1

POSICIONAMIENTO SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EN CONTRA DE RICARDO MONREAL AVILA, COORDINADOR DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

I

El día de hoy asistí a la oficina del Gobernador del Estado de México, Eruviel Avila, con dos propósitos. Por un lado, entregar personalmente la documentación con base en la cual denunciamos ante la las autoridades electorales un presunto desvío de recursos públicos hacia la campaña presidencial del PRI; por el otro, ponerme a disposición de las autoridades judiciales estatales para dar seguimiento a la denuncia penal y demanda civil que el pasado viernes presentó en mi contra el Gobierno del Estado.

En este momento, el diferendo es en torno a la autenticidad de los documentos que hemos presentado. El gobierno del Estado considera que son pruebas apócrifas, mientras que nosotros creemos que son auténticas, resultado de un proceso de verificación y validación de las mismas, que incluye un reporte de transferencia bancaria electrónica conocido como SPEI del Banco de México, y el testimonio de la empleada del Centro de Atención Telefónica de Scotiabank, Jesica Añorve, confirmando que el titular de la cuenta es el Dr. Luis Videgaray y un depósito por 50 millones de pesos.

2

No obstante que ninguna de estas pruebas ha sido desmentida por los emisores correspondientes, el Gobierno del Estado de México –erigiéndose en juez y parte--, se adelanta, se autodictamina y concluye que son falsas. En una maniobra muy conocida de minimización y control de daños, reacciona de manera desesperada contrademandando. Ahora está en manos de las autoridades competentes validar o desestimar estos documentos y testimonios. Bienvenidas sean las demandas penal y civil si de ellas aflora finalmente la verdad y la razón.

II

Ahora bien, es importante que el suceso de hoy no nos distraiga de lo esencial y realmente importante: la impugnación de la elección presidencial por el uso y abuso en la campaña del PRI de dinero de procedencia ilícita, que no sólo rebasó los topes legales establecidos, sino que pervirtió las reformas político constitucionales de las últimas décadas que se propusieron desterrar la inequidad evitando que el dinero público y privado se convirtiera en el Gran Elector o, lo más grave, que el cargo de representación popular democrática más importante del país, la Presidencia de la República, se subastara y terminara entregándose al mejor postor, es decir, al candidato que más dinero gastó.

En materia de uso y abuso de dinero ilícito, el PRI exhibe una conducta reincidente. Hace doce años, el Pemexgate le costó una multa de mil millones de pesos. De nada sirvió la sanción, porque ahora los casos Monexgate, Sorianagate y Scotiagate rebasan en conjunto esa cifra.

3

La reincidencia se vio agravada ahora por el acompañamiento de otros factores como la actitud tendenciosa de algunos medios de comunicación, el manejo de encuestas como instrumentos de propaganda, el gasto excesivo en propaganda y movilización en los eventos del candidato Peña Nieto, el uso de tarjetas prepagadas de Soriana para comprar el voto, la distribución de miles de monederos de Banco Monex con dinero de procedencia ilícita, la compra y distribución de tarjetas telefónicas como propaganda de Peña Nieto, utilización de los gobiernos del PRI en beneficio de su candidato presidencial, manejo de una cuenta institucional del gobierno del Estado de México por el coordinador de la campaña presidencial, en fin, compra de votos y tráfico con la pobreza en el país y, de manera especial, en el medio rural.

III

En esta operación de compra masiva de la Presidencia de México, el PRI digitalizó sus huellas dactilares. Por doquier surgen comprobantes de facturas electrónicas, dinero plástico, monederos prepagados, empresas pantalla o fantasmas, transferencias electrónicas internacionales, pagos bancarios SPEI y todo un entramado de operaciones tipificadas en cualquier parte del mundo como lavado de dinero. Imposible hacerse de la vista gorda ante el tamaño de este Mamut fiscal y financiero. Habría que demandar por daño moral a medio sistema de pagos en el país y a los medios de comunicación que valiosamente han investigado

4

estas irregularidades con apego al derecho a la información y a la libertad de expresión.

Por todo ello, resulta extraña la actitud asumida por el IFE que, después de haber sido dotado de dientes y colmillos para investigar y castigar la intromisión de dinero ilícito en las campañas (como la eliminación del secreto bancario y el acceso expedito a cuentas de empresas y personas físicas), hoy no acepte siquiera presentar un informe preliminar de resultados de la investigación de su Unidad de Fiscalización de Recursos de los Partidos Políticos, sobre los casos antes mencionados.

IV

Deseo, por último, destacar otro aspecto de la conducta reincidente del grupo que actualmente domina en el PRI. Hace un año, aquí, en el Estado de México, se aplicaron de manera discrecional y sistemática una buena parte de las prácticas perniciosas que ahora observamos a nivel nacional: rebase de topes de campaña, dinero ilegal a manos llenas, compra de votos en zonas marginadas mediante tarjetas de campaña, bombardeo de encuestas en medios de comunicación, doble contabilidad y doble financiamiento, entre otros rubros.

Se denunciaron en tiempo y forma todas estas irregularidades, y la respuesta de la autoridad electoral local fue una auténtica burla a la Constitución Política local, que prevé la anulación de una elección por rebase de gastos de

5

campaña: todo terminó en una multa de $26,900.00 por actos anticipados del entonces candidato Eruviel Avila.

La complacencia y la impunidad con que este grupo político actuó en la elección del Estado de México en 2011, fue precisamente lo que permitió escalar y aplicar irregularidades similares en la campaña presidencial del 2012, al grado de vulnerar los principios constitucionales rectores de elecciones libres y auténticas.

Por ello, se equivocan aquellos que piensan que una simple multa, por baja o alta que sea, subsanará el agravio a la Constitución, la ofensa a la sociedad o evitará riesgos mayores a la Nación.

V

Este mismo grupo ofreció en campaña crear una comisión nacional anticorrupción y adoptar la transparencia como política pública federal, estatal y municipal. El buen juez por su causa empieza y antes de emprender una huida al futuro, debería empezar por transparentar y castigar los casos emblemáticos de corrupción de la pasada campaña presidencial: Monexgate, Sorianagate y Scotiagate.

La historia nos demuestra que quien compra la Presidencia, termina vendiendo al país. Una Presidencia comprada es una presidencia entregada a pactos económicos inconfesables. Una Presidencia subastada es una presidencia escriturada a intereses particulares o de grupo. Una Presidencia pignorada

6

o dada en prenda nunca podrá ser una presidencia al servicio de los intereses superiores de la Nación.

Precisamente porque el país no soportaría más una Presidencia obtenida a la mala, con dinero ilícito, de procedencia desconocida, es que la elección debe invalidarse y dar lugar a unos comicios libres y auténticos, tal como la mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De eso y no de otra cosa se trata la lucha que estamos librando para que se limpie la elección presidencial. Y si por ello hay que enfrentar denuncias penales, demandas civiles y acoso político, bienvenidas sean.

-o0o-