional que recoge la violencia política que se venía gestando desde la década de los cuarenta y que da origen a la denominada Violencia, la cual cobró la vida de 200.000 colombianos. Además del desplazamiento a las zonas alejadas de colonización o a los cordones de miseria de las zonas urbanas, los efectos más fuertes de este episodio de la historia nacional fueron los recuerdos marcados por el odio, el deseo de venganza y la desconfianza entre las víctimas y sus descendientes.

En 1987, la Comisión de Estudios sobre la Violencia1 con-cluyó que la violencia en Colombia es un fenómeno dura-dero, que se proyecta como un elemento estructural de la evolución política del país y que no obedece necesariamente a la coyuntura política. En tal sentido, se amplió el concepto de violencia hacia el de lesión moral, estableciéndose que la 1. Comisión de Estudios sobre la Violencia, Colombia: violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogotá, Centro Editorial - Universidad Nacio-nal, 1987.

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violencia hunde sus raíces en las características intrínsecas de la sociedad colombiana, que no necesariamente la ejercen los pobres y que los colombianos se matan más por razones de calidad de su vida y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado. Al replantear la naturaleza del fenómeno de la violencia fue posible diferenciar, al lado de la violencia política, otras tres modalidades básicas: la violencia socioeconómica, la violencia sociocultural y la violencia so-bre los territorios. Formas todas ellas que se ven reforzadas por una cultura de la violencia que se reproduce a través de la familia, la escuela y los medios de comunicación, como agen-tes centrales de los procesos de socialización.

El final del siglo XX y el principio del XXI se caracteri-zaron por el recrudecimiento del conflicto armado, el in-cremento de los índices de delincuencia y de violencia en todas sus expresiones: intrafamiliar, amenazas, secuestros, asesinatos, masacres de la población civil y ataques a pue-blos enteros, enfrentando el país a la mayor crisis humani-taria de su historia. La combinación de múltiples actores en conflicto: guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y de-lincuencia común, entre otros, someten al país a una esca-lada de violencia marcada por la brutalidad y la vesania no sólo entre los grupos en conflicto sino contra la sociedad civil, generando lo que se reconoce como una de las peores emergencias humanitarias del mundo, caracterizada por el desplazamiento forzado masivo2 de tres millones de colom-bianos, donde confluyen los pobres históricos, los nuevos pobres y lo que podría llamarse pobres mutantes3.

Al igual que la guerra y el conflicto armado, los procesos de amnistía, desmovilización y reincorporación de grupos arma-dos al margen de la ley no son nuevos en el país, pues el carácter permanente de la guerra revela que nunca ha habido victorias

2. Ya para 1999, los organismos internacionales afirmaban que el fenómeno del des-plazamiento forzado interno había alcanzado tales proporciones en Colombia que se había convertido en una catástrofe humanitaria.3. Denominados de esta manera porque pasan del campo a la ciudad, siendo igual-mente pobres en ambos lados, o porque cambian sus expectativas en su contexto de pobreza, o porque su pobreza se modifica.

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decisivas sino paréntesis dentro de los cuales las hostilidades se prolongan por otros medios. En tal sentido, César Castro Per-domo recuerda «La aprobación de 52 indultos y 15 amnistías en el período republicano comprendido entre 1821 y 1982»4. Así mismo, durante la década de los noventa, diferentes gru-pos armados al margen de la ley firmaron acuerdos de paz con los gobiernos de turno, lo que significó su desmonte y la con-secuente desmovilización y reincorporación a la vida civil de 40.000 de sus miembros. Para el actual gobierno (2002-2010), una de las prioridades estratégicas de la Política de Seguridad Democrática ha sido la desmovilización y reincorporación de combatientes a la vida civil.

Las particularidades de este último y reciente proceso de desmovilización y reinserción han sido: 1) que ha ocurrido en medio del conflicto; 2) que en forma paralela han tenido lugar procesos colectivos e individuales de desmovilización y reinserción, cuyas motivaciones y formas de implementa-ción difieren entre sí; 3) que al ser el primer país del mundo que asume la desmovilización y reinserción de esta manera, no cuenta con referentes y menos con lecciones aprendidas que orienten los programas y acciones que se desarrollan en este sentido, con el agravante de que el proceso ha superado todas las expectativas del gobierno y de la sociedad en gene-ral, por cuanto a marzo del 2009 se habían desmovilizado cerca de 50.000 adultos y menores combatientes ilegales, ci-fra superior a los procesos de paz logrados en la década de los noventa, donde la desmovilización fue de 4.715 comba-tientes ilegales; 4) que debido al proceso de desmovilización y reinserción en medio del conflicto se han reconfigurado nuevos grupos armados ilegales, lo que lleva a un reciclaje o redinamización de la guerra sin alternativas de paz.

En este escenario de guerras, muertes y duelos vividos y heredados, muchas veces sin resolver, ha transcurrido la vida de generaciones de colombianos que deambulan entre el miedo, la desconfianza, el ocultamiento, la insensibilidad y la

4. Gonzalo Sánchez, «De amnistías, guerras y negociaciones», en Memorias de un país en guerra, Bogotá, Planeta, 2001.

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convivencia con la muerte, donde al decir de Yolanda Reyes «las heridas siguen doliendo, debajo de antiguas cicatrices»5.

Colombia reconoce que «… el conflicto armado ha im-pactado las estructuras familiar y comunitaria, y con ésta los contextos de socialización y desarrollo de la primera infancia»6. A pesar de las enormes dificultades que plantea un acercamiento al problema, por la poca visibilidad que han tenido los niños7 pequeños en los análisis del conflicto armado, se conoce que sufren diariamente de diversas for-mas. En el gráfico 1 se registran las distintas dinámicas del conflicto que pueden afectar el desarrollo físico, social, afec-tivo, cognitivo y comportamental en la primera infancia.

Gráfico 1Incidencia del conflicto en la primera infancia

Los niños en situaciones de conflicto armado se afectan

en su desarrollo:• Físico• Social

• Afectivo• Cognitivo• Emocional

Hijos de combatientes

Desapariciónforzada

Minasantipersona

Masacres

Desplazamientoforzado

Abuso sexualen guerra

Secuestro

Huérfanos o abandonados

Hijos de desmovilizados

Fuente: Herramientas para la caracterización de la afectación de niños en primera infancia víctimas del conflicto armado. Idie Primera Infancia y Derechos de la Niñez - OEI, 2008.

5. Yolanda Reyes, «¿Qué nuevos sentimientos de crianza hacia los hijos se están forman-do hoy?», columna de El Tiempo, domingo 5 de octubre de 2008.6. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Política de primera infancia «Colombia por la primera infancia», 2006, p. 9.7. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia y atendiendo lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-804 de 2006 (M.P. doctor Humberto Antonio Sierra Porto), es preciso desde la perspectiva y equidad de género hacer la distinción entre niño y niña. En tal sentido, en adelante cuando se refiere a los niños se entiende que también incluye a las niñas.

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La incidencia del conflicto armado en la primera infan-cia se manifiestan de diferente forma: los niños como víc-timas de minas antipersona; el desplazamiento forzado; el secuestro8 tanto de ellos como de sus padres; las migra-ciones de los padres fuera del país, dejándolos al cuidado de familiares y en ocasiones de amigos o vecinos; la entre-ga de los niños a las familias de apoyo cuando los padres son combatientes; la desmovilización de sus padres de los grupos armados al margen de la ley; el maltrato y aban-dono por parte de sus familias; la desaparición forzada de los padres o familiares; los confinamientos; los ataques y tomas armadas a los municipios; las fumigaciones a los cultivos ilícitos; los asesinatos y las masacres de sus fami-liares y vecinos. Todo ello acompañado del hecho de que los programas y la legislación para la población menor de seis años víctima del conflicto son muy débiles, asunto que hace que se constituyan en ciudadanos invisibles para el Estado, la sociedad misma y los programas de atención en sus diferentes modalidades9.

Además de los daños y lesiones físicas y emocionales causados a los niños más pequeños, el conflicto armado li-mita el ejercicio de sus derechos al impedir el acceso opor-tuno a servicios de salud y a una alimentación adecuada; al destruir o mantener bajo control los lugares donde viven, imposibilita que puedan disfrutar del juego o movilizarse con tranquilidad por los espacios cercanos a sus viviendas; al llenar de miedo, desesperanza e incertidumbre la vida cotidiana, y al enseñarles que la violencia es el medio por excelencia para resolver las diferencias.

8. Según la Fundación País Libre, entre 1996 y 2007 se secuestró a 731 menores de seis años.9. Las modalidades de atención a la primera infancia existentes en el país son: 1) En-torno familiar: atención a niños de las zonas rurales dispersas que no pueden acceder diariamente a un centro infantil. 2) Entorno comunitario: atención en centros infan-tiles y hogares comunitarios de bienestar, complementando los servicios de cuidado y nutrición con un componente educativo. 3) Entorno institucional: utilización de la ca-pacidad instalada y la experiencia de operadores privados (hogares infantiles, jardines infantiles, centros de preescolar) para prestar atención a niños menores de cinco años, brindándoles educación, cuidado y nutrición.

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El conflicto armado origina cambios profundos y trans-formaciones radicales en la vida cotidiana de los niños por el desarraigo, por el rompimiento de la identidad personal y social, de los vínculos afectivos, y por generar rupturas en las culturas familiares y sociales, lo cual exige una rein-vención de las identidades.

Al alterar y transformar los territorios socialmente construidos, se perturban las condiciones que hacen po-sible cimentar ambientes seguros de crianza y desarrollo: el ser testigos silenciosos de homicidios, violaciones, inci-neraciones y despojo de bienes, produce traumas psico-lógicos y físicos; al enfrentar situaciones de miedo, rabia, rechazo, hostilidad y abuso nacen sentimientos de temor y pérdida de confianza en sí mismo y en los otros; al pro-ducirse detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales, se ocasiona la pérdida de recursos materiales y simbólicos y, con ellos, el desarraigo; el introducir cam-bios drásticos en la estructura familiar causa la orfandad, la separación y, en ocasiones, el abandono y el maltrato. Además, la pérdida del entorno cotidiano, de los referen-tes sociales, culturales y ambientales lleva inevitablemente a la ruptura y destrucción del tejido social, empeorando las condiciones de vida, sobre todo de salubridad y abaste-cimiento, agudiza la marginación y la pobreza y los expo-ne al sufrimiento y la vulneración de todos los derechos.

Aunque en el país se ha hecho un esfuerzo muy grande para la atención a los niños y jóvenes en situación de des-plazamiento forzado, especialmente en la escuela básica, así como en la atención a la población desmovilizada, es-tamos lejos de conocer en todas sus dimensiones las con-secuencias y secuelas en la primera infancia. El tema de las afectaciones producidas por el conflicto en este rango poblacional aparece marginalmente en la vida de las ins-tituciones estatales nacionales, regionales y locales. En la mayoría de los planes de desarrollo de los entes territoria-les no ocupa un lugar importante y en muchos de ellos ni

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siquiera aparece; en consecuencia, no forma parte de las agendas de los gobiernos, ni existen presiones de la opi-nión pública para asumir la responsabilidad de salvaguar-dar los derechos de los niños afectados por el conflicto armado. En tal sentido, son muchos los interrogantes que están por responder: ¿quiénes son?, ¿cuántos son?, ¿dónde están?, pasando por otros más complejos, como ¿cuál es la afectación del conflicto armado en la primera infancia en términos individuales y sociales?, ¿cuáles son las secue-las?, hasta otros de carácter institucional, como ¿cuál es la oferta de servicios que se les brinda a estas poblaciones?, ¿a qué tipo de servicios acceden?, ¿qué respuesta dan estos servicios a sus necesidades y situación específicas?

Por último, sin temor a equivocación, podría decirse que gran parte del horror de la guerra que vivimos actual-mente se debe en gran medida a la deuda histórica que el país tiene con la primera infancia y las familias víctimas de las múltiples guerras que se han vivido en el país a lo largo de su historia social y política.

Importancia de la primera infancia1.2. La suscripción de Colombia a la Convención sobre los De-rechos del Niño (CDN), en 1991, representó un avance im-portante hacia el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, y un cambio en la concepción tradicional sobre las políticas y programas orientados a mejorar las condicio-nes de vida durante la infancia. Al adecuar las leyes colom-bianas a estas disposiciones internacionales, se ha señalado oportunamente que los niños son titulares de derechos; que sus derechos deben garantizarse reconociendo su carácter universal, prevalente e interdependiente; que el Estado, la fa-milia y la sociedad son responsables de la protección de es-tos derechos, y que cualquier persona «… puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños y los adolescentes» (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2007, artículo 11).

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En este orden de ideas, la CDN ha permitido consolidar una concepción de la infancia que la identifica como un grupo sociocultural específico y no simplemente como una etapa de preparación para la vida adulta o como un bien futuro de la sociedad. La infancia es vista así «no como una fase preparatoria o marginal, sino como un componente de la estructura de la sociedad —una institución social— que es importante por sí misma como un estadio más en el curso de la vida (ni más ni menos importante que otras etapas)» (Dalhberg, Moss y Pence, 2005, p. 85).

No obstante, al margen de estos avances, los investigado-res, diseñadores de política y otros actores sociales no han considerado suficientemente las particularidades de los ni-ños, de acuerdo con el momento de su desarrollo. Es poco reconocida la perspectiva de ciclo vital, según la cual el trán-sito de la vida es un continuo cambio donde el crecimiento y el desarrollo son el producto de la sucesión de experiencias en los aspectos biológico, psicológico, cultural y social (Ob-servatorio sobre Infancia, 2003). En parte por este motivo, tal como lo señala Liwski (2007, p. 8), ocurre que «… con excesi-va frecuencia se pasan por alto los derechos de los bebés y los niños pequeños… a pesar de que generalmente se reconoce que la primera infancia es un período decisivo para el sano desarrollo de los niños pequeños…».

Recuperar la perspectiva del ciclo vital permite pon-derar la trascendencia de todas las etapas de la vida al plantear acciones a favor de la infancia, que tienen en cuenta tanto el proceso evolutivo como los cambios que se presentan en cada una de las etapas del desarrollo (Observatorio sobre Infancia, 2003). En tal sentido, des-tacar las particularidades de los niños más pequeños, en cuanto al ejercicio de sus derechos, resulta crucial a la hora de determinar las acciones pertinentes para favore-cer su pleno y armonioso desarrollo, así como al identi-ficar los impactos diferenciales derivados de situaciones adversas.

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Cabe destacar que el disfrute de los derechos durante la primera infancia depende de las garantías que brinda el Estado, con la participación de la familia y la sociedad, para que los niños cuenten con espacios propicios para su desarrollo, en los que sean cuidados, atendidos, queridos, protegidos y, ante todo, reconocidos como actores sociales que participan en la construcción y en la determinación de sus vidas, pero también en las de quienes los rodean y en las sociedades en las que viven. Como lo señala Patrice En-gle, «… significa que todos los niños, empezando desde la más tierna infancia, tengan derecho a vivir en un ambien-te en condiciones de nutrirlos, cuidarlos y proporcionar-les seguridad, que les permita sobrevivir y ser físicamente sanos, mentalmente despiertos, emocionalmente estables, socialmente competentes y capaces de aprender…» (En-gle, 2007, p. 13).

Por esto, es posible afirmar que «… El cuidado y el desa-rrollo de la primera infancia no son una cuestión separada de los derechos del niño…» (Comité de Asistencia Jurídi-ca a los Pobres y Foro de Servicio de Guardería y Cuidado Infantil, 2007, p. 65). Igualmente, no hay que perder de vista que asegurar la realización de los derechos durante los primeros años de vida depende de intervenciones in-tegrales abarcadoras, que van más allá de acciones reme-diales para satisfacer necesidades vitales como la salud y la nutrición de los bebés y niños pequeños, o respuestas fragmentarias cuyo interés principal es la protección ante situaciones de emergencia. De esta manera, pensar en una garantía para el ejercicio de los derechos de la niñez im-plica generar mejores y más oportunas condiciones para su desarrollo.

Al descuidar la perspectiva de ciclo vital, las políticas y los programas para la primera infancia se encuentran en me-dio de una situación paradójica: mientras hay consenso so-bre los beneficios que representa para el Estado, la sociedad, las familias y los niños la inversión durante esta etapa de la

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vida, las acciones e intervenciones que los reconocen como sujetos de derechos son de poca monta. Con frecuencia se olvida que «realizar los derechos del niño en consonancia con sus facultades es una meta que se puede alcanzar úni-camente mediante un enfoque holístico de la implementa-ción de la convención» (Landsdown, 2007, p. 174).

Ahora bien, además de considerar que los niños ejercen sus derechos de acuerdo con el momento de desarrollo por el que atraviesan, es necesario destacar que dicho ejercicio depende de las condiciones que les brindan los entornos en que se desenvuelven. Por eso las particularidades de los contextos públicos y privados donde transcurre la vida in-fantil pueden posibilitar, favorecer, obstaculizar o limitar la realización de los derechos de los niños e influir positiva o negativamente en su desarrollo. Entonces, debe velarse por que los contextos de cuidado y atención de los niños brinden las garantías que les permitan acceder a los recur-sos —materiales, sociales, culturales y psicológicos— in-dispensables para el ejercicio de sus derechos y para que adquieran significado en la vida cotidiana, de tal manera que puedan crecer como ciudadanos.

Desde esta perspectiva, resulta interesante saber cuál es el impacto del conflicto armado colombiano sobre los ni-ños menores de seis años, y el ambiente familiar y social en el que crecen y se desarrollan, en particular de quienes viven en zonas donde actúan los actores armados: parami-litares, guerrillas y fuerzas militares. Esto no significa des-conocer que todos los niños colombianos están expuestos a los acontecimientos generados por el conflicto interno: enfrentamientos entre los actores, operaciones del ejérci-to, acciones violentas contra la población civil como se-cuestro, ataques a poblaciones o asesinatos. Se trata más bien de reconocer los impactos diferenciales, pues mientras para algunos se trata de sucesos lejanos narrados en los medios de comunicación, quienes viven en las «zonas en conflicto» conocen por experiencia directa —como parte

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del complejo entramado de relaciones entre actores y po-bladores— el dolor y los horrores de la guerra.

La situación es dramática si se reconoce que la primera infancia es un momento crucial en la vida de los seres hu-manos10, y que constituye un período muy corto durante el cual se construye una parte importante del capital so-cial y cultural de las personas; por esta razón, las primeras vivencias pueden representar incalculables ganancias o grandes pérdidas individuales y sociales. Existen muchos argumentos para respaldar esta afirmación y para dimen-sionar la importancia de hacer visibles los impactos del conflicto armado en la población más joven.

El conflicto armado afecta el desarrollo integral y los entornos de socialización en los que crecen los niños. En el desarrollo integral son múltiples sus incidencias, pues además del riesgo o pérdida del derecho a la vida desde los primeros años, los impactos emocionales son irreversibles; en relación con los entornos de socialización, se pone en juego la construcción de identidad y de ciudadanía.

Las incidencias emocionales producidas por la violencia en contra de los niños producen «… trastornos del sueño, la pérdida de apetito, la tristeza, el miedo, el llanto frecuente, la rememoración constante de los hechos, el mal rendimiento escolar, somatización, crisis de pánico, aislamiento y apatía…

10. Durante los tres primeros años de vida, «el cerebro del niño es muy receptivo, permitiendo un aprendizaje y desarrollo más rápido que en cualquier otra edad, pero en particular cuando al niño se le suministra amor, afecto, atención, alimento, y se le estimula mentalmente» (Unicef, 2006a). Este proceso se inicia durante la gestación, cuando los cuidados y las interacciones de la madre y el bebé con el medio en que se desenvuelven adquieren especial importancia. Así mismo, existe consenso entre los analistas sobre la relación entre la promoción de oportunidades para la primera infancia y el cumplimiento de metas como equidad, inclusión social y desarrollo humano (Sen, 2000); vista así, la primera infancia se en-tiende más como una posibilidad de inversión que como un gasto. Además, la primera infancia es el período de la vida en el que se fundan y construyen nuevas formas de relación entre los miembros de una comunidad y en el que se cuenta con una inmensa oportunidad para formar verdaderos ciudadanos (Colombia por la primera infancia, 2006). En este sentido, se presume que los niños construyen su identidad individual y social por medio del proceso de socialización, y configuran unas formas de relación que darán paso a su reconocimiento como miembros de una comunidad específica, al tiem-po que construirán sus representaciones sociales del mundo mediante el desarrollo de normas, valores y nociones (Aguirre y Durán, 2000).

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No obstante, también se producen cambios menos percep-tibles que operan en el mundo relacional del niño, tanto en su familia como en su entorno social y comunitario, lo que genera nuevas realidades en su contexto vital, en su lenguaje, en su mundo emocional y en sus posibilidades de construir futuro. Estos cambios se manifiestan en distintas emociones y sentimientos que hacen difícil expresar y construir con-fianza, promueven dependencia, dificultan emprender de manera entusiasta acciones orientadas a resolver los propios problemas; conllevan el desmembramiento de formas de re-lación comunitaria y de redes sociales, así como temor a ser parte de iniciativas que deban fundarse en la reciprocidad y la solidaridad, sin que sea posible ignorar el efecto dañino que tienen los hechos de violencia en las narraciones que cons-truyen de sí»11.

Por tanto, analizar el impacto del conflicto armado interno sobre la realización de los derechos de los niños menores de seis años es un modo de alertar sobre los al-tos costos que esta problemática puede representar para la sociedad colombiana.

Análisis del conflicto armado1.3. Para comprender el impacto de la guerra en la primera infancia es necesario analizar la naturaleza y complejidad del conflicto armado en Colombia.

Los estudios de los impactos de la confrontación entre actores armados sobre la población civil han sido extensos y diversos en sus perspectivas, y dan cuenta de las secuelas económicas y de las afectaciones psicosociales. Investiga-ciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Procuraduría General de la Nación, entre otros, son muestra de tales indagaciones. No obstante, los avances investigativos, las situaciones ocasionadas por la dinámica particular del conflicto con respecto al tipo de 11. Fernando Jiovani Arias (S-F), El desplazamiento forzado de niños en Colombia: una perspectiva psicosocial, Bogotá, Fundación Dos Mundos, www.dos-Mundos.org.

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territorio y la actuación de los actores no se han discri-minado. Cabe señalar que el funcionamiento y la relación entre población y actores armados dependen del tipo de territorio y las condiciones generales de una zona, ya sea por el modo de funcionamiento de las estructuras arma-das o por las especificidades sociohistóricas, poblaciona-les, culturales, políticas y naturales (ecológicas) de cada región.

En este orden de ideas, el vínculo que se establece entre el grupo armado y la población local, que tiene lugar en el marco de un territorio particular —con características propias—, influye en el tipo de impacto que produce la dinámica del conflicto en la población. Las característi-cas del territorio, tales como el predominio de riqueza de recursos naturales, que configuran la existencia de econo-mías ilegales o economías de extracción, en relación con la variable población rural / urbana, incidirán en el tipo de impacto del conflicto armado. En tal sentido, se esperaría que en las zonas urbanas con más de cien mil habitantes

el impacto sobre la población fuera indirecto, ya que son franjas controladas por el Estado, a diferencia de las zo-nas de economías ilegales, por lo general rurales, donde el impacto sobre la población será directo y posiblemente se convertirán en zonas en disputa o compartidas entre diferentes actores armados. Así mismo, para comprender el tipo de impacto sobre la población hay que considerar si éste se dirige de modo diferenciado, de acuerdo con las particularidades de los sectores que conforman una deter-minada población (género, grupo etario, etnia, situación socioeconómica, etc.).

Los recientes debates sobre la existencia en Colombia de un conflicto armado, o una amenaza terrorista, señalan la im-portancia de aclarar el significado del conflicto interno, que tiene evidentes implicaciones para el tema de este estudio. En términos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), se

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entienden los conflictos armados como aquellos… «que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante12 en-tre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes, o gru-pos armados organizados que, con la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sos-tenidas y concertadas, y aplicar el presente protocolo»13.

Al hacer un análisis de esta definición el Comité Interna-cional de la Cruz Roja (CICR) concluye que Los conflictos ar-mados no internacionales son enfrentamientos armados pro-longados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamenta-les y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado (Convenios de Ginebra). El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima.

Con respecto a los niños y el conflicto armado, el texto del artículo 38 de la Convención Internacional de los De-rechos del Niño, en sus acápites 1 y 4, propone: «1) Los

12. En el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, una alta parte contratante es un Estado que suscribe un tratado o convenio (instrumentos definidos para la interac-ción de los países en ese ámbito).13. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Pro-tocolo II), artículo 1, numeral 1. A diferencia de las posturas esgrimidas por el gobierno nacional, no se consideran terroristas los actos de los grupos armados al margen de la ley. En ese caso no tendría aplicación el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, toda vez que éste no se aplica a «(…) las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados» (artículo 1, numeral 2).Para reconocer la existencia de un conflicto armado dentro de un país, «basta que un conflicto no internacional ocurra dentro del territorio de un Estado entre grupos iden-tificables, sin la exigencia de que el bando opositor ejerza un dominio sobre una parte del territorio estatal y tenga capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas». Christophe Swinarski, Principales nociones e institutos del derecho inter-nacional humanitario como sistema de protección de la persona humana, San José (Costa Rica), Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1991, p. 37.«Un conflicto armado interno constituye toda situación de violencia regular, generalizada e incontrolable que se produce en la esfera interna de un Estado y ello al margen del even-tual grado de organización interna que tengan las partes enfrentadas, así como del grado de nitidez con que pueda procederse a la identificación de las fuerzas gubernamentales y no gubernamentales», Sonia Guel Peris, Conflictos armados internos y aplicabilidad del derecho internacional humanitario, Madrid, Instituto de Estudios Europeos de la Univer-sidad de San Pablo Ceu, Dykinson, 2005, p.127.

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estados partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del Derecho Internacional Huma-nitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño… 4) De conformidad con las obligaciones dimanadas del Derecho Internacional Humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los estados partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado».

Igualmente, el Comité de los Derechos del Niño14 in-dica que el derecho internacional pertinente al que hace referencia el artículo 38 en sus párrafos 1 y 4 comprende los cuatro Convenios de Ginebra, los dos Protocolos Adi-cionales, la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia y de conflicto armado, la Declaración de los Derechos del Niño (cuyo principio 8 afirma: «El niño debe, en todas circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro») y la Convención sobre los Derechos del Niño. También se refiere a otras normas de las Naciones Unidas, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-ticos, y la Observación general 17 del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 24 del Pacto, que reconoce a todo niño el derecho a las medidas de protección que su

14. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano que supervisa la forma en que los estados cumplen sus obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando un país ratifica la convención, asume la obligación jurídica de imple-mentar los derechos reconocidos por el tratado. Pero la firma no es más que un primer paso, pues el reconocimiento de los derechos sobre papel no basta para garantizar su efectivo goce en la práctica. En consecuencia, el país asume la obligación complemen-taria de presentar informes periódicos al Comité sobre la manera en que se facilita el ejercicio de los derechos. Este sistema de vigilancia de los derechos humanos es común a todos los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.Para cumplir su obligación de presentación de informes, los estados partes deben in-formar por primera vez dos años después de su ratificación, y posteriormente cada cinco años. Además del informe gubernamental, el Comité recibe información sobre la situación de los derechos humanos en los países a través de otras fuentes, entre ellas las ONG, los organismos de las Naciones Unidas, las otras organizaciones interguber-namentales, las instituciones académicas y la prensa. Teniendo toda la información dis-ponible, el Comité examina el informe junto con los representantes oficiales del Estado parte. Sobre la base de este diálogo, el Comité expresa sus preocupaciones y recomen-daciones, conocidas como «observaciones finales», las cuales son públicas.

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condición de menor requiere (Unicef, 2004, p. 608).Así mismo, el estudio «Repercusiones de los conflictos

armados sobre los niños» (1996), con la aplicación de las normas internacionales, propone:

Los pocos gobiernos que todavía no han firmado la •Convención sobre los Derechos del Niño deberían hacerlo de inmediato.

Todos los gobiernos deberían adoptar medidas legis-•lativas nacionales encaminadas a garantizar la aplica-ción efectiva de las normas pertinentes, incluidos la Convención sobre los Derechos del Niño, los Conve-nios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Re-fugiados y su Protocolo de 1969.

Los gobiernos deben ofrecer capacitación y educa-•ción en derecho humanitario y derecho relativo a los derechos humanos a jueces, policía, fuerzas de segu-ridad y fuerzas armadas, en especial a quienes parti-cipen en operaciones de asesoramiento y experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja y a otras organizaciones humanitarias, así como una amplia labor de divulgación.

Las organizaciones humanitarias deberían capaci-•tar a su personal en derecho relativo a los derechos humanos y derecho humanitario. Todos los organis-mos internacionales que trabajan en zonas de con-flicto deberían establecer procedimientos destinados a la notificación rápida, confidencial y objetiva de las violaciones que se señalen a su atención.

Las organizaciones humanitarias deberían prestar •asistencia a los gobiernos en la educación de los niños respecto de sus derechos mediante la prepa-ración de planes de estudios y otros métodos perti-nentes.

Los organismos y organizaciones de carácter huma-•

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nitario deberían tratar de concertar acuerdos sus-critos con entidades no estatales, en los que éstas se comprometieran a acatar el derecho humanitario y el derecho relativo a los derechos humanos.

La sociedad civil debería divulgar activamente el de-•recho humanitario y el relativo a los derechos huma-nos mediante la defensa de los derechos de los niños y la notificación y vigilancia de los casos de violacio-nes de esos derechos.

Sobre la base de las directrices vigentes, Unicef debería •preparar directrices más amplias para la protección y el cuidado de los niños en situaciones de conflicto.

Con arreglo a los artículos 38 y 39 de la Convención so-•bre los Derechos del Niño, se debería alentar al Comité de los Derechos del Niño a que incluyera en su informe a la Asamblea General una información concreta sobre las medidas adoptadas por los estados partes para pro-teger a los niños afectados por conflictos armados.

En el caso de Colombia, la Corte Constitucional expi-dió el auto 251 de 6 de octubre de 2008, donde se pronun-cia sobre la situación constitucionalmente inadmisible y apremiante de los niños y adolescentes desplazados por el conflicto armado en el país y la violación grave y siste-mática de sus derechos fundamentales, argumentando su decisión con base en lo siguiente:

«Los niños y adolescentes colombianos en situación de desplazamiento forzado son las víctimas más débiles e in-defensas del conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en el país, y al mismo tiempo son dura-mente golpeados por crímenes y condiciones estructurales de existencia que escapan por completo tanto a su control y su responsabilidad como a su capacidad de resistir o de responder, marcándolos de por vida al incidir negativa-mente sobre su proceso de desarrollo individual.

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Dado su estado de victimización pronunciada e inerme ante las numerosas injusticias del desplazamiento forzado, cada uno de los casos individuales de menores de edad desplazados por la violencia armada en Colombia confi-gura, en sí mismo, una manifestación extrema de vulne-raciones profundas, graves, sistemáticas y concurrentes de derechos fundamentales prevalecientes (artículo 44, Constitución Política).

La proliferación de estas situaciones individuales de quebrantamiento múltiple y severo de la Constitución en mucho más de un millón de casos concretos a lo largo del territorio nacional es un hecho que se ha demostrado con la suficiente contundencia como para desencadenar una respuesta idónea, contundente y prioritaria de las auto-ridades estatales a todo nivel, incluida la Corte Constitu-cional.

El axioma de la presente providencia, y el fundamento jurídico de cada una de las medidas inmediatas de pre-vención y protección que aquí se adoptarán, es el carácter constitucionalmente inadmisible y apremiante de la situa-ción de los menores de edad desplazados por el conflicto armado, como parte de la continuidad del estado de cosas inconstitucional.

Las diversas manifestaciones de esta situación genera-lizada de violación abierta de la Constitución Política, la precaria respuesta estatal a las mismas y las medidas que es imperioso adoptar en forma inmediata para proteger a los menores de edad desplazados en tanto sujetos de pro-tección constitucional especial, serán exploradas en deta-lle en las secciones subsiguientes»15.

Desde esta perspectiva, los niños y adolescentes des-plazados por el conflicto armado son sujetos de protec-ción constitucional imperativa y prioritaria. Además, tal como lo señala la Corte Constitucional, «para un bebé, niño, niña o adolescente, la experiencia vital del desplaza-miento forzado es intrínsecamente distinta de lo que pue-15. Corte Constitucional, auto 251 de 6 de octubre de 2008, pp. 1-2.

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de ser para un hombre o una mujer adultos»16, es decir, se reconoce que son afectados por el conflicto armado de «manera diferencial». La Corte Constitucional insiste en la importancia de que «la respuesta del Estado ha de ser igualmente diferencial, además de prioritaria17, con lo cual las políticas públicas de primera infancia deben incluir un enfoque diferencial18 de derechos en torno a este sector poblacional».

Es de señalar que en los impactos del conflicto arma-do en la primera infancia hay algunos que permanecen más ocultos que otros, como es el caso de los delitos de violencia sexual y maltrato infantil. Por ello, es clave que el abordaje motive una mirada compleja de las lógicas de los actores armados y las características del territorio, para comprender las afectaciones que en dichos escenarios tie-ne la población civil, particularmente la primera infancia, que es el objeto del presente estudio.

16. Ibid., p. 13.17. Ibid.18. El enfoque diferencial exige centrar las propuestas de trabajo en los niños, recono-ciendo los derechos individuales y colectivos, si es el caso, el momento específico de ciclo vital, género, cultura, etnia, condición física y mental.

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Retorno a Bojayá de los desplazados. Río Atrato, 2002

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Capítulo 2

ESTADO DEL ARTE SOBRE PRIMERA

INFANCIA EN EL CONFLICTO

María Cristina TorradoMarina CamargoNisme PinedaDiana Carolina Bejarano

Con este texto se pretende poner en claro que los impactos producidos por el conflicto armado en la primera infancia no son los mismos para todos los menores de seis años; es decir, que no a todos los pequeños los ha afectado de la misma manera, sino que al parecer el conflicto armado se ha ensañado con algunos grupos de niños que en oca-siones forman parte de los grupos sociales históricamente excluidos. Así, se busca señalar la importancia de consi-derar los impactos diferenciales que el conflicto armado puede tener en la primera infancia, en relación con la ubi-cación geográfica de sus viviendas, su pertenencia étnica y la capacidad económica de sus familias. En tal sentido, las graves violaciones a los derechos de los menores de seis años no corresponden exclusivamente a la exposición a situaciones propias del conflicto armado, sino también a condiciones de exclusión social y desigualdad en el acceso a oportunidades para su desarrollo.

Es necesario reconocer que: i) existen zonas del país donde los niños pueden verse más afectados, y que ade-más estas zonas son reconocidas muchas veces por ser las

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más pobres y por contar con la más baja capacidad insti-tucional; ii) el conflicto armado impacta los entornos de socialización en los que crecen los niños más pequeños, de modo que se dificulta el poder asegurar unas garan-tías mínimas para el ejercicio de sus derechos. Por tanto, se busca presentar desde la bibliografía existente algunas reflexiones sobre cómo el conflicto podría acarrear conse-cuencias graves para la construcción de la identidad y sub-jetividad desde los primeros años de vida, así como para las posibilidades de reconocerse como miembro de una sociedad, de una familia, de un grupo étnico, y de percibir y sentir que se es titular de derechos.

2.1. Marco para analizar la incidencia del conflicto armado en los derechos de la primera infancia en Colombia

Si bien en un primer momento puede resultar evidente que el conflicto armado tiene incidencia en la realización de los derechos de los niños colombianos menores de seis años, un análisis más detallado revela la complejidad que supone sustentar y desarrollar esta afirmación. Varias son las razones que explican dicha dificultad.

En primer lugar, la ausencia de estudios específicos y de datos pertinentes sobre la primera infancia en los sis-temas de información y en la bibliografía existente sobre el impacto del conflicto armado interno en la calidad de vida de la población civil; con excepción de algunos do-cumentos relacionados con el desplazamiento forzado, en términos generales puede afirmarse que existe una invisibilidad de la primera infancia en tales análisis. En el mejor de los casos, se hacen referencias aisladas o muy imprecisas.

A esto se agregan las enormes diferencias que hay den-tro del grupo poblacional que denominamos primera in-fancia en materia de derechos y oportunidades, así como

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en la probabilidad e intensidad del contacto entre los ni-ños, los actores armados y los hechos violentos propios del conflicto. Son de tal magnitud las brechas entre regiones geográficas y sectores sociales, que habría que caracterizar una amplia gama de situaciones particulares. En síntesis, no puede hablarse de la incidencia del conflicto armado en la primera infancia como si se tratara de un grupo ho-mogéneo, sino de impactos diferenciales en sectores espe-cíficos de esta población infantil.

Por último, se deben tomar en cuenta las dificultades que plantea caracterizar el conflicto armado colombiano, pues deben considerarse los continuos procesos de cam-bio en su dinámica, la multiplicidad de actores en con-frontación, la desigual distribución en el territorio y la compleja articulación con las realidades socioeconómicas regionales y locales. Para evitar generalizaciones e impre-cisiones, es necesario definir, en la medida de lo posible, el contexto particular del cual se habla cuando se identifican relaciones entre los actores y eventos del conflicto, y los derechos de la primera infancia.

Como puede apreciarse, estamos frente a una tarea de largo aliento, a cuya realización esperamos contribuir con algunos análisis e hipótesis preliminares efectuados a lo largo de este texto.

Población menor de seis años y la geografía del conflictoSegún el censo del 2005, los colombianos menores de seis años representan el 12,02% de la población del país (Dane, 2005); este porcentaje muestra una tendencia decreciente en las últimas décadas por el impacto de la llamada transi-ción demográfica, «caracterizada por un descenso en la fe-cundidad, con un crecimiento poblacional de 1,6% anual, menores tasas de nacimiento, reducción de la mortali-dad infantil, mayor esperanza de vida al nacer, que hace que cambie la estructura de los grupos poblacionales por edad» (Ministerio de la Protección Social, 2007, p. 44).

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Así, como consecuencia del descenso de la tasa de fe-cundidad1 o número promedio de hijos por mujer, que pasó de 2,6 en el 2000 a 2,4 en el 2005 (Profamilia, Mi-nisterio de la Protección Social, 2005), la participación del grupo de los niños más pequeños ha disminuido en la estructura general de la pirámide poblacional del país. Sin embargo, las tendencias nacionales presentan im-portantes variaciones entre regiones y grupos de la po-blación, por lo que la proporción de niños menores de seis años cambia según el caso2. De este modo, se hacen evidentes las diferencias en el peso relativo de la pobla-ción infantil menor de seis años cuando se desagrega por variables tales como región geográfica o pertenencia ét-nica, como se deriva del análisis de los gráficos 1 y 2.

Como se muestra en estos gráficos, existen grandes desigualdades en la participación porcentual de los niños menores de seis años, de acuerdo con el departamento en el que viven y con su pertenencia étnica. Al respecto llama la atención la clara diferencia de la pirámide po-blacional para la población indígena y el lugar que en ésta ocupa el grupo menor de cuatro años3, con la dis-tribución nacional. Así mismo, al analizar la relación del número de niños menores de cinco años por cada cien mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), se ve que es clara la variación para los pueblos indígenas con respec-to al promedio nacional (gráfico 3).

1. La tasa de fecundidad se ha definido en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2005) como el número de partos de mujeres entre 15 y 49 años, sobre el total de mu-jeres entre 15 y 49 años.2. A lo largo del capítulo se hará referencia principalmente a la proporción de niños menores de seis años, con el fin de señalar los departamentos y regiones donde este gru-po poblacional representa un porcentaje importante dentro de la población total. De este modo, se presentan los cálculos que relacionan el número de menores de seis años sobre el número total de habitantes. En este sentido, se entiende que los departamentos que se mencionan no corresponden a los que tienen el mayor número de menores de seis años, sino donde proporcionalmente, con respecto al total de la población, su presencia es mayor.3. Se toma como referencia el grupo de niños de cero a cuatro años, ya que la infor-mación nacional consolidada que se sistematizó en el censo del año 2005 se encuentra agrupada por rangos quinquenales.

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Gráfico 1Departamentos con porcentaje de niños menores de seis años por encima del total nacional.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Porcentaje

Nacional 10,0N. Santander/Atlántico/San Andrés 10,2

Meta / Cauca 10,7Sucre/Huila / Nariño 11,0

Bolívar / Arauca / Casanare 11,3Córdoba 11,6Guainía 12,4

Magdalena / Cesar 12,7Putumayo / Guaviare 13,2

Caquetá 13,7Chocó / Amazonas 14,7

La Guajira / Vaupés 16,7Vichada 17,5

Fuente: Cálculos del Instituto de Innovación y Desarrollo Educativo (Idie), con base en la información del Dane (2005).

Gráfico 2Estructura de la población por sexo y edad, 2005

Población nacional

MujeresHombres

85 y80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-1405-0900-04

10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

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Fuente: Dane (2007). Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica.

Gráfico 3Relación de número de niños menores de cinco años por mujeres en edad fértil, de acuerdo con pertenencia étnica.

37

62

42

30

0

10

20

30

40

50

60

70

Población total nacional

Población indígena

Población afrocolombiana

Poblaciónrom o gitana

Fuente: Dane (2007). Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica.

A partir de esta información es posible concluir, entonces, que la población de niños en primera infancia en relación con la población total no es la misma en todas las regiones del país; es más alta, por ejemplo, en zonas relativamente periféricas, como La Guajira y Chocó, o los antiguos territorios naciona-les (Vichada, Vaupés, Amazonas y Guaviare), donde además se tiene la mayor presencia de población indígena del país4.4. Como se ha señalado, esto no significa que el mayor número de los niños colombia-nos menores de seis años vivan en estas regiones, ya que la mayor concentración nu-mérica se encuentra en las grandes ciudades y en los departamentos más poblados. De este modo, se explica por qué Bogotá es la ciudad con mayor número de niños menores de seis años (685.747), y Vichada es el departamento con la mayor proporción de niños de la misma edad (20,7%).

Población indígena

MujeresHombres

85 y80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-1405-0900-04

10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

63

Con el propósito de explorar la incidencia del conflicto armado en la realización de los derechos de la primera in-fancia en el país, resulta de interés comparar las regiones con alta proporción de niños y niñas menores de seis años mencionada, con la geografía del conflicto, término con el cual se reconoce cómo «la violencia no cubre homogénea-mente ni con igual intensidad el territorio de Colombia en su conjunto, sino que la presencia de la confrontación armada es altamente diferenciada de acuerdo con la diná-mica interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión social como en su organización eco-nómica» (F. González e I. Bolívar, 2003, p.2).

Se trata de contrastar información indicativa sobre la si-tuación actual del conflicto en lo que respecta a regiones más afectadas por acciones violentas (homicidios, masacres, incidentes y accidentes con minas antipersona, existencia de municiones sin explotar y desplazamientos forzados) y la distribución de los niños menores de seis años, para es-tablecer posibles hipótesis sobre el impacto diferencial del conflicto en algunos sectores de este grupo poblacional.

Para identificar las regiones del país donde el conflicto se presenta con mayor intensidad, se han considerado en pri-mer lugar los reportes de seguimiento al conflicto armado elaborados por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2008), que ponen en evidencia algunos focos de acciones violentas (mapa 1), y otros indi-cadores sobre la prevalencia de homicidios, desplazamientos forzados y accidentes con minas antipersona, en algunas re-giones del país. De este modo, se reconocen regiones de los departamentos de Arauca, Meta, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena, Córdoba y Vichada como las zonas con mayor incidencia de acciones violentas registradas en el 2007, debido a que en ellas hay sitios estratégicos en tér-minos económicos (recursos naturales, contrabando y culti-vos ilícitos), corredores geográficos para la circulación de los actores armados y de armamento, lo mismo que el acceso se-guro a las zonas de refugio o de asentamiento histórico de los grupos armados ilegales. En otros casos, corresponde a zonas

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donde existen fuertes nexos entre estos grupos armados y los representantes del Estado.

Mapa 1Focos y continuidad geográfica de la intensidad de la confrontación armada en Colombia, 2007.

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2008). Fuente de datos: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República.

Al comparar las dos distribuciones en el territorio (inten-sidad del conflicto armado y porcentaje de niños menores de seis años), se puede plantear cierta coincidencia, aun recono-ciendo que la geografía del conflicto no permanece estática y que, en palabras de Pécaut (2001), se ha producido un fe-

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nómeno de desterritorialización, caracterizado por la incerti-dumbre en el control y dominio de algún actor armado sobre cualquiera de las regiones en conflicto5. Dicha coincidencia proporciona elementos para asegurar que, en muchos casos, las zonas de mayor actividad de los actores armados y de ac-ciones violentas son las mismas en las cuales hay una mayor presencia relativa de niños pequeños. Esta situación sería vá-lida para los departamentos de Vichada, donde los menores de seis años representan el 17,5% de la población del depar-tamento y se reconoce un foco de hasta veinte confrontacio-nes armadas en el 2007; Caquetá, donde los niños menores de cuatro años representan el 13,7% de la población del de-partamento y se registraron veinte confrontaciones armadas para el año 2007; Putumayo, donde los menores de cuatro años representan el 19,90% de la población del departamen-to y se reconocen focos de hasta cincuenta acciones violentas, y regiones de hasta diez acciones violentas que se distribuyen por gran parte del territorio departamental (tabla 1).

Tabla 1Comparación entre proporción de niños menores de cuatro años y número de acciones violentas por departamento

DepartamentoProporción niños menores

de cuatro años (%)Número de

acciones violentasVichada 17,5 6-20Caquetá 13,7 6-20

Putumayo 13,2 6-50Guaviare 13,2 6-20

Cesar 12,7 6-10Córdoba 11,6 6-20Bolívar 11,3 6-10Arauca 11,3 6-50Nariño 11,0 6-20Meta 10,2 6 - más de 51

Fuente: Cálculos del Observatorio sobre Infancia con base en información del Dane (2005); Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2008).

5. Esta idea resulta de particular interés a la hora de precisar las posibilidades para es-tablecer análisis relacionales entre los impactos del conflicto armado sobre la primera infancia, en cuanto a las acciones violentas que cada grupo o actor armado desarrolla.

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En consecuencia, en algunas comunidades de dichos departamentos es más probable que los niños menores de seis años se conviertan en víctimas directas del con-flicto. No obstante, como en estas zonas hay diferencias en las estrategias de los actores armados, para atender a propósitos diversos, como control territorial y de po-blación, control de fuentes de riqueza y control de zo-nas de refugio, se podría proponer como hipótesis que en cada caso se violan de manera distinta los derechos de los niños6.

En igual sentido, es posible proponer que el riesgo de que un niño sea muerto o herido por una mina anti-persona, depende de la dinámica local del conflicto. En efecto, las zonas del país con mayor presencia de mi-nas antipersona, según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH (2008), corresponden a departamentos7 en los que hay control hegemónico de alguno de los grupos armados ilegales, que busca defender zonas de plantación de cultivos ilí-citos o corredores estratégicos para la movilización de los combatientes y de drogas ilegales. Los departamen-tos que se han visto más afectados por accidentes e in-cidentes con minas antipersona (MAP) y municiones sin explotar (Muse) son, en su orden: Meta, Antioquia, Bolívar, Nariño y Norte de Santander (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2008); esta lista varía cuando se analiza la presencia de casos de niños menores de seis años lesionados por estas armas, sien-do Antioquia el que ocupa el primer lugar, seguido de Caquetá, Guaviare y Meta (tabla 2). Como ya se señaló, en estos tres últimos departamentos el porcentaje de menores de cuatro años está por encima del promedio nacional.

6. Sería necesario realizar estudios para ampliar el análisis presentado.7. Se toma como referencia el dato departamental, ya que de este modo se ha conso-lidado la información nacional sobre accidentes e incidentes con minas antipersona y municiones sin explotar.

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Tabla 2Número de niños menores de seis años que resultaron heridos o murieron a causa de minas antipersona por departamento (2005-2008).

DepartamentoNúmero de niños menores de seis años

afectados por MAP y Muse

Antioquia 11

Guaviare* 4

Caquetá* 4

Meta* 2

Valle del Cauca 1

Tolima 1

Nariño* 1

Córdoba* 1

Chocó* 1Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2008).* Departamentos con mayor porcentaje de niños menores de cuatro años (por encima del dato nacional).

Las minas antipersona y las municiones sin explotar re-presentan un grave riesgo para los niños más pequeños, pues se sabe que en algunos casos ellos las han confundido con juguetes. Tal como reporta el Observatorio del Pro-grama Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2008), en el año 2005 un niño de seis años murió en el departa-mento del Meta al tener contacto con una mina cuando se encontraba jugando. La plantación de minas antipersona en lugares de esparcimiento, como los sitios aledaños a las escuelas y a las casas de los niños, representa una clara vulneración del derecho al juego y a la protección de los niños más pequeños, con todas las implicaciones que esta situación acarrea para su desarrollo armonioso, durante esta etapa de la vida.

Así mismo, se reconoce que las minas antipersona limitan la movilidad de las comunidades enteras y pueden generar situaciones de confinamiento, en las que se restringe la cir-

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culación de personas, alimentos y medicinas. En este orden de ideas, cabe destacar que la mayoría de los menores de seis años que resultaron heridos o muertos por efecto de las mi-nas antipersona o de municiones sin explotar se encontraban cerca de un campo minado (15 de los 26 casos reportados).

Conflicto armado, condiciones de pobreza y primera infanciaLa coincidencia entre geografía del conflicto y distribu-ción de niños menores de seis años sobre el total de la población que se ha venido señalando puede resultar aún más problemática si se tiene en cuenta que, en algunos ca-sos, se trata de regiones caracterizadas por altos índices de pobreza y exclusión y, por tanto, con pocas oportunidades de acceso a condiciones de vida deseables, como vivienda digna y capacidad económica, entre otras.

La primera infancia se ha identificado como uno de los grupos poblacionales más afectados por la pobreza y la inequidad del país. Así, al hacer una medición con base en la línea de pobreza8, se ha reconocido que en Colombia el 66% de los menores de seis años son pobres, y cerca del 26% se sitúan por debajo de la línea de indigencia (Lon-doño, 2006), datos que superan el promedio nacional, es-timado en 46,8 y 20,2%, respectivamente (Cepal).

Los niños pertenecientes a hogares en situación de po-breza viven en sectores urbanos marginales y en zonas rurales en todo el país, tal como se puede observar en el siguiente mapa, en el que se indica la distribución de la po-blación con necesidades básicas insatisfechas9, uno de los índices utilizados para medir la pobreza (mapa 2). El hecho

8. «La línea de indigencia se calcula a partir del valor de una canasta normativa de ali-mentos, y en torno a este valor se traza una línea entre los hogares que por ingresos no alcanzan esta cifra y que, por tanto, se ubican debajo de la línea de indigencia. La línea de pobreza involucra a esta medida, sumando otros bienes y servicios en una especie de canasta mínima de bienes y servicios, e igualmente, quienes por ingresos no alcanzan la capacidad adquisitiva de esta canasta, estarían en el campo de la pobreza». V. Reyes, Indicadores sociales e indicadores de gestión, op. cit., 2006, pp. 63 y ss.9. El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas está compuesto por cinco indicadores, tres relativos a la vivienda, otros sobre inasistencia escolar y otro sobre alta dependencia económica. V. Reyes, op. cit., p. 62.

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de que algunas de las regiones más afectadas por la pobreza sean aquellas donde hay mayor concentración de población de niños menores de seis años de origen indígena y afro-descendiente, como Chocó, Vaupés, La Guajira y Amazo-nia, pone en evidencia los profundos procesos de exclusión social a que se ha sometido a estas comunidades; se trata, además, de regiones afectadas por confrontaciones y accio-nes de los grupos armados.

El análisis de algunos indicadores importantes para moni-torear la calidad de vida de niños durante la primera infancia en estas regiones confirma la posible relación entre pobreza y conflicto, y revela las condiciones de enorme desigualdad que caracterizan a la sociedad colombiana en materia de derechos y oportunidades. Tal como lo señala Garay:

Colombia se caracteriza por ser una sociedad con una profunda exclusión social o, si se quiere, por mantener, de manera perversa y discriminatoria, a amplias capas de su po-blación, a quienes se les impide potenciar y aprovechar sus habilidades y capacidades para el enriquecimiento de la vida, la ampliación de las libertades, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la cooperación, la construcción participativa a través de instituciones y prácticas democráticas, el desarrollo, el bienestar económico y social (Garay, 2000, p.11).

En el caso del acceso al agua potable10, se reconoce una enorme diferencia entre las zonas rurales y urbanas del país (mapa 3), así como en el interior de las zonas de asen-tamientos en las periferias de las ciudades. Igualmente, la baja cobertura de agua en las cabeceras municipales de Chocó, Guainía, Vichada, Guaviare, Nariño, Cauca, y en los restos municipales de Amazonas, Chocó, Nariño, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y Caquetá, debe considerarse crítica, en particular para los menores de seis años, quienes pasan la mayor parte del

10. El acceso a agua potable es un derecho de todos los seres humanos y de particular importancia para los niños menores de seis años, ya que las enfermedades transmitidas a través del agua contaminada son una causa de la morbilidad y mortalidad infantil. M. Torrado e I. Anzelín (2006).

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tiempo al cuidado de sus padres en su casa (Educación para todos, 2003) y están expuestos constantemente a los peligros que esta problemática representa para su salud y bienestar. Aún más preocupante resulta saber que de los departamentos señalados, en especial Vichada, Vaupés, Chocó, Amazonas, Caquetá, Guaviare y Guainía, concen-tran las mayores proporciones de niños menores de seis años con respecto al total de la población, y específica-mente Nariño, Meta, Cauca, Arauca. De nuevo observa-mos una coincidencia entre alta proporción de población menor de seis años de origen indígena, baja cobertura de agua potable e intensidad del conflicto.

Mapa 2Distribución geográfica de hogares con necesidades básicas insatisfechas, discriminada por municipio

Fuente: Dane, Censo general 2005, Marco geoestadístico nacional 2004.

Porcentaje de Hogares92.278.7-92.265.1-78.650.0-65.033.1-49.99.3-33.0<=9.2Sin información

71

Mapa 3Distribución geográfica de viviendas que no disponen de conexión a acueducto por cabeceras y restos municipales.

Fuente: Dane, Censo general 2005, Marco geoestadístico nacional 2004.

Otros indicadores sobre las condiciones de vida y po-sibilidades de acceso a servicios básicos para el desarrollo humano, que redundan en el ejercicio de los derechos du-rante la primera infancia, son la tasa de mortalidad infan-

Porcentaje

Porcentaje

CABECERAS MUNICIPALES

RESTO MUNICIPAL

>8151-8026-5011-25<=10Sin información

>8151-8026-5011-25<=10Sin información

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til, la atención prenatal, la tasa de vacunación, la atención hospitalaria del parto y la desnutrición.

En Colombia, durante el quinquenio 2000-2005, la tasa de mortalidad infantil, definida como la probabilidad de morir durante el primer año de vida, era de 19 por cada mil nacidos vivos, de los cuales 17 por cada mil se presen-taban en la zona urbana y 24 por cada mil en la zona rural (Profamilia, Ministerio de la Protección Social, 2005). Las zonas que se han venido identificando en el texto como las más impactadas por el conflicto armado, y que además han sido históricamente excluidas, como Chocó, La Gua-jira, Caquetá, Nariño, Córdoba y Vichada, presentan los índices más críticos de mortalidad infantil del país11 (tabla 3), sumado al hecho de que los menores de un año repre-sentan el mayor número de casos dentro de esta tasa.

Tabla 3Departamentos con la tasa de mortalidad en niños menores de un año más alta del país

Tasa de mortalidad infantilTasa nacional 19 x 1.000

Chocó 36 x 1.000

La Guajira 33 x 1.000

Caquetá 32 x 1.000

Nariño 28 x 1.000

Córdoba 28 x 1.000

Cesar 27 x 1.000

Magdalena 27 x 1.000

Huila 27 x 1.000

Vichada 27 x 1.000

Sucre 26 x 1.000Fuente: Ministerio de la Protección Social, Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Para algunos investigadores existe una relación di-11. Cabe aclarar que las principales fuentes de información sobre la situación de salud y nutrición de los niños en el país, en ocasiones no contaron con muestras representativas de departamentos fuertemente impactados por el conflicto armado, como Putumayo, lo cual podría explicar por qué no aparecen como los departamentos más afectados.

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recta entre alta mortalidad infantil y conflicto armado. Así, para Fabio Sánchez y Ana María Díaz (2005), «… la mortalidad infantil (…) se considera uno de los princi-pales indicadores de desarrollo de los países. Colombia ha avanzado notablemente en el período evaluado (1990-2002), pero dicho avance resultó por debajo de las ex-pectativas a causa del conflicto armado. Los municipios relacionados con hostigamientos tuvieron disminuciones más lentas de este indicador con respecto a sus contra-partes sin actividad armada».

En cuanto a la atención del parto se tiene que a nivel na-cional, para el quinquenio 2000-2005, el 92% de los par-tos se presentó en una institución de salud y el 8% de los nacimientos ocurrió en la casa o en un lugar distinto (Mi-nisterio de la Protección Social y Profamilia, 2005). En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) (2005, p.207) se reporta que el número de mujeres que dieron a luz en casa aumenta con la edad y con el número de hijos; así mismo, se señala que residen principalmente en las zo-nas rurales y en los departamentos de Chocó (40%), Ca-quetá (32%), Cauca (31%), La Guajira (22%), Cesar (20%), Vaupés (16%), Córdoba, Nariño y Magdalena (15%). En algunos casos, las cifras se relacionan con el predominio de prácticas tradicionales propias de comunidades indígenas y afrodescendientes, a pesar de que se reconoce que en los antiguos territorios nacionales la atención médica durante el parto pasó de 74 a 92% entre 1990 y 2005.

Según la ENDS (2005, p. 224), sólo el 58% de los niños entre 12 y 23 meses en todo el país cuenta con un esquema de vacunación completo, el 37% de estos niños recibió to-das las vacunas durante su primer año de vida, y un 2% no había recibido ninguna (Ibid.). Así, el porcentaje nacional de vacunación en niños entre 12 y 23 meses es bastante bajo y es aún más grave (Ibid., p.226) en las subregiones: Litoral Pacífico (32,3%), Barranquilla A.M. (41,6%), Meta (47,1%) y La Guajira, Cesar y Magdalena (48,7%).

74

Para el año 2005, la ENDS reportó que el 12% de los ni-ños menores de cinco años presentó desnutrición crónica o retardo en el crecimiento a consecuencia de la margina-lidad y pobreza; el 2,8% de ellos se encontraba en riesgo de desnutrición severa, siendo los más afectados los niños menores de 12 a 24 meses. Las subregiones con mayores índices de desnutrición crónica son Cauca, Nariño sin li-toral (18,7%), La Guajira, Cesar, Magdalena (16,5%), Sur de Bolívar, Sucre, Córdoba (14,4%) y Boyacá, Cundina-marca y Meta (13,4%).

En síntesis, es fácil suponer que en algunos casos el conflicto viene a agravar una situación estructural de des-igualdad que afecta el disfrute de los derechos de los me-nores de seis años, evidenciando la brecha que existe entre comunidades indígenas y afrodescendientes, y habitantes de algunos sectores rurales y el resto del país. Al respecto debe reconocerse el impacto de estrategias utilizadas por los actores armados, como el confinamiento o la fumi-gación de cultivos ilícitos12, en el acceso de la población a alimentos, medicinas o atención médica oportuna. Tal como aparece en el informe mundial de la infancia (2008), «… las situaciones de emergencia como las que generan los conflictos armados producen inseguridad alimentaria y un aumento de la mortalidad infantil causada por defi-ciencias nutricionales, epidemias o brotes de ciertas enfer-medades, escasez de medicamentos y otras dificultades en la prestación de servicios de salud» (Unicef, 2007, p. 18).

En el mismo sentido, Graça Machel señala cómo «la in-terrupción de los suministros alimentarios, la destrucción de los cultivos alimentarios y las infraestructuras agríco-las, la desintegración de las familias y las comunidades, el desplazamiento de las poblaciones, la destrucción de los servicios y programas de salud, y los sistemas de agua y saneamiento imponen un alto costo a los niños. Muchos

12. Coalición contra la vinculación de niños y adolescentes al conflicto armado en Co-lombia (2007). Informe sobre la situación de derechos humanos y derecho humanita-rio de los niños y jóvenes del departamento de Putumayo.

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mueren como consecuencia directa de la reducción del consumo de alimentos, que provoca una malnutrición aguda y grave, mientras que otros, debilitados por la mal-nutrición, ya no tienen ninguna resistencia ante las enfer-medades e infecciones corrientes de la infancia» (Machel, 1996, p. 45).

Desplazamiento forzado y primera infanciaPor su magnitud, y por las graves consecuencias sobre las personas, el desplazamiento forzado es sin duda el impac-to más significativo del conflicto armado interno sobre los derechos de la población colombiana y una clara violación al derecho internacional humanitario; así mismo, revela la complejidad de las estrategias e intereses de los grupos en confrontación, sus relaciones con el narcotráfico y las alianzas con actores locales, que ven en el desplazamiento el camino para satisfacer sus intereses económicos. Tales alianzas han sido una de las principales estrategias de los grupos de autodefensa.

La disputa por las riquezas y los territorios está estrecha-mente ligada con el desplazamiento forzado, bien porque se acusa a la población de colaborar con el bando opuesto o por un claro interés de despojar a los habitantes de te-rrenos considerados claves para los propósitos militares y económicos de los actores armados. «Regiones produc-toras de banano, oro, petróleo, carbón o coca comienzan a sufrir la presión de los grupos guerrilleros, que buscan fortalecer sus planes estratégicos mediante la apropiación de recursos sustanciales» (Pizarro, 2006, p. 184).

El desplazamiento debe entenderse como un proce-so que «abarca los eventos y las circunstancias previos al éxodo, la jornada y las rutas migratorias, la llegada a un nuevo lugar y las diversas estrategias de reconstrucción de su vida y de supervivencia en el entorno social» (Riaño, 2006, p. 92). Antes del evento, la población se ve some-tida a amenazas, hostigamientos y, en algunos casos, a

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asesinatos selectivos; al abandonar su lugar de residencia pierden bienes materiales, y en el lugar de acogida sufren por el desarraigo y la incertidumbre; en todo el proceso enfrentan cambios en la estructura y dinámica familiar. «Los efectos funestos del desplazamiento forzado sobre la estructura familiar afectan inevitablemente a los niños. Estos no sólo tienen que ser testigos del horror de huir de manera abrupta y violenta de su ambiente, sino además enfrentan todo el proceso de adaptación a un nuevo me-dio, el cual generalmente presenta nuevas características de pobreza y deterioro de la calidad de vida y de la con-dición emocional» (Sarmiento, 2003, citado por Arteaga, s.f., p. 7).

Por estas razones, los niños menores de seis años vícti-mas del delito de desplazamiento forzado constituyen un grupo muy significativo en el análisis del impacto del con-flicto armado sobre los derechos de la primera infancia. Infortunadamente, no contamos con suficiente informa-ción para analizar su situación.

Durante el período de 1997 a 2008, el grupo de niños menores de seis años en situación de desplazamiento ha representado a nivel nacional el 6,68% del total de la po-blación desplazada13. Al realizar un análisis de la informa-ción de acuerdo con el departamento de salida, se tiene que Amazonas, Nariño, Vichada, Bogotá, D.C.14 y Huila han sido los departamentos con mayor expulsión de niños en primera infancia (tabla 4). Con todo, ninguno de éstos se reconoce como uno de los diez departamentos con ma-yor número de expulsión por desplazamiento forzado15

13. Cálculos del Observatorio sobre Infancia con base en información de la Agencia Presi-dencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20julio%2031%20de%202008.htm. Consultado el 17 de septiembre de 2008.14. Llama la atención que Bogotá, D.C., aparezca como una de las ciudades que ex-pulsan el mayor número de niños menores de seis años. Se reconoce que la ciudad ha expulsado a 3.176 personas desde 1997 y años anteriores, hasta 2008, de las cuales 386 (el 12,15%) tenían menos de seis años cuando sufrieron el desplazamiento.15. Los departamentos con mayores índices de expulsión son Antioquia, Bolívar, Mag-dalena, Chocó, Cesar, Caquetá, Tolima, Putumayo, Valle del Cauca y Cauca.

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(Acción Social, 2008), en tanto que sí forman parte de los departamentos con mayor proporción de niños menores de cuatro años.

Tabla 4Departamentos con mayor proporción de niños menores de seis años en el grupo de población desplazada por el conflicto armado entre 1997 y años anteriores, y 2008

Departamento de salida

Proporción de niños desplazadosmenores de seis años

Amazonas 14,16

Nariño 13,25

Vichada 12,23

Bogotá, D.C. 12,15

Huila 10,84

Arauca 10,70

Caquetá 9,99

Atlántico 9,79

Guainía 9,70

Meta 9,37Fuente: Cálculos del Observatorio sobre Infancia con base en información de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Consultado el 17/09/08 12:35 m. en http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20julio%2031%20de%202008.htm.

Como puede observarse, podría decirse a manera de hi-pótesis que para los niños menores de seis años el riesgo de desplazamiento aumenta si se pertenece a una comunidad negra o indígena de los departamentos de Meta, Guainía, Atlántico, Caquetá, Arauca, Huila, Bogotá, D.C., Vichada, Nariño y Amazonas.

La fuente de información cuantitativa institucional más actualizada, sobre el ejercicio de los derechos de la pobla-ción en situación de desplazamiento inscrita en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), es el Proceso Na-cional de Verificación de los derechos de la población despla-zada. Primer informe a la Corte Constitucional, realizado

78

a finales de 2007 y publicado en 2008 por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

De este proceso de verificación se desprenden datos im-portantes relacionados con la situación de los niños me-nores de seis años, que se encuentran en situación de des-plazamiento. No obstante, los resultados del proceso están organizados de acuerdo con los grupos etarios definidos con anterioridad en el censo del año 2005, por lo cual se reporta para el grupo de niños menores de cuatro años y el grupo de niños de cinco a nueve años, dificultando el análisis para la primera infancia.

Según el informe mencionado, el período comprendi-do entre 2000 y 2002 representa el de mayor volumen de desplazamiento forzado (33% del total comprendido entre 1995 y 2007); en más de la mitad de los casos se expulsó a las personas de zonas rurales hacia cabeceras municipales. Por modalidades de desplazamiento se encontró que el 46,2% de los grupos familiares se desplazó de manera individual o unifamiliar, 25,7% lo hizo en modalidad de desplazamiento grupal (menos de diez hogares) y el 28,1% en forma masiva. El predominio de los desplazamientos «gota a gota» debe alertar sobre las dificultades de la población en situación de desplazamiento para lograr su reconocimiento y acceder a las acciones de restitución a que tienen derecho.

Apenas el 3,1% de las personas entrevistadas expresó que-rer regresar a su sitio de origen, mientras que el 76,4% desea permanecer en el actual lugar de asentamiento. Esta situa-ción señala el gran impacto de desarraigo al que quedaron expuestos los niños que forman parte de estas familias y el reto que supone para los municipios receptores garantizar la restitución de sus derechos.

Según la misma fuente, para la población en situación de desplazamiento, sin considerar la fecha en que ocurrió

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el evento, el 9,1% corresponde a niños entre cero y cuatro años, el 31,8% se encuentra entre los 5 y 14 años y el 13,4% está entre los 15 y 19 años (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Centro de Investigaciones para el Desarrollo [CID] y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [Codhes], 2008). El total de estas cifras nos dice que el 55,3% de la población desplazada son niños y adolescentes, lo que lleva a una situación de alta dependencia económica. La mayo-ría de las familias entrevistadas se componen de cinco inte-grantes, en promedio.

Los recién nacidos en los hogares desplazados no es-tán incluidos en su totalidad, en los respectivos registros oficiales (Registro Único de Población Desplazada). Así, su vinculación a programas y subsidios del Estado para la población en situación de desplazamiento se ve seria-mente afectada, aun cuando la gran mayoría de los niños (99,1%) cuentan con registro civil de nacimiento.

La jefatura de las familias desplazadas se distribuye en-tre hombres (54,8%) y mujeres (45,2%); en este último grupo, el 78,8% son madres cabeza de familia, es decir, que cerca del 21,2% de niños de estas familias no cuentan con la presencia de sus padres varones. Como se analiza-rá más adelante, el entorno familiar y la permanencia y seguridad de los vínculos afectivos con las personas más significativas constituyen un derecho fundamental de los niños durante la primera infancia, que puede verse vulne-rado por el conflicto armado.

En el momento en que se realizó la encuesta, 4,3 de cada 100 mujeres entre 12 y 50 años se encontraba en es-tado de embarazo, cifra similar a la hallada para el total nacional, a pesar de las diferencias en los rangos de edad considerados, pues la ENDS 2005 no incluye a las mujeres entre 12 y 14 años. Para la población desplazada se encon-tró que cinco de cada diez niñas entre 12 y 17 años en el momento de la encuesta estaba en embarazo o estuvieron

80

en esa condición durante el año anterior. El embarazo y la maternidad adolescente pueden incidir de manera negati-va en la realización de los derechos de los niños durante la gestación y los primeros años de vida.

El 25% de la población encuestada se reconoce como minoría étnica: 21% afrocolombianos y 4% indígena. En el caso de los afrodescendientes, este porcentaje triplica el registrado para el total de la población, según el censo 2005 (7,2%), confirmando la altísima participación de la población negra en el total de víctimas del desplazamiento forzado.

Uno de los efectos directos del desplazamiento for-zado sobre las familias y sus integrantes es la dificultad para vincularse al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)16 o para acceder a servicios de salud oportunos y de calidad. Al respecto, la encuesta repor-ta que «aproximadamente una de cada cinco personas desplazadas incluidas en el Registro Único de Pobla-ción Desplazada (RUPD) está cubierta oficialmente por el SGSSS, con el agravante de que la afiliación de esta población al sistema se concentra en el régimen subsi-diado (71,2%)» (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Centro de Inves-tigaciones para el Desarrollo [CID] y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [Codhes], 2008, p. 67).

En el análisis de la realización de los derechos a la salud en la población infantil, el acceso a programas de vacu-nación para evitar enfermedades prevenibles se conside-ra un indicador relevante; al respecto se encontró que el 82,7% de los niños desplazados menores de ocho años

16. La Ley 100 de 1993 creó dos regímenes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social: el contributivo y el subsidiado. Al subsidiado se afilia la población más pobre y vulnerable, sin capacidad de pago. Las personas que no logran afiliarse a ninguno de los regímenes por ausencia de los oferentes o falta de recursos se denominan participantes no asegurados, siendo responsabilidad de las alcaldías de cada municipio la prestación de servicios de salud a esta población. Organización Panamericana de la Salud (2002). Perfil del sistema de servicios de salud de Colombia.

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cuenta con esquema de vacunación completo. En cuanto a la salud materna, se halló que de las mujeres que están o estuvieron en embarazo en el último año, el 83% tuvo al menos un control prenatal.

El grupo de niños con edades entre cero y cuatro años aparece como el menos afectado en el acceso a alimentos si se lo compara con la población total: el 60,2% de estos infantes recibió todas las comidas, mientras 50,3% del to-tal dejó de consumir al menos una comida por falta de alimentos. Sin embargo, resulta alarmante que cuatro de cada diez menores de cuatro años no reciba alimentación suficiente.

En lo referente al acceso de subsidios, la encuesta repor-ta que el 64,7% de los hogares desplazados está vinculado al programa Familias en Acción17; de este grupo, 55,6% recibe el subsidio de nutrición que se asigna a los niños menores de siete años.

Por otra parte, se encontró que un 26,6% de los des-plazados menores de cinco años ha sido diagnosticado con desnutrición, y de éstos, sólo el 75% ha recibido tra-tamiento médico, lo que significa que el 25% de estos ni-ños diagnosticados con desnutrición no ha sido atendido, situación preocupante por las posibles consecuencias en la salud y desarrollo infantil.

Las familias en situación de desplazamiento viven en con-diciones de hacinamiento crítico, donde en promedio hay 3,3 personas por cuarto. Sólo 67,2% de los hogares cuenta con acceso a todos los servicios domiciliarios (energía, acueduc-to, alcantarillado y recolección de basuras), y apenas 56,4% de los hogares dispone del servicio de agua las veinticuatro

17. «Es una iniciativa del gobierno nacional para entregar subsidios de nutrición o edu-cación a los menores de dieciocho años que pertenezcan a las familias pertenecientes al nivel 1 del Sisbén, familias en condición de desplazamiento o familias indígenas. El pro-grama Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores, y en salud, con la asis-tencia de los niños menores a las citas de control de crecimiento y desarrollo programa-das».http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=204&conID=157. Consultado el 15 de septiembre de 2008.

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horas, siete días a la semana. Existe una diferencia de más del 20% en relación con el promedio nacional.

En lo que respecta al derecho a la educación, resulta preocupante la baja asistencia de los niños desplazados al grado obligatorio de educación preescolar, dada su im-portancia en la preparación para los aprendizajes escola-res y en la prevención de la deserción. La tasa bruta para este nivel es más baja que la del país, alcanza únicamente al 56,3% de la población; habría que indagar si esto se ex-plica por barreras de acceso al sistema educativo (pago de matrícula o pensión, compra de uniformes, falta de trans-porte) o por decisión de las familias que aún los conside-ran pequeños para iniciar la escolaridad.

Así mismo, se encontró que apenas el 15% de los meno-res de cinco años asiste a programas de educación inicial (8,8% a hogar comunitario, guardería o jardín del ICBF, y 5,8% a otras ofertas), mientras un alto porcentaje de los niños de este grupo de edad permanece al cuidado de sus padres u otras personas. Si bien ésta constituye una op-ción de las familias, puede afectar las oportunidades de los niños para entrar en contacto con bienes culturales como la música y la lengua escrita, y con actividades enriquece-doras para su desarrollo integral.

A manera de conclusiónComo se señaló al principio, se plantearon algunos análi-sis e hipótesis preliminares sobre el impacto del conflicto armado interno en la realización de derechos de los niños menores de seis años, en particular en algunos sectores de este grupo poblacional. Resultado del análisis y cruce de información estadística disponible, se concluye que el impacto del conflicto sobre la población infantil no es ho-mogéneo, pues los riesgos y afectaciones son mayores para algunos grupos de la población.

Los datos indican como algunos de los sectores críticos, los siguientes: los niños menores de seis años de los pue-

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blos indígenas que habitan en regiones con alta intensidad del conflicto, como Putumayo, Vichada o Guaviare; quie-nes viven en zonas sembradas de minas antipersonas en zonas rurales de Antioquia, Caquetá y Guaviare; aquellos pertenecientes a las comunidades afrodescendientes, víc-timas del desplazamiento forzado, y por último, quienes viven en condiciones de pobreza y exclusión en zonas ru-rales con alta presencia de actores armados, en especial de los departamentos de Nariño, Putumayo, Meta y Arauca.

Para terminar, tal como se ha señalado, «… existen en el país familias y grupos de personas menos favorecidas que otras debido en parte a la inequidad y las pocas oportu-nidades para conseguir ingresos. Entre este grupo, coinci-dencialmente, se encuentran por lo general aquellas que geográficamente se ubican en zonas lejanas de los cascos urbanos con poca presencia del Estado. Estas zonas se aso-cian a menudo con los grupos armados al margen de la ley. Para éstos, el establecimiento en tales regiones resulta bené-fico y para sus habitantes estos grupos se convierten fácil-mente en las autoridades locales. Dadas las circunstancias de conflicto por las que atraviesa el país, las poblaciones de estas regiones se ven afectadas por las diferentes formas de confrontación armada en la que participan los actores del conflicto» (M. Carvajal y C. Vargas, 2004, p. 10).

2.2. Incidencia del conflicto armado en la garantía para la realización de los derechos favorecedores del pleno desarrollo de la primera infancia

Con base en la revisión de la literatura existente sobre ni-ñez y conflicto armado, es posible afirmar que la primera infancia ocupa un espacio muy limitado, prácticamente oculto18, en cuanto a las afectaciones que padece como

18. No obstante, la Unicef y la Fundación Bernard van Leer enfatizan en la insuficiente atención prestada en materia de la realización de los derechos de los bebés y niños más pequeños en casi todos los países del mundo, a pesar del reconocimiento de la primera infancia como un período decisivo para el sano desarrollo de los niños pequeños y de la dificultad de recuperar posteriormente —en las etapas del desarrollo que siguen en la vida del niño— las oportunidades perdidas en estos primeros años. Entre algunas de las razones aducidas para justificar esta importancia del desarrollo temprano se encuentra

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consecuencia del conflicto armado, pese a considerarse que es un momento vital del desarrollo humano, que exi-ge el cuidado responsable de los adultos para la garantía de sus derechos. No obstante, en este capítulo se preten-de mostrar en qué forma aparecen los niños menores de seis años en dicha literatura, al hacer la pregunta por la afectación del conflicto armado a la garantía para la rea-lización de los derechos favorecedores de su desarrollo, a través del aseguramiento de las condiciones más adecua-das para promoverlo y facilitarlo, dado que a lo largo de estos primeros años de vida los seres humanos construyen las capacidades necesarias para comprender el mundo so-cial y desempeñarse en él, y que, por tanto, es un período de atención prioritaria por parte del Estado, la familia y la sociedad en general19. En la medida de lo posible, este aporte de la revisión documental se complementa o con-trasta con algunos hallazgos del trabajo de campo efectua-do (capítulo 3), los cuales ya pasaron por la lectura que se presenta en la primera parte de este texto.

Vale la pena destacar que se hace hincapié en la mane-ra como el conflicto armado afecta las garantías para la realización de derechos que favorecen el desarrollo de la

que los niños criados en ambientes que los estimulan tienen, a la edad de doce años, un mejor funcionamiento del cerebro que aquellos criados en ambientes menos esti-mulantes y que las tensiones tempranas afectan negativamente el funcionamiento del cerebro, el aprendizaje y la memoria, de modo tal que los niños pequeños que sufren una presión extrema se encuentran, en etapas sucesivas de su vida, en mayor peligro de padecer trastornos comportamentales, emocionales y cognitivos (Unicef y FBVL, 2007, p. 23).19. Del trabajo de Kamel (2007) se desprende que no sólo existe poca literatura sobre el impacto de la guerra en la niñez temprana, sino también escasa experiencia en cuanto a las respuestas a las necesidades generadas por esta situación. La poca información existente se traslada a la situación de violación de los derechos de la primera infancia en tiempos y situación de guerra. Nadie dudaría que el impacto que el conflicto armado puede tener en lo social, político y cultural puede significar experiencias negativas para el desarrollo y eventos posteriores de la vida de los niños, pero con la literatura exis-tente y la escasa información de calidad no se puede establecer la medida exacta de ese impacto. En esta forma, podría concluirse que la lectura documental deja la sensación de que los niños más pequeños no existieran, pues no aparecen nombrados. Como afirma la Unicef, «tal vez este olvido de la infancia, unido a un extravío del sentido de la vida y de la dignidad humana, explica nuestra incapacidad para sentir vergüenza y dolor frente a los niños golpeados brutalmente por los conflictos armados» (Unicef, Dolor oculto, p. 3).

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primera infancia antes que en la afectación directa, por considerar que reconocer a los niños como sujetos de de-rechos pasa por un ejercicio democrático que se garantiza con la calidad de vida material, social, cultural, espiritual, entre otras, que propicie el tránsito de la dependencia a la autonomía. En este camino de formación democrática se constituye el sujeto, se despliegan sus capacidades y se am-plían la libertad humana, la responsabilidad y la dignidad, libertad entendida como la posibilidad efectiva de tomar decisiones sobre su propia vida y la de la sociedad a la que pertenece.

En la perspectiva formulada, se cree que la realización de los derechos de la primera infancia se expresa en la generación de espacios y condiciones que posibiliten la promoción de su desarrollo, como corresponde al ciclo de vida por el que atraviesan y a las condiciones particulares de la cultura en que están inscritos.

Si bien un desarrollo armonioso durante la primera in-fancia, en el que la realización de derechos eleva las posibi-lidades de los niños para alcanzar un pleno desarrollo, exige ambientes enriquecidos y de seguridad afectiva, al igual que condiciones para que vivan experiencias vitales que contri-buyan a sentar las bases de la comprensión del mundo social y cultural en el que nace el niño, resulta claro, a primera vista, que el conflicto armado genera ambientes no favorecedores para el desarrollo infantil temprano en el sentido expuesto20 y, por tanto, no garantiza el cumplimiento y ejercicio de sus derechos. Como resultado de las consideraciones que expre-san los privilegios para la niñez, el gobierno nacional puso en marcha el Pacto por la Infancia y estableció como priorita-rios los derechos humanos de los niños, entre los cuales brin-dó especial atención a la situación de los menores afectados por el conflicto armado.

Sin embargo, no es fácil discriminar en la literatura revi-

20. Por ello, para Unicef (2003) los niños vinculados al conflicto armado, víctimas de secuestro, desaparición, desplazamiento o minas antipersonas, maltratados, abusados y explotados sexualmente, deben tener protección especial.

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sada, ni tampoco en la información aportada en el trabajo de campo realizado, aquellas condiciones provenientes de manera directa del conflicto armado de las atribuidas a la pobreza y a las condiciones de inequidad que han caracte-rizado históricamente al país, tal como se mostró con ante-rioridad. Así, aunque por mandato constitucional (artículo 44 de la CPC) «los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de las demás personas», tal como se señala en el Documento Conpes (DNP, 2007, p. 6), su realización pasa por el reconocimiento por parte del Estado, la familia y la sociedad de la importancia de este momento de la vida de su población, en cuanto a proporcionarle las condiciones para contar con la calidad de vida a la que tiene derecho.

Con las anteriores advertencias, el esfuerzo que se hace a continuación se constituye en una primera aproximación a la manera como el conflicto armado vulnera las condiciones en que se realizan los derechos de los niños de cero a seis años, e impide su garantía, lo que significa mostrar los avances y vacíos reportados, las tensiones existentes en la información aportada y, particularmente, mostrar caminos de desarrollo para la reflexión y profundización sobre el tema.

Se consideran condiciones básicas para la garantía y el ejercicio de los derechos de la primera infancia, las si-guientes: vínculos familiares seguros; trato amoroso hacia el niño y condiciones propicias para que aprenda a partir de su experiencia en el mundo, con los demás; acceso a agua potable, a un ambiente sano y a una vivienda dig-na; alimentación suficiente y adecuada para el bebé y su madre, así como para el niño desde la gestación hasta los seis años; atención de la salud en forma oportuna y con calidad tanto para el niño como para la madre; promo-ción del juego y condiciones para el ocio y el esparci-miento; oportunidades de acceso a una educación inicial de calidad y a los bienes culturales (música, literatura y tradiciones populares), y oportunidades para la partici-pación. Estas condiciones incluyen un ambiente sano y

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saludable para la madre gestante, de modo tal que sea posible que el embarazo y el parto se realicen en las con-diciones requeridas para el adecuado desarrollo del bebé por nacer21. A continuación se pretende mostrar desde el análisis de la literatura existente, y de algunos datos prove-nientes del trabajo de campo efectuado, cómo el conflicto armado afecta estas condiciones.

Vínculos familiares segurosLas familias, en sus distintos tipos de estructura y dinámi-ca22, son las principales responsables del cuidado del niño y de velar por la garantía de sus derechos (Sarmiento, 2007). El preámbulo de la Convención Internacional de los De-rechos de los Niños (1989) se refiere a la familia como el grupo fundamental de la sociedad, y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños (Fondo Especial de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] y Fundación Bernard van Leer, 2007). La familia, a través del amor y el afecto a los niños, y de la calidad de los vínculos que establece, genera en ellos aprendizajes sobre la manera de ver el mundo y a los otros, y fija pautas que marcarán su forma de relacio-narse en la sociedad. Estas condiciones sólo serán posibles

21. Se sabe que antes de llegar al año, el desarrollo del cerebro del niño es muy rápido y tiene mayor alcance de lo que se creía, pues la formación de las células ya se ha com-pletado antes del parto, aunque la maduración del cerebro continúa. Por su parte, el cerebro es muy sensible a las influencias ambientales. Su desarrollo se ve seriamente comprometido cuando la alimentación es inadecuada antes del parto y durante los primeros años de vida (Unicef y FBVL, 2007, p. 23).22. Las familias se integran en forma diversa, combinando la madre, el padre, los her-manos, los abuelos y otros miembros de la familia ampliada, en ocasiones junto con cuidadores a veces comunitarios y otros profesionales especializados en la atención y educación del niño. A través del tiempo, las actitudes sociales hacia la familia, el matri-monio y la paternidad y maternidad han ido cambiando, y ello ha hecho posible que en la actualidad existan tipos de familia constituidos sobre principios (jurídicos, morales y psicológicos) distintos y aun contradictorios. Los cambios en la familia han permitido que las primeras relaciones y experiencias infantiles se diversifiquen, en razón de la separación de los padres, la característica monoparental y la reconstitución familiar. Sin lugar a dudas, esta diversidad se complica para los niños en situaciones de conflicto ar-mado, en las que la fuerza e intensidad de éste obligan a tomar decisiones que cambian la estructura y la dinámica familiar.

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si se reconoce al niño menor de seis años como «otro sin-gular y válido», de tal modo que sea posible un desarrollo basado en el reconocimiento de su alteridad (Sarmiento y otros, 2007, p. 18).

No obstante, un número cada vez mayor de niños se ve privado de su ambiente familiar a causa de un conflicto armado23. Pueden ser huérfanos o encontrarse, temporal o definitivamente, separados de sus familias, haber sido abandonados, haber sufrido la separación de sus padres a causa del desplazamiento forzado, o vivir con los padres y familiares en medio de zozobra e incertidumbre. A ma-nera de ejemplo puede mostrarse cómo en un preescolar de Puerto Asís, en Putumayo, la profesora afirma que «Los niños que actualmente se encuentran en el curso son de entre tres y medio y cuatro años, de los cuales seis no tie-nen papá por diferentes razones y ocho son desplazados. De los seis niños, uno es por desintegración familiar y cin-co por muerte del padre» (Estudios de caso, capítulo 3). Aunque las atribuciones al conflicto no están presentes de modo contundente y directo, sí pueden servir de indicio para pensar que en una región como ésta, afectada por el conflicto armado, los niños pueden verse privados de su ambiente familiar. A su vez, una funcionaria del ICBF de Putumayo, al hablar de los niños que están en los hogares de paso, señala que «Algunos de estos huérfanos son por causa del conflicto, pues llegan a la ciudad sin su papá o con familias desintegradas; otras de las razones de despla-zamiento son por causa de la fumigación y quien consigue trabajo en estos casos es la mujer» (Ibid.).

A mayor vulnerabilidad de la familia, puede decirse que hay también mayores dificultades para conservar la unidad de éstas y propiciar ambientes cálidos y afectuosos para el desarrollo armónico de cada uno de sus miembros. El conflicto armado es una situación extrema, que intro-

23. Aunque no existen datos al respecto, esto puede inferirse de los reportes sobre la crudeza de la guerra y los ataques indiscriminados a las poblaciones, como se reporta en la literatura revisada.

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duce cambios profundos en la vida cotidiana de la familia, vía por la cual se afecta especialmente a los niños menores de seis años, en cuanto se ven privados de los ambientes de socialización que requieren para su pleno desarrollo como garantía de la realización de sus derechos.

Entre los factores —no excluyentes, antes bien comple-mentarios, pero separados para el análisis— que afectan el ambiente familiar al contar con un contexto de seguridad y un cuidado garante de los derechos de los niños en la primera infancia, se encuentran los siguientes:

Ambiente de zozobra y afectación emocional de los adultos. Vivir en zonas de enfrentamiento o acción directa de los actores armados trae consigo un impacto profundo para la primera infancia, consistente a menudo en que su cuidado (por parte de los padres, abuelos u otro adulto significati-vo) pierde fuerza, pues la inestabilidad propia del conflicto hace que los cuidadores no puedan atender debidamente las señales de los niños, su nutrición, apoyo afectivo y cui-dado atento. La afectación emocional de los adultos que viven con el niño repercute en las interacciones familiares y debilita, incluso, las redes de apoyo en los casos en que existan (Williams et al., 2005, en H. Kamel). Como señala Díaz, «quienes padecen de manera directa la intensidad de la guerra quedan expuestos de lleno a sus embistes y efectos, puesto que las diversas acciones de violencia y búsqueda de exterminio del semejante o de la colectividad originan peligros inevitables para los habitantes del lugar donde se desarrollan las confrontaciones, peligros ligados a la con-dición de impotencia y de desamparo del poblador, y a la vez, a la potencia agresiva del actor armado, acompañada generalmente con actos de crueldad y sevicia, que connota una guerra» (2002, p. 68).

Según una funcionaria del ICBF, en Putumayo, «La vio-lencia se observa como parte de la vida cotidiana, hay un miedo generalizado en la gente…» (Estudios de caso, capí-

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tulo 3) y puede derivarse de esto que, en tales condiciones, un padre o una madre de familia experimentan la zozobra e incertidumbre propia del ambiente de conflicto armado y de las consecuencias que lleva consigo al estar expuesta la población civil.

Es posible que en la situación de conflicto armado los ni-ños estén expuestos a: a) privación o inadecuación de cuida-dos parentales por causa de la angustia material o psicoló-gica, o por su salud mental menoscabada; b) situaciones de aislamiento producto del temor, el silencio, la resistencia y la angustia ante el dolor, la muerte y demás hechos a los que se obliga a vivir a la familia; c) atención incoherente, resultado de las diferencias o problemas entre los padres o cuidadores, ocasionados por la tensión y el estrés del conflicto armado; d) relaciones familiares interrumpidas e incluso separaciones forzadas que introducen cambios en el ambiente de interac-ción familiar en que viven los niños; e) atención institucional no siempre de buena calidad a la que, finalmente, se tiene que acudir para la protección de los niños (Fondo de las Nacio-nes Unidas para la Infancia [Unicef] y Fundación Bernard van Leer, 2007). Estos factores, entre otros, repercuten en las capacidades de los padres, las madres y las familias para cum-plir con sus responsabilidades en relación con los niños.

La información reportada en el capítulo 3 de los Estu-dios de caso muestra cómo, según un funcionario del ICBF de Arauca, la pérdida del padre hace que la familia se re-constituya, en ciertas oportunidades por más de una vez, afectando el ambiente en que están creciendo los niños. O sucede, según el mismo funcionario, que «en algunas ocasiones los padres acompañan a las mujeres durante el proceso de gestación y hasta el momento del parto, pero poco después las abandonan, momento en el cual llega otra pareja y efectúa el mismo proceso, abandonando otra vez a la mujer con un nuevo hijo o hija» (Estudios de caso, capítulo 3). Con ello se da a entender que en estos contex-tos de fuerte presencia del conflicto armado, las familias

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afrontan dificultades relacionadas con la estabilidad del vínculo afectivo que logran construir como unidad básica, en la que se realizan los derechos de la primera infancia.

En el mismo sentido, las palabras de uno de los pro-fesionales del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio son elocuentes: «Precisamente ayer escuchamos de un caso, de los que uno conoce, pero realmente son muchos; a uno de los niños que estaban presentando una puesta en escena le habían asesinado al papá, a la mamá, y había quedado con los tres hermanitos con él y tuvieron que ser adoptados por la tía, a la cual también le habían asesinado el marido y la cual tiene cuatro hijos, entonces esa es la situación…» (Ibid.). Es posible complementar lo dicho con las palabras de una funcionaria de un hogar in-fantil del ICBF en Barrancabermeja: «En una guardería de Las Granjas-Versalles hay niños que han quedado huérfa-nos, tienen la familia separada, desintegrada, alguno está preso…» (Ibid.), debido al conflicto armado. Al mismo tiempo, en Arauca, un funcionario del ICBF señala: «El otro factor que se presenta constantemente es el problema de la desintegración familiar, que de hecho es un factor bastante en aumento, pero en las familias desplazadas la situación es generalizada. Los casos más comunes son o bien que el hombre o padre es asesinado por algún actor armado y obliga al desplazamiento de la familia restante completa, o bien al momento de llegar el matrimonio o la pareja al casco urbano, debido al desespero por no conse-guir fuentes de ingreso o a la descomposición social en la que se ven envueltos, la familia se disuelve, y generalmente queda la mamá con todos los hijos. Cuando se compo-nen nuevas familias se presentan relaciones complicadas entre padrastro e hijos, ya sea por agresión o por abusos sexuales. Este tipo de comportamientos no es que se haya incrementado, lo cual puede ser una posibilidad, sino que se han denunciado más rápidamente. Se está formando una cultura de la denuncia» (Ibid.).

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Así, aun cuando se requiere profundizar en el impacto del conflicto armado en la vida cotidiana de la familia, los anteriores registros sirven para mostrar las posibles dificul-tades que tienen los miembros de ésta que viven en zonas de conflicto armado o que se encuentran expuestos a la ac-ción directa de los actores armados para atender, cuidar y propiciar las condiciones de realización de derechos para la primera infancia. A partir de esos indicios se torna in-dispensable preguntarse por la manera en que los cambios de figuras parentales, la ausencia de ellas, su exposición a la crudeza del conflicto, la separación de los miembros de la familia, se constituyen en síntomas de la afectación de los vínculos afectivos que requiere el niño como garantía para la realización de su derecho a un desarrollo pleno. En esta medida, el ambiente de socialización infantil en un con-texto familiar afectado por el conflicto armado puede estar lejos de constituirse en un espacio afectuoso, que fortalece las capacidades de los niños y que promueve su reconoci-miento como sujeto de derechos por las dificultades de los padres, los miembros de la familia y las instituciones para satisfacer sus necesidades y contribuir a la realización de sus derechos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] y Fundación Bernard van Leer, 2007), a causa de las experiencias vividas que generan un clima de zozobra y afectación emocional a los adultos.

Amenazas y hostigamiento a las familias o a uno de sus miembros. Estas situaciones producen inestabilidad emo-cional y afectiva, temores y un ambiente de inseguridad que llegan al extremo del desplazamiento, el cual se cons-tituye en una problemática severa por la acentuación de las condiciones de pobreza de la familia, la incertidumbre sobre el lugar de destino, el cambio de rutinas familiares y las dificultades para generar las condiciones básicas de subsistencia a sus miembros. Ello sin contar el desarraigo cultural y afectivo que trae consigo la pérdida de raíces

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y de los bienes materiales y simbólicos que han formado parte de la construcción del proyecto de vida familiar.

Las denuncias a los grupos armados por amenaza a las familias llegan a convertirse en una estrategia que semeja el empadronamiento, como puede ejemplificarse para el caso de algunos municipios de Arauca:

En el departamento de Arauca, municipios de Arauqui-ta y Saravena, el batallón contraguerrilla N° 46 realizó un empadronamiento que registró a las 166 familias (1.530 personas) que se ubican en los primeros 75 kilómetros del oleoducto Caño Limón-Coveñas. El ejército señaló que «ahora sabemos los nombres de todos los propietarios e integrantes de cada una de las familias, incluyendo la edad de niños y adultos» (Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombiano, 2003).

Según información aportada por la Defensoría del Pue-blo, entre enero y noviembre de 2007 se atendieron cinco denuncias por amenazas y se dieron 89 asesorías en el Mag-dalena Medio, con lo que se establece que se continúe usan-do esta estrategia de guerra —en una región que ha avan-zado hacia la pacificación— que afecta la tranquilidad de la vida familiar y, por este camino, la garantía de la realización del derecho del niño a un ambiente de desarrollo sano.

Así mismo, se reporta que la amenaza, el hostigamiento y la extorsión a las familias son generadores de vinculación temprana al conflicto armado, por parte de los niños. Cabe señalar que durante la niñez temprana no ocurre este proceso de reclutamiento, pero la exposición y el contacto durante el proceso de socialización en forma natural a uno u otro de los grupos armados, al igual que la presión permanente que ellos ejercen sobre las familias, se convierten en una amenaza para ellos. De este modo, «Experiencias vividas, como la amenaza, la muerte de un familiar a manos de un grupo insurgente o del ejército regular, la persecución permanente de los grupos que dominan la zona, pueden hacer que a la larga los niños se enrolen, ya sea en el ejército regular o en grupos de opo-

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sición, como medio de protección ante el acoso. El deseo de venganza es otra causa para querer ser voluntario. Así, el re-clutamiento voluntario está influido por las experiencias de los niños con relación a los actores armados, pues situaciones como la tortura, la pérdida del hogar o de miembros de la familia, el desplazamiento forzado o exilio, la desprotección legal y deseo de justicia no son atendidas adecuadamente por parte del Estado» (Save the Children, s.f.).

Las amenazas como arma de guerra afectan a las familias por otra vía: al extenderse la amenaza de los grupos armados a las autoridades gubernamentales locales, las condiciones de la atención a las familias se ven perjudicadas por cuanto se corre el riesgo de privar a las poblaciones de los servicios fundamentales y de los proyectos sociales para promover el desarrollo familiar y comunitario. Como lo expresa la Coa-lición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombiano (2005, p. 32), en Arauca las amenazas son un distractor de la protección a la población por parte del Estado y justifican la precaria atención a ésta con progra-mas y recursos que se requieren para promover condiciones que garanticen los derechos de los niños y sus familias. En sus palabras, «La relación entre inversión social, amenazas de la guerrilla y política contrainsurgente en Arauca resulta de especial preocupación para el disfrute de los derechos de la infancia. En primer lugar, el Estado justifica la ausencia de inversión en la falta de condiciones de seguridad en la zona y las posibilidades de ataques por parte de la guerrilla; en se-gundo lugar, el Estado justifica su falta de inversión social en que ésta terminaría beneficiando a la insurgencia, y en tercer lugar, la capacidad de gestión de fondos públicos o privados para programas de infancia por parte de las comunidades, se disminuye porque los líderes no pueden ir a las cabeceras municipal o departamental, por los riesgos para su seguri-dad» (Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombiano, 2005, p. 32).

Secuestros. Los secuestros, tanto de los padres como en ocasiones de niños, se convierten en otra de las armas de es-

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trategias usadas por los grupos armados contra la población y contra miembros de la familia, contribuyendo a la desesta-bilización y temor del grupo familiar, y a posibles cambios en sus rutinas y en las interacciones entre sus miembros. Puede decirse que el secuestro afecta la vida familiar, el desarrollo cotidiano de los integrantes de la familia y los vínculos esta-blecidos, de manera tal que al existir menores de seis años, las condiciones propicias para su desarrollo pueden verse afectadas por el ambiente propio de la guerra, dificultando la protección y realización de sus derechos. Los niños crecen en contextos de miedo, desconfianza e incertidumbre, y ellos mismos, por medio de sus relaciones, expresiones y formas de incluirse en los espacios sociales, exteriorizan ese miedo.

En la literatura especializada se reporta que «el se-cuestro de niños y adolescentes se ha convertido en una práctica criminal frecuente durante los últimos años. Los secuestros están relacionados con mecanismos de finan-ciación, extorsión o de escudo humano por parte de los grupos armados ilegales y la delincuencia común. El se-cuestro es un delito atroz que viola todos los derechos de niñas víctimas» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2003). A pesar de esta alerta, no se encontraron datos precisos sobre secuestros de niños de cero a seis años o sobre la manera como ellos se afectan a partir del secuestro de alguno de los miembros de la fami-lia. Pero sí hay evidencia de secuestro para el grupo menor de dieciocho años, pues «se calcula que cada dos días es secuestrado un menor de edad» (Vásquez, 2005, p. 3).

Desplazamiento forzado. Cualquiera que sea la situación en que se produce el desplazamiento y el papel que éste desem-peña en el conflicto armado —como arma para ocupar terri-torios y apropiárselos24, o a consecuencia de los rigores de la 24. El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que «el desplazamiento suele ser una estrategia deliberada, no una consecuencia del conflicto». A su vez, el Comité Interagen-cial de las Naciones Unidas sostiene que «la adquisición ilegal de tierras por medio de amenazas y actos de violencia constituye una causa frecuente de desplazamiento forzado, y amplias extensiones de tierra han llegado de manera ilegal a manos de narcotraficantes

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guerra—, la familia directamente afectada y los niños meno-res de seis años encuentran empobrecida su formación como ciudadanos, así como también su realización de derechos, al llevarse a cabo en condiciones de inestabilidad, desorden, in-certidumbre y pérdida, producto del desplazamiento.

Efectivamente, las familias desplazadas encuestadas en San Pablo25 en noviembre de 2004 (Dávila, 2007) señalan como principales causas del desplazamiento los enfrentamientos armados (54,6%), amenazas (19,5%), acciones directas de actores armados (3%) y miedo a raíz de rumores (17,3%) (Ramírez, 2005, p. 61). Para las familias que se vieron obli-gadas a desplazarse y que muchas veces no encuentran en el gobierno acciones concretas para prevenirlo (Dávila, 2007), esta solución renueva y refuerza un problema porque pue-de llegar a convertirse en la acentuación de su situación de pobreza o en una introducción a ella. Esta situación acentúa las dificultades de la familia para generar los vínculos afecti-vos necesarios para el desarrollo infantil al verse afectada su unidad: «Por la procedencia y modalidad como se produjo el desplazamiento de las familias encuestadas, es posible tipificar el desplazamiento como rural-urbano, gota a gota y familiar total, toda vez que un 64% proviene del mismo municipio (zona rural). Se han desplazado los núcleos familiares totales de manera individual. Es decir, que todos los miembros de la familia se desplazaron al mismo tiempo (…) Ello evidencia cómo el desplazamiento vulnera el derecho humano funda-mental a la familia y la unidad familiar, contemplado en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (PR 17) y en la Constitución Política de Colombia (arts. 42 y 44)» (Ramírez, 2005, p. 60).

y grupos paramilitares». De lo que se puede concluir que el conflicto, antes que una causa, es una herramienta para generar desplazamiento de las comunidades y de ese modo quitarles por la vía de la violencia sus bienes, principalmente las tierras (Dávila, 2007, p. 19).25. Municipio del Magdalena Medio, ejemplo de la tendencia a la desocupación del campo. En esta región, Barrancabermeja y San Pablo son los municipios que más po-blación han expulsado de su territorio y también los que más población reciben (Dá-vila, 2007).

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A su vez, mediante las entrevistas realizadas a niños y jó-venes —entre 8 y 16 años— de un hogar juvenil en el muni-cipio de Arauca (Estudios de caso, capítulo 3) se ubica el con-flicto armado como causa directa del desplazamiento. Los entrevistados refieren recuerdos de su salida casi a la misma edad (ocho años) y cómo dentro del grupo familiar había menores de seis años. Así mismo, al menos uno de ellos narra haber vivido la experiencia de más de un desplazamiento y las experiencias dramáticas que los obligaron a irse.

Según una de las hermanas que trabajan en Pastoral So-cial en Tame, el desplazamiento y la desintegración fami-liar van de la mano: «Con la población desplazada sucede algo bien particular y es el exceso del grado de desintegra-ción familiar; llegan del campo estas familias, en muchas ocasiones con alguno de los padres muertos, siendo éste uno de los motivos más frecuentes del desplazamiento. Por otra parte, hay muchos de los padres de familia que están vinculados a grupos ilegales y es la mujer, que se convierte en cabeza de familia, la que enfrenta el desplazamiento. Por ejemplo, en la vereda de La Unión la mayoría de los niños desplazados son hijos de guerrilleros» (Estudios de caso, capítulo 3).

Así, las familias desplazadas se enfrentan a condiciones so-cioeconómicas difíciles y distintas de las de su lugar de origen, al llegar a espacios urbanos, a ciudades y barrios en los que no acaban por acomodarse y que vuelven su vida cotidiana un continuo movimiento en busca de mejores oportunida-des. Indudablemente, esto pone en riesgo las condiciones indispensables para un sano desarrollo de los niños en for-ma directa, pues la inestabilidad del hogar depende en gran medida de las condiciones de inseguridad e incertidumbre con que se enfrentan a la vida, y de la situación económica y laboral. O sea, en la base del funcionamiento y dinámica de la familia se encuentran las condiciones para vivir desde el punto de vista material y simbólico de manera segura y de acuerdo con sus expectativas.

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Según Vásquez (2005, p. 5), «La vulnerabilidad que pro-duce el desplazamiento no es sólo económica, sino también social y afectiva. Y aunque todo el sistema familiar se ve afec-tado, la población menor de edad se convierte en la más vul-nerable, por el grado de indefensión en que se encuentra».

A su turno, un docente de preescolar de Puerto Asís narra la situación de los niños desplazados confiados a su cuidado: «Los que actualmente tengo a mi cargo son recién desplazados, cinco en total; el problema central es el trabajo para las madres, no hay plata, la cuota del de-sayuno es de mil pesos semanales para los desplazados y a los otros de dos mil, y existen días en que no se tiene la plata, no la pagan». Este vínculo desplazamiento-pobreza puede evidenciarse en las siguientes palabras de un con-cejal de Puerto Asís: «Los desplazamientos, por tanto, son graves. La gente viene al casco urbano a aguantar hambre; además, aquí llega gente de todo lado, no sólo de partes rurales, sino de otros departamentos. Hay indígenas, cam-pesinos y mucho colono» (Estudios de caso, capítulo 3).

La situación que se retrata en Arauca agrega otra pers-pectiva al desplazamiento, por cuanto al incluir a la pobla-ción indígena se complican y agravan las condiciones de pobreza a que se ven sometidos la familia y los niños. Tal como lo plantea un funcionario del ICBF de allí, «… es una situación muy complicada, ya que se cuenta con quince co-munidades indígenas en Tame. Debido al desplazamiento muchos de ellos están muriendo de hambre —la comuni-dad de los cuhilotos está con este problema—, y aunque afecta a todo el núcleo familiar, los niños por obvias razones son los más afectados» (Estudios de caso, capítulo 3).

Una madre desplazada entrevistada en Arauca muestra cómo al desplazarse, de la noche a la mañana, tuvieron que dejar lo poco que tenían: «Fueron como cinco meses de ese tipo de conflictos y a lo último dieron veinticuatro horas para salir de la tierra; todo quedó allá, eso nos tocó salir de una, nos trajimos la ropa y el carro, lo demás quedó allá. En los prime-

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ros días hubo hambres y ya después toca trabajar y dejar a los niños solos en la casa» (Estudios de caso, capítulo 3).

A propósito de la vulnerabilidad de los niños, se ase-gura que no existe una construcción reflexiva sobre la devastación psíquica y moral que la guerra produce en ellos; se sostiene también que, en el ámbito social, el abandono del hogar y de las actividades económicas ha-bituales (normalmente campesinas) de la familia impli-ca que los niños deben renunciar a sus amigos, a sus seres queridos, a su escuela, a sus costumbres y a los valores tradicionales de su medio, y tienen que empezar a confi-gurarse como seres sociales en un entorno nuevo, de ca-racterísticas sociales, culturales y económicas diferentes de las que existían en su entorno regular (Vásquez, 2005, pp. 21-22).

El derecho de las familias desplazadas a una atención humanitaria de emergencia26 se encuentra cuestionado en lo referente a la agilidad en la prestación del servicio, al carácter episódico que asume la atención de emergen-cia, a la desprotección de la vida por parte del Estado y su dificultad para asegurar condiciones de calidad de vida dignas, lo que refuerza la vulnerabilidad de la familia para sostenerse y ser garante de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de sus hijos.

«La vida es un derecho básico, estrechamente vincula-do con el respeto de todo ser humano; por esto mismo se torna inviolable e imprescriptible, y abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las necesidades básicas (o mejor, acceso, goce y garantía

26. «Comprendida como el conjunto de acciones encaminadas a socorrer, asistir y pro-teger a la población desplazada en el momento inmediatamente posterior al evento de desplazamiento, y a atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. De conformidad con la Ley 387/97 y el Decreto 2569/00, la atención humanitaria de emergencia se brinda por tres meses, prorrogables por tres meses más, según la valoración de las necesidades de los hogares y acorde con las condiciones establecidas en el artículo 22 del citado decre-to» (Dávila, 2007, p. 87).

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de sus derechos)», que permitan una calidad de vida digna. La vida con dignidad es una realidad lejana para las fami-lias desplazadas en San Pablo, ya que el Estado continúa sin garantizar y restablecer los derechos mínimos vitales de la Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PSDV). Las condiciones de vida de la PSDV en San Pablo son, en general, precarias (Ramírez, 2005, p. 65).

En consecuencia, puede derivarse de lo expuesto la exis-tencia de problemas frente a la atención de emergencia a las familias desplazadas y la puesta en duda sobre que ésta se realice en cumplimiento de los derechos de los niños, pues tal como lo señala la Unicef (1999), las nuevas con-diciones de vida son adversas en lo que tiene que ver no sólo con la extrema pobreza a la que se ven expuestos, sino a factores derivados de éstas que incluyen mala alimenta-ción, inadecuadas condiciones de vivienda, agua, acceso a servicios, y pocas oportunidades a educación y trabajo.

Según un funcionario de la Secretaría de Desarrollo de Tame, la colaboración de emergencia que prestan el Co-mité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Acción Social en el momento actual no es suficiente. «No es una cola-boración permanente, se da la colaboración por atención humanitaria de emergencia. Luego de ello, las familias quedan sin sustento. No existe intervención en el sustento socioeconómico» (Estudios de caso, capítulo 3).

Por otra parte, el retorno de las familias a sus lugares de origen no se ve favorecido sólo por el desacato del Estado a «las órdenes de la Corte Constitucional en materia de re-torno» para el restablecimiento económico, según la Pro-curaduría General de la Nación (Dávila, 2007, p. 25), sino además porque existe un débil acompañamiento institu-cional en los mismos procesos de retorno (Dávila, 2007) y porque muchos de los desplazados no quieren regresar.

Control que sobre la familia ejercen los grupos armados en conflicto. Las familias también se ven afectadas por el

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control ejercido por los grupos armados en partes del te-rritorio nacional, control que puede llegar a conducir a la supeditación y dependencia de la familia del poder del grupo armado para cubrir sus necesidades esenciales.

En estas condiciones, la familia es presa nuevamente del temor y de la angustia, lo que enrarece su ambiente para el proceso de socialización infantil. La intimidad y la cotidia-nidad del hogar se ven afectadas por decisiones que, aun-que no afectan en forma directa a los niños menores de seis años, sí reflejan la dimensión del problema y el perjuicio que causan al núcleo familiar: a manera de ejemplo, puede ilustrarse que en Arauca «… a las niñas que les gusta poner-se esas camisetas (ombligueras) les rayan el abdomen. A los hombres les prohíben que tengan aretes, les dicen que les van a quitar un pedazo de oreja» (Coalición, 2005, p. 35).

Pérdida de uno de los padres o su abandono y recomposi-ción familiar. Por medio de estas situaciones, el conflicto armado puede afectar a un número significativo de niños al privarlos de su ambiente familiar. Por una parte, la dele-gación de la crianza a terceros o la institucionalización de los niños cuando no hay familiares que puedan encargar-se de ellos es una de las alteraciones más importantes en las condiciones para el desarrollo de la primera infancia, como lo es el derecho a una familia.

En estas situaciones, a los niños los atienden en condi-ciones en las que no siempre se considera la continuidad en los procesos de crianza que han llevado hasta el mo-mento, desde el punto de vista de las costumbres de la fa-milia y la cultura a la que pertenecen, tal como lo señala la Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Con-flicto Armado Colombiano: «Los niños y niñas que son institucionalizados como mecanismo de tutela siguen vi-viendo condiciones especialmente difíciles. La Defensoría del Pueblo (en informes anteriores a 2005) ha encontrado casos de niños y niñas que son trasladados a instituciones

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en departamentos bastante alejados de sus departamen-tos de origen (por ejemplo, del Amazonas a Santander), con lo cual quedan aún más separados de sus familias nu-cleares y extensas, en particular cuando se trata de niños indígenas o pertenecientes a grupos étnicos. Igualmente, encontró que en la región del Magdalena Medio (cuyo principal centro urbano es el puerto petrolero de Barran-cabermeja) solamente existe una institución para niños y niñas, que es usada como centro de observación para in-fractores a la ley penal, y a la vez, institución de protección para niños y niñas abandonados o en peligro, para niños y niñas trabajadores y aquellos con problemas de adicción a sustancias psicoactivas. Pero en la mayoría de las ciudades y pueblos del país no existe siquiera un servicio estatal de esa naturaleza» (2005, pp. 44-45).

Como puede reafirmarse, están amenazadas las condi-ciones para garantizar la realización del derecho a un de-sarrollo infantil pleno, por cuanto los niños se encuentran en ambientes de socialización poco adecuados y precarios, desde la óptica de la transmisión cultural, de la ausencia del tratamiento individualizado que ellos requieren y de las condiciones de infraestructura de las instituciones que los albergan (Unicef, 1999, p. 18).

Los anteriores argumentos muestran cómo las condi-ciones familiares en que crecen los niños al principio de su vida dificultan la protección que requieren y la promoción del desarrollo en las condiciones que merecen. Por el he-cho de habitar zonas de conflicto, las familias y sus niños menores de seis años están expuestos a los padecimientos de la guerra y a sus consecuencias, que se materializan en experiencias de trauma físico o psicológico, y en marcas imborrables —e imperdonables— en el proceso de cons-trucción de su desarrollo.

Es así como puede concluirse que el conflicto armado viola los derechos que los niños menores de seis años tienen a la vida, a estar con su familia y con su comunidad, a vivir

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en paz, a disfrutar de afecto, a desarrollar los vínculos afec-tivos y el apego propios de este momento de su vida; de esta manera, se ve afectada la garantía para la realización de los derechos que favorecen su pleno desarrollo. Una situación conflictiva quebranta los vínculos familiares y hace que los niños experimenten múltiples agresiones que pueden irse acumulando, lo que va en detrimento de su proceso de de-sarrollo. El resquebrajamiento de la familia como red so-cial fundamental y de las relaciones primarias que vincu-lan al recién llegado al mundo con «los otros» dificulta su desarrollo físico, emocional, moral, cognoscitivo y social, y puede tener consecuencias físicas y psicológicas profundas (Machel, 1996).

Buen trato, protección a los niños y respeto a su dignidadLa primera infancia como uno de los momentos más crí-ticos y fundamental del ciclo de la vida humana precisa, para un adecuado desarrollo, de entornos de reconoci-miento y potenciación que pasan por la interacción. Así, los niños desde su nacimiento entablan intercambios so-ciales y afectivos con quienes se encargan de su cuidado.

Un buen trato en este intercambio comprende, enton-ces, protección y atento cuidado a sus necesidades, apoyo a sus procesos de desarrollo, comprensión de su momento particular en el ciclo del desarrollo, generación de opor-tunidades para expresarse, y protección y cuidado contra todo aquello que pueda afectarlo y hacerle daño desde el punto de vista físico, psicológico, social y afectivo. De la misma manera, el derecho al buen trato se vulnera en el mismo momento en que el entorno del niño, que inclu-ye a quienes lo rodean, se torna agresivo, de desconfianza, atentatorio del reconocimiento y expansión de sus capaci-dades y libertades.

Es el Estado, junto con la familia y la sociedad, el que garantiza el derecho de los niños al buen trato y, por consi-guiente, a asegurar escenarios de desarrollo afectivo y emo-

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cional estables y seguros y, en esta medida, a suministrar ambientes de socialización temprana que proporcionen a la niñez, desde su temprana edad, aprendizajes sobre la con-vivencia en paz y la democracia. De ahí la importancia de asegurar al niño la atención que requiere y de atender sus necesidades fundamentales, su seguridad emocional, el es-tímulo adecuado, las relaciones afectivas propicias y el trato en la dignidad de sujeto activo de su desarrollo. Cualquier maltrato, humillación, abuso o explotación va en contravía de sus derechos fundamentales; por el contrario, las inte-racciones familiares y las prácticas de crianza que privile-gian el buen trato y suprimen el castigo corporal, el grito y cualquier acto de violencia —material o simbólico— con-tra los niños son prácticas que conducen a un ambiente de desarrollo adecuado para ellos, y en esta medida favorecen la realización de sus derechos. Por esto se asevera que en el contexto del conflicto armado no existen condiciones para el buen trato de los niños.

En primer lugar, la ausencia de protección de los niños se revela en su uso para labores relacionadas con el conflicto armado. Los grupos armados utilizan —y han utilizado— a los niños, según lo reporta la literatura y algunos registros del trabajo de campo, sin discriminar su edad, para hacerlos partícipes de la vida del conflicto armado, de su ideología y valores, de labores lejanas a su mundo vital de desarrollo, contraviniendo sus derechos. Aunque no se encuentran re-gistros de estas acciones sobre el involucramiento directo de los niños menores de seis años, ellos entran a vivir estas experiencias a través de hermanos o amigos, a sentir temor por su futuro o a creer que ese es su destino.

«La utilización es la forma más brutal del desconoci-miento de la dignidad personal de los niños. Los menores de edad no cuentan, carecen de importancia, aunque co-mandantes de las organizaciones guerrilleras digan que son los consentidos de sus filas, aunque los comandantes de las bases militares del ejército afirmen que en ellas no hay ni-

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ños y permitan que los usen como guías, informantes, dela-tores, o que unidades militares se escuden en la presencia de los niños. Ellos no cuentan, valen poco, cuando se conside-ra que deben detectar con su cuerpo las minas quiebrapatas o sembrarlas, cuando se justifican las misiones porque en el frío intenso de los montes no hay voluntarios y llegan de cualquier edad, con hambre, perseguidos, seducidos por las armas o por el poder de quienes las usan. Los niños son responsabilidad del Estado colombiano, con todas sus instituciones, y particularmente es responsable por acción, omisión o negligencia, del ejecutivo y de los funcionarios y entidades que lo representan» (Unicef, 1999, pp. 25-26).

No es claro el vínculo actual de los niños en labores, funciones o roles que benefician a los grupos armados, pero tal como lo reporta un investigador de los estudios de caso, el conflicto armado, al tener que ver con una lu-cha económica asociada a negocios legales e ilegales, forja en los niños aprendizajes propios de esa ilegalidad, puesto que trabajan desde edades tempranas en labores de pro-ducción: «Veo al hermano de Jimena, tiene siete años y me cuenta cómo es el proceso para crear la pasta de coca. Ji-mena me dice que los niños desde los cinco años ya raspan coca y a los seis o siete años ya saben del procesamiento, aunque eso ha bajado un poco, me dice, pues ya no existen laboratorios propios pues ya no hay ni una sola mata de coca» (Estudios de caso, capítulo 3).

Según una de las gestoras de Pastoral Social del Magdalena Medio, que agencia el programa Pies Pequeños, destinado a la primera infancia, antes se presentaba la siguiente situación:

Hace cinco años veíamos unas situaciones específicas en los niños y era la utilización del actor armado en los niños para ser los men-sajeros; inicialmente veíamos cómo llevaban y traían armas; para esa época estaba el auge del cartel de la gasolina y los colocaban para que hicieran las señas de la venta del combustible, manipula-ción por ser hijos de personas que estaban vinculadas directamen-te al conflicto (Estudios de caso, capítulo 3).

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Además, sospechan que continúan presentándose casos y que han emergido otros problemas: la aparición de ban-das emergentes, la drogadicción, la prostitución infantil y el alto índice de abuso sexual que se está generando.

Por eso queremos tener mayor certeza de que los grupos en los que estamos y las comunidades nos pueden brindar información para actualizar ese diagnóstico (gestora de Pastoral Social. Información recolectada en Estudios de caso, capítulo 3).

En segunda instancia, podría conjeturarse que el con-flicto armado afecta las condiciones favorecedoras del buen trato que el niño debe recibir, en razón de la reali-zación de su derecho a un desarrollo sano y armónico, a causa de lo dicho en los puntos anteriores. Pero al buscar evidencias sobre la intensificación del castigo y la violen-cia intrafamiliar por la exposición directa de la familia al conflicto armado y sus consecuencias, no se halla infor-mación suficiente para apoyar la tesis con solidez argu-mentativa.

En tercer término, en la literatura se atribuye a la vio-lencia intrafamiliar y al maltrato infantil el ser razones por las cuales los niños mayores de nueve años son propen-sos al reclutamiento. Desde este punto de vista, la prime-ra infancia que experimenta en su hogar la situación de maltrato puede encontrarse más expuesta a un futuro con este riesgo. Es así como en forma reiterada se dice que la deficiente comunicación en el seno de la familia, el mal-trato y la violencia intrafamiliar27, entre otros, son factores que contribuyen a precipitar la decisión de abandonar el hogar e incorporarse a los grupos armados (Save the Chil-dren, s.f.), en cuyo interior los niños tienden a buscar el afecto, la seguridad y la protección que no encuentran en los hogares (Vásquez, 2005, p. 16).

27. Aunque el maltrato está presente en las historias de los jóvenes vinculados al con-flicto con bastante frecuencia, «no conforma un mal social exclusivo a las zonas de guerra y a los menores en conflicto armado» (Save the Children, s.f.).

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En cuarto lugar, la estigmatización que se experimenta en las comunidades afectadas por el conflicto puede aca-rrear afectaciones en el buen trato hacia los niños, al igual que procesos dolorosos que pueden presagiar un futuro adverso. Forma parte de esta estigmatización el hecho de discriminarlos y humillarlos al ser considerados, por extensión de los padres o familiares, parte de uno u otro de los bandos o grupos en disputa en la comunidad. Esta situación puede afectar la realización de su derecho a la protección frente a cualquier forma de violencia.

En Arauca, después de un ataque de las Farc en 2003, la policía y el ejército desplegaron un operativo en el que se detuvo a más de cien jóvenes, entre ellos varios niños, que salían del Tercer Congreso de la Asociación Juvenil y Estudiantil (Asojer); estos jóvenes dijeron que los gol-pearon y maltrataron durante su retención. Como con-secuencia del clima de persecución que se ha generado en su contra, los miembros de Asojer señalan que viven en constante miedo, se sienten en medio del conflicto, vistos como «enemigos» y «llevando todo el peso de la guerra» (Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Con-flicto Armado Colombiano, 2005, pp. 33-34).

En quinta instancia, la protección frente al peligro físico y la violencia que permiten garantizar la realización del de-recho al desarrollo de los niños menores de seis años puede verse afectada por el uso de las minas antipersonas28 como arma de guerra. Se afirma, a septiembre de 2002, que «Co-lombia es el único país del continente americano donde se siguen sembrando minas» (Vásquez, 2005, p. 23). Lo mis-mo asevera Unicef un año después: «A octubre de 2003, Colombia es el único país del continente americano donde

28. No es posible determinar en la literatura revisada el tipo, cantidad y circunstancia de lesiones de niños menores de seis años por causa de minas, pero se cuenta con un reporte del Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos y DIH que aparece en el capítulo 1. Tampoco se reporta en la literatura la vinculación al procesamiento y cultivo de coca o al contrabando de gasolina en zonas de conflicto armado, ni la colabo-ración directa con los grupos armados. Como puede verse, la información sobre estas condiciones de desarrollo para la primera infancia es bastante precaria.

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se siguen sembrando minas; 45% del territorio colombiano registra algún tipo de afectación por la presencia o sospecha de existencia de minas antipersonas. Sin embargo, el 70% del problema se concentra en siete departamentos: Antio-quia, Santander, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Norte de Santander y Arauca» (Unicef, 2003).

Según Unicef (2003), «En Colombia, la incidencia de li-mitaciones especiales en niños se ve incrementada por el conflicto armado interno, que está generando una conside-rable cantidad de casos de discapacidades motoras a causa de minas, municiones sin explotar y armas livianas» (Unicef, 2003). «Menores de edad han muerto o han quedado con graves limitaciones físicas tras el estallido de minas antiper-sonas y de otros materiales bélicos» (Unicef, 1999, p. 4).

En síntesis, la ausencia de protección y buen trato a causa del conflicto armado abre un camino de indagación que requiere documentarse más, pues por esta vía pueden afectarse las condiciones para un desarrollo pleno de los niños, como corresponde a la realización de sus derechos.

Servicio de agua potable, derecho a un ambiente sano y a una vivienda dignaEntre las explicaciones que se aducen sobre la alta mortali-dad infantil aparece la falta de disposición de agua potable por parte de un porcentaje significativo de la población y la insuficiente cobertura de inmunización que impide la realización de los derechos de la primera infancia.

«Las elevadas tasas de mortalidad de madres, neonatos y niños menores de cinco años, la insuficiente cobertura de la inmunización, las dificultades de acceso a los servicios de salud, con los consiguientes resultados de un aumento de riesgo en los embarazos y un insuficiente control del crecimiento durante la primera infancia, la escasa pro-moción de la lactancia materna, la falta de alimentación apropiada y el elevado porcentaje de la población que no dispone de agua potable segura constituyen pruebas evi-

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dentes de que hay deficiencias sustanciales que impiden que los niños ejerzan sus derechos en la primera infancia» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] y Fundación Bernard van Leer, 2007, p. 9).

Las condiciones de pobreza de la población colombiana y la baja calidad de vida de algunas de sus regiones impi-den la realización del derecho de los niños y sus familias a condiciones de calidad de vida dignas, por las dificultades de acceso a servicios básicos como el agua potable, por ejemplo. «Se afirma que un porcentaje importante de las muertes de niños ocurridas antes de cumplir cinco años, y sobre todo las ocurridas durante el primer año, tiene rela-ción con la carencia de agua potable, servicio de alcantari-llado o manejo adecuado de basuras» (Unicef, 2003).

Por su parte, la situación de desplazamiento agrava es-tas condiciones, puesto que el sitio de destino tiende a ser un lugar de precariedad en relación con condiciones de sanidad y servicios públicos satisfactorios.

Las familias desplazadas por el conflicto armado pueden encontrar dificultades para satisfacer de manera sostenible sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y empleo, por lo que se disponen lineamientos trazados por el Plan Nacional de Atención y Protección de la Población Desplazada (Unicef, 2003).

Aunque, «Sin excepción, las áreas en las que mueren más niños precozmente presentan también las mayores deficiencias en educación y las peores condiciones de hi-giene y saneamiento básico» (Unicef, 2003), en las regiones en que el conflicto armado está asociado a cultivos ilícitos esto se agrava. Las acciones estatales de fumigación para erradicar esos cultivos plantean consecuencias aún no cla-ras, relacionadas con el daño que con ello se hace a los cultivos legales y a las fuentes de agua. A manera de ejem-plo puede decirse que una de las profesoras de preescolar entrevistadas en Putumayo afirma que «las fumigaciones contaminan el agua» (Estudios de caso, capítulo 3).

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En cuanto a la vivienda, la mayor afectación se presenta en la población desplazada; además, se considera que éste es uno de los problemas que tienen mayor retraso respecto de otros componentes de la estabilización socioeconómica de dicha población. En Arauca, el gobernador de un resguardo indígena, al referirse a los grupos desplazados, señala: «En estos albergues están necesitando viviendas dignas, pues los niños se encuentran enfermos, las viviendas solamente tienen techo, paredes no hay, y en las viviendas en las que hay protección contra las adversidades climáticas se utili-zan materiales demasiado rudimentarios, como telas; éste ha sido otro factor que influye en las enfermedades de los niños de esta comunidad» (Estudios de caso, capítulo 3).

En suma, las evidencias son pocas y con las hipótesis que quedan planteadas se pretende mostrar la necesidad de hacer más estudios y de recopilar información más preci-sa acerca de la manera como se puede acceder al servicio de agua potable, que junto con un ambiente sano y tener una vivienda digna son indispensables para garantizar a las familias las condiciones adecuadas para la realización del derecho al desarrollo de los niños menores de seis años.

Alimentación suficiente y adecuadaUno de los argumentos más sólidos sobre tener bue-nas condiciones de alimentación en los primeros años de vida lo constituye la leche materna. Se recomienda la práctica de la lactancia exclusiva29 hasta los seis meses del bebé y con alimentación complementaria hasta los dos años. La existencia de desnutrición infantil, y su consi-deración como una de las enfermedades más frecuentes en la infancia, conduce a mostrar la vulneración de este 29. La práctica de la lactancia materna ha mejorado en cuanto al porcentaje de niños que la inician tempranamente, así como en la duración de la lactancia hasta los 12 y 24 meses, pero muy poco ha aumentado la prevalencia de lactancia materna exclusiva has-ta los seis meses, lo cual se corrobora con la disminución de la tasa de lactancia materna exclusiva. El porcentaje de madres que lactan en forma exclusiva durante los primeros seis meses (11,6%) en 2000 revela la dificultad de cambiar prácticas culturales que se instalaron en los años sesenta y setenta por la presión de las industrias productoras de alimentos infantiles (Unicef, 2003).

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derecho fundamental para los niños, situación que afec-ta de manera diferencial a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Por ello se asegura que «bastaría aumentar el número de mujeres que ali-mentan a sus hijos durante los primeros seis meses de vida exclusivamente con la lactancia materna para salvar este año la vida de al menos 1,3 millones de bebés. Como recomendación de salud pública de validez mundial, ha-bría que insistir en que durante los primeros seis meses de vida se alimente a los bebés exclusivamente median-te la lactancia materna para alcanzar niveles óptimos de crecimiento, desarrollo y salud» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] y Fundación Bernard van Leer, 2007, p. 16).

«En el año 2000 murieron en Colombia 14.932 niños menores de un año, a causa de infecciones respiratorias agudas, desnutrición y diarrea. Estas enfermedades son evitables mediante el fortalecimiento de los servicios de salud y una efectiva participación de la comunidad a tra-vés de pautas adecuadas de crianza, autocuidado y diag-nóstico temprano» (Unicef, 2003).

Una profesora de preescolar del Magdalena Medio se une a estas voces para señalar que «El problema que exis-te aquí en el bosque es la parte alimentaria, hay muchos niños que pierden clase por eso… Los alumnos míos son de seis y siete añitos y tengo alumnos que no llegan por eso, porque les falta la comida… El municipio ahorita está dando unos pequeños refrigerios a los niños...» (Estudios de caso, capítulo 3).

Aun cuando se considera que ha habido mejora en los indicadores de desnutrición durante la primera infancia, las medidas con las cuales este hecho se reporta no con-tribuyen a mostrar las diferencias regionales y las dispa-ridades de acuerdo con la concentración del ingreso y la brecha entre poblaciones ricas y pobres, así como la grave situación de la población desplazada, la que vive en zonas

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de conflicto o en aquellas zonas más afectadas por el con-flicto armado, tal como se mostró anteriormente.

Si bien las encuestas de demografía y salud han registrado un notorio mejoramiento en los indicadores de desnutrición, crónica y aguda, durante la primera infancia, entre 1990 y 2000, los promedios nacionales tienden a ocultar las dispari-dades extremas, que se ocultan bajo los promedios nacionales. «La grave situación de la población que se ha visto forzada a desplazarse de sus sitios de origen por causa del conflicto ar-mado es evidente, pues se encuentran viviendo en condiciones de pobreza mayores que el resto de la población. En las zonas urbanas, el 73% de los desplazados está en situación de mise-ria, mientras el 10% de la población en el quintil más pobre también lo está. El 23% de los niños menores de seis años en situación de desplazamiento está en riesgo de desnutrición y los más afectados son los de 12 a 23 meses de edad, rango que coincide con el destete. Las condiciones alimentarias de los ho-gares desplazados son verdaderamente críticas y de alta gra-vedad, ya que los alimentos que se consumen en el hogar sólo aportan el 43% de las calorías y el 84% de las proteínas que se requieren, y en el caso de los micronutrientes sólo aportan el 40% de la vitamina A, el 48% del calcio y el 75% del hierro. Estas deficiencias, o “brechas alimentarias”, sumadas al preca-rio gasto per cápita del hogar, al hacinamiento y a la pobre-za, ponen a todos los hogares desplazados en condiciones de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, dentro de la cual 41% es alta, 42% media y 17% baja, clasificación que permite identificar a los hogares con peores condiciones entre los más pobres y vulnerables» (Unicef, 2003, p. 34).

Es así como se asegura que la población desplazada puede sufrir al no poder proporcionar un acercamiento satisfactorio al estándar de alimentación a los miembros de la familia, con las implicaciones que trae esta situación para los niños menores de seis años.

En el mismo sentido, el Programa Mundial de Alimen-tos considera que el «23% de los niños desplazados está en

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riesgo de desnutrición, resultando más afectados aquellos entre uno y dos años de edad» (Coalición contra la Vincu-lación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombia-no, 2005, p. 62). Por su parte, Médicos sin Fronteras habla de un 29% de los niños con malnutrición crónica y el 3% con malnutrición aguda, al tiempo que reporta novecien-tos niños entre 6 y 59 meses en estado de desnutrición crónica, y señala como más frecuentes las enfermedades del sistema respiratorio, al igual que las infecciosas y para-sitarias (Ibid., p. 63).

En Arauca, un representante de Médicos sin Fronte-ras hace hincapié en el incumplimiento de la entrega de alimentos a la población desplazada, con lo cual los pro-blemas de desnutrición se agravan: «Observamos que los kits que Acción Social estaba encargada de entregar no se distribuyeron entre la población desplazada en enero. Por esto nosotros asumimos la labor de ayuda con los kits, con alimentos y con el tema de higiene» (Estudios de caso, ca-pítulo 3).

De igual manera, un funcionario del ICBF de Arauca establece que la ayuda alimentaria es precaria por cuanto «Los kits que se entregan a los niños para recuperación nutricional no se están utilizando bien, ya que se entre-gan a la familia para que se les preparen los alimentos a los niños, pero éstos se usan para alimentar el resto de la familia y no duran más de uno o dos días. Por otro lado, los alimentos que entrega la móvil son mínimos, ya que la OIM sólo entrega alimentos no perecederos, pero la carne, los vegetales y las frutas no son parte de la alimentación de estos niños… pero en cuestión de alimentación, apenas es una ayuda de emergencia» (Ibid.).

El mismo funcionario se refiere a la gravedad de la situa-ción de la población desplazada en los siguientes términos: «En la actualidad existen 850 cupos de alimentos y falta mucho. El centro del ICBF se encuentra desbordado; la de-manda de población, como la que se encuentra en situación

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de desplazamiento, es muy alta y no existe un seguimiento juicioso a estos casos: las crisis psicológicas y nutricionales son muy frecuentes, el caso de las comunidades indígenas es tal vez el más preocupante y grave» (Ibid.).

Por otra parte, son bien conocidos el bloqueo de carre-teras y la instalación de retenes como estrategia de guerra de los grupos guerrilleros, lo que provoca mayor desnutri-ción y enfermedades, afectando de manera especial a los niños (Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombiano, 2005, p. 32).

De igual manera, las fumigaciones, al hacerse indis-criminadamente sobre los cultivos, producen escasez de alimentos y la consecuente desnutrición de los niños, di-ficultando la protección y la realización del derecho a un sano desarrollo en las zonas de conflicto armado. Para ilustrar lo dicho se incluye el siguiente registro, que si bien no forma parte de la afectación a la primera infancia, sí muestra la gravedad de la situación y la necesidad de ma-yor conocimiento para determinar con más contundencia y precisión las hipótesis que se plantean.

Varias escuelas rurales de los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán, Villa Gar-zón y Puerto Leguízamo (Putumayo) cultivan sus propias huertas para ofrecer a sus alumnos un apoyo alimentario, que se constituye en un gran incentivo para niños que en muchos casos se encuentran en estado de malnutrición y deben caminar varias horas antes de llegar a la escuela. Las fumigaciones efectuadas en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos han afectado gravemente estas huertas es-colares, con lo cual se han acentuado el hambre en la po-blación infantil y la deserción escolar (Ibid., p. 49).

Es así como el secretario de un resguardo indígena de Putumayo sostiene que las fumigaciones generan des-plazamiento. Se ha recibido alguna cooperación interna-cional, como en el caso del Consejo Noruego, para hacer reuniones y trabajos con campesinos e indígenas. En la

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reunión de la mesa departamental de organizaciones se ha puesto sobre la mesa el desplazamiento por hambre y no sólo por actores armados. El impacto del desplazamiento por fumigaciones es muy alto, como lo confirma el secre-tario de la Unidad de Atención y Orientación (UAO) al desplazado: «Lo cierto es que la gran mayoría de los des-plazamientos son por reclutamiento y el que existe por el hambre de las fumigaciones, pero en este último no pode-mos hacer nada» (Estudios de caso, capítulo 3).

Aun cuando las madres que han tenido un acceso preca-rio a la educación deberían contar con asistencia especial durante el embarazo y después del parto, para proveerla de herramientas que conduzcan a cualificar la alimentación de los hijos durante la gestación y a lo largo de la primera in-fancia, esta protección del Estado puede verse afectada por el conflicto armado, el cual dificulta el acceso de los servi-cios a las zonas donde hay enfrentamientos. No obstante, en muchos sitios de alta confrontación armada los médicos y otros trabajadores de la salud han tenido que abandonar la región, en tanto que los actores del conflicto han utilizado los centros de atención a la infancia como escudos protec-tores, puesto que acampan al lado de sus instalaciones o es-tablecen guarniciones junto a éstas (Unicef, 1999, p. 4).

Atención en salud, oportuna y de calidadSegún la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel po-sible de salud, que se debe complementar con una buena nutrición. Se sabe que las situaciones de emergencia pro-ducto del conflicto armado traen consigo un aumento de la mortalidad infantil, causada por deficiencias nutricio-nales, epidemias o brotes de ciertas enfermedades, escasez de medicamentos y otras dificultades en la prestación de servicios de salud.

Según la Unicef, la ausencia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de la po-

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blación en condición de vulnerabilidad o en situación de desplazamiento no es sólo un asunto de salud, sino un in-dicador de injusticia social, pues esto ocurre dentro de los sectores más pobres de la población (Unicef, 2003).

No todas las mujeres gestantes y niños recién nacidos en un municipio reciben la atención adecuada en las ins-tituciones de salud, a través de los planes de beneficios y de los recursos destinados a la atención de la población no afiliada y desplazada, ni control de crecimiento y desarro-llo de niños, ni prevención y manejo de las enfermedades más frecuentes en la infancia (diarrea, infección respira-toria aguda, desnutrición y malaria), evitables mediante diagnóstico oportuno y manejo adecuado (Unicef, 2003).

En particular para la salud, la situación de conflicto ar-mado dificulta la garantía de los derechos básicos de los ni-ños, pues las zonas tienden a estigmatizarse, así como a los niños que viven en ellas, por tratarse de adhesiones a un grupo o a otro (Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombiano, 2005, p. 31).

En cuanto a la vacunación de niños, el suministro mis-mo de las vacunas se torna difícil en las zonas afectadas por el conflicto armado (Unicef, 2003).

En Colombia han disminuido las coberturas de vacu-nación de 1997 a 2000 en los municipios más pobres, pre-cisamente donde hay mayores necesidades básicas insatis-fechas, sobre todo en los municipios aislados, afectados por el conflicto armado. Entre los factores que inciden en ello se destacan las dificultades generadas por el conflic-to interno y el desplazamiento, la falta de claridad entre los distintos niveles del SGSSS sobre las competencias y responsabilidades, y la reducción del presupuesto para va-cunaciones. En muchos municipios del país los hospitales de niveles II y III han cerrado sus servicios de vacunación (Unicef, 2003).

Los reportes del trabajo de campo sobre la vacunación no permiten afirmaciones contundentes sobre el tema, ya

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que si bien en Putumayo un miembro de la comunidad asegura que «Aquí no llegan las brigadas de vacunación, eso aquí no vienen porque dizque somos guerrilleros, na-die nos atiende», en el Magdalena Medio un funcionario de la Secretaría de Salud, por el contrario, dice lo siguien-te: «Este año no tuvimos problemas, no ha habido compli-caciones. Hace unos años creo que había, pero actualmen-te les puedo decir que estamos llegando a todas las áreas rurales de Barrancabermeja». A su vez, para el profesional de Médicos sin Fronteras de Arauca entrevistado la vacu-nación se hace sin dificultades.

«Entre tanto, las jornadas de vacunación sí están fun-cionando; hemos visto que en este sentido el hospital ha asumido una fase de prevención consciente con la pobla-ción y las vacunas se están aplicando. Nosotros también vacunamos a la población en algunas de las misiones mé-dicas; para esto decidimos empezar a realizar una base de datos de la población que nosotros hemos vacunado. Vale decir que esto lo realizamos autónomamente, pues no va-mos con ninguna brigada que tengan pensado los entes estatales; en muchas ocasiones nos los encontramos en las comunidades, pero no acordamos previamente la asisten-cia conjunta a estas brigadas» (Ibid.).

De la misma manera que ya se señaló para otros aspec-tos, la literatura brinda evidencias que permiten respon-sabilizar a las fumigaciones de algunos problemas de salud en la población, por cuanto los servicios de agua y sanea-miento se ven afectados por la práctica indiscriminada de éstas (Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombiano, 2005, p. 48). Un concejal de Puerto Asís (Putumayo), a propósito de esto, señala: «Sólo hay erradicaciones y fumigaciones, y con eso conta-minan la comida, el agua y los niños con brotes, manchas en la piel y problemas en los pulmones» (Estudios de caso, capítulo 3). Esto lo confirma uno de los miembros de la comunidad al afirmar: «Eso cuando llega la “fumiga” has-

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ta a la casa le cae, a nosotras nos toca salir corriendo con los niños para ese cerro de allá, pues eso les cae a los niños; mire a éste cómo tiene esa mancha en el ojo, eso es muy malo» (Ibid.). La profesora de una de las escuelas visitadas en Putumayo sostiene que «Los niños presentan muchos brotes, con ampollas rojas, sobre todo después de unos días de las fumigaciones. Los problemas respiratorios son de los más pequeños, casi todos los niños pequeños que yo he visto tienen problemas respiratorios» (Ibid.).

En materia de protección de la salud de la población desplazada, la Coalición considera que el gobierno no ha garantizado el derecho a la salud de las personas desplaza-das, tanto en cobertura y calidad como en el suministro de medicamentos. «Autoridades nacionales, organismos de control, autoridades regionales y organizaciones que tra-bajan con esta población han señalado su preocupación por el desmonte del modelo de atención en salud para la población desplazada, que incluye limitaciones al cubri-miento en salud a sólo urgencias derivadas del desplaza-miento y la desatención en materia psicosocial» (Coali-ción contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombiano, 2005, p. 62).

Las enfermedades más comunes de los niños en situa-ción de desplazamiento son las enfermedades diarreicas agudas, respiratorias, de la piel y desnutrición, como se manifiesta a continuación.

Según la Defensoría del Pueblo, los problemas de salud más frecuentes de los niños en esta situación son las enfer-medades diarreicas agudas, respiratorias, de la piel y des-nutrición. Sobre esta última, en el estudio de la Defensoría se observa que de 1.027 niños desplazados que presentan síntomas de desnutrición, contabilizados en un barrio, 393 (38%) lo estaban en alto grado. Se encontró igualmente que el 67,5% no tenía ningún tipo de afiliación al sistema de salud. La salud mental también presenta grandes fisuras. La experiencia del terror, haber sido testigos de hechos violen-

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tos especialmente atroces, la persecución a los miembros de sus familias o las agresiones directas contra niños ocasio-nan disfunciones psicoafectivas (Unicef, 1999, p. 21).

Estas cifras, si bien brindan indicios de las tendencias generales en la población infantil, necesitarían precisarse para el caso de los niños entre los cero y seis años.

En general, las secretarías de Salud de los municipios no disponen de un sistema de información a la población desplazada que les permita acceder al goce del derecho a la salud y a la protección de enfermedades. Las secretarías municipales, como organismos encargados de la vigilan-cia de la salud y de la aplicación de las políticas públicas en salud, no hacen monitoreo, seguimiento y control a las entidades con las cuales se contrata la atención en salud a la población desplazada (Dávila, 2007, p. 93).

Como se puede apreciar, de un tema que ha sido bas-tante documentado en la literatura como éste se encuen-tra poca información, en especial al intentar especificar la manera en que el conflicto armado afecta a la población perteneciente al grupo de primera infancia, particular-mente aquella que vive en zonas de conflicto, ya que es evidente la aproximación a situaciones específicas, como el desplazamiento forzado y la poca documentación frente a otras situaciones producto del conflicto armado, al igual que su relación con las dificultades en el acceso, producto de la exclusión y la pobreza.

Oportunidades para el juego y la recreaciónEl juego es uno de los principales y valiosos escenarios para que los niños establezcan interacciones, hagan rela-ciones sociales, aprendan a tratar a los demás y desarrollen habilidades cognitivas y psicomotrices. Las oportunidades de acceder a material lúdico en la familia y en las institu-ciones de educación inicial, y en los espacios en que cir-cula el niño, generan mayor probabilidad de obtener un desarrollo sano y gratificante. Los adultos que rodean al

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niño deben promover el juego y la recreación para garan-tizar su pleno desarrollo.

No obstante, hay que sensibilizar a las familias en este sentido, pues para ellas asistir a la escuela y jugar se pue-den remplazar por mandarlos a trabajar a la calle, situa-ción que visibiliza una desvalorización de la importancia del juego y la educación, y conduce a que los niños no puedan jugar y disfrutar de todas las condiciones que po-sibilitan su normal desarrollo, o lo hagan menos (Unicef, 2003). Aunque ello no aplica necesariamente para la fran-ja poblacional sobre la cual se trabaja en este documento, sí muestra unas valoraciones y prácticas y se desconoce cómo ello afecta la realización de un desarrollo armónico de la primera infancia.

La información respecto a provisión de parques y esce-narios deportivos en el sistema educativo y por fuera de él no existe, a pesar de los estándares nacionales fijados en tal sentido. Además, las actividades recreativas y deportivas cu-rriculares se han visto limitadas en el espacio escolar, por la doble jornada en los establecimientos educativos públicos (Sarmiento, 2007, p. 18). Tampoco existe ninguna informa-ción que pueda derivar los análisis sobre la garantía del de-recho al juego y a la recreación en la primera infancia30.

Con todo, podría decirse que la existencia de minas an-tipersonas y la fabricación de éstas, cuando dicha labor la desarrollan niños, ponen en riesgo la concepción misma y la práctica del juego como actividad lúdica y sana para esta franja poblacional.

Tampoco hay información en la literatura revisada sobre la relación existente entre presencia de minas en el territo-

30. En el trabajo de Sarmiento se estima «la provisión del servicio de recreación en cuanto al tiempo disponible por los niños y adolescentes de 5 - 17 años, con la refe-rencia del tiempo libre, que es el tiempo no invertido en la jornada escolar, la jornada laboral para los niños trabajadores, el tiempo deseable de dormir según la edad del niño o adolescente. El tiempo libre de los niños se distribuye en ver televisión, variable que hay que estimar, lo que permite evidenciar el tiempo medio para otras actividades recreativas y su realización como el deporte y el tiempo de ocio con que cuentan nues-tros niños y adolescentes. Por lo anterior, el tema vinculado en forma insoluble es el del trabajo infantil» (Sarmiento, 2007, p. 19).

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rio y afectación de las oportunidades de recreación, aunque sí sobre su uso en el país en contextos de conflicto armado y sobre los problemas que acarrea en cuanto a daños per-sonales y de destrucción de los entornos vitales por los que circulan los niños, especialmente si se considera, como ya se dijo, que «los grupos guerrilleros han aumentado en los últimos dos años la utilización de minas antipersonas como armas de guerra, lo que implica un mayor número de minas antipersonas sin explotar en las zonas rurales, que generan para los niños un mayor riesgo de ser víctimas» (Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Arma-do Colombiano, 2005, p. 77) y una restricción frente a sus espacios de circulación y recreación.

Ahora bien, la afectación del derecho al juego también se hace visible al encontrarse los niños en ambientes insegu-ros e inciertos en los que pueden ocurrir tomas guerrilleras, ocupación de espacios de la comunidad y, en particular, de los niños por parte de los actores armados. De igual mane-ra, la afectación de los estados emotivos de los adultos por causa del conflicto armado dificulta ofrecer o vivir junto con los niños momentos de juego, o realizar actividades de esparcimiento. Pero sobre ello es poco lo que puede docu-mentarse en relación con la primera infancia.

Con respecto al juego, algunas personas entrevistadas durante los estudios de caso (capítulo 3) muestran cómo el conflicto armado afecta la construcción de identidad y subjetividad de los niños, cómo se desarrollará posterior-mente y cómo esto se revela en los tipos de juego que ellos realizan. Los juegos hacen visible la guerra, y a través de «jugar a la guerra» los niños asumen roles relacionados con los escenarios, que ponen en evidencia la circulación de determinados valores, creencias y concepciones en las comunidades expuestas a estas situaciones sociales con-flictivas.

Para ampliar esto, puede mostrarse el relato de dos do-centes de preescolar del Magdalena Medio. Dicen: «Los jue-

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gos de ellos (los niños) son con palos: ¡que tú eres guerrille-ro, que yo soy del ejército, que tú eres paraco!, son los juegos que más se ven aquí. Uno como docente trata de orientarlos en otras formas, quitarles lo que traen ellos, porque a veces traen pistolas de juguete de pasta… desde los cuatro años ya está mirando a los niños jugando eso. El año pasado, en el curso de primero, les decomisé hasta navajas… incluso unas navajas que son pistolitas de juguete y les espicha un botón y son unas navajas, las traían acá, pistolas de jugue-te, hasta cuchillos, el decir de ellos era que era para sacarle punta al lápiz, pero no, ellos mismos se tiraban puñaladas en el recreo porque me quitó el borrador, porque me qui-tó el lápiz, porque me rayó el cuaderno; entonces lo que ellos miran alrededor, ellos lo imitan porque quién más que los niños, los niños son muy imitadores» (Estudios de caso, capítulo 3). Todo lo que puedan tomarle forma de arma y ese es el juego preferido de ellos, y es lo que ha persistido desde aquel tiempo que trabajé hasta ahora, a pesar de que acá se intenta como dar otras posibilidades de juego… ya de pronto los niños no comentan tanto, cuando estuve an-tes sí, se escuchaba en su lenguaje el paraco, el guerrillero, el que mató… eso ya no se les escucha hablar… como era algo tan vivencial, los niños lo identificaban (Ibid.). Y en las cuestiones de juegos es que hacen sus armas, sus pistolas y comienzan “¡te maté!”» (Ibid.).

En Putumayo, un docente de preescolar coincide con ellos: «Los juegos más comunes es que cogen un palo y juegan a pistoleros, y los niños se identifican unos con la guerrilla y otros con los paracos. La mayoría dice que yo soy paraco y los restantes dicen que son guerrilleros. Los niños que son de aquí, de lo urbano, se identifican más con los paracos y los del campo con la guerrilla. Los niños del campo le tienen mucho miedo al helicóptero, eso cuando lo escuchan o ven es muy complicado. Y dicen “ya viene el ejército a matarnos”. Se esconden debajo de los pupitres o de mi escritorio y se ponen a llorar. Incluso cuando llueve

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y escuchan un trueno dicen que es una bomba y que ma-taron a alguien y no piensan que es un trueno» (Ibid.).

Acceso a educación inicial de calidadLa calidad de la educación en la familia, como puede deri-varse de lo expuesto en párrafos anteriores, tiende a afec-tarse en contextos de conflicto armado. No obstante, el cui-dado de la primera infancia no siempre es responsabilidad de los padres. Es posible que el niño pase varias horas del día en manos de cuidadores, de parientes, de empleados, de miembros de la comunidad o de instituciones encargadas de este cuidado. El derecho a la educación inicial31 alude a la exposición del niño a oportunidades de aprendizaje tem-prano, que cada vez se extiende más hacia abajo en cuanto sube la edad del niño. La ausencia de los padres, a causa del conflicto armado, hace que estas condiciones puedan ini-ciarse a edades más tempranas de las deseadas en un medio institucional. «Las investigaciones demuestran cuán prove-chosas son para los niños las experiencias organizadas de aprendizaje temprano, en particular cuando se trata de los niños más pobres…» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Fundación Bernard van Leer, 2007, p. 18).

Por tanto, aunque se consideran insustituibles el cuidado y la atención que haga la familia, no cabe duda de la necesi-dad de la actuación del Estado en condiciones de vulnerabi-lidad. En virtud de que en la primera infancia se sientan las bases para el desarrollo de capacidades, habilidades y poten-cialidades, que permitan a los niños reconocerse y realizarse como sujetos de derechos, el Estado es el primer garante

31. La reglamentación para la educación de la primera infancia se encuentra en la Ley 115 General de Educación (1994), arts. 17 y 18. Sarmiento dice: «Comprende mínimo un año obligatorio» (seis años de edad). «El nivel de educación preescolar de tres gra-dos se generalizará en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que establezcan programas para la prestación de este servicio...» (6-5-4 años de edad). Para la educación básica primaria, cinco años de educación básica o ciclo de primaria obli-gatorio (siete-once años), la misma ley (arts. 20, 21) especifica la básica secundaria (art. 22), tres años de educación básica subsiguiente obligatorios o ciclo de secundaria (doce-catorce años); en total, nueve años obligatorios. Los niveles 9, 10, 11 son desea-bles, pero se encuentran por encima del estándar (Sarmiento, 2007, p. 18).

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de que ello ocurra. En este marco se entiende la acción del ICBF como principal entidad gubernamental encargada de promover la educación inicial, que supone atención de ca-lidad a la población entre cero y cinco años; en este caso, para garantizar la realización de los derechos de los niños a un pleno desarrollo. Resulta evidente que en la situación de conflicto armado se requiere más atención porque en ésta aparecen vulnerados los derechos de los niños, a través de la afectación de las condiciones de su desarrollo, como ha podido mostrarse en las páginas anteriores.

No obstante, pese al reconocimiento de la importancia de la educación inicial, no se encontró información que re-lacionara el conflicto armado con tal clase de educación. Esto puede atribuirse a que la atención al niño de cero a seis años es un campo que muy recientemente empieza a ser de atención relevante en el país y a que, al tratarse del conflicto armado, no siempre son claras las coordenadas que mues-tren la ruta que hay que seguir en la propuesta y desarrollo de programas y acciones, puesto que, dada la complejidad de la problemática, no se cuenta con experiencias ni cono-cimiento acumulado previo sobre el asunto.

Se asegura que las familias en situación de desplaza-miento son población prioritaria para todos los programas del ICBF. Con todo, esto no siempre se efectúa así, como lo justifica una funcionaria del instituto en Barrancaber-meja: «Nosotros en estos momentos tenemos atención tanto a población vulnerable como desplazada, sabemos por ley que hay que priorizar a la población desplazada pero, existe una situación que ya se está presentando en Barrancabermeja y es que no alcanzan los cupos… yo no puedo sacar un niño de población vulnerable para darle atención a uno de población desplazada, tenemos niveles 1 y 2, entonces tengo esa gran dificultad; en este momen-to estamos dando la atención con restaurantes escolares, con hogares todavía no, pues se están manejando algunas cosas, pero a nivel de restaurantes ya tengo esas dificulta-

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des; con hogares de bienestar, donde veo que hay madres comunitarias hasta con diecisiete niños, entonces se au-toriza para que una madre que esté cerca le reciba uno o dos niños, no interesa que estén con trece niños, el hecho es tener más o menos equilibrado mientras que consigo cupo; he estado jugando con eso. Cuando veo que la co-bertura es baja en algún hogar, cojo y llevo los hogares, los traslado para donde hay la necesidad de mayor población desplazada… me cierran un hogar de bienestar por baja cobertura y lo traslado para donde está la necesidad de población desplazada» (Estudios de caso, capítulo 3).

Así como cada contexto plantea a los programas sus pro-pias demandas y necesidades a las cuales deben adecuarse las acciones, se hacen visibles las principales dificultades para llegar a la población como se pretende. De esta ma-nera lo formula el funcionario entrevistado en Barranca-bermeja: «En Santander somos el más grande centro zonal en unidades, pero con muy poquitos servidores públicos; es una gran dificultad que tenemos. Muchas veces en lo funcional poco podemos hacer, porque nos volvemos un poco más operadores; respecto a lo de cuentas, yo soy su-pervisora de 119 contratos de aporte, aparte de los demás contratos que se hacen, entonces uno se volvió más opera-tivo que misional; la propuesta que se le hacía al director regional de Santander era que se contratara el funciona-miento de los hogares de bienestar con unas ONG, para nosotros poder respirar un poco más y dirigirnos a lo mi-sional… Nosotros supervisamos a las ONG, pero que las ONG se encarguen de lo que es en sí el funcionamiento de los programas. En sólo Barrancabermeja tenemos 348 hogares de bienestar de la modalidad tradicional, y 162 Hogares Fami, ¿y saben cuántos profesionales tengo? Cua-tro profesionales para siete municipios, y le estoy dando unidades de sólo Barrancabermeja, sin los demás munici-pios. Entonces, de verdad que es una zona bastante amplia y con muy poquitos servidores públicos» (Ibid.).

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A su vez, dos trabajadoras del ICBF del Valle de Guamuez, en Putumayo, destacan la falta de cobertura, infraestructura y dotación en cada uno de los hogares, y cómo las necesida-des de los municipios desbordan la de los cupos ofrecidos. Una muestra de esta atención se revela en el registro siguien-te: «En el Hogar Infantil ofrecen cupo a 140 niños, el ICBF se encarga de sesenta de ellos y la Asociación de Padres de Fa-milia responde por más o menos ochenta cupos. En cuanto a los cupos de Hogares Comunitarios, en cada uno de éstos se encuentran trece niños, desde los seis meses hasta los cin-co años; la cobertura de los Hogares Fami es de doce niños para madres gestantes, lactantes y menores de dos años. Los niños se encuentran en los Hogares Infantiles en una jorna-da de ocho horas diarias, donde les suministran refrigerio y almuerzo, las madres comunitarias reciben una bonificación de $300 mil; los padres deben contribuir con una cuota para tal bonificación, y en el caso de los niños desplazados, el ICBF se encarga de aportar una cuota por desplazado de $8.866. Usualmente, todos los niños se encuentran registrados; si no es así, puede que no se les otorgue el cupo, pero se les remite a desarrollar los trámites de registro para poder aceptarlos» (Estudios de caso, capítulo 3).

Finalmente, en Arauca, la hermana de Pastoral Social entrevistada expresa su visión crítica sobre la concepción de atención del ICBF y otras organizaciones que trabajan con la población afectada por el conflicto armado. Así, «las instituciones estatales generan mucho paternalismo, pues la Cruz Roja, el ICBF, Acción Social, entregan mercados, y esto genera que los desplazados no trabajen sino que se vuelvan cómodos con lo que reciben. Por esto, Pastoral Social busca generar fuentes de financiamiento para los desplazados, pero que sea ellos quienes trabajen» (Ibid.).

Así mismo, el gobernador de un resguardo indígena manifiesta: «Adicionalmente, no se cuenta con semillas e instrumentos para el cultivo; debido a esto, los niños se encuentran mal nutridos, con deficiencias físicas y sin un

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apoyo por parte del ICBF en lo referente a la nutrición de los infantes, sin diagnósticos nutricionales serios que evidencien la situación de la niñez» (Ibid.).

En cuanto a la educación formal, los indicadores de cober-tura y eficiencia interna del sistema afectan de manera ne-gativa a las áreas rurales, de lo que puede desprenderse una relación inversa entre mejor educación y mayor pobreza.

Las tasas de repitencia en el campo son más altas que en el sector urbano, así como el número de niños que el sector educativo nunca ha atendido. La tasa de cobertura en las áreas rurales es de 30%, que se compara con la tasa del 65% en las áreas urbanas. La tasa de deserción rural es de 10,9%, mientras que en las ciudades es de 2,5%. La participación en los programas de preescolar es de menos de 4% en las zonas rurales (Ministerio de Educación Nacional, 2000).

En zonas de conflicto, donde se desarrolla el grado obli-gatorio de preescolar, los espacios escolares se ven afec-tados al ser ocupados para funciones relacionadas con el conflicto por parte de alguno de los grupos armados.

En Arauca, en una misión llevada a cabo a mediados de 2004, se encontraron nueve escuelas ocupadas por el ejército nacional, en los municipios de Arauquita y Sara-vena, en los centros poblados de Betoyes, Flor Amarillo, Puerto Nidia, Pueblo Nuevo, Panamá, Brisas del Caranal y Filipinas. Esto pese a que, de acuerdo con el ejército, «está prohibido pernoctar u ocupar instalaciones de escuelas e instituciones educativas en desarrollo de operaciones militares y sólo pueden ser empleadas en situaciones es-pecíficas de necesidad, cuando se requiera dar apoyo a la población civil, previa coordinación con las autoridades locales» (Coalición contra la Vinculación de Niños y Ni-ñas al Conflicto Armado Colombiano, 2005, p. 56).

En sus zonas cercanas, no sólo se instalan los campa-mentos militares o trincheras, como puede revelarse en el siguiente registro: «Los militares instalan sus campa-mentos, trincheras o bases de operaciones en las escuelas

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y las autoridades subestiman el temor ante un ataque sub-versivo, aduciendo que su presencia tiene como finalidad impedirlo. Sin embargo, un maestro contó que la guerrilla “ya le ha mandado unas rampas y le ha tirado granadas” a la escuela en la cual trabaja» (Ibid., p. 56).

Generación de condiciones y oportunidades para la participaciónFormar parte de la sociedad implica contar, por un lado, con el registro civil, que afecta la existencia al momento de nacer, pues hace que cada niño sea visible, tenga un nombre y una nacionalidad, y por otro, disponer del re-gistro de la población desplazada, que afecta el acceso a los servicios necesarios para la subsistencia y para la garantía de las condiciones de vida de los niños. Estos dos aspectos se considerarán en el presente apartado.

En el país, la cobertura de registro civil ha aumentado como consecuencia de las jornadas de registro ambulato-rio emprendidas por el Estado en comunidades alejadas de los cascos urbanos. «La cobertura nacional de registro civil es del 81,6%» (Unicef, 2003).

Con todo, se continúa sosteniendo que los atrasos en el registro tienen lugar en los sitios más apartados de la geo-grafía nacional, en las zonas de frontera, en áreas rurales con población dispersa y en grupos indígenas y población desplazada. Esta última es la referencia más clara que apa-rece en el vínculo registro civil-conflicto armado.

Especialmente elevados son los atrasos del registro en áreas rurales con población dispersa y en zonas de fronte-ra, en grupos indígenas y población desplazada. Los más de 150.000 niños que no se registran en Colombia cada año están en riesgo de ser excluidos del acceso a servicios esenciales. La vacunación, por ejemplo, cuyo esquema empieza al nacer, es la primera medida protectora que le podría faltar a un niño sin registro. Con toda certeza, allí donde es baja la cobertura de registro civil al nacer,

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queda muy afectada la planeación local de servicios para la niñez. La ausencia de registro también ha favorecido la vinculación de niños y adolescentes a la economía de los cultivos ilícitos, a otras acciones delictivas y a los grupos armados irregulares (Unicef, 2003).

Por su parte, a la población desplazada se la atiende con base en un registro especial que avala su condición de tal y le da acceso a los servicios especiales del Estado para prote-ger sus derechos. No obstante, las víctimas del conflicto ar-mado que se han desplazado no siempre quieren reportarse como tales y temen que las identifiquen como desplazadas y, por esta vía, que las estigmaticen; por tanto, no siempre la familia se reporta en el sitio de llegada como desplazada.

Aun cuando la información relativa a la violencia con-tra la niñez presenta problemas de subregistro, pues no todas las víctimas pueden o quieren instaurar algún tipo de denuncia, las cifras resultan altamente preocupantes (Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Con-flicto Armado Colombiano, 2005, p. 43).

Los niños temen que los identifiquen como desplaza-dos, sus propios padres les enseñan a no dar datos sobre su situación por temor a ser perseguidos en su nuevo lugar de vivienda (Unicef, 1991, p. 20).

Además, existen distintos motivos para desplazarse y no todos están incluidos en la legislación que enmarca la ins-cripción de este registro, como puede verse a continuación.

Hay diversos motivos de desplazamiento no previstos en la Ley 387 de 1997, por lo que la Acción Social no los incluye en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). Las fumigaciones generan desplazamiento, en-tre otras cosas, por las siguientes: 1) por temor a posibles combates, si se toma en cuenta que las fumigaciones se desarrollan en el marco de operaciones militares; 2) por-que la aspersión de glifosato acaba no sólo con la coca, sino con la base de cultivos para usos lícitos de las comu-nidades; 3) porque los campesinos productores de hoja

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de coca no tienen otras opciones; 4) por temor a enfer-medades, particularmente en los niños, provocadas por el glifosato; 5) porque los raspachines constituyen un grupo poblacional importante, cuya movilidad depende del rit-mo del comportamiento del cultivo de coca, de modo que las fumigaciones motivan desplazamiento de este grupo humano (Dávila, 2007, p. 29).

Aunque el registro de nacimiento es el mecanismo legal por medio del cual se empieza a hacer efectivo el dere-cho a la participación de los niños, su realización plena no se limita a él, pues en un sentido amplio su derecho a la participación pasa por el reconocimiento de que se consideran sus opiniones, gustos y expectativas, con base en las formas de expresión existentes en su momento de desarrollo. Por tal motivo, la participación es un escenario indispensable para el desarrollo.

Baste decir en este momento que la infancia temprana necesita que los adultos les prodiguen espacios de participa-ción a los niños para que vayan incorporando los ideales de la democracia, para que vayan construyendo su tránsito de la heteronomía a la autonomía y apropien las herramientas que cada momento de su ciclo de desarrollo requiere, para que tomen decisiones sobre los asuntos que les conciernen, para que aprendan a resolver sus conflictos, para que cons-truyan relaciones significativas con quienes los rodean y para que aprendan a comunicarse, a interpretar el mundo, a ubicarse en él, con sentido, apropiada y constructivamente.

Según Unicef, «la participación de niños, adolescentes y jóvenes es un proceso nuevo en el país, aún débil y des-conocido, el cual se podría desgastar sin lograr los frutos que podría arrojar. Esta participación se da fundamental-mente en dos escenarios: el social (familia, escuela, aso-ciaciones, etc.) y el institucional (instituciones del Estado, consejos de juventud, de planeación, juntas de acción co-munal, juntas administradoras locales, partidos políticos, etc.)» (Unicef, 2003).

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Es posible pensar que en razón de lo anterior pueda explicarse la poca documentación en torno a este tema, siendo más grave para la población entre los cero y seis años. Por ello se necesitan programas, planes, proyectos y acciones que involucren a la primera infancia en procesos participativos, fundamentalmente en el escenario familiar, escolar y comunitario.

Poco se encuentra en la literatura existente sobre el tema acerca de la manera en que se afecta este derecho al desarrollo de los niños menores de seis años, pero podría decirse que la principal afectación procede en el momento actual por la vía de su invisibilización y des-conocimiento como un aspecto vital del desarrollo en la primera infancia.

2.3. Algunas reflexiones en torno a las implicaciones del conflicto armado en la construcción de niños como sujetos

En este apartado se presentan otras reflexiones que surgen en relación con las posibles implicaciones del conflicto armado en la garantía de los derechos de los niños meno-res de seis años y que se refieren directamente a su cons-trucción como sujetos con identidades y subjetividades en formación.

Esos procesos de construcción de identidades no se en-cuentran al margen de lo que ya se ha descrito, sino que por el contrario son otra dimensión que se moviliza en esa compleja red de interacciones con el mundo, con los am-bientes, y desde esa capacidad de participar activamente en su desarrollo.

El proceso por el cual el niño se relaciona con otras per-sonas y con su medio comienza incluso antes de su naci-miento, con la influencia del contexto sobre la madre ges-tante y las condiciones físicas y psicológicas de la propia madre durante el embarazo. Desde allí es posible, enton-ces, inferir que si las confrontaciones armadas y hechos

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violentos generan un ambiente de zozobra permanente, esto empieza a afectar las condiciones del desarrollo de los niños por vía de los estados emocionales de la madre y del núcleo familiar en general.

Dadas las condiciones de inmadurez biológica con que nacen los bebés, se requiere la presencia de adultos en con-diciones favorables para prestar todas las atenciones y cui-dados necesarios para garantizar los derechos de los niños.

Quizás una de las primeras condiciones que se vulne-ran en la población infantil en las condiciones de vida que genera el conflicto armado es el derecho a establecer bases vinculares seguras. Tal como lo afirman Isaza y otros (Isa-za, Pineda, Camargo y otros, 2008), desde una perspectiva psicológica, para que el niño pueda desarrollarse positiva-mente requiere vínculos afectivos con sus cuidadores que le garanticen, entre otras cosas, un apego estable, contención de sus impulsos y seguridad de ser amado y aceptado.

Sobre la vinculación afectiva, Bowlby (1985, 1995) dice que los seres humanos tienen una tendencia prima-ria (no aprendida) o una propensión a «establecer sóli-dos vínculos afectivos con otras personas determinadas. (...) El comportamiento de apego es concebido como toda forma de conducta que consiste en que un indi-viduo consigue o mantiene proximidad a otra persona diferenciada y preferentemente individual y que es con-siderada, en general, como más fuerte o más sabia (…). Especialmente evidente durante la temprana infancia, el comportamiento de apego se considera propio de los se-res humanos…».

Las bases vinculares son esenciales porque sobre ellas los niños construyen sus lazos de confianza y represen-tan la fuente principal de apoyo para enfrentar aquellas situaciones que perciben como difíciles. En contextos de conflicto armado la desaparición o muerte de los padres, o de miembros de la familia, parientes o personas cercanas, tiene un impacto directo e inmediato en la vida de los ni-

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ños que podría ligarse con afectaciones psicológicas pos-teriores, como por ejemplo la depresión (Boyden y Mann, 2005. En Kamel), que para estos casos se relaciona con la pérdida de esas bases vinculares de seguridad.

Así mismo, separar al niño del cuidador primario es el acto que puede afectar de modo más dramático el desarrollo infantil al impactar la base emocional sobre la cual se cons-truye el apego y, por consiguiente, la calidad de las relaciones afectivas con los demás y con lo que lo rodea. La cercanía de los niños a la muerte se agrava si están presentes cuando ata-can a los adultos significativos para ellos (Machel, 1996).

Los datos obtenidos en los municipios en los que se realizaron las indagaciones de los Estudios de caso (capítu-lo 3) dan cuenta de que el conflicto armado ha generado rompimientos en las bases vinculares de algunos niños, a causa de la muerte violenta de familiares por acción de los grupos armados: «… porque allá en Becerril yo vi cuando mataron a mi papá, a mi tío y mi primo, ellos llegaron a la casa y los mataron; los acostaron en el piso y les dispara-ron. Nosotros con mi mamá nos pusimos a llorar y como pudimos inmediatamente nos fuimos de allá» (entrevista a un niño de doce años en Arauca).

La desintegración familiar que se produce como resul-tado de los desplazamientos a los que obliga el conflicto armado, conlleva además en algunos casos la pérdida por muerte de una o más personas significativas en su vida, lo que se agrava aún más por ser testigos presenciales de la manera en que las ejecuciones se llevan a cabo, lo que aca-rrea, sin duda, impactos de orden emocional y psicológico que tienen consecuencias en las condiciones del desarrollo infantil y, por tanto, se constituyen en una clara violación al derecho a una familia y a un sano desarrollo.

La adversidad de la guerra hace que la vida cotidiana del niño se vea afectada (D. Jacobs, en The Consultative Group on Early Childhood Care and Development, 1991). Esto implica para ellos enfrentar nuevos problemas que

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no necesariamente pueden resolver con las herramientas que han construido hasta el momento, un ambiente in-seguro e impredecible en cuanto a rutinas, normas y si-tuaciones que le producen incertidumbre, emociones di-versas y cambiantes, autoestima afectada e interacciones sociales y afectivas inestables.

Mientras más pequeños son los niños que tienen que re-fugiarse o desplazarse por el conflicto armado, mayores son las posibilidades de desorientarse, de perder gran parte de las cosas que les son familiares en sus entornos y relaciones cotidianos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] y Fundación Bernard van Leer [BVLF], 2007).

Si tal como lo afirman Lee y Van Keulen (2007, pp. 32 y ss.), los primeros años son el mejor momento para comenzar a fomentar y reforzar la identidad de los niños, así como para aumentar su conciencia positiva de las di-versidades, parece importante preguntarse lo siguiente: ¿sobre cuáles contenidos, significados e imágenes se es-tán constituyendo las identidades de aquellos que na-cen y deben crecer con la ausencia obligada de sus seres queridos, o los lazos afectivos rotos con sus parientes y personas más cercanas y significativas? ¿Cuáles serán las incidencias sobre la construcción de sujetos en aquellos niños a los que, por cuenta del conflicto armado, se les niega el derecho a la seguridad afectiva, al apego, a con-tar con las bases mínimas en la construcción de sujetos seguros y autónomos?

Las experiencias de la niñez víctima del conflicto arma-do que afectan sus emociones, pensamientos, comporta-mientos y capacidad de aprendizaje están asociadas a la forma en que los niños, como individuos, perciben, asu-men, asimilan, comprenden y reconstruyen tales eventos.

En la literatura aparece la categoría estrés postraumático o «trauma de guerra», para significar el impacto del con-flicto armado en las reacciones de los niños frente a él. Sin desconocer ni subestimar su trascendencia32, la categoría 32. El estrés de los niños como consecuencia del conflicto armado puede tener un am-

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se queda corta e induce a una conceptualización de niñez centrada en el diagnóstico y en el asunto médico, descono-ciendo los recursos con los que cuentan los niños: «Cen-trarse en patrones normativos de desarrollo algunas veces ha significado que, en la práctica, la resiliencia se conciba más como la ausencia de patología que como la presencia de agencia personal en los niños… en muchos estudios de niños afectados y desplazados por la guerra, la resiliencia es equivalente a la ausencia de trauma o desorden psiquiá-trico; la noción de que la recursividad propia de los niños pueda promover su salud mental es, en muchos casos, total-mente extraña» (Boyden et al., 2005. En Kamel).

Dicha concepción está más orientada por la idea de ni-ños como víctimas pasivas, dependientes y limitadas, que necesitan ayuda, cuya respuesta a eventos como la guerra sigue patrones uniformes33, y se opone a la perspectiva de derechos que los entiende como sujetos activos y supervi-vientes competentes (Bracken y Petty, 1998. En Kamel), ca-paces de relacionarse con los otros y de construir e impul-sar su propio desarrollo, otorgándoles características pe-culiares y distintivas a sus experiencias y vivencias. Como diría Vygotsky, el niño desde que nace es agente activo en su medio, comprometido con el mundo que lo rodea y partícipe de su propio desarrollo.

plio conjunto de síntomas: depresión, sentimiento de que no vale la pena vivir, soledad, signos de ansiedad, hiperactividad física y emocional, agresividad, dificultad para con-centrarse, dificultades con el sueño, dolores de estómago causados por mala alimenta-ción durante el conflicto pero también de origen psicosomático, cambios psicológicos, pérdida de apetito, hipersensibilidad al ruido, palpitaciones, pérdida de interés en el juego, en fin… En Amiro Diwan, Psychological, Social and Educational Effects of Iraqi Aggression on the Children of Kuwait. State of Kuwait, Social Development Office, De-partment of Research & Studies, 1993. En estas apreciaciones coincide Felicien Ntaki-yimana. Impacto del conflicto armado en niños, familias y comunidades. Chad, África, Unicef-Chad, 2004, y Alejandro Arbeláez Arango, Menores de edad y su participación en conflictos armados según el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estudio de caso Colombia. Colombia, Fundación Carita Feliz, s.f. Este último autor caracteriza los efec-tos del conflicto como psicológicos, en el desarrollo físico y en la socialización. 33. Las representaciones sociales que se vinculan a concepciones tradicionales de in-fancia, a una visión homogeneizadora y sin conflictos de la niñez, están fuertemente ancladas en la sociedad y sus actores. Cf. Unicef y BVLF, op. cit.

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En este orden de ideas, se requiere reconocer y legitimar que los niños tienen sus propios recursos y competencias, y éstos se constituyen en factores esenciales frente al riesgo y la resiliencia. Precisamente el impacto de la guerra puede ami-norarse con la presencia de al menos un adulto significativo o de apoyo (Ressler, Boothby y Steinbock, 1998; Werner y Smi-th, 1992. En Kamel) que los ayude a interpretar los procesos y a superar las experiencias difíciles por las que están pasan-do (Dawes, 1992. En Kamel). Estas adversidades repercutirán de modo distinto en los niños, dependiendo de su resistencia personal, su edad y sus circunstancias, al igual que de la dis-ponibilidad de fuentes más amplias de apoyo y de atención alternativa: «… es diferente para cada uno, pues depende de los determinantes históricos del sujeto, de sus fortalezas yoicas y defensas particulares, de la misma vulnerabilidad y terror frente al acto; de las mediaciones que pueda anteponer, de la significación de los acontecimientos, así como de la distancia física o emocional frente a los hechos» (Díaz, 2002, p. 68).

Aunque en ocasiones los adultos se vean disminuidos para proporcionarles los modelos de refuerzo que les ayu-den a resolver problemas, a motivarlos y a desarrollar otras habilidades (McCallin y Fozzard, 1991; Richman y Bowen, 1997. En Kamel), los niños no se quedan a la espera de la acción externa, acuden a sus propios recursos. Con todo, éstos resultan insuficientes ante el drama que entraña para ellos el conflicto armado, tal como lo asegura Engle (2007): «Las familias agobiadas pueden no contar con la informa-ción, el tiempo o el lugar adecuados para brindar las opor-tunidades de juegos estimulantes y aprendizaje necesarios para que sus hijos aprendan y se desarrollen. Las niñas pe-queñas pueden verse en particular desventaja respecto a las oportunidades de aprender y no disponer del tiempo para jugar que tienen los varones. Las situaciones de emergencia exponen a los niños a grandes riesgos adicionales, y por lo general quienes difícilmente pueden soportar una nueva amenaza son precisamente los que más sufren».

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En tal sentido, puede asegurarse que el desarrollo infantil desde una perspectiva de derechos requiere una díada in-separable: adultos que estén en capacidad de garantizar las condiciones de seguridad nutricional, física, afectiva y emo-cional, para que los niños tengan la posibilidad de desple-gar todas sus potencialidades, vivir como tales y proyectarse como adultos seguros y proactivos, y de niños a los que se les reconocen sus capacidades. Pero el ambiente que propicia el conflicto armado insiste en desconocer la trascendencia de esta relación, no sólo en la garantía y valoración de los dere-chos de los niños y sus familias, sino también en las implica-ciones que esto tiene para el desarrollo social y humano.

En este orden de ideas, Barudy y Dantagnan (2005) señalan la importancia de reconocer que todos los niños poseen ciertos recursos psicológicos para enfrentar con-diciones adversas o sucesos dolorosos, siempre y cuando se encuentren en un contexto de buen trato en el que los adultos significativos sean sensibles a las necesidades infan-tiles y les brinden apoyo afectivo y cuidado. De ahí la gra-vedad de la ruptura del vínculo con los padres por muerte o separación, ya que tal como lo cita Valdez (2007), en el sistema de interacciones que se establecen entre adultos y niños se generan estilos de apego que se desarrollan en los primeros años de vida y que van configurando patrones internos en los que se integran tanto creencias acerca de sí mismo y de los demás, como juicios que influyen en la formación y el mantenimiento de las dinámicas relaciona-les durante toda la vida del individuo.

En consecuencia, el impacto emocional de los eventos vividos dependerá, por lo menos en parte, de la capaci-dad de los adultos por restaurar el contexto vital que se ha roto, así como también de las oportunidades brindadas a los niños para expresar sus sentimientos y recuperar la seguridad en sus propias capacidades.

Garantizar los derechos demanda, para la primera infan-cia, adultos capaces de reconocer que los niños no son ajenos

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a las vivencias y fenómenos violentos sino que dichos eventos pueden marcar de una manera definitiva su vida en el plano emocional, afectivo, de su desarrollo físico y cognitivo, que vulneran y violan en forma importante todos sus derechos fundamentales en cuanto hacen que difícilmente se cons-truyan relaciones de confianza con el otro, generan odio y rencores que buscarán venganzas, lo que perpetúa el ciclo de la violencia, puesto que se requerirán muchos más esfuerzos sociales, culturales, políticos y económicos para cambiar.

Lo anterior implica, además, que no sólo las familias, sino también el Estado y la sociedad, reconozcan su responsabi-lidad en el restablecimiento de los derechos vulnerados du-rante la primera infancia por efecto del conflicto armado, y la importancia de implementar estrategias integrales que atiendan y consideren relevantes estos aspectos.

En numerosos casos, los efectos de los conflictos arma-dos en la vida de los niños son invisibles. El origen de los problemas de muchos afectados por los conflictos perma-nece oculto. Quizá vivan apartados del público, en institu-ciones o, como sucede en el caso de algunos de ellos, que están solos y han quedado huérfanos, tienen una mayor probabilidad de convertirse en habitantes de la calle o ser víctimas del abuso o la explotación sexual.

Los niños que han perdido a sus padres suelen experi-mentar humillaciones, rechazo y discriminación. Durante años sufren en silencio y su autoestima se desintegra. Su inseguridad y temor son infinitos (Machel, 1996).

Se considera que los hechos violentos del conflicto ar-mado les dejan a los niños, desde muy pequeños34, un su-frimiento particularmente serio y prolongado (Dubrow y Garbarino, 1989. En H. Kamel), atribuido sobre todo

34. Según Connolly (1999), citado por Hania Kamel, op. cit., niños entre tres y seis años ya han empezado a discriminar grupos sociales y a formar estereotipos. La investiga-ción realizada en Irlanda del Norte muestra cómo niños de estas edades diferencian los dos principales grupos en pugna —católicos y protestantes— y asumen una actitud positiva o negativa frente a ellos. Aunque las conclusiones necesitan más investigación cualitativa y con profundidad, parece razonable asumir que la niñez temprana puede verse muy afectada en situaciones críticas de conflicto entre ellos.

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a la pérdida o debilitamiento de los sistemas básicos de protección que caracterizan la resiliencia (Flores, 1999. En H. Kamel), tornándolos más vulnerables a los riesgos del conflicto armado35.

Por otra parte, las condiciones para la construcción de niños como sujetos sociales pueden verse afectadas de distintos modos. González Rey afirma que la subjetividad política es «una producción de sentidos que abre espacios singulares, dentro de contradicciones con otros espacios», la cual empieza con la organización de intercambios sim-bólicos, muchos de ellos preverbales, que «se va instalan-do como un sistema que va creciendo en complejidad y en forma de organización, y que acompañará todo el desa-rrollo de la vida del hombre».

Si esto es así, entonces el conflicto armado abre un pa-norama preocupante frente a los impactos que tiene para una sociedad la construcción de subjetividades mediadas por la guerra, donde el conjunto de sentidos socioculturales está altamente afectado en relación con el valor de la vida, el respeto a los derechos y las maneras en que se constitu-yen y legitiman la defensa de las diferencias y los modos de convivencia social, por mencionar tan sólo algunos. En tal sentido, sería primordial realizar estudios que permitieran ampliar los conocimientos en torno al tema.

En algunos momentos, para los niños y para sus fami-lias, la violencia es una experiencia cotidiana que consti-tuye una forma «natural» de ser de la realidad o «un deber ser» (Bello, 2002). Un hombre o una mujer, armado, no sólo infunde miedo, respeto y admiración, sino que se ve como una figura de poder. El poder del arma, de la autori-dad, del uniforme, de la guerra, en general, se convierte en un objetivo, en un espacio de reconocimiento, cuando no de venganza por haber sufrido la desaparición o muerte de un miembro de la familia (Ruiz, 2002).

35. La investigación sobre resiliencia señala que uno de los hallazgos más ampliamente compartidos acerca de sus predictores es la presencia de las figuras paternas (Masten & Coatsworth, 1998; Rutter, 1987; Sameroff et al., 1993; y Werner, 1990, en Hania Kamel, op. cit.

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Como en general los actores del conflicto imponen su ley en las zonas (como jueces, verdugos, constructores de la ética pública, decisores de la vida de las personas y las dinámicas de relación), este poder, otorgado por las ar-mas, los convierte en símbolo de moralización, un valor importante por alcanzar (Ibid.).

Así mismo, puede suceder también que los niños desde la primera infancia, en forma natural, se vinculen al con-flicto a través de los mismos miembros del grupo armado que entran en contacto con ellos en cuanto circulan per-manentemente por la zona de habitación de los menores o porque en el interior de las organizaciones armadas cuen-tan con familiares o amigos (Springer, s.f.).

Así las cosas, su escenario de socialización está permeado por los valores, las prácticas, las imágenes y las representa-ciones propias del conflicto armado, que pueden naturali-zar en el niño una concepción de mundo influenciada por la violencia, las armas, el odio y demás sentimientos y expe-riencias que el conflicto trae consigo. Para Natalia Springer, «(los actores del conflicto) no son percibidos como fuerzas oscuras y periféricas, que amenazan el orden y la conviven-cia de la comunidad, sino como fuerzas que forman parte de un orden social, organizaciones familiares, habituales in-tegrantes de la cotidianidad» (Ibid., p. 12).

De este modo lo expone también la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Ar-mado en Colombia: «… para los niños, se recrea un pa-norama confuso, que refuerza la noción de autoridad no a partir de los valores y principios de las familias, sino desde la promoción de las lógicas propias de la guerra: la domi-nación, el patriarcalismo, el control autoritario y violento, la exclusión, la imposición y la alienación. Esto se expre-sa en límites a sus capacidades críticas y reflexivas, y a la posibilidad discrecional de los niños de decidir sobre su vida. Además, refuerza las creencias que privilegian el uso de la fuerza sobre la palabra y alejan las posibilidades de

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dirimir las diferencias a través de la negociación…» (Coa-lición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, 2005, p. 36).

Un indicio de lo anterior se puede deducir de lo referi-do en la entrevista hecha en el capítulo 3 de los Estudios de caso a un niño en Arauca: «Esta vaina no se queda así. Aquí en el hogar me han dicho los psicólogos que olvide lo que ha pasado, que deje las cosas así y me ponga a es-tudiar y luego a trabajar, pero eso no se queda así, cuando yo tenga la posibilidad me voy a vengar; por más ética y religión que a mí me den aquí en el colegio, yo me vengo de todo lo que hicieron; es que dos desplazamientos, la muerte de mi papá, de mi tío, no, eso no se queda así».

Al mismo tiempo, el ambiente de socialización en que crecen los niños vinculados al conflicto armado es autori-tario, les coarta la libertad de expresión y de pensamiento, de manera tal que la obediencia y el miedo se ven como «normales», los niños se adaptan a ellos, y se refuerzan las expresiones de indolencia e insensibilidad ante el su-frimiento (Bello, 2002).

Identidades de niños nutridas desde estos patrones nie-gan la apertura al reconocimiento y valoración por la di-ferencia en el sentido en que lo expresa Guerrero (1999, p. 92), en tanto que ésta no es sólo un ejercicio de tolerancia ante los demás, implica transformaciones de los sujetos al ponerse en la piel de los otros, descentrarse y enriquecerse con las cosmovisiones de otros. En este orden de ideas, son niños que van instaurando imaginarios de autoridad en los que se invisibiliza al otro en su condición humana, donde la diversidad, la pluralidad y la diferencia no tienen lugar.

En el proceso de desplazamiento forzado que acarrea el conflicto armado, los niños perciben también el miedo de sus familiares y amigos y lo convierten en propio. Su vida cotidiana (juego, trabajo, sueño) es interrumpida por accio-nes violentas y este miedo, que puede traducirse en pánico y horror, por la crueldad y la barbarie de los actos violentos,

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moldea formas particulares de relación y de expresión que coarta las posibilidades de desarrollo. Según Bello, los niños desplazados «deshacen su mundo» y generan sentimientos de indefensión, impotencia, intensa rabia, dolor y deseos de venganza por los agravios y pérdidas (Ibid.).

Mientras dure el conflicto armado —cuanto más prolon-gado sea, los efectos sobre la infancia son más adversos—, los niños están expuestos a relaciones caracterizadas por el odio, la venganza, la incomprensión y la solución armada, eventos que al mediar las relaciones pueden contribuir a construir representaciones de éstas basadas en principios alejados de la convivencia, del reconocimiento de la dife-rencia, de la construcción de acuerdos y del respeto a la vida humana como creencia fundamental. En esta medida, la visión del mundo que adquieren y tienen que encarar los niños en medio del conflicto armado, se ve afectada.

En consecuencia, los símbolos y expresiones propios de los hechos de violencia que se presentan en medio del conflicto armado se reflejan en el lenguaje, los juegos, la forma de relación y de conocer el mundo de los niños. Lee y Van Keulen (2007, p. 32) sostienen que en los primeros años los niños están aprendiendo acerca del mundo que los rodea y que por ello hay que brindarles experiencias para apoyar la construcción de sus identidades, en las que incorporen el reconocimiento de esa diversidad que en-cuentran en su familia, en sus iguales, en sus libros y en todos aquellos medios con los que juegan y se relacionan.

En virtud de que el juego es una acción connatural en la primera infancia, y dada su condición vehiculizadora en la construcción simbólica del mundo y la apropiación de la cultura, es posible inferir que las representaciones que los niños constituyen en escenarios de guerra y de vio-lencia podrían fomentar las bases para la perpetuación de éstas, en tanto que «el juego no sólo les permite a los niños participar en comunidades existentes, sino que los invita a participar en lo imaginario, en lo posible e incluso en lo

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imposible. Con esta lente podemos observar el juego, po-demos ver a los niños crear imaginativamente un mundo basado en sus experiencias previas y combinadas, que ellos mismos pueden dirigir y a las cuales también pertenecen» (IPPA, Organización de la Primera Infancia, 2007).

El conflicto armado genera afectaciones en el desarrollo social de la infancia, ya que aparte de las pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales y culturales que deja la guerra, se presentan nuevas situaciones que producen con-secuencias particulares relacionadas con un mayor riesgo a la vinculación en las dinámicas propias del conflicto ar-mado (Ruiz, 2002), la fragmentación de la comunidad y la pérdida de vínculos de identidad y pertenencia con el terri-torio de quienes tienen que desplazarse y desarraigarse de los valores culturales que les servían de referencia.

Finalmente, el desarrollo moral del ser humano des-cansa sobre las experiencias en la primera infancia, y tal vez a causa de la dificultad para crecer en medio del apo-yo de redes sociales y más bien hacerlo en condiciones de inestabilidad familiar y emocional, el conflicto armado tiene un efecto notable en la interiorización de reglas y modos sociales, así como en la percepción de sus debe-res y obligaciones para con los demás (Springer, 2007). En esta medida la forma como los niños se socializan en las instituciones de la sociedad encuentra vacíos y espacios de flexibilidad frente al bien y el mal, lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, y este aprendizaje ambiguo de lo que está bien afecta negativamente su desarrollo moral. Así, se reconoce «… un traspaso de autoridad, personificada an-teriormente en los mayores —como personas que repre-sentaban el saber tradicional—, hacia los actores armados que hacen uso del poder físico y militar en la zona» (Bello, 2007, p. 196).

Adicionalmente, en el caso de los niños reclutados por los grupos armados o de aquellos utilizados para labores asociadas al conflicto la situación se agrava, pues les su-

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prime la posibilidad de ser niños y los enfrenta en forma rápida a valores del mundo adulto sobre los cuales aún no pueden discernir con la claridad necesaria.

Quizá por esto los niños reclutados por los grupos en conflicto ven afectada su inserción posterior a la vida civil al experimentar, como parte activa del conflicto armado, pro-cesos de socialización en estructuras estrictamente jerárqui-cas y al servicio de un comando militar, caracterizadas por un orden cotidiano distinto del instituido por la sociedad y el Estado, y con el afrontamiento de situaciones con un alto contenido de violencia y muerte, que ponen en conflicto sus referentes de solidaridad, convivencia y sentido de vida, por mencionar tan sólo algunos aspectos.

Igualmente, esta pertenencia les puede acarrear sufri-mientos a partir de los conflictos morales que lleva con-sigo caer en cuenta de la gravedad de las acciones como combatientes. De modo complementario, algunos niños con posición de responsabilidad en las fuerzas de combate tienen dificultad para adaptarse a la vida civil y regresar a los roles tradicionales asignados a la niñez (Save the Chil-dren Suecia, 2004).

Todo lo anterior permite respaldar las reflexiones plan-teadas por Cussiánovich y Márquez (2002), en relación con que «la historia de la infancia no registra con sufi-ciente relevancia la participación protagónica de los niños en los diversos espacios de la vida cotidiana de la socie-dad (…) el ejercicio del protagonismo, de la participación activa del niño, constituye una ocasión significativa en el desarrollo de su identidad personal y social; su participa-ción protagónica le ofrece la posibilidad de ser y de ser reconocido como tal, vale decir, como persona humana y sujeto social. Lo que está en juego es reconocerse y ser reconocidos como actores sociales…».

Los niños que viven en medio del conflicto armado, o se han visto afectados por él, adolecen de una doble nega-ción: ser reconocidos como sujetos activos y partícipes en

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la construcción de sociedad y no poder ejercer el derecho a participar y tomar parte en los asuntos que afectan su vida. Están invisibilizados, acallados, excluidos como ciu-dadanos y ciudadanas.

En este mismo sentido, Dalhberg, Moss y Pence asegu-ran que «los niños se deben concebir y reconocer como miembros de una sociedad, lo que significa que son ciuda-danos, con los derechos correspondientes y, en la medida en que son capaces de asumirlas, con las responsabilidades también correspondientes».

Una sociedad que convive con el conflicto armado es una sociedad que les impide a los niños que la viven de cerca la libre construcción de sujetos políticos dentro del marco de los derechos humanos, en tanto que les restringe las oportunidades para el desarrollo de habilidades, capa-cidades y condiciones para la toma crítica y autónoma de decisiones en los asuntos relacionados con su vida; afec-ta el proceso de valoración de las diferencias y el tratar-las desde un recurso distinto de la guerra y la violencia; imposibilita el desarrollo del sentido de pertenencia que se necesita para saberse ciudadano, que significa sentirse parte de, responsable de, comprometido con un espacio y un territorio en condiciones de equidad y justicia.

Los niños expuestos a configurar mundos de sentido en los que sus intereses no valen no cuentan, ni siquiera son escuchados. Tal como lo afirma Cussiánovich (s.f., p. 11): «Con una identidad personal y social débil, sin conciencia de responsabilidad ni espíritu solidario, ¿de qué protago-nismo, de qué participación se puede hablar? ¿Qué res-puesta a la exclusión podemos esperar desde los exclui-dos? Asistimos entonces a una expansión de lo que cientí-ficos sociales latinoamericanos llamaron una dualización de la sociedad, un proceso de disociación entre el sistema y el actor, entre el universo instrumental y el universo sim-bólico, entre economía y cultura; estamos en un proceso contradictorio de implicancias considerables para repen-

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sar infancia y protagonismo, participación y ciudadanía, democracia y participación infantil».

En suma, se está de acuerdo con lo planteado por Pólit (2007, s.p.) cuando sostiene que «Los niños y los adoles-centes son ciudadanos, y tienen todas las características, las capacidades y las habilidades para ejercer esa ciudadanía con competencia. Para que ese ejercicio sea pleno, efectivo y placentero se necesita que, en el contexto en el que viven, se den las condiciones sociales y las formas de relación de reconocimiento, de respeto y de apoyo para que esas ca-racterísticas, capacidades y habilidades se manifiesten, se desarrollen y se fortalezcan. Es decir, se requiere un con-texto social en el que impere el buen trato».

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Desplazamiento de Bojayá y de Vigía del Fuerte, 2002.

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Capítulo 3

APROXIMACIÓN A LOS IMPACTOS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA PRIMERA INFANCIA EN TRES TERRITORIOS COLOMBIANOS: PUTUMAYO, MAGDALENA MEDIO Y ARAUCA

Paula Andrea IlaAriel Ávila MartínezAngélica Arias OrtizPaola Núñez GantivaMaylor Caicedo Fraide

En el presente capítulo se analizan las dinámicas actuales del conflicto armado en tres territorios de Colombia: Arauca, Magdalena Medio y Putumayo, con el fin de señalar algunos problemas relacionados con la vivencia cotidiana de esta rea-lidad por parte de los niños, e identificar así algunas caracte-rísticas de sus impactos en la primera infancia (desde 0 hasta 6 años de edad). El propósito del texto radica en comprender los escenarios a través de los tipos de control territorial y el modus operandi de los diversos actores armados en relación con los actores sociales e institucionales. Se identificará la ló-gica de afectación a la población civil como marco para vi-sualizar cómo las situaciones de conflicto tienen consecuen-cia en la vida, el desarrollo, la educación, la participación y la protección de la primera infancia, toda vez que en los análisis del conflicto estas poblaciones han quedado invisibilizadas1.

1. Hay que señalar que la construcción social de la primera infancia y, por ende, la pre-ocupación social e institucional por su cuidado constituyen un tema bastante reciente; por ello, a nivel estadístico, es precaria la información que puede recolectarse sobre este sector de la población.

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Desde el Enfoque de Atención y Educación a la Primera In-fancia (Aepi), cuyo objeto es «prestar apoyo a la supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje del niño, lo cual com-prende ocuparse de su salud, nutrición e higiene, así como de su desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo, desde su naci-miento hasta su ingreso en la escuela primaria, en contextos formales, no formales e informales»2, se analizará la realización de derechos tales como la vida y la supervivencia, la educación y el desarrollo, la participación y la protección a partir de la caracterización de los contextos donde los niños viven.

Las condiciones de vida, los vínculos tempranos, el ambiente en que el niño se desarrolla son productores de su subjetividad e impactan también en su crecimiento. Si estos elementos quedan afuera de una propuesta educativa de atención temprana no estamos atendiendo al niño desde una concepción integral. Entendemos entonces que una propuesta de calidad debe incluir a la familia y su comunidad. El cuer-po, los afectos, lo cognitivo, la familia, la cultura, la integración a la comunidad, la alimentación, la salud, son algunas de las dimensiones ineludibles para pensar la educación en la primera infancia3.

La comprensión de la complejidad del conflicto armado colombiano a partir de tres casos específicos y sus impactos en la primera infancia, la cual constituye una etapa de vida fundamental donde los cuidados recibidos desde la concep-ción son trascendentales, podrá contribuir a visibilizar qué necesidades son urgentes en los territorios para facilitar la de-finición y el impulso de políticas públicas que atiendan estos problemas en forma eficiente, según la particularidad de los contextos locales.

Esto implica hacer una lectura cuidadosa de tales contextos, para diferenciar los efectos provenientes del impacto directo del conflicto armado, de aquellos que se deben a situaciones de pobreza y relegamiento histórico propias de algunas regio-nes del país, donde la presencia estatal no ha podido generar las condiciones para el acceso a derechos sociales, económicos

2. «Atención a la primera infancia: ¿cómo estamos?», en Nuevo enfoque de la atención y educación infantil, 2008, p.12.3. Curbelo y Da Silva (2007). Citado en «Atención a la primera infancia: ¿cómo esta-mos?», en Nuevo enfoque de la atención y educación infantil, 2008, p.17.

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y culturales en el marco de la construcción de un Estado social de derecho. Si bien esta diferenciación no es fácil de realizar en los hechos conocidos, en virtud de que el conflicto armado interno agrava sobremanera las condiciones de vida preca-rias e incrementa el empobrecimiento, es importante partir de esta pregunta al analizar los datos y considerar próximos estudios que ofrezcan más elementos de juicio.

Los casos seleccionados para el estudio: Arauca, Magda-lena Medio y Putumayo, están ubicados geográficamente en puntos diferentes de Colombia (mapa 1). Sin embargo, com-parten similitudes en sí mismos y con otras regiones del país, a la vez que tienen diferencias en la historia y en el compor-tamiento de los actores armados4 que influyen en cada uno de estos territorios.

Mapa 1Ubicación geográfica de los tres departamentos del estudio

4. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se consideran actores armados a las partes en conflicto, lo cual incluye tanto a las fuerzas armadas regulares (legales) como a las irregulares, es decir, los grupos armados al margen de la ley.

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Aunque la población menor de seis años en estas zonas de Colombia no es la más alta del país, sí lo es su porcen-taje (cuadro 1), lo cual implica que los impactos del con-flicto armado afecten a más número de niños.

Cuadro 1Población de 0-6 años de los territorios en los que se desarrolló el trabajo de campo en relación con la población total

Población totalPoblación de 0-6 años %

Nacional 41.468.384 5.843.528 14

Departamental

Arauca 153.028 24.713 16

Bolívar 1.836.640 290.985 16

Putumayo 237.197 43.410 18

Santander 1.913.444 246.065 13

Municipal

Arauca

Arauca 68.222 11.592 17

Saravena 35.279 5.415 15

Tame 23.557 2.644 11

Bolívar

Santa Rosa 18.365 3.334 18

San Pablo 27.108 5.406 20

Simití 18.139 3.665 20

Putumayo

Mocoa 36.185 5.883 16

Puerto Asís 45.745 8.356 18

Puerto Caicedo 10.581 1.829 17

Valle del Guamuez 32.958 6.221 19

Santander

Barrancabermeja 187.311 24.950 13

Fuente: Censo 2005 - Dane.

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En la actualidad se podría entender a Arauca y Putu-mayo como territorios en disputa, que además compar-ten similitudes como constituir zonas de captación de recursos (cultivos ilícitos y petróleo), aptas para opera-ciones armadas debido a su carácter periférico5 y con ac-tores armados de comportamientos disímiles y con anti-gua presencia. A pesar de su carácter de territorios en con-tinua disputa, hay que reconocer que presentan situaciones generalizables a otros contextos de conflicto en Colombia, aun cuando con particularidades. En ambos departamentos se consolidan cuatro situaciones importantes: 1) el despla-zamiento en todas sus formas (de expulsión, de recepción, interveredal y intermunicipal); 2) interés en los recursos eco-nómicos por parte de los grupos armados ilegales; 3) cons-tantes acciones bélicas y violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y 4) fumigaciones y erradicación manual de cultivos ilícitos que conllevan situaciones de crisis alimentaria.

Sin embargo, los actores armados que tienen presen-cia en cada departamento actúan de modo diferente. En Arauca, el territorio se configura en medio de la dispu-ta de cuatro actores armados: las Farc, el ELN, «bandas emergentes»6 (en cascos urbanos) y la fuerza pública; mientras que en Putumayo sobresalen la fuerza pública, las Farc y algunas «bandas emergentes». En las zonas del Magdalena Medio se debe considerar el proceso histórico de pacificación de la región7: si bien en la década de los noventa coexistían Farc y ELN, con el ingreso de los pa-

5. Las zonas en cuestión involucran grandes extensiones rurales alejadas de los cascos urbanos que resultan propicias para el desarrollo de acciones bélicas.6. En las diversas regiones focalizadas las «bandas emergentes» representan reductos paramilitares no desmovilizados, rearmados o nuevos grupos aliados del narcotráfico. Dicha clasificación, debido a la formación o reagrupación reciente de estos grupos, debe analizarse de acuerdo con las especificidades de los territorios, por lo cual no debe entenderse como una categoría que alude a características homogéneas aplicables a distintos grupos así denominados en los tres territorios focalizados.7. Se entiende el término «pacificación» como la fase posterior a un conflicto entre varios actores armados, uno de los cuales logra imponerse sobre los demás luego de la desmovilización o triunfo armado; en el inicio de esta etapa se observan los más altos índices de violencia, desplazamiento, masacres y hostilidad frente a la población civil.

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ramilitares entre 1998 y 2002 se estableció un solo actor hegemónico: las AUC. Luego de la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2002 y 2005, la fuerza pública consolidó su accionar y se convirtió en el actor armado con presencia más significativa en la zona. De este modo, el Magdalena Medio santandereano se considera una re-gión pacificada, pues ha habido una reducción sustancial en los índices del conflicto armado, así como en el nivel de presencia de actores armados. No obstante, las actividades ilícitas por parte de algunos grupos armados al margen de la ley no han cesado, y por eso aún sacan provecho de las actividades económicas como el préstamo «gota a gota»8, el manejo de casas de empeño y actividades abiertamente ilícitas, como el cartel de la gasolina9 y el narcotráfico, las cuales contribuyen al fortalecimiento de sus estructuras.

Esta compleja dinámica del conflicto armado, de acuer-do con la diversidad de los territorios y de los actores arma-dos, ocasiona graves impactos en la población civil, vulne-rando el principio de inmunidad, que a nivel internacional comprende a las personas protegidas por el DIH, para que en los conflictos armados internos no sean involucrados en los combates ni se vulneren sus derechos. Para entender las afectaciones que particularmente produce dicho conflicto en la primera infancia, se hace necesario enmarcarlas en una valoración y reconocimiento de los daños individuales y colectivos ocasionados por los diferentes actores armados sobre la población civil, en general en materia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, tales como homicidios, asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento

8. El préstamo «gota a gota», conocido en algunos municipios de Colombia como «el pagadiario», es una modalidad crediticia informal a través de la cual personas de bajos recursos, que difícilmente pueden acceder al sistema bancario, obtienen préstamos a cambio del pago diario de cuotas de dinero muy bajas. Esta modalidad mantiene un carácter medio confidencial por los riesgos que implica para prestamistas y prestata-rios, pero constituye la única opción de algunas personas que encuentran en este tipo de préstamos la forma más fácil de fiar y más cómoda de pagar.9. El cartel de la gasolina se refiere a la actividad ilícita de la venta ilegal de gasolina proveniente del robo de dicho combustible, realizado preferentemente a través de la rotura de poliductos.

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forzado, desaparición forzada, actos de violencia sexual, di-versos constreñimientos de la población, entre otros.

A nivel general, los impactos del conflicto en la población civil implican un conjunto de vulneraciones que muchas veces tienen el efecto de un castillo de naipes sobre la vida familiar, material, social, y la estabilidad emocional de las personas que los sufren. Al respecto, sólo para ejemplificar la complejidad de este tipo de impacto, es útil citar las afectaciones provocadas por el desplazamiento forzado interno, puesto que es un delito que afecta a un número enorme de ciudadanos y ciudadanas, dada la magnitud del fenómeno colombiano en comparación con lo que ocurre en otros países en guerra.

Afectaciones directas provocadas a las personas y sus familias por el desplazamiento forzado interno (DFI)10:

• Pérdida de vivienda habitable: ubicación en zonas de alto riesgo, hacinamiento, habitación en ambientes insalubres (mayor frecuencia de contagio de enferme-dades).• Reducción del acceso a atención en salud: mayor fre-cuencia de contagio de enfermedades.• Reducción del acceso al sistema educativo: disconti-nuidad en la educación, reducción del acceso a la edu-cación superior.• Pérdida del control o posesión sobre propiedades y capitales (patrimonio, ahorros, créditos vigentes): pérdida de ingreso mínimo o empleo (que se relaciona con alimentación inadecuada y situaciones de desnutri-ción crónica), pérdida de acceso al crédito formal.• Exclusión del escenario vital (desarraigo): pérdida de capacidades efectivas para la inserción social y labo-ral, dispersión del núcleo familiar, restricción de la libre circulación y residencia, pérdida de recursos diferentes de capital monetario.

10. Tomado de Miguel Serrano López (ed.), Evaluando el impacto de intervenciones so-bre el desplazamiento forzado interno. Hacia la construcción de un Índice de Realización de Derechos, Bogotá, PCS, 2007, p. 31.

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• Frecuente pérdida de documentos de identidad (per-sonalidad jurídica): disminución de opciones de parti-cipación democrática, reducción del acceso al sistema judicial, detención arbitraria, merma de opciones de inserción laboral formal.• Daños psicológicos y emocionales: incertidumbre, desespero, postración, daños psicológicos permanen-tes, factores que se relacionan con el aumento en la vio-lencia intrafamiliar.

Se entienden estos conjuntos de afectaciones relacionados unos con otros, potenciando los efectos negativos sobre las condiciones de vida de las personas y las familias sometidas a eventos de desplazamiento forzado interno, frente a los cua-les difícilmente se logra el restablecimiento de los derechos, a causa de la repetición de dichos eventos. Si toda la diversidad de afectaciones es gravísima para las personas y las familias, hay que tener en cuenta además que este crimen de guerra ha ocurrido en una alta proporción acompañado de otros delitos atroces, tales como el haber presenciado el homicidio de los familiares, la desaparición forzada de los familiares, e incluso actos de violencia sexual contra las víctimas.

Los hechos de violencia ocurridos en el marco del con-flicto armado producen desarticulación de las estructuras familiares en las que viven los niños y las niñas. Así mis-mo, las relaciones comunitarias y el propio entorno sufren cambios drásticos. En este contexto han vivido generacio-nes enteras de niños y niñas colombianos.

Respecto del desplazamiento forzado, que en el país afec-ta a cerca de tres millones de personas11, los niños y niñas sufren pérdidas materiales que agravan las falencias e inesta-bilidad en la satisfacción de sus necesidades básicas. A nivel emocional, deben afrontar duelos por la pérdida de algún 11. Según el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), Acción Social reconoce que existen 2.615.100 de personas desplazadas al 31 de julio de 2008. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en su consolidado 1995-2007, indica que a diciembre de 2007 había 4.247.000 colombianos desplazados. Acnur reconoció en abril de 2008 la existencia de tres millones de desplazados en Colombia.

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integrante de su familia, la separación de los amigos con los que había convivido e incluso el cambio de ambiente y contexto de vida, que los despoja de los referentes vitales y de los hábitos de crianza y cuidado social y culturalmente construidos. Por otra parte, los niños están expuestos a la siembra de cultivos de usos ilícitos y otras actividades de captación de recursos12, lo cual los lleva a vincularse desde una temprana edad al conocimiento y práctica de activida-des ligadas al negocio del narcotráfico13.

Sobre la vulnerabilidad de los niños y niñas desplazados en Colombia y la violación grave y sistemática de sus derechos fundamentales, la Corte Constitucional expidió el auto 251 de 6 de octubre de 2008, en el que se pronuncia sobre la situación constitucionalmente inadmisible y apremiante de los niños y adolescentes desplazados por el conflicto armado en el país.

Las acciones bélicas obligan a estos menores de edad a crecer en un ambiente de terror, inseguridad y desconfian-za: muchas veces niños y niñas viven y estudian en esce-narios de combates, campos minados, cerca de polígonos y otros lugares de entrenamiento militar. Es preocupante que la niñez crezca con los actores de la guerra, tal como acontece en las zonas visitadas de Putumayo y Arauca, donde los polígonos de entrenamiento y las bases milita-res están ubicados al lado de los escasos lugares de recrea-ción e incluso próximos a instituciones educativas.

Además, los programas de fumigación de cultivos ilícitos terminan sometiendo a los niños, las niñas y sus familias a escenarios de hambre y enfermedad porque al eliminar los cultivos de coca, también acaban con sus cultivos de panco-ger14, situación que puede conllevar niveles de desnutrición en estas zonas rurales.

12. En el caso del Magdalena Medio, la venta ilegal de gasolina. 13. Es el caso de niños de algunas zonas de municipios del Putumayo visitados, quienes ayudan desde pequeños a sus familias en el cultivo y procesamiento de la coca. 14. Cultivo de pancoger: cultivo con un período vegetativo inferior a un año; generalmente se establece como fuente de alimentación de las familias campesinas (yuca, plátano, arroz, ñame, maíz, hortalizas, cacao, etc.). Tomado de http://www.corpocaldas.gov.co.

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En este marco, las formas como esta situación afecta a la primera infancia (niños y niñas menores de seis años) se conocen de manera difusa y sin registros estadísticos exhaustivos que den cuenta de la dimensión de la proble-mática.

En el trabajo de campo se procedió a partir de las si-guientes consideraciones metodológicas. En primer lugar, se diseñaron los instrumentos de recolección de informa-ción con base en el enfoque de derechos, abordando va-riables específicas relacionadas con el conflicto armado. Se elaboraron entrevistas estructuradas, dirigidas a ser-vidores públicos y población local, que en la aplicación debieron adecuarse a las circunstancias y particularidades del contexto local.

Para la selección de los territorios, focalizados en los departamentos de Arauca, Putumayo, Bolívar y Santander (región del Magdalena Medio), se tuvo como criterio que fueran representativos de zonas de alto impacto del con-flicto armado en los últimos cinco años, es decir, con alto número de acciones violentas y que evidencien la con-fluencia de los distintos actores armados (guerrillas, gru-pos emergentes y fuerza pública). Existen otros territorios que comparten las características mencionadas, pero a efectos de delimitar el objeto de investigación se seleccio-naron estos tres casos, los cuales permitieron identificar aspectos para el análisis de la problemática de la primera infancia en contextos de conflicto armado15.

El trabajo de campo se basó en una caracterización previa de los territorios para comprender los escenarios y entablar los contactos pertinentes antes de las visitas. Pos-teriormente, se efectuaron las visitas en los municipios de Tame y Saravena en Arauca; Simití, San Pablo, Santa Rosa y Barrancabermeja en la región del Magdalena Medio, y por último, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez

15. En el anexo I se encuentran cifras poblacionales relativas a los municipios en los que se centró el trabajo de campo, que permiten correlacionar el total de la población con la población entre cero y seis años.

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en Putumayo. En cada uno de ellos se llevaron a cabo en-trevistas a servidores públicos de diversas instituciones: al-caldías municipales, personerías, Acción Social, Unidad de Atención y Orientación (UAO), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), instituciones educativas, comi-sarías de familia, policía nacional. Así mismo, se entrevistó a miembros de organizaciones sociales, comunitarias, cam-pesinas y de la Pastoral de Primera Infancia.

Vale la pena aclarar que las condiciones de persisten-cia de la dinámica del conflicto armado en los territorios focalizados impusieron ciertas limitaciones, que llevaron al equipo de investigadores en terreno a realizar modifica-ciones en los instrumentos de recolección de información, de acuerdo con el perfil de los entrevistados.

Precisamente por razones de la vigencia del conflicto armado en las tres regiones mencionadas, al citar los tes-timonios en el presente texto se omitirá la identificación real de las personas entrevistadas, para no poner en riesgo su seguridad en la zona.

3.1. Putumayo: la niñez en medio de los combates y las fumigaciones

Para dar cuenta de las características y las afectaciones del conflicto armado que repercuten en la primera infancia en el departamento de Putumayo, se analizarán en primer lugar algunos aspectos históricos que explican la dinámica del conflicto en la región, y en segundo término, las espe-cificidades de su ubicación geográfica. En este análisis se abordan preguntas tales como ¿cuál es la importancia de este territorio? ¿Qué interés ha tenido este punto del país para los actores armados? ¿Cómo ha sido la presencia del Estado allí y cómo el contexto de conflicto en zonas de este departamento impacta en los derechos de los niños y las niñas?

Así mismo, se expondrán algunas circunstancias que se presentan en la actualidad y que se evidenciaron

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durante la investigación de campo, que demuestran la complejidad que aún atraviesa Putumayo en razón de la persistencia del conflicto armado y los perjuicios que causa a la población civil, en especial a la primera in-fancia.

El departamento del Putumayo se encuentra al sur del país, y una de sus condiciones más importantes es ser zona fronteriza con los países de Ecuador y Perú. Igualmente, en sus alrededores se localizan tres departamentos, con-siderados territorios estratégicos y funcionales para el desarrollo del narcotráfico y de los actores armados en el conflicto colombiano: Nariño, Cauca (la bota caucana, específicamente) y Caquetá. Cuenta con tres ríos sobresa-lientes y de vital importancia para el desarrollo de diferen-tes dinámicas: en frontera con Ecuador, el río San Miguel; en frontera con Ecuador y Perú, el río Putumayo, y en el interior del departamento, el río Guamuez. Posee una inmensa extensión de tierra y selva, factor indispensable para desarrollar los cultivos de coca y para proporcionar a los diferentes actores un territorio alejado de los epicen-tros y de la acción estatal.

El Putumayo se ha dividido en tres subregiones: el alto Putumayo, compuesto por los municipios de Sibundoy, Colón, Santiago y San Francisco, subregión que ha podi-do sortear un poco mejor las dificultades del conflicto; el medio Putumayo, en el que se inscriben los munici-pios de Puerto Guzmán, Villagarzón y la capital, Mocoa; y el bajo Putumayo, una de las subregiones más extensas y claves en materia de conflicto armado a nivel depar-tamental, que alberga los municipios de Puerto Caice-do, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo. El bajo Putumayo cobra especial importancia por configurarse como corredor estratégi-co militar y alimentador del narcotráfico, que conecta a su vez los departamentos del Meta, Caquetá, Amazonas, Putumayo y al Ecuador.

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Mapa 2Subregiones de Putumayo: bajo, alto y medio Putumayo

Caquetá

CaucaNariño

Alto PutumayoMedio PutumayoBajo Putumayo

PUTUMAYOEcuador

Perú

Subregiones de Putumayo,Observatorio del ConflictoArmado. CNAI.

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

En este departamento la población presenta características diferenciales: por un lado, por la división entre habitantes ru-rales y urbanos; por otro lado, por la presencia de población indígena perteneciente a diferentes etnias. Por último, existe un gran grupo de población en situación de desplazamiento intermunicipal e interveredal, debido a eventos de expulsión y recepción en forma simultánea.

Según el censo del Dane del año 2005, el departamento posee 310.132 habitantes: 135.616 son población urbana y 174.516 habitantes corresponden a población rural. Así mis-mo, el 20,9% de la población residente en Putumayo es indíge-na, perteneciente a las etnias Embera, Embera Katío, Inga, Ka-mênsa, Kofan, Nasa, Uitoto y Siona. Según los cálculos de NBI [Necesidades Básicas Insatisfechas] del Dane, el 25,92% de la población urbana posee necesidades básicas insatisfechas, así como el 59,4% de la población rural, para un promedio de-partamental de necesidades básicas insatisfechas de 43,8%16.

Para comprender la situación de vulnerabilidad de la po-blación civil en el departamento, se debe tener en cuenta que la acción del Estado no se caracterizó por la implementación efectiva de políticas sociales que manifiesten su presencia, a lo 16. Diagnóstico departamental Putumayo, en http://www.derechoshumanos.gov.co. Ob-servatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, 2007, p. 2.

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que se suman dos factores: primero, las dificultades que posee el terreno (vías en mal estado, centros urbanos y comerciales inaccesibles para la mayoría de la población rural), y segundo, la persistencia del conflicto armado. Respecto al primer factor, éste ha imposibilitado la instalación en muchos municipios y veredas de puestos de salud, plantas de energía, acueductos, establecimientos educativos y centros de atención a la primera infancia, que provean las necesidades básicas de la sociedad civil; el segundo aspecto agrava las dificultades viales y de ac-cesibilidad a los municipios, porque a los elevados precios en el transporte se suma el miedo de la población civil (oriunda y foránea) a transitar por el departamento.

Dinámica de los actores armados en la regiónPara acercarse a lo que es hoy el Putumayo e identificar los da-ños producidos por el conflicto en la primera infancia hay que establecer, en primer término, los cambios en la dinámica de los actores armados. En tal sentido, se trata de observar cómo se ha producido la apropiación del territorio y cómo se han perpetuado el conflicto y sus violencias.

De los actores armados ilegales que actúan en Colombia, las Farc y los recientemente desmovilizados paramilitares (inclu-yendo a las nuevas bandas emergentes) han tenido presencia prolongada en zonas del Putumayo y de sus alrededores. To-mando en cuenta las características geográficas del departa-mento, se comprende que los objetivos de control de los gru-pos armados que en el pasado se disputaron la zona17 y de los que aún se encuentran en ella son riquezas ofrecidas por ésta, como las extensiones de tierra y selva, el petróleo, los cultivos ilícitos y algunas fuentes hídricas.

Las Farc y las AUC han sido responsables de diferentes vio-laciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en el Putumayo, y han encontrado mayores intereses en la región para el sostenimiento de sus estructuras.

Si se considera que entre los años ochenta y principios de los noventa las Farc lograron apropiarse de manera hegemó-

17. Anteriormente se libraba una fuerte disputa entre las Farc y las Autodefensas Uni-das de Colombia, que ha disminuido tras la desmovilización del mencionado grupo paramilitar.

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nica del bajo Putumayo, se puede comprender la aparición de las autodefensas en el departamento, que ante la expansión de la guerrilla y el provecho que podrían extraer del territorio de-cidieron iniciar su incursión y posterior disputa de éste desde 1996. Esta nueva incursión tuvo mayor efectividad que el pri-mer intento, hecho en el período 1987-1991.

A partir de 1987 irrumpió el paramilitarismo, debido en gran medida a la actuación de Gonzalo Rodríguez Gacha, quien se encargó de los entrenamientos militares de estas fuerzas irregulares y del procesamiento de coca en el depar-tamento. Las acciones por parte de las AUC se desarrollaron de la misma manera que en el resto del país: perpetraron una serie de amenazas, asesinatos, masacres y desapariciones for-zadas, con un alto grado de involucramiento de la población civil en estas acciones. Uno de los casos más impactantes fue la masacre cometida por las AUC en el corregimiento El Tigre en 1999, que implicó el desplazamiento de varias familias hacia la periferia del casco urbano del Valle del Guamuez, algunas de las cuales aún viven en las casas de madera o ladrillo que cons-truyeron en el momento en que abandonaron la zona rural del municipio18.

El negocio de la coca se constituyó en el atractivo funda-mental del departamento para los actores armados ilegales. Con la expansión de los cultivos ilícitos, cada uno de los gru-pos armados logró fortalecerse administrativamente y sacar provecho para consolidar sus estructuras militares en el de-partamento; ambos grupos se aseguraron como cobradores del producto de la coca y comercializadores de ésta.

En el cuadro 2 se encuentra una relación entre los homici-dios, la presencia de actores armados y el desplazamiento for-zado con los cultivos de coca, que permite evidenciar la pro-blemática en el bajo Putumayo durante la segunda mitad de la década de los noventa.

18. El Tiempo, «Paramilitares aterrorizaron a El Tigre», 12 de enero de 1999. «(…) El Tigre, una población de La Hormiga, en el Putumayo, empezó a quedar vacía ayer. Por puro miedo la gente decidió abandonar el caserío, en donde la madrugada del domingo fueron asesinadas 26 personas (...)».

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167

La situación de violencia y el número de homicidios desde el 2003 hasta la actualidad son similares a los de la década de los noventa, con participaciones tanto de las Farc como de los paramilitares. De igual manera, el ne-gocio de la droga continuó siendo motivo de disputa en la región:

(…) así, la confrontación armada se mezcla en una confrontación de mercado, pues la estrategia paramili-tar ha consistido en pagar mejor que la guerrilla por la coca, al punto que en los primeros meses del año 2000 las Farc ordenaron a los campesinos del bajo Putumayo dejar de cosechar coca, como medida para cerrarles el paso a los paramilitares que pretenden extenderse en toda la región. Las Farc se vieron en desventaja porque las autodefensas empezaron a pagar al cultivador de coca $2.600.000 por kilo de coca, en tanto que las Farc pagaban $2.000.00020.

Es necesario aclarar que las AUC estuvieron en la re-gión por medio del Frente Sur del Bloque Central Bolívar (BCB), militando al igual que las Farc en el bajo Putuma-yo, pero con mayor presencia en los cascos urbanos como Puerto Asís, Valle del Guamuez y Orito. El 1° de marzo de 2006 se desmovilizaron 504 miembros del Frente Sur del Putumayo: «Entregaron, en un conteo preliminar, 293 armas entre largas, cortas y de apoyo, clasificadas así: 213 fusiles, 4 ametralladoras, 15 pistolas, 3 escopetas, 2 carabi-nas, 34 revólveres, 9 morteros de 60 mm y 13 lanzagrana-das de 40 mm»21.

Para el período comprendido entre el 2003 y 2006, los homicidios en Putumayo se incrementaron, superando nuevamente la tasa de homicidios nacional. Esto eviden-ció que, pese a la incursión de la fuerza pública, la situa-

20. Guillermo Rivera Flórez, Cultivos de coca, conflicto y deslegitimación del Estado en el Putumayo, serie Pretextos, N° 28, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 58.21. «Se desmovilizó Frente Sur de Putumayo de las AUC», en http://www.altocomisiona-doparalapaz.gov.co. Diálogos y negociaciones/grupos de autodefensa/desmovilizacio-nes, 1° de marzo de 2006.

168

ción de violencia en el departamento no mejoró, e incluso en el año 2005 alcanzó un punto álgido.

Gráfico 1Tasas de homicidio departamental (Putumayo) y nacional22

Comparación entre tasas de homicidiodepartamental y nacional, 2003-2006

120

75,8

Tasa departamental

52,9

44,7 39,43 37,3

99,7

67,4 106,7100

80

60

40

20

1202003 2004 2005 2006

Tasa denacional

Fuente: Policía nacional.Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Cuadro 3Tasas de homicidio por subregión en Putumayo

Región 2003 2004 2005 2006Alto 42,9 19,3 0,0 20,2

Medio 68,8 75,5 74,6 106,5Bajo 70,3 63,8 113,1 92,2

Fuente: Policía Nacional. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Finalmente, es necesario hablar de las acciones rea-lizadas por la fuerza pública como actor armado legal.

22. Diagnóstico departamental Putumayo, op. cit., pp. 2 y 3.

169

Dada la condición del Putumayo como una zona peri-férica, el Estado, no sólo en lo referente a seguridad so-cial sino también a seguridad ciudadana, había tenido una presencia limitada en el departamento —en cuanto al número de hombres y de acciones, pues la concen-tración militar estaba orientada a otros departamentos más céntricos—, mientras se registraba la constante presencia de grupos armados ilegales. Por ejemplo, an-tes del 2000 no se evidenció una fuerte presencia por parte del ejército, hasta que por medio de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y otros mecanismos se dio comienzo al fortalecimiento de su acción en el depar-tamento:

(…) el desarrollo de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y las mejoras en el acopio de la información, a través de la moder-nización de equipos y entrenamiento para realizar inteligencia de señales (Sigint), permitieron que, a mediados de 2000, las fuerzas militares pudieran contener exitosamente varios ata-ques masivos y simultáneos lanzados por las Farc desde la zona desmilitarizada del Caguán hacia Meta, Guaviare, Huila, Ca-quetá y Putumayo (…) Durante 2001 y 2002 se intensificaron las ofensivas del ejército sobre otros corredores de movilidad que salían de dicha zona 23.

En la actualidad, las fuerzas militares son uno de los actores armados más importantes de la región. Es preciso aclarar que pese a la fuerte reacción del ejército en con-tra de la insurgencia y el repliegue que ha logrado ejercer sobre las Farc, las acciones de la guerrilla no han cesado del todo y sus niveles de presencia han disminuido espe-cialmente por causa de las fumigaciones y la erradicación manual, situaciones que tienen graves repercusiones en la población civil.

23. Bernardo Pérez, «El paramilitarismo en Cundinamarca y Bogotá, 1997-2006», en VV. AA., Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Bogotá, Asdi, 2007, pp. 65-66.

170

Las acciones del ejército han logrado replegar a la gue-rrilla, debido al establecimiento militar y al aumento de tropa destinada para Putumayo. Esto se sumó a los pro-gramas de fumigación y erradicación manual, producién-dose una dinámica de entrada y salida de ambos actores: cuando el ejército hace presencia simultáneamente acon-tecen las fumigaciones y la erradicación, y la guerrilla sale de la zona; cuando esto cesa, el ejército se retira mientras que la guerrilla retorna.

A partir de la década de 2000, la situación del conflicto armado en el Putumayo ha presentado cambios signifi-cativos que no implican que exista una finalización de la disputa por el territorio, sino tan sólo la transformación de las lógicas de la guerra; por consiguiente, se ha desa-rrollado un cambio en las acciones de los actores armados legales e ilegales de la región.

Las autodefensas, tras el proceso de desmoviliza-ción (2006), han limitado sus acciones militares; tal vez hoy no sean tan cruentas o notorias como antes, pero su presencia en el departamento no ha finaliza-do sino que ha tomado una nueva forma, cuyo alcan-ce es aún difícil de definir como proyecto político. La población civil de los cascos urbanos registra la existencia de «bandas emergentes» conformadas por desmovilizados, cuyas labores están estrechamente ligadas al narcotráfico, ya que actúan como interme-diarios de este negocio y mantienen prácticas habi-tuales de los paramilitares —sin el mismo alcance, pero vigentes aún— como asesinatos, desaparicio-nes, intimidaciones y amenazas.

En los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y Villagarzón se ha conocido la presencia de «bandas emergentes», como Los Rastrojos o Machete-ros, Águilas Negras y la Organización Nueva Generación (ONG). Por ejemplo, para el 2007 se registró por parte de la MAPP-OEA y la policía nacional, un número de 250

171

militantes en la banda de Los Rastrojos24 de gran acción en Puerto Asís y Orito25.

Mapa 3Putumayo. Presencia de Farc y bandas emergentes

Caquetá

CaucaNariño

PUTUMAYO

EcuadorPerú

Mocoa

Puerto Asís

San Miguel

Orito Pto. Caicedo

Departamento de Putumayo.Presencia de FARC y Bandas Emergentes, 2008. Observatorio delConflicto Armado. CNAI.

Águilas Negras, Los Rastrojos y Organización Nueva Generación (ONG)

Villagarzón

Santiago

PuertoLeguízamo

Frente 48Frente 2Frente 32

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

Dar cuenta de las acciones criminales cometidas por las “bandas emergentes” es una tarea difícil, debido a las cercanías al tipo de violencia ejecutada por la delin-cuencia común. Como se señala en los cuadros I y II, el número de homicidios simples y múltiples en los últi-mos tres años (2006-2008) muestra índices en este sen-tido que no necesariamente pueden atribuirse a «bandas emergentes» por la imprecisión sobre los autores (auto-res desconocidos).

24. En 2007 se acusó a Los Rastrojos del homicidio de dos mujeres. Observatorio de Derechos Humanos, Bitácoras semanales. “En el municipio Valle del Guamuez (Putu-mayo), presuntos miembros de la organización Los Rastrojos asesinaron a Diana (…), de 18 años de edad y Quimberley (…) de 19 años de edad», 7 de noviembre de 2007.25. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Área de desmovilización, desarme y reintegración, Informe N° 1. Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?, Bogotá, CNRR, agosto de 2007. Tabla 3. Número aproximado de hombres por grupo ilegal, p. 49.

172

Cuadros 4 y 5Número de homicidios generales y agravados en tres municipios de Putumayo26

Cuadro 4. Investigaciones por delitos de homicidio en general, por año y por municipio. No se tiene información sobre el tipo de arma utilizado.

Año

Departamento hechos

Municipio hechos Delito 2006 2007 2008 Total

PUTUMAYO

MOCOAHomicidio Art. 103 C.P.

164 104 16 284

PUERTO ASÍS

Homicidio Art. 103 C.P.

163 28 6 197

VALLE DEL GUAMUEZ

Homicidio Art. 103 C.P.

20 2 22

Cuadro 5. Investigaciones por delitos de homicidio agravado por año y por municipio. Se reporta este delito por cuanto masacre no está tipificada como

conducta delictiva.

Año

Departamento hechos

Municipio hechos Delito 2006 2007 2008 Total

PUTUMAYO

MocoaHomicidio agravado, nums. 8, 9 y 10, art. 104 C.P.

4 1 4 9

Puerto Asís

Homicidio agravado, nums. 8, 9 y 10, art. 104 C.P.

7 1 8

Valle Del Guamuez

Homicidio agravado, nums. 8, 9 y 10, art. 104 C.P

14 2 16

Total departamento 25 4 4 33

Por otro lado, las Farc han gozado de las facilidades del territorio apto para operaciones armadas gracias a su le-janía geográfica. Se pueden identificar tres facetas por las

26. Datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación, mediante derecho de petición de información radicado DNF/13017 del 5 de junio de 2008.

173

que atravesó esta guerrilla: 1) como actor armado hege-mónico (década de los ochenta); 2) como actor en dispu-ta, enfrentado a las autodefensas (década de los noventa), y 3) en la actualidad (2000-2008) replegado en respuesta a los enfrentamientos contra la fuerza pública; simultá-neamente figura como actor de tránsito, dado que si bien se ha visto forzado a salir del departamento continúa in-cursionando, siempre y cuando pueda protegerse del ejér-cito nacional.

Por consiguiente, hoy en día las Farc en el Putumayo se han visto sometidas a la arremetida del ejército en la región, acorde con la Política de Seguridad Democrática, sobre todo en las zonas de frontera. El establecimiento de polígonos de entrenamiento, brigadas móviles y retenes militares ha dado como resultado un retiro de la guerrilla hacia los otros departamentos y la frontera con el Ecua-dor. Aun así, sigue incursionando en el territorio cada vez que pueda enfrentarse y sobrevivir al enfrentamiento con la fuerza pública.

En este sentido, las acciones bélicas cometidas por parte de las Farc no han cesado en lo que se refiere a enfrentamientos con la fuerza pública; por el contrario, podría decirse que conforme a la desmovilización del Frente Sur de las autodefensas (Bloque Central Bolívar) se posibilitó la recuperación de zonas del territorio por parte de las Farc, específicamente de las zonas rurales; ya no han vuelto a enfrentarse las autodefensas y las Farc ni militarmente ni en materia de mercado de la coca, al menos no en forma masiva como antes. Lo anterior se evidencia en el número de combates, hostigamientos y enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército nacional, que en su mayoría continúan produciéndose en el bajo Putumayo (gráficos 2 y 3).

174

Gráficos 2 y 3 Porcentaje del número de acciones bélicas cometidas y acciones por grupos ilegales

Distribución de acciones militares,Putumayo, 2005-2007.

82%

8%4%

4% 2%

Combates

Emboscadas

Hostigamientos

Campo minado

Ataque a bienesciviles

Distribución de acciones militares porgrupos ilegales, Putumayo, 2005-2007.

Frente 32

Frente 48

Otros (Los Rastrojos, bandascriminales y desconocidos)

Comando Conjunto de occidente41%

41%16%

2%

Fuente: Base de Datos Observatorio del Conflicto Armado. Corporación Nuevo Arco Iris.

Como se ha visto, la frecuencia de los combates no ha concluido, ni tampoco la relación entre la guerrilla y la

175

economía del petróleo, que se manifiesta en «la mayoría de las acciones bélicas de las Farc, dirigida contra la in-fraestructura petrolera del departamento, en particular el oleoducto trasandino y varios pozos petroleros»27. La voladura del oleoducto en vías como la de Puerto Asís - Valle del Guamuez continúa y es uno de los factores de desplazamiento interveredal en el departamento. A lo lar-go de esa difícil y despavimentada vía se pueden observar grandes extensiones de petróleo vertidas en los campos y a su lado varias casas deshabitadas28.

Además, las acciones ilícitas por parte de Farc y «ban-das emergentes» (reductos del paramilitarismo o des-movilizados rearmados) continúan en materia de nar-cotráfico. La extensión de cultivos de coca, si bien se ha intentado disminuir a través de la implementación de los programas de erradicación y por las fumigaciones, aún persiste en la extensión del departamento29. En relación con las cifras referentes a la cantidad de hectáreas de cul-tivos de coca, conforme al informe de Undoc de 2006 en el departamento de Putumayo aún existen 12.253 hectá-reas sembradas de coca, convirtiéndose en el segundo en una lista de 23 departamentos que albergan cultivos en Colombia30.

Por otra parte, entre 2006 y 2008 las investigaciones en materia de estupefacientes fueron significativas, lo que da cuenta del aún fructífero negocio del narcotráfico en el departamento (cuadro 6).

27. Ver en http://www.derechoshumanos.gov.co. Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Diagnóstico departamental Putumayo, 2007, p. 11.28. Observaciones del trabajo de campo, mayo de 2008.29. «(…) y más áreas sembradas (6.761 hectáreas) es Cumaribo, Vichada. Nariño, Gua-viare, Meta y Putumayo concentran cultivos y laboratorios (...)», en El Tiempo, «Mitad de la coca, en diez municipios», 19 de junio de 2008.30. Naciones Unidas, Cultivos de coca. Estadísticas municipales. Censo 2006, Proyecto Simci II, ONU, Oficina contra la Droga y el Delito, pp. 73-75.

176

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177

Impactos del conflicto armado en la población civilLa dinámica del conflicto armado en Colombia en los úl-timos quince años se caracterizó por el creciente involu-cramiento de la población civil, que ha ocasionado graves afectaciones a través de la utilización de poblaciones como escudos de combate, constreñimiento de personas y comu-nidades para que realicen actividades requeridas por los ac-tores armados, el desplazamiento forzado, con el consecuen-te despojo de tierras y bienes, entre otras. Son múltiples los impactos que sufre la población civil en medio del conflicto a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH perpetradas por los diversos actores ar-mados. Esto se ha señalado constantemente en los Informes de la Oficina para Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como pronunciamientos de ONG a nivel nacional e internacional.

Con la fuerte incursión de las fuerzas militares en Putu-mayo mediante la implementación de la Política de Segu-ridad Democrática, se dio paso a un nuevo período (2000-2008) de conflicto armado en el departamento. Se reconoce que por la acción del ejército nacional se limitó la presencia de la guerrilla en el Putumayo, y que con el proceso de des-movilización se redujo la acción de las autodefensas, encar-gándose actualmente la policía y el ejército de enfrentar a las «bandas emergentes».

La presencia de las fuerzas armadas ha generado tres si-tuaciones: el desplazamiento forzado31, la estigmatización de la población civil y la ubicación de las bases militares o presencia del ejército en zonas cercanas a la residencia y lugares de educación y recreación de niños y niñas.

31. En Colombia, la población desplazada constituye uno de los sectores poblacionales en estado de vulnerabilidad extrema, debido a la falta de protección oportuna y efectiva por parte de las autoridades. La violación reiterada de sus derechos se ha caracterizado por ser masiva, prolongada e imputable tanto al conflicto armado como a la estructura de la política de atención a desplazados, cuyos recursos son insuficientes al igual que su capacidad institucional, contrariando la normatividad vigente en la materia. Ver http://www.acnur.org/biblioteca. Reseña: sentencia T-025 de 2004. Corte Constitu-cional de Colombia, febrero de 2004.

178

Respecto al desplazamiento forzado, conforme a las esta-dísticas de Acción Social32, desde el año 2000 los autores del mayor desplazamiento del departamento siguen siendo los grupos armados ilegales. Sin embargo, la fuerza pública se ha convertido en un actor expulsor de la población del Putumayo (gráfico 4), quizás por la estigmatización de la población civil.

Gráfico 4Desplazamiento individual en Putumayo, por causa de la fuerza pública

2000-primer semestre de 2008

Distribución de acciones militares porgrupos ilegales, Putumayo, 2005-2007

0

20

40

60

80

100

120

Núm

ero

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divi

duos

Fuerza públicaActor del conflicto

21

59 62

50

10195

4329

5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Estadísticas de desplazamiento, en http://www.accionsocial.gov.co.Desplazamiento individual por autores. Datos procesados por CNAI.

Según las cifras del gráfico precedente, los picos más al-tos de desplazamiento ocasionados por la fuerza pública se registraron en los años 2004 y 2005 —90 a 100 per-sonas—, con un descenso en los últimos tres años. Ésta

32. Fuente: http://www.accionsocial.gov.co. Estadísticas de desplazamiento individual por autores, fuerza pública. Datos procesados por Observatorio del Conflicto Armado, 2000 primer semestre de 2008.

179

es una situación grave en materia de derechos humanos, toda vez que la fuerza pública es garante de la seguridad de la población, lo cual acarrea una consecuencia preocu-pante para los niños y las familias que consiste en la pérdi-da de confianza en quienes representan al Estado, como se comprueba en el siguiente testimonio:

Cuando los soldados vienen a la escuela y pasan cerca de los niños de preescolar, a los niños no les gusta, les da miedo estar cerca de ellos, porque se acuerdan de su anterior vivienda, muchos de ellos son desplazados de diferentes corregimientos33.

Respecto a la estigmatización de la población, se explica por cuanto en el departamento ha existido una tendencia histórica a comparar al campesino cultivador de pancoger o de coca, con un guerrillero o colaborador de las Farc. Por este motivo, la población en zonas del bajo Putuma-yo, de alta confrontación militar, teme la presencia de la fuerza pública, tal como aparece en el testimonio de un campesino del municipio de Puerto Caicedo:

(…) es mejor no salir a altas horas de la noche para no ser con-fundidos con un guerrillero; tampoco nos podemos trasladar con grandes cargamentos de comida, aunque sea para el sustento de las familias (como mercado o comercio), ya que el ejército asume que son alimentos para abastecer a la guerrilla34.

Por su parte, los grupos indígenas de la región manifesta-ron temor de buscar apoyo del gobierno, pues sienten que si reclaman sus derechos van a ser tildados de malos, y van a in-vadir sus territorios, destruyendo además sus tradiciones35.

Aparte de la situación de estigmatización de los cam-pesinos, en los municipios visitados se conocieron testi-monios en los que se denunciaron acciones realizadas por

33. Entrevista con una profesora en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, 28 de mayo de 2008.34. Entrevista con jornaleros en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, 27 de mayo de 2008.35. Entrevista con miembros de comunidad indígena en el municipio de Puerto Cai-cedo, 28 de mayo de 2008.

180

las fuerzas militares como la desaparición de familiares. Se trata de casos de campesinos que afirman que sus familia-res desaparecidos o sindicados de guerrilleros nunca han tenido relación o vinculación con la guerrilla36.

Algunas familias entrevistadas contaron que el ejército había reunido hacía algunos meses a varios campesinos que formaban parte de una junta comunal; los trasladaron a la estación de policía del corregimiento y luego los sindi-caron de ser guerrilleros. Los campesinos pasaron más de 28 meses en la cárcel sin conocer el porqué de su captura. Este hecho ha dejado a varias familias desintegradas, pues entre los capturados se encuentran padres y madres de fa-milia que tuvieron que dejar a sus hijos a cargo de solo uno de los padres o de sus abuelas:

Mi esposo fue capturado por el ejército hace 28 meses, sin ninguna explicación, como si él y los otros fueran guerrilleros; tenemos dos menores de cuatro años, ellos extrañan a su padre y cada vez que ven un helicóptero le piden que les devuelva a su papá (…) tuvimos que desplazarnos por esta situación y ahora dependemos de mi hermano. Sin mi esposo no tengo cómo mantener a mis hijos y lejos del campo, peor; además, para poder visitar a mi esposo debemos pagar más de 40 mil pesos por puesto para ir hasta Mocoa, donde está recluido; mu-chas veces no puedo llevar a mis hijos, pues no tengo el dinero37.

Así mismo, tanto los profesores como las personas de las brigadas de salud deben estar identificados para evitar problemas con la fuerza pública38. La estigmatización no sólo afecta a los campesinos, sino que también recae so-bre los docentes de la región. En el período 2003-2006 se produjeron varios asesinatos de maestros que, si bien no pudieron atribuirse a un actor específico, dan cuenta de los riesgos que éstos corren en Putumayo.

36. Entrevistas a campesinos pobladores de zonas rurales, municipio de Puerto Asís, Putumayo, 26 de mayo de 2008.37. Entrevista a líder comunitario de un corregimiento de Puerto Asís, 31 de mayo de 2008.38. Entrevista a líderes de junta de acción local, municipio de Puerto Asís, 26 de mayo de 2008.

181

Cuadro 7Asesinatos de docentes en Putumayo (municipios del bajo Putumayo)39

Municipio 2003 2004 2006 Total

La Hormiga 1 1

Orito 1 1

Puerto Asís 1 1 2

Puerto Leguízamo 1 1

Total 1 3 1 5

Fuente: Policía nacional. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República.

En algunas ocasiones, el ejército estigmatiza a los docentes en zona rural al considerarlos posibles difusores de ideologías subversivas o colaboradores de la guerrilla, toda vez que ante-riormente la guerrilla buscaba refugio durante los combates en las instituciones educativas. A los profesores los cuidan las comunidades y las poblaciones, pues en ellos descansa la edu-cación de sus hijos; por tal razón, tratan de identificarlos con vestimentas que los diferencien de los guerrilleros para así pro-tegerlos de la estigmatización de los militares. En una entrevis-ta obtenida en el trabajo de campo, un profesor expresó:

Yo fui capturado con nueve personas más, llegaron por mí a la escuela en la que yo daba clase a niños de preescolar y primaria, yo les dije a los niños que no se preocuparan y le pedí al ejército que por favor esperara a que fueran las diez de la mañana para que los niños pudiesen volver a sus casas. Desde ese entonces me encuentro en la cárcel. Dos meses después de mi captura envié una carta en la que renunciaba a mi traba-jo para que contrataran a otro profesor, pues los niños estuvieron todo ese tiempo sin clase. No es la primera vez que el ejército me captura, ya lo habían hecho cuando yo enseñaba en el corregimiento de (…), unos meses después salí libre, aquí no sé qué va a pasar conmigo40.

En relación con la población indígena, las Farc tan sólo en el año 2003 dieron muerte a doce indígenas (inclu-39. Diagnóstico departamental Putumayo, op. cit., p. 4.40. Entrevista con docente de Puerto Leguízamo, 31 de mayo de 2008.

182

yendo algunas muertes selectivas de líderes indígenas), produciendo desplazamientos en las comunidades41. Ac-tualmente, las distintas comunidades para protegerse de las acciones violentas deben cambiar la ubicación de los cabildos, además de variar el desarrollo habitual de sus tradiciones y cultura42.

Gráfico 543

Homicidio de indígenas en Putumayo (2003-2006)Homicidio de indígenas, Putumayo, 2003-2005

1212

10

8

6

4

2

0

2003 2004 2005 2006

5

1 1

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepre-sidencia de la República. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vice-presidencia de la República.

Igualmente, la práctica del secuestro ha afectado a la población civil tanto en el departamento como en el res-to del país; durante el período 2003 - 2006 se raptó a 41 personas44. Para 2007 se registraron seis secuestros45, entre

41. Diagnóstico departamental Putumayo, op. cit., p. 5. Para 2005, se habían efectuado 619 desplazamientos individuales de menores indígenas entre los 5 y los 18 años.42. En algunas etnias se tiene por tradición enseñarles a sus hijos a cazar a muy tem-prana edad; sin embargo, esta actividad ha tenido que restringirse por las dificultades para transitar, ya sea por los campos minados o por los combates. Entrevista con líder indígena, 27 de mayo de 2008.43. Diagnóstico departamental Putumayo, op. cit., p. 5.44. Ibid., p.6.45. Ver Fondelibertad: www.antisecuestro.gov.co. Cifras y estadísticas secuestro 2007.

183

ellos el de un menor de cuatro años en el municipio de Puerto Guzmán, quien fue rescatado por la fuerza pública antes de que delincuentes lo vendieran al Frente 32 de las Farc46; sobre esta práctica no se tiene total conocimiento de cómo operan los delincuentes en colaboración con las Farc y si es una práctica habitual.

¿Cómo influye la complejidad del conflicto armado de Putumayo en la primera infancia?El departamento del Putumayo registra un alto número de acciones violentas (6-50) y se ubica entre los que mayor por-centaje de niños menores de cuatro años tienen, los cuales representan el 18% de la población total del departamento47.

En Puerto Asís, un niño que hoy tiene trece años re-cordó los hechos de la masacre de El Tigre (1999), que ocurrieron cuando él tenía cinco años, a raíz de los cuales debió desplazarse con su familia:

Me acuerdo muy bien del combate de Los Tigres, en ese entonces tenía cinco años. (…) Llegaron [los paramilitares] haciendo una pelea muy fuerte, con gritos muy fuertes y disparos. Pasó que me dio mucho susto, que no quería alejarme de mi mamá, al principio no quería estar solo, ni dormir solo. Ni dormir.Ya pasó el miedo y no creo que pueda suceder de nuevo. Pero cuan-do pasan los soldados o hay muchos helicópteros me vuelve a dar dolor de estómago como ese día. (…) Nunca antes nadie me había preguntado de eso, ni en la es-cuela, ni en la casa, ni en ningún lugar. Sólo hablo de eso con mis amigos, que también estaban allá, y para ellos es más difícil y son más miedosos porque se acuerdan de la gente que les masacraron; a ellos sí les mataron mucha gente que querían. (…) Yo no sé dibujar, después de eso se me quitaron las ganas y ya no sé cómo se hace, no lo hago ni en la escuela ni en los cuadernos. Yo no sé dibujar48.

46. Bitácoras Observatorio de Derechos Humanos, 17 de diciembre de 2007.47. Representatividad porcentual de niños menores de cuatro años en la población total, departamental y nacional. Fuente: Dane, 2005; Observatorio del Programa Presi-dencial de Derechos Humanos y DIH, 2008. Ver anexo I, cuadro I.48. Entrevista con un niño en Puerto Asís, 27 de mayo de 2008.

184

Otro niño testigo de la masacre de El Tigre, de doce años de edad en la actualidad, recuerda:

El día que entraron al Tigre estaba en la escuela con mis amigos, era el segundo día que iba y estaba contento; de pronto la maes-tra dijo que teníamos que irnos y dejar todo, que teníamos que salir rápido porque se habían entrado [los paramilitares]. Tuvi-mos que dejar todo ahí, estaba todo nuevo, hasta la merienda.

Nos escondimos en una montañita con la maestra un rato, luego no me acuerdo cuánto tiempo después llegamos a las casas y nos escondimos detrás de los colchones de las camas: yo y mi mamá y mi hermano; mi papá iba y venía.

Ya no me acuerdo si lloraba, sólo me acuerdo que no se podía llorar, y desde ahí se me quitaron las ganas de hablar y de jugar y de comer. Así hasta que encontramos la nueva casa, como un mes después. Todavía no me gusta hablar, sólo cuando me toca.

(…) Después de eso prefiero jugar con las niñas porque ellas no hablan ni preguntan de eso y además no juegan tampoco a pelear, ya nunca quiero pelear ni que nadie pelee.

(…) Lo más triste de todo eso es que me quedé sin mis amigos, que eran nuevos del colegio, y los otros amigos viejos del Tigre no sé qué pasó con ellos porque todos se tuvieron que ir a lugares distintos y lejos y como ellos ya no hay más amigos49.

De los testimonios de los dos niños que tenían menos de seis años cuando debieron presenciar hechos atroces, cabe señalar que además de no recibir explicación algu-na por lo sucedido, tampoco nunca nadie les había pre-guntado cómo se sintieron. Es evidente que además de enfrentar las vulneraciones de sus derechos, a causa del desplazamiento forzado, se pueden intuir impactos di-rectos e indirectos de los cuales lamentablemente nadie se percata.

Al respecto, es significativo el testimonio de la psicóloga de un colegio en Puerto Asís:

49. Entrevista con un niño en Puerto Asís, 27 de mayo de 2008.

185

El promedio de hijos en las familias está entre 5-7. De 180 es-tudiantes, más o menos, el 90% tiene a la madre como cabeza de hogar y la mayoría de los padres (hombres) ha muerto por causas violentas. (…) Uno de los problemas más frecuentes y más difíciles de abordar en el interior del colegio es el manejo del duelo, pues la mayoría de los estudiantes tiene que resolver alguno50.

Si bien muchas situaciones que afectan los derechos de la niñez en zonas del Putumayo como las visitadas (Puerto Asís, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez), se relacionan con estados de pobreza estructural en esos territorios, es innegable que el conflicto agrava sobre-manera algunas de ellas, tales como la crisis alimenta-ria en zonas rurales del departamento (desnutrición infantil crónica), y las afecciones en la piel y proble-mas respiratorios a causa de las fumigaciones en los municipios de la frontera, aunque no se cuente con estudios sistemáticos que evidencien la magnitud del problema:

Cuando fumigan, aunque no tengamos coca cultivada, el veneno alcanza a caer sobre nuestros cultivos de plátano o yuca, lo que tengamos; entonces eso se nos daña, queda envenenado, se pierde y nos deja sin qué comer. Desde que eso pasa, algunos tenemos manchas en la piel y los niños siempre están enfermos, desde que nacen tienen tos51.

Es innegable que el flagelo de los cultivos ilícitos conti-núa en Putumayo (cuadro 8). Además del interés de dife-rentes actores armados en la región, la población civil se ha visto obligada a refugiarse en los recursos económicos que obtienen por medio de la coca.

50. Entrevista con una psicóloga en Puerto Asís, 28 de mayo de 2008.51. Entrevista con campesino del municipio de Puerto Caicedo, 28 de mayo de 2008.

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187

Cabe señalar que el cultivo de coca forma parte de la cultura, por cuanto algunas comunidades indígenas con-sideran que la planta porta un valor sagrado ancestral y de este modo es parte de actividades cotidianas de las fami-lias. Dado que en el ámbito campesino la participación de niños de corta edad en las actividades productivas fami-liares (siembra, recolección de hojas de coca) constituye un rasgo cotidiano, los menores de edad terminan acom-pañando desde muy temprana edad a sus padres en las la-bores de cultivo de la planta en los pequeños laboratorios que los ayudan a sobrevivir en el departamento. Un niño de siete años manifestó cuán habitual le resultaba el trata-miento de la hoja de coca, pues constituye una actividad primordial para la subsistencia familiar:

Desde siempre yo me meto en la tina y piso la coca, de ahí sale algo blanco, después la echamos en la olla y prendemos candela. Eso mi papá la hace rendir53.

Tras las fumigaciones desarrolladas en el departamento, la población civil argumenta que sin importar si son cul-tivadores de coca o no, las fumigaciones los han afectado. Los pobladores de los municipios visitados en Putumayo afirman que tras las aspersiones, el veneno se extendió hasta los cultivos de pancoger (yuca, plátano, piña), perdiendo con ello la posibilidad de alimentar a sus hijos o de comer-cializar los productos para poder comprar medicamentos o útiles escolares. Un campesino de Puerto Asís explicó su parecer acerca de este fenómeno, considerado un verdadero problema social que el gobierno no quiere reconocer:

La fumigación inició en el 2000, fue siempre indiscriminada y aca-baron con todo, con la comida sobre todo. La erradicación manual llegó después de la fumigación. A quien le arrancan las matas ya no le fían, así que se queda sin cosecha y sin poder comprar la remesa. Dentro de un tiempo va a haber más violencia por el hambre. Los

53. Entrevista con un niño de siete años, corregimiento de Villa Victoria, 28 de mayo de 2008.

188

que pagan por esto son los niños, pues muchas veces tienen que terminar comiendo del plato de la mamá o de lo poco que haya y eso no los nutre54.

Al mismo tiempo, la fumigación ha logrado afectar a la población civil en materia de salud, puesto que tanto in-dígenas como campesinos de las zonas rurales presentan enfermedades respiratorias y en la piel (manchas y des-pigmentación), y ocasiona igualmente un impacto directo en sus hijos, pero se necesitan estudios exhaustivos para medir la magnitud de tal impacto. Por otra parte, en las visitas de campo los pobladores evidenciaron el aumento de las malformaciones de los recién nacidos, enfermeda-des que no se registraban antes de las fumigaciones, se-gún los testimonios de los habitantes en los municipios y corregimientos de Puerto Asís y Puerto Caicedo55. Lo anterior debe tenerse en cuenta para desarrollar investi-gaciones sobre los efectos de las fumigaciones en la salud de la población. En el informe La aspersión de cultivos de uso ilícito en Colombia. Una estrategia fallida, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), se señala una dificultad que han tenido algunos de los estu-dios sobre el tema, relativa a la realización de análisis de carácter retrospectivo que impiden medir los cambios en la salud después de la aspersión.

La Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS) contrató a la Clínica Uribe Cualla para evaluar los impactos en la sa-lud de los habitantes de algunos municipios de Nariño y Putumayo. El estudio, efectuado varios meses después de las fumigaciones, con-cluye que «(…) no hay reportes con certeza científica que indiquen perjuicios sobre la salud». En consecuencia, sugiere adelantar inves-tigaciones que incluyan la evaluación sobre la salud pre y posasper-sión, ya que los estudios realizados fueron de tipo retrospectivo; se hace necesario para medir impactos sobre la salud, la evaluación del

54. Entrevista con un campesino de Puerto Asís, 27 de mayo de 2008.55. Entrevista con campesinos y personas en situación de desplazamiento de Puerto Asís (26 de mayo de 2008) y de Puerto Caicedo (28 de mayo de 2008).

189

estado de salud antes de una aspersión y la evaluación posterior tan-to médica como analítica (Clínica Uribe Cualla, 2001)56.

El desarrollo de fumigaciones en el departamento cons-tituye un factor de desplazamiento de la población civil. Las familias que se ven obligadas a salir de sus veredas o municipios a raíz de este fenómeno tienen mayores difi-cultades que aquellas víctimas de desplazamiento forzado, pues la actual legislación sólo brinda ayudas gubernamen-tales a los desplazados por razón del conflicto y no por cri-sis alimenticia, por afecciones a la salud por fumigaciones, por hambre o por derrame de crudo.

Por otra parte, la crisis alimentaria es un hecho, ya que las familias no cuentan con dinero para comprar mer-cado; si logran rescatar algo de las cosechas, las difíciles condiciones viales hacen que el pago del transporte no les permita recuperar ni siquiera el valor de lo invertido, motivo por el cual algunos intentan mantener plantas de coca, pues por ellas obtienen un poco más de ingresos:

Uno logra sacar unos racimos de plátano, pero primero es un pro-blema porque el ejército le pone a uno mucho pereque; por otro lado, acá gastamos tanto en los pasajes que cuando logramos ven-der el plátano no cubrimos ni la primera chalupa57.

Al respecto, un campesino expresó:

Nosotros sabemos que la coca es mala, pero es el único sustento que tenemos para alimentar a nuestras familias.

En un colegio de Puerto Asís, en el marco de un acerca-miento a un grupo de catorce niños de tres y cuatro años, éstos dijeron que todos desayunaban muy bien, que sus mamás no los dejaban salir de la casa sin haber comido por lo menos pan con huevo y café, pero que almorzar era a veces más difícil, porque no siempre había comida

56. Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), informe La asper-sión de cultivos de uso ilícito en Colombia. Una estrategia fallida, p. 63.57. Entrevista con un campesino del municipio de Puerto Caicedo, 28 de mayo de 2008.

190

en las casas y no siempre había quien cocinara o sirviera la comida58.

En Puerto Asís se conoció que la nutrición de las comu-nidades indígenas ha cambiado, pero especialmente la de los niños más pequeños, pues ya no hay la misma variedad de alimentos de hace algunos años, que garantizaba una dieta balanceada. Además, los alimentos que consiguen no son orgánicos, como lo son en su cultura tradicional, porque tienen que bajar al pueblo a comprarlos debido a que la fumigación ya no permite que ellos mismos los cul-tiven. Esto ha incrementado las «pestes», especialmente desde el 2000; el 80% de los niños en las comunidades de la zona menores de siete años sufren enfermedades respi-ratorias agudas, fiebres e intoxicaciones a causa del petró-leo quemado que respiran constantemente y que además contamina las fuentes de agua. En entrevistas a indígenas del municipio, éstos manifestaron su percepción sobre el aumento del número de niños que nace con malforma-ciones o con dificultades en el desarrollo, al igual que la participación de la vida en comunidad59.

Habría que desarrollar otros estudios para establecer el nivel de relación entre las fumigaciones, la crisis alimen-taria y los casos de desnutrición crónica que se presentan en el departamento60. Aun con la ayuda de algunas institu-ciones y organizaciones como el ICBF y la Pastoral Social de Primera Infancia, no se sortearon las dificultades para entrar a los territorios y abastecer de comida a los habi-tantes, situación que afecta notoriamente a la población infantil (cuadro 9).

58. Observación en un colegio con preescolar de Puerto Asís, que tiene niños menores de cinco años, 27 de mayo de 2008.59. Entrevista con concejal indígena del municipio de Puerto Asís, 27 de mayo de 2008.60. Aunque como se señaló en la introducción, la interrelación entre este tipo de afec-ciones se ha evidenciado en el análisis de la problemática del desplazamiento forzado interno. Al respecto ver Miguel Serrano López (ed.), Evaluando el impacto de inter-venciones sobre el desplazamiento forzado interno. Hacia la construcción de un Índice de Realización de Derechos, Bogotá, PCS, 2007.

191

Cuadro 961

Estado nutricional según género, beneficiarios de pro-gramas nutricionales del ICBF

Puerto Asís, 2007

Estado nutricional Niños % Niñas % Total %

Adecuado 228 43,2 203 38,4 431 81,6

Zona crítica 34 6,4 26 4,9 60 11,4

Desnutrición 5 0,9 6 1,1 11 2,1

Sobrepeso 6 1,1 20 3,8 26 4,9

Total 528 100,0

La promoción de programas productivos no ha mejo-rado la situación de vulnerabilidad y hambre de la pobla-ción. Los campesinos no ven ninguna viabilidad en cul-tivos de larga producción, como la palma o el caucho, o incluso el de vainilla (al que no le encuentran una verda-dera salida comercial), pues mientras éstos se desarrollan no tienen ningún sustento alimenticio:

Errores en la concepción del programa de erradicación manual forzada, puesto que no se dirige a generar alternativas viables y sostenibles para la población vinculada a la siembra de cultivos de uso ilícito, lo que se evidencia en la ausencia de procesos de socia-lización y convencimiento que comprometan la participación de la población civil, y en la inexistencia de una oferta estatal suficiente para garantizarles a las familias, a corto plazo, la seguridad alimen-taria y, a mediano y largo plazos, su reubicación —cuando se tra-ta de parques nacionales— y estabilización económica (vivienda, empleo y proyectos productivos, entre otros)62.

Los campesinos e indígenas de la región se enfrentan a diferentes violaciones de sus derechos por parte de la guerrilla63, razón por la cual los altos índices de despla-

61. Por respeto a Puerto Asís… No más de lo mismo. Documento Infancia y Adolescencia. Departamento del Putumayo. Municipio de Puerto Asís. Alcaldía Municipal, 2008, p. 23. 62. VV. AA., La aspersión de uso ilícito en Colombia. Una estrategia fallida. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola). Bogotá, abril de 2008, p. 43.63. Ver anexo 1, gráfica 4, p. 33.

192

zamiento continúan en el departamento (gráfico 4). El desplazamiento en los municipios visitados tiene varias causas, pero se pueden identificar dos que afectan espe-cíficamente a las familias: 1) acciones de la guerrilla que involucran a un miembro de la familia, por ejemplo, ame-nazas u homicidio en contra de los padres; 2) amenazas de reclutamiento a niños (doce años en promedio). Estas situaciones obligan a las familias a salir de sus viviendas en busca de protección y a llegar desintegradas a los mu-nicipios por la pérdida de algún miembro en medio del conflicto.

En el caso del reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, las familias con quienes se tuvo contacto en el trabajo de campo expresaron que sus hijos mayores es-tuvieron en riesgo de ser víctimas del reclutamiento ilíci-to, quienes les colaboraban en la crianza y cuidado de los niños más pequeños cuando ellos se encontraban traba-jando, hecho que motivó su desplazamiento.

La población civil de las zonas rurales en las que aún existe presencia de las Farc debe someterse a las exigencias de la guerrilla, como ya se ha mencionado. Las Farc ma-nifiestan su control territorial en las veredas organizan-do reuniones con la comunidad (convocadas por medio de panfletos), a las cuales la población se ve constreñida a asistir64, tal como pobladores de Puerto Asís han ma-nifestado. En este contexto, los niños crecen en medio de la guerra y tienen como referente constante a los actores armados, que aprenden a reconocer por sus insignias y ca-muflados.

64. Entrevista con comunidad de un corregimiento en zona rural de Puerto Asís, Putu-mayo, 28 de mayo de 2008.

193

Gráfico 6Desplazamientos individuales causados por grupos guerrilleros. Putumayo, 2003-2006

GRUPOS GUERRILLEROS

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Fuente: http://www.accionsocial.gov.co. Desplazamiento individual por autores. Datos procesados por CNAI.

Por otra parte, la presencia de campos minados cons-tituye un factor de riesgo permanente para niños, con mayores repercusiones en el bajo Putumayo. Debido a esto, la población civil se ve obligada a desplazarse interveredalmente, mientras se desactivan los campos minados65.

65. En el trabajo de campo se conocieron informaciones que evidencian la presencia de campos minados en municipios de Puerto Asís, mayo de 2008.

194

Gráfico 7Frecuencia departamental de víctimas por evento de minas antipersona (MAP) y municiones sin explotar (Muse), 1990 - 2008

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312

Fuente: http://www.derechoshumanos.gov.co. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

Un factor de presencia de la fuerza pública en el terri-torio es el establecimiento de bases militares, polígonos y retenes cercanos a las escuelas, puestos de salud y lugares de esparcimiento de la comunidad. Los pobladores son conscientes del peligro que esto significa para los niños, como lo manifestó una líder comunitaria:

Hemos pedido en varias ocasiones que se traslade el polígono o la escuela, pues nuestros hijos están varias horas allí expuestos a los peligros del entrenamiento militar66.

Los niños se habitúan a la presencia de los soldados y a convivir con ellos. Así mismo, se han acostumbrado a es-cuchar petardos provenientes de entrenamientos militares y sobre todo a que les invadan los espacios de juego, los únicos lugares de esparcimiento de las comunidades o sus 66. Entrevista a una líder comunitaria, municipio de Puerto Asís, 26 de mayo de 2008.

195

propias casas. Así lo refiere una madre campesina de un corregimiento fronterizo en Puerto Asís:

Cuando hay combates, tratamos de reunir a los niños pronto; ellos ya saben y vienen corriendo a las casas. Para algunos ya es muy normal67.

Así mismo, un campesino habla sobre la presencia del ejército, que forma parte de la cotidianidad:

(…) el ejército entra a nuestras casas y se roban todo, nos roban hasta el jabón; tal vez ellos tampoco tienen cómo sobrevivir, igual que nosotros. Ellos siempre se reúnen acá en el patio de la escuela, que es el único lugar de esparcimiento de la comunidad68.

La invasión de los espacios de juegos de los niños más pequeños por parte del ejército genera en algunos de ellos temor frente a los militares.

Las redes sociales existentes en los corregimientos y veredas del bajo Putumayo son, entonces, las que ayudan a los cam-pesinos a sobrellevar tanto las dificultades económicas y de pobreza como los abusos de la fuerza pública. Estas redes son, fundamentalmente, las juntas de acción local propuestas por los campesinos. En el caso de dos corregimientos de Puerto Asís, se reúnen en un lugar común para discutir sobre sus pro-blemas en materia de salud o de alimentación, así como sobre las arbitrariedades de la fuerza pública (robos e incursiones en sus hogares) para buscar una solución conjunta y tratar de denunciar estas irregularidades. Tras la captura indiscrimina-da de campesinos, han tratado de estar al tanto de la situación judicial de sus vecinos, y en momentos de combate se unen para cuidar a los niños y las niñas de la zona.

Respuesta institucional frente a la primera infancia en medio del conflictoLa ocurrencia del conflicto armado en un territorio puede afectar el funcionamiento institucional local, en cuestio-nes tan concretas como el acceso de personal de la salud a

67. Entrevista con campesina de Puerto Asís, 26 de mayo de 2008. 68. Entrevista con campesinos de Puerto Caicedo, 28 de mayo de 2008.

196

regiones que presentan enfrentamientos (zonas rojas), por ejemplo para la dotación de vacunas o para la incursión de brigadas de salud a zonas rurales en las que no existe ningún tipo de puesto de salud (área rural de Puerto Asís); así mismo, puede influir en la llegada de funcionarios de Acción Social y el programa de Familias en Acción a cier-tos corregimientos (Teteyé-Puerto Asís).

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no es una institución muy conocida en zonas rurales, pues los campesinos saben de su existencia pero no tienen un claro co-nocimiento de sus competencias: no saben a qué programas tienen derecho a vincularse y tampoco sobre los servicios que ayudarían al crecimiento de sus hijos; es decir, muchos cam-pesinos tienen conocimiento de que funcionarios del ICBF visitan las veredas, pero no saben bien cuándo ni a qué progra-mas se podrían vincular. Cuando ellos tienen acceso a centros del ICBF, los ayudan por medio de comedores comunitarios o con leche para los bebés. Existe un claro funcionamiento de la institución en el desarrollo de Hogares Comunitarios y Fami, que asisten a niños y niñas de la primera infancia en materia de recuperación nutricional, al igual que a madres gestantes y lactantes, fuera de que se dictan capacitaciones para madres y líderes comunitarias69; sin embargo, éstos tienen una ejecu-ción mucho más notoria y efectiva en los cascos urbanos.

Además de la lejanía y otras dificultades propias del terreno en zonas rurales, existe una gran dificultad a causa del desa-rrollo de acciones bélicas o la presencia de actores armados ilegales que obstaculizan el contacto de servidores públicos del ICBF y las comunidades, impidiendo el acceso a determi-nados lugares, o debido al temor que tienen algunos funcio-

69. Hogares Comunitarios de Bienestar es la modalidad tradicional de los hogares del ICBF (0 - 7 años). Tienen la finalidad de brindar atención integral a los niños menores de siete años, de familia con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional o psicoafectiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de las familias de la organización y participación comunitaria. El programa Hogares Fami tiene como objetivo apoyar a las familias que tienen mujeres gestantes, madres lactan-tes y niños menores de dos años, en la calificación de las relaciones intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos.

197

narios frente a zonas de enfrentamientos militares que supo-nen la existencia de campos minados70.

El ICBF se constituye en el único organismo que atiende formalmente a familias desplazadas por la fumigación, pues en otras instituciones, tales como Acción Social, las UAO71 o bien la Personería, no las atienden en razón de que sólo am-paran el desplazamiento por conflicto72.

La información suministrada por servidores públicos del ICBF señala una falta importante de cobertura, infraestructu-ra y dotación de los hogares comunitarios (materiales didác-ticos, mobiliario, etc.), así como insuficiencia de cupos para satisfacer las necesidades de los municipios73.

En lo relativo al buen trato brindado a los niños y el respeto a su dignidad, representantes del ICBF expusieron que simultá-neamente con el conflicto armado en el Putumayo se agudizan situaciones de maltrato infantil y abuso sexual en el interior de la familia. Por ejemplo, se presentan casos de madres jefas de hogar que se desplazan tras la pérdida de su esposo, recons-tituyen la familia con una nueva pareja, que en algunos casos se convierte en el autor del maltrato o del abuso a los niños desplazados; en otros casos, los problemas económicos tras el desplazamiento aumentan, generando maltrato intrafamiliar:

Después de desplazarnos, mi esposo ha cambiado mucho; se pone de mal genio porque no le sale trabajo y cuando no te-nemos para la comida me pega, entonces las niñas se asustan y salen corriendo a esconderse donde los vecinos74.

Una niña de cuatro años, del municipio de Puerto Asís, ex-presó en la visita de campo:

70. Zonas de conflicto, como ocurre en veredas del municipio de San Miguel. 71. UAO: Unidad de Atención y Orientación.72. La Ley 715 de 1997 contempla solamente el desplazamiento causado con ocasión del conflicto y no las afectaciones paralelas a éste. 73. Entrevista con madres comunitarias del municipio de Puerto Asís, 27 de mayo de 2008. Entrevistas con madres comunitarias en el municipio de Valle del Guamuez, 29 de mayo de 2008.74. Entrevista en el casco urbano del municipio de Valle del Guamuez, con madre des-plazada por la masacre ocurrida en el corregimiento de El Tigre, 29 de mayo de 2008.

198

No tengo muchos amigos por ahí como yo (…) no tengo una casa verdadera sino casas de llegar y dejar, ya cambiamos de casa tres veces. Esto pone muy furioso a mi papá, que entonces grita y nos pega. Cuan-do veo que él está así de bravo, me escondo en la casa de otros niños porque me da mucho miedo. Me voy con mi hermana, que es grande y es la que dice en dónde hay que esconderse75 (la hermana tiene seis años y está empezando a ir a la escuela).

En los casos de violencia intrafamiliar, especialmente de abuso sexual infantil, según entrevistas realizadas en Puerto Asís se conoció que suele no interponerse la denuncia al ICBF sin pedir autorización a los padres para hacerlo, así el infrac-tor sea uno de ellos, por temor a que la familia o el colegio sean víctimas de represalias por parte de los grupos armados.

En estos casos, el ICBF trata de brindar mayor asistencia a las familias, pero a pesar de los esfuerzos existen dificultades en la cobertura, dada la escasez de especialistas para tratar los casos de abuso o maltrato. Por ejemplo, el Centro Zonal del ICBF del municipio del Valle del Guamuez cobija a dos mu-nicipios más del departamento de Putumayo: Orito y San Mi-guel, cercanos al Valle. En estos tres municipios apenas hay un Hogar Infantil, ubicado en Orito, y tan sólo una psicóloga del ICBF para todos los programas que deben brindar asistencia a los menores de dieciocho años de tales municipios.

La ayuda prestada por parte de Acción Social en el depar-tamento se consolida mediante el programa Familias en Ac-ción76, el cual otorga subsidios económicos para las familias, mientras que a los niños los auxilian en materia de educación;

75. Visita a familia desplazada en Puerto Asís, 28 de mayo de 2008. Testimonio de una niña, hija de mujer desplazada.76. Iniciativa del gobierno nacional para entregar subsidios de nutrición o educación a los niños menores que pertenezcan a las familias pertenecientes al nivel 1 del Sisbén, familias en condición de desplazamiento o familias indígenas. El programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, con-dicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores, y en salud, con la asistencia de los meno-res a las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas. Adicionalmente, las familias tienen la oportunidad de mejorar condiciones básicas, como la identificación, adoptando un sistema de pagos a través de entidades financieras para el pago de los subsidios a las familias beneficiarias. El valor total del subsidio en este Programa de Transferencias Condicionadas depende del grado de cumplimiento de los compromi-sos de corresponsabilidad. Tomado de http://www.accionsocial.gov.co/contenido.

199

sin embargo, la población asegura que estos beneficios sólo llegan cada tres meses y que en algunas ocasiones tienen difi-cultades para inscribirse en el programa.

En el tema de la educación inicial, en el municipio de Puer-to Asís no hay dificultades en materia de cobertura en el área urbana para los preescolares (cinco años), ya que las institu-ciones tratan de ofrecer la mayor cantidad de cupos, aunque esto puede significar que los niños se encuentren hacinados en pequeños espacios. Los padres tienen dificultades económicas para mantener a sus hijos en las instituciones educativas, por lo cual existe deserción escolar debido a la población flotante, la descomposición del núcleo familiar y los problemas socioeco-nómicos; con todo, no se cuenta con datos estadísticos que permitan evaluar tal situación. En cuanto a los padres de zonas rurales, su situación económica es mucho más precaria que los de las áreas urbanas, pues varias veces ni siquiera contemplan la idea de que sus hijos ingresen a alguna institución educativa, en virtud de que deben escoger entre la alimentación y la edu-cación. Para el preescolar es mucho más difícil, puesto que las zonas rurales no cuentan con suficientes instituciones ni con espacios adecuados para el cuidado de los niños.

En ese salón enseño a niños desde primero hasta quinto de primaria. En este corregimiento la escuela es lo que usted ve aquí: ese salón y este patio. Con los niños más pequeños es mucho más difícil, pues no hay suficientes condiciones para tenerlos bien77.

Parte de esta necesidad insatisfecha relacionada con la aten-ción de los menores de cinco años la ha solventado la Pasto-ral Social de Primera Infancia, que lleva a cabo programas de atención a estos niños vulnerables y desplazados en materia de alimentación y salud en el casco urbano de Puerto Asís, a la vez que atiende a las familias desplazadas78.77. Entrevista con profesor, municipio de Puerto Caicedo, 28 de mayo de 2008.78. La Conferencia Episcopal de Colombia, desde el Departamento de Infancia y Juventud, promueve la Pastoral de la Primera Infancia (0 a 6 años) como una propuesta para todas las diócesis del país. Con sus acciones desarrolladas en los barrios y zonas más pobres, busca con las familias y comunidades que todos los niños, desde la gestación, estén rodeados de amor, nazcan y crezcan con salud, y desarrollen todas sus capacidades como personas. La Pastoral de la Primera Infancia desarrolla acciones básicas de salud, nutrición, educación esencial y ciudadanía (derechos humanos). Ver http://www.unicef.org.co/pastoral/pastoral.htm.

200

En Puerto Asís existe un convenio entre el municipio y la gobernación, en cumplimiento del cual la administración de-partamental cubre el transporte de los alumnos por siete me-ses, y la Secretaría de Educación por los tres meses restantes. Si bien hay gratuidad para los estratos 1 y 2 en lo referente a transporte, restaurante y materiales didácticos, esto no inclu-ye a la primera infancia.

La Secretaría de Educación da prioridad a los niños despla-zados en cuanto a los documentos solicitados, al igual que fa-cilidades para los hijos de desmovilizados y reinsertados en la obtención de cupos en las instituciones educativas. Esto apli-ca incluso para los niños menores de seis años que ingresan a los establecimientos educativos que cuentan con preescolar.

3. 2. Magdalena Medio: la niñez entre desplazamientos forzados y un contexto de pacificación

La región del Magdalena Medio es un territorio compuesto por diversas subregiones, agobiadas por una constante dis-puta entre los actores armados. En dicha región confluyen municipios de varios departamentos, pero según la fuente utilizada hay divergencias al pretender delimitarla. Por ejem-plo, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio considera que dicha región cubre 27 municipios de los de-partamentos de Bolívar, Santander, Norte de Santander, Ce-sar y Antioquia, mientras que para la Vicepresidencia de la República la cifra se acerca a los 60 municipios, incluyendo parte de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá79. Por ende, en el análisis de las dinámicas del conflicto en esta región se deben tomar en cuenta las variaciones de acuerdo con las particularidades de los territorios. En las subregiones de Boyacá, Santander y Cundinamarca, por ejemplo, la pre-sencia de actores al margen de la ley es muy precaria, mien-tras que en zonas como el sur de Bolívar y el sur de Cesar los efectos que el conflicto armado genera sobre la población civil son continuos, en el marco de la presencia de actores 79. Laura Bonilla, Dinámicas recientes del conflicto armado en la región del Magdalena Medio colombiano, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris, 2006.

201

armados al margen de la ley, como bandas emergentes al servicio del narcotráfico y guerrillas.

Para efectos del presente análisis se tienen como referentes los municipios en los cuales se llevó a cabo el trabajo de cam-po. En ese sentido, los municipios visitados fueron San Pablo, Simití y Santa Rosa, en la región del sur de Bolívar, y Barran-cabermeja, en el departamento de Santander.

Desarrollo histórico del conflicto en el Magdalena MedioPara contextualizar la situación de conflicto actual en los mu-nicipios delimitados, es importante conocer cómo los gru-pos armados al margen de la ley incursionaron en la región y cómo se modificó su presencia.

A principios de la década de los ochenta, en la lógica de control militar del territorio nacional, las Farc realizaron un despliegue de su fuerza hacia la zona del Magdalena Medio, específicamente hacia el municipio de Puerto Boyacá.

Con el objeto de conseguir recursos, las Farc apelaron al secuestro de ganaderos, comerciantes y personas adineradas de la región, hasta llegar al límite, en 1983, de plagiar hasta veinte personas por mes80. La práctica del secuestro despertó la inconformidad con el grupo armado ilegal, por lo cual se configuraron estructuras de la sociedad civil para combatir-los. Éstas fueron organizaciones armadas del Magdalena Me-dio que buscaron proteger del asedio guerrillero a los terrate-nientes, comerciantes y ganaderos.

En los años ochenta, con el descubrimiento de yacimien-tos petroleros en la región y la construcción de la refinería de Barrancabermeja, el ELN tomó la iniciativa de extorsionar a las multinacionales extractoras de crudo. El dominio militar y administrativo del territorio, acompañado del apoyo social, facilitó la consolidación de la organización guerrillera en esta subregión del Magdalena Medio81.

80. Steven Dudley, Armas y urnas. Historia de un genocidio, Bogotá, Editorial Planeta, 2008, pp. 111-112. 81. El dominio administrativo lo configuró la organización de acuerdo con una estra-tegia de negociación con las multinacionales.

202

En la década de los noventa, el ELN se mantuvo como el actor armado con mayor presencia en el Norte de Santan-der y el sur de Bolívar82. Sus acciones estaban principalmente orientadas a la destrucción de la infraestructura energética (gasoductos, poliductos y oleoductos), ataques a la fuerza pública y objetivos económicos, básicamente a través de ex-torsiones. Las operaciones de destrucción de infraestructura energética se centraron en el municipio de Barrancabermeja, La Gloria y Pelaya, así como en Aguachica, este último en el departamento del Cesar.

La desarticulación de los frentes de las Farc que operaban en los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Cimitarra, asociada a la dinámica de pacificación implanta-da por el paramilitarismo en la zona, explica que en estos mu-nicipios no se presentaran enfrentamientos a gran escala y que el accionar por parte de la guerrilla de las Farc se redujera sig-nificativamente. Esta subregión del Magdalena Medio se con-virtió en un territorio dominado por los grupos paramilitares, hasta el punto de que constituyó su epicentro de preparación. En este marco, la población llegó a aceptar la presencia del pa-ramilitarismo, constituyéndose así en un actor condescendiente con el paramilitarismo, aceptando su dominio hegemónico en gran medida por el temor que éste infundía83.

En el sur de Bolívar, los cultivos de coca y las explotaciones de oro en la serranía de San Lucas fueron sin duda factores que incidieron en la dinámica de la violencia de los primeros años de la década de 2000, y en particular en el avance de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una de las nove-dades en el modus operandi de este grupo fue la confrontación militar abierta con los frentes del ELN y las Farc, que habían tenido cierto control en la zona; este mecanismo se sumó a las masacres y asesinatos selectivos que ocasionan importantes desplazamientos forzados de población, y a su vez permitió a las autodefensas tomar el control de espacios estratégicos.

82. Ver anexo II, gráfico I.83. Sobre el término «actor condescendiente», ver el marco conceptual sobre conflicto armado que aparece al comienzo de la presente obra. Consultar Carlos Miguel Ortiz, «Actores armados, territorios y poblaciones», en revista Análisis Político, N° 42.

203

Con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Uni-das de Colombia (2002-2005), enmarcado en la Política de Se-guridad Democrática del gobierno de Uribe Vélez, emergieron nuevos grupos que pretenden controlar la economía ilícita en la región. El negocio del narcotráfico es el principal medio de subsistencia de estas «bandas emergentes», estableciéndose una serie de alianzas tácticas con las guerrillas para el cultivo, trans-porte y distribución de las drogas ilícitas, con el fin de que se mantengan activos los dos bandos delincuenciales.

Aunque la fuerza pública considera al Magdalena Medio un territorio consolidado, en la actualidad existe presencia militar de las Farc, el ELN y las bandas emergentes al servicio del narcotráfico84.

Por otra parte, el Magdalena Medio santandereano es una región con cuantiosos recursos minerales, como el carbón con 137.000 hectáreas en la cuenca del río Opón y la serranía de los Yariguíes, el uranio en Betulia y Simacota con 6.700 hectáreas, y el petróleo en el corregimiento El Centro en Barrancaber-meja85. Estas características constituyen una causal de agrava-miento del conflicto, pues los actores armados al margen de la ley buscan apropiarse de estas zonas económicas estratégicas.

Actualmente el Magdalena Medio, a pesar de ser considerada una zona conflictiva y violenta, se ha convertido en un territorio de gran interés para las transnacionales por la riqueza de su subsuelo. Es el caso de la compañía sudafricana de capital inglés Anglo Gold As-hanti (AGA), cuya filial es la sociedad Kedahda S.A., dedicada a la exploración de oro en la serranía de San Lucas desde 2004 e intere-sada en la explotación de un área de 150.000 hectáreas; así mismo, se destaca la firma inglesa Río Tinto Mining and Exploration Limited, que se encuentra realizando actividades de exploración de carbón en

84. Los mandos medios son los anteriores paramilitares pertenecientes a las AUC que no tenían a su cargo un frente ni eran comandantes de bloque. Estos individuos lideraban compañías, o estructuras muy pequeñas en el interior del Bloque Magdalena Medio y el Bloque Central Bolívar. Ejemplo de ello son Botalón, César y Leo, que entraron en el proceso de desmovilización de los bloques de las AUC como mandos medios, aunque han vuelto a delinquir y ahora tienen a su cargo distintas «bandas emergentes».85. Paula Andrea Castilla Gómez, Minería, petróleo, energía y multinacionales. Observa-torio de Paz Integral, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

204

la zona del Carare Opón y ha manifestado gran interés de explota-

ción en el municipio de Landázuri, y la estadounidense Occidental

Andina (OXY), que se ha dedicado a la exploración y explotación de

petróleo en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, siendo

la operadora del proyecto La Cira-Infantas de Ecopetrol S.A. Igual-

mente, en la región hacen presencia otras compañías de la industria

del petróleo, como Schlumberger, Mansorovar Energy Colombia

Ltda. y Vetral Energía, consolidándose así en la región el modelo de

economía extractiva y de enclave históricamente vigente86.

Con el ingreso masivo de compañías extranjeras para la explotación de recursos naturales en la década de los noventa y principios de la actual, las organizaciones guerrilleras im-plementaron un nuevo modus operandi: la extorsión. Es así como en muchas ocasiones el ELN extorsionó en Santander a compañías extranjeras extractoras de petróleo crudo, exigién-doles dinero a cambio de no realizar voladuras al oleoducto o de secuestrar a sus ingenieros.

En estas zonas la fuerza pública ha tenido que operar para replegar a los grupos armados ilegales, situación que ha pro-ducido un desplazamiento masivo de la población a las zonas urbanas de Landázuri y Cimitarra.

Dinámica de los actores armados y su impacto en la po-blación civilCon la implementación de la Política de Seguridad De-mocrática, los actores armados al margen de la ley han perdido capacidad de operación, la iniciativa militar y la influencia en la población civil, otrora condescendiente con los grupos armados ilegales. Respecto a los impac-tos en la población civil, para el año 2007 la mayor pro-blemática de la región estuvo ligada a las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias. A la fuerza pública, que ha consolidado la estrategia de iniciativa militar y el control del territorio en esta región del país (tabla 1), se le atribuyen en su mayoría la comisión de esas conductas.

86. Ibid., en http://www.opi.org.co/docs/ANALISIS%20MEGAPROYECTOS.pdf.

205

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206

Como se observa en la tabla anterior, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias constituyen las dos conductas más comunes en contra de la población civil, violaciones a los derechos humanos que cometen to-dos los actores armados.

Si bien las Farc y el ELN no tienen una presencia militar activa, su nueva forma de operar se manifiesta a través de los asesinatos selectivos en la región, como lo hacen las «bandas emergentes» después de la desmovilización de las AUC.

El uso de minas antipersona característico en regiones del país donde hay una fuerte presencia de actores armados ile-gales, no es un factor relevante en el Magdalena Medio, con excepción del sur de Bolívar, específicamente en la serranía de San Lucas donde tienen presencia las Farc. Allí, a princi-pios del mes de diciembre de 2007 murió una profesora por la activación de uno de estos artefactos, tal como aparece en el Boletín del Observatorio de Paz Integral del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio:

La primera semana de diciembre, la profesora Sandra Dominga Navarro Manjarrés pierde la vida al pisar una mina antipersona en zona rural de Santa Rosa del Sur (Bolívar). Los hechos ocurrieron cuando la víctima se desplazó a la vereda Pueblo Gorra, del co-rregimiento de San Juan de Río Grande, a visitar a su esposo, que tiene una tienda de abarrotes. A su regreso a la cabecera municipal, es retenida por las Farc-EP, que se la llevan con el fin de investigar quién era y qué hacía en la zona. Cuando comprueban quién es, le dicen que se vaya y la señora, al salir del sitio donde la tenían, pisa una mina y muere en el hecho. La mina la sembraron guerrilleros de las Farc-EP. El cuerpo de la víctima se rescató días después al ser hallado por habitantes de la región. Las labores para la recupera-ción del cuerpo las realizó un organismo internacional 87.

El número de militares muertos por minas antipersona no deja de ser significativo, dado que son doce los campos minados en los cuales han caído88.87. Boletín N° 34, Observatorio de Paz Integral del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, diciembre de 2004.88. Un ejemplo de dichos minados es el siguiente: «Un militar muerto y dos suboficia-les más heridos dejó una explosión de una mina al paso de una patrulla que se movili-zaba por una zona rural del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar». Aunque son

207

Finalmente, otra forma de operar por parte de los ac-tores al margen de la ley es la modalidad de las amena-zas, tanto individuales como colectivas, que aumentaron de modo significativo en el 2007. Estas amenazas estaban dirigidas en particular a organizaciones sociales que desa-rrollaban trabajo comunitario, entre ellas Pastoral Social, y organizaciones comunitarias relacionadas con el Pro-grama de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio89.

Para Pastoral Social, que aglutina comunidades religio-sas y tiene una dependencia para el trabajo con niños en-tre los 0 y 6 años, la Pastoral Social de Primera Infancia, el hecho de que hayan amenazado a sacerdotes del munici-pio de Santa Rosa ha reducido el trabajo social que ellos tienen y las dinámicas que desarrollan con los niños allí90.

Amenazas sí se han dado. Precisamente en Santa Rosa se ha inicia-do un proceso, pero no hemos podido ir y no se puede ir, porque el actor armado no quiere que se llegue a trabajar con la niñez de ese sitio; entonces estamos pensando en cómo podemos ingresar a ese municipio; algunos líderes han sufrido situaciones de amenaza por la presencia y el trabajo social que realizamos con niños; los párrocos también han sufrido amenazas”91.

Subregión Sur de BolívarEn la actualidad aún persiste la presencia de las Farc y el ELN, mientras que bandas emergentes al servicio del nar-cotráfico cumplen las labores otrora realizadas por los pa-

doce el número de minas activadas donde han caído militares, se desconoce el número de efectivos muertos. Informes preliminares del Observatorio de Paz Integral, Boletín N° 34, diciembre de 2007, p. 8. Cierre: 31/01/2008.89. El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio es la entidad encargada de la gestión y administración técnica y financiera del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio (PDPMM), sobre el cual se volverá más adelante.90. Hay que destacar que la Pastoral Social de Primera Infancia se ocupa de cuatro funciones principales frente a los niños de cero a seis años: salud, nutrición, educación esencial y ciudadanía. Su misión fundamental es brindar un servicio a las comunidades más pobres y vulnerables, consiguiendo reducir la mortalidad infantil y la desnutrición en los niños.91. Este testimonio muestra la problemática de las amenazas en el sur de Bolívar: lo realiza una profesional de Pastoral Social para la Primera Infancia de la diócesis de Barrancabermeja.

208

ramilitares, consumando delitos, agresiones y asesinatos similares a los cometidos por las AUC.

Respecto a la dinámica del conflicto, se ha producido un cambio sustancial en la confrontación entre los actores ar-mados. En municipios como San Pablo, Santa Rosa y Simi-tí, a mediados de la década de los noventa, la presencia de los grupos guerrilleros en las zonas urbanas era desmedida, hasta el punto de que existían apoyos entre la población. Con la implementación de la Política de Seguridad Demo-crática del actual gobierno, emprendida en el año 2002, las distintas guerrillas tuvieron un repliegue significativo, sa-liendo de los cascos urbanos y desplazándose a las zonas altas de la serranía de San Lucas. Esto hizo que el accionar político y la relación de los insurgentes con la población se obstaculizaran, quedando en un segundo plano.

En los municipios de El Carmen de Bolívar, Santa Rosa, Simití y San Pablo es donde más acciones bélicas se han realizado desde 2007 hasta julio de 2008 (gráfico 8); esto indica que la presencia de los grupos al margen de la ley se concentra en las cercanías de la serranía de San Lucas, zona montañosa que colinda con estos municipios.

Gráfico 8Distribución de acciones bélicas en el departamentode Bolívar, 2007-junio de 2008

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El Carmende Bolívar

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12%

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San JuanNepomuceno

10%

Fuente: Base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

209

En el gráfico anterior se muestra el número de accio-nes bélicas realizadas por todos los actores del conflicto armado en el departamento de Bolívar. A partir de ello, se establecen los municipios donde hay mayor intensidad del conflicto armado: El Carmen de Bolívar es el municipio con mayor intensidad y Morales el de menor intensidad de conflicto, mientras que Santa Rosa, San Pablo y Simití registran niveles intermedios respecto a los mencionados.

Mapa 4Subregión Sur de Bolívar: presencia de las Farc, 2008

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San Pablo

Simití

Morales

Montecristo

Córdoba

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Santander

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Fuente: Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

La relación de la guerrilla de las Farc con la población ha sido diversa, según la coyuntura histórica, pues en la actualidad las comunidades de los municipios de Simití y Santa Rosa se han visto asediadas por asesinatos y amena-

210

zas por parte de dicho grupo armado. Esto se evidenció en las elecciones del 28 de mayo de 2007, cuando se amenazó a cuarenta personas y posteriormente se asesinó a quince de ellas por vínculos con el paramilitarismo92. Así mismo, en otras ocasiones se han vivido momentos de tranquili-dad y el asedio de la guerrilla no ha sido tan notorio.

Aunque los combates han sido el accionar más significa-tivo de estas dos guerrillas (51 en total entre 2007 y 2008), se ha observado que los hostigamientos, las emboscadas, ata-ques a bienes particulares, los francotiradores y los campos minados (17 en total para el mismo período)93, han adqui-rido gran importancia en los ataques a la fuerza pública y a los bienes particulares perpetrados por los insurgentes.

Mapa 5Subregión Sur de Bolívar: presencia del ELN y bandas emergentes, 2008

Montecristo

Córdoba

Sucre

Santander

BOLÍVAR

Nte.Santander

Antioquia

Cantagallo

San Pablo

Simití

Morales

Santa Rosa del Sur

Águilas Negras

ELN, José Solano Sepúlveda

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

92. Ver en http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article948, página consultada el 15 de junio de 2008.93. Base de datos Corporación Nuevo Arco Iris.

211

Gráfico 9

0

Acciones bélicas por actor en eldepartamento de Bolívar: 2007 - julio de 200860

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Fuente: Base de datos Corporación Nuevo Arco Iris.

En el gráfico 9 se muestran los actores armados al margen de la ley que hacen presencia en el departamen-to de Bolívar, la cual está caracterizada por su potencial operativo manifestado en las acciones bélicas. Las Farc son el actor armado ilegal que mayor número de accio-nes realiza en el departamento, seguido del ELN y, en menor medida, de las bandas emergentes al servicio del narcotráfico.

Por su parte, los paramilitares han amenazado a sacer-dotes, colaboradores de Pastoral Social y personas vin-culadas al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, con el argumento de que tienen vínculos con la guerrilla. Al respecto, un representante de uno de los pro-yectos del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Me-dio, manifestó lo siguiente:

Los participantes del proyecto sí han recibido amenazas; enton-ces ellos nos cuentan la situación por la que pasan. Hay personas que son un poco eufóricas, pero al mismo tiempo valientes, que

212

dan a conocer su situación para que la haga pública; en eso no-sotros acompañamos mucho a las comunidades, porque de to-das formas nosotros no podemos tener esto en secreto; entonces nosotros lo que hacemos es poner esa información y situación a conocimiento de las entidades públicas de control, de las institu-ciones y funcionarios (…). Por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, por el fuero que tiene, puede hacer un poco este papel94.

Las denuncias de la población sobre la violación de derechos humanos son una constante en la región. En las quejas que llegan a la Defensoría del Pueblo de los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bo-lívar, el total de registros recopilados en el transcurso del 2007 suman 408, de los cuales 257 las hicieron mu-jeres y 151 hombres. De las 408 denuncias, asesorías, seguimientos y vulneración de derechos que registra la Defensoría del Pueblo, 144 giran en torno a la po-blación desplazada. Es decir, que para el año 2007 el 35,2% de la actividad realizada por la Defensoría se re-lacionó con la problemática del desplazamiento (grá-fico 8), mientras que para el mismo período, el 19,6% de las acciones desarrolladas por la misma institución tuvieron que ver con infracciones al DIH perpetradas por los actores armados. En concreto, frente a los de-rechos vulnerados registrados por la Defensoría para el 2007 con respecto a los municipios visitados, sigue teniendo relevancia la violación de los derechos a la población en situación de desplazamiento y las infrac-ciones al DIH. Sin embargo, temas tan relevantes como la salud, la educación y las violaciones frente a la legis-lación sobre infancia y adolescencia cobran cada vez mayor visibilidad y constituyen problemas sentidos por la población (gráfico 10).

94. Entrevista realizada con un profesional del Programa de Desarrollo y Paz del Mag-dalena Medio.

213

Gráfico 10Derechos vulnerados en los municipios de San Pablo y Cantagallo, 2007

De los desplazados

DIH

Salud

Acceso administración de justicia

Igualdad

Familia

Violencia intrafamiliar

Educación adecuada y prestación de servicio

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14,23%

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2008.

De lo anterior se puede concluir que el sur del departa-mento de Bolívar tiene las características de un territorio compartido, donde hay presencia de actores armados ile-gales, que no se enfrentan entre ellos y que, por el contra-rio, establecen alianzas que redundan en la posibilidad de operar en la región. El ejemplo más contundente son las alianzas que se han entablado entre las Farc y las Autode-fensas Unidas Bolivarenses, banda emergente al servicio del narcotráfico.

Las repercusiones del narcotráfico en el tejido social y en la convivencia en la región se expresan en el alto índice de desplazamiento forzado, amenazas selectivas, masacres e incluso presencia de minas antipersona. Bolívar es uno de los departamentos con mayor índice de expulsión de población civil en Colombia, llegando así a 221.685 per-sonas desplazadas entre 1997 y 2008, un equivalente de 48.185 hogares para el mismo lapso. Simultaneamente, es uno de los departamentos con mayores índices de recep-ción de familias, con cerca de 150.000 y más de 30.000 hogares, tal como se evidencia en los siguientes datos:

214

Gráfico 11Comparativo de la población desplazada por departa-mento de expulsión

(1997- marzo de 2008)

0

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Arauca Bolívar Caquetá Huila Santander

1096 4818 2888 1489936Hogares

Personas 4375 22168 12399 3923 6368

PersonasHogares

Fuente: Base de Datos Agencia Presidencial para la Acción Social, 2008.

En el gráfico precedente, al comparar la distribución de personas y hogares desplazados en cinco departamentos de Colombia (Arauca, Bolívar, Caquetá, Huila y Santan-der) se evidencia que la expulsión es mayoritaria en el departamento de Bolívar, tanto en hogares como en per-sonas. En el gráfico siguiente se evidencia la misma ten-dencia en cuanto a la recepción de personas y hogares en situación de desplazamiento.

215

Gráfico 12Comparativo de la población desplazada por departa-mento de recepción

(1997- marzo de 2008)

Departamento Receptor160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0Arauca Bolivar Caqueta SantanderHuila

HogaresPersonas

Fuente: Base de Datos Agencia Presidencial para la Acción Social, 2008.

Subregión Santander En el Magdalena Medio santandereano, los municipios de Barrancabermeja, Puerto Parra y Sabana de Torres son los que mayor actividad bélica tienen, con un registro del 32% de estas acciones en todo el departamento, distribui-das en la siguiente forma: Barrancabermeja, 6%; Sabana de Torres, 21%, y Puerto Parra, 5% (gráfico 13).

Gráfico 13Distribución de acciones bélicas por municipios en San-tander, 2005-2007

16%

21%

5% 6%

5%

5%

5%

5%16%

11%

5%

BarrancabermejaBolívarBucaramangaLa BellezaLandázuriLebrijaPiedecuestaPuerto ParraSabana de TorresSucreVélez

Fuente: Base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

216

Existe en esta zona una presencia militar pasiva de los grupos armados ilegales. Las Farc son el grupo más activo en el departamento de Santander, aunque en el 2008 se han visto disminuidas por la acción del ejército y el resur-gir de las bandas emergentes en la zona. En la actualidad, con base en entrevistas a pobladores de la región, se tiene la percepción de que la influencia de las Farc se redujo en gran medida, posiblemente a un número cercano a cin-cuenta hombres en armas, que se ubican en la serranía de los Yariguíes.

Gráfico 14Distribución de acciones bélicas por grupos ilegales en Santander, 2005-2007

12% 11%12%

12%

35%

6%

6%

6%

Farc. Columna Móvil Rafael RangelFarc. Columnas Móviles Rafael Rangel y Raul MahechaFarc. Frente 23Farc. Frente 20ELN. Frente Guillermo Antonio VásquezELN. Frente Manuel Gustavo ChacónÁguilas NegrasBandas al servicio del narcotrafico

Fuente: Base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

Los municipios de Santander que componen la zona del Magdalena Medio se pueden considerar regiones con-solidadas por la fuerza pública, aunque algunos de éstos, como Barrancabermeja, donde se encuentra el mayor centro petrolero de Colombia y territorio donde tradi-cionalmente el ELN ha realizado trabajo político con la población, se han visto asediados en los últimos años por grupos paramilitares. La consolidación de estos munici-pios se expresa en la baja presencia insurgente, aunque

217

exista una fuerte influencia de los nuevos grupos emer-gentes, ligados a sectores estratégicos de la economía. En tal sentido, el Magdalena Medio santandereano es una región «pacificada», esto es, que no se considera zona en disputa o en riesgo.

Uno de los graves impactos del conflicto en la po-blación civil ha sido el desplazamiento de personas y grupos. La tendencia del desplazamiento en el Magda-lena Medio santandereano empezó a evidenciarse de manera constante hacia 1997. Sin embargo, se regis-tró un incremento sustancial en el año 2000, ligado a la incursión en firme de los paramilitares en la región, especialmente en los centros urbanos como Barranca-bermeja (gráfico 13).

Gráfico 15Tendencia del desplazamiento de personas en el Magda-lena Medio santandereano, 1997 - 200695

2.500

1997 1998 1999 2000

Recepción Expulsión

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2.000

1.500

1.000

500

0

Fuente: Acción Social. Gráfico OPI.

En Barrancabermeja hubo un leve incremento de despla-zados en el año 2006, en comparación con el 2005, convir-tiéndose en el municipio con mayor número de personas des-plazadas, pero al mismo tiempo el que más personas recibe (cuadro 10). Si bien en Barrancabermeja hay una fuerte pre-95. Tomado de Nilson Dávila Benavides, «Desplazamiento forzado en el Magdalena Medio, 2005-2006», en Revista de Paz No 3, Observatorio de Paz Integral Magdalena Medio, Agencia de la ONU para los Refugiados. Barrancabermeja, marzo de 2007.

218

sencia de fuerza pública, puesto que es el centro de Ecopetrol y de las refinerías de la región, la visibilidad de miembros de los grupos emergentes hace que muchas familias tengan que irse de las veredas cercanas al casco urbano, ubicándose en los cinturones periféricos de la cabecera municipal. En muchas ocasiones, cuando ya se asientan en los barrios marginales de Barrancabermeja, se genera un nuevo desplazamiento inter-municipal dentro de la ciudad, debido al riesgo que sienten las familias por el control de actividades económicas ilícitas por parte de miembros de estos grupos emergentes.

Cuadro 10Recepción y expulsión de hogares del Magdalena Medio santandereano

2005 - 2006

MunicipioRecepción Expulsión

2005 2006 2005 2006Barrancabermeja 592 889 384 347Betulia 1 11 6Bolívar 2 2 30 29Cimitarra 4 7 48 58El Carmen de Chucurí 3 5 21 25El Peñón 8 18Landázuri 28 61 49 75Puerto Parra 14 64 31 33Puerto Wilches 38 79 73 86Rionegro 11 18 48 78Sabana de Torres 15 22 68 56San Vicente de Chucurí

17 26 83 52

Simacota 2 12 26 50Totales 726 1.186 880 913

Fuente: UTM y Sipod. Acción Social

Las altas tasas de desempleo, unidas a los bajos ingresos percibidos, obligan a la población a dedicarse al comercio

219

informal, específicamente a las ventas ambulantes, a través de la consecución de préstamos ilegales llamados «gota a gota»96. El no pago en el préstamo es una de las causales más frecuentes para que habitantes de estos sectores sean desplazados por el accionar de los grupos ilegales.

Uno de los entrevistados en el trabajo de campo sos-tiene:

Cuando existían las AUC, el negocio lo manejaban en forma similar, aunque no era tan conocido y no había tantos acreedores. La persona que no pagaba su cuota diaria «gota a gota» era asesinada en público para que los demás acreedores tomaran en serio dichos préstamos. Actualmente, con la llegada de las Águilas Negras se ha popularizado el negocio, pues cada vez son más los habitantes de los barrios pau-pérrimos de Barrancabermeja que acuden a solicitar préstamos; sin embargo, ya no asesinan al deudor moroso sino que lo castigan mal-tratándolo físicamente y mostrando públicamente dicha tortura97.

Este fenómeno es uno de los que han generado un in-cremento sustancial del desplazamiento de muchas fami-lias, a las que no les alcanzan las ganancias que tienen en las ventas ambulantes para cubrir el préstamo solicitado.

¿Cómo impacta el contexto de conflicto en la primera infancia?La comprensión de la problemática del desplazamiento en las zonas mencionadas del Magdalena Medio constituye un marco fundamental para identificar los impactos en la primera infancia, por cuanto este delito afecta en gran medida a la población civil de esta región.

En el departamento de Santander se ha desplazado a un total de 6.310 niños menores de seis años (cuadro 11). Si bien esta situación es común en el departamento, el caso

96. Se denomina de esta manera porque el grupo ilegal que hace el préstamo cobra intereses del 20% y diariamente recorre los barrios en motos recogiendo el monto que los acreedores pagan «gota a gota», cubriendo el interés y abonando al capital. En las entrevistas y testimonios recogidos en el estudio de campo se afirmó en reiteradas oca-siones que los préstamos se obtienen con las Águilas Negras, conocidas en los barrios pobres del municipio como las AUC.97. Entrevista realizada a un poblador de un barrio de Barrancabermeja, 30 de mayo de 2008.

220

de Barrancabermeja es más preocupante debido a que la primera infancia desplazada en el municipio, desde 1997 hasta agosto de 2008, representa el 25% del total del de-partamento (cuadro 12).

Cuadro 11Desplazamiento de niños de cero a seis años del depar-tamento de Santander

Edad a la fecha

Desplazamiento individual

Desplazamiento masivo

Total

0 250 250

6.310(100%)

1 572 2 5742 782 1 7833 931 9314 1.029 4 1.0335 1.220 1 1.2216 1.514 4 1.518

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional.

Cuadro 12Desplazamiento de niños de cero a seis años de Barran-cabermeja

Edad a la fecha

Desplazamiento individual

Desplazamiento masivo

Total

0 77 77

1.554(25%)

1 138 1 1392 184 1 1853 219 2194 247 1 2485 298 2986 388 388

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional.

Otra de las dificultades que viven los niños y las ni-ñas desplazados en Barrancabermeja, según entrevistas realizadas con psicólogas del ICBF, consiste en la poca comprensión de lo que significa ser niño y en las escasas manifestaciones de afecto por parte de los padres. Si bien

221

en el trabajo de campo no se pudieron identificar causas definidas de estas conductas, se asocian a extensas jorna-das de trabajo para procurar la manutención y la sobre-vivencia diaria, el desempleo, las condiciones precarias de vida, así como las situaciones de estrés y agotamiento emocional frente a los hechos de violencia sufridos. Estas posibles explicaciones señalan la necesidad de próximas investigaciones en tal sentido.

Una situación constante en el municipio, relacionada con los niños que forman parte de las familias despla-zadas ubicadas en el casco urbano, es la imposibilidad de la mayoría de los padres de matricular a sus hijos en centros de educación formal o en los programas de educación inicial, lo cual hace que encuentren en la ca-lle una forma de pasar el tiempo:

Los niños que llegan a la institución ingresan con problemas de desnutrición crónica; además, se observa una delegación del cuidado de los niños más pequeños a sus hermanos mayores o en otras ocasiones a los vecinos, situación que ha incrementado la indigencia infantil en Barranca98.

Además del desplazamiento forzado, en Barrancaber-meja se observó la utilización de algunos niños entre los cuatro y seis años en tareas de vigilancia y publicidad en el robo y la venta de gasolina ya procesada de los oleo-ductos de Ecopetrol, negocio ilegal que controlan los llamados grupos emergentes. En el trabajo de campo se observó que los miembros de estas bandas ilegales les dicen a los niños que simulen jugar y les avisen si llega la policía, mientras proceden al robo del combustible. También utilizan a los menores de edad para promo-ver la venta de la gasolina robada, pues les dan carteles grandes con la leyenda «Venta de gasolina barata» con el fin de que los exhiban en las principales vías del mu-nicipio de Barrancabermeja. El testimonio de una líder

98. Entrevista realizada a una psicóloga del ICBF, 30 de mayo de 2008.

222

comunitaria perteneciente a Pastoral Social detalla la situación que se vive en Barrancabermeja:

Los ladrones que se roban el combustible les dicen a los niños que jueguen cerca de los tubos, y cuando llegan los policías, los niños les avisan a las autodefensas para que puedan escapar (...) también los niños se la pasan con car-teles grandes ofreciendo la gasolina en la avenida y los carros llegan y les compran a ellos99.

En el municipio de San Pablo, asediado históricamente por los enfrentamientos entre los distintos actores arma-dos, hay en la actualidad una presencia constante de las fuerzas armadas del Estado en espacios públicos como bibliotecas, ludotecas, escuelas y jardines, además de que en muchos casos tienen sus cuarteles cerca de institucio-nes educativas y espacios para la primera infancia.

En el caso de la escuela del municipio de San Pablo, existe una base militar situada a escasos diez metros de la institución. El paso de militares por el interior de las instalaciones educativas es constante, en parte porque no existen paredes que la separen del exterior y en parte también porque para llegar a una carretera principal necesariamente hay que transitar por ella. Debido a que en la zona existe presencia de las Farc, la preocupación de los profesores reside en que en un eventual ataque a la base militar, los niños de la escuela salgan perjudica-dos o queden en medio del fuego100.

Así mismo, resulta preocupante que los militares usen la escuela para llevar a cabo procedimientos de recluta-miento durante los fines de semana, cuando los menores no asisten a clases. La institución educativa sirve como lugar de retención de las personas que no han prestado el servicio militar obligatorio, pero como no les permiten

99. Entrevista con una líder comunitaria de un barrio de Barrancabermeja, 30 de mayo de 2008.100. Entrevistas con profesores de Santa Rosa, mayo de 2008.

223

salir, se ven obligadas a utilizar como inodoro las aulas; el día lunes, los profesores y los alumnos tienen que lim-piar los excrementos antes de iniciar las clases.

Ellos violentaban las puertas de los salones sin pedir permiso, a la rectora o los docentes, y metían hasta cien reclutados, de tres de la tarde a ocho de la mañana del día siguiente, no les daban permiso para ir al baño a hacer sus necesidades fisiológicas, por lo que les tocaba hacerlas dentro del salón; eso nos impedía dar clase al otro día porque los salones estaban sucios; incluso una vez un coronel o un teniente nos dijo que cómo así que no le hacíamos aseo al salón y nos dieron jabón Fab y creolina para que nosotros laváramos todo, cuando eso no nos competía a nosotros sino a ellos (…) nos dañaron las mesas y las sillas de la escuela y no nos las han pagado101.

Los diversos testimonios de pobladores de las zonas vi-sitadas del Magdalena Medio sobre la presencia directa de los militares y de sus acciones en espacios lúdicos y edu-cativos de la primera infancia coinciden en que constituye una forma de poner en riesgo a los niños más pequeños, uno de los sectores poblacionales más vulnerables en me-dio del conflicto. Además, esta exposición cotidiana a los símbolos de la guerra propicia que valoren las armas como medio de relación y ejercicio de la autoridad y el poder, y que se tornen asustadizos y desconfiados.

Esa base está muy cerca de la escuela, a unos diez metros, lo cual es muy peligroso (…) porque los centinelas están cerquita, los fusiles a veces apuntan hacia acá. No podemos desconocer eso, que siem-pre hay peligro (…) De pronto las fuerzas militares no quieren matar a un niño pero de pronto se les sale un tiro, como ocurrió el año pasado (2007). En abril del año pasado iban pasando los niños, cuando el puesto militar era como a doscientos metros de aquí, y a un soldado se le salió un tiro y mató a un niño, estudiante del centro educativo (…) y lo mató, y muerto quedó102.

101. Entrevista realizada a docente de escuela de San Pablo (Bolívar), 28 de mayo de 2008. 102. Entrevista a docente de preescolar, San Pablo, mayo de 2008.

224

La presencia cotidiana de oficiales de la policía en la ludoteca del municipio de San Pablo genera interacción con los niños. Varios pobladores del lugar manifestaron que esta cercanía con la fuerza pública causa admira-ción en muchos niños, mientras que otros la rechazan.

(…) la cercanía de la ludoteca a la estación de policía hace que los niños en sus juegos se metan en el papel de los policías o los delincuentes; como la ludoteca, en la parte del patio, no tiene paredes, los niños se la pasan mirando hacia la estación de po-licía que queda al frente y ven cómo los policías tratan a los de-lincuentes y asumen esos roles en los juegos que ellos tienen103.

Según las percepciones de las personas entrevistadas, la identificación de los niños con los roles de policías y de-lincuentes, además de constituirse en un rasgo de los jue-gos infantiles, propicia sentimientos de admiración por la guerra. Con los relatos obtenidos en el trabajo de campo se puede señalar cómo se naturalizan los referentes del guerrero, cuando los procesos de socialización ocurren en contextos donde los actores armados tienen gran presen-cia. Un docente de preescolar plantea la misma situación manifiesta en los juegos infantiles, que comparte desde su experiencia en San Pablo con menores desplazados:

Usted sabe que como son niños desplazados, les da temor hablar y escuchar al otro porque viven la zozobra de la violencia. Sin em-bargo, ellos están mirando a los soldados y a veces tratan de imi-tarlos: «¡Que tú eres guerrillero, que yo soy del ejército, que tú eres paraco!», son los juegos que más se ven aquí. Uno como docente trata de orientarlos en otras formas, quitarles lo que traen, porque

103. Entrevista realizada a trabajadora en ludoteca, Bolívar, 28 de mayo de 2008. La ludoteca es un espacio que no se encuentra construido en su totalidad, por lo que los niños miran hacia la calle y más específicamente hacia la estación de policía, que se en-cuentra demasiado cerca. De este modo, los niños son testigos del ingreso de personas apresadas por delincuencia. Algunos quedan muy impresionados al presenciar el pro-cedimiento pues en muchas ocasiones los presuntos delincuentes se resisten al arresto y es ahí donde la policía utiliza su potestad de ley para coaccionarlos físicamente. Los niños imitan en sus juegos estos actos que perciben cotidianamente, asumiendo los roles de bueno-malo, repitiendo lo que ven con los policías.

225

a veces traen pistolas de juguete de pasta (…) desde los cuatro años ya están los niños jugando con eso. El año pasado, en el curso de primero, les decomisé unas pistolitas de juguete a las que les espi-chan un botón y se convierten en navajas. Les decomisé pistolas de juguete, cuchillos. El decir de ellos es que las traían para sacarle punta al lápiz, pero no, ellos mismos se tiraban puñaladas en el recreo: «Porque me quitó el borrador», «Porque me quitó el lápiz», «Porque me rayó el cuaderno». Entonces, ellos imitan lo que ven a su alrededor, porque los niños son muy imitadores104.

Hay otros casos de violación de derechos que no ne-cesariamente se explican por el conflicto armado. Des-de el proyecto «Promoción de la salud y los derechos humanos sexuales y reproductivos», del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se evidencia una serie de vulneraciones a los derechos de la niñez, relacionadas, entre otras, con el trabajo infantil y la ex-posición a situaciones que propician el abuso sexual y el maltrato. Esta cadena de vulneración de los derechos de los niños se configura en una victimización conti-nua, donde las tragedias se repiten constantemente.

En el municipio de Aguachica (Cesar), aunque también aquí en Barrancabermeja, el corrillo de niños es impresionante, pi-diendo plata o vendiendo dulces o vendiendo aretes o haciendo muecas o cuidando motos. Estos niños, aunque más las niñas, caen en situaciones de abuso sexual105.

Los eventos traumáticos vividos por efecto del conflicto armado, unidos a la precaria situación económica, agra-van la violencia intrafamiliar y el maltrato. En tal sentido, es necesario efectuar estudios rigurosos para demostrar en forma contundente la relación entre estos factores.

El maltrato infantil se ve bastante, de pronto es porque las per-sonas estaban acostumbradas a ganar buen sueldo, nunca aho-

104. Entrevista a docente de preescolar en San Pablo (Bolívar), mayo de 2008.105. Entrevista con integrante del proyecto «Promoción de la salud y los derechos hu-manos sexuales y reproductivos», del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Barrancabermeja, mayo de 2008.

226

rraron (…) Aquí en el colegio llegan niños con golpes fuertes y cuando uno les pregunta quién les pegó, ellos responden que el papá, porque cuando llega borracho les pega, pero además, como no tienen trabajo, se la pasan en la casa y del desespero, porque no me explico otra manera, les pegan a los niños106.

La tasa de violencia intrafamiliar en Barrancaberme-ja fue de 252 casos por 100.000 habitantes en 2006 y de 280 casos por 100.000 habitantes en 2007. Llama la atención que en los municipios de San Pablo y Simití, para esos años, no existen casos registrados de maltrato infantil. En Santa Rosa hay sólo un caso reportado107. Esta situación, vista a la luz de los testimonios recogi-dos en el trabajo de campo, plantea varios interrogan-tes sobre el subregistro del maltrato y abuso infantil en zonas rurales del sur de Bolívar.

Respuesta institucional en la atención integral a la pri-mera infanciaCabe señalar, en relación con las otras dos regiones del estudio —Arauca y Putumayo—, que en el Magdale-na Medio se evidencia un mayor nivel de intervención institucional. En Barrancabermeja se destaca la coor-dinación interinstitucional en torno a diversas proble-máticas sociales, como se puede observar al comparar la oferta institucional brindada por el Instituto Colom-biano de Bienestar Familiar (cuadro 13).

106. Entrevista con docente de preescolar, San Pablo, mayo de 2008.107. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF), Revista Fo-resis 2007, en http://www.medicinalegal.gov.co/drip/for2007.html.

227

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228

El porcentaje de atención de niños de primera infancia por parte de los programas del ICBF, con respecto al to-tal de la población entre cero y seis años, es menor en el Putumayo en relación con los otros tres departamentos sometidos al estudio.

La mayor intervención institucional se presenta en el Magdalena Medio. Esto se debe en gran medida a las ac-ciones desplegadas por la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (CDPMM)108, entidad encargada de la gestión y administración técnica y financiera del Laborato-rio de Paz del Magdalena Medio (PDPMM). La CDPMM ejecuta su objeto social a través de un conjunto de accio-nes multisectoriales concertadas entre los pobladores y las autoridades municipales, dirigidas a superar la pobreza de manera sostenible y alcanzar la convivencia pacífica109.

En cuanto a la atención del ICBF, una de las grandes di-ficultades con que se encuentran los servidores públicos de esta región es la falta de registro civil de muchos niños, lo cual pone en apuros el cumplimiento del Plan Milenio110. La percepción desde el ICBF es que ellos han hecho aportes significativos en la solución de dicho inconveniente. En tal sentido, una funcionaria de la seccional señala:

Hemos logrado que a través de nuestros hogares de bienestar, casi todos los niños tengan su registro civil, pongámosle un 90% de los niños (…) a través de hogares de bienestar, de cero a seis años y de Fami, y de todos los programas de bienestar porque incluso a

108. La Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (CDPMM) se constituyó el 7 de mayo de 2001. Tiene como finalidad propugnar la paz y el desarrollo social, eco-nómico y cultural del Magdalena Medio, mediante programas o proyectos científicos, tecnológicos, académicos, de gestión y de paz, utilizando pedagogías y metodologías que permitan una permanente participación ciudadana.109. Tomado de http://www.pdpmm.org.co/.110. El Plan Milenio es la estrategia concebida en 2000 por la ONU que busca, en un período de quince años, combatir ocho aspectos afectados por la pobreza: nutrición, educación, salud sexual y reproductiva, registro civil, agua potable, saneamiento básico, restitución de derechos vulnerados, participación y recreación. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio los ha adoptado la comunidad internacional como un marco para las actividades de desarrollo de más de 190 países en diez regiones; éstos se han desglosado en veinte metas y más de sesenta indicadores.

229

través de los desayunos escolares pedimos registro civil, y con eso no queremos decir que al que no tenga registro civil no se le da el alimento; sí se le da el alimento, pero es una constante estar dicién-dole a la mamá ¡ojo que no ha traído el registro civil!111.

Por otro lado, la función de protección realizada por el ICBF del Magdalena Medio santandereano está a cargo de la seccional La Floresta112. Los problemas más comunes con los que llegan los niños menores de seis años a esta seccional, según una profesional, son:

Desnutrición crónica, diarrea y anemia. Llegan al zonal mu-riendo de hambre, con pañalitis hasta el cuello. En los casos atendidos también se identifica el desplazamiento como una problemática importante de las familias que tienen niños menores de seis años. La mayoría de las familias que acuden a esta seccional viven en zonas de invasión, procedentes de Antioquia o del sur de Bolívar, se sostienen mediante traba-jos informales como la venta ambulante, el cuidado de carros y motos, trabajo doméstico en casas de familia y en corte de árboles. Mejor dicho, estas familias viven al diario 113.

En materia educativa, Barrancabermeja registra una amplia disponibilidad de centros de educación formal. La cobertura para los niños menores de seis años es de 26.474114, que representan el 17% de la población del municipio. 111. Entrevista a servidora pública del ICBF seccional Yariguíes, mayo de 2008. Frente a las vulneraciones de los derechos de la población infantil, en el momento de verificarse estos hechos, la ruta para el restablecimiento de los derechos es la siguiente: «Desde el ICBF se ejecuta el proceso administrativo de restitución de derechos. Se constata la si-tuación, se investiga la familia. En casos de desnutrición, el hospital entrega a los niños estabilizados; ingresan a hogares sustitutos, se efectúa valoración en todas las áreas. Se identifica la red familiar. Se realiza trabajo psicológico con los niños, se escolarizan de acuerdo con la edad, se cubre toda el área de salud. Se ejecutan visitas de supervisión mensuales a las madres sustitutas». Entrevista a psicóloga del ICBF La Floresta, mayo de 2008. La intervención de esta seccional del ICBF se articula con la Policía de Infancia y Adolescencia, pues esta última acompaña a la familia y al niño durante el proceso legal, realiza los informes y ofrece la información necesaria relativa a los procesos en curso.112. La seccional Yariguíes del ICBF es la encargada de los temas de prevención.113. Entrevista a funcionaria del ICBF seccional La Floresta, mayo de 2008.114. Datos extraídos del Sisbén Barrancabermeja, a mayo de 2008.

230

Población Menor de 6 años

Total 26.474

Porcentaje 16,96

Los niños matriculados en preescolar y primero ascien-den a 5.885, mientras que los niños matriculados en insti-tuciones no oficiales son 2.980115. De este modo, del total de niños de Barrancabermeja, el 33,5% tiene una respuesta institucional en el cuidado y en programas de educación inicial. Se observa una concentración de los centros de atención y educación inicial, en el casco urbano, situación que explica por qué los niños de las zonas rurales, e inclu-so de las zonas periféricas del centro urbano de Barranca-bermeja, no asisten a los programas de primera infancia. Ante las dificultades económicas de los padres para enviar a sus hijos a los jardines de bienestar, las familias apelan a redes comunitarias donde las madres que no tienen em-pleo cumplen la función de cuidadoras.

Cuadro 14Niños matriculados en instituciones no oficiales en el 2008

Barrancabermeja

Párvulos-Prejardín (2-3 Años) 587

Jardín (3-4 años) 769

Transición (entre los 4-5 años) 738

Primero (entre los 5-6 años) 886

Total 2.980

Fuente: Secretaría de Educación, Barrancabermeja, datos a 2008.

En cuanto al registro de niños en situación de desplaza-miento, según la Secretaría de Educación de Barrancaber-meja a 2008, se tienen los siguientes datos:

115. Datos extraídos de la Secretaría de Educación de Barrancabermeja, a 2008.

231

Cuadro 15Niños en situación de desplazamiento, Barrancabermeja

Niños Niñas TOTAL

Educación inicial(entre los 4-5 años)

27 36 63

Primero(entre los 5-6 años)

50 31 81

Total 77 67 144Fuente: Secretaría de Educación, Barrancabermeja, a 2008.

Para los municipios del departamento de Bolívar visi-tados en el marco del trabajo de campo, se consideran las cifras de Acción Social, dado que no se obtuvieron datos concretos sobre este tema en otras dependencias. Según esa entidad, el número de los niños en situación de des-plazamiento en el municipio de San Pablo triplica los va-lores para Santa Rosa:

Cuadro 16Población total de niños en situación de desplazamiento,Santa Rosa y San Pablo (Bolívar)

Santa Rosa San Pablo

Total niños Total niños Total de municipios visitados

Entre cuatro y cinco años

207 789 996

Entre seis y siete años

278 1.012 1.290

Total 485 1.801 2.286

Fuente: Acción Social, datos a 2009.

Por otra parte, el acceso a condiciones adecuadas de agua y saneamiento básico, en algunas zonas de los municipios estudiados en Bolívar, dan cuenta de aspectos que, aun

232

cuando no se pueden atribuir directamente a la dinámica del conflicto, impactan en la protección y atención de la primera infancia:

Nosotros, en la comunidad, apenas tenemos luz porque no tene-mos agua, por ahora se está consiguiendo de un pozo. No hay ser-vicios públicos domiciliarios, los niños no se bañan todos los días, aquí hay veces que se bañan cada ocho días116.

Finalmente, podría concluirse que los tipos de impacto del conflicto armado sobre la primera infancia en escena-rios de desplazamiento forzado y en contextos de pacifi-cación, como es el caso del Magdalena Medio, se pueden relacionar con los siguientes factores:

Exposición cotidiana de los niños a las dinámicas •de la guerra: minas antipersonales; homicidio y de-tención arbitraria de miembros de las familias, des-plazamiento forzado.

Ubicación de los cuarteles militares cerca de los es-•pacios de socialización de la primera infancia: par-ques, ludotecas, escuelas y, en general, de sus lugares de cuidado y atención, lo cual genera inseguridad y naturalización por parte de ellos, de los símbolos de la guerra.

Fragmentación familiar y agravamiento de las con-•diciones precarias de acceso a servicios básicos: sa-lud, educación, entre otros.

Utilización o participación de niños pequeños en •actividades relacionadas con negocios ilícitos, lle-vadas a cabo por miembros de grupos emergentes, tales como venta ilegal de gasolina.

Vulneración en cadena a los derechos de la niñez •relacionados, entre otros, con el trabajo infantil, la exposición a situaciones que propician el abuso sexual y el maltrato.

116. Entrevista a docente de preescolar de San Pablo (Bolívar), mayo de 2008.

233

3. 3. Arauca: la niñez en un territorio en disputaLa historia reciente del departamento de Arauca se carac-teriza por la confrontación armada de diferentes grupos al margen de la ley, una colonización masiva, una débil pre-sencia del Estado en la implementación de un diseño de política pública, por la precaria conexión con el nivel cen-tral y la inexistencia de vías de comunicación efectivas117.

La extensión total de Arauca está calculada en 23.818 km2 y en la actualidad está dividido en siete municipios: Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte. Limita con Venezuela, constituyéndose en frontera bi-nacional. El departamento de Arauca se divide en dos: la zona del piedemonte, ubicada en la parte occidental del departa-mento, y la parte de la sabana, que tuvo una inserción eco-nómica más temprana respecto del resto del departamento, debido al comercio de la ganadería procedente de Venezuela y el constante tránsito de personas por la frontera118.

Ambas regiones tuvieron fuertes oleadas migratorias y desarrollos económicos y sociales dispares, dichas diferen-cias marcaron el asentamiento de los grupos armados en ambas zonas.

La región de la sabana, que a mediados del siglo XX re-cibió a algunos guerrilleros liberales de la Violencia de los años cincuenta119 (después de 1948), tuvo tres olas de mi-graciones. La primera fue de tribus indígenas que provenían de Venezuela, después de la colonización española. Luego se produjo la llegada de algunos colonos sin tierra, que busca-ban algún tipo de propiedad en la zona. Por último, hubo colonizaciones parciales debido al comercio del ganado.

117. En 1953 se creó la intendencia nacional de Arauca, que dejó de existir en 1991, año en el que se convirtió en departamento. Arauca fue parte de los «territorios nacionales», división administrativa que se adjudicó a las regiones apartadas del centro del país, las cuales carecían de autonomía respecto de éste. Allí la inversión estatal era mínima y al departamento se le consideró una intendencia del Meta; incluso cuando se convirtió en departamento los niveles de inversión siguieron siendo bajos.118. Ariel F. Ávila Martínez, José J. González y Ómar Gutiérrez, Situación actual de con-flicto y exploración de escenarios posibles de paz y desarrollo en Arauca, Primer Informe, Corporación Nuevo Arco Iris, febrero de 2008, p. 5.119. Ibid., p. 7.

234

Inicialmente, en Arauca y Tame los indígenas tuvieron presencia importante, pero con el desarrollo de la ganade-ría surgió un tipo de mestizaje llanero120. Estas poblacio-nes se construyeron a través de una ruta comercial, tanto de producción como de comercialización de la ganadería.

Se configuró un tipo de cultura llanera, basada en las gran-des propiedades familiares, con escasa población, organizada en torno a la ganadería121. El tipo de propiedad no se basó en la explotación a campesinos o el gran latifundio fundado sobre la apropiación ilegal, sino que fue producto de caracte-rísticas regionales ligadas a un tipo de economía familiar.

Básicamente, este tipo de estructura social se mantuvo hasta el inicio de la explotación petrolera (1985); su pobla-ción estaba constituida por los propietarios, los peones y los conuqueros o vagueros122, sin que se diera una división estra-tificada de la sociedad. Los vagueros eran libres de trabajar con cualquier persona, por lo que deambulaban de finca en finca y eran trabajadores no estables, que se dedicaban a actividades temporales. El peón generalmente era un fa-miliar del dueño o dueños de la tierra, de tal manera que las divisiones sociales no eran fuertes y la tierra no fue un tema de disputa durante varios decenios. No se produjeron conflictos sociales entre terratenientes y campesinos de mi-nifundio, por lo cual los grupos armados no lograron una gran aceptación, debido a que los discursos con los cuales arribaron no representaban problemas visibles en la zona, toda vez que la tierra no era causa central de disputa en la sabana y la división de la sociedad no estaba atada a un tipo de explotación moderna.

En la región del piedemonte llanero la situación fue muy diferente, pues el desarrollo económico se potenció en la década de los sesenta, después del proceso denomi-nado la colonización del Sarare en sus etapas 1 (1961) y

120. Ibid.121. Ramón del Carmen Garcés, El cachicamo trabaja pa’ la lapa, Bucaramanga, Talleres de Color y Tiempo, septiembre de 2007, p. 101.122. Ariel F. Ávila Martínez, José J. González y Ómar Gutiérrez, op. cit., p. 8.

235

2 (1971)123, llevada a cabo por el Estado a través del Ins-tituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en el piedemonte araucano.

Para 1959, se inicia un desplazamiento masivo para la zona; los colonos eran guerrilleros liberales que llegaban huyéndole a la violencia, personas llegadas del Norte de Santander, la provincia de García Rovira y personas del norte de Boyacá que escapaban de las manos de los chulavitas124. En 1961 se creó el Incora (Ins-tituto Nacional Colombiano de la Reforma Agraria), el cual es el encargado de realizar la colonización, enmarcado dentro de un plan de distribución de tierras que había inaugurado la Alianza para el Progreso. (…) para el año de 1965 se contabilizan 140 fa-milias procedentes de Norte de Santander, 60 de Santander, 9 del Valle del Cauca, 8 del Tolima, 13 de Cundinamarca, 2 del Cauca, 3 del Meta, 1 de Caldas, 8 de Antioquia, y 20 del área plana de la intendencia de Arauca125.

Saravena, Arauquita y Arauca (capital) fueron los prin-cipales focos de esta colonización. Algunas de estas fami-lias serían más adelante la base social del ELN, que con-centró las inconformidades de esa población.

La presencia guerrillera en el proceso de colonización y la limitada presencia del Estado en la región generaron relacio-nes asociativas con cierto grado de autonomía con respecto al Estado y bastante diferente de la población de la sabana. En el piedemonte llanero el tema de la tierra fue primordial, además de ser el eje central de las manifestaciones sociales de la época (décadas de los sesenta y setenta). Dado que el pro-

123. La colonización del Sarare tuvo su primera etapa hacia 1961 y la segunda se inició en 1971. Fue un tipo de colonización planeada desde el Estado en un primer momento, y luego se creó un movimiento campesino que llevó más lejos la colonización.124. Los chulavitas y los pájaros fueron grupos organizados durante el período deno-minado de la Violencia (década posterior a hechos de 1948: violencia política desatada a partir del asesinato de Gaitán) por directorios políticos, por hacendados y por co-merciantes para defender sus intereses y una identidad política determinada. La lealtad partidista (liberal o conservadora) y la actividad criminal de estos grupos tenían como contraprestación la tierra que se les quitaba a las víctimas; así se alimentó toda esa vio-lencia. Alfredo Molano, «Monólogo de una impunidad anunciada», en UN Periódico, 2004. En http://unperiodico.unal.edu.co/ediciones/56/05.htm.125. Ramón del Carmen Garcés, op. cit., p. 249.

236

ceso de colonización en sus primeros momentos lo impulsó el Estado, los reclamos de los colonos por tierras y créditos se dirigieron inicialmente al gobierno nacional de turno y des-pués a los gobiernos regionales, formándose de este modo los primeros focos de disputa en todo el piedemonte llanero. Los reclamos de los colonos se referían entonces a peticiones de tierras, vías de comunicación y crédito agrario.

Los campesinos que llegaron de otras regiones del país du-rante los años de la violencia política entre liberales y conser-vadores (1950-1960) traían una fuerte tradición organizativa, factor que influyó en la posterior organización de guerrillas en la zona. Años más tarde se produjeron paros cívicos en la región, siendo el más importante el de 1972. Luego de estos paros se incrementó la presencia guerrillera.

La información oficial dice que el Incora, entre 1965 y 1975, en-tregó créditos a 1.726 familias en la región del Sarare. Aunque el descontento de los colonos en la década de los setenta fue visible. Entre los meses de febrero y marzo de 1972, se dio un gran paro cívico en esta región, ya que los servicios públicos eran inexistentes y, un año atrás, la falta de puentes que comunicaran a la región con el interior del país hizo que se perdiera la producción de plátano de unas 5.000 hectáreas126.

Los grupos armados al margen de la ley aparecen en esta región a finales de la década de 1970. Tanto las Farc como el ELN tuvieron una incursión hacia 1978. Las Farc realizaron procesos de colonización procedentes de la zona del Meta y el Casanare127. No nacieron en Arauca pero su crecimiento fue rápido y lograron asentarse en el departamento.

126. Ariel F. Ávila Martínez, José J. González y Ómar Gutiérrez, op. cit., p. 11.127. «Las Farc llegaron en 1978 y formaron el Frente 10. Entraron por la región del Casanare y se asentaron en el piedemonte llanero y en la sabana. Desde la llegada de las Farc, los problemas con el ELN comenzaron. El ELN, al ser un cuasiestado en la región, había tomado la justicia por su cuenta y cometió algunos abusos con personas que tenían alguna simpatía con las Farc, sobre todo los colonos que llegaron del Cauca y del Tolima. De tal modo que al llegar las Farc, la situación de administración de justicia de-bió compartirse y el ELN no lo aceptó, lo cual se convirtió en el primer enfrentamiento entre ambas organizaciones, enfrentamientos que duraron hasta 1985». Ariel F. Ávila Martínez, José J. González y Ómar Gutiérrez, op. cit., p. 13.

237

Por su parte, el ELN nació del grupo de guerrilleros li-berales de la zona y de algunos sobrevivientes de la Ope-ración Anorí, realizada en 1973 en ese municipio antio-queño en la cual el ejército les propinó un duro golpe. Por tanto, es una estructura autóctona de la región, de ahí que su presencia en la sociedad sea fuerte128.

La situación en Arauca cambió drásticamente en 1983 con la explotación del petróleo. Los grupos armados ilega-les vieron en este recurso económico una fuente de finan-ciación, a la vez que el Estado colombiano hizo grandes in-versiones y varios intentos por controlar el territorio. Años más tarde se produjo el ingreso de grupos paramilitares.

La presencia de la guerrilla en el proceso de colonización y, más tarde, su relativo control territorial y político en el departamento, sin duda influenciaron la tendencia a la autonomía regional. En alguna medida, el aislamiento geográfico, la riqueza petrolera, la estable producción y abastecimiento de alimentos de origen cam-pesino o ganadero, así como la cercanía a Venezuela, jugaron un papel clave en la construcción de estas nociones de autonomía y de identidad territorial. Incluso los cambios institucionales derivados de la descentralización y el nuevo escenario originado en la Cons-titución de 1991 reforzaron algunas de estas facetas129.

La riqueza petrolera, a través de la extorsión y la capta-ción de recursos, proporcionó a los grupos armados al mar-gen de la ley un crecimiento constante y fuerte en la región. Así mismo, terminó con la débil presencia del Estado, que se remonta a 1819. También hubo cambios culturales sig-nificativos: «(…) vieron así, cambiar esa forma de vida que ponía en peligro su propia subsistencia, pues sabía o se ima-ginaba que el territorio sería rápidamente poblado y esca-

128. «Estos hombres que llegan a la región y los antiguos guerrilleros liberales darían nacimiento al Domingo Laín, que se creó formalmente en 1985, como lo expresa Gabi-no en una entrevista que le realiza Carlos Medina. Este frente nace como algo autócto-no, de las entrañas de los habitantes, y no fue como el caso de las Farc, que llegó a partir de una colonización. Esta situación ocurre hacia 1978, después de varias intentonas de paros cívicos», Ibid., p. 27.129. Ibid., p. 30.

238

searía la cacería, se aumentaría el abigeato, él sería más po-bre, y pronto desplazado por esa peligrosa migración»130.

El enfrentamiento de los actores armados por los te-rritorios de captación económica no se hizo esperar. Los grupos armados al margen de la ley se convirtieron rápi-damente en paraestados que administraban justicia, es de-cir, controlaban todo aquello que se refería a la legalidad e ilegalidad en sus territorios, resolvían las disputas entre pobladores de la zona; en últimas, eran la fuente de la ley.

Arauca se constituyó, desde principios de la década de los ochenta, en un territorio en disputa, aunque con perío-dos prolongados de tranquilidad en los que se realizaban algunos acuerdos de paz entre ambos bandos y se repartía el territorio. De tal modo, pasó de ser un territorio en dis-puta a ser un territorio compartido. Hubo períodos com-plicados de violencia hacia finales de los años noventa y principios del siglo XXI.

Dinámica de los actores armados y repercusiones del conflicto en la población civilLos grupos paramilitares ingresaron al departamento en un período tardío respecto del resto del país, procedentes del Casanare, sobre todo de los municipios de Hato Coro-zal, Paz de Ariporo y Puerto Gaitán, en la zona limítrofe entre Meta y Vichada. Las primeras incursiones tuvieron lugar a finales de 1999 y principios del año 2000, acen-tuándose en el 2001. Los municipios del sur del depar-tamento fueron los más afectados, Tame y Cravo Norte, además del municipio de Puerto Rondón.

El modus operandi de las autodefensas era muy diferente del de los grupos guerrilleros; no se trataba de enfrentamien-tos con la fuerza pública o confrontaciones armadas, sino que su accionar se concentró en asesinatos selectivos, masacres y amenazas contra todo tipo de población. En el departamento operaron inicialmente las Autodefensas Campesinas del Ca-sanare, al mando de Martín Llanos, que más tarde formaron

130. Ramón del Carmen Garcés, op. cit., p. 107.

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parte de las AUC, aunque al final serían casi exterminadas por esta agrupación una vez disuelta tal federación131.

Las primeras acciones de estos grupos consistieron en el asesinato de líderes agrarios, sindicales, políticos132 y periodistas133, accio-nes que no eran «operativos contrainsurgentes». En el año 2003 se sintieron con mayor fuerza las acciones de los paramilitares contra la población civil y los grupos guerrilleros de Arauca134.

Así mismo, existen evidencias para afirmar que eran ci-viles las principales víctimas de los paramilitares en Arau-ca. A partir del análisis de prensa, entre 2002 y 2005 estos grupos fueron responsables de 57 acciones en la zona de influencia en Arauca, en contraste con once, en el período 1997-2001. En el año 2002, Arauca pasó a ser una de las primeras «zonas de rehabilitación y consolidación» deli-mitadas por la Política de Seguridad Democrática.

Entre 1998 y 2008, Arauca se transformó en un territo-rio en disputa, en el que hubo tres tipos de confrontaciones cruentas entre grupos armados. El primer tipo se presentó entre las guerrillas y los grupos paramilitares; el segundo, entre las guerrillas y la fuerza pública, y el tercero, entre las

131. Según el politólogo Mauricio Romero Vidal, se entiende por autodefensas aquellas fuerzas armadas irregulares que defendían un territorio (de agresiones) sin vocación ex-pansionista ni de incidencia en otras regiones, constituyendo fenómenos preferentemen-te locales. Por el contrario, los paramilitares son fuerzas armadas irregulares que obede-cían a proyectos nacionales de expansión, con una estructura relativamente centralizada, federativa y con un claro propósito contrainsurgente. «Mauricio Romero enfatizó en la dimensión política del surgimiento de los grupos paramilitares como resultado de la con-fluencia de una serie de mecanismos que se desatan con la implementación de las políti-cas de paz, descentralización y apertura política en los ochenta: la potencial participación política electoral de sectores de la guerrilla en los ámbitos locales ocasionó oposición de las elites regionales, rechazo de las fuerzas armadas frente a las políticas de paz y creación de grupos de justicia privada por parte de narcotraficantes, para dar origen a los grupos paramilitares. Éstos se consolidan por la confluencia de oposición a los intentos de refor-mas democratizadoras del poder y la riqueza en el ámbito rural». Edwin Cruz Rodríguez, «Los estudios sobre el paramilitarismo en Colombia», en revista Análisis Político, N° 60, Bogotá, mayo - agosto del 2007. Tomado de La memoria desde las víctimas, varios autores, tomo I, Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.132. En 2001 asesinaron a los representantes a la Cámara Octavio Sarmiento y Alfredo Colmenares, el primero en Tame y el segundo en Bogotá. 133. En 2002 asesinaron al periodista Efraín Varela; en 2003 mataron a Luis Eduardo Alfonso, quien remplazó al primero en el programa Meridiano 70. En los mismos años amenazaron a 26 periodistas más.134. Ariel F. Ávila Martínez, José J. González y Ómar Gutiérrez, op. cit., p. 34.

240

Farc y el ELN. En cada uno de estos enfrentamientos los niveles de violencia contra la población civil fueron muy grandes, con graves impactos en la población infantil.

El primer tipo de confrontación entre los grupos pa-ramilitares y las guerrillas produjo fenómenos de despla-zamiento tanto masivos como individuales, asesinatos contra personas protegidas, masacres y otros crímenes de lesa humanidad. Los grupos paramilitares partían de una lógica antisubversiva de territorios arrasados. Parecen ha-ber sido los años más violentos en el departamento en re-lación con el promedio nacional. Esa lógica se mezcló con negocios de narcotráfico, con arreglo al principio de que todo aquel que viviera en territorios de influencia guerri-llera debía desplazarse por pertenecer a las Farc o al ELN.

Posteriormente, los métodos utilizados contra la pobla-ción civil por estos grupos fueron el sicariato contratado y el asesinato selectivo, que se perpetraron contra líderes comunales y para generar el desplazamiento de campe-sinos. Se trató de una lógica de expulsión de la población.

En el 2003 se registró el pico más alto de violencia para-militar en el departamento. En el gráfico 16 se muestra la tasa de homicidios entre 2000 y 2006.

Gráfico 16Tasa comparativa de homicidios en Arauca con respecto a la tasa nacional

020406080

100120140160180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arauca Nacional

Fuente: Observatorio de la Vicepresidencia de la República.

241

Ciertamente, en el pasado reciente, la información ofi-cial permite señalar a 2003 como el período en que se registra la mayor tasa de homicidios. En ese año, Arauca triplica (168 hpch) el registro nacional (52,8 hpch)135. Sin duda, éste es un indicador sensible a la situación de violencia política y conflicto armado, como lo reconoce la misma Vicepresidencia de la República (2007, p. 4). En efecto, para referirse al período 2003-2006, el diag-nóstico de la vicepresidencia señala que el 57% de los homicidios tuvo lugar en combates, actos de terrorismo y atentados individuales o colectivos (masacres). Esta problemática disminuye en los años siguientes, por lo menos hasta 2006, período en el cual el Bloque Vencedo-res se desmoviliza136.

Esta afirmación se ratifica con los datos de la tabla II:

Cuadro 17Tasas de homicidio en Arauca, 2000 – 2006

Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arauca 84,1 88,8 168,3 70 52 35 18

Arauquita 57,4 70,6 63,4 99 103 65 91

Cravo Norte 75,8 0.0 184,4 69 107 0.0 0.0

Fortul 46,5 99,9 62,8 155 77 93 107

Puerto Rondón 74,6 14,4 41,9 122 289 38 50

Saravena 86,5 151,1 137,3 229 125 115 76

Tame 85,3 142 256,4 334 346 230 97

Total 510,2 566,8 914,5 1078 1099 576 439

Fuente: Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos y DIH.

La población de los municipios visitados, especialmen-te en Tame, manifestó que los paramilitares utilizaban una

135. En este caso, la tasa de homicidios registra el número de homicidios por cada cien mil habitantes. 136. Ariel F. Ávila Martínez, José J. González y Ómar Gutiérrez, op. cit., p. 39.

242

táctica que se puede asimilar a la de campos arrasados, lo cual provocó una grave crisis humanitaria, derivada del desplazamiento masivo. Al respecto, una desplazada, ma-dre cabeza de hogar, expresó:

Los paramilitares llegaban arrasando todo, generalmente mataban al esposo de la señora y le tocaba al resto de familia salir de la zona, nos tocaba dejar todo137.

Gráfico 17Desplazamiento en Arauca según tipo de movilidad, 1997-2008

46%0%

26%

25%

3%

Interdepartamental

Intermunicipal dentro del mismo departamento

Intramunicipal rural rural

Intramunicipal rural urbano

Intramunicipal urbano rural

Intramunicipal urbano urbano(intraurbano)

Fuente: Acción Social.

En el gráfico 17 se muestran los tipos de desplazamiento que se produjeron entre 1997 y 2008 en el departamento, donde el 71% de la población tuvo que salir del municipio de residencia más por amenazas o la muerte de uno de los cónyuges que por combates, a pesar de su alto número. Cerca de 20.466 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y pertenencias, otras 78 fueron retenidas o se-cuestradas, 60 civiles resultaron heridos y otros 10 murie-ron por minas antipersona138.

Para mencionar apenas algunos datos sobre la delicada situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en

137. Entrevista realizada a mujer cabeza de hogar de una familia desplazada en Tame, con dos hijos. Dicha familia perdió al padre, 29 de abril de 2008. En varias entrevistas se reflejó la misma situación.138. Ariel F. Ávila Martínez, José J. González y Ómar Gutiérrez, op. cit., p. 35.

243

Arauca se puede decir que, en el período 2003-2006, se cometie-ron 1.302 homicidios, de los cuales cerca de 744 (57%) han sido relacionados con motivaciones políticas o asociadas al conflicto armado. Se «contabilizaron» 8 masacres con 46 víctimas civiles y el asesinato selectivo de 12 maestros y 13 sindicalistas. Fueron ase-sinadas 13 personas, integrantes de las comunidades indígenas; 2 periodistas y 4 concejales municipales139.

La avanzada militar de los paramilitares y el intento de la guerrilla de contrarrestarla y recuperar territorios, además de la guerra entre las dos estructuras guerrilleras, causaron efectos de alto impacto en la población. En pri-mer lugar, una grave crisis humanitaria derivada del des-plazamiento forzado. Sólo en el año 2008 hubo seiscientas familias desplazadas, cada una con promedio de cinco in-tegrantes. Un alto número de familias llegó a los centros urbanos sin uno de los cónyuges o sin el hijo mayor, hecho que aumentó su pobreza en los diferentes municipios. En el caso de Tame, este fenómeno ha adquirido carácter de crisis humanitaria.

Otro efecto de estos enfrentamientos fue el control social sobre la población civil, que en estos territorios era predo-minantemente condescendiente, caracterizado por cuatro aspectos140. Ese control se manifestó sobre todo en las ca-beceras urbanas municipales, principalmente en Tame o en algunos corregimientos de los municipios del departamen-to y se implementó a través de continuos toques de queda, retenciones y asesinatos de líderes sociales, sindicales y pe-riodistas, es decir, un tipo de control social que pretendió imponer un orden social y militar en la zona. Por otro lado, los paramilitares intentaron utilizar un tipo de práctica de control político de la sociedad, que a la postre no les dio los resultados esperados, como sí ocurrió en otras regiones del

139. Datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Repú-blica. Es posible que el número sea inferior al real debido a que se presenta cierto su-bregistro en zonas apartadas. También puede suceder que el porcentaje de «homicidios políticos» sobre el total de 1.302 sea superior al reconocido oficialmente.140. Tal afirmación se deduce de las entrevistas realizadas en Tame y Saravena a las diferentes familias entre abril y mayo de 2008.

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país. En tercer lugar, Arauca se convirtió para los grupos armados ilegales en una fuente de ingresos económicos casi infinita, ligada al petróleo y al narcotráfico:

El paisaje económico de Arauca está dominado por la explotación petrolera; en 2005 se consideraba que esta actividad aportaba alrede-dor de 100.000 barriles diarios a la economía del país en cerca de 250 pozos activos y hacían presencia una empresa del Estado (Ecopetrol) y por lo menos tres transnacionales (OXY, Repsol y Hocol). Ade-más, eran claras las actividades de evaluación técnica, exploración y explotación en distintos puntos del territorio, incluso allí donde el control del Estado resultaba, a juicio de analistas, todavía precario. De tal magnitud eran los intereses que se conjugaban en Arauca que el gobierno de Estados Unidos destinó, en la época, un presupuesto cercano a los cien millones de dólares para la seguridad petrolera141.

Por otro lado, el tipo de extorsión que les imponían los grupos armados al margen de la ley a los consorcios y compañías petroleras trajo tres consecuencias para la po-blación de la zona. Ante todo, desde el punto de vista de los actores armados ilegales, la extorsión era un mecanis-mo necesario para que los recursos naturales del país se quedaran en el territorio nacional y así evitar que «se los llevaran otros»142. Esta lógica provocó y aún provoca que la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas se utili-ce como mecanismo de intimidación ante los consorcios. Por eso las crisis ambientales han sido algo frecuente.

Dado que la hegemonía paramilitar nunca fue estable, y hacia el año 2002 tuvo lugar una alianza entre las Farc y el ELN que diezmó fuertemente al Bloque Vencedores de Arauca, se evidenció el reclutamiento ilícito de menores de edad en todo el departamento. Frente al reclutamiento ilícito perpetrado por los grupos paramilitares la pobla-ción debía callar, tal como manifestó una niña en Tame:

141. Ariel F. Ávila Martínez, José J. González y Ómar Gutiérrez, op. cit., p. 35.142. El ELN en la década de los noventa lanzó la campaña «Despierta, Colombia, te están robando el petróleo», con la cual inició una serie de voladuras a oleoductos y una campaña de propaganda sobre el tema.

245

Llegaban y pedían al mayor de todos los hermanos y no regresaba; cuando se preguntaba por él al principio nos decían que estaba bien, después nos prohibieron volver a preguntarlo143.

El reclutamiento y la desaparición forzada son críme-nes atroces cometidos contra la población civil, porque las familias siguen manteniendo la esperanza de ver de nuevo al niño o joven desaparecido. Como se sabe, en estos casos de desaparición forzada del familiar, los pro-cesos de duelo son muy prolongados y complejos. Las fa-milias no salen de la zona debido a que guardan la espe-ranza de que regrese el hijo y porque los grupos armados ilegales no permiten que salgan para evitar las denuncias ante las autoridades.

Durante el año 2006 y principios del 2007 se presentó una disminución sustancial en la tasa de homicidios y en los reclutamientos urbanos (gráfico 14). Ahora bien, a fi-nales del año 2007 y a comienzos del 2008 las denuncias sobre un posible rearme de los antiguos integrantes de los grupos paramilitares se han incrementado. En quince entrevistas realizadas en Tame, personas desplazadas ma-nifestaron algo que se repite en diversos territorios con posterioridad a la desmovilización:

Ellos (refiriéndose a los paramilitares) siguen por ahí, eso uno no puede denunciar porque ellos ahora andan de civil y con chalecos, pero ahí están144.

En el marco de la confrontación entre las guerrillas y la fuer-za pública, los militares iniciaron desde el año 2000 una fuerte modernización de sus estructuras y Arauca, al ser una de las primeras zonas de rehabilitación, vio incrementada su estruc-tura militar en un 300%145. Actualmente cuenta con cerca de

143. Entrevista realizada a niña en Tame, 30 de abril de 2008.144. Entrevistas con diferentes personas desplazadas en el municipio de Tame y la ca-pital de Arauca, febrero de 2008. 145. Ministerio de Defensa Nacional, Logros de la Política de Seguridad Democrática, Bogotá, noviembre de 2007.

246

12.000 hombres en todo el departamento, en particular custo-diando el tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas. En este marco, los enfrentamientos con la guerrilla se incrementaron entre el 2000 y el 2002, y se mantienen hasta la fecha.

La región más afectada por este enfrentamiento ha sido la del piedemonte llanero. Los primeros enfrentamientos se dieron en la frontera con el departamento de Boyacá, en los municipios de Güicán, El Cocuy y Cubará. Luego, en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.

Mapa 6Arauca: presencia de actores armados ilegales

Presencia FarcFrente 10 Capitán Pomare

Omaira Montoya

Presencia bandasemergentes

Águilas Negras y Vencedores de Arauca

Compañero Tomás

Berkeley

Frente 45Frente 28

Compañía MóvilReinel Méndez

Presencia ELN

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

En la actualidad, las estructuras de las Farc y del ELN mantienen altos niveles de confrontación armada en el departamento de Arauca146.

146. Las estructuras que ejercen influencia en la actualidad en el departamento son el Frente 10 o Guadalupe Salcedo; el Frente 45 o Atanasio Girardot; la Columna Alfon-so Castellanos, la cual surgió hacia mediados de la década de los noventa de un des-doblamiento del Frente 10; la Compañía Reinel Méndez, igualmente producto de un desdoblamiento del Frente 10. Marginalmente, hacen presencia los frentes 28 y 38, que se encuentran fuertemente diezmados en la actualidad, y las columnas móviles Julio Mario Tavera y Urías Cuéllar.

247

Gráfico 18Distribución de acciones bélicas por grupo ilegal en el departamento de Arauca, 2005-2007

Farc Frente 10Farc "Columna MóvilArturo Ruiz"Farc Frente 45Farc "Columna Alfonso Castellanos"ELN "Columna Che Guevara"ELN Frente Domingo Laín

58%

4%4%

17%

4%13%

Fuente: Base de datos de Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

Por su parte, el ELN se mantiene en Saravena, además de los otros municipios del piedemonte, en territorios de Tame y Fortul.

Mapa 7Arauca: presencia del ELN

Berkeley

Omaira Montoya

Capitán Pomare

Compañero Tomás

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

248

La presión militar por parte de la fuerza pública se concen-tró en tres acciones. En primer lugar, se produjeron detencio-nes masivas, so pretexto de la influencia del ELN en el poder local. En segundo lugar, se promovió la centralización de las regalías petroleras para controlar la corrupción. Por último, una fuerte presencia en los alrededores de la infraestructura petrolera para evitar atentados de los grupos guerrilleros.

La situación para la población civil fue muy complicada, sobre todo en lo que concierne a las capturas masivas. Según los informes del Ministerio de Defensa, desde el año 2002 hasta noviembre de 2007 se registraron 28.202 detenciones de miembros de los grupos insurgentes, de los cuales cerca del 93% fueron de las Farc y el ELN, sobre todo de las Farc. Se estigmatizó a los capturados desde todos los sectores de la sociedad, tanto desde la población en general como desde las fuerzas militares. Una mujer, familiar de un capturado en Sa-ravena, manifestó: «No podíamos comprar nada, nadie nos vendía, ni siquiera comida, pues les decían que si lo hacían le vendían a la guerrilla; así fue como crecieron mis hijos»147.

Las Farc y el ELN en la región de Arauca tenían estructu-ras muy poderosas, sobre todo el ELN, tanto en lo militar como en lo político. El control de ambas organizaciones guerrilleras era y es aún muy fuerte sobre las estructuras sociales148. En la guerra entre ambas organizaciones, la po-blación civil constituye el principal foco de sus acciones. Cuando se inició la confrontación entre los dos grupos armados ilegales, la población quedó en medio de dos fue-gos149, y quien le prestaba colaboración o algún tipo de

147. Entrevista realizada a familia desplazada en el municipio de Saravena, 1° de mayo de 2008.148. El sentido utilizado de «estructuras sociales» se refiere a grupos de personas or-ganizadas de una comunidad, como una junta de acción comunal u organizaciones sociales, pero también a las estructuras familiares y de vecindad que se producen y reproducen en tales territorios.149. David Stoll, Entre dos fuegos, Quito, Ediciones Abya Yala, 2002. Dicho libro trata este concepto, al referirse a la situación de la población en la guerra civil que vivió Gua-temala con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Aunque el concepto ha sido criticado por la forma como la utilizó Stoll en su libro, es un concepto que se puede utilizar para casos donde la población sufra ataques de dos bandos armados contrarios.

249

ayuda al ELN o a las Farc era visto por el grupo contrario como miembro de aquel grupo armado.

Si bien la confrontación entre ambas organizaciones no fue un hecho novedoso, el enfrentamiento del 2005 fue impor-tante en relación con las consecuencias que éste tuvo para la población civil150. Así, en la región de Arauca, las primeras con-secuencias se comenzaron a ver hacia principios del 2006 y se agravaron fuertemente durante el 2007. Los desplazamientos se incrementaron en forma sustancial. Incluso para los prime-ros cuatro meses del año 2008 se había presentado, según datos oficiales, el desplazamiento de 590 familias151, cada una con un promedio de cinco integrantes, con hijos entre los cero y diez años que por lo general son menores de cinco años.

Gráfico 19Número de desplazamientos por año en el departamen-to de Arauca

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Años

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Fuente: Acción Social.

Por otra parte, los homicidios también se incrementa-ron, así como la desaparición de personas. En las visitas de campo se evidenció el gran número de personas des-

150. La confrontación se inició con el asesinato de alias «El Che», comandante del Fren-te 8 de las Farc, al ser emboscado luego de una reunión con el ELN en el Cauca. Esta lucha se extendió por las regiones donde ambos grupos hacen presencia en el país.151. Entrevista a funcionario del municipio de Tame, 29 de abril de 2008.

250

plazadas que llegaron a las cabeceras municipales, gene-ralmente madres cabeza de familia con tres o cuatro hijos, ya que a sus compañeros los asesinaron o están desapare-cidos con ocasión del conflicto armado. A continuación se muestra el incremento en los homicidios, cuyas víctimas son mayormente hombres (gráfico 20).

Gráfico 20Tasa de homicidios en el departamento de Arauca

185

393445

395

277

185222

259264212 214

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Años

Núm

ero

de H

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s

050

100150200250300350400450500

Fuente: Observatorio de la Vicepresidencia de la República.

Los homicidios se incrementaron en los años 2007 y 2008, pero el pico más grande se dio en el 2003. Aunque el desplazamiento sigue siendo igualmente alto, los asesina-tos han tendido a disminuir. Este hecho también es pro-ducto del modus operandi de los grupos guerrilleros, don-de evitan el asesinato selectivo como primera instancia de actuación, más bien prefieren dar un aviso o amenaza de desplazamiento antes de actuar mediante el asesinato. Por el contrario, si la persona no toma en cuenta la adverten-cia, las Farc y el ELN la asesinan152. Con ese proceder evi-tan estigmatizaciones e impopularidad.

152. Entrevista realizada al encargado de un hogar de niños, en área rural del municipio de Tame, 30 de abril de 2008.

251

Primera infancia y situaciones de vulneración de dere-chos en un territorio en disputaEn los territorios estudiados durante el trabajo de campo, es evidente que la presencia tanto de las Farc como del ELN ha tendido a disminuir en los últimos años debido a la fuerte presión de la fuerza pública. Los niveles de reclutamiento por parte de los actores armados fueron elevados durante la década de los noventa y los primeros años del 2000, porque los recursos económicos lo permitían. Ésta fue la época de la bonanza cocalera en la región, gracias a la cual las Farc tenían carros, lanchas rápidas o deslizadoras, convirtiéndose para los jóvenes en modelos a imitar. Las capturas masivas oca-sionadas por las diferentes confrontaciones entre los grupos armados ilegales incrementaron en forma sustancial los des-plazamientos forzados y la tasa de homicidios.

Las familias que llegaron a la cabecera municipal de Arauca, en un alto porcentaje, habían perdido a uno de sus integran-tes antes del desplazamiento, por lo general al padre de fami-lia o al hijo mayor. La madre se convirtió en cabeza de hogar, teniendo a su cargo entre cuatro y cinco hijos, por lo general menores de diez años. En este contexto, las condiciones de empleo para las familias desplazadas son muy precarias. En relación con la vivienda, se generaron problemas de hacina-miento, aumentándose las probabilidades de que los niños y niñas pequeños fueran víctimas de violencia y abuso sexual.

Al respecto, según servidores públicos del ICBF con sede en Tame, tal tipo de situación no es extraordinaria; por el contrario, es bastante frecuente, aunque no es de-nunciada por las familias o los padres de las víctimas153. Las denuncias no ocurren porque en muchos de los casos el perpetrador es un familiar o el padrastro de los niños. Igualmente, el abusador puede ser el dueño de la casa donde reside la familia desplazada o el padrastro, que re-presenta para la madre un respaldo económico; en otros casos, no denuncian por miedo (cuadro 17).

153. Entrevista con una servidora pública de seccional del ICBF, municipio de Tame, 19 de abril de 2008.

252

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253

Pese a que las causas de maltrato infantil son complejas y dependen de múltiples variables, se sospecha que la precaria situación económica en la que se encuentra la familia des-plazada, así como la falta de salidas a esta situación, agravada por el choque cultural que tienen que experimentar, conlleva angustias y ansiedades por parte de los padres y las madres de familia, lo cual de alguna manera se convierte en el caldo de cultivo para el maltrato y el abuso infantil. Tanto profesio-nales como agentes educativos que trabajan cotidianamente con niños (en particular con la primera infancia) en los te-rritorios visitados de Arauca manifestaron preocupación por el incremento de situaciones de maltrato infantil en las fami-lias en situación de desplazamiento. Al respecto, una persona vinculada a la Pastoral de la Primera Infancia manifestó:

Según los datos que nosotros manejamos, podemos hacer un cálculo del 50% de maltrato infantil en las familias desplaza-das y la población en situación de vulnerabilidad; esta cifra se genera a causa de la situación de pobreza que tiene la familia y del grado de analfabetismo en los núcleos familiares. Los ni-ños aguantan hambre, los traumas de haber visto morir a uno o los dos padres en combate hace que se generen problemas psicosociales; además, los muchachos se lucen contando cómo fue que asesinaron a sus familiares con el fin de mostrar la si-tuación y llamar la atención (…) por otra parte, no conozco muy a fondo la relación de la comunidad con las redes de apo-yo, pero podría decir que sí existe una colaboración; la gran complicación es que estas redes no tienen una asistencia por parte del gobierno municipal y esto hace que no funcionen de la mejor manera, de una forma ideal como uno pensaría154.

Todo esto tiene relación directa con la violencia intra-familiar, donde el departamento de Arauca evidencia una de las tasas más altas del país para el año 2007 (el cuarto lugar), con 321 casos por 100.000 habitantes155.

154. Entrevista con una persona vinculada a la Pastoral por la Primera Infancia, muni-cipio de Tame, 30 de abril de 2008.155. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF), Revista Fo-resis, 2007, en http://www.medicinalegal.gov.co/drip/for2007.html.

254

Por otra parte, maestros, agentes educativos y psicólogos de los municipios estudiados señalaron que los niños y las niñas desde temprana edad se ven sometidos a maltratos psicológi-cos, porque los padres consideran que a través de gritos, ame-nazas y humillaciones, lograrán que los niños se comporten mejor. Esta pauta de educación parece ocasionar efectos con-trarios a los buscados por los padres, produciendo sentimien-tos de rebeldía, rabia y tristeza en los pequeños156. Este tipo de violencia emocional no se percibe a simple vista, pero pue-de constituirse en factor expulsor del hogar a muy temprana edad, dejando a estos menores expuestos a riesgos como la utilización y abuso por parte de otros adultos inescrupulosos en los casos de explotación sexual infantil. La Pastoral Social de la Primera Infancia concientiza a las familias de esta situa-ción, alertando sobre el riesgo y la fragilidad de los niños y las niñas pequeños y las consecuencias que éstos pueden sufrir al ser sometidos a situaciones de maltrato y abuso.

Respecto a los casos de maltrato infantil en el munici-pio de Tame, se cuenta con los siguientes datos:

Cuadro 19Tipos de maltrato

Año

Tipo de Maltrato2000 2001 2002 2003 2004

Físico E.C. 171 152 73 96 46

Abuso sexual 43 43 29 52 25

Psicológico 5 0 0 0 3

Abandono 11 4 12 11 5

Tránsito por. embriaguez 21 26 25 43 20

Rec. med. leg. 7 25 50 18 7

Otros =19 = 31 = 33 = 3

Total niñez 258 269 220 253 109

Total año 1.652 1.779 1.427 1.201 1.464Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2000 al 2004.

156. Entrevista a la directora seccional de la Pastoral por la Primera Infancia en el mu-nicipio de Tame, 30 de abril de 2008.

255

Otra consecuencia del desplazamiento forzado tiene que ver con la desintegración de la familia como núcleo primario de protección y cuidado de los niños; que tienen la respon-sabilidad de proveer las necesidades de alimento, afecto, salud y educación en los primeros años de vida. En el 80% de las familias desplazadas entrevistadas, que llegaron al municipio receptor con su pareja, se encontró que en promedio entre los tres y cinco meses se desintegró la unión familiar157. General-mente, el padre abandona la familia, lo cual implica que la mu-jer se convierte en cabeza de familia, teniendo que velar por el sustento económico de los hijos e hijas. Luego del abandono, es frecuente que la mujer forme otra pareja y tenga más hijos, con lo cual comienza una cadena de convivencias inestable158. En algunos casos, las nuevas uniones ocasionan perjuicios a los hijos, especialmente cuando el padrastro es causante de vio-lencia intrafamiliar contra la madre y los hijos159.

En los testimonios de psicólogos y maestros entrevis-tados en el trabajo de campo, se comprobó lo que parece una tendencia: los padres de la segunda o tercera unión se mantienen con la madre gestante en el primer año de vida del niño, donde suelen mostrarse muy atentos a la crianza de sus hijos, pero una vez que los niños pasan de los dos o tres años abandonan la familia.

Así, en la población desplazada de estas zonas es bastante común encontrar familias con madres cabeza de hogar sin un trabajo estable, razón por la cual les resulta muy difícil generar las condiciones económicas para garantizar la supervivencia básica de sus hijos, por lo que las condiciones de desnutrición, salud y educación de los pequeños son muy precarias.

Como ya se mencionó, el narcotráfico y el contrabando son caldo de cultivo para la proliferación de economías ilí-citas, en las que la población civil termina involucrada, in-

157. Entrevistas realizadas a madres cabeza de hogar y familias desplazadas en los mu-nicipios de Tame y Saravena, entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2008.158. En Saravena se observó que las madres cabeza de hogar luego del segundo compa-ñero no tendían a buscar convivencia con una tercera pareja.159. Entrevistas realizadas en los municipios de Tame y Saravena, entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2008.

256

defectiblemente. En este contexto la utilización de menores de ocho años, llamados «campanitas», es muy común. Los grupos armados al margen de la ley los usan en el contra-bando o para avisar cuando el enemigo se aproxima a sus campamentos160. Últimamente esta modalidad la han apli-cado los llamados carteles de la gasolina y los contrabandis-tas, tal como se ha visto en el caso de Barrancabermeja.

Los niños «campanitas» llegaron a ser muy conocidos en Tame, don-de los grupos paramilitares ejercían un control territorial urbano. En ese ámbito primaba la lógica del contrabando de todo tipo de mer-cancías, desde electrodomésticos hasta la gasolina. Los niños de los barrios deprimidos de este municipio, desde muy temprana edad, tenían cercanía con estos personajes de la delincuencia, así como con los hechos de violencia cometidos por éstos. Los padres se debatían entre permitir o no tales acciones, condicionados por los problemas económicos o por el miedo a los grupos paramilitares161.

Otra grave consecuencia de la dinámica del conflicto armado respecto de la infancia tiene que ver, en el caso de Tame, con círculos de explotación sexual de niños y niñas desde los once años, en su mayoría provenientes de fami-lias desplazadas, mediante la modalidad de «prepago»162.

En Tame existe una red de prostitución manejada desde los taxistas que afecta especialmente a las niñas. Éstos contactan a las personas y ofrecen el servicio. Por lo general, el taxista se queda con un 20% del valor que cobra la niña163.

160. Ibid., p. 36.161. Ibid.162. Se entiende por prepago la modalidad de prostitución que se hace con un pago anticipado y con cita previa de alguno de los supuestos clientes. La forma de contactar a las mujeres u hombres es por vía celular.163. Entrevista con persona vinculada a la Pastoral de Primera Infancia y con servidor público de la policía de Tame, 30 de abril de 2008. A partir de la información obtenida en Tame y en Saravena, los círculos de prostitución estarían enfocados en tres grupos poblacionales. El primero son los miembros de la fuerza pública. De hecho, las familias entrevistadas coincidían en señalar que las niñas llegaban a los estaderos cercanos a la base militar a buscar a los militares, quienes les pagaban los «servicios sexuales». Algunos taxistas afirmaban que en esos sectores se concentraba por lo menos el 70% de los hechos de explotación sexual infantil. Esta situación trae consecuencias para la salud de las niñas, tales como enfermedades de

257

En estas circunstancias, los cultivos de hoja de coca y el contrabando binacional constituyen una realidad recu-rrente en la región. Esta situación es otra de las realidades que impactan en la vida de la infancia y la adolescencia.

Los habitantes de la zona en las entrevistas manifestaron:

Inicialmente los cultivos de coca fueron algo aleatorio, los colonos decidían si cultivaban o no. El ELN no dejaba cultivar a los fin-queros, ya que éstos tenían títulos de propiedad y mejor situación económica. De cada cien familias en Arauca, 70% son finqueros y el otro 30% son colonos. Por su parte, las Farc cobraban un grama-je a la producción de la coca. Así, los cultivos ilícitos proliferaron después de 1998 y las Farc comenzaron a impulsar la siembra de la hoja de coca164.

La cadena de desplazamientos y colonizaciones gene-radas por una guerra de más de cincuenta años lleva a la población civil, inevitablemente, a ser proclive a la ilegali-dad. En el caso de Arauca, muchos de los campesinos que llegaron al piedemonte llanero, a finales de los ochenta, provenían de los Santanderes, Casanare y Meta, al igual que los pobladores actuales, que cuatro décadas atrás ha-bían huido de la violencia de la década de los cincuenta, y a las expresiones del paramilitarismo o las guerrillas de la paz. Las duras condiciones socioeconómicas de las zonas rurales donde se asientan los colonos, migrantes y despla-zados, asociadas al desarraigo y la desesperanza, los lleva-ron a terminar vinculados a los cultivos ilícitos.

Un joven narró los hechos que le sucedieron cuando tenía seis años, vivía en el departamento del Cesar y tuvo que salir desplazado con su familia:

transmisión sexual, que no son comunes en Tame o Saravena, pero que han tenido incrementos constantes durante los últimos años. Los restantes focos de la explotación sexual infantil tienen que ver con los forasteros o turistas, es decir, personas ajenas al municipio, que de por sí son pocos, y por último, algunas personas del municipio. En ciertos casos, los taxistas, en lugar de cobrar una tarifa por conseguir el contacto, piden «favores sexuales» a cambio (entrevista realizada con una servidora pública del ICBF, municipio de Tame, 29 de abril de 2008).164. Entrevista con político local, 30 de abril de 2008.

258

Era una situación complicada, pues habíamos salido sin nada y eso [los cultivos ilícitos] era lo más rentable. El primer desplazamien-to fue de Becerril (Cesar), del corregimiento de Estados Unidos (…) los paramilitares mataron a un tío y un primo en la primera incursión, luego a mi papá, por eso nos tocó salir de allá. Yo llegué solo y mi mamá a los dos o tres meses. Luego los paramilitares nos volvieron a desplazar de la zona rural de Tame y de ahí salimos a Pueblo Nuevo, después vinieron las erradicaciones y fumigaciones y me tocó venirme para el internado. Mi mamá sufre de artritis degenerativa y mis hermanos son muy pequeños 165.

Frente a esta situación, los cultivos de coca se constitu-yen en una salida para la supervivencia de los campesinos y familias desplazados, a la vez que los involucra en los círculos de violencia y la guerra.

Al respecto, un joven entrevistado afirma:

Los cultivos de coca garantizaban los ingresos de mi familia, pero a la vez fueron el motivo de que tuviéramos que desplazarnos. A los siete años yo era raspachín166 y sabía procesar medianamente la hoja de coca.

Otro de los problemas que enfrenta la sociedad civil a consecuencia del conflicto armado es el confinamiento167. Al respecto se sabe que es una estrategia de los grupos ar-mados ilegales para controlar la población y evitar el des-plazamiento de las comunidades. Se trata de un mecanismo defensivo, ya sea para custodiar cultivos ilícitos, proteger los campamentos o como estrategia militar. Lo cierto es que deja a la comunidad en una situación muy difícil, sin po-

165. Entrevista realizada a la encargada de un hogar de niños en el municipio de Tame. La zona del Cesar aludida fue arrasada por el paramilitar extraditado alias Jorge 40 (Jorge Tovar Pupo), con la disculpa de que sus habitantes eran guerrilleros. Las ma-sacres y desplazamientos masivos dejaron a corregimientos y veredas con aspecto fan-tasmal; por ejemplo, en Becerril sólo quedaron ocho habitantes.166. Raspachín: quien se ocupa de «raspar» las hojas de coca de la planta para luego procesarla.167. El confinamiento es una práctica relativamente reciente, por medio de la cual los actores armados siembran minas antipersonales en un territorio extenso, donde viven conglomerados humanos. Dichas comunidades quedan encerradas, sin poder salir de sus territorios. El grupo armado deja sólo algunos corredores de movilidad que única-mente ellos conocen y por donde permiten entrar o salir a la población.

259

sibilidad de acceder al comercio ni obtener bienes básicos para la supervivencia. En el contexto de confinamiento se viola todo tipo de derechos, desde el derecho a la vida y supervivencia, hasta el derecho de acceso a bienes básicos, como la salud y la alimentación. La educación se hace im-posible. Es una de las situaciones donde se atropellan los derechos colectivos de una comunidad. La situación es aún más complicada en aquellos confinamientos donde existen cultivos ilícitos, porque las fumigaciones prácticamente se realizan sobre la misma población.

En los contextos de confinamiento la crisis alimentaria se hace inmanejable, afectando especialmente a los más peque-ños, quienes presentan altas tasas de desnutrición. Aunque no se encontraron datos concretos sobre esta problemática, casi todas las personas entrevistadas se referían a esta situación.

Igualmente las minas antipersonales impiden la libre movilización y afectan en particular a la población civil. En el municipio de Tame se sabe de la presencia de minas en las veredas de Nápoles, Florida Baja, Filipinas, Puerto Nidia, La Liberia, y en casi todo el corregimiento de Pueblo Nuevo. Esta situación conlleva un alto riesgo para niños y jóvenes.

Según una autoridad policial:

Durante el año 2007 y parte del 2008, doce niños entre los cuatro y catorce años resultaron afectados por tal tipo de artefactos, así como quince adultos, lo cual ocurrió cuando se encontraban reco-giendo comida en las zonas altas. El caso más grave se vivió el 26 de septiembre de 2007, cuando tres hermanos cayeron en un campo minado: Adriana Paola Sánchez, de dieciséis años; Óscar Sánchez, de trece años, y Émerson Sánchez, de seis años.

Además de los problemas mencionados, Arauca experi-menta síntomas históricos de corrupción administrativa y malversación de regalías del petróleo, lo cual ha llevado a la combinación de tendencias y actores legales e ilegales en una intrincada dinámica de retroalimentación168, caracte-

168. Así, por ejemplo, se habla de antiguos acuerdos entre guerrillas y gobiernos locales, y se dice que el contrabando de gasolina y el paso de cocaína se hacen hoy con la com-

260

rizada por contradictorios procesos de marginamiento e integración con referencia al centro del país y a los centros de poder mundial169.

En relación con la población indígena, se puede asegu-rar que estas comunidades son las que tienen las peores condiciones de vida de toda la región. En promedio, cada madre indígena tiene siete u ocho hijos, lo que hace que ellos son los más afectados por el conflicto. El porcentaje de natalidad de los pueblos indígenas del territorio estu-diado de Arauca (gráfico 21) es alta. De los menores de seis años de las comunidades indígenas estudiadas, ningu-no se encuentra en los programas que provee el ICBF para la realización y protección de sus derechos, y los servicios prestados por otras instituciones, como salud, educación y recreación, son mínimos.

Gráfico 21Rangos de edad de comunidades indígenas visitadas

1% 13%

17%

23%9%

31%

6%

Menor de 2 años3 a 6 años7 a 13 años14 a 17 años18 a 45 años46 a 64 años65 años en adelante

Fuente: Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana. Convenio Acnur - Cáritas Arauca. Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia (RUT).

plicidad y soborno de algunas autoridades de control.169. Si el nivel de presencia del Estado es limitado y en algunas áreas se tiene tradición de colonización. Por otra parte, Arauca es zona de frontera internacional y su economía se halla inserta en dinámicas mundiales impulsadas por transnacionales.

261

Además de las condiciones precarias de las comunidades indígenas, éstas son víctimas de los grupos armados al mar-gen de la ley, a través del desplazamiento forzado, el confi-namiento en sus resguardos y el reclutamiento ilícito.

Con respecto al desplazamiento forzado la situación es muy difícil, no sólo porque el cambio de territorio afecta sus costumbres y prácticas culturales, sino porque son ob-jeto de discriminación y pauperización. Cuando son des-plazados de sus resguardos se trasladan a la periferia de las cabeceras urbanas, y como no tienen familiares, amigos o conocidos que los puedan recibir, se agrupan en fincas cercanas al municipio. Allí son objeto de discriminación, además de que los acusan de invasores y ladrones de gana-do y tierras. En diferentes testimonios los indígenas ma-nifestaron que en ocasiones los campesinos les prendían fuego a las tierras donde ellos llegaban, o bien contacta-ban a grupos armados ilegales para que los amenazaran y asesinaran, situación que originó fuertes disputas entre campesinos e indígenas. Así mismo, los indígenas despla-zados se ven obligados a recurrir a la mendicidad para conseguir el sustento diario.

La dinámica del desplazamiento forzado que viven las comunidades indígenas de la región de Arauca170 ha desen-cadenado la crisis alimentaria que enfrentan actualmente y que ha venido diezmando a su población171. Las tierras a las que llegan no tienen acceso suficiente a alimentos, bien por los problemas con los campesinos o por sus propias costumbres de vivir del pancoger o de la caza. Sus prác-ticas ligadas a la agricultura son diferentes de las de los lugares a donde llegan. Esto implica una utilización del

170. Las comunidades indígenas de Tame son: (i) Indígenas Guahíbo Macaguan: Pa-rreros, Cuiloto I, Cuiloto II, La Esperanza, Macarieros, Puyeros. (ii) Pueblo Uwa: An-gostura, Laguna Tranquila. (iii) Indígenas Guahíbo Hitnü-Cuiba: Los Iguanitos. (iv) Indígenas Guahíbo Sikuani: Los Velazqueros, Genareros, Roqueros, Caño Claro, Cu-ripao, Julieros.171. De la población indígena de Tame, cinco cabildos indígenas han sido desplazados por el accionar de los grupos armados. En una de las comunidades, de 136 personas quedan cerca de diez hombres, ya que el resto murió a manos de grupos armados.

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suelo (no rotación de cultivos ni cultivos a escala) que no facilita un aprovechamiento que garantice su subsistencia. Además, la preferencia cultural de los grupos indígenas es continuar con la caza de animales o regresar por un día al territorio del cual los expulsaron a recoger alimentos, ac-tividades en las que los pequeños (cero a seis años) acom-pañan a sus padres, exponiéndose a accidentes con minas antipersonales.

Los gobernadores indígenas manifestaron preocupa-ción por la pérdida de sus costumbres y el rechazo que la población local tiene hacia ellos. Al respecto, servidores públicos del ICBF regional Tame afirman:

… hijos de indígenas son los más afectados, porque ellos [los padres] van dejando por ahí a sus hijos no se preocupan y sufren de tubercu-losis, diarrea continua y un sinnúmero de enfermedades. Los niños menores de ocho años crecen sin guías capaces de orientarlos frente a los cambios drásticos que viven por el desplazamiento.

En relación con el confinamiento, esto se debe a que los resguardos están minados o a que los indígenas están expuestos a quedar en medio del fuego cruzado de los ac-tores en conflicto.

La peor parte de esta guerra la llevan los indígenas porque no tie-nen qué comer. Cuando son confinados en los resguardos, es im-posible que se ocupen de sus labores cotidianas, como la siembra y la cacería. Los que han sido desplazados no aguantan estar fuera de sus tierras y regresan a sus resguardos, sufriendo todos los rigores del confinamiento. Otros optan por regresar a recoger la siembra y a cazar, exponiéndose a las minas y a quedar en medio de los com-bates. Lo peor de todo es que esto lo hacen en familia y no sólo se exponen los adultos sino también los niños172.

La etnia de los Cuhiloto constituye el caso de confina-miento más dramático que se conoce en la región. Allí únicamente se les permite salir a determinadas personas,

172. Entrevista realizada a un encargado de institución de protección.

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por lo general al líder del cabildo, para que lleven comida y vendan algunos de sus productos. Así mismo, la fuerza pública les prohíbe subir más de diez kilos de comida, con el argumento de que es comida para la guerrilla. En estos casos, la crisis alimentaria se agudiza, a la vez que los ries-gos por transitar por campos minados.

En conclusión, podría decirse que los impactos del con-flicto armado sobre la primera infancia en territorios en disputa están relacionados con el desplazamiento forzado, el confinamiento de algunas poblaciones, la exposición a los campos minados, el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado entre los grupos armados y, sobre todo, la exacerbación de la crisis alimentaria.

Hijos e hijas de combatientes de grupos armados al mar-gen de la ley y de desmovilizadosPara completar el mapa de los impactos ocasionados por efecto del conflicto armado en la primera infancia, se presentarán unas líneas de análisis que deberán ex-plorarse profundamente en próximas investigaciones, relacionadas con las afectaciones sufridas por los hijos e hijas menores de seis años de los combatientes de grupos armados al margen de la ley, ya sean guerrilleros o para-militares173.

Para el abordaje de esta temática se realizaron entrevis-tas en los tres territorios estudiados y en Bogotá con gru-pos de desmovilizados. Si bien no se presentan datos con-cluyentes, se consideró fundamental generar la reflexión sobre la situación de los hijos e hijas de combatientes, dado que al abandono y al maltrato se suman los vejáme-nes de guerra y la pobreza. Así mismo, esta reflexión exi-ge una lectura desde la perspectiva de género porque hay diferencias abismales en la experiencia de la paternidad/maternidad en medio del conflicto y de los combates.

173. En las observaciones de campo expresadas en este apartado se aludirá a estos dos grupos, toda vez que los desmovilizados que asistieron a talleres y entrevistas en Bogotá pertenecieron a ellos (Farc, grupos paramilitares).

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El análisis parte del hecho de que los hijos e hijas de combatientes y desmovilizados vivencian en su cotidia-nidad las actividades bélicas de sus padres y madres, así como las normas o reglamentos establecidos por cada uno de los grupos armados ilegales para la manutención de los recién nacidos, incluso desde el momento de la gestación.

Normas expresas que funcionan en los grupos armados al margen de la ley acerca del tratamiento de los embara-zos y de los hijos e hijas de combatientesEn medio de la guerra, cada uno de los grupos armados ilegales crea normas con diversas finalidades. Por una par-te, corresponden a una lógica de control de los altos man-dos sobre sus militantes y, por otra, son la estrategia para lograr la estabilidad, lealtad y compromiso de los comba-tientes con los grupos a los que pertenecen para asegurar la supervivencia del grupo como tal. En los reglamentos se especifican normas de convivencia y comportamiento dentro de cada grupo armado y su relación con el exterior, incluso con la población civil.

Cada uno de los actores armados ilegales define reglas alrededor de las relaciones de pareja de sus militantes, de los posibles embarazos de las mujeres y la crianza de los futuros hijos.

En las Farc y el ELN, existen normas diferentes para mujeres y para hombres. A las mujeres les está prohibido involucrarse con hombres ajenos al grupo armado, esto es, sus parejas deben ser guerrilleros, mientras que la pareja de los hombres puede ser del grupo armado o no.

Los embarazos se previenen por medio del uso de mé-todos anticonceptivos. Si pese a esto la mujer queda em-barazada, debe abortar o se le permite tener al bebé, según el lugar en el que esté combatiendo.

El aborto no se debe entender como una decisión ge-neralizable, pues en algunos casos puede corresponder a un aborto espontáneo ocurrido por las actividades de la

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madre en medio del conflicto; en otros casos, el aborto es inducido por orden de algún mando alto174.

Sobre los abortos ordenados por los comandantes gue-rrilleros, la Unicef denunció:

(…) el oficial de Protección a la Infancia de la Unicef, Eduardo Gallardo, denunció que varios grupos armados, entre ellos grupos guerrilleros, estarían reclutando adolescentes. Gallardo aseguró que, una vez que las niñas ingresan a las organizaciones ilegales, son utilizadas sexualmente, y es alto el número de abortos que or-denan los comandantes de esos grupos al margen de la ley175.

Con respecto a la crianza de los hijos e hijas de combatien-tes guerrilleros, en el ELN la mujer embarazada permane-ce junto al grupo armado hasta los siete meses de gestación o a veces espera hasta el nacimiento, momento en el cual la mujer tiene tres meses de permiso para su retorno a la vida armada. Los recién nacidos quedan generalmente al cuidado de los abuelos o familiares, quienes toman como propios a sus nietos, recibiendo tan sólo algunas visitas esporádicas de los padres y ninguna ayuda económica para la crianza de los niños. En ciertas ocasiones, a los guerrilleros que tienen algún rango significativo en la guerrilla (comandante, por ejemplo) se les permite la visita de sus hijos en los campamentos una vez al año, dependiendo también de la zona de conflicto en la que se encuentren y la coyuntura bélica que se esté atravesan-do (número de combates o acciones militares).

En las Farc, las relaciones en tal sentido son similares a las del ELN; sin embargo, como los militantes de las Farc deben trasladarse constantemente de una zona de combate a otra (el ELN es más cercano a zonas urbanas), les resulta más di-fícil tener contacto con sus hijos. En algunas situaciones, se deja a los niños con familias de apoyo (campesinos cocaleros ubicados en áreas rurales relativamente cercanas a los asen-

174. Algunos comandantes se oponen a los embarazos porque los consideran un peli-gro para la continuidad de sus militantes. Se argumenta que cuando las mujeres salen del grupo a cuidar a sus hijos, persuaden a los guerrilleros para que deserten.175. Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en http://www.dere-choshumanos.gov.co, Bitácora, 5 de agosto de 2007.

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tamientos guerrilleros). También ocurre que las madres de estos niños son campesinas, en tanto que los padres militan en la guerrilla.

Los testimonios son contundentes:

(…) alias «Jennifer», de dieciséis años. Contó que en las filas de las

Farc encontró el amor, que se enamoró de un guerrillero y quedó em-

barazada. Relató que con fajas escondió su embarazo, según ella, para

evitar que la hicieran abortar. «Fue una época difícil, lloraba mucho

porque no podía contarle a nadie de mi estado», dijo. Cuando llegó

el momento del parto, fue asistida por otra guerrillera que hacía las

veces de enfermera. Contó que durante dos meses estuvo al lado de

su bebé, pero que después se lo quitaron porque no era posible que

ella siguiera en las filas en esas condiciones. El bebé fue entregado a un

colaborador de la guerrilla para que lo cuidara mientras ubicaban a la

abuela de alias «Jennifer»176.

En el caso de los grupos paramilitares, las relaciones de pareja se denominaban «asociaciones»; se debía prevenir el embarazo por medio del uso de métodos anticoncepti-vos; si había embarazo, se les permitía parir, pero tenían una especie de «castigo»177. Usualmente podían volver a las filas después del parto y los primeros meses de crianza, pero perdían la antigüedad en las autodefensas (si lleva-ban dos años en el grupo antes del embarazo, a su regreso empezaban de cero). Podían optar por permanecer en el grupo armado, en un período no menor de cuatro años, y después retirarse; no obstante, en la práctica esta opción no siempre era una realidad y dependía de otros factores, según cada militante. En el reglamento paramilitar se es-pecificaba que quienes entraran voluntariamente al grupo armado podrían tener descansos o vacaciones para visitar a sus familias o parejas, dado que estas organizaciones se consolidaron en las áreas urbanas.

176. El Tiempo, «Se desmovilizaron nueve integrantes de las Farc y el ELN, entre ellos una menor de 16 años», 22 de marzo de 2008.177. Entrevista con desmovilizados de grupos paramilitares, Bogotá, 14 de mayo de 2008.

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Hijos e hijas de combatientes La situación de los hijos e hijas de combatientes es bastante difícil. Cuando la mujer es la combatiente, no hay opciones de controles prenatales y menos de atención al parto en una ins-titución de salud; en sus primeros años de vida están expues-tos a los peligros de la guerra, a la imposibilidad de cualquier acceso a servicios de salud, protección o cuidado, y al abando-no o ausencia del padre en el caso de que éste sea guerrillero y la madre una campesina. Una madre desmovilizada narra:

(…) permanecí en la guerrilla hasta los ocho meses de embarazo, par-

ticipando en las acciones de combate y ejercicios militares; en el cuar-

to mes sufrí un golpe muy fuerte en el abdomen. Según un médico

consultado después del nacimiento, eso fue lo que hizo que mi hijo

naciera con una lesión en el ojo, no sé si se pueda mejorar la visión de

mi hijo, él ahora tiene cuatro años.

De igual manera, existen limitaciones en el momento del registro civil. Si la madre es la combatiente, por lo general no se registra al niño y cuando lo entregan a una «familia de apoyo», adopta los apellidos de ésta. Si el padre es combatien-te y la madre no, el niño toma sólo el apellido de su madre, siendo desconocido legalmente por su papá.

De acuerdo con los imperativos de la guerra, no podría de-cirse que existe un ambiente familiar óptimo para estos niños porque viven separados de sus padres prácticamente desde el nacimiento. En tal sentido, el cuidado, desarrollo y protec-ción de los hijos e hijas de combatientes se ven afectados por razones de pobreza porque ésta es la condición generalizada en la que viven sus cuidadores, abuelos y familias de apoyo. Su crecimiento tendrá lugar en las zonas cercanas a los esce-narios de la guerra, en medio de zonas de conflicto y com-bate, o en territorios alejados a la guerrilla, sin la facilidad de conocer y convivir con sus padres.

Por otro lado, además del abandono, estos infantes tienen como referentes los símbolos de la guerra, que en casi todos los casos tienen aprobación. En entrevista con una madre desmovilizada, relató:

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(…) cuando yo no me había desmovilizado, mi hija fue a visitarme en el campamento; aún era muy pequeña, tenía cinco años. Estábamos en una de nuestras caminatas con uniforme y los fusiles como cualquier otro día; mi hija se cayó, pues se enredó entre unas matas y le quedó una cicatriz en el brazo. Cada vez que ella ve su cicatriz recuerda esa caminata y todo lo que vio en ese momento, tal vez si no tuviese esa marca en su cuerpo ella habría olvidado cosas de la guerrilla178.

Otro de los efectos directos del conflicto armado en los hijos e hijas de combatientes es la pérdida de uno de los pa-dres por causa de la guerra, realidad que comparten con mi-les de otros menores de edad víctimas del conflicto. De este modo, crecen sin la presencia de sus padres. Un niño de cinco años, hijo de un desmovilizado, dio a conocer la pérdida de su mamá en un dibujo que representaba a una guerrillera:

Este dibujo me gusta porque me recuerda a mi mamá y mi mamá siempre estuvo orgullosa de lo que hacía, ella se murió y yo vivo con mi papá; él se salió de eso hace rato179.

Hijos e hijas de desmovilizadosLos hijos e hijas de desmovilizados constituyen un motivo importante para que éstos decidieran desmovilizarse, con el fin de brindarles a sus hijos una mejor vida en cuanto a esta-bilidad emocional, crecimiento saludable, oportunidades de educación y convivencia con ambos padres.

(…) una menor de diecisiete años de edad (…) integrante de la guerri-lla, se entregó ante miembros del ejército para evitar que la obligaran a abortar. De trece guerrilleros que se entregaron ante tropas de la IV División del ejército, dos de ellas estaban embarazadas y cuatro afirma-ron que el motivo de desmovilización era recuperar a sus hijos180.

Cuando los combatientes tienen un hijo, deben decidir so-bre su futuro como militantes. Al respecto, un desmovilizado manifestó:

178. Entrevista con desmovilizada del ELN, mayo de 2008.179. Entrevista con niño de cinco años, hijo de desmovilizado, Bogotá, mayo de 2008. 180. Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en http://www.dere-choshumanos.gov.co. Bitácora, Cumaribo, Vichada, 8 de enero de 2008.

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Pues antes de que ella quedara embarazada, y yo estaba militando, nos

encontrábamos en las noches y no nos volvíamos a ver durante un

tiempo. Pero ya cuando se dio el embarazo, pues empezamos a pensar

en qué hacer para sacar adelante a la familia181.

Los programas de desmovilización permiten evidenciar la desintegración familiar por la que tuvieron que pasar los combatientes antes de su reincorporación a la sociedad y la posibilidad que el programa brinda de construir una vida mejor.

Con el programa tenemos la opción de que nuestros hijos puedan ac-

ceder a un futuro mejor. Hace posible que los niños vivan con ambos

padres. Nos permite reconsiderar las actividades que antes hacíamos y

los riesgos que corríamos en la guerra. Ahora procuramos aprovechar

mejor el tiempo con nuestros hijos. Ocasionalmente, en las redes de

apoyo y solidaridad que formamos entre los desmovilizados, se discu-

ten las dificultades que hemos tenido en la llegada a la capital y el por-

venir de nuestros hijos. También tenemos la posibilidad de obtener un

trabajo e incluso de estudiar182.

Aunque si bien el abordaje de esta temática fue provi-sional y por tanto no concluyente, por cuanto se requiere mayor documentación y profundización, llama la aten-ción la necesidad de generar mecanismos administrativos y legales para detectar a los niños y niñas que, aparte de sufrir el abandono de sus padres, también son víctimas de los vejámenes de la guerra. Esto con el fin de formular programas que respondan a la doble vulneración de sus derechos.

Por esta vía, la sociedad colombiana encontrará la manera de saldar la deuda histórica con los niños y las niñas, y en esta forma, abrir el camino hacia una sociedad de posconflicto basada en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

181. Entrevista con desmovilizados, Bogotá, 14 de mayo de 2008.182. Entrevista con grupo de desmovilizados, Bogotá, 2008.

Velación de una de las víctimas de la masacre del Aracatazo.Chigorodó, julio de 1995.

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Capítulo 4

REFLEXIONES FINALES

Y RECOMENDACIONES

Tatiana RomeroElsa Castañeda

Como se ha evidenciado en la caracterización de los tres territorios, de la dinámica del conflicto y de la incidencia que éste tiene en la población civil, la atención integral a la primera infancia que permita las condiciones básicas para su desarrollo biológico, psicoafectivo, intelectual y social como base para el desarrollo económico y social del país, se ve muy limitada y coaccionada en medio del conflicto.

En los territorios en disputa entre actores armados, como es el caso de Arauca (entre Farc, ELN y fuerzas mili-tares) y Putumayo (entre Farc y fuerzas militares), las con-diciones para la vida y supervivencia de la infancia se ven gravemente limitadas por las lógicas de los actores, por lo que el desplazamiento forzado se convierte en una proble-mática de gran magnitud que genera múltiples impactos en la vida de niños menores de seis años: problemas en el acceso (y continuidad) a educación inicial, fragmentación de las familias, exposición a condiciones de hacinamiento y viviendas muy precarias, bajo registro civil, dificultad en el acceso a la oferta pública, centros del ICBF y otros pro-gramas de salud y recreación.

En territorios en disputa, la estigmatización contra la población civil es alta por parte de los actores armados al margen de la ley, pero es preocupante que la fuerza pública

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asuma conductas similares frente a la población indígena y campesina local. La estigmatización de la población civil afecta directamente a los niños menores de seis años, toda vez que frente a las capturas masivas éstos quedan solos o al cuidado de los abuelos, sin comprender qué pasó dado que ni sus familiares lo entienden, o bien porque deben desplazarse dos o tres veces en el mismo municipio o a otro cercano.

Vale la pena destacar que la situación de la población in-dígena en estos territorios, que también se ve afectado por el desplazamiento, es muy grave, pues a las pérdidas materiales se suma la pérdida de las tradiciones al interactuar en entor-nos y códigos culturales diferentes sin las mínimas condicio-nes para su supervivencia biológica y simbólica, como por ejemplo la imposibilidad de acceder a la tierra. La práctica relativamente reciente del confinamiento en Arauca, como se pudo conocer en el trabajo de campo, deja a las comunida-des indígenas aisladas, sin posibilidad de establecer contactos para intercambios comerciales y provisión de alimentos. El conocimiento de la muerte de ocho niños menores de cinco años por el hambre debido al confinamiento impuesto por las Farc (siembra de minas antipersona) no puede dejar de constituir un llamado de atención, que en un Estado social de derecho debería generar una prioridad urgente.

Esa situación, al igual que la cercanía de los estableci-mientos militares a las instituciones educativas y centros infantiles, alerta sobre el hecho de que frente a los graves problemas que el conflicto armado ocasiona en el país se observa un dañino acostumbramiento. En las regiones se naturaliza ésta como una de las principales infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en la medida en que la continuidad prolongada de la guerra transformó a actores y conductas que deberían ser excepcionales en rasgos cotidianos.

En territorios hegemónicos como Barrancabermeja, donde existe control visible de la fuerza pública, la inter-

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vención social desde hace siete años, a partir de las inicia-tivas del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, forta-lecen las dinámicas institucionales y comunitarias, lo que se evidencia en la presencia y funcionamiento de institu-ciones y programas focalizados en la población infantil y juvenil; sin embargo, prestan poca atención al desarrollo integral a la primera infancia. La cobertura en zonas ru-rales alejadas de cabeceras municipales no es eficiente, lo cual introduce el reto de diseños institucionales para la primera infancia en zonas rurales desde necesidades es-pecíficas.

Si bien la vulneración de derechos a la primera in-fancia por razones de la pobreza se cruza con la prove-niente del conflicto en los territorios analizados, la ma-yoría de las víctimas del conflicto armado en Colombia son personas pobres o empobrecidas, generalmente mujeres cabezas de hogar con varios hijos pequeños a cargo, sin una calificación educativa que le permita ac-ceder a empleos más estables y bien remunerados, se debe reconocer que el conflicto armado no sólo agu-diza los impactos sino que en muchos territorios sigue ocasionando una degradación humanitaria que no es justificable. En esta situación de degradación humani-taria, la primera infancia es una de las poblaciones más vulneradas, aún más si se trata de la primera infancia indígena y afrodescendiente.

Sobre la relación entre el conflicto armado y el maltrato infantil, según testimonios de personas encargadas de la atención a la primera infancia en Arauca y Putumayo su percepción es que las condiciones de vulnerabilidad con ocasión del desplazamiento u otros delitos sufridos en el marco del conflicto, aumentan el nivel de estrés de los padres (agotamiento psicosocial) y se registran episodios de maltrato infantil y violencia intrafamiliar. No obstante, este tema merece estudios rigurosos para avanzar en con-clusiones de este tipo.

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El desarrollo de actividades ilegales, como la venta de gasolina y los cultivos ilícitos, termina involucrando a los niños más pequeños, quienes conocen tempranamen-te detalles de dichos negocios porque participan con los adultos en el procesamiento de la coca o en la publicidad de la venta de la gasolina. Así están incorporando desde muy pequeños las dinámicas de la ilegalidad.

Una cuestión preocupante que se conoció en Putumayo es que los niños víctimas de delitos atroces (asesinato o des-aparición de padres, pérdida de entorno cultural y social, despojo de sus bienes, etc.) no cuentan en los espacios insti-tucionales con mecanismos para tramitar el duelo, posible-mente porque la propia institución está en medio del con-flicto, pero también porque faltan procesos de formación para que los cuidadores y educadores tengan elementos que les permitan apoyar y hacer un acompañamiento psicoso-cial de estos niños y sus familias, adaptados a las particula-ridades de los contextos del conflicto armado.

Un tema poco abordado en primera infancia expuesta al conflicto armado es el relacionado con padres comba-tientes y desmovilizados. Ser padre y madre combatiente supone una serie de decisiones dentro de los grupos ar-mados al margen de la ley pero también decisiones perso-nales, que afectan el desarrollo de los niños. Al ser desmo-vilizados, deben readecuar sus relaciones interpersonales y sus competencias a la civilidad, así como reconfigurar sus roles y construir relaciones de autoridad y de afecto diferentes de las que tenían cuando pertenecían al grupo armado.

En las entrevistas a padres desmovilizados, una inquie-tud que manifiestan es cómo construir la «autoridad» frente a sus hijos cuando, por lo general, fueron padres ausentes. Además, la desmovilización los deja desprovis-tos de la rudeza que debían tener como combatientes, lo que implica dificultad para la expresión de afectos en las relaciones con sus hijos. En tal sentido, solicitan espacios

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formativos sobre estos temas, que por ser de la vida coti-diana no dejan de ser tan vitales, como la educación for-mal o la inserción a la vida civil.

La socialización de los niños menores de seis años en medio de la guerra genera preguntas acerca de las condi-ciones para el derecho a la participación de éstos. La invi-sibilidad de la primera infancia es la primera vulneración al derecho de participación en estos territorios, ya que no se los reconoce como sujetos de derecho. En algunas insti-tuciones locales no se ha asumido aún el paradigma de la protección integral que la Convención Internacional so-bre los Derechos del Niño (1989) ha consolidado y que se materializa en Colombia a través del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

Por otra parte, la socialización en contextos de guerra llama la atención sobre los modelos con los que crecen los niños (guerrilleros, paramilitares, militares) ligados a lo militar, al uso de la fuerza, pero sobre todo a la valoración social de estos actores a nivel local. Así mismo, el miedo a los miembros de la fuerza pública, ocasionado por ejem-plo por la captura de los padres o el ingreso agresivo a lugares protegidos, cuestiona sobre la imagen de lo público (idea del Estado, de la autoridad, de la democracia) que construyen los niños. Pensar estos temas plantea desafíos para el trabajo en el ámbito educativo, en particular en relación con la construcción de ciudadanía.

Por último, analizar la vulneración de derechos de los niños menores de seis años en los territorios focalizados con ocasión del conflicto armado, que en Colombia se ha prolongado en el tiempo cambiando sus lógicas, deja muchas inquietudes frente a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de la primera infancia como medio idóneo que establezca las condiciones para una ciudadanía plena.

Este análisis de los impactos del conflicto en la primera infancia pretende motivar acciones positivas para la su-

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peración del conflicto desde la construcción de políticas que garanticen que el Estado social de derecho sea una realidad en todo el país, especialmente en las regiones in-visibles de las que se habló en el presente texto.

RecomendacionesEn este ejercicio exploratorio en torno a la relación entre el conflicto armado interno y la primera infancia, surgen algunas recomendaciones para seguir avanzando en la comprensión de la manera como el conflicto armado vul-nera o pone en riesgo las condiciones familiares y sociales necesarias para que muchos niños menores de seis años puedan ejercer sus derechos.

Teniendo en cuenta la relativa poca bibliografía y docu-mentación con que cuenta el país al respecto, las recomen-daciones que se listan a continuación son también modes-tas, pues se considera pertinente focalizarse en unos puntos centrales más que en derivar un sinnúmero de acciones que puedan resultar poco efectivas o contundentes para prote-ger a los niños de las acciones violentas y para mejorar las condiciones requeridas para asegurar su pleno desarrollo en las zonas de conflicto. En otras palabras, para cumplir con las obligaciones en materia de derechos derivadas de la Convención Internacional de Derechos del Niño y de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En este orden de ideas, las recomendaciones se hacen alrededor de tres categorías o campos temáticos: reco-mendaciones para la investigación, la intervención y las políticas públicas.

Recomendaciones de investigación•Generarespaciosyestrategiasparalaconcertacióndein-dicadores que permitan hacer seguimiento a la situación de derechos de los niños menores de seis años, que rela-cionen las garantías y la situación del ejercicio de sus dere-chos con las condiciones y dinámicas propias del conflicto

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armado colombiano. Enfatizar en las zonas de conflicto y en las áreas aledañas, o en zonas de recepción de pobla-ción víctima del desplazamiento forzado.

• Promover investigaciones de carácter descriptivo paraconocer con mayor profundidad, y en todas sus dimensio-nes, la situación de la primera infancia en zonas de conflic-to o regiones afectadas por causa de éstas. En este sentido, resultaría muy útil generar líneas de investigación que se vinculen a la producción académica de centros de investi-gación, universidades y grupos de investigación nacional e internacional, y que promuevan un trabajo investigativo interdisciplinario y transdisciplinar en la producción de nuevas comprensiones y conocimientos en este tema.

•Priorizarinvestigacionesquedencuentadelimpactodi-ferencial del conflicto armado, especialmente en comuni-dades indígenas, afrodescendientes, y de zonas rurales que presenten mayor riesgo de exposición al conflicto armado.

•Reconocerquepor loshallazgosyanálisispresentadosen este documento, parecen emerger como ejes temáticos claves:

—La manera como se ven afectadas las condiciones propias de la cultura por los efectos que produce el con-flicto armado, los cambios e implicaciones en la construc-ción de identidades y subjetividades, tanto de los niños menores de seis años como de las personas, significativas en sus procesos de socialización.

—Los cambios producidos en los procesos de crianza, y los contextos de cuidado y educación inicial por efectos del conflicto en los adultos responsables de ésta —padres, madres, educadores, cuidadores—, así como de cambios en la estructura y modos de vida familiar.

—Los efectos sobre la salud física y emocional de niños a consecuencia de factores asociados a déficit alimentario, uso de químicos en el ambiente, estrés prolongado, falta de condiciones adecuadas para la expresión de afecto, re-chazo, exclusión, por mencionar algunas.

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—Los cambios e implicaciones sobre las condiciones y oportunidades para el ejercicio del derecho al juego, el es-parcimiento y la recreación.

—Las maneras en que se afectan las condiciones de par-ticipación y formación para ésta en niños y sus familias.

—La situación de los hijos de combatientes y excom-batientes de los distintos grupos armados, así como de los adolescentes desvinculados del conflicto.

—El impacto del conflicto armado en la dinámica de las instituciones responsables de los programas y servicios de salud, alimentación, educación y protección de los ni-ños menores de seis años. • Promover estrategias de comunicación, difusión y so-cialización de los debates, resultados de investigaciones, evaluaciones de impacto sobre las implicaciones del con-flicto armado tanto para la garantía de los derechos de la primera infancia como para el desarrollo social y humano de las comunidades.

Recomendaciones de intervención•Fortalecerlacapacidadtécnicadelosprogramasypro-yectos que se ofrecen en el país para familias y niños me-nores de seis años, en especial de aquellos que se ofrecen a través de las instituciones del Estado para:

—Afianzar o formular propuestas de prevención que trabajen el tema del afecto entre los miembros de la fami-lia y la importancia del vínculo en los primeros años de vida. Estas propuestas podrían insertarse en los progra-mas existentes orientados, tales como Hogares Comunita-rios de Bienestar o Crecimiento y Desarrollo.

—Diseñar o fortalecer las acciones para garantizar el res-tablecimiento de los vínculos afectivos y el ambiente seguro y protector de los niños menores de seis años, en casos de sepa-ración forzosa o pérdida de algún miembro de la familia.

—Establecer y validar criterios de oferta de servicios y atención específicos y pertinentes con las características,

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necesidades y potencialidades de población indígena, afro-descendiente y de zonas rurales en regiones de conflicto.

—Fortalecer las redes sociales, familiares y comunita-rias de apoyo para las poblaciones desplazadas o en alto riesgo de ello, de tal manera que se cuente con mejores condiciones físicas, emocionales y económicas para en-frentar los efectos que se producen dentro de este evento social.

—Diseñar y validar propuestas de reparación integral que reúnan atención psicosocial y mecanismos legales y administrativos para la restitución de derechos.

—Desarrollar iniciativas de formación de talento hu-mano para sensibilizar sobre el tema, para brindar aten-ción directa y para monitorear y evaluar el cumplimiento de los derechos de la primera infancia víctima del conflic-to armado.

Recomendaciones para las políticas públicas•Incidirenlosgruposyredesquerealizaninformesper-manentes sobre el conflicto armado colombiano y las vio-laciones al Derecho Internacional Humanitario, para que incluyan el tema de la primera infancia como una proble-mática prioritaria. En el mismo sentido, visibilizar a los ni-ños menores de seis años en las estrategias nacionales e in-ternacionales de seguimiento y monitoreo a la situación de la infancia afectada por el conflicto armado colombiano.

•Promovermecanismosdedenunciayalertastempranassobre la vulneración de los derechos de la primera infan-cia en casos de masacres, hostigamiento a las poblaciones, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado. •Incidirenlossistemasderegistrodeinformaciónrelacio-nada con impactos del conflicto armado en la población civil para visibilizar a los niños menores de seis años. • Fortalecer la capacidad de las autoridades locales y delos programas de atención a la primera infancia en zonas especialmente afectadas por el conflicto armado de los

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departamentos de Putumayo, Vichada, Guaviare, Nariño, Meta, Chocó y Arauca, de tal modo que entre las ofertas existentes se creen acciones específicas para atender y pre-ver los efectos en la vida de los niños y sus familias.•Movilizarrecursosparafortalecereldiseñoypuestaenmarcha de programas económicos y sociales de promo-ción de los derechos de la primera infancia, a través de los planes de desarrollo departamentales y municipales.•Mejorarlossistemasdeseguimiento,monitoreoycon-trol de las políticas departamentales y locales en los asun-tos que competen a la atención de problemas asociados con el conflicto armado. •Fomentarlaunificaciónocreacióndeunsistemadein-formación que permita el reporte de información nacio-nal, regional y local para el seguimiento y monitoreo de la situación de los derechos de niños y adolescentes en el país, en el cual se incluyan indicadores para el rango espe-cífico de primera infancia.

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