SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: ?· Las demandas de nulidad contra los actos administrativos…

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<ul><li><p>SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: FRANCISCO A. CARRASQUERO LPEZ Mediante sentencia N de fecha 23 de septiembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero Lpez, estableci la competencia de los tribunales laborales para conocer de las pretensiones procesales que se propongan con ocasin a actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasin de una relacin laboral regulada por la Ley Orgnica del Trabajo. " De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectoras del Trabajo sean rganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administracin Pblica Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relacin laboral, regida por la Ley Orgnica del Trabajo, razn por la cual debe atenerse al contenido de la relacin, ms que a la naturaleza del rgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relacin jurdica denominada relacin de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relacin." III OBITER DICTUM No obstante lo anteriormente expuesto, esta Sala, con el objeto de determinar los tribunales competentes para conocer en primera instancia y en alzada de acciones como la de autos, considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones: Ha sido criterio pacfico y reiterado de esta Sala Constitucional, que el conocimiento de las acciones referidas a providencias administrativas emanadas de las Inspectoras del Trabajo, corresponde a la jurisdiccin contencioso administrativa. Dicha doctrina fue establecida por esta Sala en el fallo N 1318 del 2 de agosto de 2001 (caso: Nicols Jos Alcal Ruiz), en los siguientes trminos: Mediante sentencia N de fecha 23 de septiembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero Lpez, estableci la competencia de los tribunales laborales para conocer de las pretensiones procesales que se propongan con ocasin a actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasin de una relacin laboral regulada por la Ley Orgnica del Trabajo. ...como quiera que, la decisin provena de un rgano de carcter administrativo, inserto en el Poder Ejecutivo, esto es, de las Inspectoras del Trabajo, los rganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir este tipo de controversias era la jurisdiccin contencioso administrativa, siendo consecuente con el principio del juez natural. De lo expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia anteriormente citada, dictada por la Sala Poltico Administrativa, debe ser abandonado. En consecuencia, deber prevalecer el presente criterio, lo que implica que, en el futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, debern declinar en los rganos de la jurisdiccin contencioso-administrativa el conocimiento y decisin de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectoras del Trabajo, por ser stos los rganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicios. As, dado que a la jurisdiccin contencioso-administrativa le compete el conocimiento de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas provenientes de los rganos de la Administracin del Trabajo; en el ejercicio de esa competencia, debe poseer igualmente la potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecucin de ese tipo de providencias que han quedado firmes en sede administrativa tal como lo es, se insiste, para conocer de su nulidad... (Subrayado nuestro). </p></li><li><p>Por otra parte, en sentencia N 2862 del 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzctegui), esta Sala precis la competencia respecto del conocimiento de las causas que son propuestas contra dichos actos administrativos, as: ...Por ello y como las Inspectoras del Trabajo son rganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administracin Pblica Nacional, debe reiterarse en esta oportunidad que es la jurisdiccin contencioso-administrativa la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relacin con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, sea que se trate, entre otras, de la pretensin de nulidad a travs del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecucin de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administracin autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecucin; o, por ltimo, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecucin de dichos actos administrativos. De all que no slo no existe norma legal expresa que otorgue esta competencia a los tribunales laborales, sino que, de verificarse sta, sera inconstitucional por violacin del artculo 259 del Texto Fundamental. As se declara. (omissis) Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de mxima intrprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carcter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y dems tribunales de la Repblica: (i) La jurisdiccin competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectoras del Trabajo, as como de cualquier otra pretensin distinta de la pretensin de amparo constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos rganos, es la jurisdiccin contencioso-administrativa. (ii) De los tribunales que conforman esta jurisdiccin, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando sta proceda, a la Sala Poltico-Administrativa de este Supremo Tribunal. (iii) De las demandas de amparo constitucional autnomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectoras del Trabajo, conocern los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripcin Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesin al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. A falta de los primeros en la localidad en donde se hubiere producido el hecho lesivo, conocern, con fundamento y de acuerdo al procedimiento que establece el artculo 9 de la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y Garantas Constitucionales, los tribunales de Primera Instancia en lo Civil -si lo hubiere- o de Municipio -a falta de aqul- de la localidad. As se declara (Subrayado nuestro). De las sentencias citadas y parcialmente transcritas supra, se colige que esta consideracin se produjo en el marco de la interpretacin que ha hecho esta Sala con relacin al contenido y alcance del artculo 259 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en innumerables decisiones (vid. sentencias Nos. 2353/2001, 131/2006 y 347/2006, entre otras). Dicho estudio ha sealado, en forma generalizada, el mbito de aplicacin de la norma contenida en el citado artculo 259 de la Carta Magna, indicando que la misma es atributiva de la competencia, mas no constitutiva de derechos; por lo tanto, slo regula el contenido y alcance de la jurisdiccin contencioso administrativa. En tal sentido, el artculo 259 constitucional, establece lo siguiente: Artculo 259. La jurisdiccin contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los dems tribunales que determine la ley. Los rganos de la jurisdiccin contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviacin de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparacin de daos y perjuicios originados en responsabilidad de la Administracin; conocer de reclamos por la prestacin de servicios pblicos; y disponer lo </p></li><li><p>necesario para el restablecimiento de las situaciones jurdicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. As las cosas, si bien es cierto que el referido artculo 259 establece una regla general, existen algunas excepciones, como es el caso de la jurisdiccin especial agraria, que conoce asuntos que versan sobre aspectos del contencioso administrativo, pero que por la especialidad de la materia y la proteccin constitucional reconocida a la misma, han sido reservados a los tribunales agrarios (artculo 269 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario). En vista de esta situacin, considera oportuno la Sala revisar los criterios de interpretacin de esta norma constitucional, que ha venido aplicando de manera pacfica y reiterada en casos como el de autos, a fin de garantizar la efectiva vigencia y respeto de los derechos y garantas consagrados en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. A estos efectos, es importante recordar que una norma no puede ser interpretada de forma aislada, sino dentro del contexto en el cual la misma se encuentra. De all que debe analizarse hasta qu punto podra ser viable la exclusin del conocimiento de acciones relacionadas con providencias administrativas dictadas por Inspectoras del Trabajo en el mbito de una relacin laboral, de la jurisdiccin contencioso administrativa. En este orden de ideas, destaca la regulacin constitucional del derecho al trabajo, plasmada en los artculos 87 al 97, Ttulo III: Derechos Sociales, de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Al considerarlo un derecho y un hecho social, el Constituyente impone al Estado el deber de protegerlo. De all que la Disposicin Transitoria Cuarta, en su numeral 4, de nuestra Carta Magna, estableci el deber para la Asamblea Nacional de aprobar, dentro del primer ao, contado a partir de su instalacin: Una ley orgnica procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdiccin laboral autnoma y especializada, y la proteccin del trabajador o trabajadora en los trminos previstos en esta Constitucin y en las leyes. La ley orgnica procesal del trabajo estar orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectora del juez o jueza en el proceso (Negritas y subrayado nuestro). Esta posicin se ve reforzada por la reciente entrada en vigencia de la Ley Orgnica de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 377.244 del 16 de junio de 2010; la cual tiene por objeto regular la organizacin, funcionamiento y competencia de los rganos de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en las leyes especiales (artculo 1). Las competencias de los rganos integrantes de esta jurisdiccin, estn consagradas en los artculos 9, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley Orgnica. De esos artculos interesa, a los efectos de determinar la competencia para el conocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrativas emanadas de las Inspectoras del Trabajo, lo contenido en el numeral 5 del artculo 23, en el numeral 5 del artculo 24 y en el numeral 3 del artculo 25: Artculo 23. La Sala Poltico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de: (omissis) 5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la Repblica, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la Repblica, los Ministros o Ministras, as como por las mximas autoridades de los dems organismos de rango constitucional, si su competencia no est atribuida a otro tribunal. (omissis). Artculo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: </p></li><li><p> (omissis) 5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artculo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artculo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no est atribuido a otro tribunal en razn de la materia. (omissis). Artculo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: (omissis) 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdiccin, con excepcin de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administracin del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasin de una relacin laboral regulada por la Ley Orgnica del Trabajo. (omissis) (Subrayado nuestro). De los artculos anteriormente transcritos, se puede apreciar que el legislador excluy de forma expresa de las competencias asignadas a los rganos que integran la jurisdiccin contencioso administrativa, la relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administracin del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasin de una relacin laboral regulada por la Ley Orgnica del Trabajo. Con este criterio, la Sala puede evidenciar que el legislador viene a fortalecer la proteccin jurdico-constitucional de los trabajadores, a travs de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitucin, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo la vigencia y efectividad del trabajo, como derecho y como hecho social que deber ser protegido por el Estado (artculos 87 y 89 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela), en pro del inters general y de la propia vida en el porvenir de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, para hacerla descansar en la justicia social y humanitaria. En este sentido, la Constitucin venezolana es expresin del constitucionalismo social y humanitario, alejndose definitivamente de la etapa del Estado de Derecho formal y de las experiencias de instrumentalizacin meditica o autoritaria de la legalidad formal (Jos Manuel Pureza. Derecho Cosmopolita o Uniformador? Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en la Posguerra Fra. Discurso F. Carrasquero L. p. 19). De all se deriva el particularismo del Derecho del Trabajo y su legislacin proteccionista del hiposuficiente, que ha requerido una proteccin humana especfica, como especfica por la materia debe ser su jurisdiccin, para amparar con profunda justicia social los derechos e intereses de los trabajadores en su condicin de productores directos de las mercancas, en el sistema capitalista. Ese deber del Estado se ha traducido en...</p></li></ul>