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Pastoral Social de la

Diócesis de San Marcos

7ª EDICIÓN, PUBLICACIÓN ANUAL

SAN MARCOS, GUATEMALA, 2012

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

CONFLICTIVIDAD AGRARIA,AMBIENTAL Y LABORAL

UNA MIRADA DESDE EL CAMPESINADO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓNLos vínculos entre el desarrollo rural integral, la tierra, el agua y sus problemáticas

BALANCE DE LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA, LABORAL Y AMBIENTAL DESDE LA REGIÓNOCCIDENTAL

Panorama de los casos acompañados por la Pastoral Social de San Marcos

EXPERIENCIA CON LA INSTITUCIONALIDAD AGRARIA, LABORAL Y AMBIENTALInstitucionalidad pública y proyectos potencialmente peligrosos para el medio ambienteConsecuencias ambientales del procesamiento de la palma africanaArbitrariedades de la agroindustria en el uso y aprovechamiento del aguaEl sufrimiento de los campesinos por inundaciones como pretexto para perseguirintereses agroindustrialesMinería de construcción en PalajunojLas hidroeléctricas y la conflictividad social: el caso de la Hidroeléctrica Río Salá

EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES GLOBALESResponsabilidad social corporativa: interpelaciones a las prácticas de las agroindustriasde la costa sur de GuatemalaLas inversiones y el acaparamiento de tierras y de recursos: evitar violaciones a losderechos humanosAgrocombustibles en Brasil: Políticas Gubernamentales y Movimientos Campesinos

ANEXOS: REFLEXIONES DE PASTORAL SOCIAL DE SAN MARCOSAgradecimiento a Monseñor Álvaro RamazziniNota de prensa en el marco del Día Internacional del Derecho a la Alimentación2012: “Hacer realidad el derecho a la alimentación en Guatemala”.Comunicado de Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos ante los hechos sucedidosen Totonicapán el 4 de octubre 2012

Índice5

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PresentaciónLa Pastoral Social de la Diócesis de SanMarcos (PSSM), inspirada por la cartaepiscopal “El Clamor por la Tierra” (1988),trabaja para fortalecer procesos sociales yorganizativos de comunidades y familiascampesinas e indígenas, apoya las luchassociales de quienes constantemente enfrentanviolaciones a sus derechos humanos, asícomo de quienes sufren discriminación,exclusión y despojo a pesar de que a diariodan invaluables aportes a la sociedad. A travésde equipos especializados de la Pastoral dela Tierra, acompaña a organizaciones ycomunidades que afrontan conflictos agrarios,ambientales y laborales, ofrece formaciónpolítica, apoya en la construcción dealternativas productivas y de políticas públicasjustas a favor de las mayorías desposeídas.

En el marco de alianzas regionales ynacionales, la Pastoral Social de la Diócesisde San Marcos une esfuerzos en la búsquedadel bien común, la justicia social y elfortalecimiento del movimiento social,destacando su participación en la PlataformaAgraria y en el Colectivo Social por elDerecho a la Alimentación. Para tener mayorincidencia dentro y fuera de las fronterasguatemaltecas, también coordina coninstancias internacionales como FoodFirstInformation and Action Network (FIAN), elCentro de Derechos Humanos de laUniversidad de Washington, Seattle, EstadosUnidos, y el Comité Católico contra el Hambrey por el Desarrollo de Francia (CCFD-TerreSolidaire).

En el marco del proyecto “Incidencia para laresolución de conflictividad agraria, laboraly ambiental en comunidades campesinas eindígenas”, con apoyo del CCFD – TerreSolidaire y de la Unión Europea, la PastoralSocial de San Marcos publica la VII ediciónde la Revista ¿Hacia Dónde Vamos? Unamirada desde el campesinado. Este es unesfuerzo iniciado por la Pastoral de la TierraInterdiocesana que a lo largo de siete años

ha documentado diferentes aspectos de laconflictividad en el Sur Occidente deGuatemala: las demandas del sectorcampesino, las respuestas del Estado y laposición de las empresas privadas, en unaperspectiva de promoción de los derechoshumanos y del desarrollo rural integral.

El año 2012 no sólo representó la llegada deun nuevo gobierno y nuevos discursosrespecto al desarrollo rural integral y laproblemática agraria. Desde el segundotrimestre, el gobierno comenzó a hablar de lanecesaria coexistencia de dos visiones dedesarrollo rural predominantes, el modelo dela economía campesina y el modeloempresarial. En una terminología poco comúnse habla de “dos puertas”, de “jalar” y de“empujar” a los pequeños productores a finde aumentar sus cosechas y de incorporarlosen mercados más grandes. El nudo máspreocupante, sin embargo, lo constituye lapráctica del Ejecutivo de defender la inversiónprivada a costos demasiado elevados: conun estado de sitio en Santa Cruz Barillas paradefender los intereses de una transnacionalque irrespeta la decisión de la población derechazar el proyecto hidroeléctrico, lapersecución a varios dirigentes sociales, laimpunidad en casos de asesinatos de líderessociales y la primera masacre perpetrada porel ejército desde la firma de los Acuerdos dePaz, el 4 de octubre en Totonicapán. Lastensiones alrededor de los proyectoshidroeléctricos y mineros han aumentado,igualmente el rechazo de la población a laagroindustria de caña de azúcar y de palmaafricana, entre otros que no corresponden alámbito agro-ambiental1.

Entre los limitados avances se destacan ladiscusión sobre la iniciativa de ley número4084 sobre el Sistema Nacional de DesarrolloRural Integral y las propuestas para superarla deuda agraria. En ambas cuestiones, porprimera vez desde hace años, las demandasde los movimientos campesinos se

1. El rechazo a las reformas constitucionales, así como a la reforma sobre la formación de docentes del magisteriosignificaron un desgaste político para el gobierno y para el país.

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encuentran posicionadas frente a lasinstituciones del Estado con perspectivas deser escuchadas. Lamentablemente, otrosproblemas, como por ejemplo el uso del agua,no han encontrado semejante suerte, másbien sufrieron retrocesos al desintegrarse elGabinete Especifico del Agua y al no verimpulsada la política nacional del agua.

El problema de la conflictividad agro-ambiental ha empeorado en lo cualitativo y enlo cuantitativo. A principios del año laSecretaría de Asuntos Agrarios (SAA) logródepurar su registro de conflictos, despuésvolvió a aumentar el número de casosregistrados, de 1,237 en marzo a 1,293 casosen noviembre.

Entre los 11 conflictos acompañados por laPastoral Social de la Diócesis de San Marcoslos conflictos laborales se han reducidolevemente a pesar de que la problemática delos derechos laborales persiste. Dosconflictos acompañados están al punto deresolverse (Nueva Florencia y Caserío NuevoSan Francisco), mientras que los dos casosde deuda agraria podrían tener posibilidadesde resolverse en 2013. Otros temas se hanestancado. Los derechos colectivos de lospueblos indígenas siguen violándose, no sereconoce el derecho a la consulta, tampocoexisten procedimientos para reconocerpropiedades de comunidades indígenascomo las tierras comunales.

La presente revista analiza la diversidad deestos temas a partir de una visión de defensadel derecho a la alimentación y de losderechos colectivos de los pueblos indígenas.El análisis inicia con un panorama generalsobre la conflictividad a partir de un artículosobre el contexto general del país y de unbalance regional de la conflictividad agraria,laboral y ambiental. Otra parte de la revistase concentra en las problemáticasambientales, las cuales son entendidas en suestrecha relación con las cuestiones agrarias:sin un medio ambiente sano la tierra noproduce o la cosecha estaría tan contaminadacuanto el agua que se utiliza para el riego.Diferentes artículos analizan experiencias conprocedimientos penales (por ejemplo, en uncaso de contaminación industrial y muerte depeces), así como con instrumentos de

evaluación ambientales, herramientaspreventivas para evitar peligros y dañosambientales. Otro grupo de artículos abordalos limitados alcances de métodos alternativospara resolver conflictos ambientales, en casode minería y agroindustrias. Finalmente seofrecen miradas internacionales sobreproblemáticas con efectos concretos a nivellocal: el acaparamiento de tierras y derecursos, los agrocombustibles en Brasil y laresponsabilidad social corporativa. Elconjunto de artículos invita a reflexionar sobrelos principales nudos agro-ambientales en laactualidad que requieren de especialatención, ya que no es posible pensar enprocesos de desarrollo que vayan endetrimento del medio ambiente y de losrecursos naturales.

Esta publicación deja constancia que a pesarde que los sujetos sociales afectados hanutilizado mecanismos legales, administrativosy de negociación en su lucha por susderechos, a lo largo de la historiaguatemalteca, la conflictividad siguealimentándose de la codicia por los recursosnaturales, la falta de cumplimiento de losderechos humanos y en particular del derechoa la alimentación. Esperamos que la presenteedición de ¿Hacia dónde vamos? sea uninstrumento que permita dar a conocer ladimensión de la conflictividad agro-ambiental,ubicar quiénes son las personas afectadas(enfoque de género, étnico y etario), detectarcuáles son las obligaciones no cumplidas delas instancias gubernamentales y animar lalucha de las comunidades campesinas eindígenas de Guatemala.

En esta ocasión, le debemos un especialagradecimiento a Monseñor Álvaro LeonelRamazzini Imeri, que asume nuevasresponsabilidades pastorales enHuehuetenango. A él nuestro reconocimientopor la semilla que sembró en suacompañamiento a las luchas sociales a favorde la justicia social, durante 23 años en SanMarcos y en la Provincia Eclesial de los Altos.Mantendremos vivo su legado y su actuarbasado en la doctrina social de la Iglesia.

Pastoral SocialDiócesis de San Marcos

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Introducción

LOS VÍNCULOS ENTRE EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL,

LA TIERRA, EL AGUA Y SUS PROBLEMÁTICAS

Desde hace siglos, Guatemala se caracterizapor tener uno de los más altos niveles depobreza y pobreza extrema del continentelatinoamericano. Más de la mitad de los niñosde primaria registran algún nivel dedesnutrición. Es decir, la alimentación esinsuficiente para su crecimiento y para quepuedan llevar una vida saludable, lo queconstituye una flagrante violación al derechoa la alimentación, a la cual el Estado deberíaresponder.

Aunque garantizar los derechos humanos esresponsabilidad del Estado de Guatemala,en la práctica hay diversas visiones sobrecómo mejorar la situación económica ysocial de la población. Organizacionescampesinas e indígenas exigen que seconcentren los esfuerzos en las economíascampesinas, fundamentando sureivindicación en estudios que demuestransu relevancia. Las economías campesinasno sólo están en capacidad de produciralimentos para la subsistencia, comotambién pueden generar ingresoseconómicos relevantes al comercializar aniveles local y regional. Elementos como

tierra y maíz juegan un papel crucial en laalimentación y la cultura; son a la vez recursossimbólicos y valores económicos.

Por otro lado, el modelo empresarial dedesarrollo está fincado en las inversionesprivadas de las industrias extractivas,incluyendo las agroindustrias que ocupanvastas extensiones de tierra y que estándedicadas a producir principalmente para laexportación. Recursos como la tierra, el aguay los fertilizantes, entre otros, hacen parte deun proceso productivo que los ha llevado a

El gobierno autodenominado del “cambio” habla, en el ámbito del desarrollo rural, de unaestrategia de “las dos puertas” que debería favorecer a las economías campesinas y tambiéna la inversión privada. Las disputas por los “recursos naturales” y la desatención del Estadohan llevado a altos niveles de conflictividad social. La combinación entre falta de regulacióny debilidades institucionales favorece intereses económicos privados y provoca unaexplotación no sostenible del medio ambiente. Una parte de la problemática reside en queGuatemala carece de normativas, políticas y visiones claras sobre el uso de los recursosnaturales, entre ellos el agua.

Protesta, abril 2011

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convertirse en mercancías con un valoreconómico.

En este modelo1, el Estado juega el papel deente regulador, especialmente en el ámbitocivil, para asegurar el cumplimiento derelaciones contractuales entre actoresparticulares.

A lo largo de la historia los dos modelos dedesarrollo y sus matices han coexistido en elterritorio guatemalteco, dando paso adiversas formas de relaciones: desegregación, despojo, explotación... Enlos últimos años, la dirigencia campesina haresaltado la importancia de democratizar latenencia de la tierra, de proporcionar tierra acampesinos sin tierra o con tierra insuficiente.Por otro lado, el empresariado ha requeridomás y más tierra para mayores produccionesagroindustriales, con el discurso de generarmás empleo. Hay una abierta disputaalrededor de la tierra y otros recursoslimitados, como el agua. Desde hace décadaslos gobiernos favorecen al desarrolloempresarial en detrimento de demandascampesinas que, sólo en ocasiones, se“contestan” con acciones asistencialistas,muchas veces clientelares, que no tocan laproblemática estructural.

El discurso de “las dos puertas”

El gobierno del presidente Otto Pérez Molinaanuncia en sus discursos un “cambio”. Hablade la necesaria coexistencia de los dosmodelos de desarrollo: la economíacampesina y las inversiones privadas enterritorios rurales. En varias oportunidadesutiliza la expresión simbólica de “las dospuertas”. Cabe señalar que no todos aceptanesa propuesta. Amplios sectoresempresariales no coinciden con la necesidadde apoyar a las economías campesinas o noestán dispuestos a abordar la problemáticaagraria. Por su parte, organizacionescampesinas, comunidades y diversasexpresiones sociales objetan la inversiónprivada en territorios rurales, ya sea bajo laforma de agroindustrias, mineras2 ohidroeléctricas3. Las interpretaciones deestas diferencias varían: se habla de caráctertemporal, de limitantes de naturalezaideológica4, de exclusiones netamenteeconómicas (por ejemplo, por regalíasinsuficientes). Pero la realidad va más allá:incluye la defensa del territorio, laspreocupaciones por recursos naturalesestratégicos para los pueblos, la proteccióndel medio ambiente, la salud de las personas,y la relación con el cosmos.

1 El modelo empresarial de desarrollo se vincula con la idea de un “trickle down” (“efecto de goteado” o “efecto defiltración”), el cual supone que el crecimiento económico de las clases económicas altas tiene como consecuenciaautomática que también las clases bajas mejoren sus condiciones. Las respectivas políticas macroeconómicasse enfocan y favorecen las condiciones de los segmentos económicos más altos. Pero su implementación hamostrado efectos devastadores en varios países. Para profundizar léase Naomi Klein: La Doctrina del Shock: ElAuge del Capitalismo del Desastre, Paidos, 2007.2 Más información en el artículo “Minería de construcción en Palajunoj”, página 65 de esta edición.3 Más información en el artículo “Las hidroeléctricas y la conflictividad social: el caso de la Hidroeléctrica RíoSalá”, página 70 de esta edición.4 idem. Regina Pérez: “Subversivos, comunistas y terroristas… ¿actores del pasado o del presente? RECALIENTANEL RECUERDO DE LA GUERRA FRÍA” EN: La Hora, 6 de noviembre 2012, http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/168098-subversivos-comunistas-y-terroristas-iactores-del-pasado-o-del-presente

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El encuentro entre las diversas posturas hallevado a muchas tensiones e innumerablesconflictos sociales, que en varios momentoshan culminado en enfrentamientos violentosen los que se han perdido vidas humanas,como en los casos de Santa Cruz Barillas,San Rafael Las Flores y recientemente enTotonicapán. El analista político Luis Mackexpresa que “La debilidad del entornoinstitucional es uno de los principalesdetonantes de la conflictividad, lo cual inducetrágicamente a los actores sociales a recurrira estrategias de fuerza”5. Las autoridadesestatales no escatiman en hacer uso de larepresión para enfrentar la resistencia delmovimiento indígena y campesino que se

opone al modelo empresarial, pero noaccionan frente a la violación de derechos porparte de empresas que no pagan salariosmínimos o cobran excesivas tarifas deelectricidad. Mientras que la “puerta delmodelo empresarial de desarrollo” parece serdel Palacio Nacional de la Cultura, la “puertade la economía campesina” se asemeja a laentrada trasera de una finca destinada a losmozos colonos y a la servidumbre. El discursode las “dos puertas” es una cortina de humopara ocultar las grandes diferenciaseconómicas y sociales entre los diversossectores. En suma, las “dos puertas” no soniguales ni equitativas.

5 Luis Mack: Entendiendo la conflictividad social en Guatemala, 9 de noviembre del 2012, http://www.plazapublica.com.gt/content/entendiendo-la-conflictividad-social-en-guatemala

Fuente: http://www.galasdeguatemala.com

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El agua en el centro de laproblemática

Las conflictividades ambientales y agrarias,más allá de cuestiones ideológicas, en lamayoría de los casos tienen raíces profundas,como la disputa por los “recursos naturales”,siendo el agua uno de éstos. Reconocidasinstituciones como el Instituto de Agricultura,Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) dela Universidad Rafael Landívar (URL)subrayan que la situación del agua se podríavolver mucho más preocupante a mediano ylargo plazo. En su reciente informe “PerfilAmbiental de Guatemala”, diagnostica quehay mucha agua pero poca gestión6.Actualmente, los usos consuntivos7 y noconsuntivos del agua representan menos dela cuarta parte de la oferta hídrica disponible:el 37.5% del líquido usado es para la indus-

tria y agroindustria; y el 24.8% para lageneración de energía eléctrica con base almovimiento hidráulico. En comparación, loshogares sólo consumen el 2.3% del agua. Almismo tiempo el IARNA indica que más del50% de los sistemas de suministro de agua“no contenía niveles adecuados de cloro, ymás de una cuarta parte presentócontaminación bacteriológica”8. A manera deadvertencia, el Instituto concluye que “lasdemandas de agua en Guatemala seincrementan conforme la economía y lapoblación del país crecen”, a la vez, “lacontaminación de los principales ríos y lagoslimita la disponibilidad real de agua”9.

A pesar de que los datos nacionales todavíaindican que por el momento los volúmenesanuales de consumo de agua son inferioresa los volúmenes anuales disponibles, la

distribución y el consumo nacionalno son iguales en todo el territorionacional. Un número considerablede municipios en el denominado“corredor seco” sufre en laactualidad por la falta de agua.

El aporte para el análisisactual

En la presente Revista “¿Haciadónde vamos?” se analizandiversas problemáticas queafectan al ambiente, acampesinos, sus familias, suscultivos y a los denominados“recursos naturales”, muchasvinculadas a la actuación de la

6 Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (URL):Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012 – Vulnerabilidad local y creciente construcción de riesgo, Guatemala,2012. Pág. 131.7 El uso consuntivo del agua se refiere a la utilización que no se devuelve en forma inmediata al ciclo del agua. Porejemplo, el riego es un uso consuntivo. A diferencia, la generación de energía eléctrica mediante hidroeléctricases un uso no consuntivo, si la descarga es en el mismo río.8 Idem. Pág. 137.9 Idem. Pág. 143.

Estación de bombeo de agua para riego de palmaafricana en cercanía a cabecera de Ocós.

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institucionalidad pública, otras a inversionesprivadas. La Pastoral de la Tierra de laDiócesis de San Marcos (PTSM) consideraque la problemática de los recursos naturalesse vincula directamente al tema agrario: aligual que para el consumo humano, para hacerproducir la tierra es indispensable contar consuficiente agua no contaminada.En el ámbito ambiental, el conflicto conocidocomo “Las Siete comunidades de Ocós”sobresale entre los casos acompañados porla Pastoral Social de la Diócesis de SanMarcos por ser un ejemplo de lasproblemáticas que se derivan de lasactividades que realizan las agroindustriassituadas en todo el país. Desde hace años,dos agronegocios de grandes dimensionesse expanden, inicialmente, para ampliar loscultivos de banano y más recientemente parala producción de palma africana, con la pos-terior extracción de aceite de palma.

En artículos específicos, esta Revista de-scribe y analiza separadamente variosproblemas: la alteración del cauce de los ríospor medio de su dragado no autorizado, quecorresponde a intereses en la producción dela palma africana10; y la contaminación de losríos con desechos de procesosagroindustriales no debidamente tratados11.Los hechos analizados tienen en común lairresponsabilidad de agroindustrias quebuscan la maximización de sus gananciaseconómicas. Por un lado, se demuestranactuaciones ilegales, según disposicionesvigentes en la normativa guatemalteca,pasibles de penalización o sancionesadministrativas. Sin embargo, la debilidadinstitucional favorece a quienes violan estasdisposiciones: muchas veces los hechos noson perseguidos, quedándose en impunidadambiental. A la vez, debe considerarse que lanormativa se creó para proteger el ambientey asegurar su persistencia en el tiempo. Violar

estas disposiciones mínimasimplica la destrucción deecosistemas a mediano olargo plazo y afecta la calidadde vida. Además, refleja unavisión cortoplacista para lamaximización de lasganancias económicas. Adiferencia de los campesinosque tienen un fuerte arraigo asus territorios locales, lasagroindustrias pueden trabajarlas fincas en un extremo delpaís durante una década y,posteriormente, trasladarse aotras regiones en caso que lascondiciones, incluyendo lasambientales se vuelvandesfavorables12.Riego de palma africana

10 Más información en el artículo “El sufrimiento de los campesinos por inundaciones como pretexto para perseguirintereses agroindustriales“, página 58 de esta edición.11 Más información en el artículo “Consecuencias ambientales del procesamiento de la palma africana“, página 43de esta edición.12 Sobre el poder de familias y las dinámicas agroindustriales leer, por ejemplo, Luis Solano: “Valle del Polochic:el poder de dos familias“. EN: Enfoque – Análisis de situación, número 16, 9 de mayo de 2011.

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Los ejemplos analizados en los artículos deesta edición de la revista “Hacia dóndevamos” reflejan también las debilidades de lasinstituciones públicas encargadas de velar porel ambiente y los “recursos naturales”. ElMinisterio de Ambiente y Recursos Naturales(MARN) es una de las instituciones con elpresupuesto más reducido. No es desorprender la limitada atención del Estado alambiente, aunque esta es una problemáticadecisiva para el país. La reciente propuestade destinar una fracción de las regalías de laminería al MARN13, resulta contra-productivapor el peligro de sesgar las políticasinstitucionales a favor de las grandesindustrias que explotan los “recursos natu-rales”, muchas veces no renovables, pueshabría más presupuesto si hay más minería.

Además del problema de insuficientepresupuesto del MARN, hay que considerarla ineficiencia de la actuación pública. De esa

cuenta, en la Revista se analiza el caso por ladenuncia frente a la construcción de una obraindustrial altamente peligrosa, que no cuentacon la autorización obligatoria, y su lento pasopor la institucionalidad pública14. En tanto, lascomunidades se quejan que el Estado no haactuado adecuadamente frente a susnecesidades y a los problemas derivados delas inundaciones que ha causado esa obra15.

Finalmente, los ejemplos también reflejan lafalta de regulación. En dónde la ley contempladelitos o faltas ambientales, las sanciones sontan insignificantes que no afectan a losvioladores. En el tema de consumo de aguapara fines agroindustriales la falta deregulación es un severo problema. El artículo“Arbitrariedades de la agroindustria en el usoy aprovechamiento del agua” enseña comoel MARN emite una resolución respondiendoal interés de las agroindustrias sin especificar,ni siquiera, los volúmenes máximos de agua

Contaminación por industria palmera

13 Propuesta de reforma a la Ley de Minería según planteamiento del MEM.14 Más información en el artículo “Institucionalidad pública y proyectos potencialmente peligrosos para el medioambiente“, página 37 de esta edición.15 Más información en el artículo “El sufrimiento de los campesinos por inundaciones como pretexto para perseguirintereses agroindustriales“, página 58 de esta edición.

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que pueden extraerse de un río16. Lainexistencia de regulación podría llevar a creerque Guatemala es un “paraíso” con aguailimitada, lo que no refleja la realidad deescasez de agua en ciertas zonas y épocasdel año. Sólo así es explicable que el país seauno de los más grandes exportadores de aguaen el mundo17: a través de los productos quecomercializa, exporta mucho más agua de loque importa. Como país deberíamos analizarsi preferimos producir un litro de agrodiesel apartir de palma africana que consume 2,720litros de agua18 o si sería más favorablecosechar maíz y otros alimentos.

Toda el agua que exporta el país y querepresenta ganancias jugosas para diversasindustrias y agroindustrias, está llevando agenerar formas de vida insostenibles ydesmedidas para los “recursos naturales”. Esimportante tener presente que la situación seagrava a partir del momento en Guatemalabusca convertirse en uno de los países másimportantes para los cultivos de materia primapara agrocombustibles, al favorecer aindustrias de palma aceitera y su excesivoconsumo de agua. Varias prácticasagroindustriales actualmente en curso en Gua-temala podrían ser objeto de cuestionamientopor competencia desleal al no considerar loscostos en materia de protección del medio

ambiente y de la naturaleza, en una especiede dumping ecológico.

Es necesario decidir de manera colectivacomo cubrir las necesidades de agua de laspersonas y de la producción agrícola desubsistencia. El IARNA menciona tresaspectos centrales de una necesaria gestiónintegrada del agua: cobertura boscosa, mayoreficiencia en el uso de los recursos hídricos,así como instrumentos institucionales ynormativos que garanticen una efectivagobernabilidad del agua. Medidas similaresaplican también para temas de contaminacióndel aire, ruido y otras afectaciones alambiente.

Urge defender los derechos humanos a unmedio ambiente sano, a la alimentación y alagua. Más allá de ser una opción a favor dela naturaleza es una exigencia para el futurodel país. Debe haber debate sobre lasvisiones del desarrollo y su camino en territoriolocal, que involucre a una diversidad deactores y desemboque en regulaciones gen-erales, así como en el reforzamiento denormas existentes. En síntesis, esta ediciónde la revista “Hacia dónde vamos” buscaestimular las reflexiones sobre las referidasproblemáticas y la búsqueda de soluciones.

16 Página 5017 A.Y. Hoekstra y P.Q. Hung:Virtual water trade – A quantification of virtual water flows between nations in relationto international crop trade, septiembre de 2002, Pág.26. Los diez exportadores más grandes del mundo, en ordendescendiente: Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Argentina, India, Australia, Vietnam, Francia, Guatemala yBrasil.18 Según Guerrero, Manuel e Isaac Schifter: La huella del agua, México, FCE, SEP, CONACYT, 2011, pág. 47: “Elagua virtual se refiere a la cantidad total de agua requerida para generar un producto. Comprende la que se integraa él, así como la que no se puede reciclar al ecosistema.“ Para revisar el agua virtual para diversos productosconsulte: http://www.waterfootprint.org

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Desde los años 90 la Iglesia Católica y la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcosacompañan conflictos agrarios, laborales y ambientales. En los últimos años lasproblemáticas ambientales han cobrado mayor importancia. A pesar de la lucha incansablede los campesinos e indígenas, las respuestas de la actual administración dirigida por OttoPérez Molina son limitadas. Únicamente en el tema de la deuda agraria se observannovedades que podrían permitir avanzar hacia la solución de la problemática. La conflictividadagro-ambiental se ha agravado en el último año. La resolución de los conflictos de maneraalternativa o por la vía administrativa avanza de manera lenta. Eso ha obligado a la adopciónde recursos jurídicos que coadyuven a las estrategias campesinas e indígenas en su posturadecidida de luchar por la defensa de sus territorios.

Balance de la conflictividad agraria,laboral y ambiental desde la región occidental

PANORAMA DE LOS CASOS ACOMPAÑADOS POR

LA PASTORAL SOCIAL DE SAN MARCOS

En el periodo que va de mediados del año2011 a mediados del 2012, la Diócesis deSan Marcos, a través de la Pastoral de laTierra, acompañó, en el marco del proyecto“Incidencia para la resolución deconflictividad agraria, laboral y ambiental encomunidades campesinas e indígenas”, a

11 conflictos agrarios, laborales yambientales1.El alcance territorial de los conflictosacompañados se concentra en losdepartamentos de San Marcos,Quetzaltenango y Totonicapán, ubicados enlas zonas altas, boca costa y costa del país.

1 Durante los meses anteriores, cuatro otros conflictos acompañados fueron finalizados (San Francisco BuenaVista, Campo Libre, San José Buena Vista, Finca Santa Rita y San Rafael Pie de la Cuesta).

Cuadro 1: Casos de conflictividad por departamento, tipo de conflicto y estado actual

Departamento Comunidad, caso Municipio Tipo Estado

Quetzaltenango Finca Nueva Florencia Colomba CostaCuca

Laboral Por concluir

Quetzaltenango Asociación para el Desarrollode La Esmeralda

Coatepeque Agrario Enmovimiento

Quetzaltenango Aldea Llanos de la Cruz Quetzaltenango Agrario Estancado

Quetzaltenango Chuipaché, Chuicaracoj,Llanos del Pinal y Xepaché,Finca El Polígono de Tiro

Quetzaltenango Agrario Estancado

Quetzaltenango Comité de Prevención deDesastre Ambiental(COPREDAM), VallePalajunoj

Quetzaltenango Ambiental Enmovimiento

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Departamento Comunidad, caso Municipio Tipo Estado

San Marcos Caserío 15 de enero yotras 25 comunidades,Finca San Luis Malacatán

Malacatán Agrario Enmovimiento

San Marcos Caserío Nuevo SanFrancisco

San Pablo Agrario yAmbiental

Por concluir,en sudimensiónagraria

San Marcos Comité Pro tierras LaBendición Punta Arenas

La Reforma Agrario Estancado

San Marcos Empresa CampesinaAsociativa NuevaEsperanza

La Reforma Agrario Enmovimiento

San Marcos 7 comunidades de Ocós Ocós Ambiental Enmovimiento

Totonicapán Aldea Patzam Santa María Agrario Estancado

Fuente: elaboración propia, base de datos de casos acompañados.

Uno de los conflictos acompañados es de tipolaboral, buscando la defensa de derechos decampesinos trabajadores afectados porfinqueros. Dos son exclusivamenteambientales y un tercero combina lasdimensiones ambiental y agraria. Caberesaltar que en esos tres casos, se estábuscando un medio ambiente sano frente alas violaciones al derecho humano al agua.Siete conflictos son exclusivamente de tipoagrario. En este grupo se encuentran dos queenfrentan la problemática de la “deudaagraria”, como resultado de las recurrentespolíticas fallidas del Fondo de Tierras(FONTIERRAS) al “facilitar” el acceso a tierrapor la vía del mercado2. Un caso agrariocorresponde a una organización campesinaque busca acceder a la tierra.

La tendencia de los últimos años muestra unareducción del número de conflictos laboralesacompañados por la Pastoral Social de SanMarcos (PSSM), mientras que aumentan losconflictos de carácter ambiental. Sin embargo,esto no necesariamente significa una mejoraen las condiciones laborales. Varios casos

emblemáticos en el país muestran que siguenhabiendo violaciones a los derechoslaborales, incluso en el marco del tratado delibre comercio con Estado Unidos. Por otraparte, las problemáticas ambientales se estánagudizando, pues se va despertando mayorsensibilidad en la población por las amenazasa sus territorios. Este fenómeno se debe, enparte, al incremento de las actividadesextractivas, debido al valor que en el mercadomundial están adquiriendo los minerales ymetales preciosos (y el oro en particular).Igualmente, la búsqueda de control y laconstrucción de nuevas fuentes de generaciónde energía eléctrica incrementan laconflictividad.

Ninguno de los conflictos acompañados haconcluido en la presente etapa de análisis. Sinembargo, a la fecha, dos casos están “porconcluir”, faltando únicamente arreglarcuestiones de escrituración y registro de laspropiedades a las que acceden lascomunidades acompañadas de la FincaNueva Florencia y del Caserío Nuevo SanFrancisco.

2 Más información en el artículo “Los resultados de 13 años de FONTIERRAS (1998-2011) – La aspiración de losAcuerdos de Paz culmina en el fracaso de la deuda agraria“ EN: Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos(2011): ¿Hacia dónde vamos? - Conflictividad agraria, ambiental y laboral - Una mirada desde el campesinado,Guatemala, Imprenta y Litografía Los Altos. Págs.48.

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Ilustración 1: Tipos de conflictos acompañados y estado actual


Cinco casos presentan avances en labúsqueda de solución a los problemas queafectan a los campesinos, por lo que seidentifican como “en movimiento”. Ello nonecesariamente significa que los casos esténpor resolverse, sino que, al menos, la otra parteinvolucrada le está prestando cierta atencióna las problemáticas y tratando de encontraruna solución. En el grupo de los conflictos enmovimiento, pocos casos puedenconsiderarse que tienen un desarrollosatisfactorio y dan esperanza de una prontasolución, siendo uno de éstos la finca NuevaFlorencia. Los dos casos de deuda agrariase encuentran “en movimiento”, tomando encuenta que el gobierno ha dado señales quepodrían interpretarse como una disposiciónpara atender las problemáticas respetando lasituación de los campesinos. En el caso dela Finca San Luís Malacatán, el gobierno estábuscando una posible finca para loscampesinos a fin de resolver las históricasinjusticias que vienen sufriendo. En tanto, elComité de Prevención de DesastresAmbientales (COPREDAM) busca una formaalternativa para solucionar sus problemas,sosteniendo comunicación directa conautoridades de la mina de materiales de

construcción que les afecta de múltiplesmaneras. En el caso de las Sietecomunidades de Ocós, la situación es máscompleja. Algunos temas han avanzado,mientras que otros de facto están estancados.El gobierno no ha mostrado interés en buscaruna solución al problema inicial de lasinundaciones. La presentación de denunciasadministrativas y judiciales ante lasautoridades, por el dragado no autorizado deun río, constituye el último elemento de“avance” del caso.

Basurero municipal ubicado en áreaprotegida que afecta a Chuipaché.

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Los demás casos están estancados, ya quela parte adversaria no ha dado señales dequerer atender los problemas de loscampesinos. En casos como el acceso atierra de Punta Arenas, el problema queenfrenta la Aldea Llanos de la Cruz anteFONTIERRAS, así como de la Aldea Patzamno se observan señales positivas. En el casode Chuipaché, los campesinos buscan ladevolución de tierra que perdieron en tiemposde conflicto armado, pero se registró unretroceso tras la adscripción de la finca alConsejo Nacional de Áreas Protegidas(CONAP), sin respetar el derecho de peticiónde los campesinos. En el caso de la AldeaPatzam las autoridades comunitariasanalizaron la situación actual y formalmentepidieron la suspensión temporal del apoyo asu conflicto.

Cabe señalar que tres de los 11 casos sonconsiderados paradigmáticos por PastoralSocial y por la Plataforma Agraria, siendourgente la resolución de los procesos de lafinca Nueva Florencia, las 7 comunidades deOcós y la finca San Luís Malacatán.Únicamente el caso de la finca NuevaFlorencia logró avances. Los demás conflictosregistran trámites paliativos que no pretendenel reconocimiento de los derechos de lapoblación campesina e indígena, por lo queen la práctica se quedaron casi estancados.

Descripción de los conflictosagrarios y ambientales

Origen y objeto de conflictos agrariosy ambientales

Diez de los 11 conflictos acompañados sonagro-ambientales. A pesar de sus diferentesorígenes, los une su lucha por la defensa delos territorios. En ocho casos se trata de labúsqueda histórica por el acceso a la tierra yla seguridad jurídica sobre la misma, mientrasque en tres la pugna es alrededor del agua yel medio ambiente. Los sujetos campesinos

e indígenas argumentan la violación de susderechos sociales, económicos y culturales,así como los derechos colectivos reconocidospor el Convenio 169 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT), sobre pueb-los indígenas y tribales en paísesindependientes.

Ocho casos son de luchas por el territorio,en vínculo con la tierra. En tres casos lasproblemáticas se originaron por unainadecuada actuación de institucionespúblicas, combinando desconocimientos porparte de ciertos funcionarios e interesesparticulares de otros. En el caso de la AldeaLlanos de la Cruz, el FONTIERRAS entregóun terreno de 23 cuerdas, tradicionalmenteocupado por una comunidad k’iche’, a 68particulares que aspiraban a tenerlotificaciones en las cercanías a la ciudad deQuetzaltenango, todo ello en una claraviolación al Convenio 169 de la OIT. En el casode Chuipaché también conocido como ElPolígono de Tiro, la situación se caracterizapor ser un despojo histórico: bajo amenazasen tiempos de dictaduras militares delconflicto armado interno, las fuerzas armadasse apoderaron de la finca. Recientemente lasituación se agravó, cuando el Estadodecidió modificar la adscripción de la finca yla pasó del Ministerio de Defensa Nacional(MINDEF) al CONAP, sin considerar nianalizar peticiones y memoriales presentadospor la población. En forma discriminatoriavioló varios derechos de los maya k’iche’s. Elproblema de la finca San Luís Malacatán estodavía más antiguo. El despojo de lacomunidad campesina remonta a lacontrarrevolución conservadora a mediadosdel Siglo XX, cuando se les quitó su derechode usufructo vitalicio de la tierra. El problemano quedó ahí, en tiempos del conflicto armadohubo persecución y asesinato de dirigentesque reivindicaban el respeto a sus derechoslaborales, acompañado de una completa faltade actuación de la institucionalidad judicialque no defendió a los trabajadores y tampoco

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investigó a los responsables de los crímenes.En un último momento, la crisis del café volvióa agudizar las situaciones de los campesinosde la finca San Luis Malacatán quienes hastahoy siguen desamparados. A pesar de laspromesas del Estado de reparar el daño porsus responsabilidades, hasta la fecha hahabido poco avances.

Tres de los casos que se benefician de unacompañamiento reciente de la PSSM estánvinculados a la responsabilidad estatal deprever acceso a tierra, derechos reconocidosen los Acuerdos de Paz y la Ley Marco de losAcuerdos de Paz. Desde el año 1997 elFONTIERRAS contempla únicamente elacceso a tierra por vía del mercado, es decir,la compra-venta de fincas a particulares. A loscampesinos en condiciones de pobreza yextrema pobreza se les proporcionóhipotecas con inadecuadas tasas de pago,sin prever la infraestructura necesaria. Envarios casos, las fincas se adquirieron demanera sobrevalorada. En consecuencia,muchos de los grupos de campesinos nolograron mantenerse al día en los pagos y se

encuentran endeudados. La Asociación parael Desarrollo de La Esmeralda y la EmpresaCampesina Asociativa Nueva Esperanza sonalgunas de las víctimas y se enfrentan hoy auna “deuda agraria”. Un tercer grupo, elComité Pro Tierras La Bendición PuntaArenas, se encuentra en búsqueda de accesoa tierra. Ellos están afectados por la falta deun mecanismo adecuado de lainstitucionalidad pública para lograr supropósito.

El conflicto de la Aldea Patzam se originó conel corrimiento de linderos entre las aldeasPatzam y Racaná. La intervención delJuzgado de Paz Comunitario de Santa MaríaChiquimula, en conjunto con las autoridadestradicionales de ambas comunidades, logrórestablecer la delimitación entre las doscomunidades. Sin embargo, hasta la fecha noha sido posible corregir los problemas en elregistro de la propiedad que tiene el territoriocomunal. Hace algunos meses la comunidaddecidió no dar seguimiento al proceso paraperfeccionar la situación legal y registral,quedándose a nivel de acuerdo verbal entrecomunidades.

En el Caserío Nuevo San Francisco,campesinos reclaman la escrituración de sustierras a los herederos de un finquero quienmurió después de recibir el pago, sin queemitiera escrituras de los terrenos,registradas en el Segundo Registro de laPropiedad. Mientras que la dimensión agrariadel caso está casi por resolverse, persiste laproblemática ambiental3, ya que uninversionista avanza con su proyecto deconstruir una planta hidroeléctrica, a pesar delos recursos jurídicos presentados en contrade un deficiente estudio de impactoambiental, tema acompañado por la ComisiónPastoral Paz y Ecología de la Diócesis de SanMarcos (COPAE).

Cultivo de lechuga en Chuipaché.

3 Más información en el artículo “Las hidroeléctricas y la conflictividad social: el caso de la Hidroeléctrica RíoSalá”, página 70 de esta edición.

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Cuadro 2: Origen y objeto de los conflictos

Departamento Comunidad, caso Objeto Origen del conflicto

Quetzaltenango Asociación para elDesarrollo de LaEsmeralda

Tierra Deuda agraria - política fallida deacceso a tierra

Quetzaltenango Aldea Llanos de la Cruz Tierra Adjudicaciones irregulares

Quetzaltenango Chuipaché, Chuicaracoj,Llanos del Pinal, yXepaché, finca ElPolígono de Tiro

Tierra Derechos históricos (despojo)

Quetzaltenango Comité de Prevención deDesastres Ambientales(COPREDAM)

Agua yambiental

Amenaza ambiental y daños porminería industrial de materiales deconstrucción

San Marcos Caserío 15 de enero yotras 25 comunidades,Finca San LuisMalacatán

Tierra Derechos históricos (despojo), conflictolaboral, acceso a tierra para producción

San Marcos Caserío Nuevo SanFrancisco

Tierra yagua

Adjudicaciones irregulares, amenazaambiental por construcción dehidroeléctrica

San Marcos Comité Pro Tierras LaBendición Punta Arenas

Tierra Búsqueda de acceso a tierra

San Marcos Empresa CampesinaAsociativa NuevaEsperanza

Tierra Deuda agraria - política fallida deacceso a tierra

San Marcos 7 comunidades de Ocós Agua Amenaza ambiental y daños porinundaciones a partir de construccionesde una empresa agroindustrial.

Totonicapán Aldea Patzam Tierra Corrimiento de linderos

El segundo caso relacionado con el aguaes de las 7 comunidades de Ocós, un conflictoque en la práctica alcanza también acomunidades de Coatepeque y Retalhuleu.Surgió por la actuación de agroindustrias debanano y palma africana para la exportación,vinculadas a dos familias relevantes: Bolañosy Molina, representantes de marcas comoWATTABANANA, DOLE, OLMECA y HAME.En ambas producciones las fincas necesitanvolúmenes exagerados de agua, que se restanal caudal que irriga a las comunidades ríoabajo. La construcción de sistemas de aguay de riego, así como plantas de procesamientopos-cosecha no son ambientalmenteaceptables: cambian cauces de ríos, incluso

desviando agua de ríos fuertes a otros quenormalmente tienen cauces débiles, y adoptantratamientos inadecuados de desechos,tirándolos a los afluentes. Una de lasconsecuencias es la mortandad de peces,parte de la alimentación de las comunidades.Además, según la estación, son responsablesde inundaciones y de escasez de agua quelimitan la capacidad productiva de las tierrasy violan el derecho a la alimentación de loscampesinos y campesinas. En agosto de2012, una de las empresas de la familiaMolina inició un dragado del río Pacayá sincontar con la necesaria autorizaciónambiental4. Tras las denuncias ante elMinisterio de Ambiente y Recursos Naturales

4 Más información en el artículo “El sufrimiento de los campesinos por inundaciones como pretexto para perseguirintereses agroindustriales“, página 58 de esta edición.

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(MARN), así como ante el Juzgado dePrimera Instancia Civil y Económico Coactivoen Coatepeque, la empresa detuvo lostrabajos que dañaron al medio ambiente.

El tercer conflicto relacionado a problemáticasambientales es enfrentado por elCOPREDAM. Una empresa minera deescala industrial extrae materiales deconstrucción en el Valle Palajunoj, generandoproblemas de contaminación ambiental por

el polvo y las explosiones, afectando sistemasde eliminación de aguas-lluvia y trayendoriesgos a la comunidad por el intenso tráficode vehículos pesados, entre otros. En elpresente caso el Comité optó por un procesode diálogo con la empresa, con el fin de queésta arreglara los problemas ambientales ysociales que afectan a las comunidades5.

A todos los casos los une la lucha por elterritorio y la búsqueda del cumplimiento delderecho a la alimentación, como una formade asegurar a las familias su sustento. Enmuchas ocasiones, el conjunto de todos susingresos por cultivos y de su trabajo comojornaleros, son inferiores a la línea de lapobreza y al costo de la canasta básicaalimenticia. Frecuentemente las familiastienen que decidir entre la comida y el estudiode los hijos e hijas, ambas con consecuenciassignificativas para la salud y el futuro de lasfamilias.

Extensiones de tierra, posesión yamenazas

Las familias campesinas están luchando porel reconocimiento de sus derechos humanos,especialmente de su derecho a laalimentación, y de su territorio. Más allá de laproblemática de la propiedad de la tierra, elacceso a la misma es fundamental para lavida de los campesinos. La extensión total delas tierras reivindicadas por los siete conflictosagrarios, acompañados en el marco delproyecto, es de 38.51 caballerías. En el datono se contabiliza el conflicto del Comité ProTierras La Bendición Punta Arenas, por nohaberse concretizado el acceso a tierra, asícomo tampoco están considerados los casosde las Siete Comunidades de Ocós y delCOPREDAM, porque el reclamo territorial seconcentra en el agua, aunque el conflicto entorno al agua afecta la utilidad de las tierrasde los campesinos.

Estudiantes de Ocós presentan un muralsobre los problemas para el medio

ambiente – Día de Acción Continental enel marco de la Conferencia Río+20.

5 Más información en el artículo “Minería de construcción en Palajunoj“, página 65 de esta edición.

Afectación del Valle Palajunoj porel polvo y las explosiones

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La falta de tierra y seguridad jurídica aquejaa diversos conflictos. De los casos agro-ambientales, los campesinos de la finca SanLuís Malacatán y del Comité Pro Tierras LaBendición Punta Arenas, no sólo carecen detítulos de la propiedad legal, tampoco tienenla posesión de las tierras que son objeto desu lucha. Por ende, carecen de los mediosde producción agraria que estándemandando por sus derechos históricos.

En los demás conflictos los campesinostienen acceso y posesión a las tierras enpugna, permitiendo tener cultivos anualescomo maíz, fríjol, algunas verduras y similares.Sin embargo, se trata de posesiones coninseguridad jurídica, en otras palabras, conpeligro de perder las tierras por acciones ensu contra y en contra de sus cultivos. No sólose trata de una cuestión hipotética sino deuna amenaza real, la cual ha mostrado efectosconcretos en varios casos: persecucionespenales de líderes en los casos de lacomunidad Llanos de la Cruz y de la finca ElPolígono. En su momento también losafectados en el Caserío Nuevo San Franciscose mostraron preocupados por algunoscomentarios sobre una supuesta usurpaciónde terrenos que estarían cometiendo y la

posibilidad de un desalojo.Lamentablemente, aún hoy, las históricasproblemáticas agrarias de Guatemalacarecen de mecanismos propicios para susolución y frecuentemente son llevadas a unacriminalización de luchas sociales sin resolverla cuestión de fondo.

Actores

En los diez conflictos agro-ambientalesexisten 29 actores involucrados. Dos terciosde ellos son comunidades indígenas ycampesinas. Aún así, este número todavía essubestimado, porque en conflictosambientales comúnmente hay muchos másactores. En el caso de Ocós, por ejemplo, nosólo se trata de siete comunidadesdamnificadas, existen otras más que no hanrequerido el acompañamiento de la PastoralSocial. En el caso del Valle de Palajunoj,varias comunidades están afectadas por laminería, igualmente en el municipio de SanPablo, en dónde no sólo el Caserío Nuevo SanFrancisco se opone a la construcción de laplanta hidroeléctrica, sino que también lascomunidades colindantes al río Salá percibenla amenaza a su territorio.


Ilustración 2: Sujetos involucrados y sujetos responsables

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El último tercio de los actores involucradoscorresponde a la institucionalidad pública,terratenientes y empresas. Seis de diez casosregistran una institución pública comoresponsable del conflicto (dos casos dedeuda agraria, uno sobre el acceso a tierra,finca San Luís Malacatán, Chuipaché y AldeaLlanos de la Cruz). En tres casos, losterratenientes son responsables del conflicto(Finca San Luis Malacatán, Caserío NuevoSan Francisco y las 7 comunidades de Ocós),además de una empresa minera en el Vallede Palajunoj-COPREDAM.

Tan sólo en un caso las dificultades resultande tensiones entre dos comunidades

indígenas, las Aldeas Patzam y Racaná delmunicipio de Santa María Chiquimula,departamento de Totonicapán. En sumomento existían problemas entre las doscomunidades en el caso de Chuipaché, loscuales resultaron no ser transcendentales,pues ambas comunidades buscan satisfacerdiferentes derechos, una al agua y la otra atierras para cultivos. Es decir, en nueve dediez casos las organizaciones y comunidadescampesinas e indígenas están luchando porser respetadas y ver reconocidos susderechos por parte de instituciones públicas,terratenientes y empresarios.

Ilustración 3: Tipos de relaciones entre actores


Llama particularmente la atención que en másde la mitad de los casos los campesinos eindígenas son directamente afectados por lainstitucionalidad pública. La situación deberíaser diferente, porque es responsabilidad delEstado proteger los derechos humanos. Enalgunos casos, el Estado y sus institucioneshan sido los presuntos violadores de derechosy hasta la fecha no han reparado los daños,por ejemplo, en Chuipaché, Aldea Llanos dela Cruz y la finca San Luís Malacatán. En otroscasos, el Estado tendría que jugar un papelpositivo para resolverlos velando por el bien

común, por ejemplo, en el caso de Ocós. Sinembargo, con pocas excepciones, hasta lafecha la actuación de la institucionalidadpública ha sido deficiente. En vez de unadefensa del medio ambiente y del derecho ala alimentación de campesinos e indígenas,instituciones como el Ministerio de Agricultura,Ganadería y Alimentación (MAGA) y el MARN,más bien se inclinan a favor de lasagroindustrias y en contra de los derechoshumanos básicos de los campesinos eindígenas.

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La dimensión organizativa de lascomunidades en conflicto y surelación con otros actores

Las figuras organizativas y susórganos de dirección

La articulación de las demandas, la exigencialegal de los derechos ante las institucionespúblicas, así como la representación de losinteresados requiere de figuras organizativas

formales. Por aparte, se observa que a partirde cierto número de personas involucradases indispensable contar con estructuras deorganización y sus respectivos mecanismosde funcionamiento. El conflicto acompañadode menor número de implicados es el laboralde la finca Nueva Florencia. Ellos no estánformalmente organizados. Los demás estánorganizados como comunidad indígena,asociación, Empresa Campesina Asociativa(ECA) o como comité sin reconocimientolegal.

Ilustración 4: Formas organizativas


Dos tipos de organización cuentan con elreconocimiento legal: las asociaciones (en loscasos de Asociación Pro-Tierra Sembrador“Sembradores Chuipaché”, la AsociaciónCampesina de Desarrollo Integral Malacatecoy la Asociación para el Desarrollo de LaEsmeralda) y la Empresa CampesinaAsociativa Nueva Esperanza. Estas personasjurídicas cumplen los requisitos formales queexigen el Código Civil y otras normativas, afin de poder actuar ante la institucionalidadpública y ser reconocidas como propietariasde bienes.

Un segundo grupo está constituido por loscomités. Hace algunos años, éstos seinscribían ante autoridades locales, pero enmuchas ocasiones, a pesar de gozar deaceptación social, carecen de reconocimientolegal. A manera de ejemplo, puedenmencionarse que en recientes resolucionesdel Fondo de Tierras ya no se mencionan loscomités en el listado de posibles formasorganizativas de beneficiarios6 los cuales eranválidos entre 1998 y 2011. Los comités tienenla ventaja que pueden constituirse de maneraágil y no necesariamente implican la

6 Punto Resolutivo Número 108-2012 “Reglamento de Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Acceso a laTierra del Fondo de Tierras“, Artículo 3: “…podrán organizarse para el acceso a la tierra y constituir la organizacióncon personalidad jurídica que deseen optar, tales como: Empresa Campesina Asociativa -ECA-, Cooperativas,Asociaciones Civiles, comunidades indígenas u otra forma de organización legal que deseen adoptar“.

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participación indispensable de toda unacomunidad y sus autoridades. Son comunesen el caso de asuntos específicos que nollegan a ser de interés para toda unacomunidad. Por ejemplo, en el Caserío NuevoSan Francisco, un comité reúne a las 23familias que están luchando a favor de susescrituras. Las demás familias del Caseríocuentan con tierras legalizadas y no participanen las reuniones del comité. Otros comitésacompañados son el COPREDAM, ComitéPro tierras La Bendición Punta Arenas y elComité Pro-Pérdida de las 7 comunidadesde Ocós.

El tercer tipo organizativo es constituido porlas organizaciones comunitarias (en doscasos acompañados). En la Aldea Patzam,las decisiones relativas a los conflictos setoman principalmente por los ancianos de loscinco parajes, los principales o en asambleacomunitaria. En el caso de la Aldea Llanosde la Cruz, la comunidad inició su lucha através de los COCODES como autoridadescomunitarias. Sin embargo, en la actualidadestán preparados para dar un paso más haciael reconocimiento legal como comunidad

indígena con sus respectivas autoridades,figura legalmente amparada en el Convenio169 de la OIT y el Código Municipal7.

El funcionamiento de las organizaciones, suestructura interna y la composición del órganodirectivo varían de acuerdo al tipo de figuraorganizativa. Tradicionalmente lasrepresentaciones políticas han sido unaresponsabilidad de los hombres, por ejemplo,en lo comunitario, y más aún en lo relativo a laproblemática de los conflictos. Las realidadessociales relativas a los papeles de génerocomúnmente cambian de manera muy lenta,no solamente por los diferentes niveles deescolaridad, el manejo de los idiomas, entreotros factores, sino principalmente por elarraigo de patrones culturales machistas: lopúblico y “productivo” como espaciomasculino y lo privado y reproductivo comoespacio femenino. La lentitud de los cambiosse observa también a nivel nacional, porejemplo, en el Congreso de la República sólohay 20 diputadas entre el total de 158congresistas guatemaltecos, peor aún a nivel

Reunión de la Asociación Campesina deDesarrollo Integral Malacateco

Participación de hombres y mujeresen reunión en el Caserío Nuevo

San Francisco, San Pablo, San Marcos

7 Más información en artículo “La negación del carácter de sujeto como comunidad indígena de la Aldea Patzam, Totonicapán“. En: Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos (2011): ¿Hacia dónde vamos? - Conflictividadagraria, ambiental y laboral - Una mirada desde el campesinado, Guatemala, Imprenta y Litografía Los Altos.Págs.34.

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municipal, donde solo hay siete alcaldesas enun universo de 333 municipios.

Los retos son similares en el caso de losconflictos acompañados. Únicamente cuatroorganizaciones registran mujeres en sus jun-tas directivas, sobresaliendo las cuatromujeres en la Asociación Sembrador ProTierra Chuipaché, tres en COPREDAM y tresen la Asociación para el Desarrollo de LaEsmeralda. En los 11 conflictos se registran11 mujeres para un total de 95 cargos,equivaliendo a 11.6%. A pesar de pequeñoscambios y participaciones en espaciospolíticos como, por ejemplo, las comisionesde conflictividad8 locales y regional, así comoen espacios de formación, por ejemplo, laescuela campesina9. Sin embargo, el pasohacia la incorporación de mujeres en losmáximos órganos de dirección de lasorganizaciones es lento.

Temporalidad de los conflictos yel apoyo de la Iglesia Católica

Los diez casos agrarios acompañados, enpromedio, duran ya más de 20 años y mediodesde su inicio hasta el 1 de noviembre de2012. Los problemas agrarios de Guatemalason históricos y estructurales. La firma de losAcuerdos de Paz representó una oportunidady se esperaba que el Estado pudiese re-sponder a los conflictos históricos y prevenirel surgimiento de nuevos. Pero la realidad de

los casos acompañados muestra que no hasido así: por un lado, siguen surgiendo nuevosconflictos agro-ambientales y, por otro, noavanza significativamente la resolución deconflictos que son de conocimiento de lainstitucionalidad pública desde hace años odécadas.

Dos de los diez conflictos agro-ambientalestienen muy largas trayectorias, los casos dela finca San Luís Malacatán y de la finca ElPolígono de Tiro se originaron hace 58 y 47años respectivamente. Ambos representandespojos históricos formalmente ejecutadoscon apariencia legal. En la finca San LuísMalacatán, un decreto declaró nulos a losusufructos vitalicios entregados por elgobierno anterior. En Chuipaché formalmentese celebró una compraventa del terrenodespués que el ejército del régimen dictato-rial amenazó al comprador inicial. Un tercerconflicto data de más de dos décadas: lasdisputas sobre delimitaciones territorialesentre las Aldeas Patzam y Racaná, ubicadasen el municipio de Santa María Chiquimula,departamento de Totonicapán.

Los otros siete conflictos – los más “recientes”– tienen en promedio diez años y medio deduración, es decir, que se originaron añosdespués de la firma de los Acuerdos de Paz.Es de observar que los Acuerdos de Paz nolograron evitar el surgimiento de estosconflictos y tampoco favorecieron su solución.

8 Las comisiones de conflictividad son espacios para la atención estructurada a la conflictividad agraria, laboral yambiental. Más allá de la resolución de los conflictos buscan la mejora de las problemáticas generales. Lascomisiones de conflictividad son parte de movimientos campesinos y multisectoriales.9 La Escuela Campesina es un espacio para la formación de pensamiento político, dirigido a líderes campesinos.Se organiza en seis módulos que abordan los temas de Movimiento social, Desarrollo rural y proceso políticonacional, Participación ciudadana, Derechos Humanos y derecho a la alimentación, Iniciativas para un desarrolloalternativo, Crecimiento personal y Resolución de conflictos.

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Cuadro 3: Fechas de inicio de conflicto y del apoyo de la Iglesiaa través de las Pastorales de la Tierra

Departamento Comunidad, caso Inicio Solicitud a PT

Quetzaltenango Asociación para el Desarrollo de LaEsmeralda

Dic. 2000 Oct. 2010

Quetzaltenango Aldea Llanos de la Cruz 26 Nov 2003 17 Oct 2005

Quetzaltenango Chuipaché, Chuicaracoj, Llanos del Pinal,y Xepaché, finca El Polígono de Tiro

Agosto 1965 Mayo 2009

Quetzaltenango Comité de Prevención de DesastresAmbientales (COPREDAM)

Enero 2000 Julio 2010

San Marcos Caserío 15 de enero y otras 25comunidades, Finca San Luis Malacatán

20 Ago 1954 12 Febrero 2002

San Marcos Caserío Nuevo San Francisco 14 Sept 2002 Enero 2008

San Marcos Comité Pro Tierras La Bendición PuntaArenas

Enero 1998 Oct. 2010

San Marcos Empresa Campesina Asociativa NuevaEsperanza

22 Ago 2001 Oct. 2010

San Marcos 7 comunidades de Ocós 28 Mayo 2005 16 Junio 2005

Totonicapán Aldea Patzam Enero 1990 01 Junio 2008


Es relevante tener presente que lasintensidades de los conflictos de acuerdo alas coyunturas, traen repercusionesparticulares para los implicados. Todos losconflictos han tenido momentos de mayorestensiones, donde la presión social trajo enconsecuencia amenazas y persecuciones;pero también hay etapas de calma ynegociaciones. Los conflictos de largo plazoregistran periodos importantes de distensión,ya que sería imposible vivir o resistir entensión permanente. Pero cabe igualmenteseñalar que la poca disposición de resolverlos conflictos, sino al contrario de alargarlos,es una estrategia para mermar la resistenciay la reivindicación de derechos.

El tiempo de acompañamiento de la IglesiaCatólica (Pastorales de la Tierra diocesanas,Pastoral de la Tierra Interdiocesana y la Pas-toral Social de la Diócesis de San Marcos) alos conflictos agrarios, en promedio ha sidopor un período de más de cuatro años,variando de entre dos hasta casi 11 años.

Comparando las fechas de inicio de losconflictos con los inicios de acompañamientose observa que los siete conflictos agro-ambientales más recientes se avocaron a laIglesia tras haber luchado solos por unpromedio de siete años y medio. Esto indicaque muchas veces se ha acudido a la IglesiaCatólica en un momento en el cual algunasvías para la resolución del conflicto seencontraban bloqueadas, ya sea por la faltade resultados tangibles a los trámitesestablecidos por la vía administrativa, por elalargamiento e incumplimiento de plazos paraalgunas actuaciones de instituciones y otrosactores implicados en los conflictos o por lasinteracciones no siempre fáciles entre losactores involucrados. Por un lado, se registrauna importante voluntad por parte de loscampesinos e indígenas para buscarsoluciones y resolver con sus propiosesfuerzos los conflictos. A la vez, se observaque tras haberse agotado diversasactuaciones (negociaciones, intervencionesadministrativas y/o judiciales), las vías

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restantes para lograr la resolución de losconflictos se han reducido con el tiempo, loque constituye un reto para elacompañamiento. Las posibilidades para re-solver un conflicto no sólo dependen de lasvías factibles de actuación, sino también detodo su contexto.

Es importante notar que los conflictosfinalizados no necesariamente son los másantiguos. Los conflictos más recientescomúnmente se encuentran en etapas quetodavía permiten mejores formas deactuación, mientras que los más antiguos yaregistran algunas vías agotadas. Elacompañamiento de la Pastoral Social juntoa las organizaciones en conflicto explora lasmejores vías para la defensa de sus intereses,cuidando siempre de apoyar en elfortalecimiento organizativo a través de laformación de líderes y del empoderamientodel conjunto de los miembros de cadacomunidad o grupo.

Alianzas y apoyo solidario de parte deorganizaciones sociales

La resolución de conflictos agrarios, laboralesy ambientales sigue siendo un reto. A nivelnacional el número de conflictos agrariosregistrados en la Secretaria de AsuntosAgrarios (SAA) en el año 2012, aumentó de1,237 en marzo a 1,293 casos en noviembre.No existen mecanismos específicos nicapacidad para resolver los múltiplesproblemas. El hecho que las organizacionesno lograron resolver los problemas por suspropios esfuerzos, en muchas ocasiones esun indicador de la complejidad de lasrealidades cuando se busca el respeto a losderechos humanos de campesinos eindígenas.

Todos los casos acompañados por la Pasto-ral Social de la Diócesis de San Marcos, yanteriormente por la Pastoral de la TierraInterdiocesana, cuentan con organizaciones

participando activamente en lasComisiones de Conflictividad anivel local (departamental), re-gional y nacional. Dichascomisiones se articulan y/oadhieren a movimientoscampesinos: a niveldepartamental y regional, porejemplo, al MovimientoMultisectorial para el DesarrolloRegional (MMUDERE). La mitadde las organizaciones esmiembro de Plataforma Agrariao cuenta con su apoyo, comoespacio de articulación a nivelnacional del movimientomultisectorial.

Foro de la Aldea Llanos de la Cruz

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Cuadro 4: Organizaciones sociales que apoyan a los conflictos acompañados

Organizaciones Casos

Pastoral Social / Pastoral de la Tierra de la Diócesis de San Marcos 11

Plataforma Agraria 7

Coordinadora Marquense Madre Tierra Nan Tx'otx' (ACOMNAT) 3

Food First Information and Action Network (FIAN) 3

Marcha Indígena, Campesina y Popular 2

Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) 1

Comité de Unidad Campesina (CUC) 1

Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala (AcoGuate) 1

Colectivo MadreSelva 1

Unidad del Movimiento Campesino de Génova y Flores 1

Tres grupos en conflicto se coordinanúnicamente con la comisión de conflictividady la Pastoral Social de la Diócesis de SanMarcos: el Caserío Nuevo San Francisco, laAldea Patzam y el COPREDAM (VallePalajunoj). Otros dos grupos, la Aldea Llanosde la Cruz y la Asociación Pro–Tierra“Sembradores Chuipaché”, además de losespacios antes mencionados, forman partede Plataforma Agraria. Las organizacionescorrespondientes a los conflictos deldepartamento de San Marcos son miembrosde la Coordinadora Marquense Madre TierraNan Tx’otx’ (ACOMNAT), con excepción delCaserío Nuevo San Francisco, caso en el cualse cuenta con el apoyo de la COPAE, que velapor el respeto de los derechos humanos en elmarco de cuestiones ambientales, así comoderechos colectivos de pueblos indígenas(específicamente frente a un proyectohidroeléctrico). Los casos de deuda agrariafueron retomados por la asamblea de la“Marcha indígena campesina y popular”(mecanismo de seguimiento a lamanifestación de marzo del 2012).

Las demás coordinaciones corresponden ados casos paradigmáticos: el conflictoambiental de las 7 comunidades de Ocós y elconflicto laboral de la finca Nueva Florencia.Las organizaciones participantes en la MisiónInternacional de Verificación del DerechoHumano a la Alimentación encabezada porFIAN Internacional y varias redes desolidaridad internacionales10 dan seguimientoa esos casos. El involucramiento de lasdiversas organizaciones, su acompañamientoy el rol que cumplen en apoyo a los grupos enconflicto varían significativamente de un casoa otro: van desde la incidencia política y lasensibilización de la opinión públicainternacional, hasta aportes técnicosespecíficos.

Las instituciones estatales y losconflictos

Diez de los 11 conflictos son de conocimientode instituciones públicas. El caso de la AldeaPatzam y sus problemas con Racaná es elúnico que no es conocido por ninguna

10 CIDSE (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad), CIFCA (Iniciativa de Copenhague paraCentroamérica), Vía Campesina, FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), OMCT (OrganizaciónMundial Contra la Tortura). http://www.fian.org/FIAN/world-wide/guatemala/country_documents_listing; consultadoel 27/11/2011


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institución del Estado, ya que los involucradoshan dado preferencia a la búsqueda de suresolución en el marco de sus usos ycostumbres. De igual forma, la dimensiónagraria del caso del Caserío Nuevo San Fran-cisco apenas es del conocimiento de lamunicipalidad de San Pablo (en cambio, la

dimensión ambiental sí ha sido llevada anteel MARN y otras entidades por parte de laCOPAE). Los conflictos agrarioscomúnmente son de conocimiento de la SAA,así por ejemplo los casos relativos a la deudaagraria. Por su parte, el caso sobre acceso atierra sólo se presentó a FONTIERRAS.

Cuadro 5: Instituciones estatales que conocen los conflictos

Instituciones Casos

Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) 7

Fondo de Tierras (FONTIERRAS) 4

Municipalidades de Ocós, Coatepeque, Quetzaltenango y San Pablo 4

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 3

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 2

Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) 2

Procuraduría General de la Nación (PGN) 2

Organismo Judicial (OJ) y Corte de Constitucionalidad (CC) 2

Ministerio Público (MP) 2

Secretaría de la Paz (SEPAZ) 2

Gobernación departamental de San Marcos y Quetzaltenango 2

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) 1

Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) 1

Instituto Nacional de Bosques (INAB) 1

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 1

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 1

Quiénes y cuántas entidades conocen losconflictos no sólo resalta la importancia de losmismos, sino también su grado decomplejidad. Los casos paradigmáticos sonlos más conocidos: el caso de las 7comunidades de Ocós ha sido transmitido ala SAA, al MAGA, al MARN, al SistemaNacional de Diálogo Permanente (SNDP), alGabinete Específico del Agua en el cualparticipan muchas instituciones públicas, a laSEPAZ, a la PGN, a la GobernaciónDepartamental de San Marcos, a lasmunicipalidades de Ocós y Coatepeque, a laPDH y al MP. Hay además, dos actuacionesjurídicas en tribunales del Organismo Judicial.El caso de San Luís Malacatán es conocidopor la SAA, la COPREDEH y el MAGA. Un

amplio nivel de involucramiento registratambién el caso de Chuipaché: la Direcciónde Bienes del Estado del Ministerio deFinanzas Públicas, el CONAP, el INAB, laSAA, el MARN, la PDH, la Secretaría Privadade la Presidencia de la República y lamunicipalidad de Quetzaltenango.Recientemente el caso se judicializó alpresentarse un amparo a la Corte deConstitucionalidad. Lamentablemente enninguno de los tres casos, el amplioconocimiento de diversas institucionespúblicas favoreció una resolución rápida. Porla poca respuesta en dos de los tres casosparadigmáticos finalmente se tuvieron queplantear acciones o recursos judiciales.


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Los sujetos de la lucha social, loscampesinos e indígenas afectados

Los sujetos campesinos e indígenas, sin lugara duda, son la motivación principal delacompañamiento que brinda la Pastoral So-cial de la Diócesis de San Marcos a los casosde conflictividad, en coherencia con su luchapor justicia social y por el reconocimiento desus derechos individuales, sociales ycolectivos.

A pesar del limitado número de casosacompañados por la Pastoral Social de laDiócesis de San Marcos, cabe subrayar queestos 11 conflictos representan un total de4,067 familias. Detrás de las familiasdirectamente afectadas se encuentran aúnmás familias quienes indirectamente sufrenpor los diversos conflictos.

En la mayoría de los casos la población seidentifica culturalmente como indígena-maya,mam y k’iche’. Este punto es clave y torna in-dispensable la referencia a las prácticassociales y culturales propias, como porejemplo las autoridades y cosmovisionesespecíficas de quienes enfrentan losconflictos. De igual manera es indispensabletener presente los derechos de los pueblosindígenas, los cuales se fundamentan en loselementos antes mencionados,particularmente el derecho a su territorio, aser reconocidos como sujetos y a la consultaprevia, libre e informada, entre muchos más.Entre los casos más grandes, únicamente enel de las 7 comunidades de Ocós nopredomina la población indígena.

Estrategias de los conflictosacompañados

El acompañamiento de la Pastoral Social dela Diócesis de San Marcos, y anteriormentede la Pastoral de la Tierra Interdiocesana,busca respuestas integrales que enfocan la

problemática específica y su contexto particu-lar, pero la entienden como parte derealidades estructurales de la problemáticageneral del desarrollo rural integral encontextos nacionales e internacionales. Elactuar de la Pastoral Social de la Diócesisde San Marcos en el marco del proyecto“Incidencia para la resolución deconflictividad agraria, laboral y ambiental encomunidades campesinas e indígenas”busca “Reducir la conflictividad agraria,ambiental y laboral en la región del Sur-Occidente de Guatemala a través de lacreación de mecanismos que generen laposibilidad de goce del derecho humano ala alimentación, como base para eldesarrollo local durable”, es decir, más alláde resolver 11 conflictos, responde a variosde los principales nudos agro-ambientales.Para el diseño de las estrategias se asegurauna visión suficientemente amplia e integral,realizando diversas investigaciones: estudiosregistrales y catastrales, el análisis deexperiencias semejantes, entre otras decarácter más amplio.

Las estrategias diseñadas, aplicadas yevaluadas corresponden a los nivelesnacional, regional y local de cada conflicto. Lasestrategias combinan las principales

Alcaldesa municipal y gobernadordepartamental conocen problemáticas de

7 Comunidades de Ocós, agosto 2012.

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dimensiones: social, política y jurídica. Sediseñan de manera conjunta entre laorganización campesina e indígena en luchay el equipo acompañante, con insumos deorganizaciones aliadas. Se basan en undiagnóstico que analiza las diversasdimensiones de cada caso. Anualmente seactualizan los diagnósticos, se evalúan losresultados de las estrategias y se adaptan lasestrategias a las exigencias cambiantes.

A pesar de la importancia de todas lasestrategias mencionadas, el presente

11 Los métodos alternativos no se limitan a lo formalmente previsto en la legislación nacional (mediación, etc.),sino que integran también modalidades de resolución de conflictos propias a los pueblos indígenas

apartado se concentra principalmente en lasestrategias jurídicas a nivel de los casos. Agrandes rasgos pueden distinguirse tres tiposde intervenciones jurídicas: la búsqueda desoluciones por medio de métodosalternativos11, por vía de procedimientosadministrativos y a través de accionesjudiciales. El siguiente cuadro muestra losactuales tipos de estrategias jurídicas para los11 conflictos acompañados.

Cuadro 6: Principales estrategias jurídicas de los conflictos

Depto Comunidad, caso Estrategia actual

Quetzaltenango Finca Nueva Florencia Método alternativo de negociación dereparación frente al Poder Ejecutivo

Quetzaltenango Asociación para el Desarrollode La Esmeralda

Trámites administrativos ante FONTIERRAS

Quetzaltenango Aldea Llanos de la Cruz Trámites administrativos ante municipalidadde Quetzaltenango para inscribir comunidadindígena; Posibilidad de acción judicial en unapróxima etapa

Quetzaltenango Chuipaché, finca El Polígonode Tiro

Acción judicial, amparo en contra deadscripción de finca al CONAP ante la Cortede Constitucionalidad

Quetzaltenango Comité de Prevención deDesastre Ambiental.COPREDAM

Método alternativo de diálogo con la empresaminera

San Marcos Finca San Luis Malacatán Método alternativo de negociación dereparación frente al Poder Ejecutivo

San Marcos Caserío Nuevo San Francisco Método alternativo de diálogo con herederosde finquero

San Marcos Comité Pro Tierras LaBendición Punta Arenas

Actualmente estancado, antes trámitesadministrativos ante FONTIERRAS

San Marcos ECA Nueva Esperanza Trámites administrativos ante FONTIERRAS

San Marcos 7 comunidades de Ocós Acción judicial y trámites administrativos entemas de dragado no autorizado del ríoPacayá y contaminación industrial. Pendienteel tema de las inundaciones y otros.

Totonicapán Aldea Patzam Actualmente estancado, antes utilización deusos y costumbres (métodos alternativos) concomunidad vecina.


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Dependiendo de las realidades de los casospuede darse mayor importancia al empleo deprocedimientos administrativos o a métodosalternativos para resolver los conflictos. Lapriorización de una u otra vía toma en cuentalas viabilidades, voluntades políticas, losrecursos administrativos existentes, la

vigencia de los plazos y otros factores más.La vía judicial comúnmente se reserva comoúltima opción, teniendo presente los plazosque implican así como los perfiles técnicos yla dedicación necesaria para su exitosaculminación.

Ilustración 5: Principales estrategias jurídicas de los conflictos


El panorama global de las estrategiasactualmente implementadas brindaindicadores indirectos sobre el caminorecorrido por las comunidades en labúsqueda de resolución de los conflictos queles afectan. En dos casos concretos se reflejala poca viabilidad en el actual contexto delacceso a tierra como responsabilidad delEstado y del reconocimiento legal de tierrasde una comunidad indígena maya. Losmecanismos actuales existentes, marco legal,políticas públicas y las políticas institucionalesllevaron a un estancamiento de los referidosdos casos. Sin superar las limitacionesmencionadas será poco factible e inclusoimposible lograr resultados.

Para tres conflictos hay actuaciones jurídicasen el Organismo Judicial (OJ) y ante la Cortede Constitucionalidad (CC). Anteriormente se

tenían otras estrategias: la presentación depeticiones, acciones administrativas,comunicación directa con la otra parte delconflicto, entre otras. Finalmente, por nopresentar avances hacia los resultadosesperados, queda únicamente la vía judicialpara defender los derechos de la poblacióncampesina e indígena.

En dos situaciones se emplean métodosalternativos para la resolución de conflictos.Primero, al buscar una solución a través deldiálogo con los particulares que representanla parte adversaria, antes de involucrar a lainstitucionalidad pública con mecanismosadministrativos o judiciales (Caserío NuevoSan Francisco y COPREDAM). Segundo, enun contexto de inexistencia o ineficiencia deprocedimientos adecuados para reparar

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derechos violados que implicanresponsabilidades del Estado, buscandootras vías de solución con el OrganismoEjecutivo (casos finca Nueva Florencia y fincaSan Luís Malacatán).

En cuatro casos se emplean procedimientosadministrativos. La importancia de combinarlas diversas estrategias ha sido evidente enel problema de la deuda agraria, pues a nivelde casos individuales, desde hace años, nohabía avanzado. Se necesitaba presiones dediversas organizaciones, inicialmente de laAlianza de Organizaciones Indígenas yCampesinas para la Resolución de la DeudaAgraria y más recientemente de la MarchaIndígena, Campesina y Popular, entre otros.Finalmente se logró que FONTIERRASrevisara sus políticas, aprobando puntosresolutivos del Consejo Directivo. En laactualidad la Asociación para el Desarrollo deLa Esmeralda y la ECA Nueva Esperanza sereúnen con FONTIERRAS para la

implementación de una Política deReestructuración Social y Económica de laDeuda, del Programa de Acceso a la Tierradel Fondo. De manera general, el conjunto deestrategias jurídicas empleadas refleja unsevero problema de fondo: la inexistencia demecanismos adecuados para la prevencióny resolución de la conflictividad agraria,ambiental y laboral.

Reflexiones finales

Los 11 conflictos agrarios ambientales ylaborales acompañados por la Pastoral So-cial de la Diócesis de San Marcosrepresentan sólo una pequeña muestraestadística relativa al total de los 157 conflictosregistrados como vigentes por la SAA en laregión suroccidental del país y del totalnacional de 1,293 conflictos no resueltos. Nocabe duda, que el número real seguramentees mayor teniendo presente que muchos

Inspección judicial de dragado de río Pacayá no autorizado, agosto 2012.

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problemas existen de manera latente hastaque la situación se agudiza y es llevada aconocimiento público. En los casos agrariosacompañados uno de cada cinco sondesconocidos por la institucionalidad pública.La importancia de los conflictos analizadosno radica en la dimensión cuantitativa, sino,por ser ejemplos de nudos importantes a niveldel país, a saber:

a) La acelerada expansión de losmonocultivos para la exportación y parala producción de agro-combustibles, asícomo la problemática de la usurpaciónde los ríos en la costa sur del país, sinconsiderar la posición de lascomunidades afectadas;

b) La inversión para la construcción dehidroeléctricas en los principales ríos delpaís;

c) El despojo de los campesinos enmomentos de contrarrevolución y conflictoarmado;

d) La deuda agraria como consecuencia deuna política fallida de acceso a tierra;

e) La falta de reconocimiento de tierras decomunidades indígenas;

f) La condición de desamparo depequeños campesinos anteterratenientes;

g) Las violaciones estructurales dederechos laborales;

h) Las violaciones a derechos decampesinos e indígenas por institucionespúblicas, entre otros más.

El presente estudio refleja que las violacionesde derechos humanos no paran ni se reparan,aún después de más de quince años dehaberse firmado los Acuerdos de Paz. ElEstado de Guatemala no parece tener lafinalidad de proteger los derechos humanosindividuales, sociales y colectivos, porejemplo, el derecho humano a la alimentación,al agua, al territorio, entre otros. Más bien,protege intereses de los podereseconómicos, dejando la impresión de que elpaís sigue siendo administrado como unafinca.

En el presente período de análisis, a pesarde que no se resolvió ningún conflicto demanera definitiva, dos están en camino deconcluirse. Otras dos tienen cierta posibilidadde resolverse. Los demás han sufridoretrocesos, están estancados o caminan muylentamente.

De manera urgente el Estado debe repensarsu papel. Si para el Estado la población nosólo representa un accidente en el panoramadel país, sino un verdadero elementoconstitutivo y una razón de su existencia,entonces debe atender sus necesidades ydemandas, así como velar por el respecto desus derechos humanos fundamentales. Estoimplica velar por el desarrollo rural integral,así como por resolver y prevenir laconflictividad agro-ambiental.

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Experiencia con la institucionalidad agraria,laboral y ambiental

INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y PROYECTOS POTENCIALMENTE

PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Aunque la legislación guatemalteca contempla disposiciones para asegurar que la poblaciónparticipe en la protección del medio ambiente, el camino que atraviesa una organizacióncampesina al presentar denuncias en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales(MARN) es largo, arduo e incierto. El presente artículo analiza la experiencia de grupos quedeciden aplicar los mecanismos existentes para la defensa de la naturaleza y los diversosretos a los que se han enfrentado frente a la construcción de una planta de extracción deaceite de palma africana que no cuenta con la autorización necesaria.

El derecho humano a un medio ambientesano es legalmente reconocido en laConstitución Política de la República de Gua-temala, tratados internacionales suscritos porel país, así como en normas ordinarias yreglamentarias internas. Tanto la Ley deProtección y Mejoramiento del MedioAmbiente (Decreto Número 68-86), como el

Acuerdo Gubernativo No. 431-2007,Reglamento de Evaluación, Control ySeguimiento Ambiental, con sus respectivasreformas, introducen la importancia de contarcon estudios pertinentes antes de realizarcualquier proyecto que pueda afectar al medioambiente.

Construcción no autorizada de plantaindustrial para el procesamiento deaceite de palma africana, 1/12/2011

Construcción no autorizada de plantaindustrial para el procesamiento de

aceite de palma africana, 15/10/2011

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El artículo 8 de la referida ley dice que “paratodo proyecto, obra, industria o cualquier otraactividad que por sus características puedaproducir deterioro a los recursos naturalesrenovables o no, al ambiente, o introducirmodificaciones nocivas o notorias al paisajey a los recursos culturales del patrimonionacional, será necesario previamente a sudesarrollo un estudio de evaluación delimpacto ambiental, realizado por técnicos enla materia y aprobado por la Comisión delMedio Ambiente...” El MARN es la instituciónpública responsable de velar porque estasnormas se cumplan.

De acuerdo con las resoluciones del MARNbasadas en este reglamento, la construccióny operación de una planta extractora de aceitede palma es un proyecto de categoría “A”,pues es parte de “aquellos proyectos, obras,industrias o actividades consideradas comolas de más alto impacto ambiental potencialo riesgo ambiental de entre todo el ListadoTaxativo. Los megaproyectos de desarrollo

se consideran como parte de estacategoría”1.

La planta procesadora de palma africanaubicada en la finca San Juan el Horizonte esun proyecto de alto impacto ambiental que,desde 2010, está señalada como laresponsable de contaminar los ríos Ocosito yPacayá, que causaron la muerte de una grancantidad de peces (ver artículoConsecuencias ambientales tras elprocesamiento de la palma africana).

De acuerdo con la legislación vigente, antesde iniciar una obra que constituye un posiblepeligro o riesgo para el medio ambiente, laspersonas interesadas en el proyecto tienenla obligación de presentar un instrumento deevaluación ambiental. En el caso de losproyectos considerados más peligrosos setiene que prever una etapa de participaciónpública que permita a la ciudadanía presentarsus opiniones a favor o en contra de laactividad. Para ello es indispensable teneracceso a la documentación que respaldadichos proyectos.

Sin acceso a la informaciónpública en el momento necesario

El 17 de noviembre de 2011, la empresaAgroAceite S.A. presentó al MARN el estudiode evaluación de impacto ambiental delproyecto Minerva, en el municipio deCoatepeque, Quetzaltenango. Aparentemente se entregaron todos losdocumentos requeridos, de manera impresay en versión electrónica (quemado en un CD),cumpliendo los requisitos básicos del MARN.

De acuerdo con el artículo 76, del Reglamentode Evaluación, Control y SeguimientoAmbiental “cualquier persona podrápresentar sus observaciones o incluso la

Sello de recepción de la oposición alproyecto Minerva y denuncia por

construcción no autorizada, del 15/12/2011

1 Categorización y concepto según Art.28 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (AcuerdoGubernativo No. 431-2007).

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manifestación de oposición…” en un plazo de20 días hábiles. En el caso del proyectoMinerva, este plazo finalizaba el 15 dediciembre. En este mismo período aparecióen el sitio de internet del MARN2 un registroque señala en ocho columnas los principalesdatos del documento: año, número deexpediente, lugar físico en el que se puedeconsultar, nombre, dirección y representantelegal, así como las fechas de inicio yvencimiento de la etapa de participaciónpública.

Lamentablemente esta información nopermite conocer de qué tipo de proyecto setrata. Sería de mayor utilidad contar conadecuadas descripciones resumidas de losproyectos, así como tener acceso directo atodos los documentos ambientalespresentados por cada proyecto a través deportales electrónicos de Internet.

Las personas potencialmente afectadas porel proyecto Minerva se enteraron de suexistencia siete días antes de que venciera elplazo de la etapa de participación pública. Deinmediato, se solicitó el estudio por medio delportal de información pública, debido a lasdificultades que tienen para viajar desde SanMarcos a la capital. La Unidad de InformaciónPública (UIP), responsable de tramitar lassolicitudes, dispone por ley de un margen de10 días hábiles para responder a las solici-tudes, sean personales o vía electrónica,prorrogables por 10 días adicionales, lo queequivale al plazo reglamentario que losciudadanos tienen para manifestar susopiniones, con lo cual se está poniendo unfreno desde un principio a la participaciónpública de la población.

Aunque la UIP actuó con cierta rapidez yentregó el primer documento el 13 dediciembre (dos días antes de vencerse el

plazo), hizo falta algunos anexos que eranfundamentales para la interpretación del caso.Uno de ellos era el estudio hidrogeológicoque explicaba la fuente de agua utilizada parala planta procesadora de aceite de palmaafricana. El último expediente se recibió 15minutos antes de vencerse la etapa departicipación pública, lo cual hizo más difícilel análisis integral del proyecto, así como laemisión de una opinión sobre el mismo.

Por otra parte, debe mencionarse que existeuna disposición ministerial que data del año2006, sobre el establecimiento de cobrospara acceder a los expedientes3. Estosmontos de un quetzal por hoja escaneada y1.25 por hoja fotocopiada solo se aceptan enlas ventanillas de la sede central del MARN.Eso implica que las personas interesadasdeben presentarse a las oficinas ubicadas enla capital, antes de obtener los documentospara analizarlos. Estos cobros son contrariosa lo que plantea la Ley de Acceso a laInformación Pública, cuyo criterio de gratuidadobliga a cobrar precios no mayores almercado por los servicios de reproducción.Cobrar cientos de quetzales por copiar un CD

2 http://marn.gob.gt/aplicaciones/consultapub/Default.aspx3 Acuerdo Ministerial 255-2006, del 10 de mayo de 2006.

Construcción no autorizada de plantaindustrial para el procesamiento deaceite de palma africana, 24/1/2012

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constituye una clara violación al derecho deacceso a la información pública.

Estos problemas de procedimiento,propiciados por la ausencia de mecanismosdel Estado, dan cuenta de cómo lainstitucionalidad pública es incapaz degarantizar los derechos de participación dela población, lo cual deriva en la violación deotros derechos. Los documentos electrónicosobligatoriamente entregados por losinteresados podrían estar colocados en el sitiode Internet del MARN, para que las personasinteresadas pudieran descargarlos sin tenerque emprender un viaje largo o esperar varios

días tras su solicitud. Estos documentosdeberían tener el carácter de informaciónpública de oficio4, al menos en la etapa departicipación pública.

Oposición al estudio de impactoambiental

El Comité Pro-Pérdidas de las SieteComunidades de Ocós y otrasorganizaciones campesinas potencialmenteafectadas por la planta procesadora de palmaafricana propusieron una oposición al estudioambiental presentado por la empresa.

La oposición se entregó al MARNde Quetzaltenango el último día delplazo, el 15 de diciembre. Unasemana después, secomplementó con pruebasdocumentales y fotográficas querespaldaban los argumentos. En elmemorial, dirigido al ministro demedio ambiente, se plantearondos problemáticas sobre elproyecto Minerva: 1) una oposiciónporque el instrumento deevaluación ambiental teníadiversas deficiencias, y 2) unadenuncia porque se inició unaactividad potencialmentepeligrosa sin contar con larespectiva autorización. Losasesores técnico y jurídico de laDirección General de GestiónAmbiental y Recursos Naturales(DIGARN), responsables de emitirel dictamen, no conocían laexistencia de la oposición mes ymedio después de haber sidoimpetrada. Se cree que si el grupodenunciante no hubiera dadoseguimiento a la denuncia, nunca

Dictamen técnico del MARN que constataavance de 15% de la obra el 19/12/2011

4 Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 10.

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se hubiera considerado la oposición antes dela emisión del dictamen técnico.

Saltando las trancas: actividadindustrial sin autorización

El proyecto Minerva, de categoría “A”, inicióactividades sin la autorización ambientalcorrespondiente. Se denunció esta anomalíacuatro veces ante el MARN: dos veces endiciembre de 2011, una en enero y otra enfebrero de 2012. En la denuncia se solicitóque de manera urgente se ordene suspenderdefinitivamente el proyecto.

Como parte de los trabajos de investigaciónque desarrolla la Dirección General deCumplimiento Legal (DGCL), funcionarios de

la delegación de Quetzaltenangorealizaron un primer acercamiento allugar en febrero, el cual no tuvo éxitoporque la seguridad de la empresa lesimpidió realizar la inspecciónambiental. Aunque se reprogramó unasiguiente visita para el 9 de marzo,previendo la participación de unnúmero mayor de funcionarios delMARN, tampoco se llevó a cabo.Finalmente la inspección de campo serealizó el 16 de marzo – tres mesesdespués de la primera denuncia,apenas dos días tras notificarse laresolución sobre el instrumento deevaluación ambiental.

El informe sobre esta visita estuvo listohasta finales de marzo, el cual fuefirmado y enviado a la DGCL hastadespués de la Semana Santa,aparentemente por cambios en ladirección regional del MARN, comoparte de la transición del equipo degobierno 2012-2016. Entre otras cosas,registraba que “se observó la fase deconstrucción de una planta extractorade aceite de palma africana, dichaactividad alcanza un aproximado de50% del avance físico del proyecto...”

Los atrasos no parecen ser casuales, ya quedos días antes de la inspección realizada enmarzo, la empresa fue notificada sobre laaprobación de su estudio de impactoambiental. Nueve meses después de lapresentación del caso a las autoridades dela DGCL, en noviembre de 2012, no haytodavía resolución final al respecto. Hastaaquí, el MARN efectuó un monitoreo yseguimiento al proyecto, para posteriormenterealizar algunas audiencias que permitiránpresentar pruebas antes de la resolución fi-nal del MARN. Las comunidades guardan laesperanza de que se cumplan losmecanismos legales existentes para mejorary proteger el ambiente donde viven.

Dictamen técnico del MARN que constataavance de 50% de la obra el 16/03/2012

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Débiles mecanismos paraasegurar la participación

El proceso de participación pública en losinstrumentos de evaluación ambiental es fun-damental, pues las opiniones y eventualesoposiciones de la población puedenenriquecer los procedimientos debido a suconocimiento de las realidades locales. Eneste sentido, la participación coadyuva a ve-lar por el derecho a un medio ambiente sano.

En la práctica se observan varios retos quecomplican la participación pública, en parte

por el contexto nacional y porregulaciones conexas al tema, entreotros factores. Los procedimientos dedenuncia por violaciones al derecho aun ambiente sano son insuficientes,porque después de nueve meses elMARN ha sido incapaz de emitir undictamen contundente sobre los hechosdenunciados, a pesar de la evidenciaexistente. Definitivamente existenpresiones que vienen de los interesesde las empresas privadas y que afectanel desempeño de los funcionariospúblicos en el análisis de los estudiosde impacto ambiental o de lasdenuncias por violaciones aprocedimientos ambientales.

El MARN tiene limitado control sobre losinstrumentos de evaluación ambiental ypoca experiencia para garantizar elderecho humano de acceso a lainformación y la posibilidad de presentaropiniones y oposiciones a los proyectos.No se tienen estadísticas sobre elejercicio de participación pública enmateria de proyectos ambientales. ElMARN carece además de mecanismosefectivos para conocer las accionespresentadas a las delegaciones

departamentales y sus resoluciones, pues nohay un sistema informático interconectadopara el intercambio, en tiempo real, de datosrelacionados con los proyectos o lasdenuncias, sus estados actuales yresoluciones finales.

El MARN tiene el gran reto de perfeccionarlos mecanismos que garanticen laparticipación pública de la población, puesson fundamentales para legitimar actividadesy proyectos, toda vez que éstos seanresponsables con el ambiente y el entornosocial.

El 26/9/2012 la municipalidad deCoatepeque certifica no haber

autorizado la construcción.

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La finca San Juan El Horizonte, ubicada en laCosta Sur del municipio de Coatepeque, llevavarios años en la producción de palmaafricana. Anteriormente estas tierras sirvieronpara ganado. En 1994 fue el escenariotrágico para los jornaleros que exigían elcumplimiento de sus derechos laborales. Eseaño, tras más de un mes de ocupación de lafinca, también conocida como La Exacta, elEstado de Guatemala envió a sus fuerzas deseguridad para controlar la situación dejandoa tres trabajadores muertos y 11 gravementeheridos.

Es evidente que se priorizó la fuerza sobre eldiálogo y el respeto de derechos a fin de

hacer valer los intereses de la oligarquíaagroexportadora. En el año 2002, la ComisiónInteramericana de Derechos Humanospublicó un informe relativo al caso señalandola violación de varios derechos humanos porparte del Estado de Guatemala1.A continuación se narra la lucha de las mismascomunidades frente a las reiteradasviolaciones que las empresas hacen delderecho a la alimentación y a un ambientesano. Tal como en el año 1994, las violacionesde derechos humanos tienen como trasfondola exclusión y discriminación de campesinasy campesinos.

Primeras señales decontaminación ambiental

Los días 19 y 20 de noviembre de 2010,campesinos de varias comunidades, entreellas Caserío Carrizales, Las Morenas,Colonia Barillas y El Cable, observaron que alas dos de la mañana en el Caserío Carrizaleshabía una gran cantidad de peces muertosque flotaban sobre el agua. Al describir lasituación, los campesinos hablan de una grancorrentada con los peces muertos y bastantelodo. La declaración del jefe de seguridad delas fincas de BANASA ante la PNC enCoatepeque brinda una descripción similar delos hechos: “ayer en horas de la tarde,laborantes de la referida finca le informaron

CONSECUENCIAS AMBIENTALES DEL

PROCESAMIENTO DE LA PALMA AFRICANA

Pesca en el Río Pacayá asegura elderecho a la alimentación.

1 Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso número n° 11382: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/Guatemala.11382.htm, consultado el 17/07/2012.

En los años más recientes el cultivo de palma africana se expandió considerablemente juntocon otras siembras destinadas a la producción de agrocombustibles. El proceso para laextracción de aceite de la fruta requiere de mucha agua y pone en riesgo los cultivos decampesinos así como su derecho al vital líquido. El presente análisis muestra las situacionespor las que atraviesan campesinas y campesinos, luego de que han sido contaminados losríos de una extensa zona de uso agrícola.

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que por el río que pasa en el lugar, pasabanpeces muertos”.

Estas descripciones se repiten una y otra vez,pues casi todos los años los campesinos dela zona registran peces muertos en el río,aunque en cantidades menores. Después dela denuncia presentada en 2010, tambiénhubo peces muertos en el río Pacayá. Esterío es de vital importancia para la vida de lascomunidades, ya que una parte de sualimentación proviene de ahí. Muchas perso-nas viven de la pesca, ya sea para el propioconsumo o para la venta en mercados localesy cercanos. El río también sirve para el riegode cultivos, el lavado de ropa y la higienepersonal.

Un dirigente explica que “ese año [les había]ido muy mal. Las dos tormentas2 nos dejaronsin cosechas y nuestra única esperanza erael río y ahora que está contaminado ya nieso podemos aprovechar. Nosotrossacábamos pescado de allí y ahora notenemos ni que agarrar”.

Para el resguardo de la salud y la vida de lapoblación autoridades comunitariasprohibieron el uso del agua por dos semanas,porque no se tenía claridad sobre lo que habíacausado la repentina muerte de los peces. Enalgunas ocasiones se sospechó que eraenvenenamiento. El jefe de seguridad deBANASA denunció que “posiblementealguna persona pudo haber tirado veneno enel […] río, con la finalidad de contaminarlo”.

Versiones sobre lo que pudosuceder

El testimonio más recurrente sobre los hechosexplica que en la finca de la empresa Palmasdel Horizonte S.A. (PAHOSA), propiedad deHugo Molina, se encuentra una plantaprocesadora de aceite de palma africana.Como parte del tratamiento de los desechossólidos hay “lagunas de estabilización”,popularmente llamadas “piscinas”, en dóndese colocan los restos orgánicos para sudescomposición parcial. Después de ciertotiempo, los restos deben sacarse de las la-gunas y tratarse adecuadamente.

Pero la finca, como se constató, no cuentacon procedimientos ni personal responsablepara este proceso. Se sospecha que losdesechos se tiraron a los afluentes cercanos:río Talpop y río Mopa. Se cree que estosdesechos venían en forma de “lodo”, tal y comofue reconocido por los habitantes. Espreocupante que hasta la fecha no se hayainformado a la ciudadanía qué sustanciasquímicas se aplican en el procesamiento dela fruta de palma africana, pero inspeccionesposteriores a la finca han identificado el usode fósforo y cromo hexavalente.

Desde el lugar de la descarga de losdesechos, los contaminantes pasaron por elrío Rosario y los canales de riego de la

Peces muertos tras contaminación delRío Pacayá, noviembre 2010

2 Además de las dos tormentas Ágata y Alex en 2010, cabe señalar los daños ocasionados por la depresióntropical 12-E, en septiembre 2010.

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bananera BANASA, popularmente llamados“quineles”, hasta llegar al río Pacayá desdedonde pasaron por varias comunidades y unabuena parte se descompuso, hasta que elresto desembocó en el mar Pacífico. Unadenuncia interpuesta igualmente en 2010relataba que “ya tenemos varios días que alrío no se puede meter uno, porque haymuchos peces muertos. Hay gusanos,insectos y sobre todo hay mal olor. El río estácontaminado.”

Vacíos en la investigación igual aimpunidad ambiental

Los hechos se denunciaron en un primermomento a entidades acompañantes de lascomunidades, con quienes el Comité ProPérdidas3 mantiene una estrecha relación: laCruz Roja de Coatepeque y la Pastoral So-cial de la Diócesis de San Marcos. El 20 denoviembre del 2010 también se interpuso unadenuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC),que la trasladó al Juzgado de Paz de Ocós yunos días después al Ministerio Público (MP)del mismo municipio.

El lunes 22 de noviembre, dirigentescampesinos de las comunidades afectadasdenunciaron los hechos en la delegación delMP de Tecún Umán. Al siguiente día el MP sepresentó al lugar con un auxiliar fiscal, unfotógrafo, un técnico en escena de crimen yun investigador de la Dirección deInvestigaciones Criminalísticas (DICRI). Juntocon dirigentes campesinos del Comité ProPérdidas de las Siete Comunidades de Ocósrecorrieron varios kilómetros del río Pacayá,constatando que había una buena cantidad depeces muertos.

Como parte del recorrido se tomaron cuatromuestras de agua (peritaje físico químico) quefueron analizadas por el Instituto Nacional deCiencias Forenses (INACIF), pero todas(drogas terapéuticas y/o de abuso; análisisde plaguicidas, análisis de herbicidas;análisis de fósforos) concluyeron “sindetección”.

Las tres muestras tomadas por la Cruz Rojade Coatepeque se analizaron en loslaboratorios de salud del Ministerio de Salud

Inspección del río Pacayá de parte del MP,23 de noviembre del 2010

3 El Comité Pro Pérdidas de las 7 Comunidades de Ocós se constituyó en el año 2005 para reclamar la reparaciónde las pérdidas económicas que han sufridos cientos de familias campesinas por inundaciones vinculadas a laactuación de agroindustrias de grandes extensiones.

Cruz Roja toma muestra de aguadel río Pacayá, noviembre 2010

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Pública y Asistencia Social. Cada una registró+23NMP/100ml de coliformes totales y+23NMP/100ml de coliformes fecales. Elinforme indica que el agua de las muestrasno es aceptable, ya que “para agua potableel recuento de coliformes totales no debe sermayor de 1.1 NMP/100ml. No se aceptacoliformes fecales para consumo humano.Es necesario clorar o hervir, para así evitarposibles enfermedades diarreicas que seproducen por consumir agua contaminada”.Lamentablemente la Cruz Roja no analizó lasmuestras respecto a posibles contaminantesdirectamente vinculados a procesosagroindustriales.

Tras conocer los resultados del informe deinspección y el análisis de las muestras deagua del INACIF, el MP de Tecún Umántrasladó el caso hacía la Fiscalía de DelitosContra el Ambiente en la Ciudad de Guate-mala. El auxiliar fiscal encargado del casoconsideró como principales sospechosos dela contaminación a las empresas BANASA yPAHOSA.

Pocos días después, como parte de lasdiligencias, el auxiliar fiscal requirió adelegados departamentales del Ministerio deAmbiente y Recursos Naturales (MARN) unainspección ocular en la empresa paraestablecer si... [se] realizaron actividadesutilizando productos químicos y tóxicos y sifueron desechados al río Pacayá o Rosario.Aunque en el informe se registra queBANASA denunció la contaminación, elMARN concluyó que “no se constató ningúnhecho descrito en la denuncia presentada”.En buena medida esta resolución la justificaporque ya “habían transcurridoaproximadamente 65 días después de loshechos”.

A principios de febrero de 2011, el abogadode BANASA se presentó al MP para solicitarfotocopias del expediente. A pocos días, elrepresentante legal de la empresa opinó ante

el MP que la denuncia contra BANASA erainjustificada. En su declaración, elrepresentante legal entregó copias deestudios de impacto ambiental y otrosdocumentos para concluir que “el hechogenerado de la contaminación que hoy seinvestiga, no ocurrió en la finca, propiedadde mi representada, sino que fue aguasarriba de los ríos”.

Tiempo después, el auxiliar fiscal, altasautoridades de BANASA y sus abogadossobrevolaron las fincas para ubicar la presa ycompuerta de captación de agua, así comoel “quinel, el cual conduce aguas noutilizadas por las fincas, anteriormenteindicadas, el cual se une con el Río Pacayá”.En este recorrido se observó que “no existeninguna descarga de aguas de proceso, nide ninguna otra naturaleza, hacia ningunode los ríos mencionados”.

En las mismas fechas, el MP solicitó alJuzgado de Primera Instancia Penal deRetalhuleu el control jurisdiccional del caso.La investigación del MP que sostiene que lasinstalaciones de la finca San Juan El Horizonteson las presuntas responsables de lacontaminación, se tardó más tiempo que lade BANASA. El MP recibió “autorización”para ingresar a la finca junto con funcionariosdel MARN y del Ministerio de Salud Pública yAsistencia Social solamente en septiembrede 2011. Finalmente hay varios informes dela inspección del lugar: un acta de inspecciónlevantada por el fiscal auxiliar en el momentode la inspección; un informe de evidencias delMP que contiene 43 fotografías; un informede las delegaciones departamentales delMARN de San Marcos, Retalhuleu yQuetzaltenango; además de dos informes dela Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas(URHyC) del MARN.

El primer informe de la URHyC, sobre losresultados cuantitativos del análisis de lasmuestras, establece que varias de las

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sustancias no cumplieron límites legalesvigentes, motivo por el cual el auxiliar fiscal lerequirió a la URHyC más informacióncualitativa. El segundo informe de la URHyC,rendido a mediados de diciembre del 2011,identificó tres problemas del sistema detratamiento de aguas residuales y dosproblemas de operación. Entre susconclusiones menciona que “el entegenerado no cuenta con estudio técnico deaguas residuales, el cual debía de estarpreparado para mayo del 2007”.

Los análisis de las muestras arrojaron cuatroproblemas principales: presencia de materialflotante, sólidos suspendidos, fósforo y cromohexavalente. La URHyC identificó los peligrosque implican las sustancias detectadas: “muy

tóxico, puede causar cáncer. Puedecausar alteraciones genéticashereditarias. Peligro de explosiónal mezclar con materias combus-tibles. También tóxico en contactocon la piel y por ingestión. Tambiénes muy tóxico por inhalación.Provoca quemaduras graves…Posible riesgo de perjudicar lafertilidad… Riesgo de ceguera… Elcromo hexavalente es muy tóxico.Se absorbe tanto en los pulmonescomo por el tracto gastrointesti-nal…”

El listado de peligros es largo, porlo que el Juzgado de PrimeraInstancia Penal, Narcoactividad yDelitos Contra el Ambiente deRetalhuleu señaló una audienciapara febrero de 2012. Por un plazoconsiderable se postergó lacelebración de esta reunión, quefinalmente se llevó a cabo amediados de junio de 2012, cuando

se ligó a proceso al representante le-gal de PAHOSA y se dio un plazo de

pocos meses para que el MPconcluyera sus investigaciones. En

diciembre 2012 el Tribunal decidirá si selleva el caso a debate o lo archivará. Casi dosaños han pasado de la contaminación indus-trial y la mortandad de peces, pero el caso

Informe de URHyC del MARN que constataincumplimiento de niveles máximos

de sustancias contaminantes.

Lavado de ropa y trastos en el río Pacayá

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sigue pendiente de resolverse ante lostribunales.

Nuevas plantas extractoras,nuevas preocupaciones

En los últimos años la extensión deplantaciones para agrocombustibles haaumentado significativamente en Guatemalay a nivel internacional, así como el número y

4 Luis Solano (2011): El mercado de los agrocombustibles: Destino de la producción de caña de azúcar y palmaafricana de Guatemala, ActionAid – Serviprensa S.A., Guatemala. pág.68

la capacidad de las instalaciones industrialesconexas. En 2011 se registraban en Guate-mala un total de diez extractoras operando,cinco o seis en construcción, dos enplanificación y dos refinerías operando4. Enla zona costera del suroccidente de Guate-mala, a una distancia de apenas 25kilómetros, se ubican tres plantas deprocesamiento de aceite de palma africana(ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Plantas procesadoras en la costa suroccidental

Nombre Inicio Ubicación EmpresaCapacidad

AguaFruta Aceite

PlantaOlmeca

1988 Km.256carretera aOcós,municipio deTecún Umán

OlmecaS.A.

22.5tn/hora

[sin detalles] 1,500m3/día;1.5m3/tn fruta

PAHOSA 2001 Finca SanJuan elHorizonte,Coatepeque

Palma delHorizonteS.A. –PAHOSA

20 tn/hora 1 tn aceiteroja por 4.5TM materiaprima; 108 tnaceite pordía

432m3/h

Proyecto“Minerva”

(2012)enconstru-cción

FincaPensilvania,Aldea LosEncuentros,Coatepeque

AgroAceiteS.A.

80tn/hora;47,000 tn /año

23% de tn defruta depalma;10,810 tnaceite / año

2,496 m3/día;1.3 m3/tn fruta

Fuente: Elaboración propia; a partir de datos de los instrumentos ambientales presentados por OLMECA S.A.(D-561-08), Palmas del Horizonte S.A. (EIA-906-04) y Agro Aceite S.A. (EIA-434-2011).

De las tres plantas procesadoras, el proyectoMinerva todavía está en etapa deconstrucción. Con esta instalación se triplicala capacidad productora de la zona, lo cualno sólo aumenta el volumen de aceiteproducido, sino también la extensión de tierrarequerida para los monocultivos. Para que laplanta extractora de aceite de palma dePAHOSA trabaje al 100 por ciento de sucapacidad de 20 toneladas por hora seestimó una extensión mínima de cuatro mil500 hectáreas. Si las tres plantas trabajarana su capacidad total, necesitarían más de 275

kilómetros cuadrados de monocultivos depalma africana, lo que a su vez representa el134 por ciento de la extensión de todo elmunicipio de Ocós. Hasta la fecha únicamentese tiene conocimiento de fincas dedicadas ala producción de palma con una extensión to-tal de aproximadamente la mitad de lacapacidad productiva total de lasmencionadas plantas procesadoras. Losmonocultivos de palma africana se encuentranactualmente en los municipios de Ocós,Pajapita, Coatepeque y Retalhuleu.

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Un Estado que no garantizaderechos

El acelerado y abrumador crecimiento demonocultivos de palma africana continuará enlos próximos años y no respetará terrenos decampesinos ni territorios dedicados a laproducción de alimentos para la subsistenciahumana, como el maíz y el fríjol. El casopresentado muestra cómo el tratamientoincorrecto de desechos en las plantasextractoras de aceite de palma africana poneen peligro el derecho a laalimentación de las personas queviven del campo.

Las atractivas ganancias que seobtienen de los monocultivos paraagrocombustibles no sólo provienende los precios en el mercadomundial, sino también de los vacíosen la legislación ambiental y susincumplimientos. En términostécnicos, se trata de unacompetencia desleal cuyo precio lopagan los campesinos ycampesinas.

Los resultados de las muestras de aguaestudiadas, así como los informes del MARN,confirman las preocupaciones de la poblaciónsobre su seguridad y los altos grados decontaminación a la que es sometida por faltade controles y el uso desmedido de recursospor parte de empresas privadas. Al mismotiempo, preocupa la inefectividad de lainstitucionalidad pública para asegurar elcumplimiento de la normatividad ambiental,así como para realizar los procedimientospertinentes para las investigacionesrelacionadas con denuncias penales.

Las problemáticas detectadas, en parte, seexplican por las limitaciones de presupuestodel MARN, pero también por la falta devoluntad política que responde al resguardode intereses económicos privados desde elEstado. El número creciente de denunciaspor violaciones del derecho a un ambientesano muestra a una ciudadanía consciente deque existen mecanismos legales para que susderechos humanos se cumplan y segaranticen. Responder con impunidad seríaun resultado no deseable con preocupantesconsecuencias.

Tres plantas procesadoras de aceitede palma africana a pocos kilómetros

Violación del derecho a la alimentaciónpor contaminación industrial

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Desde el año 2005 la Pastoral Social de SanMarcos acompaña al Comité Pro-Pérdidas enel conflicto conocido como Las sieteComunidades de Ocós, también conocidocomo Pacayá. La zona de interés alcanza tresmunicipios: Ocós, en San Marcos;Coatepeque, en Quetzaltenango; y Retalhuleu.La población campesina de esas regiones hasido afectada principalmente por tresproblemas vinculados con el agua: a)inundaciones en invierno, b) sequías enverano y c) contaminación de diferentesorígenes.

Ninguno se puede explicar exclusivamentepor causas naturales. En buena medida tienensu origen en las actividades que se realizanpara los monocultivos de la zona costera: elbanano y la palma africana. Estos hanreemplazado al ganado y al algodón y al

ARBITRARIEDADES DE LA AGROINDUSTRIA EN EL USO Y

APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Guatemala no cuenta con una ley de aguas que regule el otorgamiento, uso y derecho deeste recurso vital para la humanidad. Un verdadero problema surge cuando las empresasdedicadas a los monocultivos utilizan con discrecionalidad grandes cantidades de agua,hasta poner en riesgo la vida de poblaciones enteras. Por si fuera poco, la institucionalidadpública responde a las exigencias de las agroindustrias y se limita a regular su uso definiendohorarios en los cuales se puede usar casi todo el caudal del río Ocosito.

cardamomo que anteriormente sesembraban.

Entre las comunidades se encuentran ColoniaBarillas, Carrizales, Chiquirines, El Izotal,Morenas, Palmar I y Palmar II, así como otrasubicadas en la zona costera del departamentode San Marcos, que cultivan maíz y plátanoen las planicies cercanas al río Pacayá. Enuna relación armónica y natural entre el cultivosostenible, las personas y el río Pacayá, enlos meses de octubre y noviembre, el afluentese desbordaba e inundaba parte de lastierras, pero esto le favorecía a la tierra porquele fertilizaba. Las alteraciones a la naturalezahan sido constantes desde que se siembrabanano y palma africana en escala industrial,ambos para la exportación, cuyas áreasocupadas siguen progresivamenteexpandiéndose.

Entre los antiguos propietarios de las tierrasfiguran los Alburez, Aguirre Roehrs, ArévaloBermejo, Bolaños y Molina Espinoza. La fincaCoatunco fue propiedad de los hermanosNottebohm, de origen alemán, que fueronexpulsados y expropiados durante laSegunda Guerra Mundial, acto que llegó a laCorte Internacional de Justicia. En laactualidad, la familia Bolaños es dueña de lasempresas Bananera Nacional S.A.(BANASA), Bananera del Sur S.A.(BANASUR), Corporación Bananera S.A.,Palma Africana S.A., entre otras.

Presa de PAHOSA en el río Pacayá

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El MAGA autoriza el uso del ríoOcosito

Antes de la creación del Ministerio deAmbiente y Recursos Naturales (MARN), lasautorizaciones de agua para fines de riegoeran emitidas por el Departamento de Uso yManejo del Agua de la Dirección Técnica deRiego y Avenamiento de la Dirección Generalde Servicios Agrícolas del Ministerio deAgricultura, Ganadería y Alimentación(MAGA).

Fue así como en el año de 1997 se concedióa la Corporación Bananera S.A. un caudal de870 litros por segundo, por un plazo de20 años a favor de cinco fincas; un caudal de293 litros por segundo por un plazo de 12 añosa favor de seis fincas; y un caudal de 224 litrospor segundo para cada una de ochoempacadoras, que en total suman un mil 792litros por segundo, por un plazo de 12 años.Toda esta agua se sacaría del río Ocosito (vercuadro 2).

En la autorización se establece que “elderecho al aprovechamiento y uso esexclusivo para las fincas y entidad antesidentificada, no pudiendo ceder, gravar,enajenar, traspasar o transferir en cualquierforma o título este derecho y el caudalautorizado con fines industriales deberá serdevuelto al río Ocosito en su totalidad”.

Cualquier cambio o modificación requiere deestudios técnicos y autorización de laDirección Técnica de Riego y Avenamiento.El permiso implica que “el beneficiario debecolaborar en el mantenimiento de recursosnaturales, reforestando las márgenes en lalongitud que atraviesan las fincas y devolverel agua utilizado al cauce natural”.

A pesar que en diciembre de 2000 se creó elMARN para reemplazar a la ComisiónNacional de Medio Ambiente, en mayo de2001 la Unidad de Normas y Regulacionesdel MAGA resolvió autorizar, inscribir y regis-trar dos derechos al uso de agua del ríoOcosito. El primero, de 938 litros por segundodurante 18 horas diarias a favor de la fincaCoatunco, ahora llamada Campo Verde. Y elsegundo, de 212 litros por segundo durante18 horas diarias a favor de la finca arrendadaPensilvania.

Las autorizaciones se dieron por un plazo de25 años prorrogables y se hicieron a pesarde las limitaciones que establece lalegislación. Una autorización fue otorgada afavor de una finca propiedad de BANASA,mientras que la otra autorización es para unapropiedad de Palma Africana S.A., arrendadapor la primera.

En las resoluciones del año 2001 semenciona como caudal total del río Ocositocuatro mil 266 litros por segundo en épocade verano. La suma total de las autorizacionesotorgadas en 1997 y 2001 es de cuatro mil105 litros por segundo. En ese sentido, elcaudal restante es de tan sólo 161 litros porsegundo. En época baja equivale al 3.8 porciento del volumen original. Por ejemplo: decada dos galones de agua únicamente unvasito se queda en el cauce del río, mientrasque la gran mayoría va para los cultivos debanano de la Corporación Bananera S.A. yBANASUR, ambas empresas de la familiaBolaños.

Presa de BANASA en río Rosario

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Presa de BANASA en río Ocosito

Cuadro 2: Caudales autorizados para extracción de aguadel río Ocosito en agosto de 2003

Resolución Municp Beneficiario Fincas Caudal Plazo

064/DT/97 Reu Corporación Bananera S.A.

5 fincas 870 lts/seg 20 á


8 empacadoras 1,792 lts/seg 12 á


6 fincas 293 lts/seg 12 á

Res.013/AAS/2001 Ocós Bananera del Sur S.A. Finca Pensilvania 212 lts/seg 25 á

Res.014/AAS/2001 Ocós Bananera del Sur S.A. Finca Coatunco 938 lts/seg 25 á

Total 4,105 lts/seg

Fuente: MAGA, Oficio UNT-AAS-113-2003 del 6 de agosto del 2003.

Pugnas entre empresas conautorización y sin autorización

No todas las agroindustrias cuentan conautorizaciones de uso y aprovechamiento deagua, pero se sirven de ésta en grandescantidades. Tal es el caso de los monocultivosde palma africana, propiedad de Palmas delHorizonte S.A. (PAHOSA), que suscitó otroconflicto.

En octubre de 2003, BANASA y BANASURse quejaron de ser despojadas del volumende agua que les fue autorizado, por la

actuación de siete estaciones de bombeo delas fincas de PAHOSA y Agropecuaria SanMiguel S.A., cuya capacidad es de 5.6 metroscúbicos por segundo; es decir, 88 mil 600galones por minuto. En su denuncia, lasbananeras alegaron que se excedía elpotencial del río Ocosito en verano, más elagravante de que tales empresas nocontaban con autorización del Estado para eluso y aprovechamiento del agua.

En concreto, las bananeras objetaron laexistencia de dos canales cementados paradesviar agua hacía las fincas La Chorrera y

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Tilapa. Además se quejaron de que “estasfincas son regadas por sistema deinundación, el cual es ineficiente ydesperdicia cerca del 70 por ciento del cau-dal de agua utilizada en cada río.Adicionalmente dicho sistema causaerosión, lo cual es en detrimento del medioambiente”. Las bananeras concluyeron quesus adversarios “han instalado bombas degrandes caudales con el objeto deaprovechar exclusivamente el agua, asícomo de desviar el caudal del río Ocosito ycon ello secarlo y despojarnos del agua,bombeando cantidades de agua superioresa las que el caudal permite. DE MANERAQUE AL DESVIAR EL AGUA COMO LOHACEN HAN SECADO NUESTRA TOMADE AGUA, pues toman el líquido antes deque llegue a nuestra toma”. (Las mayúsculascorresponden al texto original).

Las bananeras mencionaron que “al trabajarlas estaciones de bombeo… se baja el cau-dal del río impidiendo el riego de al menosun mil hectáreas de banano de un total dedos mil 243 hectáreas en producción queequivale al 45 por ciento del total de las áreasen producción de las fincas con lo cual sólose está utilizando 2.5 metros cúbicos porsegundo de los 4.105 metros cúbicos porsegundo autorizados…” FinalmenteBANASA y BANASUR pidieron la suspensión

del uso y aprovechamiento ilegal del agua, laremoción de las estaciones de bombeo y dela presa de área, así como la prohibición dela utilización de canales secundarios paradesviar el río Ocosito, entre otros puntos.

En enero de 2004 las bananeras enfatizaron“que el USO EXCLUSIVO y desvío de caucenatural del río que hacen las demandadashacia sus propiedades, con lo cual dejan sinagua a nuestras representadas y a los demásciudadanos con derecho a ella que viven enlas comunidades más arriba o más abajo delrío Ocosito, no puede ser sino IRRACIONAL,ILEGITIMO E ILEGAL ADEMÁS DE SERHECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOPUES ENCUADRAN PERFECTAMENTEDENTRO DE LAS FIGURAS DELITIVAS DEEXPLOTACIÓN ILEGAL DE RECURSOSNATURALES y USURPACIÓN DE AGUAS”.(Las mayúsculas corresponden al textooriginal).

En su denuncia argumentaron que“…BANASUR y BANASA cuentan consistema de riego por aspersión sub-arbórea(que es un mecanismo destinado a esparcirel líquido a presión, es decir, en menudasgotas, como el agua para el riego oherbicidas químicos, a través de tuberíassubterráneas) en el cien por ciento (100%)de su área de cultivo. Adicionalmente losprogramas de riego están basados en lacombinación de la evapotranspiración(Cantidad de agua evaporada por efecto delsol, viento y temperatura) y el crop factor (datotécnico específico a cada tipo de plantaciónque determina cantidad de agua ocupada porplanta). Eso asegura el uso adecuado delagua, que no haya desperdicio y evita todoslos impactos ambientales que esto conlleva.”

El 29 de febrero de 2004, el diario PrensaLibre publicó una nota en la que se indica quea la Agropecuaria San Miguel y a unaempresa de aceites del señor Hugo Molinase les negó una solicitud para el uso de másBombas de PAHOSA en Pitahaya

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MAGA recomienda no autorizar más agua

de diez mil litros por segundo para las fincasUjuxtle, San Juan el Horizonte, Entre Ríos,Caballo Blanco, de las Chorreras y Anexos1.Personal del Área de Agua y Suelo de laUnidad de Normas y Regulaciones del MAGAse dirigió al Director General de GestiónAmbiental del MARN2 con un recuento de loscaudales hasta ese momento autorizados,sumando un total de cuatro mil 105 litros porsegundo, advirtiendo que desde el año 2000se han recibido solicitudes de un caudal to-tal de seis mil 480 litros por segundo, lo cualrebasaría la capacidad del Ocosito que tieneun caudal de cuatro mil 266 litros por segundoen época de verano (ver Cuadro 3). El oficialdel MAGA enfatizó que “se hace necesarioun ordenamiento del uso, manejo yaprovechamiento del agua en el río Ocosito,motivo por el cual se recomienda no emitirninguna Autorización hasta que se hayarealizado un estudio detallado de esteproblema”.

1 Prensa Libre 29/2/04: http://www.prensalibre.com/noticias/Desviar-rio-ilegal_0_90591508.html, consultado el 1/9/20112 Oficio UNT-AAS-113-2003 del 6 de agosto del 2003, recibido por el MARN el 12 de agosto.

Cuadro 3: Solicitudes de caudales para extracción de agua del río Ocosito al 2003

Municipio Solicitante Fincas Caudal

Retalhuleu Palmas del Horizonte S.A. El Ujuxte 2,140 lts/seg

Costa Cuca yGénova

Palmas del Horizonte S.A. San Juan el Horizonte, EntreRíos, Caballo Blanco

2,770 lts/seg

Retalhuleu Agropecuaria San MiguelS.A.

Finca La Chorrera y Anexos 1,570 lts/seg

Total 6,480 lts/seg

Fuente: MAGA, Oficio UNT-AAS-113-2003 del 6 de agosto del 2003.

Un pacto entre empresarios

A pesar de la sugerencia del MAGA, no se harealizado ningún trabajo que permita resolverla problemática ni un estudio técnicopertinente. Sin embargo, el 27 de octubre de2004 el MARN emitió un documento,

aparentemente de carácter administrativo-jurídico, que refleja la resolución de las pugnasentre las empresas PAHOSA y BANASA,BANASUR y Corporación Bananera S.A.El documento está firmado por el entoncesministro de ambiente y recursos naturales,Juan Mario Dary Fuentes, quien “RESUELVE:

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APROBAR EL USO Y GOCE DEL CAUDALDE LA CUENCA BAJA DEL RIO OCOSITOEN EPOCA DE ESTIAJE...”, (las mayúsculascorresponden al texto original). En otra partese dice que “la presente normativa […]regulará el uso y goce del caudal de la

cuenca baja del Río Ocosito en época deestiaje”. En la parte central se incluye unhorario que rige el uso del agua en época deestiaje, a favor de las cuatro empresasreferidas:

Cuadro 4: Horario para uso y goce de caudal de la cuenca baja del río Ocositoemitido por el MARN en octubre de 2004

Del 01 de febrero en adelante 00:01-08:00 08:01-16:00 16:01-00:00

Semana 1 01-feb 07-feb PAHOSA Bananeras Bananeras

Semana 2 08-feb 14-feb Bananeras PAHOSA Bananeras

Semana 3 15-feb 21-feb Bananeras Bananeras PAHOSA

Semana 4 22-feb 28-feb PAHOSA Bananeras Bananeras

Semana 5 01-mar 07-mar Bananeras PAHOSA Bananeras

Semana 6 08-mar 14-mar Bananeras Bananeras PAHOSA

Semana 7 15-mar 21-mar PAHOSA Bananeras Bananeras

Semana 8 22-mar 28-mar Bananeras PAHOSA Bananeras

Semana 9 29-mar 04-abr Bananeras Bananeras PAHOSA

Observación: “Bananeras” se refiere a las empresas BANASA, BANASUR y Corporación Bananera S.A.

El escrito contempla varios términos que rigenel uso del agua. Entre otras cosas obliga arespetar un caudal ecológico mínimo de 0.5metros cúbicos por segundo que deberádiscurrir permanentemente por el río Ocosito.Las cuatro entidades “no podrán solicitar máscaudal, que el autorizado por medio de éstaRESOLUCIÓN sobre el Ocosito. En caso denecesitar más caudal deberán acudir al usode fuentes alternas que no provengan niafecten el caudal del río Ocosito.”

También se establece que las empresasdeberán obtener agua de otras fuentes, pormedio de la construcción de pozos, en unperíodo no mayor de 18 meses y se les pidemejorar el sistema de riego para optimizar lautilización del líquido, quedandoexpresamente prohibida la utilización de lainundación. Se creó, finalmente, una comisióntripartita para verificar el cumplimiento de lorequerido, que sería integrada por un

representante de las bananeras, uno dePAHOSA y el viceministro del MARN.Esta resolución es el punto final de un pactoentre las empresas con la apariencia de unaresolución jurídica. Sorprende, porque no citafundamento alguno que sustente el derechode uso y goce de un caudal de agua y nopresenta ningún argumento técnico. Es decir,no se requirió de ningún estudio de impactoambiental ni hay pareceres de la DirecciónGeneral de Gestión Ambiental y RecursosNaturales. Tampoco se aclara si la resoluciónordenará derechos previamente existentes,como los otorgados por el MAGA a lasbananeras o, más bien, si se otorgará nuevosderechos, como el uso y aprovechamiento delagua de PAHOSA, la cual carece de cualquierderecho.

En todo caso, ni siquiera se menciona elvolumen o caudal autorizado, sinoprincipalmente se limita a definir horarios du

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Sistema de riego de HAME/PAHOSA

Resolución del MAGA asignandohorarios para extracción de agua.

Sistema de riego de BANASA

rante los cuales PAHOSA o las bananeraspueden extraer el agua según susrequerimientos y a su discreción. El punto máscuestionable es que la “resolución” nunca serefiere al uso que las comunidades cercanaspodrían darle al agua, pues no hace referenciaa otro usuario del vital líquido ni sobre elaprovechamiento para actividades diferentesa las agroindustriales. Todo ello da la pauta

para pensar que se tratóde un pacto entreempresarios.

Como producto de este“arreglo”, hoy día en lafinca Ujuxte se encuentranmás lagunas artificialescon “función de tanque”que pueden llenarse enhorarios nocturnos yaprovecharse durante eldía. Desde el año 2004hasta la fecha se havencido una parte de laautorización paraextracción de agua queera de cuatro mil 105 litros

por segundo,reduciéndose actualmente a

la mitad. Sorprendentemente, eldiagnóstico ambiental del año 2009,

del proyecto Bananera Nacional S.A.sobre el procesamiento de cosecha y pos

cosecha del banano, que considera tambiéna las 13 empacadoras de las bananeras, noprecisa el origen del agua que se necesita enese proceso y solo menciona que “seconsidera tomarla de fuentes superficialeso profundas por medio de perforación depozos mecánicos”.

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Intereses de empresarios sobrelos derechos de la población

Es evidente que las prácticas institucionalesrelativas al uso y goce de caudalessuperficiales de agua responden a losintereses de las agroindustrias. Desde 1997,inicialmente el MAGA y posteriormente elMARN emitieron resoluciones que autorizaronel aprovechamiento del agua a favor degrandes empresas, sin reservar suficientecaudal ecológico y mucho menos tomar encuenta las necesidades humanas de lascomunidades campesinas cercanas. Paralas autoridades esta problemática solo se hizovisible cuando dos de los gruposempresariales más poderosas del paísiniciaron una guerra legal y administrativa porsu uso. En ese entonces hasta la presidenciade la República se involucró, buscando unasolución aceptada por ambos grupos.

Fue así como, sin estudios, análisis nifundamentos jurídicos y técnicos, el MARNfirmó una resolución con la queautomáticamente entregó el río Ocosito: por

ocho horas a una empresa y por las restantes16 a la otra, invisibilizando totalmente a lascomunidades campesinas. A pesar de que laresolución estableció medidas adicionalescomo la obligación de instalar pozos de agua,un diagnóstico ambiental efectuado cincoaños después muestra su incumplimiento.

Es impostergable contar con una ley de aguascon la cual el Estado pueda garantizar elderecho humano al agua, incluyendo suutilización agrícola para los pequeños cultivosde los campesinos y comunidades indígenas.Una futura normativa debe establecer unainstitucionalidad pública con suficienteautoridad para regular y defender el biencomún que instaura la Constitución Política.En segundo plano, además, es indispensableregular el uso industrial y agroindustrial delagua, previendo mecanismos de seguimientoque tornen viables las necesarias revisionesa situaciones ambientales cambiantes. Lacorrespondiente iniciativa de ley de aguas aelaborarse tiene que diseñarse yconsensuarse tomando en cuenta lasdiversidades de prácticas sociales, de pueb-los y de autoridades existentes en Guatemala.

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Posibles soluciones a problemasde dos décadas atrás

En los alrededores del río Pacayá seencuentran tierras cultivadas por campesinosdel municipio de Ocós, departamento de SanMarcos. Ellos son actualmente afectados porla expansión acelerada de monocultivos debanano y palma africana en los municipios deOcós, Retalhuleu y Coatepeque. En la referidaplanicie de la costa suroccidental hay una zonaque solía inundarse durante pocas semanas

de cada año, al finalizar la época de invierno.Aún así, las economías campesinas localesque viven de la cosecha de maíz y plátano enmicroparcelas lograban de dos a trescosechas al año.

En las cercanías de la aldea La Blanca, a uncostado del río Pacayá, otro grupo deproductores cuenta con tierras más grandes,parcelas que en el momento de suadjudicación tuvieron en promedioextensiones de 13 hectáreas. Para mejorarla situación productiva de losmicroparcelarios y los parcelarios, el extintoPrograma Desarrollo Integral en Áreas conPotencial de Riego y Drenaje (PLAMAR) delMinisterio de Agricultura, Ganadería yAlimentación (MAGA) realizó en julio 1995 unestudio de prefactibilidad1 que identificó unaposibilidad para mejorar las cosechas. Paraello se estudió la composición de suelos envarios lugares, la cantidad de precipitaciones,así como los niveles de agua en los ríosPacayá y Ocosito, ambos correspondientesa la cuenca del río Ocosito. El documentotécnico también habla de levantamientostopográficos y de 156 perfiles del río Pacayáa fin de conocer los volúmenes de agua que

EL SUFRIMIENTO DE LOS CAMPESINOS POR INUNDACIONES COMOPRETEXTO PARA PERSEGUIR INTERESES AGROINDUSTRIALES

En la planicie de la costa suroccidental, comunidades campesinas se ven afectadas por lasexplotaciones agroindustriales de grandes monocultivos de banano y palma africana. Enconsecuencia, sufren porque las inundaciones afectan cada vez más sus cultivos de maíz yplátano. Recientemente, una de las agroindustrias realizó un dragado del río Pacayá sincontar con ninguna de las autorizaciones necesarias: ambiental, de construcción y deautoridades comunitarias. Al momento de ser confrontada por los hechos violatorios, expresóque la construcción se estaría realizando para atender al requerimiento de las comunidades.Mientras que la obra probablemente sólo servirá para las plantaciones de palma africana,no queda duda que ya está generando conflictividad social.

Propuesta de PLAMAR con canalesadicionales de drenaje y borda deprotección a 100m de río Pacayá.

1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, Plan de Acción para la Modernización y Fomento dela Agricultura Bajo Riego PLAMAR (julio de 1995), Estudio de prefactibilidad - Proyecto de drenaje y control deinundaciones, Parcelamiento La Blanca, Ocós, San Marcos.

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podrían pasar por su cauce en época deinvierno.

Lamentablemente el estudio no fue concluido,y solo se enfocó en un lado del río Pacayá,quedando sin consideración el otro lado. Aúnasí, el trabajo ofrece algunas pautas. En unprincipio se reconoce la importancia de contarcon suficiente información sobre los diversosfactores relevantes y el problema de carecerde datos o tenerlos de manera imprecisa. Eneste sentido, el documento es una llamada auna planificación seria y con buenapreparación. El documento esquematizó unaposible modalidad para responder a lasproblemáticas con dos medidas concretas:primero, la construcción de un sistema decanales adicionales para drenar el exceso delluvia hacía el estero; y segundo, prever bordasde protección a una distancia promedia dealrededor de 100 metros del río Pacayá, demodo a contemplar un espacio amplio quepodría llenarse – una limitada zona dedesbordes – en el momento en que crecierasignificativamente el caudal del río. Aún así,el diseño tendría que perfeccionarse más,porque hay situaciones actualmente noprevistas, por ejemplo, casas cercanas al ríoque se ubican en el perímetro de los 100metros para posibles inundaciones. Unapartado específico del documento dePLAMAR se concentró en la dimensióneconómica de la obra, comparando el costode la construcción con las posibles gananciasal cosechar cultivos adicionales ydiversificados. En este sentido, se concluyóque sería importante que el Estado realizarala construcción porque representa unimportante aporte a la economía del país y ala subsistencia de la población.

La expansión de lasagroindustrias agravó lasinundaciones

Al mismo tiempo que se realizó el estudio deprefactibilidad comenzaron a florar y a

expandirse los cultivos agroindustriales debanano. Por sus ganancias jugosas la indus-tria bananera se amplió continuamente. Prontola expansión de las plantaciones se “topó”con el río Pacayá, el cual atravesó sus tierras.Entonces, la empresa decidió “reubicar” el río,para evitar las amenazas de inundación con-tra sus cultivos de banano. Así, desvió elcauce del río a lo largo de varios kilómetrosen un canal artificial y otra parte en un zanjóndiferente al Pacayá. Adicionalmente seconstruyeron bordas de tierra con seis metrosde altura ubicadas entre el cauce artificial delPacayá y el cultivo de banano. Por un lado,esto evitó inundaciones y daños al cultivoagroexportador. Por otro, se le quitó al río suespacio natural de desbordamiento y sesecaron algunas pampas (lagunasartificiales). Desde entonces, mayoresvolúmenes de agua llegan río abajo, dóndese encuentran los cultivos de los campesinos,los cuales ahora sufren inundaciones másfrecuentes y más graves. Preocupa, además,que el sistema de canales de la bananera noestá diseñado para evitar un traspaso de aguade la subcuenca del río Ocosito hacía el ríoPacayá. Un manejo problemático de lascompuertas en el año 2010 implicó quegrandes volúmenes de agua del Ocosito, que

Inundaciones de tierras campesinas (ladoizquierdo); sin inundaciones monocultivos de

agroindustrias, octubre 2010, Landsat7

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nunca debieron salirse de su cauce original2,llegaran hacia el Pacayá.

Cabe señalar que no sólo se destruyencultivos de los campesinos, sino además seinundan varias comunidades desde losquineles/canales de la bananera: ColoniaBarillas, Parcelamiento Chiquirines y AldeaLos Encuentros. La inundación de estascomunidades se debe directamente a losquineles/canales de la bananera y las bordasde tierra que protegen las plantaciones debanano. En otras palabras: sin canales nohabría inundación. En el ParcelamientoChiquirines no se busca resolver la causa delproblema, sino que únicamente se tomanalgunas medidas para atender sus efectos,instalando tubos debajo de la carretera paraque el agua que inunda la comunidad desdela finca, se salga más rápido al otro lado dela comunidad. En realidad debería prohibirseque la finca inunde a la comunidad.

Otra agroindustria comenzó adragar el río Pacayá sinautorización

En el año 2012 otra agroindustria que sededica a palma africana adquirió nuevas

tierras en la zona. A pocas semanas ubicóexcavadoras en la rivera del río Pacayá, talóárboles, algunos de varias décadas de edad,incluyendo ceibas, y se excavó tierra del caucedel río, rompiendo capas en el mismo a fin deconstruir una borda de tierra a un lado del ríoPacayá. Hubo hasta cuatro maquinastrabajando al mismo tiempo en el dragado yentre 10 a 20 trabajadores, incluyendoelementos de seguridad privada de la finca.Preocupan sobremanera los dañosambientales causados y la emergencia denuevos riesgos.

Es importante mencionar que el dragado deun río es clasificado como una obra decategoría B1 según el listado taxativo3, esdecir, una de las obras, “que se considerancomo de moderado a alto impacto ambientalpotencial o riesgo ambiental”4. Sin embargo,la agroindustria responsable del dragadocarece de todas las autorizaciones: no tieneautorización ambiental, ninguna deconstrucción emitida por la municipalidad deOcós y tampoco cuenta con acuerdosrelevantes con las autoridades comunitarias.A posteriori, la empresa enseñó algunas, asíllamadas, “notas” de cinco comunidades parajustificarse que “con el ánimo de

2 Además, en noviembre 2010 una contaminación en el río Rosario y Ocosito pasó por los canales de la bananeray causó la muerte de peces en el río Pacayá, afectando a las comunidades campesinas.3 Según el Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades aprobado a través del Acuerdo GubernativoNúmero 134-2005 la obra correspondiente es de tipo B1 con código 4520 (“Diseño y construcción de áreas dedársenas y dragado“).4 Acuerdo Gubernativo 431-2007, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Art.28.

Cultivos Caserío Carrizal 7/5/2010 Inundaciones Caserío Carrizal 1/6/2010

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colaboración, actuó a petición de algunascomunidades y propietarios de parcelasaledañas” al río Pacayá. Sin embargo, trescomunidades suscribieron las “notas” dossemanas después de haberse iniciado eldragado y únicamente una de ellas presentael sello de un alcalde auxiliar. El resto de“notas” están firmadas por individuos, en uncaso tan sólo por siete personas. Enconclusión, las “notas” carecen de legitimidady representatividad. Posteriormente, algunaspersonas aclararon que se expresaron a fa-vor del dragado debido a presiones quepodrían afectar a sus familiares quienestrabajan en la agroindustria. En comparación,la denuncia interpuesta por las comunidades

ante el MARN en contra del dragado noautorizado, fue firmada y sellada por lasautoridades de nueve comunidades, ademásde dirigentes campesinos y otrosrepresentantes comunitarios.

La realización de la obra no sólo preocupapor ser ilegal y por los daños ambientalescausados, sino, además, por la falta declaridad de las pretensiones de la empresa.Hasta la fecha no se sabe hasta dóndepretende dragar. Nadie aseguró que sedragaría hasta la desembocadura del río enel mar, porque no tendría sentido dragar sólounos kilómetros río arriba sin considerar lasituación río abajo. A la vez, preocupa que sedragara sólo a la orilla derecha del río, puesimplica un alto peligro para el lado opuesto ylos campesinos que viven y cultivan ahí. Enfin, hubo mucha incertidumbre y pocaseguridad jurídica sobre la obra y lasmitigaciones necesarias. De esta manera,dirigentes de las comunidades cercanas al ríoPacayá enviaron una nota a la agroindustriademandando a la empresa suspender la obrapara que primero cumpliera con laresponsabilidad legal de presentar el estudiode impacto ambiental. El agronegocio ignoróel escrito de las comunidades, sólo reubicólas excavadoras y continuó con la destrucciónde la naturaleza unos kilómetros río arriba. Se

Ubicación de dragado no autorizado.

Caserío Carrizal 26/7/2012 –con dragado

Caserío Carrizal 7/5/2010 –antes de dragado

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le hizo entrega de otro documentoadvirtiéndole que en caso de otra negativa serecurriría a mecanismos legales. Por segundavez la agroindustria hizo caso omiso. Noteniendo otra vía y habiendo fracasado losintentos amistosos y extrajudiciales, sepresentaron denuncias al MARN, a la PolicíaNacional Civil (PNC), a la Municipalidad deOcós, al Ministerio Público (MP) y un procesocivil ante el Tribunal Civil y EconómicoCoactivo, que tuvieron como resultado que laagroindustria reconociera que operaba sinautorización ambiental por lo que fue obligadaa detener su obra.A poco tiempo de haberse interpuesto ladenuncia ante el MARN, una comisión deinspectores ambientales de dicho ministeriose trasladó al lugar de los hechos paraefectuar una inspección de emergencia queconcluyó en un informe que constata “que síexisten efectos adversos al ambiente,

causados por las actividades realizadas du-rante el dragado del río en las variablesambientales edáfico, biótico (forestal,piscícola), hídrico y visual (paisaje).” Por ello,el MARN inició el procedimiento porincidente, concediendo a la agroindustriaaudiencia y se dio apertura a la presentaciónde pruebas.

A partir de las actuaciones jurídicas de laagroindustria en el marco del correspondienteprocedimiento administrativo, la empresacambió su discurso de defensa en dosmomentos: primero, tergiversó los verdaderosintereses del dragado explicando que loefectuaba como un favor para lascomunidades campesinas que sufren deinundaciones – invisibilizando por completoel interés del agronegocio que recientementeadquirió grandes extensiones de tierra parapalma africana-. Segundo, comenzó a

cambiar el tipo de proyecto: en vezdel “dragado” habló de un “Proyectode Bajo Impacto: Borda deprotección Río Pacayá”, lo cual, esnotoriamente incorrecto. El único fac-tor que nunca cambió es el interésde la empresa y la decisión de seguircon la obra en el futuro.

El dragado del río Pacayásin tomar en cuenta a loscampesinos

En respuesta a los interesesagroindustriales, recientemente sepresentó un diagnóstico ambientalcon el nombre: “Borda Río Pacayá”.Si el MARN decidiera aprobar elinstrumento y cumpliendo lasobligaciones ambientales, laempresa tendría el derecho deefectuar la obra. Ahora bien, tomandoen cuenta la forma cómo se inició laconstrucción es obvio que no estádiseñada para resolver el problema

MARN constata daños ambientales.

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de las inundaciones. Una comparación deperfiles esquemáticos del río Pacayá con laobra que la empresa inició con los perfiles delestudio de prefactibilidad de PLAMAR/MAGA– obsérvese las siguientes ilustraciones –muestra claramente que las excavaciones dela agroindustria no están en condiciones paracaptar el volumen de agua que consideró

Perfiles esquemáticos del río Pacayá, por tipo de intervención

PLAMAR/MAGA. La agroindustria, en ningúnmomento, parece haber tenido ni el másmínimo interés en comprender la problemáticade las inundaciones y sus dimensiones,porque sólo enviaron maquinas para excavartierra del río, pero nunca dimensionaron laobra con base en datos reales de lasproblemáticas de la zona.

Perfil original de Pacayá

Dragado y borda a un lado del río (obrarealizada recientemente por la empresa)

Hipótesis de dragado y borda a amboslados del río (hipótesis de complemento a

lo actualmente realizado)

Propuesta PLAMAR/MAGA: Bordas deprotección a 100m de ambos lados del río

Pacayá

Fuente: elaboración propia con base en observaciones así como estudio PLAMAR.

No cabe duda, para más palma africana senecesita más agua de riego. Según lo explicóun investigador del Instituto de Agricultura,Recursos Naturales y Ambiente (IARNA): “el60 por ciento del agua del país se la traganentre el café, la caña y la palma africana, quees un cultivo que demanda bastante agua”5.Preocupa además que las plantasprocesadoras de aceite de palma africanainstaladas en la zona tengan una capacidadpara procesar volúmenes de palma africanacuya producción ocuparía áreas cuyaextensión superarían la superficie delmunicipio de Ocós en un 130%, lo que planteavarias dudas: ¿en dónde se cultivaría la palmaafricana que produce toda esta fruta? ¿Cómoestá pensada la viabilidad del proyecto?

¿Qué impactos va a tener en otras zonas?¿De dónde vendrá toda el agua de riego quenecesitarían estas grandes extensiones? Aúnal ignorar las necesidades de agua paraconsumo humano de las comunidades, el ríoPacayá no alcanzaría para las extensiones depalma africana proyectadas. ¿Será que sepiensa en traspasar agua de la cuenca del ríoNaranjo a la cuenca del río Ocosito,subcuenca Pacayá? Hay muchas preguntassin respuestas y aún más preocupaciones delos campesinos que cultivan maíz y plátanoen sus microparcelas. La única claridad quese tiene es el efecto violatorio para el derechoa la alimentación de los campesinos y suderecho humano al agua.

5 http://www.plazapublica.com.gt/content/de-monocultivos-la-lucha-por-el-espacio-y-los-desarraigados, 1/9/2012

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Aún en el caso de que la empresa tuvieratodos los permisos en perfecto orden yrealizara la obra sin mayores dañosambientales, no resolvería el problema de lasinundaciones que afectan a los campesinos.Por eso es indispensable que el Estado, hastaahora indiferente a las preocupaciones yreclamos de los campesinos, actúe conimparcialidad y dé paso a la investigación delas denuncias y problemas conocidos porvarias instituciones públicas desde hacemuchos años. Hay varias necesidadesurgentes: por un lado, se requiere de unestudio integral y estratégico de la cuenca delrío Ocosito. A la vez, el Estado deberíareconocer las modificaciones efectuadas alcauce del río Pacayá y tomar decisionesserias: prohibir el traspaso de la subcuencadel río Ocosito hacía la subcuenca del ríoPacayá y obligar a cerrar todas las salidas

de agua desde las fincas bananeras hacía elrío Pacayá. Por otro lado, es inaceptable quea través de los canales, también conocidoscomo quineles, de la bananera inundencomunidades vecinas – en el marco de unestudio de impacto ambiental todavíainexistente tiene que analizarse el diseño delsistema de riego y de los canales dedesagües2. Es insólito que se proteja elbanano a coste y riesgo de la vida y la saludde los campesinos. Finalmente, el Estadodebería diseñar una solución para el débilcauce del río Pacayá, actualizando el estudiode prefactibilidad de PLAMAR/MAGA,perfeccionándolo e implementándolo. De nohacerlo, seguirá alimentando tensionessociales y pérdidas económicas,primordialmente, para las economíascampesinas y su capacidad productiva.

Cultivo de maíz inundado.

6 La bananera expresa tener una certificación ISO 14001, pero carece de instrumentos ambientales que respondena obligaciones legales estipuladas en el Acuerdo Gubernativo 431-2007.

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En septiembre de 1999 las empresas LaPedrera S.A., Peña Rubia S.A. yPremezclados S.A. presentaron el Estudio deEvaluación de Impacto Ambiental del proyectode Explotación de Agregados Inertes yProducción de Concreto Piedra Azul. Sesabe que existe un nexo entre el representantede La Pedrera S.A. y Agrobosques, laempresa reforestadora de CementosProgreso.

Las empresas se autodefinieron como una in-dustria con tecnología moderna dedicada ala explotación de rocas y la producción deagregados inertes, así como la primera plantapara la producción de concreto en el occidentedel país. El sitio a explotar “a cielo abierto” es

una cantera de rocas lávicas, en su mayoríade composición andesítica, roca volcánicaproveniente de la actividad del Volcán SieteOrejas.

La empresa Peña Rubia S.A. tramitó ante elMinisterio de Energía y Minas (MEM) unalicencia de explotación minera que les fueconcedida como LEXT-220, denominada Pie-dra Azul, para el período del 2 de diciembrede 1999 hasta el 1 de diciembre de 2024. Conésta podrían extraer basalto, andesita y arenavolcánica en un área de 4.6 kilómetroscuadrados, aunque el estudio de impactoambiental menciona una extensión de seiskilómetros cuadrados. En 2006 laautorización de explotación de Peña Rubia

MINERÍA DE CONSTRUCCIÓN EN PALAJUNOJ

Minería industrial “Piedra Azul” Industrias conexas a la minería

En el Valle de Palajunoj (municipio de Quetzaltenango) operan varias mineras que extraende materiales de construcción, la mayoría es de tipo artesanal. Destaca la empresa Agregadosde Centroamérica S.A. (AGRECA) que trabaja de manera industrial y reúne una largatrayectoria de violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas cercanas. Apesar de las múltiples denuncias, los mecanismos utilizados por la institucionalidad públicano han logrado investigar los hechos y menos aún resolverlos. Mientras que por un ladoAGRECA se presenta como una empresa que actúa con responsabilidad social, por otro“negocia” con el Comité de Prevención de Desastre Ambiental (COPREDAM) solucionescon alcances limitados frente a los problemas ambientales que son responsabilidad de laminera. Una década después de la autorización de actividades a esta empresa se sigueviolando el derecho de las poblaciones a un medio ambiente sano.

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S.A. cambió a la empresa Productos Minerosde Guatemala S.A.

El estudio de impacto ambiental de PiedraAzul se refiere muy poco al tema del agua.Explica que “dentro del área del proyecto noexiste ningún cuerpo de agua permanentecercano. Existe en el extremo noroeste unlecho de río estacional. Según nosinformaron los habitantes locales, este ríoaparece solamente en los años que registranprecipitaciones fuertes.” Por aparte se explicaque habrían drenajes “…por medio de zanjaso bermas, aunque podrían ser necesariossocavones de desagüe. Al utilizar el sistemade bancos, por la red hidrográfica de la zona,el drenaje podría realizarse totalmente enforma natural.”

El estudio no proporciona materialcartográfico que ubique el río en mención, suorigen o destino, tampoco información sobreel volumen del agua. Pero sí se mencionaposibles impactos al sistema hídrico:“derivado de las potenciales descargas defluidos provenientes de las zonas enexplotación, sobre el sistema hídrico super-ficial, las principales modificaciones podríaninvolucrar, fundamentalmente,modificaciones sobre los cuerpos de agua(riachuelos y corrientes) con impactoslocalizados y/o extensivos que a través delsistema permo-poroso de las rozas y suelos,

podrían variar las características ypropiedades de las corrientes locales,especialmente en su expresión superficial. // Otro impacto potencial importante loconstituye el aumento de carga ensuspensión de las corrientes locales, por unadisposición inadecuada de los ripios deexplotación.”

Para mitigar posibles impactos, el estudiodefine un listado de diversas medidas yrecomendaciones ambientales, entre estas“evitar la tala de árboles con troncos dediámetro mayor de 3.5 pulgadas;…implementar viveros con especies localespara futuras reforestaciones; …construir unared apropiada de drenajes y cunetas; …norealizar movimientos de tierras ni cortes enáreas críticas e inestables; mantener riegoconstante en caminos de terracería si fueranecesario; …control de la escorrentía; crearbarreras visuales vivas, con especiesnativas, alrededor de las obras; …mantenerPlan de Seguridad Industrial en operación,de acuerdo a las recomendaciones de laOrganización Internacional del Trabajo (OIT)para las operaciones mineras a cielo abierto;…establecer políticas de manejo ambientaly de relación con las comunidades.”

En diciembre de 1999, la resolución n° 545-99/AJP/CSM de la Comisión Nacional delMedio ambiente de la Presidencia del aRepública aprueba el estudio de evaluaciónde impacto ambiental subrayando laobligación de cumplir, entre otros elementos:“a) con las medidas de mitigación, todas lasindicaciones, recomendaciones yconclusiones descritas en el estudio deEvaluación de Impacto Ambiental, aprobadopor este documento, así como de los planesde seguridad ambiental, y seguridadhumana elaborados de acuerdo a losimpactos más relevantes encontrados en elestudio de mérito; b) los compromisosadquiridos por la empresa en el acta notarialentregada a CONAMA; c) todo residuo

Detonaciones en mina Piedra Azul.

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rocoso deberá ser colocado en escombreras[…]”

Al momento de la sustitución de la empresaPeña Rubia S.A. por Productos Mineros deGuatemala S.A., el MARN no exigió larealización de un nuevo estudio, sino sólo decumplir lo resuelto en 1999. El ministeriotampoco lo exigió cuando aumentaron lasdenuncias en contra de la empresa.

En 2000 la empresa cambió de propietario ycon ello aumentó la extracción de material.Entonces la empresa se llamaba Agregadosde Guatemala S.A. (AGREGUA), que luegoen 2010 cambió a la razón social deAgregados de Centroamérica S.A.(AGRECA).

Llegan los problemas para lacomunidad

La actividad minera se desarrolla en el VallePalajunoj, principal zona rural del municipiode Quetzaltenango habitada por variascomunidades k’iche’s, entre las que sepueden mencionar Candelaria, Chuicaracoj,Chuicavioc, Las Majadas, Llanos del Pinal,

Tierra Colorada Alta, Tierra Colorada Baja,Xecaracoj, Xepache y Bella Vista. Lacomunidad más cercana a la mina esXecaracoj, en donde las familias habitancasas a pocos metros de la mina. Undiagnóstico1 realizado en 2004 menciona quela población total de Xecaracoj es de cuatromil 510 personas, que representa el 31 porciento de los vecinos del Valle Palajunoj.

Con el incremento de la actividad extractivade AGREGUA aumentaron los problemas dela población. Lo más fuerte se vivió en mayoy junio de 2008, cuando un muro de tierra dela mina no resistió a las corrientes de aguaprovenientes de la mina y una avalancha deagua y lodo inundó casas ubicadas en lascercanías. Esto volvió a ocurrir en 2010,cuando se inundó la casa de una familia,cubriendo el piso con una masa de lodo ypiedrín de más de un metro de altura. El murode contención no resistió a la presión ydestruyó casa, animales de corral y milpa.Hasta la fecha AGRECA no ha cumplido supromesa de rehabilitar este hogar y la familiasigue viviendo con vecinos de Xecaracoj.

En 2008 los vecinos comenzaron a acercarsea la empresa para exigir respuestas a sus

“Daños colaterales” de mina Piedra Azul.

Carro enterrado bajo el piedrínde la mina Piedra Azúl.

1 Asociación Pies de Occidente (2004): Diagnóstico Situacional de la Infraestructura, Organización y RecursosSanitarios en el Valle de Palajunoj.

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problemáticas, al principio poniendo en elcentro las inundaciones. AGREGUAargumentó que los problemas no eran suresponsabilidad. Con el tiempo la comunidad

se organizó y constituyó el COPREDAM. En2010 se analizaron detalladamente losproblemas que sufren por la minera (vercuadro 5).

Cuadro 5: Matriz de problemas y efectos que sufre Xecaracoj por la minera

Elemento Efectos

Proceso (extracción,trituración y selección)

Producción de partículas de polvo liberadas al ambiente,ruido provocado por el proceso de trituración y por losexplosivos.

Carretera (tramo desde lapuerta del Llano hasta laempresa)

Vibración, polvo, lodo y agujeros sobre la carretera,emposamiento de agua, ingreso de vehículos pesados enhoras de descanso.

Viviendas y áreas decultivo

Inundación con agua, lodo y arena por escorrentía superficialy sub superficial proveniente de áreas de acumulación deescombros.

Destrucción del paisaje Con la extracción de la materia prima para la producción demateriales de construcción en gran escala se destruye elpaisaje natural y es reemplazado por un paisaje desolador.

Debido a la nula respuesta de la minera, elCOPREDAM aumentó las denuncias en losmedios de comunicación masiva y ante lainstitucionalidad pública. También hicieronllegar sus demandas a la GobernaciónDepartamental de Quetzaltenango y a laSecretaría Privada de la Presidencia, quienesfinalmente en octubre de 2010 instalaron una“Comisión Verificadora Interinstitucional”,espacio para el análisis de las problemáticasdenunciadas, e integrada por funcionarios de

diversas instituciones, representantes de laempresa y el COPREDAM.

En la primera reunión de esta comisión, tantola comunidad como la empresa presentaronsus visiones sobre las problemáticas y lasposibles respuestas. Posteriormente seefectuaron dos visitas superficiales a lacomunidad y a la empresa. Los paseosconjuntos no sustituyeron la necesidad deefectuar estudios profesionales sobre lasvibraciones y los ruidos que se perciben enlos alrededores. La Comisión Verificadora fueafectada por la coyuntura electoral de 2011 ytras la negativa de inscripción a Sandra Torrescomo candidata a la presidencia se rompióel diálogo.

Por un tiempo no hubo comunicación, hastaque AGRECA convocó a COPREDAM areuniones bilaterales. Inicialmente unapromotora comunitaria trató de mediar a fa-vor de la empresa, pero no estaba encapacidad para responder a lasproblemáticas técnicas planteadas. Como

Foro de COPREDAM.

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consecuencia, la empresa contrató a uningeniero para realizar un estudio queconcluyó con algunas recomendaciones queprevén el abordaje de los problemas en cincorubros: escorrentía, ruido, polvo, vibración ydetonaciones, así como hacer mejoras en lacarretera que se deteriora por el tránsitofrecuente de los camiones de la minera.

Según el plan, las corrientes de agua seterminarían el 31 de abril de 2012, para lo cualse previeron las siguientes medidas:instalación de lagunas de retención,construcción de muro de retención a lo largode la calle, construcción de rampas de con-trol de escorrentía y proteger el taluderosionado en el terreno de AGRECA.

Entre enero y mayo de 2012 se construyó lalaguna de retención con pozos de absorciónde agua y filtros de piedras. El financiamientofue de AGRECA, Cementos Progreso yMonolith, la municipalidad no cumplió con sucompromiso de aportar mano de obra de diezpersonas durante cuatro meses. Con lasprimeras lluvias, a finales de mayo, la lagunase llenó de tierra y fue incapaz de absorbermás agua. AGRECA se niega a excavarlacada vez que se rebalse. Además de hacerun mal trabajo, nadie quiere asumir elmantenimiento que requiere este tipo deinfraestructura.

Para proteger el talud erosionado en elterreno de AGRECA se reforzó la pared detierra con piedras y otras instalaciones a finde evitar su erosión. El muro de retención alo largo de la calle no se construyó por variasrazones, entre ellas porque la población noacepta la significativa reducción del ancho dela calle y la mano de obra estaría a su cargo;y la empresa no aporta el cemento para laconstrucción. Técnicamente sería difícil quelas cunetas diseñadas logren captar toda laescorrentía en tiempos de lluvias fuertes,como sucedió en los últimos años. En todocaso, no es viable que la comunidad acepteque su calle funcione como cauce de río en laépoca de invierno.

AGRECA no ha tenido la voluntad ni el interésde responder a obligaciones que fueronprevistas en su estudio de impacto ambientaly su resolución hace diez años. Las denunciasde la población poco han servido para de-fender su entorno. Sin embargo, la empresaha tenido la capacidad de promocionarsecomo socialmente responsable. Finalmente,hay un aumento de reuniones conCOPREDAM mientras se ha reducido lacomunicación con la comunidad. Esta es unatendencia que siguen las mineras para llevaradelante sus actividades en detrimento deltejido social comunitario.

Tráfico pesado para mina de AGRECA.

Pozo de absorción, ¿solución de un mes?

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Guatemala es un país privilegiado en cuantoa bienes naturales, por su posición geográficaístmica, latitud e historia geológica. Es unterritorio que posee una enorme riquezahídrica, bosques exuberantes, topografíadiversa, varios microclimas y humedales coninnumerables formas de vida, además de losvaliosos bienes naturales depositados en elsubsuelo. También cuenta con 14 zonas devida, siete biomas, 7,756 especies de floranativa, 1,170 especies endémicas, cinco eco-regiones de agua dulce, 445 especies de

árboles latifoliados, siendo uno de los paísescon mayor diversidad de árboles del planeta;1,651 especies de vertebrados, entre aves,mamíferos, peces y anfibios.Estas condiciones hacen que los bienes natu-rales del país despierten la codicia departiculares y empresas que ven en éstos unmodo seguro de acumulación de capital ygeneración de inmensas ganancias. El interéssobre los bienes naturales en el mundo se haexacerbado hoy día debido a la crisisfinanciera internacional, en la que las

empresas transnacionales y nacionalesbuscan la seguridad de las inversiones encommodities1, mientras pasa la tempestadde las inversiones financieras. Grupos detransnacionales y oligárquicos nacionalesestán aprovechando la débilinstitucionalidad del Estado, la corrupcióny la laxa legislación del país, para hacersus negocios.

Desde 1997, después de la firma de losAcuerdos de Paz, bajo la presidencia deÁlvaro Arzú, se establecieron las premisaspara continuar con lo que hemos llamado,en el Colectivo Madreselva, el marco le-

LAS HIDROELÉCTRICAS Y LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL:

EL CASO DE LA HIDROELÉCTRICA RÍO SALÁ

Jorge GrijalvaColectivo Ecologista MadreSelva

El desarrollo económico privilegiado por los últimos gobiernos en Guatemala ha puesto elénfasis en un modelo extractivista que, de manera lesiva y en desventaja, permite la entregade los bienes naturales de todos los guatemaltecos a empresas transnacionales y laoligarquía nacional. Con estas políticas se han generado procesos de reconcentración detierra, desplazamiento de población, depredación y contaminación de bosques y sistemashídricos. La imposición de este modelo ha aumentado ostensiblemente la conflictividadsocial y el caso de las hidroeléctricas se desarrolla al tenor de esa política.

Cauce natural del río Salá

1 Se conoce por commodities, a mercaderías estándar y fácilmente divisibles, que por lo tanto, pueden serfácilmente negociadas en los mercados internacionales, como las materias primas en general: como el petróleo,el maíz, el cobre, el trigo, el aceite de palma, el oro, la plata, los metales en general, pero también, la electricidad,la telefonía, etc.

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gal e institucional del despojo, en lo relativoa los bienes naturales que son, por definiciónsoberana, patrimonio de los guatemaltecos.El gobierno de Arzú inició el entramado legalde reajuste estructural dictado por lasinstituciones financieras internacionales. Fueel cuatrienio de las privatizaciones y la entregamalbaratada de las empresas nacionales, quea pesar de los continuos saqueos de losgobiernos militares, eran rentables, como laEmpresa Eléctrica, el Instituto Nacional deElectrificación (INDE) y la empresa telefónica.Destacan particularmente el conjunto de leyesaprobadas diseñadas para facilitar la entregade los bienes naturales al sector privado, en-tre otras, la ley de minería, Decreto Ley 48-1997; la ley forestal, Decreto Ley 101-1996; yla ley general de electricidad, Decreto Ley 93-1996. Estas vinieron profundizar una lógica

ya presente en la ley de hidrocarburos,Decreto Ley 109-1983; profundizada másrecientemente con la ley de registro deinformación catastral, Decreto Ley 41-2005; y la ley de alianza público privadapara el desarrollo de infraestructuraeconómica; Decreto Ley 16-2010.

Este marco legislativo ha generado unasituación sociopolítica compleja, en lamedida que las políticas económicas delos sucesivos gobiernos tras el de Arzú, hanprivilegiado el impulso de proyectosextractivos conocidos comomegaproyectos, ya sean mineros,hidroeléctricos, petroleros y mega-plantaciones de caña, palma africana ybanano, en detrimento del impulso depolíticas de desarrollo rural que puedanaliviar la situación de pobreza einseguridad alimentaria de la mayoría deguatemaltecos. Estas políticas más laincursión de estos megaproyectos hanagudizado la conflictividad social, porquehan pasado por encima de la voluntad delas comunidades de todo el país.

Impulso de proyectoshidroeléctricos

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica(CNEE) tiene como centro de sus planes laconstrucción de innumerables centraleshidroeléctricas. Carmen Urizar, presidente ac-tual de la CNEE, aseguró luego de serjuramentada para comenzar su gestión, quedurará cinco años, que “todo el énfasis que elGobierno está poniendo es una diversificaciónde la matriz energética que descanse enrecursos hídricos”. “Hemos hablado de apoyartodos los esfuerzos con una estrategia deacompañar los esfuerzos privados”, agrególa funcionaria2. Según el portal internet delMinisterio de Energía y Minas, al 12 de juniode 2012 existían 27 solicitudes aprobadas o

Planes de expansión de los sistemas degeneración y transporte de energía eléctrica,

según CNEE

2 http://www.s21.com.gt/apuesta/2012/05/28/comision-nacional-energia-apuesta-hidroelectricas

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Vivienda de Caserío Nuevo San Francisco,municipio San Pablo, San Marcos.

en trámite de nuevos proyectoshidroeléctricos, además de las que estánproyectadas pero aún no se han gestionadoante el Ministerio. En operación se reportan19.

Si bien, existe un discurso oficial parapromover la generación de energía para cubrirla demanda, en un estudio realizado por AlexKoberle, de la entidad International Rivers consede en Estados Unidos, en colaboración conEl Observador, se demuestra que hay fallasmetodológicas para predecir la demanda depotencia en las horas pico y se sigue sobreestimando de forma sistemática elcrecimiento de las necesidades deelectricidad desde el 2001, lo que da comoresultado que los planes y proyecciones de laCNEE estén disparados. Es decir que, conun poco más de producción y hacer eficientela producción existente se podría cubrir lademanda nacional. Esto nos lleva aconsiderar que la electricidad producida porla gran cantidad de centrales hidroeléctricasque se están gestionando, está destinada ala venta en el mercado del sistemainterconectado México-Centroamérica. Esfácil inferir entonces que privatizado el recursohídrico de los ríos en la operación de lascentrales eléctricas, la ganancia neta irá amanos de las empresas transnacionales y de

la oligarquía centroamericana mientras sedeterioran los bienes naturales que son detodos los guatemaltecos, todo ello con losconsecuentes impactos ambientales ysociales que ya se están viviendo.

En esencia, la contradicción principal delmodelo que se está impulsando, sobre el usode los recursos hídricos para generacióneléctrica, es que se concesiona un bien natu-ral de todos los guatemaltecos para generarriqueza privada en detrimento de la funciónsocial y de los impactos ambientales quepueden generar, pues éste es un aspectosecundario en la consideración de losproponentes.

El agravante y la constante del modelo es quepasa por encima de la legislación vigente,especialmente en lo que se refiere alConvenio 169 de la Organización Internacionaldel Trabajo (OIT), sobre el derecho de lascomunidades a ser consultadas, así como loconsignado en el Código Municipal quecontempla la consulta de vecinos. Lo demás,son perlas de la metodología empresarialapoyada y avalada por las instituciones delEstado, como comprar los terrenosnecesarios para su proyecto con engaños ycoacción, abuso a los derechos de terceros,perseguir y criminalizar a los líderes que se

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Escuela del Caserío Nuevo San Franciscoen cercanía a la presa planificada.

Distancia de 500m y 1000m alrededor de lapresa de la hidroeléctrica planificada y el

Caserío Nuevo San Francisco.

oponen a sus planes, llegando incluso alasesinato de líderes y lideresas. El caso delproyecto hidroeléctrico Cambalam, en SantaCruz Barillas, Huehuetenango, ilustra lo dichoanteriormente. La conflictividad y polarizaciónsocial aumentaron de manera dramática eneste municipio, a tal punto que el gobiernointervino de una manera desproporcionadacon un “estado de sitio”, que tuvo que reculara la tercera semana por las presionessociales y ciudadanas, pero dejando comosaldo la persecución y criminalización demuchos líderes y lideresas comunitarias,así como heridas sociales difíciles derestañar.

El proyecto Salá

En el caso del proyecto de San Pablo, SanMarcos, los promotores son el GrupoFabrigas (Familia Minondo-Ayau), que yatienen otras centrales en operación en eldepartamento de Guatemala e Izabal. Porsu tamaño y envergadura, la hidroeléctricaproyectada está considerada como unacentral de tamaño medio. El diseño deesta hidroeléctrica prevé una potencia

instalada de 15 MW y una expectativa deproducción de 63.072 GWH/año.

Para poder desarrollar el proyecto se compróbuena parte de la Finca Argentina, la cual teníasin resolver un viejo conflicto de tierras conantiguos colonos de la finca ubicados en lazona del embalse proyectado de la presa. Laempresa Hidro Salá, creada por el GrupoFabrigas para gestionar este proyecto,presentó, el 23 de agosto de 2009, ante el

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Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales(MARN) el Estudio de Evaluación de ImpactoAmbiental (EIA) para la construcción de laHidroeléctrica Río Salá, según expediente delMARN 354-09. El 22 de septiembre del 2009,las comunidades de los municipios deTajumulco y San Pablo del departamento deSan Marcos, respaldados por El ColectivoMadreselva, presentaron un Memorial deOposición argumentando los impactosnegativos, sociales y ambientales delproyecto, destacando que se haría sobreterrenos en conflicto de posesión. El 15 deoctubre de 2009, a pesar de los alegatoscomunitarios, el MARN aprobó el EIA segúnla resolución No. 3503-2009/ECM/WH.

El EIA es un requisito legal para autorizar unproyecto que se debe presentar al MARN,quien revisa, califica y, si está debidamentesustentado técnica y científicamente, loaprueba. Hidro Salá entregó un estudioelaborado por el consultor ambiental,arquitecto Sergio Enrique Veliz Rizzo. ElEstudio, analizado por Madreselva, secaracteriza por tener falencias y lagunas yadolece de profundización sobre variostemas, pero de modo central erra en laponderación de los impactos delproyecto. Minimiza y subvalora los impactosambientales y sociales y magnifica losimpactos –positivos- de generación de 275empleos en la fase de construcción y 35 en laetapa de operación (incluyendo técnicos eingenieros que probablemente no serán dela zona) y pondera con gran valor la mejorade caminos y algunas obras para lascomunidades aledañas. Económicamenterepresenta una inversión ínfima si se lacompara con los millonarios ingresos de laproducción eléctrica que se generarían. Bastadar un vistazo a las matrices de valoración deimpactos3 para entender la ligerezapersistente en el EIA. Esto resulta

especialmente grave si se toma en cuenta quela matriz de identificación, predicción yvaloración de impactos (etapa deconstrucción y operación) es la parte funda-mental y medular del Estudio, porque en éstase sintetizan y ponderan las presiones sobrelos diferentes componentes ambientales ysociales y de ello se deduce el grado deimpacto global del proyecto.

Por otra parte, el EIA también vulnera elderecho de las comunidades cercanas a serconsultadas. En el anexo titulado Proceso dedivulgación, participación y consultacomunitaria, describe más bien su estrategiade acercamiento para el convencimiento delas comunidades aledañas, lo cual noconstituye, en ningún sentido, una verdaderaconsulta comunitaria. En el apartado sobrerequisitos y directrices de este anexo4

establece el marco legal que, sin embargo,queda como mera enunciación porque losprocedimientos y metodología descritos nohan conducido a una verdadera consultacomunitaria, que es en esencia el espíritu delConvenio 169 y del Código Municipalvigentes. El Convenio 169 en sus artículos 4,5, 6, 7, 13 y 15 obliga al Estado, en proyectosde este tipo, a consultar previamente a lascomunidades indígenas, medianteprocedimientos adecuados apegados a susformas culturales de convivencia yfuncionamiento social. Este Convenio diceque “Deberán adoptarse las medidasespeciales que se precisen parasalvaguardar las personas, las instituciones,los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de los pueblos interesados”5.Asegura que “Los pueblos interesadosdeberán tener derecho de decidir suspropias prioridades en lo que atañe alproceso de desarrollo, en la medida en queéste afecte a sus vidas, creencias,

3 Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, Hidroeléctrica Río Salá, páginas 152 y 153.4 Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, Hidroeléctrica Río Salá, folios del 634 al 638.5 Artículo 4 Convenio No. 169 Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

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instituciones y bienestar espiritual y a lastierras que ocupan…”6.

Otra de los temas cuestionables del EIA delproyecto es el que se refiere al caudalecológico. La modificación del flujo hídrico porla extracción de agua o por el funcionamientode hidroeléctricas y grandes embalses cam-bia la estructura y funcionalidad de losecosistemas acuáticos. Por esta razón, conla toma de conciencia ambiental de laprotección y manejo racional de los recursos,surge el instrumento llamado “caudalecológico” con el cual se pretende proteger,mediante la mantención de un cierto volumende agua dentro del cauce, los valoresecológicos de los ríos. Sin embargo, esteconcepto se desvirtúa la mayoría de las veces,al equiparar un caudal ecológico concaudales mínimos. El caudal ecológicotendría como propósito la conservación deecosistemas específicos y el caudal mínimoes apenas el límite inferior de un caudal quepuede ser mantenido dentro del cauce de unrío para que se alcancen otros tipos deintereses o cumplir con un requisito legal. Este

Paisaje natural en el lugar previsto parala construcción de la hidroeléctrica.

es el caso del EIA de la Hidroeléctrica RíoSalá, que de manera escueta asume el 12.5% del caudal promedio año seco de 330 días,sin cuantificar las necesidades consuntivas yno consuntivas de los usuarios que quedanen el tramo disminuido del río. En estemétodo de cálculo del caudal ecológico (yotros similares) prevalece el criterio deobtener el máximo de renta económica delrecurso hídrico del río a expensas de losservicios ambientales que presta.

Otros temas abordados con deficiencias ysuperficialidad son los impactos a labiodiversidad, a los sistemas ecológicos, lamodelación de inundaciones y simulación defalla de la presa. Sin embargo, el MARNaprobó el estudio presentado por la empresaHidro Salá, a pesar de ser deficiente, confalencias, errores y vacíos que han generadoy generará grandes problemas ambientalesy sociales en el municipio de San Pablo, SanMarcos. El proyecto sigue sin construirse porla resistencia social comunitaria y el apoyode las organizaciones territoriales deloccidente de país.

6 Artículo 7 Convenio No. 169 Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

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La responsabilidad social corporativa puedemanifestarse de distintas formas. La másconocida es la promovida por las empresascuando financian un proyecto en beneficio dela comunidad, como la construcción de unaescuela o una clínica médica. Estasiniciativas, si bien pueden llegar a beneficiara las poblaciones, desde una perspectiva dederechos humanos ofrecen poco porque noalteran las relaciones de poder entre

empresa y comunitarios. Es decir que, porun lado, la compañía puede retirar su ayudaen cualquier momento y, por otro, el apoyopuede manejarse como una estrategia parahacer callar la oposición de la gente.

Otra modalidad son los “códigos deconducta”, que consisten en listas decompromisos que las empresas elaboran yque rigen sus operaciones. Por ser asuntosvoluntarios definidos por las mismascompañías existen muchas dudas acerca desu impacto, pues rigen sus propios términosque deben cumplirse bajo sus condiciones.En algunos casos sí dan resultados, según elsociólogo colombiano César RodríguezGaravito, quien hizo un estudio sobre lasluchas por los derechos laborales enCentroamérica y México.

Rodríguez afirma que cuando el movimientosindical logra establecer un vínculo entre lostrabajadores afectados por alguna

Experiencias y reflexiones globales

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

INTERPELACIONES A LAS PRÁCTICAS DE LAS AGROINDUSTRIAS

DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA

Angelina GodoyCentro de Derechos Humanos

Universidad de Washington, Seattle

En los últimos años el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha tomadoprotagonismo entre las empresas. Es un intento del modelo neoliberal para limitar la funcióndel Estado en su esfuerzo por garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Sibien no se debe desatender la importancia de fortalecer la capacidad del Estado de velarpor la justicia, tampoco se puede descartar la posibilidad de emplear nuevos mecanismospara lograr que un porcentaje mayor de la población goce plenamente de sus derechos. Elpresente artículo busca explorar hasta qué punto la RSC ofrece herramientas útiles para lalucha por los derechos de las comunidades campesinas guatemaltecas, tomando comocaso de estudio a dos agroindustrias dominantes en la costa sur: la bananera y la palmera.

Monocultivo de banano.

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transnacional con los consumidores delproducto, en este caso en Estados Unidos oEuropa, se ha podido montar una campañaexitosa para exigir a la empresa elcumplimiento de su propio “código deconducta”. Es importante notar que en estoscasos el código no se auto implementa, sinoque requiere del compromiso de activistas enambos lados del espectro.

Existen algunos casos que vale la penamencionar. Uno de ellos es el de dos maquilasubicadas en Honduras que producían prendasde vestir para la marca de ropa deportivaNike, pero que cerraron en 2009 sin pagar uncentavo de sus prestaciones laborales a sustrabajadores. Después de una arduacampaña liderada por la Central General deTrabajadores CGT de Honduras con el apoyode organizaciones internacionales, Nikeaceptó pagar 1.5 millones de dólares a lostrabajadores afectados, cubrirles los pagosde seguro social durante un año y facilitar surecontratación.

Poco después se realizó otra batalla a travésde redes internacionales, con la que se logróreabrir una maquila que se había cerrado en2007, después de que los trabajadoresintentaron formar un sindicato. Se estima queesa campaña le costó a la marca Russell Ath-letic unos 50 millones de dólares y fue lomismo lo que la obligó a aceptar reabrir lamanufactura y colaborar con el sindicato.Ambas victorias fueron históricas: la deRussell porque se logró reabrir una fábrica yrecontratar a los empleados despedidosinjustamente bajo condiciones mucho másfavorables. Y la de Nike porque por primeravez la marca aceptó su responsabilidad porlas prácticas ilegales de sus subcontratistas.

Entonces ¿estas lecciones podrían serllevadas a otros contextos? Por ejemplo, a lalucha por hacer valer los derechos a un medioambiente sano de las comunidades que seven afectadas por la expansión de la

agroindustria en la costa sur. ¿Bajo quécircunstancias se vuelve factible emprenderun esfuerzo similar?

Comparto algunas consideraciones inicialesque invitan a una discusión exhaustiva comose merece un problema complejo.

El control mediante el código deconducta

Es preciso analizar el texto que contiene el“código de conducta” de la empresa que estáafectando los intereses de las comunidades.¿Es una declaración de buenas intencionesgenerales o incluye puntos específicos dondesería posible demostrar, de formacontundente, si se ha incumplido? Un códigoque contempla indicadores medibles ofrecemayores posibilidades para la búsqueda dejusticia por medio de las campañas deconcientización.

Una consideración clave es saber si el códigose extiende a proveedores o únicamente esaplicable a las operaciones de la empresa.Muchas veces los dueños de las fincas queproducen banano o palma no son las mismaspersonas que venden los productos a niveltransnacional y que generalmente redactan loscódigos. Esta complejidad de la cadenaproductiva puede ser utilizada como una

Monocultivo de palma africana.

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excusa por las transnacionales, al alegar queno están informadas y por tanto no sonresponsables de los abusos cometidos en elámbito local.

¿Cuán transparente es la cadena productiva?¿Se puede vincular el producto final a su sitiode producción? En la economía globalizadaes común para las empresas multinacionalestener cadenas de producción complejas,haciendo uso de contratistas y subcontratistasen múltiples países. Bajo estascircunstancias, muchas veces, aunque lostrabajadores en una empresa o loscampesinos de comunidades aledañasdenuncien una violación, es difícil establecera qué empresa transnacional se vende elproducto y qué país es su destino.

Si no se sabe con certeza hacia dónde sedirige el producto es difícil montar unacampaña con base en los compromisos dela RSC de la transnacional. Primero, porquees imposible comprobar la responsabilidadde la empresa específica y, segundo, porquees difícil establecer vínculos con losconsumidores finales, cuyo rechazo hacia lasprácticas injustas identificadas en una dadacompañía es necesario para lograr elresultado.

Cierta transparencia de la cadena productivase logra por medio de campañas que losconsumidores han realizado con anterioridad,porque quieren saber de dónde vienen susproductos y bajo qué condiciones fueronproducidos. En algunas maquilas de prendasde vestir se ha logrado, porque lasuniversidades estadounidenses exigen a susproveedores listas trimestrales de lasmanufacturas que usan para la producción.También por los esfuerzos de los trabajadoresque se fijan en los nombres comerciales quese incluyen en las etiquetas de los productosque fabrican.

En el caso de la palma es una tarea difícil,porque el producto que compra el consumidorfinal casi nunca proviene de una sola finca oárea. Por ejemplo, una margarina o jabóncontienen el aceite además de otrosingredientes. Bajo estas condiciones, unacampaña internacional que depende de laacción organizada de los consumidores sevuelve menos probable. Aunque se habla dela producción de aceite de palmera para elagrodiesel, actualmente la mayoría de la ma-teria prima producida en Guatemala sedestina para productos alimenticios yartículos de baño en el mercadocentroamericano, región en la que no se ha

desarrollado la acción organizada deconsumidores.

En el caso de la industria bananera esmás fácil establecer el vínculo directoentre el producto proveniente de unafinca específica, la transnacional que loexporta y el consumidor final. Primero,los mismos trabajadores pueden anotarlos nombres comerciales que aparecenen las etiquetas que colocan en la fruta,el transporte también lleva estosnombres. En la costa sur sueleproducirse para Dole o Chiquita.Existen bases de datos con informaciónaduanera que permite determinar conAnálisis de calidad de agua del río Pacayá

por organizaciones solidarias.

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Procesadora de aceite de palma africana.

precisión el comprador y el destino final deun producto, ingresando únicamente elnúmero de contenedor (fácilmenteidentificable en el tráiler). Un activista en Gua-temala puede apuntar los números de loscontenedores que salen de una finca, paraluego trazar su recorrido por el mundo enterohasta determinar su destino final.

Grupos organizados en lospaíses consumidores

¿Existen grupos organizados preocupadospor este problema en el país comprador?¿Hay vínculos establecidos con ellos? Elmovimiento sindical lleva la delantera y pormucho, porque han invertido años en eldesarrollo de redes con capacidad de accióna nivel transnacional; aún así no es tarea fácil.

En cuanto a productos agrícolas, dentro delmundo de los consumidores existen gruposque rechazan el uso de ciertos pesticidas,aunque hay menos consciencia sobre elimpacto social de otras prácticas de laagroindustria. Es preciso entonces expandiruna consciencia ecológica que contemple unentendimiento más holístico de lasostenibilidad en los sistemas de producción.

También se podría imaginar una alianza en-tre el movimiento sindical y campesino, unidospor el deseo de exigir a las transnacionalesbananeras el pleno cumplimiento de losderechos de los trabajadores y sus familias.Es particularmente interesante el ejemplo deChiquita, que gracias a muchas luchashistóricas en diversos países, en el 2001 firmóun acuerdo con la CoordinadoraLatinoamericana de Sindicatos Bananeros(COLSIBA).

Si bien el acuerdo se enfoca en los derechoslaborales de los trabajadores, y no tanto encompromisos con el medio ambiente o conlas comunidades aledañas a las fincas,establece un comité que velaría por sucumplimiento, al cual podrían presentárseletambién problemas que afectan la salud ybienestar de la gente. Al fin y al cabo, lossindicatos bananeros reconocen que laexpansión de fincas no sindicalizadas en lacosta sur guatemalteca debilita sus procesosde negociación con las empresas, a pesarque comparten el mismo interés porcuestionar las prácticas de las fincas.

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Las inversiones son generalmente presentadasbajo un prisma atractivo en términos de ventajasy beneficios para el país que las recibe. Larealidad está muy lejos de coincidir con losdiscursos: estas inversiones suelen serconsecuencia de múltiples violaciones dederechos humanos, principalmente en contra delos más pobres. A la luz de sus efectosnegativos, es necesario formular las condicionesque deberían imponerse a estas inversiones,para que puedan realmente tener efectosbenéficos para toda la población. Bajo la presiónde la sociedad civil, algunas normas ya fueronformuladas: las Naciones Unidas y lasorganizaciones de su sistema están al origende la mayoría de los textos de referencia sobre

derechos humanos y empresas transnacionales,derechos de los pueblos indígenas, inversionesresponsables y tenencia de la tierra. Sin em-bargo, estos textos son todavía demasiadodébiles por la ausencia de un carácter vinculante.

La amplitud del fenómeno delacaparamiento de tierras: cifrasy tendencias claves

Si bien la problemática no es nueva1, elacaparamiento de tierras y de recursos haaumentado considerablemente en los últimosaños, alcanzando niveles alarmantes. Lavoluntad de desarrollar modelos sostenibles parala gestión de los recursos naturales,respondiendo a la vez a las necesidades básicasde la humanidad, se enfrenta a interesescontradictorios: así es que el desafío alimentar– dar de comer a 9 mil millones de personas en2050 – se opone al desafío energético, queincluye el desarrollo de las llamadas fuentes deenergía alternativas (como los agrocombustiblesbasados en materias primas agrícolas)... Estemismo desafío alimentar se enfrenta a laurbanización creciente y a la voluntad dedesarrollar infraestructuras para los edificios, eltransporte, la electrificación... Tanto el uno comoel otro desafío se sustentan en el acceso a latierra y a los recursos (agua, bosques,subsuelos...).

LAS INVERSIONES Y EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y DE

RECURSOS: EVITAR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

CCFD – Terre Solidaire

Hoy en día, el 14% de la población mundial no tienen acceso a una alimentación suficiente,mientras que 1% de los más ricos del planeta concentran el 45% de las riquezas, y quedanencerrados en una lógica de consumo voraz de los recursos. Así lo indica la nueva ola deacaparamientos de tierras y recursos: una huida hacia adelante buscando continuar a todacosta a nivel planetario, la acumulación y el crecimiento para los más afortunados, o paralos nuevos ricos. El acaparamiento de los recursos pasa por las “inversiones”. El términose refiere a la aportación de capitales, de conocimientos, a los países que lo necesitarían...

Plantación de palma africana.

1 Se podría considerar, desde una perspectiva histórica, los procesos coloniales y post-coloniales de toma,posesión y explotación de territorios como una expresión de acaparamiento de tierras.

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2 Este análisis fue realizado por Diane Dupasquier Durand, Mariana Da Silva Santos et Magali Suire, en sumonografía: L’accaparements des terres dans les pays du Sud – IAE Gustave Eiffel Université Paris Est Créteil.3 La Carta internacional de los derechos humanos está constituida por la declaración universal de los derechoshumanos, el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, el Pactointernacional relativo a los derechos civiles y políticos y sus dos protocolos facultativos: http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm4 Según la compilación de estudios en una matriz elaborada por la Coalición internacional por el acceso a la tierra (ILC), el CIRAD (Centro de cooperación internacional en investigaciónagronómica para el desarrollo) y el IIED (Instituto internacional para el medio ambiente y el desarrollo) con lacolaboración de 40 organizaciones para establecer las principales tendencias sobre el fenómeno.

Hay un relativo acuerdo sobre la existencia de una dinámica de acaparamiento de tierras enescala mundial. Sin embargo, la terminología que permite dar cuenta de la naturaleza y de laamplitud del fenómeno es diferente en función de los actores involucrados2. De este modo, eltérmino acaparamiento de tierras es utilizado principalmente por organizaciones nogubernamentales y por los medios de comunicación con la intención de llamar la atención demanera contundente a partir de la utilización de palabras fuertes. Otras expresiones conconnotación negativa son igualmente utilizadas – como transacciones ilegítimas de tierra,expoliación, confiscaciones masivas – y ponen en evidencia el carácter (supuestamente)ilegal o usurpatorio de estas prácticas. Por el contrario, otros actores, como las institucionesinternacionales, buscan utilizar un discurso más neutro. Así, utilizan términos preferiblementetécnicos que hacen referencia a las formas de contractualización sobre la tierra (adquisición,operación, concesión) o a la supuesta acción subyacente, a saber las inversiones. Por partede los actores académicos, los trabajos producidos sobre el tema son pocos. La participaciónde los medios de comunicación en el debate, es relativamente moderada (el tema es objetode cobertura por un número limitado de periodistas, en general, especialistas en temas dedesarrollo). El término elegido para definir el término depende de la implicación de losperiodistas, de su voluntad de orientar al lector o aún del grado de libertad que disponen.

Para el CCFD-Terre Solidaire, el acaparamiento de tierras se refiere al hecho de asumir elcontrol de un territorio (por compra, arrendamiento, ocupación...), ya sea de forma legal o no,causando un impacto negativo sobre las comunidades locales o los usuarios originales de latierra; es decir, cuando las transacciones de tierras afectan directa o indirectamente el modeloeconómico, societal, social o ambiental de las comunidades locales, y por lo tanto violan losderechos inscritos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos3. Los conflictos deinterés que acompañan esta práctica son señales de que existe una correlación de fuerzasdesigual entre inversores, gobiernos y comunidades locales. El tema de la desigualdad seve agravado por la debilidad de los mecanismos de acceso y de recurso a la justicia por lascomunidades locales afectadas.

Más allá de los debates sobre la terminologíay de las características utilizadas paradescribir el fenómeno, también las cifrasrelativas a los acaparamientos de tierras sondiscutibles. Muchos actores (organizacionesinternacionales como el Banco Mundial, laFAO o las ONG) han tratado de cuantificar el

conjunto de transacciones de tierras, pero losreferenciales de análisis son muy diferentesy no permiten una comparación. La estimaciónmás alta considera que entre 2000 y 2011, almenos 203 millones de hectáreas han sidonegociadas4, ¡el equivalente a la mitad delterritorio de la Unión Europea!

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Pero, así como la magnitud de la superficieacaparada no constituye un elemento centralpara el análisis del fenómeno, las cifrasanunciadas no permiten entender plenamenteel alcance real (y por tanto los efectosconcretos) del fenómeno. Además, muchasde las transacciones no se registran ni sepublican… y cada día la lista sigue creciendo.Las cifras anunciadas son seguramente

subestimadas. A fin de considerar elacaparamiento de tierras y sus impactosdesde la perspectiva de los derechoshumanos y del medio ambiente, seríainteresante cambiar el método de cálculo ysu presentación, poniendo en relación laadquisición de tierras con los impactosnegativos que se desprenden para laspoblaciones locales.

Cuadro 6: Características centrales y periféricas de los acaparamientos de tierras

CARACTERISTICAS CENTRALES CARACTERISTICAS PERIFERICAS

IMPACTOS NEGATIVOS Talla de las inversiones / superficie de losterritorios comprados

Consecuencias negativas en las comunidadeslocales

Número de transacciones

Violaciones de derechos humanos, entre los cualesel derecho a la alimentación

Naturaleza de la inversión (compra, concesión,locación)

Impactos ambientales Objetivo de las inversiones (especulativo,agrícola, extractivo, turismo, industria)

Tipo de inversores (privados/públicos,nacionales/extranjeros)

PRACTICAS DE LOS ACTORES Zona geográfica

Falta / ausencia de información previa

Falta de concertación con las comunidades locales

Ausencia de consentimiento por las comunidadeslocales

Falta de transparencia en las transacciones

Presencia de conflictos de interés y tensión son laspoblaciones

Prácticas abusivas de la parte de los inversores ode los Estados que acogen las inversiones

Correlación de fuerzas desigual / concentración detierras

MARCO NORMATIVO

Ausencia de regulación

Falta de acceso a la justicia y a posibilidades derecurso

OTROS

Producto de las tierras destinado a las exportación

Fuente: L’accaparement des terres dans les pays du Sud – Diane Dupasquier Durand, Mariana da Silva Santos etMagali Suire.

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La demanda de tierras (y por lo tanto lapresión a nivel mundial) sigue importante ycontinuará creciendo en el largo plazo,impulsada por las tensiones constantes sobrelos mercados de materias primas, el aumentode la producción y del consumo deagrocombustibles y la escasez de tierras yrecursos. La búsqueda de tierras está nosolamente relacionada con la producción dealimentos (en tierras agrícolas ya utilizadas oen perspectiva), sino también con laextracción de materias primas. Así, si el 78%de los acaparamientos identificados por laCoalición internacional por el acceso a latierra (ILC) conciernen la producción agrícola(de los cuales los tres cuartos se destinan alos agrocombustibles), el sector extractivo, laindustria, el turismo y la conversión debosques representan una parte significativa(22% de las inversiones).

Para comprender y resistir al fenómeno deacaparamiento de tierras es necesario re-sponder a las siguientes preguntas: ¿Cuálesson las prácticas más frecuentes quepermiten que las tierras sean apropiadaspor un actor diferente del que se dedicabaa ellas originalmente? ¿Qué actoresestán involucrados en este fenómeno?¿Qué retos se encuentran por detrás deeste fenómeno?

Los actores de los acaparamientos detierras y de recursosSe pueden distinguir cuatro categorías deactores:

• Estados: puede tratarse de Estadosque impulsan inversiones en otrospaíses, para responder a sus propiasnecesidades alimentares o

energéticas, o de Estados quereciben, facilitan o solicitan esasinversiones;

• Los inversores locales (élites locales,ya sean terratenientes, empresarios oindividuos ricos...);

• Los financiadotes de proyectos entrelos cuales se encuentran lasinstituciones financierasinternacionales, los bancosmultilaterales de desarrollo y losactores del sector de seguros a travésde inversores institucionales como losfondos de inversión y los fondos depensiones;

• Las empresas multinacionales (tantoprivadas como públicas)5.

La relación, por lo menos ambigua, entre losEstados (a la vez los Estados anfitriones y losEstados financiadores de proyectos) y losinversores seguramente no contribuye a laidentificación de los responsables en casosde violaciones de derechos. Los paísesanfitriones a menudo tienden a satisfacer losintereses de los inversores antes de asegurar

Cumbre de los Pueblos – Río+20

5 Las 650 sociedades transnacionales públicas (STN públicas) y sus 8500 filiales extranjeras catalogadas en elmundo son una importante fuente de inversiones internacionales. Aunque ellas representan menos de 1% de lasSTN, sus inversiones exteriores totalizan 11% de las inversiones extranjeras directas mundiales en el 2010. Ellasconstituyen un grupo heterogéneo. Los países en desarrollo o en transición son los países de origen de más dela mitad de esas STN, pero hay todavía muchas en los países desarrollados. Entre las 100 mayores STN, hay 19STN públicas. La Unión Europea cuenta 223 (34,2 % del total) y Francia 32 (4,9% del total). Fuente: UNCTAD.Informe sobre las inversiones en el mundo, 2011.

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el respeto de los derechos de lascomunidades locales. Para garantizar todotipo de facilidades para los portadores deproyectos, los Estados cambian o adaptan sulegislación para permitir estas inversiones.Los inversores internacionales incluso hacenpresión para obtener lo que ellos llaman“condiciones favorables (a las inversiones)”o aún la “erradicación de las ineficacias”.

Las élites locales se benefician de la ausenciade derecho regulador para apropiarse de lastierras, a través por ejemplo de la falsificaciónde títulos de propiedad y de la corrupción deadministraciones locales. También se apoyanen su influencia política o en el engaño de laspoblaciones locales. De este modo, las éliteslocales pueden perseguir sus propiosintereses, apropiándose de tierras paraexplotarlas directamente, pero ellas tambiénpueden actuar como intermediarias paraactores extranjeros en los procesos detransacción de tierra.

Los motores de losacaparamientos

Las motivaciones de los diferentes actorespara invertir, obviamente, tienen una matrizcomún, es decir, los beneficios económicos.Que el motivo expresado sea la satisfacción

de una necesidad específica del país deorigen de la inversión (seguridad alimentariao energética) o, por el contrario, el desarrollodel país receptor de la inversión, en amboscasos hay la voluntad de garantizar elcrecimiento del país de origen. La inversiónes la ocasión de garantizar, tanto a los actoreseconómicos del Norte y de los paísesemergentes, nuevos mercados y actividadeseconómicas rentables.

La preocupación de algunos países paragarantizar una alimentación suficiente a supoblación fue la primera justificación evocadapara los acaparamientos de tierra. De hecho,países como Japón, Corea del Sur y ArabiaSaudita, que en gran medida dependen delas importaciones para su seguridadalimentaria, están buscando tierras agrícolasfuera de sus fronteras, sobre todo en África.Asegurando parte de su producción en otropaís, estos Estados garantizan suaprovisionamiento y se protegen contra el alzaen los costos ligados a las importaciones dealimentos relacionados con la volatilidad delos precios de las materias primas. Estefenómeno se ha acelerado con la crisisalimentaria de 2007-2008. El aumento deprecios en los mercados de alimentos hasumido directamente 125 millones de perso-nas en inseguridad alimentaria. Esta crisis hapuesto en la primera plana del mundoeconómico, político y mediático el retoalimentario mundial, es decir la perspectivade nutrir 9 millones de personas hacia 2050en un contexto de desequilibrio creciente dela producción y de los mercados, y de losimpactos del cambio climático que refuerzanlas dificultades. La agricultura es hoy más quenunca una cuestión estratégica, lo que tornaaún más complejos la problemática delacceso a la tierra a nivel mundial.

Más allá de la seguridad alimentaria, seconstata un interés creciente por lasinversiones en tierras agrícolas con el fin desatisfacer nuevas demandas, en particular en

Cumbre de los Pueblos – Río+20: por lajusticia social y ambiental.

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materia de aprovisionamiento energético(agrocombustibles), pero también de créditosde carbono, de materias primas(especialmente de hidrocarburos) e inclusode espacios turísticos. De ese modo, la tierrase convierte en una mercancía como cualquierotra sujeta al juego de la oferta y la demandaen mercados sin regulación.

De hecho, muchos países del norte yemergentes adoptan actualmente políticasambiciosas de incorporación deagrocombustibles, en previsión de la escasezde energías fósiles (petróleo, gas...). LosEstados dan, así, señales incitativos a losinversores privados, sin hacerles acompañaren contrapartida de una adecuada regulaciónque garantice los derechos de la población.En 2003, la Unión Europea adoptó unadirectiva6 estableciendo objetivos deincorporación de agrocombustibles a los com-bustibles fósiles. Esto ha fomentado eldesarrollo de cultivos en grande escala para

la producción de agrocombustibles deprimera generación, en detrimento de laagricultura de subsistencia, inclusive en lospaíses del Sur. A pesar de la oposición deorganizaciones de derechos humanos yambientalistas7, la respuesta obtenida trajocorrectivos insuficientes. En efecto, un criteriode sostenibilidad para los agrocombustiblesfue introducido al momento de la adopción delPaquete de medidas sobre el clima y laenergía8 en el año 2009, para introducircriterios ambientales y sociales, pero ellos noestán sujetos a ninguna norma socialobligatoria y no hacen ninguna referencia a laCarta Internacional de Derechos Humanos.

Bajo el mismo principio, la apuesta por loscréditos de carbono9 podría tener un granimpacto en las comunidades locales y en par-ticular en comunidades indígenas. Losprogramas impulsados en el marco delProtocolo de Kyoto, con el objetivo de reducirlas emisiones de dióxido de carbono (CO2)procedentes de la deforestación y de ladegradación de bosques. Para ello, lasempresas son incentivadas a conservar losbosques que operan o a plantar nuevos, yluego a vender su crédito de carbono forestalen los mercados de valores a compañías queestén buscando compensar sus emisiones.Aunque partiendo de un buen principio, esteincentivo también podría tener consecuenciasnegativas en el plano local si no estáacompañado de una política de prevenciónde riesgos de violación de los derechoshumanos.

Marcha Cumbre de los Pueblos Río+20.

6 DIRECTIVA 2003/30/CE DEL PARLEMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 8 de mayo del 2003 con elobjetivo de promover la utilización de agrocombustibles u otros combustibles renovables en los transportes: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:123:0042:0042:FR:PDF7 El CCFD-Terre Solidaire interpeló a los euro-diputados en el marco de la campaña “Los agrocombustibles noalimentan a la gente”, organizada en 2008 con Los amigos de la tierra y Oxfam Francia.8 Criterios retomados en una directiva adoptada en abril del 2009: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?do?uri=CELEX:32009L0028:FR:NOT9 El sistema de créditos de carbono fue introducido en el Protocolo de Kyoto de 1997 con el objetivo de reducir laemisión de gases de efecto invernadero. A través de ese sistema, se crea un mercado de intercambio de derechosa emitir CO2 (dióxido de carbono). Un crédito de carbono equivale a la emisión de una tonelada de equivalenteCO2.

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La liberalización y la promoción de lasinversiones extranjeras también ha sido un fac-tor importante que fomentó el acaparamientode tierras en los países del Sur. LasInversiones Extranjeras Directas (IED)dominan actualmente todas las políticas enmateria de inversión: agrícola, comercial, deinfraestructuras...

Casi todos los países tienen unareglamentación favorable a los IED. Según laConferencia de las Naciones Unidas sobreComercio y Desarrollo (UNCTAD, 2001), en-tre 1991 y 2000, un total de 1185 cambiosfueron introducidos a los regímenesnacionales que regulan la IED, el 95% de loscuales fueron destinados a facilitar estasinversiones. Atraer inversores extranjeros – omantenerlos en el territorio – constituye dehecho una preocupación para muchos países.En 2010, 178 nuevos acuerdosinternacionales sobre las inversiones fueronfirmados (más de tres por semana) y más de48 sólo en los tres primeros meses de 201110.

La considerable flexibilización del marcoregulador de las IED tiene un impactosignificativo en las decisiones delocalización de las empresas: les permitebuscar la ubicación que les permita lamejor optimización financiera en lasdiferentes etapas de sus procesosproductivos.

Invertir en tierras... o cómoarruinar la agriculturacampesina

El derecho a la alimentación y la soberaníaalimentaria son las primeras víctimas dela fiebre de la tierra y de los recursos. Las

amenazas al derecho a la alimentación setraducen primeramente en la competencia en-tre modelos productivos en el territorio. Enefecto, los proyectos agroindustriales deculturas de exportación aplastan a laagricultura familiar y a su producción, ya seade subsistencia o comercial. En el Sur, lospaíses son incentivados a especializarse enciertos tipos de producción y a recorrer a lasimportaciones de los alimentos no producidos,favoreciendo así el modelo agroindustrial.Desde hace 30 años, abandonaron laspolíticas públicas agrícolas favorables a lasagriculturas familiares y procedieron arecortes presupuestarios drásticos para elsector. Los beneficios de estas opcionesestratégicas están lejos de ser comprobados.Según estudios recientes realizados por elIIED11, la FAO, el Banco Mundial y el Institutointernacional de investigaciones sobre laspolíticas alimentarias (IFPRI), el peligro es que“los proyectos agrícolas exclusivamenteorientados hacia los mercados exterioresestimulen muy poco las actividadeseconómicas los países en cuestión”. Laconsecuencia ha sido “el desalojo de lospequeños agricultores locales cuyos cultivos

Canal de desagüe entre banano ypalma africana.

10 Los datos citados en este párrafo provienen del Informe de la CNUCED sobre las inversiones en el mundo en el2011: unctad.org/es/docs/wir2011overview_sp.pdf11 IIED: Instituto Internacional por el Medio ambiente y el Desarrollo (Reino Unido).

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alimentan a una buena parte de lapoblación”12 y la precarización extrema de laspoblaciones. Se les priva de sus medios devida y los más vulnerables no pueden accedera los mercados de alimentos (por los preciosprohibitivos de los productos importados).Los países dependen en adelante de la ayudaalimentaria o de las importaciones paramantener su seguridad alimentaria13.

Las políticas de incorporación deagrocombustibles han también contribuido demanera significativa a la aceleración delacaparamiento de tierras y de recursos14.Ellas incentivan los monocultivos intensivos encapital e insumos químicos, y compiten conla producción local de alimentos(incrementando la dependencia de lasimportaciones). Además, al restar una fuentede aprovisionamiento del mercadoalimentario, el acaparamiento de tierras parala cadena de los agrocombustibles exacerbaaún más las tensiones y la volatilidad y por lotanto hace aumentar los precios de losalimentos. Esta observación es válida entodos los países que están desarrollandopolíticas de producción de agrocombustibles.Así, en los Estados Unidos, el 40% de laproducción de maíz en 2010 fue desviada delmercado de alimentos para la producción deagrocombustibles…

Proteger la inversión... pero no elmedio ambiente

El fenómeno del acaparamiento de tierras yde recursos plantea también la cuestión delmodelo de producción desarrollado en el

territorio. En el marco de los proyectosagrícolas, las apropiaciones o la conversiónde tierras privilegian modelos intensivos enmateria de utilización de productos químicos.Los monocultivos consumen grandescantidades de estos productos, ocasionandola degradación de los suelos15 así como unriesgo significativo de contaminación para elmedio ambiente, que fragilizan al ecosistemay amenazan la biodiversidad16. Estos modelosintensivos generan igualmente unacontaminación de las aguas17 (ya sea el aguade superficie o subterránea). Este es el casoen Brasil, con la contaminación de ríos por losproductos químicos utilizados los monocultivosde soja, lo que constituye un daño a largoplazo para las comunidades vecinas. Todosestos impactos pueden atentar contra elderecho a un medio ambiente sano.

Finalmente, las grandes fincas resultantes dela fiebre de la tierra tienen necesidadesenormes de agua que no siempre son bienestimadas anticipadamente y conducen a lasobreexplotación de los recursos18.

Invertir y dar la espalda a losDerechos Económicos, Socialesy Culturales

La búsqueda de las mejores tierras por losproyectos de inversión agrícola lleva muchasveces a desalojos forzosos de familiascampesinas de sus hogares o de las tierrasque cultivan. Lo mismo pasa en otrosproyectos de explotación y utilización de otrosrecursos como el agua y los hidrocarburos.Estos desalojos violan los derechos de las

12 AUDIBERT Dominique avec GASNIER Annie, OURMAMODE Reza, UBERTALLI Olivier. La grande braderie desterres agricoles. Le Point. http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-09-10/la-grande-braderie-des-terresagricoles/924/0/375890.3septembre 2009 – consultado el 15 de enero de 2012 ; Par Coordination ATF, L’accord Unioneuropéenne-Brésil sur les agrocarburants: une « charte » pour l’accaparement des terres In: les Amis de la terre,http://www.amisdelaterre.org/Laccord-Union-europeenne-Bresil.html, 15-juil-10.13 Alison Graham, Sylvain Aubry, Rolf Künnemann, Sofía Monsalve Suárez, Land Grab Study, http://www.fi an.org/resources/documents/others/report-on-land-grabbing/pdf, 2010.14 UMBELINO, Ariovaldo. Politiques publiques et développement du secteur sucro-énergétique au Brésil,Agrocarburants : impacts au Sud ? Collection Alternative au Sud, Édition Syllepse, 2011.

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personas involucradas en una correlación defuerzas completamente desequilibrada yatentan a la dignidad de la persona. Losdesalojos y el desplazamiento de poblaciónconducen a menudo a una violación delderecho a una vivienda adecuada.

Los acaparamientos de tierras para eldesarrollo de los monocultivos favorecen eléxodo rural hacia las periferias de lasciudades19 y acentúan las dificultades de lapoblación que no puede satisfacer susnecesidades. Ellos ponen en entredicho elderecho al uso y al acceso a la tierra para lascomunidades locales, y / o el acceso al aguay a otros recursos naturales.

En el norte de Perú, entre marzo de 2006 yenero de 2007, más de 10.000 hectáreas detierra, propiedad del Proyecto Especial Chira-

Piura, fueron vendidas por el Gobierno re-gional a Maple Etanol SRL, filial de unaempresa estadounidense. Según el contrato,el uso exclusivo de las aguas del río Chira fueconcedido a la empresa Maple. Estastransacciones ocasionaron lógicamente einmediatamente conflictos. De hecho, losusuarios locales, como las organizaciones depequeños productores agrícolas y otraspequeñas y medianas empresas hanreclamado sus derechos e igualdad decondiciones de uso de agua de riego20.

La cohabitación entre los pequeñosproductores y las grandes adquisiciones es

Plantación de banano.

Plantaciones de café.

15 South Indian Farmer’s Movements, No to Land Acquisition for private purposes, 21/07/11; Cochet, Merlet.Land grabbing and share of the value added in agricultural processes. http://www.future-agricultures.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1174&Itemid=97116 ANSEEUW ward, ALDEN WILY Liz, COTULA Lorenzo, TAYLOR Michael, Land Rights and the Rush for Land,The International Land Coalition (ILC), http://www.future-agricultures.orgindex.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1174&Itemid=97117 COCHET, MERLET, Land grabbing and share of the value added in agricultural processes. http://www.future-agricultures.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1174&Itemid=97118 ANSEEUW ward, ALDEN WILY Liz, Cotula Lorenzo, TAYLOR Michael, Land Rights and the Rush for Land, TheInternational Land Coalition (ILC), http://www.landcoalition.org/19 OXFAM. Terres et pouvoirs, le scandale grandissant qui entoure la nouvelle vague d’investissements fonciers.Oxfam. http://www.oxfamfrance.org/Terres-etpouvoirs,1188 – dernière consultation le 22 décembre 2011.20 « Agricultures familiales et société civile face aux investissements massifs dans les terres dans les pays duSud».

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imposible y conduce inevitablemente aconflictos, como lo subraya Marc Dufumier21.La mayoría de las inversiones que sedesarrollan actualmente provocanmovilizaciones locales cuyas formas decompromiso, por lo general no-violentas enun primer momento (manifestaciones,huelgas de hambre, etc.), pueden aumentarsu intensidad y conducir a la violencia. Lasviolaciones de los derechos económicos,sociales y culturales (incluyendo el derecho aun nivel de vida adecuado para asegurar lasalud y el bienestar individual y de la familia,en particular en materia de alimentación, devestimenta, de atención médica así como paralos servicios sociales necesarios) puedenigualmente estar al origen de tensionessociales y de conflictos por la tierra22: “Losconflictos se producen principalmente por latierra, en torno a la propiedad de la tierra y alpoder de negociación desigual entre lasempresas, las autoridades del Estado y loscampesinos”.

¿Cómo hacer frente?

Las movilizaciones y resistencias de lasociedad civil han sido fuertes frente alacaparamiento de tierras y se hanintensificado en los últimos años. A losmovimientos de movilización nacional(incidencia de organizaciones de la sociedadcivil, como Synergie Paysanne en Beninsobre el código de tierras23 o la movilizacióndel FAT24 en la República Democrática del

Congo por garantizar la seguridad sobre lapropiedad de tierras o aún en Colombia conla fuerte participación de la sociedad civil enel proceso de restitución de tierras) se hansumado importantes accionesinternacionales.

En febrero de 2011 fue lanzado, por ejemplo,el Llamado de Dakar contra el acaparamientode tierras25, firmado hoy por más de 800organizaciones. Las distintas movilizacionesde las poblaciones locales y de lasorganizaciones de la sociedad civil hanllevado los Estados a buscar la definición demarcos normativos a nivel nacional, así comotambién a nivel internacional. Antes incluso deestas iniciativas específicamenterelacionadas con el acaparamiento de tierras,la cuestión de la responsabilidad de losinversores y de las empresas multinacionalesya había suscitado propuestas, algunas de lascuales se han traducido en textos normativos.Así que actualmente, los marcos existen...pero siguen siendo insuficientes para permitirrealmente luchar contra el acaparamiento detierras.

Para la aplicación de las normas existenteses fundamental fortalecerlas y coordinarlas. Elfortalecimiento de las regulaciones debe tenercomo hilos conductores la preservación de losderechos humanos y la protección de losrecursos naturales, para que modelosalternativos de desarrollo puedan emerger.

21 AUDIBERT Dominique, GASNIER Annie, NOURMAMODE Reza, UBERTALLI Olivier. La grande braderie desterres agricoles. Le Point. http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-09-10/la-grande-braderie-des-terresagricoles/924/0/375890.3septembre 2009 – dernière consultation le 15 janvier 2012.22 PICHLER Mélanie, Agrocarburants en Indonésie: logiques, structures, conflits et conséquences, ASEA Aus-trian Journal of South-East Asian Studies, Agrocarburants: impacts au Sud ? Collection alternative au Sud,Édition Syllepse, 2011.23 Petición de la Alianza nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil por un código de tierras y dedominios consensual y resputuoso de los DESC http://synergiepaysanne.org/actualitepetitionosc.html24 Afrique des Grands Lacs: droit à la terre, droit à la paix, ACORD Burundi et le Forum des Amis de la Terre deRDC, janvier 2012. http://ccfdterresolidaire.org/e_upload/pdf/grandslacs_droit_terre_droitpaixvfjanv2012.pdf25 Documento disponible en: http://www.dakarappeal.org/index.php/es

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Inventario de las normas y de losmecanismos de recurso contralos acaparamientos

Herramientas de la gobernanzainternacional sobre las tierras

Frente a la magnitud creciente del fenómenoen los últimos años y a las interpelaciones dela población y de organizaciones de lasociedad civil, los Estados y lasorganizaciones internacionales se han vistoobligados a entablar procesos visando a ladefinición de la gestión de las tierras y/o delos recursos.

Más allá de las iniciativas locales (reforma delcódigo agrícola o de los regimenes detenencia de la tierra, reglamentacionesespecíficas sobre el uso de los recursos...)desarrolladas por los Estados y de lasmedidas de autorregulación presentadas poralgunas empresas, las organizaciones

internacionales han elaborado dos textosdistintos:

• Las Directrices voluntarias sobre lagobernanza responsable de latenencia de la tierra, la pesca y losbosques en el contexto de la seguridadalimentaria nacional (DV), cuyoproceso es llevado a cabo por la FAO;

• Los principios para la inversiónresponsable (Responsible AgricultureInvestment, RAI), desarrollados por elBanco Mundial, la UNCTAD, el FIDA(Fondo Internacional para el Desarrollode la Agricultura) y la FAO, destinadosa enmarcar las inversiones en tierrasagrícolas.

Lanzados casi al mismo tiempo hace dosaños, estos textos están lejos de sercomplementarios. Varios elementos losdiferencian fuertemente y explican ciertoslímites. En primer lugar, el marco en el cualfueron lanzadas las dos iniciativas y el espacio

de participación de la sociedad civil.Si, en el caso de las Directricesvoluntarias, las negociaciones se handesarrollado en el marco del Comitésobre la Seguridad Alimentariareformado26, con la participación delconjunto de actores implicados en lagobernanza agrícola y alimentariamundial27, de manera inclusiva ytransparente; al contrario losprincipios “RAI” fueron lanzados ycoordinados al inicio por unaagencia, el Banco Mundial, encoordinación con otrasorganizaciones internacionales, perosin la participación de todos losEstados ni de la sociedad civil, sin

Estudiantes de Ocós presentan un mural sobre losproblemas para el medio ambiente – Día de AcciónContinental en el marco de la Conferencia Río+20.

26 Para más informaciones sobre el Mecanismo de la sociedad civil consultar: www.csm4cfs.org27La participación de las organizaciones de la sociedad civil fue facilitada por el Mecanismo Sociedad Civil delCSA, que implementó un grupo de trabajo específico. Más de 30 representantes de ONG y de movimientossociales – incluyendo organizaciones campesinas, grupos de mujeres, de pescadores (…) – han participadoactivamente a la semana de negociaciones.

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inscribirse realmente en un procesoinstitucional multilateral.

A pesar de las limitacionesinherentes al texto debido a sucarácter voluntario, las Directricesvoluntarias tienen un alcance muchomás importante que los principiosRAI sobre todo porque reafirman losprincipios fundamentales de losderechos humanos, tales como, ladignidad humana, la nodiscriminación, la equidad y lajusticia... todos ellos aplicados a lascuestiones gobernanza de latenencia de la tierra. Las DV sebasan en el derecho a laalimentación y en las conclusionesde la Conferencia Internacionalsobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Ru-ral28, se refieren explícitamente a losinstrumentos internacionales relativos a losderechos humanos y ponen al centro de susrecomendaciones de políticas públicas losgrupos más afectados por el hambre: loscampesinos, las mujeres, los pueblosindígenas. En cambio, los principios deinversión responsable no fueron de ningunamanera desarrollados en esta perspectiva. Dehecho, ellos solo incluyen recomendacionesen materia de desarrollo de políticas públicaspara las inversiones en la agricultura, y notratan de proponer mecanismos de regulaciónpor los Estados de las actividades de lasempresas privadas con impacto sobre latenencia de la tierra. Al contrario, los principiosRAI en última instancia se limitan a una seriede consejos basados sobre la voluntad deautorregulación de estos actores y omitencualquier referencia a instrumentosinternacionales relativos a los derechoshumanos.

Estos principios continúan alentando losacaparamientos sin proponer verdaderosmarcos legales a nivel nacional einternacional, los únicos medios capaces defrenar el apetito de los inversores y degarantizar el derecho de todos a laalimentación y a la tierra. Estos principiosdejan a un lado las cuestiones comerciales, apesar de que los acuerdos comercialesfavorecen los acaparamientos de tierras alhacer primar los derechos de losinversionistas por sobre los de los Estados ode las poblaciones rurales.

Las Directrices voluntarias constituyenactualmente el texto de referencia sobre lagobernanza de la tenencia de la tierra. Peroa pesar de los avances logrados gracias aeste proceso, el texto no cubre todas lascuestiones que se plantean hoy en día con losacaparamientos de tierras de y recursos. Así,la necesidad de poner fin al acaparamientode tierras a gran escala que amenaza laseguridad alimentaria de las poblaciones no

28 La declaración final de la conferencia pide a todos los gobiernos poner en marcha políticas de desarrollo ruralque alienten mediads de reforma agraria en beneficio de los pobres y de las poblaciones marginadas. El textoreafirma que la tierra y el acceso a los recursos naturales constituyen los fundamentos del desarrollo ruralsostenible y de la preservación de la viabilidad cultural y ambiental.

Foro sobre problemáticas deproducciones agroindustriales.

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es claramente mencionada en eltexto. Además, los debates hanllevado a la exclusión del recursoagua, limitando enormemente elespectro de acción, teniendo encuenta que tierra y agua están amenudo vinculadas. Igualmente, noes mencionado el fortalecimiento delas garantías existentes, como elconsentimiento libre, informado yprevio para evitar toda inversión queatente contra el derecho a laalimentación, que es unaherramienta clave para proteger a lapoblación de los impactos de lasprácticas actualmente en curso enmateria de inversión.

El texto es también muy débil en lo que serefiere a la afirmación de la prioridad quedeben dar los gobiernos al apoyo a lospequeños productores, como alternativaagrícola para enfrentar los desafíos deldesarrollo sostenible. También esdecepcionante constatar que las Directricesno logran poner un mayor énfasis en lanecesidad de proteger los derechos de lospueblos indígenas, derechos ya reconocidospor los instrumentos internacionales.

Estas debilidades de las directricesvoluntarias no deben, sin embargo, servir deexcusa para la no aplicación del texto por losEstados. Tampoco deben justificar unacompetencia entre los dos textos... (que ya hacomenzado). En efecto, aún cuando todos losEstados miembros del G-20 han participadoen las negociaciones sobre las directricesvoluntarias dos semanas antes, la declaraciónfinal de los jefes de Estado del G-20 mencionaúnicamente el proceso RAI29. La voluntad dealgunos Estados de priorizar la RAI es clara.

Los textos que rigen lasactividades de las empresasmultinacionales

Las empresas multinacionales estánparticularmente involucradas en procesos deacaparamiento de tierras porque sonoperadoras de muchos de los proyectosfinanciados y están directamente implicadasen violaciones de derechos humanos sufridaspor la población local. Una forma de prevenirtales abusos debe buscarse en la necesariaregulación de sus actividades por lasautoridades públicas.

En 2011, hubo progresos significativos en eltema de los impactos de las empresas sobrelos derechos humanos, en particular mediantela adopción en junio de 2011 por el Consejode Derechos Humanos de las NacionesUnidas de los Principios Rectores sobre lasempresas y los derechos humanos y delmarco conceptual “Proteger, respetar yremediar”. Paralelamente, la OCDE concluíala revisión de sus Principios Directores para

Desechos de bolsas de empaqueutilizadas en monocultivos de banano.

29 G20 Agricole – Des paroles aux actes pour agir durablement contre la faim, CCFD-Terre Solidaire, mai 2011http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/g20agri_final.pdf

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Empresas Multinacionales, que constituyenactualmente el estándar más elevado en ma-teria de empresas y derechos humanos.

Los Principios Rectores sobre las empresasy los derechos humanos adoptados por elConsejo de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas es un marco de referenciaque puede constituir un punto de apoyoimportante en la lucha contra elacaparamiento de tierras y sus impactosnegativos. Estos principios, que han sidoobjeto de un proceso de consulta que duróseis años, especifican entre otras cosas quelos Estados deben velar por el respeto, por laaplicación de sanciones y procedimientosjudiciales, castigar y reparar y “alentar y si espreciso exigir a las empresas que expliquencómo tienen en cuenta el impacto de susactividades sobre los derechos humanos”.También ponen de relieve las vías dereparación apropiadas y eficaces en caso deviolación, con “atención especial a losderechos, necesidades y problemas de laspersonas pertenecientes a grupos opoblaciones con mayores riesgos devulnerabilidad o marginación, y teniendodebidamente en cuenta los diversos riesgosque pueden enfrentar mujeres y hombres”30.El mayor interés de este texto reside en elhecho que va más allá del principio deautorregulación por parte de las propiasempresas, que en gran medida ha prevalecidoen los últimos 20 años, haciendo hincapié enla necesidad de regulación de los Estados.

La Declaración de las Naciones Unidas sobrelos Derechos de los Pueblos Indígenas y elConvenio 169 de la OIT constituyen tambiénherramientas internacionales favorables a lascomunidades, en la medida en que llaman ala implementación de procedimientos deconsulta y al consentimiento libre, previo e

informado antes de cualquier proyecto quepueda tener un impacto en sus modos de vida.

Conclusión: propuestas yreivindicaciones por unaregulación de las inversiones

Los avances normativos elaborados en elmarco de las Naciones Unidas deben hoy serincorporados en las legislaciones nacionales,con el fin de ser efectivamente aplicados.Para hacerlo, los Estados deben tomar unaserie de medidas que incluyen, por ejemplo,el establecimiento de un sistema deresponsabilidad jurídica entre las empresasmatrices de las corporacionestransnacionales (a menudo basadas en elNorte) y sus filiales y subcontratistas queoperan en el Sur. De este modo, los Estadosfacilitarán el acceso a la justicia para lasvíctimas de violaciones de derechos humanosocasionadas por la acción de las empresastransnacionales. Las empresasmultinacionales deben rendir cuentas por lasviolaciones a los derechos humanos que secometan en el marco de sus actividades enlos países del Sur.

Las instituciones financieras internacionales,bancos bilaterales y multilaterales dedesarrollo, y las agencias y de crédito a laexportación deben exigir de sus clientes (lasempresas) que lleven a cabo procesos dedebida diligencia en materia de derechoshumanos y condicionar los financiamientos:

• instaurando cláusulas decondicionalidad en materia dederechos humanos para la aprobaciónde proyectos y normas nacionales ointernacionales en materia social,ambiental y fiscal para las empresasque reciben fondos o las empresassubcontratistas del Estado;

30 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios Rectores sobre lasempresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetary remediar”, 2011.

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• evaluando el impacto de cualquierdecisión de concesión, privatización uotra reforma económica sobre losderechos humanos, especialmente losderechos económicos, sociales yculturales;

• fomentando la firma de acuerdos ocontratos duraderos, de tiposecuencial, previendo unarenegociación parcial de los acuerdosen función de la evolución de lasituación política, así como a la luz decriterios de desarrollo sostenible y delrespeto de los derechos humanos, enel espíritu de lo previsto en el Conveniosobre la Diversidad Biológica en199231.

Todos estos principios y medidas debenconstituir la base de la reflexión sobre losPrincipios de inversión responsable en laagricultura (RAI) del Banco Mundial, en lo quese refiere a la responsabilidad y los deberesde los agentes privados y financieros. LosPrincipios rectores relativos a las empresastransnacionales contienen, por cierto, dosaddendums sobre la cuestión de lasinversiones y los derechos humanos quetodavía no fueron retomados en RAI.

Los Estados deben garantizar la coherenciade sus políticas y su aplicación efectiva. Ellosdeben:

- Implementar y organizar de maneracoherente el conjunto de herramientas hastaaquí adoptados (Directrices voluntarias sobrela gobernanza de la tenencia de la tierra,Principios rectores sobre las empresas y losderechos humanos, las Directrices de laOCDE para empresas multinacionales) para

desarrollar marcos de inversión vinculantespara los actores económicos privados ypúblicos.

- Hacer del derecho a la alimentación, el hiloconductor de toda política con impacto sobrelas dinámicas agrícolas y asegurar lacoherencia entre ellas (política agrícola,energética, comercial, de desarrollo deinfraestructuras, de inversión...). Las políticasnacionales e internacionales deben serelaboradas bajo el filtro del imperativo de lasoberanía alimentaria y del apoyo a laagricultura familiar.

- Reafirmar en todos los foros internacionalesel papel central de los organismos de lasNaciones Unidas para asegurar laimplementación, la coherencia de lasacciones y, particularmente, confirmar el papelpreponderante de la Comisión de SeguridadAlimentaria en la gobernanza agrícola yalimentaria mundial, dándole los mediostécnicos, políticos y financieroscorrespondientes y dotarles de instrumentosde coerción.

Estos principios y propuestas fueronpresentados por el CCFD - Terre Solidaire enel marco de su participación en la ConferenciaMundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) en junio de 2012. Ellos constituyen la basesobre la cual se construye una campaña sobrela regulación internacional de las inversiones.Ese trabajo de incidencia internacional seestará llevando a cabo en colaboración conorganizaciones contrapartes de diferentespaíses, quienes en sintonía con las demandasde las comunidades locales se enfrentan cadavez más con la voracidad de las inversiones.

31 Recomendación n°47 del comentario de la Comisión Nacional Consultativa sobre los derechos humanos (Francia):http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/_CNCDH_Responsabilite_des_entreprises_VI.pdf - Ver también las propuestas de laasociación Sherpa a propósito de la influencia del desarrollo sostenibles en el derecho contractual: http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/185581

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Cambios en la matriz energéticay transformaciones en el campo

El cambio de matriz energética desafía losparadigmas para estudiar las políticasgubernamentales, del sector de agronegociosy del campesinado en materia de producciónde agrocombustibles. Ese cambio estápromoviendo intensos procesos dereordenamiento del uso de los territoriosrurales, a través de disputas territoriales en-tre el agronegocio y el campesinado por eluso de los territorios para producción dealimentos y agrocombustibles.Investigaciones recientes sobre el temapresentan dos tendencias que nos posibilitanacompañar los impactos de la expansión delos agrocombustibles y las lecturas de losparadigmas de la cuestión agraria y delcapitalismo agrario. Por un lado, hay latendencia a la intensificación de la expansiónde las monocultivos del agronegocio en

territorios de bosques, aumentando ladeforestación (MENDONÇA, 2009) y enmuchas áreas esa tendencia está asociadaal trabajo esclavo (GIRARDI, 2008),principalmente con la territorialización de lacaña-de-azúcar, como registrado anualmentepor la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT,2009). Y, por en cima, poniendo en disputalos usos de los territorios entre la producciónde alimentos y la de agrocombustibles(OLIVEIRA, 2008). Por otro lado, hay latendencia a la inclusión del campesinado alproceso de producción de agrocombustiblesy a los mercados capitalistas. (ABRAMOVAYy MAGALHÃES, 2007). En esos trabajosestán explícitas las diferencias fundamentalesentre los paradigmas: a) las críticas delparadigma de la cuestión agraria a losimpactos socio-territoriales, por ejemplodeforestación, intensificación de laexplotación del trabajo, casos de uso detrabajo esclavo, subordinación y expropiaciónde campesinos como resultado de la

AGROCOMBUSTIBLES EN BRASIL:

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y MOVIMIENTOS CAMPESINOS

Bernardo Mançano FernandesInstituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal Paulista

– UNESP - BRASIL

El proceso de sustitución del combustible fósil por el agrocombustible ha impactado losterritorios agrarios con la expansión de las áreas de producción. Este es un nuevo elementode la cuestión agraria presente en el debate paradigmático sobre las nuevas perspectivasde desarrollo de la agricultura. Pero, el impacto territorial es más intenso que el impactoparadigmático. No hay cambios sustanciales en los modos como los paradigmas vienenabordando esos impactos. El paradigma de la cuestión agraria profundiza sus críticas a laterritorialización de los agrocombustibles, estudiando principalmente los impactos políticos,sociales, económicos y ambientales. El paradigma del capitalismo agrario discute esosproblemas como resultantes de un proceso coyuntural, analizando las perspectivas y losnuevos mercados. Los análisis paradigmáticos poseen cierta semejanza cuando se refierena los impactos ambientales, y son distintos cuando se refieren a los impactos económicosy sociales. Esas dos referencias paradigmáticas son importantes para estudiar experienciasrecientes de producción de agrocombustibles por los campesinos en sus relaciones conlas corporaciones y mercados capitalistas.

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expansión de la producción de losagrocombustibles por las corporacionestransnacionales; y b) los énfasis delparadigma del capitalismo agrario a losprocesos de “integración” a los mercadoscapitalistas, analizando tendencias, logísticas,redes, precios etc. No hay, en esosparadigmas, estudios sobre lasconflictividades presentes en los mercados ylas perspectivas de superación. Esta es unalaguna de los estudios sobre los tipos demercados y las perspectivas de minimizaciónde la subordinación delcampesinado.

El debate entre losinvestigadores de esos dosparadigmas ayuda a reflexionarsobre la actualidad de lacuestión agraria y delcapitalismo agrario a través dedos modos de ver, interpretar yconstruir políticas de desarrollopara cambiar las realidadesagrarias. Los trabajosproducidos desde losparámetros de esosparadigmas influencian losgobiernos en la elaboración de

políticas de desarrollo agrario queproporcionan referencias paracambiar tales parámetros. Lasacciones de los movimientoscampesinos también orientan losparámetros y modifican losparadigmas que ejercen influenciassobre sus acciones. En esasituación, analizamos las posturas delos paradigmas referentes a larelación existente entre campesinadoy capitalismo, como elementos de laactualidad de la cuestión agraria, apartir de la expansión de losagrocombustibles por medio de laspolíticas gubernamentales. El papel

del campesinado en ese proceso estáen el centro de los debates entre las

organizaciones campesinas, que yadesarrollan diversas experiencias iniciales.

Igualmente, a partir de esos dos paradigmas,hay posiciones contrarias y favorables a laparticipación de los movimientos campesinosen la producción de agrocombustibles.

Un ejemplo de influencia de los paradigmassobre las políticas gubernamentales dedesarrollo agrario es el Programa Nacionalde Producción y Uso del Biodiesel (PNPB).

Vivero de palma africana.

Palma africana recién sembrada.

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Palma africana de dos años de edad.

Por primera vez, la agricultura campesina fueincluida en un programa de producción através de una política nacional. Este es elrubro del PNPB denominado “competitividade inclusión social”, con la creación del “SelloCombustible Social”, concedido por elMinisterio del Desarrollo Agrario (MDA), queexenta la producción del Impuesto sobreProductos Industrializados (IPI). Esa políticafue elaborada a partir de la lógica de la“integración” – uno de los principios de losparámetros del paradigma del capitalismoagrario. El subsidio que el gobierno ofrece alsistema industrial del agronegocio, en lacompraventa de una cantidad definida por elMDA, contribuye para el mantenimiento de lasubordinación de la producción campesina alagronegocio. El control del proceso deproducción y comercialización es delagronegocio, que viene realizandoinversiones en investigaciones y tecnologíapara la producción en gran escala de culturasdestinadas al agrocombustible.

Un ejemplo de influencia de los paradigmassobre las políticas de los movimientoscampesinos está en el dilema que enfrentansobre las probabilidades y condiciones deproducir agrocombustibles. Ese dilema reside– exactamente – en las diferencias de los

principios de los parámetros de losparadigmas de la cuestión agraria y delcapitalismo agrario: cuestión estructural /problema coyuntural; subordinación/integración. La comprensión de la relaciónexistente entre el campesinado y elcapitalismo en el contexto estructural tienecomo referencias la conflictividad y la luchacontra el capital en la resistencia contra lasubordinación y la expropiación. Y en esesentido, las decisiones sobre las condicionesimpuestas por las políticas agrarias son deenfrentamiento. La comprensión de la relaciónexistente entre el campesinado y elcapitalismo en el contexto coyuntural tienecomo referencias la convivencia y la lucha conel capital en la elaboración de políticas dedesarrollo del capitalismo agrario. Y en esesentido, no hay necesariamente la imposición,pero la aceptación de las condiciones de laspolíticas agrarias. La relación existente entrelos movimientos campesinos y los principiosde los paradigmas no es lineal. Hay conjuntosde factores que crean contradicciones eincluso paradojas en las relaciones con laspolíticas de desarrollo agrario y con elcapitalismo. Sin embargo, a continuación,haremos aproximaciones sobre situacionesefectivas en las prácticas de los movimientoscampesinos.

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La Vía Campesina-Brasil tiene una posturacrítica en relación al agrocombustible comoalternativa energética y a los problemasresultantes de los impactos en la producciónde alimentos. Pero, algunos movimientosvinculados a la Vía Campesina desarrollanexperiencias con la producción deagrocombustibles. Esta no es una simplecuestión. El año de 2008, el Movimiento dePequeños Agricultuores (MPA) sufrió unaescisión por causa de esta cuestión. Unaparte de la organización, por rechazar lasexperiencias con la producción deagrocombustibles, entró en disidencia y formóel Movimiento Campesino Popular. La críticay la producción están en el contexto del de-bate en diferentes escalas. Comprendiendoque la subordinación y la expropiación sonproblemas estructurales, la Vía Campesinaconstruye el discurso del enfrentamiento con-tra la lógica de la política del Sello Combus-tible Social. En ese sentido, las experienciasde producción de agrocombustibles son a lavez contradicción y proposición, así comoperspectivas de creación de nuevosespacios, de nuevos territorios. Talesexperiencias nacen en las bases de lasorganizaciones campesinas, sin referencias

de políticas de producción y comercializaciónque partan de espacios o de decisiones delas instancias de dirección en escalanacional.

En una postura opuesta, la ConfederaciónNacional de Trabajadores en la Agricultura(CONTAG) cuenta con una articulación enescalas nacional, estatal y municipal paraacompañar los procesos de negociación en-tre agricultores y empresas, y también elproceso de calificación profesional de losproductores. Con el objetivo de invertir en lainvestigación sobre los sistemas deagroenergia, propuso la ampliación de lapolítica con la creación de un Fondo Nacionalpara el Desarrollo de la Política de Biodiesel.La CONTAG no ha manifestado una posturacrítica al agrocombustible en sus documentos,al contrario, presenta proposiciones para elavance del modelo implementado. Lasposturas de la CONTAG y de la VíaCampesina posibilitan una aproximación delas tendencias de esas organizacionescampesinas y sus respectivosposicionamientos, con referencias a losparámetros de los paradigmas. Los espaciosocupados en el debate sobre la producción y

Monocultivo de palma africana.

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Fruta de palma africana.

uso de los agrocombustibles revelan posturasdiferenciadas de esas organizaciones. Esasposturas construyen territorios distintos y sonreferencias importantes para la comprensiónde las disputas territoriales.

Al contrario de la CONTAG, que tiene una rednacional para la relación entre campesinos yempresas compradoras deagrocombustibles, el Movimiento de losTrabajadores Rurales Sin-Tierra (MST) poseeexperiencias localizadas con base en laproducción para autoconsumo. En elasentamiento Fazenda Pirituba, localizado enel municipio de Itapeva, Estado de São Paulo,el MST comenzó una experiencia deproducción de óleo vegetal a partir del girasol.Para ello, utiliza una extractora con capacidadde procesamiento de 150 kilos/hora. Con laproducción, los asentados aprovisionan eltractor de la asociación y también producengranulado de girasol para alimentación ani-mal. Además, la cultura del girasol estáposibilitando calificar el trabajo de 150familias del asentamiento que practican laapicultura, con la construcción de un centrode acopio de miel cuya capacidad deprocesamiento es de una tonelada por día.En el área agrícola del asentamiento, ademásdel girasol, los campesinos producen frijol,

café, arroz y ajo. La asociación entre laproducción de culturas alimenticias y culturaspara producción de energía es uno de losprincipios de los movimientos campesinos enel uso de sus territorios. La no vinculación conempresas capitalistas dificulta la expansiónde las experiencias y abre espacios paraelaborar una propuesta de política deproducción de agrocombustibles asociadosa la producción de alimentos (MST, 2008).

La producción de alimentos y culturas paraproducción de agrocombustibles de formaagroecológica también es una experiencia encurso desarrollada por el MPA. Sin embargo,esta es una proposición más amplia que laexperiencia del MST y está organizada enescala microrregional. La experienciaorganiza los sistemas agrícola e industrial,pero por el momento destinado solamente alautoconsumo de la comunidad. Ese sistemaindustrial está organizado para procesaralimentos y energía con base en la producciónde caña-de-azúcar, papa, yuca y sorgo. Pro-duce azúcar mascabado, melaza, panela,aguardiente, alimentación para los animales,abono orgánico y alcohol (etanol). Son familiascampesinas de 10 municipios quesuministran materia-prima para el sector in-dustrial que está situado en el municipio de

Frederico Westphalen, en el Estadodel Río Grande del Sur. No se conoce,por parte del MST o del MPA, unaproposición de proyecto deproducción de agrocombustibles yalimentos en los asentamientos dereforma agraria o para otrasunidades campesinas. Tampoco unapropuesta de inversión directa, pormedio de una política deagrocombustibles a partir de laagricultura campesina, quecomprenda los sistemas agrícola,industrial y mercantil.

Estas experiencias acontecen enescala local y microrregional, y están

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siendo gestionadas a partir del principio dela autonomía. Son dos semillas que podránser referencias futuras, si la Vía Campesinaasume una postura mejor definida para unapolítica de producción de agrocombustibles.

Conclusiones

Las políticas de agrocombustiblesimplantadas por el gobierno Lula (2003-2010)fueron orientadas por el paradigma delcapitalismo agrario y ponen el campesinadoen una situación de subordinación alagronegocio. De la misma forma, las políticasdel Instituto de Tierras del Estado de SãoPaulo (ITESP) sirvieron para intensificar lasubordinación de los asentados alagronegocio de producción de azúcar yetanol. Falta hoy, en Brasil, una política deproducción de agrocombustible elaborada apartir de la lógica de la producción asociadacon alimentos y en un conjunto de sistemasbajo control de las organizacionescampesinas. El control del proceso deproducción es solamente de lascorporaciones. También falta en lasinstituciones gubernamentales espaciospolíticos para construcción de políticas de

desarrollo territorial con que se puedagarantizar la soberanía de los territorioscampesinos. Las políticas de subordinaciónde los campesinos al agronegocio sonhegemónicas.

Las ideas del paradigma del capitalismoagrario predominan en las institucionesgubernamentales y direccionan sus políticas.Los movimientos campesinos están divididosy trabajan tanto con las condiciones que llevanla subordinación cuanto con las condicionesde autonomía. Sin embargo, las experienciasde autonomía son incipientes. Y faltanproyectos en esa dirección propuestos por losmovimientos campesinos. Pero, lasexperiencias en curso son semillas para lacreación de nuevos espacios políticos ypodrán transformarse en nuevos territorios,tanto en el campo de las ideas cuanto en elcampo agrario. La coyuntura para laproducción de agrocombustibles en Brasil aúnno está definida, pero la tendencia es de con-trol del agronegocios, lo que no elimina lasposibilidades de que los movimientoscampesinos continúen a disputar losterritorios.

BIBLIOGRAFÍA

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- MENDONÇA, Maria Luisa. The Environmental and Social Consequences of “GreenCapitalism” in Brazil. In Jonasse, Richard. Agrofuels in the Americas. Food First Books,Oakland, 2009, p. 65-76.

- OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Agrocombustíveis e produção de alimentos. InFolha de S. Paulo, 17 de abril de 2008, p. A3.

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Anexos:Reflexiones de Pastoral Social de San Marcos

AGRADECIMIENTO A MONSEÑOR ÁLVARO RAMAZZINI

Monseñor Alvaro Leonel Ramazzini Imeri.Obispo de San Marcos, PASTOR BUENO Y FIEL.

La Pastoral de la Tierra le está agradecida por los 23 años de acompañamiento pastoral yprofético a la Diócesis de San Marcos, en los cuales como BUEN PASTOR supo guiarnos en labúsqueda del bien común a ejemplo de Monseñor Romero “Tenemos que ver con los ojos bienabiertos y con los pies bien puestos en la tierra, pero el corazón bien lleno de Evangelio y deDios”.

Su opción por los pobres, a los que en Amerindia seles reconoce como los excluidos que no sonsolamente explotados” sino “sobrantes” y“desechables” han sido el motivo de su opción pasto-ral que le llevó a la creación de varios servicios ypastorales en la Diócesis, los cuales se encuentranahora coordinados desde el Plan Diocesano de Pas-toral.

Desde el año 1994, año de la fundación de la Pasto-ral de la Tierra en la Diócesis de San Marcos, haanimado e iluminado el trabajo multidisciplinario dela misma en la búsqueda de la paz y la justicia social.Fruto de ese trabajo a lo largo y ancho deldepartamento existen organizaciones campesinas eindígenas que luchan por la recuperación de laMADRE TIERRA y que cuentan ya con un rostropropio, el cual está llamado a fortalecerse para ser“sal y luz del mundo” (Mt 5,6).

Respondiendo al llamado de Dios y a su convocatoriapara seguir las directrices de la Carta Pastoral delEpiscopado Guatemalteco EL CLAMOR POR LATIERRA del año 1988, en la cual los Obispos de Guatemala pusieron el dedo en la llaga: “ElCLAMOR POR LA TIERRA es, sin duda alguna, el grito más fuerte, más dramático y másdesesperado que se escucha en Guatemala. Brota de millones de pechos deguatemaltecos que no sólo ansían poseer la tierra, sino ser poseídos por ella. ‘Hombresde maíz’ que, por una parte se sienten tan profundamente identificados con los surcos,la siembra y la cosecha y, por otra, se ven expulsados de la tierra e impedidos de

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hundirse entre sus surcos fértiles por unasituación de injusticia y de pecado. Son comoforasteros en la tierra que les perteneció pormilenios y se les considera como ciudadanosde segunda clase en la Nación que forjaron suscolosales antepasados” nos hicimos eco tratandode responder a las necesidades y problemas de lasfamilias marquenses sin tierra.

Muchos fueron los obstáculos encontrados en sucamino evangelizador que supo llevarlos sobre sushombros, a imagen del Buen Pastor que va tras laoveja perdida para volverla al redil, para convertirlosen fortalezas y oportunidades para lograr una vidadigna. Fruto de ello, hoy más de 1,508 familias hanaccedido a la tierra, y ven en ella un “cielo nuevo ytierra nueva”. Además le reconocemos su valentía yparticipación por muchos años para que hoy ante elCongreso de la República esté la Iniciativa 4084sobre la Ley del Sistema Nacional de DesarrolloRural Integral, iniciativa consensuada entre distintasorganizaciones e instituciones que intervienen en eldesarrollo rural.

Reconocemos y valoramos sus esfuerzos y desvelosa nivel local acompañando al equipo, así comotambién su presencia y ardor para proponer una

coordinación a nivel interdiocesano y su coraje para conducir la Comisión de la Tierra desde sunombramiento por la Conferencia Episcopal de Guatemala para dar seguimiento a la Comisiónde Pastoral de la Tierra Nacional.

Las organizaciones que se acompañan, el equipo de trabajo, nuestras esposas, esposos, hijase hijas nos encontramos con la tristeza de su partida, a la vez nos vemos fortalecidos por suejemplo estando seguros que con temple y con el espíritu de servicio que le ha caracterizado,seguirá este trabajo en y desde la Diócesis de Huehuetenango.

Gracias Monseñor. Equipo Pastoral de la Tierra, Diócesis de San Marcos.San Marcos, 9 de Julio 2012.

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NOTA DE PRENSA EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL

DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 2012: “HACER REALIDAD

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN GUATEMALA”.

La Diócesis de San Marcos lanza la Campaña 2012por el Derecho a la Alimentación este 19 de octubre

La realidad de la población pobre y extremamente pobre sigue caracterizada por la miseria yuna débil respuesta del gobierno. Programas sociales ampliamente anunciados han iniciadocon mucho atraso y deficiente ejecución presupuestaria. Frecuentemente fueron acompañadospor señalamientos respecto a inadecuados procedimientos de cotización, compra y ejecuciónde fondos: por ejemplo, la compra y entrega de fertilizantes.

Aparte de las acciones de asistencialismo, no hubo avances significativos en materia dedefinición e implementación de políticas de desarrollo rural integral que permitan resolverproblemáticas históricas y estructurales. La economía campesina sigue esperando medidasde incentivo que permitan generar mecanismos duraderos de inclusión social en el país.Elaborada de manera participativa en el marco de la sociedad civil, la iniciativa de ley 4084sobre el Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral representa un anhelo de los sectoresorganizados del campo que contribuiría en el combate a la desnutrición y el hambre enGuatemala.

El tema agrario no logra despegar: En marzo el gobierno anunció su voluntad de resolver ladeuda agraria, pero hasta la fecha se desconocen los mecanismos específicos que serviránpara responder a la problemática. Sigue igualmente pendiente la implementación de losmecanismos creativos e innovadores anunciados en materia de promoción del acceso a latierra.

El número de conflictos agrarios en curso en el país a bajado de 1,476 a 1,214 conflictos (amediados del 2012), pero los recursos disponibles en la Secretaría de Asuntos Agrarios nopermiten vislumbrar soluciones en el corto plazo. Al contrario, causa preocupación la respuestadel Estado a muchos de los conflictos sociales, en particular aquellos generados por industriasextractivas en área rural. El uso desproporcional de la fuerza, como en los casos de Santa CruzBarillas, San Rafael Las Flores y Totonicapán nos obliga a reflexionar sobre el papel de lasinstituciones en una democracia obliga a reflexionar sobre el papel de las instituciones en unademocracia.

Frente a esas realidades, por ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación, la PastoralSocial de la Diócesis de San Marcos viene recordar la centralidad del ejercicio delDerecho a la Alimentación como mecanismo para superar las graves injusticias en elpaís.

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La Pastoral Social conjuntamente con otros servicios de la Diócesis y organizacionescampesinas de la región Sur-Occidente del país continuará incidiendo para que el Estadocumpla el derecho a la alimentación a través de política pública acordes a la realidad rural delpaís con una visión integral. La campaña por el derecho a la alimentación promueve a que lapoblación conozca y tenga herramientas para seguir demandado el derecho que le correspondepara que sea una realidad para todos y todas.

San Marcos 19 octubre 2012

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COMUNICADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS

DE SAN MARCOS ANTE LOS HECHOS SUCEDIDOS

EN TOTONICAPÁN EL 4 DE OCTUBRE 2012

La Diócesis de San Marcos ante los últimos hechos ocurridos,en donde las fuerzas de seguridad del Estado han actuado

violentamente en contra de la población guatemalteca.

Manifestamos nuestra más enérgica condena a la política implementada por el actual gobierno,situación que ha provocado la pérdida de valiosas vidas humanas, como lo que sucediórecientemente donde perdieron la vida 8 personas que formaban parte de la manifestaciónpública y pacífica que convocó la autoridad indígena de Totonicapán, en rechazo a las decisionesque el gobierno central está tomando en los temas del alto costo de la energía eléctrica, lareforma a la carrera magisterial y el paquete de reformas constitucionales.

Este no es un hecho aislado, pues han venido sucintándose varias manifestaciones dedescontento, como lo acontecido en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; la orden de desalojoque sufrieron estudiantes normalistas del Instituto Normal Mixto de Occidente “Justo Rufino Bar-rios” en los primeros días de septiembre; el desalojo violento que realizaron las fuerzas delEstado en contra de la población civil que no quiere explotación minera en Santa Rosa, pormencionar algunos de muchos casos.

Lamentamos la poca capacidad de diálogo que tienen las autoridades de gobierno y condenamoslas inoportunas decisiones dadas por funcionarios públicos en contra de la población civil,convirtiéndose en los primeros violadores del la Constitución Política de la República de Guate-mala, que en su Artículo 1 sobre la Protección a la persona, dice: “El Estado de Guatemalase organiza para proteger a la persona y a la familia”.

Ante estos hechos manifestamos lo siguiente:

1) A las familias que directa o indirectamente han sufrido algún atropello, comunidades,pueblos y a la zona pastoral de Totonicapán, les exhortamos a que aviven su fe en estedolor intenso y a creer que el amor es más fuerte que la muerte.

2) Al pueblo en general, a que en este mes del rosario y al iniciar el año de la fe, oremospara que Dios Padre reconforte a quienes han perdido un familiar, amigo o compañeroy nos guíe a construir la civilización del amor.

3) Pedimos al gobierno velar para que prevalezca el interés general sobre el particular. Asícomo el respeto al sentir y pensar de la población, testigo silencioso de losacontecimientos, y a quien se le bombardea con declaraciones que ensombrecen loshechos.

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4) Exigimos una investigación imparcial y que se deduzcan las responsabilidadescorrespondientes, tanto a los autores intelectuales como a los materiales, de tanlamentables hechos.

5) Exhortamos a todos los funcionarios de gobierno a que asuman su responsabilidad yque se pongan a disposición de los órganos de investigación y de justicia.

6) Llamamos a la reflexión a todos y todas para que nos esforcemos en utilizar el diálogofranco y sincero como mecanismo de encontrar acuerdos.

“Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe” (Stg 2,18).

San Marcos, 16 de octubre de 2012.

pssm - revista hacía dónde vamos, edición 2012.pdf

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