INDICE

PARTE PRIMERA (p.3) Introducción: - Necesidad de la Organización Revolucionaria y del Proyecto Político - Necesidad de Movimiento Popular y de un Proyecto de País sin Capitalismo - Necesidad de la lucha Nacional, la Revolución y el Socialismo PARTE SEGUNDA (p.5) Proyecto Político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez I. Fundamentos Políticos e Ideológicos del FPMR II. La Situación Internacional Panorama de un mundo en crisis Carácter del periodo luego de la caída del “Socialismo Real” Neoliberalismo, oportunismo y hegemonía Discurso y contradicciones Situación de América Latina Entre oropeles y agonías Plano político y económico Agresión y control militar Clase obrera, trabajadores rurales y sectores medios en América Latina Hacia una posición latinoamericanista III. Situación Nacional El sistema de dominación Desarrollo de la clase obrera Carácter general del período El sistema de dominación después del Golpe Antecedentes de una larga lucha Los ajustes en el bloque dominante y la crisis económica La situación de los sectores sociales IV. El proyecto Político Contenidos de nuestro nuevo proyecto Acerca del socialismo Carácter de nuestra propuesta La vía revolucionaria Estrategia y táctica para el período Criterios y tareas para la construcción de Movimiento Popular Sobre política de alianzas Sobre el internacionalismo Programa de lucha para el período

PARTE TERCERA (p.32) Líneas Políticas Particulares: Orgánica, Militar y Social de Masas I. Principios de organización Carácter del instrumento Principios organizativos II. Fundamentos de la Política Militar del FPMR Aspectos de la estrategia imperialista en Latinoamérica Aspectos de la estrategia contrainsurgente en nuestro país III. Línea Trabajo Social de Masas Carácter de la táctica del período Criterios para la construcción 1. Sector Trabajadores La centralidad de la clase trabajadora El papel conductor de los trabajadores Consecuencias del Modelo en las últimas décadas En qué está el sector de los trabajadores Elementos para la construcción Plataforma de lucha Frente político-social 2. Sector Poblacional Rasgos que caracterizan a potenciales sujetos del sector poblacional Efectos del modelo en los derechos humanos (económicos y sociales) Mecanismos del gobierno Experiencias organizativas populares Organizaciones actuales en la población Frente político social Asambleas populares y pliegos sectoriales Plataforma de lucha 3. Sector Estudiantil Transformaciones en el sistema educativo Composición del sector Formas de organización Utilización de los espacios tradicionales de organización estudiantil (Federaciones, Centros de Estudiantes, etc.) Proyecto patriótico de desarrollo y proyecto institucional Algunos elementos para un proyecto institucional

Plataforma de lucha

“ ...Y por último yo quiero decir... esta proyección, este viraje táctico-estratégico apunta a fortalecernos, implica profundizar nuestra relación con las masas. Hemos tenido -digamos- experiencia inicial pero que ahora tenemos que plantearnos en una gran envergadura en la relación con las masas. Esto significa por una parte, cuidar la relación con las masas, apoyándonos siempre en la verdad, en la sencillez, en la humildad, en el ejemplo personal en nuestra relación con ella. Esto es necesario cuidarlo desde ahora. Y por otra parte debemos profundizar nuestros planteamientos ante sus reivindicaciones tanto a nivel nacional como regional, local, sectorial, etc. Compañeros, estos son algunos de los problemas de mayor actualidad. Todo el Frente debe incorporarse a la búsqueda de soluciones, y a impulsar nuestro desarrollo y la lucha con energía y sabiduría. cada día se reafirma nuestra decisión de seguir adelante en este camino, duro, difícil, largo quizás, hacia la libertad de nuestra patria y la revolución. Y cada día sentimos mayor confianza en nuestro frente, en nuestros jefes y combatientes, en nuestro pueblo y en la victoria”. Raúl Pellegrín, Comandante José Miguel

PARTE PRIMERA

INTRODUCCION Nuestro actual proyecto surge de cara a la realidad nacional e internacional y condicionado por ella, se basa en principios y valores que guían nuestra aspiración de aportar en la construcción de una sociedad justa, igualitaria y libre. Ratificamos nuestra actitud de rebeldía ante el sistema instaurado durante el régimen militar y perfeccionado por los gobiernos civiles a partir de 1989. Los errores reconocidos por la organización en el pasado no invalidaron nuestros objetivos en la lucha, más bien nuestro deber fue rectificarlos para así caminar hacia las transformaciones sociales que tantas generaciones han aspirado. Manifestamos que existe el contingente humano para avanzar; tenemos la voluntad, la moral y la consecuencia revolucionaria. No ha sido en vano tanta vida ofrecida por la dignidad y la libertad de nuestro pueblo. Es el Primer Congreso donde se ratifica el nuevo proyecto político del FPMR (año 2003), que es la culminación de un proceso que se rigió por las siguientes ideas y principios: 1.- La necesidad del instrumento político y del proyecto de clase para la transformación social. 2.- La construcción de un Movimiento Popular que encabece una propuesta de cambios radicales a nivel nacional. 3.- La necesidad de la Revolución y el Socialismo Necesidad de la Organización Revolucionaria y del Proyecto Político Fue en noviembre del 2003 cuando un grupo de delegados, militantes rodriguistas de todo el país, de cada territorio o zona donde el Frente se desarrolla y construye, manteniendo medidas de aseguramiento necesarias en el marco de la democracia de los ricos, se prestaron a resolver un hecho histórico en la vida del FPMR: sancionar su Proyecto Político, una nueva Estructura Orgánica, así como la implementación de una Política de Masas y una Línea Militar para el periodo. Ello fue entre otras cosas, producto de un ejercicio metodológico que sostuvo como premisa, que el Proyecto Político no era una actividad académica ni simple ejercicio teórico, sino un proceso de edificación política que comprendía la construcción de Proyecto y de Sujeto social como fenómenos simultáneos y dialécticos. De ahí que una vez finalizado el Proceso de Discusión Interna PDI en el año 1996, que sintetizaba la voluntad de acerar un instrumento que permitiese desarrollar una opción verdaderamente revolucionaria para Chile, se destinaron todos los esfuerzos con el objetivo de crear las condiciones militantes, ideológicas, orgánicas y sociales elementales para dar este estratégico salto. Para el FPMR el avance del proyecto implicaba a la vez una necesaria recomposición de los actores políticos y sociales en cantidad y calidad, un salto en el campo teórico y en la concepción como condición y a la vez como efecto del avance en campo de la construcción popular. Lo que ha enseñado el combate de los pueblos durante todos estos años de resistencia al sistema Capitalista en el mundo, es que los revolucionarios y los sectores populares que luchan por una verdadera transformación social, no pueden ni deben prescindir de un instrumento político organizador. Lo fundamental de la organización política son sus hombres y mujeres,

sus contenidos, su proyecto, su táctica y estrategia, es decir una bitácora que organice los esfuerzos de construcción y articulación de diversas fuerzas sociales bajo una propuesta de carácter revolucionaria y nacional. La importancia de la teoría y un proyecto político concreto y consecuente tras una década de dispersión y eclecticismo es crucial para la construcción de una alternativa popular, no debemos nunca olvidar que sin «teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario», nos decía Lenin en el umbral del Siglo XX. La espontaneidad, el basismo y el movimientismo que proliferaron en la década de los noventa del siglo XX y que negaban el papel de la organización política, están en la actualidad absolutamente desprestigiados, y lo que es peor, sus expresiones orgánicas en franca dispersión y sus lideres cooptados por el sistema. La supuesta contraposición entre movimiento social y organización política sólo benefició a la clase dominante, la que previendo el potencial revolucionario de las organizaciones sociales, se preocupó de inculcar en ellas por múltiples vías, el escepticismo y la desconfianza en la política y su trasfondo. La pretendida contraposición entre los llamados movimientos sociales y los partidos políticos, sólo puede existir como problema teórico con base objetiva, cuando el partido en cuestión lo es en el sentido burgués del termino, es decir, un aparato organizativo en el cual las personas que tienen participación en el juego político, defienden intereses de las orgánicas, sectores o clases sociales afines al sistema. Un partido u organización política cuyo objetivo es transformar la sociedad sobre la base de acabar con la explotación y la opresión en todas sus formas, no puede tener ninguna contradicción de fondo con una organización social genuina. Necesidad de Movimiento Popular y de un Proyecto de País sin Capitalismo Pensar y Luchar por el país que queremos, dar respuesta a las problemáticas del hoy, irrumpir desde la contradicciones sociales que se expresan en la cotidianidad, en el diario vivir de la compañera que mantiene su hogar, del trabajador, del joven, del poblador, de personas con nombre y apellidos, personas concretas, conocibles, con afectos, llenos de virtudes y también llenos defectos, es y será el sustento obligatorio e indispensable para la construcción de un movimiento popular real y no en abstracto, colmado de contradicciones y complejidades. Es momento que los revolucionarios nos situemos en el centro de los conflictos sociales. Asumamos la responsabilidad de proponer y construir un proyecto de país posible, alcanzable, realizable, que los sectores populares puedan tocar, hacer suyo y que les permita ponerse de pie y luchar. Punto de partida de esta construcción es el nivel básico y primario de conciencia social, el punto de llegada una responsabilidad de la organización política revolucionaria, situando al pueblo en el campo de la lucha de clases. El organizarse por las demandas populares, el defender la soberanía nacional, el luchar por la gratuidad de la salud, la educación, el derecho al trabajo, la vivienda, la industrialización de nuestro país serán entre otras cosas los soportes esenciales para la construcción del movimiento popular de esta etapa, el que tendrá que encabezar la lucha por la transformación social, política y económica del país. En definitiva, construir las bases del SOCIALISMO desde hoy. Necesidad de la lucha Nacional, la Revolución y el Socialismo La única alternativa realista y posible sigue siendo el socialismo. Sin embargo, el socialismo en nuestro país como en América Latina tiene su especificidad: la reversión o superación del subdesarrollo, donde la industrialización del país se hace urgente para poder vislumbrar la nueva sociedad. Es decir, el socialismo que en los países desarrollados tendrá una función principalmente ligada a organizar las fuerzas productivas en el marco del gran desarrollo científico técnico, en Chile y otros países latinoamericanos se liga a las grandes tareas nacionales. Este hecho que puede parecer poco significativo, es en realidad unos de los rasgos más trascendental y novedoso del actual momento histórico. Ya que el carácter neo colonial del Estado en esta etapa -una manifestación más de la contradicción principal del periodo, «Neoliberalismo» versus lo Nacional-, implica que lo nacional se ha transformado en un elemento subversivo, ya que basta plantear algunas reformas para que el imperialismo se sienta amenazado en sus intereses. Por eso no es correcto mirar la restitución del Estado de Bienestar con ojos nostálgicos como lo hace cierta izquierda, ya que no es posible repetir ese hecho histórico que expresaba una alianza con una burguesía criolla que estaba interesada en el desarrollo nacional, en la medida que se ligaba a sus intereses como clase. Hoy esta lucha se traslada exclusivamente a los sectores populares, lo que también imposibilita la revolución por etapas; la revolución democrática previa a la revolución socialista, Hoy cualquier transformación política, económica, social no es viable sin enfrentar al gran capital y la hegemonía imperialista. Enfrentar el capital financiero conduce necesariamente a enfrentar al conjunto del capitalismo. Por tanto, se precisa pensar un nuevo proceso de desarrollo, que dé cuenta de las transformaciones ocurridas en la realidad regional y mundial, lo que nosotros denominamos en nuestra plataforma como Proyecto Patriótico de Desarrollo. Esto implica construir un nuevo Estado; Patriótico, Democrático, Popular y Revolucionario. Finalmente, la experiencia de la vía pacífica al socialismo liderada por la Unidad Popular con Salvador Allende a la cabeza nos demostró, que estas grandes transformaciones son imposible de llevar acabo en la práctica sino se considera el

problema del poder. Resolver el problema del poder es una cuestión trascendental de toda revolución que se plantee de verdad construir el socialismo. Por eso, una concepción político militar de la lucha social y política es un medio ineludible de toda organización que pretenda construir una correlación de fuerza en función de los objetivos e intereses esenciales de la clase obrera y de los sectores populares. No hay que hacerse ninguna falsa ilusión respecto a cómo actuará la clase dominante cuando se vean afectados sus intereses. Solo una correlación de fuerzas favorable en lo político, en lo social y en lo militar definirá en última instancia el desenlace de la revolución futura. Claro que al hablar de lo militar no se reduce al simplismo de las armas, pues es algo más profundo y esencial, es el método de concebir todos los acontecimientos y fenómenos desde la óptica de la lucha de clases, de ahí su importancia y obligatoriedad. A modo de síntesis Esto y otro contenidos son los que analiza y propone el nuevo proyecto político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Los invitamos a conocerlo en profundidad y sacar sus propias conclusiones; las que esperamos llenen las expectativas y sirvan como instrumento en lo práctico y teórico, ya sea para el quehacer individual o colectivo en las tareas políticas del hoy y del mañana. Tras estas líneas hay años de trabajo, experiencias positivas o erróneas, vivencias y esperanza. Es posible encontrar un punto de vista sobre el cual situarse para opinar y debatir, para profundizar y aportar tanto en la contingencia como en los grandes temas que representan las contradicciones de este nuevo siglo. No es un proyecto acabado, pero si representa la voluntad de lucha de los rodriguistas y la persistencia por construir una sociedad libre de la explotación y de la dominación del capital, por una nueva independencia que cuestione y destruya los ejes esenciales del imperialismo.

PARTE SEGUNDA

PROYECTO POLITICO DEL FRENTE PATRIOTICO MANUEL RODRIGUEZ I. Fundamentos políticos e ideológicos del FPMR El pensamiento del FPMR tiene como fundamento ideológico la concepción materialista de la sociedad, asumiendo la teoría del marxismo leninismo como nuestro principal instrumento de análisis y guía para la acción, y al Rodriguismo como la forma y la experiencia concreta de aplicación de esta herramienta en la lucha, de acuerdo a la realidad política, histórica y cultural del país. El Rodriguismo se nutre, se identifica y busca hacerse parte de la historia de las luchas sociales, forjada con las tradiciones libertarias de la nación mapuche; con la lucha de liberación nacional contra el dominio colonial español que encabezaron José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez; con el pensamiento democrático-revolucionario de Francisco Bilbao y Santiago Arcos a mediados del Siglo XIX; con el fuerte movimiento obrero de comienzos del Siglo XX, que marcó el comienzo de la lucha por el proyecto político de la clase trabajadora chilena, con Luis Emilio Recabarren como su primer gran dirigente; con el Gobierno de la Unidad Popular como el primer intento de transición del capitalismo al socialismo y afirmación de una estrategia de desarrollo nacional; con la resistencia y lucha contra la dictadura militar en los años 80 del siglo XX, que vio nacer al FPMR, quienes junto a otras organizaciones hermanas constituyo la expresión política y militar de la lucha del pueblo. Un legado, un espíritu de rebeldía, una historia concreta de lucha, que si bien no aspira a reeditar de manera mecánica en el futuro, es y será una valiosa fuente de experiencias a tomar en cuenta para las contiendas de esta nueva época. La concepción del Frente de la patria y el patriotismo tiene que ver con los intereses y la identidad de la clase trabajadora y en general de las mayorías dominadas y explotadas de nuestro país. En consecuencia, la acción conciente del movimiento popular, sus organizaciones revolucionarias, y todos aquellos sectores que puedan identificarse con sus objetivos en el transcurso de la lucha, son las únicas que pueden ser entendidas realmente como patrióticas. Por lo mismo, el Rodriguismo como idea ha sido y debe ser capaz de traspasar las fronteras orgánicas de la propia organización (FPMR), interpretando por medio de su política a todos aquellos luchadores y corrientes humanistas y progresistas que desde las más diversas formas y convicciones estén en contra del actual orden económico, social y político que vive nuestro país. Asimismo, el FPMR se identifica con otras expresiones populares, en particular de América Latina, como la Tupac-Amarista, Bolivariana, Martiana, Sandinista, entre otras, que con sus particularidades, reflejan una voluntad irrestricta de no dejarse someter a ninguna fuerza imperial, a ningún tipo de explotación y dominación.

II. La situación internacional La sociedad mundial vive agobiada por contradicciones que bajo el actual orden aparecen como insolubles. La humanidad crece numéricamente de una forma acelerada y desigual. Los principales conflictos y fenómenos incontrolables nacen de una profundización de la brecha entre países ricos y países pobres, entre un primer mundo pletórico de modernidad y una periferia tercermundista llena de carencias y destinada a vivir para los primeros. La pobreza y los conflictos de toda índole que ella genera -independiente a su carácter- son considerados una amenaza y producen inquietud en los poderosos. Las crisis económicas intrínsecas e involuntarias del sistema -contenidas con paliativos temporales- son otra fuente de incertidumbres y temores. A través de siglos se han destruido y agotado constantemente los recursos del planeta, pero sólo en los últimos treinta años, casi un tercio de la riqueza natural de la tierra se ha perdido inexorablemente. Esta destrucción lenta y segura del ecosistema ha comenzado a ser y será tal vez en las próximas décadas, uno de los principales factores de conflictos mundiales. Las luchas por la repartición de los recursos naturales entre los países poderosos y sus bloques, de no llegar a fórmulas de consenso, pueden pasar a ser una fuente de gran desestabilización y enfrentamiento a escala global. La generalización de cualquiera de esos conflictos está determinada por la objetiva transnacionalización de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales a escala regional y planetaria experimentada en los últimos años. Ha quedado suficientemente demostrado, por el comportamiento de las potencias y principalmente del imperialismo norteamericano en diversos momentos históricos, que cualquiera de esas inestabilidades, crisis e incertidumbres, buscarán solución empleando la violencia armada, la guerra, absolutamente despreocupado del inmenso costo humano, social y ecológico que estas provocan. Las últimas guerras de fines del siglo pasado y comienzos del actual en Yugoslavia, Afganistán e Irak nos muestran la inalterable conducta de dominación imperial que tiene el primer mundo ante cualquier conflicto o tensión que lo amenace. Panorama de un mundo en crisis La consolidación de un “Nuevo Orden Mundial” y el “Neoliberalismo” son procesos simultáneos y entrelazados que analizados separadamente y en sus interdependencias, caracterizan la situación mundial actual. En las últimas décadas la ciencia y la técnica avanzaron más que en varios siglos anteriores, aunque esto esté lejos de significar que la humanidad en conjunto pueda disfrutar de sus beneficios. El desarrollo científico-técnico ha tenido un sentido funcional a los actuales dueños de los medios de producción, siendo este un período histórico en el cuál la sociedad capitalista mantiene su más profunda esencia de explotación a los asalariados. No se ha terminado con las clases ni con sus profundas contradicciones, ni con sus luchas. Los asalariados en general y la clase obrera en particular (por más que se desdibuje su organización en los procesos productivos actuales), representan la esencia explotadora del sistema. Múltiples formas políticas, ideológicas, organizativas enajenantes y divisorias distorsionan la lucha de los trabajadores urbanos y rurales del mundo, pero es allí donde seguirán encontrándose los sectores más consecuentes y combativos. Para más de dos tercios de la humanidad “el progreso” no es sinónimo de transformaciones en su vida inmediata y menos aun de progreso; por el contrario, en medio de ancestrales miserias asisten conscientes o ignorantes al fenómeno sin experimentar una mejoría en su calidad de vida. Existen medicinas y técnicas para curar o paliar múltiples enfermedades, pero la mayoría de los necesitados no pueden acceder a ellas. Hoy día existen tantos tuberculosos como a principios del siglo pasado cuando aún no se conocía la cura de esta enfermedad. El 95% de los infectados de SIDA se encuentran en los países subdesarrollados, pero las terapias más avanzadas apenas dan alivio al 10% de los infectados que se encuentran en las regiones desarrolladas y que pueden pagar los costosos tratamientos. Hoy en día el VIH es una de las cinco primeras causas de muerte en los jóvenes a nivel mundial. Por otro lado, la carrera espacial no deja de sorprendernos día a día, pero gran parte de la humanidad aún se traslada a pie o con tracción animal. Un dato paradojal ilustra la verdadera posibilidad de acceso de la humanidad a una “revolución científico-técnica”: en todo el continente africano existen menos teléfonos que en el barrio de Manhattan en Nueva York. Esa es la modernidad sesgada y profundamente injusta que nos muestra el mundo actual. Independiente a los espectaculares avances en el campo de la biotecnología, la cibernética y las comunicaciones, son reducidos los espacios geográficos donde esto se desarrolla y pocos los sectores a quienes beneficia -algunos casi no pueden conocer tales avances-, esta incoherencia cuestiona ineludiblemente conceptos como el de “post modernidad” y de “revolución científico técnica”. Inclusive el propio concepto de progreso y desarrollo del cual se beneficia menos de un tercio de humanidad, es profundamente cuestionable al descubrir los contenidos, calidad y consecuencias de tal “desarrollo”.

Carácter del periodo luego de la caída del “Socialismo Real” La última década del siglo XX fue testigo de la desintegración de la Unión Soviética y los demás países del llamado “socialismo real” europeo, suceso trascendental (al igual que la Revolución Bolchevique) de la historia humana, difícil de analizar en pocas líneas, pero que en síntesis es la resolución de un largo período de contradicciones políticas, económicas y sociales en la construcción socialista europea, entre las que se cuentan el estancamiento del debate político-ideológico abierto, propio de los primeros años del movimiento comunista y la paulatina desaparición del protagonismo de los pueblos en los asuntos de la sociedad, cuyo lugar es tomado por una burocracia estatal y partidaria que gozó de privilegios en relación con el ciudadano común. A esto se suma desde los años 60 una caída sostenida de la producción y las condiciones de vida de la población, mientras el Estado dedicaba enormes recursos productivos y tecnológicos a una carrera armamentista (en la cual también quedó rezagado), esto sin mencionar las limitaciones establecidas a los avances científicos en general (como el programa espacial), que no permitieron traspasar dicho desarrollo al mejoramiento de la calidad de vida económico social de las masas dentro de la construcción socialista, tal cual lo harían los norteamericanos una vez que pudieron reorientar sus esfuerzos que permanecieron hasta ese momento concentrados de manera exclusiva en la “guerra fría” (lógicamente con carácter mercantil en este caso). La combinación de estos hechos en el largo plazo fue socavando la confianza del pueblo en el socialismo, descontento interno expresado con mayor rigor a partir de 1985, cuando Mijail Gorbachov impulsa simultáneamente una liberalización política (“glasnot”) y económica (“perestroika”) en la sociedad Soviética, la cual producto de las condiciones y el carácter de dicha conducción política, en la práctica, agudiza el caos económico y el deterioro en la vida del pueblo y la derechización de la sociedad estimulada por los países capitalistas y la maquinaria propagandística, además de la eclosión de los nacionalismos en las repúblicas que formaban la Unión Soviética; contradicciones que repercutieron con mucha agudeza en los demás países socialistas de la región. En 1989, dicho proceso desembocaría en el derrumbe del Muro de Berlín, un episodio emblemático de la crisis del modelo socialista del Este de Europa, que culmina con la autodisolución de la URSS en diciembre de 1991. Resultados que sin duda no invalidan los grandes logros alcanzados por estas experiencias en el plano de la educación, salud, cultura, deporte, etc. Intento de construcción del socialismo que significó por lo demás objetivamente, un freno al voraz apetito del imperialismo en sus intenciones por dominar el planeta, aporte que seguramente la historia pondrá junto a la Comuna de París y otros acontecimientos (con sus aciertos y errores) en las heroicas luchas del género humano por su liberación. A partir de entonces, asistimos a la consolidación de un “nuevo orden mundial”, donde EEUU como gran potencia imperial militar -y sin contrapesos en este terreno-, se ha erigido en gendarme planetario. Así desaparece el orden mundial que predominó desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de los setenta. Fue al término de esa guerra que EEUU emerge como la potencia económica y militar dominante, consolidando su carácter de estado imperial que desde principios del siglo XIX venía confrontando con Europa por el reparto del mundo. El fortalecido Imperio desarrolló aceleradamente su industria, el comercio y la inversión extranjera, y posterior a los acuerdos de Breton Wood (EEUU) en 1944, impone un nuevo sistema monetario internacional con el dólar como moneda dominante. Hasta la década de los setenta, EEUU ejerce el dominio absoluto en el mundo capitalista, unido a un acelerado desarrollo de las empresas transnacionales con la participación decisiva de los llamados Estados Interventores, en lo que se conoció como Capitalismo de Estado. Impulsa la creación de la OTAN (1949) e integra a Europa Occidental bajo su liderazgo. Al mismo tiempo, impone a la desaparecida URSS y al mundo, una costosa carrera armamentista sustentada en la supuesta amenaza soviética. Eran los tiempos de la guerra fría, de la lucha entre dos sistemas antagónicos. En los años 80 quedan establecidas las normas y dogmas de la reorganización capitalista a escala planetaria, siendo EEUU e Inglaterra (en la llamada “Era Reagan-Teatcher”) los propulsores del modelo “neoliberal” en el mundo desarrollado. La solución neoliberal impulsada por el poder central del primer mundo es respuesta a un período de estancamiento, y tiene como función principal resolver en parte el estado permanente de crisis del capitalismo. Desde entonces, los organismos financieros internacionales condicionan sus préstamos e inyecciones de urgencia para los países tercermundistas y subdesarrollados, exigiendo desregulación, equilibrio de las economías internas, disminución del gasto social, privatización absoluta, no-intervención por parte de los estados, y un total libre mercado eliminando todo tipo de barreras al comercio y campo sin límites al flujo de los capitales financieros. Por el contrario, para el primer mundo y sus empresas transnacionales regirán criterios como la privatización dirigida, el proteccionismo con diversos ropajes, el mercado regulado con intervención del Estado, y la producción e inversión planificada y controlada por las grandes empresas transnacionales. No hay tal libertad de mercado, los estados y gobiernos del primer mundo legislan y promueven todo tipo de medidas proteccionistas que favorecen a las gigantescas corporaciones transnacionales. Un nuevo esfuerzo de reactivación del capital escondido tras un “aséptico proceso globalizador” nace ante una crisis generalizada del capitalismo, en un intento por recuperar las tasas de ganancias para el capital en detrimento de la fuerza de trabajo asalariado. En un análisis comparativo con los años precedentes, (según la tasa de crecimiento anual y global de los países más industrializados de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE), la reactivación del capitalismo ha sido un fracaso. El crecimiento global entre

1975 y 1998 fue apenas la mitad del alcanzado en el período de 1945-1975 con políticas desarrollistas donde los estados jugaban un papel determinante en la economía de cada país. Neoliberalismo, oportunismo y hegemonía Es incuestionable que en la historia de la humanidad, nunca un modelo económico social se había impuesto de manera tan vasta y -de acuerdo a sus intereses y postulados- en condiciones tan favorables. No existen aún fuerzas suficientes opositoras y/o modelos alternativos de magnitudes considerables que le hagan frente. Más aún, la desaparición del socialismo en el Este de Europa le brindó sorpresivamente extensas áreas vírgenes para la inversión y explotación a todo nivel, al tiempo que lo liberó del único competidor de envergadura que enfrentó al capitalismo como forma de organización de la economía. Por otra parte, el espectacular desarrollo de la informática, las comunicaciones y la robótica, le otorgó fantásticos instrumentos para su expansión en el ámbito mundial. Asistimos a una acelerada internacionalización y concentración del capital financiero, y del comercio mundial de bienes y servicios. No hay mayor riqueza, hay mayor concentración y rapidez en el intercambio de capitales. Este fenómeno, que hoy se acelera en magnitudes nunca antes vistas y que algunos han llamado “mundialización” o “globalización”, se ha transformado en el mejor y más eficiente “transporte” del modelo neoliberal. Los defensores del actual orden emplean tal concepto para tergiversar y esconder el profundo carácter de dominación imperial que encierra la imposición del modelo. Las sociedades industrializadas ricas y poderosas continúan su desarrollo en gran medida a expensas del Tercer Mundo, destinado a seguir como área de servicio que proporciona recursos naturales y materias primas no renovables, mano de obra de bajo costo, mercados, oportunidades de inversión y lugar donde exportar la contaminación. Hasta ahora, para el Primer Mundo es imposible subsistir sin su periferia (aunque dejen grandes zonas olvidadas). Y esta periferia, materialmente no puede vivir sin los vínculos con el primero. Esto determina que cualquier proyecto político nacional, (independiente a su signo ideológico), que pretenda atender las necesidades de sus habitantes alterando el papel asignado en este orden, se transformará irremediablemente en una amenaza para los llamados “intereses vitales” de las naciones industrializadas y principalmente para EEUU. El actual orden mundial se distingue también por el fortalecimiento de organismos internacionales y regionales tanto económicos como políticos y militares. Este orden es dominado por el primer mundo y a su cabeza se yergue el imperio norteamericano, el que ejerce su hegemonía política y militar intentando desde esas posiciones compensar la pérdida del liderazgo absoluto que mantuvo hasta la década del 70. Un rasgo distintivo de la actualidad, es el carácter y empleo de los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su antidemocrático y dictatorial Consejo de Seguridad (C.S.), donde se decide independiente de la voluntad de la inmensa mayoría de los países, las políticas y acciones que en materia de “seguridad” rigen al mundo. Similar postura se adopta en el FMI, el BM, la OCDE y la OMC (Organización Mundial de Comercio) para definir la economía del planeta. Sin emabro junto a esta presión imperial sobre los organismos internacionales por añadidura resurgen igual las insolubles contradicciones económicas del capitalismo, las que se acumulan tanto en los ámbitos nacionales como en el plano internacional, y que hacen estructuralmente imposible prever una gran burguesía homogénea gobernando mundialmente. A partir de los hechos del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, un “terrorismo” sin fronteras ni espacios geográficos (para ser buscado en cualquier región del globo), será la gran justificación imperial para militarizar las relaciones internacionales de superioridad que ejerce EEUU sobre sus aliados y de dominación sobre el resto del mundo. Es decir, donde quiera que existan luchas sociales, revolucionarias y nacionalistas que sepan transformarse en una amenaza para los intereses imperiales, pueden ser calificadas de “terroristas” y sufrir las consecuencias de la militarización de los nuevos “cruzados” del Siglo XXI. En este escenario, es obligatorio también hacer un seguimiento al rol que jugará China en el nuevo orden, gigantesco país de cuyo proceso interno es difícil de encasillar por su particularidad, además que la poca información disponible se encuentra influida por la polémica y la propaganda. La realidad actual de China en lo inmediato, se origina en 1978 cuando el Comité Central del PCCh da inicio al desarrollo de un sistema político económico denominado “socialismo con peculiaridades chinas”, o “economía de mercado socialista”, que con el objetivo declarado de desarrollar las fuerzas productivas y convertir a China en una potencia económica, abre paso a una modificación radical de su estructura económica y productiva. Un proceso de descentralización y de apertura a la existencia de sectores de propiedad e inversión individual, privada y extranjera. Aunque al contrario de lo ocurrido en la ex URSS, el Partido Comunista Chino ha mantenido un control férreo del sistema político. Uno de los fenómenos de esta reforma, es que detrás de los negocios con China están empresas tan importantes como la General Motors, la Boeing, la telefónica AT&T y la informática IBM, donde el 50% del comercio exterior yanqui está financiado por bancos occidentales que ya tienen filiales en China, como el Citibank. El ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) amplió enormemente las posibilidades del capital, especialmente en áreas tan estratégicas como las telecomunicaciones, la informática, la banca y las finanzas. El acuerdo que permitió a las grandes petroleras Exxon, BP

Amoco y Shell obtener el control de la principal compañía petroquímica y de la principal empresa de transporte marítimo de petróleo de China, dejó claros los intereses económicos de EEUU en dicho país. Por el momento el intercambio comercial, es lo más importante en las relaciones entre China y EEUU. Sin embargo, el conflicto seguirá latente porque China podría llegar a desafiar la hegemonía estadounidense en Asia Central y Oriental, no obstante habrá que considerar también los posibles efectos sociales internos de las políticas económicas privatizadoras que se impulsan en dicho país. Discurso y contradicciones Los rasgos económicos, políticos y culturales medianamente reseñados del panorama del mundo no son ni absolutos, ni de claros contornos. A la sorprendente simultaneidad de la información “en la aldea global” se le opone un oscurantismo propio del medioevo donde se encubren la crueldad de la guerra, mientras pulcras y multicolores imágenes de todo lo hermoso inundan las pantallas de televisión olvidando calamidades y miserias. A la triunfalista euforia “neoliberal” se suma el desconcierto y el miedo ante la gran crisis global recesiva que a comienzos de siglo y antes de los sucesos del 11 de septiembre 2001 viene sufriendo la tríada del poder económico mundial. A la derrota de las “izquierdas tradicionales” le sucede y nacen movimientos sociales y políticos del más diverso tipo internacionalizando luchas y objetivos; desde luchadores contra la “globalización neoliberal” hasta enormes movimientos populares en diversos países latinoamericanos. Si los estados han perdido capacidad de gestión económica ante las masivas privatizaciones de las empresas públicas, de la misma manera han potenciado su influencia económica como política para imponer el “modelo neoliberal”, contener sus consecuencias sociales y en los últimos años son y serán el principal instrumento para sostener el modelo en crisis y buscar nuevas soluciones ante un esquema económico que evidentemente ha sido un fracaso. Hoy en día, las inversiones de diversa índole y el comercio internacional son mayoritarios en aplastante proporción para el mundo desarrollado (respecto a los países subdesarrollados). Los estados industrializados aumentan las barreras al intercambio comercial empleando una amplia batería de restricciones comúnmente denominada “neo proteccionismo no tarifario” o barreras no arancelarias, y mantienen y/o aumentan las subvenciones directas a su agricultura y a su industria. También financian a sus empresas transnacionales y otorgan la categoría de socios comerciales preferenciales a determinados países pobres. Los organismos Financieros (FMI, BM) y la O.M.C. intervienen en un comercio mundial dirigido, al mismo tiempo que exigen al Tercer Mundo que sus estados dejen libres a los mecanismos del mercado. Las reglas del actual comercio mundial aumentan el intercambio desigual en beneficio de los países ricos. Productos básicos como el azúcar, el cacao, el café y otros similares tienen hoy un poder adquisitivo equivalente al 20 % del que tenían en 1960. El valor real de las materias primas que venden los países pobres es hoy seis veces menor que hace ochenta años. Por otra parte, según su conveniencia EE.UU. otorga certificados para asignar recursos a la supuesta lucha contra el narcotráfico, y define gobiernos favorecidos en el intercambio comercial o los declara “aliados militares estratégicos”. Vemos así que detrás del eufemismo del “mercado libre y globalizado” se encuentran formas cada vez más concentradas de capital industrial y financiero que poseen un poder económico cada día mayor, incluyendo la capacidad de no hacer funcionar el mercado, de cortocircuitar y sobrepasar los mecanismos del intercambio normal. Un tercio del comercio mundial actual es el resultado de las exportaciones e importaciones hechas por empresas transnacionales, mientras que otro tercio, toma la forma de intercambios intra-grupos, entre filiales de una misma sociedad situadas en países diferentes o afiliadas de la casa madre. Las empresas transnacionales (que han pasado a constituir entidades de gigantescas dimensiones respaldadas por sus países de origen) son, en definitiva, quienes se disputan nuestros países, definen los volúmenes y el sentido de la corriente de inversiones y operan con la más alta tecnología, producto de una exacerbada competencia en medio de un dinámico crecimiento comercial. Y por último, son las instituciones del capital financiero con fuertes características rentísticas, las que por medio de las opciones que efectúan en los mercados financieros, condicionan no sólo la distribución del ingreso, sino también el ritmo de las inversiones y las formas de empleo asalariado. Estas instituciones (Bancos e inversionistas institucionales como las compañías de seguros, los fondos previsionales por capitalización y las sociedades financieras de colocaciones colectivas) son los verdaderos dueños del capitalismo contemporáneo. No pocas definiciones ha recibido la llamada “globalización”, incluso desde la propia izquierda nacen contradicciones y diversas interpretaciones. Como señalamos en párrafos anteriores, rechazamos el empleo que hacen propagandistas neoliberales de la “globalización” como proceso obligatorio y natural de internacionalización de todo el quehacer económico y político en el mundo. Son innegables los cambios y la rapidez operados en el intercambio comercial, las finanzas y capitales tanto los reales como los millonarios capitales “informáticos o electrónicos”, la rapidez en la propagación de las crisis económicas locales, la fluidez y simultaneidad de la información del más diverso carácter. Pero todo ello no ha cambiado la relación capital-trabajo, no ha variado el carácter esencialmente explotador del capitalismo, no ha variado la relación y el carácter desigual en el intercambio entre países ricos y pobres. No ha cambiado, más bien con estos nuevos recursos y medios se ha profundizado el carácter imperialista que tienen estas relaciones.

Creemos en el objetivo desarrollo de las fuerzas productivas y en el intercambio y enriquecimiento permanente de la subjetividad humana. Seguirán desarrollándose e intercambiándose todas las formas de expresión que tiene la sociedad organizada, tanto en la economía, en la política y en la cultura, concebida esta última en su acepción más general como desarrollo pleno y libre de todas las potencialidades del ser humano tanto de manera individual como colectiva. Sólo en tales circunstancias podríamos asistir a una globalización de la solidaridad, a una globalización de una nueva sociedad. Coexisten por tanto, en esta humanidad (dominada por el imperialismo), “mundialización” con fragmentación; internacionalización del comercio mundial con la regionalización; el libre mercado con la regulación y la intervención; el orden mundial con el desorden. Estas contradicciones y tendencias obedecen en última instancia a la lógica de acumulación y concentración de una inmensa riqueza o mega-capital que atesora un reducido grupo de países del Primer Mundo. Situación de América Latina En la actual configuración del poder capitalista en América Latina, existen varios elementos y consecuencias que debemos considerar, entre los cuales están: 1) En los últimos años el capital estadounidense acrecentó su peso y su posición en la economía mundial, incentivando y dirigiendo fusiones y compra de las empresas estratégicas; basta sólo mencionar que hoy 244 de las 500 mayores empresas del mundo pertenecen a EEUU. Por otro lado, en América Latina 10 de las 20 principales empresas son de propiedad de capitales estadounidenses. El afán hegemónico del poder económico de EEUU frente a la posición del capital europeo y sobre todo del japonés, corresponde a un mismo fenómeno y estrategia trabajada con rigurosidad y decisión por EEUU cuyo objetivo es el control de las instituciones que administran las finanzas, y así también el control del poder militar. 2) Las fuerzas fundamentales sobre las cuales se ha sostenido el gobierno norteamericano, son en la actualidad los sectores ligados al complejo de energía-petróleo y la estructura militar-industrial, todos ideólogos militarista de ultraderecha. Junto con la construcción imperialista por medio de la hegemonía económica del Estado yanqui, se han anexado las conquistas militares dirigidas por promotores colonialistas. 3) A pesar de los variados intentos para reactivar las economías en América Latina, estas han sido abortadas por nuevas crisis, producto del saqueo permanente y creciente de nuestros recursos. Altos pagos de la deuda externa han significado transferencias masivas de recursos públicos, vaciando al Estado de capital para financiar la infraestructura, obras públicas, mejorar la competitividad económica, investigación y asistencia social. Las consecuencias de esto, implicó que las acciones de los mercados mundiales fueran mermados (indica que los mercados mundiales mermaron algo) y la economía productiva pasó a ser subordinada del sector financiero, que prosperó bajo la nueva economía no regulada. 4) Mientras las condiciones de pobreza y desigualdad en la distribución de los recursos productivos y el ingreso se encuentran profundamente determinadas por la estructura social y económica, el actual ascenso del imperialismo estadounidense en la región ha llevado a un retroceso a las pocas conquistas obtenidas por la clase trabajadora y sectores medios. 5) El “neoliberalismo” como estrategia del imperialismo ha significado la des-industrialización de un gran número de países en América Latina y los ha devuelto hacia una mayor dependencia de los productos agro-minerales. Esto se ha traducido en el aumento del ejército de reserva de trabajadores, que subsisten en los márgenes de la economía productiva. Los nuevos enclaves de exportación con sus nuevas tecnologías los ha llevado a una mayor integración subordinada a los circuitos imperiales, comerciales y financieros. 6) El intento estratégico del imperialismo estadounidense de instalar el “Área Latinoamericana de Comercio Libre” (ALCA) a través de tratados comerciales como los TLC, significaría un control desde el seno del imperio para terminar de sepultar lo poco y nada de soberanía que queda en los países latinoamericanos. 7) La imposición de un nuevo lenguaje político y un nuevo discurso teórico con el propósito de disimular la acción del imperialismo en la región y en el resto del mundo. Las instituciones financieras internacionales ya no son vistas en su accionar como entidades del sistema capitalista, sino como facilitadores de la supuesta “globalización” y, por tanto, de la creciente “integración” de las economías nacionales.

Entre oropeles y agonías América Latina, con la imposición del proyecto “neoliberal”, ha sucumbido una vez más a la realidad de ser una región periférica (como ha sucedido desde su independencia), tercermundista y subdesarrollada, subordinada económica, política y culturalmente al norte desarrollado y rico. El nuevo modelo golpeó salvajemente a la clase trabajadora y al campesinado, demolió el Estado de Bienestar y allanó el camino para una desbocada expansión del capitalismo, principalmente urbana. En los últimos años se han agravado los niveles de desigualdad y concentración de la riqueza en la región, llegando a ser uno de los más pronunciados del mundo. Podemos constatar que en la mayoría de los países de América Latina aumentó la brecha entre ricos y pobres, siendo nuestro país uno de los que ostenta los mayores índices en desigualdad en el ingreso. Incluso países de mayor riqueza como Brasil y Argentina, muestran absurdas y hasta increíbles cifras de desigualdad. El proyecto “neoliberal” no ha generado un desarrollo armónico para nuestra región, pero es innegable que determinados sectores privilegiados viven en plena modernidad. De los 225 ultra ricos del mundo, 22 pertenecen a la región desarrollada, con una riqueza combinada de 55 mil millones de dólares. Esa cifra es superior en ocho mil millones de dólares al PIB combinado de Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. A nuestras clases pudientes e importantes segmentos de capas medias altas, ya se les denomina «elites globales» y «clases medias globales», ya que siguen los mismos estilos de consumo que las de otras partes del planeta con una preferencia por las mismas «marcas globales». Estos sectores se identifican cada vez más y consideran a conceptos tales como «modernidad» y «desarrollo» como su modo de vida, trastocando tradicionales valores de solidaridad, independencia y soberanía. Por otro lado, enormes masas consumistas de fetiches, egoístas y apáticas -ajenas a la miseria cercana y aplastadas por el actual triunfo ideológico del capitalismo-, atiborran los «mall» de las grandes urbes, e inermes ante los monopolios de la difusión y las comunicaciones, se dejan gobernar votando de cuando en cuando para legitimar la democracia de los poderosos. Importantes sectores cambian patrones de consumo y viven expectantes a un modo de vida «estándar» del primer mundo que la “revolución científico técnica” ha puesto dentro de sus hogares. La “globalización” de una monocultura, la profundización de la dependencia y de las relaciones con el mercado internacional de recursos y capitales, han propiciado la incorporación de selectos grupos de latinoamericanos al modo de vida del Primer Mundo. Amplias capas medias y bajas son alienadas rompiendo viejas tradiciones y costumbres nacionales. La modernidad irresponsable y la condición de continente «periférico y dependiente», facilitan y aceleran las graves consecuencias que tiene para la calidad de vida de los latinoamericanos la degradación y destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, el combustible con plomo afecta en forma permanente el desarrollo del cerebro de los niños, y en América Latina unos quince millones de niños corren el riesgo de perder cuatro o más puntos de CI (coeficiente intelectual) como consecuencia de dichas emisiones de plomo. En los últimos 20 años América Latina y el Caribe han encabezado al mundo subdesarrollado en deforestación, talando más de siete millones de hectáreas de bosques, siendo una parte importante la tala de la reserva forestal mundial del Amazonas. Esto significa casi el doble del ritmo aplicado en Asia sur, oriental y en el Pacífico. Además, hay más de 240 millones de hectáreas de suelo degradadas. Los desastres naturales, su reiteración y el extraño comportamiento del clima, son claras muestras de los efectos de la agresión al medio ambiente. Las pérdidas humanas, los daños económicos y la destrucción de capital productivo ocasionados por desastres naturales han sido particularmente importantes durante los últimos años. Por lo demás, los patrones de consumo actual van en desmedro de la base ambiental de recursos, exacerbando las desigualdades y acelerando la dinámica del nexo consumo – pobreza – desigualdad – medio ambiente. Claramente los mayores consumidores de energía, de recursos y materias primas no renovables son EEUU y los países desarrollados, así como los mayores contaminadores y emisores de gases que recalientan la atmósfera son también EEUU y el Primer Mundo. Los norteamericanos son la única potencia que no se compromete a reducir en nada, en ningún por ciento sus emisiones contaminantes. Plano político y económico Las fórmulas “neoliberales” se aplican suponiendo que las doctrinas librecambistas conducirán inevitable y directamente a la libertad política y la instauración de gobiernos democráticos. Se apropian del concepto entendiendo como «democráticas» las actuales fórmulas representativas donde son cada vez menos quienes participan y se interesan en ser «representados» bajo el actual esquema de partidos políticos. El “neoliberalismo” ha llevado a la estandarización de proyectos políticos de todos los signos. Se intenta de tal manera consolidar, estandarizar y uniformar el modelo, de modo que no importe quién lo administre. Los poderes económicos se han afianzado de tal manera, que han conducido a un mayor alejamiento de la economía respecto de la política. Los centros de poder nacionales o supra nacionales deciden las políticas económicas mientras los gobiernos, con pocos márgenes de maniobra, se han transformado en simples administradores de un sistema que se muestra como único e infalible. El partidismo tradicional ha demostrado no ser el camino para la participación de las

mayorías. La «profesionalización» y la tecnocracia es la falsa «modernización» que se impone como fórmula de conducción y administración política. En uno de sus informes del último tiempo, la CEPAL reconoce que el proceso de “modernización” de las políticas comerciales (que ha tenido lugar en los países de América Latina y el Caribe desde mediados de los años ochenta), no ha logrado aún cambiar sustancialmente la especialización exportadora de la región y su carácter importador de manufacturas y productos industrializados. La mayor parte de las economías latinoamericanas depende de unos pocos productos (especialmente materias primas y recursos naturales), de unos pocos mercados (o de ambos) para sus ingresos de exportación. Además, por más que se pretendió reducir las importaciones, en el último año la balanza comercial de la región fue negativa. Se responsabiliza de ello a la baja de los precios internacionales de algunos productos de exportación, obviando la raíz sistémica de un capitalismo universal. En el nuevo esquema, si algo ha cambiado, es la forma e intensidad del robo a las economías nacionales y por consiguiente, se ha profundizado la explotación de toda América Latina. La región privatiza sus grandes riquezas siendo éstas aún rentables. Poco a poco elimina todo tipo de barreras a los productos extranjeros y se inundan los mercados nacionales con ellos. Los gobiernos se disputan los capitales foráneos tanto de inversiones directas a los sectores más rentables como préstamos «especulativos» a corto plazo. Se privatizan y encarecen servicios tradicionalmente estatales como la salud, la educación y principalmente los fondos de pensiones, ya que estos generan de manera constante y a un largo plazo enormes ganancias que se reinvierten, aumentando las utilidades a sus propietarios. La llamada flexibilización laboral y las nuevas políticas sindicales no llevan otro objetivo que reducir o limitar la capacidad de presión y negociación de los trabajadores, usándose la reducción salarial como vía en última instancia, para elevar las tasas de ganancias del capital. Así, un obrero gana 20 dólares por hora en una empresa de EEUU y 2 dólares en la misma empresa del otro lado del Río Bravo (frontera entre EEUU y México). Por otra parte, América Latina transfiere riqueza neta al mundo desarrollado. La deuda externa latinoamericana equivale al 40 por ciento del producto interno bruto y duplica el valor de las exportaciones de la región, lo que quiere decir que dicha deuda es impagable, y bajo las actuales condiciones, una supuesta moratoria general de la región traería insospechadas e impredecibles consecuencias para el orden económico mundial. Este esquema de relaciones tan desventajosas, sólo puede darse en condiciones de relaciones políticas y económicas de subordinación. Desde la doctrina Monroe hasta hoy, EE.UU. ha luchado por rechazar en la región la presencia de economías poderosas extra continentales. EE.UU. como gendarme mundial, y en clara competencia con Europa y Asia, pretende extender los “Tratados de Libre Comercio” (TLC) a toda la región para crear el «Área de Libre Comercio de las Américas» (ALCA). Pero en nuestra región EEUU año tras año disputa su liderazgo en materia de negocios ante la Unión Europea. Las inversiones norteamericanas que en el área han predominado históricamente sobre las europeas, hoy prácticamente son casi iguales. Son rasgos de una desesperada carrera del imperio previendo que este nuevo siglo será inevitablemente de grandes tensiones por el reparto mundial entre los mega bloques con sus empresas transnacionales. Agresión y control militar Washington está intentando actualizar el papel de los ejércitos latinoamericanos en un esquema de subordinación. La nueva estrategia fue afinada en noviembre de 1999 durante la XXIII Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), celebrada en La Paz, Bolivia. A ésta, asistieron representantes de las fuerzas armadas de 17 países miembros de la misma. Allí se acordaron las tácticas y estrategias que sustituyen la «amenaza externa» y la «subversión comunista», propias de la guerra fría, por las renovadas consignas de combatir el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal y la defensa del medio ambiente. Acorde con esto, EEUU diseñó el Plan Colombia, que forma parte de un proyecto militar global del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio, pero, no es otra cosa que una estrategia de guerra, encubierta con proyectos de desarrollo económico y social. Queda claro que el Pentágono está adoptando un enfoque estratégico al estilo «salvadoreño» en los 80, con la intención de realizar una guerra aérea tipo Kosovo, (armada y biológica), contra las fuerzas rebeldes colombianas, una concepción que evita la intervención militar directa de los norteamericanos, favoreciéndose una asistencia escalonada en forma de equipos, asesores, entrenamiento y tecnología de inteligencia. Colombia es el escenario piloto de aplicación de dicha estrategia, la que involucra una segunda fase con la participación de las fuerzas armadas de toda la región. Las acciones de control militar contempladas en el Plan Colombia forman parte de una estructura regional de seguridad dirigida por el Comando Sur del ejército de EE UU. con participación de otras agencias estadounidenses. Un conjunto de bases desplegadas por todo el continente aseguran la total vigilancia del espacio aéreo en toda la región: las de las islas holandesas de Aruba y Curazao, conjuntamente con las de Roosevelt Roads (Puerto Rico), Bahía de Guantánamo (Cuba), Liberia (Costa Rica) y Soto Cano (Honduras). Pero los puntos clave, en consonancia con el avance hacia América del Sur, son las nuevas bases militares que EE UU. montó en Iquitos, en la Amazonia peruana, en Manta (Ecuador) en de Tres Esquinas en Caquetá al sur de Colombia. Esta estrategia militar norteamericana, que obedece al deterioro progresivo de su influencia política y económica en el continente, revela la absurda y criminal preferencia de Washington por una región desestabilizada (lo que supondría la dependencia de los

gobiernos regionales a su ayuda militar y económica, situación que alimentaría a sus transnacionales y a su complejo militar-industrial) a un mercado común sudamericano integrado e independiente en el que debería competir en igualdad con la Unión Europea y otros polos político-económicos del mundo. La opción de EEUU puede llevar no sólo a una regionalización del conflicto colombiano, sino también a un empantanamiento bélico en la zona andina de consecuencias insospechadas. Clase Obrera, trabajadores rurales y sectores medios en América Latina Comenzado el nuevo milenio, el estancamiento y la crisis se sigue proyectando hacia un colapso de enorme magnitud. Se han intensificado los «rescates» del FMI. y del Banco Mundial, mientras el crecimiento negativo y el desempleo de dos dígitos son sólo comparables al permanente ejército de reserva de subempleados (sector informal) que alcanza proporciones de 50%, 60% y hasta de 70% de la población en países como Argentina, México, etc. Por otro lado los ingresos por exportación se siguen desplomando, se reducen las importaciones, y las deudas externas e internas limitan cualquier recurso que los Estados pudieren utilizar para estimular las economías. El ciclo “neoliberal” avanza hacia un colapso explosivo. Esta “construcción neoliberal” ha tenido consecuencias negativas sobre la clase obrera, la legislación laboral y la organización sindical. La política económica de los gobiernos subordinados al imperialismo ha significado la transformación de trabajadores activos en cesantes, sub-empleados y vendedores ambulantes de mínimos ingresos. Esto está estrechamente ligado con la fragmentación y dispersión del empleo, descenso de trabajadores afiliados a sindicatos y cambios radicales en la legislación laboral. El proceso de reestructuración de la dominación imperialista que contempla entre sus medidas, la apropiación de las industrias estratégicas, la eliminación de las barreras comerciales y el desmantelamiento de la legislación laboral, persigue aumentar la tasa de ganancias de las corporaciones multinacionales. Esto se traduce, en el ámbito de los trabajadores, en disminución de su organización y de las condiciones de vida y laboral. El avance de los intereses imperialistas en América Latina abarca la mayor parte de la clase obrera pero no todos los sectores. En algunos países los trabajadores de sectores estratégicos han resistido la ofensiva de los gobiernos lacayos y de los intereses estadounidenses por privatizar sectores también estratégicos. En Ecuador y México trabajadores de las eléctricas y petroleras han sabido oponerse a estos intentos. Como resultado de las transformaciones “neoliberales” los trabajadores de la industria y minería han perdido el papel central en las luchas sociales. Las organizaciones sindicales, sólo han mantenido las luchas por el trabajo y las condiciones de vida, planteando alianzas con grupos urbanos y rurales más dinámicos. En Argentina por ejemplo, los trabajadores cesantes han dirigido las luchas de corte y bloqueo de caminos, exigiendo empleo, salud, vivienda, etc. Organizaciones urbanas que abarcan diversas fuerzas sociales, han encabezado las luchas en Cochabamba (Bolivia) protestando por la privatización de los servicios públicos y el agua, así como también en Arequipa (Perú), en Quito (Ecuador), en Santo Domingo, en Bogotá, etc. Por otro lado los efectos de las transformaciones políticas-económicas propiciadas por el imperialismo han sido devastadoras para los sectores rurales (campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales y comunidades indígenas). El ingreso de productos agrícolas subvencionados por las grandes potencias, arruina constantemente a los pequeños productores. En México 2 millones de familias campesinas han sido expulsadas de sus tierras desde que se impuso el Tratado de Libre Comercio. El hecho de abrir las puertas a las exportaciones baratas subsidiadas, ha significado el crecimiento de una mano de obra rural sin tierra, así también, migraciones a barrios urbanos con el resultado de aumento de los sectores cesantes e informales, y el resurgimiento de movimientos radicales campesinos–indígenas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN y otros. Producto de las políticas de des-industrialización, el Estado es incapaz de reducir las migraciones rurales. Así para impedir un levantamiento de estos sectores, el Banco Mundial financia a más de 10 mil ONG para orientar a estos movimientos hacia posiciones más conservadoras y así no desafíen los intereses imperialistas y a los gobiernos internos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, han surgido grandes movimientos políticos rurales basados en las demandas económicas y étnicas en todas parte de América Latina como son; el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) en Brasil, CONAIE y FENOCIN en Ecuador, los Cocaleros de Chapare (Bolivia) y la Federación Nacional de Campesinos en Paraguay, entre otros. El MST ha ocupado tierras y ha establecido a 350 mil familias en menos de 20 años. En Ecuador los movimientos indígena-campesinos ya han derrocado a regímenes neoliberales. Estos movimientos se han transformado en una fuerza anti-ALCA. En Bolivia el cierre de las minas de estaño y la conversión de los mineros en cultivadores de coca, ha significado el traslado de las experiencias organizativas y la experiencia de lucha de los mineros, provocando una radicalización en los movimientos rurales que junto a otros sujetos sociales pudieron derrocar a los gobiernos de Sánchez de Lozada y Carlos Meza.

El desalojo y apropiación de las tierras de los campesinos en Colombia por fuerzas narco-militares y militares se ha traducido en un aumento de las filas de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En lo que respecta a los sectores medios (que están constituidos entre otros por funcionarios públicos, que incluyen a profesionales médicos y docentes, pequeños y medianos empresarios y agricultores), han sufrido una baja de su nivel de vida y de sus ingresos, también el aumento de la cesantía y la pérdida de protagonismo político. En toda América Latina los sectores medios han disminuido de tamaño, pero a la vez han tomado más protagonismo en las movilizaciones sociales, aliándose con diversos movimientos políticos y sociales. La proletarización de estos sectores los lleva a tener una visión negativa del ALCA y del imperialismo. Sin embargo, no está ausente este sector de una polarización interna que dirige a un sector minoritario a apoyar las medidas neoliberales. La ruina de los sectores medios y la caída de los niveles de vida y de ascendencia social, han llevado a este sector ha diversas expresiones de acuerdo al contexto político. Fundamentalmente de acuerdo a quien visualiza como causa y fuente de su situación es a quien dirigirá su malestar. Este sector no tiene ninguna condición interna que lo predisponga en una u otra dirección. Hacia una posición latinoamericanista El desmedido poder del imperio norteamericano tiene un solo límite a su voracidad, y es la unidad de nuestros pueblos, la que debe comenzar por la unidad sólida de sus organizaciones políticas y sociales. Para que ello tenga posibilidades reales de hacerse efectiva es imprescindible una concepción común antiimperialista basada en la historia de las relaciones políticas y económicas que ha tenido EEUU con nuestra región. América Latina tiene más extensión en superficie que toda América del Norte (incluyendo Canadá). América Latina tiene más habitantes y tantas riquezas naturales como el norte rico. América Latina lo que no tiene es desarrollo económico y un históricamente pobre y limitado sentido de ser latinoamericano. A la región le es imprescindible la unidad, y la razón más profunda de esta necesidad es justamente la existencia misma del Imperio. Un poder tan desigual y con conductas tan agresivas, capaz de desatar brutales guerras sin consideración a sus costos humanos ni materiales, es razón de primer orden a considerar en los nuevos proyectos políticos. Es más, para ser objeto de agresiones de cualquier tipo o sufrir la invasión del Imperio, los proyectos no necesariamente tienen que ser de tipo socialista, basta con tener un contenido nacional, con querer romper el orden y lugar asignado a nuestros países en la distribución de los poderosos, basta con querer redistribuir mejor las riquezas impidiendo que ésta salga a raudales al extranjero, para que el Imperio sienta amenazados sus “intereses y seguridad”. Las justificaciones para las invasiones se fabrican, en eso son expertos y cuentan con el monopolio casi absoluto de los medios de difusión masiva. Sólo en las últimas décadas varios países latinoamericanos sufrieron agresiones abiertas o encubiertas: Cuba, República Dominicana, Granada, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y otros más que ni siquiera pretendieron construir el socialismo. Ya existen gobiernos en la región que están dispuestos a legitimar las decisiones imperialistas. Ante tantas objetivas consideraciones no queda duda de que existe un gran y permanente enemigo del progreso y la vida de los pueblos latinoamericanos: el Imperialismo Norteamericano. A largo plazo éste será el eje orientador de las luchas y quien despeje todo tipo de contradicciones entre aquellas organizaciones que por las más disímiles formas combaten y se oponen a sus imposiciones y voluntades. Por lo mismo, los modelos económicos y políticos neoliberales y su propuesta anexionista denominada ALCA debieran ser nuestros objetivos de lucha regionales más inmediatos. El “neoliberalismo” ha tenido la capacidad de entorpecer y fatalizar la composición de los sectores más desposeídos. Contra esto debemos luchar, demostrando con la acción revolucionaria que cada sujeto social tiene lo necesario para modificar sus condiciones objetivas de vida. Combatir al consumismo desintegrador y alienante donde más le duele: en la creación de subjetividades colectivas. Hay enriquecer la subjetividad de nuestros pueblos cultivando y fortaleciendo sus sueños y aspiraciones, intentando que éstas sean cada vez más alcanzables y posibles; luchando por una individualidad en armonía con lo colectivo; verdaderas herramientas para enfrentar la enajenación y el individualismo potenciados por la cultura del capital. En este camino, el Internacionalismo debe superar los conceptos hasta ahora aplicados y llegar al debate político y al intercambio de realidades y proyectos. La reciprocidad debe estar basada en el compartir plenamente las nuevas experiencias que emergen de la lucha de nuestros pueblos. III. Situación Nacional El modelo nacional de “desarrollo” impuesto en Chile acumula contradicciones que aún no se transforman en «crisis» profundas; o empleando conceptos marxistas, maduran las condiciones objetivas que obligan a realizar cambios, mientras existe un enorme retraso en las llamadas condiciones subjetivas. El poder «formador de opinión» que tienen los actuales sistemas de difusión masiva, termina por modelar a un ser egoísta y enajenado que se gestó en dictadura.

En nuestra historia no son nuevas estas etapas de involución, no es desconocido que nuestra formación como nación está forjada a través de grandes, convulsos y acelerados saltos, que se dan después de prolongados períodos de acumulación de contradicciones en una relativa “paz social”. El sistema de dominación Las condiciones que originan las luchas de clases en el país, están dadas por las formas de organización del sistema productivo, las formas de propiedad y la desigual distribución de la riqueza, por las condiciones de trabajo de los asalariados, por la organización de sectores que detentan el poder político y económico que se van desarrollando previa y posterior a la independencia de la colonia española. Concluida la independencia de Chile de España, fue la denominada “Oligarquía Terrateniente” la dominante en el país, la cual organiza la República representando a la clase propietaria de la tierra, con una mayoritaria población campesina marginada de toda participación social que en su época no se organiza ni tiene conciencia como clase social. Nuestra economía nace articulada y dependiente de los mercados extranjeros, sobre todo el inglés, durante gran parte del siglo XIX. Un sistema económico heredado del colonialismo, basado en la exportación de materias primas al mercado internacional. Es un rasgo característico el que nuestro país organice su dependencia de los mercados industriales extranjeros conformando una economía atrasada, que en gran medida se desarrolla y crece en base al trabajo intensivo y la explotación de mano de obra, tanto en la minería como en la agricultura. No es sino a fines del siglo XIX que se hace significativa la importación de instrumentos de labranza y maquinaria agrícola. En la minería hubo mayor desarrollo de las fuerzas productivas, primero con la introducción de nuevas tecnologías para la exportación de la plata y luego en la industria fundidora de cobre, y posteriormente el salitre. Poco se demoró Chile en organizar un Estado estable que permitiera a los sucesivos gobiernos administrar al país, y representar los intereses generales de todas las fracciones de la clase dominante, amortiguando sus contradicciones e intereses coyunturales a veces contrapuestos. El Estado es el principal instrumento encargado de mantener el orden social y por lo tanto de regular y reproducir las relaciones sociales de producción. El aparato del Estado, el modelo económico y el régimen político o forma de gobierno, constituyen los principales componentes del «sistema de dominación» por el cual las clases imponen sus intereses. Con relación al Estado Chileno posterior a la colonia, hay que definirlo tanto por su raíz de clase, como por su relación de dependencia respecto del capitalismo mundial. En tal sentido, lo entendemos como un Estado burgués que se hizo cada vez más dependiente. Un Estado burgués, administrado por la burguesía minera y comercial en alianza con la llamada oligarquía terrateniente, representadas políticamente por los partidos liberal y conservador. El siglo XX trae consigo nuevas formas de administrar a un país que venía sufriendo cambios en su desarrollo económico, lo mismo que la reorganización de las fracciones dominantes con el fortalecimiento de sectores medios y de la pequeña burguesía, y un Partido Radical que buscaba aglutinarlos. Pierden predominio los sectores terratenientes a manos de la burguesía industrial (minera) y comercial, para comenzar los primeros pasos del sector bancario y financiero. Al comenzar la tercera década del siglo en cuestión, el país vive un período marcado por el tránsito de la dependencia del imperialismo inglés al imperialismo norteamericano, la crisis mundial capitalista, la convulsión política y social interna, y el creciente desarrollo de la organización y movilización de la clase obrera, contexto en el cual toma forma una nueva fase del capitalismo, un nuevo proyecto de organización de la sociedad basado en el desarrollo de la industria nacional, que se propone reemplazar los productos traídos desde el extranjero por productos hechos en el país, dando así forma a un «patrón de acumulación de sustitución de importaciones» o de semi-industrialización, aunque los recursos minerales más importantes continuaron en manos extranjeras hasta 1970. El orden social del país durante este período representa al papel preponderante de la burguesía industrial. La sociedad se organiza sobre la base de un “Estado benefactor”. Este se caracteriza por su rol activo como principal agente económico y social de un modelo cimentado en el fomento de la industria nacional y el mercado interno, que reduce las importaciones y concentra las exportaciones en la minería. A si mismo, el Estado asume las contradicciones propias del capitalismo dependiente y políticas sociales para enfrentar sus efectos en la población. Este régimen político es el que consagra la constitución de 1925, que permitió una mayor participación social y política en los márgenes democráticos burgueses, con organizaciones de izquierda legalizadas que llegaron a contar con gran representación parlamentaria (PC-PS). El mismo que en su apogeo vio llegar al gobierno de la Unidad Popular. Desarrollo de la clase obrera Si la Independencia no cambió en lo fundamental las relaciones de producción, podemos decir que desde la época colonial, y como «chilenos» durante casi dos siglos, la clase trabajadora viene sufriendo los mismos rigores de la explotación y la pobreza.

Sin embargo, una clase no se define únicamente por su estructura o por lo que se denomina clase en sí. La categoría clase en sí no hace alusión a una expresión de conciencia sino que a la sola existencia de la clase como parte de la estructura de una formación social. Siempre hay que distinguir entre la clase como estructura y la posición que en el conflicto social y político adopta una clase o una fracción de ella. Por ello es importante analizar las clases en su de desarrollo incluyendo su comprensión de la realidad global y su proyecto histórico, es decir, su conciencia para sí o su conciencia política de clase. Esto es válido para todas las clases, no sólo para el proletariado. En las sociedades de los países dependientes como los de América Latina, junto a la burguesía y al proletariado industrial existe el proletariado rural y minero, un numeroso campesinado pobre, una vasta pequeña burguesía rural y urbana, capas medias asalariadas, además de comunidades indígenas que también pueden ser parte de las fuerzas motrices del cambio social. Decía Engels que «las circunstancias hacen a los hombres como no menos que los hombres hacen a las circunstancias». La conciencia de clases va cambiando y se expresa de diferentes maneras, porque su desarrollo es un proceso heterogéneo, desigual, contradictorio en el tiempo y en el espacio. Pueden existir sectores proletarios con una conciencia de clases más desarrollada que otros, pero no se puede hablar de una conciencia de clase generalizada de todo el proletariado. En Chile fue lento y penoso el despertar de la clase obrera a partir de reducidos núcleos, mientras la inmensa mayoría de los asalariados —por generaciones— soportaron brutales condiciones de vida y de explotación. Esta visión en ningún caso empaña las primeras luchas y a sus protagonistas. Al situarlas en un contexto más real, alecciona al futuro y las enaltece reconociendo la inmensa voluntad, perseverancia y estoicismo desplegado por estos pioneros enfrentados durante toda una vida a las más adversas condiciones que les imponía esa lucha. Desde 1890 crece el movimiento obrero que se agrupó en el sector minero, en puertos, ferrocarriles y talleres; el mismo año que surge la primera huelga general en el norte y que se extiende a los principales centros urbanos. Más de 300 conflictos se desarrollaron entre 1890 y 1900. Famosas son las Huelgas de 1903 en Valparaíso, 1905 en Santiago (la “Semana Roja”), y la huelga del salitre que culmina con la masacre en Iquique en 1907. Las matanzas hicieron famoso a Chile por el grado de crueldad y masividad, y cumplieron su objetivo de desmovilizar temporalmente a los más combativos y amedrentar a las mayorías que aguardan las tendencias. Este esquema se repetiría casi de forma invariable hasta la década del 30 del pasado siglo, con breves «espacios» de relativa calma pero no sin lucha, con un importante grado de desarrollo de las fuerzas productivas, toma de conciencia, nacimiento y organización del sindicalismo y de los partidos populares con su laboriosa tarea educadora y propagandística, influenciados por los acontecimientos internacionales y del pensamiento revolucionario internacional, que entre otros factores incidieron en todas las etapa convulsa de nuestra sociedad en el tránsito del siglo XIX al XX. Allí está el origen de ese complejo y largo camino de los trabajadores en la transformación de «clase en si” para llegar a ser «clase para sí». En una apretada síntesis, el movimiento obrero desde la fundación de las sociedades de resistencia en 1898, las primeras mancomunales en 1900, la Federación Obrera de Chile (FOCH) en 1909, y el Partido Obrero Socialista en 1912, vive un período marcado por la radicalidad de las luchas y la violencia popular a niveles masivos. Los años 30 hasta 1973 se desarrolla un movimiento sindical al calor del mencionado proceso industrializador, siempre al alero de la constitución de 1925, las representaciones parlamentarias de los partidos de izquierda y la política de los Frentes Populares, nacidos en el contexto mundial de lucha contra el Fascismo como una estrategia del movimiento comunista internacional. Las luchas sindicales reivindicativas hacen que la institucionalidad, con la promulgación del código del trabajo de 1931, reconozca a un movimiento obrero como un sujeto social organizado y lo transforme en un interlocutor con el Estado, a través de organizaciones nacionales como la CTCH (1936) y la CUT (1953), etapa que de todos modos no estuvo exenta de masivas y combativas luchas obreras, y la consiguiente y brutal represión gubernamental. La clase trabajadora fue la columna vertebral del movimiento popular, llegando a alcanzar los mayores niveles de protagonismo social y político en la historia del país, y el llamado “Estado de Bienestar” expresa dicho avance. Carácter general del período A mediados de la década del 60 el modelo económico chileno de sustitución de importaciones comenzó a mostrar fuertes fisuras. La economía disminuye su crecimiento, aumenta la inflación, la deuda externa se incrementa, etc., lo que refleja en Chile el colapso de una determinada forma de capitalismo (“El Estado de Bienestar”) que por esos días vio caer sus tasas de ganancia en todo el mundo, proceso que llegó a su climas en 1973 con la llamada crisis del petróleo. Esta crisis agudizó las diferencias al interior de la clase dominante, debilitando los consensos y conducción que durante largos años la uniera, como se demostró en las elecciones de 1970. En síntesis, el largo proceso de acumulación de fuerza social realizado por el movimiento popular desde los años 30, alcanza sus mayores niveles de cohesión en torno a un proyecto político alternativo al capitalismo de entonces con los Frentes Populares, que en alianza con la pequeña burguesía, el campesinado y parte de los sectores medios, plantea hacer cambios estructurales en la sociedad e iniciar la construcción del socialismo a partir del gobierno, mediante una estrategia electoral

dentro de los márgenes de la legalidad, carácter que se fundamentaba en el régimen político democrático y en el supuesto «constitucionalismo» de las FFAA chilenas. El logro electoral de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970 representa una conquista concreta de dicha estrategia, que no sólo instala a la Unidad Popular en el Gobierno, sino que también agudiza la crisis al interior del sistema de dominación existente (que tuvo muchas de las características propias de un período de crisis nacional revolucionaria) y que al final se resolvió a favor de la burguesía mediante el Golpe de Estado de 1973. El sistema de dominación después del golpe Algunos años después del golpe se clarifican las hegemonías al interior del poder, surge un nuevo proyecto de país, una nueva reorganización capitalista luego de la derrota estratégica del movimiento popular y la aniquilación de sus organizaciones políticas y sociales. Se impulsa el llamado «modelo neoliberal» como contenido económico y social de dicho proyecto, así como su nueva forma de inserción en el mercado mundial. Haciendo historia, al principios de los años 80 del siglo XX, surgen en la conducción del régimen militar los intereses de un nuevo sector o fracción de clase, la llamada «burguesía monopólico financiera», que en alianza con el capital transnacional da forma a una economía exportadora de materias primas o productos con bajos grados de elaboración, y a su vez, importadora de productos altamente elaborados. Este sector asciende a partir de la crisis de 1982, luego de la quiebra de un importante grupo de empresas vinculadas al sector industrial, y la apertura al ingreso del capital transnacional que se articula al capital nacional, generando grandes grupos o conglomerados económicos orientados a la captación de empresas estatales privatizadas. Así se vinculan a diversas y variadas actividades en todas las áreas de la economía del país, en los recursos naturales, las materias primas, servicios y el sector financiero y comercial, abandonando su tradicional especialización. En el área económica, el período se caracteriza por un proceso de liberalización de los mercados, desmantelamiento de la industria nacional, privatización de los servicios y apertura a los mercados internacionales, concentrándose en ciertos productos para exportación y dependiendo de la importación de la mayor parte de los bienes de consumo. La actividad exportadora está relacionada con los recursos naturales, materias primas y productos con muy bajos grados de elaboración, (maderas, frutas, salmones, harina de pescado, celulosa, etc.) estableciéndose 5 áreas estratégicas de desarrollo: la minería, los productos forestales, la agroindustria, la pesca industrial y el cultivo de salmones. La “modernización” de la economía nacional, se realiza principalmente en base a la reorganización de los procesos productivos (la llamada fragmentación; los grupos económicos abarcan horizontalmente todas las áreas de la economía del país buscando mayores ganancias) y la desregulación o flexibilización del mercado del trabajo consagradas en la Ley Laboral, herramienta legal en la que por medio del debilitamiento del sindicalismo y la amenaza permanente de la cesantía, se busca la disminución del costo de mano de obra (bajos salarios) para aumentar el crecimiento del capital. En lo político, teniendo a las FFAA como instrumento principal, la burguesía institucionaliza esta reestructuración con la Constitución Política impuesta en 1980, cuyo objetivo fundamental fue sentar las bases de un tipo de régimen político a la medida de la mencionada fracción burguesa dominante, el cual presenta severas restricciones en relación al orden democrático-burgués anterior También debemos citar a la Justicia Militar, con el poder de juzgar y condenar a civiles, en particular militantes de organizaciones revolucionarias y luchadores sociales, permitiendo que una persona sea juzgada doblemente y con condenas sumatorias por los tribunales civiles y militares, en virtud de la Ley Antiterrorista y de Control de Armas y Explosivos. El sistema asigna a las FFAA un rol determinante en la vida política nacional, promoviendo el fortalecimiento de éstas en términos materiales. En las últimas décadas se ha desarrollado una vasta operación de crecimiento del poder bélico ofensivo y defensivo de la fuerza militar chilena, bajo una concepción doctrinaria que mantiene las hipótesis de la existencia de un conflicto interno potencial que requiere del control político de los militares sobre el mundo civil, con un ejército autonómico, que se sitúa por sobre la sociedad y debe estar permanentemente preparado para resguardar la “Seguridad del Estado”. Las bases que sustentan este fortalecimiento operativo es el desarrollo del complejo militar industrial (ASMAR, FAMAE y ENAER) y un elevado presupuesto que contempla el 10% de las utilidades de CODELCO. Proporcionalmente el gasto militar chileno alcanza según estimación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al 4 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), que es el más alto de América Latina, igualando al presupuesto total de Educación y superando también al de salud, que es el más bajo de América Latina. Otra característica del sistema es la incidencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en el Estado Chileno; la DSN es una clara expresión política de la ideología imperialista y fue elaborada en Estados Unidos tras el triunfo de la revolución cubana en 1959 y del desarrollo de los movimientos de liberación que surgieron en el continente. Constituye el fundamento ideológico del terrorismo de estado y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras militares en toda América Latina, en la década de los 70 y 80. Según la definición del Pentágono, la DSN es el conjunto de “medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por los gobiernos para

vencer la insurgencia subversiva”. Desde esta perspectiva, las dictaduras militares fueron un instrumento de expansión del imperialismo en su guerra contra el comunismo y/o el “enemigo interno” que atentaba contra sus intereses en el continente. La DSN transformó la lógica del Estado. El llamado “Estado de Seguridad Nacional” se tradujo en Chile en el conocido “Estado de Excepción”, el que operó a través de formas ilegales y/o al margen de la legalidad institucional tradicional. De ahí que la impunidad sea un elemento intrínseco a esta nomenclatura. Esta idea de “guerra permanente” se construye sobre concepciones políticas y técnicas favorables a los intereses del gran capital, en la militarización del aparato del Estado y en la creación de una ideología de la inseguridad que define la “seguridad de la nación” como un objetivo superior. La DSN además incide sobre las estructuras jurídicas, sustituyendo a las que se consideraban ineficaces, débiles y obsoletas respecto del orden represivo y el control social requerido, y aceptando la utilización de organizaciones represivas de carácter clandestino y de métodos por fuera del ordenamiento jurídico tradicional. Por último, la DSN fue la herramienta para propagar una sensación de inseguridad permanente a través de los medios de comunicación y las intervenciones públicas de los políticos oficialistas, generalizando una situación ficticia de peligro, multiplicando miedos abstractos enmarcados en estereotipos, y promoviendo la aceptación de la eliminación del otro como un medio legítimo para lograr la seguridad, lo que lleva a la justificación ideológica de crímenes aberrantes. Luego del paso de dictadura militar a gobiernos civiles, la DSN evolucionó hacia el concepto de “Seguridad Ciudadana”, debido requerimientos coyunturales de cautela del orden público no restringidos a políticas puramente represivas. En estos años, ha quedado evidenciado que para el bloque en el poder, el mayor de los peligros lo constituye la agitación social derivada del descontento de los sectores afectados por las políticas económicas y sociales. Por ello, los distintos gobiernos civiles han promovido una gestión fuerte del orden público, entregando amplias facultades a los organismos operativos y de inteligencia, aún a costa de conculcar los derechos de la población. La política de Seguridad Ciudadana ha contemplado entre otros aspectos, el aumento de las penas, la construcción de más recintos penitenciarios y cárceles de máxima seguridad, la tipificación de nuevas conductas delictivas y la creación de mayores atribuciones represivas. Los servicios de inteligencia se consagran a recabar información que les permita detectar cualquier forma de descontento mediante las intercepciones telefónicas o de correos, la infiltración, la delación y recompensa, entre otras modalidades. Para implementar la política de Seguridad Ciudadana, los diferentes gobiernos han adoptado medidas entre las cuales se pueden mencionar: - La reestructuración de las fuerzas policiales basada en la especialización de sus funciones, conjuntamente con un reforzamiento operativo particularmente evidente en las formas militares que caracteriza a algunos cuerpos de elite. - Las labores de inteligencia se transforman en un aspecto relevante de la actividad policial. Para facilitar su proceso de modernización técnica y científica, se les han asignado elevados presupuestos. - Las actividades de inteligencia y el desarrollo de una política de represión de la subversión y los conflictos sociales se dirigen directamente desde el Ministerio del Interior, y a partir del año 2003 se concentraron en nuevo sistema de inteligencia que cuenta con cuatro componentes: la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las direcciones de inteligencia de las FF.AA. y las direcciones o jefatura de inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad públicas. Todas ellas, coordinadas a través del llamado “Comité de Inteligencia”, presidido por el director de la ANI. Su finalidad y objeto es dotar de información al Presidente de la República, para la toma de decisiones en el campo de la seguridad interna. La ANI está dedicada al combate contra los “grupos terroristas nacionales o internacionales, el crimen organizado transnacional y la contrainteligencia”. Para el cumplimiento de estos objetivos, el director de la agencia cumple este rol bajo la exclusiva confianza del Presidente de la República. El consenso político y social en torno a la “Seguridad Ciudadana” se constituye en un punto crucial para los gobiernos civiles. De los niveles de percepción de la población ha dependido la forma como las fuerzas represivas enfrentan la disidencia política. Para ello, se ha instalado en el ámbito social un sistemático despliegue comunicacional preocupado de fomentar la idea de un incremento permanente de la delincuencia y de la necesidad de “defender a la sociedad”, convocando a ser partícipes en las medidas preventivas, informativas y represivas del Estado. Así, en el discurso de las autoridades políticas y policiales, el concepto de guerra permanente, propio de la DSN, ha adquirido la forma de “guerra al delito” o “guerra al crimen”. Al mismo tiempo, ha aumentado las trabas a las excarcelaciones por motivos políticos y la persecución a los representantes del mundo social y político popular e indígena con leyes abusivas e injustas (como la Ley Nº 18.314 de conductas terroristas) sobre la base de una supuesta “peligrosidad” social. En el plano internacional, y por lo general en desmedro de la soberanía de los Estados, se perfeccionan las estrategias de coordinación para luchar contra los “nuevos” peligros, tanto en el plano ideológico como operativo. Surgen nuevos conceptos para la educación ideológica de la población que identifican, por ejemplo, la insurgencia con el

“narcoterrorismo”. Se organizan encuentros internacionales destinados a la cooperación en la represión, se firman tratados, y convenciones que suprimen las restricciones fronterizas a la intervención policial directa y la investigación de los organismos de inteligencia, los que trabajan conjuntamente con las policías y organismos especializados en los distintos países de América. En definitiva, es el Estado el principal garante del “neoliberalismo”; la clase dominante ajustó el aparato estatal a sus intereses, transformando sus mecanismos de intervención económica y social en el país por la vía de reducir drásticamente su incidencia en ese campo, pero fortaleciéndolo y modernizándolo en su rol de control y represión a los sectores sociales y políticos opositores al sistema, vía por la cual han podido recurrir tanto a la represión, como a la institucionalización de las organizaciones sociales (juntas de vecinos, sindicatos, etc) para que las demandas populares no amenacen el modelo instaurado, y el uso de los medios de comunicación social como una eficiente arma de manipulación ideológica en la sociedad. Antecedentes de una larga lucha Entre 1983 y 1987, en el contexto de la recesión económica de aquella época, surge como actor protagónico el gran movimiento antidictatorial que logró remecer las bases y la invulnerabilidad del régimen militar. Esta lucha popular se retroalimentó con el fortalecimiento de las organizaciones políticas de izquierda y su proyección revolucionaria, sumando o al menos neutralizando a la pequeña burguesía y las capas medias (el denominado “centro político”: la DC, la Social Democracia y sectores de la derecha), y profundizando las diferencias al interior del bloque en el poder (FFAA, derecha política y económica), que empujaron al imperialismo a promover una salida política restringida en función de asegurar sus intereses estratégicos. Después de 4 años de movilización y disputa por la hegemonía del movimiento antidictatorial, los sectores populares no pudieron imponerse debido a la carencia de un proyecto político único y coherente, y la falta en la izquierda de una perspectiva estratégica y táctica (en lo político y militar), que basada en el pueblo, le permitiera alcanzar supremacía sobre el centro político para enfrentar a la tiranía (ocurriendo a la larga lo contrario), lo cual entre otros factores, dio tiempo al régimen militar para recuperar la iniciativa y pasar a la ofensiva en todos los planos. La salida a la crisis política de este período fue conducida por la burguesía y sus partidos, el “imperialismo” y la propia dictadura, la cual logró resolver los problemas de legitimidad institucional del sistema y la continuidad del régimen militar bajo el liderazgo de Pinochet, a través del plebiscito de 1988 (Sí - No). Con la derrota electoral del dictador en esta instancia, se abrió paso al cambio negociado del régimen político que hasta ahora rige en el marco del capitalismo dependiente, proceso de tránsito que se concretó en las reformas constitucionales de 1989 y las elecciones de 1990. Esta negociación política (que comenzó a desarrollarse a partir de la primera crisis del régimen dictatorial en septiembre de 1983), tomó nueva forma posterior al plebiscito de 1988, cuando pasó a ser conducido por las FFAA y las representaciones políticas de la clase dominante en su conjunto: la Concertación y la Derecha , reorganizándose así desde 1990 el bloque en el poder sin alterar la hegemonía de la burguesía monopólico financiera. Ello se basa en un consenso económico neoliberal en el que los grandes grupos económicos tienen también un rol político, incidiendo según sus intereses en materias tan importantes como el empleo o la inversión, y contando con representación política directa a través de sus organizaciones gremiales (Confederación de la Producción y el Comercio). Las contradicciones dentro de este bloque tienen que ver con la disputa por la administración del modelo y por cuotas internas de poder. Situaciones puntuales como los juicios a militares y al propio dictador pudieron tensar las relaciones al interior de este bloque, aunque lo que efectivamente puede alterar la correlación de fuerzas en su seno (como ha ocurrido en la historia) son los efectos de la crisis económica del modelo político y económico que ellos mismos han impuesto. Claramente, en términos de clases sociales, a través de este breve análisis podemos desprender a los enemigos principales o estratégicos de los trabajadores y el pueblo: el imperialismo y la burguesía monopólico-financiera aliada al capital transnacional, y sus enemigos inmediatos, quienes hoy impulsan y administran el modelo neoliberal: los gobiernos de turno, la Concertación, la Derecha y los grupos económicos. Los ajustes en el bloque dominante y la crisis económica Estructuralmente, el sistema confirma el régimen político establecido en la Constitución de 1980 con un modelo de acumulación económico basado fundamentalmente en las exportaciones primarias. El “desarrollo” está asociado a la inversión productiva en los recursos naturales, los servicios privatizados (electricidad, comunicaciones, etc) y las concesiones de en obras públicas e infraestructura. Si bien el sector comercial y financiero ha tenido un crecimiento, en los últimos años, el modelo chileno se ha sostenido principalmente en la explotación y exportación -bajo la propiedad y dirección de los grandes grupos económicos y el capital internacional- de materias primas provenientes del sector minero (el cobre chileno ya está privatizado; en dichas manos está la mayor parte de la producción y exportación del mineral, con más del 60%), productos forestales, agroindustria, la pesca industrial y cultivada (salmones), representando en conjunto el 80 %de las exportaciones nacionales.

La transición pactada en los años 80, la generación de consensos, “acuerdos marcos”, “mesas de diálogo” o “pactos” sobre diversas materias como forma de conducción política en el período de los gobiernos de la concertación, y en definitiva la correlación de fuerzas en el bloque dominante en estos últimos años, han resuelto su estabilidad en el consenso neoliberal, pero sobre todo, en la expansión de dicho modelo de acumulación con un crecimiento económico promedio de un 7% hasta la década de los 90. Sin embargo, a fines de este período se produce el fin del ciclo expansivo de este modelo, el cual padece de una gran vulnerabilidad y dependencia de la situación internacional y la conducta de los mercados, variables que se tornan adversas a partir de 1997 cuando los precios de las materias primas caen disminuyendo los ingresos de las exportaciones y las ganancias de los grandes conglomerados, situación que los capitalistas enfrentan recurriendo por un lado a la sobreexplotación de los recursos naturales (o sobreproducción) para aumentar sus exportaciones (que a largo plazo hacen caer más los precios), y por otro, al despido masivo de trabajadores. Los últimos tratados de libre comercio no han hecho más que profundizar el modelo basado en las materias primas, a cambio de las cuales se importan productos e inversiones, y si el capital nacional recupera parte de sus ganancias con este acuerdo, será sólo por la posibilidad de aumentar el volumen producido y exportado (no del aumento de precios), e internamente por manejar altas cuotas de cesantía, bajos sueldos y superexplotación de los asalariados. Ciertamente, la situación de crisis del modelo entre 1997 y 2002, modificó esta correlación de fuerzas al interior del bloque en el poder pos dictadura: - Se Fortaleció la derecha, en particular la UDI, como alternativa de gobierno, penetrando con su discurso en los sectores populares. - Se profundizó el cogobierno de hecho entre el Poder ejecutivo y la derecha política y económica. - Aumentó el cuestionamiento al modelo y pugnas internas al interior del bloque concertacionista, de manos de un importante desgaste electoral. La situación de los sectores sociales Los cambios estructurales y súper-estructurales impuestos en nuestro país por la dictadura militar, no sólo fueron dirigidos a crear las condiciones objetivas para ordenar un modelo con un nuevo patrón de acumulación capitalista, esta reestructuración estaba orientada también a destruir las bases políticas, ideológicas y orgánicas del movimiento social y popular que se había generado tras décadas de lucha, y que se enfrentó con mayor decisión a la dictadura. Desde entonces, para que el modelo se soporte, sus administradores han recurrido a diversas estrategias de control y sometimiento ideológico, con el objeto de contener los signos de descontento en el pueblo, afectando particularmente las conciencias (el consumismo, el individualismo, la alienación), punto en que la dominación se ha concentrado con mayor fuerza. No es difícil evidenciar entonces estos efectos en los sectores sociales, aún fragmentados, desorganizados y desvinculados de sus propias necesidades, determinantes a la hora de concluir en la existencia de un movimiento popular, que llega incluso a las franjas más organizadas, todavía dispersas y con esporádicas, parciales y atomizadas manifestaciones enmarcadas en el campo reivindicativo, pero que en lo fundamental no cuestionan el modelo en su fondo. Las razones de este retroceso no sólo se encuentran en los cambios políticos-sociales antes mencionados, sus causas se encuentran en 1985-86, período en el que se define la derrota política del campo popular, entre cuyos factores sobresale la carencia de un proyecto revolucionario por parte de los sectores organizados, los que al arribar el cambio de período sin un programa transformador (década de los noventa), y con un evidente retroceso ideológico y orgánico, no tuvieron ni construyeron las condiciones para reorientar las luchas sociales más allá del cambio de gobierno. En este contexto, los partidos políticos que habían conducido el proceso de negociación pactada con la dictadura, asumieron un rol central, mientras el protagonismo de las organizaciones sociales de base se redujo a la mínima expresión. Es a través de las reivindicaciones sociales donde los poderosos han plasmado mejor su capacidad de dominación, muestra de ello es el asistencialismo. Este “paternalismo” está pensado para neutralizar el descontento, para impedir el surgimiento o aumento de organizaciones populares capaces de desarrollar luchas frontales. El bloque dominante en su táctica de inmovilizar a los sectores dominados, se organiza cooptando a sus dirigentes sociales, afianzando el electoralismo, el cortoplacismo y las fórmulas cupulares que buscan quitar incidencia a la base social (participación real), acciones que dan sus frutos pues legitima a distintos niveles una “forma” de hacer política, además de la idea que fuera de esta lógica no hay otra. En conclusión y con este panorama, se valida la necesidad de aportar decididamente a la construcción de Movimiento Popular. Esta debe ser una de las tareas centrales del Rodriguismo para este período en el mundo social, sobre desde un punto de vista estratégico; de ahí la importancia de construir política desde la base; de insertarse en las realidades específicas y problemáticas cotidianas del mundo popular; de conocer e incidir en cada sector; de crear o cualificar la identidad de clase, la organización del pueblo, la participación conciente, una visión y una actitud superior ante la realidad que parece aplastante; de

crear espacios de confianza, cooperación, creatividad y fortalezas individuales y colectivas, principios que por años el neoliberalismo ha buscado socavar. IV. El proyecto Político del Rodriguismo La vigencia del Rodriguismo se encuentra en la realidad de un país marcado por las contradicciones propias del capitalismo: explotación y cesantía estructural de millones de trabajadores(as) que ven sus derechos pisoteados por la legislación laboral, jornadas de trabajo que se extienden a más de 12 horas, explotación de niños, un país que ocupa el décimo lugar entre las economías con más desigualdad del planeta, en que el 20% más rico posee el 62,2% del ingreso contra el 3,3% del más pobre (Informe sobre Desarrollo Humano 2004 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo); sistemas de salud y educación excluyentes y orientados hacia el lucro, cuyo gasto público en cada uno no supera el 4% del Producto Interno Bruto; y una sistemática usurpación de las tierras del pueblo mapuche para favorecer el desarrollo del capitalismo en el sector rural. Chile es un país que ha fortalecido las cadenas de la dependencia, que no ha logrado salir del subdesarrollo acentuando el crecimiento desigual como país exportador de materias primas, proceso controlado por un puñado de multinacionales y grupos económicos. El poder de los monopolios es más amplio que en ninguna fase anterior del capitalismo chileno: menos de 10 grandes grupos del capital financiero dominan el conjunto de la economía, la cual se ha desnacionalizado debido a las privatizaciones y penetración de las multinacionales, tanto norteamericanas como europeas y asiáticas; además del mecanismo de la deuda externa que entrega el control del país a la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI), haciendo del nuestro un país y un Estado capitalista dependiente neo-colonial, carente de poder de decisión real para trazar sus líneas de desarrollo, donde de nada sirve votar por parlamentarios o presidentes cuando las decisiones trascendentales se toman en reducidos círculos patronales criollos o extranjeros. La contradicción principal del periodo es justamente entre “Neoliberalismo” versus lo Nacional, manifiesto en que en las actuales condiciones históricas y políticas, lo “nacional” se ha transformado casi en un elemento subversivo, ya que basta plantear pequeñas reformas al sistema para que el imperialismo se sienta amenazado en sus intereses políticos y económicos. Por lo mismo, no posible hacer en el marco histórico actual una propuesta alternativa al neoliberalismo, sin enfrentar las relaciones de dominación y explotación capitalistas. Según lo anteriores, podríamos decir también que el hecho político más revolucionario bajo las actuales condiciones del país, es la confrontación con el capital financiero. La liquidación de la oligarquía financiera tendría una importancia sistémica de impacto determinante en todos los niveles de la actual formación social. En especial, porque el presente modo de producción capitalista alcanza altos niveles de monopolización en torno a este capital. En este sentido, la debilidad estructural de la burguesía tradicional (industrial, comercial) descapitalizada y sometida a una nueva forma de transferencia de la plusvalía por el capital financiero, no le permite ensayar un modelo de acumulación similar al de la época del Estado de Bienestar. La burguesía tradicional no está en condiciones de imponer un nuevo modelo de acumulación, o de retorno al capitalismo de Estado proteccionista. El debilitamiento o decadencia de la burguesía tradicional “chilena” surge de su nueva dependencia del capital financiero (que ha copado los principales espacios de las ramas industriales) y del imperialismo, por su alto grado de endeudamiento y dependencia de tecnología, medios de producción, insumos, etc., siendo una fracción burguesa controlada monopólicamente por el capital financiero, que coexiste con sectores de la mediana y pequeña empresa, y sectores medios proletarizados que de distinta manera se han visto perjudicados por el modelo. De lo anterior podemos deducir también, que la defensa de los intereses nacionales es una tarea que bajo las actuales condiciones solo podrían llevarla hasta el fin los sectores más conscientes y avanzados del campo popular (trabajadores, estudiantes y pobladores, sectores medios, etc), en un gran movimiento que unifique a la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, desde una propuesta articulada en defensa de lo nacional, la autodeterminación y la recuperación de los bienes pertenecientes al Estado Chileno, socavando las bases que sostienen al imperialismo en Chile y América Latina; que son: 1.- El pago de intereses sobre la deuda externa, que representa en Chile alrededor del 42% del Producto Interno bruto (PIB), siendo una de las relaciones más altas entre las primeras economías de América Latina. 2.- La adquisición y apropiación de empresas públicas altamente lucrativas, de empresas nacionales con problemas financieros, así como inversiones directas en recursos energéticos e industriales manufactureras y de servicios con bajos salarios, y la recolección de renta por pagos de una gran variedad de productos, patentes, mercancías culturales, etc. 3.- Saldos favorables de las balanzas en cuentas corrientes de la región, basados en el dominio de las corporaciones y bancos del imperialismo norteamericano por medio de sus nexos históricos con las economías locales.

La oligarquía financiera representa en esta etapa el centro de gravedad del modelo neoliberal, con un nivel de dependencia extraordinaria de la burguesía chilena y la penetración directa en la industria de la banca del capital financiero de los centros imperialistas. De esta manera la dinámica de enfrentar el capital financiero conduce necesariamente a enfrentar al conjunto del capitalismo nacional. Finalmente, lo nacional, bajo el actual contexto político histórico, ha adquirido una unidad orgánica con el proyecto estratégico de la clase trabajadora; no es posible luchar hoy por la liberación nacional sin luchar a la vez por la construcción del socialismo. Contenidos de nuestro nuevo Proyecto La causa de fondo de los problemas del país radican en la existencia misma del sistema capitalista, que a lo largo de nuestra historia ha sido incapaz de hacer avanzar a Chile en su conjunto, y que bajo el actual modelo conducido por la burguesía monopólico-financiera, ha acentuado la desigualdad social produciendo una escandalosa acumulación de riquezas en cada vez más pocas manos, y una gigantesca acumulación de explotación, pobreza y privaciones en vastos sectores del pueblo. Ante este panorama los rodriguistas proponemos: Un Proyecto Revolucionario, en función de resolver la contradicción fundamental que limitan el progreso y el desarrollo de nuestro país, mediante un proceso de lucha que abra paso a transformaciones estructurales, encabezadas por el pueblo y sus organizaciones, destinado a erradicar el capitalismo y a construir el socialismo en Chile; camino que deberá enfrentar la resistencia de las clases dominantes y el imperio, los que a cualquier precio están dispuestos a defender los privilegios alcanzados por años de explotación, protegidos hasta ahora por una institucionalidad que impide a los sectores populares ocupar espacios desde los cuales lograr cambios de fondo dentro de esta legalidad. Un proceso con expresión continental que sólo es posible concebir en medio de una constante y creciente confrontación entre las fuerzas que defienden los intereses del capital y del imperio, con las de un pueblo que aspira a su liberación. En su crecimiento, tal enfrentamiento, y fruto de sus propias contradicciones, se irá agudizando hasta asumir la violencia como el medio principal, llegando a transformarse en lucha armada como expresión más alta y aguda del desarrollo de la lucha de clases en un escenario en que para el movimiento popular los espacios de contienda tradicional se habrán agotado, legitimándose así como el único camino para desplazar a las clases dominantes y construir un nuevo proyecto nacional y popular. Un Proyecto Patriótico, orientado a construir una verdadera soberanía del pueblo en los asuntos políticos y económicos del país, usurpados por el capital financiero transnacional en concomitancia con los grupos económicos locales. El sello patriótico de este proyecto es determinado por el carácter anti-imperialista de nuestra propuesta de transformaciones destinados a conquistar una auténtica independencia nacional, que nos permita recuperar el control de nuestros recursos naturales y reconstruir la capacidad productiva, enfrentando así la dependencia financiera creada por la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, y terminar con la intervención del imperialismo ya sea norteamericano o europeo en nuestra patria. Un Proyecto Popular, basado en la fuerza de la clase trabajadora, de los pobladores, estudiantes y todos quienes se sientan identificados, como los sectores medios, etc., buscando aportar a construir la alternativa de poder del pueblo, para elevar a los máximos niveles políticos del país la participación popular en una perspectiva de desarrollo independiente y soberano. En síntesis, consideramos que los sujetos potenciales o fuerzas sociales principales de este proceso revolucionario son los Trabajadores, Pobladores y Estudiantes, sectores cuyo elemento unificador es ser igualmente golpeados por este sistema de dominación, que los somete a una situación de explotación, pobreza y/o de dominación estructural irreversible dentro del actual esquema. Esto se refiere a una dimensión palpable, que es la falta de ingresos para satisfacer las necesidades básicas (salud, vivienda, educación dignos), pero que en su fondo es parte de la pobreza estructural que tiene como causa la relación de explotación inherente al Capitalismo y que se presenta con exacerbada crudeza en este modelo Neoliberal. En este contexto, consideramos a los Mapuche (junto a los Aymará, Rapa Nui, etc.) como una nación originaria, en cuyo seno existen diversas expresiones ideológicas, políticas y sociales, así como variadas organizaciones, que también podrían (parte de estas) identificarse, contribuir o hacerse parte de este proyecto. Acerca del socialismo En el marco de la presente realidad política mundial, latinoamericana y nacional, no existe ninguna posibilidad de que la situación de las grandes masas explotadas mejore, ni mucho menos que exista una salida alternativa a la miseria y la

degradación por la que atraviesa gran parte de la humanidad en el contexto de dominación del imperialismo (ya no son tan fáciles de digerir las recetas de “paz y bienestar social” que el gran capital ofrece). Frente a este cuadro, la única alternativa sigue siendo la lucha por el socialismo y el comunismo. El socialismo lo entendemos como la liberación del pueblo de la explotación del capital, o tal cual lo definiera Federico Engels, como una actividad consciente de los hombres y mujeres, como un producto de la inteligencia y creatividad humana, un sistema donde se asegure a todos los miembros de la sociedad su existencia, que además de satisfacer sus necesidades materiales, garantice la libertad y pleno desarrollo de sus capacidades físicas y espirituales. Y aún cuando en las últimas décadas hemos sido testigos de la caída de proyectos políticos y sociales en el mundo, y a pesar de la cruda realidad instalada luego de estas fallidas experiencias, aspiramos con igual certeza al socialismo en oposición al carácter injusto y cruelmente desigual del capitalismo. Por eso nuestros esfuerzos centrales dentro del proyecto del Rodriguismo, estarán volcados a abrir un camino permanente de perfeccionamiento y búsqueda de un modelo de socialismo con plena y absoluta participación de todo el pueblo en las grandes y pequeñas decisiones del país, región, provincia o localidad. Un proceso revolucionario que asegure la participación de las mayorías como una de las principales garantías de éxito en la construcción de una nueva sociedad. Ello implica el más amplio y democrático debate de ideas sin sectarismos, dogmatismos ni sobre ideologizaciones, que dentro de los objetivos de esta construcción unirán al pueblo tras aspiraciones comunes, y donde las formas estarán en permanente discusión y rectificación. Un socialismo fundado y erigido sobre la confluencia de las grandes mayorías, las cuales serán representadas por las organizaciones políticas, sociales o territoriales que el propio pueblo tenga o construya. Es decir, el poder popular constituirá la columna vertebral de este socialismo, superando anteriores experiencias burocráticas y paternalistas, con el protagonismo de todos los sectores representativos del pueblo chileno, a través de diversos organismos de base que garanticen su participación, reafirmando un tipo de Estado que se erigirá sobre la base a todos aquellos organismos, poderes e instituciones que requiera para la construcción y defensa de este poder revolucionario desde su génesis. Estos pasos serán un anticipo de la nueva estructuración social, como una sociedad en transición, que en la medida de su desarrollo podrá evolucionar hacia mayores niveles de igualdad, a una sociedad sin clases en que el Estado se negará a sí mismo en la medida que el conjunto del nuevo poder ejercido por el pueblo, asuma todas sus funciones. El socialismo es una larga búsqueda y construcción, no sólo una meta a alcanzar en un hipotético momento histórico, por lo cual debe ser permanente dentro de nuestro programa la aplicación de contenidos y acciones que viabilicen dicha opción en el tiempo y espacio, más allá del eventual triunfo de las fuerzas revolucionarias. Incluso, es mucho más que sus aspectos económicos y políticos, es participación, trabajo colectivo, solidaridad, y muchos otros principios y valores que de ser aplicados de manera permanente y creativa, dotarán de armas inconmensurables al pueblo en su enfrentamiento diario con la ideología que lo aliena y oprime. En sus inicios, este socialismo necesitará obligatoriamente nuevas fórmulas para administrar las riquezas principales del país. Entre las primeras tareas de construcción socialista, consideramos fundamental el establecer la propiedad social sobre las riquezas de carácter estratégico, unida a una política impositiva y arancelaria que tenga como centro favorecer a las grandes mayorías; teniendo en cuenta que esta construcción del socialismo deberá contemplar las formas de propiedad conocidas y las formas que puedan surgir del seno del pueblo. Las fórmulas de propiedad social no necesariamente significan la clásica concepción de propiedad del Estado, pues pueden existir o crearse otros mecanismos donde la sociedad organizada administre de forma colectiva la gran propiedad estratégica de la nación. También se puede vislumbrar, que será inevitable la existencia de relaciones monetario-mercantiles, pero pensamos que con un mercado regulado a través de la participación popular es posible asegurar que el beneficio económico alcance a todos. Esta definición específica no debe impedir ni ser obstáculo para el mejoramiento de la eficiencia y rentabilidad tanto en el comercio como en todo el proceso productivo. Perseguimos una sociedad justa, equitativa, no un igualitarismo raso ni un paternalismo que castre la iniciativa surgida de la sociedad organizada o desde la iniciativa privada de carácter patriótico. Podemos entonces prever una economía que funcione con diversas áreas de propiedad: estatal, social, mixta, cooperativa autogestionaria y privada. Las áreas de propiedad social y estatal se formarán sobre la base de la expropiación de los clanes financieros y multinacionales que se han fortalecido con el desmantelamiento del aparato productivo estatal y el saqueo del patrimonio nacional, y de la nacionalización de los recursos naturales estratégicos. Estas áreas se desarrollarán con relaciones socialistas de producción e intercambio, para ir reestructurando y reordenando el conjunto de la economía, y asegurando el acceso a la educación, salud y vivienda para todos los habitantes. El área de propiedad mixta puede basarse en acuerdos entre el Estado y las empresas privadas nacionales y extranjeras, con una protección de nuestras materias primas, recursos naturales y temporalidad de dichos convenios. El área de propiedad cooperativa, con apoyo del Estado, puede desarrollarse en sectores de la agricultura, comercio e industria; y la autogestionaria y comunitaria en las comunidades indígenas y rurales, o bien en el sector urbano principalmente poblacional, sobre la base de iniciativas que funcionen de acuerdo con las necesidades concretas del desarrollo nacional.

El área de propiedad privada puede desenvolverse en el sector de la pequeña y mediana empresa y algunos servicios, siempre coordinados con el sector estatal de acuerdo y en coherencia con las necesidades del desarrollo del país. La Revolución deberá establecer una estrategia de desarrollo basada en una auténtica industrialización del país, aprovechando plenamente nuestros recursos, superando las desigualdades estructurales del crecimiento capitalista. Por lo mismo, se deben potenciar las fuerzas productivas, calificando la fuerza de trabajo y ampliando la capacidad tecnológica y científica. La estrategia de desarrollo estará también dirigida a una justa distribución del ingreso que potencie un mercado interno y el fomento nacional, impulsando su permanente crecimiento en cobertura y calidad, impidiendo cualquier negocio con los derechos sociales de los trabajadores y del pueblo en general. A la vez, esta estrategia debe contemplar como uno de sus pilares fundamentales, la superación del consumismo y otros vicios del actual sistema, así como evitar la depredación de los recursos naturales no renovables y la contaminación del medio ambiente. Para resolver los problemas de la acumulación y expansión de la economía chilena, la Revolución deberá generar una capacidad exportadora no sólo de materias primas sino también de productos manufacturados en un mercado latinoamericano integrado, lo que exigirá vigorizar los pactos económicos y políticos regionales, así como el acercamiento con los países capitalistas dependientes del llamado Tercer Mundo, a través de relaciones basadas en la fraternidad y la solidaridad entre todos los países del orbe. Las relaciones internacionales políticas, económicas, culturales, en fin, globales, son consustanciales con el mundo del tercer milenio. Una sociedad más soberana y digna precisa de una mayor independencia frente a la existencia del imperialismo más voraz y devastador que ha existido en la historia de la humanidad. Esta soberanía e independencia sólo se conseguirá fortaleciendo las posiciones latinoamericanistas y antiimperialistas. Un frente común y cohesionado será la mejor forma de resistir los ímpetus y la violencia imperial, para lograr una relación más justa con el mundo desarrollado y sus empresas transnacionales. Estamos concientes por cierto, que un proyecto socialista sustentado en legítimas aspiraciones de justicia e independencia como éste, lesionará la gran propiedad estratégica de los grupos de poder criollos y a los intereses del imperialismo, que no se resignarán a perder sus prerrogativas (como lo demuestra la historia chilena y mundial). De una u otra manera este proyecto terminará siendo agredido y aislado por el inmenso poder de la elite nacional y por los medios y recursos que el imperio posee, incluso utilizando la violencia de manera consustancial y directamente proporcional a la magnitud de los intereses lesionados o “en riesgo”. O sea, manteniéndose el actual orden de cosas en el mundo y en la región, es de esperar que tarde o temprano cualquier proyecto con estas características sea objeto de las agresiones que el imperialismo como la gran burguesía son capaces. En concreto, para defender y preservar los objetivos de un proyecto como éste, no cabe otra cosa que preparar anticipadamente una estrategia común de resistencia y un proyecto continental antiimperialista, que luego el pueblo en el poder y a través del nuevo Estado organizará para contener y aplastar la agresión de los antiguos explotadores. Carácter de nuestra propuesta Como ya se mencionó, la realización de los cambios estructurales que el país requiere, inevitablemente encontrará la más feroz y violenta resistencia del bloque dominante y su Estado; esa es la experiencia del golpe militar de 1973 y lo que tocó vivir al pueblo chileno en la década de los años 80. La historia de nuestra Patria y de otros pueblos enseña que tales transformaciones sólo son posibles con un camino de lucha ascendente para resolver a favor del pueblo el problema del poder político, destruyendo el viejo poder para conquistar la plena soberanía económica y política. Por lo mismo, no nos hacemos ilusiones de cambios verdaderos con el consentimiento de la clase dominante dentro de su marco institucional. Esta conclusión nos obliga a estar preparados para pasar de formas tradicionales a formas superiores de lucha de acuerdo a la agudización de la lucha de clases en el país, vía que es posible transitar luego de un intenso proceso de recomposición de las organizaciones populares, de manera que le permita alcanzar sus niveles históricos de lucha y de recomposición en amplios sectores mediante organismos capaces de conducir los distintos momentos del enfrentamiento durante su formación y consolidación como fuerza. La agudización de los conflictos sociales y políticos en estos tiempos de economías relacionadas y dependientes-, seguramente estarán asociados a una grave crisis económica regional o mundial. Y por el tamaño de la economía chilena, lo más propio es que no comiencen por nuestro país. Luego de desatada una crisis económica que puede presentarse de las más diversas formas y provocar hasta una crisis política, estaremos ante una situación sumamente variable en su grado de profundidad, tiempos de incubación y desarrollo, así como en sus formas de iniciación. Claro que la experiencia ha demostrado que cualquier crisis por muy profunda que sea, puede ser superada por el sistema, sobre todo cuando la “transnacionalización” de la economía y la política en el mundo supone una abierta y clara intervención de las grandes potencias para impedir estos conflictos desde su gestación. Intervenciones que van desde el apoyo económico de emergencia (que no hace más que agudizar la dependencia), pasando por la lucha diplomática y de inteligencia, hasta diferentes tipos de bloqueos o abiertas intervenciones armadas. Por ejemplo,

ante una supuesta agudización de las contradicciones y que la lucha social alcance una posibilidad real de triunfo en Chile, EEUU no tendría ningún impedimento para actuar como lo ha hecho hasta ahora. Y aunque los años de EEUU como gendarme mundial no serán eternos, por un tiempo considerable seguirá actuando como el imperio que son. Por lo mismo, nuestra estrategia debe estar ligada al estado de organización y movilización de las grandes mayorías, tanto nacionales como regionales. La posibilidad real de cambios profundos en pos del socialismo, obedecerá a un movimiento de transformaciones sociales y de agitación política regional y/o mundial, lo que presupone una voluntad política convergente, por ello la importancia de trabajar en un gran diseño estratégico regional. Históricamente después de las luchas por la independencia y de liberación nacional en Latinoamérica, nunca los revolucionarios pudieron establecer bases sólidas para un pensamiento estratégico de liberación regional y/o continental. Este pensamiento medianamente común, con cierta conducta y accionar simultáneo en varios países de América, que responda a un enorme movimiento de masas, con múltiples formas de enfrentamiento, es a largo plazo condición indispensable para garantizar posibilidades de éxito y estabilidad de los procesos revolucionarios. La vía revolucionaria

Teniendo en cuenta la experiencia y tradición de lucha de los trabajadores y el pueblo chileno, en particular la de las protestas populares durante los años 80, como también la localización de las clases y capas sociales populares principalmente en las ciudades, incluyendo la proletarización creciente del campesinado tradicional, es que creemos que la vía revolucionaria de confrontación en Chile será fruto de una acumulación de fuerzas de tipo social, ideológica, política y militar que permita la derrota del gobierno y Estado opresor. Las forma concreta de enfrentamiento, sea insurreccional o de guerra prolongada, se irá perfilando o combinando en la misma medida que se agudice un conflicto. Aunque es necesario estar analizando siempre cualquier variante que la propia dinámica y el pueblo creen. Nuestra estrategia es de carácter Político Militar, porque entendemos que en la perspectiva de la confrontación del pueblo con el sistema dominante, deberemos transitar por diversos períodos de acumulación y movilización de fuerzas, con modalidades y énfasis en la combinación de las formas de lucha que deberán respetar los escenarios y la correlación social existente, sin perder la perspectiva estratégica de que es necesario construir fuerzas populares con capacidad de expresarse materialmente en pos del cambio estructural y responder ante cualquier forma de lucha o grado de violencia. La Concepción Militar del FPMR tiene como parámetro fundamental que somos una organización revolucionaria y por tanto debemos estar preparados para una lucha violenta en defensa de los intereses de las grandes mayorías. No hacemos de la violencia un fin, pero consideramos una irresponsabilidad no tenerla en cuenta y no estar preparados cuando el momento lo exige; la historia demuestra de forma inequívoca que la oligarquía y el imperio no dudan en masacrar al pueblo si ven amenazados sus intereses políticos y económicos. Por tanto, los revolucionarios debemos estar dispuestos ideológica y técnicamente para hacernos participes de tales niveles de confrontación, haciendo de la violencia revolucionaria un medio determinante en la defensa o avance de las fuerzas populares. El objetivo estratégico de nuestra política militar apunta a construir fuerzas con el objeto que la organización política del pueblo pueda responder a las necesidades de la confrontación armada y, al mismo tiempo, esté en condiciones de construir Fuerzas Armadas que aseguren, defiendan y representen los intereses populares. Para que una guerra de carácter popular tenga probabilidades de éxito en el tiempo, hay que realizar una intensa y extensa labor en el seno del pueblo de preparación y organización. La historia señala que el movimiento revolucionario no impulsa este proceso construyendo por fuera del movimiento popular ni lo resuelve en su totalidad con aparatos “especiales”; como tampoco debe confiar en el paso automático de parte de las fuerzas armadas a las filas populares. La conducción y dirección político militar de la revolución no se forma sino en años de perseverante y difícil lucha, en un largo período de agudización de conflictos, con altos y bajos en los enfrentamientos que tendrán las más diversas formas de expresión. Como parte de este proceso de acumulación se deberá ir uniendo la preparación militar y paramilitar del pueblo para su autodefensa, con un trabajo político hacia las fuerzas armadas y policiales con el objeto de neutralizar el accionar de éstas. Coherente con nuestra estrategia política general, los protagonistas principales de esta proyección en el plano militar son también los trabajadores (cesantes incluidos), pobladores y estudiantes, y el centro de gravedad de las fuerzas en una hipótesis de conflicto las grandes concentraciones poblacionales donde viven y convergen los sectores sociales mencionados, sin olvidar por cierto los centros productivos principales del país, los que a partir de la experiencia de lucha contra el régimen militar demostraron que, el atraso en los niveles de inserción e incidencia en los espacios laborales, impidieron una objetiva desestabilización de la dictadura.

Estrategia y táctica para el período Para alcanzar los objetivos estratégicos de nuestro Proyecto Político se requiere la generación de una correlación de fuerzas sociales, políticas y militares que logre constituirse en una alternativa capaz de disputar el poder a las fuerzas dominantes. Constituir dicha alternativa requiere tener presente el carácter general del período, la situación del bloque dominante, su institucionalidad, y el estado actual de los sectores populares, en definitiva, la presente correlación de fuerzas políticas y sociales como factor subjetivo para determinar los propósitos principales de nuestra construcción, así como las formas generales para alcanzarlos. De lo anterior emerge un centro de gravedad, el objetivo fundamental de nuestra política para el período, que es la reconstrucción de Movimiento Popular, teniendo como fuente de esta práctica territorios y sectores concretos, generando las condiciones para que los sujetos sociales alcancen mayor madurez y participación, y se hagan protagonistas principales del proceso revolucionario. Concebimos a este Movimiento Popular como una amplia fuerza del pueblo, conciente y politizada, organizada en torno a las demandas sectoriales y nacionales dirigidas a enfrentar las políticas neoliberales y sus efectos en los diferentes sectores, ya sean estos poblacionales, estudiantiles o de trabajadores. En función de la construcción de dicha fuerza es que hemos descartado la inserción en la institucionalidad (alcaldías, parlamento o presidencia), como paso obligado para la reconstrucción mencionada. El régimen político imperante está en general diseñado para cerrar el paso o bien absorber y cooptar expresiones políticas distintas a la del bloque en el poder, situación que en un contexto de desventaja o desorganización de los sectores populares y revolucionarios a escala nacional, hace estériles los múltiples intentos de enfrentarlo “desde adentro” (de hecho dichas políticas no han logrado siquiera estar “dentro”). Nuestra política para el período contiene e integra para la consecución de sus objetivos, los ejes sociales, políticos y militares, en el marco de lo que entendemos como de construcción de proceso hacia la revolución. Ejes que no vemos de manera aislada, sino de forma combinada y como tareas permanentes para la Organización. La propuesta del Rodriguismo en el plano social apunta al fortalecimiento de la autonomía e independencia política de las organizaciones populares en relación con los gobiernos y Estado capitalista en cualquiera de sus formas; al desarrollo de la convergencia de las organizaciones sociales en torno a la lucha reivindicativa y a objetivos comunes relativos a los trabajadores, pobladores, estudiantes, la mujer, la cultura, etc.; a la generación de plataformas de lucha a nivel territorial y sectorial; al involucramiento del pueblo en todos los asuntos que le atañen. La futura expresión organizativa de este desarrollo es la acción directa de los organismos sociales y políticos en un sector mediante asambleas, control territorial, construcción de espacios alternativos de desarrollo social, cultural y económicos, entendiendo como espacio territorial a todos los sectores sociales coordinados de una zona o región; pobladores, estudiantes y trabajadores. De esta manera se irá instalando la confrontación con el poder local (municipios) en las poblaciones, la generación de participación en organismos representativos al interior de escuelas y universidades, la organización de los trabajadores activos y cesantes en sus espacios naturales de confluencia producto de las actuales condiciones de explotación. Respecto al tema del poder, creemos que se debe ir incorporado a la subjetividad del pueblo desde la génesis de esta construcción. Y como herramientas concretas para estimular este salto, aportar a la formación política y educación popular, a la agitación y propaganda, a la movilización por los derechos sociales y políticos de la base. El asentamiento territorial de esta política adquiere fuerza a nivel local, zonal, comunal o regional, apoyando las coordinaciones sociales y políticas, las movilizaciones y la autodefensa de masas. En cuanto a lo político, el proceso de construcción del período tiene como piedra angular la convergencia con otras organizaciones revolucionarias, la que deberemos desarrollar a partir de nuestra organización (en lo interno y en nuestra incidencia) y sustentados en una correcta y sana política de alianzas con todos los que luchen en contra del sistema establecido. Política de relaciones con todos aquellos que desde distintas posiciones adopten objetivos inmediatos y estratégicos similares a los nuestros. Política flexible y unitaria que debe combatir las posiciones sectarias, auto referenciales y rígidas que no permiten la convergencia objetiva, y menos la unidad en torno a un proyecto social y político que nos encamine hacia la derrota del sistema y el diseño de una sociedad diferente, que sin duda contará con el apoyo y entrega de todo el pueblo. Militarmente, será la autodefensa y el trabajo combativo de masas una de las formas de actividad político militar más importante para el período, como aporte al desempeño en el plano general de la construcción, formando, planificando y desarrollando la lucha callejera, la protección, la información, etc., junto con prever y actual ante los embates represivos, solapados o abiertos, cuyas áreas pueden abarcar la protección física de las organizaciones sociales y revolucionarias, sus dirigentes y espacios de trabajo, teniendo normas de seguridad y preservación en contra de la infiltración, cooptación y otros métodos destructivos como métodos imperativos.

Criterios y tareas para la construcción de Movimiento Popular La prioridad del Rodriguismo es el fortalecimiento interno y el trabajo de inserción y construcción en la base, haciendo efectiva la participación y protagonismo popular, contribuyendo a la creación y fortalecimiento de organizaciones del pueblo y encauzándolas por la vía de la lucha reivindicativa, y politizándolas en el sentido revolucionario del término, con elementos teóricos, políticos y organizativos. Para lo cual es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: a) Crecer a partir de la unidad de las organizaciones sociales y políticas (respetando la propia identidad), entendiendo que la unidad y la convergencia no pueden ser vista como un simple “pegoteo” de orgánicas y siglas, o como la forzada adopción de políticas, consignas o discursos, sino más bien la combinación de distintas experiencias que generan nuevos espacios o iniciativas, con propuestas concretas al calor de una práctica que haga madurar y fortalecer el trabajo de cada uno en su sector o territorio (basado en la transparencia, honestidad y solidaridad), generando las condiciones para la consolidación de movimiento popular firme desde sus cimientos. b) La utilización de la agitación y propaganda (herramienta de la lucha ideológica), como método para expresar las contradicciones e inoperancia del sistema ante las necesidades básicas de la población, es decir, el derecho a la educación, salud, vivienda, alimentación; urgencias ante las cuales los régimen neoliberales no tiene ni tendrán soluciones más allá de su visión mercantil. c) Confrontación consciente, constante y creativa, dejando de victimizar la lucha (a la defensiva), para transformarlas en un instrumento dinamizador e impulsor de los cambios sociales. d) Promoción de la solidaridad del pueblo para vencer el individualismo y egoísmo generado por la ideología imperante, poniendo en el centro de la lucha la igualdad de condiciones y necesidades que existen para recuperar la identidad de clase y el papel protagónico que los sectores sociales deben tener dentro de la lucha social, junto con estimular la autonomía y la independencia respecto a las políticas del Estado y los defensores del capitalismo y la institucionalidad impuesta. En este sentido, concebimos el tema de los derechos humanos con una visión integral, asumiendo los aspectos económicos, sociales y culturales como un contenido importante del quehacer del período. e) Apuntar a la consecución de objetivos por medio una la práctica concreta y efectiva. Para lo cual el concepto de “inserción política” debe ser enriquecido con el de “incidencia política”, pues no basta estar presentes en un sector social sino se tiene la posibilidad de generar cambios en la realidad; hay que orientarse hacia una conducción más política que se exprese en el estímulo de las reivindicaciones, la educación, información y difusión como quehacer permanente, en pro de la cualificación de la organización y la movilización del pueblo. Sobre política de alianzas Nuestras alianzas deben ser coherentes con los fundamentos o principios políticos de la propia organización, su línea, programa y métodos. Distinguiendo las alianzas tácticas con quienes tenemos una visión común sobre los objetivos inmediatos y los medios más coherentes para alcanzarlos, y alianzas estratégicas con aquellas organizaciones con las cuales compartimos objetivos de largo plazo, que en nuestro caso se refiere a alcanzar la revolución social. Estratégicamente, debemos iniciar la construcción de un eje revolucionario que potencie la intervención de este sector en el movimiento social. En la actualidad esta tarea está dada por los esfuerzos que hacemos para lograr la convergencia de instancias organizadas de variados signos. Un proceso de esta envergadura puede tener muchas facetas e incluso facilitarnos la constitución de un polo revolucionario mayor, acompañado de relaciones o alianzas con organizaciones revolucionarias hermanas del continente y el mundo, además de las iniciativas que nuestra organización puede activar a escala nacional e internacional para la unificación de las luchas e intercambio que involucren también al campo social. Nuestra política de alianzas para el período, tiene como objetivo la articulación de todos los sectores explotados y dominados que tengan una vocación anti-neoliberal, o por su posición y condiciones objetivas pueda desarrollar una conciencia contra el modelo. Esto nos lleva a movernos entre las fuerzas políticas existentes y aquellas que representan a estos sectores sociales. Esta política de alianzas para el período tiene un contenido patriótico, democrático, nacional y popular, lo cual nos plantea una amplitud que puede ir más allá del ámbito revolucionario. La función que ocupa la política de alianzas en el marco de la construcción revolucionaria para el período, es la de lograr construir una correlación de fuerzas favorable para los sectores revolucionarios en el seno del movimiento social. La lucha y disputa por la conducción del movimiento es una lucha que no se resuelve sólo en lo teórico, sino fundamentalmente al calor de la lucha de clases, que es donde se impone el carácter popular. Son estos criterios y objetivos los que orientan nuestro trabajo de construcción en los diversos territorios y sectores. La forma o el instrumento con que este trabajo se materialice debe ser consecuente con las consideraciones, objetivos y criterios generales ya mencionados, y corresponder a un análisis o diagnóstico concreto de la situación territorial o sectorial, actuando de acuerdo a la realidad específica y no absolutizando ni copiando experiencias de manera automática.

Sobre el internacionalismo La realidad mundial, y en particular su expresión en Latinoamérica, nos han puesto frente a la necesidad de dar un contenido concreto a la idea de latinoamericanismo. Sobre todo si debemos enfrentar un enemigo común llamado imperialismo, enemigo ineludible a la hora combatir el sistema explotador en la región. Estamos en contra de cualquier intervención norteamericana, más si se trata de una agresión armada con costo en vidas para nuestros pueblos. No puede ocurrir otra vez que EEUU invada militarmente a uno de nuestros países y los revolucionarios apenas lleguemos a la mera denuncia. Los norteamericanos debieran saber que cualquier intervención en Latinoamérica tendrá altos costos para sus intereses en algún rincón de nuestro continente. Esta posición determina que nuestra organización debe ser partidaria de una política de unidad que vaya más allá de las fronteras del conocimiento mutuo y la solidaridad. Entendemos el Internacionalismo como la cooperación entre organizaciones revolucionarias que defienden y postulan una sociedad justa y un sistema político, económico y social digno, permitiendo así el intercambio de tácticas, estrategias y luchadores, respetando la cultura de los pueblos, tradiciones, costumbres y formas de luchas. Creemos en el Internacionalismo como un proceso de construcción histórica de acumulación y correlación de las fuerzas populares, que implican compartir y unificar diversos pensamientos y acciones revolucionarias. En síntesis, nuestro proyecto se propone metas y tareas concretas en pos de abrir o estrechar lazos internacionales, partiendo por las organizaciones hermanas del continente que se plantean objetivos estratégicos similares a los nuestros, independiente a las respectivas formas o medios de alcanzarlos. Generando iniciativas de debate político, cooperación e intercambio en ámbitos como la formación, la difusión y la colaboración, sean de carácter bilateral o colectivo. Apoyando propuestas que ayuden a levantar y hacer viable una estrategia común de lucha y unidad de las diversas fuerzas progresistas en la región. La dura realidad que le ha tocado vivir a los sectores revolucionarios, la crisis de proyectos, el aislamiento, el aniquilamiento, y hasta la dispersión y el alejamiento de la base popular, nos obligan valorar hoy mas que nunca todos estos aspectos fundamentales para nuestra lucha política e ideológica en relación con la naturaleza de las transformaciones y el papel protagónico que le cabe en esto al movimiento popular. Programa de lucha para el período De acuerdo a los hechos, los primeros pasos son dar la pelea contra nuestro enemigo inmediato, que son las políticas neoliberales y sus sostenedores. Esta lucha se basa en la defensa y conquista de los derechos humanos bajo un concepto integral; los derechos políticos, económicos y sociales vulnerados por el actual sistema. Al dogma del crecimiento económico hay que oponer la idea del auténtico desarrollo del país, que permita conquistar todo lo que mejore las condiciones materiales y espirituales de nuestro pueblo, haciendo que de la lucha por la dignidad nacional nuestra meta inmediata; luchar por todo aquello que haga la vida mejor para todos, que satisfaga no sólo aspectos estrictamente materiales de la vida, sino también el enriquecimiento de nuestro espíritu y cultura, que incluye la satisfacción de ser parte de un pueblo organizado que puede construir su propio destino. Verdaderos granos de arena que poco a poco irán consolidando una voluntad de transformación radical del sistema que suele verse tan lejana como inalcanzable. El eje ordenador de esta lucha, el instrumento inmediato para la construcción, la lucha y la convergencia, es para nosotros el impulso del siguiente Programa Patriótico de Desarrollo, propuesta Rodriguista que busca recoger las aspiraciones y necesidades más urgentes y sentidas por las grandes mayorías nacionales empobrecidas y explotadas por el modelo económico y social dominante: En lo político, luchamos por… 1) Alcanzar una auténtica soberanía popular, una democracia que interprete y defienda los derechos y la participación de los trabajadores y el pueblo en general, donde los derechos políticos no sean acaparados por el poder del dinero y la propiedad. Para avanzar en este objetivo es necesario: - El fin de la Constitución de 1980, que no sólo consagra un régimen político elitista que limita o restringe la soberanía popular a medidas meramente formales (de hecho fue impuesta por la dictadura militar mediante fraude), sino porque además es el sustento legal de un sistema que atenta contra los derechos fundamentales de las personas como la salud, la educación, el trabajo, la expresión de ideas y la cultura. Por ello se precisa avanzar hacia una nueva constitución que represente las grandes aspiraciones del pueblo, una plena soberanía popular expresada en un Estado Patriótico, democrático, Popular y Revolucionario, responsable efectivo de la satisfacción de las necesidades básicas de la población como el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación. Esta tiene que consagrar la preservación del patrimonio nacional, sus riquezas

naturales y bienes, y garantizar el derecho a la participación informada de la población en las decisiones sobre el rumbo del país. - Una nueva Constitución debe establecer con claridad que el Estado está obligado a respetar y hacer respetar efectivamente los pactos y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, como lo es el Pacto de Costa Rica sobre Derechos Económicos y Sociales, supuestamente vigente en Chile desde 1990. Si se respetara hoy dicho pacto, nadie podría quedarse sin atención de salud oportuna, y ningún niño debería abandonar el colegio por motivos económicos - La nueva constitución debe elaborarse mediante una Asamblea Constituyente, representativa no sólo de las organizaciones políticas, sino de las diversas expresiones del pueblo organizado, incluyendo las representaciones de los pueblos originarios. - A nivel territorial y regional, participación del pueblo en todas las decisiones que lo afectan diariamente, dotando de poder de decisión y control a los organismo de base en las poblaciones y las comunidades con respecto a sus problemas (salud, educación, vivienda y trabajo). Esto incluye que los cargos de representación popular puedan ser revocables por incumplimiento o ineficiencia. - Reducción y reestructuración de las Fuerzas Armadas como mecanismo que contribuiría a reducir el gasto militar y concentrar esfuerzos en las necesidades prioritarias de la mayoría de la población, exigiendo que las fuerzas armadas surjan del pueblo como defensoras de la soberanía nacional y popular. - Extirpar definitivamente la Doctrina de Seguridad Nacional así como el andamiaje legal que permite el rol vigilante y la injerencia de las FFAA en los asuntos civiles, políticos y jurídicos (Justicia Militar y aparatos de “Inteligencia”). - Derogación de la llamada Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado impuestas durante la dictadura militar, que dota al Estado actual de las herramientas que le permiten penalizar y reprimir las manifestaciones de protesta y movilización social. Exigimos también la libertad inmediata y sin condiciones, y el término de los procesamientos bajo dichas leyes, de los presos políticos chilenos y mapuche, así como el juicio y castigo real de todos los torturadores y criminales de lesa humanidad, como también la anulación de la Ley de Amnistía. 2) En el plano internacional, levantar una concepción de integración alternativa, justa y solidaria entre nuestros países, basada en la cooperación y que potencie nuestra posición como latinoamericanos. Esta concepción de integración significa romper con el neoliberalismo y sus políticas, y su aplicación debe realizarse de conjunto con otras políticas en el marco de un proyecto patriótico de desarrollo, que haga crecer la industria, la investigación científica y tecnológica incorporando los resultados en el aseguramiento de los derechos económicos y sociales de los habitantes. - Lo anterior implica el rechazo al ALCA y la anulación de los tratados de libre comercio con los EEUU y Europa, que sólo favorecen a una minoría de financistas locales y extranjeros. Se debe exigir transparencia sobre este tipo de negociaciones, y que ningún tratado o ingreso a mercados o zonas de mercado pueda ser aprobado sin la participación informada y directa de todos los chilenos, por la vía de una consulta o plebiscito, como ya se ha hecho incluso en algunos países europeos. - Nuestra posición latinoamericanista contempla la lucha por el término de la intervención imperialista en nuestro continente, en particular la injerencia del FMI y el Banco Mundial -a través de la deuda externa- en las políticas internas de los países, la clausura del Plan Colombia, bases militares y otras estrategias o mecanismos de intervención político-militar norteamericana en la región. Asimismo, como latinoamericanos debemos exigir el término inmediato del bloqueo y la agresión constante del imperio a la revolución y el pueblo Cubanos, así como de todas las prácticas que pretendan detener el avance de la lucha de los pueblos. En lo económico, luchamos por: 1) Una política que cambie el modelo económico neoliberal y se ponga al servicio de las necesidades de la población, para lo cual no bastaría que el Estado reconozca constitucionalmente su responsabilidad, sino que además asegure materialmente el cumplimiento de esta. Es imprescindible implementar una economía de carácter planificado y una estrategia de redistribución de los ingresos y la riqueza nacional, superando en lo inmediato las secuelas de la crisis económica,

revirtiendo el desempleo, permitiendo el acceso igualitario a una salud, educación dignas y gratuitas, y resolviendo el problema del endeudamiento de millones de chilenos en la vivienda y los servicios básicos. - Para avanzar en dichos objetivos falta una serie de medidas básicas, la primera de las cuales por motivos éticos, políticos y de justicia, debe ser una drástica reducción del gasto militar, paso indispensable para lograr que el Estado cuente con recursos que le permitan cumplir su responsabilidad con el desarrollo armónico del país. En este marco, hay que suspender las compras de armamentos, mientras millones de chilenos sufren a causa de la cesantía y la pobreza. El actual gasto del Estado en las Fuerzas Armadas resulta una verdadera sangría de recursos hacia un sector minúsculo de la sociedad, sobre la cual el resto de la población no tiene ningún control. Los aportes Estatales para el Presupuesto Militar provienen de dos fuentes: un aporte directo (Ley de Presupuesto de la Nación) o bien los que se reciben de la Ley Reservada del Cobre que entrega del 10 % del ingreso total por las ventas de CODELCO a las Fuerzas Armadas para destinarlos a la compra de armas y equipamiento. A esto se debe añadir los gastos previsionales y de atención médica de las Fuerzas Armadas, totalmente desproporcionados e injustos en relación con la mayoría de los trabajadores chilenos. Cifras oficiales dicen que el gasto militar chileno equivale a poco menos del 2% del producto interno, aunque otras fuentes como la revista inglesa The Economist plantean que el gasto militar en Chile es de un 4,5 por ciento del producto, coherente con estudios (del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres ) que hablan de una cifra de 3 mil 150 millones de dólares en el año 2004, la que debe ser reducida en beneficio de los derechos económicos y sociales de la inmensa mayoría de los chilenos. - Un plan de impuestos progresivos y directos, que transfiera recursos desde los sectores de ingresos más altos, particularmente del 10% de las familias más ricas que perciben el 46% del ingreso. Dicha política debe partir por elevar al menos a un 20 por ciento el impuesto a las utilidades de las grandes empresas, poner un impuesto patrimonial para los poseedores de activos superiores al millón de dólares; y disminuir el IVA en los alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, elaborándose una nueva canasta básica alimenticia liberada de este impuesto. - Declarar la moratoria de los dividendos de los deudores hipotecarios cesantes, suspensión de los remates y apremios de las cobranzas, condonación del pago de agua potable, electricidad, gas y extracción de basura, eliminar el cargo fijo de las tarifas de servicios básicos. - Reajuste de los salarios superior al aumento de la productividad, el aumento de sueldo debe provenir de las ganancias empresariales, las cuales son producto del trabajo de los chilenos. Que el costo del aumento lo paguen los patrones, solo así se produce un pequeño efecto redistributivo. - Creación de un transporte publico de propiedad Estatal. 2) Una política de industrialización del país que destine grandes inversiones en la investigación científico técnica, como en las zonas con ventajas comparativas. También el resguardo a la micro, pequeña, mediana industria nacional. Uno de los primeros pasos de esta política será la recuperación de la capacidad productiva del país y la defensa de los recursos naturales, para lo cual es necesario antes que todo poner fin inmediato a todas las privatizaciones de empresas e instituciones estatales, revisión de los resultados de las ya realizadas, fin a la entrega de la infraestructura, proyectos mineros, pesqueros y forestales a empresas transnacionales. - El proceso de industrialización debe poner el énfasis en el área pesquera, minera, agricultura y la madera, dirigida al exterior como al mercado y consumo interno, y con una explotación racional de los recursos. - Una nueva nacionalización de los recursos naturales marítimos, forestales, mineros, energéticos, y de los servicios públicos como la electricidad, el agua potable y la telefonía, como la expropiación a los intereses del capital financiero. - Sin perjuicio de lo anterior, la capacidad productiva del país no debería estar basada sólo en los recursos naturales, lo cual no es viable a largo plazo ya sea por los cambios permanentes a nivel internacional o por el agotamiento material de los recursos naturales (pesqueros, cobre, etc.). Se deben buscar fuentes estratégicas de crecimiento. Por eso es necesario desarrollar la Industria alimenticia e Industria de medios de producción, con la perspectiva de romper la subordinación y dependencia desde el punto de vista tecnológico de las grandes potencias, lo que incluye potenciar y desarrollar el mercado interno.

- Lo anterior permite la creación de empleos productivos con mayor valor agregado, expandiendo las empresas estatales instalándose en regiones y comunas, atendiendo las demandas de subsidio y ayuda crediticia y técnica a las pequeñas y medianas empresas. - Detener todo intento abierto o encubierto de privatizar CODELCO, manteniendo inalterable su carácter estatal y fomentar su fortalecimiento y expansión. Esta empresa produce alrededor de un 40% del cobre chileno y otorga al Estado más de mil millones de dólares al año, mientras que las grandes empresas extranjeras que producen el 60% del cobre restante tributan anualmente apenas unos 120 millones de dólares, gracias a los privilegios mencionados. La expansión del sector Estatal permitiría a la vez regular la producción del mineral para evitar la caída de los precios, además de crear nuevas fuentes de empleo. - Incentivar la solidaridad, la integración y el intercambio económico con los países de la región, en particular los del Cono Sur de América, como una parte del proyecto de desarrollo que se implementa en oposición a los permanentes intentos Norteamericanos y Europeos de anexarse nuestras economías y recursos naturales. - Incentivar e impulsar la creación de cooperativas de los micros, pequeños, medianos empresarios y comerciantes, creando mejores condiciones entre ellos para enfrentar al capital financiero. - Todo tipo de inversión sea nacional y/o extranjera estará subordinada a los intereses nacionales y al Proyecto Patriótico de Desarrollo 3) Una política en pos de recuperar la soberanía e independencia del país en términos económicos, que le permita cumplir cabalmente sus objetivos, para ello es indispensable trabajar en la perspectiva de crear una correlación de fuerzas que permita el no pago de la deuda externa (es evidente que los pagos de amortizaciones e intereses ya efectuados superan con creces el valor de la deuda). Desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista moral, continuar pagándola constituye un atropello a la dignidad y soberanía nacional. A esto hay que agregar el hecho de que los países subdesarrollados, entre ellos Chile, deben cumplir con los pagos de la deuda aún en períodos de crisis económica, esto significa que la burguesía intensifica la explotación de los recursos naturales, acercándose peligrosamente a los límites impuesto por la naturaleza, lo que implica un alto grado de depredación y de transferencia de soberanía. Las cifras que hablan de América Latina, indican que el total de materias primas que necesita para pagar sus compromisos con los intereses de la deuda, expresada en volumen físico han variado de 1980 a 1995 en un incremento de 1.015 millones de toneladas a 3.694 millones de toneladas. Estudios realizados (Jacobo Schatan) que proyectan el crecimiento de la deuda y el pago de los intereses en los próximos años (al 2016) indican que la deuda de América Latina se incrementaría a 1.611 billones (miles de millones) que obligaría al pago de intereses de 8.677 millones de toneladas de materia primas. En lo social, luchamos por: - Una política que siente las bases para generar una capacidad permanente del Estado de asegurar el acceso de todos los chilenos a servicios y derechos fundamentales, terminando con su carácter mercantil, lo cual significa: - La gratuidad del servicio de salud pública, masificación y fortalecimiento de los policlínicos en las zonas urbanas y rurales. - Garantizar el acceso efectivo y gratuito a la educación pública en todos sus niveles, lo que en concreto significa que los niños y jóvenes no abandonen los estudios por razones económicas (rechazo al trabajo infantil). Esto implica una Reforma Educacional que tanto en sus aspectos académicos como administrativos, desmantele el actual sistema educacional mercantil (por ejemplo la eliminación del financiamiento compartido, que permite lucrar con la enseñanza a costa del aporte estatal, como la configuración de una nueva ley de enseñanza que reemplace a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE). Esta nueva reforma debe ser el reflejo de un Proyecto de Desarrollo acorde con las necesidades, expectativas y participación del conjunto de la población. Esto permitirá dar una continuidad hacia la enseñanza superior, donde los que accedan sean definidos por sus reales capacidades, las cuales no sean el resultado, como en general ocurre en la actualidad, de las condiciones y contradicciones socio-económicas. - Dentro de este marco, recuperar el papel que le compete a la Universidad en cuanto a su aporte a la sociedad, lo que involucra sacarla de la lógica mercantil que la ha transformado en una “empresa” más del sistema. Junto con ello, y como apoyo a un proceso industrializador, el Estado debe recuperar o reconstruir el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP).

- Una nueva legislación laboral que tenga como centro el derecho al trabajo, a la organización sindical, a la negociación colectiva por rama de la producción y a la huelga, incluidos los trabajadores del campo (temporeros). Paralelo a ello es imprescindible la generación de un movimiento nacional de trabajadores de carácter clasista, autónomo del gobierno, los partidos que lo conforman o sus opositores, y el aparato del Estado. - Fin del sistema de subcontratación, terminando con la existencia de trabajadores de primera y segunda categoría. - Reestructuración completa del sistema previsional, la que debe comenzar con una estricta regulación y control al actual sistema de fondos de pensiones (AFP), el cual se basa en el ahorro obligatorio para los asalariados (y voluntario para los burgueses) y el cobro de comisiones por la “gestión” de esos recursos. Este es un negocio que entrega cuantiosas sumas al control de los grandes consorcios, con un total de 32 mil 381,15 millones de dólares, equivalente casi al 50% del PIB nacional, y del cual los supuestos beneficiarios del sistema no tienen ningún control (cifras de octubre de 2001, Superintendencia de AFP). Prueba de lo anterior es la creciente inversión en el exterior por parte de las AFP, donde el salario de los trabajadores se transforma en capital para la especulación en el extranjero. Este es un sistema antidemocrático que ha tendido rápidamente a la concentración, y hoy las 5 mayores AFP controlan más del 90% de la propiedad. Se hace urgente democratizar y poner estas instituciones al servicio del desarrollo nacional, ya que se sostiene en el salario de los trabajadores chilenos. Este proceso debe incluir que los mencionados fondos sean invertidos en el país para crear o fomentar capacidad productiva, nuevos empleos o viviendas. Por otra parte, se debe capacitar a los trabajadores para que a futuro puedan generar cooperativas previsionales, ya sean por áreas de servicio o ramas sindicales. Como lo dice su nombre, esta plataforma es una base general, un instrumento para comenzar a avanzar, la alternativa del pueblo no va a surgir solamente transformando un discurso teórico en acción política; es un proceso dinámico en que nuestra política y nuestras propuestas se van enriqueciendo o incluso rectificando en la medida del desarrollo de la lucha social y política, y que deben complementarse con las proposiciones que respondan a las reivindicaciones específicas de cada sector social.

PARTE TERCERA

LINEAS POLÍTICAS PARTICULARES: ORGÁNICA, MILITAR, SOCIAL DE MASAS Nuestros objetivos son ambiciosos, pero urgentes y necesarios para conquistar una vida digna y soberana para todo el pueblo. Para avanzar en dicha senda, nuestra política se orienta por un criterio general de construcción “de adentro hacia fuera”, es decir, se basa en un fortalecimiento político, ideológico y organizativo como primer paso para hablar con seriedad de incidencia social y política, o de desarrollo de la organización popular. Coherente con esta concepción el Proyecto Rodriguista define diversas políticas particulares, cuya aplicación combinada es lo que en definitiva permitirá su desarrollo y capacidad de acumulación en la construcción de fuerzas y sujetos sociales del nuevo movimiento popular chileno. Señalamos nuestras Línea Orgánica (de organización), Militar y Social de Masas como las principales para la etapa, cada una con sus fundamentos, principios y relevancias, contenidos que en la práctica no se presentan de manera aislada, sino en una interrelación dialéctica en la cual cada uno debiera contribuir a la evolución del otro. I. PRINCIPIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN El FPMR tiene como fundamento ideológico la concepción materialista de la sociedad, asumiendo la teoría del marxismo-leninismo como nuestro principal instrumento de análisis y guía para la acción, y el Rodriguismo como el pensamiento y la experiencia concreta de aplicación de esta herramienta en la lucha, de acuerdo a la realidad política, histórica y cultural del país. Nos planteamos un proyecto político Revolucionario, Patriótico y Popular, como alternativa para resolver las contradicciones que impiden el progreso y el desarrollo de nuestro país, abriendo paso a transformaciones estructurales que permitan erradicar el capitalismo y construir el socialismo en Chile, desde una opción de clase y nacional que exprese el contenido antiimperialista de la lucha con la que esperamos conquistar una auténtica Independencia Nacional; recuperando el control de nuestros recursos naturales y nuestra capacidad productiva, enfrentando la dependencia financiera creada por la

deuda externa y el Fondo Monetario Internacional y terminando con la intervención del imperialismo ya sea norteamericano o europeo. Un proceso de largo plazo que esperamos enfrentar con la fuerza organizada y consciente de los trabajadores, pobladores, estudiantes, y todos aquellos sectores que se sientan interpretados, así como con las representaciones de los pueblos originarios, sectores medios, etc., que aporten a la construcción de poder del pueblo y su amplia participación en los destinos del país, con independencia y soberanía. Un proyecto abierto a relaciones e intercambios de nivel nacional e internacional, con todas las organizaciones políticas y sociales que coinciden en aspectos centrales de nuestra plataforma. Con prioridad en las latinoamericanas y del interior de nuestro país, con las cuales propiciamos la unidad por la base y en la acción como criterios rectores. Anteponiendo los objetivos y contenidos comunes por sobre las forma como se exprese cada propuesta, de la misma manera como apoyamos la convergencia entre diferentes organismos sociales populares de Chile y mundo. Reconocemos la necesidad de respaldarse en un movimiento de cambios y de agitación política regional y o mundial, una voluntad política integracionista, un gran diseño estratégico continental; resultado para nosotros de una eficiente y consecuente política internacionalista y antiimperialista que promueva la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad y unidad latinoamericana. Pasos indispensables para garantizar el éxito y estabilidad en los procesos revolucionarios en curso. En definitiva, nos planteamos la creación de una gran correlación de fuerzas políticas, sociales y militares que logre constituirse en una alternativa capaz de disputar el poder a las fuerzas dominantes en nuestro país. Este paso táctico lo vemos primero en la reconstrucción de Movimiento Popular Chileno, por medio de un sostenido trabajo de organización social territorial que haga posible consolidar los sujetos o fuerzas sociales, así como los escenarios favorables a la causa del pueblo. Un objetivo que debe unir y combinar en su consecución nuestras líneas de acción para el período en lo social, político y militar, en una fase que concebimos como de construcción proceso hacia la revolución, acompañado de una programa que hemos denominado Programa Patriótico de Desarrollo, que recoge el rodriguismo en cuanto a las aspiraciones y necesidades más urgentes y sentidas por las grandes mayorías nacionales empobrecidas y explotadas por el modelo económico y social imperante. Carácter del instrumento

Concebimos al FPMR como un instrumento político-militar que contribuye a la generación, articulación y movilización de los sujetos o fuerzas sociales, en pos de lograr la correlación de fuerzas necesarias y la expresión material de las mismas, en la consecución de los derechos populares y el cambio social. El Frente existe para representar la lucha, los objetivos y los contenidos de su proyecto, más que a sí mismo. Cada militante o colectivo deberá traducir en su medio natural específico las tareas o líneas de la organización, sin traslaciones mecánicas ni rígidas, sino adaptadas y con respeto a la realidad de las organizaciones naturales que el pueblo se da. Lo político, social y militar entrecruza en cuanto a contenidos toda la organización. Sin embargo, lo que caracteriza esta forma de organización, es justamente el tratamiento dinámico y no contradictorio de estas líneas, a través de un funcionamiento multidireccional de orden partidario en lo interno (columna vertebral militante), que combina las distintas variables para el tipo de organización político militar, con espacios públicos, abiertos, cerrados y clandestinos de trabajo, además de expresiones tipo movimiento hacia el trabajo social de base y estructuras funcionales de apoyo en lo técnico. El carácter partidario de la organización se manifiesta a través de sus líneas, estructuras y responsabilidades internas, cuyas características y composición sólo competen a los militantes o a los responsables directos de estas según sea el caso. Concéntrico a esto existe el eje principal de nuestra construcción de organización, que tiene un estricto carácter territorial (colectivos rodriguistas insertos), entendiendo por territorios los espacios o zonas donde confluyen los sectores sociales que hemos definido como potenciales sujetos transformadores, es decir, poblaciones, comunas o regiones, lugares de estudios o centros laborales. Sin duda el desarrollo de la lucha y la organización del pueblo -en especial por la táctica que seguimos a nivel social- se hará lógica la confluencia de sectores que deberán coordinarse en una unidad de acción, de principios y de fines, que nos pone como desafío la articulación de fórmulas de organización más abiertas en el campo político-social de masas, que proyecten la estructura partidaria hacia esta realidad, con un tipo movimiento compuesto por militantes, colaboradores, simpatizantes y amigos que pertenecen a diferentes orgánicas sectoriales, territoriales, culturales y/o a minorías discriminadas, sin perder el carácter de estructura leninista de la cual nos hemos dotado. En cuanto a política de cuadros, esta tiene como cantera a los propios sujetos sociales con los que se espera consolidar el proyecto, formándolos política e ideológicamente en la base social y desde sus propias luchas, capaces de combinar la teoría y la práctica, los deberes y los derechos, cohesionados ideológicamente, en disposición y movilizados por la línea política general, incluida la preparación científica y técnica en todos los ámbitos que el proceso exija.

Principios organizativos Reivindicamos el Centralismo Democrático como la esencia de la estructura política del FPMR, método mediante el cual se logrará la necesaria unidad política y orgánica en torno a los objetivos tácticos y estratégicos. Es en este principio en el cual se combinan armónicamente el centralismo y la democracia, convirtiendo a la organización en una colectividad viva, creadora y dinámica. La línea política y acción general debe ser periódicamente discutida y aprobada ampliamente, haciendo prevalecer las decisiones mayoritarias, las que deberán ser respetadas e impulsadas por todos. Las minorías tienen derecho a expresar sus planteamientos y propuestas, estimulando el debate ideológico. Sólo la diversidad de ideas confrontadas nos permite crear un sentido crítico. Estar en posiciones de mayorías o minorías tiene un carácter relativo, ya que una u otra pueden ser sólo transitorias o formales, por eso lo más importante es siempre profundizar el debate en función de los intereses colectivos. La democracia interna, la conducción y dirección, el funcionamiento de la organización, se canalizan mediante nuestras instancias regulares de decisión, participación y actividad política partidaria. Entre estas el Congreso Rodriguista, órgano máximo de resolución estratégica; el Ampliado General, espacio de intercambio y cuenta periódica; la Dirección Política Nacional (DPN), en su rol de conducción y dirección principal; el Activo, donde se tratan los temas tácticos y contingentes; y los Colectivos Rodriguistas (CRs), núcleos de la organización insertos en territorios y coordinados regional o zonalmente, a través de la conducción de cada colectivo (en función de posibilitar tanto una coordinación política permanente, como crear las condiciones para el surgimiento de nuestras futuras direcciones intermedias o “secretariados”); además están las instancias funcionales que suplen necesidades de tipo administrativas, aseguramiento, apoyo, etc. La conducción única se sostiene en principios democráticos y centralistas, y los dirigentes tendrán responsabilidades específicas para impulsar junto a las bases dichas decisiones, en constante evaluación de su responsabilidad y gestión política. Lo que no significa caer en permanentes discusiones puntuales que esterilizan las acciones concretas o coarten decisiones rápidas que cada coyuntura específica pueda requerir. Nuestras instancias de conducción se establecen sobre la base de una política de dirección colectiva, con la facultad de dar respuesta a las necesidades de las distintas líneas de construcción, tanto en el trabajo con sectores sociales como en las líneas de trabajo específicas e internas de nuestra organización. Bajo este precepto, las instancias de dirección son responsables de tender hacia la representatividad de su cuerpo. La Dirección y sus miembros deben rendir informes de cara a la militancia de manera periódica. La Dirección máxima en su totalidad debe discutir y estar informada de todas las políticas de la organización, sin perjuicio de que por motivos de seguridad y/o compartimentación, no sea conveniente detallar alguna de sus tareas específicas al conjunto de la militancia. Los espacios principales de debate y vida interna militante entre congresos son los colectivos y el activo rodriguista, donde se enriquecen y construyen nuestras posiciones y acción como organización. Esta profundización de la discusión sirve también para mejorar nuestra capacidad política y teórica, para garantizar el protagonismo real de los militantes, así como el fortalecimiento teórico-ideológico mediante el estudio planificado y la discusión dirigida, que incide en la elevación de nuestros niveles de participación consciente. Las instancias de dirección, la conducción principal y los responsables políticos de cada colectivo que conforman el activo rodriguista, son elegidas democráticamente, pudiendo ser removidos de sus responsabilidades. Aunque esta democracia no se reduce sólo a la posibilidad de elegir o ser elegido, u opinar y criticar lo que se estime. El militante debe ser un protagonista activo y responsable de la organización, no tan sólo un fiscalizador u observador de dirigentes y estructuras. El militante rodriguista debe jugar un papel dinámico a la hora de propuestas e iniciativas concretas en su colectivo y en la implementación de la política de la organización. El control colectivo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, la crítica y la autocrítica, la responsabilidad militante y la participación constructiva, son principios que se deben practicar de forma permanente. Estas conductas internas están regidas por los Criterios y Normas de Funcionamiento de la organización, es decir, los estatutos que rigen la vida interna del FPMR. Donde la vigilancia revolucionaria o control partidario, son herramientas que nos ayudan a desarrollar y viabilizar la aplicación de la línea política y el ordenamiento en torno a ella, así como el estímulo colectivo e individual al desarrollo de mejores y disciplinados cuadros militantes. II. FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA MILITAR DEL FPMR Nuestra política militar (PM), con los lineamientos y orientaciones principales que guían las tareas militares de la organización, son parte de la estrategia y la concepción de construcción de fuerzas en pos de los objetivos del proyecto político del FPMR. Nuestra PM se fundamenta en la realidad de la sociedad organizada en clases y colmada de contradicciones irreconciliables, donde de manera inalterable se ha empleado la violencia en todas sus formas de expresión para mantener una

situación de injusticia y privilegio. La humanidad ha sufrido profundos cambios que influirán decisivamente en los contenidos de las políticas, pero sin lugar a dudas siguen existiendo las contradicciones de clases tanto al interior de cada país como en la correlación de fuerzas internacionales. Nuestra PM tiene un profundo carácter internacionalista. Las experiencia histórica de nuestro continente es implacable en demostrar que sin una lucha continental, sin un proyecto unificador, será imposible combatir al enemigo común, el poder de las burguesías y sus tentáculos imperialistas, donde es imposible pensar un sistema económico y político alternativo, basados en la soberanía y autonomía de los pueblos, y en la diversidad cultural. En la actualidad, nada indica que el modelo imperante de acumulación del capital sea vía de solución de las grandes contradicciones que sufre la sociedad. En el caso chileno, los análisis nos muestran un país que vive en una aparente reconciliación, pero que encubre contradicciones que necesariamente en algún momento buscarán una solución. Como la historia lo muestra, en momentos de crisis y de agudización de los problemas internos, siempre se ha empleado la fuerza y las formas más violentas para solucionarlas a favor de los poseedores del gran capital, los que hasta ahora son los vencedores. Aunque también no es previsible que en el corto plazo las contradicciones de la sociedad chilena adopten modelos de ruptura como insurrecciones generalizadas u otra forma de guerra popular, ya que aún no se ha desarrollado un movimiento popular capaz de llevarlas a cabo. Estas y otras consideraciones sobre la realidad nacional e internacional, incluyendo nuestra propia realidad como organización, son las que fundamentan y determinan los objetivos inmediatos y de largo plazo de nuestra política militar. Aspectos de la estrategia imperialista en Latinoamérica Junto con el triunfo de la Revolución Cubana se inicia una nueva política imperialista destinada a sofocar la lucha revolucionaria en América Latina. Organismos como AID (Agencia Internacional para el Desarrollo), políticas como la “Alianza para el progreso” del gobierno de Kennedy, etc., divulgan la ideología anticomunista, pretenden integrar a través de la asistencia social a las mayorías pobres (en especial campesinos) al sistema. La CIA (Central de Inteligencia Yanqui) y las FFAA de EEUU abren escuelas y cursos para la oficialidad militar de todos nuestros países y publican manuales de “guerra interna” para militares y policías de América Latina bajo el prisma de la Doctrina de Seguridad Nacional. El control de la banca y el comercio mundial permite condicionar créditos y negocios obligando a nuestros débiles gobiernos a entregar la formación de militares y policías al dominio extranjero para reprimir a sus pueblos. La entrega de dinero a políticos y prensa corrupta, a sectores religiosos reaccionarios y segmentos sociales desclasados completan el cuadro. Paralelo al concepto del uso de la fuerza militar principal sólo en “batallas decisivas” (contra la URSS por ejemplo) se desarrolló la doctrina del “Conflicto de Baja Intensidad (CBI), orientada a las situaciones que por motivos técnicos y políticos no hicieran recomendable el uso de una fuerza masiva. Las proyecciones del CBI se perfilaron a las situaciones de lucha irregular, fundamentalmente al combate a las guerrillas y a los procesos revolucionarios y de liberación nacional, o como estrategia contrarrevolucionaria (caso nicaragüense). El CBI se concibió como una guerra de desgaste y con utilización de unidades especializadas. Movimientos Revolucionarios, Patrióticos, Nacionalistas, Antiimperialistas, Populares o socialistas son aplastados política o militarmente en Brasil, Guatemala, Chile, Perú, y en casi todos nuestros países entre las décadas de 1960 y 1980. Instaurándose dictaduras militares brutales, las cuales establecieron coordinación de inteligencia y operativa regional en el continente, intercambiando información, capacitación, ayuda técnica y operativa. Capturando, trasladando y entregando a prisioneros de un país a otro sin mediar trámite legal alguno (“Plan Cóndor”). La insurgencia en Guatemala y El Salvador, y el triunfo sandinista en Nicaragua agudizaron la intervención yanqui y masificaron la guerra sucia y el genocidio contra el pueblo. Lo anterior, junto a un complejo cuadro internacional (caída del “Socialismo real”, y el “período especial” cubano, etc.) terminó con la lucha armada en etos países. Con la caída del campo socialista y ahora con una correlación de fuerzas favorables, el Imperialismo consideró un cambio en la conducción de la estrategia general de dominio en el contexto de un Nuevo Orden Mundial. En lo político, el imperio propugna la consolidación de las “economías de mercado” y de los “regímenes democráticos” (restringidos-protegidos). La seguridad hoy para los Estados Unidos, en su relación con América Latina, pasa por el apoyo de las formas democrático-burguesas como mejores garantes de la economía de mercado, porque la situación internacional lo permite, y porque es el marco idóneo para formar un bloque y lograr la “estabilidad económica y social” que busca. La firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos, y la meta de alcanzar una zona de “libre” comercio en todo el hemisferio (ALCA), definen el carácter de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, las que también marcan la pauta para un nuevo concepto de seguridad. En lo militar, se inicia una nueva etapa guerrerista con la Primera y Segunda Guerras del Golfo Pérsico. Estimulado por su supremacía como superpotencia, Estados Unidos quiere afianzar y extender su dominación por medio del despliegue de una estrategia militar de control global, manifiestas en intervenciones en el Golfo, Yugoslavia, Asia Central (Afganistán), Palestina, Irak. Esta estrategia tiene como pretextos el combate al terrorismo, la inmigración ilegal, lucha contra el narcotráfico o

las armas de destrucción masiva, de las cuales EEUU espera tener el monopolio, adjudicándose el derecho a “guerras preventivas” contra cualquier potencial amenaza a sus intereses y hegemonía; de hecho el aparato militar de los EEUU ha crecido enormemente durante los últimos 10 años, y tiene un rol clave en la protección de empresas, el acceso a mercados y materias primas estratégicas, en especial recursos energéticos. Para la guerra “convencional” se continúa desarrollando la doctrina militar de la “Batalla Aeroterrestre” nacida en los años 80, que contempla el uso de tecnología de punta en las comunicaciones, exploración y guerra electrónica, y el despliegue envolvente y combate simultáneo en los distintos flancos (frente y retaguardia) del enemigo, además de desarrollar el combate en sus distintos teatros (tierra, mar y aire) y con diferentes medios como la electrónica, comunicaciones, guerra psicológica. La calidad de la combinación de tanques, infantería mecanizada, tropas helitransportadas y helicópteros de ataque (precedidos de bombardeos de “ablandamiento”), es lo que les otorga los requisitos o condiciones para el éxito, que son la velocidad, flexibilidad y potencia de las fuerzas (sobre todo terrestres). Esta estrategia militar cuenta con la superioridad tecnológica y el uso de fuerza masiva, pero no puede sostenerse por períodos prolongados de tiempo o enfrentando más de un escenario de conflicto debido al inmenso costo económico que conlleva, y a sus factores políticos internos. Estas posturas tácticas y estratégicas no provienen de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que simplemente luego de estos acontecimientos cobraron mayor agresividad los planteamientos ya contenidos en el Documento Santa Fe IV, redactados a fines del año 2000 por los ideólogos del Partido Republicano. Los documentos Santa Fe están destinados a orientar ideológicamente la política de los Estados Unidos hacia América Latina. Los anteriores documentos ya habían señalado el peligro de las fuerzas patrióticas y revolucionarias en el contexto de la guerra fría. En esta nueva versión, Santa Fe IV solo actualiza el análisis de las políticas de los Estados Unidos para América Latina a la luz de los movimientos populares que resurgen en nuestra región. Dicho documento es ni más ni menos que un plan de anexión de América Latina y el Caribe, de acuerdo al que se trazan las estrategias y se definen los enemigos. La estrategia de dominación hacia el Movimiento Popular y Revolucionario tiene como primer objetivo, el encasillarlo en el terreno de la legalidad e insertarlo al sistema y lograr de que finalmente se integren totalmente a este, manteniéndolo cercado en el terreno delineado por el sistema con un bajo perfil de incidencia en la vida política (dentro de las reglas de juego establecidas) y que no alcance un nivel decisivo en la correlación de fuerzas y el combate. De acuerdo a las circunstancias, esta estrategia se combina con la fuerza militar para lograr los mismos objetivos políticos con otros medios: controlar, neutralizar, desarticular, cercar, y de esta forma derrotar al movimiento revolucionario. En el campo militar, para concretar su plan para América Latina se encuentra el Comando Sur de EEUU. Área de responsabilidad del Comando Sur (CS), que abarca toda América Central y América del Sur, el Caribe y las aguas que le rodean. El CS tiene sedes en Miami y Puerto Rico, encargados de la planificación, coordinación y conducción de la actividad militar de EEUU en toda América Latina y el Caribe. El CS ha instalado bases militares con aeropuertos en Aruba-Curacao, Antillas Holandesas, en Manta, Ecuador y en Comalapsa, El Salvador. Estas bases le permiten a EEUU introducirse en el espacio aéreo, terrestre y marítimo de la mayor parte de los países de América Latina. La facilidad con que los militares norteamericanos pudieron construir esta red de bases se debió principalmente al apoyo y entrenamiento a largo plazo de oficiales de los países dependientes realizado por el CS en América Latina. Esto proporciona a EEUU un trampolín para un control regional más global, ya que produce una suerte de efecto multiplicador. La construcción de fuerzas militares en países dependientes requiere una multiplicidad de actividades. Tanto en la forma como en la organización y los contenidos, los oficiales latinoamericanos son entrenados directamente para servir a los intereses estratégicos, económicos y militares del imperio. En cada región del Caribe, América Central y el resto de América Latina, el CS ha estado armando, entrenando y adoctrinando a los ejércitos nacionales mediante “programas conjuntos” para servir a los intereses de EEUU bajo su liderazgo. La finalidad es evitar la utilización de tropas norteamericanas y de esta forma reducir la oposición política en los Estados Unidos.

En Colombia, con $1.300 millones de dólares en ayuda militar norteamericana destinada al Plan Colombia 1, el CS está involucrado a todo nivele en las operaciones militares colombianas. Ha ejercitado tres «batallones antidrogas» de elite para operaciones contrainsurgentes y está formando las tripulaciones de helicópteros equipados con misiles y ametralladoras. Los cuadros superiores y las Fuerzas Especiales del CS participan activamente en los campos de batalla, dirigiendo operaciones de combate y coordinando la colaboración militar con los escuadrones de la muerte, tal como se vio en El Salvador, Guatemala y anteriormente en Vietnam. En Bolivia las Fuerzas Especiales y la DEA (sigla en inglés de la Oficina antidroga) actuaron en el Chapare, adiestrando y construyendo nuevas bases militares. En síntesis, el sistema cuenta con todos los instrumentos políticos, militares, jurídicos, económico-materiales para conseguir sus propósitos; de ahí los grandes desafíos que esto implica para el proyecto revolucionario. Esta estrategia continental del Imperio y cúpulas de poder latinoamericanas, se refleja en cada país con sus particularidades, dada la transición de dictadura a gobierno civil y las expresiones armadas y no armadas de los movimientos populares y revolucionarios existentes. La permanencia de la Doctrina de Seguridad Nacional adaptada a estas nuevas condiciones, tiene efectos profundos en la relación con el cuerpo social. No sólo se trata de la concepción predominante en los mandos uniformados de todo tipo,

sino que forma parte de la doctrina militar de los partidos tradicionales que con algunos matices se suma a la estrategia del «enemigo interno». Aspectos de la estrategia contrainsurgente en nuestro país En nuestro país, en los últimos años de gobiernos civiles las medidas de contrainsurgencia han abarcado diversas esferas de la sociedad, que en lo político están encaminadas a consolidar el régimen democrático-burgués y contener las organizaciones populares, lo que obliga por lo demás a la formalidad democrática electoral, el fortalecimiento o legitimación de las instituciones que mas convengan a su política de consensos o diálogo, tales como las centrales sindicales, grupos empresariales y comerciales, organizaciones educacionales, etc., hasta consolidar una estabilidad que alcance y mantenga un perfil que consideran como conveniente y necesario. El objetivo es disminuir lo más posible las fuerzas opositoras al sistema, bajo la argumentación de que quieren socavar y destruir el “régimen democrático», y actuando mediante un abanico de formas para conseguir tales files, desde las mas sutiles hasta la eliminación física de acuerdo al momento y la necesidad. Así se han establecido los límites legales del quehacer político democrático-burgués durante todos este tiempo. En el aspecto militar, con el propósito de legitimar a las Fuerzas Armadas en el orden nacional e internacional, el gobierno las inserta en el “régimen democrático” y hace sobresalir su perfil “profesional”, incluida una fuerte campaña de lavado de imagen para mostrarlas como un aporte a la “transición”, evitando que como instituciones se vean afectadas por juicios en casos de violaciones a los derechos humanos. Esto por cierto no modifica un ápice su esencia como institución de resguardo de los intereses del Estado (y de potenciales amenazas a los sectores populares), otorgándole un papel y lugar en los círculos de poder acorde al peso político-material que han alcanzado en la sociedad; especialmente después de haber conformado el bloque en el poder en los 17 años de dictadura. Las FFAA sigue siendo decisivas en las estructuras de poder, no sólo mantiene el control e influencia sobre áreas políticas, institucionales y jurídicas, sino que se reestructuran, se modernizan y se dislocan tomando muy en cuenta las hipótesis de conflicto interno; se dotan de equipo tecnológico y medios modernos útiles para la lucha anti-insurgente; y adecuan sus órganos de inteligencia. Este reequipamiento supone una reorganización de las unidades de combate que modifica la estructura de compañías, batallones, regimientos, brigadas y divisiones o cuerpos de Ejército, generándose nuevas formaciones, reagrupadas geográficamente. Ejemplo de esto es el nacimiento de los llamados “Regimientos reforzados”, unidades tácticas tipo destacamentos o brigadas que integran el trabajo conjunto de diversas “armas” (infantería, blindados, artillería, telecomunicaciones). El modelo está inspirado en una mezcla del utilizado por el ejército israelí y el ya mencionado concepto estadounidense de la Batalla Aeroterrestre. El Ejército de Chile y en general las FFAA, aunque recluten personal de extracción popular, están conformados por oficiales provenientes de la burguesía y personal profesional comprometido con los intereses de esta clase, adoctrinados y disciplinados, preparados para ejercer la violencia contra el pueblo, dotados además de modernos medios técnicos En lo jurídico, el sistema genera el marco necesario, y los gobiernos cuentan con un conjunto de herramientas que «legalizan» su quehacer consolidando la política en contra de la insurgencia real o potencial. En Chile se aplican leyes antiterroristas, leyes de seguridad interior del Estado, leyes de legítima defensa, el arrepentimiento eficaz o “delación compensada”, y otras tantas. En lo institucional, para el ejercicio de su labor represiva, además de contar con un marco legal apropiado, el sistema desarrolla un conjunto de iniciativas destinadas a fortalecer, modernizar, desarrollar y coordinar los aparatos técnico-administrativos, los aparatos ideológicos y los aparatos represivos del Estado, y dentro de estos últimos, los órganos de Seguridad. Esto determina formas y métodos distintos, los que obligatoriamente hay que tener presentes, como también la utilización política del gobierno de turno en la distribución, equipamiento técnico y mayor dotación a cuerpos e instituciones destinadas a la seguridad. Consecuente con este principio, a partir de 1990 los gobiernos civiles reestructuraron las fuerzas policiales: la Dirección Policial de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR), la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), la Brigada de Investigaciones Policiales (BIP) y el Servicio de Investigaciones Policiales (SIP). También establecieron coordinaciones, cooperaciones y acuerdos con organismos extranjeros (Interpol, DEA, FBI, etc.), realizando encuentros periódicos al mas alto nivel para establecer acuerdos generales y bilaterales de todo tipo. En el campo de la inteligencia, la tendencia es la centralización y coordinación interna de los órganos de seguridad, y la coordinación con órganos homólogos del exterior. Por ello en el año 2003 se crea el Sistema Nacional de Inteligencia, iniciativa que a su vez genera la Agencia Nacional de Inteligencia (que reemplaza a la Dispi, o “la oficina”) y el Comité de Inteligencia, que coordina al conjunto de los organismos (civiles y militares) que existen actualmente en este campo, y cuyo objetivo es apoyar al poder ejecutivo en relación con el “terrorismo, la criminalidad organizada y la contrainteligencia”. En el ámbito operativo continúan las detenciones y golpes represivos que implementan los organismos del Estado en determinadas coyunturas. De esta forma, lo operativo es complemento político de sus intereses. Un aspecto a considerar es

que el accionar operativo es llevado a efecto a partir de supuestas pruebas materiales, judiciales o hechos concretos donde argumentan ser empujados por ley a actuar, tratando de dar una imagen diferenciada de los organismos de la dictadura. Todo este conjunto de medidas se van ajustando, readecuando, reformulando y/o profundizando según como se vaya dando la situación política o político-militar, posibilidades de obtención de medios tecnológicos, financieros, instrucción, etc. En lo ideológico, este sistema represivo es conceptualizado por el bloque en el poder como «Seguridad Ciudadana», que es en realidad la actualización de la Doctrina de Seguridad Nacional implementada por la dictadura militar. La que estipula que los graves problemas de “orden público” que persisten y se desarrollan en la sociedad (como resultado de las grandes contradicciones económicas, políticas, sociales y culturales), sólo pueden resolverse por la vía represiva, o poniendo en riego los principios de libertad, sin plantear si quiera sus causas para resolverlos. Para el modelo chileno, sólo un país «pacificado» brinda las garantías que exige la inversión extranjera, un objetivo esencial de la política neoliberal. III. LÍNEA DEL TRABAJO SOCIAL DE MASAS Nuestro Proyecto Político ha definido que el Movimiento Popular debiera tener como sujetos principales a los Trabajadores, Pobladores y Estudiantes, sectores cuyo elemento unificador es ser igualmente golpeados por este sistema de dominación, que los somete a una situación de explotación, dominación y pobreza estructural irreversible dentro del actual esquema. Esto se refiere a una dimensión visible, que es la falta de ingresos para satisfacer las necesidades básicas (salud, vivienda, educación dignos), pero que en su fondo esta pobreza estructural tiene como causa la relación de explotación inherente al Capitalismo y que se presenta con exacerbada crudeza en su modelo Neoliberal. Esto no significa descartar a priori a otros sectores específicos o territoriales que involucrados por condiciones concretas y de lucha, puedan identificarse con los intereses de los sectores antes mencionados y tener incidencia política concreta, como por ejemplo los pueblos originarios, pequeños campesinos, artesanos y microempresarios, intelectuales, profesionales, sectores medios, etc. Sin embargo, desde el punto de vista de la conducción y el cambio social, los trabajadores, pobladores y estudiantes representan más fielmente para nosotros, el rompimiento revolucionario con el sistema; una fuerza que en cantidad y calidad es suficiente para constituir la vanguardia avanzada y el movimiento popular pendiente, un eje importante del sentido nacional que supone nuestra nueva propuesta. Carácter de la táctica del período El trabajo social o de masas en las condiciones y correlación de fuerzas actuales, tiene como primer paso la constitución de los sujetos sociales propios de este Movimiento Popular, para lo cual nuestra propuesta apunta al fortalecimiento de la autonomía e independencia política de las organizaciones populares en relación con los gobiernos y Estado capitalista en cualquiera de sus formas; al desarrollo de la convergencia de las organizaciones sociales en torno a la lucha reivindicativa y a objetivos comunes relativos a los trabajadores, pobladores, estudiantes, la mujer, la cultura, etc.; a la generación de plataformas de lucha a nivel territorial y sectorial; y a la participación del pueblo en todos los asuntos que le atañen. La futura expresión organizativa de este desarrollo es la creación de focos o embriones de poder popular a través de la acción directa de los organismos sociales y políticos en un sector, mediante asambleas, control territorial, construcción de espacios alternativos de desarrollo social, cultural y económico, entendiendo como espacio territorial a todos los sectores sociales coordinados de una zona o región, pobladores, estudiantes y trabajadores. En este proceso también deben ser integrados de manera gradual, coherentes con la situación concreta, los contenidos y formas relacionados con lo militar, internacional y otros aspectos que orienta conceptualmente el nuevo proyecto; autodefensa de masas, relaciones entre organizaciones sociales del continente, autogestión, formación política, etc. En función de dichos planes es que hemos descartado la inserción en la institucionalidad (alcaldías, parlamento o presidencia), como estrategia conducente para la mencionada construcción. El régimen político imperante está en general diseñado para cerrar el paso o bien absorber y cooptar expresiones políticas distintas a la del bloque en el poder, situación que en un contexto de desventaja o desorganización de los sectores populares y revolucionarios a escala nacional, convierte en estériles los diferentes intentos de enfrentarlo “desde adentro”. No negamos en todo caso el uso de determinados espacios legales o semi-legales en el ámbito de base, que el pueblo utiliza para articularse y defender sus reivindicaciones históricas (juntas de vecinos, centros de alumnos o federaciones, sindicatos y otros). El rodriguismo con su política social no intenta suplantar la organización que el pueblo se da o ejerce, ni menos generar representaciones artificiales dentro de las estructuras del poder actual, su institucionalidad o cualquier otra forma que represente este sistema, más bien nuestra opción es ser una alternativa de lucha, un instrumento de organización, formación y confrontación del pueblo con el yugo que lo oprime. En el caso del FPMR, el Colectivo Rodriguista (CR) es el instrumento político para la construcción de Movimiento Popular a través de la línea del trabajo de masas, en cada sector social y territorio. Este proceso, si bien depende del análisis

concreto de las diferentes realidades locales o sectoriales, también se rige por criterios y contenidos centralizados que todos los CR deben integrar a la conducción y dirección de su trabajo específico. Por otra parte, tomando en cuenta que el desarrollo ideológico, político y organizativo de los sectores sociales es mucho más incipiente o heterogéneo que en otras etapas históricas, a la hora de construir sujetos sociales debemos trabajar en los distintos contenidos y espacios asumiendo con mucha responsabilidad sus variados niveles de desarrollo y características. Uno de estos está vinculado a las necesidades elementales de cada sector social (sociales, económicas, culturales, etc), a las organizaciones y espacios de carácter legal o semi-legal de base donde se aglutinan estos sectores (poblaciones, liceos y universidades, centros laborales), sobresaliendo lo local, e incluso los lugares físicos donde se reúnen. Estos espacios podrían contribuir a la formación de sujeto en la medida que crecen en conciencia, organización y alianza con sus iguales u otros sectores sociales siempre que existan condiciones que lo permitan, por lo que nuestra acción respecto a estos organismos debiera privilegiar su conducción a través del trabajo territorial. Como complemento en lo anterior, para la generación de sujeto social en el ámbito poblacional, estudiantil y de trabajadores, nuestra organización busca establecer o potenciar iniciativas u organismos que se coordinen y desplieguen acciones (intervención) con alcance en lo nacional desde sus propios frentes de lucha sectorial o territorial. En la práctica concreta, este quehacer se podría manifestar como frentes político-sociales que logren aglutinar, agrupar o coordinar en torno a esta política a gran parte del contingente cercano al Rodriguismo y a las ideas anti-imperialistas y anti-capitalistas en general, aportando a su aplicación y difusión. Ahora si bien es en este universo de compañeros donde se encuentra el potencial militante más inmediato, nuestro norte no es crear apéndices ni estructuras partidarias o para-partidarias. Lo que pretendemos es agrupar o coordinar a organismos y personas, y eventualmente a otros colectivos políticos sociales que giran en torno a nuestro trabajo en poblaciones, universidades, escuelas o grupos de trabajadores, en temas de interés en la formación, propaganda y luchas sectoriales que necesitan ser impulsadas para incidir y hacer avanzar a los sectores sociales representados. Debido a este propósito, dicha acumulación puede expresarse como un organismo de abierto contenido y posicionamiento político o corriente patriótica con la pretensión de intervenir en los conflictos sociales del país, sólo que su referencia en cada caso debe interpretar indiscutiblemente el trabajo colectivo de todos sus componentes. Estos frentes político-sociales son los nexos concretos entre el FPMR (sus CR) y los sectores más avanzados de las masas, o sea, el instrumento estratégico que debiera aportar a construir y constituir los sujetos de la revolución chilena. Esta tarea si bien puede ser una labor compartida con las diferentes organizaciones políticas revolucionarias del país, no significa que el FPMR tenga que esperar una convergencia específica entre éstas para iniciar el mencionado proceso, pues la constitución de los frentes político-sociales es en la práctica, nuestra contribución a dicho objetivo. La convergencia de organizaciones políticas y la construcción de los frentes sociales estando entrelazados, no existe entre ellos una relación de causa y efecto. El trabajo en los frentes políticos-sociales tiene como meta instalar a las masas en el ejercicio del poder, pero no serán aún expresión del poder popular, sino expresión (en un inicio embrionario) del sujeto que tendrá como tarea la transformación revolucionaria de la sociedad. El poder popular como fenómeno, no surge de las voluntades y cabezas de los revolucionarios y de sus organizaciones, sino de la dinámica de la lucha de clases que en cierto períodos adquiere tal cualidad (en un mismo momento confluyen diversas contradicciones), situando a los revolucionarios y al pueblo en la coyuntura de la dualidad del poder. Los anteriores son contenidos y modalidades que no siempre se presentan “químicamente puros” en su forma concreta, pudiendo en la realidad adoptar muchas representaciones y combinaciones de acuerdo a las especificidades territoriales y sectoriales, y que deberían estar en constante retroalimentación y rectificación, llegando a configurar en el tiempo una sola fuerza. En definitiva, se trata de medios organizativos que deben ser perfeccionados en la práctica social, con lo cual existir e incidir en los sectores sin aparecer como un elemento extraño. Un proceso de construcción y acumulación de mediano y largo plazo hacia el cual dirigir el trabajo desarrollado en los distintos sectores sociales, manteniendo sus características propias e independencia, hasta lograr una convergencia tanto política como organizativa de estos espacios de incidencia. Lo importante de esta construcción es no perder nunca de vista la relación dialéctica partido-masa, la cual se configura armónicamente en la medida que se respetan los espacios de decisión y el rol indiscutible que cada uno guarda en la consolidación de una fuerza única del pueblo. Esta concepción nos permite tener claridad en cuanto a las tareas actuales de cada uno y el futuro de la organización revolucionaria en el país. Por lo mismo, para dar mayor precisión a nuestra línea social o de masas, agregamos algunos criterios que deben observarse para el buen desenvolvimiento de esta orientación en general, así como también los contenidos por sujeto que hay que tener en cuenta al momento de construir en cada uno de ellos.

Criterios para la construcción Las tareas del período (en particular los frentes político-sociales) tendrán múltiples métodos y formas de aplicarse según el análisis concreto de las diferentes realidades de cada sector en el cuál estemos insertos, pero a la vez dotados de contenidos y criterios fundamentales que caractericen el trabajo de masas rodriguista, el que en una síntesis de lo general a lo particular debe: Permitir la construcción y fortalecimiento de las organizaciones sociales por medio de lucha y movilización por los derechos y reivindicaciones básicas en lo económico, social y cultural (con avances y retrocesos propios del período). Promover la articulación y coordinación de los diferentes grupos que se encuentren trabajando en determinado sector, que de curso a un intercambio político que incentive el protagonismo y la participación sin sectarismos u otras deformaciones que impidan la convergencia social y política. Entendiendo que la práctica de la coordinación es la generación de nuevos espacios o iniciativas entre organizaciones concretas (un espacio distinto), al calor de un activismo que haga crecer y fortalecer el trabajo de todos los involucrados en un territorio, sin perder la perspectiva de establecer o potenciar coordinación y acción en lo nacional. La unidad de los sectores sociales será el resultado de los procesos de convergencia en torno a luchas y demandas que se encuentran hoy parceladas, cuyo objetivo final debiera permitir alcanzar una sola plataforma de lucha que aspire a la transformación social con vista al socialismo. Profundizar la solidaridad como clase o sectores sociales, para vencer el individualismo generado por el sistema, poniendo en el centro la comunión de condiciones y necesidades existentes, recuperando y reivindicando la identidad y el papel protagónico que los sectores sociales tienen en la construcción de historia. Para lo cual es necesario impulsar espacios de confianzas, cooperación, creatividad y fortalezas tanto individuales como colectivas, principios que por años el neoliberalismo ha buscado socavar. La construcción de sujetos sociales que se sostiene en la identidad e independencia de clase, concretada en la autonomía en las decisiones y en la práctica de las organizaciones sociales respecto a las organizaciones y partidos afines al sistema o al bloque dominante, y los organismos o zonas intermedias del aparato del Estado o las fundaciones internacionales dependientes del imperialismo o la socialdemocracia. Aporte a la capacidad político-militar del pueblo por medio del desarrollo cualitativo y cuantitativo de la Autodefensa de Masas, la labor organizada del pueblo en tareas anti-represivas, de protección, repliegue ordenado y vigilancia popular (protección de locales, dirigentes y miembros de las organizaciones). En cuanto a la metodología del trabajo de masas rodriguista, este debe caracterizarse por: - Capacidad de incidir en el desarrollo y conducción (contenidos y objetivos) del organismo social, lo que no hay que confundir con las viejas prácticas de buscar la dirigencia como objetivo principal. - Proponer e impulsar métodos y formas de trabajo que eleven la calidad de la organización y la capacidad de movilización. - Levantar o fortalecer tipos de organización que aspiren a agrupar a todos los que tengan similares visiones de la realidad, plataformas y objetivos para el período. - El tipo de organismo a impulsar no puede suplantar, ser “fachada” o representación más o menos implícita del FPMR (que debe tener sus propios mecanismos de representación), ya que el quehacer concreto en el frente político-social tiene un carácter amplio que mediatiza los intereses partidarios a través de sus intereses grupales. Nuestro trabajo debe permitirnos tener presencia e incidencia en los sectores que darán sustento al movimiento popular con una referencialidad creada en la construcción misma, sin diluir nuestro carácter ni nuestros objetivos. - El carácter territorial de nuestra construcción debe expresarse (y medirse) a través de la incidencia concreta en los espacios y sectores de construcción, y no sólo por una distribución geográfica. - Generar espacios permanentes de formación política y educación popular, creativos en lo temático y metodológico, con la participación plena de quienes forman el o los organismos (foros, talleres, jornadas de encuentro, etc.). O sea el militante

rodriguista, debe ser capaz de hacer propuestas políticas y metodológicas concretas y tener una actitud educadora en la organización social. - Reivindicar con hechos y aportes efectivos la militancia política revolucionaria. La contraposición entre las organizaciones sociales y las organizaciones políticas sólo existe como problema con base objetiva cuando la organización o partido en cuestión, lo es en el sentido burgués del término, es decir, un aparato organizativo en el cual personas que participan en el juego político institucional defienden intereses ya sea de los propios aparatos o de sectores o clases sociales dentro del sistema. Una organización política cuyo objetivo es transformar la sociedad, acabar con la explotación y la opresión capitalista, y que su práctica no es oportunista o aparatista, no puede tener ninguna contradicción de fondo con una organización social genuina en el sentido arriba descrito, por el contrario, debieran potenciarse y crecer mutuamente. Promover la autogestión material de las organizaciones sociales, resultado del trabajo colectivo y la participación objetiva. Utilización planificada de diversos medios de agitación y propaganda como método para demostrar y denunciar las contradicciones e inoperancia del sistema ante las necesidades básicas del pueblo, como el derecho a la educación, salud vivienda y alimentación, ante las cuales este modelo no presta ninguna solución más allá de interesadas y pequeñas reformas (lucha ideológica). Conocer las políticas públicas del Estado en el ámbito social (Poder Local, Modernización de la Educación, Plan Auge, Legislación Laboral, y otros), en el impacto que ellas tienen en el ámbito del desarrollo organizacional, la política y conciencia de la base popular, con el objeto de enfrentarlas con argumentos y acciones que garanticen los intereses del pueblo. El primer paso en esta línea rodriguista de construcción, es la articulación o diseño por parte de cada CR, de su frente político-social como un trabajo planificado con objetivos y tareas concretas, medibles de acuerdo a las variables, criterios y métodos ya planteados. Finalmente, los contenidos del trabajo en cada sector social deben servirnos tanto para conocer sus características, problemáticas y formas de organización, así como el camino más certero para desarrollar la construcción en el propio sujeto, su fuerza en cuanto al frente que representa y las vías de su unificación con otros sectores o sujetos para dar forma al movimiento popular en términos materiales, lo mismo que los contenidos y la fórmulas de acción política específica que se tomará para conseguir estos resultados. 1. SECTOR TRABAJADORES La centralidad de la clase trabajadora La centralidad de los trabajadores en la sociedad capitalista reside en el sólo hecho de que es la única clase productora de valor y plusvalor, fin exclusivo de la producción capitalista. Su carácter revolucionario como clase está dado porque potencialmente puede detener la producción de valor y plusvalor, de acrecentar el capital. Lo anterior es una realidad incuestionable, a pesar de toda la ofensiva ideológica de los sectores que traicionaron el socialismo, sustentado fundamentalmente por los llamados “renovados”, que para justificar su “viraje” pretenden confirmar: “…la disminución, tanto en términos absolutos como relativos, de la participación de la clase obrera en el total de la población económicamente activa…una renovación del pensamiento debe partir de allí para conocer adecuadamente la constelación de actores con los cuales se debe construir el futuro del país” (Ricardo Lagos, 1987). Es decir, que la clase obrera está en franco retroceso y disminución, y, por tanto, el proyecto histórico ligado a ésta clase también está desfasado históricamente, por lo cual concluyen que hay que buscar un “nuevo proyecto histórico” y un nuevo “actor” que lo lleve adelante. Sin embargo, los hechos objetivos demuestran una conclusión diferente -cabe señalar que el cambio de la economía y la incorporación de nueva tecnología en el marco del “neoliberalismo”, no sólo provocó la destrucción de sectores completos de trabajadores (en el carbón, en el campo, etc.), sino que dinamizó un cambio y una diversificación en la composición de este sector-. Así tenemos que los llamados sectores medios, incorporan un porcentaje significativo de Trabajadores (profesionales y técnicos en la informática, de servicios comerciales y financieros, profesores, sectores ligados a las comunicaciones, las ciencias y medicina, como de todas aquellas actividades consideradas liberales, es decir escritores, artistas, etc.) en la relación Capital-Trabajo, insertos como un grupo más dentro del sistema de trabajo asalariado, como también miles de personas perteneciente a la pequeña burguesía, los llamados trabajadores por cuenta propia, y sus familiares no remunerados, y aunque en términos económicos se proletarizan, su conciencia como parte de la clase trabajadora aún no se desarrolla; los efectos

subjetivos del modelo que fomenta el individualismo, la competencia, el consumismo, etc. profundizan esta falta de identidad de clase. Las teorías sobre la supuesta desaparición de la clase obrera, chocan con la realidad empírica, (verificable estadísticamente), que demuestra más allá de las fluctuaciones periódicas, un crecimiento de la clase obrera a nivel nacional como a escala mundial. El número de asalariados en todo el mundo está compuesto por una fuerza que sobrepasa ya los mil millones, En Chile los asalariados corresponden al 70% de la población económicamente activa; en EEUU, al 91,6%; Alemania, el 89%; Japón, el 82,1%; Argentina, el 70,4%; etc. Estos datos son una muestra que, en términos numéricos, hay una extensión del trabajo asalariado y no existe una evidencia científica sobre la desaparición de la clase obrera. Sí en cambio, una transformación de la misma, con un descenso relativo de los trabajadores industriales (sin embargo sigue teniendo un rol central por el peso en la economía nacional, la proporción del producto interno bruto (PIB) producido por éste sector sigue creciendo) con respecto a los trabajadores del llamado sector servicios, una mayor descentralización de las grandes empresas capitalistas, y por último, un aumento de la pauperización a condiciones cada vez parecidas al siglo XIX con el incremento de la desocupación y la precariedad del empleo. Las transformaciones reales en el mundo del trabajo no significan la desaparición de la clase obrera. Significa cambios en el tipo social de explotación del trabajo y transformaciones en ésta clase, por lo que es necesario dar cuenta del proceso de proletarización de masas asalariadas, donde sus centros de trabajo han pasado a regirse hoy como empresas capitalistas. De acuerdo a los anteriores términos podríamos indicar, que la clase obrera está compuesta actualmente por todos aquellos trabajadores asalariados, manuales e intelectuales ocupados en la producción o servicios, en forma temporal o permanente, que viven principalmente de su fuerza de trabajo, y se encuentran sometidos al capital, incluyendo a los cesantes. El papel conductor de los trabajadores Estamos hoy ante una clase que ha mutado profundamente en sus formas. Una clase más extensa, diversificada, heterogénea y fragmentada. Una clase que se ve sometida a nuevos mecanismos de explotación y dominación al Capital y que asiste a la crisis de sus viejas formas de organización, representación, liderazgo y conciencia. Una clase que sólo podrá articular una verdadera oposición de masas al sistema capitalista a condición de poner en pie un nuevo movimiento de trabajadores, refundado sobre bases revolucionarias. Una clase, entonces, que sigue siendo potencialmente la sepulturera del capitalismo, siempre y cuando descubra las fuerzas transformadoras que entraña en su seno y de que su liberación será obra de su propio genio y esfuerzo. La clase obrera es una realidad histórica viva que se va recreando en el proceso mismo de la lucha de clases, en un movimiento permanente. La lucha de clases provoca un conjunto de experiencias (victorias, derrotas, resistencias, subordinación al Capital y al Estado), que nos remite a una clase cambiante, que interpreta y se apropia de esas experiencias en forma compleja. Los trabajadores van conformando un conjunto de acciones, percepciones y representaciones, que "pueden adquirir un contenido revolucionario o no. Nunca debemos dejar de insistir que no es un proceso mecánico que la clase trabajadora adquiera una verdadera conciencia de clase, revolucionaria y socialista, sino que es sólo una posibilidad, una apuesta que debe reformularse constantemente sobre la base de las cambiantes condiciones económicas, políticas, sociales y culturales". La clase obrera, superando las diversas dificultades que emergen de su actual fragmentación, heterogeneidad, dispersión y novedosas formas de alienación, sigue siendo el único actor potencialmente capaz de producir ese nivel de articulación social, económica, política, cultural e ideológica. Y esta capacidad de articulación no es un atributo contingente o decorativo. Precisamente, para que se torne en un sujeto social emancipador, los trabajadores deben tomar en sus manos todas las reivindicaciones de los oprimidos, de los sometidos, de los explotados, de los dominados, de los destruidos y enlazarlas en un común “Programa Patriótico, Popular y Revolucionario”. Pero no aplastando, monitoreando o degenerando las aspiraciones de los otros sujetos de la revolución, sino estableciendo una relación desde cada uno de ellos para encontrar los códigos comunes de la acción revolucionaria colectiva. Consecuencias del modelo en las últimas décadas Uno de los objetivos estratégicos de la dictadura militar y de la clase dominante fue la des-estructuración de los trabajadores como sujetos sociales y políticos en la sociedad chilena. La privatización condujo al debilitamiento o a la desaparición de sindicatos, al desplazamiento masivo de trabajadores calificados y no calificados, y al pillaje y saqueo de activos de muchas empresas privatizadas. Los trabajadores perdieron muchos beneficios sociales a causa de la «reestructuración neoliberal”, entre los que se incluyen entre otros la proliferación de contratos de corto plazo y la mano de obra rotativa. Las consecuencias fueron el crecimiento masivo de la cesantía estructural, la disminución del nivel de vida y el debilitamiento de los contratos. Los nuevos propietarios privados (extranjeros y domésticos) pudieron aprovechar el nuevo Plan

Laboral favorable para debilitar aún más a los sindicatos y aumentar la polarización de ingresos entre los directivos y accionistas extranjeros por un lado y por otro los asalariados. Agregando a todo esto la carga de miedo constante al desempleo. El “neoliberalismo” ha transformado la estructura laboral, repercutiendo en las condiciones objetivas y subjetivas del movimiento de trabajadores y sindical chileno. Los trabajadores perdieron por un lado como productores (salario, seguridad en el puesto de trabajo, beneficios sociales, etc.) y por otro como consumidores (calidad en el servicio público, transporte y gastos de salud, educación, vivienda, pensión, etc.). Inexorablemente las políticas laborales implementadas entre los años 73 al 89, se tradujeron en la pérdida de una serie de beneficios y garantías que los trabajadores habían adquirido en el curso de los gobiernos anteriores, sobre todo durante la Unidad Popular. El autoritarismo y la aplicación de una serie de normas destinadas a restringir la capacidad de negociación de los trabajadores, provocaron un clima de inestabilidad e inseguridad que limitó su capacidad de negociación y participación. La “flexibilidad” otorgada al sistema de empleos, significó aumentar el poder de los empleadores, constituyendo una traba real al desarrollo de la sindicalización y negociación colectiva. Profundizando los anteriores aspectos, podríamos resumir desde un punto de vista económico-social las principales consecuencias para los trabajadores de la contrarrevolución “neoliberal” (que logra en la actualidad configurar un Estado Neocolonial plenamente maduro), de la siguiente manera: a) La flexibilidad laboral: la flexibilidad del trabajo, propia del modelo económico, genera un mercado laboral absolutamente descentralizado y abierto a las fluctuaciones del mercado, tanto en sus regulaciones legales, como en su realidad productiva, con lo cual se constituye un nuevo perfil del mundo laboral, éste se caracteriza por la existencia de un núcleo creciente de trabajadores con empleo transitorio, con menor remuneración e inseguridad en el empleo. De esta forma, el crecimiento de la economía se ha realizado sobre la base de un enorme contingente de personas que participa del mercado ocupacional a través de un tipo de trabajo frágil e informal. La flexibilidad “neoliberal” no busca mejorar las condiciones de trabajo, ni mucho menos flexibilizar la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores que producen la riqueza del país. Más aún, el gobierno y los empresarios reconocen que con el “neoliberalismo” no hay garantía de trabajo para toda la población y quienes tienen este privilegio están en constante peligro de perderlo. Su objetivo, es flexibilizar las relaciones de trabajo en la producción con la finalidad de contratar y despedir sin mayores trabas legales. Su campo de acción es amplio. Por ejemplo, flexibilidad en cuanto a los ritmos de trabajo, flexibilidad funcional (ejecución de más de una función laboral,) llamada eufemísticamente “polifuncionalidad”, flexibilidad salarial, etc. b) La precariedad de las condiciones de empleo: la eliminación de la antigua legislación laboral, junto a las nuevas tecnologías, han traído aparejada la profundización de la explotación y división del trabajo en la producción mercantil, entre trabajadores calificados (con empleo seguro, y que trabajan horas extras) y trabajadores no calificados (principalmente del sector servicios), inseguros y mal pagados y, una gran masa creciente de más del 50% de la población que trabaja eventual y precariamente, los cuales son desempleados marginados del mercado del trabajo y que, devienen en trabajadores estacionales (temporeros) o inusuales (comercio ilegal) y sin seguridad laboral, Transformándose todo éste mecanismo en un reproductor permanente de las condiciones de pobreza. El desempleo favorece la polarización social al reducir los sueldos no sólo de los desempleados, sino también de los asalariados no calificados, que es el sector más vulnerable al desempleo. Con respecto al trabajo temporal, éste se convierte en una práctica cada vez más normal y de largo plazo en la producción. En el pasado el trabajo temporal crecía cuando la economía crecía y descendía con la caída de ésta. Ahora esta modalidad es mucho menos cíclica, el trabajo temporal está reemplazando los trabajos permanentes, en función de eliminar compromisos de largo plazo, aumento salarial, liquidando las protecciones sociales, etc. La anterior realidad también afecta a los llamados “cesantes ilustrados”, fenómeno que se agudizará con el correr de los años, producto de que la enseñanza superior está completamente mercantilizada, siendo su objetivo el lucro, generando carreras y profesionales de acuerdo a la lógica del mercado, más que de acuerdo a un “proyecto patriótico de desarrollo”. c) Las racionalizaciones o reestructuraciones: que eliminan puesto de trabajo, cuyo objetivo central es la “reducción de los costo” cerrando departamentos “ineficientes”. En este marco surge el fenómeno de la terciarización, donde la empresa se desliga de determinados sectores o tareas de la producción con el consecuente despido de los trabajadores, los cuales luego son contratados en peores condiciones por “empresas” que a su vez son contratadas como servicios o como subcontratistas por las grandes empresas. Este fenómeno no se ha dado sólo en el ámbito productivo, sino también en el sector de servicios, como en las oficinas o los bancos. Estas reestructuraciones no significan un ensanchamiento ni de la base técnica ni de la inversión productiva del capital, sino una reducción lisa y llanamente de los costos laborales. Lo que el modelo hace aparecer como un aumento de la productividad no se debe esencialmente aun verdadero aumento de la misma, que implicaría inversión en nuevas maquinarias, sino a una intensificación de la explotación del trabajo de los empleados que quedan, como de los trabajadores de las empresas subcontratistas.

d) Deterioro de las condiciones de vida y salud mental: las crisis económicas del “neoliberalismo”, en particular el aumento del desempleo y la proliferación de los trabajos mal pagados e inseguros, tienen múltiples efectos, que se extienden más allá de las condiciones materiales de vida y afectan tanto al ser social como a las relaciones más íntimas de los individuos que las sufren. Incluidos los efectos que la forma de producción capitalista produce en el ecosistema y la naturaleza en general, que contaminan, enferman y matan a la población del país, y los propios trabajadores y sus familias. El daño psicológico y de vida infligido a los trabajadores asalariados y eventuales, es en muchos aspectos es tan perjudicial como las pérdidas materiales. Por lo demás las patologías mentales debido al desempleo, a la inseguridad en el trabajo y a la degradación de éste, al endeudamiento, a la falta de previsión social, etc. se expresan en un aumento de los índices de depresión crónica, de rupturas familiares, de suicidio, de violencia doméstica, de malos tratos infantiles y de comportamiento antisocial, en particular si los desempleados se encuentran aislados o son incapaces de exteriorizar su hostilidad y su rabia mediante la acción social colectiva. La impotencia social y política del individuo genera impotencia personal y se expresa bajo la forma de pérdida de la autoestima, de trastornos sexuales y de inversión de la rabia hacia el interior, lo cual da lugar a un comportamiento autodestructivo. Al contrario, cuando el trabajador socializa su descontento y lo convierte en un problema público, es más fácil que la hostilidad se canalice en movimientos sociales, que dirigen la agresión hacia la patronal y el Estado. No obstante, si no existen movimientos progresistas, la hostilidad exteriorizada corre el peligro de caer bajo el control de grupos que actúan contra otros trabajadores (minorías raciales, mujeres inmigrantes, etc.). De esta manera el rol de la organización bajo la forma de movimientos de desempleados, de organizaciones sociales comunitarias que llevan a cabo exigencias colectivas tienen un efecto positivo no sólo sobre la creación de nuevas oportunidades de trabajo, sino también desde el punto de vista terapéutico y de vida. Las luchas colectivas incrementan la autoestima y la eficacia personal, crean solidaridad y ofrecen una perspectiva social. En este contexto, la catástrofe económica se convierte en una experiencia de aprendizaje, de solidaridad práctica. f) Crisis de carácter político-ideológica. Su génesis se debe fundamentalmente a tres razones: - La derrota del proyecto por la vía pacífica al socialismo de la Unidad Popular, que, culminará con la dictadura militar, la que lanzó una ofensiva profunda y de aniquilamiento contra el movimiento de trabajadores y sus principales cuadros. - La debacle de los países del denominado “socialismo real”, que profundizó dicha crisis quedando un importante sector de luchadores sociales y de revolucionarios a la deriva, sin referentes políticos- ideológicos. - Y tal vez una de las más importantes, porque radica en la base misma donde se desarrolla la actividad laboral, es la pérdida de identidad de clase, producto de la fragmentación productiva y territorial de la producción. Lo que hizo debilitarse y hasta desaparecer gran parte de la organización de los trabajadores y sus expectativas de lucha. Es decir, la descentralización de las ramas productivas da origen a la dispersión de los trabajadores como grupo social, con identidad de sí mismo, repercutiendo lógicamente en los bajos niveles de sindicalización, que es la forma político-reivindicativa propio de este sector, teniendo por tanto una capacidad limitada de imponer sus demandas y lograr ajustes de orden social al modelo. Esta situación se hace más grave con la poca representatividad de la Central Sindical que es la CUT, en donde los dirigentes han desarrollado una política de acuerdos mediáticos con los gobiernos de turno y empresarios a espaldas de los trabajadores, aceptando los criterios de “modernización, eficiencia y productividad” con cargo a estos últimos, los que dada su baja capacidad de negociación y movilización, no reaccionan organizadamente. No ajeno a las repercusiones que se manifestaron en el Mundo Popular y con mayor agudeza, los Trabajadores poco a poco han ido perdiendo su rol activo dentro de la política, como un sector anteriormente homogéneo y fuerte en su capacidad de lucha, hoy se presentan como un sector heterogéneo (debido principalmente a su composición), y que el móvil de sus reivindicaciones son económicas y de carácter cortoplacistas, midiendo sus fuerzas más que por los contenidos, por el cuidado de la fuente laboral. En la presente coyuntura la política laboral del modelo fortalece la atomización sindical. Para quienes administran el sistema supone de manera oportunista que los intereses se representan de mejor forma de manera individual o en pequeños grupos (las negociaciones colectivas se desarrollan a nivel de sindicato por empresas), lo que obviamente promueve el individualismo, luchas particularizadas, etc. Bajo el gobierno de la concertación, el desempleo según cifras oficiales del 2003 alcanzó el 9.5%, es decir más de 500.000 mil personas cesantes. Un sueldo mínimo de $115.000 pesos, que descontando las previsiones deja un sueldo cercano a los $90.000 pesos, que no satisface las necesidades mínimas de una familia normal chilena. Nuestro país tiene además una de las jornadas de trabajo mas prolongadas del mundo, como una de la más desigual y escandalosa distribución de la riqueza, proceso que se ira profundizando con la llamada Agenda pro-crecimiento, y la implementación del Tratado de Libre Comercio con el imperialismo yanqui. En qué está el sector de los trabajadores En el año 1992 la tasa de sindicalización en Chile alcanzaba a un 15.3 % del total de la fuerza de trabajo empleada. Sin embargo, para el año 1999, ésta se redujo a un 10.8 %. En el caso de la negociación colectiva, ésta disminuyó de 256 mil

en 1993 a 162 mil trabajadores que gozaban de este beneficio. En cuanto a la capacidad de los trabajadores, para negociar sus condiciones de vida, hoy sólo puede hacerlo un 6.7 del total de la fuerza laboral en Chile (5.000.359). Cabe, destacar, que cifras dadas a conocer por la CUT, reflejo de la realidad de estos últimos años, indican que viene produciéndose una leve recomposición y aumento de la tasa de sindicalización. Sin embargo, a pesar de este positiva posibilidad, ello no significa que exista ni siquiera movimiento sindica; menos aún un movimiento de trabajadores a escala nacional, ni siquiera a escala local, y si existe, se encuentra prácticamente paralizado, ya sea por las condiciones objetivas como por las subjetivas instaladas por el modelo económico. Aunque es posible encontrar una pequeña franja activa de trabajadores y militantes revolucionarios, que persiste en replantear y dar respuestas a las nuevas problemáticas que afectan al conjunto de los trabajadores. Las actuales luchas de los trabajadores se han dado fundamentalmente bajo dos corrientes políticas: la Concertación (PS, PPD, DC, PR) y la segunda, representada por el sector de izquierda que lidera el Partido Comunista. En el ínter tanto, los sectores que se declaran revolucionarios han permanecido fuera de este espectro y conducción o han tenido una participación sólo marginal, producto fundamentalmente de su escaso nivel de inserción social y proyección política La corriente concertacionista, es la que ha ejercido más influencia y ha prevalecido, tanto en los trabajadores de base como en sus dirigentes, permaneciendo domesticados frente a las políticas que imponen los patrones, puesto que la orientación del conglomerado concertacionista es mantener y propiciar -al igual que la derecha- la conciliación entre capital y trabajo, con el objetivo de mantener la supuesta “estabilidad, política, económica y social” del país. Aunque en el “Congreso Refundacional de la CUT” realizado éste sector actuó dividido, la DC, PS, PR, PPD a través de lo que denominan “Colectivo Sindical Siglo XXI” y por otro lado Arturo Martínez y dirigentes sindicales ligados a la línea de éste último. La práctica del PC, y algunos sectores del PS que no son aún francamente neoliberales ha estado dirigida, esencialmente a la defensa del rol del Estado y de reclamar los derechos que éste garantizaba a la población, sobre todo, aquellos vinculados a los derechos económicos, políticos y sociales. Bajo este punto de vista, su interés ha sido principalmente el de rearticular al movimiento sindical concibiendo a éste, como el único centro gravitante de las luchas laborales, pero además bajo la concepción de construcción social que tiene el Partido Comunista, que como sabemos entienden el trabajo en la actividad sindical como de todo el mundo social, como instrumentos y medios para potenciar su política electoral. Si bien las dos tendencias mencionadas anteriormente, pertenecen a distintas concepciones ideológicas, las dos han tendido a reproducir las antiguas formas de organización, como asociaciones gremiales, sindicatos por industria, asociaciones gremiales de funcionarios públicos, etc. También, ambas corrientes han tenido que enfrentar cierto estancamiento, ya sea porque han sido incapaces de anular o inhibir los distintos mecanismos que ha utilizado el empresariado para debilitar a las organizaciones de los trabajadores, (prohibición de formar sindicatos, persecución a los dirigentes, utilización de los despidos como forma de atemorizar a los trabajadores y otros innumerables mecanismos que tiene el poder para debilitar la organización), como por las actuales características productivas que han dificultado rearticular las antiguas formas de participación de los trabajadores. Frente a este cuadro, hemos sido testigos de numerosas experiencias que han tenido el propósito de intentar una construcción fuera de las orgánicas tradicionales, donde una gran mayoría de ellas ha fracasado. Unos plantearon la creación de un movimiento clasista e independiente de los partidos, algunos vienen hablando de refundar la CUT. Otros plantean la creación de organizaciones sindicales paralelas, horizontales, autónomas, etc. Uno de los primeros intentos de construcción alternativos fue propiciada en el año 1991 por el Movimiento por la Autonomía Sindical (MAS). En esta instancia participaron dirigentes del ámbito, sindical, político y poblacional. Que luego derivan en el frustrado intento de construcción del “Partido de los Trabajadores”. En 1995, se levanta otro sector de ideología humanista cristiana, ligada a la DC, vinculada a la CIOLS y crean la Central Autónoma de los Trabajadores (CAT) la cual aún existe, pero con una presencia marginal. En 1997, nace la “Multisindical”, agrupación de trabajadores organizados a través de sindicatos y asociaciones, que perseguían aglutinar a los sectores organizados de los trabajadores desde una óptica más bien vertical, si bien perseguían la participación de las bases, esto era dificultoso debido a la dinámica de construcción cupular. En 1999, nacen los Colectivos de trabajadores CCTT, que buscan organizar en esta etapa a los trabajadores más avanzados desde el punto de vista de la conciencia, combinando formas e instrumentos organizativos tradicionales como los sindicatos, pero también franjas de trabajadores organizados en espacios alternativos. Sin embargo, esta experiencia no logra superar el ámbito cupular. Hay otras experiencias del sindicalismo clasista que intenta construir una alternativa al margen del sindicalismo burocrático y corporativo de la CUT, como es la experiencia de la Confederación de Sindicato de Trabajadores Santiago Poniente CONFESIMA.

Elementos para la construcción Hay que partir de la base de que “recetas” para la construcción no existen. Pero, nuestros intentos deberán considerar los elementos fundamentales que nos entregó toda una “camada” gloriosa de luchadores y revolucionarios. Recuperar la independencia de clase respecto de los partidos burgueses, el Gobierno y los empresarios. Para ello debemos remontarnos a la historia y rescatar la declaración de principios de la FOCH de Luís E. Recabarren y de los principios que sustentaron la fundación de la CUT en 1953. La declaración de principios de la FOCH 1919, declaraba: “librar a los trabajadores y empleados de ambos sexos de la explotación y opresión en que viven esclavizados y así conquistar la libertad efectiva, económica y moral, política y social de la clase trabajadora, aboliendo el régimen capitalista”. Otro hito importante a considerar, es la experiencia de los Cordones industriales en 1972. Expresión máxima de la vanguardia de los trabajadores en aquella época. Se trata entonces de dar una mirada a la historia y a través de este legado construyamos y nos encaminemos con estos claros objetivos, métodos, estrategias y tácticas y herramientas para la lucha, de los cuales hoy nos dotamos. De ahí que una de nuestras tareas fundamental es construir un nuevo movimiento de trabajadores, re-fundado sobre bases revolucionarias, donde la recuperación para los trabajadores de la CUT y de los diversos sindicatos, federaciones y confederaciones sea parte y consecuencia de este proceso, que promueva la unidad, la solidaridad y que aglutine al conjunto de la masa laboral chilena y que enfrente las políticas del gobierno y de los patrones desde una perspectiva de clase. A través de nuestro trabajo de masas debemos buscar, crear y elevar la conciencia, la organización y la capacidad de lucha de las masas; sustentar la vigencia de la alternativa popular a través de un Proyecto Patriótico de Desarrollo y con miras a lograr una real Independencia Nacional. En esta perspectiva, tenemos que nutrirnos e ir abriendo un cause de maduración política, para que la haga suya nuestro pueblo. Esta estratégica misión histórica sólo podrá cumplirse, en tanto y en cuanto disputemos la hegemonía del futuro movimiento de trabajadores y asumamos abiertamente un rol dirigente en la lucha de clases como destacamento de la vanguardia compartida. Dentro de este contexto, la hegemonía política implicará hacer prevalecer la alternativa popular, levantando la moral, venciendo el miedo y el derrotismo político, demostrando a los renegados de siempre y a la burguesía corrupta y parasitaria que, a pesar de la implacable miseria en que tienen sumido a la gran mayoría de nuestro país, en la conciencia del pueblo trabajador aún está presente su capacidad de lucha, de forjar esperanzas, utopías y, de hacer la revolución. Esta es nuestra imperiosa misión. Criterios del rodriguismo y su militancia en el sector de trabajadores El militante debe buscar siempre la convergencia, aunque esto implique avances más lentos. Debe respetar la independencia de la organización de trabajadores y defender el ejercicio democrático en su interior. Debe captar nuevos miembros entre los trabajadores, más concientes, aquellos que más se destacan por sus capacidades y cualidades humanas. El militante discute en su Colectivo los problemas de la organización de trabajadores y allí, en la instancia de base se define la modalidad a implementar Para construir una fuerza sindical propia, debemos tomar en cuenta que sólo es posible hacerlo por la base. Es decir, a partir de la empresa, o del espacio donde se desarrolla la actividad laboral. Un poder de sindicalización y conducción de los conflictos conjuntamente con la capacidad de educación y formación. Esta es una cuestión clave en el mundo sindical y genera siempre una amplia influencia, así como una excelente propaganda y agitación (“piqueteo”) sistemático en las industrias llevando nuestra opinión a través de cartillas educativas, trípticos, folletos, volantes, cartas abiertas, El Rodriguista, etc. La clave de esto es que debe ser constante, oportuno y diversificado. Otra cosa de vital importancia es un periódico (hoja obrera) de tipo territorial, en la cual se de conducción ágil y concreta a los problemas propios de las industrias para las cuales fue ideado. Una última línea de trabajo importante es la generación de bases de organizaciones de trabajadores y/o sindicales territoriales, o bien donde logremos influencia. A partir de la organización de los trabajadores y/o sindicato, se pueden iniciar actividades hacia otras empresas y respectivas organizaciones de trabajadores, abriendo un cause de acción común hasta

conformar una especie de coordinación de trabajadores y/o sindical territorial como eje central en la construcción de un frente político social. El CR y su militancia para dotar el trabajo de una proyección, deben lograr en cada organización de masas los siguientes objetivos: Ser capaces de ejercer un liderazgo donde la mayor cantidad de personas asuma distintas responsabilidades por muy humilde y pequeña ésta sea. Usar formas de lucha acordes al estado de ánimo de los trabajadores, no debemos olvidar nunca que las formas de lucha las determina y las valida el movimiento social. De tal modo que la violencia como instrumento se debe ir afianzando en la propia práctica. Esta construcción debe poner a la organización de los trabajadores en contacto permanente con la masa popular y para ello hay que impulsar las asambleas, distribuir cartas, ganar murallas, levantar diarios murales. Es decir, se tratará entonces de capitalizar el trabajo social, como una forma de legitimarnos frente al pueblo en concreto y de manera directa. El trabajo, lo conduciremos de acuerdo a la disposición de los sectores más avanzados y, es con ellos, con quienes definiremos las líneas de acción. Sólo así abriremos cause a un espacio más amplio, integral y homogéneo al cual de a poco irán, también llegando, los sectores más atrasados hasta avanzar definitivamente a un referente común nacional. Plataforma de lucha Esta Plataforma se plantea con el objetivo de influir en la conciencia de la masa trabajadora, ganarnos su confianza y convencerlos para que se organicen y luchen, buscando interpretar y defender sus reivindicaciones más importantes, como punto de partida para la construcción de una conciencia de sujeto y potencial revolucionario. Por un salario que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda. Por el derecho a la estabilidad laboral con trabajo digno, que permita el desarrollo íntegro de la persona, es decir, capacitación laboral de acuerdo al área en que los trabajadores se desenvuelven, cursos de prevención de riesgos, condiciones de infraestructura que permitan un buen espacio de almuerzo y colación, que se respete el horario de trabajo y colación, en definitiva el respeto por calidad humana del trabajador. Por un seguro de desempleo financiado por los empresarios y el Estado, que garantice un subsidio suficiente para mantener una calidad de vida digna, tanto del trabajador como de su núcleo familiar. Por el derecho al descanso, recreación e integro desarrollo del trabajador y de su vida familiar. El punto de inicio para lograr implementar estos objetivos es a partir del pleno respeto y racionalización de la jornada de trabajo de 8 horas diarias con un máximo de 40 horas semanales. Inicio por parte del Estado de un proceso de industrialización del país que abra un nuevo mercado interno, que consolide miles de nuevos puestos de trabajo. Unido a la recuperación del patrimonio nacional, los recursos naturales y las empresas estratégicas en manos del capital transnacional, de manera que se consolide un proceso real de independencia nacional. Implementación de una política de protección de la pequeña y mediana empresa nacional y de sus trabajadores, para que pueda enfrentar la desleal competencia de las grandes empresas transnacionales. Hay que recordar que este sector representa casi el 50% total de empleos. Rechazo a la flexibilización laboral, termino del sistema de la subcontratación.. Derecho a la sindicalización. Implementar la sindicalización automática, para evitar y contrarrestar las presiones patronales, generando una cultura de defensa y lucha de los propios derechos de los trabajadores. Creación de un Sistema Previsional Estatal que garantice pensiones dignas para todos los trabajadores, dueñas de casa, como aquellas personas con pensiones asistenciales. Impedir la inversión de los fondos de las AFP privadas en el

exterior, estas inversiones deben realizarse y ligarse al proceso de industrialización, como a la solución habitacional para los sectores populares y medios del país. Amplio derecho a la huelga, derogando todas aquellas cláusulas que permiten nuevas contrataciones para reemplazar a los trabajadores en huelga. Implementación de la negociación colectiva por rama productiva. Rechazo a las privatizaciones de las actuales empresas estatales, como la revisión de las privatizaciones realizadas durante la dictadura y el periodo de la concertación. Garantizar una educación gratuita, técnica y superior del trabajador, como de todos sus hijos en edad de estudiar. Creación de salas cunas gratuitas en las empresas o industrias que posean personal mixto y dispongan de personal capacitado que asegure el cuidado de los hijos durante las horas de trabajo. En su efecto el pago del valor correspondiente. Frente Político Social Específicamente en el mundo de los trabajadores, el frente político-social surgirá en la medida que el FPMR logre constituir una red territorial, tanto con los propios militantes como con los trabajadores más avanzados desde el punto de vista de la conciencia. Esta red en la medida que se desarrolla debe comprometer no sólo individuos, sino una coordinación territorial de sindicatos como de organizaciones alternativas que se den los trabajadores. El objetivo es abrir un polo clasista que no sólo actúe dentro del marco sindical, sino que se vaya transformando en sujeto aglutinador, con capacidad de producir un nivel de articulación social, económica, política, cultural e ideológica a escala nacional. Un sujeto social que toma junto con los otros sujetos de la revolución en sus manos todas las reivindicaciones de los oprimidos, de los sometidos, de los explotados, de los dominados, y los liga en un común “Programa Patriótico, Popular y Revolucionario”. 2. .SECTOR POBLACIONAL Durante muchos años se consideró a los trabajadores como únicos representantes del Movimiento Popular. Esta visión resulta ser un tanto sesgada, pues, es indiscutible que los pobladores jugaron un rol preponderante durante la lucha contra la dictadura, no sólo por la forma como ésta se desarrolló sino también por los contenidos que de ella se desprendieron, aunque su particular dinámica ya tenía larga data, específicamente desde mediados del siglo pasado, donde poco a poco se van configurando como un importante sector social. Sin embargo, luego de 1983, la crisis económica, la cesantía y el contexto de lucha política contra la dictadura, suscita el crecimiento del poblador como un sujeto social y la población no sólo como uno de los espacios donde se expresan concretamente las condiciones y efectos de la explotación y la cesantía, sino también como el territorio concreto de lucha directa y construcción de organización, cuya expresión demostró ser una experiencia rica en la afirmación de la identidad popular, la socialización y la autogestión económica. Esta experiencia acumulada provenía de una historia que constituyó a un sujeto y un espacio más homogéneo, con objetivos ligados en primera instancia, al problema habitacional y que luego fue adquiriendo matices ligados a los intereses de la clase que representan. Este espacio geográfico permanente y punto de confluencia de otros sujetos sociales (trabajadores y estudiantes), originó la construcción de una identidad propia, con una tradición local, un espacio comunitario que permitió la articulación de redes sociales con facilidad, y que debido a factores antes mencionados (falta de un proyecto popular), fue imposible proyectarlo integralmente al nuevo período. Si bien la re-estructuración del sistema político-económico no repercutió inmediatamente al interior de los pobladores, los efectos se manifestaron a medida que el mismo modelo se consolidaba, pues, es en el barrio donde se vivencian concretamente los flagelos del sistema que sumen a la población en la pobreza y marginalidad cuyas expresiones se manifiestan cotidianamente en los altos índices de deserción escolar, prostitución, maltrato intra-familiar, drogadicción y delincuencia, por nombrar algunos. Todas las repercusiones anteriormente señaladas generan tarde o temprano las condiciones para una acumulación progresiva de descontento, la clase dominante pendiente de ello se ha esmerado en mantener controlado a este sector con sus políticas amedrentadoras y de sometimiento. Los mecanismos que se utilizan van desde el asistencialismo practicado principalmente por las ONG, pasando por los planes de “seguridad ciudadana” y las propias municipalidades, los cuales restringen la participación y organización de dicho sector. En el caso de las juntas de vecinos las restricciones responden a

múltiples factores entre los cuales se encuentran no sólo las normas institucionales, sino también a la constitución de ellas, por cuanto son utilizadas en ocasiones por aquellos que no necesariamente, representan los intereses de este sector social. Reconocemos que, respondiendo a particularidades territoriales, últimamente se han ido desarrollando iniciativas que tratan de ir rescatando las importantes experiencias organizativas que ha caracterizado a este sector, tendiente a recuperar lo que la atomización e inmovilización les ha arrebatado, un proceso de recomposición que pensamos debe apuntar a la unificación de la base social con la política. Rasgos que caracterizan a potenciales sujetos del sector poblacional En la población habitan: a) Los jóvenes pobladores: Son parte importante del sector poblacional, en ellos se visualizan los efectos de la exclusión social del sistema, siendo marginados, primero por ser pobladores y segundo por ser jóvenes, provocando como consecuencia en mucho de ellos el consumo abusivo de drogas, tráfico y delincuencia. b) Las mujeres pobladoras: Son doblemente estigmatizadas, por el sistema neoliberal y por la propia sociedad dentro de su cultura patriarcal. Muchas veces cumpliendo una doble jornada laboral. Las dueñas de casas poseen un papel importante ya que durante coyunturas de desempleo y crisis económicas deben asumir la lucha por la subsistencia de la familia y, principalmente, la de sus hijos e hijas lo que les exige mayores esfuerzos, instando la necesidad de organizarse de forma natural. Son las mujeres quienes por sus propias necesidades han sabido desarrollar de mejor manera el tema de la organización creando verdaderos gérmenes de resistencia colectiva. c) Los trabajadores: Este sector siendo uno de los más explotados por el sistema económico y el cual vivencia día a día el sometimiento de la clase dominante por medio de las políticas laborales, es al interior de la población relativamente pasivo ya que por el grado de explotación que sufre mayoritariamente llega a este espacio solo en las noches, realizando su desarrollo organizativo en los lugares de trabajo por medio de sindicatos o simplemente cumpliendo su función como obrero o funcionario de determinadas empresas. Consideramos importante lograr emprender un trabajo en términos de interiorizar a la población de las problemáticas laborales que afectan a los trabajadores en los diferentes empresas o industrias. d) Los desocupados y sub-empleados: A esta gran cantidad de personas las podemos situar bajo el concepto de “ejército de reserva” del capitalismo que tiene como sabemos, la función de presionar sobre los salarios de los que tienen la suerte de tener un trabajo “estable”. Estos desempleados y sub-empleados no tienen ninguna expectativa de poder encontrar trabajo bajo el actual régimen. Aquí ya no se trata de una pobreza relativa sino de una pobreza absoluta. Si bien el sector de desempleados, sub-empleados y trabajadores suele ser el mayoritario, coexisten diversos sectores sociales como sectores medios urbanos, trabajadores independientes, pequeña burguesía (talleres artesanales, comerciantes) etc. Esta presencia, de diverso sectores sociales es un elemento que desempeña un papel de importancia al momento de las luchas reivindicativas de la población. Sin embargo, los problemas comunes que los unen son mucho más importantes que las diferencias que los separan. f) Comerciantes: Los pequeños negocios para la subsistencia diaria, como los medianos comerciantes que manejan la actividad comercial de la población, han comenzado a disminuir por la salvaje competencia de supermercados y centros comerciales. Muchos de ellos validan las políticas de seguridad ciudadana, para desarrollar de mejor forma su actividad. Sin embargo, considerando que también sufren fuertemente los efectos del modelo económico, podríamos generar desde ahí grados de coordinación, para combatir determinadas medidas económicas que tengan que ver con el alza indiscriminada de los productos de primera necesidad. La convergencia de estos sectores a través de cooperativas que los aglutinen, sería un buen mecanismo para enfrentar al capital en el área de la comercialización, como también para que este sector identifique como su enemigo verdadero al gran capital financiero y al movimiento popular como su aliado real. Efectos del modelo en los derechos humanos (económicos y sociales) Los efectos del modelo económico neoliberal se evidencian día a día en el poblador que habita en sectores principalmente periféricos a la urbe. En el contexto educativo no son muchas las expectativas que se tienen, centrada en una educación bancaria, estigmatizadora y condicionada a preparar las generaciones de obreros no especializados, desclasados y sin elementos que les permita no someterse a la explotación, dominación y pobreza estructural del actual sistema (es un fenómeno creciente). Por otra parte, se han deteriorado la alimentación y el nivel educacional, aumentando por ejemplo la deserción escolar.

La salud, derecho inalienable de todo ser humano, sigue siendo precario en términos de cómo se responde a las necesidades de desarrollo y crecimiento de los niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores de los sectores populares. Los centros de salud burocratizan la atención y carecen de personal, por sobre todo especializado para la atención digna y oportuna de la población. Deterioro extremo del nivel de vida en gran parte de la población, es tal que no asegura ni las condiciones mínimas de subsistencia. Los salarios no cubren ya los gastos de los familiares dependientes ni los costos de una vivienda adecuada. La magnitud del empobrecimiento y la situación de pobreza extrema en que se vive es un fenómeno creciente. Inaccesibilidad a la vivienda, la población vive en permanente hacinamiento, siendo allegados en la casa de algún familiar, imposibilitados económicamente de cumplir con los requerimientos estatales para acceder a la vivienda propia. Esto trae como consecuencia la violencia intra-familiar (acrecentándose el maltrato psicológico y físico) y la mala convivencia acrecienta esta sociedad enferma mentalmente (depresión, neurosis, estrés, etc), las características estructurales de las viviendas son de regular a mala calidad siendo este el déficit cualitativo y cuantitativo, el principal problema de este sujeto. Medio ambiente deteriorado. El espacio físico en el cuál son construidas las actuales viviendas no permiten un desarrollo medio ambiental saludable debido a que, en su mayoría, se encuentran en terrenos eriazos o incluso utilizados como basurales por fábricas colindantes al sector, esto implica un alto grado de peligrosidad para la salud de los habitantes, contagios permanente de enfermedades infecciosas, pulmonares, intoxicaciones e incluso malformaciones congénitas, lo que es posible demostrar por medio de la alta demanda de consultas de este tipo en los hospitales y postas de estos sectores poblacionales. La nula preocupación de las autoridades en este ámbito queda demostrada permanentemente ya que con la supuesta política de dar solución al problema habitacional que sufre un amplio sector de la población se construyen “viviendas” de forma irresponsable y no respetando los convenios internacionales que debieran ser aplicado para dicho efecto . El tema es mucho más complejo de lo que parece, cientos de niños, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos se desenvuelven diariamente en estos espacios que son como una bomba de tiempo, viéndose como un hecho normal que las aguas del alcantarillado corra por las calles de la población, que los gases tóxicos produzcan altos grados de problemas respiratorios severos sobre todo en niños, ancianos y embarazadas, mientras los gobiernos en su afán de perpetuar las políticas neoliberales reducen cada vez más los gastos en bienes sociales perjudicando directamente a los más pobres y excluidos por el sistema. Mecanismos del gobierno En la lucha contra la dictadura militar este sector vivió un proceso de acumulación de fuerzas que se debilita con la llegada de los gobiernos concertacionistas. El vacío en la construcción desarrollada por los sectores más progresistas en los años posteriores a la dictadura, sirvió como terreno fértil a las políticas dirigidas a consolidar una forma de actuar desideologizada, haciendo que la capacidad de avanzar y generar vínculos o articulaciones sea un proceso considerablemente mayor, para el cual, no está preparado aún. Todavía no hay conciencia de que la lucha por los derechos económicos y sociales no son favores políticos que entrega la clase dominante, sino que es parte de una lucha que trata de abrir camino a una vida realmente digna y justa, en fin, es reivindicar los Derechos Humanos en un sentido integral. El asistencialismo de parte de las entidades de gobierno referente a necesidades económicas y sociales, abordadas por un sector de las ONG y el Estado en función de responder rápidamente a estos sujetos, deja fuera la posibilidad de apoderamiento de las comunidades poblacionales en torno a sus demandas. Se les condiciona como objetos de políticas particulares y no sujetos de derechos y protagónicos en una transformación profunda de su realidad actual, protagonistas de su propia historia. Por otro lado, se observa un efecto de especificidad en las políticas sociales generadas desde el Estado, lo que ha permitido que se tematicen (focalización asistencial) los derechos económicos y sociales de los pobladores. Desde aquí la reorganización de los y las pobladoras en este período pasa por constituirse en función de cómo acceder a recursos del Estado vía elaboración de proyectos con objetivos de corto plazo y sin conexión con la universalidad de derechos no resueltos, ni satisfechos por el actual modelo. Otro efecto inmediato es la especialización de algunos lideres poblacionales en torno a la elaboración de proyectos comunitarios, muchos de estos sin compromiso alguno con sus comunidades, generando verdaderos engendros humanos, destructores del desarrollo organizacional y divisores de las orgánicas construidas por los pobladores. Profundizándose constantemente las desconfianzas y atomización de las organizaciones. Las organizaciones pierden fortaleza en su discurso, la labor dirigencial es netamente representativa del sistema promoviendo espacios a través de mesas territoriales de representación que absorben el discurso oficialista de la especificación de temas y el como tratarlos en el ámbito poblacional. Las políticas de Estado han estado orientadas a fragmentar y desvincular a este sujeto con su entorno social y de clase, de ahí, que la integración social como paradigma del nuevo orden social del sistema, es acceder a la sociedad de consumo, sin cuestionamientos del como y cuantos realmente lo logran hacer profundizando el individualismo y la incapacidad de reflexión en torno a valores como la solidaridad y la identidad de clase, siendo la identidad poblacional la más trastocada, por

el no-reconocimiento de la condición de pobres. Otro de los grandes problemas con que se enfrenta este sector ha sido el manejo indiscriminado del micro-tráfico, dirigido principalmente a los jóvenes e incluso púberes con el fin de coartar y enajenar, de esta forma, a este potencial sujeto en su poder de decisión y organización entorno a sus legítimas demandas, incorporando así el flagelo de la delincuencia y prostitución generando verdaderas mafias que hacen vulnerable y atemorizan incluso a los propios vecinos. Sin embargo, pese a toda esta realidad, aún permanecen nuevas, constantes, y diversas formas de organización de mujeres y hombres de los sectores poblacionales. Dotarlas de herramientas políticas organizacionales que les permitan observar y analizar su realidad para generar nuevas estructuras con dirección y conducción propias es un desafío. Experiencias organizativas populares Todas las anteriores experiencias históricas se han traducido en las siguientes organizaciones: * Organizaciones Económicas Populares: Tienen como objetivo principal paliar en parte las necesidades económicas más inmediatas: talleres laborales, huertos familiares, grupos de autoayuda, etc. * Organizaciones entorno a la vivienda: Cuyo eje ordenador es facilitar el acceso a la vivienda entregadas por el Estado por medio del endeudamiento. Comité de allegados, grupos de ahorro, cooperativas, etc. * Organizaciones en torno a la deuda urbana: El principal objetivo es poder solucionar en parte por medio de convenios colectivos las deudas de las siguientes áreas: pago de luz, agua, deudores habitacionales, etc. * Organizaciones en torno al trabajo: Solucionar problemas laborales por medio de comités de cesantes, sindicato de trabajadores independientes. * Organizaciones en torno a la cultura y la juventud: Entregar a la población el acceso a la cultura de la cual hoy carece por parte del Estado; grupos culturales juveniles, talleres culturales, centros juveniles, batucadas, etc. * Organizaciones en torno a la educación: Permitir el proceso educativo a jóvenes y niños que por problemas económicos no puedan continuar o terminar su educación; pre-universitarios, exámenes libres para adultos, apoyo escolar, etc. Organizaciones actuales en la población El sector poblacional es en la actualidad el que muestra con mayor fuerza la atomización y la individualización de sus necesidades. Esto no significa que los estudiantes y los trabajadores tengan un gran desarrollo organizativo, sin embargo, es en estos sectores donde se han desarrollado en la última década luchas con un carácter más político y donde permanecen focos de resistencia al modelo. En la población es posible encontrar los intentos de construcción “tradicionales” que tiene como dinámica el de subordinar la construcción social a los objetivos electorales, así el organismo social es entendido como una prolongación del aparato partidario, donde los esfuerzos van dirigidos a ganar la supuesta conducción por el solo hecho de captar al dirigente del espacio social. Por otro lado, la presencia de una izquierda “más joven” ha desarrollado movimientos basistas, resistente a las estructuras, que tienen una sobre valoración de los elementos estéticos y místicos (capucha, etc.) marginándolos del grueso de la población. Junto a estos intentos están las experiencias del sistema dominante es decir, las ONG y el trabajo territorial de las municipalidades (juntas de vecinos) que cuando son conducidas por los sectores afines al sistema se transforman sólo en una extensión de las políticas de Estado que buscan consolidar la atomización y fragmentación del movimiento social, bajo estas condiciones son meras retransmisoras de las políticas gubernamentales, sin embargo en determinados sectores o territorios y de acuerdo al trabajo que se implemente, logran transformarse en un espacio de confluencia social, que da la posibilidad de acumular fuerzas a través del trabajo cotidiano y sistemático de reivindicación y lucha frontal con el poder local. Existen, sin embargo, organizaciones que no se encuentran enmarcadas dentro de la institucionalidad ni vinculadas a ninguna organización partidaria (pero no podemos hablar de neutralidad en sus posiciones, existiendo eventualmente dentro de sus integrantes algunos que responden o fueron parte de alguna corriente), entre las que podemos encontrar bibliotecas populares, centros culturales, centros de educación popular quienes buscan por medio de la auto-gestión ir generando, aunque en forma incipiente todavía grados de coordinación que permitan al menos, en un primer momento, la colaboración mutua para determinadas actividades territoriales. Frente político social En el ámbito poblacional, el trabajo inicial en la creación del frente político social, será el fortalecimiento o creación de aquellas organizaciones sociales que se constituirán como eje central en la construcción que se den los pobladores. Estas organizaciones deben contener o ligarse a procesos que permiten cultivar y desarrollar en ellos la independencia de clase.

Los aspectos centrales en la construcción social son: 1) Generar respuestas en el ámbito económico (cooperativas de autoabastecimiento, etc) que permitirá el fortalecimiento del ejercicio de la autogestión, dirección y control de las experiencias políticas, económicas, sociales, etc. 2) Iniciar el proceso o camino que lleve a los pobladores a posesionarse de su propia cultura que se encuentra subordinada y domesticada por el sistema. 3) El desarrollo de espacios e iniciativas que sean prácticas y expresiones de la lucha en el campo de las ideas (lucha ideológica) radios populares, periódicos, etc. La generación de respuestas en lo económico, cultural y en lo ideológico, nos ordena el centro de gravedad de nuestra construcción, y nos sitúa en la tarea inmediata de reflexionar en aquellas iniciativas que permitan organizar a los pobladores en torno a sus demandas y reivindicaciones más sentidas (salud, vivienda, educación, cesantes, allegados, etc.) pero que en cada una de ellas deben estar presente la apropiación de los objetivos y contenidos mencionadas anteriormente, que no son contradictorios con las demandas sociales, sino que las cualifica. Asambleas populares y pliegos sectoriales Las asambleas serán un instrumento del futuro movimiento popular, donde el pueblo se expresará territorialmente, es decir irá tomando posesión de su territorio en la medida que se constituye como sujeto social. Será también el punto de convergencia de las diferentes reivindicaciones sociales, que se plasmarán en un primer momento en pliegos sectoriales, ayudando a configurar una identidad propia y transversal a la heterogeneidad que presentan las poblaciones (existencia de trabajadores, cesantes, jóvenes, mujeres, pequeña burguesía, etc.) y los temas sensibles a cada una. Entendemos este espacio no sólo como de convergencia de los organizados, sino también de los pobladores en su calidad de individuos, ya que la propia asamblea debe ser su espacio de representatividad. Esto permitirá la unidad en la acción en pos de lograr un mayor nivel de injerencia en la realidad sectorial, y no la automática fusión inter-organizaciones que pone en el centro de la “unidad” las estructuras y no los contenidos. Plataforma de lucha Como instrumento para lo anterior nos proponemos una plataforma de lucha que tiene como objetivo principal aportar en el fortalecimiento del movimiento popular, principal protagonista del proceso revolucionario 1) En el plano educativo y cultural: a) Una educación de calidad basada en el desarrollo integral del individuo, centrada en el mejoramiento de la educación, lo que implica mejoras en la infraestructura (diseño y construcción de establecimientos educacionales, seguros, amplios, cómodos y acogedores) y equipamiento (cantidad y calidad acorde a las necesidades en cuanto a los computadores, libros, material didáctico, etc) donde se motive la crítica, la expresión artística, cultural y el reconocimiento de la identidad tanto individual como colectiva. El Estado debe asumir su responsabilidad ante la problemática de la deserción escolar. b) Implementación de colegios de acuerdo al crecimiento urbano, que sea capaz de absorber las necesidades de educación del territorio, en estrecha vinculación de la calidad con la cantidad. c) Entrega de alimentos ( desayunos, almuerzos, colaciones) para todos los alumnos y personal del establecimiento que facilite el desarrollo de tareas al interior de los colegios. d) Creación de centros de desarrollo comunitario, que permita solucionar el problema al que se enfrentan los hijos de madres que trabajan, que permita desarrollar espacios de cultura tanto juveniles, infantiles y para el conjunto de la comunidad, creando medios de comunicación para la interacción y participación de los pobladores. e) Perfeccionamiento docente constante que actualice no sólo conocimientos sino que también apunte al desarrollo de seres humanos íntegros y plenos. f) Aumento del salario a todo el personal de los establecimientos de nuestro territorio, que concuerde con la función social que cumple la labor docente. g) Reestructuración del currículo escolar chileno tanto a nivel pre-básico, básico, medio y superior. Que responda a las necesidades tanto individuales, colectivas, territoriales y étnicas.

Estas reivindicaciones deben servir de enlace para lograr el derecho a una educación gratuita y de calidad en toda el área educacional. 2) En el ámbito de la vivienda: a) Una vivienda digna, que cumpla con las condiciones de servicios básicos como luz, agua, alcantarillado independiente, nivel sanitario para cada uno de los integrantes del grupo familiar, de construcciones sólidas y de material que no sea dañino para la salud como el asbesto, que permita la privacidad necesaria entre los miembros del grupo familiar como entre los propios vecinos. Esto quiere decir, una vivienda amplia que cumpla con los convenios internacionales de metros cuadrados por persona. b) Subsanar el medio ambiente deteriorado en el cual se construyen las poblaciones, con áreas verdes y espacios de recreación, lejos de las fábricas y basurales. c) Que el Estado invierta recursos por medio de los cuales los pobladores diseñen sus espacios de recreación con características de identidad propia de territorio. d) Eliminación de la UF para el pago de las viviendas estatales reemplazándola por el peso que es una moneda estable. f) Solución real y definitiva a los deudores hipotecarios Debemos ir plasmando estas reivindicaciones con el fin de llegar a al exigencia del derecho a la vivienda. 3) En el plano de la salud: a) Mejoramiento en términos profesionales en las diferentes especialidades y de infraestructura que permitan una atención rápida y oportuna, implementada con los insumos tanto en medicamentos, como alimentos ( leche, remedios etc). b) Creación de un sistema de atención de urgencia que no sólo sea implementado en los meses de invierno sino durante todo el año. c) Que la administración esté en manos del Estado, esto implica estatización real del fondo nacional de salud (FONASA) y la eliminación de las Isapres. d) Construcción de más y mejores hospitales y consultorios en todo el territorio nacional que cumpla con los requerimientos necesarios para enfrentar cualquier situación, que promueva la prevención de enfermedades en concordancia con la calidad de vida de la población. Estas reivindicaciones tiene que apuntar al derecho a la salud gratuita y de calidad en términos profesionales y humanos por parte del Estado. 4) En el plano de la deuda urbana: a) Eliminación de cargos fijos en luz, agua, pago de la basura. b) Eliminación de la ley DICOM Esto debe llevarnos a la obligación por parte del Estado, de suplir las necesidades básicas de la población. 5) En el tema del trabajo: Sueldo mínimo de acuerdo a las necesidades básicas, es decir, gastos de arriendo o pago de dividendos, pago de servicios nutrición. transporte, con el fin de cautelar el alza de los servicios y productos de primera necesidad. Con estas reivindicaciones debemos llegar a postular al derecho al trabajo digno que asegure nuestras necesidades básicas. 3. SECTOR ESTUDIANTIL Transformaciones en el sistema educativo La estructura educativa como herramienta ideológica, ha sido un instrumento del cual se han valido los sistemas dominantes para poder afianzar su dominio y control «espiritual» (como lo definieron Marx y Engels), de manera sutil pero efectiva. Es por lo mismo que el proceso de reconversión de dicho aparato durante la dictadura, se orientó al cambio en el diseño del sistema y a la participación del Estado en este campo (descentralización administrativa), para luego consolidar,

mediante reformas al mencionado esquema, la proyección y consolidación de un modelo que se sustenta en la discriminación y la elitización del acceso a la Educación en sus distintos niveles. Esta reestructuración, que se generó a partir de principios de los 80, se podría detallar a grandes rasgos de la siguiente forma: Municipalización de los establecimientos, Básicos y Medios, que se tradujo en la obtención de recursos por medio del municipio, principalmente por fondos concursables, como en todos los servicios de primera necesidad de la población. Atomización de las Universidades, creando 25 instituciones a lo largo del país, a partir del desmembramiento de las 2 estatales y 6 privadas existentes hasta ese entonces. Creación de Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y Universidades, todos ellos en manos

privadas3 , las que posterior a un período no son regulados por organismo alguno que fiscalice su gestión (lo que se denomina obtener la Autonomía del plantel). La remodelación del sistema educativo ha afectado por igual a los distintos estamentos que en ellos participan (estudiantes, personal docente y administrativo, padres y apoderados), en dos ámbitos, uno en lo académico y laboral, el otro en la neutralización y parcelación de las formas organizativas que en ellos se daban. En distintos niveles y agudeza, la educación a quedado permeada a las manos del mercado (no es más que las

manos de la clase en el poder) fusionando la competitividad entre los planteles privados 4 y los otrora estatales, lo cual reproduce, como ya mencionamos, un sistema elitista y discriminatorio que se expresa de la siguiente manera: Formación desigual, pues se ha negado el papel fundamental que juega la procedencia socio-económica de los

estudiantes, como de los recursos que pueden manejar los planteles para cumplir de buena forma sus objetivos 5 . En la enseñanza media generación de mano de obra barata (por medio de los establecimientos Técnico-Profesionales); junto con el punto anterior ha generado un filtro en el acceso a la enseñanza superior tradicional. El acceso a la enseñanza superior ha quedado restringida a quienes pueden pagar o endeudarse, en la cual por lo demás casi ya no participan jóvenes de extracción popular. No es nuestra intención ser reduccionistas, pero cabe señalar, que los puntos indicados gozan de una complejidad mayor, difícil de detallar en este documento, por tanto las tareas que debemos emprender es de largo aliento. Pero para ser precisos, y en orden a caracterizar a nuestro sujeto, hay que entender esta serie de transformaciones que repercutieron directamente en el mundo estudiantil. Composición del sector Todas las transformaciones antes resumidas, contó con marchas y contramarchas, debido a la oposición que poco a poco se levantó a las políticas mencionadas y que hasta ahora han tratado de profundizar los gobiernos de la Concertación (Reforma Educacional, Ley Marco para las Universidades). Esta oposición se ha caracterizado por constantes movilizaciones que en principio han tratado de frenar la mercantilización de la Educación, aunque dichas luchas todavía se enmarcan dentro del campo reivindicativo económico (crédito fiscal, asignación de recursos a los planteles superiores por parte del Estado, pases escolares, etc.), con distintos grados de agudeza pero sin alcanzar un cuestionamiento estructural al modelo. Por lo mismo lejos se ha estado de recomponer el Movimiento Estudiantil (que va de la mano con la recomposición del Movimiento Popular), porque hasta ahora no se ha tenido como objetivo enfrentar la intencionalidad del sistema dominante en el ámbito de la educación, y por lo transitorio que es el paso de los jóvenes por las aulas. Así esta lógica va definiendo un tipo de conciencia que no se confronta con la realidad que los propios estudiantes viven, ya sea en sus barrios o en sus propias familias (claridad respecto a que las contradicciones del sistema afectan los distintos niveles de su vida), asumiendo su problemática como algo particular; este mecanismo de atomización se ve reforzado con los contenidos que entrega el sistema educativo, donde se crea una subjetividad ligada al individualismo, conformismo, etc., un individuo en cuya conciencia poco a poco y de manera sigilosa, se plasman los valores y visiones que entrega el Capitalismo. A lo anterior se agrega que el proceso de transformación del aparato educativo, conllevó una diferenciación según niveles y posibilidades de acceso en la composición de los estudiantes de acuerdo a su procedencia socio-económica, diversificando un universo que otrora parecía homogéneo. Para mostrar un marco referencial de este fenómeno se puede entregar el siguiente cuadro: - Enseñanza Media, en colegios Municipales y Particulares Subvencionados (puede tener financiamiento compartido o no), jóvenes de extracción popular y capa media asalariada. Establecimientos Privados capa media asalariada, pequeña burguesía y burguesía.

- Enseñanza Superior, tanto en instituciones tradicionales 6 como en privadas, mayoritariamente capa media asalariada, pequeña burguesía y burguesía. Según últimos informes indican que los porcentajes de jóvenes de extracción popular que acceden a este nivel va en retroceso (hasta el 2000 era de 2% del total de egresados). Según esto, las demandas y reivindicaciones que hoy se presentan están íntimamente ligadas a las necesidades de cada nivel, aunque hay elementos que le son transversales. Así, los estudiantes de planteles privados se han visto en la

necesidad de enfrentar las gestiones de las autoridades, que no son más que sus propios dueños. La lucha por la obtención de recursos ha sido un tema que ha afectado con mayor o menor grado a los distintos niveles, pero siempre atendiendo a las particularidades que en ellos se dan. La tasa de endeudamiento, la posibilidad de adquirir beneficios (créditos CORFO o Fondo Solidario, becas) y la deserción, está íntimamente ligado al poder adquisitivo, que como en otros casos varía según la estabilidad laboral. Las deudas contraídas ya no son asumidas con el Estado, ni con las universidades, sino con entidades

bancarias 7 que no dudarán de hacer efectivo los pagaré según lo estipulen las leyes. En el nivel medio, los estudiantes conviven con la precariedad de la infraestructura, malas condiciones laborales de los docentes, deserción escolar, todo esto mediado por la contradicción; dinero (subsistencia) estudios, entre otros. Si se pudiere entregar una panorámica muy general en este nivel, daríamos cuenta que tanto los jóvenes y sus padres (tanto de los sectores populares como los de capa media que han tendido a la proletarización) quedan a merced de este mercado que todo

lo cubre, aunque en rigor los mayores beneficiados son aquellos que pueden pagar por una educación de calidad 8 . En síntesis, hoy la Educación se ha vuelto un producto de consumo, una mercancía que puede ser adquirida en la medida que se tengan los recursos para ello, quedando postergado su concepción fundamental de Derecho Básico. Aunque las necesidades estén a la vista, los estudiantes como sector, viven el repliegue, atomización, desorganización que caracteriza hoy al mundo popular, pero aún así, es indudable que serán protagonistas importantes dentro del proceso revolucionario, que si bien no se han distinguido por promover durante el presente período un cambio radical en la sociedad, en los momentos en que su lucha se agudiza, son actores dinámicos y altamente críticos de las prácticas y discursos que atentan contra el derecho a la Educación, como también son capaces de acoger aquellos que puedan conducir de buena forma sus más sentidos anhelos y demandas; es ahí donde las organizaciones revolucionarias deben tener la capacidad de orientar un trabajo político que permita develar el verdadero sentido del modelo impuesto y proyectar al interior del estudiantado niveles de organización que respondan al contenido de clase que hoy se necesitan. Formas de organización A lo largo de la historia del movimiento estudiantil se han visualizado distintas formas de organización social. Tanto las formales (ligadas a los Centros de Alumnos, Federaciones), como las «de hecho» (colectivos culturales, sociales, etc.), que como en cualquier caso con sus limitantes y fortalezas, se han distinguido por ser el punto de confluencia de los jóvenes en sus espacios. A grandes rasgos se podrían describir de la siguiente forma: En las de carácter formal están los Centros de Alumnos y Federaciones, los cuales sin gozar de una legitimidad jurídica, son instrumentos Socialmente Legitimados, es decir, son reconocidos por los estudiantes como instancias donde se organizan, recogen y luchan por sus demandas. Los espacios “de hecho” (colectivos culturales, sociales), son instancias que reúnen a jóvenes sin militancia partidaria y muchas veces fuera de los instrumentos formales, de acuerdo a intereses particulares según especificidad temática; al carecer de una línea política clara no han podido orientar esas demandas fuera de su círculo inmediato. Pero las formas organizativas no se agotan allí, pues, existen alternativas de carácter político (ligadas a instancias partidarias como también a referentes regionales u o nacionales), que poco a poco han participado y posicionado, en mayor o menor grado, en la conducción de las últimas movilizaciones. Así en la actualidad podemos ver que hay puntos de unión bajo ciertas demandas que los suele identificar y unir tanto para los objetivos tácticos como estratégicos. Además el proceso de atomización y dispersión que se vivía a principios de los 90, en los últimos años ha tendido a establecerse, es decir, los estudiantes con inquietudes políticas se han acoplado a espacios ya existentes, no generando nuevas alternativas de organización. Por otro lado y para ser precisos, aunque la gama de espacios pareciera variada, persiste al interior de la mayoría de los estudiantes (el joven común), un nivel de desvinculación y despolitización todavía es profundo. Aún así los estudiantes, debido a la problemática educacional, se han caracterizado por una constante movilidad, generando un grado de participación y organización muchas veces mayor que otros sectores sociales perfilándolo como un actor principal dentro de este rubro, aunque estas cualidades se queden en un aspecto formal y concentradas únicamente en su propia experiencia lo que termina orientándolos hacia el reformismo y el cortoplacismo (otra de sus limitantes es que la radicalidad suele ser asimilada más a las formas o instrumentos que a los objetivos). Sus demandas y reivindicaciones más sentidas han tenido un matiz económico (asignación de recursos, principalmente en el ámbito superior), aunque en el último

tiempo ya se ha instalado el cuestionar el rol que le compete al Estado con la Educación. 9 Pero hay otros elementos que no se han logrado materializar como lo son el ejercicio del poder (o por lo menos planteárselos fuera de los momentos de alta movilización) en nuestro sujeto, labor que también debiese concernir a Padres y

Apoderados (pensando en los niveles básico y medio) pues, la tarea de velar por una Educación integral, no debe quedar restringida a tecnócratas y empresarios como ha sido hasta hoy. Aportar al rediseño del sistema educativo es una labor que le compete a todos los actores involucrados. De esta forma, los objetivos estratégicos que nos propongamos, no podrán concretarse si no existe un estudiantado conciente y decidido que sea capaz de enarbolar y luchar por este nuevo diseño. Por tanto necesitamos desde hoy, generar una correlación de fuerzas favorables que sea capaz de materializar lo que hoy aparece en el papel. Utilización de los espacios tradicionales de organización estudiantil (Federaciones, centros de Estudiantes, etc.) Las Federaciones y Centros de Alumnos son espacios orgánicos socialmente legitimados, que más allá de tener o no legalidad (personalidad jurídica), son reconocidos por los estudiantes, así como por autoridades, académicos y funcionarios al interior de las instituciones, e inclusive por los gobiernos de turno al considerarlos interlocutores válidos del mundo estudiantil. Pero su principal validez está determinada en tanto son una necesidad para los estudiantes en la resolución de los diversos problemas que se presentan en el transcurso de sus estudios. Al entender la importancia estratégica de estos espacios (en cuanto su rol conductor), los sectores oficialistas y derechistas se han insertado en este campo, a través del manejo que realiza de ellos, manipulándolos según sus propios intereses, privilegiando el electoralismo (reduciendo a sólo esto, la democracia y la participación), el gremialismo y el paternalismo en todos sus niveles como forma de control, a lo que también aporta la ambigüedad e incapacidad de la izquierda, que no ha permitido posicionar a los estudiantes como reales protagonistas del quehacer en estos espacios. De ahí que los rodriguistas al hacerse partícipes de estos espacios, tengan promover y practicar la Democracia y Participación real, como instrumento y metodología en la construcción, fortaleciendo y alentando el protagonismo de los estudiantes en la toma de decisiones al interior de dichas organizaciones para proyectarlas al quehacer de los establecimientos, internalizando el ejercicio del Poder, con perspectivas de aportar a la generación de Poder Popular. Para avanzar en la construcción de niveles mayores de organización es condición necesaria propiciar, potenciar y fortalecer la organización de base (llámese Centro de Alumnos o espacios político-sociales, construir “desde abajo hacia arriba” buscando el debate, la unidad y la movilización con un claro y definido objetivo político, evitando la instrumentalización (con fines exclusivamente partidarios) y las prácticas nefastas antes mencionadas, que tarde o temprano originan la marginación de los estudiantes de estos espacios y la deslegitimación de ellos. Sabemos que nuestra apuesta es compleja y ardua, exenta de recetas en cuanto a los aspectos formales pues, cada configuración orgánica debe responder a la particularidad de cada nivel, establecimiento e inclusive territorio. En lo fundamental, estas herramientas deben responder a un contenido de clase producto del desarrollo cualitativo de la conciencia de los estudiantes, efecto de la educación y formación que se da en el camino de la construcción y la lucha por nuestras demandas y más sentidas reivindicaciones. Una tarea inmediata que los rodriguistas debemos fomentar, además de las antes detalladas, es la generación de espacios que respondan a las necesidades de los estudiantes, donde el aspecto central se dirija a poner en el tapete lo discriminatorio del sistema educativo (por ejemplo unir a los estudiantes que se vean afectados por la no asignación de recursos y o beneficios), espacios en los cuales también se plasmen dinámicas organizativas que hoy el sistema educativo ha neutralizado. Si bien éstos no son espacios paralelos a los Centros de Alumnos y Federaciones, sirven para orientar un camino donde sean los verdaderos afectados los que tomen partido sobre sus posibles soluciones; claro está que nuestra tarea es poder orientar con herramientas políticas tales demandas. Importante es atender que desde ya, los estudiantes deben hacer suya la noción de que todo proceso de lucha es un ejercicio cotidiano, que ellos son los principales protagonistas y que la labor de las organizaciones políticas es la de cooperación y que en muchos casos, nuestros militantes se verán igual de afectados como el joven inorgánico, lo que no excluye la posibilidad de converger ante estas sentidas reivindicaciones, presentar en estas instancias nuestro programa como guía para la acción. Esto debe instalar la necesidad de la construcción de él o los frentes político-sociales, que representen la síntesis de las dispersas demandas que en este sector se presentan, que sea el punto de convergencia también de las organizaciones políticas y sociales que apuesten al cambio del sistema educativo, que en su manifestación primaria debe darse en el ámbito de instituciones académicas, territoriales, pero que tengan la visión de construcción (como objetivo estratégico) a escala nacional. Esto debe ser un objetivo mediato. Proyecto patriótico de desarrollo y proyecto institucional Un “Proyecto Institucional”,(así se denomina el proyecto que orienta el perfil y misión de toda institución universitaria, profesional, técnica y en general todo espacio educacional), está siempre determinado por el proyecto político, económico,

social e ideológico que rige a todo país. En nuestro caso el “neoliberalismo”, que subordina todo el que hacer educacional a los objetivos del modelo. Los dos elementos principales que caracterizan al modelo “neoliberal” y que actúan directamente en el campo de la educación son: 1) La reproducción de la fuerza de trabajo, como parte de la reproducción del capital, necesita una fuerte diferenciación al interior de la fuerza de trabajo, que se traduce en una alta especialización para una minoría y una amplia marginalidad para la mayoría. Esto se expresa en el campo de la educación de la siguiente manera: a.- Limitar el ingreso a las universidades (fenómeno de elitización) que se traduce para nuestro país como para los países subdesarrollados, en no ocupar todo el potencial humano del cual se dispone. b.- Mutilar las universidades nacionales, permitiendo la creación de universidades especializadas. c.- Profundización del proceso de transculturación (que asimila fundamentalmente patrones que provienen de los centros imperialistas), que margina y disminuye el presupuesto a las artes y las ciencias sociales, mermando la capacidad de pensarse como país, atentando con el análisis científico de nuestra realidad económica-social y su asimilación del conjunto de la sociedad. 2) El desarrollo de la ciencia y la tecnología queda determinada por la división social del trabajo a escala internacional, esto se expresa en la educación de la siguiente manera: a.- Ausencia casi absoluta de la investigación tecnológica, reduciéndose la actividad del país a copiar o en un máximo esfuerzo, adaptar las tecnologías de las grandes corporaciones transnacionales. b.- Como consecuencia de lo anterior, se produce una desvinculación de la educación superior respecto a las demandas y las necesidades de un desarrollo económico nacional. c.- La miopía con la que se enfocan y abordan las investigaciones, ya que el proyecto central se define fuera del país, lo que trae como consecuencia que una gran cantidad de corrientes de pensamiento no son de interés del sistema transnacional y por tanto no son financiadas. El “neoliberalismo” ha llevado a comprimir y a hacer más dependiente nuestra economía, subordinándola a una división internacional del trabajo (hoy con mayor fuerza producto de la firma del Tratado de Libre Comercio TLC) en beneficio de las corporaciones transnacionales, esto ubica a nuestro país sólo como proveedor de productos mineros y agropecuarios, primarios o con escaso índice de transformación industrial. El actual modelo ha significado una reducción del aparato productivo y del avance científico y tecnológico. A este modelo sólo puede corresponderle una política que haga de la universidad y toda institución educacional un reflejo de la mentalidad “Neocolonial”. Los anteriores elementos nos permiten evidenciar la contradicción principal del período en el campo de la educación, que es básicamente la contradicción principal a escala nacional, es decir “Neoliberalismo” versus Lo Nacional (Proyecto Patriótico). Lo que nos muestra además que el enemigo inmediato no sólo de los estudiantes, sino, de la propia universidad es la oligarquía financiera. Necesitamos de una universidad que se levante contra el capital transnacional. Algunos elementos para un proyecto institucional Los proyectos institucionales al estar ligados a nuestro Proyecto global alternativo, es decir al Proyecto Patriótico de Desarrollo deben tener como objetivos principales: - La apropiación de nuestra identidad cultural - Apropiación, conservación, transmisión y creación de los beneficios de la ciencia y la tecnología y del saber humanista. - Redistribución de los ingresos en beneficios del desarrollo social - Independencia de nuestra capacidad productiva - Desarrollo de las artes, ciencias e investigación -Formación de recursos humanos de nivel superior: profesionales, docentes, investigadores y otros intelectuales

Al hablar de institución educacional o de universidad nacional, no debemos reducir el término a la simple dependencia estatal, o como elemento diferenciador respecto a las instituciones privadas, sino, el carácter nacional debe estar dado por el contenido de los objetivos que se propone la enseñanza impartida y de la orientación de la investigación científica. En otras palabras significa definir, proponer y organizar una política universitaria y educacional que esté al servicio de un proyecto que garantice el bienestar social, el progreso de la economía, de la cultura, en el marco de una democracia de las mayorías con plena independencia política y económica. Para ser posibles los anteriores objetivos es necesario: - El acceso amplio a las universidades e instituciones superiores, considerando sólo las limitaciones que da la propia sociedad. - Reorientación de las carreras de pre-grado y de los pos-grados y pos-títulos - Reorientación de la investigación científica en el campo de las ciencias naturales y sociales - Dotar en forma permanente a las universidades de un presupuesto para cumplir sus diversas funciones educacionales, culturales, científicas y de extensión, Tanto en sus aspectos pedagógicos, como de investigación científica. Por otro lado, lo nacional al no significar un aislamiento de la cultura universal ni de la ciencia internacional, sino todo lo contrario, significa la utilización de éstas de tal manera que refuerce y garantice la plena independencia política y económica del país. Para tomar todos estos conocimientos con la ausencia de prejuicios y sub-valoraciones, debe existir en las universidades y en toda institución educacional una amplia posibilidad del debate de ideas y propuestas, de concepciones, tendencias, etc. Es decir, debe implementarse la más amplia democracia, que debe tener a lo menos dos aspectos: Participación del gobierno universitario de todos los actores que constituyen la universidad, Tanto los órganos de dirección colegiados (consejo superior, consejo directivos, etc.) y personales (rector, vicerrector, decanos, etc.) deben ser producto de la voluntad libremente expresada de toda la comunidad que conforma a la universidad. Plena autonomía en el marco del estado burgués. El contenido específico de la misión de la universidad no debe estar subordinado a las conveniencias contingentes y compromisos políticos partidarios sectarios, utilizando para ello el poder estatal. El desarrollo cultural, científico y tecnológico tiene una dinámica de desarrollo propios: tiempo, métodos y ritmos diferentes a la vida estrictamente política, que deben ser tomados en cuenta, si se desea que la universidad cumpla su objetivo social. La autonomía se identifica con la democracia, pues, le permite a éstas darse sus propios estatutos; nombrar a su cuerpo docente; determinar los contenidos y características de sus planes de estudio e investigación, manejar su presupuesto; garantizar la libertad académica, etc. El papel de las universidades e instituciones superiores, aparecen como un integrante obligado en la elaboración y proyección de las previsiones que llevan al desarrollo y progreso del país, no ya en sus necesidades inmediatas solamente, sino en la proyección de las soluciones de más largo plazo y de fondo. Por esto el cumplimiento más consecuente de la misión especifica de las universidades e instituciones superiores están ligadas siempre a los intereses y accionar del pueblo trabajador. Preocuparse por el destino de la ciencia, la educación y la cultura nacional, forma parte de un programa transformador que sólo pueden promover los trabajadores y el movimiento popular. Una universidad Patriótica, Democrática, Autónoma y Científica, que despliegue sus aptitudes para colaborar en las soluciones que nuestro país necesita, debe ser una conquista del pueblo, en el camino hacia su liberación nacional y social. Plataforma de lucha Entendemos la Plataforma de Lucha como un instrumento para la acumulación de fuerzas para llegar a los sectores más avanzados y conscientes, en pos de construir Movimiento Estudiantil, componente del Movimiento Popular. Sabemos que en la actualidad las necesidades son variadas, por eso debemos equilibrar la lucha política con la búsqueda de alternativas que puedan dar una solución transitoria a dichas demandas; más que propuestas técnicas o mostrar respuestas definitivas, hay que buscar medios políticos para realizar en un largo plazo la Revolución Social. Estamos conscientes de lo avanzado que está el proceso de Mercantilización de la Educación, por tanto debemos poner todas nuestras fuerzas en la defensa de lo que nos queda de un Sistema Educativo Público y Estatal, que será nuestro piso para enfrentar al actual sistema de dominación.

Para la Enseñanza Secundaria: Una educación de calidad gratuita basada en el desarrollo integral del individuo, centrada en el mejoramiento de la educación, lo que implica mejoras en la infraestructura (diseño y construcción de establecimientos educacionales, seguros, amplios, cómodos y acogedores) y equipamiento (cantidad y calidad acorde a las necesidades en cuanto a los computadores, libros, material didáctico, etc.) donde se motive la crítica, el conocimiento científico, la expresión artística, cultural y el reconocimiento de la identidad tanto individual como colectiva. El Estado debe asumir su responsabilidad ante la problemática de la deserción escolar. Respecto a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) o cualquier otro instrumento de selección, debe nivelar las condiciones de medición para el acceso a la enseñanza superior dando ventajas en la ponderación a los alumnos de colegios municipales. El cambio anterior debe considerar las desventajas en las cuales se encuentran los colegios técnicos comerciales, ya que los alumnos de éstos, quedan prácticamente incapacitados para dar dicha prueba. Asignación centralizada de los recursos económicos que son entregados a los planteles por parte del Estado con prioridad en los planteles municipales. Democratización de los centros de alumnos, ya que estos espacios se han convertido, por medio de decretos que dejó la dictadura militar, en un medio del cual se han validado las direcciones de los establecimientos para desmovilizar y reprimir a los estudiantes. Entrega de alimentos (desayunos, almuerzos, colaciones) para todos los alumnos y personal del establecimiento que facilite el desarrollo de tareas al interior de los colegios. Perfeccionamiento docente constante que actualice no sólo conocimientos sino que también apunte al desarrollo de seres humanos íntegros y plenos. Aumento del salario a todo el personal de los establecimientos, que concuerde con la función social que cumple la labor docente. Reestructuración del currículo escolar chileno tanto a nivel pre-básico, básico, medio, que responda a las realidades y necesidades tanto individuales, colectivas, territoriales y étnicas. Derogación de la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE. Para la Enseñanza Superior: Universidades Privadas: Marco regulador constante y periódico a todas las instituciones para poner fin a la mal llamada “Autonomía Universitaria” que en el fondo es desligarse de la labor del Estado en la fiscalización de estas entidades. Salvaguardar los préstamos y créditos a los que los estudiantes pueden acceder para que no sea causal de deserción, y que los cobros no sean realizados por instituciones bancarias que se ha traducido en una incertidumbre de los estudiantes con respecto a su deuda (por ejemplo terminar en DICOM, remate de propiedades, etc). La asignación de los recursos del Estado deben ir directas al estudiante beneficiado y no al establecimiento. Las mallas curriculares deben mantenerse desde comienzo al fin de su carrera. En caso de variaciones, éstas deben contar con la participación y aprobación de los estudiantes. Pleno derecho a la organización estudiantil, sean estos centros de alumnos, federaciones, etc. e independencia respecto a los directivos y dueños de estos establecimientos.

Para las Universidades Tradicionales, en el item Financiamiento Universitario: Aumento de financiamiento estatal para la educación superior desde el actual 0.67% del PIB a un mínimo de 1,3%

del PIB 10 para acercarse a las cifras históricas más altas, para posibilitar el total financiamiento de las Universidades estatales en sus áreas académicas, investigación, extensión, etc.

Eliminación del AFI 11 , ya que genera una competencia que no se basa en criterios académicos, sino en criterios de marketing y con una óptica mercantilista, incentivando la apertura de carreras de “tiza y pizarrón” y el aumento de las matrículas en aquellas carreras de alta demanda, sin considerar las necesidades reales del país. Producto de la desigualdad de condiciones de los distintos establecimientos de enseñanza media, el aporte se concentra casi en su totalidad en la Región Metropolitana siendo un factor que aumenta la desigualdad entre Universidades regionales y metropolitanas. El AFI representa una subvención del Estado a las clases altas, ya que este aporte se entrega a las universidades (tanto privadas como tradicionales) que captan a los 27500 mejores puntajes de la prueba de ingreso a la Educación Superior. Los Fondos del AFI

deben pasar íntegramente a ser parte del AFD 12 . El AFD debe cubrir 100% de los gastos base de las Universidades Tradicionales. De esta forma no se les obliga a las Universidades a asumir el endeudamiento como forma de financiamiento. Entrega de recursos debe ser de acuerdo y en función del Proyecto de Desarrollo Estratégico de la Universidad, el cual debe ser generado por los tres estamentos en igualdad de condiciones a la hora de tomar decisiones. Los proyectos serán evaluados por un consejo superior de educación, integrado por estudiantes, funcionarios y académicos elegidos en forma democrática, que tomaran en cuenta si el proyecto implica un aporte al desarrollo nacional, o si se quiere, del rol público que estos cumplan.

En cuanto al Financiamiento Estudiantil 13 : Aumento del gasto mínimo que se considera para la asignación de beneficios, a una cifra superior a la actual (de

$80.000 a $150.000) y modificación del FUAS 14 . El primero permitiría la entrega de 100% de crédito a una mayor cantidad de estudiantes y la modificación del FUAS permitiría tomar en cuenta criterios reales para medir la capacidad de pago, como por ejemplo ingreso familiar real, gasto real y endeudamiento en elementos de necesidades básicas de las personas (luz, agua, teléfono, vestuario, recreación, vivienda, etc). Centralización en la entrega de recursos en un organismo que cuente con la participación estudiantil, para que no se geste esa diferencia antes dicha, en la que un estudiante reciba una cantidad de crédito en una Universidad y una cifra distinta en otro plantel, de esta manera hacemos que la lucha política sea a nivel de poder central. Arancel diferenciado contemplando gratuidad con participación estudiantil en la entrega de los recursos, ésta refleja de mejor manera la contradicción del sistema y muestra una posición de clase en el actual contexto político económico, ya que significa el pago de aranceles por parte de aquellos que tienen el poder adquisitivo para cumplir, y la gratuidad para los estudiantes hijos de trabajadores y pertenecientes a los sectores populares. Para la entrega de recursos, deberán tomarse en cuenta el ingreso, gasto familiar, y el endeudamiento. Aquí el ideal sería buscar la fórmula en que los que paguen el arancel completo sean los más ricos, que la gratuidad esté referida a los estudiantes pertenecientes al sector popular. En cuanto a la Democratización de la Universidad: En este sentido planteamos la participación triestamental universitaria (que en su momento más alto se expresara como co-gobierno), cuyo eje es la participación con derecho a voz y voto en la toma de decisiones en todos los aspectos que rigen el funcionamiento administrativo, económico, en la construcción de proyectos de desarrollo estratégicos de las distintas universidades, como en la elección de las autoridades universitarias, tanto los órganos de dirección colegiados (consejo superior, consejo directivos, etc.) y personales (rector, vicerrector, decanos, etc.) Estos deben ser producto de la voluntad libremente expresada de toda la comunidad que conforma a la universidad. Lo anterior implica la derogación de la actual Ley orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE. Notas Línea Estudiantil 1 El principal objetivo práctico del plan Colombia es construir bases militares en la profundidad del territorio de Sudamérica, y para amenazar y combatir a

cualquier movimiento o gobierno que se oponga a sus variados intereses. 2 Cabe mencionar que cada Municipalidad obtiene recursos por distintos items, de acuerdo a su realidad, lo que se traduce en que las comunas Populares mantengan un gasto Social que no alcance a cubrir de manera satisfactoria todas sus áreas. 3 Hasta 1990 se contaban 277 establecimientos de este tipo.

4 Aquí están incluidos los establecimientos Particulares subvencionados que a través del financiamiento compartido, se ha transformado en una excelente fórmula para el lucro. 5 Esto se puede visualizar en que las condiciones de hacinamiento, infraestructura inadecuada, recursos insuficientes, etc. son la tónica de los establecimientos municipales. 6 Dentro de las Instituciones Tradicionales están consideradas las que participan del Consejo de Rectores, en las cuales se cuentan las “estatales” y las que participan del financiamiento compartido (Pontificias Universidades ligadas a la Iglesia Católica). 7 Esta política se ha implementado hace muy poco, por tanto no se ha logrado afianzar por lo menos en los planteles tradicionales, aunque todo parece indicar que correrán esa suerte. 8 Para este caso hablamos de Educación de Calidad, en referencia a las posibilidades reales de acceder a la Educación Superior que en muchos casos está ligada a los establecimientos privados; ahora, el concepto no se agota allí pues la Educación de calidad contempla en su extensión variantes más bien Pedagógicas, que en su raíz busca formar mujeres y hombres integrales. 9 Se podría hablar de una embrionaria lucha política. 10 Según documento Congreso Fech 2000. 11 Aporte Fiscal Indirecto. 12 Aporte Fiscal Directo, que son recursos económicos que entrega el Estado a las Universidades Tradicionales. 13 Las reivindicaciones están planteadas a través de pasos los cuales pueden ser incluso sobrepasados por el estado de ánimo de las masas, es necesario en primer lugar que muera el nefasto sistema del Crédito Universirio 14Formulario Único de Acreditación Socio-económica.