primera segunda y tercera parte del trabajo de investigacion 2012 esmi i
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
TRABAJO DE INVESTIGACION 2012
AGUA, MINERIA Y COMUNIDADES CAMPESINAS
EN REGION TACNA
INVESTIGADORES
DR. JULIO MIGUEL FERNANDEZ PRADO
DR. DANTE MANZANARES CACERES
ING. FERNANDO VELASQUEZ DIAZ
ING. EDGAR VTAYA ACOSTA
TACNA – PERU
RESUMEN
La presente investigación analiza en primer lugar los conflictos sociales
en general y cuáles son sus causas En la escena nacional los conflictos
socio ambiental entre la actividad minera y las comunidades del área de
influencia de estos proyectos son cada vez más frecuentes y conocidas.
Son tres los tipos de conflictos que se presentan y son:
Por el uso de fuentes de agua utilizadas para fines
agropecuarios y que son derivadas a fines mineros.
Por la contaminación de fuentes de agua.
Por la gestión del agua en la cuenca.
La mayoría de los conflictos mineros están en la minería a cielo abierto
que son minas donde se mueven grandes toneladas de desmonte y
mineral, utilizando maquinarias de gran envergadura. En el 2º capitulo se
desarrolla los conflictos de la minería en el norte del Perú, lo mismo en el
3º capitulo los conflictos por el agua de la zona sur del país,
determinando además las comunidades más cercanas a los centros de
operaciones para determinar que tipos de contaminación existen en
dichas comunidades en el 4º capítulo se hace una comparación socio
económica de las comunidades y el grado de desarrollo alcanzada por
cada una de ellas, teniendo en cuenta su índice de pobreza, canon que
reciben, como invierten dichos fondos etc., y por último se determina los
problemas de la gestión del agua en el Perú, cambio climático como
afecta al Perú A mayor escasez de agua mayores conflictos con la
minería y la generación de conflictos generados por problemas
derivados con las políticas de agua. Concluyendo el trabajo con las
conclusiones y recomendaciones.
INTRODUCCIÓN
La minería es una de las actividades que ocasiona mayores impactos en
el manejo de los recursos hídricos de las zonas donde interviene.
Compite por el uso del agua con otras actividades como las agrícolas,
ganaderas y de consumo humano. En la gran mayoría de los casos
devuelve estos recursos contaminados sin que puedan ser utilizados
para otras actividades, siendo fuente de conflictos en las localidades
donde interviene.
Esta situación se ha agudizado aún más los últimos años al amparo de
una legislación promotora de la inversión extranjera, un manejo
ambiental sectorizado y una gran debilidad del Estado de compatibilizar
el desarrollo económico con la sustentabilidad ambiental.
El presente trabajo de investigación primeramente se refiere a los
conflictos sobre el agua que se están produciendo a nivel nacional tanto
en el norte caso de Yanacocha, Conga, Tambogrande y por el sur los
conflictos en Arequipa, Moquegua y Tacna, además de Espinar en
Cusco, los principales conflictos son especialmente por el uso del agua y
contaminación resaltando como uno de los puntos medulares los
conflictos derivados del uso del agua con los ganaderos y agrícolas de la
región.
Posteriormente ubicaremos las comunidades aledañas a los grandes
yacimientos de la región Tacna tales como la Southhern Perú
(Toquepala), MINSUR asi como zonas de exploración en la zona de
Tarata (TICACO) para posteriormente determinar como se puede
solucionar los problemas de minería agua y comunidades campesinas
aledañas a las minas. Finalmente se sugiere algunas salidas para
abordar este tema tan complejo desde los usuarios del agua de las
cuencas. Así como una propuesta de agenda que podrían levantar los
actores afectados por las actividades mineras en sus derechos de agua.
CAPITULO I
1. ¿QUE SON LOS CONFLICTOS SOCIALES EN GENERAL Y
CUALES SON SUS CAUSAS?
Los conflictos sociales son fenómenos sumamente complejos cuya
comprensión requiere la combinación de diferentes métodos de
análisis.
Según los datos disponibles, los llamados “conflictos
socioambientales” son los más frecuentes en nuestro país. Sin
embargo, pueden tener causas y contenidos distintos y tomar cursos
disímiles en regiones con historias y contextos diferentes.
Para su análisis es importante, en primer lugar, considerar que
existe una diferencia entre la expresión del conflicto y las causas que
lo originan. Para mencionar sólo un ejemplo: en el conflicto por el
lote 64 en Loreto (Datem de Marañón), la Asociación Indígena del
Morona aduce la contaminación como el núcleo de sus
preocupaciones, pero encontramos que en realidad es una disputa
por el uso de los recursos económicos que brinda la petrolera.
Casos así abundan también en los conflictos mineros en la sierra.
Por otro lado, existen comunidades que dan un rotundo no a la
explotación minera, sin agendas “ocultas” de por medio (Río Blanco
en Piura y Secclla en Huancavelica, por ejemplo). En estos casos se
enfrentan diferentes concepciones del “desarrollo”. Mientras la
posición de las empresas –y del Estado– se sustenta en su
afirmación de promover el crecimiento económico y en la
racionalidad utilitarista del mercado que desvincula la economía de
los otros aspectos de la vida social, para las comunidades rurales la
economía se encuentra insertada en un conjunto de relaciones
recíprocas y construcciones simbólicas. El “ser campesino” o “ser
indígena” no sólo representa una determinada modalidad de generar
ingresos, sino una forma de vida. Cualquier cambio abrupto de este
modo de vida genera incertidumbre y, por lo tanto, resistencias. Por
ello, una cosa es un conflicto socioambiental en una zona sin
tradición de actividad minera, en la que la población tiene opciones
vinculadas a actividades agropecuarias; y otra, en zonas con
tradición de actividades extractivas, en las que la población se ha
habituado a convivir con sus efectos, y en los que la disputa es por
el acceso a los recursos generados por éstas, además, influye
siempre el contexto social específico. Detrás del conflicto
“socioambiental” en Secclla, por ejemplo, se encuentra –también,
porque no es el único elemento que define la dinámica del conflicto–
una disputa antigua entre dos comunidades, una de las cuales
apoya el proyecto minero para dar realce a la rivalidad con la otra.
En la comunidad Ecash, en Áncash, para mencionar otro ejemplo,
existe una división histórica entre los sectores del valle y los de la
puna. Algo parecido se detecta en la región Cusco, específicamente
en la provincia de Espinar. Todo eso influye en los vaivenes que
asume el conflicto, que hacia afuera se presenta como un problema
“socioambiental” entre una o más comunidades rurales y una
empresa minera.
Los conflictos con una connotación supuestamente “étnica” –sobre
todo en la sierra sur– presentan un panorama similar: el discurso –
ambientalista en algunos casos, étnico en otros, y a menudo los dos
juntos– es el “vehículo” para transportar demandas “de fondo”. Por
ejemplo, en el caso de la región Puno percibimos que el discurso
étnico es un recurso que suele ser utilizado en el marco de un
repertorio más amplio al que se apela, en tanto significa una mayor
posibilidad de acceder a derechos, gracias a convenios y tratados
internacionales suscritos por el país. Por estas razones concluimos
que es importante ir más allá de las expresiones y tratar de llegar a
la causa de los conflictos, a lo que realmente está en juego. Otro
aspecto común es la presencia de un nuevo tipo de actores sociales
en los conflictos. El rol que antes asumían las federaciones agrarias,
los sindicatos y hasta los partidos políticos, hoy en día lo ocupan
organizaciones generadas muchas veces ad hoc en el contexto del
conflicto mismo: “comités de lucha” y “frentes de defensa” que, por lo
general, se desintegran cuando el conflicto se resuelve. Una
excepción son las federaciones indígenas en la selva. Actualmente,
existen centenares de organizaciones amazónicas de primer grado,
y decenas de federaciones regionales. Sin embargo, a menudo la
organización gremial choca con la organización clánica de los
pueblos indígenas, lo cual dificulta la representatividad. La debilidad
de las organizaciones sociales es perniciosa para el
desenvolvimiento de los conflictos. Una organización fuerte, con
capacidad de formulación de demandas y negociación, puede
plantear pedidos viables y obligar a su adversario a sentarse para
conversar antes de recurrir a medidas más drásticas; una
organización débil, en cambio, tiene que recurrir a formas más
disruptivas para hacerse escuchar, y sus demandas no siempre
podrán ser atendidas. Es así que en un contexto de fragmentación
social, las medidas de fuerza –los paros, las huelgas, los bloqueos
de carretera, etc. –, que en el peor de los casos podrían ser la última
opción cuando se han agotado todos los recursos de la negociación,
se convierten en una estrategia habitual en los conflictos. Por esto
es tan importante fortalecer la organización social, no debilitarla.
Uno de los principales actores en los conflictos sociales es el Estado
mismo, en un doble sentido. Por un lado, la gran mayoría de los
conflictos se originan como reacción a alguna iniciativa del gobierno:
un proyecto de inversión grande (Inambari, la planta hidroenergética
en Espinar); la privatización de infraestructura estatal(Paita y otros
puertos); o una medida legal (la llamada “Ley de la Selva”) que
genera la resistencia de poblaciones afectadas. Cabe añadir que
existen conflictos en los cuales el Estado es cuestionado por su
inacción, por no garantizar el cumplimiento de derechos o acuerdos
entre actores privados o sociales, pero el Estado, es también un
actor directo cuando aparece como demandante.
Los conflictos por demarcación territorial –como aquel entre las
regiones de Puno y Moquegua, o a nivel intrarregional, entre los
distritos de Ituata y Ayapata en el departamento Puno– son
conflictos entre gobiernos subnacionales (regionales, locales), cada
uno apoyado por su respectivo frente de defensa o comité de lucha.
La demanda de fondo suele estar vinculada a la mayor asignación
de recursos por el canon. Otras pugnas por recursos públicos son
más directas, sin pasar por la demarcación territorial, como es el
caso en el conflicto entre Tacna y Moquegua; y, en algunos
enfrentamientos a nivel intrarregional (Abancay y Andahuaylas en
Apurímac; Moyobamba y Tarapoto en San Martín; Ituata y Ayapata
en Puno).
Lo que se expresa en este último tipo de conflictos es una
preocupante escala de identidades regionales que pone en tela de
juicio la integración del Perú como Estado nacional. Estas
expresiones regionales, sumamente fragmentadas, llevan a veces a
alianzas extraordinarias. La “demanda regional” para la realización
del Proyecto Hidroenergético Alto Piura, por ejemplo, une a
empresarios y sindicatos, y la “Agenda Wari” en Ayacucho, a la
municipalidad de Huamanga y al frente de defensa, que en la vida
cotidiana de la región se enfrentan en un sinfín de riñas públicas. Se
trata de alianzas muy puntuales contra un adversario común, en este
caso el Gobierno Nacional. Lo que se expresa en estos conflictos es
la arbitrariedad con la que en ocasiones se da la gestión territorial
del Estado, cuyos departamentos-regiones y provincias son en
ocasiones construcciones incoherentes, sin integración “natural”.
En el caso de Datem del Marañón, por ejemplo, la relativa cercanía
respecto a la región San Martín genera mayores entendimientos con
este gobierno regional que con el de Loreto.
Otra fuente de conflictos está asociada al proceso de
descentralización, inconcluso y deficiente en muchos aspectos.
Varios expertos han señalado que el éxito de las políticas de
descentralización depende en gran medida de la cultura política
específica, y de la capacidad y voluntad de los gobiernos locales
para desarrollar mecanismo. Ello, a su vez, requiere la
implementación gradual de una estrategia para generar confianza
entre los funcionarios y la ciudadanía. Es decir, la descentralización
es un proceso que, en su fase inicial, casi inevitablemente genera
una serie de problemas, los cuales, se espera, se solucionarán en el
transcurso de su implementación. Eso vale sobre todo para países
con una larga tradición centralista y una cultura política marcada por
una extrema fragmentación y un bajo nivel de institucionalidad, como
el Perú, donde, efectivamente, se presentan muchos conflictos
debido al proceso de transferencias sin acreditación ni recursos
apropiados, y sin un adecuado proceso de reorganización
administrativa de gobiernos regionales y locales.
De esta manera, en muchos de los conflictos sociales, el Estado es,
o fuente indirecta (el gobierno central en particular) o actor directo,
como demandante, lo cual tiene dos implicancias importantes: por un
lado, ubica a su gestión en una posición protagónica y, por otro lado,
genera una situación en la cual una buena cantidad de los conflictos
sociales son plenamente previsibles (e incluso solucionables), en
tanto algún nivel o sector del Estado está al tanto de las demandas
existentes. Llama entonces la atención la relativa pasividad del
Estado ante situaciones previsibles, y la no implementación de
estrategias de solución. No hemos encontrado iniciativas para
contemplar situaciones conflictivas previsibles que, de acuerdo con
experiencias previas, se producen cuando el gobierno toma o deja
de tomar una medida determinada, ni para diseñar las estrategias de
prevención correspondientes.
Respecto a la gestión de los conflictos, la capacidad que
encontramos en las regiones es muy deficiente. El único sector que
cuenta con una Oficina de Gestión y Prevención de Conflictos
Sociales es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero
con competencias muy acotadas a su ámbito de actuación
(conflictos netamente laborales) y aun en este rubro con
capacidades insuficientes. En Piura, una de las regiones más
prósperas del país, la Dirección Regional de Trabajo cuenta apenas
con la mitad de los inspectores necesarios para cumplir cabalmente
con su mandato, y el local de la dirección funciona en un edificio
declarado como inhabitable por el INDECI. El sector trabajo
definitivamente es uno de los más débiles en las regiones.
En cuanto a los gobiernos regionales, por lo general no tienen
mayores facultades para intervenir en los conflictos principales; por
ejemplo, a las direcciones regionales de Energía y Minas sólo les
corresponde la pequeña minería, responsabilidad que también
excede su capacidad de atención y manejo.
En suma, la incapacidad del Estado para afrontar con eficiencia los
conflictos sociales es evidente. Por lo general, el Estado reacciona
de manera tardía; es decir, interviene con mecanismos ad hoc, como
la instalación de mesas de diálogo o el envío de comités de alto nivel
cuando un conflicto asume formas violentas. Despliega mucho
activismo, pero no hay una política propiamente dicha de respuesta
ante conflictos y mucho menos una política de prevención. Las
instituciones públicas no cuentan con un protocolo de prevención o
resolución de conflictos.
Finalmente, cabe señalar que la presencia de “terceros” –actores
extra locales e “interesados”, como partidos políticos, ONG y otros
potenciales brokers– en los conflictos revisados es secundaria y
prácticamente limitada a los conflictos en torno a industrias
extractivas. Al igual que los medios de comunicación, influyen en la
generación de opiniones y refuerzan posiciones, pero sería
equivocado considerar que los conflictos sociales de deben, en
primer lugar, a la “instigación” de actores externos.
Más que “generar” el conflicto, estos actores suelen sumarse a
posiciones tomadas por los actores principales. En lo que sí pueden
resultar decisivos es en modelar las demandas o plataformas de
protesta y las estrategias de negociación. En este sentido, debemos
recordar que la función de convertir necesidades, temores o
percepción de oportunidades en demandas específicas a ser
negociadas institucionalmente con la autoridad pública es vital para
evitar que las protestas sigan canales no institucionales o violentos.
Esto adquiere mayor importancia si se considera la debilidad
organizativa en el nivel de base que frecuentemente se encuentra en
la realidad social del país. Por ello, nuevamente, la intervención de
estos actores debe ser valorada positivamente, siempre y cuando,
claro está, cumplan esta función.
El Estado está compuesto por un conjunto de autoridades y
funcionarios de distinto nivel, con lógicas de actuación también muy
distintas. En nuestro trabajo hemos identificado varias razones que
explican las deficiencias de las instituciones estatales para el
desarrollo de estrategias de prevención de conflictos; una primera
ciertamente es la falta de capacidades. Hemos encontrado casos en
los que la precariedad organizativa de las dependencias públicas
explica mucho de la conflictividad local y regional. También existen
casos de visiones contradictorias sobre desarrollo o formas de
gestión, intereses contrapuestos en cuanto a acceso a recursos
(entre sectores y entre niveles de gobierno). El caso más común es
del gobierno regional o local enfrentado a la visión y planeamiento
del gobierno nacional (caso de Inambari, por ejemplo). Finalmente,
hallamos casos donde la institución pública en juego pareciera
apostar por una política de confrontación, al tratar las regiones
donde quiere llevar adelante sus proyectos de inversión casi como
territorios vacíos, sin considerar los planteamientos de la ciudadanía
involucrada en los mismos, donde cualquier atisbo de oposición es
tratado casi como un complot político.
2. Los principales conflictos socioambientales entre comunidad y
minería
En la escena nacional los conflictos socioambientales entre la
actividad minera y las comunidades del área de influencia de estos
proyectos son cada vez más frecuentes y conocidos. Son tres los
tipos de conflictos que se presentan y son:
Por el uso de fuentes de agua utilizadas para fines agropecuarios
y que son derivadas a fines mineros.
Por la contaminación de fuentes de agua.
Por la gestión del agua en la cuenca.
Los dos primeros tipos de conflictos se han producido
históricamente, sin embargo en la actualidad han cobrado mayor
importancia las decisiones sobre la gestión de agua en la cuenca
cuando hay presencia de usuarios mineros, ello debido a la
envergadura de los proyectos mineros en curso.
Por lo general los conflictos de uso y contaminación de aguas
aparecen asociados pero la respuesta de las comunidades es parcial
y fragmentada, y se limita a los impactos que perciben. Veamos
algunos casos de conflictos que muestran la complejidad de este
tipo de conflictos:
3. Las minas de tajo o cielo abierto
Son minas de superficie que adoptan la forma de grandes fosas en
terraza, cada vez más profundas y anchas. La minería a tajo abierto
supone dinamitar la roca superficial y llevarla a pequeñas
dimensiones. Montañas enteras son convertidas en rocas. Su
extracción empieza con la perforación y voladura de la roca.
Diversos informes científicos determinaron que durante la fase de
explotación, los principales impactos ambientales causados son:
■Modificación de la superficie terrestre del área de explotación:
devasta la estructura del suelo produciendo cambios severos en la
morfología del terreno.
■Eliminación del suelo y resecamiento en la zona circundante.
■Disminución del rendimiento agrícola y agropecuario.
■El impacto sobre la flora es de gran magnitud, implica la
eliminación de la vegetación y los bosques en el área de
operaciones.
■Destrucción y modificación de la flora en el área circunvecina.
Provoca presión sobre los bosques existentes en áreas vecinas que
pueden llegar a destruirse.
■El entorno queda afectado porque se transforma radicalmente,
pierde su atracción escénica o paisajística, sumada a la
contaminación sonora por el ruido producido por las distintas
operaciones: trituración y molienda, generación de energía,
transporte, carga y descarga de materiales, etc.
4. ¿QUÉ ES EL REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES?
Es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar
mensualmente acerca de los actores, los problemas y el desarrollo
de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo a
nivel nacional. La información divulgada constituye una señal de
alerta dirigida al Estado, las empresas, las dirigencias de las
organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad
en general a fin de que se tomen decisiones orientadas a conducir el
conflicto por la vía de la ley y el diálogo y se eviten los desenlaces
violentos. El documento recoge la información proporcionada por los
actores intervinientes en los conflictos sociales, a través de las 28
oficinas defensoriales y los 9 módulos de atención al público que
tiene la institución, complementada y contrastada con otras fuentes.
Hasta el 28 de febrero del 2010, se registra 252 conflictos sociales,
de los cuales 160 se encuentran activos (63%) y 92 en estado
latente (37%).
• Se registran en el mes de febrero seis casos nuevos, cinco
conflictos socioambientales, y un caso comunal.
• Igualmente, tres casos socioambientales se reactivaron (pasaron
de estado latente a activo), ubicados en Ancash, Apurímac y
Moquegua.
• Durante febrero, 13 casos han pasado de activo a latente, tres
conflictos socio ambientales, tres comunales, tres laborales, tres por
asuntos de gobierno local, y uno por cultivo ilegal de hoja de coca.
• Se han resuelto cuatro casos, dos de ellos conflictos por asuntos
de gobierno local, un conflicto socio ambiental, y un conflicto
comunal; y se han retirado del registro 9 conflictos sociales, al no
registrarse hechos que demuestren el interés de los actores
involucrados en mantener activas sus diferencias.
• De los 160 conflictos sociales activos registrados al 28 de febrero
del 2010, 82 se encuentran en proceso de diálogo (51% del total de
casos activos).
• Por otro lado, 50 de los 82 casos en proceso de diálogo (61%)
surgieron después de un hecho de violencia.
• De los 260 casos registrados en el mes de febrero, 100 de ellos
registraron, al menos, un episodio de violencia.
• El reporte registra, además, 39 acciones colectivas de protesta, no
vinculadas a los conflictos sociales registrados. Del mismo modo,
también se registran 12 casos que se encuentran en observación.
• También se registra en este mes dos acciones de violencia
subversiva.
• En cuanto a las actuaciones defensoriales, este mes se registraron
un total de 129 actuaciones defensoriales, de las cuales 105
corresponden a acciones de supervisión preventiva y 19 de
intermediación. Se realizaron 5 acciones de defensa legal. Entre las
actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo destacan las
efectuadas en el caso de la alcaldía de Talara; y el conflicto por
demarcación territorial entre Moquegua y Arequipa.
Gráfico Nº 1.- Mapa de los casos activos y latentes por
departamento y por tipo de conflicto:
Fuente: Defensoría del Pueblo
5. Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la
existencia de 160 conflictos activos en el país. A continuación una
breve descripción, la ubicación geográfica y el estado del caso.
5.1.CONFLICTOS SOCIALES DE ACUERDO A TIPO.
Los conflictos socio ambientales ocupan el 48% (121 casos) del
total de conflictos registrados este mes, le siguen los conflictos
por asuntos de gobierno local con 13,9% (35 casos), y los
conflictos laborales con 10,7% (27 casos).
Tabla Nº 1.-Conflictos según el tipo – Febrero 2010
Fuente: Informe Defensoría del Pueblo
Gráfico Nº 2.- Conflictos según el tipo – Febrero 2010
Fuente: Informe Defensoría del Pueblo
CAPITULO II
2. LOS CONFLICTOS DE AGUA EN LA REGIÓN NORTE
2.1.YANACOCHA
La empresa Minera Yanacocha SRL. (MYSRL) es propiedad de
la Newmont Gold Corporation que tiene el 53,35% de las
acciones. Condesa, una subsidiaria de la compañía peruana
Minas Buenaventura con 41,65% y la Corporación Financiera
Internacional (IFC) del Grupo del Banco Mundial, que tiene el 5%
de las acciones.
La mina está localizada a 18 Km de la ciudad de Cajamarca
entre los 3,000 a 3,400 m.s.n.m. La zona de la mina cruza la
divisoria continental de aguas y compromete cuatro ríos
importantes: el Llaucano, un afluente del Río Marañón -que fluye
hacia el Océano Atlántico por la cuenca del Amazonas-; el
Jequetepeque -que es parte de la hoya hidrográfica del Pacífico;
el río Cajamarquino que también tiene su orígenes dentro del
área, y se une finalmente con el río Marañón después de pasar
cerca del pueblo de Cajamarca; y el río Porcón, sale del área de
la mina y es un afluente del río Cajamarquino (Burke 2000).
Gráfico Nº 3.- Ubicación de la mina Yanacocha
Fuente: Información Yanacocha
La extracción del oro en la zona se realiza por el método de
lixiviación en pilas múltiples. El mineral se desprende con
explosiones dinamiteras, se apila en grandes plataformas de
lixiviación para tratarlo con una solución del cianuro. La alta
porosidad del mineral facilita su extracción sin requerirse de su
trituración previa a la lixiviación, debido a estas características
especiales se requiere de un uso extensivo del suelo. Las
propiedades ocupadas por MYSA suman aproximadamente
25,000 Has. Aparentemente por esta característica de la
explotación la empresa no requiere grandes volúmenes de agua.
Sin embargo esta actividad tiene significativos impactos en el
uso y contaminación de aguas:
- Reducción de fuentes hídricas: ocasionada por la disminución
de agua destinada al uso ganadero, agrícola y poblacional. Esto
ha sido producido por el retiro masivo de la capa vegetal de las
montañas, lugar que permitía la infiltración de agua en la época
de avenida, saturando estas zonas de agua y la alimentación de
los acuíferos. Esta realidad ha sido puesta de manifiesto a raíz
de las denuncias realizadas por los campesinos ante las
distintas instancias de gobierno e inclusive al Banco Mundial.
Gráfico Nº 4.- El proceso del oro de la mina Yanacocha
Fuente: Información Yanacocha
El estudio realizado por Strauss para el Banco Mundial, por más
que concluye que la mina ha alterado la cantidad de agua en las
áreas de influencia de sus actividades y que incrementado la
erosión de los suelos y la carga de sedimento en los arroyos.
Admite además que la mina ha reducido en un 10% el agua
disponible aguas abajo de las operaciones mineras, y que esto
puede traer efectos adversos en los usuarios del agua en las
zonas de influencia de las actividades de la mina. A pesar de
que las conclusiones del estudio de Stratus son en algunos
casos contradictorias, pone en evidencia que con la explotación
de minera Yanacocha se ha producido el cambio en el régimen
hidrológico del agua, lo que tiene un efecto negativo en la
cantidad de agua de las cuencas bajas.
La contaminación de aguas: Actualmente los mayores reclamos
de las comunidades campesinas y de la población de Cajamarca
se centran en el problema de contaminación de aguas de los
ríos que sirven de fuente de abastecimiento de agua potable
para la ciudad de Cajamarca y para la actividad agrícola y
ganadera. Ya en el año 1998 muestras de agua tomadas por
SEDACAJ en la Quebrada En cajón, fuente de agua potable de
la ciudad de Cajamarca presentan indicios de contaminación
industrial. Posteriores estudios como el encargado por el Banco
Mundial a Strauss y por el Gobierno Peruano a INGETEC ponen
en evidencia los riesgos de contaminación del agua en las
cuencas impactadas por la actividad minera. El estudio de
Strauss concluye que los efectos de la minería en la calidad del
agua pueden ser suficientes para matar a los peces y otros tipos
de vida acuática en los arroyos. Además recomienda un
monitoreo continuo y de mejoras en la calidad del agua para
evitar riesgos en la salud de las poblaciones localizadas en las
zonas de influencia de la actividad minera.
2.2.CONGA
El Proyecto Minero Conga está ubicado entre los 3.700 y 4.262
metros sobre nivel del mar. Afecta directamente a los distritos de
Sorochuco y Huasmín de la provinica de Celendín y al distrito de
La Encañada de la provincia de Cajamarca. Oficialmente serán
afectados 32 caseríos.
El Proyecto Conga es un proyecto minero de la empresa Minera
Yanacocha S.R.L., la cual tiene como socios el Newmont Mining
Corporation (Estados Unidos), Minas Buenaventura (Peru) y la
Corporación Financiera Internacional.
El área de influencia directa serán 3.000 hectáreas, el área de
influencia indirecta por lo menos 16.000 hectáreas. Los
minerales que serán explotados en Conga son oro y cobre.
Se implica la extracción de los minerales de dos tajos abiertos,
Perol y Chailhuagón, ubicados en la laguna y el bofedal Perol y
en la cabecera de cuenca del río Chailhuagón.
Se construirán dos depósitos de desmonte cerca de los tajos,
ubicados en las cuencas del río Jadibamba y de la quebrada
Chirimayo.
Los minerales obtenidos serán transportados mediante
camiones a un puerto en la costa para su envío al extranjero.
La Mina Conga sólo funcionará 19 años y generará 5.000
empleos en la etapa de construcción por sólo 2 años y 1.660
empleos en la etapa de operación (17 años). Muchas personas
seguirán migrando hacia la ciudad de Cajamarca en esperanza
de conseguir un trabajo en la mina. Pero después de menos de
20 años, la mayoría ya habrá perdido su empleo otra vez.
Gráfico Nº 5.- Ubicación proyecto Conga
Fuente.- Informe Yanacocha
El proyecto Conga se ubica en 5 cabeceras de cuenca, la del Río
Jadibamba, Río Chailhuagón y quebradas Chirimayo,
Chugurmayo y Toromacho, afluentes de los Ríos Sendamal,
Chonta y Llaucano, principales ríos de las provincias de Celendín,
Cajamarca y Bambamarca. El proyecto además destruirá varias
lagunas, 260 hectáreas de bofedales, 17.200 hectáreas de
pajonales, 682 manantiales, 102 captaciones de agua y 18
canales de riego.
Minera Yanacocha ofrece la construcción de cuatro reservorios,
uno para las operaciones de la mina y tres para el abastecimiento
de las comunidades. Sin embargo: Un reservorio no es una
laguna, no puede recargarse como una laguna a través del agua
subterránea.
Gráfico Nº 6.- Ubicación de reservorios propuestos por
Conga
Fuente: Informe Yanacocha
2.2.1. La Biodiversidad: En la zona del proyecto se encuentra
muchas especies de plantas y de animales endémicas y
amanezadas.
34 de las especies de plantas de los 460 que se
encuentra en la zona, están amanezadas.
46 especies de plantas son endémicas de Perú
6 especies de plantas son únicas en Cajamarca.
13 especies de aves amenzadas y 9 endémicas
Existen 13 especies de mamiferos únicos de Perú
2.2.2. Contaminación Ambiental
El oro se extrae a través del cianuro, una sustancia
altamente tóxica. Las experiencias con la Minera
Yanacocha, que está operando desde 1993 en Cajamarca
muestran claramente la irresponsabilidad de la empresa
con el medio ambiente: Desde el año 1994 existen una
gran cantidad de denuncias por contaminación de aguas.
En enero del 2000 se morían peces y 12.000 truchas en la
piscigranja de Porcón por arsénico en el agua. En junio del
mismo año hay un derrame de mercurio en el centro
poblado de Choropampa, el derrame de mercurio más
grave del mundo con cientos de afectados y varios
muertos.
En marzo de 2001 se encuentran metales pesados y un pH
ácido en aguas a 4 km de la ciudad de Cajamarca. En
octubre de 2002 se mueren nuevamente las truchas de la
piscigranja de Porcón: Alrededor de 26 500 truchas. En
Febrero de 2008 hubo nueve trabajadores intoxicados por
un derrame de hidrocarburos en la laguna Totoracocha. En
agosto de 2010 mueren las truchas y una vaca en el
caserío Agua Blanca, distrito Sorochuco, por las
perforaciones en el proyecto Conga, que contaminaron el
Río Chirimayo. En octubre de 2010 hubo un derrame de
sustancias tóxicas en el canal de riego de Tual.
2.2.3. Población
El 98% de la población de la zona depende de actividades
agrícolas y pecuarias que demandan agua y un ambiente
sano.
2.2.4. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
El EIA fue aprobado en el 2010 por el Ing. Felipe Ramírez
del Pino, responsable de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineras (Ministerio de Energía y Minas), ex
alto funcionario de Minera Yanacocha.
El estudio hidrogeológico es incompleto.
Las audiencias públicas no fueron realizadas en los
distritos de mayor impacto del proyecto que son los distritos
de Sorochuco y Huasmín. Sólo se realizó una "audiencia"
el 31 de marzo del 2010 en el caserío San Nicolás en el
distrito de La Encañada. En la audiencia participaron
trabajadores de la empresa y personas traídas por Minera
Yanacocha sin que se pudiese verificar su procedencia.
2.3.TAMBOGRANDE.-
El distrito de Tambogrande, a abril de 2004, tenía el 40% de su
territorio con concesiones mineras, gran parte de ellas pertenecen
a la empresa minera Manhattan Minerals Corp.
El proyecto Tambogrande se ubica en el distrito de Tambogrande,
provincia de Piura. Comprende 97 concesiones mineras que
cubren una extensión total de 86,200 has. Estas concesiones
están agrupadas en: Tambo Grande, que son 10 concesiones,
que comprenden 10,000 has y que pertenecen a Minero Perú,
empresa que celebró con la empresa Manhattan un contrato de
opción por el cual se comprometía a constituir juntas una empresa
para explotar los yacimientos de Tambo Grande.
EL Papayo que son 7 concesiones que comprende 3,200 has, que
pertenecen a la empresa Cedimin, con quien Minera Manhattan
celebró un contrato de opción que le permitió explorar las
concesiones. Se trata de un proyecto polimetálico, que incluye,
especialmente la explotación de oro.
2.3.1. Problemática
El cuerpo mineralizado Tambo Grande-1 se encuentra
ubicado debajo de una parte del pueblo de Tambogrande y
se extiende hasta el extremo sur del valle agrícola de San
Lorenzo. El cauce del río Piura se ubica inmediatamente al
sur del tajo abierto propuesto. Está compuesto por una
cubierta oxidada rica en oro, que yace sobre un depósito
de sulfuros metálicos. El tajo abierto final cubriría una
superficie de aproximadamente 70 has. y tendrá una
profundidad máxima de 260 m. Las concesiones a las que
corresponde este cuerpo mineralizado son las que le
pertenecen a Centromin y que Manhattan tiene acceso a
ellas a través de un contrato de opción.
Las reservas minerales aprovechables han sido estimadas
en 8.9 millones de toneladas de mena oxidada y 61.3
millones de toneladas de mena sulfurada. Para poder
extraer las reservas minerales, se tendrá que remover
además 100 millones de toneladas de roca estéril. El
cuerpo mineralizado contiene 853,000 onzas de oro
recuperable y 10.26 millones de onzas de plata en la zona
de óxidos, mientras que la zona de sulfuros contiene
339,000 toneladas de zinc y 715,800 toneladas de cobre.
El proyecto tendría una vida operativa aproximada de 12
años, mientras que el período total desde el inicio de la
construcción hasta la culminación de los trabajos de
rehabilitación se estima en 17 años.
Para efectuar el proyecto es necesario que se reubique una
parte importante del pueblo en un período de dos años.
Adicionalmente a ello, se requiere de un año para el
desbroce del tajo abierto y la construcción de la planta
concentradora, del depósito de relaves y las estructuras de
derivación. Al término de la vida operativa, se prevé un
período de cierre de dos años mientras que el tajo era
inundado y los depósitos de relaves y botaderos de roca
estéril cubiertos y revegetados.
El área en donde se ubica el proyecto minero es una zona
agrícola, que forma parte del Sistema de irrigación Chira
Piura. Su población destina parte de su producción,
principalmente frutícola, a la exportación.
Pese a la existencia del sistema de irrigación Chira Piura,
el agua es un bien escaso. De otro lado, la zona es
considerada un ecosistema frágil, por el riesgo de
desertificación que existe, pero además porque
periódicamente sufre las consecuencias del fenómeno del
niño. En este ecosistema existen los bosques secos que
permiten bajar la temperatura del lugar y frenar la velocidad
de los vientos, haciendo posible una actividad como la
agricultura.
2.3.2. Cronología del conflicto
El contrato de opción permitió a Minera Manhattan
presentar la Evaluación Ambiental de la fase de
exploración para el TG 1, y luego el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) para la fase de explotación, el 9 de
diciembre de 2002. Previamente a ello, minera Manhattan
dio a conocer el proyecto y el hidrogeólogo norteamericano
Robert Morán hace un estudio de la línea base del EIA
dando a conocer sus muchas deficiencias.
De otro lado, al iniciarse el diálogo entre empresa y
población, la primera llega a sostener que si la población se
manifiesta en contra del proyecto no lo realizaría. Es por
ello que, el 02 de junio del 2002, la Municipalidad Distrital
de Tambogrande realizó una Consulta Ciudadana sobre la
pertinencia del desarrollo de actividad minera en el distrito.
El 93.95% de la población opinó que no quería minería en
su localidad.
El proceso de evaluación del EIA presentó muchas
irregularidades. El EIA fue presentado en inglés, de manera
incompleta. Faltaban, como lo advierte INRENA el 12 de
diciembre del 2002 y luego un funcionario de la Dirección
General de Asuntos Ambientales del MEM el 6 de enero de
2003, 21 tópicos de información relevante. Para que la
empresa cumpliera con adjuntar la información faltante la
Dirección General de Asuntos Ambientales suspendió el
procedimiento indefinidamente. Luego de esta suspensión
hubo otras que se justificaron en la necesidad de informar a
la ciudadanía, algo que no ocurrió.
Cabe señalar que INRENA se pronunció sobre el EIA
presentado por Manhattan, haciendo 192 observaciones y
que un equipo del Centro de Investigación en Geografía
Aplicada (CIGA) de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, constituido por nueve profesionales de distintas
disciplinas, revisó el EIA dando a conocer las deficiencias,
vacíos y errores que el documento presentaba. En el
mismo sentido se pronunció el hidrogeólogo Robert Morán
y la Comisión Técnica del Medio Ambiente del Colegio de
Ingenieros de Piura.
En noviembre del año 2003 se programaron las audiencias
públicas, parte necesaria del procedimiento de evaluación
del EIA. La población de Tambogrande decidió no
participar de ellas y expresar su rechazo al proyecto minero
en las calles de Piura. En este contexto el Ministerio de
Energía y Minas decidió suspender las audiencias.
El 10 de diciembre de 2003, Centromin Perú, comunicó
formalmente a Minera Manhattan Corp. la resolución del
contrato de opción celebrado por ambas, debido a que esta
última había incumplido con dos obligaciones establecidas
en dicho contrato. Es decir, al 1 de diciembre de 2003,
Manhattan no logró acreditar, de manera suficiente, el tener
en operación un complejo minero con una capacidad de
tratamiento promedio equivalente a 10,000 TM/día de
minerales y un patrimonio neto de US$ 100 millones.
No conforme con esa decisión, Manhattan Minerals Corp.,
en virtud de lo establecido en el contrato de opción para la
solución de controversias, solicito el arbitraje del Instituto
Nacional de Minería, Petróleo y Energía a fines de enero
de 2004. La solicitud fue planteada fuera de plazo.
Si bien a la fecha, los miembros del tribunal arbitral han
sido nombrados, el tribunal no habría sido instalado ni la
empresa habría presentado la demanda, tal como lo
establece el reglamento del Instituto Nacional de Derecho
de Minería y Petroleo (INDEMIPE). Además, nos han
informado que Manhattan habría pedido la suspensión del
procedimiento argumentando que estaba en proceso de
cambio de representantes, pedido al que Centromin Perú
se habría opuesto.
De otro lado, el proceso de evaluación del EIA por la
Dirección de Asuntos Ambientales se encuentra
suspendido y se ha supeditado a la resolución del
procedimiento de arbitraje.
La empresa minera Manhattan atraviesa por una situación
financiera difícil y ha hecho pública su decisión de transferir
los derechos sobre las concesiones que tiene en
Tambogrande. Todo parece indicar que habría llegado a un
acuerdo para la transferencia de sus derechos en
Lancones con la empresa minera Buenaventura.
Actualmente la Municipalidad Distrital de Tambogrande, en
convenio con el Centro de Investigación y Geografía
Aplicada (CIGA) de la PUCP, viene elaborando una
propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial del distrito,
que será elevada para su aprobación a la Municipalidad
Provincial de Piura. El Plan de Ordenamiento territorial es
un instrumento de gestión ambiental que permite dar un
uso racional al territorio, de acuerdo a la vocación de los
suelos (información técnica) y a la voluntad de la población.
El 28 de Junio del 2005, la empresa Mediterranean Metals,
ex-Manhattan, informó que había obtenido la aprobación de
la Bolsa de Valores de Toronto para formalizar el acuerdo
de venta de sus concesiones mineras de Lacones ubicadas
en Piura, margen izquierda del río Piura, a favor de la
empresa peruana Compañía de Minas Buenaventura. El
acuerdo suscrito el pasado 13 de mayo, establecía el pago
de US$ 600,000 y un adicional de US$ 400,000 en los
próximos 5 años, manteniendo Mediterranean una
participación del 2%.
Por otra parte, en el diario La República Regional de Piura,
entre los días 13 y 18 de agosto se han publicado avisos
con petitorios de concesiones mineras ubicadas en los
distritos de Castilla, Catacaos y Tambogrande, todos en la
Provincia de Piura y solicitados por la Compañía de Minas
Buenaventura. S.A.A.
Lo mismo ha ocurrido en el diario oficial El Peruano, donde
dichos avisos aparecieron entre los días 18 y 26 de agosto,
solicitado un total de 16,300 hectáreas de concesiones de
los derechos mineros en la provincia de Piura
El río Piura, que se origina en los Andes en la sierra de
Huancabamba, discurre hacia el noroeste hasta Seren y
luego hacia el suroeste hasta Sechura, donde fluye a lo
largo del borde norte del desierto de Sechura para luego
desembocar al mar
En las alturas, donde los índices de precipitación son
mayores y el lecho de roca es poco profundo, el río es
perenne. En su sección media, el río alimenta un extenso
sistema de canales y recarga el acuífero subyacente.
Consecuentemente, en la estación de Puente Ñácara cerca
de Chulucanas, el río no es permanente y puede estar seco
entre los meses de agosto y diciembre. Sin embargo, en
las estaciones de Tambogrande y Puente Sánchez Cerro
(Piura) de la cuenca del Bajo Piura, el río se vuelve
nuevamente perenne debido a afluencias de los canales
del proyecto de irrigación San Lorenzo y del proyecto
Chira-Piura. Aguas abajo de la ciudad de Piura, el río se
vuelve nuevamente efímero a medida que atraviesa la
árida planicie costera. Durante las épocas de avenida, el
río puede cambiar de dirección y discurrir hacia la
hondonada de Ramón y Ñapique. Durante esos periodos,
el río descarga a través del ramal Ramón hacia la
bocatoma Virrilá. Como consecuencia del fenómeno de El
Niño de 1997/98, las lagunas de Paita, Ramón y Salinas se
juntaron formando un gigantesco lago que luego se secó
(La Niña).
El área de impacto minero en la zona de Tambogrande
abarca 162,700 Has. y corresponde a concesiones que
tienen varias empresas mineras en la zona. La empresa
Minera Manhattan tiene en concesión 88 mil Has, seguida
de la empresa Minera el Totoral con 32 mil Has. Entre otras
se encuentran Cia. Minera Buenaventura, Phelps Dodge
con menor área (Aste, 2001). La concesión TG1 localizada
en el área urbana de Tambogrande fue la que ha sido
motivo de uno de los mayores conflictos entre minería y
comunidades de los últimos años.
La empresa esperaba explotar el oro localizado en la capa
superior del depósito y luego los sulfuros de cobre. Para
desarrollarse este proyecto se requerirá de la reubicación
del 47% de la población urbana, el desvío del río Piura y el
impacto en 53% de la zona destinada al cultivo de mangos
y limones de las dos Malingas, los dos Hualtacos y el Valle
de los Incas.
2.4.Los impactos en el uso y contaminación del agua:
- Impactos en la disminución del agua asignada a actividades
agrícolas y forestales para derivarla al uso minero. Tanto la
explotación del cobre como el oro a tajo abierto requieren de una
fase de molienda, antes de pasar al proceso de extracción del
mineral, esta fase es sumamente exigente en agua. La empresa
propone utilizar agua subterránea, lo cual es sumamente
inquietante debido a la fragilidad del ecosistema de bosque seco
subtropical en el que se plantea desarrollar el proyecto.
- La mineralización de la zona de sulfuros masivos la hacen
potencialmente generadora de drenaje ácido. El tratamiento del
oro con cianuro, incrementa las posibilidades de contaminación
de las aguas y su posible afectación de los acuíferos, sobre todo
hacia la zona del bajo Piura.
- La derivación del río Piura, necesario para el desarrollo del tajo
de la mina, es uno de los puntos más vulnerables del proyecto,
debido al impacto resultante de las características ecológicas de
la zona en la que existen grandes períodos secos con presencia
de lluvias intensas y durante la presencia del fenómeno del Niño
escapa a cualquier cálculo.
CAPITULO III
3. LOS CONFLICTOS DE AGUA EN LA REGIÓN SUR
En este acápite se presentan los casos de Southern Perú y
Quellaveco, en el Primer caso sus impactos históricos y en el
segundo un nuevo proyecto de inversión. Ambos que han llegado a
generar un alto nivel de conflictos por la gestión del agua en la
cuenca de Moquegua.
3.1.SOUTHERN PERÚ
La región sur del Perú es una de las regiones que ha soportado
los efectos de una de las operaciones mineras más importantes
del Perú, históricamente el 70% de la producción nacional del
cobre dependía de los departamentos de Tacna y Moquegua
siendo la empresa Southern Perú única empresa en producción
hasta antes de la puesta en marcha de Antamina.
Históricamente la región desde los iniciales asentamientos pre
incas pasando por la época colonial estuvo anclada en la
actividad agropecuaria, pequeños y productivos valles
interandinos como los de Torata, Candarave, Tumilaca y
costeros como los de Locumba y Moquegua soportaban una
importante actividad agropecuaria. Especialmente los valles
costeros de Locumba y Moquegua desarrollaban una importante
actividad vitivinícola y frutícola y en el caso del valle de Ilo la
producción de aceitunas.
Estas economías locales se vieron desplazadas por el desarrollo
repentino de la actividad minera que a partir del 50 inicia su
asentamiento en la región. Los dos motivos fundamentales
fueron la presión sobre los recursos hídricos y de otro lado la
contaminación ambiental. Los impactos de la actividad minera en
el uso y contaminación de aguas se pueden resumir en:
- El uso de los recursos hídricos de las cuencas de Locumba,
Moquegua y de los acuíferos alto andinos.
- La contaminación del agua en las cuencas de Moquegua y
Locumba
3.1.1. Uso de los recursos hídricos
Desde la fase de exploración la minería en la región generó
una serie de conflictos por el uso del agua, este insumo
básico para el desarrollo de las operaciones mineras es
sumamente escaso en la región. Una sencilla comparación
nos puede dar idea de esta realidad, las cuencas de
Locumba, Moquegua, Sama y Caplina conducen un
promedio anual de 6,9 m3/s al Océano Pacífico, mientras
que la cuenca vecina del Tambo conduce un promedio de
12 m3/s hacia el Océano Pacífico.
La empresa minera Southern requiere un promedio de 2
360 l/s de agua para el funcionamiento del conjunto de sus
actividades minero metalúrgicas, utilizando el mayor
volumen para tratar los concentrados de cobre, un
promedio de 1.700 l/s de agua limpia. Para garantizar este
volumen de agua la empresa minera históricamente
presionó sobre los escasos recursos hídricos existentes y
como consecuencia ocasionó una serie de conflictos por el
uso del agua en una región cuya base económica principal
estaba centrada en la agricultura. Los más importantes
conflictos se pudieron ver en el Valle de Cinto, que se
quedó sin agua, las cuencas de Moquegua y de Locumba
que disminuyeron su frontera agrícola y la calidad de agua.
3.1.2. Reducción del área de bofedales
Se advierte entre los efectos físicos – químicos: una
reducción de la napa freática, seguida de un incremento de
la capacidad de absorción de la zona de bofedales y una
reducción del caudal de los ríos. En el nivel ecológico se
tiene la desaparición de los bofedales, una reducción de la
fertilidad natural de la zona impactada, así como la
migración de especies y la reducción del área de pasturas.
Por último en la dimensión socioeconómica se advierte una
reducción de la actividad agropecuaria y de las
oportunidades de empleo.
3.1.3. La disminución de la disponibilidad de agua en las
cuencas
Disminución producida debido a la extracción del agua
superficial y subterránea en las cabeceras de las cuencas
de los ríos antes mencionados. Estas aguas que son
utilizadas en forma exclusiva y excluyente, perdiéndose
totalmente para otros usos, pues son contaminadas con
metales pesados y usadas como medio de transporte de
los relaves hasta la cancha de quebrada honda y luego
para la irrigación de pampa sitana anteriormente eran
arrojadas al Océano Pacífico por el río Locumba y la bahía
de Ite. La disminución de la disponibilidad de agua para
fines agrícolas ha traído como consecuencia la reducción
de zonas de pasturas y de cultivo y de actividades
agrícolas y pecuarias. Hasta hoy la pérdida de valle de
Cinto, y de los bofedales de las zonas de Huaitire y
Titijones así como de la reducción del área agrícola en
Candarave, Locumba, Torata y otras zonas requieren
solución. Se estima que solo en esta cuenca de Moquegua
se tendría una pérdida de disponibilidad de agua de 700 l/s.
Como promedio histórico. Esta situación sigue sin
resolverse para la parte alta de la cuenca, tanto en la zona
de pasturas como en la parte alta de los valles interandinos
de Tumilaca y Torata. Los problemas relativos a la
disponibilidad de agua en la parte baja de la cuenca de
Moquegua se habrían resuelto con la puesta en marcha del
proyecto Pasto Grande.
En el caso de la zona alta de Torata y Tumilaca, los futuros
proyectos de inversión como el de Quellaveco
probablemente van a continuar impactando en estas áreas.
Esto se puede ver con la ampliación de la mina de Cuajone
que ha requerido de la derivación del cauce del río Torata
para ampliar el tajo de la mina y utilizar el cañón del río
para depositar desmontes de la mina Decisión tomada sin
tener en cuenta que en esa zona los habitantes del lugar
reportan la existencia de más de 15 manantiales y los
impactos de la dispersión del polvo de los desmontes en el
cañón de río aguas abajo. Situación que sin duda se
agravará de implementarse el proyecto minero Quellaveco
que plantea la derivación del río Asana, necesario para
efectos de la explotación de la mina.
3.1.4. Contaminación de agua en las cuencas
La disminución de la calidad de agua de la cuenca de
Locumba
Principalmente por la extracción del agua de buena calidad
de la cuenca por la actividad minera de Southern, tanto de
los pozos de la zona de Huaitire, como de la laguna de
Suche y de los ríos Quebrada Honda y Canal de Tacalaya.
Las aguas de la laguna de Suche fueron derivadas a la
actividad minera separando artificialmente la laguna de su
cuenca natural mediante la construcción de un dique que
impidió el drenaje natural de las aguas hacia el río
Callazas. Esta situación se ha agravado por la extracción
de agua subterránea, que mediante pozos tubulares viene
haciendo Southern en las pampas de Huaitire - Gentilar a
partir de la década del 70, que captan el flujo sub
superficial que alimenta el río Callazas. Se estima un
promedio de pérdida de 226 l/s de agua que deja de
discurrir por la cuenca ocasionando además de la
disminución de áreas de cultivo un efecto adicional en la
severa disminución de la calidad de agua a de la cuenca.
Un estudio del balance del boro en la Laguna de Aricota en
el cual se ha simulado la dinámica de la concentración del
Boro se analizó la hipótesis de no intervención de Southern
en la cuenca, llegándose a la conclusión de que las
concentraciones del Boro en la Laguna de Aricota hubieran
alcanzado a 6,50mg/l (para ello se tomó como referencia
valores históricos de la ONERN que estima una
concentración de boro en la laguna de 6,2 mg/l. y no llegar
a 10 mg/l como se encontró al año 1991, situación no
resuelta a la fecha.
3.1.5. La contaminación de la parte baja de la cuenca de
Locumba
Históricamente con la utilización de más de 21 Km. de
cauce del río Locumba para descargar relaves de las minas
de Toquepala y Cuajone y la consiguiente contaminación
de la bahía de Ite. Desde el año 1995 los relaves de las
minas ya no se arrojan al mar, se han construido canchas
de relaves en la zona denominada Quebrada Honda, esto
representa un gran avance respecto a la situación anterior.
Sin embargo, las aguas utilizadas como medio de
transporte de los relaves hasta las canchas se usan para
irrigar pampa sitana actualmente siembran desde oreganp
hasta olivos se supone con agua contaminada con metales
pesados. De otro lado se requiere un plan de
descontaminación de la bahía, zona en la que se
encuentran acumulados miles de millones de toneladas de
desechos mineros contaminantes. El mayor riesgo que
representa esta zona es el uso que hacen pastores del
lugar de los pastos naturales que crecen en la zona, con el
cual alimentan cabras, cuyos productos se comercializan
en el mercado local.
3.1.6. La contaminación del litoral marino
Los relaves arrojados por años en la bahía de Ite y las
escorias arrojadas en el litoral marino frente a la fundición
de cobre. Un promedio de 119.000 TM/día de relaves se
arrojaron al mar en la bahía de Ite durante 35 años,
formando una playa artificial que tiene más de 10 Km de
largo y que tenía un promedio de crecimiento de 10 a 20 m
por año (datos al año 1989, hay que considerar un
crecimiento del área contaminada hasta el año 1994). Un
promedio de 2.000 TM/día de escorias se arrojaron al mar
por más de 22 años estimándose que se arrojaron de 8 a 9
millones de TM de escorias al mar deteriorando unos 5 Km
de litoral marino. Como se tiene mencionado éstas áreas
contaminadas ya no continúan creciendo en la medida que
se han parado las descargas de escorias, en 1985, y de
relaves en 1995 al mar. Sin embargo queda pendiente la
recuperación de las zonas impactadas para hacer posible
su uso para las actividades de pesca artesanal y recreativa
así como el control de las descargas de aguas
contaminadas al mar.
3.1.7. Contaminación del cauce del río Torata
La contaminación de las fuentes de agua dulce debido a
los desmontes de mina arrojados a orillas del río Torata,
situación que se ha incrementado con la ampliación de la
mina Cuajone que ha convertido el cañón del río en
botadero de desmontes. Al lado de ello periódicamente los
agricultores ubicados aguas debajo del canal por donde
discurren los relaves hacia las canchas de relaves ven
contaminados sus áreas de cultivo por descargas
repentinas de relaves por quebradas de agua que son
utilizadas para fines agrícolas. Numerosos reclamos de
esta índole no son canalizados por ninguna autoridad,
convirtiéndose en fuente de conflicto permanente, entre la
empresa minera y los agricultores, más aún cuando estas
aguas son utilizadas para el consumo humano y la crianza
de ganado.
3.2.EL PROYECTO QUELLAVECO
El Proyecto Quellaveco propone la construcción y puesta en
marcha de una mina de cobre ubicada en el lecho del río Asana,
en la cabecera de esta cuenca siendo este río el principal
contribuyente de agua del río Moquegua. Minera Quellaveco
planea explotar el cobre en la modalidad de tajo abierto por un
periodo de 44 años. Para operar la mina la empresa minera
requerirá de 700 litros de agua por segundo.
Este proyecto se propone desarrollar en Moquegua, que se
encuentra ubicada en una de las regiones más secas del mundo
y según las proyecciones estarían comprendidas entre las zonas
con disponibilidad critica de agua hacia el año 2025. El proyecto
plantea la extracción de aguas subterráneas en la zona Alto
Andina de Chilota para el abastecimiento de agua a Minera
Quellaveco, quien ha previsto la explotación de 9 pozos.
Los impactos previstos por sobre la cantidad y calidad de los
recursos hídricos, según el experto Robert Moran son:
- La afectación de cuencas adyacentes al proyecto Quellaveco
por la extracción de aguas subterráneas en la zona de Chilota.
- La extracción de agua subterránea de Chilota tiene el potencial
de perturbar el desarrollo futuro del proyecto Pasto Grande, en
concreto la ampliación de la frontera agrícola en las lomas de Ilo.
- Ocupación del río Asana como botadero de desmontes: la mina
Quellaveco generará más de un millón de toneladas de
desmontes que según lo planeado se depositarían en el lecho
del río Asana. Este material en contacto con oxígeno y agua
genera drenaje ácido. Así que el drenaje ácido se puede filtrar al
agua subterránea y se puede arrastrar por la lluvia hacia los ríos
y lagunas cercanos degradando severamente la calidad del agua
subterránea y superficial, pudiendo acabar con la vida acuática.
- Creación del lago Quellaveco al cierre de la mina: En el EIA se
presenta como medida de mitigación después cierre de la mina
la transformación del tajo en un lago. La calidad del agua de este
“tajo-lago” estará muy contaminada: las paredes y el fondo del
tajo contienen muchos metales y sales que serán liberados al
ser llenados con agua. Las medidas de mitigación previstas en el
EIA no garantizarían la reducción de estos riesgos.
- La disposición de relaves: El EIA indica que los relaves se
depositarían en un embalse sin revestimiento en la quebrada
Cortadera durante toda la vida útil de la mina. La cancha de
relaves no tendrá impermeable así que hará filtración de
químicos tóxicos y drenaje ácido al agua subterránea. En el EIA
no se presentan medidas adecuadas para mitigar la
contaminación.en base a todos este conflicto pendiente entre
Moquegua y Anglo American Quellaveco desde el mes de Marzo
del 2011, se inició un diálogo entre los representantes de la
sociedad civil de Moquegua a través de sus autoridades locales
distritales y regionales y la compañía Anglo American
Quellaveco. Espacio convocado por el Presidente del gobierno
regional de Moquegua Ing. Martín Vizcarra Cornejo (1), antes de
que se presente un estado de convulsión entre la población y
Anglo American respecto al proyecto de inversión en
Quellaveco y la problemática minera de la región. El ministro de
Energía y Minas, Jorge Merino, destacó que se trata de un
proyecto de 3,300 millones de dólares de inversión “que ha
recogido el nuevo modelo de funcionamiento de la minería
peruana para realizar proyectos de convivencia social de largo
plazo”. Se trata dijo de un nuevo esquema fijado por el gobierno
del presidente Ollanta Humala, en el que las empresas mineras
interesadas en invertir en el Perú deberán garantizar primero el
acceso al agua de la población, cuidar el medio ambiente y
apoyar los esfuerzos de inclusión social generando empleos
directos e indirectos.
El diálogo convocado por la primera autoridad regional ha dado
sus frutos, la minera invertirá US $3.000 millones en Quellaveco
con el objetivo de que la producción anual sea de unas 220.000
toneladas de cobre y destinarán s/. 1.000 millones como aporte
de responsabilidad social divididos en dos tramos: el primero por
s/. 350 millones y el segundo por s/. 650 millones, Con S/.350
millones se cubrirán gastos para proveer de agua adicional a
Moquegua y para cumplir los compromisos de responsabilidad
social asumidos por Anglo American”, sostuvo que los S/.650
millones restantes serán el resultado de un adicional a las
regalías mineras.
Eduardo Serpa el representante Anglo American explicó a la
prensa que desde el inicio de operaciones, Quellaveco generará
unos S/.110 millones en regalías mineras. “Nosotros nos hemos
comprometido, sobre esa base (S/.110 millones), a adicionar
20% más, es decir, más o menos S/.22 millones anuales, pero
que no irían como pago de regalías sino que irían directamente
al fondo de desarrollo. Ahora, S/.22 millones por 30 años de
operación dan cerca de S/.650 millones.
Este es un claro ejemplo en el que se llega a la solución de los
conflictos mediante un método simple: el diálogo impulsado por
una autoridad que cumple a cabalidad con su responsabilidad
dentro del gobierno, que trabaja al unísono para generar el
progreso de su región,defender la vida y los derechos de los
ciudadanos a quienes conduce con prudencia. Ahora cabe que
ese presupuesto sea convenientemente utilizado por la autoridad
para genere el desarrollo de la región y pueda exhibir los logros
que obtiene con ese presupuesto.
Tras 16 meses de intensa negociación, Anglo American
Quellaveco (AAQ) logró la licencia social tan esquiva a otras
compañías minero-extractivas, y quedó lista para ejecutar una
inversión de US$ 3 mil millones con el objetivo de alcanzar una
producción anual de 220 mil toneladas de cobre.
Los compromisos de AAQ, que tendrá una vida útil de 28 años,
están referidos a la conservación y el uso de los recursos
hídricos –no utilizará aguas reservadas para el consumo
humano y agropecuario, al contrario, contribuirá a incrementar la
reserva hídrica construyendo una presa de 60 millones de
metros cúbicos en la cuenca del río Vizcachas y financiará un
sistema de almacenamiento de agua para 2,5 millones de
metros cúbicos en la cuenca del río Asana–, así como al pleno
respeto al medio ambiente y la implementación de una política
de responsabilidad social que contribuirá al desarrollo
sustentable de Moquegua con un fondo de fideicomiso de mil
millones de nuevos soles.
En ese sentido, durante los cuatro años de construcción del
proyecto minero, AAQ aportará 350 millones del fondo
administrado por un comité directivo y otro ejecutivo, que
cubrirán gastos para proveer de agua adicional a Moquegua y
para cumplir los compromisos de responsabilidad social
asumidos por Anglo American; mientras que el saldo de 650
millones será aportado en la fase de explotación como resultado
de un adicional a las regalías mineras.
Al respecto, la comunidad local y nacional ha celebrado el
acuerdo de la mesa de diálogo; es el caso del saliente jefe del
Gabinete Ministerial, Oscar Valdez Dancuart, quien señaló que
el proyecto minero Quellaveco representa la nueva minería que
impulsa el presidente Ollanta Humala en el país. Asimismo, el
vicepresidente de la Confiep, Alfonso García Miró, y el
comisionado de la Adjuntía de Conflictos Sociales de la
Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, aseguraron que
este acuerdo es la mejor expresión de como el dialogo y la
concertación son fundamentales para solucionar conflictos e
impulsar inversiones con responsabilidad social.
Igualmente, el ex presidente de la Conferencia Episcopal
Peruana, monseñor Luis Bambarén hizo un llamado a las
autoridades de Cajamarca a seguir el ejemplo de Moquegua y
Quellaveco; mientras que Manuel Bernales, Director General de
Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas y representante
de ese portafolio en la mesa de diálogo, sostuvo que las
autoridades, dirigentes de las comunidades y representantes de
la empresa minera AAQ, centraron las negociaciones en el
estudio y análisis de los informes técnicos de la Autoridad
Nacional del Agua, de Energía y Minas, de otros ministerios y de
la Sociedad Civil.
En relación a ello, Bernales precisó que la oposición al proyecto
Quellaveco no fue impulsada por las comunidades, sino por
pequeños grupos de vocación ideológica que están articulados a
movimientos políticos de oposición, y que pese a su actitud de
resistencia sin fundamentos, nunca fueron separados de la mesa
de diálogo, pues estuvieron presentes en la negociación, en todo
momento.
Por su parte, el presidente regional y principal responsable de
impulsar la mesa de diálogo, Ing. Martín Vizcarra Cornejo,
señaló que la instalación de ésta fue plural, pues estuvieron
representados todos los sectores involucrados, alcanzándose
acuerdos satisfactorios. Además, garantizó que la población
moqueguana debe estar tranquila, pues existe una oficina de
fiscalización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y habrá un
monitoreo participativo, que ayudarán a garantizar que la minera
cumpla con sus compromisos.
Finalmente, debe destacarse el hecho real de que Anglo
American Quellaveco haya recogido el nuevo modelo de relación
con las actividades extractivas promovido por el Gobierno
Central para ejecutar proyectos de convivencia a largo plazo.
Eso es lo más importante; que la actividad minera incluya la
solución, por ejemplo, a los problemas derivados del proyecto de
irrigación de Pasto Grande que no ha llegado a su II Etapa así
como la conectividad de los pueblos alto andinos, la carretera
Moquegua-Omate-Arequipa y otros proyectos que se
desarrollarán con el fondo que se ha generado de más de mil
millones de soles. “Bienvenida la inversión minera con proyectos
engarzados al anhelado desarrollo
3.3.PROYECTO DE TÍA MARÍA DE LA SOUTHERN PERÚ
COPPER CORPORATION
La propaganda que hace la Sociedad Nacional de Minería en la
televisión peruana busca relacionar la extracción minera con el
desarrollo nacional. Nos hablan de miles de millones de
inversión y cifras espectaculares, pero nadie valoriza los otros
miles de millones que se sacrifican debido a la contaminación
del aire y el agua de las zonas aledañas. El proyecto Tía María
de la Southern Perú Copper Corporation es un claro ejemplo de
lo que puede ocasionar un proyecto minero que se vende
engañosamente con la imagen del progreso.
Sin duda, la minería de tajo abierto es la más peligrosa del
mundo, pues, además de contaminar el aire con emanaciones
de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros
gases, lo que atenta contra la vida de los pueblos aledaños,
produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel de
sedimento de los ríos producto de los residuos sólidos muy finos
que pululan en el ambiente, al mismo tiempo que se afectan las
aguas subterráneas o freáticas con las lluvias que caen sobre
los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los
procesos de tratamiento.
Tía María, proyecto minero a tajo abierto promovido por la
empresa minera Southern en el distrito de Cocachacra, provincia
de Islay, Región Arequipa, es un caso emblemático de la
afectación de una actividad económica próspera debido a las
industrias extractivas que el gobierno no sólo promueve, sino
que apoya y defiende con fuerza en perjuicio de las
comunidades afectadas.
Este caso originó, en abril pasado, una contundente respuesta
social de los productores agrarios de Cocachacra y sus familias,
los mismos que se veían afectados directamente en su principal
actividad económica, al ser marginados y excluidos del uso del
agua subterránea necesaria para sus cultivos y que la minera
pensaba usar en un principio. Y a pesar que ahora la Southern
ha anunciado que va a usar el agua del mar (alternativa negada
antes del conflicto social), el peligro sigue latente por la
contaminación que, de todas maneras, ocasionaría la extracción
de miles de toneladas de cobre al año.
Y si bien se habla de 3,500 trabajos directos que se generarían a
partir de la explotación de la Tía María, y los ingresos por canon
a la Región, los impactos económicos y sociales no la justifican.
3.3.1. El Valle del Tambo
Hablar del Valle del Río Tambo significa hablar de un
emporio productivo agrario que sustenta la alimentación, no
sólo del distrito de Cocachacra, sino de toda la región
arequipeña.
El Tambo produce azúcar, hortalizas, papas, alfalfa y otros
productos agrarios. Además, es una zona de producción de
camarones, lo que ha hecho deliciosa y muy variada a la
dieta arequipeña.
Sin embargo, este valle sufre de un evidente desequilibro
hídrico que no le permite mantener con solvencia su
variada producción, debido a que el agua que proviene de
la cuenca del Río Tambo (cuya cabecera está en Puno) es
escasa, especialmente en las épocas de estiaje.
Esta dificultad hídrica, que procede de los irregulares
volúmenes de agua superficial que viene de las alturas, es
manejada por los agricultores mediante el uso de las aguas
subterráneas. De esta manera, se ha logrado un precario
equilibrio hídrico a fin de atender sus necesidades de agua
potable y de producción agrícola.
Es por ello que en abril, la población se movilizó
organizada en un frente de lucha. Además, porque desde
hace varias décadas, la Southern Perú Copper
Corporation, viene contaminando sistemáticamente los
aires y los suelos de este valle con sus humos, y sin
reconocer su responsabilidad. El pueblo de Islay conoce
bien la prepotencia de la poderosa minera.
3.3.2. Tía María
Es un proyecto minero de explotación y procesamiento de
mineral oxidado de cobre, ubicado en el distrito de
Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa.
Contempla dos etapas: en LA PRIMERA se explotará, a
través de un tajo abierto, el depósito mineralizado La
Tapada; y, en la segunda, se explotará, también a través
de un tajo abierto, el depósito mineralizado Tía María. Este
proyecto tendrá cerca de 18 años de operaciones. Supone
la inversión de casi mil millones de dólares para producir
120 mil toneladas de cátodos de cobre de alta pureza
(99.99%) por año.
En un inicio se propuso obtener agua necesaria para las
operaciones de Tía María, mediante pozos ubicados en el
mismo valle del Río Tambo, en la zona de Cocachacra,
profundizando el desequilibrio hídrico del valle.
Pero luego del conflicto que paralizó este proyecto en el
primer semestre del año, la Southern cambió su propuesta
y planteó construir su propia planta de desalinización de
agua del mar. Y si bien ya no se “comería” las aguas del río
Tambo, aún sigue latente el problema de la contaminación
al ser un proyecto minero de tajo abierto.
3.3.3. No todo es dinero
El gobierno, que anunció con entusiasmo la inversión de
Tía María, y la propia Southern, que opera hace años en el
sur del Perú, no calcularon la masiva resistencia de los
agricultores y del pueblo de Islay a este proyecto. Y si bien
en un inicio se intentó señalar que se trataba de
manipulación, lo cierto es que había un problema concreto,
que es en realidad cuando la masa se moviliza.
En setiembre del año pasado, los pobladores de Islay
dijeron no a la Tía María, pero las autoridades no sólo
desconocieron esta consulta democrática, sino que
convocaron a una audiencia pública para aprobar el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la
empresa y avalado por el gobierno. Sin embargo, en abril
cientos de agricultores y pobladores de la zona tomaron la
carretera Panamericana Sur durante 6 días, señalando que
el EIA no respondía al cuidado ambiental del valle. El
Frente de Defensa del Pueblo de Islay realizó cerca de 3
mil observaciones al EIA. El resultado fue que el gobierno
declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y
subterráneas del Río Tambo. Es decir, había fundamento
técnico.
Si bien es una victoria de los productores agrarios de
Arequipa, aún sigue latente un conflicto social, pues el
proyecto Tía María sigue siendo impulsado. Es que al
mismo tiempo de calcular millonarias inversiones y
beneficios fiscales, se debe valorizar económicamente el
impacto de un proyecto a tajo abierto. Es la única manera
de saber si sale más cara la lavada que la camisa.
3.4.CARACTERISTICAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DE LA CIA MINERA SOUTHERN PERU
3.4.1. Mina Cuajone
Se ubica en la vertiente occidental de la cordillera
volcánica, segmento montañoso de los Andes del sur del
Perú, en la quebrada Chuncatala, un tributario seco del rio
Torata, a 3,500 msnm. La cuenca hidrográfica en que se
ubica es la del rio Ilo o Osmore. La mina es un depósito de
cobre diseminado tipo porfíritico que es explotada desde
1976 utilizando el sistema de tajo abierto. Cuajone se
localiza en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto,
dentro de la demarcación del departamento de Moquegua.
En Cuajone está en marcha un proyecto de expansión
Torata-Cuajone que proveería reservas de 1,400 millones
de TM.. Consiste en una ampliación de la mina Cuajone y
en la derivación de las aguas del río Torata para la
utilización de su lecho como botadero de desmontes. Este
proyecto, iniciado en 1999 luego de la aprobación estatal
del Estudio de Impacto Ambiental, tiene un impacto sobre
las poblaciones de Torata y Moquegua. Las obras de
derivación del rio reciben la denominación de Proyecto de
Derivación de las aguas del Rio Torata o Proyecto Control
de Máximas Avenidas del Río Torata.
3.4.2. Mina Toquepala
Esta mina también es de cobre tipo porfírico y se ubica en
el flanco oeste de la cordillera del Barroso, cadena de
montañas de los Andes del sur peruano, a 3,500 msnm, y
dentro de la cuenca del rio Locumba. Políticamente, se
ubica en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre,
departamento de Tacna. Circundan a la mina las
poblaciones de Ilabaya, Higuerani y Mirave.
3.4.3. Concentradoras Botiflaca y Toquepala
Procesan los minerales provenientes de Cuajone y
Toquepala respectivamente. Se ubican en las
inmediaciones de las mencionadas minas.
3.4.4. Fundición y Refinería de Ilo
En estas unidades se procesan los concentrados obtenidos
en las concentradoras de Botiflaca y Toquepala. En la
fundición se obtiene el cobre ampolloso o Blister que pasa
a su etapa final de procesamiento en la Refinería de donde
sale el cobre de contenido fino.
Ambas unidades se localizan en las inmediaciones de la
ciudad de Ilo, en el distrito y provincia del mismo nombre
dentro del departamento de Moquegua. La fundición está
dentro de una zona agropecuaria en el valles de Ilo. Las
poblaciones que reciben los impactos inmediatos son la
ciudad de Ilo y los productores agrícolas del distrito de El
Algarrobal
3.4.5. Sistemas de captación de aguas
Las operaciones de Southern Perú requieren un volumen
mínimo de agua de 2,360 l/seg. Para el funcionamiento del
conjunto de sus unidades de producción minero
metalúrgicas. Para ello ha instalado un sistema de
captación de agua articulado en torno a la laguna de
Suches, en las alturas del distrito de Candarave, en la
provincia del mismo nombre del departamento de Tacna. El
uso del agua de esta laguna tiene impactos en un conjunto
de comunidades campesinas ubicadas alrededor de esta
laguna y los ríos a los que da origen. Entre ellas la más
inmediata a la laguna es Huaytire pero también se cuentan
las comunidades de Tacalaya, Turun, Chilihuane y
Candarave.
3.4.6. Infraestructuras de emisión de relaves
Los relaves son un desecho de las concentradoras que
están formados por agua, sílica, alumina y otros elementos.
Los relaves provenientes de las concentradoras Botiflaca y
Cuajone son canalizados hacia las zonas bajas de la región
hasta ingresar en el tramo final de 21 km. del rio Locumba
y desembocar en el mar en la bahía de Ite. Para poder
hacer esto fue necesario previamente derivar el rio hacia
las pampas de Ite norte hasta llegar al rio Locumba. Las
poblaciones impactadas por la contaminación de los
relaves son
Locumba e Ite, en los distritos del mismo nombre de la
provincia de Jorge Basadre, perteneciente al departamento
de Tacna.
Southern es miembro de la Junta de Usuarios del Distrito
de Riego. Tiene voz pero no voto. La empresa ha
desarrollado una estrecha relación con el Distrito de Riego
y con la Municipalidad de Torata. La primera, es una
organización legal que organiza a los usuarios del agua en
determinado valle y coordina sus actividades con la
Dirección de Aguas del Ministerio de Agricultura. Southern
ha centrado todos sus proyectos de desarrollo rural en la
zona, en coparticipación con esta organización.
El Municipio de Torata ha sido tradicionalmente receptor de
donaciones de parte de la empresa. Esos aportes,
sumados a los ingresos producto del Canon minero, han
sido derivados a obras de infraestructura.
El Frente de Defensa de los Intereses de Torata es una
organización de creación reciente que se opuso al proyecto
de derivación de las aguas del río Torata.
Actualmente, mantiene presencia esporádica en la zona
pero no logra atraer mayores seguidores. Su líder es, a la
vez, dirigente sindical en la empresa.
El Gobierno Regional y las Direcciones Regionales de
Transporte y Agricultura, si bien tienen sus sedes en
Moquegua, tienen jurisdicción sobre el distrito de
Torata. Ellas han firmado, en nombre del Estado,
convenios con la Southern y la Junta de Usuarios del
Distrito de Riego de Torata para diversos programas de
desarrollo.
En Moquegua, las articulaciones se producen a partir de
una política de
Relaciones Públicas de la empresa con el Municipio y
diferentes segmentos de la opinión pública local.
3.5.Breve perfil social, económico, organizacional y cultural de
cada una de las comunidades articuladas con empresa.
Identificar comunidades o grupos que se sienten excluidos.
Como hemos podido ver el conjunto de las operaciones de
Southern tiene impacto sobre un número importante de
comunidades de los departamentos de
Moquegua y Tacna. El conjunto global de comunidades incluye a
comunidades que comparten las mismas aguas, comunidades
impactadas ambientalmente por las emisiones y deshechos y
poblaciones sobre las que Southern ejerce un efecto por el
empleo que ofrece, las adquisiciones que realiza en la localidad
y región y las donaciones y programas de desarrollo que
implementa.
Para este estudio hemos seleccionado un conjunto parcial de
ellas en base a dos criterios:
- Que sean representativas de distintas formas de impacto y de
características demográficas, sociales, económicas y culturales
de las poblaciones y
- Que los impactos a observar provengan directa o
indirectamente de las operaciones del proyecto Torata-Cuajone.
3.5.1. Torata
En cuanto a la población el distrito de Torata cuenta con
5,288 habitantes, de este total el 54% son hombres y el
46% son mujeres, el mayor porcentaje son varones debido
a los trabajos que se desarrollan en la mina de Cuajone así
como las labores agrícolas.
De otro lado se puede observar que la parte de la
población se concentra en el área urbana, como el pueblo
de Torata, Yacango y los centros mineros de Villa Cuajone
y Villa Botiflaca.
Asimismo entre los años 1940 al 2005, se percibe una
dinámica poblacional diferente entre la zona urbana y rural.
La primera es de tipo ascendente y la segunda
descendente, debido a que en las zonas rurales los
pobladores se desplazan a las zonas urbanas de Torata en
busca de mejores condiciones de vida.
De acuerdo a esta misma fuente, la población
económicamente activa realiza predominantemente
actividades económicas como asalariados alcanzando el
69.9%. La segunda actividad a la que se dedican es
servicios con un 35.1% y finalmente las actividades
agropecuarias con un 22.3%. En 1998, la superficie
agrícola alcanza 885 Has., mayoritariamente se trata de
campesinos que poseen parcelas de 1 Ha. en promedio.
En la actividad pecuaria se contabilizan 8,200 cabezas de
ganado.
La organización de más larga trayectoria y mayor
institucionalidad es la Junta de Usuarios. Es una
organización que agrupa a los agricultores y tiene la
función de administrar el uso del agua en la producción
agrícola por parte de sus miembros observando la
normatividad comunal y la normatividad legal sectorial.
Jurisdiccionalmente, la Junta de Usuarios responde al
Distrito de Riego de Moquegua1 cuya autoridad local
sectorial, la Oficina de Administración Técnica pertenece a
la Dirección General de Aguas y Suelos del Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Otras
organizaciones en el distrito son las de la Sociedad Civil
con asistencia estatal que apoyan la seguridad alimentaria
de los sectores más vulnerables como comedores
comunales y clubes de madres. El Frente de Defensa de
los Intereses de Torata (FEDIT) surgió episódicamente en
la coyuntura del proyecto Control de Avenidas del Rio
Torata, en 1998, oponiéndose a su ejecución. Tres años
después y habiéndose ejecutado el proyecto, el FEDIT no
tiene base social, reduciéndose a sus dirigentes y sus
actividades.
3.5.2. Moquegua
Moquegua es un distrito que es capital del departamento
del mismo nombre.
Su población estimada en 1999 era de 41,984 habitantes
distribuidos, en 1993, en 93.5% en zona urbana y 6.5% en
áreas rurales. Se trata de un distrito urbano donde la mayor
parte de la población se ubica en la ciudad de Moquegua,
pequeña ciudad que sufrió los más graves y extendidos
daños en el sismo ocurrido en Junio del 2001 en la región
sur del país.
Moquegua está intrínsecamente ligada a la actividad
agrícola del valle, prestando servicios financieros y
comerciales a los productores de la zona. Los indicadores
laborales en 1993 señalaban que 13.5% de la población
económicamente activase dedica a actividades agrícolas,
68.2% se ocupa en el sector de servicios y 53.9%
desarrolla actividades asalariadas.
Como capital departamental, Moquegua es sede del
gobierno regional y de las dependencias de los diversos
ministerios del Estado peruano. A nivel de Sociedad Civil,
las organizaciones de seguridad alimentaria y
sobrevivencia tienen un trabajo activo entre el sector más
deprimido. En los meses posteriores al sismo de Junio del
presente año, han adquirido significativa importancia un
conjunto de organizaciones agrupadas en un frente de
defensa local para gestionar demandas al Estado para la
ejecución un programa de reconstrucción del distrito. Al
igual que Torata, Moquegua recibe impactos en el empleo,
la actividad económica y la disponibilidad y calidad del
agua.
3.5.3. Ilo
En el distrito de Ilo se ubica la ciudad del mismo nombre,
que es la más grande y la de mayor importancia
económica. De un total de 55, 892 habitantes estimados
para 1995 en toda la provincia 88.4% pertenecían a Ilo.
Para 1993 esta ciudad tenía una población casi en su
totalidad urbana (97.9%). En 1999, Ilo tenía como
población estimada 52,850 habitantes.
El movimiento productivo de esta ciudad gira en torno a
dos ejes: el puerto pesquero y sus industrias del pescado y
la industria de procesamiento del cobre de Southern Perú
con su fundición y su refinería.
La población de Ilo realiza actividades económicas
circunscritas a su dinámica industrial minera y pesquera y
su movimiento comercial, estando dedicada la población
económicamente activa en un 60.8% y un 54.1% a
servicios y como trabajadores asalariados, según cifras del
censo de 1993. Solamente, 1.6% se ocupa en actividades
agrícolas.
Como capital de la provincia del mismo nombre, Ilo está
bajo el gobierno de una municipalidad provincial
3.5.4. El Algarrobal
Este distrito de características rurales tiene 2.53 veces la
superficie del distrito de Ilo y, sin embargo, para 1999 se
estimaba que su población era de 200 personas con un
94.5% viviendo en área de condición rural.
La actividad económica principal es la agricultura con un
área productiva de 400 Has. aproximadamente que están
dedicadas en su gran mayoría (80%) al cultivo de Olivo,
produciéndose también productos de panllevar y frutales
(20%). El tamaño predominante de las unidades agrarias
es de 1 a 1.5 Has.
Los impactos socio ambientales de la fundición de Ilo en la
agricultura del valle se concentran en esta zona. Southern
Perú paga compensaciones, por ley, a los agricultores que
lograron demostrar la existencia de daños ocasionados por
los humos de la fundición sobre sus cultivos. En esa zona,
la empresa desarrolla actualmente un programa para la
exportación de aceitunas con un grupo de agricultores.
Según autoridades municipales, existe un significativo
número de agricultores que no reciben compensaciones de
la empresa a pesar de los daños sufridos.
Las actividades que ocupan a la población se distribuyen
de la siguiente manera: 93.7% desarrolla actividades
agrícolas, 6.3% realiza actividades de servicios y 88.5% se
ocupa en actividades asalariadas.
La organización principal aquí es la Junta de Regantes,
que la igual que en Torata cumple las mismas funciones
respecto al uso agrícola y tiene la misma articulación
jurisdiccional con los órganos sectoriales estatales.
3.5.5. Ite
El distrito de Ite tiene una población que para 1999 estaba
estimada en 3,457habitantes. Es una zona
predominantemente rural con 94.4% de su población
ubicada en áreas de esa condición, según el censo de
1993.
La producción pecuaria es predominante en la zona y está
articulada a la industrialización de la leche. El ganado de
Ite produce diariamente 10,000 litros de leche que son
vendidas a un grupo regional de industria lechera. Otra
actividad importante es la agricultura, con una superficie
productiva de 1,700 Has., la cual viene iniciando un
proceso de conversión del cultivo forrajero y de panllevar a
productos de exportación como el ají Páprika que es
empleado como insumo en la industria de tintes y la cebolla
blanca y también productos de consumo interno pero más
rentables como el olivo. Este proceso ha sido apoyado por
Southern Perú con la introducción de la tecnología de riego
por goteo con el proyecto de un módulo experimental.
Posteriormente, esta experiencia ha alcanzado
sostenibilidad y se viene expandiendo merced a programas
implementados por el municipio y el ministerio de
agricultura. En décadas anteriores, un significativo número
de familias c tuvo que abandonar la pesca artesanal porque
los relaves depositados en la bahía de Ite acabaron con
toda la flora y fauna del litoral.
La población se distribuye según ocupación laboral en
65.7% en actividades agropecuarias, 32.1% realizando
servicios y 47.5% laborando en actividades asalariadas,
según el censo de 1993.
La organización más relevante es la comisión de regantes
que tiene igual naturaleza y características a las juntas de
regantes vistas anteriormente.
3.5.6. Huaytire
Es una comunidad campesina ubicada en el distrito de
Candarave, provincia del mismo nombre, cerca de la
laguna Suches, cuyos recursos hídricos debe compartir con
la empresa, en la zona alto andina del departamento de
Tacna.
Según las estadísticas del censo de 1993 tiene una
población de 199 personas.
Su organización se centra en la Asamblea Comunal, que
es la instancia de decisión más importante, y en la Junta
Directiva, elegida por dos años mediante el voto de más de
dos tercios de la asamblea.
3.5.7. Higuerani
Es una comunidad que reúne a un sector de las familias
pertenecientes a la comunidad campesina Carumbraya,
ubicada en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge
Basadre, también es una zona alto andina del
departamento de Tacna. En la jurisdicción del distrito de
Ilabaya también se ubica la mina y el campamento minero
Toquepala de Southern Perú.
CAPITULO IV
4. Comparación y balance del perfil y situación actual de las
comunidades articuladas con los estándares sociales, culturales
y económicos de la región y del país
Se plantea como eje de comparación a los niveles de pobreza. Para
ello agruparemos mediciones de nivel distrital, con las de nivel
departamental y nacional. Los indicadores distritales son los más
específicos y precisos que se han elaborado para el diagnóstico de
la pobreza, lo cual es válido también para las comunidades
consideradas en el estudio. No obstante, debe tenerse en cuenta
que para el caso de las comunidades de Huaytire y Carumbraya,
ubicadas en zonas rurales alto andinas y representadas con los
indicadores de los distritos de Candarave e Ilabaya respectivamente,
los promedios distritales pueden no reflejar fielmente la realidad más
específica de la población comunal.
4.1. Índice de Pobreza
Pertenece a la ubicación del distrito en el ranking de pobreza
para los 1,818 distritos del Perú. El orden es inverso respecto a
la medida del índice, de modo que el número 1 representa al
distrito más pobre del país. La otra
Como puede verse, los distritos de Torata e Ilabaya resultan con
los menores Índices de pobreza ubicándose en la clase
aceptable mientras los distritos de Candarave e Ite, con los
mayores índices de pobreza, clasifican como pobres. Los
distritos de El Algarrobal, Ilo y Moquegua se ubican en medio
correspondiendo a la clase regular. Salvo El Algarrobal, las
comunidades que pertenecen al departamento de Moquegua
presentan un Índice de Pobreza inferior al departamental y al
nacional. Con respecto a este último, las diferencias son
significativas siendo la mínima (con El Algarrobal) de casi 13
puntos porcentuales.
Entre las comunidades pertenecientes a Tacna hay algunas con
mayores niveles de pobreza que las moqueguanas siendo Ite,
con 41.2% el caso más extremo y alcanzando virtualmente el
nivel nacional (42.3%). Pero también está el distrito de Ilabaya, a
donde pertenece la comunidad de Carumbraya, que muestra el
menor nivel de pobreza de todas las comunidades del área de
articulación
El Canon minero es una partida económica que reciben las
municipalidades como una transferencia del tesoro público
hecha por el Gobierno Central de un porcentaje del total de la
recaudación tributaria de las empresas mineras. El monto
específico que toca a cada municipio del país es determinado y
transferido por el Ministerio de Economía. Bajo la anterior y la
actual ley de Canon Minero, estas transferencias deben
utilizarse en inversión social y para el desarrollo local y deben
emplearse en gastos corrientes. La definición de “desarrollo” no
es clara y en la práctica los municipios invierten el dinero del
Canon en obras de infraestructura y saneamiento urbano.
El Canon lo reciben todos los Municipios Provinciales y
Distritales en los que se ubica la operación. En la zona de
estudio, el Canon se empezó a distribuir desde 1996 de la
siguiente forma:
4.2.El canon y las actuales orientaciones para su uso
Basta mencionar algunos datos: en los últimos años las
exportaciones en minería e hidrocarburos llegan a representar –
prácticamente– el 70% del total de nuestras exportaciones
anuales. Por otro lado, la cotización de los principales metales
que exportamos (cobre, oro, plomo) han quintuplicado10 o más
su precio en la última década, situación explicada por el
incremento en la demanda de países como China, Japón y
EE.UU.
Asimismo, en el 2009 las inversiones mineras alcanzaron los
US$ 2,821 millones, y en el 2010 fueron US$ 3,391 millones.
Enngeneral, el VPM11 ha crecido constantemente desde hace
una década; al año 2010, fueron los departamentos de Ancash,
Arequipa Cajamarca, La Libertad, Moquegua y Pasco los que
concentraron prácticamente el 70% del VPM nacional. El sector
de hidrocarburos ha mostrado también un repunte impresionante
en la última década debido al alza del precio del petróleo y a la
operación del proyecto Camisea. Este escenario favorable
resulta de especial interés por la renta percibida a través del
Canon y no sólo para el gobierno central sino también para los
gobiernos sub nacionales productores (y evidentemente,
su población). Así, el 2010 el impuesto a la renta pagado en
conjunto por las empresas mineras y de hidrocarburos
sobrepasó los S/. 5,5 mil millones. El 2011 ha sobrepasado los
S/. 7 mil millones.
4.3.BASE LEGAL*
Constitución Política del Perú,
Artículo 77º Ley Nº 27506 Ley de Canon
Ley Nº 28077 Ley que Modifica Artículos de la Ley Nº 27506
(26.09.2003)
Ley Nº 28322 Ley que Modifica
Artículos de la Ley Nº 27506 (10.08.2004)
Ley Nº 29289 Ley que Modifica el Artículo 5º de la Ley Nº 27506
(25.11.2008)
Se debe considerar también las
Leyes Anuales de Presupuesto y algunos Decretos de Urgencia
Ad Hoc que prorrogan, facultan, complementan y/o autorizan
modificaciones.
*No se incluye al Canon Petrolero que presenta un marco
normativo especial: Leyes 21678, 23350, 23630, 23871, 24300,
25538, 27763, 28277,
4.4.¿Qué es el Canon?
El canon es un derecho establecido en la propia Constitución
Política del Perú y se define como “la participación efectiva y
adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del
total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la
explotación de recursos naturales” (Ley N° 27506).
Adicionalmente, según la naturaleza del recurso natural extraído,
existen seis tipos de canon (ver Gráfico Nº 05). En este sentido
también (y solo para el caso de la explotación petrolera) se tiene
el llamado
Sobre canon, usualmente el 2,5% del valor de la producción
petrolera.
4.5.¿Cómo se distribuye estos ingresos?
El canon es distribuido entre los GR y GL según los llamados
“Índices de Distribución” que, para el caso del canon minero, se
obtienen tal como lo señala el Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7: Distribución del Canon Minero
Fuente; Ministerio de Economía Perú Año 2010
Para el año 2011, dicha distribución del canon minero por regiones fue la
mostrada en el Gráfico Nº 7 donde el 75% del monto total de canon
minero se quedan en los 6 primeros departamentos.
Gráfico Nº 8.- Distribución de CANON por Regiones
Fuente: Reporte Canon Minero 2011 SNMPYE
4.6.¿Y cuándo se transfiere el canon?
Desde el 2007 (Ley de Presupuesto Anual), las transferencias del canon
minero se efectúan en una sola armada en el mes de junio. El canon
hidroenergético, gasífero y pesquero por impuesto a la renta se
transfiere en 12 armadas desde junio de cada año hasta mayo del
siguiente. Las transferencias del canon pesquero y canon forestal se
transfieren semestralmente tal como lo establece la Ley de Canon;
mientras que el canon gasífero, canon y sobrecanon petrolero, regalía
minera, FONCOMUN, FOCAM y Renta de Aduanas se efectúan
mensualmente en función a la recaudación efectiva de cada mes.
4.7.Orientaciones para el uso del Canon
Tabla Nº 2.- Forma de Utilizar el Canon
Norma Forma de utilizar el Canon
Ley Nº 27506 (Ley de Canon) Numeral 6.2 del artículo 6º
Utilización exclusiva para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local. Los GR entregarán el 20% a las universidades públicas de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación
científica
Ley Nº 28322. Segunda Disp. Comp. y Final
Del 10% del total de canon para los GL productores, se destinará el 30% a la inversión productiva para el desarrollo de las comunidades donde se explota el recurso natural
Ley Nº 28258 (Ley de Regalía Minera)
artículo 9º
Los recursos por concepto de regalía minera serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que articule la minería al desarrollo económico. Los recursos que las universidades nacionales reciban por concepto de regalía serán destinados exclusivamente a la inversión en investigación científica. El 50% asignado para GL productores, será invertido en las comunidades donde se explota el yacimiento
Ley Nº 29289. Décimo tercera disposición final
Los GR y GL quedan facultados a utilizar los recursos del canon, sobre canon y regalía minera en financiar o cofinanciar proyectos y mantenimiento, priorizando infraestructura básica (20%); y, en elaborar perfiles enmarcados en los respectivos planes de desarrollo (5%)
Las universidades públicas que cuente con recursos provenientes del canon, sobre canon y regalía minera, podrán utilizarlo en financiar y cofinanciar investigaciones de ciencia aplicada relacionadas con salud pública y prevención de enfermedades endémicas; sanidad agropecuaria; preservación de la biodiversidad y utilización de energías renovables y procesos productivos; asimismo en financiar proyectos vinculados directamente con los fines de la universidad y que no contemplen intervenciones con fines empresariales ni remuneraciones (30%)
Ley Nº 28451. Ley que creó el FOCAM
(Camisea)
Los GR y GL deben destinar los recursos del FOCAM al financiamiento de: proyectos, mantenimiento de la infraestructura económica y social, formulación de estudios de pre inversión, capacitación; y, preservación del medio ambiente y la ecología. Las universidades públicas deberán utilizar el FOCAM para investigación científica y tecnológica
D.U. Nº 058-2011-EF
Se establece un fondo no concursable (FONIPREL “Excepcional”) que asigna recursos a zonas de pobreza y con menos recursos provenientes del canon, sobre canon y regalías mineras
Fuente: Reporte Canon Minero 2011 SNMPYE
4.8.El Canon y la Investigación
Históricamente la inversión del Estado en investigación ha sido
exigua. Al 2004, el Estado invirtió cerca del su PBI en ciencia y
tecnología, estando muy por debajo del promedio de
Latinoamérica (0,6%). Japón y Corea llevan la delantera mundial
(3.2% y 2.8% de su PBI respectivamente).
Si bien existen normas que buscan fortalecer las capacidades de
investigación en las universidades (las del canon por ejemplo),
estos intentos han tenido más bien de relativo impacto,
incentivando por lo general el uso del canon en infraestructura y
equipamiento, y no en actividades de investigación propiamente
dichas. Estas normas han ido evolucionando desde la Ley Nº
28077 que no especificaba el concepto “inversión en
investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo
regional” hasta versiones más refinadas como las
especificaciones dadas por la Ley Nº 29289.
¿Por qué no se invirtió el canon en investigación propiamente
dicha?
Al respecto, el investigador Marcos Garfias Dávila postula las
siguientes razones:
• Ambigua política universitaria y de investigación
• Débil capacidad de investigación en la universidad pública
• Organización burocrática de la investigación
• Frágil gobernabilidad institucional
Si bien la iniciativa por dotar con fondos del canon a la
universidad pública pareciera que no consideró las capacidades
actuales de investigación de la academia, hay que rescatar que
estos recursos han permitido atender en no pocos casos los
déficits de infraestructura y equipamiento relacionada a
investigación científica y tecnológica de las universidades. En tal
sentido, podemos señalar lo siguiente:
• La política de transferencia de fondos del canon en apoyo del
desarrollo de la investigación científica y tecnológica universitaria
debería enmarcarse en un panorama mayor, el de potenciar el
sistema nacional de investigación y su articulación con la
institución universitaria.
• Que prohibir el uso de los recursos del canon en
remuneraciones resguardó estos fondos de diluirse en salarios,
pero orientó los recursos del canon a infraestructura más que a
incentivar la implementación de actividades de investigación
propiamente dichas, el fortalecimiento de la gestión y las
capacidades de investigación.
• Desde el año 2009 la ley presupuestal ha flexibilizado el uso de
este recurso hasta en un 30% para actividades que no se
restrinjan al ejercicio directo de la investigación, abriendo de esta
manera una posibilidad mayor de uso de estos recursos. Ello
debería suponer también la instalación de capacidades de
seguimiento y evaluación.
A modo de reflexión podemos postular que la inversión en el
fortalecimiento de las capacidades de investigación de la
universidad debe hacerse en atención a todo el sistema
universitario público en su conjunto, y no solamente a las
universidades que perciben fondos del canon; y debe hacerse
además en atención a las políticas nacionales de investigación.
Por otro lado y en atención a las buenas prácticas
internacionales, sería oportuno evaluar la creación de
mecanismos de incentivos reales al investigador (más allá del
FEDU, mecanismo que además debería sincerarse) o de
financiamiento de estudios de investigación
4.9. En nuestra área de estudio todos los municipios son
beneficiarios directos de Donaciones
Los aportes en donaciones se deciden luego de evaluar las
solicitudes que llegan a la empresa en sus diferentes oficinas
de Relaciones Públicas. Las solicitudes deben señalar el valor
del proyecto, los participantes en el proyecto y el monto que los
co participantes planean aportar. El área de Relaciones
Públicas prioriza los aportes en los rubros de Educación y
Cultura, apoyo a la comunidad (infraestructura de municipios y
comunidades campesinas), apoyo a proyectos de la iglesia,
salud y bienestar. Un significativo monto de las donaciones es
de decisión discrecional del presidente de la empresa.
4.10. Proyectos de Desarrollo
En las áreas rurales, la Southern Perú ha implementado una
serie de proyectos de desarrollo. Bajo el principio de la
coparticipación, la empresa acuerda con las comunidades su
aporte en términos de mano de obra. En un conjunto de estos
proyectos ha participado el Estado conservándose el mismo
esquema coparticipativo de acuerdo al cual éste aportaba
destinando personal y colocando eventualmente maquinaria.
Southern Perú propone programas de desarrollo a partir de un
diagnóstico de la situación de cada comunidad en su ámbito de
influencia. La decisión sobre la realización de los proyectos es
compartida entre Comunidad, empresa y Estado, cuando ha
sido el caso. El diseño técnico es financiado por la empresa y
realizado por profesionales en la materia. La ejecución es
siempre coparticipativo
CAPITULO V
5. Principales conflictos socioambientales
5.1.Proyecto de derivación de las aguas del rio Torata
El conflicto surgió al conocerse el proyecto de Southern Perú de
derivación del rio Torata y ampliación de la mina en 1998. Se
formó el Frente de Defensa de los Intereses de Torata (FEDIT) y
se generó un debate en torno a la viabilidad del proyecto.
Finalmente la empresa logró la aprobación estatal del Estudio de
Impacto Ambiental a fines del 98 y procedió a la construcción de
la represa y tuberías del proyecto. Desde su construcción no se
han producido mayores incidentes en el área. La empresa
mantiene control sobre las aguas que discurren actualmente por
el río Torata pero no las administra pues su único objetivo
formalmente establecido es derivarlas mediante un sistema de
bombas y tuberías para poder utilizar el antiguo lecho del río
para actividades mineras.
Actualmente continúa la oposición de un conjunto minoritario de
actores locales que incluye a una minoría de pobladores dentro
del Frente, algunas autoridades municipales y la ONG Labor.
Los argumentos de su agenda son:
- Riesgos de contaminación de las aguas del rio Torata con
aguas ácidas.
Con la derivación del rio, su cauce seco es utilizado para la
deposición de desmonte de la mina, se trata de restos que
contienen sulfatos y pueden generar aguas ácidas en contacto
con las lluvias o con los manantiales de la zona. Estas aguas
podrían llegar hasta el rio Torata filtrándose en el suelo o
escurriéndose por la superficie. Frente a este argumento, la
empresa sostiene que este riesgo está descartado por los bajos
niveles de lluvias que normalmente caen en la zona y la alta
evaporación. Algunos de estos actores afirman que ya se están
contaminando las aguas del rio y señalan que ya no encuentran
en la zona algunas especies de peces y que los proyectos de
acuicultura de camarones han fracasado por este mismo motivo,
no obstante que ningún estudio ha certificado estas aserciones.
- No existe garantía de control de la contaminación en el largo
plazo, pues dentro de 40 ó 50 años, con el cierre de la mina,
será el Estado quien se responsabilice por la sostenibilidad del
canal que se construirá para hacer correr el caudal del rio
nuevamente por su cauce, abandonado por la derivación
actualmente en un tramo de 8 km.. El riesgo estará representado
por el desmonte acumulado sobre el cauce que quedará debajo
del mencionado canal. La empresa ha replicado con el
argumento de que para ese momento se contará con la
tecnología adecuada para ejecutar un programa de cierre sin
riesgos ambientales.
5.2.Disposición de relaves mineros en la Bahía de Ite.
Hasta 1991, Southern Perú depositaba los relaves de sus
operaciones mineras en el mar, frente a la Bahía de Ite. Los
relaves de Toquepala y Cuajone, conteniendo sílica, alumina,
óxidos, azufre, fierro y cobre entre otros, se colocaban en la
zona conocida como Quebrada Cimarrona y discurrían hasta el
río Locumba y de ahí al mar en la Bahía de Ite. Esta deposición
de relaves en el mar y las riberas del río Locumba ha sido fuente
de impactos económicos en la zona, especialmente sobre la
actividad agrícola y ganadera. En diferentes momentos entre
fines de la década del sesenta e inicios del noventa, la población
de Ite, el Municipio de Tacna, el Poder Judicial y los Ministerios
de Salud y Pesquería presionaron a Southern para que cesen
las emisiones de relaves al mar en Ite. Finalmente, por
disposición estatal, Southern construyó un depósito de relaves
en tierra, en la zona denominada Quebrada Honda.
5.3.Emisión de Anhídrido Sulfuroso y disposición de escorias en
la fundición Ilo.
Una de las principales fuentes de conflicto entre Southern y la
población de Moquegua ha sido el de las emisiones gaseosas de
la Fundición de cobre ubicada en Ilo. Estas emisiones contienen
anhídrido sulfuroso (SO2) el cual es fuente de impactos sobre la
actividad agrícola, especialmente en el Valle de Ilo. En Junio de
1967 el Estado peruano emitió la Ley 16583 que ordena el
desarrollo de una alternativa de solución al problema del impacto
atmosférico provocado por la fundición, crea la Comisión de Alto
Nivel (CAN) encargada evaluar los impactos sociales y
ambientales de los humos y ordena el pago de indemnizaciones
de la compañía a los agricultores del Valle de Ilo cuyos cultivos y
predios sufran daños ocasionados por las emisiones de
Southern en la zona. Hasta la actualidad, los agricultores del
Valle de Ilo siguen percibiendo compensaciones anuales
ordenadas por esta ley. Las poblaciones del Valle del Tambo en
Arequipa han denunciado también recibir impactos de los humos
de la fundición pero no se han realizado ni evaluaciones ni
compensaciones para ellos. Actualmente, la empresa viene
invirtiendo en un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA) que tiene por objetivo adecuar a la empresa a los
estándares ambientales vigentes en el Perú. El PAMA de
Southern incluye 32 medidas de mitigación y manejo ambiental.
La más significativa de ellas es la planta de recuperación de
SO2 en la fundición de Ilo que deberá, a su conclusión,
recuperar el 92% o más del anhídrido sulfuroso emitido por esta
operación. Representantes del municipio de El Algarrobal, uno
de los dos distritos rurales ubicados en el valle de Ilo opinan que
no todos los afectados han accedido a las compensaciones y
que los agricultores compensados no consideran satisfactorio el
esquema de solución a las pérdidas agrícolas que está en
vigencia actualmente. Además afirman que la contaminación
afecta también la salud de los pobladores, particularmente a la
población infantil causando enfermedades respiratorias. De
acuerdo a esta misma fuente, los niveles de contaminación
exceden los límites estipulados por la Organización Mundial de
la Salud.
Las escorias son deshechos producidos por la fundición y que
son depositados en una playa cerca de las instalaciones de la
empresa en Ilo. Entre 1960 y 1982, las escorias se depositaban
en el mar, generando impactos ambientales en los organismos
marinos del área.
5.4.Uso de aguas de la Laguna de Suches.
Las operaciones de Toquepala y Cuajone requieren de un
importante volumen de aguas que la empresa obtiene
principalmente de la Laguna de Suches. Mediante tuberías, esta
agua es almacenada en los reservorios de Pampa de Vaca
(Toquepala) y Viña Blanca (Cuajone). Además, la empresa
obtiene agua subterránea de los pozos de Titijones (6 pozos),
Huaytire (4) y Vizcachas (1) y agua superficial de los ríos Cinto y
Locumba y del canal de Tacalaya.
La obtención de agua para las operaciones de Southern, no ha
estado exenta de conflictos. Anteriormente, la empresa contaba
con pozos de extracción de agua en el Valle de Ilo pero
enfrentaron una fuerte resistencia de los agricultores de la zona,
especialmente en los años de sequía. A inicios de los 90, la
empresa retiró el sistema de bombeo de estas aguas.
En 1990 los campesinos de la comunidad campesina de
Candarave se movilizaron para exigir al gobierno regional la
suspensión de la explotación de pozos de la Southern en el río
Callazas (que deriva aguas de la laguna de Suches)
argumentando que dicha extracción disminuía el caudal de
aguas río abajo. El gobierno de la región respondió
suspendiendo la explotación de pozos en la zona mientras
durase el estado de emergencia por sequía. A la vez, autorizó a
Southern a utilizar un volumen adicional de aguas de la laguna
de Suches.
El uso de aguas del río Cinto afectó la disponibilidad de aguas
en la comunidad de Carumbraya, sector Higuerani, la cual
intentó de manera infructuosa anular la concesión que desde
1961 mantiene Southern sobre dichas aguas.
5.5.Caracterización del proyecto minero
5.5.1. Breve reseña histórica
Southern Perú es una sucursal de Southern Perú Copper
Corporation, compañía norteamericana fundada en
Delaware. Southern Perú se fundó en 1954. La
conformación inicial del accionariado incluía a las
siguientes empresas:
ASARCO (52.3% de las acciones), Phelps Doge Overseas
Capital Corporation (16.3%), Marmon Group Inc. (20.7%) y
la Newmont Mining Corporation (10.7%). SPCC posee dos
minas en operación, Toquepala y Cuajone (inauguradas en
1960 y 1976) en los departamentos contiguos de Tacna y
Moquegua, respectivamente. En 1998, SPCC obtuvo la
autorización estatal para desarrollar el proyecto Torata que
consiste en una ampliación de la mina Cuajone en
dirección del lecho del río Torata. También opera la
fundición y refinería de Ilo en la que procesa el mineral
proveniente de sus Minas.
5.5.2. Propiedad actual
Actualmente la participación accionaria en Southern es
como sigue:
Grupo México: 54.2%
Cerro Trading Company: 14.2%
Phelps Dodge Overseas Capital Corporation 14.0%
Accionistas comunes: 17.6%
5.5.3. Estructura organizacional.
El área de Relaciones Comunitarias (RRCC) depende,
junto con la Jefatura de
Relaciones Públicas de Lima y la Gerencia Legal, de la
Dirección Legal de la empresa.
De la Gerencia Legal depende la Superintendencia Legal y
Relaciones Públicas con sede en Toquepala. De esta
dependen las oficinas de Relaciones Públicas de
Toquepala, Cuajone e Ilo.
El siguiente esquema permite visualizar la estructura de
Relaciones
Comunitarias y Relaciones Públicas de Southern Perú.
Entre paréntesis se indica la sede de los departamentos y
oficinas reseñadas.
5.5.4. Conflictos por el agua
Una definición compartida por expertos establece que
conflicto es una lucha expresada entre por lo menos, dos
partes interdependientes que perciben metas
incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la
otra parte para la consecución de sus metas u objetivos. En
el caso de los recursos hídricos, para Pereyra (2008) “un
conflicto por el agua es una situación en la que dos o más
personas u organizaciones compiten por el control, acceso,
usufructo o posesión de algún o algunos de los de los
atributos o cualidades del agua”.
En todo conflicto existe una dinámica o juego de recursos
de poder entre las partes antagónicas, para lograr que el
resultado de la disputa favorezca sus intereses. Urteaga
(2007) subraya que “en los conflictos por el agua, la
dinámica de poder se expresa tanto entre actores sociales
que se enfrentan por el agua, como entre individuos al
interior de los grupos que compiten por el recurso”.
El conflicto podría verse erróneamente de modo negativo,
como una desviación o patología, o como lo que
verdaderamente es: un evento natural, elemento recurrente
de la interrelación entre individuos, organizaciones y
naciones, que en todo caso puede manejarse y resolverse,
pero no evitarse. Por lo tanto, el conflicto no
necesariamente debe resultar en un daño. El conflicto per
se no es malo ni bueno, malas o buenas serán sus
consecuencias dependiendo de la manera como se maneje
el conflicto (Dukes, 1996).
Asimismo debe subrayarse que todo conflicto social pone
en evidencia o al descubierto uno o más problemas
existentes, de raíces históricas. Por lo tanto, desde un
enfoque positivo, el conflicto es una oportunidad para
enfrentar el problema oculto y resolverlo. Por esto, se
puede concluir que bajo un manejo adecuado, un conflicto
es una oportunidad el cambio, para un cambio positivo.
Antes de seguir adelante en el análisis de los conflictos por
el agua, debe precisarse qué se entiende por actores
sociales y por grupos de interés. Los actores sociales son
individuos o grupos humanos que juegan un rol en el
funcionamiento de un sistema. Si al sistema le corresponde
un ámbito territorial, como un sistema de riego o una
cuenca hidrográfica, los actores involucrados no requieren
estar ubicados físicamente dentro del sistema o cuenca.
Por eso se distingue actores endógenos de los actores
exógenos.
Algunos autores emplean indistintamente el concepto
“actor social” con el de “grupo de interés”. Pero vale la
pena distinguirlos. Grupo de interés (o interesados) es el
término en idioma español del vocablo inglés stakeholder,
cuya definición es: personas con interés común o
incumbencia en algún asunto. El análisis de interesados es
un tema central en el manejo de los conflictos sociales
(Ramírez, 2000). Se propone denominar grupo de interés o
interesado (cuando es un individuo) a aquel actor que tiene
una propia interpretación de un problema, comparte un
objetivo común y un determinado interés y postura, dentro
de un conflicto o ante un eventual conflicto. Se propone, en
otras palabras, considerar grupo de interés a aquel actor
social involucrado o potencialmente involucrado en un
conflicto.
Los conflictos por el uso de los recursos naturales han
ocurrido y ocurrirán siempre y en todas partes. La gestión
del agua no está exenta de ellos. Por eso, Dourojeanni
(2003) bien señala que la gestión del agua es una gestión
de conflictos. ¿Por qué ocurren los conflictos? Buckles y
Rusnak (2000) sostienen que los conflictos por el uso de
los recursos naturales –como lo es el agua, se producen
porque: i) el recurso está integrado en un espacio físico (la
cuenca) interconectado, donde las acciones de un individuo
o grupo pueden generar efectos que llegan muy lejos; ii) el
agua está también integrada en un espacio social
compartido donde se establecen relaciones complejas y
desiguales entre una amplia gama de actores sociales; iii)
la creciente escasez del recurso hídrico a causa del rápido
cambio ambiental, el aumento de la demanda y su
distribución desigual; iv) las diversas dimensiones
simbólicas del recurso de agua y tierra, derivadas de la
identidad étnica y patrones culturales e ideológicos de los
actores sociales locales.
Se puede distinguir y clasificar los conflictos bajo diversos
criterios: según el estado del conflicto, por los sectores o
tipos de uso involucrados, por la magnitud y delimitación
del territorio en donde ocurre, en función a la causa que lo
originó, entre otros. De acuerdo al estado del conflicto, se
puede tipificar de la siguiente manera:
5.5.4.1. Conflictos potenciales: en donde existe
evidente problema generado y donde se anticipa que
la acción de algunos de los actores involucrados
eventualmente provoque la reacción de los otros, pero
éstos aún no han tomado conciencia ni posición frente
al mismo.
Por el cambio ambiental, Buckles se refiere a la
degradación de la tierra, el agua, la sobreexplotación
de la fauna, flora y los recursos acuáticos y
obviamente al cambio climático.
5.5.4.2. Conflictos latentes: en donde los actores
involucrados en el problema ya han tomado
conciencia del mismo, pero aún no manifiestan
abiertamente su disconformidad. También se refiere al
caso de anteriores conflictos ya resueltos o atenuado,
que eventualmente pueden reactivarse.
5.5.4.3. Conflictos activos: aquellos abiertamente
evidenciados, pueden ser aquellos en donde hay sólo
una controversia o disputa públicamente expresada,
desde un nivel sólo verbalizado hasta la agresión
física, invasión y/o daño a la propiedad privada o
pública. Buckles y Rusnak (2000) también señalan
que un conflicto específico sobre recursos naturales
tiene múltiples causas, algunas de ellas próximas,
pero otras son subyacentes, históricas y estructurales.
Afirma que “los conflictos sólo se resuelven por
completo cuando se eliminan las fuentes (causas)
subyacentes de tensión entre las partes”. Cada una
de estas causas es un problema en sí mismo. En la
misma dirección, explica Alfaro (2008) que la
metodología para transformar un conflicto socio
ambiental en una situación positiva y favorable
requiere primero examinar el conflicto “no sólo en sus
causas inmediatas, sino también en los procesos
profundos de interacción entre actores y contexto
social, económico, cultural, ambiental y tecnológico
del lugar donde sucede el conflicto”. Tarde o
temprano, los problemas generan conflictos. Los
problemas generados en la gestión del agua,
reportados en las tablas 2 y 3 son en gran medida
problemas de raíces históricas y orden estructural.
Los conflictos por el agua que se producen hoy en día
en el Perú son problemas que se han generado en el
pasado y que se han venido incubando históricamente
hasta eventualmente manifestarse como un conflicto
cuando coinciden determinadas condiciones sociales,
políticas y naturales (climáticas, hidrológicas). Cuando
los conflictos se agudizan y agravan se produce una
crisis, en donde ya la situación entre las partes en
disputa llega a situaciones de enfrentamiento y
violencia.
La manera de manejar en forma productiva y
propositiva los conflictos se requiere construir,
desarrollar e institucionalizar estructuras y procesos
transparentes y participativos a nivel de la cuenca,
poniendo en práctica nuevas funciones para los
actores e interesados locales y externos,
estableciendo relaciones sociales de confianza,
creando nuevos sistemas de comunicación e
información, en donde los funcionarios
gubernamentales habrán de actuar como facilitadores
y ejecutores de las decisiones emanadas de los
sistema locales de gestión de los recursos hídricos
(Buckes y Rusnak, 2000). La Defensoría del Pueblo
monitorea y vigila la incidencia y evolución de los
conflictos sociales en el Perú. El último informe de
monitoreo (Defensoría del Pueblo, 2009),
correspondiente al mes de Marzo del 2009, reporta
238 conflictos registrados (activos y latentes) en el
mes, de los cuales los conflictos socio-ambientales –
incluyendo a los conflictos por el agua, representan el
49% (116 conflictos). Dicho reporte da a conocer que
los conflictos socio-ambientales han tenido un
incremento un alarmante incremento en los últimos
doce meses, de 45 a 116 conflictos, lo que representa
un incremento de frecuencia de ocurrencia del orden
del 158% anual, El 71% de los conflictos involucra a la
actividad minera. Asimismo, es sintomático observar
que los conflictos socio-ambientales tienen lugar en
localidades sumidas en situación de pobreza. En
efecto el 93% de los conflictos identificados se
desarrollan en localidades con algún nivel de pobreza
y en el 39% de los conflictos están involucradas
localidades sumidas en la extrema pobreza. La
pobreza constituye un caldo de cultivo para la
generación y recrudecimiento de los conflictos
sociales.
El mencionado Informe de la Defensoría del Pueblo
también señala que el 73% de los conflictos
reportados están en un estado activo. Sin embargo,
Pereyra (2008) indica que un estudio realizado por
IPROGA en el 2004, reportado por Pereyra (2008)
sobre los conflictos por el agua en el Perú, en once
regiones del país, encontró que casi los dos tercios
(62.3%) de los conflictos identificados están en un
estado latente o potencial.
Por su parte, la autoridad oficial informó que en Marzo
del 2009 existían en el país 94 conflictos por el uso
del agua. Es muy probable que haya muchos otros
conflictos de menor envergadura que no están
oficialmente reportados y otros más que aún no se
manifiestan.
Lamentablemente, el enfoque tradicional de la
autoridad de aguas para enfrentar a los conflictos ha
sido “manejarlos” a través de rígidos y verticales
procedimientos administrativos en el marco de la
fenecida Ley General de Aguas (1969) y sus
reglamentos y normas conexas.
Es claro que este instrumento legal, diseñado con
marcado sesgo agrario y hacia la realidad social e
intereses económicos ubicados en la costa del Perú,
que ha permitido la existencia de paralelismo y vacío
legales en la normatividad, que ha negado la validez
del derecho local y consuetudinario, y que no ha
permitido una gestión del agua participativa, no ha
permitido en suma al Estado una intervención eficaz
para resolver los conflictos por el agua, sino más bien
para activarlos y avivarlos (Alegría, 2007; Del Castillo,
2008; Guevara, 2008).
En 2006, el Gobierno creó en el seno de la
Presidencia del Consejo de Ministros la Comisión
Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales,
mediante Resolución Ministerial Nº 380- 2006-PCM, a
la cual se le ha encargado también ventilar los
conflictos por el agua. Sin ánimo de juzgar la intención
del Gobierno, debe observarse que el accionar de
esta instancia debilita el ejercicio de las funciones y
competencias de la autoridad del agua (Bocchio,
2008). Resulta paradójico cómo el gobierno pretende
coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad del
agua en el Perú creando un ente paralelo que debilita
a la autoridad competente. Detrás de esta resolución
hay una política oculta: el centralismo de la gestión
pública. Siendo esto además un ejemplo patético del
desempeño fragmentado y paralelismo en el accionar
de las instituciones del Estado.
Implementar estas estructuras y procesos implica una
radical reforma legal e institucional en la gestión del
agua en el Perú. Reforma que abarque la
descentralización de la gestión del agua, la
sostenibilidad financiera, la implementación de
procesos participativos de gestión del agua hasta o
desde el nivel local, entre otros aspectos. En este
sentido, como se verá adelante, la reciente Ley de
Recursos Hídricos de Marzo del 2009 es un paso
importante pero limitado, hay grandes retos
pendientes y un largo camino por transitar.
Por lo expuesto, lo que motiva que en el Perú los
conflictos por el agua sean una seria preocupación, es
la situación siguiente:
Declaraciones del Intendente de Recursos Hídricos
ante el Diario Perú 21. En:
http://peru21.pe/noticia/218633/hay- 94-conflictos-
utilizacion-agua-pais
a) Las raíces históricas y factores político-
estructurales que han generado graves problemas y
creado condiciones para los conflictos;
b) La falta de mecanismos de resolución de conflictos
y la falta de un apropiado marco institucional que
asegure la participación de los actores sociales y sus
organizaciones.
c) La tendencia de incrementar el número e intensidad
de los conflictos.
Esta situación ha configurado una crisis de la gestión
del agua y una crisis de la gobernabilidad del agua en
el Perú, que es impostergable encarar y resolver de
raíz. Desde un enfoque sistémico, esta situación
negativa podría ser entendida en su conjunto como un
círculo vicioso, representado en la Figura Nº 3.
Alimentadas por raíces históricas y relaciones
estructurales (mayormente de origen político), las
inadecuadas e inefectivas políticas de agua
implementadas en el Perú han causado problemas en
la gestión de los recursos hídricos (presentados en las
Tablas 2 y 3), que han devenido en agravar las
condiciones de pobreza de los actores sociales y la
degradación ambiental en las cuencas donde éstos se
desenvuelven. Esto obviamente redunda en generar o
exacerbar los conflictos por el agua y los conflictos
socio-ambientales en general. Pobreza, degradación
ambiental y conflictos sociales configuran un cuadro
muy peligroso. Esta situación conlleva a generar y
perpetuar adversas condiciones de gobernabilidad en
la sociedad que la confronte, situación que no
contribuye a construir las políticas hídricas que la
sociedad requiere, sino más bien lamentablemente
induce a mantener políticas hídricas inadecuadas e
inefectivas.
5.6.Cambio climático y los recursos hídricos
Se llama cambio climático a la modificación del clima con
respecto al historial climático a una escala global o regional.
Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y
sobre todos los parámetros climáticos: temperatura,
precipitaciones, nubosidad, etcétera. Ocurren debido a causas
naturales y la actividad humana.
El cambio climático mundial es un hecho innegable y un proceso
en marcha acelerada, cuya evolución y magnitud son
relativamente impredecibles, así como sus consecuencias e
impactos. El cambio climático depende en gran medida del
calentamiento global o incremento de la temperatura del aire
cerca de la superficie, consecuencia a su vez del acelerado
incremento de la concentración de gases de efecto invernadero
(GEI)4 que se viene produciendo en el mundo desde el pasado
siglo, principalmente como resultado de la actividad industrial y
nivel de consumo de los países económicamente desarrollados.
La Figura Nº 1 grafica esta tendencia alarmante y situación sin
precedentes en los últimos 10,000 años.
Figura Nº 9.- Evolución de CO2 en la atmósfera en los últimos diez
mil años
Fuente Mejía 2008
Tabla Nº 3.- Selección de conclusiones contenidas en el Cuarto
Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático
a. El calentamiento del sistema climático mundial es
inequívoco. Como consecuencia, se tiene el aumento
observado del promedio mundial de la temperatura del aire y
del océano, la fusión generalizada de las nieves y hielos y el
aumento del promedio mundial del nivel del mar.
b. El promedio mundial del calentamiento global de los últimos
50 años se debe muy probablemente, en su mayor parte, a los
aumentos de GEI antropógenos.
c. Los cambios experimentados por los fenómenos extremos,
como sequías, temperaturas extremas, frecuencia e
intensidad de precipitaciones, son más difíciles de analizar y
monitorear que los promedios climáticos, ya que requieren
series temporales de datos más prolongados y resoluciones
espaciales y temporales más altas.
d. De subsistir las actuales políticas de mitigación del cambio
climático y las correspondientes prácticas de desarrollo
sostenible, las emisiones de GEI mundiales seguirán
aumentando durante los próximos decenios.
e. El mantenimiento de las emisiones de GEI en las tasas
actuales ocasionaría un mayor calentamiento e indicaría
numerosos cambios en el sistema climático mundial durante
el presente el siglo, que muy probablemente serían mayores
a los observados durante el siglo XX.
f. Es probable que algunos sectores, sistemas y regiones
resulten especialmente afectados por el cambio climático.
Entre estos sistemas, sectores y regiones destacan los
ecosistemas de montaña, los recursos hídricos en regiones
áridas y semiáridas, los trópicos y sub-trópicos secos que
dependen de los hielos y nieve fundidos, la agricultura en
regiones de baja latitud, la salud pública en áreas de escasa
capacidad adaptativa.
g. Los (cinco) motivos de preocupación identificados en el
Tercer Informe de la IPCC (2001) se consideran ahora más
preocupantes y muchos de los riesgos identificados se
contemplan ahora con un nivel de confianza más alto. Las
proyecciones indican que algunos de ellos serían mayores o
estarían presentes para aumentos menores de temperatura.
Las relaciones entre los impactos (el fundamento de los
motivos de preocupación) y la vulnerabilidad se aprecian
ahora más claramente.
h. Las respuestas a ciertos sucesos climáticos extremos
recientes revelan elevados niveles de vulnerabilidad, tanto en
los países en desarrollo como en los desarrollados, respecto
de los niveles evaluados en el Tercer Informe de la IPCC.
i. En cuanto a la distribución espacial de las vulnerabilidades e
impactos, hay diferencias muy marcadas, siendo que las
regiones más débiles económicamente son frecuentemente
las más susceptibles a padecer daños relacionados con el
clima.
j. Muchos impactos pueden ser reducidos, retardados o
evitados, mediante medidas de mitigación. Los esfuerzos e
inversiones de los 2 ó 3 próximos decenios influirán en gran
medida en las oportunidades en conseguir niveles de
estabilización (de las concentraciones de GEI) más bajos. Un
aplazamiento de la reducción de las emisiones limita
considerablemente las posibilidades de niveles de
estabilización más bajos e incrementa el riesgo de impactos
más graves del cambio climático.
Fuente Mejía 2008
5.7.¿A mayor escasez, mayor conflicto?
En el contexto del cambio climático descrito y dado el
crecimiento poblacional natural, se espera una sensible
disminución de la disponibilidad efectiva per capita de los
recursos hídricos en el Perú y una agudización del estrés
hídrico, excepto en el norte y oriente del país.
Algunos medios de comunicación hablan que se producirá la
“guerra del agua”. Esto pone sobre la mesa de análisis y debate
la escasez de agua como factor desencadenante y agravante de
los conflictos por el agua. ¿Una mayor escasez de agua
necesariamente generará y agravará los conflictos por el agua?
Veamos qué luces nos dan estudios realizados.
Relaciones históricas y estructurales
Política de agua inadecuada e inefectiva
Problemas de gestión de agua
Conflictos de agua
Pobreza
Degradación ambiental
Deficiente gobernabilidad del agua
Urteaga (2007) investigó cuatro conocidos conflictos ocurridos
respectivamente en Tacna, Huancavelica, Cajamarca y Piura,
llegando a la conclusión que las razones de los conflictos no son
solamente la escasez del agua, sino por rechazo de los actores
endógenos afectados hacia la abierta posición del gobierno y
sus tomadores de decisión por parcializarse a favor de actores
exógenos de mucho más poder. Sentencia Urteaga: “Las
razones de estos conflictos no son solamente físicas; es decir
por agotamiento del recurso. Los conflictos por el agua revelan
una crítica de parte de los actores afectados sobre la posición
que abiertamente el Estado toma a favor de la minería en
algunos casos y, en otros, de sectores agroindustriales o
empresas de agua potable, en desmedro de otras actividades
productivas que son realizadas por actores sociales
generalmente campesinos, cuyo poder es evidentemente
reducido frente a sus contendores”.
Lonergan (2001) planteó similar interrogante a una envergadura
mundial. Luego de un amplio análisis, concuerda que
históricamente la disputa por el agua no ha sido causa de
guerra. Todo lo contrario, observa que la opción tomada ante
una disputa por agua ha sido la negociación y la cooperación. Es
claro que la tendencia mundial en general es que los recursos
hídricos serán cada vez más escasos y estratégicos, y que se
espera un aumento de problemas y tensiones en varias regiones
del mundo debido a la escasez del agua –generada por el
incremento de la demanda, la contaminación de las fuentes y el
cambio climático. Pero esto no necesariamente repercutirá en
conflictos violentos ni en guerras por el agua. El escenario más
probable de respuesta es el incremento del precio del agua, el
ahorro y economía del agua por medio de la mayor eficiencia de
su uso, el desarrollo y masificación de nuevas tecnologías de
manejo y tratamiento de agua, y la reasignación del uso de la
agricultura hacia sectores de menor intensidad de uso como el
uso doméstico. Los conflictos por el agua más probables y
frecuentes serán a nivel sub-nacional, siendo la probabilidad a
un conflicto violento varía en forma inversamente proporcional
con el tamaño de los cuerpos políticos involucrados.
Los hallazgos y conclusiones de estas investigaciones guardan
coherencia con la teoría de las necesidades básicas,
desarrollada por el Prof. John Burton. Burton plantea que los
conflictos arraigados no se basan en intereses en donde la
disputa es un bien o recurso escaso. Los conflictos arraigados
son aquellos en donde las personas luchan por satisfacer
valores y necesidades humanas fundamentales y de carácter
ontológico, que no son negociables.
En la misma línea que Burton, Dukes (1996) afirma: “Un conflicto
social se basa no sólo en la escasez de los recursos y en la
personalidad y conducta agresiva, sino en las necesidades
humanas universales por la identidad, seguridad y
reconocimiento de los individuos y sus culturas, para que sean
expresadas en las políticas y estructuras de sus sistemas
políticos y económicos. Las luchas por la identidad, los valores,
el poder, así como por los limitados recursos, están en el meollo
de todos los conflictos sociales”.
Por lo tanto, se puede concluir que la escasez es condición
necesaria pero no suficiente para el surgimiento del conflicto.
Luego, se infiere que la escasez de agua no es el factor
determinante de la espiral creciente e incontenible de los
conflictos por el agua. En los casos que se analizó, los factores
claves para el surgimiento y agravamiento de los conflictos
fueron:
1. La falta de una organización local funcional que gestione el
agua de manera participativa y transparente y que existan
mecanismos de resolución de conflictos;
2. La percepción sin dudas de parte de los usuarios locales,
con menores recursos de poder, que el Estado y sus
representantes se parcializan a favor de sus partes contrarias,
de mayores recursos de poder económico y político;
3. La colisión entre el derecho consuetudinario de los actores
locales y las leyes e instituciones oficiales que pretenden
imponerse sobre los primeros.
Evidentemente, a falta de mecanismos y procedimientos
adecuados y confiables para la resolución de conflictos, una
mayor escasez del agua si agravaría la situación. En un
escenario futuro en donde no haya cambios con respecto al
actual modelo y estilo de gestión del agua en el Perú, una
situación de mayor escasez de agua –sumada a la pobreza de
muchos de los usuarios e involucrados en los conflictos y ante la
acción manipuladora de grupos de interés de móvil político e
ideológico, sí podría ser un preocupante caldo de cultivo para
agravar la crisis de la gestión del agua en el Perú. En otras
palabras y a modo de advertencia: si no se dan pronto pasos
eficaces para enfrentar y superar las verdaderas causas detrás
de los conflictos y si no se transforma radicalmente el estilo
actualmente imperante de gestión del agua, hacia un modelo
descentralizado, participativo y transparente de gestión del agua,
que incluya mecanismos y procedimientos transparentes y
participativos para la gestión y resolución de conflictos desde el
nivel local y actuando de modo preventivo, una mayor escasez
de agua sí sería el detonante para agravar la crisis de la gestión
del agua en el Perú.
Expresando la conclusión de otro modo, se puede afirmar que
los conflictos por el agua en el Perú pueden agravarse
independiente de un contexto de cambio climático. Se agravarán
en la medida que los actores endógenos y locales de la gestión
del agua sigan percibiendo que sus valores y necesidades
humanas fundamentales estén amenazados, y en donde los
problemas estructurales que dieron origen a los conflictos no
sean enfrentados y resueltos.
5.8.Problemas de la gestión del agua en el Perú
Perú es quizá uno de los pocos países del mundo donde
coexisten estas dos grandes paradojas relativas a la gestión del
agua: i) un gran pasado pero un presente en crisis; ii)
abundancia y escasez a la vez. El gran pasado está referido a
los notables avances logrados por las culturas precolombinas en
el manejo de agua de manera sostenible, sin embargo la actual
sociedad se encuentra sumida en una crisis de gestión del agua.
La co-existencia de la abundancia y la escasez se demuestra
con la ironía de estar entre los 9 países más ricos en agua en el
mundo18, y la vez sufrir un severo estrés hídricos y escasez de
agua, dado que más del 70% de la población nacional y agentes
económicos se encuentra en las zonas áridas y semiáridas de la
vertiente del Pacífico, donde se dispone apenas el 1.8% de los
recursos hídricos del país (Alegría, 2006).
Los problemas que confronta la gestión del agua en el Perú
están configurados como resultado de la acción –o falta de
acción, de cada actor social o grupo de interés que participa o
interviene en la gestión del agua en el Perú, desde distinta
ubicación territorial, con un específico rol, con una determinada
cuota de poder -en tipo y cantidad. Cada uno de ellos tiene una
propia visión e interpretación de la realidad y percepción de los
problemas. Cada uno de ellos también tiene su propia
percepción e interpretación de los problemas, así como interés y
posición frente a los conflictos que emergen de los problemas.
Entre todos los actores sociales y grupos de interés existe uno
que es tan visible como importante, aquel que condensa y refleja
la intervención (o falta de ella) e incidencia interactuante de los
actores y grupos de interés involucrados en la gestión del agua
en el Perú: el Estado y su administrador de turno, el Gobierno19.
Dada esta importancia y relevancia, se ha realizado y se
presenta a continuación un análisis de los problemas de la
gestión del agua, como efecto de las inadecuadas políticas
hídricas gubernamentales y como resultado del desempeño
histórico de la autoridad de aguas.
La intervención del Estado y de los Gobiernos en la gestión del
agua se da a través de los siguientes instrumentos,
mencionados según el orden con el que normalmente se
producen: lineamientos de política, leyes, políticas, reglamentos,
regulaciones, planes, programas y proyectos. En general, las
políticas son consecuencia de la visión, interpretación de la
realidad y percepción de los problemas de los gobernantes, y en
el fondo, de los actores sociales y grupos de interés influyentes
sobre el gobierno.
Se tiene también las políticas de Estado, es decir aquellas que
son producto de consensos entre Gobierno y los principales
actores de la sociedad civil (como partidos políticos, gremios)
para permanecer en el tiempo más allá de un período
gubernamental. Un intento de llegar a ésta fue la denominada
“hoja de ruta” o Acuerdo Nacional que impulsó el gobierno de
Alejandro Toledo. Luego, tenemos las políticas públicas que son
propias de una gestión de gobierno, tanto a nivel nacional,
regional o local. otros agentes económicos o sociales, como
entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil,
agencias transnacionales e incluso otros gobiernos”21. Un buen
ejemplo de ésta es la política y estrategia nacional de recursos
hídricos, recientemente elaborada con la participación una
comisión técnica multisectorial (MINAG, 2009).
Existe también un cuarto tipo de políticas, que usualmente pasa
desapercibido, a pesar de su incidencia: la política extra oficial o
la política de facto. Se refiere al modo de proceder para resolver
problemas públicos, que no está publicado, ni anunciado, ni
menos aún sometido a debate o consulta pública. Son las
políticas ocultas de aquellos funcionarios estatales, tomadores
de decisión, o del partido gobernante. Están escritas sólo en la
agenda propia de quien las implementa. Son políticas no
transparentes, decididas de manera unilateral, en secreto, “a
puerta cerrada”.
5.9.Problemas derivados con las políticas de agua:
Las políticas relativas a la gestión de recursos hídricos
implementadas por los gobiernos a lo largo del siglo anterior e
inicios de éste, han demostrado ser inadecuadas e inefectivas
en relación al logro de objetivos de desarrollo sostenible. Esta
situación puede caracterizarse a través de problemas
específicos que han derivados en efectos o consecuencias, los
que a su vez constituyen otros problemas. Esta relación causa-
efecto se presenta en la Tabla Nº
Tabla Nº 4.- Problemas derivados con las políticas de agua en el
Perú
Causa Efectos
Ley de agua sesgada al uso agrícola del agua y a las condiciones de la región Costa.
Marco legal inapropiado para la realidad de la Sierra y Selva;
Estancamiento de la región Sierra, con escaso apoyo para su desarrollo agrícola.
Vacíos, paralelismo y superposición legales en la normatividad de aguas. Parchado de la ley.
Existencia de políticas de agua sectoriales paralelas a veces contradictorias.
Dificultad y confusión en la aplicación de la norma.
Debilitamiento de la autoridad de aguas y de la acción gubernamental.
Concentración de las decisiones a nivel de gobierno central (centralismo).
Leyes y regulaciones no apropiadas para el interior del país;
Frustración y descontento entre los actores sociales: proceso de toma de decisiones es percibido como vertical y autoritario.
No reconocimiento del derecho consuetudinario de las comunidades indígenas sobre el agua.
Perjuicio a población indígena local andina y amazónica (cantidad y calidad de agua), por acción de nuevos usuarios exógenos;
Calidad de vida de las poblaciones indígenas se deteriora y pobreza incrementa.
Sobredimensionamiento de la gestión del agua del lado de la oferta;
Ingentes recursos estatales invertidos en obras hidráulicas, con pobres resultados;
Descuido a medidas y acciones para mejorar la eficiencia del uso del agua.
No se promueve la asignación eficiente del agua.
Baja productividad agrícola debido a cultivos de baja rentabilidad;
Agricultores sin incentivos para ser eficientes (baja eficiencia de uso del agua).
Externalidades ambientales y económicas producidas por proyectos de riego.
.Fuente: Alegría 2008
5.10. Problemas relacionados con la autoridad de agua:
Como una directa consecuencia del marco legal y del marco
institucional, existe una débil autoridad que se muestra incapaz
de cumplir con el rol que la ley le asigna. Esta situación es
configurada por diversos factores negativos relativos al
desempeño de la autoridad de agua en el Perú, relacionados
entre sí por una relación causa-efecto, tal como se muestra en
la Tabla Nº
Tabla Nº 5.- Problemas relacionados con la autoridad del agua en el
Perú
Causa Efectos
Autoridad de agua subordinada al SectorAgricultura.
Decisiones de la autoridad de agua sesgadas al Sector Agricultura, lo cual limita su autoridad y legitimidad por ser “juez y parte”;
Autoridad de agua carece de visión global de los problemas, lo que mediatiza su capacidad de propuesta.
Varias “autoridades paralelas” generadas por el complejo y disperso marco legal para la gestión del agua.
Debilitamiento de la autoridad de agua;
Pérdida de eficacia y de la acción gubernamental en la gestión del agua.
Desconfianza provocada en los actores sociales.
Concentración de poder de la administración pública al nivel central (Lima)
Leyes y normas no son apropiadas para regiones y provincias del interior del país;
Frustración y descontento entre los actores sociales: proceso de toma de decisiones es percibido como vertical y autoritario;
Interferencia política con las decisiones que debe tomar la autoridad de agua.
Tomadores de decisión públicos toman decisiones reñidas con la norma, injustas y/o incorrectas;
Tarifas de agua no cubren costos de operación y mantenimiento, conservación y tratamiento del agua;
Mal uso o uso ineficaz de los recursos públicos.
Fragmentación, sobre posición y/o escasa coordinación entre las instituciones públicas relacionadas a la gestión del agua.
Uso ineficiente y/o ineficaz del escaso presupuesto público;
Contaminación y agotamiento de los Recursos hídricos;
Descrédito de la gestión pública ante los actores sociales.
Corrupción de algunos funcionarios y empleados públicos.
Desconfianza y descontento de los actores sociales en relación a la acción del Gobierno;
Percepción de actores sociales que los agentes del Estado se parcializan a favor de los actores de mayor poder económico y político;
Contaminación y agotamiento de los Recursos hídricos.
Insuficiente asignación de presupuesto a las instituciones y dependencias públicas para cumplimiento de sus funciones y planes.
Funciones y planes institucionales no pueden ser cumplidos, ni los objetivos logrados. Percepción de los actores sociales de inefectividad de la acción del Estado.
Contaminación de los cuerpos de agua debido a vertimiento de aguas servidas no tratadas por los operadores de servicios de saneamiento.
Usuarios ilegales e informales en sistemas de agua (riego y poblacional), sin ser sancionados.
Déficit financiero de las organizaciones de servicios de agua;
Se alienta una cultura de desacato y burla a la norma. “La ley es letra muerta”.
Fuente: Alegría 2008
5.11. La gestión del agua como adaptación al cambio climático
Desarrollo sostenible y vulnerabilidad son incompatibles.
Entonces, ante los efectos reales o esperados de un cambio
climático sobre la disponibilidad y aprovechamiento de recursos
hídricos, la gestión del agua debe necesariamente incluir las
acciones y medidas orientadas explícitamente a la reducción
de la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante
esta amenaza. Se parte de la definición que la gestión del agua
es aquella que busca asegurar el desarrollo sostenible de un
determinado territorio para el beneficio de todos sus habitantes,
a partir del óptimo manejo y aprovechamiento de sus recursos
hídricos. Por ende, visto desde esta óptica, las políticas y
estrategias de gestión del agua -en su conjunto y de manera
coherente, deben constituir una estrategia global de adaptación
al cambio climático.
La problemática expuesta que confronta la gestión del agua en
el Perú, concluye que la gestión del agua, la gobernabilidad
del agua en el Perú, está en crisis. Para superar la crisis lo
primero que debe hacer el paciente –en este caso, todos los
actores sociales involucrados en la gestión del agua en el Perú,
a los distintos niveles y en los diversos roles, es aceptar la
situación de crisis en la que están inmersos y asumir
autocríticamente su cuota de responsabilidad. El segundo gran
paso es desarrollar una actitud positiva y proactiva para decidir
ser parte de la solución y no más parte del problema y actuar
consecuentemente.
5.12. Gestión integrada de recursos hídricos:
El enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos
(GIRH) nace como la alternativa y respuesta a la incapacidad y
el fracaso del modelo tradicional de gestión del agua, el cual,
lejos de contribuir al aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos y al desarrollo económico sostenible, genera
y agrava una serie de problemas sociales, como el caso
peruano muy bien ilustra. La GIRH encierra toda una filosofía y
significa un nuevo paradigma sobre cómo debe gestionarse el
agua, cuyo éxito depende del compromiso efectivo de todos los
actores de la gestión del agua, desde los individuos hasta las
naciones en su conjunto e incluso las organización de
naciones.
Como definición de GIRH, la Asociación Mundial del Agua
(Global Water Partnership, www.gwpforum.org) propone definir
la GIRH como “un proceso que promueve el desarrollo y la
gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y
social resultantes, de una forma equitativa y sin comprometer la
sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.
Un primer y fundamental paso que se ha dado en el Perú es
establecer el enfoque GIRH como lineamiento de política en la
flamante Ley de Recursos Hídricos recientemente promulgada
(Marzo del 2009), cuyo primer principio establece “El agua
tiene valor socio cultural, valor económico y valor ambiental,
por lo que su uso debe basarse en la gestión integrada y en el
equilibrio entre éstos. El agua es parte integrante de los
ecosistemas y renovable a través del ciclo hidrológico”. Luego,
en el artículo 3 de la Ley, se declara “de interés nacional y de
necesidad pública la gestión integrada de los recursos
hídricos”.
Adelantándose a la Ley, en Febrero del 2009, una Comisión
técnica multisectorial del Gobierno Central elaboró una
propuesta de política y estrategia nacional de recursos hídricos
(MINAG, 2009). La primera de las directrices que proponen es
la referente a la implementación del enfoque GIRH,
definiéndolo del modo siguiente: “La gestión integrada de los
recursos hídricos es un proceso que promueve, en el ámbito de
la cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del
uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos
naturales vinculados a esta, orientado a lograr el bienestar de
la Nación sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas”.
CONCLUSIONES
1. Se determinaron las principales zonas mineras del Perú en la
gran minería las cuales están ubicadas en la zona norte y sur del
país
2. En Tacna se encuentran ubicadas 2 minas importantes que son:
Toquepala de la Sourthern Perú del grupo México
Pucamarca del grupo Bresia que todavía recién esta en
inicios de explotación
3. Se determinó que el mayor conflicto entre comunidades y minería
es el agua, líquido elemento muy importante para la vida
4. Se determinó a las comunidades cercanas de las operaciones
mineras especialmente en Tacna, Moquegua y Arequipa
RECOMENDACIONES
1. Es necesario realizar la determinación de todos los proyectos
existentes en la zona sur del país para esta prevenidos en los
futuros conflictos entre minería y comunidad.
2. Hacer un estudio de las causas del cambio climático para estar
preparados de una escasez de agua en el futuro, que va ser
causa de conflictos.
3. Es necesario que las Empresas Mineras hagan uso del agua de
mar, con las altas utilidades que obtienen es factible desarrollarlo.
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