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POLÍTICA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES PARA LA REGENERACIÓN DE MÉXICO1

Propuesta de los principales ejes de gobierno del

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Candidato a la presidencia de la República del Movimiento Progresista

I. DIAGNÓSTICO

México es un país rico en recursos naturales y minerales, diversidad biológica, agro-biológica y cultural. Esta riqueza, sin embargo, se ve contrastada con un modelo de desarrollo que ha provocado pérdida de ecosistemas naturales, merma de la biodiversidad, desertificación, y diferentes formas de contaminación que tienen como consecuencia enfermedades, pobreza y migración y diferentes impactos sobre el desarrollo económico.

El deterioro ambiental del país se debe también, a la ausencia de una política pública que se contraponga a los diversos intereses que impactan negativamente sobre los ecosistemas naturales, las tierras agrícolas y el desarrollo de las ciudades. Es urgente reconocer la capacidad de acción del Estado en materia de medio ambiente y recursos naturales e incorporar a la sociedad en la recuperación ambiental de nuestro territorio.

Este documento, presenta los ejes principales de la propuesta ambiental del Lic. Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Parte de un diagnóstico general sobre la situación ambiental del país y posteriormente resume los ejes de la propuesta.

Aun cuando la información acerca de la situación socio-ambiental del país requiere mayor alcance, actualización y monitoreo, los datos más recientes del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, cuyos últimos datos reportados son para el año de 2007, muestran la grave situación ambiental de nuestro país. De acuerdo con esta información, México ha perdido el 42% de sus selvas, el 28% de los bosques y 65% de manglares; más del 80% de las pesquerías nacionales han alcanzado su aprovechamiento máximo; cerca de las dos terceras partes de los suelos presentan algún tipo de degradación causada por la actividad humana y hay una importante pérdida de vida silvestre, además de que 52% de las especies de anfibios, 54% de reptiles, 34% de aves y 45.2% de especies de mamíferos están consideradas dentro de alguna categoría de riesgo.2,3

1 Este documento fue elaborado por un grupo coordinado por Claudia Sheinbaum y enriquecido con la generosa participación de representantes de diversos grupos ambientalistas, expertos y especilistas reunidos el 24 de marzo de 2012 en el foro de discusión del programa de gobierno en medio ambiente y recursos naturales. Participan también en la redacción final Ileana Villalobos y Samuel Salinas Álvarez. 2 Semarnat, 2007. Sistema Nacional de Indicadores Ambientales. Disponible en http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/SNIA/Pages/snia.aspx

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Las Cuentas Económicas y Ecológicas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportan que entre los años 2005 a 2009, último periodo publicado, el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del ambiente le cuestan a México cada año cerca del 8% del PIB, monto que equivale a la suma de 150 salarios mínimos por habitante.4

Una revisión detallada de algunos indicadores ambientales de esta publicación, muestra que las emisiones de contaminantes al aire decrecieron tan sólo a una tasa anual de 0.24% a pesar de que diversas ciudades del país sobrepasan los límites aceptables para la salud humana; más del 30% de los residuos sólidos urbanos se tiran sin control; la contaminación al suelo por residuos sólidos municipales aumentó a una tasa anual de 1.94% y las descargas de aguas residuales no tratadas estuvieron creciendo a una tasa anual de 6.24%. Por falta de cumplimiento de las normas de descarga de agua residual municipal e industrial, así como por el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, la calidad del agua superficial y subterránea ha empeorado. De acuerdo con la información oficial, en nuestro país sólo el 30% del agua residual recibe alguna clase de tratamiento5.

La sobreexplotación del agua subterránea alcanzó en 2009 los 5,459 millones de metros cúbicos al año, tan sólo 4% menos que en 2005 (a este ritmo se requerirían 210 años para dejar de sobreexplotar acuíferos que, probablemente, para entonces ya no existirían). La falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica ha provocado deterioro que afecta a millones de habitantes. Las inundaciones crecen continuamente en frecuencia y magnitud provocando daños económicos y muertes. Las sequías, que afectan principalmente a la región norte y centro, se deben, entre otras razones, a un mal manejo y sobreexplotación de los recursos hídricos.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, 15% de las viviendas, que representan casi 15 millones de habitantes, no tienen acceso a las redes públicas de agua potable en su vivienda y 12.6% no cuentan con drenaje. En la gran mayoría de las zonas urbanas del país, la red de servicio público de agua potable opera de forma ineficiente, con porcentajes muy altos de fugas y graves problemas de calidad. México es de los países que más consumo por persona tiene de agua embotellada. Naciones con iguales o menores niveles de desarrollo han atendido de mejor manera el problema de abastecimiento y calidad del agua y en México, la situación no mejora.

Se estima que cerca de una tercera parte de las enfermedades tienen detrás alguna causa ambiental, ya sea por la contaminación, las sustancias químicas nocivas, varias formas de

3 COLPOS-Semarnat, 2003. Evaluación de la Degradación de los Suelos causada por el Hombre en la República Mexicana. 4 INEGI, 2010. Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2005-2009. Disponible en http://www.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/detalleSCNM.aspx?c=16880&upc=0&s=est&tg=47&f=2&pf=Cue 5 Semarnat-CNA. Estadísticas del Agua en México, pág. 73, 2011.

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riesgo, el tipo de combustibles que usamos y las formas de cocinar en muchas viviendas rurales, entre otras causas.6

El 89% del consumo de energía está sustentado en combustibles fósiles. El 11% restante corresponde en un 37% a leña, 21% geotermia, 19% hidro-energía, 14% bagazo, 9% nuclear y 0.1% eólica. En años recientes, el supuesto impulso a las fuentes renovables ha tenido como verdadero objetivo fomentar la participación de la iniciativa privada en la generación y comercialización de electricidad, tal estrategia, además de ser ilegal, no incide realmente en la matriz energética.

Con relación a los bosques y selvas parece ser que en las últimas décadas la tasa de pérdida de la cobertura forestal ha ido desacelerándose7, y es el ámbito donde mayor presupuesto y programas novedosos ha habido. Sin embargo, la información oficial es poco confiable. De acuerdo con el INEGI, en los últimos años, la superficie forestal perdida fue en promedio de 171 mil hectáreas al año, mientras la Comisión Nacional Forestal indica una pérdida de 326 mil ha al año. Por otro lado, no hay interés por impulsar la producción forestal y en particular al manejo forestal sustentable como un sector productivo, lo que se traduce en que la superficie legalmente aprovechada se redujo en 30% y las importaciones de productos maderables siguen subiendo.8

Asimismo, en años recientes, grandes desarrollos o megaproyectos con impactos ambientales sumamente graves, en muchos casos irreversibles, se han venido impulsando en el país. Tal es el caso de la minería, cuya concesión del territorio nacional ya alcanza el 25%, generando una mínima derrama económica y en cambio, una gran devastación, que acrecienta desmesuradamente una deuda ambiental sin perspectiva de ser saldada. Se han otorgado concesiones y permisos de explotación minera, violando leyes, reglamentos y procedimientos jurídicos, afectando a miles de pobladores y comunidades en su mayoría indígenas. Se ha evitado la actualización de reglamentos y normas ambientales incluso para su homologación con criterios internacionales, a costa del deterioro de los recursos naturales, de la salud y de la participación y respeto a las comunidades locales.

Uno de los ejemplos de la violación a la disposiciones jurídicas es el caso de la minera San Xavier en San Luís Potosí y uno de los ejemplos recientes que puede tener graves consecuencias es el proyecto minero La Luz en el municipio de Catorce, San Luis Potosí, a través del cual se pretende la explotación minera en el territorio sagrado del pueblo Wixárika, declarado en 1994 Área Natural Protegida como Sitio Sagrado Natural y considerado Patrimonio Cultural y Natural de Real de Catorce y el Altiplano de San Luis Potosí.

6 Dato de la Organización Panamericana de la Salud. 7 Semarnat-CONAFOR. Visión de México sobre REDD+: hacia una estrategia nacional, pág. 13, 2010. 8 Información del documento: Plataforma de Política Forestal para el Futuro de México. Una propuesta por la gente, por los bosques y contra el cambio climático. Grupo Bosques. Diversas organizaciones, febrero de 2012.

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Se promueven también grandes desarrollos energéticos como los campos eólicos del Istmo de Tehuantepec, que pueden ser importantes en el desarrollo de las fuentes renovables de energía, pero se han realizado a partir del despojo de tierras a los pobladores y provocando mayor pobreza local en vez de beneficios. En nuestro país conviven grandes proyectos eléctricos privados, junto a comunidades rurales sin acceso a la electricidad.

Casos similares son los grandes desarrollos turísticos en las costas. Uno de los ejemplos recientes es Cabo Pulmo en Baja California Sur, donde se pretende la construcción de cerca de 27 mil habitaciones y campos de golf en un Parque Nacional Marino que tiene una de las mayores coberturas de corales en el Golfo de California y que alberga una rica variedad de especies. Éste es un proyecto turístico cuya viabilidad económica es incluso cuestionable, dada la baja ocupación que aún tienen desarrollos cercanos como Los Cabos y La Paz.

Otro aspecto de la problemática ambiental que vivimos es la aprobación de la siembra de maíz transgénico a pesar de que las normas nacionales e internacionales de protección lo prohíben, y de los graves efectos que puede traer por la pérdida de diversidad biológica, daños a la salud de la población y soberanía alimentaria.

El descontento social ante problemas ambientales y proyectos de este tipo en diversos estados de la República mexicana ha ido aumentando. Sin embargo, estos movimientos han tenido en la mayoría de los casos respuesta sorda, criminalización de la protesta social o incluso represión y venganza de los desarrolladores ante la ausencia o connivencia de la autoridad. Asesinatos y desapariciones de dirigentes comunitarios que cuestionan estos proyectos se ocultan en el clima de violencia nacional.

En México, el tema ambiental parece más un adorno del discurso oficial, en especial si está dirigido a la comunidad internacional. La política ambiental se limita a algunas medidas aisladas, que comparadas con las grandes inversiones devastadoras y la inercia del deterioro, se desvanecen. Acciones y medidas tomadas en alguna época parecen ser contenciones que resisten pero no avanzan.

El modelo económico que defiende que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos y cancela los derechos sociales y ambientales para condenarlos a ser una mercancía más, no sólo ha fracasado porque ha generado mayor pobreza, inequidad y endeudamiento, sino también ha generado la crisis ecológica que vive nuestra sociedad, donde a nivel global el cambio climático es la mayor expresión de ésta.

Pero no sólo es eso. En México se ha elegido un modelo de grandes proyectos incompatibles con la preservación ambiental. Si a esto se agrega la corrupción, estamos ante una situación límite. Regulaciones incumplidas, proyectos ilegales, devastadores de los recursos naturales, pero aprobados por tráfico de influencias y por dinero.

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Este proceso de descomposición ambiental, nos resta capacidades productivas, nos hace vivir mal, genera pobreza y nos pone ante cada vez mayores riesgos humanos.9 México no sólo vive una crisis económica y social, también vive una grave crisis ambiental.

II. LA PROPUESTA

El actual modelo de desarrollo económico no es sustentable y está produciendo devastadores efectos económicos, sociales y ambientales. La nueva estrategia de regeneración nacional plantea que es necesario transformar el modelo de desarrollo imperante, por uno que frene la decadencia y garantice el bienestar y la felicidad del pueblo dándole una nueva viabilidad a la Nación, preservando y restaurando los recursos naturales y mejorando el medio ambiente. Se busca impulsar el desarrollo sustentable a través de las iniciativas privada y social, promoviendo la competencia, pero reconociendo el papel del Estado en las actividades estratégicas reservadas por la Constitución, en la planeación del desarrollo y como garante de los derechos sociales y ambientales de las actuales y de las futuras generaciones. Se trata de actuar a través de un gobierno que disminuya su costo a la sociedad y que actúe de forma honesta, profesional y responsable, y que promueva la participación ciudadana.

Este nuevo modelo de desarrollo parte de la premisa de que es factible generar riqueza, distribuirla con equidad y en el proceso evitar y minimizar los impactos ambientales y promover la restauración ambiental. Se busca cambiar el modelo intensivo en la extracción de minerales y energéticos, por uno que promueva el manejo sustentable de recursos, que fomente el respeto y apoyo a las prácticas autogestivas, tradicionales e innovadoras, que disminuya la contaminación, que promueva las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética y que genere opciones de producción sustentable en los distintos ámbitos de la economía nacional.

La propuesta ambiental para la regeneración de México está apuntalada sobre cinco ejes: (1) Economía sustentable, (2) Mejora ambiental para la disminución de la pobreza y la promoción de la equidad (3) Mitigación y adaptación al cambio climático desde la perspectiva local, (4) Mejora de la gobernanza y de la procuración de justicia ambiental, (5) Desarrollo de indicadores y metas de mejoramiento ambiental.

Resulta claro que los instrumentos de política ambiental contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en otros ordenamientos ambientales, deben enriquecerse y alinearse, para hacer valer los ejes que aquí se plantean y lograr las metas que se proponen. Este marco debe orientarse hacia el ordenamiento territorial que reconozca y valore la diversidad de las características socio-ambientales y potencie el desarrollo regional; el impulso a la participación ciudadana; el diseño de nuevos instrumentos de gestión transversal que incidan en las formas de producción agropecuaria, 9 Provencio E.Documento presentado en el Foro “Medio ambiente y defensa de los recursos naturales”, 6 de febrero de 2012, La Paz, Baja California Sur. Disponible en www.cemorena.org.mx

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forestal, pesquera, industrial y en los modelos de desarrollo urbano, de las costas y del turismo; y la revisión de los instrumentos preventivos, como la evaluación de impacto ambiental, con el objeto de otorgarle mayor valor y cumplimiento, la creación de nuevas instancias e instrumentos jurídicos para hacer valer la justicia ambiental; el desarrollo de esquemas de planeación y coordinación efectiva de los diferentes órdenes de gobierno, promoción de compras verdes y consumo sustentable de los gobiernos, entre otros.

II.1 Economía sustentable

En este eje se articulan los criterios de sustentabilidad del desarrollo. En el debate internacional contemporáneo, se ubica a la economía verde como uno de los pivotes de la sustentabilidad. En nuestra propuesta, la economía sustentable va más allá de la economía verde o ambiental. Sostenemos que no basta con “internalizar” las externalidades ambientales para alcanzar un desarrollo sustentable. Se trata de redefinir el desarrollo económico en el marco del reconocimiento de nuevos valores éticos hacia el ser humano y la naturaleza.

Por ello, la economía sustentable que proponemos incluye los siguientes ejes: 1) reconocer, proteger y potenciar a México como país megadiverso; 2) combinación de la conservación y el uso sustentable de recursos; 3) prevención y control de la contaminación y del riesgo 4) restauración y remediación ambiental; 5) fuentes renovables y uso eficiente de la energía; 6) manejo de cuencas y uso racional del agua; 7) soberanía alimentaria compatible con el medio ambiente; 8) industria y turismo sustentable; 9) ciudades sustentables y 10) gestión del conocimiento, educación, ciencia y tecnología para el desarrollo nacional.

II.1.1. México país megadiverso

La situación geográfica de México, su variedad de climas, topografía e historia geológica han producido una de las riquezas biológicas más impresionantes del planeta. Se calcula que alrededor del 10% de la diversidad mundial de especies se concentra en nuestro territorio. Este escenario ha permitido el desarrollo de gran riqueza de conocimientos, tradiciones y lenguas que constituyen una variedad de enfoques y opciones en la comprensión y uso de la diversidad biológica. En México existen 68 agrupaciones lingüísticas y al menos 364 variantes consideradas lenguas indígenas nacionales10. Los pueblos indígenas de México poseen una vasta riqueza gastronómica, medicinal, ritual y artesanal, y muchos de ellos son ejemplo del uso adecuado y conservación de la diversidad biológica. México es uno de los principales centros de domesticación de plantas en el mundo, por ejemplo, es el centro de origen del maíz11

Reconocer esta variedad biológica y cultural del país implica protegerla como riqueza de la Nación, pero también reconocer el papel y la importancia de los pueblos y comunidades 10 Datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Disponible en: http://www.inali.gob.mx/pdf/PINALI-2008-2012.pdf 11 CONABIO. Origen y diversificación del maíz. Disponible en http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/origenDiv.html

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indígenas en su protección y conservación. Por ello, y aprendiendo de ello, la política de relación armónica con la naturaleza, el uso sustentable de los recursos naturales con énfasis en los beneficios locales y la protección de la biodiversidad, el apoyo a la agroecología, tiene el potencial de darle continuidad a la existencia de los pueblos indígenas, de promover proyectos productivos y cadenas de valor multidimensionales que favorezcan efectivamente el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades poseedoras de estos recursos. Asimismo, proyectos nacionales y de desarrollo regional que incidan sobre el territorio de las comunidades indígenas, requieren de su consulta previa e informada y de su participación efectiva.

II.1.2 Combinación de la conservación y el uso sustentable de los recursos

Los bosques, selvas, matorrales, pastizales, la vegetación hidrófila, las zonas costeras y mares, así como las tierras de agricultura familiar, son el resguardo de gran parte de la biodiversidad del país y brindan servicios ambientales necesarios para la vida. Durante décadas la mayor parte de las políticas públicas orientadas a su protección ha generado limitaciones en el uso y aprovechamiento de recursos. Si bien las medidas de prohibición son necesarias en algunas áreas, hoy se sabe que muchas veces, grandes restricciones, han provocado mayor degradación de los recursos naturales.

Diversos ejemplos en nuestro país, evidencian que el manejo forestal comunitario es la forma más viable y deseable para el manejo de los recursos forestales y su preservación de largo plazo. Potenciar la producción sustentable con énfasis en el manejo forestal comunitario y la industrialización local de los productos, a través de diversos mecanismos e incentivos de mediano y largo plazo, garantizando la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, puede potenciar la producción forestal de México, generando enormes beneficios ambientales, económicos y sociales para las comunidades, ejidos y pequeños propietarios.

Al mismo tiempo, deben consolidarse y, en algunos casos, ampliarse, las Áreas Naturales Protegidas, a través del establecimiento de sus programas de manejo, de órganos de concertación que superen las limitaciones de los actuales consejos asesores, instrumentos para la participación de la población involucrada, personal y presupuestos suficientes; así como apoyar a las áreas naturales que las propias comunidades han instaurado para sus actividades de conservación. Para ello es necesario generar instrumentos de compensación por servicios ambientales a través de mecanismos públicos y privados y potenciar el ecoturismo de forma responsable, turismo rural, valor agregado a productos locales, bajo una visión que promueva la conectividad biológica, beneficie a las comunidades y asegure el manejo sustentable de los recursos naturales.

La pérdida de la diversidad biológica también será enfrentada a través de la revaloración de los recursos silvestres del país, destinando mayores esfuerzos institucionales y sociales al impulso de la creación de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y su operación a través de los planes de manejo. Este esquema será prioritario para

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alcanzar mayores beneficios para los poseedores de las tierras y para la conservación y enriquecimiento de los hábitats naturales, para la reproducción y recuperación de especies consideradas en riesgo, el monitoreo de especies y poblaciones, la mejoría y permanencia de servicios ambientales y favorecer la conectividad biológica.

Por otro lado, la inducción del manejo sustentable de las tierras agrícolas, pecuarias y forestales será un propósito central para el combate a la desertificación, a través de una adecuada coordinación con las áreas sustantivas de la administración y en el nivel local, la evaluación, y el alineamiento de los programas de fomento productivo y de preservación de este recurso.

Acompañado de estos procesos se generarán los esquemas para el cumplimiento de la inspección, vigilancia y procuración de justicia que eviten la explotación ilegal y destructiva de los recursos naturales.

II.1.3 Prevención y control de la contaminación y del riesgo

El deterioro y mala calidad del agua en las cuencas del país, así como la mala calidad del aire en ciudades y cocinas rurales, el deterioro y contaminación de suelos, el uso de sustancias nocivas en agricultura, minería e industria, requieren de una política renovada de prevención y control de la contaminación que disminuya los riesgos a la salud humana y genere las condiciones para el desarrollo sustentable.

Es vital revisar y actualizar las normas ambientales para disminuir los riesgos a la salud, así como para incorporar la nueva visión de interconexiones entre la salud pública y la integridad ecológica y los riesgos eco-toxicológicos de diversas sustancias.

Habrá mayor comunicación e interacción con la Secretaría de Salud para conocer y enfrentar los riesgos a la salud humana de la contaminación en sus diferentes niveles.

Se generarán mecanismos de inspección, vigilancia responsable, que obliguen a cumplir con las normas ambientales y se sancionará a quien no lo haga. Para ello se establecerá un nuevo marco legal e institucional, así como un marco ético de combate a la corrupción alineado con el del nivel federal.

II.1.4 Restauración y remediación ambiental

La vasta destrucción ambiental de diversos ecosistemas en el territorio nacional requiere de procesos de restauración y remediación ambiental, que además de los beneficios ambientales, pueden generar cadenas de valor que van desde la investigación científica y el desarrollo tecnológico, hasta la generación de empresas comunitarias, privadas y públicas, empleos e impulso al mercado interno. Aun cuando estos procesos pueden ser de largo plazo, su instrumentación genera, desde el inicio, grandes beneficios locales.

Uno de estos proyectos es la revegetación productiva de al menos un millón de hectáreas en el sureste de México, a través del manejo integral de las cuencas de los Ríos Pánuco, Grijalva y Papaloapan. Se trata de proyectos productivos que integren a los sectores social,

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público y en algunos casos privados, con sistemas agroforestales, silvopastoriles y de plantaciones sustentables sujetas a salvaguardas, con especies nativas de la zona, acompañados de manejo diversificado de suelos que disminuya su erosión y contribuya a la productividad.

Por otro lado, el rescate de las cuencas y la remediación de cuerpos de agua y suelos en un porcentaje que no sólo disminuya la tasa de deterioro sino que lo revierta, así como la ampliación de la infraestructura necesaria para el cabal cumplimiento de las normas para el tratamiento de agua, y la inversión en la modernización de las redes de agua potable para reducción y eliminación de fugas, son procesos que generan cadenas de valor y empleo y brindan mejores condiciones para el futuro desarrollo del país.

La instrumentación de programas de recuperación de recursos marinos, lacustres y fluviales sobreexplotados y de ordenamiento y manejo pesquero comunitario para todas las especies sujetas a aprovechamiento, a la par de apoyos efectivos a programas regionales y locales de acuicultura para incrementar el abasto nacional de alimentos acuáticos, generará también un mayor potencial del sector y bienestar para las comunidades pesqueras y para los consumidores.

II.1.5. Fuentes renovables y uso eficiente de la energía

Existe la idea equivocada de que el crecimiento económico conlleva necesariamente un incremento similar en el consumo de energía y en particular de los llamados combustibles fósiles (el carbón, el petróleo y el gas natural). La mayoría de los países industrializados e incluso algunos en desarrollo, han demostrado que el incremento en el consumo de energía puede tener tasas menores e incluso decrecientes, a las del crecimiento económico. Esto se logra haciendo más eficiente el uso de la energía, a través de innovación y transformaciones tecnológicas y estructurales y sustituyendo el uso de los combustibles fósiles por el de fuentes renovables de energía. Este cambio conduce además, al incremento de la eficiencia productiva y de la competitividad.

Un uso más eficiente de la energía y el incremento de las fuentes renovables se hacen necesarios por diversas razones: porque la combustión de recursos fósiles es la principal causante del cambio climático y de otros impactos ambientales, porque es necesario cuidar los recursos no renovables y, porque las fuentes renovables y el uso eficiente pueden generar soberanía energética, electrificación rural, menores costos y mejora ambiental. México debe iniciar la transición energética con metas ambiciosas a través de una política efectiva de innovación tecnológica, de mecanismos regulatorios, de incentivos, de esquemas fiscales novedosos y de la promoción del transporte eficiente como el ferrocarril para carga y pasajeros y el transporte público en las grandes urbes.

II.1.6 Manejo de cuencas y uso racional del agua

El agua es sustento de la vida y del desarrollo. El uso racional del recurso implica reconocer su función en los ecosistemas, en la soberanía alimentaria, en la generación de

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energía, en la provisión del servicio de agua potable y saneamiento para los diversos sectores de uso final, así como los riesgos y vulnerabilidad ante el cambio climático. Para revertir la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de cuerpos de agua se proponen cuatro ejes: a) modernización, racionalización y optimización de los distritos de riego, promoviendo el manejo y uso eficiente del agua y en donde sea posible, la sustitución de agua potable por agua tratada con recuperación de nutrientes; b) un programa nacional de reducción de fugas de las redes de agua potable en zonas urbanas, que asegure la modernización de los sistemas de distribución y modifique su operación y c) la remediación, saneamiento y restauración ecológica de las cuencas con recursos suficientes, visión interdisciplinaria, arreglos institucionales incluyentes, y d) un sistema realista y honesto de inspección del cumplimiento de los títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales, que promueva la participación de los diversos actores sociales reconociendo responsabilidades conjuntas pero diferenciadas.

Se revitalizará la construcción de infraestructura hidráulica, dando prioridad a la seguridad de presas y a la rehabilitación y mantenimiento. En los nuevos proyectos, se privilegiará la seguridad alimentaria, la participación y el beneficio a los pueblos indígenas y a las comunidades empobrecidas y al ambiente.

II.1.7 Soberanía alimentaria compatible con el medio ambiente

La soberanía alimentaria que parte de un gran proyecto nacional de rescate al campo y soberanía alimentaria que desarrollará la Secretaría a cargo, debe lograrse disminuyendo al mínimo el uso de agroquímicos y evitando los organismos genéticamente modificados que dañan el medio ambiente y la salud de la población. Este proceso tendrá como pauta invariable la observancia del principio de precaución y debe iniciar con reglamentaciones que inhiban el uso de sustancias tóxicas prohibidas en diversos países por comprobarse su grave daño a la salud humana y a los suelos. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Se garantizará la protección de la diversidad genética, particularmente del maíz, respetando la normatividad internacional que protege contra el uso de transgénicos en los centros de origen, así como fomentando las agriculturas familiares al reconocer su importancia para la biodiversidad de los organismos domesticados. En esta perspectiva se fomentarán mercados locales promoviendo el consumo sustentable y al comercio justo.

El reconocimiento de los sectores forestal y pesquero al mismo nivel que el agropecuario, en su vasto potencial productivo y como proveedores de servicios ambientales y biodiversidad, evitará mayores cambios de uso de suelo en detrimento de los ecosistemas forestales del país y la sobreexplotación de los recursos marinos.

El rescate al campo requiere también de la modernización de los distritos de riego, promoviendo el uso eficiente del agua y el saneamiento para riego y apoyando a los usuarios organizados para que logren la autosuficiencia en el manejo de la infraestructura de distribución. La infraestructura hidroagrícola puede convertirse también en un pivote

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para la reactivación de la agricultura y el desarrollo rural sustentable. En este contexto, se apoyarán las áreas de temporal tecnificado y se dará mayor brío al Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo.

II.1.8 Producción industrial y turismo sustentable

Desde hace varias décadas se han generado métodos para promover una mayor compatibilidad entre la producción industrial y el medio ambiente. Tal es el caso de las técnicas, tecnologías y procedimientos de producción más limpia y más recientemente de ecología industrial, que incluyen la minimización de emisiones a la atmósfera, el reciclamiento y el re uso de agua y residuos, estrategias de prevención y reducción de demanda de energía y materiales y uso de fuentes renovables de energía. El gobierno debe promover estas tecnologías bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico y la de Medio Ambiente y Recursos naturales hacia la industria mexicana a través del apoyo a una verdadera política de innovación tecnológica, información, incentivos, mercados certificados y otros esquemas.

No se otorgarán nuevas concesiones mineras y las concesiones existentes deberán cumplir con el respeto irrestricto a la consulta previa, libre e informada, derechos comunitarios y municipales, convenios internacionales, leyes y normas ambientales y de derechos humanos, así como con esquemas claros de pago de impuestos, transparencia en sus operaciones mercantiles y financieras, respeto a las normas laborales, mejoramiento de su desempeño ambiental y, en su caso, el resarcimiento del daño ambiental y la restauración a las condiciones imperantes previo a su operación.

Por otro lado, una buena gestión del turismo, requiere garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende. No es sustentable, por ejemplo, seguir deteriorando los arrecifes coralinos del Caribe, cuando son precisamente éstos, los que lo dotan de los colores, paisajes y diversidad biológica que es lo que atrae al turismo a la región. En vez de generar nuevos centros turísticos devastadores de los recursos naturales, como el caso de Cabo Pulmo, deben potenciarse al máximo los centros turísticos actuales, acelerando esquemas de saneamiento, reciclamiento y re-uso de agua y residuos. Deben buscarse nuevos esquemas de turismo sustentable que garanticen la protección de los paisajes y recursos naturales, y promuevan la gestión por parte de las comunidades y culturas locales, mientras se potencia el desarrollo del sector.

II.1.9 Ciudades sustentables

El 77% de la población nacional vive en poblaciones de más de 2500 habitantes, el 66% en ciudades de más de 10 mil habitantes y cerca del 36% en zonas urbanas de más de un millón de habitantes. Aun cuando las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara siguen representando el 26% de la población nacional, el ritmo de crecimiento es más alto en ciudades intermedias como Tijuana, Cancún, Querétaro y Puebla.

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El proceso de urbanización del país no ha ido acompañado de una planeación integral y de instrumentos y recursos económicos que permitan a los gobiernos locales enfrentar y resolver los problemas y necesidades generados, tales como ordenamiento urbano, transporte público, infraestructura hidráulica y manejo de residuos sólidos. El crecimiento de la población de menos ingresos comúnmente ocurre en la periferia, en asentamientos sin servicios, ubicados muchas veces, en zonas naturales que proveen servicios ambientales.

Las ciudades han crecido bajo esquemas de aislamiento y carencia tanto de áreas verdes, como de zonas de interconexión urbana, que ocasionan desintegración social y generan un ambiente propicio para la violencia. 12

En últimas fechas se ha fomentado el crecimiento de la vivienda en conjuntos alejados de las zonas urbanas, ubicados en antiguas zonas agrícolas, que no cuentan con equipamiento educativo, comercios o servicios de transporte público, lo que ha provocado no ocupación o abandono de millones de viviendas. Estos esquemas generan impactos ambientales y sociales tanto por su construcción como por su uso.

Muchas ciudades se asientan en más de dos municipios o incluso en más de dos estados y no existen mecanismos jurídicos de gestión y coordinación efectiva, ni presupuestos metropolitanos que permitan atender los problemas asociados a su creciente urbanización.

Los problemas de abasto y calidad de agua, movilidad, recolección y disposición final de residuos sólidos municipales, contaminación atmosférica, ruido, e insuficiencia de áreas verdes, son comunes en la mayoría de los centros urbanos del país. Es necesario generar los mecanismos de investigación, coordinación, presupuesto y apoyo a las entidades federativas y municipios, para atender estos problemas, respetando autonomías y decisiones locales. Deben promoverse programas federales de apoyo e incentivos al transporte sustentable, al saneamiento de cuencas, al manejo de los sistemas de distribución de agua, al manejo y disposición final y aprovechamiento energético de los residuos sólidos municipales, regulaciones para envases y embalaje, y revitalización de espacios públicos y áreas verdes como blindaje contra la violencia. Estos programas mejorarán la competitividad económica de las ciudades además de generar empleo y calidad de vida.

Por la urgencia y necesidad de abasto de agua en cantidad y calidad, se promoverá un Programa Intersectorial de Manejo del Ciclo Urbano del Agua, basado en un servicio integral de agua para la población que abarque cantidad, calidad y necesidades actuales y futuras, remedie los rezagos y sea capaz de enfrentar los retos futuros en el suministro, tratamiento, re-uso y reintegración de agua usada, previa limpieza, al ambiente.

12 Millenium Ecosistem Assessment, MEA.org

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II.1.10 Gestión del conocimiento, educación, ciencia y tecnología para el desarrollo nacional

La conservación, uso sustentable de los recursos, la restauración y remediación ambiental requieren de una sociedad consciente de la problemática ambiental y de una amplia gestión del conocimiento, investigación, innovación tecnológica y desarrollo de las ciencias naturales y la ingeniería; así como de las ciencias sociales, las humanidades y las artes.,.

Se requiere incorporar efectivamente y mejorar la educación ambiental en todos los ámbitos de la educación escolarizada y no escolarizada; el fortalecimiento y dotación de presupuestos suficientes a las universidades públicas y a los institutos de educación superior, así como a los centros e institutos de investigación como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y la creación del Instituto de las Energías Renovables, deben potenciar las cadenas de valor nacionales entre la investigación científica, el desarrollo de tecnología y mercados con un alto contenido ambiental, dentro de un marco de prioridades de interés público.

Asimismo, el conocimiento y uso de la biodiversidad, los vínculos socio-ambientales, la educación, la concientización ambiental y la justicia ambiental, requieren del apoyo a las disciplinas sociales, las humanidades y de las artes vinculadas con el medio ambiente.

II.2 Mejoramiento ambiental para la disminución de la pobreza y la promoción de la equidad

El artículo 4° de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El deterioro del medio ambiente afecta en primera instancia a los que menos tienen. Un desarrollo económico compatible con el medio ambiente no estaría completo si no se garantiza la disminución de la pobreza y una mayor equidad. En el terreno ambiental este principio parte de que el Estado, como lo establece nuestra Constitución, garantice alimentos saludables, viviendas dignas, servicios de agua y saneamiento, energías limpias y modernas, transporte accesible, áreas verdes, paisajes naturales, aire limpio, playas y costas limpias, a todos los habitantes de México sin ninguna excepción.

Con relación al agua y a la electricidad se dará prioridad y apoyo a las comunidades rurales que no cuentan con el servicio, a través de fuentes renovables de energía y esquemas de capacitación y adaptación tecnológica. Se promoverá el acceso a combustibles modernos mientras se ejecuta un gran programa de uso eficiente de la leña para cocción de alimentos, que además atienda a las mujeres y niños de las comunidades rurales más desprotegidas.

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II.3 Mitigación y adaptación al cambio climático desde la perspectiva local

México contribuye con el 1.7% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global y está entre los 15 países con mayores emisiones. Por su localización geográfica, nuestro país resulta de los más vulnerables ante la elevación de temperatura, los cambios en la precipitación y la disponibilidad de agua potable, el incremento del nivel del mar y el aumento de episodios extremos como los huracanes y las sequías.

La mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero se logra promoviendo la eficiencia energética y las fuentes renovables, la conservación y restauración de bosques y de humedales, la disminución del uso de fertilizantes nitrogenados y mejorando el manejo y la disposición final de residuos sólidos. La mejor adaptación al cambio climático es aquella que promueve la conservación in situ, restauración y conectividad de los ecosistemas como fundamento para la adaptación al cambio climático y la disminución de la vulnerabilidad y riesgo a la población.

La mejor orientación para atender el cambio climático es aquella compatible con los objetivos, estrategias y programas del desarrollo sustentable del país. Debe hacerse énfasis que la atención a la mitigación y adaptación al cambio climático es parte de una política ambiental integral de la Nación, tan importante como los objetivos de disminuir y evitar la contaminación de aire, agua, suelo y la pérdida de la biodiversidad.

Deberán tomarse en cuenta los riesgos que enfrentará la población ante el cambio climático Y ponerse en marcha estrategias de adaptación en poblaciones urbanas y rurales. Por ejemplo, dado que el proceso de urbanización en los litorales mexicanos se ha acelerado y tiende al alza, e ciudades costeras requieren normas específicas para reducir la vulnerabilidad de los pobladores a los impactos de los cambios climáticos y reducir el riesgo que presentan.

II.4 La mejora de la gobernanza ambiental, de la procuración de justicia ambiental y el impulso a la participación ciudadana

Los ambientales son derechos humanos, y como tales hay que defenderlos, no sólo en los organismos especializados sino en el sistema judicial en su conjunto. Su procuración implica establecer los mecanismos, procedimientos e instituciones para garantizar el cumplimiento de esos derechos, reconocer con justeza los daños causados a las personas y al entorno, resarcirlos y restaurarlos y ejercer los principios de responsabilidad y de reparación. Cuando esto empiece a ocurrir habrá más precaución, irá acabando la irresponsabilidad y la impunidad ambiental.

El gobierno reconocerá la función del Estado en la conducción de la política ambiental. En este marco, la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe mejorar, evitando la superposición de funciones, promoviendo la coordinación y

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colaboración efectiva con otras secretarías y con municipios y estados, fomentando la profesionalización, el impulso a la participación social y la procuración de justicia ambiental. Es urgente un verdadero sistema de ordenamiento ecológico, información, monitoreo y comunicación del estado que presentan los recursos naturales y el medio ambiente del país, para asegurar transparencia, luchar contra la corrupción, facilitar la rendición de cuentas, y lograr una participación genuina tanto social como de los tres órdenes de gobierno. Así mismo debe instrumentarse un programa permanente de formación y capacitación de jueces y peritos ambientales en protección de recursos naturales, evaluación de riesgos y daño ambiental.

Se generarán los mecanismos de trabajo y supervisión conjunta de las secretarías vinculadas con el desarrollo económico, la educación, la ciencia y la tecnología y la cultura para mejorar la gestión ambiental del gobierno de forma integral.

Se impulsará la promulgación del Código de desarrollo sustentable para mejorar e integrar todas las leyes y reglamentos en materia de ambiente y recursos naturales, así como un vasto ejercicio de armonización del marco jurídico de las actividades sustanciales con los criterios ambientales.

Se fortalecerán los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales sobre el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, para que exista representatividad de los dueños de la tierra, comunidades rurales e indígenas, y que sus recomendaciones se reflejen en el diseño e instrumentación de los programas gubernamentales.

En relación a la presencia de México en el debate de acuerdos internacionales en materia ambiental y de recursos naturales, se reivindicará el derecho internacional multilateral y se construirán los instrumentos e instituciones que garanticen el adecuado cumplimiento de los compromisos que el país ha adquirido con la comunidad internacional a través de las convenciones de las que es Parte, como es el caso de las convenciones en materia de cambio climático, protección de la capa de ozono, diversidad biológica y seguridad de la biotecnología, humedales de importancia internacional como hábitat de aves acuáticas, protección y conservación de la tortuga marina, comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, de lucha contra la desertificación, contaminantes orgánicos persistentes, consentimiento previo a plaguicidas y productos químicos peligrosos, derecho del mar, contaminación por hidrocarburos, desechos peligrosos y su movimiento transfronterizo, entre otros.

II.5 Desarrollo de indicadores y metas claras de mejoramiento ambiental

La mejora ambiental del país es un tema de mediano plazo, pero no por ello debemos fijarnos objetivos de corto alcance. Los países con mejores sistemas de gestión ambiental tienen metas claras para alcanzar la conservación y restauración ambiental. Los

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instrumentos de gestión no son fines en sí mismos son mecanismos para alcanzar metas de cumplimiento ambiental. Por ello proponemos el desarrollo de un programa integral de mejoramiento ambiental del país, con metas anuales claras y estrategias e instrumentos claros que alcance para el 2018.

Estas metas deben ir acompañadas de un sistema de información pública y transparente que evalúe de forma permanente y actualizada, la situación de los recursos naturales y los avances en la gestión.

Por su facilidad en la definición y supervisión, las metas están establecidas por temas de gestión, pero están diseñadas en torno a la visión y ejes de política pública aquí planteadas.

Bosques y biodiversidad

1. Respetar y fortalecer los sistemas normativos y mecanismos legales que garantizan la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la gestión de sus territorios y recursos naturales.

2. Reducir la tasa de deforestación en ecosistemas naturales en un 50%, acompañada de un sistema de información, seguimiento y evaluación confiable.

3. Alcanzar 10 millones de hectáreas del territorio nacional bajo esquemas de manejo forestal comunitario.

4. Establecer el programa de recuperación del sector forestal mexicano, con participación comunitaria, definiendo la infraestructura, diseño institucional, créditos, incentivos y servicios necesarios con el objeto de reducir el déficit comercial del sector y la importación de productos forestales.

5. Restaurar al menos un millón de hectáreas en el sureste del país a partir de la re-vegetación productiva y el manejo integrado de las cuencas.

6. Consolidar las áreas naturales protegidas existentes, dotándolas de programas de manejo con participación comunitaria, consejo asesor participativo, personal y presupuesto suficiente y apoyo a las áreas comunitarias para la conservación.

7. Fomentar el modelo de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en el territorio nacional, con énfasis en las regiones centro, sur y sureste de México, promoviendo la diversificación de servicios financieros, el apoyo técnico especializado, los estudios de mercado para encausar el manejo sobre las especies o productos demandados, así como las mejoras regulatorias necesarias de promover junto con los productores.

8. Establecer los mecanismos para garantizar la no introducción y evitar el uso de semillas transgénicas. Establecer una estrategia para la protección de la diversidad agro-biológica del país.

9. Establecer una instancia promotora del manejo sustentable de las tierras, realizando una evaluación de su estado al primer año y reducir en 10% la superficie degradada resultante de la evaluación.

Mares y costas

10. Sanear los 10 destinos turísticos costeros más importantes del país e incrementar los esfuerzos para monitorear y mejorar la calidad del agua en las playas mexicanas.

11. Recuperar el 50% de los recursos sobreexplotados en mares.

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12. Establecer el programa de recuperación de pesquerías costeras y lacustres con participación y manejo comunitario y de las cooperativas, y los programas de acuicultura para el abasto nacional, definiendo la infraestructura, estructura institucional, créditos, incentivos y servicios necesarios.

13. Integrar un programa de gestión integral de los territorios insulares y de la zona federal marítimo terrestre, transparentando su aprovechamiento.

14. Revisar y promover la actualización de la legislación dirigida a la protección y administración de la zona costera del país, que elimine duplicidad o contraposición de competencias y desarticulación, e incremente su adecuada atención ambiental y protección de sus recursos naturales.

Agua

15. Ordenar el uso del agua para que las zonas agrícolas empleen el máximo posible de agua residual tratada y liberen agua de primer uso para consumo potable, e incrementar la disponibilidad de agua de primer uso para fines municipales en 30%.

16. Disminuir en 50% las fugas de agua en los sistemas de distribución de agua potable de las zonas metropolitanas más importantes del país.

17. Incrementar la cobertura en servicio de agua potable de menos de 50 a 95%; la de agua tratada municipal que cumpla con las normas de menos del 10% a 70% y la del tratamiento del agua residual industrial de menos de 10% a 80%.

18. Sanear y restaurar las cuencas más contaminadas del país por causas municipales, industriales o agrícolas.

19. Alcanzar el cumplimiento de la norma de descargas de aguas residuales en aguas nacionales, con la puesta en marcha de esquemas de apoyo crediticio y tecnológico multivariado y fortalecer el marco legal en materia de protección de zonas ecológicas específicas, control de vertidos puntuales de industrias y la contaminación por fuentes difusas.

20. Disminuir el riesgo de la población frente a inundaciones e inestabilidad de laderas a partir de una estrategia integral.

21. Establecer junto con los productores un programa nacional para manejo de sequías. 22. Instrumentar un programa nacional para la protección de humedales tendiente a

proteger la biodiversidad y los servicios ambientales que prestan. 23. Fortalecer la gestión del agua a través de su manejo integrado por cuencas.

Contaminación de aire y suelo

24. Revisar y actualizar durante el primer año las normas ambientales vinculadas con calidad del agua, aire y sustancias tóxicas.

25. Establecer junto con las zonas metropolitanas más importantes del país, el programa nacional de ciudades sustentables, generando fondos metropolitanos para su aplicación

26. Alcanzar el cumplimiento de las normas de salud por ozono y partículas en al menos el 50% de los días, en las zonas metropolitanas más contaminadas del país.

27. Duplicar el manejo y control de los residuos sólidos urbanos y peligrosos; regularizar y remediar el 100% de los sitios de disposición final de residuos sólidos con respecto a la NOM-083-SEMARNAT-2003; promoción de captura de gas metano de los sitios de disposición final; promover la instauración de sistemas

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metropolitanos de gestión de residuos y de Centros Integrales de Reciclaje y generación de energía en las zonas metropolitanas del país.

28. Establecer el primer junto con la industria de cada sector, las metas de producción y manejo sustentable de la industria, minería y turismo, incluyendo la restauración de sitios afectados.

29. Revisar, durante el primer año, el cumplimiento ambiental y social de todas las concesiones mineras y actualización de las normas en la materia.

30. Alcanzar una tasa de disminución anual sostenida en el uso de agroquímicos y plaguicidas y lograr un control efectivo sobre la importación, introducción, formulación y manejo de plaguicidas y sustancias de uso agrícola sujetas a regulaciones nacionales e internacionales.

31. Garantizar, en un año, la erradicación de la presencia de niños y niñas expuestos a plaguicidas en campos agroindustriales

32. Atender de manera prioritaria el problema de la contaminación del aire al interior de las viviendas en zonas rurales.

Mitigación y adaptación al cambio climático

33. Duplicar la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética (alcanzar el 20% de la energía al igual que en Europa) y alcanzar una reducción sostenida en la intensidad energética (consumo de energía fósil entre producto interno bruto) para la presente década.

34. Apoyar la participación en los mecanismos internacionales que propicien la reducción de la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales, con intervención efectiva de los dueños y poseedores de las tierras forestales y pleno cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales.

35. Definir y establecer en los primeros dos años, con una amplia participación social, el programa de adaptación al cambio climático con especificaciones de gestión del riesgo de la población, alerta temprana, ordenamiento territorial comunitario, obras de infraestructura y criterios de todos los sectores para reducir la vulnerabilidad.