no. 22 originarios

21 de julio de 2009 • Número 22

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

21 de julio de 20092

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La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 21 de julio de 2009 • Número 22 • Año II Los indios fertilizaron el imaginario po-

lítico finisecular. Desde los 80s de la pasada centuria el liberalismo individua-

lista comparte escenario con un pluralismo co-munitario intercultural posible base de un nuevo universalismo. El Estado y la democracia ya no son lo que eran antes de la emergencia de los ori-ginarios. Pero si los referentes políticos mudaron, los viejos paradigmas sociales y económicos son más tercos y el proverbial desarrollo, mil veces adjetivado, sigue acotando el debate.

También ahí hay aportes: sumak kawsay, que se traduce como vida buena aunque significa estar en armonía con los otros y con la naturaleza, es la alternativa de los pueblos andinos y ya figura en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Pero la disputa apenas empieza: mientras algunos de-baten conceptos inéditos como neodesarrollo y postdesarrollo, los gobiernos, los partidos y los mo-vimientos sociales discuten planes tangibles de lo que se sigue denominando desarrollo: en Bolivia el heterodoxo “capitalismo andino-amazónico” y en Ecuador el excéntrico “socialismo del siglo XXI”.

¿Utópicos contra posibilistas? No necesaria-mente, lo que pasa es que debaten cosas distin-tas. Hay acuerdo en que como destino manifies-to el desarrollo fracasó en su pretensión de dotar de sentido a la historia de los subdesarrollados, como fracasó su matriz conceptual, el progreso, que por casi tres siglos fue el alma de un mundo desencantado, el alma de la modernidad. Hay acuerdo en dejar de ver el futuro como destino, necesitamos jubilar el fatalismo histórico y el providencialismo, tanto el capitalista como el socialista. Pero esto no nos exime de seguir ha-ciendo planes: planes de ingeniería social, planes de desarrollo si se les quiere llamar así. La condi-ción es no perder de vista que se trata de medios y no de fines, de instrumentos y no de objetivos; porque el desarrollismo no es una filosofía de la historia sino un simple saber instrumental.

Tanto quienes postulan un neodesarrollis-mo posneoliberal como los más ambiciosos que preconizan el posdesarrollimo anticapitalista, alimentan sus propuestas con ingredientes acu-ñados en el curso del severo revisionismo al que durante medio siglo fue sometido el concepto desarrollo (hasta que, empachado de adjetivos, de plano reventó). Al desarrollo hegemónico, que primero era simplemente “estabilizador”, estatista y endógeno, y que luego se volvió des-regulado, privatizante y extrovertido, se le exigió con razón: no apostarlo todo al crecimiento, priorizar lo social sobre lo económico, asumir in-tegralmente su multidimensionalidad, atender a la sustentabilidad ambiental, acotar al mercado, reconocer la pluralidad, vincular local y global recuperando de paso lo nacional, gestionarse de abajo a arriba (...) Lo que está bien, siempre y cuando al mismo tiempo lo bajemos del pe-destal. De otro modo corremos el riesgo de que sus flamantes sustitutos Sumak kawsay, en la Constitución de Ecuador, y Suma qamaña, en la de Bolivia, se empleen también como fórmulas comodín, como morrales para meter lo política-mente correcto y una vez adjetivados se vuelvan ídolos, deviniendo una suerte de desarrollismo travestido tan alienante como el anterior.

La debilidad del debate está en que se man-tiene en el terreno del desarrollo y su matriz el progreso. Y el progresismo de cualquier signo es una fetichización del futuro: marcha en pos de un espejismo mudable al que atribuimos las galas societarias más entrañables del momento.

Progreso es una idea prescindible. Puede ha-ber rebeldía sin paraísos prometidos. Una cosa es rechazar un presente que nos niega como seres humanos y otra afiliarse a un porvenir preconce-bido –y precontratado– que nos aguarda con la limusina al final del camino. No importa si es-peramos la opulencia libertaria del capitalismo, la opulencia justiciera del socialismo, o el reen-cuentro armonioso con la Pacha mama del ecolo-gismo vernáculo. Hay que resistir, sin duda. Pero resistir es crear aquí y ahora modos de vida alter-nos –algunos escalables y potencialmente pro-gramáticos, otros efímeros e irrepetibles– y estos altermundismos artesanales y hechos a mano son fines y no sólo medios, son disfrutables por ellos mismos y no simples probaditas de la utopía por venir, son éxtasis societarios en curso y no módi-cos anticipos de una Arcadia siempre posdatada.

Rechazar la pretensión de que el progreso-desa-rrollo y sus tecnocráticos oficiantes le dan razón de ser a la vida y sentido a la historia no equivale, sin embargo, a desechar sus prosaicos temas. No pode-mos, por ejemplo, sacarle la vuelta al inhabitable neoliberalismo sin orientar el excedente económico al crecimiento de rubros socialmente necesarios de la producción; acotar la libre concurrencia caníbal supone ordenar y domesticar al mercado; en nom-bre de la eficiencia se causa enorme daño ecológico y social, pero siempre es mejor retirar los platos en montón que uno por uno (sin que se nos caigan por rebasar la capacidad de carga del sistema, que dirían los que saben); no escaparemos al colapso ambien-tal sin políticas orientadas a desarrollar tecnologías de repuesto, etcétera. Y es que organizar la produc-ción y el consumo en gran escala reclama ingenie-ría económico-social, lo que conlleva rutas críticas, análisis de factibilidad, estudios de costo/beneficio. Si ha esto le queremos seguir llamando desarrollo, vale. Lo inadmisible no es que se planee, sino la dictadura que sobre la sociedad ejercen los inertes proyectos de desarrollo y sus acólitos tecnocráticos.

Planes de desarrollo como las “tres vías de modernización” que se impulsan en Bolivia, me parecen no sólo legítimos sino plausibles, aun si incomodan a algunos las resonancias cepalinas o maoístas de los términos. “Hay tres modernida-des –dice el vicepresidente García Linera en una entrevista de 2007, publicada en el Observatorio Social de América Latina, OSAL, número 22–

la industrial, la microempresa urbana artesanal y la campesina comunitaria”. Y entra al debate: “Este proyecto se distancia del desarrollismo (...), según el cual todos debían convertirse en obreros o burgueses. Acá estamos imaginando una mo-dernización pluralista (que respete) la lógica mi-croempresarial, campesina y comunitaria. Hay tres modernizaciones en paralelo, mientras que el desarrollo cepalino impulsaba una sola vía de modernización (...) Las posibilidades de transfor-mación y emancipación de la sociedad boliviana apuntan a eso. A reequilibrar las formas económi-cas no capitalistas con las capitalistas, a la poten-ciación de estas formas no capitalistas, para que con el tiempo vayan generando procesos de ma-yor comunitarización que habiliten pensar en un poscapitalismo. El posneoliberalismo es una for-ma de capitalismo, pero creemos que contiene un conjunto de fuerzas y de estructuras sociales que, con el tiempo, podrían devenir poscapitalistas”.

Como se ve, ya no estamos hablando sólo de un Estado plurinacional que reconoce la diversidad de culturas, sus derechos autonómicos y sus dominios territoriales, sino también de la otra cara de la mone-da: un paradigma pluralista de desarrollo o neodesa-rrollo que reconoce la diversidad técnica, económica y social realmente existente, y que asigna un lugar a lo industrial (privado o de Estado) y otro a la uni-dad doméstica (artesana o campesina). Un modelo bimodal donde coexisten dos racionalidades contra-puestas: la de la ganancia y la de la subsistencia, en una complementación dinámica e inestable donde lo que está en juego es si a la postre la lógica del lucro dominará sobre la lógica del bienestar y los campesi-nos y artesanos terminarán –como siempre– subsu-midos en sistemas que los explotan, o si esta vez se-rán capaces de construir un orden socioeconómico inédito donde la economía moral impere no sólo en el nivel familiar, comunitario y regional sino tam-bién a escala nacional e internacional.

Dilema que conlleva distintos paradigmas de desarrollo pero que no se resolverá por la solvencia técnica de los planes –que es necesaria– ni por la calidad de sus operadores –que siempre hace falta– sino por la correlación de fuerzas, por las energías sociales que se pongan en juego. Porque más allá del posibilismo técnico-económico está la voluntad colectiva, están los grandes actores so-ciales convertidos en sujetos de la historia. Y es ahí donde la prepotencia desarrollista tuerce el rabo. La ingeniería social es un instrumento y quienes lo manejan deben “administrar obedeciendo”.

La vida buena no se mide por el PIB ni por otros indicadores más cálidos. Sumak kawsay no es otro desarrollo, un desarrollo con rostro huma-no, sino un modo solidario de hacer la historia, una manera generosa de estar juntos en nuestras diferencias. Es la posibilidad de mirar al pasado sin avergonzarnos, porque al fin hemos reivindi-cado a los que murieron en el intento. Es aso-marnos al porvenir no como destino sino como sorpresa y aventura. Porque la libertad no es un atributo del neodesarrollo ni del posdesarrollo, la libertad es el modo humano de ser en el mundo.

En 1923, en la cresta de la ola de la revolución yucateca, decía Carrillo Puerto: “Los mayas están empezando a “vivir la vida de los hombres libres (...) Todo lo demás es asunto sin importancia”.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPO

SUMAK KAWSAY

AYER: PERUANIZANDO PERÚ: EL INDIANISMO SOCIALISTA DE MARIÁTEGUI

José Carlos Mariátegui (JCM) nace en Lima en 1895. Desde los 14 años trabaja en el diario La Prensa, del que llegará a redactor. Poeta y bohemio, va a la cárcel porque con sus amigos le organiza un baile nocturno en el panteón a la exótica Norka Rouskaya. A la vez, escribe a favor de las luchas obreras y estudiantiles de 1919, lo que lo lleva a Europa de las revoluciones, entre becado y exiliado. En 1923 regresa a Perú afi liado al marxismo. Conferencista y periodista, en 1926 publica la revista Amauta, que da a conocer los textos que después se publicarán los libros: Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana y e Ideología y política. En 1929 es fundador de la Confederación General de Trabajadores de Perú y del Partido Socialista Peruano. Muere en 1930 a los 35 años. En un artículo “El ‘populismo’ en el Perú” el marxista ortodoxo V. Miroshevsky lo llama "populista" por “creer en los instintos comunistas de la comunidad” y “ver en el campesinado el combatiente directo por el socia-lismo”. Aquí fragmentos de los libros mencionados (SE corresponde a Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana e IP a Ideología y política).

AYER Y HOY

América Latina profundaEn países como el Perú, Bolivia (...) y Ecuador, donde la mayor parte de la población es indígena, la reivindicación del indio es la reivin-dicación popular y social dominante. A través de sus propagandistas indios, la doctrina socialista, por la naturaleza de sus reivindicacio-nes, arraigará prontamente en las masas indígenas (...) Una política socialista (...) debe convertir el factor raza en factor revolucionario (IP, 32, 33)¿Sería posible que nosotros dejáramos de reconocer el rol que los factores raciales indios han de representar en la próxima etapa revo-lucionaria de América Latina? (IP, 9)La solución del problema del indio tiene que ser (...) social. Sus reali-zadores deben ser los propios indios (...) Los congresos indígenas son un hecho histórico, (...) no representan todavía un programa; pero sus primeras reuniones señalaron una ruta comunicando a los indios de diversas regiones (SE, 45)El progreso de Perú será fi cticio o por lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y no signifi que el bienestar de la masa peruana, que en sus cuatro quintas partes es indígena y campesina (SE, 44)La nueva peruanidad es una cosa por crear. Su cimiento histórico tiene que ser indígena. (SE, 227)

Comunitarismo y socialismoEl comunismo incaico –que no puede ser negado ni disminuido por haberse desenvuelto bajo el régimen autocrático de los incas– se designa por esto como comunismo agrário. (SE, 50)Un factor incontestable y concreto (...) da un carácter peculiar a nues-tro problema agrario: la supervivencia de la comunidad y de elementos de socialismo práctico en la agricultura y la vida indígenas (...) (SE, 48)Las comunidades, que han mostrado bajo la opresión más dura condi-ciones de resistencia y persistencia realmente asombrosas, represen-tan en el Perú un factor natural de socialización de la tierra. El indio tiene arraigados hábitos de cooperación. Aun cuando de la propiedad comunitaria se pasa a la apropiación individual (...) la cooperación se mantiene; las labores pesadas se hacen en común (IP, 42, 43)Lo que afi rmo es que de la confl uencia o aleación de “indigenismo” y socialismo, nadie (...) puede sorprenderse. El socialismo ordena y defi ne las reivindicaciones de las masas, de la clase trabajadora. Y en el Perú las masas –la clase trabajadora– son en sus cuatro quintas partes indígenas. Nuestro socialismo no sería, pues, peruano –ni sería siquiera socialismo– si no se solidarizase, primeramente, con las reivindicaciones indígenas. (IP. 217)Por caminos universales, ecuménicos, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos. (SE. 320)

Constitución Política del Estado de Bolivia. 2009Artículo 8. Epígrafe 1El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, amma llulla, ama suwa (no seas fl ojo, no seas mentiroso, no seas ladrón), nandereko (vida armo-niosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj nan (camino o vida noble).

Constitución de la República de Ecuador. 2008Título II. DerechosArtículo 14. Se reconoce el derecho de la po-blación a vivir en un ambiente sano y ecológica-mente equilibrado, que garantice la sostenibili-dad y el buen vivir, sumak kawsay.Artículo 71. La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mante-nimiento y regeneración de sus ciclos vitales (...)Título VI. Régimen de desarrolloArtículo 275. El régimen de desarrollo es el con-junto organizado, sostenible y dinámico de los

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que permiten la realización del buen vivir, del sumak kawsay (...) Artículo 277. Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.(...)Artículo 284. El sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fi n; propone una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

HOY: CONSTITUCIONALISMO INCA DEL TERCER MILENIO

Desde fi nes de los 80s del pasado siglo, en la inminencia de la conmemoración de 500 años del proverbial encontronazo de dos mundos, los pueblos originarios del continvente americano intensifi caron su activismo social y político. Su planteo, no sólo teórico sino práctico y programático, remite a la concepción desarrollada 60 años antes por Mariátegui. El protagonismo de los pueblos originarios ha sido mayor en Mesoamérica y la zona andina, donde son más numerosos. Una aportación indígena importante es la incorporación de conceptos pro-venientes de la cosmogonía incaica en las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia. Aquí algunos fragmentos:

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Unos seis mil 500 representantes de los pueblos originarios de 22 países de América, África, Estados Uni-

dos, Canadá, Círculo Polar y otras partes del mundo se reunieron en Perú, en mayo pa-sado, durante la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y acor-daron “ofrecer una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte” que hoy se expresa en el mundo occidental capitalista con crisis superpuestas: ambiental, cultural, de exclusión social y de hambrunas.

La oferta de los pueblos originarios con-siste en modificar radicalmente el modo de vida, por la vía de “recoger nuestras raíces” indígenas, con “principios y prácticas de equilibrio entre los hombres, mujeres, Madre Tierra, espiritualidades, culturas y pueblos”, lo cual se denomina Buen Vivir o Vivir Bien.

En la Declaración de Mama Qota Ti-tikaka, que hace referencia al nombre del lago donde se realizó la cumbre, los parti-cipantes hacen un llamado también a una “movilización global en defensa de la Madre Tierra y los pueblos” para el 12-16 de octubre y recuerdan que “una diversidad de miles de civilizaciones con más de 40 mil años de historia fueron invadidas y colonizadas” y los colonizadores “apenas cinco siglos después, nos están llevando al suicidio planetario”.

La declaración considera dentro del concepto de Buen Vivir la defensa de la soberanía alimen-taria, y emite un mandato a los gobiernos comu-nitarios a dar prioridad a los cultivos nativos, el consumo interno y las economías comunitarias.

Otras conclusiones de la cumbre, conte-nidas en la Declaración de Mama Qota Ti-tikaka, se expresan en varios llamados:

A construir Estados plurinacionales comu-nitarios, “que se fundamenten en el autogo-bierno, la libre determinación de los pueblos, la reconstitución de los territorios y naciones originarias. Con sistemas legislativos, judicia-les, electorales y políticas públicas intercultu-rales, representación política como pueblos sin mediación de partidos políticos. Luchar por nuevas constituciones en todos aquellos países que aún no reconocen la plurinacionalidad”.

Asimismo, a “reconstituir nuestros territo-rios ancestrales como fuente de nuestra iden-tidad, espiritualidad, historia y futuro”, y a reconocer los pueblos y territorios somos uno solo. “Rechazar todas las formas de parcela-ción, privatización, concesión, depredación y contaminación por parte de las industrias extractivas” y exigir la consulta y el consen-timiento previo de toda política y norma de desarrollo nacional.

Un exhorto más de la declaración de la cumbre es fortalecer la organización de “la Minga”: Movilización global en defensa de la Madre Tierra y de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida (tierras, bosques, agua, mares, agrocombustibles, deuda exter-na), contaminación (trasnacionales extracti-vas, instituciones financieras internacionales, transgénicos, pesticidas, consumo tóxi-

Fernando Larrea

A casi dos décadas del levantamiento in-dígena de 1990 que marcó la irrupción y el protagonismo del movimiento in-

dígena ecuatoriano en el escenario político nacional, la dinámica de las principales or-ganizaciones que lo conforman gira en torno a tendencias que van desde planteamientos neo-indigenistas hasta posiciones de carácter anti-sistémico frente al modelo económico, agrario y cultural vigente en el país. La prime-ra tendencia coloca el eje de sus demandas en la defensa de una institucionalidad indígena estatal construida durante estos años como nexo entre el Estado y las organizaciones, pueblos y nacionalidades; enfatiza la parti-cipación de sus representantes en diversas instancias de la administración pública y or-ganismos de desarrollo. La posición anti-sisté-mica parte de un cuestionamiento al modelo vigente y propugna políticas tendientes a la transformación de las condiciones de domi-nación y explotación como la re-distribución de tierras y agua (altamente concentradas); la defensa de la biodiversidad y de los territorios indígenas, hoy amenazados por la posible ex-pansión de la minería; y la construcción de políticas agrarias articuladas bajo la soberanía alimentaria y la producción campesina.

Mientras los planteamientos neo-indigenis-tas apelan a un discurso etnicista en el con-texto de la valoración de la diversidad étnico-cultural, el discurso anti-sistémico encontraría una obligada conexión entre las demandas étnicas y clasistas derivadas de la problemática campesina. Estas tendencias conviven al inte-rior de las diversas organizaciones y aunque no son nuevas, desde ambas posiciones se estable-ce el complejo juego de negociaciones y con-frontaciones con el gobierno de Rafael Correa.

Las demandas étnicas permearon al Esta-do ecuatoriano durante estas dos décadas. Los sucesivos gobiernos, incluidos los más neolibera-les, articularon políticas neo-indigenistas hacia esta población ofreciendo ciertas concesiones como el reconocimiento de derechos colectivos en el marco legal y constitucional, la creación de entidades estatales y proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas y la incorpo-ración-cooptación activa de dirigentes y repre-sentantes indígenas como funcionarios de estas entidades. Estas políticas si bien abrieron nuevos espacios para los indígenas en el campo político, no alteraron sustancialmente sus condiciones de subordinación al proceso de desarrollo capitalis-ta, ni la aplicación de políticas neoliberales en el campo. Más bien tendieron a desmontar progre-sivamente los elementos contestatarios y anti-sis-

témicos presentes en los sucesivos levantamien-tos y movilizaciones indígenas y campesinas.

El movimiento indígena y estas dos tenden-cias han entrado en diverso grado de confron-tación con el actual gobierno de “la revolución ciudadana”. Mientras el neo-indigenismo se siente desplazado en las propuestas de reforma a la institucionalidad indígena por un posicio-namiento gubernamental crítico a lo que de-nomina una presencia corporativa en el Esta-do, quienes bregan por cambios más profundos chocan con una propuesta neo-desarrollista impulsada por Correa que mantendría intac-tas la concentración de la propiedad agraria y las dinámicas de acumulación, explotación y despojo del sector agroexportador y propiciaría la extracción minera por empresas en tierras y comunidades indígenas y campesinas.

Aunque las organizaciones indígenas con-quistaron importantes avances en la nueva

Constitución, como la declaratoria del Estado intercultural y plurinacional, el reconocimien-to de una gama de derechos de las comunida-des, pueblos y nacionalidades y la inclusión de un articulado en torno a la soberanía alimen-taria, estos avances corren el riesgo de diluirse en la legislación secundaria actualmente en discusión (leyes de tierras, agua, biodiversi-dad, entre otras). El momento actual es crucial para definir hasta dónde es capaz de llegar el gobierno de Correa más allá de la retórica del supuesto “fin de la larga noche neoliberal”. De la capacidad de las organizaciones de articular luchas y propuestas que superen una visión me-ramente institucional y electoral, dependerá la posibilidad de radicalizar un proceso que hasta el momento no deja de ser ambiguo, para así permitir avances significativos en las conquis-tas campesinas, indígenas y populares.

ANDANZAS ANDINAS

ALTERNATIVA DE BUEN VIVIROFRECIMIENTO DE LA IV CUMBRE INDÍGENA• Proponen impedir parcelización y contaminación de la tierra• Prioridad a cultivos nativos y soberanía alimentaria

Ecuador

ENTRE UN NEO-INDIGENISMO INSTITUCIONAL Y LA RADICALIZACIÓN DE DEMANDAS ANTI-SISTÉMICAS

Los colonizadores nos están

llevando al suicidio planetario;

hay crisis superpuestas:

ambiental, cultural, de

exclusión social y hambrunas

El momento actual es crucial para

defi nir hasta dónde es capaz de

llegar el gobierno de Correa más

allá de la retórica del supuesto

“fi n de la larga noche neoliberal”

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Milton Cáceres Vázquez

Por una preciosa e histórica montaña y pueblo, a la nueva Constitución de la República del Ecuador se la está

denominando Constitución de Montecristi. El simbolismo de haber elaborado esta nue-va Carta Política en esta población tiene relación con la obra reformista de Eloy Alfa-ro, el presidente asesinado cuya Revolución protagonizada por campesinos del monte a inicios del pasado siglo fue inspirada e inspi-radora de los cambios liberales de la época.

Pero los viejos tiempos liberales se agotaron cuando los campesinos no sólo reivindicaron mejores jornales, acceso a la tierra sino que, recuperando su identidad cultural de pueblos indígenas ancestrales, han venido paulatina y sostenidamente levantados exigiendo que corresponde ser países con sentido plurinacional.

En el Ecuador el punto al que se ha llega-do es fruto de por lo menos 20 años de lucha en especial de los pueblos y nacionalidades indígenas, proceso al que simbólicamente le dieron el nombre de Levantamiento. Es el logro de un acumulado histórico de paros, tomas; persistente elaboración de un pensamiento animador; trabajo revolucio-nador de la calidad educativa en el campo; activación de una política de alianzas; leal acompañamiento de sectores sociales urba-nos, de testimonio cristiano liberador y de sectores de la izquierda revolucionaria. El movimiento indígena ecuatoriano es parte fundamental del histórico proceso que ha culminado, por este momento, en la elabo-ración de la Constitución de Montecristi.

Una importante constante durante las dos décadas del Levantamiento de Pue-blos y Nacionalidades Indígenas, Campe-sinas y Afrodescendientes en el Ecuador es la obligación de sabernos existencias diversas, cuya pluriculturalidad merecía ser tomada en cuenta y promulgada en un nuevo contenido constitucional. La toma de conciencia de la pluriculturali-dad existente y el valioso reconocimiento de la Organización Internacional del Tra-bajo (OIT) sobre la necesidad de ser Es-tado plurinacional han marcado todas las acciones y elaboraciones de estos pueblos habiendo llegado a estipularlos en sus su-

cesivos Mandatos de los Levantamientos y en las propuestas sobre una Constitución.

Otra característica del Levantamiento ha sido la denuncia de que las compañías petroleras destruyen el medio ambien-te, en particular el selvático amazónico. Ciertamente las luchas indígenas fueron profundizadas no sólo por esta denuncia sino por la exigencia de que se reconoz-can y respeten las territorialidades ances-trales de estos pueblos y en especial en la Amazonía Ecuatoriana, territorio estraté-gico para la supervivencia planetaria de toda forma de vida. En este camino de Levantamiento destaca también la crítica al neoliberalismo por sus secuelas: empo-brecimiento masivo de todos y de todo al rebajar la condición humana y al medio ambiente en artículos de mercancía y de consumo, crudísima realidad que tiene di-recta incidencia en la masiva emigración especialmente de gente del campo hacia Estados Unidos y Europa, y ya no sólo de hacia nuestras ciudades ecuatorianas.

Siguiendo la jerga desarrollista, podre-mos decir que mediante este doloroso pro-ceso de migración se ha hecho del deno-minado primer mundo un tercer mundo, inutilizando así los parámetros de dividir al orbe en tres calidades para la compren-sión y para su tratamiento. Esto, junto con el profundo ecocidio que hacemos, es muy importante porque desautoriza la existen-cia de los mundos del desarrollo y el subde-sarrollo y sitúa al mundo de primera como mundo del hastío y más vulnerable no sólo por su calidad de vida sino por el sinsenti-do de su valoración ética y espiritual.

Desde esta consideración es hora de preguntarnos, en medio de los fenómenos producidos por la radicalización del capi-talismo en tanto neoliberalismo, ¿en qué consiste éticamente y de dónde obtiene su autoridad de creer que su noción de Vivir Bien es lo que debemos alcanzar como imaginario y esperanza de calidad de vida?

El Buen Vivir. Para los pueblos y cultu-ras andinas el Buen Vivir, dicho en lengua kichwa Ally Kausay, es una calidad de vida

que proviene y produce libertad y señorío de sí mismo, una de cuyas manifestaciones es el Don de Dar. Ni el liberalismo ni los Estados de Bienestar han podido plantear-se y tener como fin este estado de calidad de vida. Por ello cuando la Constitución de Montecristi establece en su capítulo se-gundo los derechos del Buen Vivir asesta un golpe muy duro a la consideración de-sarrollista y al neoliberalismo, aunque no plantea, ni puede hacerlo, el Buen Vivir en el exacto sentido y contenido de la ética andino kichwa.

Pronunciado en lengua kichwa, guaraní o mapuche, el Buen Vivir, es un estado in-tegral de calidad de vida que procura un “criar y dejarse criar”, diferente de la con-sideración política de Estado de Bienestar. ¿Es posible ligarlos?, ¿se pueden comple-mentar? Es muy tierno el proceso actual para responder, pues esto ya no es un asun-to de Estado ni de su nueva Constitución sino de la calidad y capacidad de la movili-zación humana, social, ética de la gente co-mún no sólo como ciudadanos, sino como seres de múltiples identidades. Pero es en el campo de lo que nos relaciona con la natu-raleza como espacio de plantas, animales, aguas y tierras, que esta nueva Constitu-ción asume una inusitada calidad. Ya en su preámbulo celebra a la naturaleza a través de una noción esencial de la cultura filosó-fica kichwa Pacha mama que no es una fiel traducción de Tierra, Madre Tierra o Na-turaleza, sino que más bien es un asumir ético espiritual de nuestra filialidad respec-to de la maternidad de la unidad Tiempo-Espacio, que asumiendo reciprocidad nos cría, pero que también le criamos.

Así, esta Constitución dedica su capítu-lo séptimo a los Derechos de la Naturale-za. El artículo uno textualmente dice:

• “La Naturaleza o Pacha mama, donde reproduce y realiza la vida, tiene dere-cho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regene-ración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

• “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá pedir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.

• “Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

• “El Estado incentivará a las personas na-turales y jurídicas y a los colectivos, para que protejan la Naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que for-man un ecosistema”.

Cuentan algunas asambleístas que en al-gunos congéneres en Montecristi se pro-dujo gran conmoción, pues no entendían cómo algo inerte, cosa, objeto totalmente distinto e inferior al ser humano, podría te-ner derechos. En este suceso se cifra lo que se está produciendo en el Ecuador, pues será posible impedir la minería a cualquier escala, a cielo abierto o cerrado.

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LA CONSTITUYENTE Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

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co) y criminalización de movimientos indígenas y sociales. También construir un tribunal de justicia climática (como un primer paso hacia una corte internacional sobre deli-tos ambientales) que juzgue a las trasnaciona-les y los gobiernos cómplices que depredan la Madre Naturaleza, saquean nuestros bienes naturales y vulneran nuestros derechos.

Otro acuerdo fue un llamado a los indíge-nas para “que enfrenten la criminalización del ejercicio de nuestros derechos, militari-zación, bases extranjeras, desplazamientos forzados y genocidios” y realizar una amplia movilización por la amnistía de todos los lí-deres procesados y encarcelados. E impulsar el juicio internacional a los gobiernos de Co-lombia, Perú y Chile: “al gobierno de Álvaro Uribe Vélez por el genocidio de los pueblos indígenas colombianos; al Estado chileno por la aplicación de la ley antiterrorista, per-secución y judicialización de la demanda mapuche, los crímenes sobre líderes mapu-ches y la milititarización del wallmapu; y a Alan García por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro tratados de libre comer-cio (TLC) para privatizar los territorios indí-genas y los más de mil líderes perseguidos y enjuiciados”.

La Declaración destaca la tarea de “movi-lizar nuestras organizaciones en defensa de la lucha de los pueblos indígenas de la ama-zonía peruana contra las normas privatiza-doras de sus territorios y bienes naturales. Su lucha es la nuestra”. Un planteamiento más es “rechazar los TLC de Estados Uni-dos, Europa, Canadá, China y otros países, con nuestras economías quebradas”. Los TLC, dicen, son nuevos candados de some-timiento a los pueblos y saqueo de la madre tierra. Los participantes de la cumbre pro-gramaron su próximo encuentro para 2011 en Qollasuyu, Bolivia, y de aquí a esa fecha, se impusieron la tarea de “movilizar nues-tras organizaciones y movimientos sociales en defensa del proceso de descolonialidad iniciado en Bolivia, rechazar los intentos golpistas, separatistas, racistas y magnicidas de la oligarquía local y el imperio norteame-ricano. Rechazar los asilos políticos conce-didos por el gobierno peruano a los genoci-das bolivianos.”

Los participantes de la

cumbre programaron su

próximo encuentro para 2011

en Qollasuyu, Bolivia


Manuel Rozenta

Muchos en Colombia aún se preguntan ¿por qué los pueblos indígenas tienen esa valentía para movilizarse y logran convocar al país? La res-

puesta está en la capacidad que han adquirido histórica-mente para identificar al agresor desde una lectura de contexto integral, para así crear estrategias de resistencia que desarrollan día a día en la construcción del plan de vida de los pueblos como alternativa desde las bases al “proyecto de muerte” representado en el modelo econó-mico trasnacional.

Hay dos paradigmas opuestos. La expansión neoliberal del capital llega hasta la última frontera para convertir aun el material genético en mercancía y propiedad priva-da. Para el capital trasnacional, el saber, los territorios y la riqueza indígena son recursos escasos y esenciales para acumular. Es una locura suicida y ciega. Saben que el agua se acaba y esto los excita porque sube el precio y quien la controle tendrá más ganancias. Saben que el calentamien-to desplazará pueblos enteros por catástrofes ambientales y se emocionan porque esto les permite apropiarse de te-rritorios para megaproyectos. Aprovechan el alto precio de minerales y hacen guerras para entrar a territorios de víc-timas y abrir minas a cielo abierto destruyendo para siem-pre tierras, montañas, aguas y pueblos enteros. Por eso la fuerza de los pueblos indígenas. Porque para los indígenas

desde Canadá hasta Patagonia, desde Chiapas hasta Boli-via y ciertamente en el Cauca y en Colombia o detenemos este “proyecto de muerte” equivocado, que está a punto de acabar con la vida toda, o nos quedamos sin futuro. La disyuntiva es: morir a manos del capital trasnacional o reconocernos como pueblos de la Madre Tierra, es decir, como indígenas y transformar para pervivir.

Minga: pueblos movilizados. La movilización de los pueblos indígenas del Cauca en Colombia coincide con procesos de América Latina. El alzamiento zapatista de 1994, los levantamientos indígenas y populares del Ecua-dor, las movilizaciones y elecciones en Haití, las “guerras populares” en Bolivia, tanto la elección de Hugo Chávez como la enorme movilización que lo restituyó al poder, el ejemplar Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tie-rra (MST) de Brasil, las luchas de El Salvador y Paraguay y muchos otros procesos que siguen apareciendo y florecien-do. Hay una motivación común profunda en todos estos procesos que no se ha tenido que tejer por contacto directo. Esa motivación explica, a nuestro juicio, el liderazgo de los pueblos indígenas en Colombia en esta etapa de construc-ción de poder popular. Se trata de un reconocimiento, des-de una visión cultural ancestral específica, de la inviabili-dad del modelo del capital trasnacional, la crisis profunda de un sistema frente al que no queda más alternativa que la resistencia colectiva, la movilización y la convocatoria para construir otro mundo posible y necesario.

En este sentido, la Minga, o acción colectiva para lograr un propósito común, instalada el 21 de noviembre de 2008 en la Plaza de Bolívar en Bogotá, nace desde los pueblos in-dígenas, pero es de todos los pueblos. En realidad, la Minga se hace pública en septiembre de 2004 con una marcha del Cauca a Cali, en la que participan unas 80 mil personas. En la manifestación civil más fuerte de oposición al gobierno de Álvaro Uribe, luego de un arduo trabajo de planificación y pensamiento de los pueblos indígenas, nace la Posición Política de los Pueblos Indígenas. Recoge la conciencia de los pueblos indígenas que entienden y deciden enfrentar a un régimen trasnacional, lo que impone sumar esfuerzos para resistir y transformar la realidad. Solos no podemos.

La confrontación de los paradigmas explica nuestra Minga. En el fondo, resulta inaceptable e insostenible la apropiación del quehacer humano y de la naturaleza por la codicia. De ahí que la lucha indígena se recoja en una agenda de cinco puntos que viene caminándose desde el 2004 y empieza por un rechazo al modelo económico y a los tratados de libre comercio, a la legislación de despo-jo que le sirve a la codicia, al terror como instrumento de conquista y acumulación (venga de donde venga). Por eso exigimos que se cumplan acuerdos y convenios que han resultado de la lucha de los pueblos por nuestras libertades y derechos y por eso finalmente reconocemos que no tene-mos las respuestas ni las recetas. Que solos no podemos. Que nos necesitamos mutuamente para pervivir y convo-camos a los pueblos a tejer una agenda propia. Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida. ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca)http://www.nasaacin.org/propuesta_politica_pueblos_indigenas.htm

Miguel Palacín Quispe

La movilización de los pueblos indíge-nas amazónicos en el Perú y la brutal represión emprendida contra ellos en

junio pasado reveló ante el mundo un mo-vimiento que no es nuevo: lleva más de 500 años, pues inició desde el momento mismo de la invasión europea al Abya Yala, continente hoy conocido con el nombre de América.

Lo reciente –en un contexto histórico de miles de años– es la visibilización del mo-vimiento indígena desde hace alrededor de dos décadas. Una visibilización que emerge porque los pueblos originarios pasaron de la resistencia a la construcción de propuestas.

Naciones preexistentes. El Abya Yala fue cuna de grandes civilizaciones: incas, mayas y aztecas son las más conocidas, pero ellas fueron el resultado de un proceso histórico propio, de miles de años y decenas de nacio-nes, cada cual con su cultura, su ciencia, su lengua, su organización social. Ese proceso fue abruptamente interrumpido hace 517 años. Con la espada y la cruz, fueron segadas miles de vidas. Fue el inicio del saqueo que dio origen a la riqueza de Europa y que no se ha detenido hasta hoy. Pero fue también el inicio de la resistencia.

En el siglo XIX llegaron las guerras de inde-pendencia. Los pueblos originarios no tuvie-ron espacio en ellas, salvo como carne de ca-ñón. Tampoco en las nacientes repúblicas de los criollos, que continuaron colonizados por el pensamiento occidental y colonizando a los pueblos indígenas. Por eso impusieron Esta-dos monoculturales y uninacionales que nada tenían ni tienen que ver con nuestra realidad.

Tiempos “modernos”. En el Perú, el siglo pasado las luchas indígenas se dirigieron a la eliminación de los latifundios. Tomas de tie-rras estremecieron el país. Y la década de los 60s terminó con la instauración de un régi-men militar que decretó la Reforma Agraria.

En 1980, junto con el retorno de la demo-cracia formal, llegó una guerra interna que duraría más de 20 años. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación destaca que el mayor número de víctimas de ese conflicto fueron indígenas (más del 70 por ciento de los casi 70 mil muertos). Ence-rrados entre dos fuegos, eran asesinados por senderistas, militares y policías.

En 1992, el autogolpe de Alberto Fujimo-ri impuso el neoliberalismo. Promulgó una Constitución hecha a la medida del Consen-so de Washington, abriendo las puertas a las

inversiones trasnacionales. Las concesiones mineras, petroleras, forestales, se multipli-caron, con mínimos controles ambientales y máximas facilidades tributarias. Invasión de territorios indígenas, depredación de la madre naturaleza, contaminación de ríos, tierras y aires, encontraron justa respuesta de las comunidades. Los conflictos con las empresas extractivas se multiplicaron; en un contexto de crisis de los partidos de iz-quierda y de las organizaciones sindicales, el movimiento indígena se visibilizó como el nuevo protagonista político.

El Buen Vivir. La visibilización del mo-vimiento indígena va acompañada de un proceso creciente de fortalecimiento y arti-culación de sus organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Los indígenas comprendimos que frente a un problema

global, debíamos dar una respuesta global. Gracias a ello, después de más de 20 años de postergaciones, en el 2007 se adoptó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Nacio-nes Unidas y está punto de adoptarse en la Organización de los Estados Americanos la Declaración Americana.

En el Perú la caída de Fujimori y el re-torno a la democracia formal no significó el cambio de modelo económico. Y un com-ponente sustancial del neoliberalismo son los tratados de libre comercio (TLC). La suscripción de un acuerdo de este tipo con Estados Unidos fue el pretexto del gobierno de Alan García Pérez para expedir un cente-nar de decretos legislativos que vulneran los derechos indígenas y profundizan el saqueo de los bienes naturales. Junto con ello, se agudiza la criminalización de las protestas, pues en países como los nuestros ésta es la única forma de imponer el neoliberalismo.

El reto del movimiento indígena es construir una agenda que consolide su liderazgo en el conjunto del movimiento social. Es indispensa-ble un Estado plurinacional que termine defini-tivamente con la imposición y la exclusión. Coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

Colombia

INDÍGENAS: INCÓMODA CONCIENCIA, ESPEJO Y DESAFÍO

ANDANZAS ANDINAS

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VOLVAMOS AL FUTURO EL PAPEL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CAMBIO FO

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de las comunidades. El movimiento

indígena se visibilizó como el

nuevo protagonista político


Vladimir Pinto

En el marco de la aplicación del Tra-tado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno peruano solicitó

facultades extraordinarias al Congreso para emitir normas con rango de ley (mediante decretos legislativos, figura prevista en el ar-tículo 104 de la Constitución del Perú). Estas facultades fueron concedidas en diciembre de 2008 por un período de 180 días.

Ninguna de las materias delegadas permi-tía legislar sobre los derechos o la propiedad de las comunidades; ello sería contradictorio con el propio texto constitucional, dado que el Congreso no puede delegar en el gobierno central la modificación de derechos funda-mentales. Sin embargo, varios de los decre-tos legislativos versan sobre las formas de trasmisión del territorio comunal, la autono-mía comunal, los proyectos de “desarrollo” sobre las propiedades comunales, una nueva política agraria que no incluye a las comuni-dades y decisiones sobre los recursos natura-les sin consultar a las comunidades.

Algunas de las normas que más directa-mente vulneran los derechos comunales son:

El decreto legislativo 1015 y su modificato-ria en el 1073. Ambos ya derogados en agosto del 2008. El primero proponía flexibilizar la disolución de las comunidades campesinas y nativas, disminuyendo el límite de dos tercios del total de miembros inscritos requeridos para disponer del territorio de las comunidades (par-celarlo, alquilarlo, conceder una servidumbre, etcétera). Se establecía que 50 por ciento de los asistentes a una asamblea ordinaria podría de-cidir sobre el territorio comunal y –ya frente a los reclamos constantes– se aprobó el 1073 que trató de “suavizar” la norma, estableciendo que sería un 50 por ciento del total de inscritos en el padrón. Estos decretos fueron derogados gracias a la primera protesta de los pueblos indígenas amazónicos de más de 14 días (en la provincia norteña de Bagua, región de los pueblos Awajun y Wampis), pero también por-que la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad sobre los decretos y diversos sectores sociales y líderes de opinión se manifestaron en contra. Luego de la derogatoria se abrió un proceso de diálo-go para revisar los demás decretos que vulne-raban derechos indígenas y para avanzar en la implementación del Convenio 169 de la Or-ganización Internacional del Trabajo (OIT), norma totalmente incumplida en el país, pese a que está vigente desde 1994.

Decreto legislativo 1064. Esta es la norma más agresiva de todas y fue derogada reciente-mente luego de los trágicos sucesos del cinco de junio. En este decreto se desprotegía por com-pleto a los territorios de las comunidades y se establecían mayores derechos a terceros: asen-tamientos humanos, centros poblados menores e incluso propietarios particulares, que por el hecho de la previa formalización, podrían im-poner su propiedad frente a las comunidades

en caso de superponerse con las mismas. Esto implicaba en los hechos un rango de prevalen-cia jurídica donde las comunidades pasaban a ocupar el último escalón en el ordenamiento jurídico peruano. También esta norma fue ma-teria de una demanda de inconstitucionalidad por la Defensoría del Pueblo. Al igual que en el decreto 1015, nunca hubo pronunciamiento del Tribunal Constitucional porque se derogó antes de admitirse siquiera a trámite.

Decreto legislativo 1089. Otra norma su-mamente polémica. Establece un plazo ex-traordinario de cuatro años para que Cofopri, entidad designada para regularizar la propie-dad urbano marginal de las grandes ciuda-des, asuma también la “formalización” de los predios rurales en todo el país. Esto implica que revise los títulos rurales y decida sobre su legalidad o no, modificando linderos y títulos e imponiendo sus decisiones sobre cualquier otra inscripción administrativa previa. Este de-creto mantiene su vigencia, aunque luego de las protestas de agosto de 2008, el gobierno ce-dió en algo mediante su reglamento Decreto Supremo 032-2008-AG, el cual señala que las comunidades campesinas y nativas no estarán sujetas a los procesos de reversión de tierras ni corrección de títulos que realice Cofopri. Es decir que sólo se afectaría a los pequeños pro-pietarios rurales que no son indígenas.

De cualquier forma, Cofopri cumple un papel de “promotor” de la disolución de las co-munidades. Si bien no es por la fuerza, desarro-lla una campaña destinada a convencer a los comuneros a parcelarse y obtener títulos indivi-duales a cambio del acceso a créditos agrarios.

Decreto legislativo 1020; éste aún vigente y ya reglamentado, establece una nueva polí-tica agraria, orientada a crear nuevas formas asociativas en el campo, de orientación em-presarial (asociaciones de propietarios indivi-duales, que sumen más por lo menos 20 hec-táreas). Esta disposición que fomenta el agro omite por completo a las comunidades, mis-mas que no están incluidas en ninguna polí-tica agraria del Estado peruano, vulnerando directamente el artículo 19 del Convenio 169. Está muy claro que para el modelo neoliberal las comunidades no forman parte del futuro.

Decreto legislativo 994, que promueve la ampliación de los proyectos de irrigación. Establece que todas las tierras improductivas en el campo (llamadas “eriazas” en la legisla-ción nacional) son propiedad del Estado, con excepción de aquellas que cuenten con título de propiedad, sean privadas o comunales. En

este caso se atenta contra las comunidades aún no tituladas, o que solicitan la amplia-ción de sus tierras; la norma dice incluso que serán desalojadas en 72 horas quienes ocu-pen áreas destinadas a los proyectos de irri-gación. Tanto el Convenio 169-OIT, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y fallos del sistema interamericano de derechos hu-manos como el de Awas Tigni vs Nicaragua, dan cuenta de que los territorios indígenas no se determinan por la formalidad de un título, sino por la ocupación ancestral o el uso que le den dichos pueblos. Esto es abso-lutamente ignorado por el Estado peruano.

Los intereses en juego. Un tema a conside-rar es que los territorios comunales en el Perú no son un elemento menor o subsidiario para los grupos de poder económico. De acuerdo con datos oficiales, los territorios de las comu-nidades nativas titulados suman 10 millones 503 mil 888 hectáreas (incluyendo bosques en “cesión de uso”). Sobre las comunidades campesinas, los datos no son exactos; se sigue apelando al Censo Nacional Agropecuario de 1994, que señala alrededor de 40 por ciento de las tierras con aptitud agropecuaria en manos de las comunidades campesinas, lo que equi-vale a 14 millones 171 mil 968 hectáreas. El debate sobre el modelo productivo en el cam-po no puede obviar el tema de las comunida-des, no sólo por razones jurídicas, sino porque estamos frente a un sector que maneja –con una serie de limitaciones– gran parte del terri-torio nacional. En gran medida lo que se está definiendo es la desaparición de un modo de producción alternativo al capitalista (la pro-piedad comunal) que ha subsistido hasta hoy en la región andina.

Este proceso –frustrado hasta hoy por la lucha indígena– de reversión de los territorios comunales es parte de una política más am-plia, destinada a colocar grandes extensiones de áreas agrícolas y bosques en manos de las trasnacionales; el gobierno actual apuesta decididamente por la promoción de los agro-combustibles, se han convertido en empresas privadas las pocas cooperativas agrarias que aún subsistían, e incluso se pretendió (con otro decreto derogado, el 1090) permitir que los bosques amazónicos fueran otorgados como propiedad agrícola a inversionistas privados.

¿Qué justificación se le ha dado a estas normas? El modelo en el Perú ha tocado fondo; somos el país más terco (junto a Co-lombia) que insiste en sostener políticas que nos llevan al colapso porque imponen los in-tereses económicos sobre la democracia. Es

por esto que el gobierno ha pretendido darle un sustento ideológico y de orientación estra-tégica a sus acciones contra las comunidades. La mejor muestra de ello son los argumentos de Alan García en su artículo “El síndrome del perro del hortelano” (octubre 2007), rati-ficados en un artículo de la semana pasada:

“(…) hemos caído en el engaño de entre-gar pequeños lotes de terreno a familias po-bres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecno-logía de riego y además precios protegidos. Este modelo minifundista y sin tecnología es un círculo vicioso de miseria, debemos im-pulsar la mediana propiedad, la clase media de la agricultura que sabe conseguir recursos, buscar mercados y puede crear trabajo formal.

“Además existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades ar-tificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero sólo utilizan agrícolamente diez mil hectáreas y las otras son propiedad ocio-sa, de ‘mano muerta’, mientras sus habitan-tes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alqui-lándolas, transándolas porque si son impro-ductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador. “Éste es un caso que se encuentra en todo el Perú, tie-rras ociosas porque el dueño no tiene for-mación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comu-nero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El pe-rro del hortelano.”

Queda claro que los reales intereses detrás de estos decretos legislativos son desaparecer a las comunidades, porque se considera que tie-nen demasiada tierra y que ésta es improduc-tiva; desaparecer también al pequeño cam-pesino rural. Se busca desarraigar a la gente del campo, para poner la tierra al servicio de grandes inversionistas (para agrocombustibles y otros proyectos), y otorgar mayores facilida-des a las empresas mineras y petroleras. Se considera que los derechos de las comunida-des son un obstáculo para estas empresas.

¿POR QUÉ LA PROTESTA EN LA AMAZONÍA PERUANA?

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porque imponen los intereses

económicos sobre la democracia

Se busca desarraigar a la gente

del campo, para poner la tierra al

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VOCES DESDE LO PROFUNDO

Pablo Sigüenza y Katja Winkler

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, participó como candidata presidencial en las elecciones generales

de Guatemala de 2007. Fue la única aspirante indígena a esa posición. Obtuvo 2.8 por ciento de los sufragios. Su condición de k’iche’ no fue suficiente para que la población indígena del país, estimada en 60 por ciento del total, votara significativamente por ella.

En 1996 se firmó la paz luego de tres décadas de conflicto armado interno, cuyo origen se traza en la tenencia desigual de la tierra que persiste hasta hoy y la exclusión secular de grandes contingentes de la pobla-ción. Una de las negociaciones entre la Uni-dad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Guatemala fue el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue resultado de mo-vilizaciones y participación de organizacio-nes indígenas y campesinas previas y durante su formulación. Un acuerdo que junto con el

resto de lo pactado pudo haber sido la ruta a seguir para cambiar las condiciones de des-igualdad e injusticia social históricas.

En 1999 el Tribunal Supremo Electoral con-vocó a una consulta popular nacional para pre-guntar a la sociedad si aceptaba la aprobación de ciertas reformas a la Constitución de 1985, que harían viable el cumplimiento de los Acuer-dos, especialmente en lo relativo a los derechos de la población indígena. El resultado resultó totalmente desfavorable para las aspiraciones in-dígenas. Estos sucesos fueron dos muestras que plantean que en el plano de la democracia elec-toral, las reivindicaciones de las organizaciones indígenas tienen poco avance. Hay en lo indi-vidual hombres y mujeres indígenas que han formado parte de los tres gobiernos nacionales recientes, pero sin ser parte de una estrategia po-lítica conjunta de los sectores indígenas del país.

Siendo que en Guatemala la mayoría de la población sigue siendo indígena, las orga-nizaciones indígenas y campesinas no han di-rimido las contradicciones entre las distintas

posturas reivindicativas, que oscilan entre los extremos de demandas étnicas, culturales y espirituales, y aquellas de la clase campesina, sin importar las nociones de pertenencia cul-tural. Durante las décadas de los 70s y 80s de la guerra interna, estas diferencias fueron me-nos palpables, ya que la lucha reivindicativa de las distintas fracciones insurgentes fue pre-ponderantemente de clase, y de acceso a los medios productivos, especialmente la tierra.

No obstante, el campesinado guatemalte-co, mayoritariamente indígena, actualmente se encuentra frente a nuevas amenazas terri-toriales, que trascienden la ubicación de la te-rratenencia oligárquica como principal factor dominante: los intereses del capital trasnacional que han propiciado la apertura hacia políticas y prácticas extractivas. Las mismas han reque-rido la incorporación de elementos discursivos

y prácticos de reivindicación cultural del movi-miento maya en el proceso de lucha, tanto por la tierra como por el territorio. Reivindicación cultural que, de alguna manera, estuvo siempre presente en las luchas campesinas por medio del uso de los idiomas maternos, prácticas de organización y concepción del mundo particu-lares de la población indígena, pero que hoy es parte esencial de la estrategia y la práctica polí-ticas. Queda claro que hay procesos, tanto en el Norte como en el Sur del continente que indi-can que la lucha por construir países multina-cionales con autonomía política y territorial son posibles. Logros alcanzados por el conjunto de la movilización popular y la participación elec-toral. El reto principal para Guatemala, ahora, es definir qué tipo de Estado corresponde a un país como éste y cuál es la ruta política y social para su construcción. ¡Menuda tarea! Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Guatemala

Ana Rogéria Araújo

El 2009 puede ser considerado un año especial, inclusive histórico para los todavía millares de indígenas que pue-

blan el territorio brasileño. El 19 de marzo el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió por la demarcación en área continúa para la tierra indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima, es-tado de la región norte del país. El área, con 1.7 millones de hectáreas, fue objeto de una dispu-ta agraria durante tres décadas antes de esta de-finición judicial favorable a la causa indígena.

Ocupada con inmensas haciendas de arroz, depredada por los daños del agro ne-gocio, deforestaciones y por la invasión cons-tante del capital, Raposa Serra do Sol fue el escenario de una creciente guerra que inició en las instancias municipales, pasó por las es-tatales y finalmente llegó a la esfera federal, dando mayor visibilidad a la lucha y reconoci-miento de los pueblos indígenas organizados.

La decisión judicial ordenó la retira-da de todos los poderosos productores de arroz y no indios del área, promoviendo una limpieza general en la que se registraron al-gunos conflictos. Por medio de acuerdos, el gobierno decidió indemnizar a los que tuvie-ron que dejar el territorio legalmente.

Sin embargo la historia de esta conquista se entrelaza a múltiples confrontaciones donde muchos otros tuvieron primero que demarcar el territorio con la sangre propia. Desde 1977, cuando los líderes comenzaron a movilizarse y

reivindicar el territorio para los indios e indias, hasta la actualidad, 21 líderes fueron ejecutados sin que ningún culpable haya sido enjuiciado.

Julio Macuxi, que hoy preside la Federación de Reocupación de los Pueblos Indígenas Ra-posa Serra do Sol y es integrante del Consejo Indígena de Roraima (CIR), recuerda las difi-cultades que surcaron en el camino que llevó al sensato enjuiciamiento. “Cuando la gente lidia con personas que tienen dinero, que tie-nen poder, ya sabemos a dónde puede llegar la situación. De esa forma, el caso fue a parar a Brasilia, a la máxima instancia, pero estába-mos preparados para eso. Nunca pensamos en desistir; en todas las sesiones seguíamos allá (Brasilia). Tuvimos 21 compañeros asesinados y eso también fue motivo para no desistir”.

Macuxi afirma que con los procesos judicia-les iniciados en 1998, la organización fue to-mando más fuerza y ejercía cierta presión para que el área fuera desocupada. “Tuvimos que enfrentar muchos problemas. Éramos mino-ría frente a un grupo que tenía gran interés en permanecer en el área”. De ahí en adelante los conflictos fueron tomando proporciones mayo-res y llegaron a dividir a los indígenas, pues al-gunos veían en el agro negocio, expandido en el territorio, algún desarrollo para sus pueblos.

Por otro lado, la realidad se mostraba menos próspera: abandono por parte del poder públi-co, y falta de escuelas para las niñas y los niños, de puestos médicos, de infraestructura y demás equipos sociales necesarios para el desarrollo local. Así éstas eran, y siguen siendo, las princi-pales demandas de Raposa Serra do Sol.

Nuevos tiempos. Desde mayo de este año, con el área libre de productores de arroz y no indios, los habitantes de Raposa comenzaron una nueva etapa en sus vidas, motivados ahora por el desafío del desarrollo sustentable para los casi 20 mil indígenas de cinco etnias (ma-cuxi, wapixama, patamona, ingarakó y taure-pan) que quedaron en el área. Para empezar, conformaron la Federación de Reocupación de los Pueblos Indígenas Raposa Serra do Sol, que congrega a nueve entidades que actúan en la región. El objetivo de la Federación es decidir conjuntamente cuáles serán las me-

jores y más viables opciones para que el área gane autonomía económica. La pauta será el respeto a los pueblos y el medio ambiente.

La legalización de tierra es demasiado lenta. Tomando en cuenta que la Fundación Nacional del Indio (Funai) recibió el primer encauzamiento formal por la demarcación de la tierra indígena Raposa Serra do Sol en 1977, se cobra noción de cuan moroso es el proceso para la reglamentación de las áreas indígenas en Brasil. La homologación fue divulgada por el gobierno de Lula en 2005, pero apenas en 2009 la demarcación fue oficializada.

Según datos de la Funai, existen en Brasil cerca de 460 mil indios viviendo en aldeas. El censo señala que pueden existir entre 100 mil y 190 mil indios viviendo en áreas urbanas. Datos del Instituto Socioambiental señalan que el país posee casi 200 tierras indígenas sin demarcación y otras 386 que han pasado por la fase de demarcación y esperan por la homolo-gación. Según evalúa Saulo Feitosa, secretario adjunto del Consejo Indigenista Misionario (Cimi), entidad que acompaña las cuestiones indígenas, infelizmente los procesos de de-marcación y homologación son muy lentos.

Cuando se tarda demasiado en demarcar, las zonas indígenas tienden a ser ocupadas. El agro negocio con los plantíos de soya, caña de azúcar, eucalipto, cacao, sumado a la in-troducción de ganado –explica Saulo– son preocupantes, pues tornan el proceso dema-siado largo y, muchas veces son plausibles de conflicto. “Además de que los gobiernos son morosos, en muchos casos también ceden a las presiones de los invasores”, afirma Feitosa. En este contexto, Saulo considera que el episodio Raposa Serra do Sol no representa simplemen-te la lucha del pueblo indígena de Roraima, sino la de los pueblos indígenas brasileños. Editora de ADITALTraducción Ernesto Scheinvar

Guatemala

DEMANDAS ÉTNICAS Y DE CLASE

Brasil

RAPOSA SERRA DO SOL Y LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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Aldegundo González Álvarez

Tosepan Titataniske, nuestra organi-zación, está constituida mayoritaria-mente por indígenas y desde su na-

cimiento el empleo de la lengua náhuatl ha sido fundamental. La razón es simple: así nos entendemos mejor. Los náhuatl de esta región nos autodenominamos maseualmej (los mere-cidos por la penitencia) y llamamos a nuestra lengua maseualtajtol. En sí, maseual se con-vierte en un prefijo para las demás construc-ciones, maseualtakualis, (alimentación indí-gena), maseualtalnamikilis (formas indígenas de pensar y de concebir). Reconocemos como maseualiknimej (hermanos indígenas) a las personas de otros grupos étnicos.

Por medio de la lengua, que se mantiene fiel y expresa las cosas como son, se trasmiten de una generación a otra todos los elementos de nuestra cultura. Tenemos al español para la convivencia diaria, pero por nuestra forma de articular las ideas no nos favorece mucho. Al manifestarnos en una segunda lengua, requerimos de un doble esfuerzo para que nuestro mensaje se comunique bien.

La idea de que nuestra lengua es el prin-cipal transmisor de nuestra cultura se rela-ciona con otra idea: la del cuidado que debe tenerse para con nuestra madre tierra. Porque la buena relación que debemos mantener con nuestro entorno natural se hereda por medio de la lengua. En esto nuestra lengua es muy específica y descriptiva: nos enseña de qué plantas podemos alimentarnos o con qué planta podemos aliviar ciertas molestias.

“Cuando a un maseual le preocupa algo, su corazón habla” (yoltahtowa). Como maseual-mej, privilegiamos el dialogo para la solución de nuestras diferencias. Por eso en nuestras asambleas invertimos tiempo de calidad, buscamos por medio de la palabra llegar al consenso en nuestras decisiones. De esta for-ma se ha visto que la asamblea pocas veces se equivoca, y cuando lo hace, estamos inmersos todos, porque es una decisión en colectivo.

En la visión de nuestros socios fundado-res desde 1985, se ha venido fortaleciendo el uso del náhuatl. Al principio, cuando llegaba gente de fuera que no hablaba nuestra len-gua, era necesario un traductor pues nuestros socios fundadores usaban con mayor énfasis el náhuatl. Pero, aun después, al interior de la organización se ha valorizado nuestra lengua madre y se ha fortalecido con el tiempo.

Y es que en algunos momentos de nues-tra historia se presentó el lamentable hecho de que las escuelas a las que acudían nues-tros hermanos aún promovían el castigo por comunicarse en nuestra lengua madre. En años recientes, cuando los compañeros de la región totonaca se empiezan a incorporar en el movimiento cooperativo, empleamos el español como lengua para comunicarnos.

Tres décadas. En el umbral de los 30 años de vida organizada, volvimos a revisar hacia dónde podía crecer el movimiento. Y la sa-biduría de la asamblea optó por privilegiar el trabajo en la zona totonaca. No descartamos el trabajo con otras regiones; sin embargo, dice la asamblea, nuestro mayor compromiso

está con los hermanos indígenas (to-maseual-ikniuan). Así, nuestras asambleas se han vuel-to trilingües (náhuatl-totonaco y español).

Sin embargo, la gente de fuera comenta que cuando los viejos cooperativistas van a tomar una decisión importante se comunican en náhuatl. Y es que después de 32 años, nuestra lengua sigue viva gracias a la organización. En otros tiempos decían los coyotes: “Estos indíge-nas ni siquiera saben hablar y quieren organi-zarse”. Hoy se dice de nosotros: “Estos cabro-nes indígenas ahora nadie los puede callar”.

Toda lengua es susceptible a transforma-ciones. Con esta premisa, en la actualidad dentro de la cooperativa se impulsa un centro de investigaciones de carácter multidisciplina-rio y una de sus áreas es la identidad étnico-cul-

tural, donde pretendemos retomar las formas y uso del náhuatl. Aunque el proyecto es más ambicioso, pues a base de investigación parti-cipativa se pretende reconstruir una gramática que sea útil en nuestra región de influencia, considerando, para esto, tres sub-regiones en donde como mínimo se hablen tres variantes dialectales de la lengua náhuatl de la región.

El primer paso es la construcción de un diccionario con cinco mil entradas, dadas las diferentes acepciones que una sola pa-labra puede tener. Del mismo modo se está formando la primera generación de investi-gadores, aprovechando más de 30 años de experiencia del doctor Jonathan Amith, con quien se ha firmado un convenio de colabo-ración. Los primeros resultados de este pro-yecto se vislumbran a corto plazo, sin embar-go el esfuerzo debe trascender pues forma parte de los planes estratégicos de nuestra organización. Uno de ellos es retomar las formas básicas del uso de la lengua al día de hoy, y a partir de esto, construir una gramá-tica en donde se asienten las raíces de cada palabra a fin de que las futuras generaciones identifiquen elementos fundamentales de la articulación de nuestra lengua. Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan, Tosepan Titataniske

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IDENTIDAD MASEUAL

Y es que en algunos momentos

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las escuelas a las que acudían

nuestros hermanos aún promovían

el castigo por comunicarse

en nuestra lengua madre

Gisela Espinosa Damián

La Casa de Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas, con sede en Ometepec, es un proyecto autogestivo im-pulsado por la Coordinadora Guerrerense de Mujeres

Indígenas. Su objetivo es evitar muertes maternas, tan graves entre mujeres indígenas, apoyando a embarazadas amuzgas, mixtecas y tlapanecas de la Costa Chica, con atención y ser-vicios de salud que no hallan en sus comunidades.

Como “el parto ocurre a cualquier hora”, la Casa debe estar abierta día y noche. Si una mujer llega, las parteras o promotoras de guardia la revisan, la llevan a consulta al cen-tro de salud, o la refieren y acompañan al Hospital Regional de Ometepec si está en una emergencia obstétrica. Son tra-ductoras, gestoras y defensoras de los derechos de mujeres indígenas; a veces de su bolso sale para medicinas, pañales, alimentos o pasajes de las embarazadas y sus familiares. Y no es que su economía sea boyante, al revés, pero ante situacio-nes de vida o muerte y privaciones extremas de quienes llegan a su oasis, ellas comparten sus bienes aunque luego padezcan carencias personales. La Casa también es refugio, albergue y “sala de espera”, pues muchas mujeres no tienen hospedaje cuando en el hospital les dicen que “todavía falta”, que “vuel-van luego”. El proyecto se sostiene con la energía de 40 parte-ras y promotoras y dos coordinadoras que, reunidas en mayo de 2009, analizaron sus problemas y buscaron soluciones.

Se requiere que más mujeres se turnen para atender la Casa –dice una partera– ¿Cómo le hacemos?. Luego de un silencio se oye una voz: “Gastamos mucho, hay que pagar pasaje, traer maíz, chile, sopa, ¿quién nos repone?” Y sigue una promotora mixteca: “Tenemos miedo. Yo acompañé a una mujer golpeada, su marido le hacía fuer-za para tener otro bebé y la llevé a denunciar, entonces el señor me dijo: ‘¿por qué te metes con la muchacha? Te estoy viendo bien, no te me vas a escapar, no te voy a dejar libre’. Me amenazó. ¡Que no me reconozca!, ¿quién nos protege?”.

Otra partera interviene: “¿Y qué hacemos con los niños?, ¿quién hace la comida y los manda a la escuela si venimos a Ometepec?, ¿quién cuida a los animalitos?”. Una más: “¡Y luego los maridos! ¡Los celos!, cuando venimos días completos nos reciben: ‘¿por qué te tardaste?, ¿con quién te fuiste a dormir?’. No quieren que vengamos a la Casa, no valoran lo que hacemos. En la comunidad los critican porque nos dejan venir.” Sigue la discusión: “Yo propon-go que sólo vengamos en sábado y domingo”. “!No! –dice otra partera– ¡cuántas mujeres se van a morir!”.

“Yo propongo que nos paguen el día en la Casa, aunque sea a cien pesos, así los señores van a ver que estamos traba-jando”. Todas asienten pero: “¿Quién va a pagar?”. Otra voz dice: “Que las guardias duren sólo dos días”. Más murmullos.

“¿Y con los celos qué hacemos?, ¿la casa, los niños?”. Sube el cuchicheo. De pronto una voz: “Propongo talleres para los señores, que se vuelva a explicar el problema de la muerte materna y la violencia a las mujeres, lo que hace la Casa de Salud. ¡Que comprendan lo que hacemos! Necesi-tamos valor para decirles que se encarguen de los niños. Si ellos no le entran allá, nosotras no podemos con la Casa”.

La reflexión va tocando fondo y revela injustas rea-lidades: no sólo aparece la desigualdad y discriminación que tienen que remontar las indígenas para conservar la salud o salvar la vida, sino también la feminización de la responsabilidad y del costo de la salud; no sólo su gran esfuerzo y los retos que implica la lucha por la salud y la vida sin violencia, sino los celos y presiones de sus parejas para que abandonen la tarea, la crítica comunitaria a las que salen, a los varones “que las dejan ir”. Lograr que se valore esta tarea social de primer orden descuidada por el Estado exige más trabajo: informar y convencer, pero tam-bién cambiar el orden de género, compartir la crianza de los hijos y el trabajo doméstico; abrir espacios de libertad y reconocimiento a las mujeres.

Donde el derecho a la salud y la equidad de género son quimeras, la Casa de Salud contiene rezagos, alivia dolores, evita muertes, genera profundas reflexiones y aprendizajes colectivos, va cambiando la cultura. Saldos positivos que pagan parteras y promotoras de salud con al-tos costos y riesgos personales. Profesora-investigadora de la UAM-Xochimilco [email protected]

Guerrero

¡QUE COMPRENDAN LO QUE HACEMOS!

21 de julio de 200910UTOPÍA MAYAC

ada presente evoca pasados que lo iluminan y las autonomías zapati stas como los altermun-dismos andinos convocan a repensar el socialis-mo maya de hace 90 años. Hoy, cuando los ori-ginarios de por acá se están sacando la espina,

sorprende la obra libertaria impulsada por Felipe Carrillo Puerto (CP), adelantado del neoindianismo revolucionario.En mayo de 1924, a seis meses del fusilamiento de CP, en-tonces gobernador socialista de Yucatán, por soldados pro fi nqueros adscritos al alzamiento de De la Huerta, se publi-ca en la revista estadounidense Survey el artí culo “The new Yucatan”. Aquí una apretada edición:Yucatán es maya (...) Fuimos fí sicamente conquistados por el español, pero nuestra vida cultural persisti ó (...), nuestro lenguaje (...), nuestras costumbres (...), nuestra religión bajo un nuevo nombre, (...) también nuestras relaciones sociales que han seguido realizándose (...) a pesar de la negación (...)

Todo Yucatán estaba en manos de unos 200 propieta-rios. El indio (...) fue arraigado (...) como un árbol y era vendido junto a la ti erra que culti vaba. El lugar del indio maya en la comunidad como ciudadano libre, autosufi -ciente y seguro de sí mismo, determinará la medida en que los sacrifi cios (...) de la revolución tendrán que ser justi fi cados. Todo lo demás es asunto sin importancia.

En un país agrícola ti erra y libertad son sinónimos. Esto explica nuestro lema revolucionario: “Tierra y Libertad”.

Nuestra primera tarea ha sido distribuir las ti erras co-munes (...) a nuestra gente. La apropiación de la ti erra

por las comunidades indígenas (...) es hasta ahora la con-tribución fundamental de la revolución.

Esta ti erra no se da a ningún individuo (...) las ti erras (...) pertenecen a la comunidad; (...) cada quien ti ene so-lamente el derecho a trabajar la ti erra y disfrutar los fru-tos que produzca (...) En conjunto, cerca de 80 mil jefes de familia obtendrán sus parcelas en ti erra común.

Esta distribución (...) está teniendo consecuencias de largo alcance. La primera (...) es que los indios se están mudando de las grandes propiedades donde vivían y es-tán construyendo sus hogares en pequeños pueblos (...) Los hombres viejos que no han conocido la libertad, que nunca han tenido el disfrute de la posesión, que nunca han plantado y cosechado por ellos mismos, están (...) empezando a vivir la vida de los hombres libres.

Pero lo más importante ha sido el surgimiento de una nueva vida (...) una nueva existencia políti ca, con organi-zaciones y problemas comunales.

La distribución de la ti erra ti ene (...) grandes consecuen-cias políti cas, sociales y económicas. La (...) más obvia (...) es la diversifi cación de los culti vos como resultado de la distri-bución de los ejidos. Yucatán ha sido por muchos años un estado monoculti vador. Todo nuestro esfuerzo se ha ido en el culti vo del henequén (...). Cosas que podríamos producir en Yucatán están siendo importadas. Una de las razones (...) es que (...) la importación de comida para dar a los indios pone a estos en desventaja mayor que si ellos mismos la pro-dujeran en su casa. Nominalmente el indio era libre; pero en realidad estaba siendo endeudado por su comida y, en tanto

siguiera debiendo (...), no podía abandonar la plantación (...) Hasta hace cuatro años importábamos todo lo que comía-mos (...) Importábamos maíz que es la principal comida del indio; importábamos pollos y huevos. Ahora cosechamos el maíz que necesitamos (...) Cosechamos pues nuestros pro-pios frutos; y esperamos que pronto cada población será sostenida por los frutos que generen sus propias ti erras. Todo está dando al indio independencia económica y mayor confi anza en sí mismo.

El futuro de Yucatán pertenece a los mayas*.

* Felipe Carrillo Puerto. The New Yucatan, revista Survey, N. 56, mayo 1924.

UN ZAPATISMO CON VISTA AL MARUna consigna recorre el mun-do: el lema campesino Tierra y libertad. Desde que en 1861 revolucionarios rusos forman una organización con ese nom-bre: Semlia y Volia, la fórmula se difunde y a principios del siglo XX la adopta el Parti do Liberal Mexicano y por esa vía llega a

los zapati stas. De ahí la tomará CP, hijo de un tendero de Motul, que fue sucesivamente agricultor, vaquero, con-ductor de tren, leñador, carretero, periodista y preso po-líti co hasta que en 1913 marcha a Morelos para incorpo-rarse al Ejército Liberador del Sur, donde alcanza el grado de coronel. En 1915, decide regresar a su estado natal y trabajar con el gobernador carrancista Salvador Alvarado, que abolía la esclavitud, impulsaba asociaciones labo-

rales y formaba un Parti do Socialista, primero Obrero, luego de Yucatán y fi nalmente del Sureste (PSS). Antes, en 1915, en carta su hermano Acrelio ironiza a costa de la moderación de Alvarado y expone su propio ideario:Supongo que ya habrán dejado de tratar a los indios como a tales, que ya les habrán devuelto las ti erras (...) como (...) se ha hecho en los estados de Morelos, Guerre-ro y México, que son los (...) que domina el “bandido” de Zapata; (...) supongo (...) que las plantas desfi bradoras de las haciendas han quedado en benefi cio de los ayun-tamientos (...) Supongo, también, que ya no robarán despiadadamente los comerciantes (...) que ya se habrán establecido las escuelas racionalistas para enseñar a los niños que no se dejen explotar ni exploten (...) que ya no habrá sacerdotes (...) Si todo lo que te he dicho se hace ahí, entonces (...) te felicito (...) Pero la realidad me hace ver que no son tan felices (...)*

* En Acrelio Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto: redentor de los mayas. Mérida, 1972, p. 169-171

EL PARTIDO ES MOVIMIENTODe fi nes de 1915 a fi nes de 1918, CP, a quien empiezan a llamar Sucum (her-mano) Felipe, trabaja en la Comisión Agraria creada por Alvarado y milita en el PSS, sobre todo en sus Ligas de Resistencia: estructura de base que hacía de la organización revolucionaria yucateca parti do de masas más que de cua-dros y movimiento social más que aparato políti co. Años después las Ligas serán palanca del socialismo en el poder. Así las describe CP en 1923, siendo gobernador:El poder que ha hecho posible la reparti ción de ti erras (...) es la Liga de Resistencia, una organización que alcanza hasta la últi ma aldea (...) Ac-tualmente ti ene alrededor de 80 mil miembros (...) La Liga es más que un parti do políti co; es más que una insti tución educati va; es más que un instrumento para gobernar: es todo esto combinado. La Liga es un ins-trumento que está rejuveneciendo al indio maya y dándole el poder que necesita para llevar a cabo un amplio programa social (...) Las Ligas son Yucatán. Sin ellas (...) los indios (...) no tendrían el instrumento de edu-cación y autodesarrollo que ti enen. Porque esto es una Liga, un instru-mento para el crecimiento espiritual (...) Es el medio donde se desarrolla la vida social, políti ca y económica de las pequeñas comunidades (...)*

* Felipe Carrillo Puerto. “The new Yucatan”, revista Survey, No. 56, mayo 1924.

LA VANGUARDIA DEL CAMPESINADO

El yucateco no es el único socialismo que viene del cam-po. Desde 1881 en que Marx admiti ó –con asegunes– que la comuna rusa podía liberarse “sin pasar por el régi-men capitalista”, los rústi cos se pusieron a soñar utopías poscapitalistas y hacer revoluciones. En América prota-gonizan la aventura indios como los mayas peninsulares y los incas andinos, a quienes hace 80 años el peruano José Carlos Mariátegui asignó tareas socialistas y que hoy pisan fuerte en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. No muy disti nto del quechua y aymara del XXI, el alter-mundismo maya del siglo XX fue planeado por el PSS en los congresos de Motul (1918) y el de Izamal (1921). Aquí algunos resoluti vos:La libertad políti ca es un mito si no descansa sobre la libertad económica (Motul, Tema 3). La fi nalidad comunista que desde el punto de vista agrario deben perseguir las Ligas de Resistencia, es la expropiación de la ti erra sin indemnización (...), efectuándose la ex-plotación de ella por los habitantes de la misma (...) La fi nalidad comunista desde el punto de vista industrial (...) es la expropiación sin rescate de los elementos de la producción industrial en benefi cio del estado pro-letario (...) La fi nalidad comunista desde el punto de vista del reparto de la producción (...) es la supresión del intermediario (...) que deberá ser susti tuido por el intercambio (...) entre productores (Izamal, Tema IX). Que el gobierno socialice los servicios públicos, des-empeñados hasta ahora por empresas privadas, como tranvías, luz y fuerza eléctrica (Izamal, Tema IX)*.

* En Primer congreso obrero socialista celebrado en Motul, estado de Yucatán,y en Segundo congreso obrero de Izamal, Centro de Estudios Históricos delMovimiento Obrero Mexicano, México,1977.

Armando Bartra

El teatro de Motul al inaugurarse el Congreso Obrero

Felipe Carrillo Puerto


MESTIZAS EMPODERADASLe decían Yaax Ich, pues tenía los ojos verdes, pero CP adopta la lengua y cultura originarias conviviendo con los campesinos. De mayor conoce a mayistas ilustres como Edward Thompson (El pueblo de la serpiente) y Sylvanus Morley (La civilización maya), a quien le orga-niza una conferencia en la Liga Central, pero su precep-ti va profunda son los relatos de la anciana Xbatab*.

Quizá por esto la emanci-pación de los mayas incluye destacadamente la eman-cipación de la mujer. Al res-pecto el congreso de Motul resuelve:El hombre ha sufrido la ti -ranía de las leyes y del capi-tal y la mujer no sólo ha su-frido la ti ranía de las leyes y del capital sino también la oprobiosa ti ranía de los es-posos, de los padres y aun a veces de los hijos. Los go-

biernos anteriores no han querido darle signifi cación a los derechos que ti ene la mujer, como individualidad humana** Consecuente, en 1922 la Liga Central publica cinco mil ejemplares del folleto La brújula del hogar. Medios se-guros y cientí fi cos para evitar la concepción, de la lu-chadora feminista Margarita Sanguer. La derecha se escandaliza por la “obscenidad” de aludir al sexo. En una carta pública los socialistas rati fi can su postura:¿Es o no es la mujer dueña de su cuerpo? –Si lo es pue-de, si quiere, limitar el número de sus hijos para evitar la miseria y la esclavitud***.

* Edmundo Bolio. De la cuna al paredón. Mérida, 1973, p. 27-32.** Primer congreso obrero socialista celebrado en Motul, Ibid, p. 74.*** Margarita Sanger. La brújula del hogar. Mérida 1922.

SOCIALISMO MAYAAscendente en Yucatán, la Revolución declina en el resto del país y la radica-lización del PSS despierta las iras de la Casta Divina pero también del presiden-te Carranza. En 1920 el ejército federal ocupa la península, incendia los locales del PSS y expulsa a CP del estado. Al triunfo de Álvaro Obregón y el Plan de Agua Prieta, el nuevo gobierno federal recupera Yucatán y CP regresa al esta-do. Con el ejército detrás, el PSS puede hacerse directamente del gobierno, pero CP no quiere un“cuartelazo políti -co” sino que los socialistas lleguen al poder mediante elec-ciones y apoyados en la movilización popular. Así, en no-viembre de 1921, tras un intenso acti vismo políti co social, Sucum Felipe, también conocido como el Carrero de Motul, gana la gubernatura con 62 mil 801 votos, contra dos mil 818 de su más cercano competi dor. De esta manera CP no sólo accede a la gobierno, en verdad toma el poder. Y pue-de, en justi cia, proclamarse el “primer gobierno socialista de América”, pues ti ene el respaldo del pueblo organiza-do. En 1920 el PSS cuenta con unos 30 mil militantes; para

1921, 60 mil votan por él, en 1922 ti ene unos 70 mil adherentes y en 1923 casi 90 mil. En las asambleas semanales de la Liga Central parti cipan entre 800 y mil personas, en las de Acanceh y Tixcocob de 400 a 500, y en las de poblaciones pequeñas alrededor de 200.El de CP es un gobierno indígena, de modo que es en maya el discur-so de prosapia socialista con que lo inaugura:Ha llegado el momento de demostrar a los “señores” que sabemos admi-nistrar; que somos nosotros los cons-tructores y no ellos; es necesario que les digamos que sin los trabajadores

no existi ría esta catedral suntuosa; que sin los trabaja-dores no existi ría este palacio; que sin los trabajadores no existi ría ese parque, donde vienen a recrearse (...), sin los trabajadores no existi rían los ferrocarriles, los au-tomóviles, los coches; nada de lo que es úti l al hombre existi ría sin los trabajadores (...) La ti erra es de ustedes y ustedes la van a recuperar (...) Y siendo de ustedes la ti erra, y siendo ustedes quienes la trabajan, lo natural es que las cosechas también les pertenezcan*.

* Ibid, p 55-57.

SIN MAÍZ NO HAY MAYABEn menos de dos años de gobierno CP resti tuye cerca de medio millón de hectáreas, buscando sumar a la li-bertad políti ca la libertad económica y que con ello los indios recuperaran la dignidad y el orgullo de ser mayas. Pretende también, instaurar en la península lo que hoy llamamos soberanía y seguridad alimentaria y nutricio-nal. Al discuti rse el tema en el congreso de Motul, CP había dicho:Hasta este momento no hemos comprendido bien lo que este punto signifi ca. En la vida económica de todos los pueblos debe procurarse primeramen-te que los elementos de primera necesidad no sean importados* Así en la Ley de Tierras Ociosas aprobada el 27 de di-ciembre de 1920, se establece que:Yucatán (...) es de carácter monocultor en la actuali-dad; pero históricamente está comprobado que sus ti erras producen algodón, higuerilla, chicle, maderas preciosas, maíz, frijol, caña de azúcar y otros (...) cuyo culti vo se ha reducido (...) o abandonado (...) Es indu-dable que si la dirección económica del estado estu-viera (...) en manos competentes (...) se hubiera hecho ya una división de zonas agrícolas (...) Naturalmente el sistema capitalista aleja la posibilidad de la distribu-ción de la propiedad agrícola e industrial por regiones, lo que sólo es facti ble cuando el interés comunal está sobre el parti cular o privado, pero nuestro estado re-quiere urgentemente tener un granero, es decir una región dedicada exclusivamente al culti vo de cereales de primera necesidad (...) para evitar, o miti gar, los ri-gores del hambre**

* Primer Congreso Obrero Socialista celebrado en Motul, estado de Yucatán,p. 25, 26.** Acrelio Carrillo Puerto. Ibid, p. 113, 114.

HEREDEROS DE UNA CIVILIZACIÓNAunque lector de Bakunin, Kropotkine, Reclús, Marx, Grave y Malato CP impulsa un socialismo excéntrico y de base agraria que busca restaurar la comunidad, volver al maíz y recampesinizar a los trabajadores agrícolas esclavizados por el henequén y la Casta Divina; un socialismo indianista cuyo pasado y cuyo futuro es el gran pueblo maya. Por eso el bilingüe y bicultural Carrero de Motul, de joven traduce al maya la consti tución de 1857 y ya como gobernador edita el Popol Vuh y establece un Museo de Arqueología e Historia. Pero sobre todo se esfuerza por resti tuir el orgullo identi tario. Al inaugurar la carretera a Dzitás, CP pronuncia un discurso en maya junto a la pirámide de Chichén Itzá:Compañeros: El corazón de los mayas, la sangre de los mayas, se levantan hoy con este nuevo sol, en este nuevo día, porque ya se han hecho verdad todas las cosas que decían los hombres anti guos (...) Com-pañeros: Así como los anti guos mayas hicieron Chi-chén, igualmente ustedes han hecho una carretera (...) con su corazón y su sangre*

* Renan Irigoyen. Felipe Carrillo Puerto. Primer gobernante socialista de México, Universidad de Yucatán, Mérida, 1974, p. 12.

EPÍLOGOHe organizado a todo el estado en un cuerpo Rojo de guerra para defender en cualquier momento nuestras libertades (...), he arengado al pueblo y (...) les he hecho comprender la necesidad que ti enen de formar esos Batallones Rojos de defensa (...) y sólo me desespera la falta de armas (...) He enviado a Manuel a tu país para ver si puede comprar los ri-fl es y ametralladoras que deseo para defendernos (...) Has-ta otra vez, porque esta carta fue interrumpida a las dos de la mañana (...) una bomba explotó en la calle 68 (...)*.Las armas no llegaron. La carta a Alma Reed, que en parte se reproduce, fue enviada el 11 de diciembre de 1923. Tres semanas después, la madrugada del 3 de enero, el Carrero de Motul y gobernador socialista de los mayas de Yucatán era fusilado junto con tres de sus hermanos y otros nueve correligionarios.

* R. A. Sosa Ferreyro. El crimen del miedo. Costa Amic, México, 1969. p. 122.

Yucatán, 1922. Liga Obrera Feminista del Partido Socialista del Sureste.

La vieja Xbatab


Juan González Esponda

1. La disputa por el poder. Hace 15 años los in-dígenas de Chiapas sorprendieron al mundo con la declaración de guerra a un gobierno que califi-caron de usurpador; exigían la renuncia de Car-los Salinas, el cumplimiento de 11 demandas. La entrada en vigor del polémico Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá fue cuestionada por la rebelión indígena más im-portante de tres siglos. Detrás del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se condensaban procesos diversos: his-tóricos, culturales, políticos y económicos; en el pasado remoto, el argumento partía de los 500 años, de la crítica a la explotación estructural y la ancestral opresión de los pueblos originarios. El modo, la forma y la pretensión, así como el alcance del levantamiento parecía inspirarse en la insurrección de 1712 que protagonizaron los pueblos tseltales, tsotsiles y choles asentados en el mismo territorio que la rebelión de 1994.

En el pasado reciente, el referente es el Congreso Indígena de 1974, que impulsado desde círculos oficiales se convirtió, andan-do el tiempo, en el principal detonador de la lucha y la organización indígenas del último cuarto del siglo XX en torno a demandas de tierra, comercio, salud y educación. Infinidad de organizaciones indígenas y campesinas se crearon en torno a estas necesidades en toda la geografía chiapaneca, particularmente en las regiones indígenas habitadas por tselta-les, tsotsiles, choles y tojolabales. Chiapas se convirtió en el imán que atraía a partidos y organizaciones de izquierda de todo tipo, y a la par del crecimiento de las organizaciones indígenas independientes también se amplió y consolidó el proyecto de la teología de la liberación cuyos agentes en más de un caso actuaban más como activistas políticos que como predicadores del evangelio. De esta manera, de 1974 a 1994 la lucha de los pue-blos y las comunidades indígenas de Chia-

pas transitó de las demandas meramente económicas y asistenciales a exigencias po-líticas que proponían la organización de la sociedad en torno a tres ejes fundamentales: democracia, libertad y justicia, en torno de las cuales giró la movilización de amplios sectores de la sociedad.

Así, de la lucha por la tierra, el comercio, la salud y la educación, esto es de las reivin-dicaciones meramente económicas y asisten-ciales, de las organizaciones propiamente sec-toriales, pasaron a la creación de una fuerza militar indígena, a la disputa del poder y a demandar mayor participación en la toma de decisiones. En 20 años, un katún, pasaron de exigir buenos gobiernos a demandar su dere-cho a gobernarse y a ser dueños de su presente y su futuro. “Ahora estamos convencidos –de-cían organizaciones indígenas del país– de que, en realidad, la situación que vivimos de-riva de que los pueblos indios hemos estado excluidos del poder, de la posibilidad de ser parte de las decisiones nacionales que atañen al conjunto del país y a nuestras regiones, mu-nicipios y comunidades.” Ponían el acento en su exclusión del poder como la causa de su condición social. Pero además, articularon un discurso que legitimó su creciente protagonis-mo a partir de la cultura; reivindicaron su per-tenencia a una cultura específica, de origen maya, como el eje articulador de su discurso. Sustituyeron de esa manera el referente ideo-lógico clasista dominante en los setenta y el primer lustro de los ochenta. Lo cultural le dio una legitimidad incuestionable en la so-ciedad mexicana, acompañada de una creati-vidad discursiva y práctica nunca antes vista.

Entre estos años, 1974 a 1994, acaecieron eventos de gran significado: caída del muro de Berlín; desaparición de la Unión Soviéti-ca; en fin la caída del socialismo real, que en términos político-ideológicos significó la derrota histórica del referente ideológico que legitimó la lucha y la organización de estos pueblos durante varias décadas. Los indígenas de Chiapas, lejanos, marginados, fueron de esta manera afectados por esta de-rrota histórica. No obstante, la tradición de resistencia, la presencia de agentes de la teo-logía de la liberación, así como los avances organizativos y las relativas victorias que ob-tuvieron, transformaron esa derrota y el fin de los paradigmas de la izquierda socialista en una nueva etapa de lucha. Así, poco a

poco, fueron surgiendo demandas de nuevo tipo –y organizaciones ad hoc– que reivindi-caban la diferencia, la inclusión, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y a la diversidad cultural. De este modo, desde finales de los 80s entre los indígenas chiapa-necos lo cultural ha sido uno de los campos más dinámicos.

Enero de 1994 fue así la expresión de un quiebre, una inflexión, de tránsito de una época a otra. Fue la manifestación del fin de una época: la crisis del indigenismo in-tegracionista instaurado desde los años 50s, la quiebra de un sistema político fundado en torno de una creencia, la del partido único y de una religión única, sustentado en un modelo de comunidad que construyó la práctica de un comunitarismo autoritario alimentado por tradiciones, así como de usos y costumbres caciquiles refuncionali-zados por el indigenismo gubernamental. Aun cuando el discurso del gobierno, de intelectuales, partidos políticos y otros ac-tores sociales, intentó justificar la rebelión por la condición de abandono y de miseria de la población indígena, realidad indiscu-tiblemente cierta, en realidad la rebelión expresó el fin del sistema político fincado en el partido único, en la falta de democra-cia, el autoritarismo y la corrupción. Así, los zapatistas del EZLN determinaron la forma y el contenido político de la lucha y la or-ganización indígenas de 1994 en adelante. Hicieron del “problema” indígena tema de debate nacional y eje de la agenda política de los indígenas de México que mantuvie-ron la iniciativa en el campo político.

TRES FASES DEL ZAPATISMOPUEBLOS ORIGINARIOS, ENTRE LA TRANSICIÓN Y LA INDIFERENCIA DEL ESTADO

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De 1994 a 2000 los indígenas viven entre la esperanza y la violencia. La esperan-za de transitar a una sociedad democrática, incluyente y tolerante. Por ello crearon el Consejo Estatal de Organizaciones Indíge-nas y Campesinas (CEOIC), que aglutinó a organizaciones tanto de corte oficial como independiente con el propósito de alcanzar la paz y resolver la miseria ancestral de los pueblos indígenas y realizaron la Conven-ción Nacional Democrática (CND). Las divi-siones y rupturas posteriores no hicieron sino ubicar a cada quien en su lugar, de acuerdo con su visión, posición e intereses. En agos-to del mismo año se realizaron en Chiapas las elecciones más competidas de la historia contemporánea, en donde lo importante fue la participación de todas las fuerzas políticas y sociales independientes y de izquierda, in-cluyendo por supuesto al EZLN. Se creó para tal fin la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH) que agluti-nó a cuatro frentes sectoriales: la Convención Estatal de Mujeres, al CEOIC, el Movimien-to de la Sociedad Civil y el PRD. Amado Avendaño Figueroa, abogado y editor del periódico Tiempo, modesto pero influyente en la opinión pública local, fue el candida-to de la izquierda chiapaneca, avalado por el EZLN y la Diócesis de San Cristóbal que movilizó en su favor al Pueblo Creyente, una organización de inspiración religiosa y con un poderoso componente indígena.

El 20 de agosto, el triunfo se lo adjudicó el candidato del PRI, sumamente cuestionado

por las irregularidades. En un verdadero ejer-cicio democrático, la oposición creó la Procu-raduría Electoral del Pueblo Chiapaneco y el Tribunal para calificar el proceso electoral y denunciar, con una amplia documentación, el fraude cometido por el partido oficial. No consiguieron nada, pero en diciembre del mismo año, en la capital Tuxtla Gutiérrez, como había ocurrido a principio del siglo XX, dos gobernadores juraban el cargo cada quien frente a sus seguidores. Amado Avendaño Fi-gueroa en la plaza central, rodeado de los suyos, mayoritariamente indígenas, mientras que el candidato oficial protestó en el teatro Emilio Rabasa con el apoyo del ejército y la policía. Chiapas terminaba el siglo como lo había comenzado, con dos gobernadores, con la diferencia que ahora los indígenas,

que habían sido simplemente espectadores al comenzar el siglo, eran protagonistas, el sos-tén principal de lo que llamaron “gobierno de transición en rebeldía”.

El 12 de octubre de 1994, las organizacio-nes indígenas de la AEDPCH anunciaron la creación de las Regiones Autónomas Plurét-nicas (RAP), convertida al paso del tiempo en una organización más. El 19 de diciembre el EZLN realizó tomas de carreteras y 38 cabe-ceras municipales en los Altos, la Selva y el Norte y anunció la creación de 38 municipios rebeldes. Con ello la lucha de los indígenas pasaba de la resistencia a la ofensiva política, pues la guerra en sentido estricto había dura-do apenas 12 días. El EZLN marcaba el ritmo de la lucha y orientaba alianzas y acciones del

movimiento en su conjunto, en torno a sus demandas de democracia, libertad y justicia, cohesionada por la reivindicación del com-ponente cultural de sus integrantes; la nueva identidad política se articulaba en su etnici-dad, particularmente de origen maya.

A un mes de tomar posesión del cargo el gobernador del PRI se vio forzado a renun-ciar, en tanto que el proyecto encabezado por Amado Avendaño también entró en una cri-sis que lo llevó a desaparecer. En las eleccio-nes locales de 1995 la consigna de los zapatis-tas fue no participar en el proceso y el partido oficial ganó como en los viejos tiempos, espe-cialmente en el “área de conflicto”. Con esto se inició la etapa más difícil para las organi-zaciones indígenas y el propio EZLN;

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¡Mejoremos los ingresos y las condiciones de vida de las familias cafetaleras!

¡Consumamos un Café de Calidad y bien preparado!

¡Conservemos los cafetales con sombra y que se reconozcan los benefi cios

ambientales que proporcionan!

A LA SOCIEDAD MEXICANA Y

A LOS CONSUMIDORES DE CAFÉ

A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ

A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y

LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATALES

En medio de la mayor crisis económica y de empleo en mu-chas décadas en nuestro país, es necesario tener planes de reactivación que permitan superarla. En un sector como el de la cafeticultura, existe un fuerte potencial de generar mayores ingresos para las familias productoras y más empleos. En esta actividad el padrón ofi cial de productores es de 507.000 y par-ticipan otras 250.000 mil personas en diferentes actividades de la producción, cosecha, benefi ciado y comercialización.

Del 2000 al 2004, los productores de café enfrentaron una fuerte crisis derivada de los bajos precios internacionales, la

sobrevaluación del peso y la reducción de la producción, que llevó a una baja de los ingresos de cuando menos un 60%. A partir del ciclo 2004-05, con la mejoría de los precios in-ternacionales, ha aumentado la producción en alrededor del 30% para el ciclo 2008-09; el consumo en los últimos 4 años también ha aumentado en cerca del 30%, absorbiendo el au-mento de la producción.

Para la cosecha 2008-09 (noviembre – abril), los ingresos de los cafeticultores mejoraron en no menos del 15%, al combinar-se un aumento de la producción y la devaluación del peso que mejoro los precios internos; se obtuvo en los precios un prome-dio nacional de alrededor del 90% de los gastos de producción.

Para fortalecer la cafeticultura Nacional es necesario im-pulsar las siguientes medidas:

1. Aumentar la producción cuando menos un 15% en los próximos tres años; para ello además del esfuerzo de los productores, se requiere continuar con los apoyos fi scales a través de los Programas de Fomento Productivo y de Re-novación de Cafetales.

2. Aumentar el consumo interno para que en tres años sea de un 50% de la producción nacional. Para ello es nece-sario fomentar la instalación de nuevas cafeterías y puntos de venta, que ofrezcan un café de mayor calidad y mejor preparado, de tal manera que se vaya limitando el consumo de café soluble y mezclado con azúcar, que no permite co-nocer el verdadero sabor del buen café.

3. Es necesario mejorar los precios de exportación del café mexicano; países como Costa Rica y Guatemala venden su café a más de 20 dólares por quintal que México. Para ello se necesita que los compradores de café paguen mayores precios por el café seleccionado (menos verdes) y por el café de más calidad (altura) y que se limite la utilización de cafés dañados en el consumo interno. Esto elevaría la calidad y el prestigio de nuestro café.

4. Para los siguientes ciclos, es importante que la Cámara de Diputados apruebe un presupuesto público para la rama café que sea adecuado para impulsar su reactivación. Ante la debilidad actual del esquema del Sistema Producto Café y su fi gura jurídica, la AMECAFE; la descoordinación con los Organismos Estatales, y la falta de una acción mas unifi cada y efi caz de la Subsecretarias de la SAGARPA y Organismos como ASERCA, SENASICA y el SIAP, en la instrumentación de los Programas para el Sector, es nece-sario perfi lar la formación de un nuevo Organismo Público que maneje directamente el presupuesto y los Programas para el Sector Cafetalero.

5. Es importante preservar el cultivo de café con sombra, que juega un papel importante en la captura de carbono, protección de la biodiversidad, regulación de microclimas, protección de suelos y cuencas hidrológicas, belleza es-cénica, etc. Deben reconocerse estos benefi cios ambien-tales y establecer programas de apoyo que mejoren los ingresos de las familias cafetaleras y les ayuden a conser-var sus cafetales.

Atentamente,

Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO)

Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC)Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)


CHIAPAS INDÍGENA

el Estado promovió la disolución del movimiento por medio de la división, la con-frontación y la inversión discrecional de los recursos, avalando, alentando y financiando el surgimiento de grupos paramilitares como estrategia militar para contener el movimien-to social y la insurgencia encabezada por el EZLN. La violencia se hizo cotidiana, en-démica, explicada como conflictos “interco-munitarios” y se tendió un cerco de violencia “sin control” en torno al conflicto central.

Al mismo tiempo, y a partir de 1995 dio ini-cio el diálogo, inédito, entre el gobierno fe-deral y el EZLN en torno a una agenda cuya primera mesa fue la de derechos y cultura indígena. Los diálogos de San Andrés alcan-zaron los primeros acuerdos el 16 de febrero de 1996, suscritos por las partes pero incum-plidas por el gobierno de Ernesto Zedillo con la complicidad de la clase política aglutinada en torno del PRI, PAN y PRD. Desde enton-ces, el diálogo quedó suspendido, su conti-nuidad fue condicionada al cumplimiento de los acuerdos de 1996. Entretanto, la lucha “intercomunitaria” fue incrementándose cada día, particularmente entre los choles y en los Altos, regiones en donde los zapatistas y sus aliados se enfrascaron con las organiza-ciones de corte oficial, ligadas y apoyadas por el PRI, en una lucha por el control político territorial, intensificándose a tal grado que el 22 de diciembre de 1997 fueron masacrados 45 indígenas tsotsiles, hombres, mujeres y ni-ños, lo que constituye el crimen de Estado más artero de la historia de la provincia. Esa fue la respuesta del Estado mexicano a las pretensiones de autonomía, de libre autode-terminación –contenida en leyes internacio-nales refrendadas por el gobierno mexicano–, al tiempo que se esforzaba en profundizar las diferencias surgidas entre el EZLN y sus alia-dos con el propósito perverso de modificar la correlación de fuerzas en su favor y debilitar a los indígenas zapatistas. El recuento de la violencia y sus consecuencias todavía no se ha realizado concienzudamente para cono-cer su influjo en el desaliento y distorsión de la lucha indígena en Chiapas así como la participación del Estado mexicano en la pro-moción, financiamiento y protección de los grupos paramilitares.

2. Acuerdos incumplidos y recreación del corporativismo. El 2000 marcó una nueva etapa para el movimiento zapatista. Ese año hubo dos acontecimientos que influirían decisivamente en el curso del conflicto; el

dos de julio fue derrotado el partido de Es-tado por el PAN y en Chiapas el 20 de agosto una coalición de partidos encabezada por el PRD y abanderada por Pablo Salazar, derro-tó al candidato oficial. Salazar había desta-cado en la Cocopa, la instancia creada por el Congreso para mediar el diálogo y garanti-zar el cumplimiento de la ley hecha para tal fin; en ese proceso se acercó a las posiciones partidarias de una salida política al conflic-to. Así, atrajo la simpatía de amplios sectores de la izquierda, incluso la del propio EZLN, que seis años atrás había participado en el proceso electoral con Amado Avendaño.

Al gobierno de Salazar se incorporaron lí-deres sociales, académicos e intelectuales pro-gresistas con la esperanza de crear condiciones políticas para una transición a la democracia por vía pacífica. Durante este gobierno la vio-lencia cesó, el financiamiento y la protección judicial y política a los grupos paramilitares también llegó a su fin. Incluso ejercitaron ac-ción penal contra responsables intelectuales y materiales de la violencia de los años anterio-res y se facilitó el retorno o la reubicación de los desplazados a causa de la violencia política. Pero al mismo tiempo la lucha y la organiza-ción indígena cayeron en un impasse, en una falta de claridad sobre el momento político y la agenda del mismo. Tampoco desde el Esta-do se impulsó una política que evitara nuevos procesos corporativos y al fin de cuentas lo que ocurrió fue la sustitución de las antiguas orga-nizaciones oficiales por otras.

Del año 2001 en adelante las organizacio-nes indígenas y campesinas antes proscritas, excluidas y perseguidas por las autoridades gubernamentales se convirtieron en las predilectas del régimen de la alternancia, encabezado por Pablo Salazar. El sector “le-gal” de las organizaciones independientes se convirtió, por obra y gracia de la democracia electoral, en el nuevo bloque de organizacio-nes oficiales, las que captaron, como en el pasado la Confederación Nacional Campe-sina (CNC), los recursos de los programas gubernamentales.

El EZLN, que para el Estado representa-ba el conflicto central, enfrentó entre 2001 y 2006 una política de indiferencia desde el gobierno federal –cuyo Ejecutivo prometió resolverlo en 15 minutos, que ha resultado el chiste presidencial más simplón–, el cual no logró que los Acuerdos de San Andrés se aprobaran en el Congreso como fue pactado en 1996 y que se ocupó en promover políticas asistenciales para abatir los índices de margi-nación de la población indígena de Chiapas, dando a la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la vieja y decadente tarea que antes tenía el Instituto Nacional Indigenista (INI) de llevar el “desa-rrollo” a los indígenas, sin que se atendieran los temas planteados por el EZLN.

La omisión del gobierno federal y el am-biente de distensión creado por el gobierno local, facilitaron al EZLN continuar el for-talecimiento de la organización civil de los pueblos indígenas. Frente al fracaso de las iniciativas anteriores: CND, MLN, FZLN, entre otras, anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno con sede en las regiones Altos y Selva que articularon políticamente a los municipios autónomos rebeldes, tendie-ron puentes de diálogo con sus vecinos, tam-bién indígenas, para dirimir las diferencias y administrar las regiones bajo control de los municipios autónomos. Se convirtieron de esa manera en referente de un sector de la izquierda en torno a la cual se agrupan personas y grupos desencantados con la vieja izquierda que se articula en torno a la demo-cracia electoral.

Al mismo tiempo, y paralelamente a es-tos procesos, en los pueblos, comunidades y grupos sociales identificados como indí-genas y sus aliados, formidables expresiones culturales plurales florecieron y se fueron consolidando tanto a nivel de organismos gubernamentales como independientes y au-tónomos. En 1994 se creó el Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena (CE-LALI), que durante 15 años se ha dedicado a la promoción de expresiones artísticas como la pintura, el teatro, la música, los carnava-les, etcétera, tanto de los pueblos de origen maya como zoque. La novela, el cuento, la memoria histórica, la literatura también han tenido un crecimiento exponencial y diver-sas instituciones académicas se ocupan del rescate y difusión de estos géneros, incluso en lenguas indígenas. Las aulas universita-rias dan cabida a cientos de jóvenes indíge-nas que a lo largo de los 15 años recientes han forjado una elite entre la que se encuentran profesionistas de todas las especialidades y ramas del conocimiento. Han proliferado las radios comunitarias que trasmiten en lengua materna, la mayoría sin autorización oficial, mensajes que impactan sobre todo a la po-blación indígena de las ciudades.

3. Fortalecer la posición política, reto del EZLN. En lo económico controlan áreas im-portantes de la economía formal, informal y la piratería: en el comercio, el transporte, la agricultura, la ganadería y extracción de productos maderables. En la otrora ciudad mestiza por excelencia San Cristóbal de Las Casas, controlan la comercialización de los productos artesanales del estado, así como de Guatemala, Ecuador, Perú y otros países, sustituyendo así el monopolio que hace dos décadas mantenían los comerciantes de la

calle Real de Guadalupe. Evidentemente, esto ha dado lugar al surgimiento de grupos de poder económico y nuevos cacicazgos entre los indígenas, tanto en las ciudades re-ceptoras de población migrante como en sus pueblos y comunidades de origen.

Los indígenas de Chiapas atraviesan hoy una coyuntura particular, sin que ello signi-fique que los índices de marginación modi-fiquen su tendencia a una mayor depaupe-ración. En pueblos y comunidades hay una evidente crisis de los usos y costumbres, ra-zón por la que se violan sistemáticamente los derechos humanos y civiles de sus habitan-tes; en lo general, sus organizaciones están desgastadas y caducas para el momento po-lítico. El EZLN, aunque sigue manteniendo una presencia importante en varias regiones

de Chiapas, frente a la aparente indiferencia gubernamental, no parece que logrará a cor-to plazo mayor fuerza política a partir de los Municipios Autónomos Rebeldes y las Jun-tas de Buen Gobierno. La crisis económica provoca desplazamientos de la población indígena hacia ciudades del interior y a Es-tados Unidos que impactan en la dinámica cultural de estos pueblos.

La coyuntura actual requiere entonces de iniciativas que ponderen la unidad co-munitaria, que doten de un nuevo conte-nido a lo indígena e inventen nuevas for-mas de organización política que permitan cambiar la correlación de fuerzas hoy ad-versa al movimiento y la organización de los pueblos indígenas. El reto radica en construir la nueva fuerza indígena pero a partir de los valores de la convivencia democrática, el respeto a los derechos hu-manos y el fortalecimiento cultural para trascender de una buena vez la crisis del in-digenismo oficial. No se trata de sustituir a los viejos cacicazgos con nuevos esquemas autoritarios y caciquiles.

Durante el gobierno de Pablo

Salazar, la violencia cesó, el

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Cuando el presente sea publicado, los medios de comunicación, los partidos y los votantes estarán concentrados en dirimir los resultados de las elec-

ciones intermedias, mismas que nos introducen en el cam-po de la democracia representativa. Ello no debiera oscu-recer los procesos que de manera paralela se dan como expresiones democráticas participativas que construye la gente de a pie en respuesta a la violencia histórica, sisté-mica, estructural y coyuntural de la que se siente, es y ha sido objeto. Pienso en concreto en el Primer Encuentro Continental Americano contra la Impunidad y en el En-cuentro Mexicano contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma, celebrados el 20 y 21 de junio en el Caracol IV zapatista llamado “Torbellino de nuestras palabras”, en el ejido Morelia, selva Lacandona, Chiapas.

Ambos encuentros van a contrapelo de los ritmos, las for-mas y los modos seguidos por las campañas políticas elec-torales. Van a contrapelo por ser parte medular de la cons-trucción de La otra política que se viene trabajando desde los colectivos articulados en La otra campaña. Ésta, como ustedes saben, se formó a partir del llamado hecho por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de junio de 2005, para encontrarnos, escucharnos y enlazarnos mejor y así organizar un programa nacional de lucha anticapitalista y de izquierda. En otras palabras organizarnos desde abajo para luchar por la democracia, la libertad y (¡ojo!) la justicia.

En ese aliento muy otro que no es electoral, se tendrían que leer los encuentros mencionados y también el celebra-do el 27 y 28 de junio en el Tajín, Papantla, Veracruz (foro nacional de La otra campaña “Váyanse o los sacamos”).

Me detengo sólo en los encuentros celebrados simultánea-mente en la selva. No es casual que su apertura haya sido realizada por mujeres jóvenes zapatistas de las Juntas de Buen Gobierno; luego hablaron las dos coordinadoras del encuentro, la nacional y la continental. Esto es sintomático del papel central que las mujeres de grupos organizados en lucha tienen y han tenido en la preparación no sólo de estos encuentros sino de las redes locales, nacionales, continen-tales y globales contra la impunidad que hoy contribuyen a articular la globalización contrahegemónica, como bien le llama Boaventura de Souza Santos.

En el corazón de dichas redes están, sin duda, las mujeres zapatistas de las Juntas de Buen Gobierno, quienes nos recor-daron que estábamos allí, en el Caracol, para “conocernos más, compartir nuestras experiencias de lucha y para buscar junt@s el camino hacia la justicia verdadera”. Muchas de las intervenciones de las mujeres apuntaron en esa dirección. Desde nuestro ser mujer y no sólo como ciudadanas sino también como miembros de organizaciones en pie de lucha,

nos preguntamos cómo articular desde lo local hasta lo con-tinental un frente contra la impunidad que –como dijera una de las organizadoras– “ha inundado al país y al continente”.

Algunas de las entrevistadas por l@s reporter@s de nues-tros medios alternativos definieron la impunidad a partir de sus propias experiencias como hijas de desaparecidos, ma-dres/esposas/hijas de presos políticos, viudas de los mineros de Pasta de Conchos, trabajadoras sexuales violentadas así como sobrevivientes a la violencia ejercida por las políticas contrainsurgentes, el genocidio en Guatemala, las masacres en México y los regímenes dictatoriales sudamericanos. To-das estas mujeres coincidieron en un punto, en afirmar que la impunidad es “la falta de justicia popular”, es “el privile-gio de los de arriba para desaparecer, torturar, reprimir a los de abajo quedando los primeros sin castigo por lo hecho”. Desde ese lugar de enunciación, la impunidad no es sólo la “falta de castigo” como varios diccionarios anotan, sino un elemento esencial para la reproducción del sistema capita-lista y de las políticas de los Estados-nación que promueven ante ella el silencio, el olvido y la indiferencia. Frente a eso l@s asistentes al encuentro han opuesto, oponen: la denun-cia, la memoria colectiva y la participación organizada des-de bien abajo y lo más a la izquierda posible. Varios asisten-tes propusieron ir más allá de lo que ya cada organización social y política, grupo de abogad@s comprometidos, cen-tro de derechos humanos, viene haciendo a nivel de defen-soría legal. Propusieron la creación desde los movimientos y las redes de un tribunal autónomo continental que vendría a contribuir a transitar de la “justicia ilegítima y corrupta” que hoy tenemos a la justicia verdadera y autónoma.

Dicho tribunal acompañado de otras medidas permitiría ir más allá de la denuncia y pasar a tomar en nuestras ma-nos la justicia, en otras palabras, “a hacer justicia desde el pueblo”. Ello se sustentó en la constatación de que las ins-tituciones y personas que hoy tienen esta tarea encomen-dada, no la están cumpliendo a cabalidad; por el contrario –como afirmó una participante–, están “haciendo crecer el manto de la impunidad que cubre las atrocidades y deja en el olvido los casos que debieran ser castigados”.

Fueron las abogadas comprometidas con la defensoría de l@s luchador@s sociales las que pusieron sobre la mesa los argumentos legales para dar este salto continental. Así se afirmó que los artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18 de la Declaración Americana sobre De-rechos y Deberes del Hombre y ocho de la Convención Ame-ricana de los Derechos Humanos, nos otorgan el derecho a recibir una justicia pronta, imparcial y gratuita. ¿Pero qué hacer si los Estados no cumplen? Vari@s participantes afir-maron que ello conduce a dejar sin efecto la prohibición que nos hace, por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución Mexi-cana, quedando legítimamente facultados para que nosotros mismos implementemos mecanismos que identifiquen, ex-hiban, juzguen y sancionen a los culpables de las injusticias, abusos y crímenes cometidos contra el propio pueblo.

Asuntos medulares se señalaron en torno a cómo empe-zar a caminar en la dirección referida. Desde la voz de las mujeres se hizo hincapié en explorar las experiencias que se han tendido en América Latina con tribunales popula-res y en el mundo con las cortes de las mujeres. Se señaló la importancia de no quedarnos atrapadas en la idea tradicio-nal de “cortes” que sólo buscan “castigar”, se sugirió mirar a profundidad las formas de impartición de justicia de los pueblos originarios para ir más allá de la concepción del derecho occidental moderno. Ante el horror de la violencia –ejercida por el capitalismo, por el Estado, por los (para)militares, etcétera–, tod@s coincidimos en la urgencia de construir Otra justicia que –como dijo Bárbara Zamora– nos permita reconstruir nuestros vínculos societales y cui-dar la vida. Otra justicia que contribuya, como dicen los pueblos originarios, a vivir en plenitud.

EZLN: MUJERES Y LA OTRA CAMPAÑA O ACERCA DE REDES CONTINENTALES CONTRA LA IMPUNIDAD

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Lourdes Edith Rudiño

Sin considerar la zona conurbada, el Distrito Federal cuenta por lo menos con dos millones de habitantes indíge-

nas, tanto de pueblos originarios de raíz ná-huatl principalmente, asentados desde antes de la Conquista, como de residentes llegados de otras partes de la República, sobre todo de Oaxaca, estado de México, Hidalgo y Vera-cruz, y su descendencia.

Así –con 145 pueblos originarios presentes en absolutamente todas las delegaciones po-líticas y con residentes hablantes de 57 len-guas— el DF es la ciudad “más indígena” en términos absolutos de toda América y a la vez es evidencia clara de discriminación, ra-cismo, despojo y falta de equidad que sufren estas poblaciones, así como de la “invisibi-lidad”, que es auto impuesta muchas veces.

Oficialmente no existe una cifra definitiva de los indígenas que viven en el DF –instan-cias como el INEGI, el Consejo Nacional de Población y el extinto Instituto Nacional Indigenista dan datos que varían entre 140 mil y 500 mil–, debido al uso de diversas metodologías de conteo, pero también al alto grado de bilingüismo y al desuso de la lengua original que presentan los indígenas en la ciudad y al ocultamiento de su origen étnico (o invisibilidad) en que incurren mu-chos para evitar ser marginados.

'¿De acuerdo con el Informe Especial so-bre los Derechos de las Comunidades Indí-genas Residentes en la Ciudad de México,

publicado en 2008 por la Comisión de Dere-chos Humanos del Distrito Federal, “muchos habitantes de la capital tienen la convicción de que ser indígena resulta incompatible con las condiciones de vida urbana y, en conse-cuencia, no pueden ser miembros plenos de la ciudad (‘ciudadanos’) a menos que renun-cien a sus prácticas culturales (...)

“Un reflejo contundente de estos prejui-cios son los resultados de la Primera Encues-ta Nacional Sobre Discriminación en Méxi-co, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social en 2004: de acuerdo con ella, 40 por ciento de las personas estarían dispuestas a organizarse para evitar que cerca de su lugar de residencia se establezca un grupo étnico. Asimismo, 42.9 por ciento de las personas entrevistados estuvo de acuerdo con la afir-mación siguiente: ’Los indígenas tendrán siempre una limitación social, sus caracterís-ticas raciales’.”

Sin embargo, afirma Iván Gomezcésar, coordinador de Enlace Comunitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), estimaciones no oficiales pero más cercanas a la realidad muestran que

los pobladores indígenas del DF ascienden cuando menos a dos millones de personas, esto es 20 por ciento de la población total.

Y si bien es cierto que la discriminación y el racismo son innegables, también lo es que, derivado de una contra-tendencia de la globa-lización (la cual uniforma las cosas y a las per-sonas), y de la reivindicación indígena genera-da por los zapatistas de Chiapas, “estamos hoy en un momento alto”, de renacimiento del orgullo por la identidad, en que los pueblos originarios están documentando su cultura y saberes, con una producción importante de libros, videos y diversos documentos, y están reviviendo tradiciones, como danzas y bandas que casi habían desaparecido en esta ciudad y que eran comunes hace cien años.

Asimismo, en medio de los muchos indí-genas que subsisten en la capital del país en condiciones muy difíciles, y de pueblos que se han ido reconformando con la llegada de indígenas de diversas etnias, o que se han ido mestizando muy fuertemente y que ya no ha-blan sus lenguas originales, hay quienes han logrado estudiar y alcanzar grados altos de es-colaridad que “ya reclaman de otra manera y tienen una alta capacidad de interlocución”.

En los diez años recientes, “hemos visto cómo pueblos que parecían haber desapare-cido, hoy emergen de nuevo, como Mexical-tzingo en Iztapalapa, que era prácticamente un pueblo muerto y hoy han vuelto a hacer mayordomías; o Xochimalca, en la colonia del Valle, cuyo terreno comunal fue lo que hoy es el Parque Hundido, que está resurgiendo muy

fuertemente, con mayordomos que son jóve-nes, es sangre nueva, no son una reliquia”.

El académico, director de la revista Mano-Vuelta enfocada al hacer y saber de las comu-nidades (con un nombre que significa corres-ponder a los indígenas por lo que ellos han dado a la nación), destaca algo que es innega-ble, y que por más que se quisiera no puede hacerse invisible: “el diálogo de las piedras”.

“Esta ciudad está montada sobre otra in-dígena (Tenochtitlan), la más importante en Mesoamérica durante la Conquista. Al hacer este montaje, los españoles quisieron poner un corazón europeo en un entorno indígena y el caso es que la reconstrucción de la ciudad fue hecha con manos indígenas, y la traza espa-ñola pretendió destruir totalmente la antigua, pero no pudieron evitar que la traza original quedara allí. Esto vino luego a tener gran importancia: se hacen los trabajos de recons-trucción de la Catedral y aparece el Palacio de Huitzilopochtli... a un presidente se le ocurre destruir un pedazo completo de la ciudad co-lonial de esa primera época y emerge el Tem-plo Mayor, y aparece la Coatlicue (la madre de todos los dioses del panteón azteca), y es inter-minable todo lo que resurge y los vestigios que a cada momento se encuentran en los pueblos. Esa es la fuerza de la ciudad de México”.

Se estima que del total de pueblos origi-narios, la mitad está en la zona rural del DF (recordemos que 59 por ciento del territorio de esta entidad es todavía suelo de conserva-ción, agrícola y forestal): en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, y el res-to se ubica en las delegaciones totalmente ur-banas. Formalmente la mayoría no son iden-tificados como pueblos, pero las personas sí lo conciben así y defienden ese concepto.

“Los pueblos tenemos una historia propia, usos, tradiciones, costumbres. Con la lucha de los zapatistas de Chiapas ha resurgido este concepto de pueblo originario (...) En Topilejo (Tlalpan) quisieron ponerle ‘colonia’ a las placas de las esquinas de la ciudad y la gente se opuso. Dijo: ‘nosotros somos pueblo’”, apunta José Ge-novevo Pérez, estudioso del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco y colaborador con la UNESCO en la difusión de los bienes tangibles e intangibles de Xochimilco.

INDIOS CHILANGOSPOR LO MENOS 2 MILLONES, CON MUCHOS INVISIBILIZADOS• Hay un sub-registro de indígenas en el DF pues algunos niegan su origen• La globalización y el zapatismo reivindican la identidad étnica: Iván Gómezcesar

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DISCRIMINACIÓN MÁS PRONUNCIADA EN LAS MUJERESSin dejar de lado las reservas que existen sobre los censos indígenas (que presentan sub-registros), la discriminación escolar y laboral y social de esta población en el Distrito Federal se observa fácilmente en la estadísti ca, y ello es agravado en el indicador de género: las mujeres son las más desfavorecidas.

He aquí algunos datos que brindan documentos del gobierno del Dis-trito Federal y de la Comisión de Derechos Humanos del DF:

• Mientras 96 por ciento de los hombres y las mujeres entre seis y 14 años de edad en el DF asisten a la escuela, la proporción cae a 84.5 y a 73 en el caso de los hombres y las mujeres indígenas.

Ello, aun reconociendo que los pueblos indígenas en el DF ti enen la tasa de escolarización indígena más alta del país y se encuentran muy por encima de la media nacional. Mientras 25.8 por ciento de los miembros de los pueblos indígenas del país carece de instruc-ción escolar, en el DF el dato es de cerca de nueve por ciento, y mientras el promedio nacional de indígenas con estudios pospri-maria es de 28.2 por ciento, en el DF es superior a 50 por ciento y en algunas delegaciones inclusive mayor al 60.

• La deserción escolar de los indígenas es grave. A la edad de seis años, 94.9 por ciento de los niños en el DF acude a la escuela, y el indicador específi co para la población con lengua indígena es de 81.6 por ciento; a la edad de 14 años, el primer porcentaje baja a 90.7 y el segundo se desploma a 51 por ciento.

Este fenómeno afecta más a las mujeres. Así, en el DF 16.9 por cien-to de las mujeres indígenas no ti enen ninguna instrucción, contra 7.5 de varones.

• La escolaridad en el DF es de 9.6 años para no indígenas y de 6.44 para indígenas.

• El 50 por ciento de los indígenas reciben ingresos de entre uno y dos salarios mínimos (sm) –se ubican en trabajo domésti co y albañilería en su mayor parte–, y sólo 7.8 por ciento ti ene ingresos superiores a los cinco sm, mientras que 18.1 por ciento de la población no indí-gena rebasa los cinco sm.

• Son claros los contrastes en los perfi les ocupacionales entre indí-genas y no indígenas, con predominancia de labores manuales y de baja califi cación en los primeros y de mayor califi cación, man-do y dirección en los segundos. Mientras que 27.3 por ciento de los indígenas está en el trabajo domésti co, sólo el 5.3 por ciento de la población no indígena se dedica a ello. Asimismo, es superior la proporción de indígenas dedicados a la industria, con fuerte peso, seguramente, de la construcción, que los no indígenas.

Estimaciones no ofi ciales pero

más cercanas a la realidad

muestran que los pobladores

indígenas del DF ascienden

cuando menos a dos millones

de personas, esto es 20 por

ciento de la población total

Con 145 pueblos originarios

presentes en absolutamente

todas las delegaciones políticas

y con residentes hablantes de

57 lenguas el DF es la ciudad

“más indígena” de América

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PUEBLOS ORIGINARIOS DE LO QUE HOY ES LA CIUDAD

17

SOBREVIVIENTES A PESAR DE LA PÉRDIDA DE TERRITORIOEn términos generales, los pueblos origi-narios de todo el DF perdieron territorio durante el siglo reciente. Una investi ga-ción personal de Alfredo Villegas Ramí-rez, líder coordinador de Proyectos de la Dirección de Equidad para los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Desarro-llo Rural del Gobierno del DF, muestra cómo pueblos que fueron dotados con más de cien, 200 hectáreas, o incluso más de 500, hoy cuentan con menos de 50 o en algunos casos incluso cero. Esto sobre todo se observa en los pueblos de las zonas más urbanizadas.

Por ejemplo, el pueblo de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, contó original-mente con 754 hectáreas y hoy sólo ti ene 13. San Bartolo Ameyalco, que fue un ejido, en la delegación Álvaro Obre-gón, fue dotado con 132 hectáreas y hoy ti ene dos. San Bernabé Ocotepec, en la Magdalena Contreras tenía 383 hectá-reas y ahora sólo cuenta con 33.

Pero aclara Villegas, esto no quiere de-cir que los pueblos hayan desaparecido Ante la urbanización de la ciudad capi-tal, la Comisión de Regularización de la Tierra (Coret) expropió al por mayor las ti erras del DF para el trazo de avenidas, y como este proceso se realizaba por poligonales, “cayera lo que cayera”, lo que quedaba en medio, como clínicas, campos deporti vos, casas-habitación, tendía a ser escriturado, y a aquellos que demostraban ser ejidatarios se les entregaba las escrituras de su casa y te-nían derecho a dos lotes urbanos más.

Aunque hay excepciones. Hubo pueblos que con la expropiación sí se esfumaron

del todo, como fue Santi ago Tlatelolco, que en los años 50s, cuando se dio el crecimiento de los multi familiares para la unidad Nonoalco Tlatelolco, se orilló a que salieran prácti camente todos los originarios de esa zona, “y aunque que-da la iglesia del pueblo y la pirámide, la fi esta patronal allí pasa desapercibida”.

En términos generales, los pueblos ori-ginarios del DF en esencia con su gente, siguen allí; pero no han sido desalojados por el cemento, si bien es cierto que en algunos casos, como en Coyoacán, en los pueblos de Los Reyes, el Barrio del Niño Jesús, Santa Catarina, La Conchita, el desalojo ha ocurrido a parti r de venta de casas a gente ajena al pueblo, sobre todo de clase media hacia arriba y con ello –au-nado a la “modernización”— han desapa-recido tradiciones, lugares que antes eran comunes como las pulquerías, o calles en-teras pobladas por una sola familia.

Hay otros lugares, como la Santa Catari-na, en Azcapotzalco, o Cuautepec en la delegación Gustavo A. Madero, donde la gente que ha llegado es de clase media hacia abajo y en su mayoría vienen de algún otro pueblo originario de algún es-tado de la República, y ti enen tradicio-nes y fi estas comunes. Lo que ocurre en estos casos –y así lo reportan también académicos como Iván Gómezcesar y estudiosos como José Genovevo Pérez, de Xochimilco, quien lo ve en su propia delegación— es que los que llegan se adaptan, entrelazan sus tradiciones.

De esta manera se observa una compo-sición multi étnica en los pueblos origi-narios del DF, más pronunciada en las zonas urbanas, y eso se refl eja en mu-chas organizaciones de rostro plural que representan a los indígenas, como son la Asamblea de Migrantes Indígenas de la ciudad de México, la Unión de Artesanos Indígenas y Trabajadores no Asalariados.

La defensa de los recursos naturales, del derecho a ser agricultores; a preservar las chinampas y los chinamperos –

donde sobreviven, en Xochimilco—, a con-servar las tierras comunitarias (no privatizar) y evitar que la urbanización provoque creci-miento desordenado, es la principal lucha de los pueblos indígenas de las zonas semirura-les del Distrito Federal.

Así lo expresan representantes de Xochi-milco y de Milpa Alta, quienes dicen mante-ner una lucha desde hace muchos años para evitar que el desarrollo o el progreso mal concebido se siga devorando los recursos na-turales que hoy son el pulmón de la ciudad de México, y que de ser arrasados podría pro-piciarse una hecatombe, una catástrofe eco-lógica en la capital en menos de dos décadas. Y, afirman, esa lucha es a contracorriente, pues hay muchas presiones desde el gobierno y de privados, por adueñarse de sus tierras.

En Milpa Alta, delegación que abarca 19 por ciento del territorio del Distrito Federal y que es la menos densamente poblada de la en-tidad, miembros de la Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos destacan que “aquí somos nueve pue-blos bajo una misma jurisdicción, pero una re-solución presidencial de 1952 y un fallo del Tri-bunal Unitario Agrario de 2001 han pretendido que cada uno de los nueve tenga su fracción de tierra, nos quieren subdividir, y además que siete mil hectáreas, de las 27 mil comunales se vuelvan privadas. Quieren convertir en priva-do todo lo que es urbano de la delegación”.

Efrén Ibáñez, uno de los miembros de la Representación General, afirma que “la cul-tura, la tradición, siempre se ha mantenido en Milpa Alta y eso, junto con la falta de su-ficientes vías de comunicación, es uno de los motivos por los cuales ha logrado preservar-se hasta hoy el territorio agrario comunal”. Aunque en uno de los pueblos, San Antonio Tecómitl (casi en la frontera con la delega-ción Tláhuac), se han establecido algunos supermercados, lo cual abona al crecimiento desordenado de los asentamientos.

Riesgos culturales. Para los habitantes de Milpa Alta, la forma de vida actual –con los niños yendo a la guardería desde los tres años de edad y los abuelos atendiendo a sesio-nes para la tercera edad— está rompiendo la comunicación intrafamiliar y pone en serio riesgo la permanencia de las tradiciones y la cohesión del pueblo. Algo que también se ha perdido es el uso de la lengua náhuatl, señala Julián Flores Aguilar, representante general de bienes comunales de Milpa Alta: “En los años 50s mucha gente lo hablaba, mis papás, los ve-cinos, pero a partir de los 60s en las escuelas comenzaron a recriminar, y muchos se acom-

plejaban. Ahora es algo que se está recuperan-do, hay clases en el museo, en cursos que orga-niza la delegación. Es algo importante pues es nuestra lengua madre, nuestra raíz”.

Dice Francisco Javier Chavira, uno de los representantes de bienes comunales, que la trasmisión del conocimiento de la historia del pueblo se ha dado por las charlas entre abue-los, padres, hijos, nietos, “y esto nos ha permi-tido tener una tradición y el arraigo y el apego a la tierra”. Pero ahora esto se está perdiendo: ocurre una desculturización, motivada en parte por lo costoso de los insumos, que hace perder interés en la agricultura, y que han pro-piciado la reducción en el cultivo del maíz e incluso venta de tierras, si bien es cierto que en las dos décadas recientes la producción del nopal se ha hecho masiva aquí. En Milpa Alta, dice, las principales tradiciones son la mayor-domía (la participación de ciudadanos para or-ganizar actividades en torno a las festividades religiosas del pueblo) y la defensa de la tierra.

En Xochimilco, José Genovevo Pérez, abogado y conocedor del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, destaca que las delegaciones rurales del DF contribuyen con 70 por ciento del aporte de agua que recibe toda la capital, y ello ha desecado ya, en el caso de Xochimilco, casi todos sus manantiales, los cuales alimen-taban los lagos de Xochimilco y de Chalco, mismos que dan espacio a una zona amplia de chinampas, declarada por la UNESCO Pa-trimonio Cultural de la Humanidad en 1987.

“Yo soy de los necios que dicen que la ciu-dad y sus pobladores debemos convivir con lo que queda de estos lagos y preservarlos, pues es el área que incide en las chinampas, los canales, los ahuejotes (árboles propios de la capital) y esto tiene que ver con una forma de vivir muy ancestral de los pueblos originarios”.

Pero también el reto de las delegaciones semirurales es evitar el avance de la urba-nización, la cual ha propiciado pérdida de paisaje rural y reducción de la agricultura –”en Xochimilco ya somos muy pocos los que sembramos maíz, aunque nuestros ren-dimientos son de nueve toneladas por hectá-rea”–. Un gran riesgo lo ven en la línea del metro que llegará a Tláhuac, “a un kilóme-tro de Tlaxialtemalco” y que implica la cons-trucción prevista de nuevas avenidas y casas habitación. Los miembros de los pueblos ori-ginarios de Xochimilco se han unido antes para impedir situaciones como esta, como ocurrió en los 90s, cuando enfrentaron exi-tosamente el plan de establecer 210 viviendas en un territorio que hoy ocupa un mercado de plantas y donde también se inaugurará un mercado de abasto. “Lo que queremos es preservar el paisaje rural, nuestra cultura”, afirma José Genovevo Pérez.

CONSERVAR TIERRAS:RETO DE LOS QUE SIGUEN SIENDO RURALES

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ÁLVARO OBREGÓNAxotla, San Ángel, Santa Rosa Xochiac, Santa Lucía, San Bartolo Ameyalco, Tetelpan, Santa Fe y TizapanAZCAPOTZALCO San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, Santi ago Ahuizotla, San Miguel Amantla, Santa Lucía, Santa Cruz Acayucan, San Francisco Tetecala, Santa María Maninalco, San Lucas Atenco, San Sebasti án, Santo Tomás, Santa Catarina, San Andrés, Santa Bárbara, San Martí n Xochinahuac, San Francisco Xocoti tla, San Andrés de las Salinas, San Simón y Santo DomingoBENITO JUÁREZ Santa Cruz Atoyac, Xoco, San Juan Maninaltongo, Santo Domingo, Mixcoac, La Piedad, Acti pan, Tlacoquemecatl, San Simón Ticumac y Santa María NonoalcoCOYOACÁN Los Reyes, La Candelaria, Santa Úrsula Coapa, San Pablo Tepetlapa, Xotepingo y San Francisco Culhuacán

CUAJIMALPA San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa y San Mateo TlaltenangoGUSTAVO A. MADERO Santa Isabel Tola, San Pedro Zacatenco, Santi ago Atzacoalco, Santa María Ticomán, San Juan de Aragón, Cuautepec El Alto, Acueducto de Guadalupe, San José de la Escalera, Santi ago Atepetlac, San Juan Ticomán, Purísima Ticomán, San Bartolo Atepehuacan, Héroe de Nacozari, Tepeyac, San José de la Pradera, Ex Hacienda de la Patera y Magdalena de las SalinasIZTACALCO San Miguel, Los Reyes, La Asunción, Santa Cruz, San Pedro, San Francisco Xicaltongo, Santi ago Norte, Santi ago Sur, Zapotla y Santa AnitaIZTAPALAPA Aculco, Culhuacán, Los Reyes Culhuacán, Magdalena Atlazolpa, Mexicaltzingo, San Andrés Tomatlán, San Juanico Nexti pac, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, San Sebasti án Tecoloxti tlán, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacán, Santa María Tomatlán, Santa Martha Acati tla, Santi ago Acahualtepec, Iztapalapa y sus barriosMAGDALENA CONTRERASSan Jerónimo Aculco, San Bernabé Ocotepec, Magdalena Atliti c, San Nicolás TotolapanMILPA ALTA Santa Ana Tlacotenco, San Agustí n Ohtenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan,

San Salvador Cuauhtenco, San Antonio Tecómitl, Villa Milpa Alta, San Bartolomé Xicomulco y San Francisco TecoxpaMIGUEL HIDALGOSan Lorenzo Tlaltenango, San Diego Ocoyoacac, Popotla, Tacuba, Tacubaya, San Joaquín, La MagdalenaTLÁHUAC San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl, San Francisco Tlaltenco, San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, Santi ago Zapoti tlánTLALPAN San Andrés Totoltepec, San Pedro Márti r, Magdalena Petlacalco, Santo Tomás Ajusco, Parres El Guarda, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Miguel Ajusco, San Lorenzo Huipulco, Santa Úrsula Xitla, La Asunción Chimalcoyotl, San Agustí n de las CuevasXOCHIMILCO Santi ago Tepalcatlalpan, Santa María Nati vitas, Santa Cruz Acalpixca, Santa María Tepepan, Ampliación Tepepan, Huichapan, Santa Cruz Xochitepec, San Lucas Xochimanca, San Mateo Xalpa, San Francisco Tlalnepantla, Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuayucan, San Lorenzo Atemoaya, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Santi ago TulyehualcoVENUSTIANO CARRANZA Magdalena Mixhuca, Peñon de los Baños, La Soledad, Candelaria de los PatosCUAUHTÉMOCLa Concepción Tequipehucan, San Simón Tolnáhuac y Santa Ana Atenanti tech


Coalición por la Vida de la Cuenca de la Independencia

En enero se reunieron en las orillas del río Laja, a unos kilómetros de Dolores Hid algo, cuna de la Independencia

nacional, más de 500 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Tránsito del Estado, Policía Federal de Caminos, policías ministeriales, agentes del Ministerio Público y los asesores de la Secretaría de Gobierno Héctor García Cerrillo, Juan Manuel Valadez y Vicente López. ¿Fue un acto cívico celebran-do la tradición insurgente de la región? No, este gran despliegue de fuerzas públicas llegó para proteger a una empresa comercial que ex-trae arena del río Laja, en contra de nosotros, los inconformes que queremos proteger el río.

Algunos integrantes de este movimiento conocimos el río Laja allá por los años 50s, cuando era un paraíso por la gran variedad de plantas, animales y agua que en él había. Era una fuente de vida para la región. Hace 20-30 años todavía corría agua todo el año por su cauce. La flora y la fauna prosperaban en ar-monía con la vida de las comunidades. Había humedad alrededor del río y era un cruce de diversas especies de aves migratorias. Aunque el río contenía gran cantidad de materiales como grava y arena para las construcciones, en la mayoría de viviendas se utilizaba el ado-be. Al paso del tiempo se fue usando la arena del río y era explotada con moderación con palas, siendo este trabajo una fuente de ingre-sos en las comunidades ribereñas.

A partir de los 90s, cuatro constructoras empezaron a explotar en forma devasta-dora e indiscriminada la arena del río con maquinaria pesada en una extensión de más de 50 kilómetros abarcando los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo y San Mi-guel de Allende. El principal depredador fue Extractiva Rodríguez, SA de CV (hoy Coro-sa) ubicada a un costado de la estación del ferrocarril. Ante esta situación, a principios de esta década se formó un grupo en defensa del río: Amanecer con el Río Laja.

En 2005, algunos integrantes de este grupo formaron la cooperativa Desarrollo Ecológico y Aprovechamiento Comunitario Sustentable y gestionaron una petición de concesión para extraer materiales del río, al

contar con la documentación requerida para este fin (firmas de gente de las comunidades, estudios ambientales etcétera). Argumenta-ron públicamente que era necesario extraer materiales del río para financiar su rehabili-tación, pero nos pareció una contradicción y nos sentimos traicionados. Durante 2006 y 2007, en su campaña para reclutar miem-bros, la cooperativa prometió jugosas ganan-cias al que entrara al negocio de la venta de arena y grava. Nosotros sabemos que para re-habilitar el río no es necesario tanto recurso, basta con dejarlo recuperarse e invertir un poco en las propiedades que colindan.

En enero de 2008 la cooperativa recibió un permiso provisional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Inició labores de extrac-ción frente a la comunidad de Río Laja ante lo cual nos reunimos un grupo de vecinos y fui-mos a impedirlo. Logramos que la cooperativa saliera de allí, pero sólo cambió de lugar. Desde este día decidimos hacer guardia día y noche hasta resolver el conflicto o hasta que terminara el periodo que tienen marcado en el permiso.

En el transcurso de 2008 hicimos varias di-ligencias ante la presidencia municipal; con el titular de la Conagua en el estado, Felipe Polo, con el director de Ecología del estado Enrique Kato Miranda, y con el coordina-dor de asesores de gobierno estatal, Héctor García Cerrillo. También tuvimos reuniones con la Conagua, la Secretaría de Medio Am-biente y el secretario de gobierno del estado, Gerardo Mosqueda, pero no hubo respuestas favorables para el río.

Como grupo opositor a la extracción, he-mos recibido amenazas, intimidaciones, agre-siones, demandas ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, aun-que la única acción del movimiento ha sido im-pedir que entre la cooperativa al río a destruirlo.

En diciembre de 2008 la Conagua otorgó el título de concesión a la cooperativa. Este 2009 la cooperativa empezó la extracción el 13 de enero, con un impresionante despliegue ya mencionado. Nos presentamos en el lugar el 28 de enero, y al tratar de acercarnos a los funcio-narios estatales, fuimos reprimidos y agredidos por los elementos de seguridad, sin lograr nues-tro objetivo. El 17 de febrero nos manifestamos frente al palacio de gobierno de Guanajuato, solicitando infructuosamente una audiencia con el gobernador.

El 26 de febrero nuevamente intentamos de-tener la extracción a pesar de la vigilancia de la fuerzas públicas. Nos apostamos en un lugar estratégico en la comunidad de San Miguelito e impedimos la entrada de la maquinaria pesa-da al cauce del río. Aquí permanecimos hasta el uno de julio, cuando terminó el permiso de la concesión.

Hemos seguido presentando oficios y escri-tos a las dependencias involucradas en el con-flicto, que cada día se va agravando. Tuvimos una mesa de diálogo con la cooperativa, pero no se llegó a ningún acuerdo. La cooperativa no aceptó alternativas de aprovechamiento sustentable, e insistió en la extracción de are-na. Nosotros creemos que el río necesita una rehabilitación y debe empezarse por dejar de extraer sus materiales del cauce.

Nos oponemos a la extracción precisa-mente porque entendemos la importancia que tiene la arena en el ecosistema del río. El saqueo excesivo ha provocado pérdida de vege-tación ribereña, deslave de taludes y erosión de la zona de inundación. También la arena tiene un papel importante en la conservación del agua, ya que es como una esponja que absorbe el líquido y permite su filtración al subsuelo.

A pesar de toda la represión y ataques que hemos sufrido, seguimos en la misma posi-ción: defender y cuidar nuestro río. Quere-mos que dejen en paz al río y todos sus re-cursos, que se cancele la concesión y que no se den más a nadie. Seguiremos en pie por nuestro objetivo, contando solamente con los recursos propios, que son las aportacio-nes económicas o en especie de todos los que formamos el movimiento y de quienes simpatizan con nuestra causa. coalició[email protected]

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TODOS UNIDOS POR LA VIDA DEL RIO LAJA

Evento: Escuela Género y Agua. Organiza: Mujer y Medio Ambiente, AC y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Fecha: julio 23 y 24 / agosto 26 y 27 / septiembre 23 y 24. Informes: Brenda Rodríguez –

Mujer y Medio Ambiente, AC – 56-58-34-62 / 044-55-29-36-79-85e-mail: [email protected]

Evento: Foro Nacional “Los pueblos indígenas de México, raíz cultural de la nación”. Organiza: Central de Organizaciones Campesinas y Populares, AC. Lugar: Parque Temático Takilhsukut en el municipio de Papantla, estado de Veracruz. Fecha: 7, 8 y 9 de agosto de 2009. http://lospueblosindigenasdemexico.blogspot.compueblosindigenasdemexico@gmail.com

Evento: ¡Próximas reforestaciones! Organiza: Manos a la Tierra. Lugares y fechas: 25 de julio – Comunidad Mazahua / 8 de agosto – Los Dínamos / 22 de agosto – Ocuilan / 27

de agosto – Iztaccihuatl. Informes: www.manosalatierra.org / teléfono 85-96-49-79

Evento: Teatro campesino (Se acabó el tiempo del amor y Antes cruzaban los ríos, de Emilio Carballido y La televisión enterrada, de Tomás Espinosa). Organiza: Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena (LTC). Lugar: Instalaciones del ex Convento de Culhuacán (Ubicado en la calle Morelos 10, cerca de Av. Taxqueña y Tláhuac, en Culhuacán Iztapalapa. Fecha: Del 19 de junio al 13 de septiembre (viernes, sábado y domingo). Informes: Teléfonos: 56-08-01-63 / 56-08-01-22

Folleto informativo: Píntale la raya al cambio climático. Redacción: Cecilia Navarro. Informes: www.pintalelaraya.org y en [email protected]. Píntale la raya al cambio climático es una campaña

plural, impulsada por organizaciones y ciudadanos, que busca promover la acción social para frenar el cambio climático mediante un nuevo acuerdo global que sea justo, equitativo, sustentable y promueva compromisos signifi cativos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en México y en todo el planeta.

Publicación: La destrucción de México. La realidad ambiental del país y el cambio climático. Autores: Greenpeace México. Las tendencias ambientales del país no

han cambiado. A pesar de las alertas de organizaciones y de académicos, México aún presenta uno de los mayores índices de degradación ambiental del mundo. Aquí las cifras recientes actualizadas hasta el 2009.Informes: www.greenpeace.org/mexico.

Este gran despliegue de

fuerzas públicas llegó para

proteger a una empresa

comercial que extrae arena

del río Laja, en contra de

nosotros, los inconformes

que queremos proteger el río


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Carlos San Juan Victoria

1 ¿Por qué en México no cuajó la historia acumulada del siglo XIX y primeros años del XX, con sus dos Repúblicas y el predominio de oligarquías dispuestas a borrar –con

la violencia cultural, jurídica y militar— el contrapeso de lo que aquí pudiéramos denominar en forma provisoria como el po-der social-popular?; ¿por qué en este histórico palimpsesto de rayas, textos y garabatos diversos aparece, por el contrario –en curiosos y a veces indescifrables diseños— el alba de una políti ca popular? (en el esplendor de sus corrupciones, cierta-mente, pero también de conquistas sociales ciertas).

La respuesta parte de una simple y llana constatación: los torrentes armados que bajaron de Sonora y Coahuila y se en-contraron con los afl uentes rebeldes del centro del país en las dos primeras décadas del siglo XX le doblaron la mano al desti no manifi esto de la utopía oligárquica. Surgió entonces una tercera República que ya no pudo gobernar como antes.

Dicho de otra forma: la erupción rural cambió los rumbos del barco en el que todos estamos encaramados, obligando a que se inventara sobre la marcha una políti ca popular de muchos fi los que rehizo elites, alianzas, pactos y subordina-ciones. Y conformó los perfi les de un nuevo Estado-nación.

2 En el impulso referido, la Revolución transformó de manera radical el horizonte vital de por lo menos tres generaciones, incluso en espacios geográfi cos en los

que no se registró movimiento armado propio. De la sierra

y del campo a la ciudad, de los ofi cios campesinos a los sin-dicatos y al sistema de educación básico y superior, de las enfermedades curables y mortales a las incurables a secas: en esos desplazamientos bruscos, entre otros, pudo dibu-jarse la transformación profunda de nuestro ser nacional.

Visto desde otro ángulo, podemos decir que los campesinos –con todo lo que implica su ruralidad– dejaron plasmadas sus huellas profundas, pero a la vez llegaron para quedarse –como eco, huella, ser o voz profunda— en la vida políti ca del país.

3 Son estas grandes huellas profundas en el ser y en la memoria nacional las que inquietan a las elites ac-tuales, pues reviven multi plicadamente o en torren-

tes diversos como emociones, imágenes y fi guras rebeldes (populares) de acción social y de heroicidad. En un mensaje que ha dicho –y sigue diciendo:a) Que rancheros, pueblos, mineros, arrieros, artesanos,

obreros, al resisti r para ampliar sus pequeños mundos locales y familiares, podían –pueden– formar parte de coaliciones amplias, hacer alianza con jefes militares, políti cos opositores, ideólogos, agitadores, rebeldes en general; y, con ello, desde la pequeña políti ca, que entran o pueden entrar y pelear –aún hoy– en la gran políti ca;

b) Que justo en el mar agitado de la movilización popular –y de la guerra-revolución, para el caso que nos ocupa–, es donde cristalizan (las) nuevas dimensiones básicas de la gran políti -ca: la que forja (o re-forja) a la nación, la soberanía y el Estado. Y todo ello dentro de un horizonte de derechos disponibles;

c) Que los recursos son de la nación. Que el Estado debe mediar y equilibrar en justi cia; Que… Ese es el tatuaje vivo y el escándalo vigente de la vieja

revolución.

4Todo lo anterior no puede leerse ahora –ya en el siglo XXI— como un mito legiti mador o como algo-que-ya-pasó en aquel mar de rebeliones sin trascendencia.

Nuestro presente ofrece una extraña conjunción de sa-ber, poder y resistencia popular –cada uno en su ruta y sus desafí os— que puede alumbrar caminos y posibilitar reconsideraciones profundas de la tantas veces visitada y enterrada Revolución. Y esa extraña pero identi fi cable conjunción se expresa en términos y lógicas de la propia movilización social, en experiencias de gesti ón de munici-pios y estados, en la construcción de nuevas insti tuciones y leyes, en usos y costumbres populares de muy diversa índole, etcétera.

Los nuevos poderes gobernantes pretenden desechar a la Revolución como ideología y como memoria, porque ya no le sirve. Pretenden un borrón y cuenta nueva que supri-ma regulaciones al capitalismo agrario y urbano y desteja o desestructure las rebeldías organizadas.

Pero a contrapelo viene o fl uye un claro renacer de memo-rias sociales que, sabemos, vendrán una vez más a contrade-cir… El saber, el poder y la resistencia social, entreveradas o cada una en su propia ruta, generarán de nuevo esa rendija que la lleve a tocar de nuevo a su –¿perdida?— Revolución.

100... 200... Con éste iniciamos una serie de artículos que arrojan nuevas luces sobre nuestras dos grandes guerras campesinas: la de Independencia y la Revolución

CUATRO TESIS PARA ACERCARSE A UN ESCÁNDALO


Agrupaciones campesinas e indígenas hondureñas y de diversas partes del mundo reaccionaron con un rechazo

unánime al golpe de Estado perpetrado en Honduras el 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya Rosales.

Los golpistas, en voz de Martha Alvarado, vicecanciller del gobierno de facto, han jus-tificado que Zelaya, miembro del derechista Partido Liberal, había virado a la izquierda en sus planteamientos de política social y exterior a tal grado que integró a Honduras en la Alter-nativa Bolivariana para las Américas (ALBA), liderada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Dicen que el golpe es “legal” pues previene intenciones de Chávez de controlar Honduras por medio de sus “tentáculos”.

Pero los campesinos e indígenas –en co-incidencia con los gobiernos de América y Europa y con organizaciones multinacio-nales– reprueban absolutamente el golpe de Estado y afirman que sus instigadores pretenden sostener el status quo del poder en Honduras, donde 13 familias monopoli-zan el poder económico del país por la vía de políticas neoliberales que han mantenido empobrecido y sometido el pueblo. He aquí, en resumen, algunas de las expresiones cam-pesinas e indígenas:

Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras (La Central). “Nos solidarizamos y unimos a todas las organizaciones repre-sentativas de diversos sectores (...) que se han manifestado y reclaman que inmediatamente se restituya en sus funciones al presidente Ma-nuel Zelaya Rosales (...) Hacemos un llamado a todas nuestras organizaciones de base para unirnos al llamado nacional de resistencia pa-cífica y huelga general y movilizarnos hacia Tegucigalpa frente a casa de gobierno para hacer una resistencia pacifica hasta que el presidente sea reintegrado en sus funciones.”

Wendy Cruz, de La Vía Campesina en Hon-duras, en declaraciones al periódico brasile-ño Brasil de Fato. El golpe (a Zelaya) se debe, justamente, a que “decidió ver si el pueblo hon-dureño deseaba ser consultado para acerca de

si se instalaba una cuarta urna en las próximas elecciones de noviembre. Por darle participa-ción real al pueblo fue que le dieron golpe de Estado los grupos de poder de este país (...) El poder ha sido monopolizado por trece familias, como los Kafati, Ferrari, Facuse, Villedas, La-rach, Rosental, entre otros. Este grupo tiene secuestradas todas las instituciones del Estado e incluso tienen a su orden a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional de la Repú-blica (...) Para que mires cómo proceden, hacia mediodía del 30 de junio la Corte Suprema ha emitido 25 órdenes de captura y enjuiciamien-to para los principales líderes populares, entre ellos Rafael Alegría, Carlos H. Reyes, Berta Oliva, Juan Barahona y Andrés Pavón.

Red de Comercialización Comunitaria Al-ternativa (Red Comal). Denunció la desapari-ción de dos de sus miembros de base, Francisco

Ramírez y Juan Castellanos, que participaban en acciones de resistencia al golpe.

Rafael Alegría, de La Vía Campesina Hon-duras y asesor del presidente Zelaya para temas agrarios. Entrevista de Miguel Vera. “Nos preparamos para recibir al presidente Zelaya de manera masiva, el pueblo hondure-ño se prepara para ello y sin lugar a duda espe-ramos que Zelaya asuma el control del Estado y del gobierno como presidente legítimo. Eso nos permitirá terminar con el desgaste, con la confrontación y con la movilización para entonces darle paso a la paz, a la tranquilidad y seguir gobernando para el bien de las ma-yorías, tratando de reorganizar el Estado de-mocrático al que aspiramos los hondureños.”

“Hemos estado muy pendientes de las ac-ciones internacionales, las deliberaciones, los

acuerdos y nos complace infinitamente ese apo-yo, en especial de la ALBA, seguida del Grupo de Río, y la Organización de Estados America-nos (OEA), y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Estas acciones reflejan un consenso general de rechazo (al gol-pe) en América, así como también en la Unión Europea, para reconocer y apoyar como único presidente electo (...) a Zelaya Rosales.”

Berta Cáceres, presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e In-dígenas de Honduras (Copinh). “La movi-lización en el día de hoy ha sido un éxito. Llegaron alrededor de 20 mil personas a la capital. El pueblo hondureño sigue desafian-do la represión, sigue desafiando al golpista Micheletti, y las acciones son a nivel nacio-nal. Siguen produciéndose las tomas popula-res en diferentes partes del país, en alcaldías, carreteras, algunas tan importantes como las del norte del país están tomadas.

“De modo general continuaremos profun-dizando las movilización hacia Tegucigalpa, profundizando también la huelga general (...) Acciones dirigidas a demandar que ningún go-bierno, y sobre todo, el de Estados Unidos, re-conozcan al gobierno golpista de Micheletti”.

La Vía Campesina Internacional. ”Convo-camos a las organizaciones sociales de todos los países a que coordinen en sus países la denuncia, rechazo, condena de este golpe. Las informaciones que recibimos de Hon-duras son que el pueblo sigue movilizado y que muchas personas, incluso dirigentes de CLOC/Vía Campesina de este país están con persecución y con órdenes de captura y para esto convocamos a la movilización”.

National Farmers Union (NFU), de Cana-dá. En carta dirigida al primer ministro de Canadá le piden que declare urgentemente que Canadá apoya el regreso del presidente democráticamente elegido, Manuel Zelaya, a Honduras y hacer un llamado para que la cre-ciente represión en Honduras llegue a su fin.

Consejo Nacional de Organizacio-nes Campesinas (Conoc), de México (AMUCSS, ANEC, CNOC, CEPCO, FDC, MAÍZ, Red-MOCAF). Este consejo, conformado por organizaciones nacionales de base campesina, comunitaria e indíge-na, independientes y autónomas, algunas de ellas vinculadas a La Vía Campesina, comprometidas en la lucha por la sobera-nía alimentaria, la defensa de la agricultura campesina y el derecho a la alimentación, se manifiesta enérgicamente contra el golpe de Estado de la oligarquía hondureña y se so-lidariza con las organizaciones campesinas y populares de ese país. La Conoc pide res-peto a la soberanía popular y restitución del presidente Zelaya; alto a la represión contra campesinos; respeto al derecho del pueblo hondureño al desarrollo y al ejercicio pleno de su soberanía, y alto a la utilización del ejército hondureño para reprimir a su propio pueblo (Enrique Pérez Suárez).

RESPUESTA CAMPESINA AL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

El poder ha sido monopolizado

por trece familias, como los Kafati,

Ferrari, Facuse, Villedas, Larach,

Rosental, entre otros. Este grupo

tiene secuestradas las instituciones

del Estado e incluso tienen a su

orden a la Corte Suprema de

Justicia y al Congreso Nacional

no. 22 originarios

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