prÁcticas de resistencia de las comunidades campesinas...
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PRÁCTICAS DE RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE TIERRA ALTA, CÓRDOBA, ENTRE 1991 Y 2005
JOHN ALEXANDER ALBA RIVEROS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL INTERDISCIPLINAR
BOGOTÁ, 2018
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Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria
Línea de investigación Poder y Política
Presentado por: John Alexander Alba Riveros
Director: Gary Gari Muriel
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Facultad de Ciencias Educación
Bogotá D. Colombia
Enero de 2018
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DEDICATORIA: Somos lo que decimos, defendemos, hacemos y soñamos, somos parte
del mundo que habitamos, de la sociedad que nos rodea y del tipo de personas con quienes
contamos. Esta es la razón por la que agradezco a muchas personas que hicieron posible esta
investigación. A mi mamá Esperanza Riveros y mi papá José Alba porque gracias a su educación
despertaron en mi gran cantidad de inquietudes políticas y curiosidad por el conocimiento. A mis
hermanos José y William Alba porque siempre me alientan en la conquista de nuevos logros. A
mi sobrino Juan Diego porque interroga con razón y lógica cada una de mis acciones. A mi
ejemplar amiga, científica y compañera Sandra Aux, que obra como fuente de motivación,
admiración y desvelo en cada proyecto que emprendo. A Cristhian Prieto de quien he aprendido
mucho, por ejemplo enfrentar la vida con nuevos y grandes retos, con sueños, espiritualidad,
sencillez, alegría y buen sentido del humor. Al gran confidente y hermano Andrés Caro por
despertar la mayor parte de mis inquietudes intelectuales. A Emilse Galvis por recordarme la
importancia de aprovechar las clases con el profesor Adrián Perea. Al siempre honesto y mordaz
Cristhian Bejarano. A la alcahueta Liliana Bustos. A la admirada Yasmin Triviño con quien tuve
dos hijos Toño y Luna, la misma que me enseñó el amor por la poesía y la importancia de ser
cada día mejor persona. Al divertido Miguel Parga quien con su forma de ser entrega siempre el
mejor semblante y ofrece sus más nobles sentimientos. A mis colegas Helen y Liz quienes
fungen como cómplices y promotoras de todas mis convicciones. Al sociólogo Alejandro
Camacho por permitirme aprender de su trabajo con comunidades campesinas e indígenas
durante el desarrollo de esta actividad. A Leidy Caro por su colaboración en parte de la literatura
que necesité para esta investigación. A Islendy por permitir hacerla participe en cada uno de los
avances de este ejercicio. A los profesores Andrés Hernández, Giovanny Solano, Oscar Chavarro
y Alejandro Camacho por creer y apoyar con valiosa crítica mi trabajo profesional. A Karen
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Posada por enseñarme valores y cualidades sobre lo realmente importante de la vida. A los
profesores Oscar Useche y Gari Muriel por sus asesorías y aportes documentales. A mis
estudiantes que son la razón de ser de mi proyecto de vida. A los representantes de las
comunidades campesinas organizadas en Asodecas y Ascsucor que son los verdaderos héroes y
protagonistas en este texto. A Marcela León y Erika Estévez, a Ricardo Rubio, Ángel Caicedo,
Miller Bejarano y Luis Tamayo. A todos gracias por ser garantes y facilitadores con lo que me
relaciona.
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CONTENIDO
1. FORMULACÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................... 7
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 7
1.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 12
1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 16
1.3.1 Objetivo general .......................................................................................................... 16
1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 16
1.4 CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DEL SUJETO DE
INVESTIGACIÓN .................................................................................................................. 16
1.4.1 Córdoba, punto estratégico del conflicto armado .................................................... 17
1.4.2 Las ventajas geográficas del sur de Córdoba ........................................................... 21
1.4.3 El territorio y los actores armados ............................................................................ 24
1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ........................................................................ 28
1.6 MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 33
1.6.1 Conceptos .................................................................................................................... 33
1.6.2 Mapa de Conceptos .................................................................................................... 46
1.7 METODOLOGÍA ............................................................................................................. 47
1.7.1 Bases conceptuales para el análisis ........................................................................... 48
1.7.2 Herramientas metodológicas ..................................................................................... 49
2. DIÁLOGO HISTÓRICO, MOMENTOS DE ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE
RESISTENCIA ............................................................................................................................. 54
2001 – 2005: LOS PACTOS Y LOS ACUERDOS ............................................................... 55
2.1 1991 – 1996: DEL EPL A LAS FARC Y LA APARICIÓN DE LAS ACCU ......... 56
2.2 1997 - 2001: LA UNIDAD PARAMILITAR................................................................... 61
2.3 2001 – 2005: LOS PACTOS Y LOS ACUERDOS .................................................... 67
3. EL CAMPESINADO COMO RECEPTOR DEL CONFLICTO Y CREADOR DE
PRÁCTICAS DE RESISTENCIA ................................................................................................ 73
3.1 Los principales afectados del conflicto armado .............................................................. 75
3.2 Transformaciones en las dinámicas sociales y territoriales en Tierralta ..................... 77
3.3 Prácticas de resistencia ..................................................................................................... 80
4. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 86
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BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 92
ANEXOS .................................................................................................................................... 100
Anexo 1: Formato entrevistas estructuradas ...................................................................... 100
Anexo 2: Matriz de sistematización de información .......................................................... 106
Anexo 3: Fotografías sobre el conflicto y la resistencia en Tierralta ................................ 124
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1. FORMULACÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir de mediados del siglo XX el conflicto armado colombiano se acrecienta debido a
la desigual repartición de la tierra en tiempos en que los avances tecnológicos y productivos,
promovidos por la inserción de dinámicas capitalistas, provocaron en algunas regiones del país la
expulsión de los campesinos de sus tierras; algunos motivados por la violencia directa ejercida
sobre sus Territorios, y otros por la desigualdad social producida por la inserción del país en el
mercado internacional.
Este panorama, que impulsó el abandono del campo con el fin de atraer inversión
extranjera, ha generado Prácticas de Resistencia por parte de los Movimientos Campesinos, de las
cuales, siguiendo a Foucault (1988) encontramos la contra-conducta, esta entendida como la
posibilidad de dirigir acciones en el contexto de la resistencia a las conductas impuestas en las
dinámicas del ejercicio de poder a grupos sociales específicos mediante mecanismos de coerción
variados.
Estas prácticas son entendidas en el caso colombiano como acciones culturales, políticas,
económicas y sociales contra los proyectos territoriales impulsados por las instituciones del
Estado, apoyado por los grupos latifundistas del país, y por algunos grupos armado ilegales que
se han establecido como alternativas al poder político. Sobre las iniciativas propuestas en el seno
del Estado estas son vistas como Prácticas Divisorias, ya que establecen contradicciones entre los
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intereses de los gobiernos que han impulsado estas políticas y las comunidades campesinas
colombianas, generando una fragmentación en las colectividades rurales del país.
Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar dos proyectos políticos y económicos
que abarcaron el desarrollo del campo colombiano desde los incentivos productivos y no desde la
titulación y asignación de tierras, generando varias retomas por parte de sectores campesinos, y
fomentando en algunas ocasiones la creación de las primeras guerrillas en Colombia, como el caso
de las FARC, que desde el bombardeo de Marquetalia en 1964, zona declarada como república
independiente, inicia una confrontación armada con el Estado por el acceso a la tierra.
Por un lado, tenemos los presupuestos del Desarrollo Rural Integral (DRI) que en la
segunda parte del siglo XX proponía, no solo en Colombia sino también en algunas partes de
Latinoamérica, un desarrollo rural enfocado en la asistencia técnica pero no en la tenencia de la
tierra, alejándose de ser una reforma agraria integral. Otro caso a nivel nacional es el Pacto de
Chicoral, el cual fue firmado por los grandes propietarios de la tierra en Colombia y los dirigentes
de los partidos Conservador y Liberal, quiénes convocados por el entonces presidente Misael
Pastrana en 1972 se reúnen con “el fin de librar una guerra contra el nuevo movimiento campesino
de la Anuc, impulsado por el presidente Carlos Lleras Restrepo con la firma de la Ley 1a. de 1968”
(El Tiempo, 2007)
Con estas medidas los gobiernos colombianos de la segunda mitad del siglo XX,
principalmente durante la época del Frente Nacional, privilegiaron la desigual distribución de la
tierra propagando la acumulación de vastos territorios en manos de terratenientes, que apoyados
en la clase dirigente del país y de sus ejércitos privados, consolidaron una perversa triada que
incluye el despojo (Reyes Posada, 2009), desplazamiento (Negrete Barrera V. , 2005) y asesinato,
que hasta hoy sigue produciendo víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional.
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Este panorama al que nos lanzó el Siglo XX, en el cual las políticas del Estado en cuanto a
la distribución de la tierra favoreció inmensamente a pequeños grupos de propietarios, permitió
que el proyecto económico y político del paramilitarismo se concretara con la consolidación de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que para la primera década del nuevo siglo hacía fuerte
presencia principalmente en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Antioquia, Chocó,
Valle del Cauca y Córdoba. Estas regiones del país tienen en común la desigual repartición de la
tierra, contextos sociales en donde las poblaciones más productivas son a la vez las más pobres y
víctimas múltiples de violaciones a los Derechos Humanos que han repercutido en el
desmantelamiento de los movimientos sociales.
Dentro de este contexto, el departamento de Córdoba se ha caracterizado por ser el
epicentro de la consolidación del proyecto paramilitar agrupado en las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), bajo el mando de Carlos Castaño. Este grupo ilegal, que desde finales de los
años 80´s perpetuó varias masacres en todo el territorio nacional hasta su desmovilización en 2005
(SEMANA, 2018), entra en confrontación directa con las guerrillas que en aquella época se
expandían con rapidez en el país. Es en este departamento donde se instalan los altos mandos del
paramilitarismo, se instaura, con el apoyo de terratenientes, instituciones del Estado y empresarios,
un nuevo modelo político y económico, lo que tendría repercusiones en la estructura agraria en
Colombia ejerciendo nuevas formas de dominación del territorio y los sujetos que lo habitan.
Uno de los municipios donde más se intensificó el conflicto fue en Tierralta, ya que hasta
la segunda mitad de la década del 90 se había caracterizado por ser un territorio de control
principalmente guerrillero (dominio agenciado por el EPL y las FARC) quienes atraídos por los
cultivos de coca ubicados en el Nudo de Paramillo, que unen a Córdoba con el Urabá antioqueño,
y las salidas fluviales que conectan la región con el mar Caribe, se instalan en un territorio que
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históricamente estuvo marcado por los conflictos entre grandes propietarios y campesinos por la
distribución de la tierra (Centro de Investigación y Educación Popular, 2016)
En estas dinámicas de control territorial desde 1997 las AUC entran en confrontación
directa con los grupos guerrilleros, lo que propició olas de violencia que dejaron como principales
afectados a las comunidades campesinas de estas zonas del país, las cuales fueron señaladas por
ambos bandos de colaboradores del enemigo, justificando así masacres, secuestros y
desapariciones perpetradas en este territorio.
En el 2001 se consolida el proyecto paramilitar tanto en esta región como en diferentes
partes del país. Muestra de ello es la disminución sustancial de la presencia guerrillera en este
departamento y el control territorial en la mayoría de los municipios de Córdoba. Este dominio se
concretó con lo que se conoció como el Pacto de Ralito, firmado en Tierralta por empresarios,
políticos, terratenientes y paramilitares con el fin de fundar un movimiento que agrupara los
grandes sectores de poder en Colombia para aplicar en el país un modelo económico y político
basado en la posesión de la tierra, reestructurando el panorama agrario de la nación.
(VerdadAbierta.com, 2010)
Es importante tener en cuenta que Tierralta no solamente es el centro desde donde se
reafirma el proyecto paramilitar, sino también es el lugar en el cual se establecen las condiciones
de su desmovilización en 2003, mediante el Acuerdo de Santafé de Ralito, y posteriormente es el
principal escenario de la entrega de armas de las AUC en 2005, lo que permitió que se iniciaran
las primeras reclamaciones de restitución de tierra en el departamento, al tiempo que posibilitó
identificar los actores que ejercieron presión para que el despojo se perpetuara en estos territorios.
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En esta coyuntura, en la cual se presenta un enfrentamiento por el control territorial entre
paramilitares y guerrillas, del que sale victorioso el proyecto de las AUC. El movimiento
campesino, al igual que otros movimientos nacidos en la ruralidad del departamento, fueron
víctimas directas del conflicto armado pues debieron ver sus tierras despojadas, sus familiares
asesinados y sus líderes desaparecidos. A pesar de ello, las comunidades rurales de Tierralta
construyeron organizaciones campesinas, afro-descendientes e indígenas que ejercieron con toda
su complejidad Prácticas de resistencia en la búsqueda de la defensa del territorio y la
reorganización agraria en su municipio.
Teniendo en cuenta el contexto del conflicto en donde estos movimientos propusieron
alternativas al poder establecido por los grupos armados, quienes a su vez mediante la violencia
sociopolítica alcanzaron a ejercer dominio sobre la estructura agraria del municipio, surge la
siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron las Prácticas de resistencia que las comunidades rurales de
Tierralta, Córdoba, desarrollaron con el fin de oponerse al control territorial impuesto por la
violencia sociopolítica en las dinámicas del conflicto armado?
Para conocer la forma en la cual las comunidades campesinas de Tierralta, Córdoba,
generaron Prácticas de resistencia al control territorial, se tendrá en cuenta el periodo
comprendido entre 1991, cuando se desmoviliza el EPL permitiendo la entrada de las Farc y las
AUC, posibilitando posteriormente el control territorial por parte de los grupos paramilitares, hasta
2005, año en que se firma el acuerdo de Santafé de Ralito, el cual concreta la desmovilización de
las Autodefensas Unidas de Colombia.
Por último, es importante señalar que se abarcará la temática mencionada por medio de un
ejercicio hermenéutico que supone la fusión de horizontes, siendo esto un diálogo entre la revisión
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de las fuentes primarias y las secundarias desde el relato histórico de quienes han sistematizado lo
ocurrido y quienes lo han vivido, con el fin de interpretar el sentido contextual de lo investigado.
Para el trabajo con fuentes primarias se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas a
líderes y lideresas de la región quienes reconstruyeron las dinámicas del conflicto y las formas de
resistencia. Sin embargo, vale la pena mencionar que a pesar de haber logrado profundidad en la
información conseguida, la cual aporta elementos fundamentales para alcanzar el objetivo general
propuesto en cuanto a la forma en que se generaron prácticas de resistencia de las comunidades
campesinas de Tierralta, el ejercicio metodológico aplicado queda corto, debido a dificultades para
desplazarse a terreno, para alcanzar precisiones históricas en torno a la variedad de procesos
organizativos que existían en la región, entre otros temas que son abarcados desde las fuentes
secundarias.
1.2 JUSTIFICACIÓN
La compleja historia política y económica colombiana demuestra que en el trasfondo del
conflicto armado que ha vivido Colombia está el problema por la repartición de la tierra, lo que ha
generado la consolidación de grupos armados que en distintas regiones del país se enfrentan por
el control territorial. En medio de este conflicto, se encuentran miles de campesinos que tras haber
colonizado grandes extensiones de tierra, que hasta la segunda mitad del Siglo XX no había sido
intervenida por las instituciones del Estado, deben abandonarlas por los intereses políticos y
económicos de grupos empresariales a nivel nacional e internacional.
Las comunidades despojadas que adquieren el derecho legítimo de habitar estas tierras por
ser los primeros en allí asentarse, entran en disputa con los diferentes gobiernos colombianos que
mediante políticas económicas buscaron beneficiar a los grandes poseedores de tierras,
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sobrepasando los intereses de las Comunidades Campesinas que durante décadas habitaron esos
territorios, y que hasta hoy siguen generando Prácticas de Resistencia cuyo fin es reconocer el
derecho que tienen sobre los territorios ocupados. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010)
Para el caso específico del departamento de Córdoba las Comunidades Campesinas han
visto cómo su territorio se ha consolidado como una región principalmente agrícola y el 95% de
la tierra es propiedad de privados (Centro de Investigación y Educación Popular, 2016) empleada
al servicio de los grandes centros de la economía mundial, hecho que beneficia directamente a
terratenientes, gamonales y latifundistas, quienes debido a la expulsión de los campesinos de sus
tierras, y su posterior explotación laboral, han conquistado incalculables niveles riqueza. Para
apropiarse de estos territorios, los grupos empresariales logran tanto el apoyo de algunas
instituciones del Estado, que impulsa políticas agrarias que benefician la posesión de tierra en
pocas manos, como del paramilitarismo, que por medio de la Violencia Sociopolítica impulsó el
abandono de los territorios modificando la estructura agraria del país.
Dentro de este contexto, el movimiento campesino cordobés ha buscado reivindicaciones
laborales, sociales y de propiedad, librando batallas complejas con los poseedores ilegítimos de la
tierra, quienes se han negado injustificadamente a ceder los territorios despojados. A pesar de las
dificultades que se imponen en estos procesos, muchas organizaciones campesinas de la región
han conquistado beneficios de distinta naturaleza, inclusive logrando vincular la lucha campesina
con expresiones políticas de carácter nacional.
Dentro de este panorama, y atendiendo el contexto actual del país que nos habla de tiempos
de posconflicto donde son las víctimas el eje central de diferentes políticas de transición donde se
establecen, entre otras cosas, la reforma rural integral, parece necesario indagar por la forma en
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que las comunidades rurales han desarrollado Prácticas de Resistencia en la lucha por la tierra,
con el fin de reinterpretar las dinámicas del conflicto, aportar elementos fundamentales para la
reconstrucción de memoria histórica y evadir la re-victimización de estas poblaciones mediante la
visibilización de los procesos iniciados por el campesinado colombiano como respuesta a la
Violencia Sociopolítica ejercida sobre estas poblaciones y territorios, lo que permitirá identificar
los aportes de estas poblaciones en tiempos de conflicto armado para la consolidación de una
reforma rural que beneficie los distintos sectores de la sociedad.
Entendiendo la larga y amplia historia de las dinámicas de reestructuración agraria por
medio de la violencia, así como de las luchas de las comunidades campesinas de Córdoba, se ha
decidido delimitar esta tesis espaciotemporalmente bajo las siguientes características. Acerca del
territorio que será sometido al estudio nos hemos inclinado por el municipio de Tierralta en
Córdoba: a) porque es en este departamento donde se consolida el proyecto paramilitar,
principalmente motivado por la desigual repartición de la tierra y el uso de ejércitos privados por
parte de los grandes propietarios para mantener su dominio territorial. Adicionalmente, es en esta
región donde se establecen las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo armado que unificó a
todas las fuerzas paramilitares del país. b) porque es en Tierralta donde se firma el “Pacto de
Ralito”, que fue un acuerdo donde sectores políticos, bélicos y económicos de las regiones del
norte del país se comprometen a consolidar el proyecto paramilitar. c) porque Tierralta es uno de
los municipios del departamento con más víctimas del conflicto armado, lo que ha dificultado el
establecimiento de un movimiento campesino fuerte, según el CINEP (2016) d) porque es en
Tierralta donde se acuerda el cese al fuego entre las AUC y el Gobierno de Álvaro Uribe, lo que
genera el acuerdo de paz entre este grupo paramilitar y el Estado colombiano. e) porque Tierralta
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se caracterizó por ser uno de los territorios donde hubo más enfrentamientos entre los diferentes
actores armados entre 1991 y 2005.
En relación con la delimitación temporal vale la pena destacar lo siguiente: a) El punto de
inicio de esta investigación es 1991, año en el que se estableció el dominio de grupos guerrilleros
en el sur del departamento, principalmente en el Nudo de Paramillo. b) Desde 1997 se inicia la
confrontación armada directa entre los paramilitares y la guerrilla por el control territorial. c) En
el 2001 se consolida el proyecto paramilitar en el país mediante la firma del “Pacto de Ralito” en
Tierralta, Córdoba, en medio de sucesos que causaron fuertes violaciones a los Derechos
Humanos. d) En 2005 se desmovilizaron las AUC, reconfigurando el conflicto armado y
permitiendo nuevas formas de resistencia territorial. e) El periodo de estudio es el producto de
diferentes luchas territoriales en la región que desde el deseo emancipador han buscado mediante
determinadas prácticas (Wolff, 1972) reivindicaciones laborales, sociales y de propiedad.
En este escenario es que abarcamos la presente investigación, entendiendo que la
interpretación de las Prácticas de Resistencia agenciadas en Tierralta está relacionada con las
dinámicas sociales y políticas a nivel nacional que dan cuenta de Relaciones de Poder mediadas
por intereses económicos. Siendo un fenómeno tan amplio y complejo, este estudio será tratado de
manera interdisciplinar, en tanto no sólo construye un nuevo horizonte metodológico y teórico sino
que introduce planteamientos de la economía, la sociología, la ciencia política, la geografía y el
derecho sin por ello privilegiar alguna de estas disciplinas en el problema objeto de estudio.
Además se sirve de la perspectiva hermenéutica que pretende relacionar el todo con la parte,
buscando alcanzar la interpretación más profunda posible de las luchas campesinas en Colombia,
haciéndole quite al olvido y destacando lo que desde la resistencia comunitaria se ha logrado en la
búsqueda de la repartición más igualitaria de la tierra en el país.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Identificar la forma en que las comunidades campesinas de Tierralta Córdoba desarrollaron
prácticas de resistencia con el fin de oponerse al control territorial impuesto por la Violencia
sociopolítica ejercida entre 1991 y 2005.
1.3.2 Objetivos específicos
● Comprender los factores económicos, sociales y políticos que
históricamente incidieron en la intensificación del conflicto armado en Tierralta.
● Caracterizar la manera en que se insertó la violencia sociopolítica en el
municipio de Tierralta entre 1991 y 2005, enfatizando en cómo estas dinámicas influyeron
en el control territorial ejercido por grupos armados.
● Determinar cómo incidieron las afectaciones a las comunidades campesinas
de Tierralta para generar prácticas de resistencia territorial ante el control impuesto dentro
del conflicto armado.
1.4 CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DEL SUJETO DE
INVESTIGACIÓN
Para la presente investigación se estudiarán las comunidades campesinas que entre 1991 y
2005 generaron Prácticas de Resistencia en Tierralta, Córdoba. La elección del sujeto de
investigación, enmarcado dentro de los límites espacio-temporales elegidos, plantea la necesidad
de contextualizar geográfica e históricamente este territorio y su población, para posteriormente
centrarnos en los casos específicos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario y las
dinámicas del conflicto armado.
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1.4.1 Córdoba, punto estratégico del conflicto armado
El departamento de Córdoba se encuentra al Norte del país. Limita por el Este con los
departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquia; por el Sur con el departamento de Antioquia; al
Norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre; y por el Oeste con el departamento de
Antioquia y el mar Caribe. Cuenta con una superficie de 23.980 km2, lo que representa el 2,1%
del territorio nacional.
El departamento se subdivide en dos regiones principales: La primera es la zona plana
compuesta por los municipios del norte y el centro, a la que pertenecen el Valle del Sinú y San
Jorge, donde se encuentran los lugares con mejor desarrollo económico. La segunda zona reúne
en un espacio montañoso a los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y
Valencia, los cuales se encuentran al sur del departamento hacia la cordillera occidental, zona que
ha sido denominada, en conjunto con algunos municipios de Antioquia, como el Nudo de
Paramillo. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009)
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Mapa1. Departamento de Córdoba
Fuente IGAC: Tomado de: http://mapas.owje.com/politico/15062/mapa-politico-
cordoba.php
Desde la subdivisión que se mencionó anteriormente, vale la pena destacar que la zona sur
ha sido históricamente un escenario fundamental para el desarrollo del conflicto armado en
Colombia. A mediados del siglo XX los grandes terratenientes del departamento poseían (tal y
como hoy) la mayoría de los territorios rurales gracias a la desigualitaria distribución de la tierra
basada en la hacienda colonial, permitiendo que pequeñas familias, aliadas con inmigrantes y
comerciantes, mantuvieran bajo su dominio estas tierras, incluso después de la independencia.
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Los pequeños grupos de propietarios lograron controlar cualquier actividad insurgente
mediante el uso de ejércitos privados, con la aprobación de las administraciones regionales, los
cuales serían el primer paso hacia la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá. (Centro de Investigación y Educación Popular, 2016)
En este contexto, en el cual se hace evidente la desigualitaria distribución de la tierra, donde
se imprime un orden rural que privilegia al latifundista, las iniciativas campesinas por recuperar
las tierras usurpadas se incrementan con la creación, en 1967, de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC), cuyos líderes son señalados por el establecimiento como
colaboradores del Ejército Popular de Liberación (EPL), que proveniente de Antioquia se ubicó
en límites entre este departamento y Córdoba desde finales de los 60, producto del conflicto social
generado por el despojo de tierras que sufrieron los campesinos de la región a manos de los
terratenientes. (Ibíd.)
La presencia del EPL disminuyó con la desmovilización de esta guerrilla en 1991, lo que
permitió la consolidación del control territorial por parte de las Farc, que alcanzó a establecerse
“por medio del bloque Noroccidental y cuatro frentes: el frente 5, que tenía presencia en Tierralta,
Ríos Esmeralda y Verde; el frente 18, que hacía presencia en área de Tierralta río San Jorge y
Llanos del Tigre; el frente 36 en Puerto Libertador, Montelíbano y riberas de los ríos San Jorge y
Río Sucio; el frente 58, que se encuentra en Tierralta, riberas del río Esmeralda, en Batatas, la
Resbalosa, Río Verde, Guadual, Alto Joaquín, en el suroeste del municipio de Tierralta.
Adicionalmente, tenía presencia con la columna móvil Mario Vélez, actuando sobre las riberas de
los ríos Sinú y Esmeralda al sur de Tierralta y la compañía Manuel Cepeda Vargas, en el sector
del Achote, comunidad indígena de Pita y en el río Esmeralda, también en Tierralta”. (Misión de
Observación Electoral, 2011, pág. 3)
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Mientras se armaban los grupos insurgentes agrupados con la reivindicación de los
campesinos por la recuperación de sus tierras, los hacendados, quienes poseían el poder político-
militar, motivados por la escala nacional que adquiría el conflicto armado, deciden en la década
de los 90 crear las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las cuales extienden
su poder a lo largo de este departamento, así como en Antioquia y Chocó, estableciendo constantes
enfrentamientos bélicos entre los paramilitares y guerrillas por el control del territorio. La rápida
consolidación de las ACCU, gracias a las estrategias de terror aplicadas sobre las comunidades
campesinas que debieron desplazarse de sus tierras para entregarlas al pequeño grupo que en el
departamento poseía la tierra, permitió la creación en 1997 de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), un grupo armado ilegal de tipo paramilitar que hizo presencia en todo el
territorio nacional:
“El departamento de Córdoba fue la plataforma del proyecto paramilitar debido a
las estructuras de poder previamente consolidadas a través del modelo de hacienda, ya que,
como se mencionó anteriormente, este incluía grupos de seguridad privada que
monopolizaron el uso de la fuerza en el ámbito regional y establecieron dinámicas sociales
y culturales en las que la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la
extracción agroindustrial debía fomentarse incluso por medio de las armas” (Centro de
Investigación y Educación Popular, 2016, pág. 14)
De esta forma, luego de fuertes enfrentamientos con grupos subversivos, haciendo uso del
despojo de tierras mediante masacres, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados que
dejaron a la población civil como la víctima directa de las dinámicas de la guerra, los hermanos
Castaño Gil y su estructura paramilitar ejercerán el control territorial en la región desde finales de
los 90 hasta su desmovilización en 2005.
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En este rango de tiempo hicieron presencia en Córdoba “tres bloques: el bloque Élmer
Cárdenas comandado por Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, con asiento en los municipios
de San Bernardo del Viento, Moñitos, Lorica, San Pelayo, Cereté, Los Córdobas y Puerto
Escondido; el bloque Héroes de Tolová cuyo comandante fue Diego Fernando Murillo, alias Don
Berna, que se ubicó en los municipios de Valencia, Tierralta, Canalete y parte de Montería; y,
finalmente, el bloque Córdoba comandado por Salvatore Mancuso, con el frente Sinú-San Jorge
que tuvo presencia en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista, Tierralta y
Valencia” (Misión de Observación Electoral, 2011, pág. 19)
En palabras de Carlos Castaño, Córdoba es elegida como epicentro del paramilitarismo ya
que las ACCU, posteriormente las AUC, necesitaban hacer presencia en “una zona equidistante,
un eje en donde nuestra autodefensa pudiera expandirse. Aspirábamos a tener salida al mar y
frontera con los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó (…) definimos la nueva zona
donde nacer, el Alto Sinú (…) allí existía guerrilla hasta llegar a Montería, pero estar cerca de la
capital del departamento de Córdoba, conlleva sus ventajas. Nos ofrecía extensiones de tierra
abandonadas, a buenos precios, y, sobre todo, fértiles” (Cepeda Iván & Rojas, 2008, pág. 44)
1.4.2 Las ventajas geográficas del sur de Córdoba
Como se mencionó anteriormente, la zona sur del departamento de Córdoba, donde se
encuentra el municipio de Tierralta, ha sido un territorio en disputa desde hace varias décadas atrás
por diferentes grupos armados. Sobre este hecho, vale la pena destacar que en esta región
encontramos el Parque Nacional Nudo de Paramillo, un corredor que conecta el Córdoba con el
Urabá, con el bajo Cauca antiqueño, con el norte de Antioquia, con el sur de Bolívar y con el mar
Caribe. (Fundación Ideas Para la Paz, 2014)
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Mapa 2. Nudo de Paramillo
Fuente: https://co.pinterest.com/pin/456130268493872957/
Para los fines de esta investigación hemos decidido centrarnos en la Serranía de San
Jerónimo, la cual inicia en la parte alta del municipio de Ituango y termina en Tierralta, separando
la cuenca del río Sinú y el río San Jorge, dos arterias fluviales que nacen en los puntos más altos
del Nudo de Paramillo.
Este Parque Natural, reglamentado como tal desde 1997, ha sido un escenario donde se ha
desarrollado gran parte de las dinámicas del conflicto armado por su posición geoestratégica. Con
la llegada de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) en 1997, se intensifica la violencia
sociopolítica en los territorios que componen esta región, sobre los cuales las Farc ejercían el
control territorial desde mediados del siglo XX, produciendo prácticas de resistencia como
alternativa a la desigualitaria distribución de la tierra y la violencia directa hacia líderes campesinos
23
que se empeñaron en la defensa territorial, en muchas ocasiones sin importar desde dónde venían
las ofensivas.
La geografía de esta zona del país se destaca por poseer un centro de recursos hídricos
fundamentales para la economía de las familias cordobesas. Además, es importante mencionar las
conexiones que en términos territoriales se generan este espacio, pues adicional a que está
compuesta por varios municipios del país, principalmente de Córdoba y Antioquia, también
permite la salida al mar Caribe por medio del Golfo de Morrosquillo. Estas vías de comunicación,
junto con las características ambientales en la parte alta del Nudo, han posibilitado que desde los
años 80 haya presencia de cultivos ilícitos que son transportados hacia el Urabá antioqueño y el
Caribe. (Fundación Ideas Para la Paz, 2014)
Por otra parte, la actividad minera en esta región presenta varias dinámicas en relación a
sus técnicas y reglamentación, pues además de existir formas artesanales y legales de explotación
de recursos, según el informe de riesgo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo (2013) como producto de un trascurso histórico de una actividad económica
constante en el territorio, los diferentes grupos armados desarrollan modalidades de explotación
del recurso; un aspecto que intensifica el conflicto territorial.
Para el caso de Tierralta, donde se desarrolla la minería aurífera tradicional por parte de
las comunidades afrodescendientes e indígenas, también se encuentra la mina a cielo abierto más
grande del continente operada por Cerro Matoso S.A, una filial de la multinacional BHP Billiton,
que extrae níquel y ferroníquel. Según la Revista Semana (2009), esta empresa produce 40.000
toneladas de níquel y 55.000 de ferroníquel.
24
A este megaproyecto que genera repercusiones en las dinámicas sociales y territoriales de
Tierralta, hay que agregar, como otro factor de conflicto, la central hidroeléctrica operada por la
Empersa urrá S.A, ubicada a 30 Km de la cabecera municipal de Tierralta, la cual tiene como
objetivo, además de la producción de energía desde la canalización del agua, evitar los
desbordamientos de los ríos Sinú y San Jorge. Este proyecto energético, que inició a operar desde
el 2000, ha generado resistencia por parte del pueblo Emberá Katío ubicado en Tierralta por la
construcción del dique, ya que este inundó su resguardo en el Alto Sinú, además que ha contribuido
a la degradación de 7000 hectáreas que hace parte de su territorio y del Parque Nacional Nudo de
Paramillo. (Fundación Ideas Para la Paz, 2014)
Por las denuncias hechas por los líderes indígenas, según la prensa del país y
organizaciones de Derechos Humanos, varios fueron amenazados y asesinados. Sin embargo,
gracias a estas denuncias emitidas desde la comunidad indígena, el Gobierno se vio obligado a
comprometerse en 2014 con desistir de la construcción del proyecto Urrá II, la segunda parte de
esta hidroeléctrica.
1.4.3 El territorio y los actores armados
De lo mencionado hasta acá, podemos afirmar que la zona que se eligió como eje central
de este estudio ha sido un botín de guerra fundamental para los actores armados de diferentes zonas
del país, motivados, como se vio, por sus posición geoestratégica y su alta productividad. En
relación a este último aspecto, podemos identificar que ha sido uno de los factores de conflicto y
alianzas entre los diferentes grupos que operan en la región.
En cuanto a la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia a partir del año
1997, ésta no puede considerarse como una incursión de un nuevo tipo de agente armado en
regiones como la de Córdoba, sería más preciso entender este hecho como una consecuencia de
25
diferentes procesos económicos, políticos y sociales que se venían dando en la región desde tiempo
atrás. Entre los procesos que caben destacar están la acumulación de tierras a través de la violencia,
la presencia constante de grupos guerrilleros y el conflicto por el control de territorios estratégicos
para diferentes proyectos económicos, incluyendo aquellos de carácter ilegal como el narcotráfico
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009)
Bajo este contexto, las AUC logran tomar fuerza al presentarse como una alternativa al
problema de la seguridad frente a la amenaza de grupos guerrilleros, lo cual les permite controlar
la economía y el poder político de la región, hecho que les dará finalmente la posibilidad de
convertirse en un proyecto a nivel nacional a finales del siglo XX y principios del XXI
Yendo a las causas por las cuales existe este antagonismo entre los grupos paramilitares y
los grupos guerrilleros, así como a la explicación del auge de los grupos paramilitares en la región
a partir de 1997, es necesario remontarse incluso hasta el proceso de colonización de finales del
siglo XIX y la primera mitad del XX. Dicho proceso, en términos generales, se dio desde del
Norte de Córdoba hacia el sur, intensificándose en el centro del Departamento hacia lo que hoy es
Montería y el norte de Tierralta, donde los colonos fueron tumbando monte para adecuar la tierra.
Posteriormente, grupos minoritarios de empresarios, ganaderos y comerciantes se apoderaban de
estas nuevas tierras a partir del uso de la violencia, lo cual llevaba a los desplazados a generar un
nuevo ciclo de colonización y ampliación de la frontera agrícola que nuevamente era acaparada
por estos grupos políticos y económicos (Fals Borda, 1975) Al final esta dinámica tuvo como
consecuencia una gran concentración de la tierra, las primeras manifestaciones de conflictos
agrarios y la precarización del desarrollo agrícola, además del prácticamente inexistente
desarrollo industrial.
26
Llegadas las décadas de 1940, 1950 y 1960, se observa una confluencia de los conflictos
políticos entre Conservadores y Liberales, las luchas agrarias y la irrupción de ideas socialistas,
principalmente de corte marxista (Negrete Barrera V. M., 2007) A partir de este momento,
territorios ubicados al sur de Córdoba, donde la resistencia campesina por la tierra era más intensa,
se muestran como propicios para la consolidación de proyectos militares no oficiales o de carácter
insurgente.
En aquel panorama surgen las guerrillas liberales en el territorio, las cuales cumplen un
papel de oposición al predominante oficialismo conservador que había venido intensificando
procesos de concentración de la tierra y desigualdad social a partir de sus políticas púbicas. Los
posteriores diálogos entre Conservadores y Liberales, hacia la década de 1960, lleva al fin de las
guerrillas liberales, cuyas disidencias empiezan a agruparse en nuevas guerrillas de carácter
socialista, como lo fue el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Tanto las guerrillas liberales como las posteriores guerrillas socialistas se asentaron en
territorios como el Alto de San Jorge, el Alto Sinú y Canalete, donde el proceso de colonización
estaba en auge y la resistencia campesina era más fuerte. De esta forma, estas guerrillas pudieron
aprovechar la ventaja estratégica que les ofrecía este territorio que conectaba el sur de Córdoba
con el Urabá Antioqueño.
Posteriormente el tráfico de drogas, que venía dándose a través de redes de contrabando
durante al menos dos décadas atrás, irrumpe con fuerza en la región a partir de la década de 1980
con el tráfico ilegal de cocaína. Durante este periodo, el narcotráfico se dinamiza y una década
después se vuelve común la compra y despojo de tierras para el cultivo ilícito de coca, negocio del
cual obtenían recursos tanto las guerrillas socialistas como los grupos armados de carácter
paramilitar que venían cobrando fuerza también desde la década de 1980.
27
En consecuencia, a partir de la década de 1990 el narcotráfico se consolida como un punto
central en el conflicto sociopolítico, fortaleciendo económica y militarmente a los bandos
insurgentes. Adicional a esto, la amenaza que representaban los grupos guerrilleros y la histórica
necesidad de grupos empresariales y latifundistas de la región de Córdoba, interesados en debilitar
procesos políticos y sociales, generan una fuente de apoyo adicional a los bandos paramilitares
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009) Es así como estos
últimos logran reunir la fuerza necesaria para consolidar un proyecto homogéneo y llevar a cabo
la contraofensiva hacia el sur de Córdoba durante la última mitad de la década de 1990, logrando
consolidar un poder militar sobre zonas que anteriormente habían sido dominadas principalmente
por las ya mencionadas guerrillas como las FARC, que operaba para ese momento, y el ya
desmovilizado EPL.
Dicha hegemonía paramilitar, intensificada hasta el 2005 debido de Acuerdo de Santafé
Ralito, representaría un alto riesgo para los derechos humanos y territoriales de las comunidades
campesinas en el Uraba y Córdoba. Dicho riesgo llega incluso a la actualidad con las disidencias
del recién mencionado proyecto paramilitar, las cuales aún operan en el territorio a través de
bandas criminales fragmentadas y siguen representando una seria amenaza a los procesos de
resistencia para comunidades como la de Tierralta (Centro de Investigación y Educación Popular,
2016)
28
1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Para hablar de prácticas de resistencia en relación a su aspecto civil y pacífico que se han
dado dentro del contexto colombiano, vale la pena mencionar la tesis de maestría de Elena Gómez
Cardona (2018) titulada Pervivencia y estrategias del sentido de lo comunitario: oportunidades y
retos para la reparación colectiva indígena. En esta investigación, la autora parte del
reconocimiento de prácticas de resistencia, relacionadas con el fortalecimiento de los lazos
comunales, del Resguardo Quebrada Cañaveral del río San Jorge en Córdoba, las cuales generan
acciones que parten de la no-violencia para mantener la unidad ante las acciones violentas que
realizan de manera aislada o individual los diferentes grupos armados que operan en la región. Es
importante señalar que estas formas de resistir son estudiadas con el fin de aportar elementos
fundamentales para abarcar el tema de la reparación colectiva de estas comunidades víctimas del
conflicto enfrentadas a constantes dinámicas de desterritorailización.
Sobre este tipo de prácticas, Gómez sostiene que nacen de la necesidad de generar un
dialogo social en el territorio que permita a estas comunidades dimensionar no solo las amenazas
que enfrentan sino también las posibilidades que surgen de sus propios saberes comunitarios.
Adicionalmente, sostiene que estas prácticas pueden encontrar fortalezas en la medida que se
incluya una mayor variedad de actores dentro y fuera del territorio que compartan el propósito de
contrarrestar las prácticas de dominación violenta, excluyentes e injustas que enfrentan.
Finalmente, concluye que es preciso recuperar el concepto de lo comunal que está presente
en las poblaciones indígenas colombianas en el afán de construir categorías de análisis que se
centren en las prácticas propias de estas comunidades y sus particularidades en cuanto a su relación
con el territorio, elemento central para ser tenido en cuenta en un proceso de reparación colectiva.
29
Además sostiene que los Embera Katío, en conjunto con otras comunidades indígenas de la región,
han protegido milenariamente estos territorios, por lo cual deben ser quienes permanezcan en él.
Para ello se vuelve fundamental el Estado, sobre todo porque desde su papel de gobierno tiene la
obligación de fortalecer este tipo de comunidades.
En relación a las afectaciones producidas por la violencia sociopolítica, vale la pena
destacar el texto Dinámica de la violencia en el departamento de Córdoba 1967 - 2008, elaborado
por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Este documento inicia
caracterizando geográfica y poblacionalmente el departamento de Córdoba, con el fin de
argumentar por qué este territorio se ha convertido en un espacio estratégico para los actores
armados, de lo cual se destaca su cercanía al mar Caribe y su alta productividad.
Posteriormente, realiza un análisis de la forma en que la economía cordobesa, basada en la
desigualdad distribución de la tierra provocada por diversos procesos de colonización en diferentes
partes del departamento, guarda relación con la evolución de la violencia y el surgimiento de
actores armados que han luchado históricamente por el control del territorio. Desde esta
perspectiva, lo autores hacen un recuento sobre cómo grupos ilegales, tales como guerrillas,
paramilitares y narcotraficantes, se han enfrentado entre sí y contra el Estado por el dominio
departamental. Así, describe la violencia ejercida por los terratenientes hacia el campesinado en la
primera mitad del siglo XX, fomentando la creación de las guerrillas que años siguientes operarían
en la región. Con este contexto, hacen referencia a las diferentes fases del conflicto en Córdoba,
relacionándolo con cifras de violencia sociopolítica medida por los homicidios, secuestros,
confrontaciones armadas, minas antipersona, desplazamiento de la población, homicidios y
desapariciones indígenas y asesinatos a dirigentes y activistas populares, sindicales y políticos.
30
Para la presente investigación, es fundamental examinar de cerca las diferentes fases de la
violencia en Córdoba que describe el texto desde 1980. Para el periodo que nos ocupa (1995-2005)
vale la pena destacar que se produce, inicialmente, una arremetida de las Farc tras el abandono de
las zonas por parte del EPL, lo que genera posteriormente la consolidación del proyecto paramilitar
en un principio diseminado por todo el territorio nacional pero que luego se agrupa bajo las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Finaliza el análisis con las conversaciones de paz entre
este grupo paramilitar y el Estado en 2002, lo que reconfigura las dinámicas del conflicto en el
departamento.
Por otra parte, para examinar el conflicto por la tierra que se extiende en el territorio
cordobés, podemos remitirnos al texto Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el
escenario de posconflicto, escrito por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en
2016. Este documento parte de reconocer que son las comunidades y organizaciones populares,
dada su experiencia de resistencia y su adaptación en medio del conflicto, quienes deben aportar
elementos fundamentales en la construcción de un nuevo orden territorial en Colombia en un país
que busca superar la violencia sociopolítica.
Desde este enfoque, se pretende analizar cómo las dinámicas de la posesión de la tierra han
estado estrechamente relacionadas con la profundización del conflicto armado en una región donde
el despojo, el desplazamiento y el robo de tierras fueron históricamente las herramientas utilizadas
por parte de grupos de terratenientes, inicialmente contra la población civil, y luego contra las
guerrillas y algunas instituciones del Estado.
El análisis histórico del conflicto armado que inicialmente hacen, permite a los autores
centrarse en la distribución de la propiedad en Córdoba, de lo que se destaca una preminencia hacia
31
la concentración por parte de privados con fines agropecuarias, casi un 95% en 2012, lo que se
entiende como el resultado de un proceso histórico de control territorial por parte de pequeños
grupos de empresarios que mantuvieron su estatus a través del uso de la violencia sociopolítica.
Adicional a este fenómeno, vale la pena mencionar que sobre el territorio se manifiestan fuertes
intereses económicos por parte de conglomerados mineros que buscan explotar la tierra con fines
de extracción de minerales.
Podemos finalizar mencionando que el documento enfatiza en que el ordenamiento
territorial en Córdoba ha estado relacionado profundamente con el conflicto armado. Por un lado,
por las dinámicas de violencia vinculadas con la desigual distribución de la tierra, pero por el otro,
por las diferentes formas de resistencia agenciadas en el seno del movimiento social que ha
permitido la recuperación de distintos espacios, ya sea con el apoyo del Estado mediante la Ley de
Restitución de Tierras, o de manera directa con los implicados. Este aspecto demuestra que estas
comunidades deberán jugar un papel fundamental en la construcción de un país en paz, en el que
una Reforma Rural cada vez se vuelve más urgente.
Por último, podemos destacar el texto La tierra en disputa, Memorias del despojo y
resistencias campesinas en la costa caribe 1960-2010 escrito por el Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH) La primera parte del texto, realiza una contextualización política y territorial
de los departamentos que ocupan la costa Caribe colombina, especificando en la estructura agraria
de esta región del país, la cual está enmarcada en el despojo, la conformación de haciendas, el
clientelismo y las múltiples violaciones a los derechos humanos.
El libro continúa con un enfoque específico en el despojo territorial provocado
principalmente en Córdoba, Sucre y Bolívar por grupos armado, empresas mineras e
32
hidroeléctricas, lo que denominan los autores como una reforma agraria en reversa. En este
capítulo se le da preponderancia a lo voz de las víctimas, por lo cual estas historias son
reconstruidas desde lo que estas tiene por decir. Así mismo, se pretende dar cuenta, desde una
perspectiva histórica, de las luchas campesinas que se llevaron a cabo en Córdoba y Sucre,
analizando la manera en que el campesinado del país se agrupa en la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC) y las múltiples acciones de recuperación de tierra llevadas a cabo
en esta región.
Por otra parte, el documento resalta el papel protagónico de las mujeres en la resistencia
territorial llevada a cabo en la región Caribe, pues a pesar de la vulnerabilidad que presentan,
debido a problemáticas que van desde factores culturales hasta el derecho a la posesión de la tierra,
han logrado, desde la implementación del enfoque de género, participar en la construcción de
políticas agrarias en sus departamentos, estableciendo nuevas formas de liderazgo en distintos
niveles.
Para los efectos de esta investigación, es importante mencionar que este texto en sus
últimos capítulos describe varios intentos políticos y administrativos llevados a cabo por el Estado
con la intención de salvaguardar las comunidades rurales de esta región del país. Las secciones
que hablan sobre la apertura económica de país y sus efectos sobre el campo (1991-2003), y la
consolidación rural (2003- 2010) son los apartados que nos ayudan a contextualizar la cuestión
agraria desde las múltiples visiones que sobre desarrollo se imponen sobre estos departamentos,
permitiéndonos entender que en las dinámicas del conflicto se inscriben decisiones económicas
que afectan a unos grupos en particular con el beneficio de otros.
33
1.6 MARCO TEÓRICO
Tras plantear el problema que guiará la presente investigación, y mencionar los objetivos
que busca alcanzar la tesis, es pertinente abarcar cuáles serán los referentes teóricos sobre los que
se basa este proceso investigativo. En este sentido, el apartado que acá se presenta inicia
destacando los conceptos claves que serán utilizados como ejes de análisis, para finalmente de
manera gráfica explicar cómo estos se relacionan entre sí.
1.6.1 Conceptos
Con el fin de cumplir con lo propuesto, este proceso de investigación precisa hacer uso de
conceptos fundamentales que serán su base analítica, de los cuales se desglosan otras
aproximaciones teóricas. Dichos conceptos son los siguientes: prácticas de resistencia,
comunidades campesinas, violencia sociopolítica, territorialización, control territorial y
movimiento social.
Prácticas de resistencia
Para hablar de este concepto nos valdremos de los aportes teóricos del filósofo francés
Michel Foucault (Foucault, 2001) quien describe la resistencia como una categoría con doble
dimensión: por un lado, sostiene que esta consiste en movimientos caracterizados por la búsqueda
de un tipo diferente de conducción en sus relaciones de poder; por el otro, argumenta que la
resistencia es a la vez un área en la cual cada individuo puede conducirse a sí mismo desde los
comportamientos propios.
Desde esta perspectiva, la relación entre poder y resistencia se basa en la negación de una
contraparte que asume su dominación de manera pasiva, lo que no implica que sean categorías
opuestas, pues de la activación del poder nace la resistencia. Se entiende entonces que la resistencia
34
hace parte de las relaciones de poder de manera “co-extensiva”, lo que significa que existen en el
campo estratégico donde estas se desarrollan, y a la vez las relaciones de poder se sostienen con
base en la multiplicidad de puntos de resistencia. En este contexto de tensión se generan luchas,
las cuales, al ser el producto de la resistencia, no adoptan la forma de exterioridad absoluta "sino
de la utilización permanente de elementos tácticos que son pertinentes en el combate anti-pastoral,
toda vez que forman parte, de una manera incluso marginal, del horizonte general del cristianismo"
(Foucault, 2006, pág. 217)
Profundizando en esta teoría, Foucault opta por definir las formas de resistencia que se
generan en las relaciones de poder, principalmente motivadas por la manera en que son conducidos
los diferentes grupos humanos por sectores hegemónicos de la sociedad. Dentro de estas
definiciones incluye las dimensiones éticas y políticas de las resistencias, del mismo modo en que
confrontó conceptos como rebelión, desobediencia, insubordinación, disidencia o mala conducta.
De este entramado conceptual vale la pena destacar la contra-conducta (Foucault, 1988)
entendida como la posibilidad de dirigir acciones en el contexto de la resistencia a las conductas
impuestas en las dinámicas del ejercicio de poder a grupos sociales específicos mediante
mecanismos de coerción variados. Desde esta perspectiva, al igual que la resistencia, la contra-
conducta establece dos ejes de análisis; por un lado, encontramos que la conducta es entendida
como las prácticas impuestas en las relaciones de poder, y por el otro, como aquellas nacidas de la
conducción subjetiva que generan contra a la dominación establecida. La contra-conducta será el
punto de referencia para analizar las prácticas de resistencia.
Un ejemplo de contra-conducta que se vuelve relevante para el tema de investigación
propuesto aquí, es la idea de resistencia civil pacífica trabajada por autores como Oscar Useche
35
Aldana (2010) quien aplica la propuesta analítica de Foucault al contexto Colombiano. Para
Useche, la resistencia civil pacífica sería una práctica que busca contrarrestar los dispositivos de
dominación establecidos por un Estado que ha perdido legitimidad en cuanto a su deber de procurar
el bienestar y la justicia para sus ciudadanos, y en cambio ha desplegado la guerra como un
mecanismo que impone una disposición subjetiva que busca eliminar “al otro”, como lo son los
sentimientos de odio y venganza. Es así como este autor entiende el rechazo de la violencia como
una práctica contra-hegemónica, pues no busca reemplazar el poder ejerciendo sino que procura
un mejoramiento de las condiciones de vida. Esto último se hace viable a través de prácticas que
procuren conservar la paz, como la construcción de relaciones económicas con un sentido de
equidad y responsabilidad ambiental o la participación política activa en defensa del territorio.
Para finalizar, es fundamental traer a acotación algunos conceptos complementarios que
explican el entramado teórico donde se desenvuelve la contra-conducta. El primero de ellos es el
de biopoder, entendido por Foucault (2002) como las distintas formas de dominación ejercidas
para el control de los cuerpos y la población. A la par, el filósofo francés hablará de la biopolítica,
refiriéndose al estudio “de la racionalización de la práctica gubernamental en el ejercicio de la
soberanía política” (Foucault, 2007, pág. 17), centrándose principalmente en las prácticas
agenciadas por los Estados modernos.
De igual forma, es importante señalar que en el texto Vigilar y castigar Michael Foucault
(2002) tratará los términos de sujeción y subjetivación; ambos relacionados con idea del sujeto. El
primero de ellos se refiere a la sumisión de un ser humano al poder de una autoridad superior que
fabrica cuerpos e individuos. El segundo hace alusión a la toma de conciencia crítica en torno a
esas relaciones de poder impuestas. Estos conceptos, junto con los anteriores, nos ayudarán en
36
nuestro análisis para entender en qué campo de acción se encuentran las prácticas de resistencia
que se estudiarán en la presente investigación.
Comunidades campesinas
Con el fin de abordar este concepto, entendiendo que la tesis se centra en un municipio
predominantemente rural, tomaremos como base los planteamientos de Orlando Fals Borda en su
investigación titulada El hombre y la tierra en Boyacá: bases sociológicas e históricas para una
reforma agraria, la cual se centra en el estudio de las relaciones territoriales en el departamento de
Boyacá en la segunda mitad del siglo XX. En este texto, Fals Borda (1957) describe cómo la
modernización en los procesos de producción de este departamento configura un escenario de
cambio al cual las comunidades campesinas se enfrentan dándole un giro a sus relaciones
culturales, sociales, económicas y políticas a partir de la reconfiguración de las relaciones agrarias.
Desde este enfoque, su investigación sugiere, partiendo de la idea de un cambio inevitable, que el
campesinado debe construir formas de adaptación donde sus valores no se vean suprimidos, esto
sin intentar detener las trasformaciones que se aproximan:
“Precisamente, ya que el cambio es inevitable, habría que estudiar las formas de
canalizarlo por vías constructivas, salvando en lo posible aquellas cualidades que adornan
a la sociedad campesina: el sentimiento de hospitalidad y simpatía, la constancia y la
valentía en el esfuerzo, la objetividad en los aspectos prácticos de la vida, el sentido de la
seguridad y del honor que se encuentran en las comunidades rurales, la solidaridad familiar,
la honestidad, la fe en el Todopoderoso. Tratar de detener este proceso de cambio, sea por
la violencia, por la acción política o por otros medios, sería no sólo contraproducente, sino
37
causa de traumas colectivos, de resistencia y de tensiones insoportables” (Fals Borda, 1957,
pág. 36)
Desde la investigación de Fals Borda, se puede entrever que las colectividades campesinas
en Colombia están estrechamente relacionadas con las formas de explotación de sus territorios y
las dinámicas mediante las cuáles se generan resistencias o adaptación a los cambios que un
sistema económico imprime. Se debe resaltar que su estudio, como él mismo lo explica valiéndose
de los preceptos de la Investigación Acción Participativa, se centra en las características ecológico-
humanas de la población, con el fin de observar cómo estas cualidades reclaman una reforma
agraria que se construya desde las comunidades.
Desde la perspectiva analítica, entendemos que las comunidades rurales deben ser
estudiadas a partir de las dinámicas de sus territorios, las cuales progresivamente configuran un
orden agrario que se ve alterado con la inclusión de sistemas de producción que entran en conflicto
con las dinámicas propias de la población. En dicha relación se inscriben ethos o prácticas que
condicionan el accionar de las comunidades, las cuales de diversas maneras resisten o se adaptan
a los cambios que se generan. Agregará Fals Borda (1957), que es desde la implantación de un
modelo económico basado en la desigualdad en la distribución de la tierra lo que genera la
“descomposición del campesinado”, es decir su transformación en otro tipo de clase social.
Con los planteamientos de Fals Borda, comprendemos que el concepto de campesinado es
dinámico y se ajusta a las relaciones de producción que se establecen en un determinado territorio.
Además, podemos entrever que se relaciona con la apropiación que estas poblaciones generan con
su tierra no solamente desde un punto subjetivo, sino también desde la configuración de la
estructura agraria y los derechos de propiedad legal que estas comunidades tienen y exigen sobre
su espacio.
38
Para adentrarnos a una definición más específica sobre lo que son las comunidades
campesinas, nos valdremos de la definición dada por Costa (2008) quien sostiene que entiende por
campesinas aquellas familias que teniendo acceso a la tierra resuelven sus problemas reproductivos
a partir de la producción rural, en la cual no se diferencia el resultado de los que deciden sobre la
locación del trabajo, de los que sobreviven como resultado de esa locación. De esta perspectiva
vale la pena resaltar la idea que el campesinado está determinado por el acceso a la tierra y las
diversas formas en la que esta se explota.
Por último, es importante destacar, dentro del concepto manejado por Fals Borda, la
cuestión del dinamismo con el que se enfrentan estas poblaciones por las relaciones económicas
que se presentan en sus territorios. Estas transformaciones en las formas de producción han
generado grandes cambios en las estructuras sociales y culturales de los campesinos, fomentando
prácticas que se enfocan en la pervivencia de muchas de sus tradiciones. Siguiendo a Carvalho (de
Carvalho, 2014)
“Este proceso de transformación del sujeto campesino en sujeto agricultor familiar
sugiere también un cambio ideológico. El campesino metamorfoseado en agricultor
familiar pierde su historia de resistencia, fruto de su perseverancia, y se convierte en sujeto
conformado con el proceso de transformación que pasa a ser un proceso natural del
capitalismo.”
Lo anterior es importante para nuestra investigación al momento de entender al
campesinado Cordobés, no solo a partir de su trayectoria histórica sino también a partir de la
forma en que el territorio, habitado por otros procesos y actores sociales, ha configurado la
situación de este grupo social en la actualidad. Aquí cabe resaltar el carácter central que adquiere
este concepto para nuestra investigación, ya que obliga a prestar atención a la forma en que las
39
organizaciones campesinas en Córdoba, además de otras formas de resistencia esbozadas en su
respectivo apartado, han ido construyendo y modificando las subjetividades, anhelos y estilos de
vida de estas personas.
De esta forma, es importante resaltar que se puede estar cometiendo imprecisiones a la hora
de entender el campesinado Cordobés como un grupo homogéneo, cuando en realidad lo que existe
es una diversidad de campesinos que presentan características diferentes según la parte del
territorio que habitan y el tipo de actividades que realizan. Podemos considerar en Córdoba al
menos una diferenciación entre los campesinos que habitan la sabana, aquellos que hacen lo propio
en la ciénaga y aquellos que lo hacen en la rivera, lo cual da un valor agregado a los movimientos
sociales que han construido a partir de intereses comunes (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017)
Violencia sociopolítica
Para la presente investigación la violencia de tipo sociopolítico, siguiendo la definición
dada por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), será entendida como:
“aquella ejercida como medio de lucha Político – Social, ya sea con el fin de
mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para
destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad
social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no
organizado” (CINEP, 2014, pág. 7)
40
Agrega el CINEP que este tipo de violencia puede ser producida por: a) agentes del Estado,
o particulares que actúan con su apoyo, que ya sea por acción u omisión perpetúe una violación a
los Derechos Humanos. b) grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden
social establecido. c) grupos o personas que combaten al Estado y la insurgencia y que impulsados
por motivos ideológicos o políticos usan la violencia contra quienes guardan posiciones distintas.
Además de la definición arrojada por el CINEP, consideramos pertinente agregar el
concepto de Gómez, quien entiende la violencia sociopolítica como “aquella que tiene la
intencionalidad de producir daño mediante la fuerza, para afectar las capacidades individuales y
colectivas en la construcción de alternativas democráticas” (Gómez, 2006, pág. 16) definición que
enfoca el uso de esta violencia sobre actores que por medio de la participación social no violenta
buscan construir dinámicas políticas más equitativas enfocadas en la justa repartición de la tierra.
Finalmente, para abarcar la Violencia sociopolítica enfocada en la dimensión territorial,
vale la pena destacar los elementos jurisprudenciales mencionados por la Corte Constitucional con
relación al carácter social desde el cual se debe examinar el conflicto armado del país, enmarcado
en disputas por el territorio:
“[...] debe ser entendido en sentido histórico y amplio. Lo anterior quiere decir que el
conflicto no es solamente bélico sino también de carácter social e involucra una serie de
intervenciones territoriales que guardan una relación de funcionalidad con el actuar de grupos
armados al margen de la ley, o como se ha expresado aquí, estructuras macro-criminales (de
guerrillas, paramilitares y algunos agentes del Estado) que cometen violaciones graves a los
derechos humanos con carácter masivo y sistemático” (CINEP, 2014, pág. 60)
41
Es aquí donde el concepto de violencia sociopolítica nos aporta un marco de análisis al
momento de explicar las reivindicaciones pedidas por los campesinos Cordobeses en los temas de
Tierras, derechos humanos y civiles. También este concepto nos ayuda a contextualizar las luchas
por la posesión de la tierra, particularmente con relación a la ocupación de terrenos baldíos cuyos
formalismos legales han sido fuente de múltiples disputas (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017)
Movimiento social
En relación con este concepto tomaremos lo planteado por el profesor y politólogo de la
Universidad Nacional Leopoldo Múnera Ruiz (1988) quien en su libro Rupturas y Continuidades,
Poder y movimiento popular en Colombia (1968-1988) permite comprender algunos elementos de
la teoría de los movimientos sociales de manera crítica, dado que otorga un marco conceptual
mediante categorías analíticas vistas como herramientas para entender un fenómeno social
concreto, tal y como lo hace la sociología de la acción.
Según Múnera los movimientos sociales son sistemas organizados y complejos,
conformados por individuos que le estableces significados colectivos a sus actos de acuerdo con
sus prácticas sociales y sus representaciones. (Múnera, 1988) Para Múnera, en relación a los
movimientos sociales, vale la pena abordar sus conductas colectivas, las diversas formas de
movilización de recursos, además de sus clases, actores e interrelaciones en búsqueda de la
democracia pluralista y participativa.
Por otro lado, Múnera (Ibíd.) agrega que los movimientos sociales no implican un
encuentro constante de actores colectivos e individuales, lo que abre la posibilidad a que al
consolidar un objetivo de lucha común en una coyuntura específica, estos actores se aglomeren en
42
torno a la idea de cambio agenciada por el tiempo que sea necesario llevando a cabo acciones
colectivas, aunque esto no significa que luego de alcanzar los objetivos estos se mantengan unidos.
En relación a estas acciones colectivas, vale la pena destacar que las ubica en dos dimensiones: la
instrumental y la de cálculo de costos y beneficios
Otro autor que servirá de base para la conceptualización de los movimientos sociales es el
sociólogo francés Alain Touraine, quien sostiene que estas agrupaciones se generan a raíz de los
conflictos producidos por la dominación y subordinación, y desde la combinación de un principio
de identidad, un principio de oposición y un principio de totalidad. En palabras de Touraine “un
movimiento social es el comportamiento colectivo organizado de un actor de clase luchando contra
su adversario de clase por el control social de la historicidad en una comunidad dada” La
historicidad es definida como el “sistema general de significado que fija las reglas dominantes en
una sociedad dada” (Touraine, 1981, pág. 77)
En una línea parecida a la de Touraine, Diani (1992) analiza los movimientos sociales desde
tres aspectos fundamentales. El primero de ellos son las redes de interacción informal, entendidas
como los medios de circulación de recursos esenciales para la acción, así como de sistemas de
significado más amplios. El segundo aspecto son las creencias compartidas y la solidaridad, siendo
estas el factor que cohesiona a este tipo de grupo desde el sentimiento de pertenencia. El tercer
aspecto es la acción colectiva frente a temas conflictivos, estableciendo que el conflicto es un tema
central para la definición de los movimientos sociales.
Territorialización
Como vimos hasta acá, la cuestión territorial es la base sobre la cual se edifica la
conceptualización del campesinado, además de ser el eje central de las disputas mediadas por la
43
violencia sociopolítica. Por esta razón, es fundamental realizar un bosquejo sobre lo que se
entenderá por territorialidad, teniendo en cuenta que es un concepto que permitirá comprender las
prácticas de resistencia agenciadas por las comunidades rurales de Tierralta.
Partamos de la idea que el territorio no puede ser asemejado con la tierra, pues este debe
ser entendido más allá de su condición física, acentuada por el grado de instrumentalización
fomentado por el sistema capitalista, para comprender las relaciones dinámicas que en estos
espacios se generan. Para Arturo Escobar (2014) es desde los movimientos sociales
latinoamericanos que se inicia a reconfigurar la visión que se tiene sobre el territorio, pues son los
campesinos, indígenas y afrodescendientes quiénes muestran que estos espacios contienen unas
cargas simbólicas que generan la defensa de los lugares. Dentro de esta visión sostiene que:
“el territorio es por tanto material y simbólico al tiempo, biofísico y epistémico, pero más
que todo es un proceso de apropiación sociocultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada
grupo social efectúa desde su “cosmovisión” u “ontología”. (Escobar, 2014, pág. 90)
De esta forma, partimos de la idea que el territorio es un entramado complejo donde se
desencadenan las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales de un determinado grupo
social. Desde este planteamiento, se entiende que la territorialización, siguiendo a Porto (2002), es
el proceso de apropiación que generan las comunidades hacia un espacio geográfico, promoviendo
la creación de las condiciones necesarias para la consolidación de una identidad colectiva que
cohesiona a la población materializando un orden determinado, una configuración territorial y una
topología social.
De manera parecida a la de Arturo Escobar, Leff (2015) en su texto Political ecology. A
Latin American perspective sostiene que son los movimientos sociales en Latinoamérica quienes
44
reinventan la idea sobre el territorio mediante la resistencia basada en la defensa de los procesos
de apropiación entendidos como territorialización; resistencia que pretende ser una r-existencia,
ya que sobreviviendo al despojo y a la violencia impuesta en sus territorios, las comunidades crean
alternativas a las presiones generadas desde un sistema económico que los subyuga.
Para finalizar este apartado, vale la pena mencionar qué es la desterritorialización,
entendiendo que las poblaciones que serán el foco de análisis han visto cómo por medio de la
violencia sociopolítica, utilizada por intereses económicos y políticos, sus territorios han sido
usurpados, no solo perdiendo sus relaciones de producción, sino también sus lazos de apropiación
con el espacio y su entramado histórico y social.
En este sentido, la desterritorialización es comprendida como: “la ocupación de un
espacio físico, con amenaza, con asesinatos, con detenciones-desapariciones, con
bombardeos, con rituales de crímenes, va más allá de un desalojo por la fuerza. Es la
destrucción integral de espacios colectivos en relación con sentidos de la vida cotidiana, de la
existencia, de la memoria. (…) La desterritorialización significa la negación de toda una
historia, negación de los múltiples rostros y voces de los seres que han construido con diversos
sentidos su relación en un espacio físico. La desterritorialización significa la imposición de
nuevas formas de vida y de sentido, en un espacio físico. La desterritorialización es la
pretensión mediante la violencia, la seducción de transformar los sentidos” (Mundubat, 2009,
pág. 17)
Control territorial
Cuando hablamos de control territorial nos referimos a las dinámicas de dominación que
se imponen en un territorio por parte de actores armados que disputan con el Estado el control de
45
un espacio determinado. Para Jean -François Gayraud (2007) el control territorial es uno de los
principales criterios para establecer si una estructura tiene o no un carácter mafioso, siendo estos
lugares el origen geográfico y concreto desde donde se repliegan estos grupos armados ilegales,
quienes buscan consolidarse como un Estado paralelo en una misma región. Al respecto, Gayraud
sostiene que en algunas ocasiones el poder legal se convierte en un formalismo, mientras el ilegal
en algo real o fáctico por la capacidad de influencia que estos grupos tienen sobre un determinado
territorio:
“La soberanía ejercida por el Estado sobre el territorio de [estas agrupaciones] es,
en ocasiones, una ficción, una realidad virtual, un autoengaño. La fuerza de [estas
agrupaciones] se basa entonces en la debilidad del Estado, en su incapacidad para
imponerse como único centro de poder territorial” (Gayraud, 2007, pág. 282)
Una definición parecida la encontramos en el Observatorio de Seguridad Humana de
Medellín (2012) que conceptualiza el control territorial desde la debilidad del Estado para lograr
copar todos los territorios de la Nación, entendiendo que es el control del espacio físico en donde
el grupo armado ilegal ejerce su poder de manera permanente para generar dinámicas de
territorialización o de apropiación del territorio y la conservación del grupo ilegal.
Para el Observatorio, el control ejercido genera actuaciones que buscan proteger y
perpetuar la dominación que se ha establecido, de las cuales destaca: “a) el establecimiento de
fronteras territoriales ilegales. b) la vigilancia para el control del ingreso y salida de personas. c)
los enfrentamientos armados en medio de la población civil por el control territorial. d) la
adquisición y uso de armas de fuego de corto y de largo alcance, incluyendo algunas de uso
privativo de la Fuerza Pública. e) el reclutamiento y vinculación de jóvenes, niños, niñas y
adolescentes. f) el constreñimiento a los habitantes para la colaboración en actividades del grupo
46
armado. g) el traslado, rotación y renovación de integrantes de los grupos armados ilegales. h) la
connivencia y cooptación de integrantes de la Fuerza Pública. i) el uso sistemático del
desplazamiento forzado masivo y colectivo como estrategia para la expansión y conservación del
poder sobre el territorio.” (Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, 2012, pág. 53)
1.6.2 Mapa de Conceptos
PRÁCTICAS DE
RESISTENCIA
VIOLENCIA
SOCIOPOLÍTICA
CONTROL
TERRITORIAL
COMUNIDADES
CAMPESINAS TERRITORIALIZACIÓN
MOVIMIENTO
SOCIAL
47
1.7 METODOLOGÍA
Si bien no existe un camino real y reglamentario para todo conocimiento siempre se
necesita de gran capacidad de decisión para orientar una búsqueda, determinando fundamentos y
procedimientos por más ortodoxo que suene. En este sentido, parece necesario determinar la forma
en que se piensa descubrir y analizar los presupuestos lógicos en que se basa la investigación a
llevar a cabo.
Se parte de reconocer que es el objeto de investigación el que determina las condiciones de
partida mínimas para la escogencia de la metodología con base en unos presupuestos teóricos que
lo justifican. Es decir que la clave del método se encuentra en las verdades demostradas o
justificadas, de manera que la metodología escogida no se ha eximido de tener en cuenta el
contexto de la validación.
Tal investigación será fiel al ejercicio observador (no elaborado ni ideológico) como de
todo conocimiento que pueda ser adquirido a través de una hipótesis susceptible de ser
controvertida mediante o a través de la experiencia. Dicho esto, queda claro que la metodología de
esta investigación es bastante holística dado que comprende un enfoque a manera de considerar y
tratar los hechos, junto con técnicas utilizadas para abordar las fuentes. En lo que tiene que ver con
el enfoque mencionado vale la pena precisar que este trabajo tiene un enfoque que privilegia la
historia social.
Desde esta perspectiva, esta metodología busca centrarse en el análisis de los desequilibrios
económicos, las desigualdades sociales, los procesos comunitarios y el conflicto armado,
proponiendo una visión interdisciplinar a la problemática señalada. En este sentido, se busca desde
la historia política y social del país lograr un análisis que implique el uso de teorías nacidas desde
la economía, la geografía y la sociología.
48
1.7.1 Bases conceptuales para el análisis
Partiendo de la idea de establecer un diálogo desde una perspectiva histórica, basada en
categorías sociales, económicas, políticas y territoriales, con el fin de conocer la forma en que las
comunidades campesinas de Tierralta desarrollaron prácticas de resistencia ante el control
territorial impuesto por la violencia sociopolítica entre 1995 y 2005, hemos decidido basarnos en
el enfoque cualitativo; entendiendo que éste busca generar descripciones detalladas en relación a
las personas y su interacción con los otros y la naturaleza, permitiendo un nivel de profundidad de
análisis que no se limita solamente a medir los hechos sociales, sino más bien plantea la
comprensión de los mismos y los significados que las personas dan a esa experiencia (Pérez, 1994)
Adicionalmente, debemos tener en cuenta que los resultados arrojados por la investigación
cualitativa no pueden ser entendidos como certeza o verdades absolutas, como tampoco los
métodos utilizados para abarcar determinada realidad social. Al respecto Morin, Ciurana y Motta
sostienen que “el método es un discurso, un ensayo prolongado de un camino que se piensa, es un
viaje, un desafío, una travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a un final pensado e
imaginado y al mismo tiempo insólito, imprevisto y errante… es una búsqueda que se inventa y se
reconstruye continuamente.” (Morin, Ciruana, & Motta, 2002, pág. 17)
Cabe agregar que los individuos en relación a su colectividad son el aspecto central de este
tipo de investigaciones, ya que busca rescatar la perspectiva del sujeto dentro de la exploración,
entendiéndolo como protagonista del fenómeno y devolviéndole el poder en la relación
“investigador – investigado”. (Saavedra & Ana, 2007) Otra característica que es importante
resaltar en relación a este enfoque, es que rescata el mundo interno del sujeto, reconociéndolo
49
como fuente de conocimiento, lo que permite integrar a los ejercicios investigativos elementos
como las emociones, sentimientos, conductas inconscientes, entre otros. (Maturana, 1997)
1.7.2 Herramientas metodológicas
Para el desarrollo metodológico de la investigación se harán uso de las siguientes
herramientas, las cuales permitirán alcanzar los objetivos propuestos. Vale la pena mencionar que
como enfoque nos basamos en la teorización que hace Gadamer (1993) acerca del círculo
hermenéutico, enfatizando en la relación entre el todo y la parte y la fusión de horizontes.
Es importante tener en cuenta que la hermenéutica en un inicio fue desarrollada
teóricamente para el estudio de textos jurídicos y religiosos, donde se discutía la forma de encontrar
la autenticidad de estos, para luego, en la segunda mitad del siglo XX, especializarse en establecer
principios para el análisis adecuado del sentido y el propósito del texto, teniendo en cuenta las
relaciones intertextuales y contextuales de cada obra (Bauman, 2002)
Siguiendo a Gadamer (1993) la hermenéutica parte de la idea que la única vía para entender
un enunciado es encontrando la pregunta para la que este es una respuesta, pregunta que debe ser
reconstruida a partir del texto estudiado. Cuando esto se lleve a cabo, se debe realizar la fusión de
horizontes, que supone un diálogo entre la revisión de las fuentes primarias y las secundarias desde
el relato histórico de quienes han sistematizado lo ocurrido y quienes lo han vivido, con el fin de
interpretar el sentido contextual de lo investigado. Desde esta teoría, se supone que la hermenéutica
tiene la estructura de pregunta y respuesta, estableciéndose en el modelo de la conversación donde
se resalta la importancia de la “linguisticidad” ya que “el lenguaje es el medio universal de la
comprensión”.
50
Por otro lado, la hermenéutica se asocia con la interpretación, la cual tiene un carácter
circular; es decir que la significación de un todo que se comprende a través de sus partes logra dar
cuenta de su función, así como las partes en relación con el todo. En suma, la hermenéutica señala
que para captar el sentido de un texto se debe establecer un diálogo, que implica la formulación de
preguntas y el planteamiento de posibles respuestas. De esta forma la solución a los
cuestionamientos generan nuevas preguntas que deben ser abarcadas en un ejercicio constante e
inacabado de indagación del fenómeno social.
En el libro Verdad y Método, Gadamer (1993) establece, desde las reflexiones hechas por
otros filósofos como Heidegger, que el círculo hermenéutico es una manera de interpretar que
permite relacionar el todo y la parte atendiendo a las particularidades históricas del texto o
fenómeno social que sea estudiado. La relación cíclica que se establece permite encontrar los
diferentes horizontes que se manifiestan, como pueden ser los prejuicios con los que escribió el
autor el texto y con los que arriba el lector, para luego fusionarlos buscando alcanzar su
interpretación.
En este sentido, se busca construir un círculo hermenéutico que parta del análisis de los
textos, pase por el análisis crítico intertextual y finalice con los contextos históricos en los cuales
se enfoca este ejercicio investigativo, con el objetivo de realizar la fusión de horizontes que permita
identificar las particularidades del fenómeno a estudiar.
Se iniciará con la revisión de fuentes secundarias para indagar por los factores económicos,
sociales y políticos que incidieron en la distribución de la propiedad rural, así como por la inserción
de la violencia sociopolítica que derivó en un control territorial por parte de los actores armados,
en Tierralta entre 1991 y 2005. Luego, se realizará al análisis intertextual, que será abarcado como
una crítica a las fuentes, entendido como “el procedimiento empleado para juzgar las fuentes
51
históricas. Su finalidad consiste en evaluar la validez, veracidad y relevancia de la fuente por medio
de una juiciosa lectura crítica; implica hacerse preguntas sobre la fuente tales como: quién la
produjo y en qué lugar y tiempo, qué material preexistente se utilizó para producirla y qué grado
de credibilidad ofrece; también incluye procedimientos como cotejar fuentes con el fin de evaluar
la confiabilidad de la información y, en el caso de los testimonios, establecer si existen indicios
sobre intenciones de distorsionar la verdad o si se presentan contradicciones”. (Arostegui, 1995,
pág. 174)
Para desarrollar el análisis textual e intertextual la presente investigación se apoyará en el
siguiente tipo de fuentes secundarias: 1) información producida por las instituciones del Estado,
donde están las estadísticas la Agencia Nacional de Tierras, las estadísticas del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los Planes de Desarrollo municipales y
departamentales, así como documentos escritos por el Centro Nacional de Memoria Histórica y
universidades públicas del país; 2) material audiovisual de medios como La República, El Tiempo,
El Espectador, Semana, Verdad Abierta, Pacifista, entre otros; 3) documentos de organizaciones
sociales, prensa alternativa y centros de investigación independiente como la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos, Prensa Rural, la Fundación Social Departamental CORDOBERXIA, la
Corporación Arcoíris, el Centro de Investigación y Educación Popular y la Asociación de
Campesino del Sur de Córdoba.
Con el análisis de las fuentes secundarias y su posterior interpretación crítica se reconstruirá
el contexto histórico en el cual se enmarca la investigación. Con este insumo se iniciará con la
caracterización de las prácticas de resistencia desde los postulados teóricos sustentados
anteriormente. Para ello se aplicará un formato de entrevista estructurada que permitirá describir
las formas en que los campesinos de la región resistieron al control territorial agenciado por los
52
diferentes grupos armados, enfocándose en un ejercicio de memoria colectiva, esta entendida como
“una lucha de significados, abiertamente política, con la que se hace posible –o imposible—
reconocimientos sociales, reparaciones simbólicas y dignificación” (Ortega, 2011, pág. 21)
Esta entrevista estructurada (Ver Anexo 1) se aplicó a cuatro líderes comunitarios con
conocimientos sobre los procesos de resistencia agenciados en Tierralta, Córdoba. La manera en
que se logró el contacto con las personas entrevistadas fue estrechado lazos con el tejido social del
territorio y mediante el uso de redes sociales como Whatsapp y Facebook. Esta herramienta está
construida desde tres tipos de preguntas: el primer grupo indaga por los sucesos, hitos y
acontecimientos que son preponderantes para la historia de esta población, enfocándose en el
contexto del conflicto armado vivido en el decenio que se busca analizar; otro grupo pregunta por
las condiciones políticas, económicas y sociales de cada persona y su familia antes, durante y
después de ser afectados por las dinámicas del conflicto armado; el tercer grupo de preguntas
indaga por la forma en que la violencia sociopolítica transformó el territorio y sus poblaciones; el
último grupo pregunta por las prácticas de resistencia que las comunidades campesinas realizaron
como respuesta al control territorial impuesto por diferentes actores armados que durante años
operaron en la región.
Con la aplicación de la entrevista se sistematizará la información recolectada partiendo de
cuatro categorías de análisis. La primera es la caracterización histórica de la violencia
sociopolítica, en la cual se relacionará información acerca de la manera en que se desarrolló el
conflicto armado entre 1991 – 2005. Sin embargo, para centrarnos en estas fechas también se harán
uso de testimonios que relacionen fechas anteriores y posteriores, esto con el fin de lograr una
comprensión más amplia del fenómeno. Mediante esta categoría se busca identificar las dinámicas
53
del conflicto armado en esta zona del país, con el fin de situar histórica y geográficamente la
investigación que se desarrolla.
La segunda categoría se denomina consecuencias del conflicto, donde se trabajará con la
información relacionada a las afectaciones sociales, culturales, económicas y políticas de las
comunidades campesinas de Tierralta, Córdoba. Estos datos servirán para identificar cuáles fueron
los principales daños de los grupos armados con el fin de comprender desde qué dinámicas de
violencia se edificaba la resistencia en estos territorios.
La tercera es el control territorial, con la cual se busca indagar por la forma en que los
actores armados ejercían su dominio en el municipio, enfatizando en prácticas de violencia que
recayeron sobre la población y sus tierras. Esta categoría permitirá encontrar los hechos recurrentes
que estos grupos realizaban con el fin de mantener su poder en esta zona del país; aspectos contra
los cuales las comunidades campesinas manifestaban su rechazo desde la resistencia comunitaria.
La última categoría la denominamos prácticas de resistencia. Aquí nos centraremos en la
información que da cuenta de la forma en que el campesinado en Tierralta resistió al conflicto
armado entre 1991-2005. Esta categoría resulta esencial para esta investigación porque abarca de
manera directa los objetivos que se plantearon, sirviéndose de las otras fases que esta metodología
propone.
54
2. DIÁLOGO HISTÓRICO, MOMENTOS DE ANÁLISIS DE LAS
PRÁCTICAS DE RESISTENCIA
El análisis histórico que se presenta en este apartado es el contexto del conflicto armado
bajo el cual se desarrollan las prácticas de resistencia provenientes de las comunidades campesinas
de Tierralta. Este ejercicio es uno de los aportes para la fusión de horizontes propuesto en la
metodología, constituyendo la reconstrucción desde los textos del fenómeno a investigar, lo cual
nos permitirá, junto con el estudio del contexto aportado por los entrevistados, responder la
pregunta que guía este trabajo, así como encontrar otras que permitan ahondar en el fenómeno.
Esta aproximación histórica atiende al diálogo propuesto por la hermenéutica social, el cual busca
interconectar lo analizado en los textos, el análisis intertextual de las fuentes secundarias y las
descripciones aportadas por quienes reconstruyen el fenómeno desde su subjetividad, es decir los
contextos.
De igual forma, desde la idea de construir el círculo hermenéutico que permita relacionar
el todo y la parte de lo interpretado se elabora esta descripción histórica del conflicto, que junto
con la caracterización geográfica y poblacional del sur de Córdoba1, reconstruye el fenómeno
estudiado desde el todo, permitiéndonos aterrizar en la parte con la descripción realizada por
quienes tienen conocimiento de primera mano de las dinámicas que en relación al conflicto se
desarrollaban en Tierralta y cómo los campesinos de este municipio resistieron a ellas.
Para la descripción histórica que se propone realizar se han establecido ciertos rangos de
tiempo que situarán temporalmente la investigación. En este sentido, se construyó una línea de
1 Ver subcapítulo 1.4
55
tiempo que situará el diálogo entre hechos, actores armados, consecuencias y prácticas de
resistencia, categorías seleccionadas como ejes de interpretación desde las fuentes primarias y
secundarias.
Espacialmente nos ubicaremos en Tierralta en el departamento de Córdoba, enfatizando en
los hechos políticos, económicos y de violencia que influyeron en las relaciones sociales y
culturales de las comunidades campesinas de este municipio, así como las prácticas de resistencia
ejercidas por estas poblaciones. Cronológicamente iniciaremos en 1991, época en que el control
territorial era ejercido por las guerrillas y que paulatinamente fue disputado militar y políticamente
por el paramilitarismo. Finalizaremos en 2005, año en que las Autodefensas Campesinas de
Colombia (AUC) se desmovilizan tras unos diálogos establecidos en Santafé de Ralito, municipio
de Tierralta.
gft
2001 – 2005: LOS PACTOS
Y LOS ACUERDOS
1991 – 1996: DEL EPL A LAS
FARC Y LA APARICIÓN DE
LAS ACCU
1997 - 2001: LA
UNIDAD
PARAMILITAR
56
2.1 1991 – 1996: DEL EPL A LAS FARC Y LA APARICIÓN DE LAS
ACCU
Uno de los entrevistados menciona que de su niñez a finales de los años 80´s recuerda “que
en esa época controlaba la guerrilla del EPL y el conflicto armado era muy fuerte,
permanentemente se escuchaban combates y bombardeos de la fuerza pública y el EPL.”, lo que
nos demuestra que la presencia de esta guerrilla influía drásticamente en las dinámicas territoriales
en Tierralta.
En marzo de 1991 el Ejército Popular de Liberación (EPL) firmó el pacto definitivo para
iniciar con el proceso de desmovilización acordado con el Gobierno del entonces presidente César
Gaviria. La concentración de los excombatientes se llevó a cabo en regiones donde históricamente
operó esta guerrilla, entre las que se destaca Córdoba. Este proceso de paz es el producto de la
coyuntura nacional donde se crea la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que en 1984 el
EPL había propuesto en las negociaciones con Belisario Betancurt y que le dio cabida a dos
representantes de la extinta guerrilla: Jaime Fajardo y Darío Mejía. (Centro Nacional de Memoria
Historica, 2016)
El investigador Álvaro Villarraga del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
reconoce que una de las debilidades de este acuerdo fue que no se concretó la paz de una manera
completa ya que el “Estado no se hizo presente de manera garantista y los espacios de violencia y
conflicto armado ocuparon unos territorios que debieron ser para la paz” (Villarraga, 2016) Sobre
este aspecto, es importante tener en cuenta que el lugar base para el EPL fue el Alto Sinú y el Alto
San Jorge, respondiendo a la idea de ser una guerrilla con un fuerte componente intelectual pero
también campesino (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Además, el fortalecimiento de
la presencia del EPL en el sur de Córdoba se debe al reagrupamiento de las guerrillas socialistas
57
de mediados del siglo XX que resistieron al control territorial históricamente impuesto por los
terratenientes en esta zona del país. (Negrete Barrera V. M., 2007)
Con la desmovilización del Ejército Popular y la baja presencia estatal en la región las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deciden ocupar más activamente las
zonas que en el sur del departamento de Córdoba eran controladas por el EPL, haciendo presencia
con el bloque Noroccidental y cuatro frentes: el 5, el 18, el 36 y el 58. Adicionalmente, tenía
presencia con la columna móvil Mario Vélez (Misión de Observación Electoral, 2011) La
incursión de las FARC en estos territorios es principalmente motivada por la posición geográfica
que posibilita la conexión con el Caribe colombiano y el interior del país, además de la creciente
producción de hoja de coca que fue una fuente de dinero importante tanto para las guerrillas como
para los grupos paramilitares que años siguientes lograrían manejar la región.
Progresivamente para 1995 las FARC tomaron el control territorial del sur de Córdoba
debido al proceso de desmovilización al que se acogió el EPL. En dicho cambio, que podemos
decir va desde 1991 hasta 1994, los índices de homicidios, secuestros y acciones armadas se
redujeron en casi un 50%2. Sin embargo para 1995 las cifras del conflicto se acrecientan debido al
fuerte posicionamiento de las FARC, que si bien habían estado en la región desde los años ochenta
es hasta los noventa que hace una inmersión más profunda, y la aparición en el territorio de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) quienes recogiendo las banderas de los
terratenientes y políticos que a mediados del siglo XX buscaron posicionarse en la región, disputan
el sur de Córdoba con la insurgencia, motivados principalmente por el control del Nudo de
Paramillo. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009)
2 Los homicidios pasaron de ser 590 en 1991 a 299 en 1994, los secuestros de 34 a 18 y las acciones armadas de 34 a 18 en los mismo periodos.
58
Sobre dicho conflicto un entrevistado menciona que “después que se desmoviliza la
guerrilla del EPL se viene la ola de masacres y asesinatos en toda la zona del sur de Córdoba se
metían los paramilitares y de esa manera nos asesinaron tantos familiares y amigos que hoy por
hoy se me perdió la cuenta, lo que puedo decir es que hasta el 1995 se vivió unos años muy duro.”
Al igual que las FARC el grupo conocido como las ACCU también estuvieron en la zona
durante los años ochenta. Para el caso del grupo paramilitar sus raíces se remiten a la organización
conformado por Fidel Castaño que para esa época ya se encontraba en el sur de Córdoba con la
compra de la finca las Tangas en Valencia (Romero, 2003) Por su conocimiento militar, el
liderazgo que ejercía no solo entre los terratenientes sino también con las fuerzas militares y las
experiencias adquiridas con la creación del modelo paramilitar en el Magdalena, los ganaderos de
la región fortalecieron sus ideas de conformar grupos de autodefensa para combatir a las guerrillas
que extorsionaban, secuestraban y asesinaban a este sector dentro de un conflicto por el control
territorial.
Es por la presión de las guerrillas hacia estos grupos económicos que bajo el mando de
Fidel Castaño deciden organizar de manera amplia grupos de autodefensas con una importante
inversión económica que coincidía con los esfuerzos de construir una red armada urbana y rural
que pudiera controlar a la guerrilla y proteger las haciendas de los grandes propietarios. Poco a
poco Fidel Castaño se fue posicionando como uno de ellos mediante la compra de terrenos a
campesinos desplazados o a anteriores propietarios que por altas sumas de dinero y por la violencia
que se imponía en la región preferían vender sus propiedades a los Castaño. (VerdadAbierta.com,
2008) Carlos Marín en su artículo Tierralta, el pueblo donde cada calle tiene un muerto menciona
esto apropósito de la forma de propiedad de los paramilitares:
59
“Dos kilómetros más allá de la ciénaga de Betancí, un letrero dice Santa Fe Ralito. Desde
allí, el verde profundo de la vegetación llena la vista por doquier. El ganado brahman y los
búfalos pastan tras cercas electrificadas, “Prohibido el paso”, dice un cartel. Cientos de predios
cercanos y lejanos fueron de Fidel y Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, o de testaferros
suyos, o de gente de bien que tuvo que entregárselos a bajo costo o a bala limpia, “porque me
lo vende usted o se lo compro a la viuda, ¿qué dice?””. (Marín, 2013)
A lo anterior se agrega la adquisición de tierra por parte de los narcotraficantes, quienes
desplazaron en su posición a los antiguos empresarios y terratenientes convirtiéndose en los
mayores propietarios del sur de Córdoba. Como lo expresa Alejandro Reyes “La compra de tierras
por los narcotraficantes cambia el curso de la guerra, porque los nuevos terratenientes pasan a la
organización paramilitar (…) Empieza entonces la defensa territorial de los narcos.” (Human Rights
Watch, 1998)
Con el control territorial y una economía fuerte a base del narcotráfico, Fidel Castaño junto
con su hermano Carlos, deciden fundar los Tangueros, el grupo que se puede considerar como el
antecesor de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que si bien no contaba con tanta
fuerza como la tendría las ACCU, sus mecanismos de control territorial serían el inicio de una
larga guerra donde el terror se convertiría en el arma esencial. Para el caso de Tierralta se pueden
mencionar como casos de violaciones a los Derechos Humanos contra la población civil el
asesinato del sacerdote Jesuita y vicario de la Parroquia de San José del municipio, padre Sergio
Restrepo Jaramillo, el 12 de junio de 1989, o los hechos del 25 de octubre de 1990 cuando
asesinaron a 12 personas en el barrio Escolar.
En este escenario donde dos fuerzas cada vez más poderosas se encuentran buscando
establecer proyectos políticos, sociales y económicos completamente divergentes la confrontación
60
armada directa logró posicionarse, dejando en el medio a las comunidades campesinas que por los
señalamientos provenientes de ambos bandos, la constantes ataques a sus territorios, la amenaza
para la venta de tierras y las múltiples violaciones a sus Derechos Humanos, se convierten en los
principales afectados por estas dinámicas de violencia agenciadas por los grupos armados para
obtener el control territorial.
De esta forma el periodo que comprende entre 1991 y 1996 se caracteriza por ser un
momento de disputa activa por el territorio entre la guerrilla y los paramilitares, ambos en un
periodo de expansión en el norte de país, lo que intensificó las afectaciones contra la población
civil que venía de un proceso de transición política y social con la desmovilización del EPL. Para
1995 se reportaron 115.000 desplazados en Córdoba, lo que para este año significaba el 10% de la
población total del departamento, personas que se vieron forzadas a poblar las regiones del Bajo
Cauca Antioqueño, el Urabá, Sucre y Bolívar, incrementando “la pobreza, la disminución de la
producción agropecuaria y el notable crecimiento de la economía informal.” (Sánchez, 1995)
A las cifras de desplazamiento se agregan la de los secuestros, que en 1995, en la zona
conocida como Alto Sinú y San Jorge donde queda ubicado el municipio de Tierralta, llegaron a
ser veinte, la cifra más alta desde 1989 (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y DIH, 2009) Así mismo se impuso la violencia sociopolítica contra los líderes y
gobernantes que no se afiliaban principalmente con los intereses de los comandantes de las ACCU,
estableciendo un control político en los puestos de poder. Como lo recuerda uno de los
entrevistados “Al alcalde Edinson Salcedo (QEPD) lo mataron el 20 de mayo de 1996, por no
obedecer sus imposiciones. De ahí para adelante, todos fueron puestos y maniqueados por
Mancuso y Castaño.”
61
El poder de las ACCU se fue afianzando en el territorio gracias a la financiación de los
narcotraficantes, la posesión de bastas cantidades de tierra, los desplazamientos masivos, el miedo
infundado a la población y el control de las dinámicas sociales. A estos factores se agrega el
repliegue de las FARC hacia otras partes de la región. Siguiendo los argumentos de uno de los
líderes entrevistados, las autodefensas se apoderaron “del territorio porque en ese año (1996) las
FARC EP se retiraron de la zona y se fueron más a las montañas”. Bajo este panorama se logra la
consolidación del paramilitarismo en el sur de Córdoba, permitiendo la creación de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
2.2 1997 - 2001: LA UNIDAD PARAMILITAR
El fenómeno paramilitar debe analizarse desde una perspectiva histórica pues su
consolidación nos remite a distintos momentos de la historia nacional y mundial. Dentro de esta
perspectiva podemos identificar grupos como los Chulavitas o los Pájaros que hasta los 60´s
operaron armadamente declarándose enemigos de toda clase de pensamiento liberal, las iniciativas
de la US Army Scholl of the Américas (USARSA) de formar 100.000 militares latinoamericanos
entre los cuales se encontraban 4.629 colombianos entre 1950-1970 (Velásquez, 2007), la
Operación Cóndor agenciada por los Estados Unidos desde los 70´s en el marco de la guerra fría
con el fin de confrontar las ideas comunistas en América Latina, el fenómeno del narcotráfico que
en los 80´s influyó en distintos niveles en las dinámicas políticas y económicas de todo el país, o
el fortalecimiento de sectores empresariales que para la defensa de sus intereses económicos se
valió de las armas para usarlas contra la insurgencia.
Sin embargo, si podemos situar un momento histórico en el cual se consolida el
paramilitarismo en Colombia debemos hablar del año 1997, pues con la fuerza tomada por estos
grupos armados a finales de la década de los 90´s en diferentes partes del país, pero sobre en la
62
parte norte haciendo presencia en Bolívar, Sucre, Chocó, Córdoba, Magdalena, Atlántico y
Antioquia, de la mano de los Castaño y Salvatore Mancuso se inició la conformación de una
estructura paramilitar que operaría a nivel nacional desde un mando central: las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC).
Las AUC son reconocidas como uno de los grupos armados ilegales partícipes del conflicto
armado en Colombia que más víctimas ha dejado al país, debido a su accionar en varias partes del
territorio nacional y por enfocar la violencia no solamente contra las guerrillas como las FARC, el
ELN y los reductos del EPL, sino también contra las bases sociales y políticas de los movimientos
de izquierda colombianos como el Partido Comunista y la Unión Patriótica, o las organizaciones
campesinas, étnicas, sindicales y rurales colombianas. Uno de los entrevistados recuerda: “las
dificultades de mi madre en Tierralta por el hecho de ser sindicalista; asesinaban a sus compañeros y a
mediados de los 90 prácticamente el movimiento sindical y obrero en ese municipio pereció” Así mismo
como objetivo militar fueron declaradas las poblaciones donde hacía presencia la insurgencia:
“Bajo la premisa de que los pobladores de zonas con alta presencia subversiva son
en alto grado colaboradores de la guerrilla, la estrategia paramilitar se basó en realizar
matanzas y en obligar a grandes desplazamientos de población ahondando en la
degradación del conflicto. Se incrementó al enfrentarse al Estado y al sentenciar a pena de
muerte a las personalidades que luchaban contra el narcotráfico. (García, 2004, pág. 65)
Por otra parte, se debe tener en cuenta el apoyo de las Fuerzas Armadas que históricamente
había estado presente en las estructuras paramilitares, entendiendo que esta alianza, a la que se
unen los narcotraficantes, está relacionada con la doctrina de seguridad nacional que sostiene que
la guerra contra la insurgencia se genera mediante la persecución de sus bases campesinas y de sus
seguidores urbanos, mecanismos que convienen al Estado y a los militares, pues son los ‘paras’,
63
los narcotraficantes y los terratenientes quienes corren con la responsabilidad del trabajo sucio.
(Richani, 2003)
Sin embargo, a pesar que la colaboración mutua entre estas estructuras legales e ilegales ha
estado siempre presentes, desde 1997 se hace más evidente esta cercanía, con hechos a nivel
nacional como lo ocurrido en ese año en Mapiripán, Meta, lugar a donde se transportaron
aproximadamente 180 paramilitares en aviones de la fuerza pública, y así mismo se permite la
entrada de otros combatientes por diferentes lugares del país sin la intervención de los militares.
Por este hecho fueron condenados el general Jaime Humberto Uscátegui y el mayor Hernán Orozco
por omisión. Así mismo fue condenado el general Rito Alejo del Río por las operaciones
Septiembre Negro, cuando bloques de las AUC ubicados en el Urabá antioqueño arremetieron
contra las poblaciones de las cuencas de los ríos Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó con el apoyo
de miembros de la XVII Brigada del ejército. (Gallón, 2014)
Otro ejemplo puede ser el general de la policía Rosso José Serrano, nombrado como el
mejor policía del mundo en 1999 por su lucha contra el narcotráfico, quien fue acusado por
Mancuso en 2009 de haber colaborado con las AUC y en especial de estar vinculado con la
liberación del cabecilla paramilitar en una detención efectuada en febrero de 1997. En la misma
audiencia del tribunal de Justicia y Paz, Mancuso asegura que otros miembros de la fuerza pública
estuvieron involucrados con el paramilitarismo, de los que salen a relucir los generales del Ejército
Julio Charris Solano, Iván Ramírez, Martín Orlando Carreño y Alfonso Manosalva, el
contralmirante Rodrigo Quiñonez (investigado por la masacre de El Salado, Bolívar) y el ex
general de la policía Jesús Antonio Gómez Méndez. (Semana, 2009)
Sobre este tema, para el caso de Tierralta, comenta uno de los líderes a los que se aplicó la
entrevista que “la base militar del batallón Junín operaba en conjunto con los paramilitares. El
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silencio era la constante. Veíamos matar sentíamos la dominación social, política y militar pero
nadie podía hacer nada.” Otro entrevistado agregaría lo siguiente: “Nosotros si vimos de cerca la
humillación que nos hacia el ejército (…) fueron 6 largos meses que el ejército llamada la brigada
móvil en esa época nos restringían hasta la remeza que hacían donde mi abuelo para que según
ellos no le lleváramos comida a la guerrilla.”
En relación a su financiación las AUC aplicaron las mismas tácticas que los grupos
paramilitares que los antecedieron, como el narcotráfico, las alianzas con grupos empresariales
quienes pagaban por seguridad privada (como el caso de la Chiquita Brands en la zona de Córdoba
y Urabá), el abigeato, los secuestros y cursos de combatientes. Así mismo los terratenientes y
ganaderos (El Espectador, 2009), que como se mencionó en el apartado anterior en algunas
ocasiones resultaban ser los mismos paramilitares y narcotraficantes, aportaron para financiar la
compra de armas y bienes, además de usar ese dinero para el reclutamiento y pago de sobornos a
diferentes entidades estatales (VerdadAbierta.com, 2013)
Además de su fortaleza económica, política e ideológica las AUC alcanzaron para esa
época el apoyo jurídico del Estado colombiano cuando el entonces presidente Ernesto Samper
Pizano (1994-1998) impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, “Convivir”,
entendida como un forma de regularizar el paramilitarismo, mediante los Decretos 2535 de 1993
y 356 de 1994, los cuales estipulaban que estas organizaciones tenían como fin contribuir con
labores de inteligencia para las fuerzas armadas. En 1999 las Convivir fueron declaradas
inexequibles, pero los gobiernos posteriores a Samper no pudieron recuperar el pie de fuerza
dispuesto y las armas que ya eran de los ganaderos y narcotraficantes que apoyaron la creación de
las (AUC) (Velásquez, 2007)
65
Con el dinero necesario, el apoyo jurídico y militar del Estado y los gobiernos locales
cooptados, en 1997 la arremetida paramilitar contra la insurgencia, y en general todo pensamiento
de izquierda, se intensifica en el país y especialmente en el sur de Córdoba.
En esta región operó el Bloque Sinú y San Jorge, descendiente directo de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y por lo tanto conformado por las cabecillas más
importantes de las AUC: Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Vicente Castaño.
(VerdadAbierta.com, 2008) El Bloque Sinú y San Jorge en esta época logran controlar
militarmente a la población de Tierralta, pues como lo recuerda una entrevistada “se apoderaron
de territorio desde 1998, al 2001 ellos eran dueños y señores del municipio de Tierralta y sus
alrededores. En ese entonces el alcalde era el que ellos querían que fuera manejaban todo lo que
tenía que ver con estación de policía, alcaldía, defensoría del pueblo e inspección de policía.”
En 1997 este Bloque decide empezar enfrentamiento directo contra las FARC en Mutatá,
Vigía del Fuerte y Frontino, Antioquia, y en Riosucio, Chocó, lugares donde se consideraba eran
el cuartel general de la guerrilla, generando graves violaciones a los Derechos Humanos y al
Derechos Internacional Humanitario, como en el caso Cacarica, Juguamiandó y Curvaradó.
A pesar de controlar las poblaciones y varias zonas de la región, las AUC no alcanzaron a
debilitar totalmente a las FARC, quienes en 1998 como retaliación atacan la base de los
paramilitares ubicada en el municipio de Tierralta. En ese mismo año las autodefensas deciden
nuevamente atacar a la guerrilla en la zona del Urabá, lo que provocó que en noviembre las FARC
atacaran la base paramilitar en Mutatá dejando 40 muertos. Con el repliegue de las AUC por los
ataques de las FARC en el Urabá la confrontación se traslada a la Serranía de Abibe y al Nudo de
Paramillo hasta 2001 (Ibíd.), con un periodo en 1999 en el cual el paramilitarismo incrementa su
66
ofensiva con el fin de sabotear los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las
FARC que establecían en el Caguán. (Velásquez, 2007)
Dentro del contexto de conflicto en el sur de Córdoba, en la zona conocida como Altos
Sinú y San Jorge, en el periodo comprendido entre 1997 y 2001 descienden los homicidios en los
dos primeros años en relación a los registrados en 1995 y 1996. Sin embargo, en 1999 se registra
el pico más alto (961 asesinatos) en la región, decreciendo en el 2000 a 428. (Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009) En cuanto a los desplazamientos en
el departamento de Córdoba cabe destacar que desde 1998 su incremento fue exponencial, pues en
ese año se reportaron menos de 4.000 desplazados, incrementando en su punto máximo a más de
18.000. De igual manera los secuestros también se van al alza desde 1998, pasando de 5 a 40 en el
2000. (Ibíd.)
Los hechos de violaciones a Derechos Humanos más representativos en Tierralta Córdoba
inician a verse el 14 de junio de 1999 con la masacre de Saiza perpetuada por miembros de las
AUC que quemaron casi la totalidad de las casas y con disparos de fusil asesinaron a 11 personas,
en su mayoría comerciantes de la zona. (Rutas del Conflicto, 2018) En el 2000 se perpetúa la
segunda masacre en Tierralta, dejando 11 personas muertas. Como respuesta a estos hechos, que
se ejercieron principalmente tras los señalamientos a las poblaciones de ser colaboradores de la
guerrilla, el 28 mayo de 2001 las FARC realizan la masacre de Rio Manso donde asesinan a 22
trabajadores de un aserradero acusándolos de ser cocaleros al servicio de las AUC (El Heraldo,
2018)
Otro hecho significativo para la región fue el asesinato del ex alcalde de Tierralta (1998-
2000) Héctor Acosta en febrero de 2001, quien fue ultimado en un atentado donde también muere
su esposa Leticia Monterrosa que estaba embarazada. En audiencias con Justicia y Paz en 2007,
67
Salvatore Mancuso aceptaría su responsabilidad en el crimen, argumentando que se ejecutó debido
a graves hechos de corrupción cometidos por Acosta. (Caracol Radio, 2007) En el mismo año es
asesinado Kimy Pernía a manos de las AUC, un líder indígena de la comunidad emberá del sur de
Córdoba que se opuso rotundamente a la presencia de actores armados en la región, a la
construcción de la represa Urrá, que terminaría dividiendo al pueblo emberá, y se dedicó fielmente
a la defensa del medio ambiente. Según Justicia y Paz el asesinato fue ordenado por Carlos Castaño
y ejecutado por Salvatore Mancuso (Verdadabierta.com, 2010) En general se puede concluir, tal
como lo señala una entrevistada, que “la población que siempre ha sido y será el blanco de todos
los conflictos armados llámense como se llamen ha sido la población campesina.”
2.3 2001 – 2005: LOS PACTOS Y LOS ACUERDOS
Para el 2001 el proyecto paramilitar se consolida en el departamento de Córdoba debido al
despliegue de las guerrillas que deciden establecerse en las montañas del Nudo de Paramillo,
permitiendo que las AUC ejercieran el dominio territorial en la parte urbana y rural de Tierralta.
Una de nuestras fuentes primarias reconocería que “al llegar al casco urbano de Tierralta [tras ser
desplazados de un corregimiento cercano] nos percatamos que los paramilitares eran DIOS y LEY,
que todo lo que se pensara hacer había que pedirles permiso”. Este mismo entrevistado recuerda
cómo a su corta edad era usado como encomendero de los paramilitares “Recuerdo como si fuera
ayer, que una media mañana, cuando me disponía a irme al colegio a estudiar, me llamó [alias el
Paisa] y me dijo que tenía que llevarle a “patapalo” una encomienda a un barrio cercano; como ya
era ley de obligatorio cumplimiento nadie se podía negar; por consiguiente, abrió mi bolso de
estudio y guardo un arma de fuego; la lleve y entregue; a escasos minutos escuche estruendos de
tiros, ese “patapalo” había matado a dos señores.”
68
En este punto del conflicto entre las guerrillas y los paramilitares, donde las AUC parecen
haber ganado una posición de poder importante en las distintas esferas sociales en el municipio de
Tierralta, este grupo decide organizar el 23 de julio de 2001 una reunión en Santafé de Ralito con
empresarios, políticos y paramilitares de la región de la cual se tiene como producto un documento
firmado por los asistentes conocido como el Pacto de Ralito, cuyo postulados centrales fueron
“refundar la patria” y “firmar un nuevo pacto social”. A esta reunión asistieron, entre otros, 11
congresistas, 2 gobernadores, 3 alcaldes, concejales y funcionarios públicos invitados por tres de
los jefes paramilitares más destacados de la época: Mancuso, “Don Berna” y “Jorge 40”. (Cruz,
2009) El texto, que también fue apoyado por ganaderos cordobeses beneficiados por el ascenso
paramilitar, cita varios apartados de la Constitución Política de Colombia e inicia de la siguiente
manera:
“Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; "el pueblo de Colombia, invocando
la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus
integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la
libertad y la paz " (1) hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de
firmar un nuevo contrato social.
Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del
Estado: "Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". (2)
Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde "toda persona tiene derecho a la
propiedad" (3) y "tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad" (4). Es nuestro desafío. (El País, 2007)
69
La firma de este “contrato social” establecido entre las élites políticas, económicas y
militares, no solamente en el departamento de Córdoba sino en todo el país, llevó el conflicto
armado, que como se describió alcanzó fuertes brotes de violencia perpetuados por ambos bandos,
al escenario político de una forma más profunda, pues para el periodo legislativo que va del 2002
al 2006, cuando es elegido Álvaro Uribe como presidente, según declaraciones dadas por Salvatore
Mancuso en 2005 el 35% del congreso fue puesto por los paramilitares: "Cuando nosotros decimos
que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos
congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas" (Caracol Radio, 2005)
Al respecto Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, jefe de las AUC en el Magdalena Medio, en
2018 aseguraría que en realidad se podría hablar que el 50% del Congreso cooptado por el
fenómeno que se denominó como parapolítica. (La W, 2018)
Si bien en 1997 se consolida el proyecto de las AUC desde una perspectiva militar,
podríamos afirmar que en el 2001 se afianza como espectro político haciendo presencia en todo el
territorio nacional apoderándose de varias instituciones del Estado y supliendo su presencia en
distintos aspectos. Como asevera Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40: “Nosotros, como
organización política y militar, reemplazamos al Estado en sus funciones, tanto en la ejecutiva
como en la legislativa y judicial, pues nuestra lucha política nos llevó a eso, ya que nos tocó
reestablecer las funciones que el Estado debía cumplir y nunca hizo” (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2013, pág. 88)
Desde el 2002, meses después del pacto establecido en Tierralta, hasta 2005 los muertos
civiles por conflicto armado disminuyen considerablemente en Córdoba, pasando de ser más de
40 a menos de 5 en 2005, inclusive yendo contra la tendencia nacional. Algo similar sucede con
los desplazamientos, ya que a pesar de tener un incremento entre el 2003 y el 2005, no llegan a los
70
niveles alcanzados antes del 2002, una tendencia similar a lo sucedido con los secuestros. (Misión
de Observación Electoral, 2011)
La fuerza tomada por las AUC, junto con el apoyo de los poderes públicos y las Fuerzas
Armadas, abonan el terreno para que este grupo paramilitar inicie un proceso de negociación
de dejación de armas con el gobierno de Álvaro Uribe. En noviembre de 2002 el entonces
presidente inicia las conversaciones con los paramilitares, lo que permite el inicio de una tregua
permanente desde el 1° de diciembre de ese año. De estos diálogos se promulgan La Ley 782
de 2002 y el decreto 1258 de 2003 que establecían los términos de la desmovilización de las
AUC y mediante los cuales este grupo armado se comprometía a la entrega de todos sus
combatientes y de todas las armas que estaban en su poder.
El 15 de julio de 2003 se refrendó el Acuerdo de Santafé de Ralito en el municipio de
Tierralta, el mismo lugar donde dos años antes se firmó el Pacto de Ralito entre los paramilitares
y las élites de la región. La zona de distención se instala allí formalmente en julio de 2004, y
desde ese instante los paramilitares utilizaron su posición para seguir delinquiendo en todo el
departamento y organizar fiestas mientras se avanzaba con el proceso de desmovilización: “los
paras ingresaban cajas de whisky y se divertían con reconocidas modelos, actrices y prostitutas
traídas de Medellín, Barranquilla y Bogotá. Organizaban bacanales con los mejores conjuntos
vallenatos, cuenta chistes y hasta pianistas” (Cepeda, 2009 , pág. 107)
Tres meses antes de la instalación del asesinato de Carlos Castaño, el que fue hasta
entonces el jefe máximo de las AUC y vocero político de la organización. La muerte de Carlos
Castaño se le atribuye a su hermano Vicente, quien se supone dio la orden de asesinarlo
principalmente por oponerse a que el proceso de desmovilización cobijara a los narcotraficantes
que apoyaron a los paramilitares y por sus contactos cercanos con los Estados Unidos. (Orjuela
71
Cubides, 2015) La muerte del menor de los Castaño ocasionó cambios al interior de la estructura
paramilitar en las fases más avanzadas del proceso de desmovilización de las autodefensas, lo
que ocasionaría divisiones en torno a los pasos que debía seguir la organización, principalmente
sobre su relacionamiento con el narcotráfico.
Luego de la instalación de la zona de distención, y tres meses después de la muerte de
Carlos Castaño, en julio de 2004 la presidenta de la Cámara de entonces Zulema Jattin,
investigada años después por parapolítica, invitó a Mancuso, ‘Ernesto Báez’ y Ramón Isaza,
tres de los más importantes jefes de las AUC, a una sesión en el Congreso de la República;
líderes de la organización que representaban tendencias distintas al interior del paramilitarismo,
marcados por momentos históricos diferentes. Por un lado Isaza encarnaba los orígenes de las
autodefensas heredando los procesos de Puerto Boyacá en los años ochenta, por otro Mancuso
simbolizaba una segunda etapa en los 90´s cuando el paramilitarismo se estableció en Córdoba
y Urabá, y por último Báez que representaba la expansión nacional del proyecto de ultra derecha
a comienzos del siglo XXI (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013)
Los discursos dados por los tres jefes paramilitares estuvieron enfocados en reivindicar
la historia de las AUC y justificar sus acciones criminales posicionando su lucha militar como
heroica al proteger al país del enemigo comunista, usaron su espacio en el Congreso para
“reivindicar su historia de acciones criminales y largarse.” (Faciolince, 2004) Al finalizar cada
una de las intervenciones, mientras cientos de víctimas se agrupaban a las afueras del
parlamento protestando contra los crímenes de las AUC, los casi 60 congresistas que asistieron
aplaudían los discursos de cada miembro de las autodefensas. Los comandantes de las AUC
abandonaron el recinto sin esperar si quiera que el último discurso se diera por terminado, pues
72
Isaza, el que cerraría la intervención, pidió al secretario del Congreso que leyera lo que había
escrito. (Ibíd.)
Debido a la muerte de Carlos Castaño y a que Salvatore Mancuso se había presentado como
comandante del Bloque Catatumbo, para el momento de la desmovilización como líder del Bloque
Sinú y San Jorge se presentó Jairo Andrés Angarita, un ex oficial de la Fuerza Aérea
(VerdadAbierta.com, 2008) A finales del 2005 la mayoría de las AUC habrían entregado sus armas
no solamente en el sur de Córdoba sino en todo el país.
El proceso de desmovilización de las AUC dejó varias críticas por las leyes impulsadas por
el gobierno en materia de Justicia Transicional, las cuales reflejaban un alto grado de impunidad,
y por la posible falsa desmovilización de varios combatientes, lo que significó el inicio de
investigaciones contra Luis Carlos Restrepo el entonces comisionado para la paz. Según Gutiérrez
(2010) del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cuando se analizan las cifras más de los
35.000 miembros de las AUC que entregaron las armas el 89,72% fueron beneficiados por
amnistías sin dejar la verdad para las víctimas. Desde los análisis de Zamora (1983) se puede
concluir que otro de los fracasos del proceso fue que más allá de una entrega de armas de los
paramilitares al Estado este acto fue la devolución del armamento a la institución que las reclutó,
las organizó y las armó.
73
3. EL CAMPESINADO COMO RECEPTOR DEL CONFLICTO Y CREADOR DE
PRÁCTICAS DE RESISTENCIA
Lo descrito en el apartado anterior, que se centró en una descripción histórica de las
dinámicas de violencia y control que se han desarrollado en Tierralta, fue un intento por establecer
una base sobre la cual podamos interpretar las prácticas de resistencia agenciadas por las
comunidades campesinas de este municipio del sur de Córdoba, usando los conceptos señalados
en el marco teórico manteniendo la coherencia establecida en el mapa de conceptos expuesto, los
contextos realizados en la primera parte del documento y la información mencionada en el diálogo
histórico del apartado anterior.
Así mismo es fundamental tener en cuenta que este capítulo, el último de la investigación,
busca elaborar el contexto de las prácticas de resistencia que las comunidades campesinas
ejercieron ante el control territorial de los grupos armados, esto desde quienes habitaron el
territorio y conocen de fondo las dinámicas que en él se desarrollaron, ya sea por su participación
como líderes y lideresas de esta región o por heredar ese conocimiento de sus familiares quienes
jugaron un papel importante en la organización campesina de la época.
Este apartado sintetiza la fusión de horizontes señalado en la metodología al analizar las
interpretaciones de los entrevistados a la luz de lo descrito en base a las fuentes secundarias.
Además, este capítulo complementa el círculo hermenéutico propuesto por la hermenéutica social,
base fundamental de esta investigación, por posicionarse como la parte estudiada en relación a un
todo que reflexiona en torno a las comunidades rurales de Tierralta.
Aquí confluyen los principales elementos metodológicos de la investigación, por lo cual
será el espacio donde se aplicarán los postulados teóricos que se mencionaron en el primer capítulo
74
de este documento. Vale agregar que al ser el eje articulador de la investigación esta sección
precisa iniciar señalando algunos aspectos de caracterización, que a pesar de haber sido
mencionados anteriormente son fundamentales para situar el análisis acá propuesto.
El departamento de Córdoba históricamente ha estado envuelto en fuertes problemáticas
en cuanto a la repartición inequitativa de la tierra, principalmente debido a su colonización reciente
y su desarrollo esencialmente ganadero. En el sur del departamento, donde queda ubicado el
municipio de Tierralta, a inicios del siglo XX se inicia una dinámica territorial en la que los
colonos eran quienes adecuaban la tierra para su posterior cultivo, mientras los comerciantes,
ganaderos y empresarios se apropiaban de los territorios, ya sea comprándolos a bajo costo o
haciendo uso de la violencia. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH, 2009)
Las grandes parcelas que quedaban en manos de un pequeño grupo de propietarios eran
usadas principalmente para uso ganadero, construyendo una estructura agraria basada en esta
actividad económica. A estas dinámicas se agrega la limitada presencia institucional del Estado,
lo que permitió que la trasformación de parcelas y mejoras de predios ganaderos se llevara a cabo
por medio de la violencia. (Ibíd.)
En este contexto se conforman las primeras guerrillas campesinas en Córdoba, abriendo
camino a la presencia de las FARC y el EPL en la segunda mitad del Siglo XX, en algunas
ocasiones apoyados por el Partido Comunista Colombiano. (Ibíd.) Así mismo desde los años 80´s
inicia la contraofensiva paramilitar, inicialmente con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá (ACCU) y luego con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
75
De esta forma se inicia un periodo de confrontación armada, que llega hasta el día de hoy,
en el que el problema de la repartición de la tierra es un tema principal, donde la cuestión ideológica
empieza a jugar un papel fundamental dentro del contexto de la guerra fría. En esta dinámica, la
violencia ejercida a inicios del siglo XX toma tintes políticos años después, convirtiéndose en una
especie de violencia diferente, como se mencionó con anterioridad.
3.1 Los principales afectados del conflicto armado
El campesinado ha sido quien históricamente se ha visto afectado por las dinámicas del
conflicto, pues al estar en medio de la violencia ejercida por los grupos armados ha puesto gran
proporción de los muertos, los desaparecidos y los violentados, así como ha tenido que salir
desplazado abandonando el territorio que durante décadas ha defendido, pero que por la
intensificación del conflicto en sus tierras ha tenido que dejar. Vale la pena mencionar lo que uno
de los entrevistados sostiene:
“Desde siempre el sur de córdoba ha sido afectado. Desde sus primeras poblaciones
que llegaron a esconderse en esa maraña (que hoy llaman parque nudo del paramillo)
buscando refugio en los años 60 de la guerra partidista; allá nació el EPL y la guerrilla
liberal de Manolo Sandón. Entonces, así las cosas, el sur de córdoba es víctima desde
siempre, en la actualidad peor; campea el horror y terror paramilitar. (…) El campesinado,
las ciudadanías rurales del sur de córdoba han sido el blanco, el centro, la trinchera, el abastecedor
y lo peor, las víctimas y que han parido hijos para la guerra por décadas”
Para comprender qué son las comunidades campesinas, y luego entender cómo resisten,
nos valdremos de la definición dada por Costa (2008), quien parte de la relación entre familia y
tierra para definir el campesinado, pues es mediante la producción rural que estas comunidades
resuelven sus problemas reproductivos. Por otro lado, es importante resaltar que para Carvalho
76
(2014) las sociedades campesinas deben ser examinadas a partir de la forma en que el territorio,
habitado por otros procesos y actores sociales, ha configurado la situación de este grupo social en
la actualidad.
En estas perspectivas vale la pena mencionar que con las entrevistas realizadas pudimos
identificar que la correlación entre tierra y familia establecida por Costa se hace presente en las
comunidades de Tierralta, pues en la memoria territorial que expresaron se reconoce la trayectoria
familiar y la producción de la tierra como pilar de la sociabilidad. De igual forma expresan que el
arraigo con el territorio y sus dinámicas juegan un papel fundamental en la construcción del
campesinado, como los sostiene Carvalho, convirtiéndose en uno de los fundamentos de la
resistencia agenciada contra los actores armados. Al respecto mencionan, por ejemplo, que la lucha
campesina debe dar como resultado una “reforma rural integral que soluciona muchas cosas de
esas reivindicaciones porque aún estamos sin tierra tituladas y no podemos proyectarnos en donde
en nuestro territorio.”
Sobre el campesinado es fundamental reconocer que Fals Borda (1957) sostiene que la
modernización en los procesos de producción configura un escenario de transformación que genera
cambios en las relaciones culturales, sociales, económicas y políticas a partir de la reconfiguración
del territorio rural. La investigación sugiere, partiendo de la idea de un cambio inevitable, que el
campesinado debe construir formas de adaptación donde sus valores no se vean suprimidos. Desde
la investigación de Fals Borda, así como de los autores anteriormente mencionados, se puede
reconocer que las colectividades campesinas en Colombia están estrechamente relacionadas con
las formas de explotación de sus territorios y las dinámicas mediante las cuáles se generan
resistencias o adaptación a los cambios.
77
Si bien Fals Borda en el texto mencionado se enfoca en las relaciones económicas que
generan cambios en las comunidades campesinas, este teorización nos permite situarnos en la idea
de la resistencia a las transformaciones que se viene dando en los territorios donde históricamente
se ha repartido desproporcionalmente la tierra, generando formas de producción y apropiación de
territorial mediadas por el conflicto y la violencia. Estas dinámicas, trayendo a acotación a Fals
Borda (1957), genera la “descomposición del campesinado”, es decir su transformación en otro
tipo de clase social. Al respecto uno de los entrevistados menciona que las formas de sociabilidad
de las comunidades rurales de Tierralta han sido afectadas por el conflicto ya que “tiempo atrás
teníamos costumbres de ir donde los vecino en la noche hacer encuentros para charlar, cantar,
trovar, echar chistes, etc. Pero con la presencia de grupos todo eso se está perdiendo.”
3.2 Transformaciones en las dinámicas sociales y territoriales en Tierralta
Con estos planteamientos se evidencia que el conflicto armado ha generado cambios
importantes dentro de las comunidades campesinas de Tierralta no solamente en la manera que se
han relacionado históricamente con la tierra sino también en sus construcciones culturales. Estas
dinámicas se centran en cambios mediados por la violencia sociopolítica agenciada en estos
territorios, entendida en esta investigación como “aquella ejercida como medio de lucha Político
– Social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de
sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad
por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no
organizado” (CINEP, 2014, pág. 7)
En el apartado anterior vimos con cifras cómo en cada periodo analizado fueron afectadas
las comunidades campesinas según el actor armado que dominó el territorio durante los momentos
que tuvieron la posibilidad de ejercer el control territorial de distintas formas en Tierralta. En
78
relación a esto, se puede determinar que al ser formas de control que recaían sobre la población,
incluso llegando al adoctrinamiento del cuerpo, la alimentación y las prácticas cotidianas, los
individuos de estas poblaciones terminaron sujetos a una autoridad superior que mantiene su
posición de poder mediante la violencia. Desde los planteamientos de Foucault (2007) sería
entonces un ejercicio de biopoder.
Sobre este aspecto es importante señalar que las percepciones de las comunidades en cuenta
a la forma de ejercer el control desde su posición de poder variaban en relación al proyecto político
y económico que cada actor buscaba implementar. Uno de los entrevistados manifestaron que
“CLARO resalto las veredas donde habitaban las FARC CON ELLOS SE PODIA HABLAR y
hasta llegar algunos acuerdos con ellos de como manejas nuestras situaciones como JAC”. Otro
sostenía que “con las guerrillas el campesino se sentía más seguro y con los paramilitares no.
Explico; la guerrilla Asia investigación antes de actuar. Mientras que los paramilitares actuaban
de inmediato”
Sin embargo, a pesar de existir una aceptación social generalizada a las prácticas de las
FARC-EP luego de la desmovilización del EPL, principalmente entre 1991 y 1996, el control
ejercido por el paramilitarismo, desde 1997 hasta su desmovilización, llegó a posicionarse
culturalmente en el imaginario colectivo de los cordobeses:
“Recuerdo que cuando las AUC dominaban la zona, muchos hombres querían ser
paramilitares y, si no podían, fingían serlo: se rapaban, usaban bolsos terciados en el pecho,
exhibían motocicletas grandes y ropa de marca, se inventaban llamadas en las que hablaban
con supuestos comandantes que les mandaban a hacer vueltas imaginarias, tomaban en las
cantinas, se iban sin pagar e irrespetaban las mujeres ajenas. Ser paraco era lo último,
porque a las mujeres les generaba curiosidad, y a los hombres, envidia.” (Marín, 2013)
79
En este punto es fundamental preguntarnos por la manera en que se ha ejercido el control
territorial en Tierralta. Para realizar un análisis acerca de la dominación que sobre las poblaciones
y sus tierras han impuesto los actores armados, sabiendo que tiene implicaciones políticas,
sociales, culturales y económicas, es fundamental tener en cuenta que este fenómeno se explica
desde la ausencia y la debilidad de las instituciones del Estado para abarcar la totalidad del
territorio nacional. El papel que han cumplido los diferentes Gobiernos colombianos puede
entenderse desde los planteamientos de Gayraud (2007) como una ficción, una realidad virtual o
un autoengaño, pues la fuerza de las agrupaciones ilegales ha reposado en la debilidad del Estado
de posicionarse como el poder territorial debido a su poca capacidad de garantizar los derechos a
las poblaciones, y en varias ocasiones ha apoyado el proyecto contrainsurgente desde los poderes
estatales, como sucedió con el paramilitarismo más claramente desde 1997.
Partiendo de la ausencia y omisión del Estado reconocemos la definición dada por el
Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (2012) que es “el control del espacio físico en
donde el grupo armado ilegal ejerce su poder de manera permanente para generar dinámicas de
territorialización o de apropiación del territorio”. Dentro de esta definición podemos mencionar
prácticas como la creación de fronteras invisibles, el control para el ingreso y salida de personas,
los enfrentamientos donde quedaba la población civil en medio, la adquisición de armas incluso
de uso privativo de la Fuerza Pública, el reclutamiento infantil, el constreñimiento a los habitantes
de la población por apoyar a un determinado grupo armado o el uso del desplazamiento forzado
de manera masiva para la expansión y conservación del poder sobre el territorio.
En relación a la manera en que se ha ejercido el control territorial en Tierralta, los
entrevistados, como señalamos anteriormente, percibían y reconocen una fuerte diferencia entre
las guerrillas y los grupos paramilitares en las acciones de cada grupo. Para el caso de las AUC
80
ratifican la idea de las operaciones conjuntas entre las autodefensas y las instituciones del Estado:
“La base militar del batallón Junín operaba en conjunto con los paramilitares. El silencio era la
constante. Veíamos matar sentíamos la dominación social, política y militar pero nadie podía hacer
nada. OBEDECER era la orden sin preguntar razones. Los alcaldes, concejales, presidentes de
acción comunal eran impuestos por los paramilitares.” Agregaría una entrevistada el siguiente
testimonio: “las fuerzas públicas acusaban a mi papa y a mis tíos de ser guerrilleros. Un día el
ejército se llevó a mi tío de la casa y lo golpearon mucho para que diera información sobre la
guerrilla; por ese motivo cuando mi tío volvió a casa nos tocó salir del pueblo”
Al indagar por la relación de las guerrillas con las poblaciones mencionan las siguientes:
“Bueno en la época solo había EPL y esa estructura guerrillera era más compatible con el
campesinado, es decir no intervenían mucho en las iniciativas del campesino en lo negativo veían
el desarrollo comunitario como una buena opción. Pero los paramilitares nunca se entendían que
era lo que querían era una organización contra-insurgente y contra- campesino que causo mucho
daño a la población.” En cuanto a la disposición de respetar las exigencias de las comunidades
sostenían que “sí eran respetadas por las Farc-ep, respetaron bastantes las normas, porque era el
único actor armado que estaba en parte del área y por donde operaban los paramilitares ellos
también respetaron un poco estas normas, claro está donde las comunidades exigentes.”
3.3 Prácticas de resistencia
Con el fin de precisar sobre las prácticas de resistencia de las comunidades rurales de
Tierralta, es necesario recordar que para la presente investigación hemos decidido trabajar el
concepto de resistencia desde los planteamientos de Michel Foucault, quien la describe como una
categoría de doble dimensión; donde por un lado se reconoce la necesidad de un grupo en la
búsqueda de un tipo diferente de conducción en sus relaciones de poder, y por el otro se destaca el
81
carácter del individuo como un actor que puede conducirse a sí mismos desde los comportamientos
propios. Dentro de esta definición se destaca que la resistencia es “co-extensiva” de las relaciones
de poder, ya que existen en el campo estratégico donde estas se desarrollan, y a la vez las relaciones
de poder se sostienen con base en la multiplicidad de puntos de resistencia (Foucault, 2001)
Para abarcar la resistencia podríamos mencionar conceptos como rebelión, desobediencia,
insubordinación, disidencia o mala conducta, pero para esta investigación hemos elegido
enfocarnos en la contra-conducta (Foucault, 1988) entendida como la posibilidad de dirigir
acciones en el contexto de la resistencia a las conductas impuestas en las dinámicas del ejercicio
de poder a grupos sociales específicos mediante mecanismos de coerción variados.
En este sentido, desde la contra-conducta rescatamos el concepto de resistencia civil
pacífica de Oscar Useche Aldana (2010) que es una práctica que busca contrarrestar los
dispositivos de dominación establecidos por un Estado que ha perdido legitimidad en cuanto a su
deber de procurar el bienestar y la justicia para sus ciudadanos, y en cambio ha desplegado la
guerra como un mecanismo que impone una disposición subjetiva que busca eliminar “al otro”
dentro de un conflicto social y político. Para Useche el rechazo a la violencia es una práctica
contra-hegemónica ya que no busca reemplazar el poder sino procurar el mejoramiento de las
condiciones de vida mediante participación política activa en defensa del territorio.
Desde el trabajo cualitativo realizado podemos identificar dos aspectos de la percepción en
cuanto a la resistencia civil pacífica agenciada por las comunidades campesinas. Por una parte es
importante resaltar que durante el periodo de control paramilitar el terror a denunciar y la
desesperanza se apoderaron de las comunidades debido al apoyo que brindaba el Estado y por las
múltiples violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las AUC. Sobre esto encontramos
comentarios como los siguientes: “Cuando eso existían corregidores que ahora son remplazados x
82
presidentes de junta de acción comunal no podían hacer nada solo actuaban para enterrar a los
muertos todo el mundo vivía amenazado hay aprendía uno a ver y callar”; “Cuando todos
quemaron las casas por mas juntas de acción comunal que existiera no había forma de hacer nada
porque el que denunciaba se moría ya que fiscalía, estación de policía y ejército todo era una
misma corrupción”. Incluso al indagar por los grupos de mujeres una entrevistada relata “que
siempre estaban unidas para afrontar la situación pero era poco lo que se podía hacer”
A pesar de las dificultades para generar resistencia se encontró con la metodología aplicada
que la forma más efectiva de resistir fue mediante las Juntas de Acción Comunal. Este tipo de
organización empieza a cobrar un papel fundamental como forma de resistencia no violenta al
intentar por medio de diálogo con los actores armados y las entidades del Estado garantizar la
permanencia en el territorio, y cuando fue necesario, afrontar posibles desplazamientos,
confinamientos y demás actos de guerra que afectaran a las poblaciones. Eran entonces los altos
puestos de las JAC, como presidentes, vicepresidentes y secretarios, quienes interlocutaban con
los actores armados y la institucionalidad en las cuestiones que tenían que ver con el uso del
territorio, razón por la cual fueron también declarados como objetivo militar.
Podemos agregar que las JAC fueron un espacio donde los ciudadanos tomaron conciencia
de varios aspectos del conflicto que los afectaba y conocieron la manera afrontarlos mediante el
cuestionamiento de su posición en esta relación de poder, lo que llamaría Foucault (2002) como
subjetivación. Para uno de los líderes las Juntas de Acción Comunal “fueron las que les enseñaron
que tenían más derecho del que ellos tenían conocimiento, si no era como campesino, si como
seres humanos; por lo que ya estaba bueno de quedarse siempre callados y sumisos a todo lo que
los grupos armados querían hacer en nuestro territorio. También les enseño que para lograrlo
teníamos que trabajar en equipo”.
83
Desde esta organización empieza a ser fundamental la idea de gestionar la unidad de las
comunidades de manera pacífica. Este tipo de acciones se realizan desde el presupuesto de no
callar las situaciones de conflicto que los han afectado sabiendo que se tiene el respaldo de la
comunidad sin importar los señalamientos de los actores armados, es decir desde el cuidado mutuo.
Para el periodo que estamos analizando un entrevistado “señala que después que el EPL se
desmoviliza, el territorio lo siguen controlado las FARC EP y ese conflicto que había entre
paramilitares y guerrilla a nosotros nos tocaba cuidarnos unos a los otros por miedo de que fueran
a las casa y nos mataran a todos.”
Como ya se sostuvo esta idea de unidad organizativa recaía jurídicamente sobre la Junta de
Acción Comunal de las veredas, siendo un símbolo de resistencia: “Nuestra comunidad también
tuvo algo muy bueno porque solo nos empezamos a regir por la junta de acción comunal y así
resistimos ante la presencia de las AUC”. De igual forma se rescata que la unión entre las diferentes
comunidades rurales también era algo fundamental, pues como el mismo entrevistado reconoce:
“también conformamos un cabildo indígena zenú y había una junta de acción comunal y un cabildo
indígena y todos trabajábamos por el desarrollo de la comunidad y defendíamos los derechos de
cada uno de nosotros”
Estas prácticas asociativas desencadenaron la concreción de un movimiento social en
Tierralta que resistió durante varios años, sobre todo desde que se establece el control paramilitar,
desencadenaron la creación de un movimiento social que parte, como se mencionó, de la
resistencia civil no violenta en un proceso contra la subordinación impuesta en los territorios
mediada por el conflicto armado desde un principio de oposición. Siguiendo a Alain Touriane “un
movimiento social es el comportamiento colectivo organizado de un actor de clase luchando contra
84
su adversario de clase por el control social de la historicidad en una comunidad dada” (Touraine,
1981)
Si tenemos como referencia a Múnera (1988) los movimientos sociales son sistemas
organizados y complejos, conformados por individuos que más allá de la simple racionalidad
estratégica o de la disponibilidad de sus recursos, orientan y le entregan significado a sus actos de
acuerdo con sus prácticas sociales así como de la representación que hacen de ellas. La cuestión
del significado que se le entrega a los actos de la resistencia nos abre el campo para finalmente
hablar según las comunidades campesinas sobre qué aspectos recae la resistencia ejercida durante
el periodo estudiado.
Como vimos hasta acá la cuestión territorial es la base sobre la cual se edifica la
conceptualización del campesinado, además de ser el eje central de las disputas mediadas por la
violencia sociopolítica. Entonces parece que el territorio es un factor esencial en la lucha agenciada
por las comunidades, ya que estas entienden que más allá de la tierra, estos espacios contienen
cargas simbólicas que generan la defensa de los lugares. Para Arturo Escobar (2014) “el territorio
es por tanto material y simbólico al tiempo, biofísico y epistémico, pero más que todo es un proceso
de apropiación sociocultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo social efectúa
desde su “cosmovisión” u “ontología”. (Escobar, 2014, pág. 90)
Cuando nos referimos a ese relacionamiento con el territorio hablamos de la apropiación
generada por las comunidades a un espacio geográfico propiciando una identidad colectiva que
cohesiona a la población, lo que el palabras de Porto (2002) se denomina territorialización. Agrega
Leff (2015) que son los movimientos sociales en Latinoamérica quienes reinventan la idea sobre
el territorio mediante la resistencia basada en la defensa de los procesos de apropiación.
85
En estos planteamientos nos basamos para sustentar que de la cohesión generada en torno
al territorio es que las comunidades rurales inician sus procesos de resistencia contra la
desterritorialización generada por el control de los diferentes grupos armados. El concepto de
desterritorialización se refiere a la ocupación de un espacio geográfico por medio de amenazas,
asesinatos, desapariciones o bombardeos, que además de destruir los lugares materialmente
también acaba con los sentidos de la vida cotidiana, de la existencia y de la memoria. (Mundubat,
2009)
Sobre esto uno de los entrevistados manifestó que “resistir es no renunciar a la dignidad
individual y colectiva, es mantenerse en el territorio y defender la territorialidad”. Otro
entrevistado sostuvo lo siguiente en relación al concepto de resistencia: “es una lucha permanente
por la dignidad de nuestras vidas en el territorio (…) Es el sentido de pertenencia y el afecto que
tenemos por el territorio donde nos ha dado la forma de sobre vivir a través de la agricultura etc.”
De igual forma sostienen los líderes que la principal lucha de las organizaciones campesinas estaba
dirigida en la defensa de “la vida digna, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio”.
86
4. CONCLUSIONES
Esta investigación se propuso identificar la forma en que las comunidades campesinas de
Tierralta Córdoba desarrollaron prácticas de resistencia con el fin de oponerse al control territorial
impuesto por la Violencia sociopolítica ejercida entre 1991 y 2005. Desde el análisis realizado
podemos llegar a una serie de conclusiones que se esperan nutran la interpretación que se ha dado
del conflicto armado, las consecuencias que ha arrojado, la manera en que ha afectado las
poblaciones de Tierralta (como muestra de un ejemplo nacional) y la forma en que las comunidades
campesinas del municipio han resistido.
En relación las dinámicas históricas que han incidido a la intensificación del conflicto
armado en Tierralta podemos concluir que la inequitativa distribución de la tierra ha sido el foco
central de la violencia sociopolítica ejercida contra las comunidades campesinas. En esta situación
es importante tener en cuenta la ineficiencia histórica del Estado para construir una política agraria
que solucione el grave problema de la repartición de la tierra en Córdoba, donde la actividad
económica principal es la ganadería, que como se señaló en la investigación es propulsada por los
grandes propietarios de la tierra, quienes llegaron a poseerla y mantenerla gracias a la presencia
paramilitar.
Con los nexos entre ganaderos y paramilitares, y estos últimos y el Estado, se consolida la
triada de la que hacen parte los grandes beneficiados en el periodo analizado, esto en términos de
posesión de bienes, poder político, presencia militar y control territorial. Así, se fortalece la idea
que el Estado colombiano no hizo presencia en el territorio para proveer los derechos
fundamentales a las comunidades, todo lo contrario, fue manejado fácilmente por el
paramilitarismo, quien cumplió la función estatal tras el abandono provocado por los múltiples
gobiernos que entre 1991 y 2005 manejaron los poderes públicos en el país.
87
En relación a las características en que se insertó la violencia sociopolítica dentro del
periodo examinado (1991-2005) podemos señalar que fue un momento histórico de fuertes
cambios en el control territorial. En primera medida es importante mencionar que en ninguno de
los años que se estudiaron el Estado hizo presencia efectiva en el municipio, lo que permitió la
acumulación de riqueza y tierras por parte de un sector minoritario de la población. Este fenómeno
propulsó la creación de las guerrillas socialistas y comunistas en Córdoba, cuya principal bandera
fue la lucha por el territorio.
En este departamento hizo fuerte presencia la guerrilla del EPL, grupo que se desmoviliza
en 1991, dejando el terreno listo para una confrontación directa entre las FARC y las ACCU. Si
bien es la guerrilla quien toma el poder sobre el territorio hasta 1997, periodo donde se expresa
una disminución en las acciones victimizantes contra las poblaciones, esto conllevó a
señalamientos dentro de las comunidades, las cuales terminan siendo declaradas como objetivo en
el conflicto cuando se consolidan militarmente el proyecto paramilitar al agruparse en las AUC.
Con el fortalecimiento militar de los paramilitares, y especificando que las acciones de
guerra agenciadas por las Autodefensas eran encaminadas a producir terror al interior de las
colectividades, las comunidades campesinas son las directamente afectadas por el conflicto entre
paramilitares y guerrilla, mientras el Estado le daba la espalda apoyando el proyecto contra
insurgente, lo que quedó comprobado con el juzgamiento de varios miembros de la Fuerza Pública
que durante ese periodo colaboraron para concretar el proyecto paramilitar.
En este sentido, es importante agregar que con la firma del Pacto de Ralito en 2001 se
garantizó, además del poder militar, la cooptación de diferentes instituciones del Estado por parte
del paramilitarismo mediante un compromiso social y político con las élites del departamento de
Córdoba quienes buscaron concretar un proyecto de país desde las ideas de la ultra derecha.
88
Evidentemente en la Colombia que buscaban construir no cabría ningún tipo de movimiento de
izquierda que desde las armas o por medios democráticos intentaran un cambio social en el país.
Como resultado se obtuvo cientos de afectados por la violencia indiscriminada aplicada en
Tierralta por los paramilitares en su intento de control total del territorio.
La dominación ejercida por las AUC, no solo en el sur de Córdoba sino en todo el territorio
nacional, abonó el terreno para el proceso de desmovilización de sus combatientes, el cual fue
apoyado por los diferentes poderes públicos, que para ese momento estaban ocupados por
referentes militares y políticos que se identificaban con el proyecto paramilitar. De este proceso
de dejación de armas, del cual se estipularon lo lineamientos jurídicos para implementar un
modelos de justicia transicional, fue cuestionado principalmente por las bajas condenas a los
actores de los crímenes cometidos, la extradición de las cabecillas de los paramilitares que implicó
que con ellos se fuera la verdad, la poca efectividad en los programas de reparación y la aparición
de grupos como las Águilas Negras reconocidas como reductos de la desmovilización de las AUC.
Es decir que no se cumplieron con los mínimos estipulados por las organizaciones internacionales
cuando hablamos de justicia transicional: acceso a la justica, la verdad, la reparación y las garantías
de no repetición.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que en las entrevistas realizadas queda
constatado que las comunidades percibían de forma diferente el control territorial ejercido por los
diferentes grupos armados. En relación a las guerrillas se manifestó un grado de respeto a la
autonomía territorial establecida por las comunidades rurales, incluso viendo en esta lucha armada
una ayuda en los procesos de defensa del territorio que estas poblaciones llevaban a cabo. En
contra posición a esta imagen se consolida la visión que desde el ingreso de los paramilitares a
Tierralta las prácticas de guerra se convirtieron cada vez más sangrientas, propagando el terror en
89
todo el municipio, quebrando los lazos sociales establecidos, cambiando las relaciones
económicas, culturales y políticas de quienes habitaron en el territorio.
Además, podemos concluir que la principal forma en que los campesinos de Tierralta
resistieron fue mediante el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias como las Juntas de
Acción Comunal, las cuales fueron el eje principal de las decisiones tomadas por estas poblaciones
para defender los intereses colectivos de quienes habitaron el municipio durante décadas, esto a
pesar del temor constante que provocaban en el interior de las organización el control territorial
ejercido principalmente por las AUC.
Es fundamental mencionar que la idea de unidad fue uno de los elementos cohesionadores
más importantes para las comunidades rurales. Desde la integración los entrevistados reconocieron
que se logró hacerle frente al paramilitarismo, una bandera que al día de hoy, luego del retorno de
varias de las familias desplazadas, sigue siendo un pilar básico del movimiento campesino
cordobés, entendiendo que el territorio es un cúmulo de vivencias colectivas que debe ser
defendido de manera grupal, no solamente por la importancia que en términos productivos tiene,
sino también por ser un escenario donde se han construido relaciones culturales, ambientales y
políticas que deben ser defendidas por quienes habitan el territorio.
Por otro lado, se concluye que en el desarrollo de la investigación se pudo aplicar una
metodología que permitió relacionar los aspectos teóricos con la información obtenida de las
fuentes primarias y secundarias, alcanzando una interpretación sobre un aspecto general recayendo
en las particularidades del fenómeno estudiado, dándole un espacio preponderante a quienes
tuvieron conocimiento profundo sobre las dinámicas del conflicto armado en el territorio y la
forma en que las comunidades campesinas resistieron, como queda registrado en el último capítulo
de este documento.
90
Así, el análisis hermenéutico, que se basó en la fusión de horizontes y el círculo
hermenéutico, permitió encontrar respuesta a la pregunta planteada inicialmente sobre cuáles
fueron las prácticas de resistencia de las comunidades campesinas de Tierralta en el periodo
estudiado, encontrando que la organización en torno a las Juntas de Acción Comunal permitieron
que se gestara una resistencia desde el rechazo a la violencia mediante el conocimiento de sus
derechos como ciudadanos, consolidándose desde sus funciones legales como un eje fundamental
de interlocutores con diferentes actores legales e ilegales. Desde esta respuesta se buscan plantear
nuevos cuestionamientos que nazcan de esta investigación y que permitan profundizar sobre la
resistencia campesina no solamente en Córdoba sino en todo el país.
Quisiéramos señalar que esta investigación debe servir para entender la importancia que
tiene impulsar reformas agrarias en el país para prevenir que oleadas de violencia se perpetúen
durante años en los territorios de Tierralta y de toda Colombia. Asimismo, es un llamado de alerta
para el Estado colombiano, quien desde su ausencia y apoyo al paramilitarismo ha sido uno de los
responsables directos de la enorme cantidad de víctimas que el conflicto armado ha arrojado en
este municipio olvidado, donde actualmente las comunidades piden protección por la presencia de
grupos de carácter paramilitar que nuevamente atacan a quienes han defendido la tierra y los
recursos que de ella provienen.
De igual manera, esta investigación quisiera motivar a los líderes a que continúen la lucha
por la defensa del territorio agenciada hace varios años atrás, buscando generar lazos de solidaridad
que consolide un proyecto social de unidad que permita empoderar a las comunidades; hasta el
punto que estas puedan ejercer el control autónomo del lugar donde han desarrollado sus dinámicas
sociales, económicas, políticas y culturales durante varias décadas.
91
Una última reflexión nos lleva a mencionar que los años elegidos como inicio y fin de esta
investigación están relacionados con procesos de desmovilización. En la actualidad vivimos en un
momento de transición política por la dejación de armas de las FARC, lo que ha abierto el debate
público en el país en torno a la importancia de la paz. Con este trabajo se busca, más allá de
cualquier objetivo académico, aportar elementos para que se respete el deseo de las comunidades
de construir autónomamente sus lazos sociales lejos de la presión de los actores armados, con el
acompañamiento de un Estado que no represente una amenaza para este proyecto, sino más bien
que sea el primer aliado en la consolidación de un municipio en paz, donde el progresos social y
económico se materialice en favor de quienes durante años han sufrido las consecuencias del
conflicto armado colombiano.
92
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100
ANEXOS
Anexo 1: Formato entrevistas estructuradas
Primera entrevista
JOHN ALBA: Hablemos un poco de su historia ¿En qué parte de Colombia nació y cómo recuerda
en su niñez y juventud las dinámicas del conflicto armado en el territorio?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Recuerda cuáles fueron las acciones que llevó a cabo la comunidad ante la presencia de
actores armados en su lugar de origen y en la región?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cómo ha cambiado este territorio en los últimos años debido al conflicto armado?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Qué tanto considera que el conflicto armado ha afectado el sur de Córdoba?
ENTREVISTADO:
JA: ¿De qué forma se ha visto afectado el campesinado del sur de Córdoba por las dinámicas de
la violencia?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Qué han hecho las comunidades campesinas para enfrentar desde la no violencia el control
territorial ejercido durante décadas por los grupos armados?
101
ENTREVISTADO:
JA: ¿Partiendo de las dinámicas del conflicto es que decide vincularse de manera activa al
movimiento campesino cordobés? Si no es así, ¿Qué lo motivo?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Construir organizaciones sociales entorno a la defensa del territorio y los derechos humanos
es una forma en la que el campesinado ha resistido?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Históricamente cuáles cree que han sido las principales victorias del movimiento campesino
del sur de Córdoba?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Qué acciones considera que llevaron a alcanzar esas victorias?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Históricamente ha existido voluntad política de los Gobiernos para proteger los derechos
humanos y territoriales de las comunidades campesinas del sur de Córdoba?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cómo han reaccionado a través del tiempo las comunidades del sur de Córdoba ante las
actuaciones del Estado?
ENTREVISTADO:
102
JA: Siendo dinamizador de acciones coordinadas en la Plataforma Municipal de Derechos
Humanos de Tierralta, ¿Cómo considera que se ha vivido el conflicto armado en este lugar?
ENTREVISTADO:
JA: Remitiéndonos a las fechas que esta investigación ha elegido como referente (1995-2005)
¿Conoce las dinámicas del conflicto armado que se dieron en este periodo en el sur de Córdoba?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cómo reaccionó el movimiento campesino en Tierralta ante las dinámicas de la violencia?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Qué entiende por resistencia campesina?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Qué aspectos caracterizan esta resistencia?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cómo han demostrado esa resistencia las comunidades campesinas de Tierralta?
ENTREVISTADO:
JA: Durante los últimos veinticinco años el conflicto en Tierralta se ha caracterizado por estar
constantemente mutando, iniciando con el control territorial del EPL hasta inicios de los 90, para
luego ser una zona principalmente manejada por las FARC. Con la fuerte presencia de este grupo
guerrillero se inicia la ofensiva paramilitar a finales de la misma década, respaldada en distintas
103
ocasiones por las Fuerza Pública, lo que intensificó la confrontación en el territorio ¿Por qué
considera que este municipio ha sido un botín de guerra importante para los actores armados y
para el mismo Estado?
ENTREVISTADO:
JA: Desde la ideas de la no-violencia ¿Cómo han resistido las comunidades de Tierralta a la historia
de violencia que han vivido?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cómo podrían entenderse estas acciones dentro de la definición de resistencia que se habló
anteriormente?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Qué otras formas de resistencia se han planteado desde la organización campesina en relación
a las dinámicas históricas de violencia en Tierralta?
ENTREVISTADO:
Nueva entrevista en relación a las respuestas anteriores.
JOHN ALBA:
¿Cuál era el papel que cumplía su padre dentro de la comunidad cuando tuvo que irse de la región?
¿Cómo llevaba a cabo su labor?
ENTREVISTADO:
104
JA: A pesar de la corta edad que tenía tal vez recuerde las diferencias que había entre el control
del EPL y el control paramilitar ¿podría contarnos sobre eso?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cómo se dio la fundación de la Junta de Acción Comunal? ¿Qué trabajos realizaban?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cómo se generan las relaciones con el Cabildo indígena Zenú? ¿Qué factores tenían en
común?
ENTREVISTADO:
JA: Usted menciona que el conflicto armado en el sur de Córdoba aún no termina. Si habláramos
de una fecha de inicio de la violencia en el departamento ¿Cuál sería?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Las acciones llevadas a cabo por las Juntas de Acción Comunal en relación al comité de
convivencia, y demás prácticas relacionadas con la autodeterminación comunitaria, eras respetadas
por los actores armados? ¿Por cuáles sí y por cuáles no?
ENTREVISTADO:
JA: Además de las victorias del movimiento campesino que menciona ¿recuerda alguna otra
alcanzada antes del 2005?
ENTREVISTADO:
JA: En relación a la erradicación de cultivos de uso ilícito ¿Qué papel han jugado en las dinámicas
del conflicto? ¿Cuál ha sido históricamente la posición de las comunidades sobre este aspecto?
105
ENTREVISTADO:
JA: ¿Qué tan importante ha sido la unidad en la resistencia campesina? ¿Cómo se ha desarrollado
esta dinámica?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Por qué razón considera que con la presencia de las AUC se inició un proceso de compra de
tierras?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Recuerda cómo se manejaba la propiedad de la tierra en esa época?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cuáles son las reivindicaciones del campesinado del sur de Córdoba desplazado en 1998?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Por qué es tan importante la tierra en la lucha campesina?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Sabe si existían en el 90 o en el 2000 organizaciones como la que usted representa?
ENTREVISTADO:
JA: ¿Cuáles cree que fueron las principales pérdidas sociales, culturales y políticas ocasionadas
por el desplazamiento de 1998?
ENTREVISTADO:
106
JA: ¿Considera que la pedagogía con los campesinos y los actores armados que realizan
actualmente fue aplicada, o pudo serlo, a finales del Siglo XX e inicios del XXI?
LS:
JA: ¿Cuál es la importancia que tiene crear la Zona de Reserva Campesina en el sur de Córdoba?
Anexo 2: Matriz de sistematización de información
Entrevista 1
CARACTERIZACIÓN
HISTÓRICA DE LA
VIOLENCIA
SOCIOPOLÍTICA
CONSECUENCIAS
DEL CONFLICTO
CONTROL TERRITORIAL PRÁCTICAS DE
RESISTENCIA
Nací en Tierralta Córdoba,
Alto Sinú, un 25 de julio del
año 1.986; el país pasaba
por una combustión
producto de los hechos de la
guerra partidista y
alzamiento en armas de un
cumulo de ciudadanos
indignados
Mi madre, llegó a las
tierras altosinuanas
huyendo, en migración
por preservar la vida, ya
que de dónde provenía,
los conservadores y las
fuerzas militares la
buscaban para asesinarla.
Ella (su mamá) se internó por
nombramiento como docente en
una vereda llamada la fría, del
corregimiento el diamante;
bastión de las FARC-EP, daba
clases a los niños y adultos,
civiles y guerrilleros como julio
guerra y los hermanos granda.
Un día los aparatos paramilitares
(ACCU) acompañados del
ejército nacional asesinaron al
padre de los hermanos granda,
quemaron el corregimiento el
diamante, la comunidad se
desplazó y muchos de ellos
fueron asesinados.
Ella (su mamá) siempre fue
sindicalista, educadora
durante 34 años; puedo
decir que mi madre me
enseñó a disentir, a tener
pensamiento crítico y a
poder mirar más allá de lo
que nos dicen los diarios y
la tv, al servicio de la
oligarquía en procura de
nuestra alienación y
dominancia; in-
visibilizando la Colombia
profunda que en las urbes y
monte adentro padece día a
día.
Al alcalde Edinson Salcedo
(QEPD) lo mataron el 20
de mayo de 1996, por no
obedecer sus imposiciones.
De ahí para adelante, todos
fueron puestos y
maniqueados por mancusso
y castaño.
Tengo recuerdos, de las
dificultades de mi madre
en Tierralta por el hecho
de ser sindicalista;
asesinaban a sus
compañeros y a mediados
de los 90 prácticamente el
movimiento sindical y
obrero en ese municipio
pereció
Al llegar al casco urbano de
Tierralta, nos percatamos que
los paramilitares eran DIOS y
LEY, que todo lo que se pensara
hacer había que pedirles permiso
Yo soy víctima de 6
desplazamientos forzados,
dos intentos de homicidio,
la guerra me ha quitado 6
familiares; mi madre me
enseñó a luchar con su
ejemplo desde niño, me
debo a la lucha social y
todos los horrores que viví
en mi infancia me motivan
cuando los recuerdo a que
debo ayudar en lo poco o
mucho a que el conflicto
social y armado pare y que
la Colombia profunda tenga
107
reales garantías, que la
democracia sea un hecho y
que el remedo de país en el
que vivimos pueda avanzar
hacia la segunda y
definitiva independencia.
Después de la
“desmovilización” de las
AUC entre el (2003 y 2006)
espectros devenidos del
paramilitarismo han tomado
control total del municipio;
ya no es uno, ahora son
cinco grupos; las FARC-EP
ya no están, el EPL se fue
hace muchos años; la
amistad entre los nuevos
grupos paramilitares, a los
que el gobierno llama GAO
(Grupos Armados
Organizados) con las
fuerzas militares y
policiales, como de los
órganos de control e
investigación, pasando por
los administrativos es
evidente. Tierralta sigue
estando en manos de los
paramilitares.
Mucha gente que quise,
que recuerdo, que aún no
explico los “porqués”
durante esos días se me
los llevo la guerra:
asesinados,
desaparecidos, reclutados,
etc. Son recuerdos tan
duros, que a pesar de que
creo haberlos superado
aún me causan dolor. Esa
guerra se me llevo 6
familiares; todos por
oponerse a ser parte de
ella y por criticarla y
pedir pararla.
Para ese entonces había un
comandante de los paramilitares
al que apodaban el “paisa”; de
manera cohesiva, tomo la
droguería como centro de
operaciones; guardaba armas,
mandaba a curar heridos, etc.
Recuerdo como si fuera ayer,
que una media mañana, cuando
me disponía a irme al colegio a
estudiar, me llamo y me dijo que
tenía que llevarle a “patapalo”
una encomienda a un barrio
cercano; como ya era ley de
obligatorio cumplimiento nadie
se podía negar; por consiguiente,
abrió mi bolso de estudio y
guardo un arma de fuego; la
lleve y entregue; a escasos
minutos escuche estruendos de
tiros, ese “patapalo” había
matado a dos señores.
La práctica de usarme como
emisario, se repitió muchas
veces
La resistencia, pervivencia
y resiliencia a los embates
de los actores armados
legales e ilegales y las
acciones de terrorismo de
las empresas trasnacionales
y las políticas lesivas contra
la vida, dignidad, derecho a
la tierra y la territorialidad
del campesino cordobés.
Desde siempre el sur de
córdoba ha sido afectado.
Desde sus primeras
poblaciones que llegaron a
esconderse en esa maraña
(que hoy llaman parque
nudo del paramillo)
buscando refugio en los
años 60 de la guerra
partidista; allá nació el EPL
y la guerrilla liberal de
manolo sandón. Entonces,
así las cosas, el sur de
córdoba es víctima desde
siempre, en la actualidad
peor; campea el horror y
terror paramilitar.
El campesinado, las
ciudadanías rurales del
sur de córdoba han sido el
blanco, el centro, la
trinchera, el abastecedor y
lo peor, las víctimas y que
han parido hijos para la
guerra por décadas. Hijos
que se han matado entre sí
y el silencio campea ante
tanto dolor y
desesperanza.
La base militar del batallón
Junín operaba en conjunto con
los paramilitares. El silencio era
la constante. Veíamos matar
sentíamos la dominación social,
política y militar pero nadie
podía hacer nada. OBEDECER
era la orden sin preguntar
razones. Los alcaldes,
concejales, presidentes de
acción comunal eran impuestos
por los paramilitares.
La unidad y la cohesión de
las comunidades, por
supuesto el liderazgo
(¿Históricamente ha
existido voluntad política de
los Gobiernos para proteger
Pero un 60% de estos
(líderes) han sido
asesinados.
Con resistencia,
pervivencia y resiliencia.
Algunos brotes de
108
los derechos humanos y
territoriales de las
comunidades campesinas
del sur de Córdoba?) Nunca
ha existido.
manifestación y protesta
social que nos ha
criminalizado y se nos ha
llevado al día de hoy 28
compañeros/as.
Por su posición estratégica
geográficamente y geo
políticamente; el nudo del
paramillo es un bastión de
riquezas naturales que entre
otras desde los 70 son vistas
como activos económicos
por la mano extranjera para
la extracción.
Para mí resistir es no
renunciar a la dignidad
individual y colectiva, es
mantenerse en el territorio
y defender la territorialidad;
resistir, lo resumiría en el
poema que hizo el
asesinado padre Sergio
Restrepo; al saber que lo
iban a matar y que dejo
esas letras para la eternidad
y que entre otras para mí es
legado.
En un conflicto como el
nuestro, hay mucho por
conocer y por reconocer;
hacer pedagogía de
acuerdos, de
implementación es un
tecnicismo; le apostamos
realmente a las fibras de la
invertebración de la guerra
fratricida.
Hemos creado varias
formas de mostrar esas
luchas invisibles que
pretendemos mantener
desde CORDOBERXIA y
recurrir a nuevas estrategias
de visibilización
Entrevista 2
109
110
CARACTERIZACIÓN
HISTÓRICA DE LA
VIOLENCIA
SOCIOPOLÍTICA
CONSECUENCIAS DEL
CONFLICTO
CONTROL
TERRITORIAL
PRÁCTICAS DE
RESISTENCIA
Lo que recuerdo de mi niñez
en mi vereda es que en esa
época controlaba la guerrilla
del EPL y el conflicto
armado era muy fuerte,
permanentemente se
escuchaban combates y
bombardeos de la fuerza
pública y el EPL. En el 1990
cuando yo solo contaba con
solo 7 años se vivió en todo
el sur de Córdoba un
operativo anti-insurgente a
esa guerrilla
(El operativo anti-insurgente)
que hizo desplazar grandes
cantidades de personas entre
esa gran parte de mi familia,
mi mamá y yo nos quedamos
donde mi abuelo porque a mi
papá le toco irse de la región
por estigmatización como líder
y por su seguridad.
Nosotros si vimos de cerca la
humillación que nos hacia el
ejército en la época a mi
mamá la detuvieron por 3
días y la torturaron
supuestamente para sacarle
información después que la
soltaron fueron 6 largos
meses que el ejército llamada
la brigada móvil en esa época
nos restringían hasta la
remeza que hacían donde mi
abuelo para que según ellos
no le lleváramos comida a la
guerrilla
Nuestra comunidad
también tuvo algo muy
bueno porque solo nos
empezamos a regir por
la junta de acción
comunal y así resistimos
ante la presencia de las
AUC
En el 1991 después que se
desmoviliza la guerrilla del
EPL se viene la ola de
masacres y asesinatos en toda
la zona del sur de Córdoba se
metían los paramilitares y de
esa manera nos asesinaron
tantos familiares y amigos
que hoy por hoy se me perdió
la cuenta, lo que puedo decir
es que hasta el 1995 se vivió
unos años muy duro que a
nosotros a veces nos tocaba
dormir en el monte y más
porque después que el EPL
se desmoviliza, el territorio
lo siguen controlado las
FARC EP y ese conflicto que
había entre paramilitares y
guerrilla a nosotros nos
tocaba cuidarnos unos a los
otros por miedo de que
fueran a las casa y nos
mataran a todos.
Nosotros los que nos
quedamos nos tocó vivir unos
días muy amargos porque
éramos 4 hermanos 3 mujeres
y yo 1 de mi hermana se
desplazó con mi abuela la
mamá de mi mamá.
Los grupos restringen la
movilidad en la noche en las
veredas y también se
empieza a perder
comunicación
Tener humanidad entre
todos en la vereda que si
algo pasaba con alguien
nos íbamos todos a
enfrentar el problema
también conformamos
un cabildo indígena
zenú y había una junta
de acción comunal y un
cabildo indígena y todos
trabajábamos por el
desarrollo de la
comunidad y
defendíamos los
derechos de cada uno de
nosotros, eso me llevo a
tener una experiencia de
defensa entre nosotros
mismo.
En el 1996 se apoderó las
AUC del territorio porque en
ese año las FARC EP se
retiró de la zona se fueron
más a las montañas.
Nuestra asociación se
constituye legalmente en el
2012 nace en una vereda en
pleno parque paramillo pero
antes de constituirse nos tocó
enfrentar muchos problemas
con la fuerza pública tales
como empadronamiento,
En el municipio de Tierralta
las cosas no han sido
diferentes que en el campo,
en este municipio se vive un
conflicto bastante duro en
materia de seguridad mejor
dicho es igual que en el
campo
Este antecedente nos
traía una experiencia y
era que teníamos que
hacer algo para resistir
en el territorio fue
entonces que se nos dio
la idea de sacar una
organización de
111
estigmatización, capturaban
líderes como supuestos
guerrilleros y todo esto nos
tocó enfrentar con denuncias y
también nos tocó hacer una
acción humanitaria para dar a
conocer todas esta
problemáticas
campesinos que nos
ayudara a defendernos,
nos conseguimos un
compañero que nos
enseñara como hacer
una asociación y
pensamos que ese
compañero jugó un
papel muy importante en
esta organización el
compañero se llama
Rafael Muñoz, duramos
2 años de capacitación
en capacitación en las
veredas de cómo
manejar juntas de acción
comunal y saber un
poco la lo jurídico de las
JAC como la ley 743
del 2002 y también el
decreto 2350 del 2002.
(Las AUC) que al poco
tiempo en el año de 2004 y
2005 hicieron sus diálogos de
paz, pero esto en el territorio
también empezó a salir más
grupos y se formó otro
conflicto en el año 2007 con
unos llamados águilas negras,
los paisa, los rastrojo etc
Muy grave porque el conflicto
armado nos afectado en todo
lo que como ciudadano nos
merecemos y esto ha permitido
toda esa corrupción en todo el
departamento, a nuestras
veredas nunca hubo presencia
del estado y siempre cuando
las comunidades les reclamaba
a los gobernantes decían que
no se invertía nada porque
supuestamente era zona roja
esto a provocado una
desconfianza entre el
campesinado y las
instituciones del estado que
pensamos que hay una brecha
muy grande y nos ha tocado
como líderes tratar de ser esos
conciliadores para la
implementación de los
acuerdos, esa a sido la triste
realidad por lo que a nuestros
campo solo llegaba el estado
representado en la bota militar.
Bueno nosotros
consideramos que este es un
corredor que conecta sur de
Córdoba y bajo cauca y sur
de Córdoba golfo de Urabá
donde este corredor es
importante para los grupos
moverse con sus finanzas y
también en este corredor de
una manera u otra resistir en
este territorio que también
tiene el parque paramillo.
Siempre la participación
fue estando dentro de las
comunidades, aportando
ideas como líder y
siempre concientizando
el material humano de el
por qué teníamos que
estar unidos, tanto como
cuando hice parte de
cabildos indígenas y
también después que
ASODECAS también
fuera una organización
defensora de derechos
humanos y legalmente
constituida
En ese tiempo del 1995 en
este municipio ya existían las
AUC donde ya en esa época
le compraban las tierra a las
malas al campesino y si no
Principalmente en los derechos
sociales económicos y
culturales y de ahí en adelante
seria en la movilidad, tiempo
atrás teníamos costumbres de
Para el estado lo que
nosotros podemos entender
de conveniencia del estado es
que en esta parte del país se
cuenta con un gran recurso
Nosotros desde las
comunidades con las
juntas de acción
comunal tenemos los
comité de convivencia y
112
querían vender asesinaban a
las persona para que entonces
comprarle a la viuda. Y en el
1998 hicieron el
desplazamiento del
campesinado del alto Sinú
entre ellos el sector de saiza,
el Sinú, manso, tigre, nain,
bota y triangulo y también
por el san Jorge sucedió lo
mismo en esa época y
posterior a eso en el 2005
nuevamente empieza el
retorno del campesinado a
sus tierras nuevamente
ir donde los vecino en la noche
hacer encuentros para charlar,
cantar, trovar, echar chistes,
etc. Pero con la presencia de
grupos todo eso se está
perdiendo.
natural minas de carbón,
cobre, nique, y también el
proyecto del rio Sinú un
proyecto que tiene la
ambición de hacer otra
represa que inundaría 82000
hectáreas de tierra y ellos les
interesaría tener este
territorio libre de campesino
conciliación una
herramienta que hemos
sabido utilizar y con
ellas se han hecho los
planas de convivencia y
el control en las
comunidades pero que a
sido a conciencia de los
miembro socios de las
JAC, y con las FARC en
la época que ellos
estuvieron como
organización armada se
les pidió el respeto a las
decisiones de las
comunidades con el
manejo interno de las
misma.
En los derechos sociales lo que
le puedo decir es que hay poca
educación escolar los
profesores los mandan a mitad
de año y no tienen herramienta
para trabajar lo que los hace
trabajar muy improvisado los
niños de estos campo muy
poco terminan un bachillerato
y casi ninguno llega a una
universidad, salud a nuestras
veredas nunca llega una
misión médica y bueno es lo
peor, tampoco sabemos una
vivienda rural por parte del
estado donde el campesinado
no sabe si eso existe, en lo
económico es que el estado
nunca se ha preocupado por la
comercialización de nuestros
productos lo que ha hecho que
el campesino busque
economías ilegales
Bueno en la época solo había
EPL y esa estructura
guerrillera era más
compatible con el
campesinado, es decir no
intervenían mucho en las
iniciativas del campesino en
lo negativo veían el
desarrollo comunitario como
una buena opción. Pero los
paramilitares nunca se
entendían que era lo que
querían era una organización
contra-insurgente y contra-
campesino que causo mucho
daño a la población
Si claro era la opción
que teníamos los
campesinos del sur de
Córdoba trabajar por
una figura jurídica que
nos defendiera de todo
ese conflicto que se vive
en el alto Sinú y alto san
Jorge y bueno soy
fundador de la
asociación
En la reforma rural integral
creo que se solucionan muchas
cosas de esas reivindicaciones
porque aún estamos sin tierra
tituladas y no podemos
proyectarnos en donde en
nuestro territorio
Si eran respetadas por las
farc ep respetaron bastantes
las normas, porque era el
único actor armado que
estaba en parte del área y por
donde operaban los
paramilitares ellos también
respetaron un poco estas
normas, claro esta donde las
comunidades exigentes
Es la forma de resistir en
estos territorios porque
de otra manera de
pronto nos hubieran
derrotado, con una
organización como esta
podemos hablar
abiertamente y
denunciar toda la
barbarie que pasa en los
113
territorios y eso hace
que las personas
jurídicas y grupos al
margen de la ley
respeten el liderazgo.
Claro es perdida porque una
cosa de esta es empezar de
nuevo y la generación que vive
esto o que nace en medio de
esto pierde mucha cultura
campesina y al retornar ya
nada es igual, es volver a
construir
Es que todavía no a
cambiado nada aun las tierras
siguen en manos de unos
poco y quien se meta con
esas tierras específicamente
las tierras del sector de ralito
pues tiene problema nosotros
los campesinos por eso aun
estamos en áreas protegidas y
ley 2°
La mirada de todo el
campesino por defender
su misma causa en la
unidad
Los paros, las
manifestaciones y algo
muy importante nunca
quedarse callado y
siempre elevar la voz
cuando algo malo está
pasando
Organización de
campesinos que
defendiera la vida digna,
la tenencia de la tierra y
la permanencia en el
territorio al campesino y
en esa época solo
organizamos la directiva
con todo sus comiteces
Movilizaciones para
defender el proceso de
paz, hacer pedagogía
para el voto por el sí al
plebiscito y un poco de
reconocimiento de
algunas organizaciones
haciendo trabajo en
conjunto para sacar
algunas iniciativas
adelante
Todavía sigue el
campesinado
organizado para
reclamar sus
reivindicaciones, pero
después que regresa
nuevamente a sus
tierras (el que volvió)
114
es un campesino mas
decidido a luchar por
sus derechos
La resistencia
campesina es la forme
del campesino
defender sus raíces y
no llegar a ser esclavo
de nadie. Por eso se
lucha por las semillas
nativas, que se
mantenga la cultura
campesina y todo lo
que tenga que ver con
la memoria histórica
del campesinado por
que por estas razones
es que mantenemos
nuestras banderas en
alto. El arraigo a la tierra,
sentido de pertenencia
por lo que nos ha
costado bastante y
hemos puesto sangre
de compañeros
valiosos Lo hemos demostrado
en los diferentes
eventos que hemos
tenido cuando le pasa
algo a compañeros
denunciando, dando
de qué hablar a la
opinión pública
cuando se meten con
los nuestros,
obligando a
instituciones del
estado hacer mesa de
interlocución con
nosotros y mesa de
concertación y
acuerdo Creemos que estar
vivo es un sueño que
115
de una u otra manera
lo hemos resistido
pero la forma de hacer
pedagogía con el
campesino y con los
mismos actores
armado hacerles
entender que las cosas
se pueden solucionar
hablando y que todos
tenemos derecho a la
vida ha sido una
función que hemos
hecho para una buena
convivencia en el
territorio. Nosotros primero que
todo estamos
buscando por medios
de programas y planes
una economía para el
campesinado entre
esas estamos mirando
la posibilidad de crear
una zona de reserva
campesina y que en
esos planes de
desarrollo se hagan
con los campesinos
donde nosotros todos
trabajemos para que
nos reconozcan los
derechos sociales,
económicos,
culturales ambientales
etc. y una posible
guardia campesina
con formación política
para enfrentar los
problemas de
seguridad que se
presenten y seguir
creciendo en el tema
organizativo con las
demás comunidades y
116
posibles sectores
aliados. La verdad es que yo
solo era un niño en esa
época y las labores de
mi padre que yo me
acuerde era trabajar
sobre cooperativas
campesinas como
economía propia. Mi
padre llevaba a cabo
la idea de organizar
con demás líderes esta
iniciativa campesina. Las JAC se fundaron
para el progreso de las
veredas y participaron
todos los residentes de
la vereda y a partir de
ahí los trabajos a
realizar eran concertar
con las instituciones
para llevar progreso a
la vereda con todos
sus comiteces Creo que en esta zona
tenemos una muy
buena relación con los
indígenas zenú y
embera katío y
nuestros factores en
común son las luchas
que son las mismas. La importancia en la
resistencia campesina
ha sido importante
para obtener logros al
menos del
reconocimiento del
gobierno hacia el
campesinado alto
sinuano. Y la
dinámica es visitarlos
en las comunidades
haciendo las reuniones
con ollas comunitarias
117
Entrevista tres
CARACTERIZACIÓN
HISTÓRICA DE LA
VIOLENCIA
SOCIOPOLÍTICA
CONSECUENCIAS DEL
CONFLICTO
CONTROL
TERRITORIAL
PRÁCTICAS DE
RESISTENCIA
Nos fuimos aúna vereda
llamada Betania allí cursaba
2 de primaria donde todo
parecía marchar muy bien
hasta que u n día más o
menos no recuerdo bien 1988
aparecieron los famosos
mocha cabeza los cuales sin
medir las consecuencia
mataron 3 padres de familia
delante de todos nosotros los
estudiantes no solo los
mataron avala si no que los
descuartizaron sin mirar el
daño que nos causaban a
todos
Comenta las personas mayores
que nos tocó salir por el
conflicto que se presentaba por
las acusaciones de las fuerzas
públicas así al campesino según
ellos acusaban a mi papa y a
mis tíos de ser guerrilleros un
día el ejército se llevó a mi tío
de la casa y lo golpearon mucho
según para que diera
información sobre la guerrilla
por ese motivo cuando mi tío
volvió a casa nos tocó salir del
pueblo
Cuando todos quemaron las
casas por mas juntas de
acción comunal que existiera
no había forma de hacer nada
porque el que denunciaba se
moría ya que fiscalía estación
de policía y ejército todo era
una misma corrupción
Ya que el que ponía
resistencia simplemente
desaparecía
así que nos tocó irnos a otra
vereda llamada san adrases
donde en 1990 nos tocó salir
nuevamente desplazado por
las AUC nos fuimos a una
vereda llamada las pailas
Solo entre campesinos se
organizaban ideas pero no
había un apoyo de parte de
alguna identidad del estado
colombiano ya que el que
hablara lo silenciaban fueron
Todos les tocaba llegara un
acuerdo para salir de dichas
comunidades
Las mujeres trataban de
sacar comisiones me
acuerdo que una
profesora hacia muchas
cosas para tratar de
solucionar todo esto
para que el
campesinado entienda
que unidos somos mas
fuerte. Para nosotros la
importancia que nos
adjudiquen zona de
reserva campesina en
el territorio sería un
fortalecimiento grande
para nosotros sería
proyectarnos muy
bien para las futuras
generaciones y crear
un lazo muy fuerte en
culturalizar
nuevamente el
campesinado.
118
donde solo habitaban las
guerrillas de las FARC EP hay
tuvimos tranquilidad pero no
por mucho tiempo de nuevo
empezaron combates entre
ejército y FARC también AUC
y FARC de ahí nos fuimos a
vivir a san Felipe de cadillo
sur de córdoba en hay
finalizamos el 1991 en1992
nos pasamos a vivir a una
vereda llamada quebrada de
arena donde obtuvimos una
propiedad y luego en el hasta
1995 hay ya mi familia se
había separado casi toda solo
estaba mi mama papa mis
hermanos hermanas y yo de
nuevo apárenselas AUC
amenazan a mi papa le quitan
la finca y sin nadad de nuevo
salimos todos mi hermana
mayor le toco irse a trabajar a
montería a mí me toco
quedarme trabajando en
tierralta córdoba mama y papa
se fueron a vivir a santa fe
ralito donde en 1997salbatore
Mancuso da la orden para
asesinarlo
muchos los campesinos y
campesinas asesinados
pero recibía muchas
amenazas
pero hay no termina todo
cuando todo parecía marchar
bien aparecen de nuevo las
águilas negras un grupo al
margen de la ley el cual era
igual o peor que los anteriores
desde entonces se apoderaron
de territorio desde 1998 al
2001 ellos eran dueños y
señores del municipio de
tierralta y sus alrededores en
ese entonces el alcalde era el
que ellos querían que fuera
manejaban todo lo que tenía
que ver con estación de policía
alcaldía defensoría del pueblo
inspección de policía hay
seguimos con las manos atadas
y boca serrada en el 2001 el
alcalde de tierralta en ese
entonces ya fallecido Héctor
Hasta que la última amenaza
fue definitiva para que
desocupara el pueblo ya que le
asesinaron al compañero para
que no siguiera actuando
siempre estaban unidas para
afrontar la situación pero era
poco lo que se podía hacer
Cuando eso existían
corregidores que ahora son
remplazados x presidentes de
junta de acción comunal no
podían hacer nada solo
actuaban para enterrar a los
muertos todo el mundo vivía
amenazado hay aprendía uno
a ver y callar
desde muy niña ya tenía
una experiencia de todo
esto asi que hablaba con
personas mayores y
trataba de dar ideas de
cómo organizarnos para
poder reclamar nuestros
derechos aun así las
cosas se seguía
complicando pero
habían otras personas a
las que también le
interesaba organizarse y
tener un material
humano que era lo único
con lo que contábamos
así nos empezamos a
organizar ya que en
1998 ya por
circunstancias de la vida
ya yo vivía en una
119
acosta pacheco se rebeló a las
manipulaciones de ellos y es
donde Salvatore Mancuso
decide dar la orden de
asesinarlo esto ocurrió el 20 de
febrero del 2001donde
también mataron a su esposa
Leticia Monterrosa que estaba
embarazada dejando a una
niña huérfana durante todo
este tiempo el municipio de
Tierralta fue manipulado por
paramilitares
vereda llamada el loro
ya tenía una pareja y un
hijo un motivo más para
querer hacer algo por
cambiar toda esta
situación que yo había
vivido desde niña hay
estábamos organizados
en una JAC donde era la
secretaria de la misma
Desplazamiento enel 1998
masacre en el 2001
desmobilizacion de AUC 2004
Y RETORNO GOTA
GOTADE LOS
DESPLASADOS DEL 2005
Por el conflicto armado las
familias a un perdido la
oportunidad de tener una
vivienda digna se abriolado el
derecho a la educación básica
y la educación superior a la
salud entre y lo que es peor el
derecho de vivir la vida.
De todas las formas
desplazamiento forzoso
restricción de insumo por las
fuerzas públicas restricción
de comida inseguridad
atropello a la población
campesina tanto x los grupos
al margen de la ley tanto
como las mismas fuerzas
públicas.
Aquí de una u otra
forma la gente se fue
despertando y
organizando desde el
2005 en adelante nos
empezamos hacer un
trabajo como líderes
sociales a organizar las
veredas y corregimiento
como JAC a formar
comités de derechos
humanos y a capacitar
las personas que asían
parte de ellos para
afrontar las situaciones
que se presentaran de
todo este trabajo nace la
asociación campesina
ASODECAS que fue
constituida y legalizada
en el 2012 donde hay ya
nos atrevíamos hablar y
exigir nuestros derechos.
Yo pienso que para los grupos
al margen de la ley ubicarse a
sido importante ya que es un
municipio que comunica con
muchos ríos mucha zonas
boscosas el cual es muy
importante ellos incluso para
las fuerzas publicas
En este caso la población que
siempre ha sido y será el
blanco de todos los conflictos
armados llámense como se
llamen ha sido la población
campesina.
Cada persona que estaba
dispuesta a luchar por una
comunidad tenía muchos
enemigos
Pues las juntas de JAC
líderes campesinos
organizados se ha puesto
como condición a los
grupos al margen dela
ley respetar las
decisiones de ellas
Se reactivan porque en el 2004
se elige como alcalde de
tierralta Humberto santos
negrete alguien que aun siendo
llevado a la alcaldía por
medios del señor Salvatore
El conflicto armado no ha sido
diferente que el del campo
igual se a vivido masacres
asesinatos también
desplazamiento abuso por las
fuerzas publicas
Las manifestaciones
campesinas denunciar
los hechos mantenernos
unidos q se sienta que
todos estamos luchando
por una misma causa
120
Mancuso trato de hacer las
cosas bien fue uno de los y yo
creo que único alcalde que se
preocupó por que el
campesino se organizara su
mandato estoy casi segura que
a sido el mejor por eso empezó
a funcionar aso comunal y las
JAC
NO PORQ todo era mas
complicado
ENCOMPARACION DEL
2005 HAY MUCHA
DIFERENCIS x lo menos con
el proceso de paz an cambiado
mucho las cosas
La zona de reserva campesina
desata el
conflicto por el narcotráfico
Para resistir estar
organizados en el
territorio de otra forma
no hubiéramos sobre
vivido a todo esto
atropellos
ANTES del 2005 era muy
difícil llegar a un acuerdo con
ellos también era imposible
que ellos entendieran una
situación CLARO resalto las
veredas donde habitaban las
FARC CON ELLOS SE
PODIA HABLAR y hasta
llegar algunos acuerdos con
ellos de como manejas
nuestras situaciones como jac
Las manifestaciones
campesinas y sobre todo
no callar frente a estas
situaciones la
organización entre
nosotros mismos pero
sobretodo la
permanencia en el
territorio y la unión de
cada campesino
Organizándose en
organizaciones sociales
con el propósito de la
vida la dignidad la
tenencia de la tierra y la
permanencia en el
territorio
Es el sentido de
pertenencia y el afecto
que tenemos por el
territorio donde nos ha
dado la forma de sobre
vivir a través de la
agricultura etc
El aspecto físico del
material humano que a
pesar de todo esta
constante mente
haciendo resistencia
Permaneciendo en el
territorio constante
mente resistiendo
121
afrentando todas las
situaciones vividas
Hablar con los grupos al
margen de la ley para
que respetaran nuestras
planes de convivencia y
la autonomía en nuestros
territorio
Nosotras como mujeres
campesinas de Tierralta
hemos pensado de
apoyar las zonas de
reservas campesinas y la
guardia campesina en el
nudo paramillo en es el
área de Tierralta
Se asían actividades
recreativas para arreglo
dela carretera ya que es
una vía destapada se
sacaban comisiones para
gestionar algunas
ayudas a través de la
alcaldía (secretaria del
Loro en 1998)
LAS principales
victorias ansiado las
formaciones de la mujer
del alto sinu el
empoderamiento que a
tenido la mujer y el
reconocimiento casi que
en todos los puntos del
proceso de paz pactado
en la habana cuba
Entrevista 4
CARACTERIZACIÓN
HISTÓRICA DE LA
VIOLENCIA
SOCIOPOLÍTICA
CONSECUENCIAS DEL
CONFLICTO
CONTROL
TERRITORIAL
PRÁCTICAS DE
RESISTENCIA
Auto defensas unidad de
Colombia, farc ep y ejército
nacional de Colombia
Temor a la reacción
inadecuada de los grupos
(¿Qué prácticas de
resistencia?..)Ninguna. Pues
tenían que vivir sujetas a las
decisiones de los actores
armados
Movilizaciones,
comunicados a las
autoridades competentes
y denuncias publicas
122
Debido al conflicto armado
este territorio a cambiado de
manera drástica en lo que
respecta a la economía,
desplazamientos, hambres y
otros
Silencio, miedo y en ocasiones
desplazamiento
Con las guerrillas el
campesino se sentía más
seguro y con los
paramilitares no. Explico; la
guerrilla Asia investigación
antes de actuar. Mientras que
los paramilitares actuaban de
inmediato
Retornando a sus
territorios a pesar de la
violencia y la resistencia
por permanecer en el
Para los actores armados
porque es un corredor en
materia de delinquir y tráfico
de droga. Y para el estado por
las requisas naturales y
diversas de la región
100% en la economía,
educación, salud, medio
habiente etc.
Liberarse del yugo de
los grupos armados, por
lo menos en gran parte y
solución del conflicto
social y armado
Cada campesino tenía su
lote de tierra, pero con la
llegada de los actores
armado empezaron las
explotaciones
Falta de empleos, seguridad
social, participación política,
educación etc.
Resistencia, por hacer
cumplir sus derechos a
pesar de la pérdida de
vidas de algunos líderes
sociales
Violentas porque se
incrementó de paramilitares,
desplazando, maltratando y
matando a los campesinos en
todas partes
Todo se afectó, porque la
gente se desplazó con la
envestida de los paramilitares
Denunciando los
atropellos por parte de
los grupos armados
contra la población civil
No ha sido implementada
(Ley 160 de 1994) pero
estamos luchando por la
implementación pero tenemos
poco apoyo de los entes
territoriales
Presentar resistencia
ante cualquier grupo
armado por el
incumplimiento de los
derechos humanos
Una lucha permanente
por la dignidad de
nuestras vidas en el
territorio
Haciendo
movilizaciones,
comunicados denuncias
etc
La implementación de la
ley 160 de 1994, que es
la que otorga el derecho
de la creación de zonas
de reservas campesinas
Desde septiembre del
2012 se inicia la
resistencia (mediante
las movilizaciones, los
comunicados a las
autoridades
123
competentes y las
denuncias públicas)
(Importancia de las
organizaciones
campesinas) porque
fueron las
organizaron las que
les enseño que tenían
más derecho del que
ellos tenían
conocimiento, si no
era como campesino,
si como seres
humanos; por lo que
ya estaba bueno de
quedarse siempre
callados y sumisos a
todo lo que los grupos
armados querían hacer
en nuestro territorio.
También les enseño
que para lograrlo
teníamos que trabajar
en equipo Afrontar la
desigualdad social, la
permanencia del
campesino en el
territorio y exigir los
derechos
fundamentales de la
población civil
124
Anexo 3: Fotografías sobre el conflicto y la resistencia en Tierralta
Álvaro Uribe Vélez en Tierralta durante su campaña política en 2002 en la que se reunió con
varios políticos que terminaron presos por parapolítica. Fuente: (Las2orillas, 2013)
Carlos Castaño, uno de los comandantes de las ACCU y de las posterior AUC
125
Fuente: (El País, 2008 )
2004. Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez, comandantes paramilitares, en el
Congreso de la República durante el proceso de desmovilización de las AUC.
Fuente: (Las2orillas, 2016)
Firmas del Pacto de Ralito en 2001
Fuente: (Wikipedia, 2018)
126
Luis Carlos Restrepo en 2005 durante la desmovilización de las AUC en Santafe de
Ralito. Fuente: (Radio Santafe, 2014)