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    NACIONES UNIDAS

    PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y

    POLTICOS.

    __________________________

    Comit de Derechos Humanos

    Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artculo 40 del Pacto

    Sptimo informe peridicos que los Estados partes deban presentar en 2014

    Sptimo Informe de Colombia / Documento CCPR/C/COL/7

    Documento de observaciones al Sptimo Informe Peridico de Colombia

    Presentado por las organizaciones indgenas

    ORGANIZACIN WAYUU PAINWASHI; ASOCIACIN WAYUU ARAURAYU ; y ASOCIACIN AKUAIPA

    WAIMAKAT Filiales de la ONIC ORGANIZACIN NACIONAL INDGENA DE COLOMBIA

    Julio 25 de 2016

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    Informacin de las organizaciones indgenas de Colombia: WAYUU PAINWASHI, WAYUU ARAURAYU y AKUAIPA WAIMAKAT ante el COMIT DE DERECHOS HUMANOS respecto del seguimiento al Sptimo Informe Peridico del Estado Parte (Colombia) / Documento CCPR/C/COL/7 , y en torno al Cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.

    I. Generalidades.

    1. Los pueblos indgenas de Colombia no desconocemos que tras la promulgacin de la Constitucin Poltica de 1991 y la ratificacin del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indgenas y tribales en pases independientes, el estado de Colombia ha reconocido la visibilidad de los 104 pueblos indgenas y ha presentado desarrollos legislativos importantes tendientes a superar y eliminar la discriminacin estructural, la exclusin y el despojo territorial histrico sufrido.

    2. Aun a pesar de los reconocimientos constitucionales, jurisprudencia y normativas de implementacin, los pueblos y organizaciones indgenas seguimos a la espera de la concrecin de los derechos reivindicados y consagrados en la Constitucin, y a la espera de que instrumentos internacionales como el Convenio 160 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos puedan ser implementados en concreto frente al marco continuo de afectaciones directas e indirectas a los derechos humanos, derechos fundamentales, y derechos civiles y polticos que seguimos viviendo los 104 pueblos indgenas.

    3. Los pueblos Indgenas de Colombia, an seguimos atentos a los compromisos institucionales gubernamentales en todos los niveles para garantizar e implementar la solucin de problemticas de vida y pervivencia de nuestras comunidades y sus territorios ancestrales, Siguen sin ejercerse las autonomas indgenas; el marco normativo de derechos especiales indgenas no sale del papel; y las polticas pblicas a establecer en torno de la garanta del derecho propio, el ejercicio de las jurisdicciones especiales, y la implementacin de la educacin propia siguen permanentemente atadas a filtros y controles normativos que dilatan las relaciones interculturales y niegan el verdadero reconocimiento de la diversidad.

    4. El presente informe alternativo corresponde al conjunto de reflexiones de comunidades y pueblos indgenas de Colombia en eventos temticos, documentos, autodiagnsticos y jornadas colectivas de anlisis del sistema de la Organizacin Nacional Indgena de Colombia ONIC, y referidos a la observancia por Colombia al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos (Ley 178 de 1968).

    5. El presente documento de informe busca muy respetuosamente que los miembros del Comit de Derechos Humanos mejoren el contexto de entendimiento de las realidades de los pueblos indgenas de Colombia y las polticas pblicas del Estado Parte del Pacto respecto de garantizar los derechos civiles y polticos de los pueblos indgenas.

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    II. Disposiciones sustantivas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.

    Artculo 1: derecho de libre determinacin de los pueblos

    7. La Constitucin Poltica de 1991 consagra en Colombia el reconocimiento del derecho a la Libre autodeterminacin de los pueblos (Artculo 9). Complementariamente, el artculo constitucional 286 promulga el ordenamiento territorial del pas dndole a los pueblos indgenas el derecho a conformar las Entidades Territoriales indgenas o ETIs, con capacidad de autogobierno y de acuerdo a sus jurisdicciones especiales y en un marco de reconocimiento legal y de autonoma administrativa y territorial.

    8. Consagrar e implementar las Entidades Territoriales Indgenas plenas de gobernanza y autonoma indgena ha sido un tema evadido por los diferentes gobiernos colombianos y el congreso nacional desde 1991; este vaco de reconocimientos ha generado que se dispongan normativas paliativas y de poco alcance conducentes a permitir que las comunidades indgenas gocen de pequeos recursos financieros para el impulso de pequeos proyectos de inversin social. El Decreto 1088 de 1993 permite que las Autoridades Tradicionales Indgenas se asocien gremialmente y propongan proyectos de inversin con recursos de participacin o ingresos nacionales, pero su administracin es determinada desde 1994 por los alcaldes municipales que se han venido feriando los recursos y han generado grandes focos de corrupcin al interior de las comunidades.

    9. Tras un proceso nacional de movilizaciones y exigencias de los pueblos indgenas por los incumplimientos estatales en hacer cumplir los derechos obtenidos en la Constitucin de 1991, el gobierno nacional promulg el Decreto 1397 de 1996 que estableci la Comisin Nacional de Territorios (CNT) y la Mesa Permanente de Concertacin Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indgenas (MPC), cada una con funciones distintas pero con una estructura muy similar. En 2014, el gobierno suscribi se comprometi con la Mesa Permanente de Concertacin Nacional en el ajuste de los presupuestos generales de la nacin orientados a fortalecer los territorios indgenas en articulacin al Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018. A junio de 2016, slo un 7% de los 191 acuerdos suscritos han sido cumplidos.

    10. En Octubre de 2014 fue promulgado el Decreto 1953, que garantiza la autonoma poltica y administrativa de los territorios indgenas en Colombia. A Julio de 2016 sigue sin implementarse dado el conjunto de conceptos institucionales de las entidades de planeacin nacional y del ministerio de Interior que argumentan que los pueblos indgenas no estn preparados para instituir zonas autnomas por carecer de capacidades estructurales y experiencia administrativa. Se niega el enfoque diferencial en este proceso de reconocimientos de autonomas, y se designan criterios de decisin de conformacin de estas autonomas indgenas en manos de entes estatales que desconocen las realidades indgenas.

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    11. La Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-049 de 2013 ampar el derecho fundamental a la autonoma y la libre determinacin de los pueblos indgenas, a la no intervencin del gobierno en la esfera del gobierno indgena, al derecho de estas comunidades a guiarse por sus usos y costumbres, a la proteccin de su diversidad e identidad cultural mediante una educacin con enfoque diferencial, y a la consulta previa de las comunidades indgenas. Este derecho an no se concreta: la voluntad poltica de las instituciones pblicas sigue reacia a reconocer estos derechos; alcaldas, gobernaciones, ministerios e instituciones estatales siguen desplegando acciones de inversin e incidencia sin tener en cuenta las cosmovisiones y derechos especiales indgenas.

    12. Existe una poltica de manejo paternalista del Ministerio del Interior a travs de su oficina de Etnias, Afroamericanos y Rom; la entidad utiliza su poder de registro de las autoridades tradicionales en el pas a la par de intereses ajenos a los pueblos indgenas; establece mecanismos de consulta previa sin escuchar a las comunidades de base; instaura entes de concertacin y dilogo que dividen a las comunidades y territorios indgenas; y establece conceptos y criterios que van en contrava a la implementacin de decretos esenciales de incidencia en la implementacin de la autonoma territorial y administrativa de los pueblos indgenas.

    13. Aun cuando se ha promulgado desde hace casi tres dcadas el derecho de autonoma de los pueblos y territorios indgenas, el Estado Colombiano sigue observando a los pueblos indgenas como ciudadanos de segundo plano o menores de edad a travs de polticas pblicas coordinadas por entes paternalistas y de proteccin al indgena en detrimento de las realidades y peticiones de los territorios indgenas.

    14. Es preocupante ver el avance de las autorizaciones de licencias ambientales para permitir proyectos de economa extractiva en territorios considerados como reserva natural del pas; y es alarmante observar la ampliacin e inicio de proyectos mineros y macro proyectos en territorios indgenas de alta vulnerabilidad. Proyectos mineros que no contemplan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indgenas; y proyectos extractivos que hoy, en pleno cambio climtico, reducen las escasas reservas de agua para beneficio de unos pocos y en detrimento de grandes comunidades tnicas y su futuro.

    15. Las instituciones pblicas de Colombia siguen cerrando las puertas a las propuestas de los pueblos indgenas respecto de la implementacin de escenarios de desarrollo propio concebido desde la cosmogona de las comunidades indgenas; se siguen instaurando medidas estatales y gubernamentales en todos los rdenes respecto de planes de inversin y proyectos de desarrollo que siguen afectando las estructuras culturales y sociales de las comunidades.

    16. Es urgente que el Gobierno Nacional concerte con los Pueblos Indgenas, e implemente, en un breve tiempo, la adecuacin de una institucionalidad que responda a criterios de integralidad, reconocimiento, respeto, pertinencia cultural, coordinacin, efectividad, que disponga de autonoma poltica y financiera, con capacidad tcnica y administrativa y logren concretarse temas nacional