resumen: gestiÓn ambiental en bolivia

RESUMEN:GESTIÓN AMBIENTALEN BOLIVIA

8 TEMAS QUE TODOPERIODISTA DEBE CONOCER#BoliviaDebate

Luz María Calvo y Andrea Baudoin

Material producido para el programa: 8 PROPONEN

Diciembre 2020Doc

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Bolivia debate:

GESTIÓN AMBIENTAL EN BOLIVIA 3

han sido fundamentales para la conserva-ción y el desarrollo de la biodiversidad y para lograr el manejo de los factores am-bientales críticos del territorio.

Sin embargo, la incorporación de lo que hoy es Bolivia en la jurisdicción del Esta-do colonial hispano, a partir del siglo XVI, tuvo crecientes impactos ambientales en el área de influencia de la actividad minera (el área andina), provocando una intensa deforestación y la contaminación de am-plias superficies de suelos y numerosos cursos de agua. El sistema colonial actuó en base a una “lógica extractiva”, centra-da en el objetivo de la producción mineral para su transferencia a la metrópoli, sin ninguna consideración de los impactos en el territorio. Esta lógica fue heredada por el Estado surgido del proceso de indepen-dencia y por el Estado Nacional de 1952, los cuales promovieron la expansión de la economía del país hacia las tierras bajas (en el primer caso, para la explotación de la goma y, en el segundo, para el desarro-llo de la agroindustria, la colonización, y la explotación hidrocarburífera), sin medidas de planificación ni gestión ambiental.

Fue la movilización internacional generada por la preocupación sobre el estado del planeta y cristalizada en la Cumbre de Río

I. Antecedentes: desarrollo de las bases para la gestión ambiental en el país

Ubicada en el centro de Sudamérica, Bolivia alberga una alta gama de ecorregiones y ti-pos de hábitats. Las variaciones altitudina-les y latitudinales, la topografía montañosa del occidente y los factores climáticos -en el único país que abarca las tres principales cuencas del subcontinente-, han creado con-diciones diversas para la vida y el desarrollo de numerosos ecosistemas y especies. Estas características, han determinado que Bolivia sea reconocida por el Convenio de Diversi-dad Biológica, como uno de los países mega-diversos del planeta.

Sin embargo, las mismas características que hacen tan diverso al territorio bolivia-no, lo hacen marcadamente frágil ambien-talmente. La fragilidad de los suelos, la to-pografía montañosa y el régimen climático en la región andina hacen al país muy vul-nerable a la erosión y a la desertificación.

En este contexto, las culturas desarrolladas por las poblaciones asentadas en las dis-tintas regiones que hoy conforman Bolivia

RESUMEN: GESTIÓN AMBIENTAL EN BOLIVIALuz María CaLvo y andrea Baudoin

Bolivia debate: 8 temas que todo periodista debe conocer4

de los recursos naturales (…) así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las actuales y futuras genera-ciones”. Igualmente, el art. 342 establece que es deber del Estado y de la población “conservar, proteger y aprovechar de ma-nera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad (…)”. Por último, el art. 345 establece que las políticas de gestión ambiental deberán basarse en “la plani-ficación y gestión participativas, con con-trol social”, “la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental (…)” y “en la responsabilidad por toda ejecución que produzca daños ambientales y su sanción civil, penal y administrativa (…)”.

La Constitución, así mismo, establece el derecho fundamental de la población al medio ambiente sano (Art.33), las bases para la gestión de todos los recursos natu-rales y las responsabilidades de cada uno de los niveles de la administración territo-rial del Estado en la gestión ambiental.

Además de las sólidas bases establecidas en la CPE, Bolivia es signataria de más de 20 convenciones internacionales ligadas con la gestión ambiental, las cuales cons-tituyen también importantes fundamentos y oportunidades de cooperación con otros estados en este campo (ver anexos I y II). Entre ellos, tiene especial relevancia el Acuerdo de Escazú (ratificado por el país en 2018), el cual tiene por objetivo “garan-tizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los dere-chos de acceso a la información ambien-tal, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y ac-ceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, con-

(1992), la que dio el primer impulso para el desarrollo de la gestión ambiental en Boli-via. En los años 90, empezaron las discu-siones para la formulación de una política ambiental nacional que alimentaron el de-sarrollo de Ley 1333 de Medio Ambiente de 1992. Sobre estas bases, se desarrolla-ron posteriormente: el marco institucional para la gestión ambiental,1 el marco nor-mativo (los reglamentos de la Ley 1333, el Reglamento General de Áreas Protegidas, La Ley Forestal 1700, etc.), y diversas herra-mientas técnicas para la gestión ambiental (planes de ordenamiento territorial y uso de suelos, Estrategia Nacional de Gestión de la Biodiversidad, planes de manejo de cuencas, etc.).

Un avance fundamental en este proceso de aplicación de la Ley 1333 fue la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, constituido por un conjunto de 22 áreas de importancia fundamental para la conser-vación de la biodiversidad nacional.2

La aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 constituye otro hito fundamental en el proceso de desa-rrollo de las bases para la gestión ambien-tal en el país. Su elaboración, en el marco de la Asamblea Constituyente, se basó en una amplia participación social y el texto resultante, incluye amplios y detallados mandatos. Entre ellos, destaca el art. 9.6 que define que son fines y funciones del Estado el “Promover y garantizar el apro-vechamiento responsable y planificado 1 Primero, la Secretaría Nacional de Medio Ambien-te, que posteriormente se convirtió en Ministerio de Desarrollo Sostenible y luego en Ministerio de Medio Ambiente y Agua.2 Además de las áreas protegidas de carácter nacional, el Sistema incluye también áreas protegidas de carácter departamental y municipal, las cuales hacia el año 2012, ascendían a 123, con lo cual el Sistema paso a cubrir más del 22% del territorio nacional.


92,1% a 64%, pero la deforestación ab-soluta aumentó de 118.000 a 155.400 hectáreas [13].

• Creciente contaminación de suelos, aguas y alimentos por el uso intensi-vo de agroquímicos en la agricultura. Ha habido un incremento de 150% en el uso de agroquímicos por hectárea y por tonelada de alimento producida en los últimos 15 años [15]. Solo en 2018, se importaron 167 millones de litros de agroquímicos [15] [16]. Más del 70% de los 229 plaguicidas registrados en Bolivia son problemáticos por su toxi-cidad y al menos 78 son altamente pe-ligrosos (incluyendo glifosato, paraquat y atrazina) [17].

• Este incremento en el uso de agroquími-cos está vinculado en parte a la expansión de las superficies de soya transgénica en Bolivia desde 2004. La gran mayoría de los cultivos transgénicos han sido dise-ñados para ser resistentes a herbicidas que causan daños a la salud. A pesar de ello, los rendimientos de soya no se han incrementado más que en 0,6% en el país, mientras los costos de producción han subido en 76%, reduciendo la ren-tabilidad y motivando la expansión de la frontera agrícola [18] [15]. En el caso de Bolivia, la introducción de cultivos trans-génicos para productos de la canasta básica como plantea el DS 4232 de 2020 representa además un gran riesgo para la agrobiodiversidad del país, fundamental para la seguridad con soberanía alimen-taria. Esta política contraviene a la Cons-titución (Art. 408) y ha sido aprobada en un contexto de “excepción”, sin debate o consulta pública.

• Pasivos ambientales mineros (PAM)4 e 4 Impactos ambientales acumulados por la actividad

tribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presen-tes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (art.1).

II. Problemas principales que enfrenta el país en materia ambiental • Deforestación e incendios forestales.

El país pierde sus bosques a gran ve-locidad. En 2018, Bolivia tuvo la quin-ta mayor tasa de deforestación en el mundo [9]. Desde 2016, se estima un promedio de 350.000 hectáreas defo-restadas por año [10]. Más de la mitad de las 7,1 millones de hectáreas acu-muladas de deforestación en el país se ha concentrado en los últimos 20 años [11] [12] y alrededor del 80% se sitúa en el departamento de Santa Cruz [13] (ver anexo 4). El principal motor de la deforestación es la expansión de la frontera agropecuaria, como respuesta a los bajos rendimientos agrícolas en el país y promovida por políticas públicas3 y distribuciones irregulares de tierras. Un síntoma dramático de estas diná-micas son los incendios de 2019 en los que se quemaron más de 5 millones de hectáreas [14] y los que en este 2020 llegaron a consumir cerca de 1 millón de hectáreas hasta el 17 de septiem-bre [27]. La estrategia para disminuir la deforestación ilegal ha sido su legaliza-ción. Entre 2012 y 2015, el porcentaje de deforestación ilegal disminuyó de

3 Plan de Desarrollo Económico y Social; leyes 337 de 2013, 502 de 2014, 739 de 2015, 952 de 2017, 740 de 2015, 741 de 2015, 1098 de 2018, 1171 de 2019; Decre-tos Supremos 3874, 3973, 4232; nuevos Planes de Uso de Suelos PLUS del Beni y Santa Cruz, entre otros.


impactos de la minería. Los PAM cons-tituyen una de las cicatrices ambientales más dramáticas del extractivismo que se desarrolla en Bolivia desde hace siglos. La magnitud y gravedad de los PAM en el territorio nacional no ha sido precisada. En 2011, se estimaba que habían más de 2.400 PAM solo en el occidente del país [1]. Los mayores impactos ambientales de la minería son la contaminación de aguas, suelos y aire, el sobreconsumo de agua, la deforestación, la erosión y la des-estabilización de terrenos. Además de los PAM, las operaciones mineras activas si-guen generando impactos ambientales. Actualmente los derechos mineros afec-tan el 16% de la extensión de los ríos del país y más de medio millón de hectáreas en 16 de las 22 áreas protegidas nacio-nales [2]. La minería de oro está en auge en la Amazonía y es particularmente pe-ligrosa por la liberación de mercurio al-tamente tóxico al ambiente (Bolivia es el segundo país que más mercurio importa en el mundo después de la India [2][3]). La normativa boliviana, especialmente la Ley 535 de 2014, es permisiva y limitada en comparación con otros países de la región. Se permiten operaciones mine-ras en todo el territorio nacional inclu-yendo en áreas protegidas y territorios indígenas. No están específicamente re-gulados: el uso de agua; las obligaciones y sanciones ambientales; el comercio e importación de mercurio; o el cierre de faenas mineras, entre otros [2] [3].

• Otro de los mayores problemas am-bientales que enfrenta Bolivia son los efectos del cambio climático (CC).

minera, aunque las operaciones mineras hayan conclui-do o sido abandonadas hace tiempo. Su remediación ambiental es frecuentemente responsabilidad del Estado.

Bolivia es uno de los países más vul-nerables del mundo a los mismos, por sus altos índices de pobreza e inequidad, la fragilidad de sus ecosis-temas y su localización en una región de extremos climáticos [4]. Ya se vi-ven fuertes efectos del CC en el país reflejados en: la pérdida de glaciares; inundaciones, sequías, heladas e in-cendios forestales; cambios en los re-gímenes de lluvias; escasez de agua; pérdida de biodiversidad; mayor in-cidencia de plagas y enfermedades; e incremento de las temperaturas [5][4]. Cerca de 40% de la superficie del país se encuentra en proceso de desertificación [6]. La seguridad ali-mentaria y medios de vida de las fa-milias campesinas e indígenas se ven así afectados obligándolas a migrar a áreas urbanas [4]. Allí enfrentan tam-bién efectos del CC (como inunda-ciones, deslizamientos y escasez de agua, alimentos y energía) agravados por la falta de planificación, oportu-nidades, infraestructura y servicios [7][4]. La deforestación y el cambio de uso del suelo no son solo las prin-cipales contribuciones del país al cambio climático (81% de las Contri-buciones Nacionalmente Determina-das), sino que también son agravan-tes de sus efectos [8].

• Ausencia de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y con-sultas adecuadas respecto a una serie de megaproyectos con potenciales im-pactos ambientales y sociales muy al-tos y rechazados por las comunidades locales [19]. Solo algunos ejemplos son la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a través del TIPNIS, las me-ga-hidroeléctricas Bala, Chepete y Ca-


chuela Esperanza y Rositas, la central nuclear en El Alto o la exploración de hidrocarburos en Tariquía y la TCO Ta-cana II. En los últimos años se han pro-mulgado una serie de Decretos y dis-posiciones que debilitan los procesos de EEIA.5 Además, se ha flexibilizado la consulta pública y no se ha consolida-do el proceso de consulta previa, libre e informada en los procesos de EEIA como lo requiere la Constitución (Arts. 30.II.15, 343, 345, 352, 403) [19]. Esto se relaciona con la contravención al de-recho de acceso a la información am-biental para la población garantizado por la normativa nacional y el Acuerdo de Escazú.

• Amenazas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Todas estas ame-nazas confluyen de forma particular-mente alarmante en las áreas protegi-das (AP). El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) está en crisis por la penetración de la minería, el tráfico de madera y vida silvestre, la exploración de hidrocarburos, la colonización y ava-sallamiento de tierras, el avance de la frontera de la coca, la construcción de infraestructura, la falta de alternativas económicas y servicios, la desestructu-ración de tejidos sociales y la prolifera-ción de actividades ilícitas y violencia. Si bien estas amenazas no son nuevas, en los últimos años se han intensifica-do con amparo de la política pública (ej. Ley 535 de 2014; Ley 906 de 2017;

5 Se ha reemplazado la Ficha Ambiental por un “Formu-lario de Nivel de Categorización Ambiental” mucho me-nos comprehensivo, en el cual el propio representante legal del proyecto decide la categoría del proyecto y por tanto los requerimientos de EEIA y en el cual se exime a ciertas categorías de proyectos de cualquier necesidad de EEIA, como la gran mayoría de emprendimientos agropecuarios (DS 3549 de 2018 y 3856 de 2019).

DS 2633 de 2015). Paralelamente, el marco institucional del Estado para la gestión de las AP se ha desarticulado. El SERNAP ha perdido independen-cia, legitimidad y capacidad técnica y financiera.6 A la par, muchas de las comunidades indígenas miembros de las 44 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) involucradas en la gestión de las AP han visto sus territorios amenaza-dos por las mismas presiones [20]. De forma general, se ha retrocedido mu-cho en los avances que se lograron en los noventas y principio de los 2000 con las experiencias de gestión com-partida y aprovechamiento sostenible de recursos naturales.

• Otra problemática con fuertes reper-cusiones ambientales es la depen-dencia de Bolivia de combustibles fósiles (incluidos gas y petróleo). Más de 95% de la energía producida y 68% de la energía consumida en el país co-rresponden a combustibles fósiles [21] (ver anexo 5). El transporte es el sec-tor responsable por casi dos tercios del consumo [21]. Sobre el 16% de consu-mo que corresponde a electricidad, el 70% de la potencia instalada proviene de plantas termoeléctricas que fun-cionan a gas o diésel [22] [21]. Otro 23% de la electricidad es generada por plantas hidroeléctricas, 3,7% por plantas fotovoltaicas, 1,6% a partir de biomasa y casi 1% por parques eólicos [22]. Es importante notar que el país tiene capacidad instalada para produ-cir el doble de la energía eléctrica del que consume, debido a la orientación de la política pública hacia la expor-

6 Tiene una brecha presupuestaria anual de 23 millones de bolivianos, que no le permite cumplir ni siquiera con las necesidades básicas de personal.


tación de energía. Se han construido plantas termoeléctricas y proyectado mega-hidroeléctricas en este sentido sin tener acuerdos de exportación.7 Las mega-hidroeléctricas generarían graves impactos ambientales por la inundación de bosques (1.910 km2

afectando 6 AP) [9], el desplazamien-to de poblaciones y enormes emisio-nes de metano por la descomposición de materia orgánica bajo el agua [12]. Los cambios en los cursos de los ríos afectarían los recursos pesqueros y el control de inundaciones. Las mega-hi-droeléctricas ya no se consideran so-luciones de energía limpia. En cambio, las pequeñas plantas hidroeléctricas que aprovechan las caídas naturales de agua no tienen estos altos impac-tos y permiten el abastecimiento lo-cal de energía. Bolivia tiene potencial para producir energía limpia con estas pequeñas hidroeléctricas, con plantas fotovoltaicas y parques eólicos. Es uno de los países que recibe más radiación solar en el mundo.

• Deterioro de la calidad ambiental. Todos estos problemas ambientales, sumados a la falta de regulación y con-trol ambiental por parte del Estado en sus distintos niveles, contribuyen a una deteriorada calidad ambiental para la población, que se materializa princi-palmente en aire y agua insalubres. El problema de la mala calidad del aire es grave en las ciudades del país. Los ni-

7 Esto se debe a que no se hicieron estudios de mer-cado. Los países vecinos tienen otras alternativas para proveerse de energía y nuestros precios no son compe-titivos. Según los estudios de factibilidad y diseño de las mega-hidroeléctricas Chepete, Bala, Rositas y Cachuela Esperanza, los costos de producción de energía eléctrica de las mismas están por encima del precio del mercado mayorista nacional y el precio promedio al que Brasil compró electricidad entre 2005 y 2016 [9A].

veles de contaminación por partículas contaminantes respirables (PM10) su-peraban los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud por lo menos en El Alto, Cochabamba, Tri-nidad, Sucre, Quillacollo, La Paz, Oruro y Potosí en 2016 [24].8 El parque auto-motor, principal causante de la conta-minación del aire, crece en promedio 5-6% anualmente (20% en 2018) [23]. Respecto a la mala calidad del agua, esta se debe sobre todo a la imper-meabilización de las zonas de recarga (urbanización), las deficiencias en sa-neamiento básico y mala gestión de aguas servidas, la inadecuada disposi-ción de residuos sólidos, el deficiente o nulo tratamiento de aguas residuales por diversas industrias (incluida la mi-nería) y el uso de agroquímicos en la agricultura [25]. El agua contaminada puede contener microrganismos que causan enfermedades, metales pesa-dos y plaguicidas (entre otros). El 30% de la población boliviana no consume agua potable de calidad [26].

III. Causas y antecedentes de los problemasLos problemas que enfrenta el país en ma-teria ambiental tienen las siguientes cau-sas:1º Ausencia de un sistema efectivo de

gestión ambiental, con capacidad e in-dependencia para planificar y controlar el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades

8 La Ley 1333 de Medio Ambiente es menos estricta que los estándares internacionales e incluso así algunas ciudades tienen niveles de contaminación por encima de los límites.


de impacto ambiental como manda el art. 345 de la CPE, sobre bases adecua-das de información, investigación cien-tífica y participación social.

2º Ineficacia de las instancias competen-tes para lograr una verdadera gestión de la calidad ambiental en las ciudades, y dar respuesta al creciente problema de la basura y la contaminación urba-na.

3º Visión estatal del desarrollo, basado en las actividades extractivas y sin impor-tar la destrucción ambiental y del patri-monio natural del país provocado por estas.

4º Rol asumido por el Estado de promo-ción de normas contrarias a la Consti-tución, tendientes a favorecer la am-pliación de actividades económicas de considerable impacto ambiental, pa-sando por alto los daños ambientales provocados por estas (los cuales, según la CPE debían haber sido sancionados).

5º Insuficiente desarrollo normativo para la aplicación de las amplias bases esta-blecidas en la Constitución para la ges-tión ambiental, lo que determina que la mayor parte de las mismas sean solo declarativas.

6º Debilitamiento del estado de derecho en el país, que ha hechos posible que normas contrarias a la Constitución se aprueben y apliquen, sin que el Tri-bunal Constitucional las objete, y que daños ambientales de magnitud no se procesen ni sanciones.

IV. Principales desafíos del país en materia ambiental

El país tiene tres desafíos principales para resolver los problemas ambientales que hoy enfrenta: el primero se relaciona con el desarrollo de un sistema efectivo de gestión ambiental; el segundo, con el de-sarrollo de una nueva visión y un nuevo modelo económico, que sea sostenible; el tercero con la educación ambiental de la población.

Se requiere constituir un verdadero sis-tema de gestión ambiental, con inde-pendencia y capacidad de regir el apro-vechamiento de recursos naturales y las actividades de impacto ambiental en el país, en la perspectiva de garantizar su sostenibilidad, sobre la base de procesos adecuados de planificación y control, res-paldados por la participación y consulta a la población, por información técnica e investigación científica y por una adecua-da base normativa. El desarrollo de dicho sistema requiere:

• Fortalecer las capacidades institucio-nales y la contribución a la gestión am-biental del país, de las instancias claves del Estado relacionadas con el tema (Viceministerio de Medio Ambiente, SERNAP, ABT, APMT , INRA), garanti-zando la solidez técnica e independen-cia de las mismas.

• Concretar la aplicación del Acuerdo de Escazú: la generación y acceso público a la información ambiental, la partici-pación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso


a la justicia en asuntos ambientales, garantizando la labor de los defensores de derechos humanos en materia am-biental.

• Fortalecer y sanear el marco normati-vo para la gestión ambiental, revisando la concordancia de normativa vigen-te (sectorial y general) con la CPE y la Ley de Medio Ambiente, y desarrollan-do las leyes y reglamentos necesarios para una efectiva aplicación de la CPE. (En especial, mejorar las regulaciones relativas al desempeño ambiental, así como las responsabilidades y sancio-nes sobre delitos ambientales, para distintos sectores como el sector mine-ro y agroindustrial).

En lo que respecta a la educación ambien-tal de la población, se requiere fortalecer los conocimientos y capacidades de la ciudada-

nía en general y de sectores generadores de opinión y con capacidad de decisión, en par-ticular, de manera de garantizar su adecuada contribución al cuidado del medio ambiente y al funcionamiento de la gestión ambiental participativa en el país.

En lo que respecta al desarrollo de una nueva visión y modelo de desarrollo económico y social, podemos decir que este constituye el desafío principal pues mientras el país no sea capaz de generar riqueza sobre la base de actividades eco-nómicas sostenibles, compatibles con la conservación del capital natural y con la equidad social, no va a ser posible detener la destrucción ambiental, que en su mayor parte es generada por las actividades eco-nómicas extractivas. El gran desafío es de-sarrollar opciones económicas sostenibles basadas en las potencialidades locales, la biodiversidad y la cultura.


Preguntas1. ¿Qué políticas públicas se deben impulsar para promover un modelo de desarrollo

social y ambientalmente sostenible?; ¿Cuáles los pilares fundamentales de la mis-ma?

2. ¿Cómo se debe proteger los bosques del país y resolver el problema de los incen-dios forestales? ¿Se debe realizar una investigación o Auditoria Ambiental que esta-blezca responsabilidades sobre los incendios forestales sucedidos en 2019 y 2020 y establecer sanciones? ¿Cuál es la posición de su organización respecto a las leyes y decretos “incendiarios” y los nuevos PLUS de Santa Cruz y del Beni?

3. En su criterio, ¿cuáles son las medidas necesarias para desarrollar un sistema efec-tivo de gestión ambiental en el país?; ¿Qué medidas se deben proponer para forta-lecer las capacidades del Estado para la gestión ambiental y la independencia de las instancias técnicas y autoridades ambientales competentes, respecto a intromisio-nes políticas?; ¿Cuál considera que es el rol de los actores de la sociedad civil en la gestión ambiental?

4. ¿Cuál es su posición respecto al uso de semillas transgénicas en el país?; ¿Qué medidas se deben tomar respecto al decreto supremo 3874 de 2019 y al 4232 de 2020, que autoriza eventos de soya, maíz, caña, algodón y trigo transgénicos?

5. ¿Qué papel considera que tienen las áreas protegidas en el desarrollo económico, social y cultural del país? ¿Qué propone para solucionar la crisis actual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Qué importancia reconoce a la participación de la población local y las comunidades en el manejo de las áreas protegidas?


ANEXOSANEXO 1

Convenios Internacionales Relacionados al Medio Ambiente Ratificados por Bolivia

CONVENIO, ACUERDO O TRATADO

FECHA Y LUGAR DE LA

FIRMAFIRMA Y RATIFICACION OBJETIVO GENERAL

4.- Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuá-

ticas

02/02/1971 Ramsar, Irán

Firmado en fecha 02/02/1971. Ratificada en fecha 07/05/2002, con Ley Nª 2357. Con vigencia internacional.

Fomentar la conservación de hume-dales y de aves acuáticas, creando re-servas naturales. Tomar medidas para la custodia de las aves acuáticas.

1.- Convenio Relativo a la Protección contra Riesgos de Intoxicación por el Benceno.

02/06/1971 Ginebra, Suiza

Firmado en fecha 02/06/1971. Ratificado en fecha 11/11/2000, con Ley Nº 2120. Con vigencia Internacional.

Proteger a los trabajadores contra los riesgos resultantes de la elabora-ción, manipulación o utilización del benceno.

5.- Convenio para la Protec-ción del Patrimonio Mundial,

Cultural y Natural

23/11/1972 París, Francia

Firmado en fecha 23/11/1972. Ratificada en fecha 05/02/1976, con Decreto Supremo Nº 13347. Con vigencia internacional.

Establecer un sistema eficaz de protec-ción colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional organizado de una manera permanente y según métodos científicos y modernos.

6.- Convenio sobre el Co-mercio Internacional de Espe-cies Amenazadas de Fauna y

Flora Silvestres. (CITES)

03/03/1973 Washington, Es-tados Unidos de Norte América

Firmado en fecha 03/03/1973. Ratificada en fecha 05/07/1991, con Ley Nº 1255. Con vigencia internacional.

Proteger ciertas especies en peligro de la sobreexplotación producida por el sistema de comercio internacional (im-portación - exportación)

7.- Convención sobre Con-servación de las Especies Mi-

gratorias.

23/06/1979 Bonn, Alemania


Conservación de especies migratorias. Promover y cooperar las investigacio-nes sobre especies migratorias. Protec-ción de especies que se encuentren en peligro de extinción.

8.- Convenio para la Conser-vación y Manejo de la Vicuña

20/12/1979 Lima, Perú


Prohibir la caza de la vicuña, promover su conservación y reprimir el comercio de sus productos. Compromete el ma-nejo integral de la vicuña.

9.- Convenio de Viena para la Protección de la Capa de

Ozono

22/03/1985 Viena, Austria


Adoptar medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes de las actividades humanas que dañan la capa de ozono. Alentar la investigación, la cooperación entre los países y el intercambio de información.

2.- Convenio sobre Utiliza-ción del Asbesto en Condicio-

nes de Seguridad.


Firmado en fecha 24/06/1986. Ratificado en fecha 01/11/1989, con Ley Nº 1119. Con vigencia internacional.

Controlar la exposición profesional al asbesto y proteger a los trabajadores con adecuadas medidas técnicas de prevención.



FECHA Y LUGAR DE LA


10.- Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que

Agotan la Capa de Ozono.

16/09/1987 Montreal, Ca-

nadá


Proteger la capa de ozono tomando precautorias para controlar las emi-siones globales de las sustancias que provocan su disminución.

11.- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movi-mientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su

Eliminación.

22/03/1989 Basilea, Suiza


Reducir el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos definidos por el Convenio, de manera consistente con manejo eficiente y ambientalmen-te adecuado de dichos desechos.

3.- Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en

Países independientes (OIT)


Firmado en fecha 07/06/1989 Ratificado en fecha 01/11/1989, con Ley Nº 1119. Con vigencia internacional.

Reconocer a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Proteger los recursos naturales existentes en sus tierras. 9/06/1995

12.- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

Cambio Climático.

09/05/1992 Nueva York, Es-tado Unidos de Norte América


Estabilizar las concentraciones de los Gases de efecto Invernadero en la at-mósfera a niveles que no existan inter-ferencias antropogénicas significativas, en el sistema climático. Evitar que el nivel del Cambio Climático impida un desarrollo económico sustentable o comprometa la producción alimenticia.

15.- Convenio sobre la Diver-sidad Biológica.

05/06/1992 Rio de Janeiro,

Brasil


Promover el uso sustentable de los componentes de la biodiversidad y fomentar una distribución equitativa de los beneficios generados por la utiliza-ción de los recursos genéticos.

14.- Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales.



Construir un marco de cooperación entre países productores de maderas tropicales. Fomentar el comercio inter-nacional, la conservación de bosques tropicales y sus recursos genéticos.

18.- Convenio de las Nacio-nes Unidas contra la Desertifi-

cación y la Sequía.

14/10/1994 París, Francia


Combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afec-tados, especialmente en África.

16.- Régimen Común Sobre Acceso a los Recursos Genéti-

cos, Decisión 391.

02/07/1996 Caracas, Vene-

zuela

Firmado en fecha 25/07/1994. Ratificada en fecha 21/06/1997, con Decreto Supremo Nº 24676. Con vigencia internacional.

Reconoce la soberanía sobre recursos genéticos de los países miembros del acuerdo de Cartagena. Favorece la capacitación, investigación y transfe-rencia tecnológica.



FECHA Y LUGAR DE LA


13.- Protocolo de Kyoto. 11/12/1997 Kyoto, Japón

Firmado en fecha 09/07/1998. Ratificada en fecha 22/07/1999, con Ley Nº 1988. Sin vigencia internacional.

Recomienda a los países que suscribie-ron la Convención sobre Cambio Cli-mático a cumplir con los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones de gases invernade-ros. Aplicar programas que mitiguen el cambio climático a través del desarrollo limpio.

17.- Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotec-

nología.

29/01/2000 Montreal, Ca-

nadá


Garantizar la protección y utilización de los organismos vivos modificados re-sultantes de la biotecnología moderna que afecten la conservación y utiliza-ción sostenible de la biodiversidad.

19.- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgáni-

cos Persistentes

23/05/2001 Estocolmo, Sue-

cia


20.- Enmienda al Convenio de Basilea 07/07/2004. Con Ley Nº 2777.

Convención sobre la prohi-bición del Desarrollo, Produc-

ción, y el Empleo de Armas Químicas y sobre su destruc-

ción.

13/01/1993

Paris, Francia

Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimien-to de Consentimiento funda-mentado previo, a ciertos Pla-guicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio

Internacional

10/09/1998 Rotterdam

Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemniza-ción por daños resultantes de los Movimientos Transfronte-rizos de Desechos Peligrosos y

su Eliminación

3/03/2000

Nueva York, Estados Unidos

Fuente. Elaboración propia con base en Rodrigo, Luis Alberto (2003).


ANEXO 2

BASES CONSTITUCIONALES PARA LA GES-TIÓN AMBIENTAL

En el marco de la Constitución Política del Estado (2009), el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce su responsabilidad de garantizar un adecuado manejo del terri-torio y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la diversidad bioló-gica en él existentes, en la perspectiva de lograr el vivir bien de la población y la es-tabilidad de los procesos ambientales que permiten la reproducción de la vida (la bio-regeneración) y el equilibrio de la Madre Tierra. Esta responsabilidad se asume en concordancia con el mandato constitucio-nal que establece:

Que son fines y funciones del Esta-do: “Promover y garantizar el apro-vechamiento responsable y planifi-cado de los recursos naturales(…) así como la conservación del medio am-biente, para el bienestar de las ac-tuales y futuras generaciones” (art. 9 inciso 6) y que:

El patrimonio natural del país, es de interés público y de carácter es-tratégico y su conservación y apro-vechamiento para beneficio de la población, es responsabilidad y atribución exclusiva del Estado y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales (art.346).

La responsabilidad estatal de garantizar un adecuado manejo del territorio boli-viano, el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales en

el existentes y la conservación del medio ambiente y protección de la Madre Tierra, se ejerce en el marco de las bases esta-blecidas por la nueva Constitución Políti-ca del Estado: las bases fundamentales del Estado y el nuevo modelo de Estado; los derechos, garantías y obligaciones de la población; la estructura y organización del Estado y los mandatos sobre medio ambiente y recursos naturales y sobre de-sarrollo rural integrado sustentable, que restablece como parte del nuevo modelo económico del Estado.

Principales mandatos constitucionales referidos al medio ambiente, la biodiver-sidad y el manejo de recursos naturales

1º Deberes del Estado y la sociedad

Además de lo dispuesto en los art.9(6) y 346, referidos previamente, los artículos 342,108, 347 y 312 establecen las bases generales más relevantes; a saber:

El art 342 establece que es deber del Es-tado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.• El art 108 establece que son deberes

de los bolivianos: Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, eco-nómico y cultural de Bolivia (14).

Proteger y defender los recursos natu-rales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las fu-turas generaciones (15).

Proteger y defender un medio ambien-te adecuado para el desarrollo de los seres vivos (16).


• El art 347 I. establece que: El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afec-tan al país; declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos am-bientales; y establece que:

Quienes realicen actividades de impac-to sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, re-parar y resarcir los daños que se oca-sionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales (parágrafo II)

• El art 312 parágrafo III establece que: Todas las formas de organización eco-nómica tienen la obligación de prote-ger el medio ambiente.

2º Mandatos para la gestión ambiental

• El art 345 establece que las políticas de gestión ambiental se basarán en:1. La planificación y gestión participati-

vas, con control social.2. La aplicación de los sistemas de eva-

luación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transfor-me o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente.

• El art 343. establece que: la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisio-

nes que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.

3º Mandatos para el aprovechamiento de los recursos naturales

a) SustentabilidadEl art 380 establece que: I. Los re-cursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustenta-ble, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema.II. Para garantizar el equilibrio eco-lógico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus ca-racterísticas biofísicas, socioeconó-micas, culturales y político institu-cionales.

b) Consulta previa e informada Sobre el tema, el art 352 establece: La explotación de recursos natura-les en determinado territorio esta-rá sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la partici-pación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indí-gena originario campesinos, la con-sulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.El art. 403 establece también el de-recho de consulta para el caso es-pecífico de los territorios indígenas.

c) Investigación para el manejo y conservación

El art 354 establece que: El Estado desarrollará y promoverá la investi-


gación relativa al manejo, conserva-ción y aprovechamiento de los re-cursos naturales y la biodiversidad.

d) Distribución justa y equitativa de beneficios

De acuerdo al art 353: El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los re-cursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los terri-torios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos

4º Mandatos referidos a la gestión de los recursos hídricos

• El art. 374, I III establece que: I. El Esta-do protegerá y garantizará el uso prio-ritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustenta-ble de los recursos hídricos, con parti-cipación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitacio-nes de todos los usos.

III. Las aguas fósiles, glaciales, hume-dales, subterráneas, minerales, medi-cinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su con-servación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembarga-bles e imprescriptibles.

• El art.375 I establece que: Es deber del Estado desarrollar planes de uso, con-servación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográfi-cas.

II. El Estado regulará el manejo y ges-tión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respe-tando los usos y costumbres de las co-munidades.

III. Es deber del Estado realizar los estu-dios para la identificación de aguas fósi-les y su consiguiente protección, mane-jo y aprovechamiento sustentable.

5º Mandato referido a la gestión de la biodiversidad

a) Gestión de especies, recursos gené-ticos y conocimientos tradicionalesEl art 381 I. establece que: Son pa-trimonio natural las especies na-tivas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo.II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorga-nismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un siste-ma de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Esta-do establecerá los procedimientos para su protección mediante la le-yEl art 383 dispone que: El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o perma-nente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a


las necesidades de preservación, conservación, recuperación y res-tauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la bio-diversidad.

b) Gestión de Áreas protegidasEl art. 385 I. establece que: Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del pa-trimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios in-dígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedi-mientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campe-sinos, respetando el objeto de crea-ción de estas áreas.

6º Mandato referido a la gestión de los Recursos Forestales

• El art 386 establece que: los bos-ques naturales y los suelos foresta-les son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a fa-vor de comunidades y operadores particulares. Asimismo promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus

productos, la rehabilitación y refo-restación de áreas degradadas.

• De acuerdo al art 387 I. El Esta-do deberá garantizar la conserva-ción de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeco-nómica, cultural y ecológica.

• El art 389 I. establece que: La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos agrope-cuarios u otros, sólo procederá en los espacios legalmente asignados para ello, de acuerdo con las polí-ticas de planificación y conforme con la ley.II. La ley determinará las servidum-bres ecológicas y la zonificación de los usos internos, con el fin de garan-tizar a largo plazo la conservación de los suelos y cuerpos de agua.III. Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fi-nes constituirá infracción punible y generará la obligación de reparar los daños causados.

7º Mandato especial sobre la amazonia

La amazonia es la única ecorregión que es objeto de disposiciones constitucionales para su protección y aprovechamiento sus-tentable. Esta se establece en los artículos 390 a 392.


ANEXO 3: Fronteras extractivas en Bolivia (CEDIB)


Anexo 4: Deforestación en el departamento de Santa Cruz 2008 - 2028 (IBIF)

Eco-regiones Acum.2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

GeneralBosque seco chiquitano 1.382.392,7 62.373,0 47.893,9 89.896,9 80.193,1 53.656,5 55.235,9 64.454,5 79.400,2 59.660,1 1.975.156,7

Gran Chaco 1.214.437,5 60.753,9 73.564,0 80.615,5 76.888,6 48.490,7 73.659,2 76.447,9 69.924,5 64.962,2 1.839.744,1

Sudoeste de la Amazonía 982.176,9 35.237,9 1.721,4 29.307,8 38.237,7 22.677,6 15.368,6 22.095,9 21.630,1 18.068,1 1.186.522,0

Cerrado 168.262,7 23.273,0 23.080,9 19.737,3 16.658,4 20.737,6 24.504,2 30.349,0 27.318,5 40.092,4 394.013,8

Sabanas inun-dables 205.577,3 5.323,1 1.078,3 18.857,8 6.967,2 5.469,4 3.718,0 3.444,7 6.865,7 9.815,7 267.117,1

Chaco serrano 39.404,2 1.406,9 4.122,1 1.891,2 4.522,1 1.135,1 627,7 1.139,2 760,2 362,4 55.371,1

Bosque tucuma-no-boliviano 2.633,9 15,0 49,6 27,7 53,4 16,2 0,3 15,1 18,4 2.829,6

Yungas 301,7 16,6 6,4 1,9 6,4 7,8 23,4 2,2 366,4

Total general 3.995.186,9 188.399,4 151.510,1 240.340,6 223.522,3 152.189,6 173.113,9 197.954,0 205.940,9 192.963,0 5.721.120,9


ANEXO 5: Cadena energética Bolivia 2018 (Ministerio de Hidrocarburos)


Referencias

[1] Oblasser, Angela. (2016). Estudio sobre lineamientos, incentivos y regulación para el manejo de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), incluyendo cierre de faenas mineras. Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Co-lombia y el Perú. Serie Medio Ambiente y Desarrollo n°163. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40475/1/S1600680_es.pdf

[2] Loayza, Oscar, Reinaga, Ariel y Salinas, Manuel. (2020). Situación de las actividades mineras auríferas y su intensidad en relación a la biodiversidad, ecosistemas, áreas prote-gidas, territorios indígenas y áreas forestales en el Norte de La Paz, Bolivia. Ponencia en plenaria durante el “Simposio del oro 2020”, 5-6 de marzo 2020. La Paz: Wildlife Conserva-tion Society WCS Bolivia.

[3] Brújula digital (20/4/2020). Bolivia es el segundo país que más importa mercurio, un metal altamente tóxico. Disponible en: https://cedib.org/post_type_titulares/boli-via-es-el-segundo-pais-que-mas-importa-mer-curio-un-metal-altamente-toxico-brujula-digi-tal-20-4-20/

[4] OXFAM. (2009). Bolivia. Cambio climático, pobreza y adaptación. La paz: OXFAM Interna-cional. Disponible en: https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bolivia-cam-bio-climatico-adaptacion-sp-0911_3.pdf

[5] PNUD. (2011). Tras las huellas del cambio climático en Bolivia. Estado del arte del conoci-miento sobre adaptación al cambio climático. Agua y seguridad alimentaria. La Paz: PNUD. Disponible en: file:///C:/Users/andre/App-Data/Local/Temp/Tras-las-huellas-del-Cam-bio-Climatico-en-Bolivia.pdf

[6] https://www.cfb.org.bo/noticias/medioambiente/38-del-territorio-bolivia-

no-sufre-una-alta-desertificacion

[7] Red Hábitat. (2011). Cambio climático y justicia. Caso: urbano. La metrópoli andina La Paz-El Alto. La Paz y EL Alto: Red Hábitat. Taller de proyectos e investigación del há-bitat urbano – rural. Disponible en: https://www.cambioclimatico-bolivia.org/archi-vos/20120806044920_0.pdf

[8] Climate Data Explorer. Perfil de Bolivia. Dis-ponible en: https://www.climatewatchdata.org/countries/BOL

[9] https://es.mongabay.com/2019/04/bra-sil-bolivia-colombia-peru-lista-mundial-defo-restacion-2018/

[10] https://inesad.edu.bo/dslm/2019/01/nuevos-datos-sobre-la-deforestacion-en-boli-via-hasta-finales-del-2017/

[11] Ascarrunz, Nataly. (2020). Comentario. En: Memoria del panel n°2 de la serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, Situación, perspectivas y desafíos económicos y so-cioambientales de la agroindustria en Bolivia (14 de abril, 2020). La Paz: ISA/ IISEC-UCB/ Fundación Jubileo/ La Pública/ ONU Bolivia. En preparación.

[12] CEJIS. (2019). Deforestación e incendios forestales en Bolivia y derechos humanos y de pueblos indígenas. Santa Cruz: CEJIS/ UNITAS/ DIAKONIA/ IWGIA. Disponible en: http://www.cejis.org/wp-content/uploads/2019/10/Infor-me_REDESCA.pdf

[13] Fundación Solón. (2018). Inconsecuencia climática. Análisis de la contribución de Boli-via y su implementación. Tunupa, boletín 106. La Paz.

[14] Fundación Tierra. (2019). Fuego en Santa Cruz. Balance de los incendios forestales 2019 y su relación con la tenencia de la tierra. In-forme especial. La Paz: Fundación Tierra. Dis-


ponible en: http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/194

[15] Crespo, Miguel Ángel. (2020). Desafíos socioambientales de la agroindustria en Boli-via: agroquímicos, transgénicos y destrucción de bosques. En: Memoria del panel n°2 de la serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, Si-tuación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Boli-via (14 de abril, 2020). La Paz: ISA/ IISEC-UCB/ Fundación Jubileo/ La Pública/ ONU Bolivia. En preparación.

[16] http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=8619

[17] https://www.sudamericarural.org/images/2018/Policy_brief_pesticides_an-nex-HHPs.pdf

[18] Colque, Gonzalo. (2020). Detrás de la frontera agrícola: Sostenibilidad económica, social y ambiental del agro-modelo cruceño. En: Memoria del panel n°2 de la serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, Situación, perspectivas y desafíos económicos y so-cioambientales de la agroindustria en Bolivia (14 de abril, 2020). La Paz: ISA/ IISEC-UCB/ Fundación Jubileo/ La Pública/ ONU Bolivia. En preparación.

[19] Fundación Solón (2019). La lupa perdida. Análisis de la Evaluación de impacto ambien-tal en Bolivia. En: Tunupa Boletín nro. 111 diciembre 2019. La Paz.

[20] Wildlife Conservation Society WCS Boli-via, “Gestión de Áreas Protegidas”. Disponible en: https://bolivia.wcs.org/es-es/iniciativas/gesti%C3%B3n-de-%C3%A1reas-protegidas.aspx

[21] Ministerio de hidrocarburos. (s.f). Balan-ce energético nacional 2006-2018. La Paz: Mi-nisterio de Hidrocarburos. Disponible en: ht-tps://www.hidrocarburos.gob.bo/index.php/viceministerios/planificaci%C3%B3n-y-desa-

rrollo-hidrocarbur%C3%ADfero/balance-ener-g%C3%A9tico/category/54-balance-energeti-co-nacional.html

[22] https://www.sdsnbolivia.org/en/nue-vos-datos-sobre-la-deforestacion-en-bolivia/

[23] Koch, Freddy. (2020). El deterioro de la ca-lidad del aire en Bolivia: causas, efectos en la salud y medidas necesarias. En: Memoria del panel n°6 de la serie “Bolivia Debate: un futuro sustentable”: Calidad ambiental y salud y Boli-via (23 de junio, 2020). La Paz: ISA/ IISEC-UCB/ Fundación Jubileo/ La Pública/ ONU Bolivia. En preparación.

[24] MMAyA. (2017). Informe nacional de calidad del aire de Bolivia 2016. La Paz: Minis-terio de Medio Ambiente y Agua. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/PNGCA/#

[25] Romero, Ana María. (2020). Deficiencias en la gestión de la calidad el agua en Bolivia, consecuencias en la salud de la población y medidas necesarias. En: Memoria del panel n°6 de la serie “Bolivia Debate: un futuro sus-tentable”: Calidad ambiental y salud y Bolivia (23 de junio, 2020). La Paz: ISA/ IISEC-UCB/ Fundación Jubileo/ La Pública/ ONU Bolivia. En preparación.

[26] IAGUA. (2013). El 70% de la población de Bolivia consume agua potable de calidad. Dis-ponible en: https://www.iagua.es/noticias/bo-livia/13/09/23/el-70-de-la-poblacion-de-boli-via-consume-agua-potable-de-calidad-36952

[27] Sierra Praeli, Y. (2020). Bolivia: decre-tan estado de emergencia por incendios forestales que amenazan áreas protegidas. Mongabay, 17 de septiembre de 2020. Dispo-nible en: https://es.mongabay.com/2020/09/bolivia-emergencia-incendios-foresta-les-areas-protegidas/

Material producido para el programa: 8 PROPONEN

Diciembre 2020

#BoliviaDebate

resumen: gestiÓn ambiental en bolivia

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