revista anual para la protección de los derechos …...número uno - julio de 2008 - bogotá, d.c....
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elandoVelandoVrere Revista anual para la protección de los Derechos Humanos
ISSN: 2011-8228
Programa Somos Defensores - PNGPDDH
Financiada por:
Entre los agravios y las tozudas perseveranciasMemoria: Eduardo Umaña Mendoza Jesús María Valle JaramilloVoces regionalesEl derecho a defenderLas políticas del control socialy las estrategias de resistencia
elandoVelandoVrereEl Programa Somos Defensores - (Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos – PNGPDDH)- es un espacio de protección adscrito a las ONG: Asociación MINGA; Benposta Nación de Muchachos-Colombia; CINEP y la Comisión Colombiana de Juristas.
Comité DirectivoGloria Flórez Schneider José Luis Campo RodicioGustavo Gallón Giraldo Mauricio García Durán S.J
Fotografías• Portada: (Carlos Duarte) En el Encuentro de Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad, Diciembre de 2007. En la foto: María Josefa Serna y Alejandra Gaviria Serna; esposa e hija de Francisco Gaviria Jaramillo, estudiante y militante de la Unión Patriótica, detenido desaparecido hace veinte años en Medellín.• Archivo del Programa Somos Defensores - PNGPDDH-• Agencia de Prensa IPC• Archivo particular familia Trujillo Uribe
EditoraCarolina Aldana García
Corrección de EstiloMaría del Pilar López Patiño
Diseño y DiagramaciónRicardo Álvarez Gallego - identidad
ImpresiónOpciones Gráficas Editores Limitada
Se autoriza la reproducción total o parcial, citando la fuente.
Esta publicación es posible gracias al auspicio de la Unión Europea a través del proyecto: “Garantías y protección para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia CRIS 2006/131-828”.
El contenido de esta revista es responsabilidad de sus autores y no compromete a la Unión Europea.
Calle 19 No. 4 -88 oficina 1302Teléfonos: 2813048 – 2814010 www.somosdefensores.org [email protected]á, julio de 2008
UNIION EUROPEA
Revista anual para la protecciónde los Derechos Humanos
reVelando es una propuesta de comunicación para sacar a la luz historias, pensamientos, pérdidas, agresiones, resistencias y amparos
La acción social para lograr el pleno ejercicio de los derechos se manifiesta cada vez más
a través de la acción colectiva y pública. (…), esta forma de protesta o resistencia contra las
violaciones de los derechos tiende cada vez más a ser objeto de obstrucción y de represión.
La acción colectiva está amparada por el artículo 12 de la Declaración sobre los Defensores
de los Derechos Humanos en que se reconoce el derecho de toda persona a participar,
individual o colectivamente, en "actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos
humanos, las libertades fundamentales" y el derecho a una protección eficaz de las leyes
nacionales al "reaccionar u oponerse" a actividades que afecten el disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. El concepto de acción pacífica colectiva, interpretado
a la luz del artículo 5, en que se recuerda el derecho a reunirse; y, el artículo 6, en que se
establece la libertad de poseer y obtener información, es un medio legítimo para señalar la
atención del público en cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
Informe de la señora Hina Jilani, representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre situación de los defensores de los derechos humanos.
elandoVreRevista anual para la protección de los Derechos Humanos
Integrado por:
Programa Somos Defensores - PNGPDDH -
Asociación para la Promoción Social Alternativa - MingaBenposta Nación de Muchachos - Colombia
Centro de Investigación y Educación Popular - CINEPComisión Colombiana de Juristas
Financiada por:
Presentación: Defender y proteger a los defensores de derechos humanos
Voces regionales - Costa Caribe: TagangaImer Villazón
Coyuntura: Entre los agravios y las tozudas perseveranciasCarolina Aldana García
Memoria: Diez años sin Eduardo Umaña MendozaRuth Soraida Celis Dávila
Memoria: Hoy un cepo menosCamilo Umaña Hernández
Memoria: Jesús María Valle Jaramillo - Una vida dedicada a los más débilesAgencia de Prensa IPC
Voces regionales - Suroccidente: Coplas de protecciónPolivio Pinchao
El derecho a defender: Situación de los defensores de derechos humanos en ColombiaJulia Madariaga Villegas
Experiencias de protección: Las Políticas del control social y las estrategias de resistenciaCarlos Duarte Torres
Voces regionales - Centro: Maestro de maestros - Eduardo Umaña LunaMaría Tila Uribe
Logros del proyecto Unión Europea: “Garantías y protección para defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia” CRIS 006/131-828
Contenido
3 -
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Si el sólo hecho de presentarse como defensor
de derechos humanos ya requiere de explicaciones,
decir que existe un programa para defender a los
defensores, es más complicado aún.
En un país con altos niveles de violencia que
requiere proteger a las víctimas, debe hacerse
un doble esfuerzo: proteger a los que defienden.
Esto pasa en Colombia, donde existen varias
propuestas de protección de las ONG y de
organizaciones sociales, quienes preservan y
acompañan la acción legítima de personas que
defienden la vida en su amplia expresión.
Defender y proteger a los defensores de derechos humanos
Presentación
Defender y proteger a los defensores de derechos humanos
4
Una de estas propuestas, nació once años atrás
cuando la muerte y el riesgo del exilio, fueron
los motivos para apostar por la vida. A partir
del Comité Adhoc, ONG y sindicalistas
iniciaron en 1997 un esfuerzo mancomunado
por aumentar la exigencia de garantías políticas
al gobierno nacional. Desde entonces han sido
muchos los aprendizajes. El hecho de que aún
exista un programa de protección para
defensores, dirigido por el Ministerio del
Interior y Justicia, es un logro en la formulación
de política pública, en el que el movimiento de
derechos humanos ha ayudado a construir
desde finales de los 90.
En procura de mecanismos legales e
institucionales que afirmen el derecho a
defender - reconocido en la Constitución del
91 y en el derecho internacional público de los
derechos humanos - 2002, las organizaciones:
Asociación MINGA, Benposta Nación de
Muchachos-Colombia, el CINEP y la Comisión
Colombiana de Juristas, crearon el Programa
No Gubernamental de Protección a Defensores
de Derechos Humanos (en adelante Programa
Somos Defensores, PNGPDDH).
Gracias al apoyo de varias agencias de
cooperación y de Amnistía Internacional, es
posible resguardar la vida de defensores que
corren riesgos derivados de su labor: cuando
investigan o denuncian las violaciones a los
derechos civiles, políticos; o educan sobre los
DESC; o exigen el derecho a la tierra, el derecho
a la salud o la no repetición de crímenes de lesa
humanidad, entre otros.
Para aumentar la capacidad protectiva del
Programa en las estrategias de protección y
pedagogía; comunicaciones e incidencia
política, desde 2007 tiene el auspicio de la
Comisión Europea para Colombia, a través del
proyecto “Garantías para los defensores y defensoras
de Derechos Humanos en Colombia (-CRIS 131828-)”.
La revista reVelando se publica en el marco de
este proyecto con la Unión Europea y tiene
como propósito visibilizar las problemáticas
de derechos humanos en el país y brindar
herramientas de análisis para el trabajo que
adelantan defensores, defensoras y líderes
sociales acompañados por el Programa.
Este primer número de la revista comienza con
la sección de Coyuntura, que está dedicada a
analizar la polarización en los medios masivos
y sus implicaciones para la defensa de los
derechos humanos en Colombia.
La lucha por los derechos humanos en el país
está llena de historias de vida que deben ser
contadas. En la sección Memoria estarán
presentes las mujeres y los hombres –ausentes
o vivos- que son la inspiración de sus
comunidades y de nuevas generaciones de
defensores. En esta oportunidad se recuerda a
Jesús María Valle Jaramillo y a Eduardo Umaña
Mendoza, dos defensores asesinados en 1998,
que por su trabajo por la justicia y el
esclarecimiento de graves violaciones a los
derechos humanos, se constituyeron también
en referente para nuevas generaciones que hoy
les recuerda y sigue sus pasos.
En El Derecho a Defender, se analiza el cumplimiento
del Estado colombiano a las recomendaciones de
reVelando
5 presentación
la relatora especial de Naciones Unidas para la
situación de los defensores de Derechos Humanos.
En los talleres, donde defensores y defensoras
aprenden a identificar riesgos y alternativas de
protección, también hay tiempo para que los
participantes escriban con estilo propio sobre
sus vidas, territorio, ideales sociales, académicos
o culturales. Para que sus aportes no se queden
únicamente en las memorias de las actividades
pedagógicas, ellos tienen su espacio en las Voces
Regionales.
La sección Experiencias de Protección presenta
el caso de resistencia de la Federación
Agrominera del Sur de Bolívar, FEDE-
AGROMISBOL. Las prácticas autoprotección,
articulación social e incidencia política de la
Federación, son muestras de organización social
que, en medio del conflicto se mantienen como
referente de vida digna.
El Comité Directivo del Programa Somos
Defensores agradece el apoyo de la Unión
Europa y de todas las personas que participaron
en la producción de este primer número de la
revista.
Bogotá, julio de 2008
6
Si convives o sueñas con Taganga es imprescindible recordar, aceptar y aprender que es territorio
ancestral y radiante. Reveréncialo, convérsale y respeta su esencia. Imprégnale fortalezas, gratitud
y esperanzas. Añora su pasado e inspírale eterna pervivencia.
Taganga sufre, pero su tradición resiste. Sus habitantes y paisajes nobles y costumbristas transmiten
hermandad, sabiduría y tradición. Elementos celosamente guardados por la luna y el sol, quienes
en Taganga a menudo se enamoran.
En sus playas y peñascos cálidos y sinceros, los trupillos, cordones y brisas abrumadoras se respiran
lealtades que reconfortan el espíritu.
Taganga es un paradisíaco lugar con aroma aborigen, cuya voz melancólica
se esfuma en la inmensidad acariciando el fin de su existencia
por ilusiones vulcanizadas de inconsciencias que diluyen
el pensamiento ancestral de un paraíso que
convive con La Sierra.
reVelando
Taganga Imer Villazón AriasBarranquilla, febrero de 2008
La bahía de Taganga es la entrada a la Sierra
Nevada de Santa Marta, territorio donde habitan
las comunidades indígenas: koguis, kankuamos,
wiias y arhuacos. Imer Villazón, indígena
kankuamo, le canta a la bahía con estas líneas.
Voces regionales – Costa Caribe
Carolina Aldana García*
Uno de
los objetivos del
proyecto Unión Europea
es contribuir a un ambiente
de opinión pública favorable a la
defensa de los derechos humanos en
Colombia. Con esto se busca que el trabajo,
las denuncias y los procesos sociales,
acompañados por las ONG de derechos humanos,
sean conocidos, comprendidos y apoyados por mayores
sectores de la población colombiana, lo que en el mediano
plazo significa mayor protección para los defensores.
El Programa Somos Defensores desarrolla esta labor de influencia en opinión a
través de una estrategia de imagen pública y pedagogía en dos sentidos: primero,
genera espacios de reflexión para que defensores y líderes sociales se acerquen a los
Coyuntura
Entre agraviosy tozudasperseverancias
7 coyuntura* Comunicadora Social-Periodista. Magistra en Estudios Latinoamericanos.Coordinadora del Programa Somos Defensores.
8reVelando
medios de comunicación, conozcan sus
agendas, sus intereses, sus formas de trabajo.
Y segundo, promueve diálogos con periodistas,
editores y líderes de opinión para que éstos
conozcan a las ONG, a los hombres y mujeres
que defienden los derechos humanos desde
diferentes agendas sociales.
Para establecer estos diálogos, el equipo de
comunicaciones del Programa realiza piezas
comunicativas sobre defensores y defensoras en
diversas temáticas; acompaña a organizaciones
aliadas en la ejecución de estrategias de medios
y adelanta un monitoreo de prensa que sirve
para recomendar acciones en comunicación.
Este artículo aporta en ese propósito.
Entre abril de 2007 y mayo de 2008, se dieron
múltiples declaraciones de funcionarios públicos
y líderes de opinión, que de una u otra forma,
confrontaron las iniciativas gubernamentales y
las ideas de otros sectores de la vida nacional.
Producto de tales afirmaciones, se generó un
ambiente de polarización en el país con efectos
para la defensa de los derechos humanos. El
registro hecho por los medios, poco a poco ha
minado un ambiente a favor y en contra del
gobierno; de las víctimas; de los defensores de
derechos humanos e incluso de emisoras y
canales de televisión; puesto que muchos
sectores acusan a los medios de promover
actitudes poco tolerantes, de fragmentar la
información o de hacer una cobertura
periodística de poca profundidad.
Esta discusión no estaría mal si en el país no
se pasara de los agravios a la eliminación física
del contrario y si con cada coyuntura de esta
índole no se fragmentara aún más la frágil
democracia colombiana. Por eso es necesario
reconocer los riesgos de esta situación y dar
pasos en doble vía: en los medios y en las ONG,
porque los dos tienen compromisos con la
sociedad y en el caso de Colombia, su trabajo
debería orientarse a la superación del conflicto,
al cierre de las heridas que deja la guerra y no
a incitarla más.
En consecuencia, este artículo describe esa
polarización e indaga sobre el papel que en
ella, han jugado los medios:
¿Trascienden el primer paso de la información?
¿Contextualizan la noticia?; ¿Investigan los
hechos o presentan la información únicamente
entre protagonistas y antagonistas?
¿Reflexionan sobre la responsabilidad que
tienen con la sociedad o sólo con sus intereses?
¿En qué términos las ONG y los defensores de
derechos humanos pueden exigir al periodista,
al editor o al medio?
Para responder estas preguntas, nos apoyamos
en los indicadores de la calidad periodística,
motivo de reflexión constante de periodistas,
medios y academia en América Latina1. El
periodista colombiano Javier Darío Restrepo
es referente obligado cuando se aborda la
relación entre calidad y ética periodística que
como él mismo dice, “son gemelos, nacidos en
la misma cuna”.
Existen ocho principios que Restrepo recuerda
como fundamentales para la conciencia
periodística: 1) Transparencia en los procesos
de construcción de procesamiento de
información. 2) Verificación y contextualización
9 coyuntura
de los datos e información. 3) Investigación
periodística. 4) Espacios de comunicación
horizontal entre periodistas, editores y
directivos. Organización interna del medio de
comunicación 5) Códigos de ética. 6)
Mecanismos de contrapeso a los medios:
derecho de réplica, defensor del lector, veeduría
ciudadanas, observatorios civiles. 7) Equidad
en la asignación de publicidad. 8) Derecho y
acceso a la información, es decir, “la
indispensable relación con el ciudadano, titular
del derecho a la información, amo y señor de
periódicos y periodistas y razón de ser de la
calidad”2. A los largo del artículo algunos de
estos indicadores sustentarán el análisis.
Retrospectiva en momentos mediáticos
Luego de varias décadas de conflicto armado
en Colombia, es un lugar común afirmar que
los defensores y defensoras de derechos
humanos desarrollan su labor en condiciones
adversas. Sin embargo, esta afirmación tiene
aristas que es necesario examinar porque los
patrones de afectación han cambiado, producto
entre otras cosas, del escenario de guerra
transformado, de políticas públicas y de
acciones de la sociedad civil que en los últimos
años ha logrado mayor acompañamiento
internacional en la exigencia de sus derechos
y espacios de legitimidad en la opinión pública
colombiana.
Este escenario se ha reforzado con decisiones
políticas y propaganda que tienen efectos sobre
la vida, la integridad personal y el trabajo que
adelantan defensores y defensoras de derechos
humanos, periodistas, políticos de oposición;
e, incluso, organismos internacionales que
protegen los derechos humanos.
10reVelando
Pareciera que existe la decisión de atacar a las
personas que no piensen igual que el presidente,
a quienes ejercen control político o a aquellas
exigen garantías políticas para actuar. Antes
del gobierno de Uribe, las ofensas políticas y
la estigmatización provenía de militares y
de la policía, principalmente; ahora son
funcionarios civiles y uno que otro militar
los que en promedio cada mes, emiten
declaraciones con un común denominador:
No estar con el presidente significa ser terrorista,
guerrillero o estar en contra de la país.
Aunque no es la primera vez que sucede este
tipo de polarización durante el ciclo Uribe, es
preocupante constatar cómo desde abril de
2007, la ola de recriminaciones fue creciendo
hasta que, en 2008, no sólo costó la vida de
varios líderes sociales, puso en riesgo a otras
personas defensoras de los derechos humanos,
sino que tiene en la cuerda floja el acuerdo de
libre comercio con Estados Unidos. Sin duda,
este bumerang no estaba entre los cálculos
gubernamentales. Veamos los episodios más
destacados:
1. Recuerdos de alianzas peligrosas
El 15 de abril de 2007 el senador Gustavo Petro
(PDA) adelantó en el Congreso un debate sobre
el paramilitarismo, las Convivir y sus relaciones
con sectores políticos de Antioquia en la década
de los 90. Fue un debate contundente que
significó un salto cualitativo en la senda de la
memoria: por primera vez el Congreso de la
República dedicó unas horas a escuchar lo que
varios defensores y víctimas han documentado
y sustentado ante espacios de justicia nacional
e internacional.
Aunque los resultados del debate no fueron
favorables para el gobierno, durante cuatro
días el presidente mantuvo silencio total, pero
cuando se disponía a participar en un foro
ambiental en Miami, en el que participaría el
ex vicepresidente de los Estados Unidos,
la situación cambió para Uribe. El ex
vicepresidente estadounidense Al Gore,
informó que “no asistiría al foro porque no
podía compartir con el Presidente de Colombia,
después de los debates en contra la familia
Uribe Vélez y contra el Presidente”.3
Por esta razón, el 19 de abril, ante un selecto
grupo de periodistas, Uribe adelantó una rueda
de prensa en la que pese a las complicadas
pruebas en su contra, evadió cualquier sustancia
que aportara a la verdad sobre los hechos y en
cambio, concentró sus energías en desacreditar
al senador por su pasado en la guerrilla,4 por
sus diálogos con congresistas estadounidenses
en contra del TLC, advirtiendo que la oposición
sí tiene garantías en Colombia: “Nadie puede
decir que este Gobierno ha utilizado a los
militares, a la policía o al DAS para cercenar
derechos de oposición. Lo que pasa es que esas
personas proceden muy evidentemente, no se
cuidan tanto como creen cuidarse y además
facilitan inferencias”.
Cinco días después de esta alocución
presidencial, hombres armados y sin orden
judicial intentaron allanar la oficina del senador
Petro. El periodismo no relacionó las palabras
11 coyuntura
del presidente con este hecho, como lo recordó
el columnista Daniel Samper Pizano: “Quién
iba a imaginarlo: la izquierda condena la lucha
armada, escoge las vías democráticas y se
marcha a hacer la revolución desde Washington
(no desde Moscú, La Habana ni Beijing, sino
desde Washington)... Aún así, la llaman
antipatriota y la vigilan como en los peores
tiempos del macartismo criollo”5.
El debate pasó y a excepción de unas cuantas
columnas de opinión a favor y en contra de los
dos líderes, el cubrimiento de los medios estuvo
orientado a mostrar dos caras de la noticia: el
protagonista y el antagonista. Aquí no hubo
investigación ni contextualización, quedaron
ausentes los indicadores 2 y 3. Parecía como si
lo narrado por el congresista fuese algo nuevo,
por primera vez escuchado en el país. No
recordaron los periodistas ni los directores, que
varias ONG de derechos humanos
han documentado los horrores
del conflicto y que ellos
tienen testimonios de
mujeres sobrevivientes
de masacres como las de
Ituango o El Aro; con
toda seguridad, al
consultar los fallos
de organismos
internacionales que han condenado a Colombia
por estos hechos sucedidos en la década del
noventa, habrían dado mayores elementos para
que el ciudadano receptor de la información
se formara una opinión más sustentada.
Pero el rumbo de los acontecimientos siguió
su curso: el 5 de mayo una encuesta realizada
por Invamer-Gallup a 1.046 colombianos dio
el 75% de apoyo al presidente Uribe. Este
documento se publicó en el Nuevo Herald.
Entre tanto, la revista Semana divulgó, en la
misma fecha, otra encuesta que confirmaba el
75% de favorabilidad para el presidente, cifra
llamativa si se tiene en cuenta que se hizo en
medio del escándalo de la parapolítica que
condujo a los primeros congresistas a la cárcel
y cuando empezaban las versiones libres de
los jefes paramilitares.
La encuesta de Semana reveló también que
para el 47% de los encuestados, la guerrilla es
la principal responsable de la violencia reciente
del país, frente al 5% que considera a los
paramilitares. La revista concluye que en
Colombia existe una fuerte actitud pro-
paramilitar ya que un 25% de los colombianos
es tolerante con ellos mientras el 59% condena
fuertemente a los políticos relacionados con los
paras. El 73% afirma que se debe combatir a la
guerrilla y sólo un 48% afirma que a los
paramilitares6.
En este aspecto, es en el que muchos defensores
y defensoras plantean discusiones a los
periodistas y a los directores de medios,
porque advierten la poca disposición
de éstos a recordar, a conectar los
12reVelando
hechos actuales con una
mirada más crítica. Se
debe reconocer, que la
revista Semana ha
manejado con mayor
p r o f u n d i d a d l o s
i m p a c t o s d e l a
parapolítica para la
democracia sin caer en la
pornografía del dolor de
las víctimas y, en la
mayoría de los casos, ha
centrado la información
en la dignificación de
é s t a s c o m o s e re s
h u m a n o s , s u j e t o s
políticos y sociales.
2. Muerte en cautiverio
La muerte en cautiverio de los once diputados
del Valle secuestrados por las FARC, sucedida
el 18 de junio de 2007 pero publicada diez días
después, fue un período de información en el
que abundaron críticas para la guerrilla y para
el gobierno. Al pasar los días, los dos extremos
evadieron la respectiva responsabilidad. Pero,
para repeler el hecho, el gobierno nacional
convocó una marcha nacional contra la guerrilla
que se dio el 6 de julio, en las principales
ciudades del país.
En medio de apoyos y rechazos a la iniciativa
gubernamental de concentrar en la calle una
sola posición frente el conflicto, en 19
comunicados, varias ONG, organizaciones
sociales y Plataformas, condenaron el secuestro
y la intransigencia
política que llevó a la
m u e r t e d e l o s
diputados, pero sus
opiniones no tuvieron
el despliegue mediático
ni la contundencia más
allá de sus propias
páginas institucionales.
El CINEP por ejemplo
en su editorial del 1º de
julio expresó:
“Para infortunio de
Colombia, esas once
v i d a s v i e n e n a
sumarse a otras 1.269
de otros secuestrados
de esta década, y a las de muchos otros miles
de inocentes que han sido arrebatadas con
análoga injusticia, con similar sevicia y con
la misma inhumanidad, a lo largo de un
conflicto social armado que ya lleva medio
siglo de duración. Y para colmo de tal
infortunio, los esfuerzos que muchos
colombianos hacemos, a diario, para que
este conflicto se resuelva de manera
civilizada, se neutralizan, día tras día, por
los crímenes que otros tantos colombianos
cometen a diario y los apoyos que reciben
para eliminar a sus conciudadanos en esa
lucha desigual de la fuerza contra la política.
De aquí la insania de negar que lo que sucede
en Colombia es una verdadera guerra, con
verdaderos y propios ejércitos y con apoyos
fanáticos de lado y lado”7.
13 coyuntura
La tragedia humanitaria por la pérdida de estos
once colombianos se trasladó a otro escenario
cuando el senador Gustavo Petro pidió a su
partido, el Polo Democrático Alternativo, más
firmeza para condenar los actos violentos de
las FARC. Su posición desencadenó críticas no
sólo en sectores de su partido sino también en
otras personas que consideran al Estado como
responsable de la violencia guerrillera y
cómplice de los grupos paramilitares.
Así, la muerte de los diputados fue el inicio de
una nueva tendencia política: los afectados por
el conflicto armado, liderados por iniciativas
gubernamentales y sociales diferentes,
marcharían por las calles durante varios meses.
Desde julio empezaría a ser más visible la
diversidad de opiniones sobre la politización
de las víctimas y lentamente ellas abrirían
espacios en los medios de comunicación
mientras jurídicamente el gobierno pretendía
darles status político a unos victimarios,
quitándoles el epíteto de terroristas o
narcotraficantes.
3. Las víctimas en primera plana
Entre julio y noviembre de 2007, los temas
prioritarios fueron el conflicto y el TLC,
generándose un nuevo ciclo de confrontaciones
políticas relacionadas entre sí, que merecieron
registro informativo y algunos editoriales de
prensa:
• En julio, la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia negó el delito político de sedición
para juzgar a los paramilitares acogidos a
la ley de justicia y paz. Ante este fallo, el
presidente Uribe acusó a la Corte de “tener
sesgos ideológicos, de no contribuir a la paz
porque no trabaja armónicamente con las
otras ramas del poder público”. Con este
debate el gobierno irrespetó no sólo la
14
autonomía de la Corte sino la independencia
e imparcialidad que deben tener todas las
instituciones del Estado, advirtieron las
ONG y sectores políticos.
• La audiencia para escuchar a las víctimas
de la guerrilla y los paramilitares en el
Congreso convocada para el 24 de julio,
resultó fallida pues sólo unos pocos
parlamentarios escucharon las demandas
de éstas. Producto del hecho, el Congreso
y la Fundación Víctimas Visibles crearon
un espacio semanal en televisión donde las
víctimas de la guerrilla y los paramilitares
contaron su historia.
• En la agenda mediática de la última semana
de julio estaban entonces, las víctimas; por
esta razón los medios atendieron el llamado
de los convocantes al Encuentro de víctimas
pertenecientes a organizaciones sociales. Entre
el 26 y 28 de julio, en la Plaza de los
Artesanos de Bogotá se reunieron 2.200
personas a pensar propuestas y mecanismos
legales que hagan posible la justicia, la
verdad y la reparación de las víctimas del
conflicto colombiano. Hasta el canal Caracol
hizo una transmisión en directo el
Encuentro, pero debió escuchar los reclamos
de los asistentes que cuestionaban la
presencia del equipo periodístico
vinculándolo como vocero de unos
victimarios: los paramilitares.
La llegada de los indígenas del Norte del Cauca
y el evento Siembra y Canto en la Plaza de Bolívar
del 27 de julio, para conmemorar los 10 años
de la Ley 387 que reconoce los derechos de las
personas afectadas por el desplazamiento
forzado, fueron los eventos que posicionaron
a las víctimas en las agendas de los medios de
comunicación. El evento de la Plaza tuvo más
de 30 registros en medios nacionales e
internacionales; el Encuentro en la Plaza de los
Artesanos fue registrado en 25 notas escritas,
televisivas, radiales y electrónicas. Los esfuerzos
y las propuestas de los dos eventos merecieron
editoriales de El Espectador y El Tiempo.
La marcha del profesor Gustavo Moncayo
desde Sandoná (Nariño) hasta la Plaza de
Bolívar, promoviendo el acuerdo humanitario
para recuperar a su hijo secuestrado por las
FARC desde 1997, reactivó sensibilidades y
solidaridades en el país y el mundo, y tuvo un
apoyo masivo a su llegada a Bogotá, el 1º de
agosto de 2007. Finalmente, la guerrilla no
respondió al esfuerzo del profesor ni envío
pruebas de vida de su hijo. Y la estrategia de
Uribe de confrontar en la Plaza los argumentos
del profesor, le redujeron el espacio de opinión
que había ganado a pulso.
4. ¿Justicia internacional?
A partir del 17 de septiembre de ese mismo
año, la noticia sobre la multa de 25 millones de
dólares impuesta por la justicia estadounidense
a la empresa Chiquita Brands por haber
patrocinado a grupos paramilitares en Urabá,
despertó la atención de líderes de opinión que
abiertamente rechazaron no sólo la sanción
sino la impunidad que significa esta decisión
para muchos colombianos afectados por los
pactos entre la multinacional y grupos
criminales.
reVelando
15
Las declaraciones de políticos y juristas
colombianos fueron a favor de la extradición
de los directivos de la Chiquita. El defensor
de derechos humanos, Iván Cepeda, del
Movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado, criticó a la justicia estadounidense y
propuso la suspensión de las licencias que
tienen subsidiarias de la empresa en Colombia.
Pero sin dunda, Juan Gossain, director de Radio
Sucesos RCN fue la voz más contundente en
este sentido y así lo expresó en su editorial del
18 de septiembre:
“ … Al pagar esos 25 millones de dólares,
ninguno de los funcionarios o directivos
de Chiquita Brands será procesado o
acusado judicialmente por el crimen que
cometieron en Colombia.
“Eso significa en pocas palabras, que el
propio gobierno del presidente Bush, a
través de su ministerio de justicia vendió
en 25 millones la impunidad para Chiquita
Brands. ¿Cuántos asesinatos se cometieron
en Colombia con los dos millones de dólares
que Chiquita Brands pagó a los
paramilitares? ¿Cuánto dolor de viudas y
de huérfanos fue pagado con dinero de esa
compañía bananera?
“Como si fuera poco, ese dinero, 25 millones
de dólares, salpicado de sangre,
de sangre colombiana, entrarán al
tesoro de Estados Unidos y no
servirán para hacer una pequeña
reparación a las víctimas en Colombia.
Al menos que el gobierno de Estados
Unidos, por su propia voluntad y luego de
cobrar ese dinero, nos quiera regalar
generosamente una limosna. Lo más
indignante de todo este episodio es que
ayer, ayer lunes, el mismo día en que la
Chiquita Brands compró su impunidad en
Estados Unidos por 25 millones de dólares,
en Europa le imponían una multa de 700
millones de dólares a la empresa
norteamericana Microsoft. Eso quiere ni
más ni menos que, según la medida moral
de los poderosos del mundo, cada uno de
sus computadores vale 29 veces más, 29 veces
más, que la vida de un colombiano” (…).
coyuntura
16reVelando
Unos minutos después de este editorial, el señor
Gossain interrumpió la emisión de noticias
para contar que un oyente le había dicho que
esa propuesta de pedir en extradición a los
funcionarios de Chiquita, afectaría el TLC con
Estados Unidos, a esto el periodista respondió
más o menos en este sentido: “La vida de tantos
seres inocentes y la dignidad no tienen precio.
Y si al pedir en extradición a los funcionarios
de esta multinacional se afecta el TLC, déjenme
decirles que no hay ningún TLC que repare la
dignidad de un país”. Pero las palabras del
periodista fueron un canto al vacío. Ni el
presidente Álvaro Uribe, expresó ningún
comentario relacionado con Chiquita Brands,
ni las ONG reconocieron que en las palabras
del periodista estaba la voz de los pobladores
de Urabá que han reclamado verdad y justicia,
pero sobre todo: dignidad.
Unidos, para concretar la liberación de
secuestrados y guerrilleros presos. Pero luego
de múltiples tropiezos, en noviembre de 2007
el presidente Uribe retiró la autorización que
había dado a la senadora y al presidente Chávez
y, al finalizar el mes, las pruebas de vida de los
secuestrados, pero en especial la imagen de la
ex candidata presidencial Ingrid Betancur,
despertaron nuevamente el repudio y condena
general; aspectos que el gobierno supo explotar
muy bien a favor de su férrea posición en contra
del acuerdo humanitario con despeje.
De octubre de 2007 hasta mayo de 2008, la
tensión se presentó contra periodistas, ONG
de derechos humanos y el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
(MOVICE):
• El presidente Uribe habló así de los
periodistas de opinión que lo cuestionaban:
“Yo no sé discutir en palabras muy
elegantes”. Al periodista Gonzalo Guillén
lo llamó “calumniador profesional”, a Daniel
Coronell, “miserable” y al diario El Tiempo
le gritó “mentiroso”. Luego de este episodio,
el periodista Hollman Morris recibió cartas
amenazantes y por eso abandonó el país.
Los diarios El Universal de Cartagena, el
semanario El Espectador y agencias
internacionales de noticias registraron el
exilio del periodista.
Aquí se aprecia de nuevo la falta de calidad
periodística para evaluar el proceso de
construcción de la noticia, la ética del medio y
la responsabilidad con la sociedad (indicadores
5. Las víctimas
Entre agosto y octubre la reivindicación de las
víctimas de la guerrilla estuvo entre el Congreso
colombiano y la presidencia de Venezuela. Los
registros de prensa durante el período muestran
el protagonismo que poco a poco adquirió la
senadora Piedad Córdoba en su campaña por
el acuerdo humanitario y la mediación del
presidente Hugo Chávez, que pretendía acercar
dos polos opuestos: al presidente Uribe y a las
FARC.
Durante tres meses la atención de los medios
fluctuó entre el Palacio de Miraflores en Caracas,
el Palacio de Nariño en Bogotá y los viajes de
la senadora a las selvas de Colombia y a Estados
17 coyuntura
1, 5 y 8). El silencio de los medios cuando no
reflexionan sobre las implicaciones de las
palabras del gobernante pone en peligro la
libertad de prensa y la vida de sus colegas. No
es oportuno entonces plantear preguntas de
trabajo al interior del medio como ésta:
¿motivan las declaraciones del presidente un
clima de presión sobre las personas que
cuestiona su mandato?
• La voz del presidente nuevamente se fue
en contra de las ONG que en octubre
divulgaron dos informes sobre los falsos
positivos y las ejecuciones extrajudiciales
efectuadas por miembros de la Fuerza
Pública. Ante la CIDH que sesionó en
Bogotá, el presidente sostuvo que: “no
sepuede caer en la trampa de las denuncias
de violaciones a los derechos humanos
porque aquí, cada vez que las guerrillas y
sus áulicos sienten que se les puede derrotar,
el recurso al cual apelan es el recurso de
violación de derechos humano; de tal forma
avanza la acción contra la guerrilla y
entonces cualquier baja ya la denominan
ejecución extrajudicial”.
• En noviembre de 2007, en un foro en Madrid
(España), el defensor de derechos humanos
y director de la Comisión Colombiana de
Juristas, Gustavo Gallón, declaró respecto
de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), que
“más de 3 mil personas han sido asesinadas
en desarrollo de este proceso y enfatizó en
la ineficacia en la reparación y entrega de
bienes”. El gobierno nacional, representado
por el Ministro del Interior y Justicia, Carlos
Holguín
Sardi, no
respondió los
argumentos
dados y, por
e l c o n t r a r i o ,
cuestionó la
legitimidad de las organizaciones
colombianas aduciendo que éstas presentan
como civiles a guerrilleros muertos en
combate, además adujo desconocer la
trayectoria de la Comisión Colombiana de
Juristas.
Es imposible que el gobierno nacional se
manifieste en este sentido, porque en
reiterados espacios ha habido importantes
diálogos entre ONG y gobierno nacional,
en los cuales es evidente el proceso
investigativo y argumentativo, con el que
se logran sustentar las afirmaciones desde
la sociedad civil. Tanto en el ámbito jurídico
como en el académico, el trabajo de la CCJ
es ampliamente conocido, contrario a lo
afirmado por el Ministro. Y frente a los
informes sobre violaciones a los derechos
humanos, la defensa de algunos
funcionarios es vincular a las ONG con
18reVelando
grupos irregulares. Así se elude la
argumentación y toda posibilidad de debate
serio, con respuestas claras. Igual escenario
se repitió en España.
El tono, el método y el vuelo que adquirieron
los protagonistas de alto nivel que abogaban
por el acuerdo humanitario dejaron en
evidencia el apoyo del gobierno nacional para
unas víctimas y la condena a otras. Las marchas
ciudadanas de febrero y marzo de 2008 fueron
el detonante de esta posición gubernamental:
• La fallida entrega de secuestrados en
diciembre con censura a los medios por
divulgar la imagen del hijo de Clara Rojas
y una entrega exitosa de dos mujeres el 14
de enero de 2008 y una crisis diplomática
entre Colombia y Venezuela. Los hechos
merecieron extensas páginas de información
y una multitudinaria marcha en contra de
las FARC, el 4 de febrero de 2008. Esta
iniciativa contó con un profuso apoyo
mediático que atendió no sólo la invitación
de los convocantes articulados a través de
Facebook, sino del propio gobierno nacional
que abiertamente promovió la marcha y
participó en ella imponiendo un mensaje:
No más FARC. No más terrorismo. No al
despeje.
En esta marcha varias ONG y organizaciones
sociales participaron promoviendo el
acuerdo humanitario; sin embargo, la
información que salió durante estas cuatro
semanas estuvo centrada en el mensaje
primordial: No a las FARC. Los registros
fotográficos, audiovisuales y escritos de los
medios, no dieron cuenta de otros mensajes
que, en el caso de Bogotá sí se hicieron
presentes en la marcha.
• Desde el 10 de febrero, el asesor presidencial
José Obdulio Gaviria hizo declaraciones en
contra de la marcha del 6 de marzo,
promovida por el Movimiento de Víctimas
de Crímenes de Estado. Sostenía el asesor
que ni el presidente ni él participarían en la
marcha porque ésta era convocada por las
FARC: “difícilmente la sociedad colombiana
participará en tal tipo de convocatoria
cuando precisamente estamos marchando
contra los que convocan”.
A partir de ese momento, la
posición gubernamental de
avalar sólo un tipo de
movilización de las víctimas,
fue más contundente8. El 11
de febrero en el programa
‘Hora 20’ de Caracol Radio,
19 coyuntura
Resultados del proyecto Unión Europea
José Obdulio Gaviria, expresó sus razones
con otros argumentos:
“Desestimulo a mis amigos a que participen
en la marcha por la forma como se citó. […]
Manuel Cepeda es una persona vinculada
muy estrechamente a la fundación y
formación de las FARC y uno de los frentes
más sanguinarios de las FARC lleva su
nombre. No me pareció que tuviera mucho
que ver una marcha contra una forma
cualquiera de violencia en Colombia que
tuviera ese icono”.
Los panelistas invitados al programa
cuestionaron las palabras del asesor
presidencial advirtiendo que éstas ponían
en peligro la vida de Iván Cepeda, hijo del
líder político asesinado en 1994: “Le dijeron
que por su investidura, sus opiniones y
valoraciones no podían ser tomadas como
las de cualquier otro ciudadano, y que para
la opinión pública era muy difícil distinguir
cuándo él hablaba en nombre propio y
cuándo lo hacía en nombre del Gobierno
Nacional” 9.
En medio de amenazas contra los promotores
de la misma y de cuestionamientos del
gobierno nacional, la marcha se realizó,
contó con el apoyo de autoridades locales
en 24 ciudades del país. 106 ciudades en
Colombia y en el mundo, atendieron el
llamado del MOVICE, que logró posicionar
el mensaje: marcha en solidaridad con todas
las víctimas. Incluso los medios entendieron
la necesidad de ampliar el enfoque
informativo: Caracol Radio, Caracol
Televisión, el periódico El Tiempo y el
entonces semanario El Espectador, apoyaron
la iniciativa.
Por promover la marcha o estar vinculados a
sindicatos y organizaciones sociales, desde el
4 de marzo empezó una ola de amenazas y
muertes en Colombia. Hasta el 18 de abril,
cuatro líderes sociales habían sido asesinados.
Preocupadas por esta situación, 22
organizaciones defensoras de los derechos
humanos en Estados Unidos llamaron la
atención sobre los riesgos que conllevaban las
palabras de alguien tan cercano al presidente
sin que éste haga ninguna rectificación. A esta
carta le siguió otra, el 15 de abril, fueron 63 los
firmantes, un grupo de congresistas demócratas,
los que expresaron:
“Deseamos hacerle llegar nuestras
preocupaciones sobre las amenazas y los
20reVelando
ataques contra defensores de derechos
humanos, luego de la marcha nacional del
6 de marzo de 2008. Nos preocupa que su
asesor José Obdulio Gaviria haya dicho
públicamente que los organizadores de esta
demostración fueran combatientes de las
Farc. Le urgimos que tome una posición
firme y pública en soporte de aquellos que
defienden los derechos humanos en
Colombia”.
Además de la reacción internacional que
despertaron las palabras del asesor presidencial,
en Colombia, se generó un debate sobre la
posición que debería adoptar el presidente
Uribe frente a la carta de las ONG
estadounidenses, las revistas Semana y Cambio
abrieron foros para que sus lectores opinaran
sobre el tema. Durante tres semanas la agenda
periodística dio espacio a los defensores de
derechos humanos en la figura de Iván Cepeda,
algo que sin duda no fue del gusto del gobierno.
Pasado este suceso, el presidente no sólo no
rectificó a su asesor, sino que atacó nuevamente
a sus contradictores en tres eventos realizados
en mayo de 2008, a León Valencia y a Gustavo
Petro los llamó “mentirosos” por no haber
dicho la verdad en los proceso de paz que ellos
integraron en la década del 90. A Iván Cepeda,
quien en dos columnas en el periódico El
Espectador había mostrado los nexos de
paramilitares con las directivas de la
Universidad de Córdoba, lo acusó de protegerse
con las víctimas:
“La protección de las víctimas les sirve para
instigar la violación de los derechos
humanos en contra de las personas que no
comparten sus ideas. Y nada les pasa. La
protección de las víctimas les sirve para ir
al extranjero a desacreditar el Gobierno de
Colombia y a desacreditar las instituciones
colombianas. La protección de las víctimas
les sirve para decir que Montería es una
ciudad criminal, sin que la gente tenga
derecho a revirarles. La protección de las
víctimas les sirve para tratar de recuperar,
en la Universidad de Córdoba, un antro de
delincuencia que hubo en el pasado, y que
no vamos a dejar que se restablezca. La
protección de las víctimas les sirve para
desacreditar a Colombia”10.
Y el 14 de mayo volvió el presidente con otras
palabras:
“Me preocupa sí, que las víctimas -y con
eso cierro este capítulo- se dejen engañar de
21 coyuntura
algunos representantes suyos, que se han
aliado en la práctica con delincuentes para
evitar la extradición. (…) Y me parece
gravísima esa alianza entre representantes
supuestos de las víctimas o representantes
reales de las víctimas, en la práctica, que
coinciden con sectores ilegales, para
estimular por vía de tutela el desmedro de
la extradición”11.
Líderes de opinión como Patricia Lara, sí
analizaron las consecuencias que traerían la
posición desenfrenada del presidente:
El presidente Álvaro Uribe pierde el sentido
de las proporciones: con su acostumbrada
violencia verbal, calificó de "farsante de los
derechos humanos" nada menos que a Iván
Cepeda, el hijo de Manuel Cepeda,
asesinado hace catorce años en un atentado
cometido por dos suboficiales del Ejército _condenados por ese crimen a 43 años de
cárcel_, pero quienes, debido a la rebaja de
penas, sólo pagaron diez. En 2007, ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), el propio Estado
colombiano reconoció su culpa por la muerte
de Manuel Cepeda, por acción u omisión.
Pero eso no fue lo único que el Presidente
Uribe dijo de Iván, quien es vocero del
movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado. Además, les pidió a los miembros
de la comunidad internacional, que "antes
de compadecerse por (sus) lágrimas de
cocodrilo (…) vengan a ver (…) lo que está
pasando en Colombia". Y agregó que
activistas de los derechos humanos como
Cepeda salen cobardemente (a decir) que
el Gobierno los está poniendo en peligro".
(…)
¡Por Dios, Presidente, piense en la tragedia
que le sobrevendría tanto a usted como al
país si un fanático admirador suyo, disparara
contra Iván Cepeda, Gustavo Petro o León
Valencia! Por favor, ¡sea más responsable!12
Reflexiones finales
No citamos aquí todos los hechos ni todos los
medios que han estado comprometidos en la
polarización actual del país, pero en la
retrospectiva mediática recogida se puede
concluir que, en una gran proporción, los
medios no aplican los principios de calidad
22reVelando
periodística. Se debe reconocer también, que
algunos líderes de opinión expresan los riesgos
que trae para la vida y la democracia, los
agravios y las acusaciones contra personas que
establecen diferencias con el gobierno nacional.
En Colombia, donde un conflicto tan largo ha
determinado tanto posiciones políticas como
altruistas, retardatarías y hasta viscerales para
defender los argumentos, es hora de que los
medios masivos adviertan sobre las consecuencias
que pueden traer las declaraciones de voceros
gubernamentales.
Los hechos narrados muestran cómo fue creciendo
una tendencia peligrosa para la credibilidad de
los medios y para la sostenibilidad de la
democracia. Aunque el presidente Uribe tenga
mucha popularidad, también es cierto que
muchos de sus actos y sus relaciones públicas, le
restan legitimidad. Esto es lo que debaten
constantemente las ONG y líderes políticos.
Desde julio de 2007 la preocupación
gubernamental estuvo centrada en legitimar o
avalar un solo tipo de manifestación contra la
violencia y cuestionar abiertamente la acción
ciudadana de otras fuerzas sociales y líderes
políticos que debaten el TLC con Estados
Unidos; los métodos y resultados de la
seguridad democrática, así como la impunidad
que genera la negociación con los paramilitares
o la falta de voluntad política para alcanzar el
intercambio humanitario de secuestrados y
prisioneros. Esta posición está generando una
peligrosa ecuación: las víctimas de la guerrilla
vs. Las víctimas de crímenes de Estado.
La agenda periodística, centrada en la imagen,
el pensamiento y las agresiones del ejecutivo
hacia los detractores, requiere de nuevos
escenarios para reconocer al otro, a los otros,
a las otras manos que construyen país y
respetarlos.
Por otro lado, la elección de los defensores de
derechos humanos es por la dignidad humana.
La elección de las ONG de derechos humanos
en Colombia ha estado cimentada en principios
éticos, sensibilidad humanista, trabajo con los
oprimidos, con los excluidos y una posición
política frente a cómo resolver el conflicto. El
trabajo de defensores, defensoras y líderes está
fundamentado y reconocido por el Estado
Social de Derecho. Pero, así como a los medios
se les pide no clasificar a las víctimas por su
pensamiento político o su condición social; no
atizar odios y reflexionar constantemente sobre
la información que producen, a las ONG les
asiste otra responsabilidad: acercarse a los
medios, reafirmarse en su experiencia y
contarla, narrarla a otros públicos.
Existe en las ONG y en las organizaciones
sociales un gran recelo hacia los medios de
23 coyuntura
comunicación. Sentimiento y actitud que
también viene de los medios hacia este sector.
No obstante estas complejas relaciones, se
aprecian avances: cuando se establecen diálogos
para mostrar los objetivos y los procesos de
reivindicación de derechos, lentamente los
medios abren espacios; esto se logró en dos
coyunturas durante el período analizado. Sobre
estas experiencias los defensores también han
aprendido que es necesario reconocer los
progresos de algunos medios escritos; se debe
leer la coyuntura y saber actuar en consecuencia,
ponerle agenda a los medios y no únicamente
llamarlos para que divulguen denuncias,
hechos o eventos donde las víctimas, las
Plataformas, las organizaciones sociales o las
ONG son las protagonistas.
1 Periodismo de calidad: Debates y desafíos, Buenos Aires, FOPEA, 2007.
2 Restrepo, Javier Darío. La calidad en el arsenal, Boletín Virtual Medios para la Paz, 23 de enero 2008.
3 Alocución presidencial, rueda de prensa. 19 de abril de 2007.
4 “Y entre los armados ¿quién va a ser el bueno? Al parecer el que gana. Eso lo dijo implícitamente el Presidente al declarar que él sí habría sido buen guerrillero, no como el mediocre de Petro. Que él sí hubiera sabido usar el fusil (entiéndase matar) en vez de usar la lengua para calumniar. En cambio yo pienso que tal vez sea preferible un guerrillero mentiroso que un guerrillero con buena puntería, como “Tirofijo”. Es triste que se condene el uso de la palabra, por imprecisa que sea y se defienda como una virtud el uso preciso de las armas de fuego”. Las armas y las letras, Faciolince Héctor Abad, revista Semana No. 1303, 21 de abril de 2007.
5 Samper Pizano, Daniel, “Washington juega sucio a Uribe y Uribe juega sucio a sus opositores”, El Tiempo.com, abril 25 de 2007.
6 “La gran encuesta de la parapolítica”, revista Semana No. 1305, 5 de mayo de 2007.
7 Angulo, Alejandro,“¿Quién aprovecha la masacre de los diputados?”, 1 de julio de 2007, en: www.cinep.org
8 “El gobierno no apoya marcha promovida contra los “paras”, El Espectador, 11 de febrero de 2008. “Asesor presidencial descalifica marcha contra los paramilitares”, El País de Cali, 11 de febrero de 2008. “Gobierno de Uribe rechaza marcha contra los paramilitares”, El informador, 13 de febrero de 2008.
9 Acción de tutela contra el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, Bogotá, 31de marzo de 2008.
10 Palabras del presidente Álvaro Uribe durante la inauguración del terminal de transporte de Montería, 6 de mayo de 2008.
11 Palabras del presidente Uribe durante la instalación del foro Piensa Colombia, Congreso de la República, Bogotá, 14 de mayo de 2008.
12 ¡Por Dios, señor Presidente! El País. Cali, 11 de mayo de 2008.
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MINGA orienta su proyecto institucional hacia la transformación de las condiciones políticas, económicas y sociales existentes en Colombia, que permitan superar la crisis de derechos humanos, la crisis humanitaria, la impunidad y el conflicto armado; aportando a la construcción del desarrollo humano integral, sostenido en un real Estado Social de Derecho, soberano y en paz.
Para ello trabaja en articulación sinérgica con la diversidad de actores sociales del país, especialmente con indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, niños y niñas, iglesias y académicos, así como con instituciones públicas nacionales e internacionales.
Diez años sin EduardoUmaña Mendoza
Memoria
Para hablar de Eduardo Umaña Mendoza hay dos relatos que en tonos diferentes presentan los rasgos de
su vida pública como abogado, profesor y defensor de presos políticos. En las palabras de su hijo Camilo
Eduardo hay además, una voz crítica por el país que dejó Umaña Mendoza y que aún sigue sin alcanzar
la justicia social por la que él lucho.
En el perfil del abogado antioqueño Jesús María Valle Jaramillo, elaborado por la agencia de prensa del
Instituto Popular de Capacitación, IPC, de Medellín, hay un recorrido por la vida familiar y pública de
este defensor. Sus ideas expuestas en varios discursos en los albores de la década del 90,
resultan dolorosamente proféticas en estos tiempos de parapolítica nacional.
Ruth Soraida Celis Dávila*
En un momento en que muchos colombianos esperan que sus
intereses sean compartidos a partir de marchas, convocatorias,
pronunciamientos, otros seres ocultos reclaman memoria,
seres anónimos que motivaron su vida en el servicio
a las personas que necesitaban, desde un
momento de atención hasta la procura de
su libertad.
Eduardo Umaña Mendoza, quien dedicó la
mayor parte de su existencia a seguir sus
convicciones, sacrificando su vida
misma. Y fue así como diez años
atrás, el 18 de abril de 1998, en
circunstancias que aún no
* Gestora Cultural. Tomado de: www.municipalidadycultura.es/articulos/diez-anos-sin-eduardo-umana-mendoza.html
26
han sido esclarecidas, a la justicia, la libertad y
los derechos humanos de este país le
arrebataron uno de sus mayores defensores,
negándosele un derecho fundamental: La vida.
No basta que hoy se le recuerde porque una
década es un periodo de fácil referencia
numérica. Es urgente que quienes aún disfrutan
del privilegio que resulta vivir _abrazar, besar,
hablar, compartir_, dediquen la memoria a
personajes como Eduardo Umaña Mendoza
procurando que su legado no muera en frases
célebres inscritas en los muros. Es por ello que
se debe recordar quién fue este personaje para
vivificar el significado de su trabajo, de su afán
de luchar por las causas de seres invisibles y
ávidos de justicia, de la ruptura de las barreras
impuestas en búsqueda de sus propósitos porque
"más vale morir por algo que vivir por nada".
La vida para este abogado y administrador de
empresas, profesor, pensador, padre e hijo,
defensor de derechos humanos, se conformó en
principios de igualdad, equidad y justicia, pilares
de un hogar formado por Celina Mendoza y
Eduardo Umaña Luna, investigador, docente y
cofundador de la Facultad de Sociología de la
Universidad Nacional de Colombia, quien
sembró en su hijo la semilla del aprendizaje y
activismo permanente por la defensa de los
derechos humanos.
A su trabajo profesional se unió la de profesor
titular universitario en derecho público, derecho
penal e instituciones políticas en las más
importantes universidades como: Nacional de
Colombia, Javeriana y Externado, entre otras.
Como abogado y defensor de los derechos
humanos representó en los Consejos Verbales
de Guerra a los familiares de los desaparecidos
del Palacio de Justicia y formó parte, como juez
del Tribunal de los Pueblos, donde conoció de
cerca casos de violaciones a los derechos
humanos y de derechos de los pueblos. En ese
mismo sentido fue impulsor en Colombia de
la Liga Internacional por los Derechos Humanos
y la Liberación de los Pueblos, con estatuto
consultivo en Naciones Unidas.
Adicionalmente, ocupó honrosas posiciones
como asesor jurídico de la agencia Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados en el Mundo (ACNUR), durante
una década (15 de julio de 1983 y 13 de marzo
de 1993). Desde 1988 hasta agosto de 1994, fue
miembro del Consejo de Administración de la
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT),
así como también hizo parte de la Comisión de
Investigación de Atentados a los Periodistas de
la CIAP, Federación Latinoamericana de
Periodistas (FELAP).
Muchos de quienes actualmente se desempeñan
como activistas de los derechos humanos
recogieron buena parte de sus ideas en espacios
como cátedras, paneles, mesas redondas, cursos,
charlas y conferencias que se expandieron a
zonas urbanas y rurales donde Eduardo Umaña
Mendoza solía argumentar sus posiciones. Este
legado también llegó a irradiar el espíritu de
organizaciones no gubernamentales, sociales
y sindicales entre ellas el Colectivo de Abogados
"José Alvear Restrepo", la Asociación Minga,
la Corporación Sembrar y como permanente
colaborador de la Asociación de Familias
reVelando
Detenidos - Desaparecidos (ASFADDES) y de
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Su carácter denodado, claro y vehemente lo
llevó a enfrentarse con la aplicación de la justicia
sin rostro a los movimientos de trabajadores.
Luchó contra la penalización de la protesta
social en Colombia y la judicialización de la
actividad sindical; asesoró y defendió diferentes
sindicatos como los de Telecom, Sintrateléfonos,
Acueducto de Bogotá, Sintraemcali y, quizás
el que fue determinante y por el que en
numerosas ocasiones recibió amenazas contra
su vida, fue el de la Unión Sindical Obrera
(USO), en cuyo seno adelantó diversos procesos
donde pudo demostrar repetida y
contundentemente, la inoperancia del sistema
llamado de Justicia Regional, conocido como
Justicia Sin Rostro, denunciando, entre otras
irregularidades, la clonación de testigos.
Podría decirse que todas y cada una de sus
actuaciones, aunque tenían como único objeto
la defensa por la vida y la posibilidad de vivirla
dignamente, lo conducían de manera
permanente a ser el blanco de múltiples
amenazas que nunca amilanaron su espíritu.
Diez años después cuando el pueblo
colombiano exige la realización de una
verdadera justicia social, de la dignidad
humana, y de una consecuente paz, se apela a
la memoria de quienes vivimos de cerca la
lucha de José Eduardo Umaña Mendoza y de
tantos otros líderes y defensores de los derechos
humanos para derrocar la peor de todas las
impunidades: el olvido.
27 memoria
El estar sin estar. Los grandes silencios
y los pequeños silenciados. Los
desaparecidos, los torturados, los
muertos, los vilipendiados, los
segregados, los marginados, los
secuestrados, en fin, los que contienen
nuestros motivos, las razones del
pensamiento en sociedad como lucha
por la justicia social como condición
para la paz.
José Eduardo Umaña Mendoza,
contiene la paradoja de que la
contradicción, en nuestro país
y en tantos otros, es lucha y no
elemento de la democracia. El
aislamiento del ‘otro’ como
enemigo: la contradicción
como agresión. Es un
poco el contrasentido de
a quien hoy escribo:
Camilo Eduardo Umaña Hernández*
Hoy: un cepo menosMañana: ni uno más
28reVelando
Memoria
*Abogado, hijo de Eduardo Umaña Mendoza
memoria29
un programa de defensa para los defensores
de Derechos Humanos. En qué encrucijada nos
ha dejado Colombia que tiene que haber
defensores de los defensores ¿Ahora quién
defiende a los defensores de los defensores?
De ahí las soledades, los aislamientos y los
silencios: En una de sus muchas charlas y
conferencias, José Eduardo Umaña Mendoza,
aclaraba esto con el triste ejemplo de las celdas
de aislamiento que se han aplicado como
métodos de represión en el mundo a
‘contradictores’ del sistema: en cámaras “de
aislamiento” de unos 2 mts2, durante meses,
sin letrinas, con la alimentación estrictamente
necesaria para sobrevivir. A los presos se les
ponía y se les pone en un calabozo, algunos de
cristal, donde el encarcelado no tiene siquiera
un reloj y es iluminado con luz blanca las 24
horas -pierde la noción del tiempo-; no puede
recibir visitas ni tener contacto con otro recluso
o guardia -pierde el contacto social-; no tiene
acceso a documentos o libros -pierde el ejercicio
intelectual-; soporta alteraciones de temperatura,
es sometido a altísimas o bajísimas sensaciones
térmicas, humedades; en fin: siendo ser humano
pierde las condiciones de ser-humano.
No obstante, anotaba Umaña Mendoza, lo más
terrible en términos vivenciales para el preso,
asombrosamente no eran las condiciones de
crueldad que padecía, sino la pérdida de
identidad humana que lo hacía centro de
indiferencia: el punto de la locura para el
‘aislado’ no se cimienta en todo lo que pierde
materialmente, sino en sentir que los que están
alrededor lo han olvidado, que ya no existe
para ellos, que puede hacer toda suerte de
maromas y acrobacias y ya nadie lo nota y que
así será hasta el último de sus días...
Esa es, en cierta medida, la respuesta a un
sinnúmero de problemáticas nacionales: una
prisión tal sería terrible, como lo es; no obstante,
lo peor de todo es la actitud y posición de ‘los
demás’ frente a un encierro tal, aquel de todos
los días, al de acostumbrarnos a ver morir y a
ver matar, el que en últimas es el de
acostumbrarse a morir con los que mueren y
matar con los que matan.
Qué decir de Colombia donde la cárcel no es
sólo física sino mental, donde no hay dinamita
que demuela las barreras inmersas en el código
del aprendizaje social de la violencia.
En cuántas celdas nos encierran y nos
encerramos, qué desesperanza alimenta la
lágrima que gotea al acariciar el piano.
Esas fronteras mentales que también son físicas,
parten en el miedo y llegan a la autocensura:
Eduardo Umaña Mendoza, decía que la mayor
expresión de la represión de Estado es la
autocensura, porque es cuando se ha
interiorizado como un valor ese tipo de
violencia, un valor de temor que, además, es
condición de la oportunidad a otras tantas
‘garantías’ como lo puede ser la participación
en la economía que, a su vez, afianza otros
valores de simplismo ético como el del dinero
y la democracia o la democradura, como la
llamaría Eduardo Galeano.
Hoy, sin simplismos éticos, sin miedos, censuras,
o locuras (bueno: sólo las locuras necesarias,
30reVelando
esas que, al decir de Silvio Rodríguez: “no vale
la pena curar”, liberamos la memoria de José
Eduardo Umaña Mendoza de la urna hermética
de las altifrecuencias del callar social y la
traemos a los nuevos caminos como vida, como
semilla, como enseñanza, como actuación
humana, solidaria, desprendida.
Desde las aulas de clase, los barrios y barriadas,
los estrados judiciales y las plazas públicas, en
fin, desde el pensamiento y lucha sociales, la
vida por la vida de los demás está allí, como
significado, como sendero de dignidad, como
ideología antes que iconografía: parte de la
garantía de no repetición de las víctimas, radica
en la posibilidad social de generar, no sólo
recuerdo de los hechos de violencia sino,
también, conciencia sobre los detonantes de esos
hechos, los contextos históricos y sus modos.
Diez años después del asesinato de José
Eduardo Umaña Mendoza, defensor insigne
de los derechos humanos, Administrador de
Empresas y Doctor en Derecho, catedrático1,
defensor de presos políticos y de cientos de
víctimas2, asesor, gestor, y colaborador de
diversas instancias internacionales3, rescatamos
las voces que destellan de su silencio, por la
defensa de los derechos humanos y la
autodeterminación de nuestros pueblos, por
“morir por algo antes que vivir por nada”.
1 Dictó diversos cursos de derecho público, derecho penal e instituciones políticas, en universidades como: Nacional de Colombia, Javeriana, Externado de Colombia, Santo Tomas, INCCA, entre otras.
2 Participó como representante judicial de los familiares de los desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia; había asumido la reapertura de la investigación del asesinato del caudillo y candidato a la Presidencia de la República Jorge Eliécer Gaitán.
3 Entre las que se encuentran: ACNUR, Consejo de Administración de la Organización Mundial Contra la Tortura, Comisión de Investigación de Atentados a los Periodistas, CIAP; Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, Tribunal Permanente de los Pueblos, entre muchas otras.
31
Jesús MaríaValle Jaramillo
Agencia de Prensa IPC-02/26/08
Una vida dedicada a los más débiles
Memoria
“Un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en
los demás. Por ello, Jesús María Valle representa
esa clase de hombres que luchan por la dignidad del
otro, aún a costa de su propia vida”, expresó el
sacerdote Joaquín Vargas durante las honras
fúnebres del jurista y defensor de derechos
humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Corría la tarde del domingo 1º de marzo de
1998 y cada palabra del prelado fue escuchada
por familiares, amigos, alumnos y activistas de
derechos humanos que acompañaron el cortejo
fúnebre hasta la Iglesia de Santa Gema, en el
occidente de Medellín. En silencio, cada cual
rememoraba la imagen que tenía del jurista y
al hablar de ello todos coincidieron en exaltar
su defensa acérrima de los más débiles.
Hace diez años ya de esa homilía,
de esas honras fúnebres, de
ese asesinato, y, aún hoy
memoria
32reVelando
quienes lo conocieron resaltan la profunda
vocación de servicio de Jesús María Valle
Jaramillo, abogado y defensor de los derechos
humanos, que fue asesinado en su oficina el 27
de febrero de 1998 por sicarios de la banda La
Terraza, pagados por el jefe paramilitar Carlos
Castaño Gil.
Esa reconocida vocación de servicio tuvo su
origen en la extrema pobreza vivida durante
su niñez en el corregimiento La Granja, del
municipio de Ituango, norte de Antioquia. Jesús
María nació allí el 29 de febrero de 1943, en el
seno de una familia campesina conformada
por su padre Jesús, su madre Blanca, y diez
hermanos más.
Los Valle Jaramillo no tuvieron una vida fácil.
El trabajo en el campo era poco recompensado.
Para ayudar a sus padres, Jesús María se vio
obligado a vender periódicos en el pueblo. Su
condición de campesinos pobres los llevó a
buscar mejores oportunidades en Medellín. El
propósito de don Jesús, el patriarca de la familia,
era que sus hijos, ocho mujeres y tres hombres,
estudiaran y alcanzaran las oportunidades de
trabajo y vivienda que el campo les estaba
negado.
No fue una decisión fácil. Les tocó vender la
pequeña parcela que tenían por 14.000 pesos
de la época, finales de los años 50, y con ese
capital tratar de sobrevivir en la ciudad. El
dinero no les rindió y poco a poco se fueron
empobreciendo más, al punto que comenzaron
a aguantar hambre. Para superar las
dificultades, don Jesús retornó al pueblo para
labrar nuevamente la tierra y algunos de sus
hijos abandonaron sus estudios de bachillerato
para trabajar y sobrellevar la situación.
Apoyado económicamente por sus hermanos,
Jesús María terminó el bachillerato en el Liceo
Antioqueño, donde mostró sus condiciones de
liderazgo en el movimiento estudiantil, pero
como no encontró trabajo se regresó a Ituango
y, en compañía de su padre, se dedicó al campo.
Fue allí, entre sus paisanos, y en medio de picos
y azadones, que acabó de entender la dureza
de la vida campesina.
Ambición de servicio
Un año después, regresó a Medellín a dedicarse
al estudio; entonces se matriculó en el programa
de Derecho de la Universidad de Antioquia.
Llegó allí con fuertes convencimientos
humanistas que luego pondría al servicio de
los más débiles.
Su paso por el Liceo Antioqueño le definió su
personalidad: noble, honesto, servicial, ágil en
el pensamiento, brillante en la palabra y
liderazgo innato. Su regreso al campo le definió
sus prioridades personales y profesionales. Y
corría la década del 60, una época plena de
ebullición social y política que le acabó de
refrendar sus ideales de justicia social.
Entre los recuerdos más emotivos de la familia
fue el día de la graduación de Jesús María como
profesional del Derecho. Sus padres y sus
hermanos estaban felices. Era la culminación
33 memoria
de un esfuerzo personal y familiar que quisieron
festejarlo, pero el novel abogado prefirió que
se ahorrara algo más de dinero para comprar
un escritorio y una máquina de escribir, los
recursos necesarios para un abogado de la
época. Fue así como en otro esfuerzo familiar
se le dotó una oficina en el cuarto piso del
edificio Colón, situado en la calle Ayacucho,
entre las carreras Bolívar y Cundinamarca,
pleno centro de Medellín.
Su gratitud por los esfuerzos familiares se
expresó cuando comenzaron a llegar los
negocios relacionados con su profesión y su
ejercicio jurídico lo llevó a ganar algo de dinero:
le empezó a ayudar a su familia, a sus amigos
y a todos aquellos estudiantes que no tenían
con qué paliar sus necesidades diarias. No
podía ver a alguien con problemas porque
siempre intervenía. A los jóvenes que llegaban
de su pueblo a estudiar y no tenían para pagar
un arriendo, Jesús María se los llevaba para su
casa, los alojaba, los alimentaba, les dotaba de
libros y les impulsaba sus ilusiones académicas
y profesionales.
Pero no sólo quería atender las necesidades de
sus semejantes más inmediatos. Jesús María Valle
quería expresar en escenarios más amplios sus
ideas humanistas. Fue así como, de la mano del
partido Conservador, comenzó a trajinar en la
política regional, llegando en 1972 a ser Diputado
de la Asamblea Departamental. En este recinto
quedaron los ecos de su voz que, fogosa,
planteaba debates orientados a defender los
intereses de los más pobres y la urgente necesidad
de eliminar las causas de la exclusión social.
Sus ideas también eran expresadas en aquellos
recintos universitarios donde comenzó a ejercer
como docente, entre ellas: universidades de
Antioquia, de Medellín, la Pontificia Bolivariana
y la Autónoma Latinoamericana. Tuvo a su
cargo cátedras como Ética Profesional, Derecho
Procesal y Probatorio Penal. Sus clases estaban
llenas de humanismo, de un profundo sentido
social de su profesión y de una inmensa energía
en sus discursos que originaban tanta emoción
que los estudiantes terminaban aplaudiéndolo.
A defender los derechos humanos
Sus reflexiones sobre las condiciones sociales
del departamento y el país, cada vez más
inequitativas y violatorias del Estado de
derecho, lo llevaron a tomar la opción de
defender la causa de los derechos humanos,
convencido de que no se podían tolerar aquellas
situaciones que atentaran contra la dignidad
humana.
La concepción integral de los derechos humanos
que expresaba Jesús María Valle lo llevó a
promover la Liga de Usuarios de las Empresas
Públicas de Medellín, de la cual fue su primer
presidente. Como dirigente gremial ocupó una
silla en el consejo directivo y en la presidencia
del Colegio Antioqueño de Abogados y a
fundar y presidir el Colegio de Abogados
Penalistas de Antioquia. Pero donde más
impulsó sus ideas humanistas y reforzó su
defensa de los más débiles fue en el Comité
por la Defensa de Derechos Humanos, seccional
Antioquia, a donde ingresó en 1978, año de su
34reVelando
fundación, y que presidió desde 1987, en
reemplazo de Héctor Abad Gómez, asesinado
el 25 de agosto de ese año.
Desde el Comité, Jesús María Valle fue uno de
los primeros en advertir los nefastos efectos
del paramilitarismo en el departamento, sobre
todo en las zonas rurales, donde las
consecuencias de su accionar armado eran
devastadoras: asesinatos masivos, rompimiento
del tejido social entre las comunidades
campesinas, desplazamientos forzados,
destrucción de procesos productivos y
profundización de la pobreza.
En un memorable y emotivo discurso
pronunciado el 25 de agosto de 1997, durante
la conmemoración de décimo aniversario del
asesinato de los defensores de derechos
humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo
Betancur, contrastó los avances en materia de
desarrollo que estaba teniendo Antioquia y la
llegada del paramilitarismo a diversas regiones
del departamento. Tan contundente era su
percepción que se atrevió a decir que si bien
antes se podía hablar del paso del meridiano
de la cultura y la política por Antioquia, en ese
momento se tenía que decir que el meridiano
de la violencia estaba pasando por el
departamento y desde él se exportaba la
violencia para el resto del país. Su visión fue
profética (Ver fragmento del discurso).
No era la primera vez que Valle Jaramillo hablaba
de ello. Desde comienzos de 1996 había iniciado
una sistemática denuncia de los atropellos contra
la población campesina, perpetrados por las
fuerzas contrainsurgentes que estaban tomando
posición en corregimientos y veredas, de
municipios del Norte de Antioquia, en particular
de su natal Ituango, en donde para la época
había sido elegido concejal por el movimiento
Acción Popular Independiente.
En sendas cartas a la Gobernación de Antioquia,
en ese momento en cabeza de Álvaro Uribe
Vélez, hoy Presidente de la República, y a las
autoridades militares y de policía, expresaba
su preocupación por los constantes asesinatos
de campesinos, quienes eran sindicados de ser
guerrilleros, integrar sus redes de apoyo o ser
simpatizantes.
Entre sus denuncias se encuentran
las incursiones paramilitares a
los corregimientos La
Granja y El Aro, de
Ituango; en ambas
fue condenada
la Nación
por la
35 memoria
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
pues se halló evidencia de la falta de operatividad
de la fuerza pública para proteger a los habitantes
de esos caseríos, un aspecto que Jesús María
Valle siempre resaltó en sus quejas.
Fuerza pública involucrada
Jesús María Valle fijó la atención de sus
denuncias en la connivencia entre los
paramilitares y la fuerza pública, tanto militar
como policial. Sus evidencias, obtenidas a través
de los habitantes de Ituango y de localidades
vecinas, eran contundentes y hacerlas públicas
molestó al Gobernador de Antioquia y al
comandante de la IV Brigada, general Carlos
Alberto Ospina Ovalle. Antes que atender el
llamado a proteger a la población campesina,
ambos atacaron al defensor de derechos
humanos, negando toda relación con el
paramilitarismo.
El clima alrededor de Jesús María Valle se
enrarecía cada vez y tanto familiares y amigos
cercanos temían por su vida. No obstante,
persistió en las denuncias, reclamando mayor
eficacia al Ejército y a la Policía, y una acción
más contundente del Estado en defensa de los
campesinos. Pero cada pronunciamiento suyo
era respondido con un ataque por parte de las
autoridades. Incluso, Uribe Vélez, en
declaraciones radiales, llegó a decir que en el
país era muy conocida la animadversión de
Jesús María Valle por el Ejército, con lo cual
pretendía restarle veracidad a sus denuncias.
Por la insistencia en sus acusaciones, Jesús
María Valle fue denunciado penalmente por
calumnia por la IV Brigada del Ejército, a través
de un soldado delegado por la comandancia
de la guarnición militar. Para responder por la
querella, compareció ante la Unidad Local
Segunda de Delitos Querellables el jueves 26
de febrero de 1998. Durante la diligencia se
ratificó en sus imputaciones y alegó que no
había cometido ningún delito, pues su versión
sobre la connivencia entre miembros del Ejército
y la Policía con los grupos paramilitares había
sido comprobada por organizaciones
defensoras de derechos humanos
internacionales. Años después su versión fue
ratificada, incluso, por comandantes y
excombatientes paramilitares.
La diligencia comenzó a las 2:30 de la tarde de
ese jueves. Exactamente 24 horas después, en
su oficina del edifico Colón, la misma que con
tanto esfuerzo había ayudado a dotar su familia
semanas después de su graduación, dos
36reVelando
hombres y una mujer llegaron hasta ella y le
propinaron tres impactos de bala, dos en la
cabeza y uno en el pecho, que le segaron la
vida de manera instantánea.
Dos días después, su cuerpo fue llevado a la
Iglesia de Santa Gema para rendirle una sentida
despedida a quien por más de 20 años se
consagró a buscar la verdad y la justicia.
Terminada la homilía del padre Vargas, un
amigo de Jesús María Valle resumió con
inmenso dolor y en voz muy baja la tragedia
de este crimen: “En este país las posiciones
diferentes, claras y con argumentos sólidos que
hablan de las angustias de un pueblo sometido
a un conflicto que le ha quitado toda dignidad
son acalladas porque, al decir de algunos, hacen
parte de uno de los bandos de la guerra.
Seguimos en ese punto donde no hay
contradictores sino enemigos que se deben
eliminar inmediatamente”.
“Yo escuchaba decir que el meridiano de la
cultura y la política pasaban por Antioquia.
Hoy puedo decir que el meridiano de la
violencia pasa por Antioquia”, sentenció el
jurista Jesús María Valle Jaramillo el 25 de
agosto de 1997 durante la conmemoración del
décimo aniversario del asesinato de Héctor
Abad Gómez y Leonardo Betancur, ambos
defensores de derechos humanos.
A solicitud del Comité de Derechos Humanos
de Antioquia, Valle Jaramillo presentó ese día
un informe sobre la situación de derechos
humanos en el departamento a través del cual
dio cuenta de la grave situación que enfrentaban
los campesinos en diversas regiones tras la
aparición de grupos paramilitares. No era la
primera vez que hablaba de ello.
Su cargo como presidente del Comité, al que
llegó en 1987, en reemplazo del médico Héctor
Abad Gómez, asesinado por desconocidos junto
a Leonardo Betancur en las calles de Medellín
a plena luz del día, lo llevó a denunciar hechos
que atentaban contra la población civil
campesina, una de sus mayores preocupaciones
como activista de derechos humanos y abogado.
Como una manera de honrar su memoria y
evidenciar a través de sus palabras el drama
de miles de campesinos que fueron atacados
por el paramilitarismo y cuyas acciones no
fueron afrontadas de manera drástica por las
autoridades civiles y militares de la época, aquí
unos apartes de su discurso:
37 memoria
DiscursoEl meridiano de la violencia pasa por
Antioquia
Medellín, 25 de agosto de 1997
De improviso, en los últimos años, en forma abrupta,
se rompió ese esquema que traíamos y surgió un
plan para acabar con el movimiento guerrillero en
ese lapso. Entonces aparecieron unos hombres en
las regiones que cometían una serie de tropelías y
asesinatos y hábilmente desaparecían de la zona; y
se suscitaron las primeras masacres en zonas
geográficas donde no había enfrentamientos entre
partidos y fuerzas de izquierda.
Y después esas fuerzas se fueron ubicando en los
perímetros urbanos y generaban un estado de terror
y de zozobra, y los campesinos caían asesinados;
mientras, en las veredas y corregimientos se mataban
a los dueños de las tiendas comunitarias. Eso ocurrió
en el Norte, en Oriente, en Occidente...
Se empezó como a gestar un plan macabro, donde
el investigador no lograba penetrar qué estaba
sucediendo, en qué zonas geográficas se cometían
esas masacres y esos asesinatos masivos. Y
nuestros ríos históricos fueron testigos de los
cadáveres arrojados.
Y en las carreteras, esas carreteras construidas
con el esfuerzo antioqueño, los vehículos eran
parados, los campesinos bajados de los mismos y
asesinados arrodillados.
Un clima de zozobra empezó a desintegrar todo lo
que habíamos construido durante muchos años. Y
aquellos maestros que protestaron fueron perseguidos,
desaparecidos y asesinados. Entonces se empezó a
desintegrar todo ese sistema educativo. Las escuelas
se quedaron sin niños y maestros.
Y los maestros eran perseguidos y la educación
perdía calidad.
Y los médicos que iban a las veredas y a los
corregimientos a atender a los enfermos con mucho
esfuerzo también fueron perseguidos, intimidados,
amenazados, desaparecidos, y el sistema de salud
empezó a degradarse.
Y los programas agropecuarios, las Umatas en
Antioquia, cuando soñábamos cómo reemplazar el
café, cuando soñábamos con un dominio del paisaje
y la agricultura, se desintegraron.
Aparecían fuerzas oscuras que reemplazaban al
alcalde... los comandantes. Eran paramilitares,
Convivir, autodefensas. Y se fue tornando ambiguo
38reVelando
ese concepto de autoridad pública: unos eran amigos
o enemigos de las Convivir, amigos o enemigos de
los paramilitares, amigos o enemigos de la guerrilla.
Y ese tejido social solidario del campesino, se fue
desintegrando y se empezó a consolidar la zozobra
al lado del temor, mientras se perdían los proyectos
culturales, artísticos, artesanales.
Es decir, ha habido un proceso de degradación en la
relación del hombre con la comunidad, con su medio.
Entonces, en este recinto puedo decir, a manera de
inventario, que yo escuchaba decir que el meridiano
de la cultura y la política pasaban por Antioquia.
Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia
pasa por Antioquia.
Estamos exportando, a través de una concepción
equivocada del orden público, violencia para los
departamentos pacíficos como los de la Costa y el
Chocó. Estamos exportando violencia, a través de
las Convivir, para todo el país.
Lo que habíamos construido como base impositiva,
a través del impuesto predial y del de industria y
comercio, para fortalecer los aportes de la Nación y
hacer programas de desarrollo educativo, lo hemos
desintegrado porque hay que pagar cuotas a las
Convivir, a las autodefensas, a los paramilitares. Y
los paramilitares y las Convivir se confunden en los
uniformes, las sedes, en los vehículos que utilizan.
Es decir, ya la Fiscalía tiene que pedir permiso a
esos personajes que aparecen extrañamente en los
municipios, para poder hacer los levantamientos de
cadáveres. Y los inspectores que hacen esos
levantamientos de cadáveres son asesinados para
destruir la prueba, para impedir los sistemas de
investigación judicial.
Esa es la situación hoy, Lo han visto mis ojos, lo he
presenciado con gentes de mi pueblo, de mis veredas,
de mis corregimientos. A esas personas que yo vi
nacer, con esas personas con quienes escuché silbidos
de miseria en las montañas, han sido asesinadas. Y
yo he ido por todas partes invocando el derecho de
petición para la población campesina, y no he recibido
una respuesta positiva.
Esa es la situación dramática que presenta hoy
Antioquia y es el informe que puedo rendir hoy con
honestidad en este recinto, sin odios contra nadie,
pero sí con una infinita tristeza de cómo se van
perdiendo las vidas y golpeando a las personas.
39
Voces regionales - Suroccidente
En junio de 2007, al terminar el primer taller de protección y comunicación para organizaciones sociales de Nariño, uno de los participantes más inquietos, Polivio Pinchao, indígena de la comunidad de los Pastos, escribió las siguientes coplas para contar a su comunidad lo aprendido.
Derechos, amparos y cobijos
vocesregionales
Polivio PinchaoSan Juan de Pastojunio de 2007
Muy contentos hoy llegamos de los pueblos como hermanospara así darnos cuenta qué son los derechos humanos
Desconocidos estuvimospero ya nos comunicamoscon el juego del animalito que todos nos identificamos
La Coordinación es muy buenay tarea con gusto hacemosreconociendo territorioy los problemas que tenemos
Lo bonito de esta historiaque ojalá haya conclusionesy para todos los problemasle hallemos soluciones
Como estudiantes de Derechoaquí estamos aprendiendoregresaremos a nuestro territoriopara seguirnos defendiendo
Con problemas ya nacimosy con ellos vamos creciendocon ayuda de los derechos humanosnos iremos defendiendo.
Conocer mujer de otro puebloeso sí es cosa bonitaes como comer plato de papacon pierna de gallinita
Como amigas y compañerasya queremos ir confiandopara que en nuestros puebloslos derechos vayan aplicando
Muchas cosas no entendimoslas entedimos a perrerocon la ayuda de solidarioscomo la de Jairo Guerrero
En la lucha de los pueblosse debe de hacer en alianzapero mucho mejor nos fuerasi nos tuviéramos confianza
Como pueblo de los pastosnos iremos capacitandoen la lucha contra el Estadoque los derechos vaya respetando
Que los mecanismos son legalesno ponemos objeciónpero lo que nos preocupaque se cumpla la protección
La denuncia es importantecuenta el pasado de una acción
pero antes que esto pasela acción urgente es la prevención
Las alerta tempranas son muy clarasy no confundir con evasivas
es un programa del gobiernopara prevenir violaciones masivas
Los requisitos son muy clarosquien, cómo, cuándo y dónde
con el nombre de quién lo haceo queda la duda porque se esconde
Importantes son los temasinformación y comunicación
cuando se divulga lo aprendidoaplicaremos la formación
Con la radio no me metomejor me quedo escuchan
docuando no hay un editorla radio queda chismociando
Tantos medios de comunicaciónhe quedado confundido
mejor volver al tiempo de antesde casa en casa, boca, oído
Un mensaje a Julia y Carolinapor toda esta formación
con todo lo que aprendimosles agradecemos de corazón
Los usos y costumbres de los pueblosya los andan pregonando
y las fiestas del Encanoya las estaremos visitando
Los consejos que aprendimoslos de afuera y los adentro
que seamos como la piñadulces afuera duros al centro
El trabajo de la Comisión Colombiana de Juristas está orientado a contribuir al desarrollo del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y a la plena vigencia del Estado social y democrático de derecho en Colombia.
Concebimos los derechos humanos como un valor en sí, que no puede estar supeditado a otros propósitos. Constituimos una organización pluralista, aconfesional, no vinculada a partidos políticos.
Para lograr nuestros objetivos, realizamos labores de recolección y análisis de información sobre derechos humanos y derecho humanitario; hacemos pública esa información y promovemos el conocimiento y uso de los instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos y el derecho humanitario.
Calle 72 No. 12- 65 Piso 7
Tels: (571) 3768200 – 3434710 Fax: (571) 3768230
Bogotá, D.C., Colombia
Situación de losdefensores dederechos humanosen Colombia Julia Madariaga Villegas*
Cumplimiento de las recomendaciones de la relatora especial para los defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El derecho a defender
El pasado 3 de marzo de 2008, ante el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
la señora Hina Jilani, Representante Especial
del Secretario General sobre la cuestión de los
defensores de los derechos humanos, presentó
un informe que recoge las peticiones y llamados
hechos a todos los Estados miembros sobre
casos de defensores de derechos humanos en
situación de riesgo, amenazados, desaparecidos
o asesinados, así como las respuestas de cada
uno de los países a estos llamados urgentes.
* Antropóloga, Coordinadora de Educación y Protección, Programa Somos Defensores
42reVelando
43 derecho adefender
Colombia ocupa un destacado lugar en el
informe, donde se evidencia la preocupación
de la relatora especial no sólo por los asesinatos
y hostigamientos contra defensores de derechos
humanos, sino también por la continuidad en
el tiempo de ataques, particularmente contra
algunas defensoras. Dentro de las observaciones
expresadas por la Relatora, se encuentra una
petición clara al gobierno colombiano para que
de respuesta efectiva en materia de verdad,
justicia y reparación como se observa: “insta al
gobierno colombiano a que proporcione
información adicional y resultados concretos
de las investigaciones mencionadas en las
respuestas enviadas, incluyendo las medidas
que se hayan impuesto para sancionar a los
responsables y para indemnizar a los familiares
de las víctimas” (A/HRC/7/28/Add.1. 2008: 139).
En este sentido, en el último informe de la
Relatora Especial concuerda con las
observaciones anteriores y presenta una serie
de indicadores para la medición del efectivo
derecho de los defensores y defensoras de
derechos humanos a desarrollar su labor en
todo el mundo (A/HRC/7/28. 2008:21).
Un indicador que mide la disposición de un
gobierno a cambiar prácticas que afectan la
situación de los defensores, es la Colaboración
con la Representante Especial y particularmente
la presentación de informes sobre las medidas
adoptadas. En 2006, en la señora Jilani
caracterizó la situación colombiana e insistió
en “la urgente necesidad de crear un entorno
propicio para la defensa de los derechos
humanos, en particular mediante la apertura
de diálogos de trabajo con los interesados”.
Por eso el seguimiento a las recomendaciones
es importante, sobre todo si se tiene en cuenta
que la situación colombiana empeora, como lo
advierten otros organismos, “La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
expresa su profunda preocupación por las
recientes amenazas proferidas contra defensoras
y defensores de derechos humanos y contra
miembros de organizaciones sociales en
Colombia. La Comisión ha recibido información
que revela que, como consecuencia de la
convocatoria y participación en una marcha el
pasado 6 de marzo, organizaciones sociales y
de derechos humanos han recibido amenazas
de muerte. Además, varios miembros de estas
organizaciones fueron identificados por nombre
y apellido en las amenazas, las cuales han sido
firmadas por un supuesto grupo armado al
margen de la ley autodenominado Águilas
Negras. Estos hechos ocurren en un contexto
de violencia contra defensores y defensoras de
derechos humanos en Colombia, en el cual han
sido asesinados varios líderes sociales”.
(Comunicado de Prensa Número 15/08
CIDH/4/10/2008).
En este contexto, se hace evidente la vigencia
del informe de la señora Jilani, quien no sólo
enfatiza en las garantías para el derecho a
defender los derechos en contextos de conflicto
y en situaciones de Estado de excepción, sino
que señala tres factores estructurales de riesgos,
con los que el Programa Somos Defensores
PNGPDDH coincide:
1. “Aunque algunos Estados han reconocido
públicamente el papel positivo que
44reVelando
desempeñan los defensores de los derechos
humanos, muchos otros han seguido
estigmatizándolos”.
2. “Aunque unos pocos Estados han
promulgado leyes nacionales en las que se
recogen las obligaciones internacionales
contenidas en la Declaración, la tendencia
ha sido la promulgación de nuevas leyes
tendientes a restringir las actividades
relacionadas con los derechos humanos,
especialmente en el contexto de las medidas
para combatir el terrorismo”.
3. “El no haber adoptado estrategias globales
de protección en las que no sólo se tenga
en cuenta la seguridad física, sino que se
aborde también la cuestión de la
impunidad, ha permitido que los ataques
graves contra los defensores de los derechos
humanos continúen”.
En esta dirección, las recomendaciones
formuladas por la Representante Especial,
sugieren que las condiciones de vulnerabilidad
de los defensores y defensoras de derechos
humanos no se reduce exclusivamente a este
grupo y que actualmente en Colombia todas
las organizaciones sociales, líderes indígenas
y lideresas campesinas y, en general, quienes
se dedican a la investigación, formación y
promoción de los derechos humanos, son objeto
de estigmatización pública por parte de
funcionarios del alto Gobierno y líderes de
opinión; estigmatizaciones que posteriormente
se materializan en amenazas, ataques,
desapariciones forzadas y homicidios, afectando
el tejido organizativo y reduciendo la
posibilidades de una sociedad colombiana justa,
incluyente y en paz.
El cuadro que se presenta a continuación evalúa
el cumplimiento de las nueve recomendaciones
45
con ejemplos ilustrativos. La información
utilizada para esta evaluación referida al 2007,
es fundamentalmente pública, proporcionada
por organizaciones sociales y no
gubernamentales, el Departamento de Estado
de los Estados Unidos, la Fiscalía General de
la Nación, la Cancillería colombiana y registros
de prensa. Igualmente ha sido utilizada la base
de datos del PNGPDDH; sin embargo, debido
a la sensibilidad de esta información y a la
gravedad que revisten los casos, el Programa
se abstiene de revelar detalles de los mismos.
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46
Recomendación
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
1
Evaluación de cumplimiento
reVelando
La ausencia de marcos jurídicos apropiados para
el disfrute de los derechos económicos, sociales
y culturales, acarrea dificultades para la
protección de las actividades de promoción y
protección de esos derechos. Así pues, la
Representante Especial recomienda que se
adopten leyes y políticas de orden público, en
las que se reconozca la legitimidad de la acción
pacífica para conseguir esos derechos, incluida
la resistencia a la amenaza de su violación.
Uno de los principales derechos económicos
sociales y culturales (DESC), que han reivindicado
las organizaciones indígenas, campesinas,
comunidades de paz y afrodescendientes en
Colombia es el derecho al territorio, que
comprende uso, propiedad, libre circulación y
expulsión de todos los actores armados de
resguardos, zonas humanitarias, territorios
colectivos y reservas campesinas; sin embargo,
la política gubernamental de “Seguridad
Democrática” desconoce dichas determinaciones.
Adicionalmente el Estado colombiano se abstuvo
de firmar la Declaración sobre Pueblos Indígenas
de las Naciones Unidas, documento que reconoce
el derecho a la autodeterminación de los pueblos,
el ejercicio de su jurisdicción y control sobre sus
territorios, así como la libertad para determinar
la explotación de los recursos naturales y el
ingreso de fuerzas militares.
La Misión Colombiana ante Naciones Unidas
afirmó que “algunos aspectos de esta Declaración
entran en franca contradicción con el orden
jurídico interno colombiano”. Señala el
representante diplomático los siguientes
desacuerdos: “El enfoque de esta declaración
frente al consentimiento previo es distinto, y
podría equivaler a un posible veto en la
explotación de recursos naturales que se
encuentren en territorios indígenas, en ausencia
de un acuerdo, lo que podría frenar procesos que
son de interés general.” Igualmente frente a la
consulta para el desarrollo de operaciones
militares, la Misión de Colombia ante las Naciones
Unidas, consideró: “El artículo 30 de la
Declaración contempla que se deben realizar
consultas eficaces con las comunidades indígenas
antes de utilizar sus tierras o territorios para
actividades militares. Conforme al mandato
contenido en nuestra Constitución, la Fuerza
Pública está en la obligación de hacer presencia
en cualquier lugar del territorio nacional para
brindar y garantizar a todos los habitantes la
protección y respeto a su vida, honra y bienes
tanto individuales como colectivos (…) Sin
embargo, la citada disposición de la Declaración
contraría el principio de necesidad y eficacia de
la Fuerza Pública, impidiendo el cumplimiento
de su misión institucional, lo que hace que resulte
inaceptable para Colombia. (Misión de Colombia
ante Naciones Unidas, agosto de 2007, pág 2-3).
Ejemplo
Durante rituales de Liberación de la Madre Tierra,
en las nueve zonas que conforman el Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC), el gobierno
nacional movilizó a las zonas el Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD), la Policía Nacional y
el Ejército Nacional, quienes con gases
lacrimógenos reprimieron las manifestaciones.
En medio de la agresión dos hombres de civil,
vestidos con pantalonetas y camisetas, empezaron
a disparar indiscriminadamente con armas cortas
hacia la multitud de indígenas que allí se
encontraban. Debido al exceso en el uso del a
fuerza de los funcionarios del Estado y los civiles
sin identificar resultaron heridos cuatro indígenas,
de los cuales uno falleció a los pocos días en las
instalaciones hospitalarias. Las acciones de
recuperación de tierra se derivan, entre otros, del
incumplimiento del gobierno nacional en materia
de tierras asignadas a estas comunidades como
indemnización colectiva por la masacre de El
Nilo en el 1991, perpetrada por las Fuerzas
Armadas del Estado colombiano. Por estos hechos
Colombia fue condenada por la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
A pesar de lo anterior, el gobierno colombiano
insiste en criminalizar estos actos. El 15 de marzo
de 2008, en el Consejo Comunitario realizado en
Popayán, el Presidente de la República afirmó
que se debían endurecer las penas para quienes
invadieran predios y que debería iniciarse un
sistema de recompensas para promover su
judicialización por concierto para delinquir.
Igualmente afirmó: “Vamos a ayudar señora
Fiscal de la siguiente manera... que el señor
Ministro del Interior y de Justicia indague con
el Fiscal y con el Congreso de la República la
posibilidad de modificar esa ley... que en un país
que debía ser un país ordenado debe haber toda
la severidad en esas leyes y, segundo, mientras
eso se da, las autoridades militares y de policía
quedan esta noche autorizadas para ofrecer
recompensas por estos casos y facilitar la
judicialización.
A esto el Ministro de Agricultura contestó: “Si
Señor... que es importante mantener dos
políticas... una es que, predio invadido jamás
será comprado o entregado a ellos y la otra es
que, paremos nosotros como gobierno cualquier
compra de tierra para comunidades indígenas
hasta que no cesen esos actos, Presidente... esa
es una forma también en que nosotros podemos
ayudar“. (Acin, marzo de 2008).
47 cumplimiento
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
Recomendación2
Evaluación de cumplimiento
Ejemplo
a) La Representante Especial exhorta al estamento
judicial a que participe en el establecimiento
de un entorno seguro en el que los defensores
de los derechos humanos puedan desempeñar
su labor y a que adopte una actitud crítica para
aliviar la presión que se ejerce sobre esos
defensores a resultas de una persecución y
criminalización injusta o maliciosa de su legítima
actividad mediante legislación en materia de
seguridad nacional o de orden público.
b) La interpretación sensible y consciente de los
derechos humanos y la aplicación de las leyes
y los principios constitucionales por parte de
los jueces pueden ser factores decisivos para la
protección de los defensores de los derechos
humanos frente al hostigamiento que adopta
la forma del uso y el abuso de los procedimientos
judiciales.
a) La Corte Constitucional colombiana, a través
del fallo de tutela T1191/04 creó
jurisprudencia sobre la rectificación de
funcionarios públicos y particularmente del
Presidente de la República respecto de las
declaraciones que estigmatizan a los
defensores, líderes y organizaciones de
derechos humanos. Si bien la tutela reconoce
que, “tratándose de sujetos de especial
protección constitucional tales como los
defensores de derechos humanos, los
reinsertados, los desplazados por la violencia
o los miembros de comunidades de paz” no
deben hacerse este tipo de declaraciones; sin
embargo, la misma no incluye ninguna
sanción disciplinaria para los funcionarios,
permitiendo que permanezcan en la
impunidad las acciones de estigmatización
en contra de los defensores de derechos
humanos y sus organizaciones.
b) El patrón de victimización de los defensores
de derechos humanos y líderes sociales se ha
modificado, una de las principales formas
ataque lo constituye la judicialización y el
montaje judicial.
a) Durante un evento de evaluación de la
implementación de la Ley 975/2005 en
Madrid, España, Gustavo Gallón, Director de
la Comisión Colombiana de Juristas “efectúo
serias reparaciones a la aplicación de la ley de
Justicia y Paz. Dijo que más de 3 mil personas
han sido asesinadas en desarrollo de este
proceso, señaló que no existía y enfatizó en
48reVelando
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
Recomendación3
Evaluación de cumplimiento
La Representante Especial recuerda su conclusión
de que muchos Estados han venido restringiendo
el acceso de los defensores de los derechos
humanos a la información y a los lugares donde
supuestamente se cometieron violaciones. Esas
restricciones limitan la capacidad de los
defensores de los derechos humanos para vigilar
y denunciar las violaciones y afectan a la
transparencia y apertura con que pueden llevar
a cabo unas actividades que son completamente
legítimas. Esas circunstancias incrementan los
riesgos para los defensores de los derechos
humanos y pueden socavar la credibilidad de su
labor. Así pues, recomienda que los gobiernos
velen por que en las leyes y las políticas se refleje
el derecho de los defensores de los derechos
humanos a acceder a esa información y a esos
lugares y por que se dé a las autoridades
competentes la formación necesaria para que ese
derecho se respete plenamente.
En relación con esta recomendación el
PNGPDDH ha valorado que ante denuncias de
organizaciones sociales por violaciones de
derechos humanos y Derecho Internacional
Humanitario, o connivencia entre fuerzas
militares y paramilitares, la acción de las
autoridades tanto militares como civiles ha sido
inadecuada, desconociendo el trabajo de la
organización, deslegitimando su labor y
desprotegiéndolos frente a los actores armados
que una vez denunciados, puedan buscar
retaliación.
49
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
la ineficacia en la reparación y entrega de
bienes a las víctimas. El Ministro del Interior
y de Justicia, Carlos Holguín Sardi salió en
defensa del proceso y negó ataques del
gobierno a estas organizaciones y acusó a las
organizaciones no gubernamentales de pasar
como civiles a guerrilleros muertos en
combates”. Caracol, noviembre de 2007.
b) El 26 de diciembre de 2007, a la 1:45 p.m. en
la localidad de Bosa, en Bogotá D.C. fue
detenido por miembros de la SIJIN
acompañados por una patrulla Policía
Nacional, el señor Héctor Hugo Torres,
acusado de rebelión y concierto para delinquir.
Al día siguiente una jueza de garantías estimó
que no había fundamentos para tal detención
y expidió boleta de libertad y cancelación de
orden de captura. Este defensor de derechos
humanos ha sido clave en el establecimiento
de responsabilidades de militares en
ejecuciones extrajudiciales en el Bajo Ariari,
departamento del Meta.
cumplimiento
Ejemplo
Recomendación4
En el ámbito de la Ley 975/2005, organizaciones
señalan dificultades en “el acceso y la
participación de las mujeres a los procesos legales
para obtener verdad, justicia y reparación, así
como la incorporación de preguntas a las
versiones libres sobre la comisión de delitos
contra las mujeres y el uso de la violencia sexual
como una estrategia y una práctica cotidiana por
parte de los versionados. Otro de los aspectos
problemáticos son las dificultades que enfrentan
las mujeres que deciden denunciar y que pasan
por situaciones como la representación judicial
profesional, el traslado a los lugares de las
audiencias, la garantía del derecho a preguntar
y obtener la verdad en las respuestas.
Además, en el país existen serias dificultades
para hacer visibles las violencias sexuales
perpetradas por los paramilitares contra las
mujeres y las niñas, como el no contar con
sistemas de información con criterios homogéneos
que permitan construir cuadros históricos,
analizar los factores socioculturales que se
encuentran vinculados a las violencias contra
ellas y establecer políticas públicas más adecuadas
a nivel local, regional y nacional que les posibilite
el acceso a la justicia, el conocimiento de los
hechos y la reparación”. (VII Informe, Mesa de Mujer
y Conflicto Armado, diciembre de 2007, pág. 20).
a) La Representante Especial ha observado que
la situación de los defensores de los derechos
humanos viene determinada en gran medida
por el nivel de observancia de los derechos
humanos en los planos local y provincial. Así
pues, ha hecho hincapié en que cada nivel del
gobierno debe compartir el compromiso
común de respetar los derechos humanos y
el principio de legalidad.
b) Los gobiernos deben demostrar ese
compromiso común mediante la aplicación
uniforme de iniciativas para facilitar la labor
de los defensores de los derechos humanos y
para brindarles protección.
50reVelando
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
Evaluación de cumplimiento
a) La constante violación de derechos humanos
por parte de la fuerza pública, evidencia la
imposibilidad de que sea el Estado mismo,
quien garantice el principio de legalidad. El
informe de derechos humanos para Colombia
del Departamento de Estado de los Estados
Unidos expone que: “las fuerzas de seguridad
fueron presuntamente responsables de
ejecuciones extrajudiciales, el CINEP reportó
que se presentaron 128 ejecuciones sumarias
Ejemplo
durante el primer semestre de 2007,
comparado con 92 en el mismo período
durante 2006. De acuerdo con la oficina del
Fiscal General de la Nación, hay activas 170
investigaciones de ejecuciones extrajudiciales
ocurridas entre enero de 2001 y agosto 31 de
2007. Seis de esas investigaciones concluyeron
durante el año, resultando en 9 condenas
(ocho militares y un oficial de la Policía).
(Departamento de Estado de los Estados
Unidos, marzo de 2008, pág. 9).
b) Si bien el programa de protección del
Ministerio del Interior y Justicia dispone de
un presupuesto para la atención de casos que requieren medidas materiales de protección, la ausencia de medidas políticas que contribuyan a eliminar las causas de riesgo, hace que estos recursos cada vez deban ser mayores para atender el número de personas e instituciones en situación de riesgo, en este sentido, la depuración de los archivos de inteligencia, la ausencia de resultados en investigaciones sobre ataques a defensores, líderes y organizaciones de derechos humanos, así como las reiteradas declaraciones en contra de estos mismos grupos, tornan ineficaces las medidas materiales de protección, ofrecidas por el Estado.
51
a) El 21 de marzo de 2007 a las 4:00 p.m., en el
casco urbano de Puerto Asís en el sitio
denominado Pegasus, fue asesinada la señora
Lorena Escobar, residente en la vereda de
Teteyé, de 25 años de edad, madre soltera de
una niña de 9 años y de un menor de 4 años
de edad. La señora Escobar era Presidenta de
la Asociación de Padres de Familias y
Presidenta en la Junta Directiva del
Restaurante Escolar de la sede Educativa del
Teteyé. (Asamblea Permanente de los Pueblos
Indígenas, Afros y Mestizos, 2007:4).
b) Organizaciones de víctimas y de derechos
humanos convocaron para el 6 de marzo de
2008, una marcha para rechazar todas las
formas de violencia, repudiando el asesinato,
la desaparición forzada y desplazamiento,
así como otros crímenes perpetrados
fundamentalmente por paramilitares y agentes del Estado. Frente a esta convocatoria, en declaraciones a BBC Mundo, el consejero presidencial José Obdulio Gaviria, aseguró que “la marcha de hoy (6 de marzo de 2008), es apoyada por las FARC y por eso no es respaldada por el gobierno, como sí lo fue la que hubo el 4 de febrero pasado contra la guerrilla y la cual convocó a millones de personas. Gaviria dijo que en uno de los computadores hallados en el campamento donde fue abatido hace una semana en Ecuador el jefe guerrillero Raúl Reyes se encontró una convocatoria a la marcha”(Salazar, 2008: 3).
Sin embargo, el Alto Consejero Presidencial se abstuvo de desvirtuar la marcha del 4 de febrero de 2008, aunque ésta también fuese convocada, entre otros por Salvatore Mancuso, reconocido jefe paramilitar recluido en la cárcel de Itagüí.
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
cumplimiento
Recomendación5
Evaluación de cumplimiento
Ejemplo
52reVelando
a) Al tiempo que suscribe plenamente el principio
de la responsabilidad de los Estados de
garantizar el disfrute de los derechos
humanos, la Representante Especial sigue
preocupada por el hecho de que las entidades
no estatales amenacen a los defensores de los
derechos humanos. Afirma que la obligación
de respetar los derechos contenidos en la
Declaración es de carácter universal.
b) Insta a que su recomendación de elaborar
marcos jurídicos y normativos de
responsabilización de las entidades no
estatales y la creación de mecanismos
apropiados a ese respecto, formen parte
esencial del programa del ACNUDH, en el
contexto de su mandato de protección.
a) La base de datos del PNGPDDH registró que
el 69% de las violaciones de derechos humanos
contra defensores y líderes sociales
corresponde a amenazas provenientes de los
diferentes grupos armados ilegales,
delincuencia común y presuntamente por
agentes del Estado y organismos de
inteligencia.
b) A pesar de los grandes aportes de la ACNUDH
en cooperación técnica con el Estado colombiano
para que implemente rápida y adecuadamente
las recomendaciones elaboradas por su oficina,
los resultados que presenta la Fiscalía General
de la Nación como entidad encargada de
adelantar las investigaciones en esta materia,
son escasos o nulos.
a) El líder sindical Carlos Burbano, miembro de ANTHOC y promotor de la marcha del 6 de marzo de 2008 en San Vicente del Cagüán, fue desaparecido y asesinado en los días cercanos a la marcha, posteriormente su cuerpo fue encontrado en las afueras de la ciudad con signos visibles de tortura.
b) Las investigaciones correspondientes a hurtos de información contra organizaciones defensoras de derechos humanos y
organizaciones sociales en Bogotá, como
Corporación Jurídica Yira Castro, Coordinación
Nacional de Desplazados, Asamblea de la
Sociedad civil por la Paz, Justapaz, Reiniciar,
no han sido trasladadas a la unidad de derechos
humanos de la Fiscalía General de la Nación
y son registradas como hurtos simples,
invisibilizando, así el carácter intimidatorio de
esta acción contra la labor que adelantan las
organizaciones afectadas.
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
Recomendación6
Evaluación de cumplimiento
Ejemplo
Recomendación7
Debe reconocerse la contribución de los defensores
de los derechos humanos al establecimiento y la
restauración de la paz y la seguridad asignándoles
una función en las negociaciones y los acuerdos
de paz. La adopción de esa idea en los esfuerzos
por lograr la reconciliación nacional, en la
diplomacia internacional y en las iniciativas multilaterales de paz fortalecería la correlación entre la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos que el Secretario General expuso en su informe titulado "Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos".
Como se ha señalado anteriormente, funcionarios
del gobierno colombiano desde 2003 han
deslegitimado pública y sistemáticamente la labor
de defensa de los derechos humanos; han
sindicado de auxiliares de la guerrilla a
importantes y numerosas organizaciones con
propuestas para una solución política y negociada
del conflicto. El gobierno colombiano en particular
ha insistido en una salida militar impidiendo la creación de un espacio propicio para discusiones y mecanismos de negociación de acuerdos de paz con las FARC. En el caso del ELN los miembros de la Comisión garante son miembros Ad-Hoc quienes en ningún caso son reconocidos como un aporte de un sector interesado y comprometido con la paz, sino como la participación individual en el tema.
53
En PNGPDDH tiene conocimiento de varios
casos de amenazas contra defensores de derechos
humanos, líderes sociales y particularmente
líderes estudiantiles, quienes por participar como
observadores de las negociaciones con el ELN
en Cuba, han sido obligados a exiliarse debido
a los constantes hostigamientos y amenazas en
contra de la labor realizada.
Para adoptar medidas oportunas y evitar que se perjudique a los defensores de los derechos humanos en peligro, los Estados deben establecer una metodología para la pronta investigación de
las reclamaciones y las denuncias que les transmitan la Representante Especial y otros mecanismos de los procedimientos especiales de la Comisión.
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
cumplimiento
Ejemplo
Evaluación de cumplimiento
Recomendación8
54reVelando
El factor de condicionalidad del Tratado de Libre
Comercio (TLC) Estados Unidos – Colombia, tiene
un fuerte asiento en la ausencia de avances en
investigaciones de homicidios políticos de
sindicalistas en la última década. Las centrales
sindicales y las organizaciones acompañantes
presentaron en su último informe ante la misión de
Alto Nivel de la OIT en el país, la siguiente
información: entre 1986 y 2007 fueron asesinados
2534 hombres y mujeres sindicalistas, adicionalmente
en este mismo periodo se presentaron 185
desapariciones y 211 atentados. Durante los dos
períodos presidenciales de Álvaro Uribe han sido
torturados 16 sindicalistas y se han producido 18
allanamientos ilegales, entre otros hechos
preocupantes que aún no han sido esclarecidos.
(CUT, CGT, CTC, CPC, 2007:19).
El Presidente Álvaro Uribe Vélez, por una parte
niega que las cifras de homicidios contra
sindicalistas presentados por la centrales obreras
sean verídicas y, por otra parte, señala que es
dudoso que el homicidio se haya perpetrado en
razón de la actividad sindical, dando lugar a
especulaciones en vez de instar a las autoridades
a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para
evitar la impunidad en los crímenes contra
sindicalistas.
En una rueda de prensa que concedió el Presidente Uribe el 19 de abril de 2007, afirmó que, “antes de mi Gobierno, en Colombia llegaron a asesinar 126 líderes sindicales, 168. El año pasado asesinaron en Colombia (e influyó mucho el enfrentamiento FARC – ELN), asesinaron 25. Este año va uno. Y todo indica que no es por razones de sindicalismo”. Las organizaciones sindicales y de derechos humanos afirmaron que para ese mismo período, la cifra era de 72 asesinados para 2006; y a la fecha de la rueda de prensa, es decir, 17 de abril de 2008, ya tenían un registro de 17 sindicalistas muertos.
En la reforma de la Comisión debería
contemplarse la utilización de procedimientos
en los que la situación de los defensores de los
derechos humanos sirva como un indicador
esencial para evaluar el cumplimiento de las
normas de derechos humanos y el respeto al principio de legalidad por los Estados. También debe utilizarse como indicador a ese respecto la falta de respuesta de los gobiernos a las preocupaciones expresadas por la Comisión o sus mecanismos especiales.
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
Evaluación de cumplimiento
Ejemplo
En el caso colombiano la situación de los defensores, defensoras y líderes sociales, se enmarca en una degradación del conflicto armado interno que se agravan con lo que la OACNUDH ha caracterizado como: “la persistencia de problemas estructurales tales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación, continúan afectando de manera negativa la situación de los derechos humanos. Particularmente para el tema defensores, defensoras y líderes sociales el informe señala que: “En 2007 se registraron casos de homicidio de defensores y defensoras de derechos humanos, en particular de líderes rurales y de base. En Antioquia, Caldas, Casanare, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo y Sucre se
conocieron casos cuya autoría fue atribuida a integrantes de la fuerza pública. Hubo casos atribuidos a integrantes de las FARC-EP en Antioquia, Arauca, Caldas y Putumayo y a nuevos grupos armados ilegales en Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Putumayo y Valle del Cauca. También se conocieron casos de amenazas contra defensores en Antioquia, Atlántico y Bogotá y de robo de información en sedes de ONG de derechos humanos en esta última ciudad. Algunos integrantes de organizaciones que asesoran a víctimas del paramilitarismo en los procesos de la Ley 975/2005 también fueron víctimas de amenazas y hostigamientos y de cuestionamientos públicos a su labor, incluso por autoridades estatales, particularmente en Bogotá y Medellín.” (ACNUDH, 2008:31)
El gobierno colombiano en su documento de Observaciones del Estado colombiano al informe de la ACNUDH, sobre Colombia 2007, señala su inconformidad con la situación de defensores y defensoras presentada por la oficina y matiza, el nivel de sistematicidad y gravedad que revisten las violaciones de derechos humanos que se han perpetrado contra los defensores y defensoras.
En este sentido afirma: “Constituye motivo de preocupación para el Estado colombiano la generalización de algunos hechos aislados que el Informe presenta para caracterizar la existencia de determinadas conductas en Colombia. Dentro de ellas se cuentan aseveraciones relacionadas con casos de tortura y uso excesivo de la fuerza, y referencias a la situación de defensores y
defensoras de derechos humanos. Al respecto no se desconoce que en Colombia se hayan presentado hechos de tratos crueles y uso excesivo de la fuerza por parte de algunos agentes estatales”. Igualmente respecto de la protección a los mismos desconoce la sistematicidad y recurrencia de las agresiones contra defensoras, defensores y líderes sociales, cuando señala: “El Estado ha adelantado esfuerzos sistemáticos para brindar plenas garantías a la labor que adelantan los defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos el fortalecimiento de sus programas de protección (…) De ahí, que el Gobierno considere que la caracterización de la situación de este sector debe hacerse teniendo en cuenta que aquellos casos que se presentan y puedan constituir motivos de preocupación, son excepcionales y aislados. (Cancillería de Colombia, 2008: 6).
55
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
cumplimiento
Ejemplo ilustrativo
Evaluación de cumplimiento
Recomendación9
56reVelando
Los Estados deben asegurar que quienes hayan
cometido violaciones de los derechos humanos,
especialmente contra los defensores de esos
derechos, sean sometidos a la justicia pronta y
eficazmente, mediante procesos disciplinarios,
civiles y penales, poniendo fin a la impunidad
de los ataques contra defensores de los derechos
humanos allí donde todavía prevalezca; y deben
examinar la posibilidad de aplicar sanciones legales
en los casos de procesamiento injustificado de los
defensores y cualesquiera otras medidas contra
quienes actúen en contradicción de sus principios.
En el caso colombiano, a la problemática
estructural de la impunidad, se unen dificultades
adicionales por el hecho de que las autoridades
competentes que deben conocer de los casos de
violaciones de derechos humanos, carecen de la
información adecuada y completa para el
desarrollo de las acciones de investigación.
Hasta el momento el avance en las investigaciones
por 421 homicidios de sindicalistas entre 2002 y
2007, tiene como resultado las siguientes cifras:
Investigación previa: 59, Instrucción: 13, Juicio:
29, Condena: 12, Sin información: 12, para un
total e 125 casos abiertos, lo que equivale al 29,7%
de los homicidios perpetrados contra sindicalistas
para ese periodo. (CUT, CGT, CTC, CPC, 2007:33).
En homicidios de sindicalistas de los 2534 casos
documentados por la Escuela Nacional Sindical,
la Fiscalía General de la Nación, solo conoce de
492; es decir, que no ha emprendido acciones
para dar con los responsables en el 69,5 de los
casos. (CUT, CGT, CTC, CPC, 2007: 30).
Cumplimiento de lasrecomendaciones internacionales
Regional Bogotá Sede educativa
Calle 9a. 21-20 Este – A.A. 26087
Tel. 3344827 - 2840081 Fax: [email protected]
Oficina de coordinación de proyectos: Carrera. 8a No. 15-49 – Of. 202 Tel. 334 80 11
Regional Meta Villavicencio, Vía Acacias Km. 11 - A.A. 3029 Tels. 098.6671049/50
Regional CórdobaMontería: Barrio Cantaclaro - Sector la Isla
TierraltaPuerto Libertador
Benposta Nación de Muchach@s es una ONGD española de origen, fundada en Colombia en
abril de 1974, con la misión institucional de desarrollar acciones y programas que les permita a
los niños, niñas y jóvenes que sufren las consecuencias de la exclusión y marginalidad social,
la plena restitución y vigencia de sus derechos fundamentales.
Benposta se presenta como una alternativa de construcción de vida para los niños, niñas y
jóvenes que, por las condiciones de exclusión social a que son sometidos, viven situaciones de
riesgo que afectan el desarrollo de sus potencialidades. En la coyuntura actual del país es
prioritaria la atención-protección integral de niños, niñas y jóvenes que viven situación de alto
riesgo a causa del conflicto armado.
La participación directa y activa de los niños, niñas y jóvenes en el diseño y gestión de cada una
de las actividades que conforman la "Comunidad Educativa", es uno de los principios fundamentales
de la práctica pedagógica, fundamentando el diálogo y la tolerancia como elemento fundamental
en su proceso de crecimiento social y personal.
Las políticas del control social y las estrategias de resistencia: El Caso de la Federación Agromineradel Sur de Bolívar
Carlos Duarte*
58reVelando
Experiencias de protección
El presente texto muestra el marco en el
cual se desarrolla la situación actual de
derechos humanos en el Sur de Bolívar.
Para desarrollar dicho objetivo se
utilizará como eje narrativo la VI
Asamblea General de la Federación
Agrominera del Sur de Bolívar (FEDE
AGROMISBOL), realizada durante 28, 29
y 30 de marzo del 2008. Dicha labor
consistió en cubrir periodísticamente la
Asamblea, recoger información de primera
mano sobre la situación de derechos
humanos, estableciendo contactos con
las diferentes organizaciones que
trabajan en el área, con el ánimo
de trazar una estrategia
coordinada de protección
en derechos humanos para
*Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, área de Comunicaciones del Programa Somos Defensores.
59 protección
las organizaciones sociales que allí trabajan; de
igual manera, se hizo necesario acompañar a
los dirigentes de la Federación Agrominera en
el trayecto de entrada a la región, quienes en
vista de la continua persecución a su labor, se
han visto en la necesidad de cambiar de
vivienda recientemente.
Conviene aclarar que la metodología de
investigación y presentación de los datos
recogidos en el terreno privilegia la utilización
del Diario de Campo, mezclando en un solo
relato los procesos de investigación anteriores
y posteriores. Por último, vale la pena aclarar
que el texto se concentra además, del marco
actual de la problemática de derechos humanos,
en un análisis de las tecnologías que utilizan
los actores que amenazan el trabajo de las
organizaciones sociales, como en las acciones
y estrategias que las organizaciones sociales
desarrollan para cumplir con sus objetivos de
defensa de los derechos humanos.
del Sur de Bolívar (Asoagromisbol), con el
objetivo principal de encontrar colectivamente
soluciones a la problemática que afectaba a los
mineros, los productores de café y los agricultores
en general, ante la ausencia crónica de
posibilidades para la producción y mercadeo
de sus productos.
Los miembros de la Federación nos habían citado
a las 7 a.m., en el puerto de Barrancabermeja
para dirigirnos hacia Puerto Rico (cabecera
municipal de Tiquisio, Bolívar), lugar donde se
desarrollaría la Asamblea. Sin embargo, a última
hora se tomo la determinación de tomar un
transporte terrestre hasta Aguachica. Este cambio
de planes corresponde con toda una serie de
estrategias que las personas que trabajan en la
defensa de derechos humanos en esta región
deben desarrollar para no ser una presa fácil de
los actores armados que ven en ellos un
impedimento para sus planes económicos o que
plantean un desafío a su control social.
El Sur de Bolívar es una subregión inscrita en
el corazón del Magdalena Medio, una frontera
interior alimentada por la expulsión sostenida
de poblaciones campesinas provenientes de
Santander, Tolima, Boyacá Antioquia y la Costa
Atlántica; por el tráfico y las bonanzas ilícitas
que se pierden en la memoria. Es la expansión
difusa y caótica del Caribe en el continente.
Durante mucho tiempo tierra de nadie,
territorio de refugiados y de filibusteros de
agua dulce. El anterior proceso histórico ha
configurado una particular dinámica social
bajo la cual, las diversidades poblacionales se
han amalgamado en un crisol cultural difícil
de encasillar: ni costeños, ni cachacos, ni paisas;
Diario de Campo - 27 de marzo de 2008
Es jueves, amanece en medio del calor húmedo
de Barrancabermeja, me preparo para
encontrarme con el resto de la comisión de
acompañamiento a la VI Asamblea de la
Federación Agrominera del Sur de Bolívar
(Fedeagromisbol).
La Federación es una organización gremial, que
agrupa a los mineros y productores agrícolas
de la mayoría de municipios del Sur de Bolívar.
Nació en 1985, como Asociación Agrominera
60reVelando
simplemente “anfibios”, “hombres icotea” o
“sentipensantes”, como los llamara el maestro
Fals Borda.
Esta región fue moldeada productivamente a
través de las dinámicas propias de los “frentes
de colonización”: i) la necesidad de abrir trocha
en la selva, practicando la agricultura de tumba,
roza y quema con el fin de sembrar cultivos
alimenticios de supervivencia; ii) la práctica de
la pesca y la caza de autoconsumo; iii) en
combinación con la extracción artesanal de las
bonanzas productivas legales como la minería
o, ilegales como el cultivo de coca.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de
los 80 esta subregión comienza a llamar la
atención estatal por tres razones fundamentales:
i) por su fortalecimiento organizativo expresado
en las movilizaciones campesinas a todo lo largo
de los 90; ii) por su ubicación geoestratégica:
cerca al complejo petrolero más importante del
país y, además, como corredor oriente-occidente
de vital importancia en la geografía logística
de la guerra; iii) por su potencial agrominero,
en los últimos años.
La combinación de las anteriores características
ha significado el desplazamiento de importantes
segmentos de la población; la instauración del
monocultivo y la economía extractiva a gran
escala; la pérdida de la soberanía alimentaria; el
acceso diferencial a los beneficios que este modelo
conlleva. Y, en general, la reducción progresiva
de los márgenes de reproducción productiva de
los sectores rurales, en contraposición con la
activación y el crecimiento de las áreas urbanas,
donde se acumulan los beneficios marginales
que este modelo produce en los comerciantes e
intermediarios locales, y, donde también se
aglutinan los campesinos desplazados con el fin
de servir como mano de obra a bajo costo. En
otras palabras, se ha intentado por todos los
medios integrar dichos territorios bajo una
“economía de enclave”.
Otra característica importante ha sido la
presencia permanente de la casi
totalidad de
61 protección
actores del conflicto armado colombiano.
Entonces, si en el contexto de la primera
configuración territorial como “frente de
colonización” los actores preponderantes fueron
las guerrillas liberales en primera instancia,
para luego dar paso en la década del 70 a las
guerrillas marxistas del ELN y las FARC; bajo
la dinámica de apropiación estatal y
multinacional de los recursos naturales, la
presencia y hegemonía armada a lo largo de
la década del 90 se desplazaría hacia las
estructuras paramilitares. En la actualidad, es
el Ejercito Nacional el actor dominante, el cual
desarrolla diversas estrategias de control socio-
militar, destinadas a asegurar la implantación
definitiva del modelo de la economía de
enclave.
Una vez en Aguachica nuestra comisión de
acompañamiento compuesta hasta ese entonces
por los asesores jurídicos de Sembrar (una ONG
de derechos humanos que hace presencia en la
región desde hace varios años), representantes
de la Organización Femenina Popular (OFP) y
algunos miembros de la red de hermandad y
solidaridad con Colombia (REDHER), se nutrió
con la presencia de varios funcionarios del
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio (PDPMM). Vale la pena anotar que el
PDPMM es un proceso de trabajo con las
comunidades que se remonta a 1998 cuando la
Unión Sindical Obrera (Uso) y la Empresa
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), contrataron
a la Sociedad Económica de Amigos del País
(Seap) y al Centro de Investigación y Educación
Popular (Cinep), con el fin elaborar un plan de
desarrollo de los municipios influenciados por
la explotación de hidrocarburos buscando
mejorar los niveles de convivencia en la región
y para alcanzar la paz con justicia social.
Desde ese entonces el PDPMM, con el padre
Francisco de Roux a la cabeza y con el apoyo
de un influyente sector progresista de la iglesia
católica, se ha convertido en un importante eje
de articulación entre las diversas experiencias
organizativas que confluyen en la región, el
gobierno nacional y los fondos internacionales
para la cooperación y el desarrollo.
En los carros del PDPMM debidamente
marcados con los logos de la Unión Europea
(principal financiador de este Programa), más
algunos taxis para lograr movilizar la totalidad
de la comisión, partimos en caravana hacia “La
Gloria”, un pequeño caserío a las orillas del río
Magdalena donde dos veces al día un ferri pasa
los carros de un lado al otro. Es importante
resaltar que la caravana se ciñó a diversos
protocolos de seguridad, para mencionar
algunos habría que decir que: los carros que
abrían y cerraban la fila eran los carros del
PDPMM, se conservó una velocidad estándar
y existió una permanente comunicación vía
celular y avantel entre los diferentes vehículos.
Una vez del lado occidental del río, penetramos
en el departamento de Bolívar continuando con
la caravana, solo que conductores de confianza
de la Federación tomarían el relevo de los taxis
que habíamos tomado en Aguachica. De esta
manera, a través de una carretera sin pavimentar
donde los vehículos parecen flotar en medio de
las nubes de polvo que un verano prolongado
62reVelando
ha producido, nos adentramos en el espacio
de influencia organizativa de la Federación
Agrominera.
Luego de un buen trecho de camino arribamos
a Puerto Rico, municipio marcado por las
profundas huellas que la incursión paramilitar
dejaría en la memoria de sus habitantes. Cuando
pasábamos frente a una derruida estatua de
Bolívar, uno de los integrantes de la Federación
me contó que fue precisamente un 25 de abril
de 1997 en ese parque, en el que hoy jugaban
algunos niños, donde los paramilitares
decapitaron y jugaron fútbol con la cabeza del
líder minero Juan Camacho Herrera, presidente
del Comité de Mineros de Río Viejo, afiliado
a la en ese entonces Asociación Agrominera
del Sur de Bolívar (Asoagromisbol). Luego del
macabro juego y de haber asesinado 29
personas más, los paramilitares clavarían la
cabeza de este líder en un palo mirando hacia
la zona minera, diciéndole a los aterrorizados
habitantes que: “[…] ellos venían por las minas
y que se las iban a entregar a gente que haría una
mejor explotación de éstas y un uso más racional de
ese recurso”.
Nuestra caravana estaba lejos de pasar
desapercibida en un pequeño pueblo como en
el que nos encontrábamos; pero a pesar de eso,
los habitantes de Río Viejo se limitaban a mirar
los automóviles con algo de curiosidad pero
casi de inmediato bajaban la cabeza o miraban
hacia otro lado, como si alguna fuerza intangible
acechara cada uno de sus movimientos.
Almorzamos rápidamente en un restaurante
donde vivían unas señoras conocidas de Teófilo
Acuña (presidente de Fedeagrobismol), quienes
lo saludaron entre sorprendidas y temerosas
de su presencia. Luego llegó un viejo minero
que pasó en medio de una rápida escaramuza
solamente para saludar la comitiva de la
Federación. En este
contexto, Teófilo no
necesitaba dar un paso más
para saber que todo seguía
igual a cuando se vio en la
obligación de dejar su
tierra; el nerviosismo
pegajoso y la alegría de
volver lo sumergieron en
una especie de excitación
intranquila, producto de la
alegría de volver a recorrer
esta tierra verde cobriza y de preocupación por
su seguridad y por la de las personas que allí
quedaban como responsables del trabajo de la
Federación.
Partimos en dirección de Puerto Rico una vez
que los miembros de la Federación corroboraron
que la carretera se encontraba libre de peligro;
para tal efecto, se le preguntó a algunos
moto-taxistas, quienes configuran una red de
comunicación permanente sobre estos territorios.
63 protección
caso fue que los zancudos se ensañaron
repetidamente, incluso traspasando cobija, ropa
y cualquier impedimento que los separará de
su cometido.
Luego de un amanecer somnoliento, me dirigí
junto al resto de mineros al Centro de Bienestar
Familiar, lugar en el que la Asamblea tendría
lugar. Esta comenzaría con saludos de las
diferentes delegaciones mineras y demás
procesos agrarios y políticos que componen
Fedeagromisbol. Así, a través de las palabras
de viejos campesinos, curtidos mineros y recias
mujeres se transmitiría el espíritu de este
proceso organizativo. Mostrando por qué la
Federación ha sido protagonista de un sin
número de movilizaciones en búsqueda del
respeto al territorio, la vida y los derechos
fundamentales, entre las cuales se destacan la
marcha a Cartagena en 1997; las marchas
campesinas de 1996 y el éxodo campesino de
1998 donde se movilizaron un promedio de
14.000 campesinos del Sur de Bolívar y el
Magdalena Medio; es importante notar que
cada una de estas movilizaciones han dado
como resultado la firma de acuerdos con el
gobierno nacional, los cuales han sido
incumplidos de manera sistemática. Además,
la Federación ha liderado la construcción del
proceso de las “comunidades en resistencia por la
vida”; convirtiéndose en un referente de
interlocución de los pequeños productores
agrícolas y mineros del Sur de Bolívar frente
al Estado y la comunidad internacional.
De igual manera, algunos saludos cargados de
sentimiento se encargaron de mantener
presente la memoria de aquellos que ya no
Diario de Campo - 28 de marzo de 2008
Tuve la pésima idea de dormir afuera del salón
del polideportivo, en la orilla de un patio
interior, buscaba algo de brisa en medio del
calor selvático que se incrementaba con el calor
humano de casi un centenar de personas. Debí
haber sospechado de mi decisión, en la medida
que nadie más había tenido la misma idea; el
Había cierta inquietud porque además de que
el Ejército hace una presencia permanente, a
lo largo de la semana había habido algunos
retenes de las FARC sobre la carretera que
separa Río Viejo de Puerto Rico. En esta medida,
la posibilidad de un encuentro con múltiples
actores armados en un mismo escenario era
una aventura bastante incierta, tanto para los
miembros de la Federación como para la
delegación acompañante.
Llegamos al anochecer, junto a las diferentes
delegaciones de mineros que pertenecen a la
Federación, habían sido dos días enteros de
viaje desde Bogotá. Las caras de los mineros
reflejaban las distancias recorridas para llegar
al punto de encuentro. A pesar de encontrarse
en un mismo territorio la lejanía se incrementa
debido a la ausencia de caminos, por tal razón
varios de los mineros que llegaban con nosotros
viajaron entre 10 y 12 horas para llegar a Puerto
Rico. Reunidos luego de la cena, se anunciaron
las reglas de seguridad durante la permanencia
en el polideportivo en el que nos alojamos, casi
al mismo tiempo que el cansancio y el sueño
nos tomaban por asalto.
están. Y es que la historia de la Federación
Agrominera lleva consigo una alta cuota de
persecución por parte de los actores armados
que impulsan un modelo de producción
volcado a las necesidades del capital nacional
e internacional. Además del ya mencionado
asesinato de Juan Camacho que significó la
entrada de los ejércitos paramilitares en el Sur
de Bolívar y el mensaje de que su interés estaba
puesto en las minas de oro. El 20 de junio de
1997 es asesinado en Aguachica, Cesar, el
Vicepresidente de Asoagromisbol Orlando
Camaño, cuando hacía gestiones para la
legalización de minas de pequeños mineros de
la región; el 28 de noviembre de 1999 grupos
paramilitares desaparecen a Édgar Quiroga y
Gildardo Fuentes, voceros de la Mesa Regional
de Interlocución Campesina frente al gobierno
nacional; el 17 de septiembre de 2006 fue
ejecutado extrajudicialmente Alejandro Uribe
Chacón, líder social de la comunidad de Mina
Gallo, por soldados del Batallón Nueva
Granada de la Quinta Brigada
del Ejército Nacional, quienes lo
presentaron como “guerrillero dado
de baja en combate”.
El diario El Espectador revelaría
apartes de los informes de
inteligencia del Ejército, según los cuales:
“Alejandro Uribe figura en efecto como activo
miembro de esta organización (el ELN)”. En este
mismo informe se asegura que: “Para el mes de
marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias ‘Andrés’) se
dirigió a los asistentes en una reunión para impedir
la entrada de las multinacionales mineras Anglo
Gold Ashanti y Kedahda”. El 2 de julio de 2007,
Amnistía Internacional haría público su informe
“Colombia: La realidad del sindicalismo. Datos
y cifras”, en el cual expresaría su preocupación
sobre la situación ocurrida con la Federación
Agrominera del Sur de Bolívar, resaltando
especialmente la ejecución extrajudicial del
mencionado dirigente minero. La muerte de
Alejandro Uribe ocasionó una masiva
movilización de los habitantes del Sur de Bolívar
a Santa Rosa del Sur, uno de los principales
municipios de la región minera, exigiendo
respeto para las comunidades y el
reconocimiento del carácter de líder de
Alejandro Uribe. Como producto de esta
64reVelando
movilización el Gobierno Nacional, se
comprometió a respetar el derecho de
asociación de los habitantes del Sur de Bolívar.
A lo largo de los últimos tres años, las
comunidades del Sur de Bolívar, con
Fedeagromisbol a la cabeza, lideran una férrea
lucha frente a la posibilidad de ser despojados
de las zonas de explotación aurífera, dicha
posibilidad se encarna en el monopolio que
pretende ejercer la multinacional Anglo Gold
Ashanti. Vale la pena hacer un poco de memoria
y recordar que ya en 1996 se registró el primer
asalto entre los mineros y las empresas
transnacionales -en este caso frente a la Corona
Goldfields S.A subsidiaria de Conquistador Mines
Ltd- dicho pleito pareció, en un principio,
resolverse a favor de los mineros, en la medida
que logró detenerse la aprobación de un nuevo
Código de Minas que contenía varios artículos
que abiertamente favorecían a la multinacional.
Sin embargo, el costo de dicha batalla fue alto
para los mineros. Significó una ofensiva
paramilitar sin precedentes en la región. El
conflicto entonces se dirimió, en última
instancia, más allá del la ley y la razón, bajo el
imperio de la sangre y el fuego.
De acuerdo con el Tribunal Permanente de los
Pueblos, sesión sobre empresas transnacionales
(2006): “En el Sur de Bolívar durante el período
comprendido entre 1988 y 2006, según los casos
conocidos y denunciados, 330 personas han
sido objeto de ejecución extrajudicial, mientras
que 88 más han sido objeto de torturas y 80 han
sido detenidas desaparecidas”. De todas
maneras, luego de la persecución y
debilitamiento de los procesos organizativos
locales, en 2001 sería aprobado el paquete
principal del proyecto de Código de Minas
presentado en 1998. La ley de minas en su texto
impide que sean solicitadas más de 10.000
hectáreas por una sola empresa, persona natural
o jurídica, pero la ley tiene un “mico” (vacío
jurídico de libre interpretación) que permite
hacer multitud de solicitudes al mismo tiempo,
lo que le abre la posibilidad a las multinacionales
de quedarse con una extensión ilimitada para
la prospección y explotación del recurso.
Según las investigaciones adelantadas por la
misma Federación, en Colombia esta
multinacional y su filial Kedahda S.A., tienen sus
intereses puestos en 520.000 hectáreas solamente
en el Sur de Bolívar. Este tormentoso conflicto
de intereses entre campesinos, multinacionales
y Estado, no es solamente cuestión que
concierna al Sur de Bolívar, los intereses abarcan
un amplio espacio de territorio colombiano:
“Las empresas transnacionales Anglo Gold
Ashanti –la segunda empresa minera más
importante a nivel mundial– y su filial en
Colombia, Kedahda S.A, han presentado
solicitudes de contratos de concesión en 21
departamentos, para un total de 2114
solicitudes, siendo los departamento con mayor
nivel de solicitudes en su orden: Antioquia,
Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó y Huila. Estas
solicitudes en tan sólo los departamentos de
Antioquia y Bolívar, superan los 2’300.000
hectáreas, cifra que en el país puede superar
los cuatro millones de hectáreas, si se tiene en
cuenta que estos dos departamentos
representan tan solo el 32% de las solicitudes
existentes” (Encuentro Regional Minero,
Buenos Aires (Cauca), 2007).
65 protección
66reVelando
En este contexto y multitud de intereses no ha
sido raro el enfrentamiento continuo entre dos
visiones del progreso y el desarrollo; de un
lado, la visión que ofrece el Estado y las
multinacionales, en concordancia con el
desarrollo neoliberal y la expansión del
capitalismo globalizado. Desde este punto de
vista, los campesinos no han sabido aprovechar
las ventajas comparativas que ofrece su
territorio. Luego, el atraso de la región se
superaría en la medida que estos territorios se
inserten plenamente en un modelo productivo
volcado al exterior, fundamentalmente a través
de los monocultivos de exportación (aceite de
palma africana) y la explotación intensiva del
potencial minero (el oro).
De otro lado, la visión de las expresiones
organizativas campesinas se resume en una
pregunta bastante sencilla: ¿Desarrollo para quién?
En este sentido la Mesa Regional compuesta por
campesinos y mineros de estos territorios propuso
en 1998: “[…]construir un modelo de Desarrollo
Regional que busque defender la vida y establecer
condiciones dignas para la misma; consideramos
que un modelo de desarrollo no se mide
únicamente por el crecimiento económico, ni por
la inserción de la región en mercados regionales,
nacionales e internacionales, sino por el nivel de
disfrute de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de los habitantes
de la región”.
Este es el trasfondo regional de las discusiones
y es en dicho contexto donde debe ser ubicado
el enfrentamiento sostenido entre los mineros
artesanales organizados en la Federación de
Mineros del Sur de Bolívar, el Ejército colombiano
y las multinacionales mineras. La magnitud de
intereses en juego nos permite comprender mejor
la importancia de la lucha liderada por la
Federación de Mineros del Sur de Bolívar, así
como el alto costo que dicho proceso organizativo
ha debido pagar. En este sentido los mineros
han sufrido todo un prontuario de agresiones,
asesinatos y desapariciones, que registran entre
el 2006 y el 2007, de acuerdo con reportes de la
Corporación Sembrar:
“[…] más de 40 nuevas agresiones, individuales
y colectivas se han ejecutado por parte de personal
del Ejército Nacional en contra de habitantes y
líderes sociales del Sur de Bolívar, de ellas, 23
corresponden a detenciones arbitrarias, situación
que ha generado para sus habitantes profundos
niveles de inseguridad, dado lo arbitrario de
estos procedimientos. A ello, se suman las
amenazas, hurtos, estigmatizaciones, agresiones
físicas, registros ilegales de las residencias y
citaciones de varios habitantes a la base militar
ubicada en la vereda San Luquitas del
corregimiento de San Pedro Frío”.
De acuerdo con la Sentencia Tribunal
Internacional de Opinión, Caso Sur de Bolívar
(París 2003), la mayoría de crímenes y ataques
mencionados han sido atribuidos a las fuerzas
paramilitares, las cuales según varias denuncias
han actuado históricamente en complicidad, o
bajo la actitud negligente de las fuerzas
militares. Sin embargo, al mismo tiempo que
se adelanta el proceso de negociación con los
paramilitares y que se consolida en la región
la estrategia de “Seguridad Democrática”, es
posible advertir cómo las acciones directas de
agresión hacia la población civil de parte de
los paramilitares se limitan al control territorial,
mientras que la agresión ha sido asumida por
las mismas fuerzas armadas. En la actualidad,
los mineros acusan al Ejército colombiano de
“[…] practicar detenciones arbitrarias,
patrullajes con desmovilizados quienes con el
rostro cubierto señalan a los mineros de
guerrilleros”. (V Asamblea Fedeagrobismol –
Mina Mocha, mayo de 2007).
No había comenzado la mañana, cuando en
medio del obligado café con panela llegó un
contingente de la Policía, comandado por un
teniente. Este último manifestó su intención de
identificar visualmente a los directivos de la
Federación, así como de entrar en el recinto y
participar activamente en la realización de la
Asamblea. Esta solicitud que en otras zonas
del país sería una petición normal de parte de
la Fuerza Pública, en el contexto del Sur de
Bolívar está cargada de una buena dosis de
ironía. Sobre todo, si se tiene en cuenta que
además de los asesinatos, detenciones
y atropellos extrajudiciales
mencionados anteriormente,
en el que el papel del
Ejército y la Policía como
garantes del bienestar y
el orden público quedan seriamente
cuestionados, habría que sumarle el último
incidente de persecución hacia el actual
presidente de la Federación Teófilo Acuña.
Ya había pasado un año desde el 26 de abril
del 2007, cuando en la oficina de la Federación
ubicada en el casco urbano de Santa Rosa,
Teófilo fuera detenido por miembros del
batallón antiaéreo Nueva Granada de la V
Brigada, justo cuando se disponía a liderar La
Mesa de Interlocución de las comunidades del
Sur de Bolívar (la cual sesiona desde 1995) con
el gobierno nacional frente al tema minero. La
orden de detención emanada por un fiscal de
Cartagena aludía a Teófilo Acuña como alias
“Teó”, de profesión “sindicalista minero”, quien
era acusado por un reinsertado del ELN de
pertenecer a dicha guerrilla. De nuevo, como
en el caso de Alejandro Uribe, el 5 de enero de
2008, el diario El Espectador revelaría que según
reportes de inteligencia militar, alias 'Téofilo',
en una reunión en la vereda de Buena Seña,
"le manifestó a la comunidad que no se podía
permitir la entrada de la multinacional Kedahda".
Es notable la reacción que frente a esta situación
tuvo la Federación, inmediatamente después
de la detención, el comité directivo de la
Federación se comunicó con una densa red de
67 protección
68reVelando
contactos que ha venido construyendo durante
años de trabajo. Fue así como a pocos minutos
de la detención las diferentes organizaciones
sensibilizadas con los problemas del Sur de
Bolívar y la problemática minera, enviaron
cientos de correos electrónicos y cartas oficiales
a instituciones claves tanto en el ámbito estatal
como en el no gubernamental de defensa de
derechos humanos, así como al más alto nivel
diplomático. Dichos pronunciamientos, dejaron
en claro la arbitrariedad de la detención y la
preocupación por la vida del dirigente minero.
Igualmente, un equipo jurídico destinado para
tal efecto, asumió la defensa inmediata de
Teófilo Acuña. Esta reacción rápida y eficaz
dejó en claro regional y localmente el alto costo
político que representaría para las fuerzas
contrarias a las luchas de la Federación, repetir
los episodios de desaparición forzada o
ejecución extrajudicial.
Volvamos a la Asamblea. Ante la insistente
demanda del oficial por conocer a la junta
directiva de la Federación, una comisión
delegada por la Asamblea para interactuar
frente a las posibles amenazas al desarrollo del
evento programado, así como frente a posibles
incidentes de seguridad que afecten de manera
directa o indirecta la vida de los integrantes de
la Federación, decidió no aceptar la oferta del
teniente. Así las cosas se llegó al acuerdo de
que la policía era bien recibida siempre y cuando
permaneciera fuera del recinto y respetara el
derecho de libre asociación de los mineros,
acuerdo con el cual el gobierno se había
comprometido desde la manifestación de Santa
Rosa, luego del asesinato de Alejandro Uribe.
Esta misma delegación, compuesta por cada
una de las instituciones acompañantes a la
Asamblea, más algunos miembros de
Fedeagromisbol, ante la delicada situación de
derechos humanos sería encargada de evaluar
permanentemente los riesgos y, en general, las
condiciones de seguridad en la que se
desenvolvería la Asamblea; así como de generar
una interlocución permanente y unas vías de
acción inmediatas frente a las posibles
amenazas. En este sentido, la delegación estuvo
en alerta permanente frente a la presencia del
desmovilizado que acusaba a Teófilo Acuña
de guerrillero junto a las unidades del Ejército,
en inmediaciones al sitio del evento. Igualmente
resultó preocupante la insistente demanda de
parte de las unidades militares a diferentes
participantes de la Asamblea por identificar al
presidente de la Federación. Frente a esta
situación, la delegación recomendó a la
Federación la partida de Teófilo Acuña, en las
mayores condiciones de seguridad posibles.
69 protección
Diario de Campo - 29 de marzo de 2008
La noche anterior, en vista de la llegada de
otras delegaciones mineras decidí quedarme
en un Hotel de Puerto rico. Me levanté con la
noticia de que Teófilo había partido en la
madrugada sin previo aviso, acompañado por
la Defensora del Pueblo y en un carro del
PDPMM. El resto de la mañana reinó una
tensa calma mientras que Teófilo lograba salir
de la región.
Dicha inquietud sería perturbada de manera
abrupta cuando José Alfredo Atehortúa, el
reinsertado que acusa de guerrillero al
presidente de la Federación intentó entrar en
la Asamblea. Cuando los miembros de la
Federación le negaron el acceso, el individuo
regresó acompañado por unidades militares
del Ejército, quienes aduciendo el supuesto
carácter público del evento, pretendían ingresar
por la fuerza a su testigo.
Luego de un momento tenso José Atehortúa
se marchó pero en su lugar llegó el sargento
primero Rojas, adscrito al Batallón Nariño de
la II Brigada de la I División, quien manifestó
que deseaba identificar a todos los miembros
de la directiva de la Federación y, además,
estar presente durante el desarrollo de la
Asamblea. Ante esta pretensión, miembros de
la comisión delegada para estos asuntos
dialogaron con él y le explicaron las razones
de rango constitucional y legal por las cuales
no podía participar en la Asamblea. No
obstante, este miembro del Ejército se empeñó
en ingresar y permanecer en el recinto
manifestando que tenía facultades legales para
hacerlo, al punto que se tuvo que establecer
una conversación entre el referido miembro de
la Fuerza Pública y la señora Sol María Pérez,
del Programa Vicepresidencial de Derechos
Humanos, quien vía telefónica logró disuadirlo.
El resto de la Asamblea se desarrollaría en
condiciones normales de acuerdo con el
contexto regional, pero pocos días después, el
10 de abril de 2008, fue recibido en diversos
correos electrónicos, una amenaza suscrita por
la estructura paramilitar autodenominada
“Águilas Negras, Bloque Norte de Colombia”,
en la cual se expresa que los integrantes de
Fedeagromisbol, Sembrar, Programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y los
sacerdotes de Regidor y Tiquisio han sido
declarados objetivos militares, en donde se
adiciona que “su nombre esta (sic) en la lista de
personas no deseadas por el gobierno nacional que
deben ser eliminados”, señalándolos de ser
auxiliadores o integrantes de grupos guerrilleros.
Se expresa adicionalmente en dicha amenaza
que “Ustedes y las organizaciones a la cuales
representan son un problema para Colombia”,
sentenciando finalmente que “por cada acto
delincuencial en contra de la seguridad democrática
(sic) que ustedes organicen dentro de estos pueblos,
serán exterminados uno a uno por orden de lista”.
En dicha amenaza se pone de presente que las
personas y organizaciones amenazadas, han
sido objeto de seguimiento en los municipios
de Tiquisio, Arenal, Morales, Aguachica, La
Gloria y Regidor, expresando que: “Preparan
por donde van asambleas idiotizantes”.
70
El 2 de abril de 2008, en el marco de la Mesa
de Interlocución del Sur de Bolívar, delegados
del Ministerio de Minas, Ingeominas y
Gobernación de Bolívar, acordaron que: “Dada
la gravedad de la situación de derechos
humanos en el Sur de Bolívar, el Ministerio de
Minas y la Gobernación de Bolívar se
comprometieron a gestionar una reunión de
alto nivel, a la mayor brevedad, con la
participación del Vicepresidente de la
República, Fiscal General de la Nación y
Procurador General de la Nación, a efectos de
tratar la problemática y adoptar medidas para
superar la crisis existente”. A pesar de la
gravedad de los hechos puestos en conocimiento
de dichas autoridades, hasta la fecha no se
reVelando
A modo de conclusión
En este punto conviene devolverse y observar
que una de las prioridades de la Política de
Seguridad Democrática es desarrollar un “Proceso
de recuperación del control estatal del territorio”
(Presidencia de la República y Ministerio de
Defensa Nacional 2003:42–43). Dicho proceso
que según el Ministerio de Defensa se iniciaría
en aquellas áreas definidas como estratégicas
(departamentos de Arauca, Bolívar y Sucre)
distingue tres fases: Recuperación,
Mantenimiento del Control y Rehabilitación
(Ibid,45). Cada una de estas fases guardan al
menos dos características en común: i) la
utilización premeditada de la población y los recursos civiles como estrategias de guerra; y ii) el trabajo integrado y simultáneo de la fuerza
conoce ninguna medida para superar la crisis
existente, ni convocar la reunión acordada.
Preocupa la continuidad de la Mesa de
Interlocución en el tema minero, cuando el
Estado permanece en su actitud de negarse a
adoptar medidas serias y eficaces para garantizar
los derechos humanos en la región y la
permanencia en el territorio.
Como resulta evidente, estas amenazas
se dirigen en contra de la mayoría de
organizaciones acompañantes a la VI Asamblea
de la Fedeagromisbol y deja en claro las
conexiones entre los diversos incidentes de
seguridad que se presentaron a lo largo de ésta
y las subsiguientes consecuencias.
71 protección
militar, las instancias de judicialización y los
aparatos de inteligencia, incluidos los civiles.
De esta manera la presencia actual del Ejército
(Específicamente la II y la V Brigada) buscaría
un doble propósito: i) asumir el control militar
en la región ganado a través de las tácticas
paramilitares, desplazando definitivamente la
presencia histórica de las FARC y el ELN; y, ii)
afianzar el control coercitivo sobre las
organizaciones sociales asegurando el territorio
para la ejecución de proyectos agroindustriales,
forestales y de gran minería aurífera. Este último
objetivo significaría el desplazamiento de cerca
de 60.000 campesinos y mineros artesanales
que se han convertido en una verdadera
molestia a la hora de implementar el modelo
desarroll ista agenciado desde las
multinacionales.
La implementación del anterior plan de control
territorial que combina la doctrina de la guerra
de baja intensidad en lo social con estrategias
de guerra en lo convencional, es un segundo
momento, luego de la implementación de los
parámetros clausewitzianos de la “guerra total”1
en la pacificación de territorios económica y
militarmente estratégicos. Sin embargo,
conviene aclarar que este segundo momento
se aleja conceptualmente de la visión
clausewitziana de la “guerra Total” y, más bien
encuentra puntos de afinidad con los análisis
“jominianos”2 de la proyección estratégica y del
fortalecimiento logístico. Este tipo de análisis
se concentran en la posibilidad de desarrollar
un sistema militar omnipresente fuera del
alcance de la política, gracias a la tecnología de
la guerra de redes net-war y a la incorporación
de los recursos civiles como mecanismos de
recolección de información3.
Es dentro de este panorama que debe
enmarcarse el proceso de persecución a los
líderes de Fedeagromisbol y a las demás
organizaciones acompañantes a la VI Asamblea
la Federación: en el caso específico de Teófilo
Acuña, llama la atención de que este líder
minero además de ser el presidente de
Fedeagromisbol, de haber denunciado el
sometimiento de lo público al interés privado
que significa el Código de Minas vigente; es
además, el testigo principal en el proceso que
se abrió contra la V Brigada del Ejército por su
responsabilidad en el asesinato de Alejandro
Uribe Chacón. Vale la pena remarcar que el
caso de Teófilo Acuña y la persecución hacia
la Federación no son casos aislados. En el 99%
de los municipios, donde Kedahda S.A pretende
adelantar explotaciones, sus habitantes han
sido objeto de desplazamiento forzado y
apropiación de sus bienes. En el 72% de esos
municipios, quienes allí vivían, han sido
víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos por parte de grupos paramilitares.
Este conflicto además de sembrar un manto de
duda sobre la noción de “progreso” manejada
por el Estado y las grandes agencias del
desarrollo, pone en evidencia hasta qué punto
la Política de Seguridad Democrática lejos de ser
solamente una táct ica de guerra
contrainsurgente, debe ser pensada como una
estrategia integral que busca consolidar un
modelo productivo para el país; el cual en
concordancia con el modelo del liberalismo
radical busca facilitar la apropiación y
concentración de los recursos de la nación en
manos privadas y en beneficio de los grandes
capitales internacionales.
2 A diferencia de los análisis clautsewitzianos que colocan el acento en la guerra y el combate, los análisis propuestos por Jomini Antoine se concentran en la preparación de las condiciones logísticas defensivas y la fortificación interior frente a las amenazas posibles. (Jox Alain, 1998).
3 Makki S. (2004). Militarisation de l’Humanitaire, privatisation du militaire. Cahier d’etudes Stratégiques N° 36-37. EHESS, París.
1 La implementación de la “guerra total” puede verse como una iniciativa sostenida a lo largo del Plan Colombia iniciado por Andrés Pastrana y la primera parte de aplicación de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. Ver: Sweig, Julia E.¿Qué tipo de guerra necesita Colombia? "http://coordinadora.popular.googlepages.com/coordinadorapopularcolombianaenparis" Foreing Affairs, Otoño-Invierno, 2002.
4 La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas migrantes. Son un movimiento autónomo, plural, independiente, sin ninguna afiliación política, económica o de otro tipo. Las organizaciones que conforman La Vía Campesina vienen de 56 países de Asia, África, Europa y el continente Americano, organizadas en ocho regiones : Europa, Este y Sureste de Asia, Sur de Asia, Norteamérica, Caribe, Centroamérica, Suramérica y África.
5 La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) agrupa más de 30 organizaciones de campesinos, de medianos y pequeños agricultores, de trabajadores agrícolas, de “sin tierras”, indígenas, mujeres, representando en general a todos los trabajadores del campo en su diversidad, en la gran mayoría de los países de América Latina.
Pero a pesar de este contexto desfavorable
merece la pena insistir que al mismo tiempo
que los aparatos de represión utilizan
sofisticados aparatos de control, las
organizaciones sociales oponen resistencia,
renovando constantemente el espectro de sus
vías de acción y reacción frente a las amenazas
constantes que su labor genera.
Así, frente a los descomunales recursos en
seguimiento e inteligencia militar, con los que
cuentan las estructuras paramilitares, las
organizaciones sociales oponen el sigilo y la
imprevisibilidad de sus movimientos, como
observamos en las rutas de acceso y salida que
utilizaron los miembros de la Federación. Frente
a la intransigencia de las autoridades civiles y
militares en relación con la situación de
derechos humanos que se vive en la zona, los
procesos sociales han optado por construir sus
propias redes de denuncia y acompañamiento
enlazadas en ámbitos, locales, regionales,
nacionales, incluso internacionales, como
sucedió en el caso de la detención del presidente
de Fedeagromisbol.
Frente al desplazamiento forzado, la
persecución y los atropellos, los miembros de
la Federación han optado por dinámicas de
desplazamiento interno que no generen
desconexión con el territorio, así como la
apertura de nuevos escenarios de denuncia en
el ámbito nacional e internacional, como ha
sucedido con la participación activa de la
Federación en el Tribunales Internacionales de
Opinión (París, 2003), y en su liderazgo
indiscutible en los Tribunales Permanentes de los
Pueblos en el ámbito minero. Frente a la agresión
coordinada de agentes legales e ilegales, la
federación ha respondido a través de su
participación activa en coordinaciones sociales
a nivel regional como “La Mesa de Interlocución”
y la alianza estratégica con el PDPMM; nacional
como el Coordinador Nacional Agrario (CNA);
e internacional como Vía Campesina4, La
Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo (CLOC)5 y La
Convergencia de movimientos de los Pueblos
de las Américas.
Frente a la agresión directa a través de la
desaparición forzada y las ejecuciones
extrajudiciales, los movimientos sociales optan
por la conservación de los dispositivos de la
memoria colectiva. Finalmente, frente al
incumplimiento y la desidia oficial, la
Federación y los procesos sociales existentes
en el Sur de Bolívar, mantienen como recurso
activo las vías de hecho civiles, como la
manifestación pacífica.
72reVelando
El Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP– es una
fundación sin ánimo de lucro creada por la Compañía de Jesús
en 1972, con la tarea de trabajar por la edificación de una
sociedad más humana y equitativa, mediante la promoción del
desarrollo humano integral y sostenible.
Se constituye con tres características: un centro de pensamiento
sobre la realidad social y cultural de Colombia; una organización
de mediación en el conflicto social del país que toma partido
por los sectores discriminados y excluidos, promoviendo su
participación en el desarrollo nacional; y una base de
documentación que ayuda a la comprensión del desarrollo del
país y que inspira, registra y difunde las propuestas de cambio
y los acuerdos necesarios para su transformación.
Centro de Investigación y Educación Popular CINEPCarrera 5 No. 33 A – 08Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono (57–1) 245 61 81Fax (57–1) 287 90 89NUU 019003310194
74reVelando
Aunque tuve el privilegio de estar cerca del Maestro Eduardo Umaña
Luna en muchos actos - o en reuniones con la presencia de Cheli-nunca
le comenté de algunos recuerdos indelebles que permanecen en mi
memoria y que volvieron a mí el día en que él nos dejó. Ese día, en
medio de la tristeza y de tantas sensaciones encontradas, pensé que el
tiempo corría vertiginoso y constaté que no es cuando morimos que se
sella la historia; entonces, con el alma apretada recordé al Maestro en
el escenario de un Consejo de Guerra, hace 30 años.
Evocando al Maestrode Maestros:Eduardo UmañaLunaMaría Tila Uribe*
Voces regionales – Centro
Al cierre de esta edición, sobrevino la muerte del maestro Eduardo Umaña Luna. Con el dolor del adiós aún palpitante, María Tila Uribe, amiga entrañable del maestro, recuerda en estas líneas al educador, abogado, investigador y al hombre de letras políticas que deja un gran legado social para la conciencia crítica colombiana.
*Educadora Popular. Directora del Centro de Estudios e investigaciones del trabajo, CESTRA
75
Para ese tiempo yo lo conocía como autor de
"La Violencia en Colombia", libro elaborado
conjuntamente con el sacerdote Germán
Guzmán y ese otro gran Maestro, Orlando Fals
Borda: dos tomos escritos con maestría para
que millares de colombianos aprendiéramos a
ver más claramente nuestra propia realidad.
Existían además muchos otros aspectos por los
que el maestro Umaña era reconocido,
admirado y querido en los sectores populares
y académicos, entre otros, porque analizaba el
pensamiento del sacerdote Camilo Torres -su
primo hermano-, exponía el suyo propio y
ambos habían sido fundadores de la Facultad
de Sociología de la Universidad Nacional.
Por entonces (desde 1944 a 1991) los delitos
políticos de los civiles eran juzgados por los
militares en Consejos de Guerra. Estábamos
en otra de las temibles noches de la historia
colombiana, aquella de los años en que el país
vivía en Estado de Sitio, levantado solamente
por cortos periodos muy de vez en cuando.
Fue entonces cuando lo conocí en persona, en
agosto de 1978: ingresaba al salón de una
fortificada unidad militar con espectáculo de
exhibición de fuerza, muy serio y erguido;
parecía sólido y llevaba una mirada alta y
segura. Iba seguido de nueve hombres en fila
india con similares actitudes; se trataba de un
lujoso equipo de juristas entre los cuales también
estaba su hijo Eduardo, y caminaban en dirección
a la hilera de asientos y de mesas donde había
un letrero que decía: "Abogados Defensores".
Solemnemente, ocuparon sus asientos enfrente
de un estrado con cinco oficiales de alta
graduación: presidente, fiscal-asesor (único
abogado profesional en aquel evento) y otros;
más abajo, en un segundo estrado, un sargento
secretario y tres vocales, amén de docenas de
militares llevados para hacer calle de honor a
los primeros.
Ese fue el escenario que saltó a mi memoria el
pasado 28 de mayo, solo que ahora el cuerpo del
Maestro estaba envuelto en flores. Como en un
cinematógrafo, volví a verlo entrar a aquel salón
militar encabezando ese conjunto de abogados
que no sólo no percibían moneda alguna por la
defensa, sino que la tarea les significaba esfuerzo,
dolor, vigilia y estremecimientos de indignación,
cuando al llegar preguntaban a los detenidos
por su situación y se enteraban de los castigos
de hambre, el corte del sueño con agua fría a
la cara, la prohibición del sol y otras prácticas
como el "submarino", que eran moda en el sur
de América y el nuevo Presidente colombiano
y su Ministro las traían, posiblemente por
efectivas y novedosas.
Pero el trato recibido no era indigno tan sólo
para quienes eran juzgados: él lo vivió con ira
aquella vez, en medio de su defensa, cuando
los militares decidieron “sacarlo del camino”
y lo encerraron en un baño, en uno de los
salones de aquella Brigada, justo en el
momento en que debía concluir una de sus
más brillantes intervenciones.
vocesregionales
Lanzamiento del libro “Desde Adentro”Bogotá, 1985
Y hay que saber, además, que en el lenguaje
de esos decenios aquellos defensores utilizaban
conceptos convertidos en subversivos, como
hablar de derechos humanos, en medio de la más
generalizada represión... Ello hizo del Maestro
un pionero, de quien al menos dos generaciones
de nuevos defensores y defensoras aprendimos
teoría, enfoques, argumentos; se iniciaba en el
país un universo inédito en la defensa de las y
los prisioneros políticos, perseguidos y
estigmatizados aún hoy...
Pasaron los años; aquella farsa conocida como
Consejo de Guerra fue anulada cuando la
justicia ordinaria cambió la inicial calificación
de asociación para delinquir por rebelión.
Después vino el exilio: la lejanía no fue motivo
para dejar de leer al maestro que siguió
produciendo libros que se prenden a la vida
de las gentes como las canciones, porque
enseñan nuevos horizontes de ética, crean
nuevas reflexiones e inquietudes, equivalen a
sabiduría y amor y son vigentes. Al regreso
volvieron los encuentros que siempre brindan
nuevas enseñanzas y afectos.
Posteriormente dos de aquellos abogados
pagaron con su vida su lucha por la defensa
de los presos políticos, los derechos humanos
y el valor de rechazar la injusticia: Arturo Alava
76reVelando
y el propio hijo del Maestro, Eduardo Umaña
Mendoza, también defensor de los Derechos
Humanos y eminente jurista.
Se nos pasó la vida Maestro, no me reclame si
en lo sucesivo le cuento a otras generaciones
un poco de su ejemplo. Por ahora déjeme
recordar lo que usted mismo escribió en el
prólogo de nuestro primer libro “Desde
Adentro”: ¡Cómo se entrecruzan, unen y oponen
los destinos humanos en el borrascoso escenario de
las luchas políticas de este país tan grande y tan
miserable, tan heróico y tan pusilánime, tan
prometedor y tan menospreciado!
Con mi cariño, María Tila Uribe.
Eduardo Umaña Luna fue con Camilo Torres
Restrepo, cofundador de la Facultad de Sociología
de la Universidad Nacional. Rector de la Universidad
Libre y Decano de su Facultad de Ciencias de la
Educación; durante seis años Decano de la facultad
de Derecho de la Universidad Nacional; durante
diez años Conjuez de la Corte Suprema de Justicia;
durante cuatro años (gobierno de Lleras Camargo)
Fiscal del Tribunal Superior Militar; Fiscal del
Juzgado Superior de Bogotá (8 años); Jurista Emérito
del Colegio de Abogados; Maestro de Maestros y
profesor Emérito de la Universidad Nacional.
De pié: Yolanda Archila y Germán Sabala. Sentados de izquierda a derecha: Francisco Trujillo, María Celina Mendoza “Cheli”, Tila Uribe y el maestro Umaña Luna28 de mayo de 1999.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar los mecanismos de protección y las garantías para la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.
LOGROS DEL PRIMER AÑO
Componente de Pedagogía y Protección
• A través de talleres y reuniones, el Programa Somos Defensores –PNGPDDH– realiza mapas de riesgo y análisis de vulnerabilidades y capacidades de las organizaciones ubicadas en los departamentos de: Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena, Magdalena Medio y Bogotá D.C.
77 logros
Garantías y Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia
CRIS 2006/1318228Marzo de 2007 a febrero de 2010
Garantías y Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia
• En 26 talleres locales y regionales, participaron
343 mujeres y 432 hombres, habitantes de
zonas rurales y urbanas de Colombia.
• La propuesta pedagógica del Proyecto aplica
enfoques diversos teniendo en cuenta el
tipo de defensor, defensora, líder social,
proceso organizativo; zona urbana y rural;
nivel de escolaridad; grupo étnico y género.
Así, se fortalecen estrategias de protección
de carácter individual, organizativo,
sectorial, local y regional.
• El Comité de casos del Programa Somos
Defensores aprobó durante 2007, 79
medidas de protección directa para mujeres
y hombres, defensores de derechos
humanos y líderes sociales. A través de: 33
pasantías nacionales (24 hombres – 9
mujeres) 4 pasantías internacionales,
concedidas sólo a hombres; 14 proyectos
productivos para 5 mujeres y 9 hombres;
20 ayudas humanitarias a 14 hombres y 6
mujeres; 5 apoyos a grupos y 3 apoyos post
retorno a dos hombres y una mujer.
• El Programa apoyó a la Asociación MINGA
en las reuniones del Comité de Evaluación
de Riesgos del Programa de Protección a
Defensores del Ministerio del Interior
(CRER). Durante 2007 se realizaron 8
reuniones en el Crer, incluidas las del Pre-
Crer en las que se seleccionan, analizan y
recomiendan medidas de protección directa
que las instituciones participantes en el Crer
deciden en su reunión oficial. Total de casos
resueltos en el Crer: 518
• Gracias al Proyecto UE, el Programa
acompañó a organizaciones sociales
regionales en procesos de protección de
territorios ancestrales: Consejo Regional
Indígena del Cauca, Asociación de Cabildos
del Norte del Cauca, Federación de
Agromineros del Sur de Bolívar
Fedeagromisbol, Consejos Comunitarios de
la Costa Caucana, Consejos Comunitarios
de Jiguamiandó y Curbaradó y Comité de
Derechos Humanos del Bajo Ariari.
Componente de Comunicaciones
• Con el Proyecto UE, el Programa Somos
Defensores PNGPDDH, empezó a implementar
una estrategia de comunicaciones que
fortalece las capacidades de las
organizaciones beneficiarias y aliadas;
desarrolla piezas audiovisuales y escritas y
posibilita diálogos con medios de
comunicación, para influir en opinión
pública.
• Durante el primer año del Proyecto, se
realizó un balance de las heterogéneas
experiencias en comunicación que adelantan
ONG y organizaciones sociales, se
identificaron las más sobresalientes, así
como las posibles alianzas que servirán
78reVelando
79 logros
como motores regionales para desarrollar
acciones en comunicación que contribuyan
a la protección de los derechos humanos.
• El Programa Somos Defensores facilitó,
acompañó y brindó apoyo en comunicaciones
a organizaciones nacionales y regionales como:
Movimiento Hijos e Hijas; Fedeabromisbol;
Cococauca, CRIC, Corporación Jurídica Yira
Castro; Comité de Derechos Humanos del
Bajo Ariari, Corporación Reiniciar, OFP;
Fundación Manuel Cepeda.
• El Programa Somos Defensores, apoyó
estrategias de comunicaciones, piezas
comunicativas, elaboró casos tipo sobre
defensores, realizó y contactos con medios
y líderes de opinión, para promover los
siguientes eventos: Homenaje a Mario
Calderón y Elsa Alvarado (CINEP) marzo
a mayo 19 de 2007. Encuentro de Víctimas
pertenecientes a organizaciones sociales
(Confluencia por la Democracia); mayo a
julio; Siembra y canto en la Plaza de Bolívar,
junio a julio (Expedición por el Éxodo
–Asociación MINGA); Putumayo 2020,
septiembre (Organizaciones sociales del
departamento) Tercera Conferencia
Internacional sobre Colombia (Alianza de
Organizaciones Sociales y Afines) octubre
– noviembre.
• 18 periodistas nacionales atendieron las
propuestas divulgadas por el Programa
Somos Defensores en medios como: Noticias
Uno; Canal RCN; Teleamiga; Cadena Super;
El Espectador; El Tiempo; CityTV; Canal
Capital; Planeta Paz, Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo; Revista Semana;
Vanguardia.com; Caracol Radio; Codhes;
Telesur; la Jornada de Jalisco, México;
Indymedia y Tinko.
• Varias agencias internacionales sacaron
especiales sobre los defensores de derechos
humanos colombianos. Diez notas de prensa
fueron divulgadas por las: BBC, EFE,
Reuters, Notimex, Telesur, Washigton Post;
Miami Gerald; con la revista Semana y
Semana.com; El Tiempo y El Espectador.
Componente de Incidencia
Desde el proyecto UE, el Programa Somos
Defensores acompañó, gestionó y facilitó las
siguientes acciones de incidencia para la
generación de políticas públicas de protección,
promovidas por organizaciones regionales y
nacionales:
Cauca: Mesa de protección humanitaria
• Reuniones con el Sistema de Naciones Unidas
en Colombia (seis agencias, PNUD; OCHA;
CNUR OACNUDH, UNICEF y OPS), para
concertar medidas protectivas. Se propone
la construcción de Mesa de Protección
Humanitaria. Se acuerdan criterios,
conjuntamente con organizaciones sociales
del Cauca, Asociación MINGA, agencias de
cooperación acompañantes (Oxfam,
Suippcol, Christian Aid, Diakoni Alemania).
Apoyo del PNGPDDH-Proyecto UE.
• Misión de Acompañamiento Nacional e
Internacional, al Cauca. 28 y 29 de marzo de
2007. Presencia 24 delegados internacionales,
Representantes en Colombia de ACUR,
PNUD, OCHA, OACNUDH. Embajadas
de Suecia y Suiza. Seis Agencias de cooperación internacional.
• Presencia en el congreso indígena en el que participaron 5000 delegados. Acto Público de respaldo y acompañamiento a las organizaciones sociales en el que Naciones Unidas y organismos internacionales y nacionales se comprometen con la construcción de la Mesa de Protección Humanitaria. Reuniones de socialización de la propuesta de Mesa de Protección Humanitaria, realizadas en mayo, con las organizaciones sociales del departamento
• Instalación de Mesa de Protección Humanitaria. 4 de junio, Popayán. Participan, 16 organizaciones sociales del Cauca, con 500 delegados. Representantes de ACNUR, OCHA, OACNUDH, PNUD, Gobierno departamental, Gobierno Nacional (Programa Presidencial DDHH). Defensoria Nacional del Pueblo y regional, Procuraduría. Programa Somos Defensores –PNGPDDH, Asociación MINGA, Reunión de Secretaría Técnica y Mesa Humanitaria del Cauca: 3 y 4 de octubre, Organizaciones Sociales del Cauca. Elaboración de Mapas de Riesgo de las subregiones.
Bogotá, D.C.
• Apoyo a organizaciones sociales de La Dorada Putumayo y de La Tola y El Charco Nariño, para realizar agenda incidencia con embajadas, sistema de Naciones Unidas, autoridades de Estado y gobierno nacional.
• Reuniones con voceros de las ONG para analizar los efectos de la coyuntura nacional en la labor de los defensores y defensoras.
• Reunión con secretarios de cooperación y
DH de la UE. Presentación del Programa y
Proyecto UE, solicitud de gestiones ante
gobierno nacional para atender situación que
afecta la labor de defensores, defensoras y
organizaciones. Delegados de la UE hicieron
gestiones solicitadas y el 2 de agosto se logró
reunión con comunidad internacional,
OACNUDH, PNUD y gobierno.
• Apoyo a misión de incidencia de los Consejos
Comunitarios del pacífico caucano, Cococauca.
Los delegados establecieron diálogos con
defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la
República, OACNUDH, Comisión Europea,
Agencias de Cooperación, La Alianza y Dial.
• La Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia
de la República hicieron llamados a
autoridades locales del pacífico caucano
para que inicien investigaciones y prevengan
violaciones a los DH y al DIH ocasionadas
por todas las partes en conflicto.
• Agencias internacionales y organizaciones
nacionales empezaron a reconocer los
riesgos del pacífico caucano y a brindar
acompañamiento más articulado.
80reVelando
El Programa Somos Defensores –PNGPDDH– Desarrolla una propuesta
integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que
corren riesgos por su labor como defensores y defensoras de derechos
humanos, cuando resguardan los intereses de grupos sociales y
comunidades afectadas por la violencia sociopolítica en Colombia.