363.1098 Dammert, Lucía.D162 ¿Duros con el delito?: populismo e inseguridad en América Latina/ Lucía Dammert y Felipe Salazar. Santiago, Chile: FLACSO-Chile, 2009. 112 p. ISBN: 978-956-205-245-0 (Reporte del Sector Seguridad en América Latina y el Caribe; N˚7)

SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD PUBLICA: POLITICA PUBLICA: POPULISMO: AMERICA LATINA

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Primera edición: septiembre, 2009Tiraje: 300 ejemplaresImpreso en septiembre, 2009

ISBN: 978-956-205-245-0Registro de Propiedad Intelectual Nº 183.898

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Populismo penal, política y medios en la Argentina

Martín AppiolazaInstituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

Corriendo detrás de los votos o detrás del rating, las proclamas para aumentar penas a algunos delitos, bajar la edad de imputabilidad en niños e incluso imponer la pena de muerte, han proliferado durante los últimos meses en la Argentina. Candidatos conservadores y no tan derechistas, estrellas de la televisión, aspirantes a la farándula y vedettes, han recitado sus soluciones para la “inseguridad”, buscando sintonizar con la opinión pública.

La caja de resonancia de estas expresiones de populismo penal ha sido un sector extendido de los medios de comunicación privados –los amarillos y también la prensa de referencia, que ha ido adoptando formas sensacionalistas-. Se han constituidos en un actor preponderante en la discusión sobre las políticas de seguridad. Sucede en tiempos donde se discute cambiar la ley que regula los medios, una norma sancionada por la última dictadura cívico-militar, que llevó a una concentración de la información pública en pocas empresas que además tienen otros intereses económicos.

¿En que escenario se han desplegado estas propuestas de cambiar leyes penales para resolver los conflictos y también el temor? En un proceso electoral cruzado por los conflictos del gobierno con sectores económicos, productivos y mediáticos, que son la base de rearticulación de la oposición.

Se sabe qué seguridad objetiva y subjetiva caminan juntas pero no unidas. El tema de la “inseguridad”, está entre las principales preocupaciones de los argentinos pese a que las estadísticas criminales se han mantenido estables. Pero hay también un crecimiento de algunas modalidades de alto impacto en la opinión pública y la presencia de mayor violencia en los delitos contra las personas. Durante años, la respuesta gubernamental ha estado limitada a sostener que la inseguridad es construida por los medios de comunicación y que el crimen no crece, al tiempo que cargó culpas sobre el Poder Judicial. Una forma de alimentar también la asociación entre los delitos y las penas.

Las crónicas periodísticas cuentan como dos ministros de la Corte Suprema de Justicia conocidos por no ser afectos a recostar todo el peso en los fueros penales, buscaron distinguir entre violencia, temor y facultades judiciales. Carmen Argibay sostuvo que el exceso de sensacionalismo mediático termina estigmatizando a niños, niñas y jóvenes, al tiempo que reclamó políticas sociales efectivas para ellos, los más afectados por la violencia y el delito. Eugenio Zaffaroni, también ministro y además uno de los más reconocidos penalistas de la Argentina, aclaró a través de la prensa que “una cosa es la realidad de la frecuencia delictiva y la violencia en nuestra sociedad. Otra de las cuestiones es la construcción social viciosa de la realidad, que es la gobernabilidad y eso es política”.

La ley y la calle

Otro triunfo del populismo penal. Bajar la edad de imputabilidad de los niños de 16 a 14 años, ha sido insistentemente una de las consignas punitivas como receta para reducir la inseguridad (que ya no mencionamos como sinónimo de violencia). En 2004, Juan Carlos Blumberg, padre de un joven asesinado luego de ser víctima de un secuestro, convocó a marchas en la Ciudad de Buenos Aires reclamando formas de control más férreas y que permitan encarcelar a niños desde

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los 14 años. Las marchas tuvieron inicialmente un gran impacto en las clases medias, sensibilizadas y con el aprendizaje táctico de las manifestaciones que forzaron la renuncia del presidente De la Rua en el año 2001, sumado a la gran cobertura mediática. Blumberg se convirtió en un referente social de la antipolítica. Su popularidad se fue desinflando hasta naufragar en una candidatura fallida por la derecha en la provincia de Buenos Aires.

Es que seguridad se volvió un tema de las campañas. La derecha propone mano dura, el centro izquierdo duda. Un ejemplo es Francisco de Narváez, el empresario diputado que representa la derecha del peronismo de la provincia de Buenos Aires (enfrentada a las posiciones del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner), que ha propuesto reiteradamente la baja en la edad de imputabilidad de menores. Para posicionarse públicamente como un candidato preocupado por el tema, colocó en la web un “mapa de la inseguridad” abierto, donde cualquiera puede informar delitos y agregar algunos detalles de color. ¿Una forma de cuestionar las estadísticas oficiales? De Narváez es socio político del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, otro empresario y ex dirigente del club Boca Junior, que ha hecho de la propuesta de seguridad uno de los ejes de su campaña y gestión, a través de preceptos de recuperar el orden social.

Las propuestas deslizadas tienen similares características a lo que se puede escuchar en otros países: el desplazamiento de una villa, reacciones ante asesinatos de vecinos o de policías que causan conmoción pública, la necesidad de militarizar las ciudades y de construir muros separadores. Manifestaciones que por sus características de espontaneidad y heterogeneidad de los actores, se estructuran como nuevos movimientos sociales. Estos hechos siempre son noticia, pero el tema se instaló con fortaleza cuando varios personajes de la farándula se sumaron al discurso de mano dura.

El florista y la diva

Susana Giménez, la ex vedette y animadora de televisión lanzó consignas medievales desde su programa cuando mataron a su florista en un aparente robo. Habló de políticas de “mano re-dura”, propuso la reimplantación del servicio militar obligatorio para los jóvenes, nuevas leyes penales que contemplen que “el que mata debe morir”. No pasó desapercibida. Fue rechazada por organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un abanico de intelectuales. Fue respaldada por otros personajes de la farándula como Marcelo Tinelli y Moria Casán, con una amplia cobertura mediática en la que, como observó el periodista Eduardo Aliverti, se omitió completamente la opinión de expertos. Pura pasión, pura sensación y apelaciones permanentes a lo que el “pueblo” quiere.

Las suspicacias sobre el exabrupto de la conductora más popular de la televisión, apuntaron a un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el gobierno y el grupo Clarín, principal grupo mediático del país. De hecho, hubo una convocatoria insistente a una marcha por la seguridad de parte de algunos medios de comunicación. La participación fue magra en relación a otras concentraciones por el mismo tema, con un carácter opositor-electoral expresado en los discursos de los principales oradores: un rabino y un sacerdote.

No es una novedad en la Argentina este omelet de noticias policiales, propuestas efectistas para la seguridad, medios de comunicación y política. Una investigación de Stella Martini sobre medios y seguridad en la Argentina, descubre que desde el inicio de la democracia hay un incremento

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permanente de las noticias policiales en la tapa de los dos principales diarios: Clarín y La Nación. Aunque el dato es más llamativo respecto a los procesos electorales y la instalación de agenda. Durante los meses decisivos de la campaña presidencial de 1999 se multiplicó esa tendencia, “el diseño de tapas es elocuente: su relación directa con los procesos políticos a partir de 1999 confirma la tendencia que indica la instalación del tema en la agenda de modo definitivo y su carácter de variable en el accionar político”, sostiene la autora. Desde entonces la tendencia no se modificó.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, Eugenio Zaffaroni también reclamó un sistema de responsabilidad penal juvenil, que impute a niños y niñas a partir de los 14 años, bajo el argumento de que el sistema tutelar que se mantiene en la Argentina vulnera el derecho al debido proceso, garantizados por la Constitución y por la Convención de los Derechos del Niño. Fue el atajo de centro izquierda en un entorno de disputa electoral para satisfacer una consolidada demanda social de control y castigo sobre niños, niñas y jóvenes en situación de violencia delictiva. El ex presidente Néstor Kirchner en campaña lo pidió desde las tribunas, y el Congreso asintió. Ejemplo de cómo el populismo penal se impuso sobre la racionalidad criminológica en un juego de fuerzas entre política y sensacionalismo mediático.