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Concepcio n sobre una Polí tica Pu blica de Paz: Colombia y EL Salvador Andrea Torres Guarín
Noviembre de 2012
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador
INTRODUCCIÓN
“No más sangre, no más depredaciones
a nombre de ningún partido, no más rencillas entre hijos
de una misma Colombia inmortal”
Gustavo Rojas Pinilla, antes de decretar la amnistía.
La permanencia del conflicto interno, social y político en Colombia y El Salvador, por
cerca de cinco décadas, ha generado inmensas e incalculables problemáticas. Todos los
sectores manifiestan su deseo de alcanzar la paz, sin embargo, la terminación del
conflicto armado no es un trabajo sencillo, puesto que algunos factores determinantes
para el bienestar de la sociedad, como es la inclusión social, el acceso a servicios
básicos y el respeto por los derechos humanos, develan profundas deficiencias y
falencias en los procesos de desarrollo, esto, sin abordar asuntos tan importantes y
necesarios como: la verdad, la justicia y la reparación, esenciales para la reconciliación y
una vía hacia la paz. Ahora bien, estos dos procesos, la violencia y los procesos de
desarrollo, se constituyen en causa y efecto a la vez, agravando la situación. Entre más
violencia, más pobreza; y entre más desigualdad, menos oportunidades, más exclusión y
tensiones en la sociedad.
Es por tal motivo, que hablar o evidenciar la construcción de Políticas Públicas de Paz no
puede ser visto como la simple construcción de normas o Leyes que “beneficien” a las
diferentes víctimas de un conflicto interno que ha traído consigo el desarraigo social, el
desplazamiento forzado, el incremento en los índices de la Violencia Basada en Género,
el reclutamiento de NNJ al conflicto armado, masacres, muertes de líderes sociales, entre
muchas otras problemáticas. Una política de Paz debe estar unida -indudablemente- al
concepto de desarrollo.
Colombia, al igual que El Salvador hacen parte de los países latinoamericanos que
poseen un régimen político presidencialista, medido a partir de los partidos que han
liderado la historia (liberal y conservador) y la creación de estructuras de gobierno como el
comunismo que trajo consigo la consolidación de grupos de izquierda idealistas que
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador buscaron la forma de construir país a través de ideales revolucionarios que conllevaron a
grandes episodios de violencia; y con ello, la ejecución de diálogos de Paz y acciones
concretas que permitieran a los gobiernos la posibilidad de formular acciones de Paz
dentro de las cuales dichos grupos pudieran ser vistos como ciudadanos y ser acogidos
por el Estado.
El mayor reto para el Estado es encontrar los mejores caminos, acorde a la realidad que
rodea su país. Lo cual convoca a discusiones complejas en la interpretación de la
realidad, las estrategias y metas que se quieran alcanzar. Octavio Paz decía: “La función
del Estado es doble y contradictoria: preserva la paz y desata la guerra. Esta ambigüedad
es la de los seres humanos. Individuos, grupos, clases, naciones y gobiernos, todos,
estamos condenados a la divergencia, la disputa y la querella; también estamos
condenados al diálogo y a la negociación”.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador
DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONFLICTO COLOMBIANO
Carrizosa1 nos plantea tres procesos que ejercieron gran influencia en la configuración del
Estado y su desarrollo: El ejercicio de la autoridad; la acumulación del capital; y el
poblamiento (comunidad). Estas dinámicas evidentemente develan hoy en día, los efectos
en el conjunto de los conflictos que padece el país, a saber: un control territorial
complicado que dificulta la gobernabilidad “plena” en el territorio; un modelo de
acumulación más que productivo rentista, que demanda la cooptación de los medios de
producción, tierra, capital y trabajo (mano de obra barata); el poblamiento altamente
disperso en el territorio nacional (el 80% de la población vive en el 20% del territorio,
mientras que un 20% lo hace en el 80% ubicado fundamentalmente en las zonas rurales
más alejadas2.
Es decir, “el país ha estado inmerso en una dinámica de permanentes conflictos sociales
y políticos desde la creación de la República, en 1819, y desde la misma colonización de
las Américas. Quizá como consecuencia de la adopción de un modelo de desarrollo
históricamente caracterizado por la excusión”3 y “acumulación desigual de la propiedad y
la riqueza, hoy las cifras más optimistas indican que más del 45% de la población
colombiana esta por debajo de la línea de pobreza y el 17% en condiciones de
indigencia”4.
En los años 50 se inició una confrontación entre los partidos liberal y conservador,
producto del asesinato del líder y candidato liberal a la presidencia de la República Jorge
Eliécer Gaitán. Entre 1948 y 1953 se gestaron guerrillas liberales en los Llanos Orientales,
Sumapaz, oriente y sur de Tolima, Magdalena Medio, y el alto y medio San Jorge,
conformadas por campesinos que se resistían a la represión del gobierno conservador.
1 CARRIZOSA, Julio. En: GOBERNABILIDAD, INSTITUCIONES Y MEDIO AMBIENTE EN Colombia. Instituciones y
Ambiente. Bogotá: Foro Nacional Ambiental. 2008. 2 VILAS, Carlos M. Un balance de la ejecución de 10s acuerdos de paz en El Salvador. UNAM. 1996.
3 Tanto en ingresos, entre el campo y la ciudad y las diferentes regiones. Por IDH (2005) Colombia está en el puesto 73. Bogotá tiene un nivel similar al de Hungría, en el puesto 38; el Chocó similar a Kenia, en el puesto 148. La deserción en primaria es de 28,4 por ciento en las ciudades y 50,7 en el campo. La tasa de analfabetismo del decil más pobre es similar a la del Congo, en tanto que la del decil más rico es como la de Italia. 4 Comisión de expertos dependientes que miden la pobreza, El Espectador, Agosto 24 de 2009. La fuente de estas cifras es la Misión para el Empalme de las Series de Empleo Pobreza y Desigualdad 2008 ‐ 2010 (MESEP).
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador Bajo el liderazgo de hombres como Guadalupe Salcedo, Eliseo Velásquez, los Fonseca,
los Bautista, los Calderón, aceptaron la oferta de paz del general Gustavo Rojas Pinilla y
se desmovilizaron más de 4.000 hombres en diferentes puntos del país entre septiembre
y octubre de 1953. Al año siguiente se expidieron los decretos formalizando la amnistía.
Las guerrillas del sur del Tolima no se acogieron a la oferta de paz del gobierno militar y se replegaron en las
montañas. De uno de estos grupos, considerado como “liberales sucios”, que se vincularon con el Partido Comunista, nació lo que en 1964 se conocería como las Farc.
De igual manera, a partir de esta lucha bipartidista se dio la llamada época: “la violencia” y
la creación de las guerrillas liberales conocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC), igualmente se creó el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y a partir de las
acciones desarrolladas por estos, a finales de los años ochenta se conforman numerosos
grupos paramilitares -en algunos casos bajo el amparo de las Fuerzas Militares y vastos
sectores políticos- financiados por grandes terratenientes y narcotraficantes. Por otro lado,
otros grupos guerrilleros, como el Movimiento 19 de Abril (M‐19) y el Ejército de
Liberación Popular (EPL) se desmovilizaron y se integraron a la vida política del país en el
marco de la reforma constitucional de 1991.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador En Corinto Cauca, en 1985, se hicieron los primeros contactos con miras a un proceso de paz con el M-19. El
líder fue Carlos Pizarro Leongómez y uno de los voceros del gobierno fue Bernardo Ramírez.
Otro aspecto de gran importancia, es el inicio de los cultivos ilícitos en Colombia hacia
finales de los años setenta. Cientos de miles de hectáreas de bosque fueron taladas para
la siembra de cultivos de uso ilícito. El narcotráfico es hoy en día una de las principales
expresiones del conflicto interno, siendo la disputa por el control territorial y de su
población, una de las principales causas de la crítica situación humanitaria que atraviesa
el país. El narcotráfico y el paramilitarismo han permeado a la clase política hasta el punto
de que una tercera parte de los congresistas están bajo investigación y varios de sus
miembros han sido condenados por sus relaciones con el paramilitarismo. A partir de
esto, la sociedad ha perdido la confianza y la esperanza de un verdadero cambio en la
realidad del país.
Sin embargo, no han sido pocos los intentos realizados en la búsqueda del diálogo entre
las diferentes partes de esta confrontación armada: guerrilla y Estado, por ejemplo, con el
ELN se han establecido mesas de diálogo que no han logrado fraguar acuerdos sólidos,
regresando al estado inicial, o a uno peor generado por la desconfianza entre las partes.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador Con el Gobierno del Presidente Pastrana (1998‐2002) se instalaron los diálogos del
Caguán, lamentablemente sin resultado alguno.
El 7 de enero de 1998, con la ausencia de Manuel Marulanda, se inició el proceso de negociación con las Farc
que arrojaría apenas una agenda de 12 puntos que nunca se pudo negociar por los rigores del conflicto.
Pero lo más frustrante fueron las secuelas en la sociedad, puesto que conllevó a la
incredulidad y desconfianza en este tipo de procesos y la sensación de una clase de
“burla” tanto por parte de la FARC como del gobierno. Dejando de lado oportunidades que
con los ajustes necesarios, siguen siendo válidas. Esta polarización animada desde
distintas esquinas, fortaleció la imagen del conflicto con la insurgencia, y de manera
inequívoca con el narcotráfico y el terrorismo, negando así el carácter de interlocutor
válido en las negociaciones políticas5.
5 Cfr. FAJARDO, Darío. EL CONFLICTO ARMADO EN EL CAMPO. En Guerra, sociedad y medio ambiente.
Bogotá. Foro Nacional Ambiental. 2004.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador Durante los 39 meses que duró la zona de distensión del Caguán, representantes de diversos sectores de la
sociedad fueron a conversar con la guerrilla, entre ellos líderes políticos y gremiales de Colombia y el exterior.
Esta imagen de Hernán Echavarría, fiel representante de la derecha, y el líder guerrillero Manuel Marulanda,
representa lo que sucedió en esos meses.
Ahora bien, a principios del 2002, el gobierno implementó una política de seguridad
democrática con el objetivo de recuperar el control en los territorios. En este contexto se
realizó la desmovilización de una gran parte de grupos paramilitares. Sin embargo, a
pesar de la desmovilización y reincorporación de más de 30.000 hombres, actualmente
existen grupos emergentes, reconocidos por el gobierno como BACRIM (Bandas
Criminales) relacionadas con antiguos paramilitares. En cuanto a los grupos guerrilleros,
su presencia se ha concentrado en las zonas (rurales) más apartadas del país. La política
de recuperación territorial ha empujado el conflicto a gran parte de las zonas indígenas y
campesinas y a las fronteras con Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá. Por lo
general estas zonas están cubiertas por bosques naturales y hacen parte de los parques
nacionales o Resguardos indígenas6.
6 Los resguardos, espacios territoriales exclusivos para indígenas, están reconocidos como entidades territoriales
especiales bajo Gobierno de Autoridades Indígenas. Son territorios inalienables e imprescriptibles, con autonomía
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador En consecuencia, el conflicto armado ha desplazado más de tres y medio millones de
personas7 de las áreas rurales. La violación del DIH y de los Derechos Humanos ha
afectado particularmente a campesinos, indígenas y comunidad afro, quienes han tenido
que abandonar sus propiedades.
Las políticas de desarrollo en los últimos años se han basado en tres principios
fundamentales: seguridad, confianza inversionista y cohesión social. La seguridad está
dada principalmente por el combate frontal a las guerrillas y más recientemente a los
grupos emergentes (antiguos paramilitares), ante el fracaso de las negociaciones de paz
con ellos.
En consecuencia, la confianza inversionista ha privilegiado la inversión extranjera y
estimulado el capital privado, los cuales gozan de una serie de normas y privilegios,
especialmente en la extracción de los recursos naturales y la expansión agrícola. Las
decisiones se toman al margen de consideraciones sociales y ambientales,
desconociendo los procesos locales y la relación que se construye entre los ecosistemas
y las comunidades, como es el caso de la minería.
Esta situación ha conducido a numerosos conflictos puesto que los imaginarios, valores,
principios y “reglas” para el disfrute y aprovechamiento del territorio por parte de las
comunidades locales, en especial los pueblos indígenas, no necesariamente responden a
una lógica capitalista, por el contrario están ligadas a una manera diferente de pensar e
interpretar la realidad a partir de sus tradiciones culturales y espiritualidad8.
política y administrativa. (Decreto 2164 de 1995). 7 Según CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) y la Conferencia Episcopal de la
iglesia católica en 2008 insisten que esa cifra supera los 3,8 millones de personas. La tasa nacional es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes, en 14 de los 32 departamentos el promedio esta por encima del nacional. Si bien las cifras oficiales son un tanto menores, la dimensión del problema es aterrador. Los pueblos indígenas representan a uno de los grupos más afectados. 8 Cfr. MARTÍNEZ, Luis. REFLEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE POLITICAS PÚBLICAS PARA LA PAZ
CONSIDERANDO EL ENFOQUE DE ACCION SIN DAÑO Y CONSTRUCCION DE PAZ. 2011.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador
Construcción de Paz como visión de una Política Pública
Es claro que la principal función del Estado es velar por la vida de sus ciudadanos
haciendo cumplir la constitución y haciendo efectivos los derechos y deberes de todos y
todas. En consecuencia, la Paz es considerada como un derecho la creación de las
Naciones Unidas e incluso como fuente natural para la evolución y desarrollo del ser
humano. Motivo por el cual, para el Estado debe ser primordial la búsqueda de la paz,
tanto de forma legal como social. De aquí que, sean los métodos, caminos y los
momentos los que se ponen en cuestionamiento.
Es necesario que el Estado desarrolle acciones preventivas como forma de garantizar,
proteger y cumplir los derechos de la sociedad. En relación, Vincen Fisas, ha demostrado
con su sistemático trabajo de seguimiento a los conflictos en el mundo, que las
confrontaciones nos son permanentes, y por el contrario, las sociedades terminan
encontrando soluciones políticas concertadas. Pero sobre todo, que dicha propensión
natural puede catalizarse sin el uso de la violencia.
Hablar de la formulación de políticas públicas constituye la manera de obtener una
aproximación hacia la construcción de la paz, pues se trata de intervenir diferentes
entornos, tanto a nivel de políticas de desarrollo sectorial como en temas transversales
como la paz y la reconciliación. Lo cual implica que no se trata solo de formular políticas,
sino de hacerlo en base a las instituciones y formas sociales, para no caer en el típico
vicio de crear política sin políticas. Ahora bien, en un ambiente de crisis política como el
que normalmente vivimos en nuestro país, resulta paradójico requerir la elaboración de
más políticas, pero si el Estado -tanto sociedad como gobierno- no actúa, no específica
sus acciones, indudablemente continuaremos incrementando las problemáticas que nos
identifican, producto en muchos casos, de la misma falta de políticas claras.
Es a partir de un contexto complejo y dinámico que se deben pensar las políticas públicas,
en este caso de paz. Para lo cual es necesario precisar lo que significa la paz para el
Estado: Paz como resultado del desarrollo justo o como el resultado del abatimiento del
enemigo. Hablar de un proceso de paz, antes y después del conflicto, demanda
indudablemente el involucramiento de diversos actores que garanticen su aplicación, en
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador especial las personas y las instituciones que constituyen la base para la implementación
de las reformas.
Sin embargo, la negación de un conflicto, constituye un gran obstáculo para abordar el
problema de manera integral. “Recientemente el debate propiciado alrededor de la ley de
víctimas conllevo a la discusión de la existencia del conflicto, curiosamente una discusión
con aplicaciones prácticas más que todo en la política local. Pero el asunto principal de la
política es precisamente la generación de condiciones para el ejercicio pleno de la
Constitución y los derechos, por ende es interesante comprender los trasfondos de los
mensajes políticos al respecto. El reconocimiento del conflicto interno implica un derrotero
para la intervención social”9. No solo por la preservación del marco internacional de
derechos, DIH y DDHH, sino por la necesidad de pensar un desarrollo que evite regenerar
las causas que generaron el conflicto. Al respecto Hernando Gómez Buendía10 planteó en
su columna que el manejo de los mensajes y lenguajes, tiene efectos prácticos en política.
Y esto es más que evidente para la conformación de un proceso para la paz11.
En nuestro escenario colombiano, el propósito de construcción de paz exige promover
políticas públicas que prevengan la agudización del conflicto (Ej: incorporación al mismo
de sectores como jóvenes, desmovilizados, campesinos empobrecidos o habitantes de
regiones excluidas de los procesos de desarrollo económico) o políticas públicas que
actúen sobre factores que puedan incidir directa o indirectamente en el conflicto, como las
políticas de tierras, de desarrollo rural o de control de cultivos ilícitos. La construcción de
paz debe promover estrategias que desde lo local, fortalezcan el concepto del respeto a lo
otro y a los otros, y la legalidad como verdadera alternativa. Para la construcción de paz,
es necesario considerar políticas y programas que desarrollen sostenibilidad a los
resultados alcanzados en procesos de reintegración o afianzamiento de estrategias de
paz en lo local -como el ejemplo de los Laboratorios de Paz-, con visión de sostenibilidad
integral en el territorio (social, económico, ambiental e institucional). En relación,
9 “Si no hay reconocimiento del conflicto, nos vamos para la cárcel” (…)“ "Me acusan de buscar la paz,
tendría que estar enfermo mentalmente para no quererlo"… Presidente Santos. Revista Semana Mayo 14 y 03/2011, respectivamente. 10 “SÍ HAY CONFLICTO, AL FIN Y AL CABO”: El problema con la tesis "semántica" de Uribe no es que sea falsa sino, al
revés, que sea bastante cierta. Cierta pero simplista. Y en este caso concreto ese simplismo tiene consecuencias graves y nocivas sobre muchas cosas prácticas. Mayo 8/2011. www.razonpublica.com. 11
Cfr. MARTÍNEZ, Luis. REFLEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE POLITICAS PÚBLICAS PARA LA PAZ CONSIDERANDO EL ENFOQUE DE ACCION SIN DAÑO Y CONSTRUCCION DE PAZ. 2011.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador Guillermo Hoyos decía: “La política se inventó precisamente como arte de lo posible, es
decir para solucionar los conflictos inherentes a la naturaleza humana, caracterizada de
nuevo por Kant como ´insociable sociabilidad´, mediante la lucha política y sus mejores
frutos, las Constituciones como cartas de navegación (…) Así, la política nació para
solucionar de manera pedagógica, ciñéndose al derecho y respetando los procedimientos,
aquellos conflictos que en Colombia nos hemos acostumbrado a resolver mediante la
violencia. Se trata de cambiar balas por palabras…”.
De acuerdo a esto, podemos afirmar que una política pública para la paz, puede
convertirse en un imperativo ético para el Estado y la sociedad. Sin lugar a dudas,
hablamos de un asunto fuertemente vinculado al proceso de desarrollo, con implicaciones
éticas frente al manejo de los conflictos y no esta circunscrito únicamente a los acuerdos
de paz, sino a las relaciones de cooperación, solidaridad y respeto entre los seres
humanos y las generaciones futuras. El ambiente político determina la orientación y
contenido de las políticas públicas, su metodología y aplicación, pero la sociedad en su
conjunto tiene la responsabilidad de encontrar sus propias respuestas y exigir al Estado la
generación de condiciones el verdadero acceso a sus derechos. No obstante, son muchas
las incertidumbres que deberá abordar un proceso de esta naturaleza, es decir, el análisis
de un enfoque y de su alcance, al igual que las metodologías de trabajo, los recursos y
tiempos para su implementación, cuya decisión indiscutiblemente hace parte del mismo
proceso de formulación de la política pública.
Una política de paz, es más una política para el fortalecimiento de identidades y la
articulación a un proyecto nacional que los identifica e incluye. Es un propósito de gran
dimensión que busca generar condiciones para que la reconciliación y la paz, unidas
indisolublemente, encuentren asidero en la sociedad, como se planteo anteriormente.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR
El Salvador lleva a cabo un largo proceso de Paz, con el cual logra desarrollar acuerdos
con los grupos armados al margen de la Ley salvadoreños, que conllevan a un proceso de
Paz catalogado como exitoso. A diferencia de Colombia, que ha tenido a lo largo de su
historia varios intentos para el establecimiento de un acuerdo de Paz definitivo, El
Salvador se caracteriza por haber tomado medidas específicas para el alcance de dicho
proceso. A continuación se encuentra sistemáticamente las características del proceso:
Cronología
En 1984 iniciaron una serie de reuniones para buscar una solución pacífica y
consensuada al conflicto bélico.
La Palma Chalatenango (15 de octubre de 1984).
Esta reunión marca el inicio de los esfuerzos de negociación entre el Gobierno de la
República y el FMLN con la intermediación de la Iglesia Católica. Los acuerdos
establecidos fueron: Crear una comisión u organismo mixto integrado por cuatro
delegados de ambas partes, que sería la encargada de continuar el proceso de
negociación hacia la paz.
Reunión de Ayagualo, La Libertad (30 de noviembre de 1984).
Con la que se logró la aprobación de las normas de procedimiento de la Comisión
Especial, Facilitar la libre circulación de las personas y vehículos civiles entre el 22 de
diciembre y el 3 de enero de 1985.
Reunión en San José Costa Rica, (Octubre de 1989).
En ésta reunión abordó el tema de la disolución de la Fuerza Armada.
Acuerdo de Ginebra, Suiza (04 abril de 1990).
Esta reunión se realiza luego de la ofensiva realizada por el FMLN, en noviembre de 1989
y en la cual interviene Naciones Unidas. Este es el primer acuerdo que se firma y
establece como objetivo fundamental, terminar con el conflicto bélico por la vía política y
a corto plazo, prever la democratización del país y la apertura de espacios para la
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador participación de los partidos políticos y de otras organizaciones civiles, así como el
irrestricto respeto de los Derechos Humanos.
Reunión de Caracas, Venezuela (21 de mayo de 1990).
Se firmó el segundo Acuerdo de Paz, por medio del cual se estableció la agenda de las
negociaciones sobre siete temas:
1. La Fuerza Armada
2. Derechos Humanos
3. Sistema Judicial
4. Sistema Electoral
5. Reforma Constitucional
6. Problemas Socioeconómicos
7. Verificación Internacional de las Naciones Unidas
Reunión en San José, Costa Rica (26 de julio de 1990).
La importancia de esta reunión radica en el establecimiento de los primeros acuerdos
para garantizar el respeto a los Derechos Humanos.
Reunión en México (27 de abril de 1991).
Se acuerda la reforma de la Constitución en las áreas de Derechos humanos, Fuerza
Armada, Seguridad pública, Sistema judicial, Sistema electoral.
Acuerdo de Nueva York (25 de septiembre de 1991).
En esta reunión se acordaron los siguientes puntos:
1. Crear la Comisión Nacional para la consolidación de la Paz (COPAZ).
2. Establecer un proceso de depuración de la Fuerza Armada.
3. Establecer la reducción de la Fuerza Armada.
4. Establecer la Doctrina de la Fuerza Armada.
5. Establecer el Sistema Educativo de la Fuerza Armada.
6. Creación de la PNC, y disolución de los antiguos Cuerpos de Seguridad.
7. Tema Económico y Social.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador
Otros aspectos relacionados a la Fuerza Armada.
Acta de Nueva York I (31 de diciembre de 1991).
1 de Enero: Tras una maratónica jornada de negociaciones en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York , el gobierno y la guerrilla salvadoreña, firman en las primeras
horas del año nuevo un acuerdo del cese al fuego que entrará en vigor el 1 de Febrero. El
acuerdo prevé el establecimiento de una paz duradera para fines de Octubre y señalará el
fin de doce años de guerra civil.
La paz en El Salvador fue posible por la voluntad política de ambas partes en el conflicto,
que pidieron la intervención del Secretario General, quien fue el catalizador del proceso y
contó para el feliz desempeño de su papel con el apoyo de la comunidad internacional,
expresada en sendas resoluciones de la asamblea general y del consejo de seguridad, y,
especialmente, por la cooperación y la ayuda que le brindaron en todo momento los jefes
de gobierno de Colombia, España, México y Venezuela ( Amigos del Secretario General)
y su representante diplomáticos acreditados en El Salvador y ante la ONU en Nueva York.
12 de Enero: Los procesos de negociación, la firma de los acuerdos de paz y el conflicto
armado, se vieron culminados con la suscripción de los "Acuerdos de Paz de
Chapultepec".
En el AÑO DE 1997: Butros Butros-Ghali, Secretario General de Naciones Unidas, dio por
FINIQUITADO EL PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR, señalando que si bien era
cierto que no todos los acuerdos se habían cumplido en su totalidad, el grado de
cumplimiento era aceptable12.
CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONFLICTO SALVADOREÑO
El conflicto político-militar que asoló a El Salvador durante la década de 1980 tuvo
impactos severos en la economía y abrió profundas heridas en el tejido social; efectos que
se acumularon y provocaron por la crisis económica regional. En consecuencia, las zonas
de guerra cubrieron el 40% de la superficie nacional. Las víctimas de la guerra y de la
contrainsurgencia fueron aproximadamente 75.000 personas -muchas de ellas en
12
Cfr. Cronología del proceso de dialogo en El Salvador. Página web: http://www.miportal.edu.sv.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador circunstancias atroces-, a las que deben agregarse centenas de miles de emigrados y
desplazados. El deterioro de la infraestructura económica y social fue muy grande, en un
país donde ya se presentaban estas problemáticas antes del conflicto.
Ahora bien, la reducción de la guerra desde 1990 y los acuerdos de paz de 1992
cambiaron el escenario institucional y crearon condiciones para la recuperación del
crecimiento y la reactivación de la inversión. Un programa amplio de reformas financieras
y fiscales cambió los parámetros institucionales de la actividad gubernamental y de la
iniciativa privada. De igual manera, se unificó el tipo de cambio y se liberó el mercado de
divisas, también se eliminaron los permisos de importación y los depósitos previos, se
redujeron sensiblemente, se eliminaron las exenciones arancelarias y se simplificaron los
procedimientos de importación y exportación. Se llevó a cabo una reforma tributaria que
simplificó los instrumentos y procedimientos de recaudación. Se redujo drásticamente el
número de artículos sometido a control de precios y se puso fin al monopolio estatal de la
comercialización del café y el azúcar. Finalmente, se dio autonomía al Banco Central de
Reservas, se adoptó una política de severa disciplina fiscal y se privatizó la banca
comercial13.
Ahora bien, las divisiones y rupturas dentro del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional - FMLN, las dificultades de su transformación en partido político, la lentitud de la
reconversión de los ex guerrilleros en parlamentarios y administradores, abonaron en el
avance desigual de la ejecución de los acuerdos, puesto que el menor énfasis asignado
fue a las dimensiones socioeconómicas en la construcción de paz, y la rigidez de la
política definida conceptualmente por la ejecución -desde 1990- de un diseño
macroeconómico monetarista comprometido con las agencias financieras multilaterales, lo
cual profundizó el desfase entre el proceso de democratización política institucional. De
igual manera, la relación del autoritarismo político (incluyendo fraude electoral, violencia
física, violación de derechos humanos, etc.) y el deterioro social crearon las condiciones
para el desarrollo de la insurgencia popular y la guerra que le sucedió.
13
Cfr. ROUQUIÉ, Alain. Guerras y paz en América Central. Fondo de Cultura Económica. 1994.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador Posteriormente, la entrada de la democratización institucional logra optimizar el proceso
de Paz y terminar la guerra, sin embargo se ha mantenido un deterioro social y la
existencia de bandas como las Maras, generalmente abreviado como MS, Mara, y MS-13.
Uno de los aspectos mis llamativos del actual panorama institucional de El Salvador es,
en efecto, que después de dos décadas de guerra insurgente, cuando finalmente es
posible plantear iniciativas de progreso social sin arriesgarse a perder la vida, esas
iniciativas no han sido verdaderamente planteadas.
Una parte de la antigua insurgencia decidió sumarse a las iniciativas de la derecha,
mientras la otra no puede avanzar más allá de los alcances originales de los acuerdos de
Paz. En este sentido. El deterioro de las condiciones de vida de sectores amplios de la
población no se traduce en un alineamiento político de confrontación; la protesta se agota
en el terreno social (huelgas, manifestaciones callejeras, revueltas locales, etc.).
En relación, podemos identificar que sin esas dos décadas de guerra insurgente que
caracterizan a El Salvador, es difícil pensar que la democratización hubiera avanzado
todo lo que avanzó en los últimos años, ni la comunidad internacional habría llegado a
preocuparse como lo hizo por el autoritarismo y las atrocidades de las elites de la época14.
El Salvador es un ejemplo clásico de los resultados de la intervención sistemática de
EE.UU. en el contexto de la "guerra de baja intensidad" de la Guerra Fría. EE.UU. apoyó
al hoy convertido partido político: Alianza Republicana Nacional - ARENA, y a un Estado
militarizado que, en conjunto, fueron responsables de 85% de las violaciones a los
derechos humanos durante los doce años de la Guerra Civil (1980 -1992) la cual dejó
79.000 muertos. Pero muchas veces hasta allí llega el análisis de la intervención de
EE.UU. sin embargo la intervención estadounidense en el tejido socio-económico facilitó
la cohesión de una "Nueva Derecha", liderada por el partido ARENA y el conocido
pensamiento FUSADES, los cuales establecieron la hegemonía del sector privado, e
insertaron a El Salvador en los circuitos mundiales del comercio y de las finanzas.
La intervención estadounidense prosiguió a través de los Acuerdos de Paz bajo el
pretexto de "la promoción de la democracia", que se manifiesta en tres principios rectores:
14 VILAS, Carlos. Un balance de la ejecución de los acuerdos de paz en El Salvador. 1996.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador las políticas de ajuste estructural neoliberal (la privatización, la liberalización del comercio,
la desregulación de las inversiones, los recortes del gasto social, etc.).
POLÍTICAS DE PAZ O PROCESOS DE PAZ
Podemos identificar claramente las acciones llevadas a cabo por los dos países
latinoamericanos en relación de la búsqueda de Paz por medio de diálogos y procesos de
Paz. En Colombia encontramos diferentes momentos en los que fue posible conseguir la
desmovilización de grupos armados al margen de la Ley, como el caso de grupos
guerrilleros como el M19 y EPL, entre otros. Sin embargo, también existieron intentos
fallidos como el tan reconocido caso del Cagúan con la creación de una zona de
distención que sólo sirvió para el fortalecimiento político y económico de las FARC.
Por otra parte, se encuentra el proceso de Paz consolidado en El Salvador luego de años
de guerra civil y debilitamiento del Estado con la indiscutible entrada de los EE.UU.,
generado así, estructuras económicas particulares, con la entrada del neoliberalismo y la
desintegración de las tradicionales fuerzas armadas salvadoreñas. Lo que podríamos
llamar paradójico de todo este proceso, es la continuidad el crecimiento de los índices de
pobreza y exclusión social, lo mismos que conllevaron a la creación de pandillas de gran
impacto social tanto dentro como fuera del País. De acuerdo a esto, es posible plantear
como hipótesis implícita que el diseño actual de políticas económicas y sociales en el
Salvador no han sido eficaces en la neutralización de la exclusión social.
A partir de esto, hablar de políticas públicas de Paz como referente de los procesos de
Paz de Colombia y El Salvador no es posible, es decir, en Colombia se han vislumbrado
“instantes de Paz” con las diferentes desmovilizaciones históricas desarrollas desde la
segunda mitad del siglo XX, al igual, se han creado Leyes como Justicia y Paz, y la actual
ley de tierras que transversalizan el tema de los Derechos Humanos y la
conceptualización de la Paz, sin ser está el abordaje principal de dichas leyes; por otra
parte, El Salvador realizó un acuerdo para finalizar la guerra civil en la que se encontraba
sumergida su país, sin embargo, en ninguno de los dos casos podemos identificar
claramente una línea guía en la elaboración, implementación y evaluación de Políticas
Públicas que evidencian la Paz en el País.
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador
En este sentido debería hablarse más que de una política de paz, de una política de
construcción de paz y reconciliación, en la idea de generar espacios para la reproducción
cultural y la realización de los sujetos de derecho individual y colectivo, en la
trascendencia de sus principios y patrones culturales. Considerando, especialmente en
Colombia, los procesos históricos y la dimensión regional, como factores de encuentro y
reconciliación. No se trata de un plan con metas y objetivos específicos, sino un largo
camino de construcciones.
Una política de construcción de paz y reconciliación que señale la posibilidad de la
realización incremental de los derechos, pero sobre todo que genere la capacidad de
fortalecer las identidades y capacidades de la gente con fuerza creadora, orientada por la
negación absoluta de la violencia como medio de lucha, y búsqueda de la prevalencia de
los derechos y una idea de justicia que potencie la multiculturalidad y el respeto por las
generaciones futuras, en aras de un mundo mejor o el desarrollo de una vida digna para
todos.
Ahora bien, también es necesario mirar este proceso no sólo desde un ámbito que
algunos podrían llamar idealista sino desde la realidad y el contexto específico, en este
caso de América Latina. Es decir, el desarrollo desde una base neoliberal y el seguimiento
de parámetros internacionales de la globalización. Puesto que la relación que se da
actualmente entre las acciones del Estado a través de lo público y el papel de sectores de
la sociedad desde la privado, conforman la realidad de nuestros países y lo que se
considera hoy en día la capacidad de desarrollo de los “pueblos latinoamericanos”.
En consecuencia, para algunos, la tendencia a la solución privada y violenta de los
conflictos podría mirarse como la contrapartida de la inexistencia o la precariedad de un
ámbito público de tramitación de las tensiones sociales. Por ello, hablar de la precariedad
del ámbito público y de la consiguiente precariedad del Estado obliga a reflexionar sobre
el funcionamiento de la sociedad donde se genera ese Estado, sobre cómo lo conforma y
cómo se resiste a verse expresada en él. Resulta inevitable abordar la relación sobre
problemáticas colectivas esenciales, como la construcción de lo público y la relación entre
lo privado, lo público y lo social; el desarrollo de la sociedad en una cultura de tolerancia,
Concepción sobre una Política Pública de Paz: Colombia y EL Salvador solidaridad y compromiso social, al igual que la configuración de una sociedad moderna,
auto reflexiva y auto gestionada en un régimen democrático incluyente y deliberativo en el
contexto de la globalización.