políticas públicas para la reconstrucción de viviendas: el caso de … · 2020-05-12 ·...

Rev. Est. de Políticas Públicas, 5(1): diciembre 2018 - junio 2019, 108-123http://dx.doi.org/10.5354/0719-6296.2019.52422

ISSN edición web: 0719-6296©Copyright 2019: Universidad de Chile, Santiago (Chile)

Políticas públicas para la reconstrucción de viviendas: el caso de

San Francisco del mar, Oaxaca

Jorge Cordero

Universidad del Istmo

ResumenEn el presente trabajo se analiza si la sociedad conoce y entiende lo que el gobierno y la administraciónpública han comunicado, asimismo, si se ha incorporado el enfoque de derechos humanos a las políticaspúblicas de viviendas implementadas ante el desastre provocado por el sismo del 2017 en San Franciscodel Mar, Oaxaca. Se aplica el enfoque basado en derechos humanos (EBD) como instrumento metodológicoque usa el discurso de la teoría constitucional e internacional de los derechos humanos y la decisión públicaadoptada a través de las políticas públicas del Estado, permite identi�car las limitantes para el desarrollodel contenido del derecho a la vivienda en las políticas de reconstrucción. En la fase de difusión de la PolíticaPública, se identi�ca y analiza la información y divulgación de las actividades plani�cadas y ejecutadas. Seobserva un avance en el cumplimiento jurídico, pero existen limitantes para el goce de este derecho, así comofallas en la fase de difusión de la Política Pública. Si las políticas públicas de vivienda dotan de solo cuatroparedes, es obligación pendiente del estado y administración pública municipal mejorar los accesos a unavivienda adecuada, así como el desarrollo de infraestructura básica

Palabras clave: Políticas de reconstrucción, administración municipal, derechos humanos

Public policies for reconstruction of housing: the case of San Francisco del mar, Oaxaca

AbstractThis article analyzes public awareness and understanding of the government´s housing and human rightspolicies as they a�ect reconstruction e�orts that are taking place in San Francisco del Mar Oaxaca, Mexicoas a consequences of the 2017 earthquake. As a means of identifying the limitations of governmentallymandated housing reconstruction, a methodological focus based on human rights is applied that utilizesconstitutional and international human rights theories in order to analyze public policies adopted by theState. The availability of Information as well as the planning and realization of reconstruction activitiesare analyzed in light of the dissemination of o�cial governmental policy. Although juridical compliance hasprogressed, shortcomings in keeping the public informed on the nature of their rights has limited access togovernmentally subsidized housing construction. If governmental housing policy provides only four walls,it is the obligation of the state and municipal governments to create and administrate the infrastructurerequired to provide adequate housing

Keywords: Reconstruction policies, municipal administration, human rights

*Dirección de correspondencia [Correspondence address]:

Jorge Cordero Torres, Universidad de Itsmo

E-mail: [email protected]

Fecha recepción: 27 de febrero de 2018 Fecha aceptación: 12 de abril de 2018

mailto:[email protected]

Políticas públicas para la reconstrucción de viviendas 109

1. Introducción

El término �desastre� suele aplicarse al fenómenonatural (por ejemplo, un huracán o un terremoto)combinado con sus efectos nocivos (por ejemplo, lapérdida de vidas o la destrucción de edi�cios) (Orga-nización Panamericana de la Salud, 2000: 1). Aun-que todos los desastres son únicos en el sentido deque afectan a zonas con grados distintos de vulne-rabilidad y en condiciones económicas, sanitarias ysociales peculiares, también existen similitudes entreellos. Algunos tipos de desastre según la OPS: te-rremotos; vientos destructivos; inundaciones repen-tinas, crecidas del mar y tsunamis; volcanes y alu-des (Organización Panamericana de la Salud, 2000:6-10).

Debido a la destrucción de las viviendas, los te-rremotos pueden provocar numerosas defunciones ylesiones. El resultado depende de tres factores: el pri-mero es el tipo de vivienda, las casas construidas conadobe o piedra en seco o sin refuerzo de mamposte-ría, aunque sea de un solo piso son muy inestablesy su colapso cobra muchas vidas. El segundo factorse vincula con la hora del día en que ocurre el te-rremoto. La noche resulta letal en los terremotos.El tercer factor es la densidad de la población: enlas zonas densamente pobladas suele ocurrir el ma-yor número de defunciones y lesiones (OrganizaciónPanamericana de la Salud, 2000: 6).

Un sismo, terremoto o temblor de tierra, es, se-gún Colina y Ramírez, �un movimiento vibratoriodel suelo que modi�ca el estado de reposo relativoa los cuerpos que se apoyan directamente sobre él.Un sismo causa temor y pánico, porque se mueveaquello que los sentidos nos dicen deben ser �rmesy porque en ocasiones destruye las construcciones�(Colina y Ramírez de Alba, 1999a: 86).

Son muchos los fenómenos que provocan los sis-mos, tales como: impactos de meteoritos, eventosvolcánicos, explosiones tanto naturales como causa-das por el hombre, colapsos de formaciones geoló-gicas, y los que tienen como origen el movimientopropio del planeta: terremotos de origen tectónico,derivados del movimiento de las placas que forman lacorteza terrestre (Colina y Ramírez de Alba, 1999a).

Durante un terremoto, la base de las construccio-nes y/o viviendas sigue �elmente el movimiento delterreno sobre el que se apoya. Sin embargo, debido ala inercia (propiedad intrínseca de todo cuerpo quetrata de mantener su estado de reposo o movimien-to) y a la �exibilidad del edi�cio y/o vivienda, es

más fácil para las partes superiores mantener su es-tado de reposo inicial. Esto ocasiona que mientras labase es obligada a seguir la oscilación del terreno, laspartes superiores obedecen más a la inercia que almovimiento de los niveles inferiores. Para que estosdesplazamientos ocurran, la estructura debe defor-marse para mantener su integridad. La ocurrenciade un temblor impone a la estructura deformacio-nes, no fuerzas (Colina y Ramírez de Alba, 1999b:170). La respuesta sísmica no sólo depende de laedi�cación de la vivienda, sino también del tipo demovimiento en su base.

La entidad federativa de Oaxaca fue sacudida pordos sismos en el año 2017, los días 7 y 23 del mes deseptiembre. El Servicio Sismológico Nacional (SSN)reportó un sismo con magnitud1 8.2 localizado en elGolfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pi-jijiapan, Chiapas. El sismo, ocurrido a las 23:49:17(04:49 UTM), fue sentido en el sur y centro del país.Las coordenadas del epicentro2 son 14.761° latitudN y -94.103° longitud W y la profundidad es de 45.9km. (Servicio Sismológico Nacional, 2017: 1). El SSNreportó como réplica de magnitud 6.1 la ocurrida eldía 23 de septiembre a las 07:52 horas en las cer-canías de Unión Hidalgo, Oaxaca. Días después deocurrido el sismo, y a �nales de septiembre se habíanregistrado 5,791 réplicas. En esta región, la placa deCocos subduce (se desplaza) por debajo de la placade Norteamérica y Caribe.

Al mes de junio de 2018 se habían reportado 2,480sismos con epicentros dentro de territorio nacional.El estado con mayor sismicidad en este periodo fueel estado de Oaxaca (Servicio Sismológico Nacional,2017).

Las viviendas dañadas en la entidad oaxaqueñapor los sismos de septiembre del 2017 fue de 65,044,que representan el 38% del total de viviendas daña-das a nivel nacional. Por otro lado, en el municipiode San Francisco del Mar el total de viviendas da-ñadas y censadas fue de 2,194 (SEDATU, 2017), al2015 había 2,056 viviendas particulares (SEDESOL,2017).

Como apoyo a la autoconstrucción y reparaciónde viviendas, el gobierno federal, apoyaría a las fa-milias afectadas de acuerdo a los daños determina-

1La magnitud de un temblor es una estimación de la medi-da del tamaño del mismo que resulta independiente del lugardonde se haga la observación y que se relaciona con la energíaliberada.

2El punto donde se inicia la ruptura de una falla recibe elnombre de foco, centro o hipocentro. La proyección sobre lasuper�cie terrestre se denomina epifoco o epicentro.

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Tabla 1: Número de viviendas por tipo de afecta-

ción en San Francisco del Mar, Oax

Daño parcial 1,405 64%Pérdida total 789 36%

Fuente: Elaboración propia.

dos en el levantamiento del censo. Con la posibilidadde asistencia técnica en caso de autoconstrucción ocontratar de manera directa a una empresa social es-pecializada y certi�cada para realizar los trabajos.También se menciona que los proyectos respetaríanla identidad cultural y la imagen urbana de las co-munidades (SHCP, 2017).

Los recursos para la reconstrucción provienen delFondo de Desastres Naturales (FONDEN) y de re-cursos de las entidades federativas. A los bene�cia-rios se les entregaron tarjetas bancarias otorgadaspor el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Fi-nancieros (BANSEFI) y los recursos están destina-dos a la adquisición de materiales, herramientas deconstrucción y mano de obra.

El FONDEN se integra de tres instrumentos, elFondo Revolvente, que proporciona suministros deauxilio y asistencia ante situaciones de emergenciainmediata; el programa Fondo de Desastres Natura-les, correspondiente al Ramo 23 del Presupuesto deEgresos de la Federación (PEF), y el Fideicomiso delFondo de Desastres (SEGOB, 2010). En este estudiointeresa el Programa Fondo de Desastres Naturalescomo política pública de reconstrucción de vivien-da a nivel local, pues estos recursos se brindan enefectivo o especie, los apoyos dependen del grado deafectación de las viviendas y de la población, comoya se ha señalado, ésta se determinó a través de uncenso de daños.

También debe señalarse que el presente trabajose inscribe dentro del proyecto denominado �De laspolíticas públicas y la costumbre. Una aproximaciónal gobierno y administración municipal de San Fran-cisco del Mar, Oaxaca�. Financiado por el Programade Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Su-perior DSA O�cio No. 511-6/17-13098.

Pregunta de investigación ¾se comunicaron y di-vulgaron las actividades plani�cadas o ejecutadascomo una fase de las políticas públicas de recons-trucción después de los sismos del 2017?

Por lo tanto, el objetivo de la investigación es elsiguiente: identi�car si se comunicaron y divulga-ron las actividades plani�cadas o ejecutadas de lapolítica pública de reconstrucción por parte de la

administración en San Francisco del Mar, Oaxaca.

2. Marco teórico

En este apartado se exponen los conceptos bási-cos usados en la investigación con el propósito deestablecer un lenguaje analítico común en el uso delos términos. Así, se parte de los que se entiende porpolíticas públicas y marcos legales.

El análisis de las políticas públicas es la disciplinaque tiene por estudio la acción de las autoridadespúblicas en el seno de la sociedad Ortegón (2008).En ella con�uyen diversas disciplinas tales como laeconomía, la sociología y la ciencia política. EdgarOrtegón (2008) señala que las políticas públicas sonuna directriz de pensamiento que guía la acción, es-to es, un proceso dinámico, participativo y sistémicoque establece objetivos, instrumentos, actores y re-cursos, que buscan generar un cambio. Cabe decirque, las políticas públicas están ligadas al rol delEstado en la sociedad, los procesos políticos y lasinstituciones en que se desenvuelven.

Por su parte, Meny y J. Thoenig (1992)) esta-blecen que el estudio de las políticas públicas esla acción de las autoridades públicas en el seno dela sociedad. De manera similar, Cochran y Malo-ne (1999)) argumentan que la política pública es elestudio de las decisiones y acciones del gobierno di-señadas para tratar asuntos de interés público. Otraconcepción de las políticas públicas es considerarlascomo un �conjunto de decisiones interrelacionadasadoptadas por un actor o un conjunto de actores,concernientes a la selección de objetivos y los mediospara alcanzarlos, en el marco de una situación espe-cí�ca"(Jenkins, 1978, citado en Aguilar, 1993: 3). Eneste orden de ideas, Aguilar Villanueva (1993, cita-do por Graglia, 2004: 15), argumenta �que gobernary administrar en nombre y representación del biencomún es gobernar y administrar por políticas pú-blicas�.

Se entiende por marco legal a los procedimientosadministrativos que orientan la acción de las políti-cas públicas en un sistema de derecho administrativoen donde el núcleo del mismo es la ley. Así, la ley �esuna regla de conducta prescrita por una autoridada que debemos obedecer; y más particularmente laregla dada por el legislador, a la cual debemos aco-modar nuestras acciones� (Rodríguez de San Miguel,1998: 392).

Así, la ley es �la norma de derecho dictada, pro-mulgada y sancionada por la autoridad pública, aún



sin el consentimiento de los individuos, que regulatodos los casos o circunstancias que reúnan las con-diciones previstas por ella para su aplicación� (Pon-ce, 2005: 25).

Entonces, cuando se habla de políticas públicas, sepiensa en éstas como directrices emanadas del ejecu-tivo, como orientaciones para la acción de gobierno.Podemos distinguir la política estatal de la políticagubernamental, las primeras están contenidas en laley junto con la Constitución General y represen-tan el andamiaje de las políticas gubernamentales.Las leyes son políticas públicas estatales, que danfundamento a las políticas y acciones de los gobier-nos en la materia respectiva. En este orden de ideasasumimos que �las leyes proveerán a las políticas gu-bernamentales de objetivos, conceptos, criterios quedeberán germinar con el mismo sentido en las políti-cas gubernamentales: planes, programas, proyectosy acciones de desarrollo social, político, económico,cultural, ambiental� (García, 2004: 7-8).

Por su parte Emilio Graglia sostiene que �las po-líticas públicas son de�nidas como proyectos y ac-tividades que un Estado diseña y gestiona a travésde un gobierno y una administración a los �nes desatisfacer necesidades de una sociedad� (2014: 19).También, hace una distinción entre políticas guber-namentales y políticas de Estado, señalando que to-das las políticas públicas son políticas gubernamen-tales o administrativas.

Wildavsky habla del ciclo de la política, cuyosmomentos son: �jación de la agenda, análisis de lacuestión, implementación, evaluación y terminación(Aguilar (1993): 16). Meny y Thoening considerancinco fases: Identi�cación del problema, formulaciónde una solución, toma de la decisión, aplicación de laacción y evaluación de los resultados (1992). Desdeel enfoque relacional de Graglia, el proceso de polí-ticas públicas se clasi�ca en cuatro fases primarias:diagnóstico, decisión, dirección y difusión, el cual elautor llama el modelo de las cuatro �D� (Graglia,2004: 47-48).

2.1. El enfoque de derechos humanos

�La discusión jurídica y los esfuerzos para traducirlas normas internacionales de derechos humanos enacciones de política institucional y de control sociales lo que se ha denominado como el enfoque de losderechos� a�rma Güendel (Güendel, 2003: 2). Por suparte, (González, 2004) señala que estamos en pre-sencia del enfoque de derechos �cuando una política

pública evidencia la articulación racional de accio-nes y omisiones del Estado, basadas en las obliga-ciones contraídas voluntariamente por éste a travésde distintos instrumentos de derechos humanos y enla de�nición participativa de los principales proble-mas y necesidades de la sociedad� (2004; citado porGiménez y Valente, 2010: 58).

La O�cina del Alto Comisionado de Derechos Hu-manos señala que el enfoque de derechos constituyeun marco conceptual que incluye aspectos como elnormativo y el operacional. El aspecto normativoestá orientado por los instrumentos jurídicos inter-nacionales que establecen mecanismos de exigibili-dad ciudadana. El aspecto operacional tiene su baseen el respeto, la protección y el cumplimiento de losderechos humanos. Son aspectos operativos las obli-gaciones derivadas de los derechos: Respetar: exigeque el Estado no inter�era directa o indirectamenteen el disfrute del derecho; Proteger: requiere que elEstado adopte medidas para evitar que terceros in-ter�eran en el ejercicio pleno del derecho; y Cumplir:exige que el Estado adopte medidas legislativas, ad-ministrativas, presupuestarias, judiciales y de otraíndole adecuadas para facilitar, proporcionar y pro-mover la plena realización del derecho (2004, citadopor Giménez y Valente, 2010: 10).

2.2. Políticas públicas con enfoque de dere-chos humanos (EBD)

Las políticas públicas sociales que están orienta-das por los derechos humanos pueden ser entendidascomo acciones positivas destinadas a superar situa-ciones graves de exclusión y desigualdad estructuralde grandes sectores de la población, que garantizanel acceso universal, integral y progresivo al ejerciciode sus derechos (Abramovich, 2006).

Para Giménez et al. (Giménez y Valente, 2010:62), el enfoque de derechos considera la interrelaciónexistente entre políticas públicas y derechos socia-les, entendiendo a aquellas más que como simplesmedios de garantizar el ejercicio efectivo de estos.Este paradigma considera la política pública socialcomo un derecho en sí mismo, reconoce el papel delEstado como garante del acceso a bienes y servicioscolectivos que satisfagan necesidades fundamentalesde la población asegurando una vida digna, y quepor su naturaleza no pueden ser dejados bajo la ló-gica del mercado. Los mismos autores señalan queel enfoque de derechos:

Es una visión que pretende sustituir la caridad


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y la ayuda por una nueva solidaridad fundadaen los derechos humanos, en la cual la políti-ca pública social no sea visualizada desde elEstado como una responsabilidad simplemen-te moral, sino una obligación jurídica.

(Giménez y Valente, 2010: 62)

2.3. La evaluación de políticas públicas

Una evaluación puede centrarse en cualquier ám-bito de intervención pública, así como sobre cual-quier temática que se pueda plantear, ésta puedeatender al conjunto de las fases del ciclo de las polí-ticas públicas, o bien, puede elaborarse parcialmentesobre alguna de ellas.

Salcedo de�ne a la evaluación de políticas públi-cas �como la valoración de la acción emprendidapor los poderes públicos para abordar un problemade la agenda pública; pone el énfasis en los efectosreales de la acción gubernamental� (Salcedo, 2011:23). Asimismo, señala la utilidad de la evaluaciónpara: veri�car, rati�car o corregir el rumbo de laacción gubernamental; aprender de la experiencia ytomar decisiones sobre bases más sólidas; negocia-ciones presupuestales; y, para orientarlo a mejoresprácticas gubernamentales (Salcedo, 2011: 30).

2.4. Políticas de vivienda en casos de desas-tres

De acuerdo con (Estrada, 2014) las intervencionesque lleva a cabo el gobierno mexicano para la pre-vención y reconstrucción después de desastres natu-rales se basa en una serie de instrumentos que inci-den en la etapa de riesgo al posdesastre, el cual seentiende por �política de desastres en México� (Es-trada, 2014).

En este contexto, se realizó un diseño metodoló-gico con base en el marco teórico. De Graglia (2004)tomamos que, descriptivamente las políticas públi-cas son proyectos y actividades estatales y, por tan-to, el sujeto o responsable principal es el Estado através de un gobierno y una administración. Paraidenti�car la realización plena del derecho se apli-ca el enfoque de derechos humanos (EBD), (Gimé-nez y Valente, 2010); (Abramovich, 2006); (O�cinadel Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos, 2004); y (Alza, 2014). Paraidenti�car posibles fallas en el proceso de difusión delas políticas públicas, se evalúa la fase de difusión deacuerdo a lo propuesto por (Graglia, 2004).

3. Metodología

El estudio corresponde a una investigación mixtade carácter descriptivo, para la recogida de la infor-mación se recurrió a fuentes primarias y secunda-rias (diversas encuestas y estadísticas o�ciales) y eldesempaque de derechos, método usado en el enfo-que basado en derechos: la desagregación del derechoque se analiza; la construcción de las obligaciones; laidenti�cación de los elementos para el ejercicio delderecho a la vivienda (Serrano y Vázquez, 2013).

El derecho a la vivienda digna y decorosa es unode los derechos económicos, sociales y culturales con-siderados en el Pacto Internacional de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales (PIDESC); tambiénreconocido en el Pacto Internacional de Derechos Ci-viles y Políticos (PIDCP) y otros instrumentos in-ternacionales.

Para lograr lo anterior, �el EBD posibilita transi-tar del derecho a la vivienda digna y decorosa, en-tendido como un derecho subjetivo (expectativa deacción u omisión del individuo respecto al Estado)a la materialización de este mediante acciones con-cretas en el quehacer institucional� (Consejo Nacio-nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social, 2018: 25).

El Enfoque Basado en Derechos (EBD) es un ins-trumento metodológico que usa el discurso de la teo-ría constitucional e internacional de los derechos hu-manos, pero que incorpora una dimensión políticaen el análisis: el de la decisión pública adoptada através de las políticas públicas del Estado, quien sehace responsable de la vigencia de los derechos ypone al ciudadano al centro de toda decisión (Alza,2014: 54).

La propuesta metodológica considera necesaria latriangulación de: a) Las causas que di�cultan o limi-tan el cumplimiento del contenido del derecho a lavivienda desde el Enfoque Basado en los DerechosHumanos; b) Las obligaciones del Estado en materiade derecho a la vivienda, las causas que di�cultan olimitan el cumplimiento del contenido del derecho ala vivienda desde el Enfoque Basado en los DerechosHumanos y; c) La difusión de políticas públicas devivienda.



Tabla 2: Instrumentos de la política de desastresI. Que inciden en los factores geográ�cosCentro Nacional dePrevención de Desas-tres (CENAPRED)

Tiene el objetivo de generar y difundir informacióncientí�ca y pertinente sobre los riesgos y amenazas enel territorio nacional.

Plan de Ordenamien-to Territorial (POT)

Entiende al territorio como un sistema complejo en elcual interactúan entre sí componentes naturales, socio-culturales, económicos. Urbano-regionales y políticos.

Plan de Ordenamien-to Ecológico (POE)

Criterios que considera: Ecosistemas existentes; Voca-ción de cada zona en función de sus recursos; Des-equilibrio existentes en ecosistemas por efecto de losasentamientos humanos.

Programas de ordenamientoecológico:

I.- General del territorio;II.- Regionales;III.- Locales, yIV.- Marinos

Fondo para la Pre-vención de DesastresNaturales (FOPRE-DEN)

Busca contribuir a la reducción de los factores geográ-�cos de vulnerabilidad, �nancia proyectos preventivospara la reducción de riesgos e iniciativas para crearcapacidades en materia de prevención de riesgos.

II. Que inciden en los factores sociodemográ�cos y económicosPrograma de Aten-ción a Contingen-cias Climatológi-cas(PACC)

Busca contribuir a mantener el patrimonio de la po-blación del medio rural ante la ocurrencia de contin-gencias climatológicas extremas.

Fondo de DesastresNaturales (FON-DEN)

Permite transferir fondos a los estados y municipioscuyos medios resultan insu�cientes para atender y re-cuperarse de un desastre.

El �deicomiso FONDEN, a tra-vés de la institución �ducia-ria administra los recursos hastaque los programas de reconstruc-ción son implementados y realizalos pagos por las obras y accionesde reconstrucción.

Programa Nacionalde Reconstrucción(2019).

Orientado a la atención de la población afectada porlos sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018,con un enfoque de derechos humanos.

Componente vivienda: accionesde subsidio para la reparaciónparcial, reparación total y reubi-cación de vivienda. La instanciaejecutora es la Comisión Nacio-nal de Vivienda (CONAVI).

Fuente: Elaboración propia con base en SEGOB (2019, 2012) y Estrada (2014).


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Se identi�ca el derecho al cual está orientado lapolítica pública: el derecho a la vivienda. Se veri�canlas causas que di�cultan o limitan el cumplimientodel contenido del derecho a la vivienda adecuadadesde el Enfoque Basado en los Derechos Humanos.Se toman en cuenta los siguientes elementos del con-tenido del derecho:

Seguridad de su tenencia: es decir que sus ocu-pantes cuenten con la protección jurídica con-tra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otrasamenazas.

Disponibilidad de servicios, materiales, ins-talaciones e infraestructura: que cuente conagua potable, instalaciones sanitarias adecua-das, energía para la cocción, la calefacción y elalumbrado, y conservación de alimentos o eli-minación de residuos.

Asequibilidad: que garantice la seguridad física,proporciones espacio su�ciente, así como pro-tección contra el frío, la humedad, el calor, lalluvia, el viento u otros riesgos para la salud ypeligros estructurales.

Accesibilidad: que considere las necesidades es-pecí�cas de los grupos desfavorecidos y margi-nados.

Ubicación: que ofrezca acceso a oportunidadesde empleo, servicios de salud, escuelas, guarde-rías y otros servicios e instalaciones sociales yno esté ubicada en zonas contaminadas o peli-grosas;

Adecuación cultural: debe respetar la expresiónde la identidad cultural. (ACNUDH, 2010: 4)

El siguiente paso es identi�car las obligacionesdel Estado en materia de derecho a la vivienda.Usaremos los siguientes tipos de obligaciones:

Respetar: exige al Estado que se abstenga de in-jerir, obstaculizar o impedir, directa o indirec-tamente en el ejercicio del derecho, que, cuan-do preste bienes o servicios públicos, realice lasactividades o la entrega de bienes de buena ca-lidad.

Proteger: los Estados están obligados a impedirque terceros, sean particulares, grupos, empre-sas, otras instituciones, o quienes actúen en sunombre, menoscaben de algún modo el disfru-te del derecho de las personas. Ello incluye laadopción de marcos y entes reguladores ade-cuados, reglas de exigibilidad de cumplimiento,

adopción de medidas legislativas que impidanque los terceros afecten el derecho y mecanismode protección y garantía judiciales que permi-tan sancionar y reparar las vulneraciones.

Garantizar: el Estado debe asegurar que el ti-tular del derecho haga efectivo el derecho enlos casos en que no puede hacerlo por sí mismocon los medios a su disposición. (Cordero et al.,2014: 48) La efectivización del derecho puedeser realizada por el mismo o por terceros pri-vados siempre que lo hagan en nombre o bajocontrol del Estado. En el caso de prestacionesde bienes y servicios públicos, se deben realizarde manera adecuada y de buena calidad.

Promover: supone que el Estado adopte las me-didas para que se difunda información adecua-da acerca de las condiciones, formas, contenidoy ejercicio del derecho y facilite que los parti-culares y comunidades ejerzan su derecho; quese reconozca el derecho en grado su�ciente enel ordenamiento político y jurídico nacional; yadoptar estrategias y planes de acción. (Alza,2014: 66-67)

Tabla 3: Elementos del EBD

1.Delimitación del derecho:

a. Identi�cación del derechob. Elementos del contenido del derecho

2. Obligaciones del Estado:

a. Obligaciones de respetarb. Obligaciones de protegerc. Obligaciones de garantizard. Obligaciones de promover

3. Principios transversales:

a. Principios de igualdad y no discriminaciónb. Principio de progresividad y no regresividadc. Principio de participación ciudadana en la to-ma de decisionesd. Principio de transparencia y rendición de cuen-tas.

Fuente: Elaboración propia con base en Alza

(2014); Vázquez y Serrano (2013) y Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal (2011).

La difusión como fase en el proceso de políticaspúblicas de vivienda. De acuerdo a (Graglia, 2014)esta fase de las políticas públicas consiste en infor-mar las actividades plani�cadas o ejecutadas y pa-ra comunicar dichas actividades, los administrado-res públicos deben informarlas administrativamente



mediante la atención personalizada a los ciudada-nos. Este autor, llama �información� a la comuni-cación personalizada de la administración pública alos sectores privados y ciudadanos (Graglia, 2014:125). Sin una información personalizada, directa einmediata, no hay comunicación, sin comunicaciónno hay transparencia (Riorda, 2004, citado por Gra-glia, 2014: 125), y sin transparencia no hay satisfac-ción social ni aprobación ciudadana. La comunica-ción personalizada es un elemento clave para la cali-dad de gestión en las administraciones públicas (fe-deral, estatal y municipal) (Fara y Sutelman, 2008:62). Para identi�car parte de esta fase de la políticapública, se realizó un análisis descriptivo, con datosprovenientes de fuentes primarias y secundarias, seaplicó una encuesta de percepción ciudadana y serecurrió a la investigación documental.

4. Resultados

En este apartado se presentan los resultados co-rrespondientes al trabajo de investigación. Prime-ro se describen las causas que di�cultan o limitanel cumplimiento de los elementos del Contenido delderecho a la vivienda, que según el EBD son:

Seguridad de su tenencia: los ocupantescuentan con la protección jurídica, pues el régi-men de tenencia de la tierra es comunal, cuen-tan con título de posesión con respecto a los so-lares donde tienen sus habitaciones o viviendas.Además, están dentro de lo que se denomina tie-rras de asentamiento humano (López, 2017: 82).Disponibilidad de servicios, materiales, instala-ciones e infraestructura: no se cuenta con aguapotable, si con agua entubada de la red públi-ca, durante algunas horas del día (25.05% delas viviendas sin agua entubada). Con respectoa instalaciones sanitarias adecuadas, no cuen-tan con sanitario o excusado el 8.03% de lasviviendas, no se cuenta con drenaje y alcantari-llado, en la mayoría de viviendas se construyenfosas sépticas simples (7.20% sin fosa séptica);se cuenta con energía para la cocción (gas l.p.)y alumbrado, sólo el 4.86% de las viviendas nodispone de energía eléctrica, y con respecto a laconservación de alimentos, en el 40.76% de lasviviendas no se dispone de refrigerador (SEDE-SOL, 2017: 2).

Asequibilidad: cuando se dice vivienda ase-quible, se re�ere a las posibilidades de acceso dela población a una vivienda digna, quiere decirque está al alcance de una familia de ingresosmedios o bajos, y no gasta en ella más del 30%

de sus ingresos; la vivienda garantiza la segu-ridad física, proporciona espacio su�ciente, asícomo protección contra el frío, la humedad, elcalor, la lluvia, el viento u otros riesgos para lasalud y peligros estructurales (el 7.05% de lasviviendas cuentan con piso de tierra) (SEDE-SOL, 2017: 2). Accesibilidad: a nivel nacional,en el 2016, en la totalidad de las entidades fe-derativas la principal forma de �nanciamientopara adquirir vivienda fue el uso de sus propiosrecursos (66.5%) (INEGI, 2016). La entidad fe-derativa con mayor porcentaje de viviendas pro-pias fue la de Oaxaca (74.5%) (Observatorio dePolíticas Social y Derechos Humanos (Observa-torio de Políticas Social y Derechos Humanos,2018).

Ubicación: ofrecen el acceso a oportunidadesde empleo, a los servicios de salud y escuelas,y no están ubicadas en zonas contaminadas opeligrosas.

Adecuación cultural: no se respeta la identi-dad cultural, se pierden las dimensiones cultu-rales de la vivienda. Los materiales de construc-ción usados representan la modernidad: láminagalvanizada para los techos, block de cementopara los muros y varilla para los castillos y da-las.

Las obligaciones estatales están contenidas en losmarcos normativos nacionales y en las institucionesresponsables de garantizar el derecho a la vivienda.

Estas obligaciones del Estado consisten en pro-porcionar igualdad de oportunidades para la adqui-sición de vivienda, especialmente a las clases socialesmenos favorecidas y así propiciar el mejoramiento decondiciones de vida de las personas que habitan elpaís. Es una obligación dirigida al órgano legislati-vo para que elabore las leyes que resulten necesariaspara materializar este derecho y un deber a cargo delas autoridades administrativas para que diseñen yejecuten las políticas públicas de acceso a la vivienda(CNDH e INEHRM, 2015: 29). El marco jurídico na-cional está integrado por: la Ley Federal del Traba-jo, reglamentaria del artículo 123 Constitucional delapartado �A� que tiene por �nalidad la protecciónde los derechos laborales de todos los trabajadores.Ley de Vivienda, Ley General de Desarrollo Social,Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de losTrabajadores, Fondo de la Vivienda del Instituto deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadoresdel Estado, Ley Federal de Protección al Consumi-dor, Ley de los Derechos de las Personas Adultas


116 Cordero, J.

Mayores. Normatividad del Estado de Oaxaca rela-tivas a la Vivienda: Constitución Política del EstadoLibre y Soberano de Oaxaca, Ley que crea al Orga-nismo Público Descentralizado Comisión Estatal deVivienda (CEVI), Ley de Catastro, Ley de condomi-nio, Ley de Desarrollo Urbano y Ley de Plani�cacióny Urbanización del Estado de Oaxaca.

Estas obligaciones son:

Respetar: reducción del área de construcciónen programas estatales destinados a vivienda(43 mts2.). No se respetan las expresiones cul-turales.

Proteger: Artículo 14, segundo párrafo: �Nadiepodrá ser privado de la libertad o de sus pro-piedades, posesiones o derechos, sino mediantejuicio seguido ante tribunales previamente es-tablecidos, en el que se cumplan las formalida-des esenciales del procedimiento y conforme alas leyes expedidas con anterioridad al hecho�(CPEUM). Artículo 16: �Nadie puede ser mo-lestado en su persona, familia, domicilio, papa-les o posesiones, sino en virtud de mandamien-to escrito de la autoridad competente, que fun-de y motive la causa legal del procedimiento�(CPEUM). Artículo 136. Toda empresa agríco-la, industrial, minera o de cualquier otra cla-se de trabajo, está obligada a proporcionar alos trabajadores habitaciones cómodas e higié-nicas. Para dar cumplimiento a esta obligación,las empresas deberán aportar al Fondo Nacio-nal de la Vivienda el cinco por ciento sobre lossalarios de los trabajadores a su servicio (LeyFederal del Trabajo, LFT). Artículo 145. Loscréditos que se otorguen por el organismo queadministre el Fondo Nacional de la Vivienda,estarán cubiertos por un seguro para los casosde incapacidad total permanente o de muerte,que libere al trabajador o a sus bene�ciarios delas obligaciones, gravámenes o limitaciones dedominio a favor del citado organismo, derivadasde esos créditos. Artículo 6. Son derechos parael desarrollo social la educación, la salud, la ali-mentación, la vivienda, el disfrute de un medioambiente sano, el trabajo y la seguridad social ylos relativos a la no discriminación en los térmi-nos de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos (Ley General de DesarrolloSocial). Prevenir la posible violación al derechoa la vivienda por parte de �terceras personas�como las empresas urbanizadoras.

Garantizar: Facilitación del acceso a la vivien-da a víctimas de desastres naturales. Llevar a

cabo actividades que fortalezcan este derecho yponer los medios necesarios, que supone la pres-tación directa de servicios si no pueden realizar-se de otro modo. No se concretizaron programasde vivienda a nivel local para personas adultasmayores (Diario O�cial de la Federación (SE-GOB, 2002).

Promover: Artículo 1.- La presente Ley es re-glamentaria del artículo 4o. de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos enmateria de vivienda. Sus disposiciones son deorden público e interés social y tienen por obje-to establecer y regular la política nacional, losprogramas, los instrumentos y apoyos para quetoda familia pueda disfrutar de vivienda digna ydecorosa. La vivienda es un área prioritaria pa-ra el desarrollo nacional. El Estado impulsará yorganizará las actividades inherentes a la mate-ria, por sí y con la participación de los sectoressocial y privado, de acuerdo con las disposicio-nes de esta Ley. La política nacional y los pro-gramas, así como el conjunto de instrumentos yapoyos que señala este ordenamiento, conduci-rán el desarrollo y promoción de las actividadesde las dependencias y entidades de la Adminis-tración Pública Federal en materia de vivienda,su coordinación con los gobiernos de las entida-des federativas y municipios, y la concertacióncon los sectores social y privado, a �n de sentarlas bases para aspirar a un desarrollo nacionalmás equitativo, que integre entre sí a los centrosde población más desarrollados con los centrosde desarrollo productivo, considerando tambiéna los de menor desarrollo, para corregir las dis-paridades regionales y las inequidades socialesderivadas de un desordenado crecimiento de laszonas urbanas (Ley de Vivienda).

Por lo que se re�ere a la fase de difusión de lapolítica pública de vivienda:

Comunicación personalizada. 1.1 Fideico-miso F/1166 PROVIVAH. Si se está inscrito enel padrón SEDATU y se le ha hecho entrega delas tarjetas BANSEFI para apoyo a daños tota-les, podrá �rmar un contrato de obra a precioalzado y los recursos del FONDEN se aplica-rán al pago de la reconstrucción, rehabilitacióny/o mejora de la vivienda. ComprometiéndosePROVIVAH a entregar $30,000.00 adicionalespara la reconstrucción, costo �nal de la vivien-da: $150,000.00. Descripción de la vivienda: de43.0 m2 con muros a una altura de 3.0 mts.,consta de dos recamaras, área de usos múltiples,cocina, baño completo; cimentación construida



a base de zapatas aisladas y �rme de concretoarmado. 1.2 Grupo Financiero Banorte y Fun-dación Banorte: Programa �Banorte adopta unacomunidad�. Si se está inscrito en el padrón SE-DATU y se le ha hecho entrega de las tarjetasBANSEFI para apoyo a daños totales, podrá�rmar un contrato de obra a precio alzado ylos recursos del FONDEN se aplicarán al pagode la reconstrucción, rehabilitación y/o mejorade la vivienda. Con el apoyo de organizacionesde la sociedad civil, entre las que se cuentan:Hábitat para la humanidad, ½Héchale! a tu casay Fundación Tosepan 1.3 Autoconstrucción (elproceso de construcción o edi�cación de la vi-vienda realizada directamente por sus propiosusuarios) en forma individual, familiar o colec-tiva. Si se está inscrito en el padrón SEDATU yse le ha hecho entrega de las tarjetas BANSEFIpara apoyo a daños parciales o totales, podrádisponer de efectivo en el banco o cajeros au-tomáticos para pagar mano de obra, la tarjetaFONDEN Vivienda es para adquirir los mate-riales en los centros de distribución autorizadosa precios preferenciales. 2. Divulgación masiva.2.1 Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Tríp-tico que Promueve el Programa Emergente deReconstrucción y Rehabilitación de Vivienda através de Constructores de Vivienda Social Cer-ti�cados (APV). Funciona de la siguiente ma-nera: Si se está inscrito en el padrón SEDATUy se le ha hecho entrega de las tarjetas BAN-SEFI para apoyo a daños parciales o totales,podrá �rmar un contrato de obra/garantía yobtener un crédito adicional SHF para ampliaro reconstruir su vivienda hasta por $100,000.00,con las tarjetas BANSEFI se realizará el pa-go de servicios de construcción, dando inicio laobra; con la entrega de la vivienda también seobtiene garantía de calidad de la misma. Cos-to de la vivienda hasta $220,000.00. 2.2 Guíaspara autoconstrucción para la reconstrucción.Aprendiendo en Familia de la Comisión Nacio-nal de Vivienda (CONAVI). Manual de Auto-construcción en Adobe, elaborado por Coope-ración Comunitaria 2016.

4.1. Encuesta de percepción ciudadana

La percepción puede entenderse como un procesocognitivo de carácter sensorial, mediante el cual elser humano aprehende la realidad. Se activa a tra-vés de la decodi�cación de determinada informaciónque, a manera de estímulo, el individuo recibe delentorno o contexto donde se encuentra inserto. Tie-

ne un carácter cíclico, en la medida en la que, unavez procesada la información, genera un ciclo de per-cepción que incorpora los elementos asimilados y lecon�ere además nuevos signi�cados (Cordero, 2018:15). Se describe la situación del fenómeno, la per-cepción ciudadana del municipio con respecto a ladifusión de las políticas públicas de reconstruccióny al gobierno municipal.

Se determinó que de las 155 encuestas aplicadas,quienes respondieron: el 34% fueron hombres (53)y el 66% mujeres (102) todos mayores de 18 años.Se consideró importante conocer en qué medida seconsideraban informados de lo que hace el Ayunta-miento, el 50% consideró estar poco informado ysólo el 2% mucho. Por otra parte, más de la mitadse informa a través de la asamblea comunitaria y el2% por medio de los vecinos (Figura 1).

Con respecto a realizar alguna consulta o gestióncon el Ayuntamiento, el 94% preferiría hacerlo demanera personal (Figura 2)

En lo tocante a que si la administración sigue igualo ha empeorada en los últimos cinco años, el 40%piensa que sigue igual, es evidente entonces que un56% señale que ha empeorado. Desde el punto devista de la transparencia, cali�can al Ayuntamien-to muy transparente el 56% de los encuestados, yel 1.3% como nada transparente. En términos ge-nerales cali�can la gestión del equipo de gobiernodel Ayuntamiento como regular (46%) y muy mala(27%) (Figura 3).

Por otra parte, al 60% de los encuestados se lescatalogó su vivienda como pérdida total y a un 30%como pérdida parcial (Figura 4).

Con respecto a la reconstrucción de las viviendas,el 9% señaló haber presentado solicitud al �deico-miso �Banorte adopta una comunidad� y el 1% aProvivah (Inbursa). En relación con el ejercicio delos recursos el 17% fue por autoconstrucción, el 1%por medio de tequio3, el 7% mediante los �deicomi-sos y un 19% había contratado a terceras personas.

También se les preguntó si habían recibido ase-soría de algún órgano de gobierno o de la adminis-tración municipal sobre el ejercicio de los recursos,el 27% respondió que sí y un 47% dijo no haberlarecibido (Figura 5).

3El tequio es una forma de organización colectiva de traba-jo, representativa del sistema de usos y costumbres y consisteen contribuir con trabajo físico en la realización de algunaobra de interés común sin recibir retribución económica dealgún tipo.


118 Cordero, J.

Figura 1: Medios por los que se informa de lo que hace el Ayuntamiento. San Francisco del Mar,

Oaxaca.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por encuesta directa.

Figura 2: Opciones para contactar al Ayuntamiento. San Francisco del Mar, Oax.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por encuesta directa.



Figura 3: Cómo cali�ca la gestión que realiza el

Ayuntamiento de San Francisco del Mar, Oaxaca.

Fuente: Elaboración propia en base a datos

obtenidos por encuesta directa

5. Discusión

Al aplicar el método EBD para identi�car el cum-plimiento del contenido del derecho a la vivienda seencontró que muchos de los ocupantes de las vivien-das no cuentan con la protección jurídica, pues elrégimen de tenencia es comunal y no cuentan contítulo de posesión con respecto a los solares dondetienen sus habitaciones o viviendas. Una viviendaadecuada debe de brindar más que cuatro paredes(ACNUDH, 2010), estas viviendas no cuentan conlos servicios para satisfacer las necesidades básicas.Cuando se dice vivienda asequible, se re�ere a las po-sibilidades de acceso de la población a una viviendadigna, quiere decir que está al alcance de una familiade ingresos medios o bajos, y no gasta en ella másdel 30% de sus ingresos; la vivienda garantiza laseguridad física, proporciona espacio su�ciente, asícomo protección contra el frío, la humedad, el calor,la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y pe-ligros estructurales (el 7.05% de las viviendas cuen-tan con piso de tierra) (SEDESOL, 2017: 2). A nivelnacional, en el 2016, en la totalidad de las entida-des federativas la principal forma de �nanciamientopara adquirir vivienda fue el uso de sus propios re-cursos (66.5%) (Instituto Nacional de Estadística yGeografía, 2016). La entidad federativa con mayor

Figura 4: El apoyo recibido fue por pérdida total

o parcial de su vivienda.


obtenidos por encuesta directa.

Figura 5: Si recibió asesoría por parte de algún

órgano del gobierno.


obtenidos por encuesta directa.


120 Cordero, J.

porcentaje de viviendas propias fue la de Oaxaca(74.5%) (Observatorio de Políticas Social y Dere-chos Humanos (Observatorio de Políticas Social yDerechos Humanos, 2018). Las viviendas ofrecen elacceso a oportunidades de empleo, a los servicios desalud y escuelas, y no están ubicadas en zonas con-taminadas o peligrosas. Por otro lado, no se respe-ta la identidad cultural, se pierden las dimensionesculturales de la vivienda. Los materiales de cons-trucción usados representan la modernidad: láminagalvanizada para los techos, block de cemento paralos muros y varilla para los castillos y dalas.

Con respecto a las obligaciones de los detentoresde deberes: las obligaciones del Estado en materiade derecho a la vivienda están contempladas en losdiversos ordenamientos que forman parte del marcojurídico nacional, estatal y en su caso, municipal.La normatividad del Estado de Oaxaca relativo a lavivienda es la siguiente:

Constitución Política del Estado Libre y Sobe-rano de Oaxaca.

Ley que crea al Organismo Público Descentra-lizado Comisión Estatal de Vivienda (CEVI).

Ley de Catastro.

Ley de Condominio.

Ley de Desarrollo Urbano, y

Ley de Plani�cación y Urbanización del Estadode Oaxaca.

A nivel municipal, el H. Ayuntamiento debe suje-tarse a las disposiciones contenidas en el Reglamen-to de Construcción y Seguridad Estructural para elEstado de Oaxaca, para eso la Ley Orgánica Mu-nicipal en el artículo 88 establece obligatoriamentecontar con una dependencia responsable de la obrapública, por su parte, el artículo 107 se re�ere a lasatisfacción de necesidades de suelo para vivienda(LOMEO, 2017).

Con respecto al incumplimiento de las obligacio-nes: no se respetaron las dimensiones de las vivien-das, las construidas son de 7x7, es decir 49 m2.,cuando los solares son de 20x20, 400 m2. Tampo-co se garantizó la participación de los sectores vul-nerables en la elaboración de las políticas públicas(Del Rivero y Romero, 2010: 37). No se promovió lacoordinación entre la entidad federativa y el munici-pio y la concertación con el sector privado y social,

pues Provivah construyó la casa muestra, una solafamilia fue bene�ciada por ella, existe el compro-miso de construir 65 viviendas más (SHCP, 2017),además, no se tomaron las medidas para la adecua-da difusión de la información. Lo anterior suponeel cambio de la concepción del diseño de la políti-ca pública de reconstrucción de vivienda a uno conenfoque basado en derechos.

6. Conclusiones

Los resultados obtenidos respecto al objetivo de lainvestigación que es identi�car si se comunicaron ydivulgaron las actividades plani�cadas o ejecutadasde la política pública de reconstrucción por partede la administración en San Francisco del Mar, Oa-xaca. Asimismo, si se ha incorporado el enfoque dederechos humanos a las políticas públicas de vivien-das implementadas ante el desastre provocado porel sismo del 2017.

El tema de la vivienda guarda una relación conlos derechos humanos, así resalta la importancia quetiene un lugar seguro donde vivir para la dignidadhumana, la salud física y mental, di�culta el dere-cho a la educación y al libre desarrollo de la perso-nalidad, de acuerdo con Del Rivero et al., imprac-ticables en dormitorios con hacinamiento, carentesde las condiciones mínimas de habitabilidad (2010,p.XV). Debido a la naturaleza telúrica del territorio,Oaxaca ha concentrado varios de los movimientosde mayor magnitud. Así pues, mediante el censo decasas dañadas por el sismo del 7 de septiembre, laSecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-bano (SEDATU) presentó el esquema de atencióna las viviendas dañadas y el proceso de entrega deapoyos para la reconstrucción. Este mecanismo deautoconstrucción fue mediante la entrega de tarje-tas bancarias con recursos provenientes del Fondode Desastres Naturales (FONDEN), del Banco Na-cional de Obras Y Servicios Públicos (BANOBRAS)a través del Banco del Ahorro Nacional y ServiciosFinancieros (BANSEFI), destinadas para viviendascon daños parciales y pérdida total, para la com-pra de materiales, 90 mil pesos aportados por elgobierno federal y 30 mil por el gobierno estatal,especí�camente para mano de obra. El prototipo devivienda construida es de 49 metros cuadrados. Conrespecto a la preservación de la identidad cultural nohubo consulta con los habitantes sobre los proyec-tos de construcción ni asesoramiento para asegurarla resistencia de las viviendas a sismos posteriores.Es necesario mencionar que los ejemplares de au-toconstrucción traducidos a diversas lenguas nunca



llegaron a la población afectada de San Franciscodel Mar. Hallazgos, encontramos fallas en la fase dedifusión de la política pública de reconstrucción deviviendas, pues no se informaron ni comunicaron lasactividades planeadas por parte de la administra-ción pública local. Graglia (2014) denomina a estafalla en la comunicación como secretismo, signi�caentonces que no se comunica, no se informa o no sedivulga a nivel local. Se es indispensable articular latoma de decisiones en el Estado, en todos sus nivelescon la voluntad ciudadana.

En México, el párrafo sexto del artículo 4 consti-tucional es relativo a que �toda familia tiene derechoa disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley es-tablecerá los instrumentos y apoyos necesarios a �nde alcanzar tal objetivo�, por lo tanto, el Estado es-tará obligado a proporcionarlo y buscar estrategiaseconómicas que le permitan cumplir con la sociedadmexicana (Del Rivero y Romero, 2010: 19). Despuésde lo anterior expuesto, delimitamos la política pú-blica como política de vivienda digna comprendidaen el Programa de Vivienda Digna enmarcado enel Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Meta Na-cional No. 2 �México Incluyente� dentro del objetivo2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollode una vivienda digna, en el Programa Nacional deVivienda 2014-2018, en el Programa Nacional de In-fraestructura 2014-2018; y delimitamos el derecho,el derecho a la vivienda adecuada, que como señala-mos, tiene que ver con otros derechos; con respectoa su contenido se analizaron los elementos que eneste contexto limitan su cumplimiento y el princi-pio de progresividad. Por su parte, se cumplen tresobligaciones del Estado: respetar, proteger y promo-ver, más no garantiza la disponibilidad, asequibili-dad, accesibilidad física, económica y de información(acceso a la información pública con respecto a losservicios básicos). La adecuación cultural o adapta-bilidad, pues no se establecieron políticas que garan-ticen los usos y costumbres de esta población huave4

y respeten sus tradiciones. El enfoque basado en de-rechos propone una manera nueva de tomar decisio-nes en el Estado y hacer políticas públicas, políticasque garanticen la aplicación de los derechos huma-nos, en especí�co los derechos a una vivienda dig-na, aún en situaciones de desastre. El denominadoenfoque de derechos, conocido como �Rights basedapproach�, proviene de la literatura y de la práctica

4Los Huaves, mareños o mero ikoots (el verdadero noso-tros) tienen sus núcleos de población a las orillas de las lagu-nas litorales del Istmo de Tehuantepec. Esta etnia habita enlas comunidades de los municipios de San Francisco del Mar,San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y la Agencia deSanta María del Mar del municipio de Juchitán de Zaragoza.

del desarrollo. Surge después de la guerra fría y to-ma relevancia con la Cumbre de Copenhague sobredesarrollo social en 1995 (Alza, 2014: 52-53).

La vivienda es un elemento central de la vida ruralen la que con�uyen cultura y función, y se caracteri-za por ser amplia y albergar, en muchas ocasiones, afamilias extensas, por ser funcional y útil a las labo-res piscícolas, agropecuarias y a la economía domés-tica (huerta, crianza de aves y animales de corral) yen algunos casos, formar parte del patrimonio mu-nicipal (Sánchez y Jiménez, 2010). De acuerdo con(Concha et al., 2015), Micheletti, Olivares y Rasse,la reconstrucción impone una modi�cación en lasformas de habitar de las comunidades, generandosituaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, cabe señalar que el nuevo gobiernoestá implementando el Programa Nacional de Re-construcción 2019 con el enfoque basado en dere-chos, se recomienda a estudiosos del tema realizarfuturas investigaciones.

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