Responsabilidad social de los medios en el nuevo sistema de justicia penal

Gerardo Albarrán de Alba *

a violencia que vive el país desde hace ya demasiados años –hace ya

demasiados muertos– nos ha desnudado a todos. Así deberíamos vernos

frente al espejo: desnudo el Estado, que ha mostrado incapacidad –por decir lo

menos– para garantizar la seguridad de la ciudadanía; desnudos los medios, que

no han sabido responder a las necesidades informativas de la sociedad y

conculcan su derecho a la información, ya sea por acción u omisión; desnudos los

periodistas, sometidos a prácticas corruptas de información –lo mismo desde

dentro que desde fuera de sus redacciones– y carecen de las herramientas y la

visión para transformar su propia realidad. Desnuda la sociedad misma, que se

resigna a vivir secuestrada por el temor e incorpora su propia descomposición a su

normalidad cotidiana.

Nadie puede eludir la parte de responsabilidad que le corresponde en esta

realidad que nos ahoga y que está condicionando nuestra viabilidad y futuro

inmediato como sociedad, como nación.

La reforma al sistema de justicia penal aparece como un elemento clave

que, en buena medida, nos permitirá corregir el camino, si es que se convierte en

elemento central para poner fin a uno de los mayores agravios que históricamente

ha sufrido nuestra sociedad: la impunidad. Aquí es donde el papel de las

instituciones de justicia y los medios de comunicación masiva compartimos una

elevada responsabilidad. Justicia y opinión pública tendrían que ir de la mano en la

reconstrucción de nuestro tejido social, en la redignificación de la política no sólo

como la vía legítima de acceso al poder sino como el instrumento esencial del

desarrollo democrático de una sociedad.

L

Para encaminarnos en una ruta eficaz hacia este objetivo común no

tenemos mucho qué inventar. Ahí tenemos el ejemplo cercano de Chile, donde se

implementó una reforma del sistema penal acusatorio a partir de un Código

Procesal Penal, en vigor desde el 12 de octubre de 2000. Una década después el

sistema de justicia penal adversarial se había legitimado, en principio debido a una

estrategia de implementación que permitió adecuarse a los operadores de justicia,

pero también gracias al diseño de una política pública de comunicación que giró

en torno de la capacitación de los periodistas y la difusión en las escuelas como

parte de la educación cívica.

En México es de celebrar la visión garantista de los derechos humanos del

nuevo sistema de justicia penal y la voluntad de transparencia expresada hasta

ahora que, entre otras cosas no menos importantes, vendrá a poner fin a la

discrecionalidad hasta ahora imperante en la presentación de detenidos, práctica

regida no por un prurito de justicia sino como una estrategia de posicionamiento

político. Celebremos también el fin de la opacidad y el secretismo que ha

caracterizado la impartición de justicia no como garantía de los derechos de

personalidad sino como un malentendido coto de poder. La sociedad debe saber

que sus derechos serán respetados por aquellos que investigan y sancionan toda

forma de crimen, toda violación a las normas que nos hemos dado para funcionar

como sociedad. Y también necesita comprender cómo funciona el aparato de

justicia. Derechos humanos y transparencia en el sistema penal acusatorio son

elementos clave en la recuperación de la confianza ciudadana en sus propias

instituciones públicas, es un requisito indispensable para la reconstrucción de

nuestra sociedad.

Estamos ante la necesidad de generar una política sobre transparencia,

sobre información pública, y eso pasa por regular y socializar cómo se realizarán

las audiencias, cuáles serán las excepciones y qué bien jurídico deberá ser

protegido eventualmente frente a la publicidad de los medios, siempre que esté

plenamente justificada cada excepción.

También deberán establecerse con claridad los criterios de acceso a la

información en la esfera judicial, lo que sucintamente consiste en el derecho que

tiene cada ciudadano para en todo momento solicitar y obtener información sobre

la forma en que los tribunales procesan y resuelven los conflictos que son

sometidos a su consideración, así como la forma en la que operan y ejercen el

presupuesto público que les es asignado. En un estado democrático de derecho,

ningún poder está exento del escrutinio público ni de la rendición de cuentas.

Afortunadamente existe una visión comparada sobre este tema, así que tampoco

tenemos que ponernos a inventar nada nuevo. Si acaso, conviene recordar aquí

que la transparencia forma parte del debido proceso.

El otro componente en el que descansa la viabilidad misma del nuevo

sistema de justicia penal es la profesionalización del periodismo (algo que pasa

también por los derechos laborales del periodista). Retomo el ejemplo de Chile, cuyo sistema de justicia penal adversarial se

legitimó a lo largo de una década gracias al diseño de una política pública de

comunicación que incluyó la difusión en las escuelas como parte de la educación

cívica, y dio prioridad a la capacitación de los periodistas. Y esto es algo que

deberán contemplar en el Poder Judicial: el cambio de mentalidad hacia los

medios, lo cual implica una transformación cultural en materia de comunicación

social. Resulta más que necesario romper con las inercias en la relación con los

medios y rediseñar protocolos de información que armonicen el más que previsible

conflicto entre el derecho de la sociedad a estar bien informada sobre el

funcionamiento del sistema de justicia, con los derechos de la personalidad de

quienes se vean involucrados en los procesos judiciales.

Los lineamientos de estos nuevos protocolos informativos están en el

principio de publicidad y oralidad, que deben asegurar la transparencia del

proceso penal. Al mismo tiempo, deben comprometerse con la capacitación

permanente de los periodistas. (Si alguien aquí se está preguntando por qué las

instituciones de gobierno deben asumir y subsanar una tarea como la capacitación

y profesionalización de los periodistas, que es obligación directa de los medios

que los contratan, yo le diría que el Estado no puede omitir su responsabilidad de

crear las condiciones que garanticen el derecho humano a la información. Ante el

reto que implica el nuevo sistema de justicia penal, aquí no tenemos tiempo

suficiente para esperar a que el mercado corrija las taras de una industria

mediática más ocupada en el lucro y el tráfico de influencias que en el de asumir

su papel en democracia, como contrapeso de los poderes político y económico y

como fuente de una sociedad participativa y razonadamente informada.)

Es en el interés del propio aparato de justicia que quien cubra sus

actividades sea una prensa especializada, dotada de una formación específica

que le dote de las herramientas para comprender cabalmente los procesos que

están reportando. En una palabra, que sepan de lo que están hablando. Es lo

mismo que ocurre con los reporteros de fuentes muy específicas, como son

finanzas, que incluso cuenta con diarios y revistas especializadas. Lo mismo

podemos decir de las fuentes cultural y deportiva, que cuando son bien cubiertas –

y no confundidas con la farándula– arrojan como resultado un buen periodismo.

Pues en este caso, lo mismo: así habrá que aspirar a contar con una prensa

judicial especializada, profesional, que cumpla con proporcionar a la ciudadanía

información suficiente, veraz, oportuna y sobre todo socialmente pertinente, para

que cada individuo de la sociedad pueda tomar parte de la toma de decisiones de

su comunidad. Estamos hablando de una prensa que, al mismo tiempo, se

mantenga alerta sobre la calidad de la justicia que recibe la sociedad.

Así pues, en el caso del nuevo sistema de justicia penal que hoy entra en

vigor en una primera etapa en el estado de Quintana Roo, me atrevo a plantearles

aquí que contribuir en procesos de profesionalización de los periodistas, como

parte del diseño de políticas públicas ad hoc, es abonar a un ejercicio ético en el

que el derecho a la información y los derechos de la personalidad se concilien

desde los propios medios. No estoy hablando de una alianza perversa entre

medios y poderes políticos, que de eso ya hemos padecido suficiente, sino de un

compromiso por y con los derechos humanos entre partes fundamentales de un

Estado democrático de derecho. No se trata de proteger del escrutinio público a

los funcionarios públicos ni de promover la imagen de algunos de ellos, mucho

menos de mantener prácticas extorsivas de cierta prensa. No es esa la alianza de

la que hablo aquí, sino de la redignificación del periodismo como profesión, de los

periodistas como agentes de cambio y de la prensa como una tradición

deliberativa de la democracia liberal.

No es una cosa menor. Recordemos que los medios se entienden como un

servicio público cuyos procesos influyen en la formación de la opinión pública

dentro de una sociedad democrática, y eso implica adquirir compromisos éticos

con los intereses comunes de las audiencias. Es decir, no podemos hablar de

libertades de expresión y opinión desde los medios sin el indispensable

complemento deontológico que es el reconocimiento del principio de la

responsabilidad social de la prensa. Porque así como en su accionar los medios

ganan poder e influencia, en la misma medida deben adoptar criterios éticos para

el uso responsable de ese poder y de esa influencia.

Los periodistas tenemos responsabilidad en la construcción de la cultura de

la legalidad. Pero los periodistas (reporteros, fotógrafos, editores y todos los que

participamos en el proceso periodístico) somos apenas el primer eslabón. Hay que

mirar a la industria mediática de forma más amplia e incluir en esta necesaria

crítica –y autocrítica– a los dueños y directivos de medios que no tienen empacho

en lucrar con un bien que no les pertenece en exclusiva, sino que es de la

sociedad toda: la información.

Estamos hablando de cambiar un sistema arraigado en los medios del que

nutren su circulación, sus ratings, mediante la cobertura morbosa de la desgracia

ajena y, peor aún, en el caso de algunos de los grandes diarios de la Ciudad de

México, con una evidente doble moral, pues mientras en sus ediciones principales

ostentan elevados estándares éticos fundados en sus respectivos códigos

deontológicos, no tienen empacho en publicar también ediciones populares que

violan todos y cada uno de esos preceptos.

El nuevo sistema de justicia penal es también una oportunidad para hacer

un mejor periodismo, un periodismo profesional, para lo cual es indispensable

hacer un periodismo responsable, un periodismo ético.

Aprovechemos el hecho de que desaparezca la averiguación previa como la

conocemos y que los casos se funden en evidencias desahogadas ante un juez, lo

que abre el camino para una cobertura diferente, mucho más profunda. La

transparencia de los procesos permitirá, también, mantener informada a la

sociedad sobre cómo funciona el aparato de justicia.

La capacitación y actualización de conocimientos sobre los procesos

judiciales no se agotan en la delincuencia común ni en la delincuencia organizada

en su variante más vulgar, sino que pasan por la justicia civil, la justicia financiera,

la justicia mercantil, etcétera. Junto con ello, resulta indispensable la formación

deontológica de los periodistas y de las empresas para las que trabajan.

Los medios deberán entender que la autorregulación es un activo de su

propia credibilidad y el sustento de su profesionalismo. Por eso mismo, la

autorregulación no es una excusa para que dueños de medios, directivos y

muchos reporteros y fotógrafos supongan y se comporten como si la libertad de

expresión y la libertad de prensa fueran derechos absolutos. Los medios no son

entes aislados, a pesar de que sus preceptos normativos suelen ser

autorreferenciales y trabajan de espaldas al estado democrático de derecho, es

decir, sin la autocrítica necesaria y sin el referente de un sistema normativo que va

mucho más allá de la función social de la prensa. Históricamente –y hablando por

supuesto en términos muy generales–, en México el periodismo no ha sido ni

misión ni oficio, ha sido modus vivendi. Así lo ha sido para buena parte de los

medios que son mero pretexto de sus dueños para alcanzar y proteger sus

intereses extraperiodísticos. Así lo ha sido para muchos periodistas corruptibles y

corrompidos desde el poder (incluido el propio poder mediático, que los degrada

profesionalmente al utilizarlos casi como sicarios).

Como periodistas, debemos evitar los juicios mediáticos, máxime porque

está plenamente demostrado que, en las primeras instancias de investigación,

muchos de los detenidos están lejos de ser plenamente responsables de los

delitos por los que se les investiga. Una proporción importante son absueltos,

otros más ni siquiera llegan a ver a un juez, pero en principio ya fueron sometidos

a un juicio paralelo mediático en el que son socialmente condenados, con todas

las consecuencias que ello acarrea para la vida de las personas en esas

circunstancias.

El periodismo que hacemos debe tener como objetivo informar a la

sociedad y ejercer junto con ella el derecho humano a la información, no el andar

saltando entre oficinas de prensa mendigando convenios o extorsionando a

funcionarios que casi se ahorcan con su propia cola para que no se las pisen.

Si no, díganme ustedes: ¿Dónde quedó el “Acuerdo para la Cobertura

Informativa de la Violencia”, ese que fue firmado el 24 de marzo de 2011 por las

principales corporaciones mediáticas del país, en el que se comprometieron a no

ser voceros del crimen organizado; a presentar datos de violencia en un contexto

correcto; a atribuir responsabilidades de los hechos de violencia; a respetar la

presunción de inocencia; a cuidar a las victimas y menores de edad; a alentar la

denuncia ciudadana; a proteger a los periodistas; a mostrar verdadera solidaridad

entre medios ante amenazas, y a no interferir en el combate a la delincuencia?

¿Qué fue de todo esto? ¿Qué ha quedado de ello?

Deontológicamente hablando, nada. En realidad, esos criterios para el

tratamiento noticioso de los temas de seguridad y justicia se convirtieron en un

mero instrumento de propaganda del poder político (y hasta de una parte del

poder económico del que forman parte los medios); un instrumento de

propaganda, que no de comunicación social, con la complicidad de esos grandes

medios, particularmente las televisoras.

En fin, que lo que trato de compartir con ustedes es que el periodismo

judicial debe ser una especialización profesional.

Los periodistas debemos pasar de las coberturas anecdóticas, morbosas, al

reporteo profundo, al dato contrastado, a la investigación periodística. No se

informa a nuestra comunidad exhibiendo detenidos, sometiéndolos al juicio

mediático y olvidándose de ellos. ¿Fueron juzgados? ¿Fueron sentenciados a

alguna pena o fueron absueltos? ¿Cuál fue la calidad de las pruebas presentadas

ante el juez y cómo las valoró éste? El periodismo de seguridad pública, el

periodismo judicial –como una especialización– no es cómplice de violaciones de

derechos humanos, es garante de los derechos humanos, empezando por el

derecho a la información.

A eso me refería cuando les decía, al principio de esta charla, que la

violencia nos desnudó a todos. Aprovechemos la oportunidad que nos brinda este

nuevo sistema penal acusatorio para volver a vestirnos todos de legalidad, de

justicia y democracia.

9 de junio, 2014

 *  Gerardo  Albarrán  de  Alba  es  miembro  del  Consejo  directivo  de  la  Organization  of  News   Ombudsmen   y   creador   y   director   de   Saladeprensa.org.   Ha   sido   el   primer  Defensor  de  la  Audiencia  de  una  radio  comercial  en  México,  en  Noticias  MVS.  Esta  es  la  conferencia   que   ofreció   en   la   Escuela   Judicial   del   Tribunal   Superior   de   Justicia,  Chetumal,  Quintana  Roo.    Twitter:  https://twitter.com/saladeprensa  Facebook:  https://www.facebook.com/Saladeprensa.org  Correo-­‐e:  saladeprensa.org@gmail.com