Revolución Bolivariana (1998 – 2012): Proceso con momentos progresivos enterrado por la Vieja Izquierda del

Socialismo Real

Marea Socialista

El siguiente pretende ser un primer aporte al balance del proceso y la experiencia con Chávez. Ser un aporte a la promesa de un proyecto que fracasó. Pueden existir infinitas razones del fracaso, y seguramente existirán distintas perspectivas de análisis, pero el hecho concreto es que el proceso que se inició con la explosión social denominada como Caracazo, llegó a su episodio final con el fallecimiento de Chávez. A partir del 5 de Marzo de 2013, comenzó una nueva etapa que inició con la degeneración de un gobierno que a finales de 2017 presenta políticas evidentes de un régimen neoliberal, mafioso, entreguista y autoritario con maquillaje electoral. Régimen al cual se empiezan adaptar sectores de la MUD. Sin embargo, la discusión sobre el gobierno de Maduro es un tema que seguiremos abordando en otros escritos. El siguiente es un documento de balance del proceso bolivariano acotado entre 1998 y 2012, desde la llegada de Hugo Chávez hasta el momento de su fallecimiento. Aunque en determinados momentos será contrastado con contextos de gobiernos anteriores y el posterior de Nicolás Maduro.

Es de resaltar el hecho de que En 2006, desde el progresismo y diversas tendencias de

izquierda se consideraba que el proceso bolivariano era la vanguardia de un proyecto emancipador, democrático y de soberanía en América latina, y una década después Venezuela sea: el país con la mayor crisis de todos los países del continente, donde se aplican planes neoliberales y extractivistas, como el proyecto Arco Minero del Orinoco o el desarrollado en la Faja Petrolífera, y donde existen una clara violación de derechos constitucionales en términos de: derechos democráticos y sociales, soberanía, ambiente, la situación de los pueblos indígenas, los servicios públicos, y problemas muy graves en el tema de género. ¿Cómo se explica que en 15 años hayan ingresado al país 1.700.000 millones de dólares (igual a 68 mundiales como el de Brasil 2014) se esté atravesando la peor crisis de escasez, miseria y desigualdad que haya acontecido en los últimos 60 años? Definitivamente algo ocurrió. Los sectores que apostamos al pensamiento crítico estamos obligados a estudiar a profundidad el tema. Estudiar una de los hechos históricos más relevantes de las décadas recientes.

El objetivo de hacer balance es para sacar conclusiones de los procesos, mediante un

ejercicio reflexivo. Se puede estar equivocado o no, pero eso es parte del debate. No es cuestión de darse golpes de pecho, ni muchos de vanagloriar ni de crucificar a Chávez. Es hacer un intento de dejar la emocionalidad a un lado y de evaluar las cosas según los hechos y acontecimientos. Este es un documento para todos los sectores políticos de la sociedad venezolana, y sobretodo para: los nini, para aquellos que están asqueados de las cúpulas políticas, para los chavistas y opositores desanimados, decepcionados y críticos. Es para los trabajadores pobres y de clase media. Es para la juventud preocupada por el futuro. Para los estudiantes, campesinos, profesionales, obreros, dirigentes comunitarios, luchadores por las comunidades indígenas, ambientalistas y ecologistas.

No es un balance gubernamental, ni de gestión. Se realiza el análisis desde la perspectiva

de un proyecto emancipador, democrático y diverso, y si la dirección del proceso bolivariano lo buscaba o no. No es un tema de buenos y malos. Es cuestión de revisar si hubo elementos progresivos, analizar a profundidad los elementos regresivos y canalizar la discusión a profundizar en los temas estructurales de la realidad venezolana, ocultos por las elites políticas

que han gobernado el país durante el último siglo. Con el proceso bolivariano existieron las condiciones para plantear esos debates, pero la dirección del mismo se encargó de aniquilarlas. Profundicemos los debates en los puntos más neurálgicos para empezar a proponer soluciones concretas y posibles, y luchar por alternativas ecológicamente sustentables.

Índice Capítulo I. Años Iniciales del Proceso Bolivariano: Avances e ilusiones (1999 – 2004) Capítulo II. Masificación de la democracia representativa Capítulo III. El Control de Cambios: De la medida necesaria a la instalación de un nuevo mecanismo mafioso de acumulación de renta Capítulo IV. Partido-Estado: Mutación y degeneración socio-política

Capítulo V. “Estado Comunal” y estructuras de control social Capítulo VI. La militarización del Estado y la corporativización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Capítulo VII. RENTISMO VENEZOLANO (1960 – 2012): La cuarta vestida de quinta Capítulo VIII. Revolución Bolivariana: Proceso con momentos progresivos enterrado por la Vieja Izquierda del Socialismo Real

Capítulo I Años Iniciales del Proceso Bolivariano: Avances e ilusiones (1999 – 2004)

El incremento progresivo de la pobreza, la miseria, la desigualdad y la exclusión social que acontecía en el país desde principios de los 80’s, fue generando las condiciones para las constantes manifestaciones de los trabajadores, jóvenes y líderes comunitarios, además de las convulsiones sociales del Marzo Merideño y del Caracazo. En esta última, ocurrida en febrero de 1989, sectores masivos del pueblo de Guarenas (edo.miranda) y de Caracas (Dtto. Capital) salieron a expresar su descontento por la grave situación social que atravesaba el país en aquel momento y en repudio a los permanentes ajustes económicos gubernamentales. Años después, la intentona de Golpe en febrero de 1992, colocó a Hugo Rafael Chávez Frías (HCh) en la palestra pública y rápidamente se convierte en una figura trascendental del nuevo imaginario colectivo instalado en las franjas más humildes y en menor medida de clase media, y que expresaba un claro rechazo a las cúpulas de los partidos tradicionales, el bipartidismo y las políticas neoliberales.

A una década de la explosión social de 1989, el proceso bolivariano concreta su llegada al

poder con el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998. Los sectores tradicionalmente oprimidos y mayoritarios de la población, identificaban en Chávez el sujeto con el que podían canalizar sus demandas históricas y que pasó a ser el líder indiscutible, y prácticamente irrevocable, de este fenómeno político. En el estado se lograron posicionar dos sectores de vanguardia que acompañaron a Chávez en varias acciones políticas, pero fundamentalmente durante la campaña electoral: 1) un primer sector militar, proveniente de rebeliones militares o de relaciones políticas (anteriores con HCh), 2), y 2) un sector civil de profesionales y fundamentalmente de clase media proveniente de las organizaciones políticas de izquierda (PCV, PPT (antigua Causa R), Liga Socialista, Tupamaro, MAS, etc.). Finalmente, se concretaba la tan ansiada toma del poder político por parte de la dirigencia de izquierda tradicional venezolana que durante décadas solo aspiraba concretar dicha proeza. Fue el centro de su discurso desde la caída de Marcos Pérez Jiménez, y con un programa prácticamente estático y permanente.

En 1999, se vivió uno de los hitos más importantes del proceso bolivariano: la asamblea

nacional constituyente. Completamente contraria a la presidencial, espuria e ilegal asamblea constituyente de Nicolás Maduro en 2017, la ANC del 99’ se instaló previo un referéndum consultivo (respecto a la instalación y las bases comiciales para elegir diputados constituyentes), se dio un posterior proceso de debate respecto al articulado propuesto, y finalmente se proclamó una nueva constitución mediante otro ejercicio de referéndum nacional. Sin embargo, el ejercicio constituyente no se extendió en el tiempo y dicho referéndum fue su último capítulo. El planteamiento, de agrupaciones del movimiento popular, de mantener un proceso constituyente permanente, en el que el pueblo venezolano ejerciera gobernabilidad, propusiera leyes, y mantuviera ejercicio de contraloría y auditorías ciudadanas quedó como una mera idea discursiva. La dirección del gobierno, incluyendo a Chávez, omitieron y frenaron dicha exigencia y, se dispusieron a gobernar y tomar decisiones directas desde la estructura del petro-estado venezolano, sin la concreción de ningún tipo de estructuras vinculantes y de participación ciudadana.

La aprobación de la constitución del 99’, y las reivindicaciones sociales y de soberanía

nacional contempladas en varias de las leyes habilitantes (ley de tierras, ley de hidrocarburos, ley de pesca, etc.) aprobadas ese mismo año, deparó en una serie de conflictos sociales altamente polarizados. Conflictos que representaban una disputa por el manejo del estado y la distribución de renta petrolera, entre sectores tradicionales que gobernaron el país desde la

década de los 60’ (partidos AD-COPEI, empresarios, iglesia católica) y los nuevos sectores políticos que pasaron a ser parte de la gobernanza (militares y civiles de la izquierda tradicional) que contaron con el apoyo mayoritario de la población durante los primeros años del siglo XXI.[1] Debido a la enorme simpatía popular, el presidente y las distintas vertientes que lo acompañaron, lograron tres victorias políticas importantes que les permitió instalar y consolidar progresivamente en los años venideros, un régimen político asistencialista que giraba en torno a la figura de Chávez como un sujeto omnipresente en toda la institucionalidad estatal. Nos referimos: al golde de estado de abril de 2002, al paro patronal de 2003 y a la victoria electoral obtenida en el referéndum revocatorio de 2004.

Aunque no es el objetivo de este documento ahondar y profundizar en las conquistas del

proceso, se hace necesario puntualizar algunas de ellas que permitan entender las razones del inmenso apoyo popular que tuvo el proceso en su primera etapa, y que encontró su máximo

tope en la reelección presidencial de 2006 [2], en el que HCh superó a su contendiente opositor por una diferencia superior a los 30% porcentuales. Desde las más diversas corrientes del pensamiento crítico se asume que el proceso bolivariano tributó a una serie de conquistas en distintos órdenes sociales: - De acuerdo a la CEPAL, el país llegó a ser, junto con Uruguay, uno de los dos países menos

desiguales de toda América Latina. [3] Aumento de la talla en los niños venezolanos producto de una dieta balanceada (98% de los venezolanos llegamos a comer 3 veces al

día). La población pasó a estar mejor alimentada. [4]

- Se realizaron efectivos programas de alfabetización. Con apoyo cubano, la misión Barrio Adentro llevó asistencia médica primaria a los sectores populares en todo el país.

- Reducción de la pobreza extrema, y por tanto de la desigualdad social, a cifras de un dígito

(menores al 8%) y en una reducción de la pobreza general al 21% en el semestre II de 2012. [5]

- Salario más alto de américa latina, mínima capacidad de ahorro, inamovilidad laboral,

reducción del desempleo a cifras de un dígito. - Expansión de la matrícula universitaria. Ampliación masiva del régimen de pensiones

públicas incorporando a millones de personas.

- Se impulsó un ambicioso programa de viviendas populares.

- El monto dedicado a la inversión social entre los años 1999 y 2013 fue de un total de unos

650 mil millones de dólares, aproximadamente. [6]

- El índice de Desarrollo Humano, que calcula el PNUD, pasó de un desarrollo humano

"medio", a un desarrollo humano "alto".[7]

- Elevados grados de politización. Transformaciones en la cultura política popular. Desarrollo del tejido social y organizativo. Sentidos de dignidad e inclusión Aquí cabe acotar la importancia de la propuesta de recuperación de la OPEP y de la industria

petrolera nacional. Aunque ciertamente el aumento de los precios petroleros están influenciadas por la dinámica del mercado mundial, dicha recuperación fue indispensable para el desarrollo de una política de corte nacionalista y detener la ofensiva neoliberal de la Apertura

Petrolera, que de continuarse podía conducir a la privatización de PDVSA. Sería superficial que las mismas se garantizaron única y exclusivamente por el extenso período de Bonanza. Los gobiernos pseudo-progresistas de Brasil y Argentina también se vieron ampliamente favorecidos por el alza de los commodities, y en ningún momento estuvieron planteadas los avances y conquistas que brindó el proceso bolivariano.

Si hay algo objetivo, es que gran parte de las reivindicaciones sociales, políticas y

económicas se alcanzaron en pocos años. Para los años 2004, 2005, 2006 y 2007, con un promedio anual del barril de petróleo de: 33,22 $, 48,36 $, 56,35 $ y 64,74$ respectivamente, fue posible mantener y profundizar en algunas de esas políticas, contando con un ingreso petrolero importante pero sustancialmente menor a los ingentes ingresos petroleros que se

obtendrían en los años posteriores debido a alza del commodity [8]. Aun cuando ya a partir de 2005 se empezaban a sentir los efectos por los altos niveles de corrupción, el despilfarro de renta, negocios groseros y altos pagos de deuda externa, muchas de esas conquistas, como los bajos índices de pobreza y de mortalidad infantil, una mediana estabilidad salarial y altos índices de escolaridad, se mantuvieron hasta el año 2012.

El proceso bolivariano demuestra en sí que es posible combatir la pobreza y desigualdad

con políticas públicas inclusivas y democráticas. Sin embargo, debido al proceso de burocratización y clientelismo que rápidamente logró penetrar el proyecto de transformación, gran parte de esos logros se deterioraron y terminaron siendo políticas asistencialistas. Por ello, es importante acotar que el reconocimiento de estos avances no nos debe llevar a la conclusión lineal de que dichos alcances son símbolos de una transformación social profunda.

La ampliación de derechos socio-políticos, además del espectro de participación popular en

conjunto con la visibilización de luchas de sectores oprimidos (trabajadores, líderes comunitarios, estudiantes, indígenas, campesinos, entre otros), el alto alcance de las reivindicaciones socio-económicas que se fueron desarrollando producto de los altos ingresos petroleros y el discurso de “emancipación, democracia y soberanía” impulsado por la dirigencia bolivariana, actuaron como un gran “Manto Ilusorio” que planteaba la “posibilidad” de transformar el estado y trascender las relaciones sociales de producción predominantes en Venezuela desde inicios del siglo XX.

El sentimiento de borrachera democrática y abundancia “eterna” de renta petrolera instaló

una alienación política en sectores populares, y principalmente en la izquierda plebeya que tenía cargos en el estado. Los problemas estructurales denunciados por líderes de base se dejaban a un lado, y se instalaron los mitos repetidos de: “no es el momento”, “no están dadas las condiciones”, “irreverencia en la discusión, lealtad en la acción” y “los trapos sucios se lavan en casa”, convertidos en excusas para evitar criticar o interpelar al gobierno. En los primeros años el manto ilusorio logró enmascarar la conformación de una nueva casta corrupta que se consolidaba mediante un nuevo patrón de acumulación mafioso de renta, y ocultaba la fuerte confrontación entre dicha casta y sectores sociales que apostaron a medidas de transición anti-capitalistas. Los planteamientos de transformación del estado rentista, el establecimiento de bases sólidas para un sistema anti-patriarcal y ecológico, y el desarrollo de un nuevo modelo económico y de alternativas anti-extractivistas, eran criminalizados e invisibilizadas (la mayoría de las ocasiones).

Capítulo II Masificación de la democracia representativa

Desde sus inicios el proceso bolivariano planteaba la necesidad irrenunciable de superar el modelo bipartidista de democracia representativa. De hecho la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que el nuevo modelo político se debe fundamentar en la

democracia participativa y protagónica [9] y contempla una serie de mecanismos en su articulado

para llevarlos a cabo. [10] Estos reconocimientos jurídicos tuvieron plena sintonía con la motivación de millones de venezolanos de vincularse a la acción y participación política.

Las expectativas de la población venezolana se concretaron en: a) El desarrollo permanente de comicios electorales para diversos cargos ejecutivos en el estado (nacional, regional, municipal y parroquial), que en gran medida presentaban altos índices de participación. b) Nuevas formas de organización popular autónomas como los comités de salud y comités de tierra urbana, mesas técnicas de agua, masificadas principalmente en los sectores de menores recursos, y la expansión y constitución de más estructuras reivindicativas legalmente reconocidas como sindicatos y federaciones. De hecho se evidenció un ascenso en la movilización de diversos sectores sociales. Las leyes

contemplaban nuevos derechos políticos y el estado ocultaba su carácter represivo, mediante una relativa permisividad para que la población ejerciera sus libertades democráticas.

Superados los episodios conflictivos de 2002-2004, el movimiento bolivariano empieza a

presentar sus primeras contradicciones políticas. Los sectores burocráticos del chavismo amedrentaban directa o indirectamente contra toda iniciativa independiente y popular en el marco del proceso. Cientos de proyectos autónomos de desarrollo productivo fueron completamente ignorados y engavetados en los ministerios y demás instituciones estatales. Iniciativas de leyes o de organismos asamblearios eran combatidos y categorizados de saboteadores y “quinta columna”.

Las iniciativas de contraloría ciudadana y/o de denuncias de corrupción eran deslegitimadas

con mayor ahínco. Cabe recordar la denuncia de Oly Millán, [11] el 30 de agosto de 2006 durante su gestión en el MINEP (ministerio de economía popular), ante la Fiscalía General de la República respecto a irregularidades y cobro abierto de comisiones de hasta un 24% en el “Plan Excepcional de desarrollo Venezuela-Irán” ejecutados desde la gestión anterior correspondiente a Elías Jaua Milano. Otra caso a destacar fue la denuncia que llevó a cabo el para entonces

diputado a la Asamblea Nacional Luis Tascón, [12] en Febrero de 2008, por un caso de sobreprecio en la adquisición de unidades de transporte por parte del Ministro del Transporte, José David Cabello. Millán fue sustituida a las pocas semanas del cargo y Tascón fue criminalizado y expulsado del PSUV (partido de gobierno). Ambas denuncias contra altos funcionarios fueron completamente desestimadas, a pesar de contar con pruebas, y los sujetos denunciados continuarían, en los años sub-siguientes, ocupando diversos cargos de alta jerarquía en el Estado.

En la primera década del 2000, lo que se impulsó y concretó fue una ampliación de la

democracia representativa en Venezuela. La democracia participativa y protagónica y el método constituyente quedó como letra muerta en la CRBV, y toda la dinámica se limitó a la realización de muchos eventos electorales durante los dos períodos presidenciales. Es evidente que luego del paro-sabotaje petrolero de 2003, se empezaron a constituir redes clientelares en toda la institucionalidad. Las denuncias de corrupción, ineficiencia y mala gestión quedaban a la expectativa de que el presidente tuviera la voluntad de encararlos. Chávez se convertió en un líder carismático con vicios anti-democráticos, que en ocasiones fue permeable hacia la izquierda por la movilización del pueblo en la calle.

Ciertamente, el proceso tuvo episodios extraordinarios de conexión directa entre Chávez y

el pueblo bolivariano, [13] que sin duda representaban un relacionamiento atípico del común con sus gobernantes, y que para algunos eran expresiones límitadas del método constituyente. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que en Venezuela se instaló una nueva forma de democracia distinta a la de gobiernos anteriores partiendo de hechos puntuales y aislados (Ver referencia 13). Tan es así, que muchos de esos episodios epopéyicos depararon en procesos completamente degenerados, como la burocratización, militarización y baja de producción de SIDOR a los pocos años de la nacionalización. Lamentablemente, nunca se constituyó una nueva institucionalidad donde el poder popular, los trabajadores, las comunidades y movimientos sociales tomaran decisiones de gobierno. El poder originario, el pueblo venezolano, nunca tuvo instancias de participación para gestionar y elaborar políticas nacionales. Todo siempre quedó en manos de la élite gubernamental.

Capítulo III El Control de Cambios: De la medida necesaria a la instalación de un

nuevo mecanismo Mafioso de Acumulación de Renta La explotación de petróleo y la administración de los inmensos recursos que esta actividad

genera es un debate que siempre ha marcado la pauta socio-política en Venezuela, en el último siglo. La distribución de este hidrocarburo ha tenido un permanente manejo de carácter elitista por parte de los sectores (partidos políticos, empresarios, iglesia) que forman parte de la superestructura. Pero es a partir de la segunda mitad de la década de los 70 y la crisis del sistema capitalista mundial, que el modelo rentista venezolano viene expresando un colapso del mismo. La industria nacional se fue convirtiendo en una caja negra de negocios y corrupción y con el tiempo se consolidó la denominada “meritocracia petrolera” que manejaba la industria a diestra y siniestra. En el año 2000, PDVSA facturó 50.000 millones de dólares por concepto de exportaciones, y solo entregó al Estado venezolano un 20% de esa facturación, es decir, 10.000 millones; mientras que el restante 80% era manejado por la “gente de petróleo” para gastos operativos y giros al capital internacional petrolero (Shell, Exxon Móvil y otros).

Con la llegada al poder, el presidente Chávez se incluye como sujeto en esta trama histórica.

El masivo acompañamiento de sectores populares en las calles y la voluntad política de mantenerse en la disputa le permitió a la dirección del gobierno obtener victorias importantes entre el año 2000-2003, y derrotado el paro petrolero de la meritocracia, Chávez toma el control de PDVSA. La consolidación del nuevo régimen político, con la forma de Cesarismo Progresivo o Bonapartismo Sui Generis, ejercido por Chávez, pone bajo control del Estado esa Renta, y él mismo funciona como árbitro en la distribución de los dólares entre las distintas clases y sectores de clase. Ante la situación de crisis que atravesaba el país, por los inmensos recursos que perdió

la nación luego del paro petrolero, [14] y del fenómeno de Fuga de Capitales (FC) que viene afectando fuertemente a la economía desde hace varias décadas, se decide implantar el Control de Cambios, como medida económica.

El 5 de febrero de 2003 se promulga la Gaceta Oficial Nº 37.625, se crea la Comisión de

Administración de Divisas (CADIVI) y formalmente se instala el Control de Cambios (CC) en la Venezuela Bolivariana. Ciertamente la aplicación del CC, acompañado de la administración plena de PDVSA, le permitió al gobierno invertir en programas sociales que demandaba con urgencia el grueso de la población y reducir la fuga de divisas en 2003, al contrastarlo con la fuga de los años 2000 y 2002 (Ver Cuadro 1). Durante este periodo sólo existió CADIVI como instancia concreta de otorgamiento de los dólares para la importación, no había posibilidades “legales”

de colocación de dólares en el exterior. Sin embargo, esta dinámica se mantuvo durante poco tiempo y a partir de 2004, se empezó a tejer un entramado mafioso de acumulación privada de capital. A excepción del 2006 que presentó una FC relativamente baja, todos los años comprendidos entre 2004 y 2011, presentaron índices superiores al 17%, encontrando picos de hasta 35,5% y 46,7% de capitales fugados en relación al ingreso petrolero anual.

Cuadro 1. Relación Porcentual entre Fuga de Capitales e ingresos petroleros por año. Período

comprendido en 1998 y 2013. [15] Ya a partir de finales de 2003, se empiezan a aplicar modificaciones al Convenio Cambiario

Nº1, generando las condiciones para un entramado corrupto de complicidades y leyes con vacíos y permisividades que legitimaran maniobras financieras. Hasta diciembre de 2014 se

promulgaron 32 convenios cambiarios. El convenio cambiario Nº 9 [16] es un caso puntual que permite explicar la situación, el cual, en su artículo 6 contempla la derogación de los artículos 12, 13, 14, 15, 30 y 31 del Convenio Cambiario N°1 que regulaban estrictamente las divisas que generaba PDVSA. En el mismo sentido, con el artículo 2 del convenio N°9 se flexibilizaba y permitía el manejo de divisas por parte de PDVSA y sus empresas filiales en el exterior, previa aprobación del BCV, fondos que podían ser administrados libremente por sus titulares.

La apropiación mafiosa de renta se desarrolló mediante varios mecanismos: negocios

fraudulentos de importación (aduanas y puertos), otorgamiento privilegiado de divisas y el manejo de dólares en el sistema financiero. Centenares de casos de corrupción fueron denunciados respecto a inversiones falsas con obras no inauguradas, y a estafas en las importaciones, como el de containers llenos de rocas o chatarra que debían arribar a los puertos con supuestas mercancías de consumo. Causa más indignación el triste y famoso caso de PDVAl: Para atacar los problemas de desabastecimiento presentados en 2007, el 6 de enero de 2008 se creó PDVAL. Para enero de 2009 se aprobaron más de 2000 millones de dólares para importar toneladas de alimentos, de las cuales a PDVAL, red alimentos con apenas un año de experiencia y un incipiente sistema de distribución, le tocaba distribuir más de un millón toneladas de

alimentos. Resultado final, PDVAL logró distribuir menos del 20% de lo que le correspondía y los puertos venezolanos estaban abarrotados de cientos de miles de toneladas de alimentos

descompuestos (pollo, arroz, leche, harina de trigo, carne, aceite de soya, azúcar, etc.). [17] Esas denuncias no se pueden ver como situaciones puntuales producto de la ineficiencia.

Es un problema de toda la estructura del estado. El caso de la industria farmacéutica, investigado por el centro CIFO-ALEM, ilustra de manera general la estafa perpetrada en el período de

estudio. Este presenta las siguientes características: [18] - Entre 1998 y 2013, las importaciones de medicamentos crecieron más de 1300%, pasando de un monto de 222 millones a 3200 millones de dólares ($), respectivamente. - Entre 2003 y 2013, las importaciones físicas de fármacos en kilogramos se redujeron en un 75%. En el 2003, en Venezuela se importaron un poco más de 200 millones de kilogramos, mientras que en el 2013 se importaron menos de 55 millones de kilos. - Los precios de los medicamentos fueron aumentando exponencialmente cada año, aun cuando la inflación acumulada (para el período de estudio), en los países fabricantes de fármacos, fuera baja. Curiosamente para finales de 2014 la escasez de medicamentos era superior al 40%, aun

cuando el precio del barril de petróleo presentó un promedio anual de 88,42$. No hay duda, que el de la industria farmacéutica es un caso claro y grosero de sobrefacturación de importaciones, ejecutado por consorcios multinacionales como Abbott, Bayer y Pfizer, por nombrar algunas de ellas. Este no involucra ninguna empresa nacional. Comparaciones similares se pueden hacer al analizar casos de otras industrias como: la automotriz o la cárnica. 3.1 2013-2014: Se destapan grandes ollas

Aunque las acusaciones de corrupción eran bastante contundentes existía una percepción en sectores importantes de la población de que estos eran casos aislados. Es en el período 2013-2014, producto de declaraciones de sujetos que ocuparon altos cargos en el gobierno y del desarrollo de diversas investigaciones sobre el tema, que se empieza a develar todo el sistema criminal de captación de renta.

En Mayo 2013, Edmee Betancourt, presidenta del BCV para aquel momento, afirmó que del

total de divisas destinadas a la importación de bienes de consumo en 2012 (56.200 millones de

dólares), “se pasaron entre 15 mil y 20 mil millones de dólares” en importaciones ficticias. [19] Dicha información fue corroborada por el ex-ministro de planificación, durante cuatro períodos, Jorge Giordani. Posteriormente en diciembre de 2013, el para entonces Ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, afirmó que las “empresas de maletín” recibieron en el año 2012 alrededor del 40% de los dólares oficiales, categorizando el suceso de importación fraudulenta y “sobrefacturación”. El robo involucra tanto a sectores privados (los cuales percibían divisas a través de CADIVI o estructuras como el SITME) como a sectores públicos (que podría incluir al FONDEN, a la Oficina Nacional del Tesoro, a Bandes, a Bancoex y al propio BCV).

La investigación de Luis Enrique Gavazut [20] respecto a las empresas que se les otorgaron dólares a través de CADIVI en el período 2004 – 2012, arroja datos importantes. En esos 9 años, CADIVI asignó 180.568 millones de US$ a 10.374 empresas, de las cuales 500 de las compañías que percibieron más divisas, concentraron el 69,6% del total global de las divisas otorgadas. Si del total, se toman en cuenta solo las 100 primeras empresas que recibieron más dólares, a estas se les otorgó un total de 81.337 millones de dólares, concentrando así el 45% del total de divisas entregadas por CADIVI. Cabe acotar, que el 79% de esas 100 corresponden a empresas extranjeras (transnacionales y multinacionales), y que la cuarta empresa que recibió más dólares

fue “Empresas POLAR”, [21] a través de sus distintas filiales (Provencesa, Cervecería Polar, Pepsi-Cola Venezuela C.A. y Alimentos Polar Comercial C.A), la privada nacional más importante del país que muchas veces fue catalogada de conspiradora y golpista por los voceros del ejecutivo.

Si el hecho de que para el primer trimestre de 2012, según la balanza de pagos del BCV, el

sector privado tenía un total de 143.638 millones de dólares en el exterior (248% superior al

monto registrado en 2003), [22] se correlaciona con los datos anteriores respecto a CADIVI, tomando en cuenta que la misma solo abarca el 57% aproximadamente de todas las divisas otorgadas para la importación, y con los altos porcentajes de fuga de capital (Ver Cuadro 1), se evidencia de que estamos ante una red compleja de negocios y complicidades que vincula a sectores del gobierno, empresas privadas nacionales, bancos (públicos y privados), instituciones estatales y empresas transnacionales y multinacionales. 3.2 La generación de Deuda. Un segundo mecanismo mafioso

Sumado a todo el mecanismo tramposo en la importación, la burocracia gubernamental logró diseñar mecanismos de acumulación de renta mediante la emisión de deuda soberana. Entre 2005 y 2009, se concretó mediante la herramienta del denominado, Dólar Permuta, un mecanismo a través del cual PDVSA y el Banco Central de Venezuela suministraban dólares a los Bancos y Casas de Bolsa, que a su vez facilitaban la compra de dólares y su giro al exterior por parte de los privados. 4 años de una dinámica de endeudamiento y fuga de divisas masivos. En 2009, se desata una fuerte crisis bancaria que deparó, con el cierre de las casas de cambio, 15 bancos cerrados, 11 de ellos intervenidos y unos 30.000 millones de dólares fugados al exterior.

A pesar de la evidencia de la estafa, rápidamente los asesores económicos del gobierno

logran concretar otro mecanismo de acumulación que les permitiría continuar con el atesoramiento y la estafa: Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), que fue puesto en funcionamiento a mediados de 2010. Es importante destacar que el SITME no reemplaza a CADIVI y tampoco tiene las mismas competencias, ya que su función es estrictamente reservada a las operaciones con bonos de la república denominados en dólares y no en la asignación de divisas como lo hace CADIVI. En otras palabras, la Deuda Pública Soberana y de Deuda de PDVSA que se emitían en el país, se podían comprar en bolívares (adquisición de títulos de valores) a través de SITME y luego ser negociados en el exterior para adquirir las divisas (Ver Figura 1). El resultado de estas operaciones fue la obtención de un altísimo y usurario retorno especulativo del que se beneficiaron especialmente los bancos privados. Un mecanismo similar se usaba para los bonos de deuda de PDVSA. Herramienta claramente perversa que funcionó hasta 2013.

Figura 1. Ilustración del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera

(SITME) [23]

Del total de dólares de capital privado que se encontraba en el exterior, un tercio del mismo (60.000 millones de dólares) correspondían a papeles de la deuda soberana del Estado o de PDVSA, emitidos mediante mecanismos “legales” pero completamente ilegítimos y especulativos. Ya desde el 2016, se sienten los impactos de estas medidas atroces. De esta manera es palpable “la relación existente entre importadores que solicitan dólares para compras de mercancías que no realizan o que sobrefacturan, que son los mismos grupos económicos dueños de las empresas que comercializan o producen en el país. Al tiempo que participan de los directorios de bancos que manejan la asignación de esos dólares a través de los cupos que les asigna el BCV, lo mismo que la asignación de papeles de la deuda Soberana del país que se compran en bolívares pero están nominados en dólares, facilitando además de la ganancia

usuraria, la fuga de capitales.” [24] El ingreso de Rafael Isea (ex presidente de BANDES, ex Ministro de Finanzas y ex gobernador

del Estado Aragua, ex-Presidente del Banco del Alba) a la lista de código rojo de la Interpol en

2014 por adquisición ilícita de divisas [25] a solicitud del Ministerio Público, es una prueba concreta de la relación mafiosa a la que nos referimos. A esta se suman las posteriores de confiscaciones de millonarios activos en el exterior (bancos, instituciones) a testaferros o

familiares de altos funcionarios como Haiman el Troudi. [26] Sin embargo, toda la verdad no ha sido develada, hay muchos casos de corrupción ocultos y muchos otros que se siguen llevando a cabo desde las altas esferas del gobierno de Maduro.

Capítulo IV Partido-Estado: Mutación y degeneración socio-política

El debate sobre el estado, y las modificaciones necesarias para romper con las viejas estructuras siempre ha estado presente. Incluso, en el consejo de ministros del 20 de Octubre de 2012, par de meses antes de su fallecimiento, Chávez expone planteamientos importantes sobre el estado: “la transformación productiva ligada al modelo de acumulación, estaría definida por cinco aspectos:

1. La modificación de la base productiva del país, buscando una mayor democratización del poder económico.

2. El cambio en el rol del Estado, para lograr que el proceso acumulativo se oriente a la satisfacción, de las necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía.

3. La utilización de una planificación democrática como mecanismo regulador de las

relaciones productivas…” [27]

Ahora, lo cierto es, que aunque esos son aportes importantes a considerar en la discusión,

ninguno de estos planteamientos se concretó durante sus 14 años de gobierno. Aunque la constituyente, la Constitución y algunas leyes orgánicas (como la ley orgánica del ambiente o la ley orgánica del trabajo), simbolizan instrumentos jurídico-políticos progresivos, valorables y que en cierta medida brindaban herramientas a la población, en lo concreto, estas herramientas solo representaron algunos cambios en el régimen político, pero en ningún momento estos trastocaron la estructura institucional representativa y paternalista. El funcionamiento del Estado continuó beneficiando a élites y dirigencias políticas, nuevas y viejas. Su esencia rentista se mantuvo intacta. 4.1 Antecedentes del Estado Rentista

Ya a finales de los 90, Fernando Coronil lograba explicar la evolución histórica del estado venezolano para ese siglo. Este expresaba que:

“Solo cuando se transformó en mediador entre la nación y las compañías petroleras

foráneas, a principios del siglo XX, fue que el Estado adquirió la capacidad política y los recursos financieros que le permitieron aparecer como un agente independiente capaz de imponer su dominio sobre la sociedad. De ahí que el propio Estado se haya originado como un conjunto de prácticas, instituciones e ideologías de gobierno en el curso de las pugnas relativas a la regulación de la producción petrolera y el control del dinero procedente de ella. Este control le permitió transformarse a medida que ampliaba el ámbito de su actuación: el control sobre la producción del sector de los minerales y su procesamiento (petróleo, gas, productos petroquímicos, bauxita, hierro, acero, alúmina, aluminio y productos industriales relacionados); la regulación y la promoción de la actividad económica privada (la determinación de las tasas de interés, el establecimiento de tarifas aduaneras, la concesión de licencias, la aprobación de subsidios, la determinación de precios y salarios, etc.); y el establecimiento de un control central sobre un número de otros sectores, desde la educación (p.ej., la definición del contenido de la currícula y la estructura de los exámenes finales) hasta el transporte y las comunicaciones (la distribución del papel destinado a la prensa gráfica y el arriendo de frecuencias a estaciones de radio y

televisión).” [28]

Luego de la caída del gobierno dictatorial de juan Vicente Gómez, se desarrollaron debates

gruesos sobre el rumbo político del país y el nuevo manejo de la economía. Siendo ministro de interior, del gobierno Medina Angarita, el Dr. Arturo Uslar Pietri exponía la idea de “Sembrar el petróleo”, referido a que las ganancias obtenidas por la venta de dicho recurso debían ser invertidas en capital productivo, como una manera de asimilar el excedente, desarrollar y diversificar la economía, y modernizar el país. Este planteamiento fue base en el discurso de muchos presidentes y dirigentes políticos. Se utilizaba como bandera.

Por más promesas que se hicieran y/o proyectos que se “emprendieran”, el petróleo nunca se sembró. Con la explotación del petróleo Venezuela, que no está aislada de la dinámica internacional, comenzó a cumplir un rol en el mercado mundial, determinado por los grandes grupos corporativos y transnacionales: exportar materia prima e importar productos derivados de mediana y baja calidad; en otras palabras la renta entraba al país y para luego salir casi en su totalidad. Toda intención de diversificar la economía chocó con la lógica dependiente de la divisa extranjera (obtenida por exportación del hidrocarburo) para mantener la importación y el funcionamiento presente del estado y la sociedad. Al poco tiempo, los proyectos emprendidos eran abandonados, y se regresaba a la misma lógica.

El estado que se empezó consolidar con la exportación de petróleo al inicio del siglo XX,

adquirió un papel importante en el desenvolvimiento de la sociedad venezolana. Los partidos políticos que llegaban al poder secuestraban todas las decisiones políticas y económicas de trascendencia, incidiendo así sobre los principales sectores sociales: pueblo, empresarios y élites. Durante la segunda mitad del siglo XX los partidos, en acuerdo con estos dos últimos sectores, desarrollaron dinámicas de acumulación de capital ilegitima y/o ilegales, generando un entramado de tal magnitud que, “en algunos casos empresarios y en otros ciudadanos pasan

a ejercer cargos en la administración pública, sin tener la debida calificación y/o preparación”[29].

Desde 1960, las cúpulas políticas, lograron concretar una filosofía basada en mantener el estado rentista y utilizar los petro-dólares para hacer política, ocultando todas sus prácticas bajo la supuesta intención de “sembrar el petróleo”. Se constituyó una estructura paternalista, clientelar, improductiva (con altos beneficios para los empresarios), conservadora, corrupta y garante de la impunidad. A los pocos años se instaló una dinámica en que los partidos gobernantes exigían al ejecutivo la aplicación de políticas públicas de carácter asistencialista que abonaran el terreno para triunfos electorales, independientemente de los desequilibrios que esto podría generar en el presupuesto nacional y las finanzas del país. Este patrón se consolidó a lo largo de los años. 4.2 Consolidación del Estado Clientelar y Asistencialista

“… El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado con sigo misma en una contradicción insoluble, se ha

dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren

a la sociedad en una lucha estéril, para eso se hizo necesario un Poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del 'orden'.

Y este Poder, que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado"

F. Engels: "El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado" (1894. 6ta Edición)

Durante la denominada Cuarta República hubo un aumento progresivo de la dependencia del venezolano de a pie hacia el estado. Las políticas estatales dejaron de ser públicas para convertirse en prebendas. El estado evita democratizarse al garantizar una distribución de renta relativamente satisfactoria, y mediante mecanismos directos e indirectos genera la despolitización de la población, alejándola de toda actividad política y fundamentalmente de la toma de decisiones con respecto a las políticas públicas. Como expresan distintos investigadores (venezolanos y de otras latitudes), el carácter paternalista de la distribución de renta genera una mayor tolerancia de la población hacia temas como la desigualdad y la corrupción. Con realidades particulares y contextos distintos, el proceso bolivariano representa una continuidad de este fenómeno y la generación propia de nuevas mutaciones en la estructura institucional intrínsecamente rentista.

Pasados los primeros años de convulsión, se aplicaron planes sociales, como las misiones,

que eran de carácter urgente para atender a grandes sectores de la población y trascender las trabas burocráticas de los organismos existentes. Planes que se concibieron como momentáneos y transitorios, se fueron fortaleciendo y pasaron a ser parte de la superestructura. Cada año surgían nuevas misiones. Al contrario de lo que predominaba en el discurso, la estructura clientelar y rentista se fortaleció y expandió. Esta lógica imperante se tradujo en que la cifra de empleados públicos creció de un 15,5% a un 20,7% del total de la

fuerza laboral, desde el primer semestre de 1999 hasta el primer semestre de 2013. [30] La disminución del desempleo invisibilizaba el crecimiento de una población completamente dependiente de la renta y con una ocupación sin ningún tipo de vinculación a la producción de bienes de consumo.

A su vez la expansión de empleados públicos se tradujo en una duplicación de la cantidad de ministerios, llegando a tener en 2013 la cantidad absurda de 32 despachos, cifra que supera considerablemente el total de instituciones en otros países de la región. Una infinidad de estructuras innecesarias, muchas de las cuales se abocaban a vincularse a la misma tarea por órdenes del presidente. No existía ningún tipo de planificación para el desarrollo del país y atender las necesidades y problemas prioritarios según las capacidades, lo urgente dejaba a un lado los problemas estructurales. Algunas pocas estructuras surgían por alguna urgencia o necesidad coyuntural, como el Ministerio de la vivienda, pero en la mayoría de las ocasiones se creaban instituciones con la supuesta intención de solventar necesidades y que con el transcurrir del tiempo sus objetivos quedaban completamente difuminados, tal es el caso del ministerio de las comunas o el gobierno del distrito capital. En otras ocasiones surgían estructuras que no tenían ningún tipo

de explicación como el vice-ministerio para la felicidad suprema o el de redes sociales. [31] Independientemente de las circunstancias, todas las estructuras se absorbieron en la lógica del clientelismo político, y de sostener una capa social con privilegios marcados.

Incluso, la dirigencia bolivariana llegó a tener una política hacia el Estado, incongruente y

desconectada del discruso oficial. A pesar de atacar públicamente estructuras tradicionales con la permanente amenaza de transformarlas, en el accionar se terminaba favoreciendo a viejos grupos conservadores. Dos ejemplos claros son:

- Universidades Autónomas: Estructuras controladas por el Claustro Profesoral, que abarca menos del 5% del profesorado y de la población laboral de toda la institución. A pesar de los ataques, nunca se fomentaron elecciones igualitarias, se permitían negocios con fundaciones privadas y siempre recibieron presupuestos altos, en contraste con las demás instituciones universitarias. Esto no descarta que el presupuesto universitario sea deficitario.

- Sistema de Salud Privado: controlados por viejos grupos del sector. A pesar de la retórica, el estado permitió un enriquecimiento exponencial de las clínicas privadas a través de los seguros del estado. Para el 2012, más del 60% del presupuesto de salud se destinaba a la salud privada.

Es un error seguir percibiendo el tema del estado como una cuestión de sujetos, y no como

un problema en sí mismo. Aun cuando se coloquen sujetos honestos y preparados en puestos claves de las instituciones, no tendrían la capacidad de plantear una política de fondo. Toda la estructura sería su muro de contención. El caso de Eduardo Samán es emblemático, ya que al ser considerado un personaje deslastrado de la vieja política el mismo encontró obstáculos impenetrables en las distintas instituciones en las que se desempeñó. Seguramente en el

gobierno bolivariano se incorporaron algunos cuadros con buenas intenciones y muchos otros con intereses particulares e individuales. Los primeros quedaron anulados o fueron desplazados progresivamente, los segundos fueron escalando posiciones cada vez más importantes.

La transformación del estado es una tarea primordial para todo proyecto emancipador. Si

esta no se lleva a cabo, todo cambio social y/o reivindicación del pueblo trabajador será devorada, exprimida y desgastada por la superestructura. Su carácter coercitivo limita la garantía de una educación pública y de calidad, de un sistema de salud único, público y eficiente, de la valorización justa del trabajo, servicios básicos de calidad (ej: agua potable), y demás exigencias históricas de los pueblos. El estado venezolano, desde hace un siglo, se desenvuelve en una dinámica establecida que tiende a favorecer directamente a un sector muy pequeño y privilegiado de la sociedad; y como está concebido hoy, no puede socializar riquezas ni mucho menos garantizar reivindicaciones. Sería ir contra su propia lógica.

4.3 PSUV: “Hiperliderazgo” y la concreción del Pensamiento Único

Ya desde el 2004, se apostaba a una política de dirigir y ordenar. Chávez asumió, por las

características de su liderazgo, que todas sus acciones o sus órdenes se podían sobreponer a la lógica del estado, aún rentista, paternalista y clientelar. Pasados los años, la gran mayoría de los supuestos cuadros “revolucionarios” vivían alrededor de la figura del comandante de la revolución, es lo que los mantenía en las instancias de poder y les permitía cultivar, año tras año, ostentosos privilegios políticos y económicos. Mostraban y decían al líder cualquier cosa que lo complaciera, e idolatraban su figura a lo interno y externo. En palabras más simples de la jerga venezolana, Chávez se rodeó de una inmensa cantidad de “jalabolas”.

El desarrollo de la política desde la institucionalidad formal, acompañado de los vicios

presentes, generó una metodología vertical entre Chávez y el pueblo bolivariano, ese que no optaba por prebendas si no que participaba honestamente por un proyecto y una idea de emancipación. No había retroalimentación entre el dirigente y su base social. Se instaló la filosofía de que el líder tiene toda la verdad y no se equivoca, de que todo lo que dice es palabra sagrada, deparando en una criminalización de la opinión y el debate crítico. Los aportes o críticas del pueblo fueron ignorados la mayoría de las veces. Cientos de miles de proyectos engavetados. Incontables críticas y gritos contra la impunidad y la corrupción que quedaban en asambleas o reuniones cerradas, con compromisos de los altos dirigentes que nunca se cumplían.

La circulación de torrentes de dinero proveniente del petróleo no solo erosionó la actividad

productiva y estimuló la propagación de la especulación y la corrupción financieras, sino que también facilitó la concentración del poder en los más altos niveles de gobierno. A su vez, los poderes extraordinarios del presidente alentaron un estilo vertical de diseño de políticas que a menudo condujo a acciones arbitrarias y contradictorias, y que minó las prácticas democráticas. Dicho estilo se concreta con la constitución del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2007, y se empieza a gestar una fusión maquiavélica entre el partido de gobierno y el estado venezolano.

Tal era el grado de clientelismo que existían superestructuras similares que luego cada una

tenía ramificaciones extendidas. Un buen ejemplo es de la juventud, sector para el cual existe: ministerio de la juventud, instituto nacional de la juventud, institutos municipales de la juventud, federación bolivariana de estudiantes, frente francisco de miranda, institutos de deportes, misión Robert Serra, chamba juvenil y comisión presidencial para la juventud. Cada uno con una estructura, de altos dirigentes y dirigentes medios. Cada uno con una línea, operadores políticos y un padrino. Y cada uno con una partida presupuestaria, proveniente de la renta. Bajo la excusa de defender el proceso y formar miles de jóvenes revolucionarios, se

profundizó el clientelismo y la juventud venezolana opuesta al chavismo fue creciendo vertiginosamente.

En las pocas ocasiones que hubo elecciones internas en el PSUV, todos los integrantes de

la dirección nacional y de una parte considerable en las direcciones regionales pasaron por la aprobación del líder, antes de que la militancia participara con su voto. La misma situación se repetía para las candidaturas a la Asamblea Nacional, gobernaciones, concejalías y alcaldías. Salvo algunas excepciones, en más del 98% de los casos se impuso la voluntad del líder “supremo”, la línea. A medida que el proceso de burocratización se acentuaba, a esta dinámica se le sumaba la influencia de personalidades (que consolidaron poder político) sobre dichas postulaciones, para que surgieran candidaturas que atendieran a los intereses de camarillas burocráticas particulares. La fundación del PSUV dio paso a una mutación híbrida entre el Estado y el Partido de gobierno, en la que cada vez existían más dificultades para determinar: si el partido está por encima del estado o el estado está por encima del partido.

Capítulo V “Estado Comunal” y estructuras de control social

5.1 La promesa del Estado Comunal vs. La lógica del Estado Rentista

Entre 2004 y 2007, consolidado el gobierno, se aplican políticas sociales que permiten la inclusión de sectores de menores recursos que fueron tradicionalmente excluidos del escenario, y que rápidamente desarrollaron una empatía a estos planes. Dichos sectores sentían que eran escuchados y que tenían una oportunidad concreta para mejorar su situación socio-económica. Y es que varios de esos programas ayudaron a lograr conquistas sociales que empalmaban con las metas del milenio establecidas en las Naciones Unidas: 1) reducción del hambre y la pobreza extrema, 2) reducción del índice de analfabetismo, 3) reducción de la mortalidad materna e infantil.

En primer plano se concretaron las misiones sociales para atender las necesidades socio-

económicas. En segundo plano se dio paso a un tipo de organización sin precedentes en el país: Los Consejos Comunales. Siendo de carácter comunitario este modelo de organización se extendió rápidamente a nivel nacional. Desde las ciudades más pobladas hasta los pueblos en regiones de difícil acceso, se conformaban Consejos Comunales, los cuales incentivaron el fortalecimiento del tejido social (organización comunitaria) y permitieron la entrega de grandes cantidades de recursos para atender las problemáticas en materia de: salud, vialidad, servicio de agua, recolección de desechos sólidos, entre otros, así como proyectos productivos en algunas ocasiones.

Transcurridos un par de años del inicio de estos programas y nuevas formas organizativas, ya se evidenciaban fuertes tensiones y contradicciones entre la propuesta del Estado Comunal, como una promesa más democrática y descentralizada, y la estructura del estado rentista. Ante esta pugna, la lógica de centralización de la superestructura existente se impuso, al estar en una situación de claro fortalecimiento y expansión acelerada, como explicamos con anterioridad. El hecho de que todos los recursos provinieran de la renta cercenó la autonomía de la mayoría de los consejos comunales y posteriormente de las comunas. La renta ocultaba, bajo su manto mágico de abundancia y soluciones momentáneas de los problemáticas sociales, un escenario de dependencia que traería terribles consecuencias. La pérdida de autonomía restringía la capacidad de estas organizaciones de poder ejercer contraloría sobre las políticas públicas en sus comunidades. Aunque los consejos comunales y comunas representaban propuestas

organizativas innovadoras, con el tiempo terminaron siendo organizaciones sumergidas en la lógica estatal, salvo contadas excepciones.

La bonanza petrolera logró sostener toda la nueva estructura, con contradicciones

presentes pero cierta estabilidad, durante unos 3 o 4 años. Ya en 2008, año de una enorme fuga de capitales, y sobretodo 2009, con la crisis bancaria, se empezaron a manifestar fallas e irregularidades graves. Las que requerían de gran infraestructura decayeron, como las misiones educativas y la misión barrio adentro. Las Fallas en los servicios que ofrecían evidenciaban la contradicción entre la masificación del servicio y la calidad del mismo. Se necesitaban gran cantidad de recursos para mantenerse y esto era contrario a la lógica de acumulación mafiosa de los sectores burocráticos del estado.

Entre 2008 y 2010, con la promulgación de las leyes orgánicas (de consejos comunales y

Comunas) y la creación de instancias estatales de mayor jerarquía, estas modalidades comunales pasaban a ser parte directa del estado, con acciones y funciones delimitadas, y a las cuales se les impusieron instancias superiores (Ministerio de la Comunas, la Comisión Local Presidencial para el Poder Popular, el Fondo Nacional de Financiación y Fundacomunal) que ejercían fuerte control, administración y tutelaje sobre las mismas. Al no existir una política consecuente, concreta y definida de transformación se constituyó una forma de estado paralelo que dependía directamente de la institucionalidad rentista tradicional, y que presentaba una estructura embrionaria, débil y sin mecanismos claros de contraloría social. Por lo que, todos los instrumentos de esta instancia paralela (consejos comunales, misiones sociales, etc.) eran altamente clientelares y corruptibles.

Se aprobaron reglamentos que en vez de impulsar la autonomía y lucha de las organizaciones, las convirtieron en un apéndice del estado, transformándolas progresivamente en estructuras conservadoras que desmovilizaban al pueblo. Se construyeron institutos para todos los sectores, y en dichos espacios las direcciones eran impuestas y/o cooptadas. Hubo cientos de actos multitudinarios de relegitimación de orgánicas comunitarias, cuyas direcciones eran asignadas a dedo.

La esperanza de construir una nueva institucionalidad democrática en la que los ciudadanos

pudieran ejercer funciones ejecutivas tomando decisiones vinculantes, y que, en sus inicios, expresó síntomas embrionarios mediante nuevos modelos organizativos comunitarios más democráticos, quedó completamente sepultada por la lógica vertical, clientelar y de concentración de poder del estado rentista. Salvo algunos casos excepcionales de experiencias socio-productivas que mantienen cierto grado de autonomía y organización asamblearia, la mayor parte de los Consejos Comunales y Comunas dejaron de ser estructuras sociales inclusivas y participativas para todos los habitantes de la comunidad, para transformarse en estructuras político-ideológicas en las que solo podían participar chavistas revolucionarios. A su vez los proyectos comunitarios se transformaban en recursos para el chantaje.

En los últimos años del segundo gobierno de Chávez, estas formas organizativas ya

expresaban claros vicios de control social. Estas dejaron de ser estructuras abiertas a la discusión para criminalizar las denuncias de los sectores críticos que se expresaban en el marco del proceso. En muchas ocasiones las discusiones político-coyunturales o las líneas del PSUV eran prioridad ante las problemáticas comunitarias.

5.2 Estructuras de Control Social

La política de control social desarrollada desde el estado y el PSUV, presentó dos modalidades generales. La primera se desarrolló en las estructuras propias de organización

social. El fenómeno de hiperliderazgo y pensamiento único que se fue desarrollando, permeó en la dinámica de estatización de organizaciones comunitarias inicialmente autónomas. El partido de gobierno logró tejer una red de militantes administrados, que recibiendo prebendas, se enquistaban en las organizaciones sectoriales para defender la línea oficial y estigmatizar cualquier tipo de opinión disidente. Si algo alteraba la orden, informaban a los jefes de estructuras superiores para que actuaran.

Hubo repercusiones en todos los movimientos y sectores sociales. Los nuevos liderazgos y estructuras de las organizaciones del pueblo tenían que recibir el “visto bueno” del Líder del PSUV, tanto para aquellas que surgieron después del 98’, como: los comités salud, comité de tierras, consejos comunales y comunas; así como para las tradicionales: centros de estudiantes y federaciones, frentes campesinos, sindicatos y centrales obreras. Las dirigencias eran cooptadas y posteriormente las estructuras se convertían en un apéndice de la estructura estatal.

Una segunda modalidad se expresa claramente a través de grupos parapoliciales sostenidos

por camarillas burocráticas, que les proveen de logística, recursos y armamentos, y que les brindan un sostén político-ideológico de ser agrupaciones con trabajo social y que desempeñan una tarea importante de “defensa de la revolución” ante las agresiones imperialistas y de las acciones conspirativas de los enemigos internos. Nos referimos a los denominados “colectivos”, cuyo nombre se deslinda diametralmente de su praxis diaria. Algo similar ocurre con las bandas armadas y paraestatales ubicadas en los Municipios del Sureste del Estado Bolívar, las cuales se autodenominan “Sindicatos”, aun cuando estas no tienen relación ninguna relación con estructuras sindicales legalmente reconocidas.

La denominación de Colectivo está asociada agrupaciones de la izquierda tradicional

Venezolana, muchas de ellas vinculadas a la experiencia guerrillera de las décadas de los 60’ y 70’. Aunque varias fueron desapareciendo, otras se mantuvieron y perduraron en el tiempo, principalmente en los sectores populares de Caracas y otras capitales del país, hasta la llegada del proceso bolivariano en el 99’. Algunos pocos colectivos, procuraron atarse a sus principios ideológicos y actualmente hacen un esfuerzo por desarrollar trabajo comunitario y/o de producción autosustentable, pero la generalidad de estos fue tocada por el dedo mágico de la renta y todo su accionar se desvirtuó completamente.

Con el transcurrir de los años surgían “colectivos” inéditos en nuevas localidades, que alejados de todo trabajo social o comunitario con líderes de base, se instalaban como organizaciones de control territorial. Cada uno poseía un local para sus integrantes, desde los que se desarrollaban actividades políticas y electorales, y el desarrollo de micro-negocios financiados por el estado, como panaderías o comercios, que en ocasiones ocultaban otro tipo de actividades ilícitas.

El proceso de depuración de cuerpos de seguridad altamente corrompidos como la PTJ y la

Policía Metropolitana, se conecta directamente a la formación de esos nuevos “colectivos” armados, que hace poco más de una década no existían en el espectro político. El porte de armas de guerra, su vinculación a planes sociales desarrollados por la institucionalidad formal y su actuación con plena impunidad dentro de las comunidades son evidencias claras de la relación con entes estatales y figuras de alto poder ejecutivo. Los arsenales que manejan les permitieron a varias de estas agrupaciones imponer nuevas reglas en las comunidades donde actúan y

establecerse como una autoridad por encima de los cuerpos policiales. [32] Otra situación similar se replica en los sindicatos del Estado Bolívar. Posterior al proceso de

nacionalizaciones del parque industrial metalúrgico de Guayana, hay un incremento de la planta

de trabajadores en las empresas. Esta dinámica dio paso al ingreso de delincuentes y mafias sindicales provenientes del sector de la construcción, que al afiliarse a los sindicatos legalizados, empezaron a complementar una política de control contra toda lucha reivindicativa y sindical de todos los trabajadores. El alza de violencia generada en la región deparó en agresiones y homicidios de trabajadores: Tal es el caso de Ferrominera en 2011, en el que al inicio de una asamblea de trabajadores en el portón de la empresa uno de los miembros del sindicato ejecutó

varios disparos, teniendo como resultado de dos heridos y el fallecimiento de Renny Rojas. [33]

Capítulo VI La militarización del Estado y la corporativización de la Fuerza Armada

Nacional Bolivariana (FANB)

Desde que asumió la presidencia, iniciando con el recordado Plan Bolívar 2000, Chávez vinculó el componente militar a todas las políticas sociales aplicadas desde el gobierno. Militares participaban en reparación de escuelas e infraestructuras hospitalarias, servicios de asistencia médica y la venta de alimentos subsidiados. Sumado a esto su participación activa en las victorias de 2002-2004 mencionadas anteriormente, le dio un amplio grado de legitimidad en la población que simpatizaba con el proceso bolivariano.

Dicha legitimidad vinculaba directamente a grupos castrenses en la agenda política del

ejecutivo, funcionamiento que dio paso a un mayor empoderamiento de los altos rangos y la consolidación de los mismos en las estructuras institucionales y ministeriales que tradicionalmente estuvieron a cargos de civiles. Durante los años de revolución tenientes, capitanes, coroneles y generales, han ocupado múltiples cargos dentro la administración pública. Ya para el 2004, cerca de un tercio de los 22 ministerios que funcionaban eran dirigidos por oficiales, aunque eran instituciones limitadas al área política del gabinete como los ministerios de: Comunicación e Información, Despacho de la Presidencia, e Interior y Justicia.

La vinculación de lo militar al ámbito político fue una orientación permanente de la

dirección bolivariana. Los ejes de la orientación se fundamentaban en garantizar autoridad sobre todos sus componentes y que los mismos tuvieran identificación política ideológica. Esta tuvo una de sus más claras expresiones en la propuesta de reforma constitucional de 2007, que fue rechazada en un referéndum consultivo nacional. La propuesta contemplaba en su artículo 328 que:

“La Fuerza Armada Bolivariana será organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, defenderla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa integral y la guerra popular de resistencia, la cooperación en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana y del orden interno, así como la participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la Nación, de acuerdo con esta Constitución y la ley.”

A pesar de que la reforma no fue aprobada, Chávez insistía en que la Fuerza Armada y sus

oficiales debían “declararse cada día con más fuerza y radicalidad, a ser antiimperialistas, revolucionarios, bolivarianos y socialistas”. Sin negar o cuestionar la injerencia que ejerce el imperialismo Norteamericano sobre los países del globo terráqueo, dinámica a la que se suman los gobiernos de China y Rusia con sus respectivas diferencias, se apostaba a una política sumamente delicada y peligrosa en la que la FANB debía apostar y defender un sistema socialista

que nunca estuvo claramente definido, y que dejaba en segundo plano la defensa de la democracia y la constitución. Lo peligroso de este tipo de discursos es que la mayoría de los gobiernos que se han autodenominado socialistas, bajo un discurso ambiguo de justicia social y defensa de la soberanía que nunca aterrizaban en medidas concretas, han apostado a regímenes de restricción de derechos políticos y democráticos.

La presencia directa en instituciones, además de la vinculación estrecha con las direcciones

del PSUV (nacional y regionales), se tradujo en la consolidación de poder político y económico de los altos mandos castrenses. Estos aseguraban poder político territorial ejerciendo cargos de elección popular (gobernaciones y alcaldías); ya en 2013, 11 de los 23 gobernadores provenían de la FANB. De la misma manera, acumulaban poder económico dirigiendo ministerios estratégicos que presentaban las partidas presupuestarias más altas, así como instituciones que controlaban directamente los dólares que ingresaban al país. Algunas de esas instituciones fueron los despachos de Presidencia de la República; Interior, Justicia y Paz; Economía, Finanzas y Banca Pública; Industrias; Transporte Acuático y Aéreo; Alimentación; Energía Eléctrica; y Defensa. Además, de manejar las políticas de seguridad ciudadana, defensa nacional y justicia.

A su vez, se empiezan a expresar símbolos claros de corporativización de la FANB, que empezaba a trascender su función exclusiva de defensa de la nación para vincularse en el área comercial y económica. En 2008 se creó Emsovem y en 2012 nace la Constructora IPSFA, dedicadas a la producción de vehículos y al área de construcción respectivamente. Posteriormente, en 2013, nace BANFANB, banco que le permite la Fuerza Armada vincularse

directamente al sistema financiero nacional. [34] Esta dinámica corporativista, que desvirtúa los principios y fundamentos del componente militar, se ha acentuado exponencialmente durante el gobierno de Nicolás Maduro que entre 2013 y 2017 alentó la conformación de 14 compañías militares, muchas de ellas dedicadas en áreas estratégicas. Entre las más resaltantes están: Camimpeg (hidrocarburos y minería), Cancorfanb (canteras), AgroFanb (agricultura), Emiltra (transporte), Complejo Industrial Tiuna (producción de agua y ropa) y Emconfanb (telecomunicaciones).

A continuación presentamos una tabla de algunos militares que han ocupado cargos en las

instituciones públicas, la cual puede ayudar a ilustrar los planteamientos anteriores:

Nombres y Apellidos Cargos Manuel Barroso

(Coronel) Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)

durante 6 años. Entre 2004 y 2006 fue el presidente del Banco del Pueblo Soberano, y en noviembre de 2005 fue juramentado como

director principal del Banco del Tesoro

Rodolfo Marco Torres (general de división)

Ministro de Estado para la Banca Pública de Venezuela hasta 2014 y director del Banco de Venezuela, además de haber sido presidente del Banco Bicentenario y del Banco del Tesoro.

Ramón Carrizales (Coronel)

Gobernador del Estado Apure (2012 – 2017). Fue Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, de enero de 2008 al 27 de enero del 2010, además fue el Ministro del Poder Popular para

la Defensa desde el 4 de marzo de 2009hasta el 27 de enero de 2010.

Francisco Rangel (General de división)

Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (2001-2004). Gobernador del Estado Bolívar 2008-2017

Francisco Ameliach (Mayor Retirado)

Gobernador del Estado Carabobo (2012 – 2017)

Jose David Cabello Rondón (Egresado de la Academia

Militar)

Superintendente del SENIAT (impuestos nacionales) desde el 2008 hasta la actualidad (finales de 2017). Director de la línea aérea

Conviasa (3 meses, 2006). Ministro de Infraestructura (Julio 2006 –

Febrero 2008). Durante el gobierno de Maduro ha sido Ministro de Industrias y director del Cencoex (Comercio exterior)

Diosdado Cabello Rondón (Teniente)

Gobernador del Estado Miranda (2004 – 2008) y diputado de la Asamblea Nacional (2010 – 2015). Además, fue Director de

Conatel (1999-2000), Ministro de la Secretaría de la Presidencia en 2001, Vicepresidente de la República en 2002, Ministro de Interior y Justicia (2002-2003), de Infraestructura en dos períodos (2003-

2004, 2008 – 2010)

José Gregorio Vielma Mora (Capitán)

Gobernador del Estado Táchira (2012 – 2017). Superintendente del SENIAT (impuestos nacionales) desde el 2000 hasta el 2008.

Ramón Rodríguez Chacín (Capitán de Navío)

Ministro de Interior y Justicia (2002 y luego en 2008). Gobernador del Estado Guárico (2012 – 2017)

Carlos Mata Figueroa (General en Jefe del Ejército)

Gobernado del Estado Nueva Esparta (2012- 2017). Ministro de Defensa (2010 – 2012)

Henry Rangel Silva (General en Jefe)

Estuvo a cargo Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), director de la Disip (2005). Director de la Cantv en 2009 (telefonía nacional). Gobernador del Estado Trujillo (2012 – 2017)

Jorge Luis García Carneiro (General en Jefe)

Gobernador del Estado Vargas durante dos períodos (2008 – 2017). Ministro de Defensa (2004-2005). También fue Ministro de

Participación Popular y Desarrollo Social

Francisco Javier Arias Cárdenas (Sub-teniente)

Embajador de Venezuela en la ONU (2006), Viceministro de relaciones exteriores para América Latina y el Caribe (2008-2010), diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia (2010-2012).

Gobernador del Estado Zulia (2012 – 2017)

Luis Reyes Reyes (Teniente Coronel)

Fue Ministro de Transporte y Comunicaciones, y Ministro de Desarrollo Urbano (febrero-agosto 2009). Gobernador del Estado

Lara durante dos períodos consecutivos (2000 - 2008), ministro del Despacho de la Presidencia (2008-2010), y Ministro de Salud

(2010)

Jesse Chacón (Teniente)

Director de Conatel (2001), Ministro de Comunicación (2003 y luego en 2007), Ministro del Interior (2004 – 2007), Ministro de

Ciencia y Tecnología (2009), Ministro de energía eléctrica (2013 – 2015). Embajador en Austria desde el 2015 hasta la actualidad

(finales de 2017)

Tabla 1. Militares que ocuparon cargos relevantes en organismos públicos entre 1999 y 2017

El 13 de abril de 2002 aconteció un hecho inédito: Millones de civiles y militares activos derrotaron un golpe de estado en menos de 48 horas, y garantizaron el regreso del Presidente electo democráticamente. Un acontecimiento que para millones de venezolanos fue considerado como un hecho heroico y extraordinario, generó las condiciones para que, en años posteriores, altos mandos militares se constituyeran en una nueva casta política privilegiada y consolidada. Apoyándose en la unidad cívico – militar que se desarrolló durante el 13 y 14 de abril de aquel año, la dirigencia gubernamental instaló un discurso oficial que permitió ocultar todo el entramado de relaciones de poder que se fueron desarrollando.

Capítulo VII RENTISMO VENEZOLANO (1960 – 2012): La cuarta vestida de quinta

De la misma forma en que durante el proceso bolivariano se mantuvieron y predominaron

prácticas políticas similares a las que desarrollaban los partidos AD y COPEI (1960 – 1998) - como explicábamos anteriormente en el Capítulo IV -, en el aspecto económico se desarrolló una dinámica muy parecida. Aunque ciertamente se pueden encontrar incontables diferencias entre las épocas denominadas Cuarta República y la Quinta República, en esta última no hubo ningún

tipo de política concreta para transformar el modelo rentista, deparando en una profundización del mismo y una mayor dependencia del petróleo en relación al período anterior. Prácticamente, desde el punto de vista económico varias características estructurales se mantuvieron y hasta se cometieron errores muy similares. 7.1 Economía Rentista (1960 – 1998). Antecedentes

“Sector productivo” o “empresarios honestos” eran algunas de las categorías usadas por los partidos tradicionales para denominar al empresariado venezolano. Sin embargo, al observar el alto nivel dependencia de la renta que históricamente ha desarrollado la burguesía venezolana dichos términos pueden ser completamente cuestionados. Después, de la caída de Gómez, la dependencia de la explotación petrolera fue aumentando progresivamente hasta nuestros días, con pequeños incrementos y picos muy altos durante la cuarta república (variaba según el período). Hay muchos indicadores que lo demuestran.

Desde finales de los años 40, con un incremento importante del ingreso por renta, la fuga

de capitales comenzó a cobrar importancia. Las divisas que venían acumulando los empresarios venezolanos se encontraban en el exterior. Este, en conjunto con otros fenómenos como el endeudamiento y la improductividad de este sector, empezaron a ser ampliamente reconocidos por intelectuales liberales desde la década de los 90’. Euclides Palacios, politólogo no marxista y que reivindica las medidas de ajuste tomadas por Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato, en su tesis doctoral de 2007, expresaba lo siguiente para la época del trienio Adeísta (1945-1948):

“... y (3) la existencia de una considerable acumulación de capital que importantes grupos de venezolanos mantenían en el exterior, en vez de emplearlo con eficiencia en Venezuela, lo

cual evidenciaba la mentalidad precaria pre-capitalista de buena parte del sector privado”. [35]

Más adelante, dicho autor afirmaba lo siguiente para el gobierno de Romulo Betancourt (1959-1964):

“Aunque las condiciones económicas del venezolano mejoraron en el gobierno de

Betancourt, el aporte del sector privado dejaba mucho que desear, el cual puso en evidencia las

limitaciones de la capacidad de absorción de la economía venezolana.” [36]

Dichas acotaciones cobran más importancia si se toma en cuenta para 1957 se estimaba

que Venezuela había sido una de las naciones que más divisas extranjeras había acumulado, en

todo el mundo. [37] Solo se encontraba por debajo de países como Alemania Occidental, que gozaba los beneficios del Plan Marshall.

Con la caída Marcos Pérez Jiménez, y la concreción del “Pacto de Punto Fijo” las élites de

los partidos daban paso al consenso político y económico para gobernar al país. El sector empresarial fue uno de los más favorecidos por dicho pacto. No solo se mantenía la dinámica de años anteriores, si no que desde el ejecutivo y el poder legislativo se generaban nuevas condiciones y mecanismos que incentivaban la subordinación de este grupo a los petro-dólares. Para este existía una constante flexibilización de las leyes. Se les otorgaban subsidios sustanciales para el supuesto desarrollo económico, pero no se establecían mecanismos para evaluar la calidad de los servicios que prestaban ni para controlar las inversiones que debían realizar. El petróleo estaba generando grandes ganancias que los capitalistas no podían desaprovechar. Invertir era costoso, la ganancia estaba en importar y extraer los petro-dolares, y el estado paternalista lo garantizaba brindando un sin fin de facilidades. Juan Pablo Pérez Alfonso expresaba esta situación como la “carrera perdida del petróleo”.

Desde el inicio de la explotación petrolera, ha habido períodos de bonanza económica por el aumento del precio del barril, algunos más importantes que otros. En los mejores momentos, el ingreso de divisas se ha llegado a cuadruplicar, y contradictoriamente a lo que muchos pueden asumir, de que con un excedente tan grande se dan las condiciones propicias para la siembra, los períodos de bonanza solo han consolidado e incrementado la dinámica rentista del país, generando grandes crisis con la posterior baja de los precios. Un ejemplo claro se evidencia durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979).

Hay varias cifras que ayudan a contrastar la situación. En el marco del período de bonanza

petrolera que inició en 1973, la cantidad de empresas del estado (fusión entre el sector público

y privado) aumentó considerablemente entre 1970 y 1974, hecho que contradictoriamente no

se tradujo en un aumento de la producción nacional. Entre el 70 y 74, el aporte de dichas

empresas al Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en menos de 2%, pasando de 3,2% a tan solo

un 5% respectivamente. De igual forma, al contrastar los mismos años, se observa un aumento

pírrico del PIB no rentístico, pasando de 241.104 millones de bolívares a 302.259 millones de

bolívares respectivamente. [38] Estas dos variables reflejan la poca diversificación económica y

el irrisorio aumento de producción nacional, a pesar de las ingestas cantidades de renta que

eran otorgadas.

Al no deparar en inversión de capital nacional, cuantiosas sumas de renta salían del país al

sistema financiero internacional. Se estima que para 1987 existía una cantidad aproximada de 50.000 millones de dólares de capital privado Venezolano en el extranjero. Aunque el nivel estabilidad política económica del país son elementos importantes a considerar, la fuga de capitales en períodos de bonanza petrolera estaba motivada y condicionada por: 1) El hecho de que existan muchos bancos e instituciones financieras internacionales que no revelan con facilidad la información respecto a los movimientos en las cuentas de sus clientes; y 2) las ventajas de los sistemas fiscales en los países desarrollados. Por ejemplo, en EEUU permite la omisión del no cobro de impuestos (no grava) en propiedades inmobiliarias de no residentes (extranjeros). Toda la dinámica termina siendo un proceso de desinversión de capital privado.

Contrario a lo que afirman algunos economistas venezolanos, la FC es un problema

estructural de la Economía Venezolana desde inicios de los 60’ con sus distintas variaciones, e incluso de la región latinoamericana. Como lo afirma Emilio Medina Smith, economista estudioso de la FC en Venezuela, esta es “un fenómeno crónico más que un simple acontecimiento aislado, lo que implica que Venezuela es un acreedor neto vis-à-vis en relación con el resto del mundo”. Entre 1950 y 1999 la FC llegó a una suma estimada de 70.000 millones de dólares ($), en términos nominales, y para ese último año había 110.000 millones de dólares

($) de capital privado venezolano en el exterior. [39] La fuga de Capitales y el despilfarro de dólares en períodos de bonanza conducían

inevitablemente a crisis económicas posteriores. Las crisis de mayor peso se empezaron a sentir a partir del final de la década de los 70’, que ante la insuficiencia de petrodólares para atender las demandas fiscales, presupuestarias y obligaciones laborales (salarios, pensiones) de la nación, el Estado entraba en una dinámica cíclica de solicitud de créditos a bancos y organismos financieros internacionales. La deuda externa venezolana, que para 1973 abarcaba unos 1200 millones de dólares, aumentó a 11.000 millones de dólares en 1978, con precios record por barril de petróleo hasta la época. Para 1989 la misma alcanzaría el valor de 29.000 millones de

dólares.[40]

7.2 Economía Rentista (1999 – 2012): Contexto distinto, prácticas similares

Esta revisión histórica permite evidenciar una serie de nudos claves de la economía

petrolera: inversión privada, moneda sobrevaluada, fuga de capitales y deuda externa. Puntos álgidos que han repercutido de manera directa en las crisis económicas que ha atravesado el país. Estudios ya planteaban estos temas en reiteradas ocasiones. Sin embargo, en el período bolivariano hubo caso omiso y dichos nudos eran como temas tabúes para las altas dirigencias.

Con un discurso contradictorio de ataque y conciliación, que cambiaba según la dinámica

de la coyuntura nacional, Chávez hizo un llamado permanente a ese supuesto empresariado “honesto y productivo” para invertir en el país y desarrollar el aparato productivo mediante un modelo de economía mixta. Algo similar a lo que intentó desarrollar Pérez en su primer gobierno. Nada más para el período 2003 y 2012, la importación del sector privado abarcó un monto superior a los 300.000 millones de dólares, divisas que provenían del ingreso petrolero. Tomando como referencia la citada lista de CADIVI, se puede destacar que la entrega de dólares eran destinadas fundamentalmente al capital transnacional, y algunas empresas nacionales, provenientes de: Ensambladoras, Farmacéuticas, Telecomunicaciones y Aerolíneas

A pesar de la millonaria inversión hecha desde el estado nunca hubo una apuesta del capital

extranjero y privado nacional hacia el desarrollo del aparato productivo. A medida que aumentaba el otorgamiento de las divisas y el precio de todos los productos comercializados a nivel nacional, el volumen de producción de la industria manufacturera privada nacional se mantuvo prácticamente al mismo nivel, presentando un incremente de solo 9% entre 1997 y

2011. [41] De igual manera resulta alarmante, que las exportaciones no petroleras, que podrían representar otra forma de ingresos al país, cayó vertiginosamente en un 55% entre 2005 y 2011 (Ver Gráfico 2), período en el que hubo mayor entrada de dólares al país, alcanzando promedios de barril de petróleo superiores a los 80$, y en el que se desató la crisis financiera internacional en 2008. Ya para 2011, las exportaciones no petroleras de capital privado apenas representaban el 2% del total.

Gráfico 2. Valor FOB (sin inclusión de comisiones, seguro y flete) de las Exportaciones No

Petroleras efectuadas por Venezuela, 1998-2011 (en millones de dólares US $) [42] Una vez más la historia rentista venezolana devela que el capital transnacional,

multinacional, y las empresas privadas nacionales tiene como único objetivo ser captadores de renta. Al no invertir, no aumentar su volumen de producción y no desarrollar la economía aguas abajo se derrumba el argumento de que el capital extranjero sea un factor conveniente e importante para el desarrollo de la economía nacional.

En el período de la revolución se repite el ciclo, el inmenso derroche de recursos se tradujo

en una aguda Fuga de Capitales (FC) y en un endeudamiento progresivo. El fenómeno de fuga de capitales siempre se mantuvo, con y sin control de cambios. Aunque siempre varió la cantidad

de capital fugado, cada año hubo ingentes cantidades de dólares que salían mediante distintos mecanismos mafiosos que abordamos anteriormente (Capitulo III). Como se refleja en la figura 1, entre 1998 y 2013, la FC arrojó una cantidad total de 259.234 millones de dólares.

Figura 1. Estimación de Fuga de Capitales por año en Venezuela (millones de dólares US $).

Período: 1998 – 2013 [43]

Si a este total le agregamos, que la investigación de Marea socialista de diciembre de 2015

revela un descuadre de caja de PDVSA por un total 216.397 millones de dólares, [44] a partir de la inconsistencia entre los ingresos registrados y los ingresos que sustentan los dólares entregados por PDVSA (Ingreso Fiscal Petrolero, Fonden, Misiones Sociales, Convenios Internacionales), podemos afirmar que en 15 años se han fugado más de 475.000 millones de dólares. Si tomamos como punto de comparación el año 2012 que presentó uno de los índices de escasez más bajos, esa cifra representa el equivalente a 9 años de importaciones sin la necesidad de vender un solo barril de petróleo. En otras palabras se constata el denominado: Desfalco a la Nación.

La FC genera en el mediano plazo una serie de desequilibrios económicos importantes y de

alto impacto. Se altera la balanza de pagos del estado y recursos relevantes como las reservas internacionales disminuyen. La FC y la dinámica de endeudamiento (como mecanismo mafioso de acumulación de capital), desarrollada durante un período de gran bonanza, empezó a tener repercusiones fuertes a partir de la caída del precio del petróleo en 2015. Para finales de 2016, la deuda total del estado venezolano alcanzó una alarmante cifra total de 181.038 millones de

dólares (considerando la deuda pública total y la deuda financiera de PDVSA) [45]. Para el pago puntual de la misma el gobierno de Maduro ha optado por disminuir en más del 60% las importaciones nacionales, en comparación a las realizadas en 2012; hecho que ha repercutido en un aumento exponencial y acelerado de la desigualdad social y la pobreza en Venezuela.

Aunque suene redundante el endeudamiento solo genera más endeudamiento. Ante los

desajustes mencionados los gobiernos recurren a préstamos en el exterior, empréstitos que vienen acompañados de severos planes de ajuste económico (PAE), que limitan las políticas económicas de los gobiernos nacionales y los obligan a destinar los ahorros nacionales al pago

de deuda externa y el financiamiento de las importaciones. Es la lógica cíclica neoliberal predominante en la región, de la cual la dirección del proceso bolivariano nunca se desprendió.

Capítulo VIII Revolución Bolivariana: Proceso con momentos progresivos enterrado

por la Vieja Izquierda del Socialismo Real Pocos meses antes de llegar al poder el movimiento bolivariano estaba integrado por

decenas de miles de agrupaciones, una diversidad enorme de sectores sociales motivados a participar de un proceso del que se sentían parte. Desde la pluralidad de corrientes de pensamiento se planteaba discursivamente la construcción de un proyecto independiente, socialmente justo, soberano, democrático y en armonía con el ambiente. A finales de 2017, la situación nacional presenta graves signos de degeneración política e índices sociales iguales o peores que los que se presentaban en el año 98’. 18 años después tenemos que decir que la gran frustración una de las experiencias que representó una época de cambios políticos que quedarán arraigados en la población venezolana durante décadas y que llegó a presentar momentos y episodios progresivos en el período 1998-2004, tiene como su gran eje de frustración que en su dirección política haya predominado el pensamiento occidentalizado, eurocéntrico y tradicional de izquierda, que reivindica toda la experiencia soviética: sus objetivos y sus métodos. 100 años de modelos asiático-europeos fracasados no fueron suficientes, y se cometieron los mismos errores y otros característicos propios de la política venezolana. Los elementos más regresivos del proceso son como un híbrido del pensamiento de la vieja izquierda, el gomecismo y el puntofijismo. Y es que hacer balance del proceso, es hacer balance de Chávez y de toda la izquierda tradicional venezolana. Aún cuando Chávez provenía de una tradición política distinta, esta izquierda hizo una experiencia de gobierno ocupando cargos de alta gestión pública y, posterior al 5 de marzo de 2013 continúa haciendo una experiencia de gobierno más directa. Decenas de dirigentes estudiantiles y sindicales de mucha tradición, así como decenas de dirigentes de partidos tradicionales y divisiones más recientes, como el PCV, PPT, CAUSA R, MAS, Liga Socialista, entre muchos otros, ocuparon cargos de gestión pública y de elección popular, y ninguno se destacó por fuera de la línea oficial. Todo lo hacían en base a lo que permitiera y dijera el gobierno.

Cuando hablamos de momentos progresivos nos respaldamos en tres hechos esenciales

que reivindicamos: 1) La revolución bolivariana demuestra concretamente que la aplicación de políticas más inclusivas y democráticas pueden ayudar a combatir en lo concreto temas sociales importantes. Es posible reducir la pobreza, la miseria y la desigualdad. No es una utopía, y se puede llevar a cabo en un lapso de tiempo relativamente corto. Hoy más que nunca es necesario pensar en políticas públicas masificadas, eco-sustentables y de calidad. Para aquellos que asumen que la crisis actual en Venezuela radica fundamentalmente en la disminución de los precios del petróleo, justificando así la situación de descomposición social, solo compartiremos la siguiente comparación: Si se promedian los precios anuales de barriles de petróleo comprendidos entre 2004 y 2007, se puede constatar que el país contó en ese período con un ingreso petrolero de 50,66 $ por barril. Este dato no es menor si se toma en cuenta que Venezuela desde el 2014 atraviesa la peor crisis socio-económica en sus últimos 60 años, y el promedio del barril de petróleo presenta un promedio de 53,21 $, desde el 2014 hasta octubre de 2017.

2) La revolución bolivariana fue un catalizador a la construcción del tejido social y a la participació. Aunque la política de las cúpulas del PSUV y la MUD tengan prácticas completamente viciadas, se puede afirmar que los sectores más dinámicos y participativos del pueblo venezolano se mueven con claves de democracia y participación, conducta afianzada durante los 14 años iniciales. Por fuera del fenómeno de cooptación, explicado anterioremente, en Venezuela surgieron decenas de miles de organizaciones y agrupaciones políticas, sectoriales y comunitarias aútonomas que participaron en luchas importantes. En este punto cabe aclarar que ese proceso de auto-organización popular no tiene nada que ver con el falso mito de que en Venezuela gobernó y gobierna el Pueblo. NO. En Venezuela, los Pobres, los trabajadores, los indígenas y demás franjas excluidas de la sociedad nunca han gobernado en el país. Existió una clara simpatía de estos sectores con la figura política de chavez, pero las comunidades de menores recursos y con servicios públicos precarios nunca tuvieron acceso algún tipo de instancia de poder en donde participar, deliberar y tomar decisiones vinculantes. El grueso de las personas que ocupaban cargos (altos y medios) en el estado, aunque provinieran de sectores populares, poseían ostentosos privilegios políticos y económicos. 3) Un tercer elemento de carácter subjetivo pero que va a marcar pauta en la agenda política venidera, es la inclusión de los sectores pobres y tradicionalmente excluidos en la opinión pública nacional. Ese dato no es menor. Estos sectores apartados durante siglos, lograron visibilizar sus luchas y sus exigencias. Evidenciaron que las políticas públicas son un tema más complejo y prioritario a como se asumía con anterioridad. Hubo simpatía con Chávez, porque sentían que eran escuchados por primera vez. Si entre los sectores que padecemos la crisis y que apostamos a la construcción de un proyecto democrático, soberano, feminista, inclusivo y respetuoso con el ambiente, no nos aprendemos a escuchar, a debatir nuestras semejanzas y respetar nuestra inmensa diversidad, nos seguirán gobernando las mismas cúpulas de siempre.

Ahora esos elementos progresivos a su vez demuestran sus propias limitaciones.

Simultáneamente a estos, se puede concluir que las esperanzas y recursos, por sí solos, no son

suficientes para construir y consolidar procesos reales de transformación social. Si los ideales de

justicia e igualdad no se explican, detallan, planifican y concretan, difícilmente podrían ocurrir.

El proceso siempre se manejó con una serie códigos y frases abstractas que cada sector

interpretaba según su propio criterio: Poder Popular, Socialismo, Control Obrero, Contraloría

Social, construcción del hombre nuevo, trabajo social, anti-imperialismo, humanismo, entre

muchas otras. Todo el parafraseo discursivo y falta de concreción fue impulsado por esa vieja

izquierda y su gama de sectores políticos. Aterrizar esos debates abstractos implicaba discusión

y debate abierto y democrático, y esta nunca apostó a ello, por falta de interés y/o por el hecho

de ser contrario a sus intereses propios.

Toda esta cultura alienada fundamentada en frases heroicas caracterizadas por haberse

expresado en contextos y realidades completamente distintas, dio paso a la instalación de una

serie de prácticas viciadas de la izquierda atrasada:

- Asistencialismo. La única tarea es saldar la deuda social “como sea”. No toma en cuenta

otros elementos de la realidad. Lo importante es llegar al fin mediante cualquier medio,

no importa sus implicaciones y consecuencias. Lo curioso de esto es que para ese fin

parece que no hubiera un tiempo delimitado para evaluar el objetivo.

- Pensamiento Extractivista. Los recursos son ilimitados y están ahí para ser extraídos.

Los impactos parecen ser asuntos colaterales y superfluos.

- Paternalista. Los recursos extraídos deben ser proveídos por el estado. La población

debe limitarse a recibir cosas, no a participar y vincularse en decisiones.

- Partido Único. Si el estado es el ente proveedor de bienestar, el objetivo radica en tener

cuadros “revolucionarios” que asuman la tarea de dirigir la superestructura. Cuadros

que serán preparados por un partido “verdaderamente revolucionario” único en su

especie. Todo se reduce a un tema de personas indicadas y, el objetivo de

transformación social queda reducido al fundamento asistencialista de deuda social.

- Hiperliderazgo, Culto a la personalidad. Del partido “revolucionario” surge uno o varios

individuos destacados. Este o estos tienen el papel trascendental de dirigir. Son

dirigentes intocables, cuyas desviaciones son simples errores o irregularidades. Al líder

se le debe escuchar, obedecer, y en el mejor de los casos aconsejar, pero nunca

confrontar.

- Enaltecimiento del componente militar. Sin duda, alguna el tema militar es un punto

complejo que requiere de mucho debate. Ahora lo que no se puede negar es que todos

los gobiernos que se han autodenominado socialistas desde los inicios del siglo XX,

tienen una fijación y una cultura de adulación de lo militar. La estructura militar está ahí,

es como un organismo supremo que no debe ser tocado. Casualmente en todas esas

experiencias históricas los militares pasan a conformar una casta privilegiada y

consolidada en el poder.

Todo apunta a que el único objetivo de la izquierda pro-soviética es llegar al poder para

mantenerse en él. Contrastando con la realidad mundial se observa como los partidos se

convierten en un apéndice adaptativo del régimen existente. Toda declaración crítica o lucha en

la que participen se fundamenta en una política directa o indirectamente funcional al sistema

capitalista.

La dinámica de “pensamiento único” desarrollado por estos sectores conduce

inevitablemente a la criminalización del pensamiento crítico y de todo lo que sea distinto. Es

prácticamente una ley natural que cumple una doble función. Una de hostigamiento y

persecución de los sectores, agrupaciones o sujetos que confronten al “partido revolucionario”

con propuestas diferentes y alternativas, y otra de ocultamiento y cercenamiento de debates

estructurales. Por ejemplo, durante el período 1999 - 2012, toda la denominada izquierda evitó

hablar de: ambiente y ecología, problemas de género, rentismo, ciudad y servicios públicos,

racismo, problemáticas indígenas, criminalidad, situación en las cárceles, auge de la minería

ilegal, entre otros temas. ¿Por qué? Porque supuestamente le hacía mal al proceso. Porque

siempre había elecciones y nunca era el momento. 18 años después una combinación de todas

esas problemáticas depararon en una crisis inédita.

El predominio del pensamiento de la izquierda tradicional, conduce a la otra gran frustración del proceso: No haber construido una corriente crítica, orgánica, democrática, diversa y plural de pensamiento. Podía estar en el marco del proceso e incluso ponerse el objetivo de construir la oposición seria de la que siempre se habló. Ahora, esa tarea no ha culminado. Esa tarea aún se mantiene en la búsqueda de transformación del sistema capitalista mundial y de salvar a la humanidad de su propia extinción. Si algo que podemos aprender y aprehender del proceso bolivariano es que para construir esa corriente debemos: Hablar y

discutir sobre todas las problemáticas sociales permanentemente, y atacar dichas problemáticas con propuestas alternativas y viables que trasciendan análisis superficiales.

Referencias Bibliográficas [1] Las elecciones presidenciales de 1998 y las del referéndum revocatorio de 2004, en las que Hugo Chávez

salió victorioso, contaron con altos porcentajes de participación, 63,45% y 69,42%, respectivamente. [2] Las elecciones presidenciales de 2006, contaron con la participación del 74,7% de participación. En

estas Hugo Chávez obtuvo una ventaja importante de 30 puntos porcentuales (más de 3millones de votos) por encima de su adversario, Manuel Rosales. [3] CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago, 2013, p. 79.

[4] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Oficina Regional de la FAO

para América Latina y el Caribe, "Reconocimiento de la FAO a Venezuela", 26 de junio, 2013. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/230150/ [5] Cifras oficiales del INE. “Pobreza por línea de ingreso, 1er semestre 1997 - 2do semestre 2013”

[6] Jorge A. Giordani, "Testimonio y responsabilidad ante la historia", Correo del Orinoco, Caracas, 18 de junio 2014.

[7] De 0.662 en el año 2000, este se elevó a 0.748 en el año 2012. Instituto Nacional de Estadísticas, Índice

de Desarrollo Humano. http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/IndicedeDesarrolloHumano/pdf/Desarrollo_Humano.pdf [8] Los promedios anuales de los precios del petróleo para los años 2011, 2012 y 2013 fueron: 101,06 $,

103,42 $ y 98,08 $ respectivamente. [9] El preámbulo de la Constitución (CRBV) establece que: “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus

poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones…” [10] El Capítulo IV de la CRBV, referido a los derechos políticos y del referéndum popular detalla las

distintas herramientas de participación. Desde el artículo 62 hasta el artículo 70 del texto constitucional. [11] “Oly Millan: La contraloría social avisó que algo pasaba”. Entrevista. Marzo de 2007

http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/03/25/caso-Minep-Oly-Millan-La-

contraloria-s.html

[12] “Diputado Tascón denuncia sobreprecio en la adquisición de transporte público”. Noticia tomada de

Panorama Digital. 14 de febrero de 2008 https://www.aporrea.org/contraloria/n109067.html

[13] El proceso de nacionalización de sidor “en caliente”, inicio de la misión vivienda, las instancias

iniciales de discusión del plan Guayana socialista, el retroceso de medidas regresivas como el aumento del IVA y la discusión de la ley orgánica de educación reflejan algunos de esos momentos en los que por fuerte presión popular, Chávez tomo medidas progresivas y en muchas circunstancias en contra de su propia política y de los intereses de las camarillas burocráticas. [14] Desde el punto de vista de los recursos líquidos se fugaron del país más de 30.000 millones de

dólares, además se dejó de producir otros 20,000 millones de dólares. [15] “Sinfonía de un Desfalco a la Nación: Tocata y fuga… de Capitales”. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN –

MAREA SOCIALISTA. Caracas. Septiembre, 2014. https://www.aporrea.org/contraloria/n257348.html [16] Convenio Cambiario N°9, aprobado el 15 de septiembre de 2005. Gaceta Oficial Nº 38.318. Se puede

descargar en el siguiente enlace: https://app.box.com/s/swlr3gpgdpxwp0d63cy3d86rmr3anfw8 [17] “Tres claves del caso PDVAL”. ILEANA GARCÍA MORA. El mundo. Noviembre, 2011.

http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/tres-claves-del-caso-pdval.aspx

“El caso PDVAL continua paralizado en los tribunales”. EL NACIONAL. 7 de febrero de 2013.

http://www.el-nacional.com/noticias/economia/caso-pdval-continua-paralizado-los-

tribunales_127187 [18] “La enorme escasez de medicinas y la gran estafa en su importación: Farmafraude”. CENTRO DE

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN OBRERA, CIFO-ALEM. Marzo, 2015. Todas las cifras, cálculos y gráficos fueron elaborados a partir datos oficiales del INE. [19] “Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a "empresas de maletín" ”. APORREA.ORG. 24 de mayo de 2013 https://www.aporrea.org/actualidad/n229466.html [20] “Dólares de Maletín, Empresas Extranjeras y Modelo Económico Socialista. Análisis estadístico de la base de datos publicada por CADIVI 2004-2012”. LUIS ENRIQUE GAVAZUT BIANCO. Movimiento Batalla Social Punta de Lanza. Guatire, Marzo 2014.

[21] “POLAR: La 4ta. empresa que recibió más dólares vía CADIVI en 9 años”. JUAN GARCÍA VILORIA. Agosto de 2014. https://www.aporrea.org/trabajadores/a192652.html [22] “Sector privado tiene depósitos por $143 millardos en el exterior”. VICTOR SALMERÓN. El Universal. Mayo 2012. http://www.eluniversal.com/economia/120525/sector-privado-tiene-depositos-por-143-millardos-en-el-exterior

[23] “SITME: Sistema de Transacciones con Títulos Valores en Divisas”. MELVIN NAVA. 10 de junio de 2010. http://www.venelogia.com/archivos/4066/

[24] “Merentes a contravía de Chávez: ¿Qué esconde la guerra económica contra el proceso bolivariano? “. MAREA SOCIALISTA. Septiembre 2013. https://www.aporrea.org/trabajadores/a173971.html [25] “Rafael Isea tiene orden de captura por haber adquirido dólares en acciones delictivas”. CORREO DEL ORINOCO. Septiembre de 2014.

http://www.correodelorinoco.gob.ve/rafael-isea-tiene-orden-captura-por-haber-adquirido-dolares-acciones-delictivas/ [26] “Mauro Libi, Samark López, Haiman El Troudi y el Desfalco a la Nación”. CARLOS CARCIONE. Reportaje de la UPC de CER-Latinoamericana. 15 de Julio de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/n311537.html [27] “Golpe de timón”. HUGO CHÁVEZ. I Consejo de Ministros del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana. 20 de octubre de 2012 [28] “EI Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela”. FERNANDO CORONIL. 1era edición en castellano. 2002. [29] “Petro-Rentismo y desarrollo de la democracia venezolana 1958-1998”. EUCLIDES JOSÉ GRAGORIO PALACIOS. USB, Marzo 2007. [30] Cifras oficiales de Instituto Nacional de Estadística (INE). Porcentaje de Empleados y Obreros del sector público. Los datos se pueden obtener del siguiente enlace. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=40 [31] Pagina oficial del “Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo” http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classVice_Suprema_Felicidad_Social_Pueblo.php La creación del Vice-Ministerio de Redes Sociales se oficializó mediante el decreto número 730 contemplado en la Gaceta Oficial Nº 40.330. La gaceta se puede descargar del siguiente enlace http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=3804323&folderId=3795427&name=DLFE-7548.pdf [32] El siguiente documento puede ayudar a profundizar el debate y la información respecto a este tema: “Ni "colectivos" armados, Ni guarimberos. El problema de la violencia política y los derechos del pueblo”. MAREA SOCIALISTA. Junio de 2017. https://www.aporrea.org/ideologia/n309672.html [33] “Un muerto y dos heridos durante enfrentamiento en Ferrominera”. WILLIAM URDANETA (periodista del Correo del Caroní). El universal. 9 de junio de 2011. http://www.eluniversal.com/economia/110609/un-muerto-y-dos-heridos-durante-enfrentamiento-en-ferrominera [34] BANFANB es una institución financiera creada por el Ejecutivo nacional, a través de la Gaceta Oficial N° 40.229. El siguiente es el enlace de su pagina web oficial. http://www.banfanb.com.ve/paginas/detalle/NS001.php [35] Ídem. EUCLIDES, 2007 [36] Ídem. [37] “La paradoja de la abundancia: los Boom del petróleo y Petro-estados”. KARL, TERRY L. (1997). Berkeley, University of California. (Libro en inglés: The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States) [38] “Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-1995”. ASDRUBAL BAPTISTA. Caracas, 1997. Fundación polar.

[39] “La fuga de capitales en Venezuela, 1950-1999”. EMILIO MEDINA SMITH. Banco Central de Venezuela. Caracas 2005. [40] “Deuda externa y derechos humanos”. PROVEA. Informe Especial. 1995. Fuente: UTAL, OEA, CEPAL, BID, FMI, BM, JUNAC [41] “Teoría Rentística de la Inversión Extranjera No Petrolera en Venezuela y sus implicaciones para el Desarrollo Productivo del país”. LUIS ENRIQUE GAVAZUT. Febrero 2015. [42] “Comercio Exterior en Cifras Importación/Exportación 1998-2011”. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE). Mayo 2012. Nº 4. Fuente: INE – SENIAT [43] Ídem. MAREA SOCIALISTA, septiembre 2014. [44] “Autopsia de un colapso: ¿Qué paso con los dólares petroleros de Venezuela”. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN – MAREA SOCIALISTA. Caracas. Diciembre, 2015. https://www.aporrea.org/energia/n282157.html [45] “Situación Actual de la Deuda de Venezuela como expresión de un modelo económico de extracción delictiva de capitales”. OLY MILLÁN CAMPOS, PAULINO NUÑEZ. Mayo, 2017. El trabajo se puede revisar en el siguiente enlace: https://www.aporrea.org/actualidad/a245302.html