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Luis Miguel Montero
EL CLUB DE LASPUERTAS GIRATORIAS
De los escaños a la poltrona.Todos los privilegios de los políticos
que pasan a la empresa privada… y viceversa
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EL ESCÁNDALO DE LOS 45.000 MILLONES
En diciembre de 2013 el escándalo era más que notable. La no-ticia ocupaba desde hacía dos semanas las portadas de los prin-
cipales diarios nacionales y la indignación crecía. El 10 de aquel mes, pocos días antes de que miles de españoles tomaran sus vaca-ciones de navidad, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anunció su sospecha: las grandes empresas espa-ñolas estaban pactando precios. Y metiendo con ello la mano en el bolsillo de todos los ciudadanos por valor de miles de millones de euros. El acuerdo era evidente para las asociaciones de consumido-res, que llevaban cuatro años poniendo el grito en el cielo por el constante aumento del recibo de la luz y la indefensión de los usua-rios de electricidad, un bien básico de consumo al que intentan ac-ceder todos los españoles. Sin embargo, el Estado hizo oídos sordos. El gobierno —primero el de José Luis Rodríguez Zapatero y luego el de Mariano Rajoy— no movió ni un dedo y dio siempre la ca-llada por respuesta... hasta que una nueva subida desproporcionada del precio de la energía rompió la promesa electoral de que los ser-vicios básicos se contendrían en época de crisis.
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Con la indignación pública llegando a máximos históricos, el organismo encargado de velar por las buenas prácticas empresaria-les, la CNMC, anunció el 10 de diciembre el inicio de una inves-tigación «sobre los movimientos inusuales en los precios mayoris-tas de la electricidad». Una semana antes la subasta del sector había disparado los precios por encima del 12 por ciento solo en un tri-mestre.
La denuncia de la CNMC se centraba en las presuntas mani-pulaciones que varios intermediarios realizaron en la subasta eléc-trica. Sin embargo, en realidad ponía en cuestión la propia crea-ción del sistema. Desde septiembre de 2008 el precio de la luz en España, de la energía que consumen más de 47 millones de perso-nas de forma completamente necesaria, se fijaba en una subasta trimestral a la que acudían básicamente intermediarios: bancos de inversión y otras empresas, como Barclays, BNP Paribas, Com-merzbank, JP Morgan o Goldman Sachs, entre otros, que nada te-nían que ver con el sector energético y que especulaban con la luz destinada a los ciudadanos, como si encender una bombilla fuera un producto de lujo. Desde la puesta en marcha del sistema, la electricidad se encareció un 72 por ciento.
El método era perverso. Primero porque el Estado subastaba sus necesidades energéticas al mejor postor: especuladores sin más interés que el suyo propio y que a su vez la revendían a las cinco grandes empresas comercializadoras autorizadas a operar por el gobierno: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.On e Hidroeléc-trica del Cantábrico (EDP). Y segundo, porque eran los propios políticos elegidos por todos los españoles, con el ministro socialis-ta Miguel Sebastián a la cabeza, quienes aprobaron y después man-tuvieron un sistema que era, sin paliativos, perjudicial para los in-
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tereses de todos los ciudadanos. ¿Cómo se entiende que los elegidos para velar por el interés general tomen decisiones que nos perjudican a todos? ¿Cómo pueden tomar decisiones que llenan la cartera de las grandes corporaciones y dejan al ciudadano cautivo de los mercados?
Aquel mes de diciembre, con 4,7 millones de parados en Es-paña, con la brecha salarial rozando máximos históricos y 9 millo-nes de españoles bajo el umbral de la pobreza total, la presión so-cial terminó por poner la lupa en el sector de las eléctricas. Cuatro millones de personas en todo el país tenían problemas para pagar la calefacción o para algo tan básico como encender una bombilla. En 1,8 millones de hogares directamente no podían hacerlo. Y mientras tanto la legislación beneficiaba a las empresas.
El 13 de julio de 2013, cinco meses antes de la investigación abierta por la CNMC, el gobierno de Mariano Rajoy, bajo el aus-picio de José Manuel Soria, entonces ministro de Industria y Ener-gía, aprobó el Real Decreto (RDL) 9/2013: una reforma del sector energético que —sobre el papel— nació para evitar «una escalada de precios en la tarifa eléctrica». Pero la realidad era bien distinta. Pese a los anuncios políticos, la ley supuso en realidad un cambio todavía más favorable a los intereses de las eléctricas. Y contrario, por tanto, a los 47 millones de consumidores españoles. Esos que, con su voto, eligieron a esos políticos como representantes.
Un perdón de 3.400 millones para las eléctricas
La nueva ley aprobada por el PP entró en vigor el 13 de julio de 2013 y nació como una medicina para frenar la subida de la luz.
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Solo medio año después las tarifas eléctricas habían subido un 26 por ciento para los operadores y un 12 por ciento para el consu-midor. El grande siempre gana. Pero el problema no es nuevo.
Un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) fechado el 27 de julio de 2010 ya alertaba de que el diferencial de precios entre el sistema anterior, denominado «spot», y el nuevo CESUR había dejado un beneficio extra de 653 millones de euros a los intermediarios en solo dos años. Trasladado a los consumido-res, tanto empresas como particulares en los hogares españoles, su-ponía un sobrecoste de 813 millones de euros respecto al sistema antiguo. Ese dinero fue a los bolsillos de las comercializadoras. Los números estaban sobre la mesa, pero nadie hizo nada. En vez de investigar a las eléctricas, de modificar el sistema o de blindar los bolsillos de los españoles más necesitados, el gobierno decidió… prescindir de la CNE como organismo independiente y que fuera absorbida junto con sus competencias por la CNMC.
Un nuevo informe, realizado por Economycs for Energy, con más datos definitivos, y presentado en mayo de 2015, cifraba en 1.900 millones de euros el dinero de más que los españoles habían pagado por el fraude del método de subasta. El mismo estudio da-taba en 1,8 millones el número de hogares españoles afectados por la pobreza energética, es decir, gente que no tiene ni para pagar el recibo de la luz o del gas. Paradójicamente, 1.900 millones de eu-ros es lo que costaría paliar la pobreza energética de esos 1,8 mi-llones de hogares. Parece increíble, pero esto solo supone el 2,5 por ciento del gasto nacional en energía, que es de unos 74.000 millo-nes de euros anuales.
Para agravar estos problemas los españoles arrastraban ya un grueso saldo deudor con las eléctricas. Una losa de dinero acarrea-
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da desde 1997 y aprobada durante la privatización del sector, ini-ciada por el socialista Felipe González y culminada por el popular José María Aznar. Los gobiernos de PSOE y PP pensaron que era bueno modernizar el sistema eléctrico, que las empresas invirtie-ran. Pero creyeron que todavía era mejor que esa inversión la pa-gara el ciudadano, ese que no es accionista de Iberdrola ni de Endesa y que paga religiosamente su factura. Es lo que se llamó «Costes de Transición a la Competencia» (CTC). A menor escala, es como si entre todos los españoles abonáramos un nuevo taxi pa-ra un autónomo en Madrid, la reforma del pequeño supermercado del barrio o la compra de equipos informáticos para cualquier ofi-cina de un particular. Esto, que visto con la perspectiva de un em-presario normal parece una operación absurda, fue consentido y aprobado tanto por los gobiernos del PP como del PSOE. Des-pués de aquello, tanto José María Aznar como Felipe González, una vez retirados de la política, lograron cargo y un abultado suel-do en dos de las mayores empresas del sector.
Como en todo buen negocio, estos cambios se reflejaron en la factura de la luz dentro del concepto «déficit de tarifa», es decir, la diferencia entre el coste de la electricidad y lo que nos cobran tras aplicar decisiones administrativas al recibo, por ejemplo los CTC, que también tenían letra pequeña. Sobre el papel los usua-rios abonarían una cuota fija en sus facturas durante diez años pa-ra pagar estos costes de modernización. Una subvención para faci-litar la inversión de las eléctricas en varias cuestiones, por ejemplo, en energías limpias, y que se cobraría en la factura hasta 2006 y sería a fondo perdido. Pero el acuerdo también tenía obligaciones. A cambio de los fondos las eléctricas se comprometieron a mantener el precio de la energía siempre por debajo de los 36 euros/MWh.
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Si no, tendrían que devolver parte del dinero a los consumidores. Algo que, como ya podemos imaginar, nunca sucedió.
A partir de 2004 el precio de la luz superó con creces la can-tidad prevista y por tanto las eléctricas deberían devolver al consu-midor unos 3.400 millones de euros. Un dinero reclamable hasta finales de 2010. Ignasi Nieto, secretario general de Energía con Zapatero, encargó en septiembre de 2006 dos informes, uno al di-rector general de Energía, Jorge Sanz, para tratar de averiguar el dinero pagado de más; además solicitó otro de carácter legal sobre los CTC al abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Barda-jí, que fue entregado en marzo de 2008. Pero Nieto fue sustituido en abril por Pedro Marín Uribe y el documento se echó a dormir en un cajón hasta diciembre de 2014, cuando el diario El País lo hizo público. El informe «perdido» advertía que para hacer cumplir los acuerdos y restituir el dinero al bolsillo de los ciudadanos era pre-ciso solicitar de forma oficial esas cantidades, una deuda que el ex-tinto CNE cifró en unos 1.450 millones de euros (Endesa), 400 millones (Viesgo, ahora E.On) 150 millones (Cantábrico, actual EDP), 250 millones (Fenosa, ahora Gas Natural Fenosa) y 1.150 mi-llones (Iberdrola). La estimación no es más concreta porque fue prácticamente misión imposible, incluso para la Abogacía General del Estado, conocer las cantidades exactas, ya que el acuerdo firma-do con las eléctricas también reflejaba que en caso de que algunas de estas empresas fuesen vendidas o enajenadas el Estado también se vería compensado por esas plusvalías. Viesgo fue vendida al con-sorcio italiano E.On durante el proceso. Sin embargo, nada se hizo. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, comandado por el socialista Miguel Sebastián, dejó morir el plazo para reclamar este dinero. Su predecesor, Joan Clos, y su sucesor, José Manuel So-
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ria, tampoco hicieron la reclamación. El déficit de tarifa lo pagó, de nuevo, el usuario. ¿Cómo se explica que alguien no reclame el dinero que se le debe? Y sobre todo ¿cómo se explica que no lo haga cuando está representando a todos los ciudadanos? ¿Para qué pagamos entonces a los abogados del Estado? ¿Para qué hacen in-formes? ¿Para qué se firman acuerdos con las grandes corporacio-nes si no hay voluntad política de hacerlos cumplir?
Con estos antecedentes y ante la alarma social generada por el aumento de los precios, la CNMC decidió dar un paso adelante e invalidar la última subasta eléctrica del año 2013. El organismo to-mó esta decisión «ante la concurrencia de circunstancias atípicas y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas». Para hacerlo más populista, la resolución fue dictada a las 4.15 de la madrugada del 20 de diciembre de 2013, desde el número 47 de la calle de Alcalá, sede de la CNMC, como si a los consejeros de este organismo les hubiese costado mucho tiempo ponerse de acuerdo para detener este nuevo intento de es-tafa. La medida, aplaudida por el consumidor, dejó indiferentes a los consejos de administración de las tres mayores eléctricas espa-ñolas, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, ya que durante este proceso, entre 2008 y 2013, sus consejeros se habían repartido unos 181 millones de euros en sueldos. Estas tres empresas se agrupan en UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica), el lobby de las eléctricas, presidido por Eduardo Montes.
Convertirse en consejero de una empresa cuyos ingresos de-penden en gran medida de las decisiones políticas sale muy renta-ble. Sobre todo si tú mismo eres político. Desde el comienzo de la crisis los beneficios acumulados de estas empresas superan los 45.000 millones de euros. Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y
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compañía han ganado ellas solas lo mismo que costó rescatar a un país como Grecia. Parte de ese dinero ha ido a parar directamente al bolsillo de los cincuenta expolíticos contratados por el sector, con dos expresidentes y seis exministros a la cabeza. Y mientras, el reci-bo de la luz ha subido un 72 por ciento, según las organizaciones de consumidores. Parece que todos ganan. ¿Quién pierde entonces? La respuesta es tan sencilla como desalentadora: el ciudadano.
La gran tarta del Estado
Cuando alguien está en una situación de privilegio, es más senci-llo cambiar las reglas del juego que pelear limpiamente para man-tenerse en cabeza. Es lo que sucede muchas veces con las grandes empresas españolas. Prefieren presionar para cambiar las legislacio-nes a su antojo que mejorar sus productos de mercado. En otros casos el avance se realiza parejo: por un lado el I+D y por el otro el mundo de las relaciones. En cualquier caso, para salvaguardar los beneficios y continuar optando a gran parte de la tarta del di-nero público (194.000 millones de euros en 2014, un 18 por cien-to del PIB español), las eléctricas también tienen que invertir en material humano. No buscan profesionales, ingenieros ni especia-listas en sus sectores de negocios. Buscan contactos, gente capaz de llamar a la puerta y ser recibido en los más importantes despa-chos. Exministros como Eduardo Zaplana, contratado por Tele-fónica sin tener la más mínima experiencia en el sector de las co-municaciones; el exjugador de balonmano Iñaki Urdangarin, yerno del anterior rey y cuñado del actual, que fue contratado también por la misma multinacional en Estados Unidos. Son per-
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sonas que conocen por completo los entresijos de la administra-ción pública y, sobre todo, conocen a los que ocupan los sillones de mando. Se busca a quienes redactan las leyes y son capaces de hacer ganar o perder, de un plumazo, miles de millones a los ciu-dadanos o las grandes corporaciones.
En ocasiones estos elegidos por las multinacionales terminan trabajando en los sectores en cuya regulación influyeron decisiva-mente cuando legislaban. Es lo que se conoce como «puertas gira-torias» o «revolving doors» en su terminología inglesa. Y se da en am-bas direcciones: empresa-política y política-empresa. El fenómeno cobra especial importancia para sectores estratégicos; mercados re-gulados como la electricidad o el agua, que supeditan gran parte de sus ingresos a las decisiones políticas. Es entonces cuando los miembros de lo que ahora se conoce como «la casta política» son los fichajes estrella de las grandes multinacionales.
Durante la crisis, Iberdrola, que realizó el fichaje estrella del exministro popular Ángel Acebes, ganó 18.300 millones de euros. Solo en el primer semestre de 2014 su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se embolsó 7,58 millones de euros como sueldo, unos 21.000 euros diarios. Ángel Acebes, exministro de Interior, de Jus-ticia y de Administraciones Públicas, exsecretario general del PP, exalcalde de Ávila, exdiputado y exsenador, no sabía absolutamen-te nada del mercado de la energía, pero cuando fichó, en abril de 2012, ganó 174.000 euros; durante 2013 cobró 227.000 y en 2014 su retribución fue de 317.000, unos 868 euros diarios, lo mismo que gana un mileurista... en un mes. Acebes no sabe mucho del mercado de la energía, ni había regulado directamente el sector durante su carrera política, pero posee información de primera mano sobre los mecanismos del Estado. Además fue ministro de
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Justicia, y su fichaje llegó justo en plena batalla jurídica entre Iber-drola y ACS por el intento de Florentino Pérez, presidente de esta última, de hacerse con el control de la compañía, donde llegó a tener el 20 por ciento del accionariado.
Durante los dos primeros años del gobierno de Rajoy —con Ángel Acebes ya en las filas de la empresa— Iberdrola ganó el 38 por ciento de todos los contratos públicos licitados para el sumi-nistro de energía en ministerios y otros organismos públicos. Solo en este concepto se embolsó 150 millones de euros, con 80 lotes distintos. Gas Natural obtuvo 63 contratos en el mismo periodo y Endesa otros 22. Como curiosidad, y a diferencia de lo ocurrido con Iberdrola, durante estos años no le cayó a Endesa ningún con-trato directo del Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, exconsejero de Endesa, ni del Ministerio de Agricultura, dirigido en su momento por Miguel Arias Cañete, cuyo hermano también ocupó sillón en la misma eléctrica. Quizás fuera casuali-dad. O quizás que la zona de influencia de Endesa es la periferia española y no tiene un gran volumen de negocio en Madrid, don-de están los ministerios.
Su alejamiento de la capital no fue, sin embargo, impedimento para que Gas Natural Fenosa, una empresa con domicilio en Bar-celona, obtuviese un contrato del Ministerio del Interior para su-ministrar luz a las cárceles españolas por 12 millones de euros.
Cuando el lobby aprieta
Los culpables de la subida del precio de la luz durante estos años no fueron solo las empresas comercializadoras: aquí todos quieren
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su parte del pastel y un trozo gigantesco se llevan los intermedia-rios, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, que se agrupan en EFET (European Federation of Energy Traders), uno de los lobbies o grupos de presión más importantes de la Unión Europea, formado por 115 empresas, entre ellas Barclays, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Commerzbank, Deutsche Bank, Edi-son, Enel, E.On, Exxon Mobil, Galp, Gas Natural, Gazprom, Goldman Sachs, Iberdrola, JP Morgan, Merril Lynch, Morgan Stanley, Société Générale, Shell y Total.
Así que cuando EFET protestó en enero de 2014 por la anu-lación de la subasta CESUR estaba en realidad protestando por la pérdida de negocio en España de todos estos socios. El presidente ejecutivo de EFET es el británico Paul Dawson, que antes presidió Citi, Barclays Capital y Enron Europe. En el núcleo duro de EFET la única representación española corre a cargo de Juan Ríos, jefe de negocios para Europa de Iberdrola, primera eléctrica del país por volumen de negocio.
La presión de Iberdrola es tan grande en el mercado regulato-rio español de la energía que cuando se redactó el RDL 9/2013 algunos le atribuyeron una excesiva influencia de la eléctrica espa-ñola en el redactado final de la norma. No hay forma de confir-marlo de manera objetiva, ya que en España los ciudadanos no pueden conocer los contactos de las empresas con los responsables políticos. Ni siquiera con la nueva Ley de Transparencia. Pero sí hay rastros palpables de las presiones. Cuando el gobierno decidió intervenir en la subasta eléctrica, el presidente de Iberdrola, Igna-cio Sánchez Galán, fue una de las voces más críticas. Incluso ame-nazó durante la presentación de cuentas anuales, a principios de 2014, con dejar de invertir en España si el gobierno no daba mar-
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cha atrás a la reforma. Sánchez ya sabía que los ingresos de Iber-drola descenderían un 13 por ciento tras la intervención del Esta-do en la subasta CESUR. En el mismo discurso Sánchez Galán dijo entonces que Iberdrola iba a invertir 9.600 millones de euros en el trienio 2014-2016, el 41 por ciento de esa cantidad en el Reino Unido y otro 23 por ciento en México y Brasil. Sin embar-go, su compañía no renunció a obtener 70 contratos de las admi-nistraciones públicas españolas durante el año 2014, lo que le re-portó 390 millones de euros de beneficio.
Fichajes caros y rentables
Para entender la facilidad de Iberdrola en copar el mercado espa-ñol de la energía es preciso recordar que por su Consejo de Ad-ministración han pasado, además de Acebes, numerosos políticos como Fernando Becker, exconsejero de Castilla y León, expresi-dente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y actual director cor-porativo de Iberdrola España. O Braulio Medel Cámara, presiden-te de Unicaja y exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con el PSOE, que durante el último ejercicio cobró 299.000 euros. Manuel Amigo, que ocupó varios cargos en la Junta de Extremadura con el socialista Rodríguez Ibarra de pre-sidente, es consejero externo de la filial de Renovables de Iber-drola y presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En su periplo político fue consejero de Presidencia y Trabajo, de Economía, Hacienda, Industria y Comercio. Tras la llegada de Fer-nández Vara fue diputado en la asamblea regional y en 2007 fue nombrado presidente ejecutivo de la Corporación Empresarial de
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Extremadura (CEX) hasta la llegada del popular José Antonio Monago a la presidencia extremeña.
Manuel Marín, exdiputado socialista y expresidente del Con-greso de los Diputados se convirtió en presidente de la Fundación Iberdrola en julio de 2008 y su sueldo no es público. José Luis Oli-vas, exvicepresidente de la Comunidad Valenciana, estuvo en el consejo hasta mayo de 2012, a razón de 129.000 euros anuales. Ramón de Miguel, exsecretario de Política Exterior y Asuntos Europeos con el gobierno de Aznar y exdirector general de Ener-gía de la Comisión Europea, fue el responsable del Área Interna-cional de Iberdrola y luego presidente de Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco), hasta junio de 2012. Actualmente es em-bajador de España en Francia, desde abril de 2014. En enero de 2010 Iberdrola fichó a Juan María Atuxa, exconsejero de Interior en el País Vasco, para Iberinco, por un sueldo estimado de 46.000 euros al año. Atuxa había sido consejero de BBK (Bahía de Bizkaia Gas) tras retirarse de la política.
Pero sin duda el fichaje más rentable de la eléctrica española durante estos años de crisis ha sido el de Georgina Kessel, exsecre-taria de Estado de Energía de México, que cobra 176.000 euros al año, pero proporciona un volumen de negocio importante a la compañía, como veremos más adelante. Una de las incorporacio-nes más controvertidas de la compañía de Sánchez Galán fue la de Ignacio López del Hierro, que no es un político pero está casado con María Dolores de Cospedal, expresidenta de la Junta de Cas-tilla-La Mancha y secretaria general del PP. En 2012 fue nombrado consejero de Iberinco con un sueldo estimado de 75.000 euros y en octubre de 2013 fue nombrado consejero de Iberdrola Inmo-biliaria.
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