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ACTIVISMO JUDICIAL COMO GARANTE DE LOS DERECHOS SOC IALES FRENTE AL NEOLIBERALISMO DESDE
LA CONSTITUCIÓN DE 1.991.
ALEJANDRO PICÓN RODRÍGUEZ
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
BOGOTÀ D.C. 2010
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ACTIVISMO JUDICIAL COMO GARANTE DE LOS DERECHOS SOC IALES FRENTE AL NEOLIBERALISMO DESDE
LA CONSTITUCIÓN DE 1.991.
MONOGRAFIA
ALEJANDRO PICÓN RODRÍGUEZ
PRESENTADO A DOCTORA GLADYS HERNANDEZ T
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
BOGOTÀ D.C. 2010
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7 OBJETIVOS 8 JUSTIFICACIÓN 9 METODOLOGÍA 12 MARCO TEORICO 1. HISTORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO LIBERAL 14 1.1 CONCEPTO DEL LIBERALISMO ECONOMICO 14 1.2 ESCUELAS DEL LIBERALISMO ECONOMICO 14 1.2.1 La Escuela Clásica 14 1.2.2 La Escuela Neoclásica 15 1.3 LA ACTUALIZACIÓN ECONOMICA DEL LIBERALISMO 17 2. LA POLITICA NEOLIBERAL EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 18 2.1 DESARROLLO DE LA POLITICA NEOLIBERAL EN LATINOAMERICA 18 2.2 DEL CENTRO Y LA PERIFERIA 19 2.3 ESTRATEGIAS INTERNACIONALES 20 3. LA POLITICA NEOLIBERAL EN COLOMBIA 22 3.1 CONCEPTO Y DESARROLLO 25 3.2 CONTEXTO HISTORICO DE LA LIBERACIÓN ECONOMICA EN COLOMBIA 25
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3.3 EFECTOS SOCIALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA NEOLIBERAL 30 4. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL FRENTE AL NEOLIBERALISMO 32 4.1 LA CONSTITUCIÓN DE 1.991 Y EL NEOLIBERALISMO 32 4.2 ESTADO SOCIAL DE DERECHO 33 4.3 LA EFICACIA JUDICIAL DE LOS DERECHOS SOCIALES EN EL CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO 42 4.4 RELACIONES ENTRE CONSTITUCIÓN Y MODELOS ECONOMICOS 47 CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende abordar teóricamente la relación que existe entre
el neoliberalismo y la justicia constitucional colombiana desde la promulgación
de la carta política de 1991. La hipótesis que se intentará demostrar a lo largo
de la investigación puede resumirse en la siguiente afirmación: existe una
disputa entre los poderes del capital y los poderes de la ciudadanía que se
manifiesta como un conflicto entre principios racionalizadores del derecho.
Los objetivos que nos ayudarán a resolver el problema de investigación y
demostrar o no la hipótesis, tienen que ver con poder identificar el papel que
han tenido los y las jueces a través de sus sentencias para hacer prevalecer el
Estado Social de Derecho y contrarrestar los efectos de la política de mercado
a partir de la promulgación de la carta política de 1991, para ello se intentará
definir y caracterizar el modelo neoliberal y sus efectos en Latinoamérica,
concretamente en Colombia, y seguido a ello se analizará las sentencias que
ha emitido la Corte Constitucional respecto a la protección y garantía de los
derechos sociales a partir de la promulgación de la carta política de 1991.
La investigación está dividida en tres fases que nos ayudarán a cumplir a
cabalidad con cada uno de los objetivos planteados; la primera tiene que ver
con la delimitación teórica y conceptual del tema de investigación, para ello se
hará una caracterización del modelo neoliberal y se determinará y analizará la
forma como la política de mercado se ha venido implementado en Colombia;
teniendo en cuenta el contexto histórico-político del país, así como algunos
indicadores y estadísticas sociales.
Seguido a esto se analizará comparativamente las diferentes sentencias que
ha emitido la Corte Constitucional respecto a la protección y garantía de los
derechos sociales a partir de la promulgación de la carta política de 1991.
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De este modo se podrá determinar cuál ha sido el papel de la justicia
constitucional frente a la política de mercado, y si de alguna manera los y las
jueces han podido hacer frente a los catastróficos efectos del neoliberalismo
haciendo prevalecer el Estado Social de Derecho.
La presentación de la investigación estará dada por un marco conceptual en
donde se exponen las principales características del liberalismo y el
neoliberalismo mundial a través de la revisión bibliográfica de los diferentes
enfoques y autorías, allí encontraremos los planteamientos de la escuela
clásica y neoclásica de la economía, el desarrollo de la política neoliberal en el
contexto latinoamericano, el contexto histórico de la liberación económica en
Colombia, así como los efectos sociales de la implementación de la política
neoliberal en el país.
Después del marco conceptual nos encontraremos con el cuerpo del trabajo,
allí se abordará el tema central de la investigación “la justicia constitucional
frente al neoliberalismo”, desarrollando cuatro ejes a saber: la constitución de
1991 y el neoliberalismo, el Estado Social de Derecho, la eficacia judicial de los
derechos sociales en el constitucionalismo colombiano y las relaciones entre
constitución y modelos económicos.
Las conclusiones estarán basadas en la comparación que se haga de los
temas abordados en el marco conceptual con el análisis de las sentencias
emitidas por la Corte Constitucional después de 1991.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo ha contribuido el activismo judicial a contrarrestar la implementación de
la política neoliberal en Colombia en el marco del Estado Social de Derecho a
partir de la promulgación de la carta política de 1991?
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JUSTIFICACIÒN
La calidad de vida de la gran mayoría de los y las colombianas es bastante
inquietante debido a la implantación de la política neoliberal, puesto que la
realidad refleja un panorama sombrío en aspectos tales como el desempleo, el
incremento de la pobreza, la excesiva competitividad, la acumulación de la
riqueza en pocas manos, el despido masivo de los empleados del Estado, la
motivación por parte del Estado para la incursión de capitales foráneos en la
economía, la enajenación de entidades del Estado, concretándose así ese
oscuro panorama, soslayándose así los intereses de las clases menos
favorecidas. En síntesis la política ideológica de mercado ha traído desfases
sociales como nunca antes se había registrado a través de la historia.
Es así como el liberalismo económico del siglo XVIII tenía como fundamento el
“dejar hacer, dejar pasar”, dejando al Estado al margen, esto conllevo a que el
Estado tomara políticas intervencionistas, en las épocas del economista ingles
Jhon Keynes y logro fortalecer las economías de los países, pero el excesivo
protagonismo del Estado estableció las bases para la política neoliberal, la cual
enfoca su discurso a la política del Estado benefactor, y le otorga un papel
preponderante al mercado, a la apertura económica y a la reducción del
Estado.
La imposición de la política neoliberal en los países latinoamericanos, ha
generado desfases estructurales en razón a que esta política no es
consecuente con el verdadero problema económico debido a que los países en
vía de desarrollo requieren otro tratamiento en políticas económicas diferente
al paradigma neoliberal.
La lucha por una vida más digna e independiente se ve enmarcada por
condicionamientos extranjeros que atentan continuamente contra el bienestar
de los pueblos.
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En este orden de ideas los parámetros socioeconómicos tienen que propender
a buscar un equilibrio y bienestar social de acuerdo a nuestras condiciones y
necesidades.
El neoliberalismo también se puede entender como una fase del capitalismo y
en este sentido la racionalidad capitalista va en contra vía con la
materialización de los derechos sociales, es decir unos y otros chocan
frecuentemente, en tanto el derecho a la expansión del mercado como principio
de orden social, va en contra vía de los derechos a la igualdad política y a las
oportunidades económicas. Este conflicto no esta saldado. El neoliberalismo
acumula fuerza mediante los exitosos ataques contra la estabilidad de las
relaciones laborales, nutre su poder mediante la disolución del Estado,
agranda su cartera con cada privatización, y se yergue inviable mientras más
se expande la propiedad trasnacional sobre los recursos, territorios,
conocimientos y el trabajo de millones.
En este contexto surge un interrogante, cómo no reconocer que la disputa en
estos tiempos entre los poderes del capital y los poderes de la ciudadanía es a
la vez un conflicto entre principios racionalizadores del derecho.
La Carta Política de 1991, es en este sentido un paradigma de la expresión de
las relaciones de poder en principios contradictorios de derecho, es decir los
derechos de propiedad, la apertura de las políticas públicas a las empresas
privadas, la privatización de las empresas estatales, el Banco de la República
como ente autónomo y sin control ha sido un garante del monetarismo, y del
otro lado el derecho a la participación social, el derecho al trabajo digno, al
buen trato, a la salud y educación, el derecho de los pueblos indígenas a sus
autoridades, sus tierras y sus relaciones productivas de carácter comunitario.
Es en esta confrontación que el papel de los jueces ha adquirido
preponderancia por cuanto se ha desplegado un activismo judicial apuntando
hacia la dignificación de la vida de los coasociados, profiriendo sentencias de
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calado social y que han permitido contrarrestar los embates de la política de
mercado, teniendo como base de interpretación al individuo como fin, en otras
palabras propugnando por un constitucionalismo fundamentalmente
antropocéntrico.
Lo que ha permitido este nuevo derecho, como lo llaman algunos juristas, es
que este enfoque permite hacer acopio de principios y valores emanados de la
carta, dándole una importante dinámica a las relaciones entre el derecho y la
sociedad que ha observado como sus derechos finalmente se materializan a
través de las sentencias de la Corte Constitucional dentro del marco de un
Estado Social y Democrático de Derecho.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
- Identificar el papel que han tenido los y las jueces a través de sus sentencias
para hacer prevalecer el Estado Social de Derecho contrarrestando los efectos
de la política de mercado, analizando las sentencias que ha emitido la Corte
Constitucional respecto a la protección y garantía de los derechos sociales que
tienden a dignificar al ser humano, a partir de la promulgación de la carta
política de 1991.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Definir y caracterizar el modelo neoliberal y sus efectos en
Latinoamérica, concretamente en Colombia.
- Señalar como los y las jueces le han dado un nuevo enfoque al Derecho,
a partir del vocablo social.
- Definir ampliamente el concepto del Estado Social de Derecho y su
eficacia dentro del constitucionalismo colombiano teniendo como eje al
ser humano.
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METODOLOGÍA
El presente trabajo es un estudio documentado y comparativo, en donde se
caracteriza y relaciona la disputa que existe entre los poderes del capital
(neoliberalismo) y los poderes de la ciudadanía (derechos sociales).
El primer paso consiste en delimitar conceptualmente el tema de investigación;
para ello se hará una caracterización del modelo neoliberal partiendo de los
clásicos de la economía (Smith y David Ricardo), hasta llegar a autores
contemporáneos como Raúl Prebish.
Seguido a ello, se determinará y analizará la forma como la política de mercado
se ha venido implementado en Colombia; teniendo en cuenta el contexto
histórico-político del país, así como algunos indicadores y estadísticas sociales.
Finalmente se analizará comparativamente las diferentes sentencias que ha
emitido la Corte Constitucional respecto a la protección y garantía de los
derechos sociales a partir de la promulgación de la carta política de 1991 y que
hacen frente de alguna manera a las políticas neoliberales que afectan
notoriamente a los y las trabajadoras colombianas.
A continuación encontraremos una tabla que ilustra y sistematiza la
metodología utilizada en esta investigación:
OBJETIVOS Y FASES ETAPAS
FASE A: Definir y caracterizar el
modelo neoliberal y sus efectos en
Latinoamérica, concretamente en
Colombia.
Etapa 1: Identificar las principales
características del liberalismo y el
neoliberalismo mundial a través de la
revisión bibliográfica de los diferentes
enfoques y autor/as.
Etapa 2: determinar y analizar los
efectos que ha tenido la
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implementación del proyecto neoliberal
en Colombia, a partir de una revisión
histórica-política y del análisis de
algunos datos estadísticos e
indicadores sociales.
FASE 2: Analizar las sentencias que
ha emitido la Corte Constitucional
respecto a la protección y garantía de
los derechos sociales a partir de la
promulgación de la carta política de
1991.
Etapa 1: Seleccionar las sentencias
emitidas por la Corte Constitucional
que tengan relación directa con la
protección y garantía de los derechos
sociales de los y las ciudadanas desde
1991.
Etapa 2: Hacer un análisis comparativo
entre las sentencias escogidas
encontrando elementos comunes.
FASE 3: Cruzar la información de la
FASE 1 y 2
Etapa 1: comparar los temas y
conceptos abordados en el marco
conceptual con el análisis de las
sentencias emitidas por la Corte
Constitucional después de 1991.
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MARCO TEORICO
1. HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LIBERAL
1.1. CONCEPTO DEL LIBERALISMO ECONÓMICO
“El liberalismo en general puede ser entendido desde la perspectiva de la
defensa de la noción de libertad, con muy diversos alcances en materia
filosófica, económica y aun religiosa” (Plazas, Mauricio.1995:4).
Es así como la evolución de la corriente liberal, en sus diferentes aspectos, se
basa en que exista una conciencia objetiva para optar por cualquier decisión.
Entre los diferentes aspectos que se originan desde la perspectiva del concepto
de libertad, se observa la importancia de manera general, del liberalismo
económico.
Es decir, el liberalismo económico se basa en la defensa de las libertades de
tipo económico, por cuanto su confianza absoluta en el mercado, implica
libertad de producción, sugiere libertad de comercio de bienes y servicios que
se sintetiza en el postulado “dejar hacer, dejar pasar” planteado por el
economista escocés Adam Smith. Sobre esta base se desarrolla la política
liberal económica, dirigida a fortalecer el comercio, con el libre juego de la
oferta y la demanda.
1.2 . ESCUELAS DEL LIBERALISMO ECONÓMICO.
A través del tiempo el desarrollo del liberalismo económico ha sido permeado
por varias escuelas, como: el racionalismo filosófico, y el mercantilismo cuyos
representantes fueron: Adam Smith y David Ricardo, seguida por la escuela
neoclásica o liberalismo moderno.
1.2.1 La escuela clásica . Surge como reacción a la escuela mercantilista
difundida entre los siglos XVI al XVIII. La cual consideraba la posesión del
dinero, oro o plata, como base de la riqueza así como el fortalecimiento del
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comercio adoptando parámetros económicos donde fueran mayores las
exportaciones que las importaciones, restringido la libre competencia. La
escuela clásica mantuvo el interés que los fisiócratas mostraron por el origen y
la naturaleza del excedente económico, y extendieron el ataque a la política
mercantilista de restricción de la libre competencia, y optaron por centrar sus
pensamientos económicos al análisis de ese excedente basado en la
producción a partir de la cual pudiera acumularse capital.
El pensamiento clásico se sistematiza en la obra de Adam Smith “La riqueza de
las naciones”, donde se parte de la base que el sistema económico opera por
prueba y error. De tal manera que los individuos se acercan a la realidad
económica de acuerdo a las previsiones del mercado, y como consecuencia
cada individuo de alguna manera da el parámetro necesario para que se
produzcan determinada cantidad de bienes. O dicho en palabras del profesor
Osvaldo Sunkel “En el aparente desorden de la vida económica hay un orden
natural subyacente, en virtud del cual el sistema económico actúa de acuerdo
con cierto mecanismo que le es inherente, y que forma parte de la naturaleza”
(Sunkel, Oswaldo.1986:107).
Como complemento de esta visión del pensamiento clásico en cuanto al
mecanismo individual regido por leyes naturales, se debe agregar la
inobservancia institucional que plantearon los clásicos con el fin de que cada
individuo pueda decidir libremente en los mercados.
La revolución industrial influyo en los pensamientos económicos expuestos por
Adam Smith en relación con los países que por ese entonces estaban en el
proceso de industrialización y fue así como plasmó en su obra algunas
características del desarrollo económico como fueron: a) El énfasis en el papel
de la especialización del trabajo y su relación con el tamaño del mercado y b) la
importancia que concedió al papel del sector manufacturero en la aceleración
del crecimiento de la productividad (Cuevas, Homer.1996:351).
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En síntesis la base del liberalismo clásico, obedece a la confianza irrestricta en
el mercado, haciendo énfasis en el individuo y sus intereses y son
consecuentemente el auge del capitalismo.
El liberalismo clásico predomino por espacio de un siglo en Europa. Y en
palabras del profesor Mauricio Plazas “La escalada de miseria en varios
países, los levantamientos populares y las organizaciones de trabajadores,
dieron lugar a un necesario replanteamiento que origino tres tendencias de
importancia, como fueron los socialismos, el sindicalismo y la concepción
marginalista de la economía” (Plazas, Mauricio.1995:50).
1.2.2 Escuela neoclásica. Esta concepción dio paso al liberalismo moderno,
dentro de la cual, se origino la revolución keynesiana.
Es así como a partir de la crisis generada en el año de 1929, la depresión
económica, llegó al punto en que los productores de bienes y servicios se
quedaron con las mercancías debido a que la sociedad de consumo no
contaba con el circulante necesario para poder comprar los diferentes
productos que se encontraban en el mercado.
A raíz de la crisis generada, el economista inglés Jhon Keynes, estableció las
bases del intervencionismo estatal como critica a la teoría microeconómica del
mercado, y propuso un estado interventor, y no simplemente vigilante, como
hasta entonces se había realizado bajo los lineamientos de la política liberal
clásica.
El pensamiento keynesiano, introduce el concepto macroeconómico de la
economía, el cual trata sobre la política fiscal, el gasto publico, el producto
interno bruto y algunos agregados económicos necesarios para establecer la
intervención estatal.
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La conclusión del pensamiento keynesiano, se dirige a “criticar y presentar
nuevas formulas frente al sistema capitalista, el cual dio origen al desempleo, y
a la no redistribución de la riqueza por pocos sectores” (Plazas, Mauricio.
1995:58).
Como consecuencia de esta crítica Keynes plantea el intervencionismo Estatal
en dos sentidos: en primer lugar, un Estado regulador, que logre la
redistribución del ingreso, a través de regímenes tributarios progresivos, y en
general en un control de precios. En segundo lugar la participación activa en la
economía a través del gasto público.
Estos dos aspectos, conllevan, a una economía mixta. Que persigue la
redistribución del ingreso, para estimular la demanda global y de esta forma
hacer posible la ocupación plena.
1.3 LA ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA DEL LIBERALISMO
Al ser aplicados, los principios de Keynes, a lo largo del siglo XX, el
intervencionismo estatal fue sometido a críticas que tenían como objetivo
reducir al máximo el Estado benefactor y dejar todo en manos del libre
mercado.
El proteccionismo, por parte del Estado, fue la base de la crítica que informaría
la política neoliberal, con el fin de cambiar parámetros económicos, como la
redistribución a través de los instrumentos de la macroeconomía y política
monetaria y fiscal, por la apertura económica y la globalización.
Las incipientes industrias protegidas por el Estado, no respondieron con las
expectativas creadas, trayendo como consecuencia:
“La inflación frente al consumidor, ya que el Estado no podía responder en
forma equilibrada frente a la oferta y la demanda. Y la política intervencionista,
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fue inflando cada vez más el gasto público, además de crear un ente
burocrático, siendo objeto de corrupción” (Plazas, Mauricio. 1995:107).
Este análisis dio pie a la implementación de la política neoliberal, que
fundamentalmente, busca la reducción del Estado con los siguientes matices:
a). La eliminación del proteccionismo por la apertura económica y la
globalización; b). La reducción del Estado y como consecuencia la
privatización; c). El abandono del reglamentarismo de control de precios,
salarios, tasas de interés, por el libre juego de las fuerzas del mercado; d). El
cambio del impuesto sobre la renta, por los impuestos al gasto y al capital.
(Plazas, Mauricio. 1995:68).
Es así como los neoliberales, a ultranza le otorgan un papel preponderante al
mercado, dándole libertad a la oferta y la demanda de bienes y servicios
complementándola con el papel protagónico de cada persona en el contexto
económico, es decir, el individualismo. Como consecuencia se observa que los
neoliberales dejan el mercado en un primer plano contrario a la economía
planificada
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2. LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO
2.1 DESARROLLO DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN LATIN OAMÉRICA
El desarrollo de la política neoliberal, ha influido de manera radical en los
países tercermundistas. A través del tiempo representantes, intelectuales y
economistas han recorrido la tierra del sur con sus teorías logrando concretar
estrategias que se han plasmado en imposiciones, referidas al manejo político-
económico que deben desarrollar los países tercermundistas a través de
órganos e instituciones internacionales de la banca mundial.
Estas imposiciones han tenido respuesta en la obra del economista argentino
Raúl Rebish titulada “El Capitalismo Periférico”, quien estudio la materia para
defender los intereses económicos de los países latinoamericanos y ser
consecuente con su realidad.
2.2 DEL CENTRO Y LA PERIFERIA
Las relaciones internacionales entre los países del centro (países
industrializados) y la periferia (países en vías de desarrollo), son desiguales
debido a la industrialización y tecnificación de los primeros y la dependencia de
los segundos.
La desigualdad entre el centro y la periferia, es aun mayor en cuanto al
comercio internacional: provocando la miseria en los países latinoamericanos, y
aumentando cada día más la brecha entre ricos y pobres.
De acuerdo con el economista Raúl Prebish “la realidad no es coherente en el
sentido que el comercio internacional de alguna manera busca el equilibrio en
los países tercermundistas, todo lo contrario, la periferia ha tenido un papel
pasivo en términos de intercambio comercial debido a la baja productividad
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como consecuencia de un proceso de tecnificación bajo, creando un deterioro
permanente en las relaciones comerciales” (Prebish, Raúl. 1981:35).
El economista Raúl Prebish desde el año de 1950, ha realizado estudios a
través de la CEPAL, encaminados a estructurar las políticas económicas en
América Latina, originando así el estructuralismo, que se concibe como: “el
enfrentamiento a las doctrinas tradicionales, tomando una posición acorde con
la realidad latinoamericana” (Posada, José.1993:23).
Sus planteamientos fundamentan algunos principios frente a las políticas
económicas implantadas por el economista David Ricardo en el sentido de la
división internacional del trabajo y su concurrencia al mercado mundial como
forma para buscar la igualdad de intercambio comercial.
De hecho se configura un desequilibrio en los países periféricos, en relación
con los industrializados en el sentido de aumentar las importaciones en mayor
medida que el ingreso y a su vez un aumento en las exportaciones en menor
medida que el ingreso nacional. En otras palabras la necesidad de importar
productos altamente encarecidos por el proceso de industrialización y a su vez
el desestímulo a las exportaciones trae consigo un desajuste económico
traducido en inflación (impuesto de los pobres).
2.3 ESTRATEGIAS INTERNACIONALES
Lo planteado anteriormente se conjugaba con el nuevo orden internacional
referido a la terminación de la guerra fría y a la consecuente competitividad
entre las diferentes potencias para que el neoliberalismo en el contexto
latinoamericano surgiera. Las nuevas ideas del reglamentarismo
gubernamental y del proteccionismo; como lo afirma Dally Levine empezaban a
recorrer el hemisferio sur y acuñaba una imitativa frase que decía “Un fantasma
recorre América Latina: El fantasma del Neoliberalismo” (Levine, Barry.1992:9).
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Además de lo comentado entre los años 1969 hasta 1982 el mundo enfrentó
tres crisis que fueron las de: 1969-1971, que se caracterizó por la inflación
concomitante con una recesión económica: la de 1973-1976 motivada por el
incremento en los precios del petróleo y la invasión de petrodólares y
finalmente la de 1979-1982 cuyos aspectos más graves para la economía de la
región consistieron en el incremento de las tasas reales de interés y la caída
en los precios de las exportaciones lo cual condujo a un descalabro en las
balanzas de pagos de los países latinoamericanos (Dos santos, Teotonio.
1985:53).
Consecuentemente la severa crisis económica se acentúa de manera
considerable por el estallido del problema de la deuda externa en la década de
los ochenta. Manifestación clara de la crisis fue la decreciente participación de
estos países en el comercio internacional, altas tasas de inflación y unos
nivéleles de vida en deterioro.
Ante estos hechos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM) exigieron la adopción de una serie de recomendaciones sobre las
políticas económicas nacionales como condición para auspiciar nuevos
créditos. Los programas de asistencia financiera del F.M.I. y los de ajuste
estructural del B.M. adquirieron importancia definitiva para las alternativas de
financiación de los países latinoamericanos y giraron alrededor de
recomendaciones de clara estirpe neolaissferista cuya influencia ha sido
notoria: El aumento del ahorro público mediante la reducción del gasto, la
ampliación de la base tributaria, la eliminación de los subsidios y la
privatización; el aumento del ahorro privado mediante el fortalecimiento de las
entidades financieras; la eficiencia económica a través de una campaña
decidida contra el regularismo y el paternalismo; la reforma laboral para permitir
mayor movilidad, autonomía y responsabilidad de los trabajadores y el aumento
en la oferta de bienes transables mediante fomento y la producción y sensible
reducción del arancel (Plazas, Mauricio.1995:72).
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Estos parámetros atrás aducidos constituyen la dependencia latente de la
periferia, frente al centro, esta dependencia activó a Raúl Prebish para plantear
el estructuralismo, el cual expone que la industrialización de la periferia y el
desarrollo hacía adentro, activando el mercado interno, la sustitución de
importaciones y el estímulo a la formación del capital. Sirviendo estas políticas
para el desarrollo en América Latina, por varios lustros como condición para el
desarrollo de estos países (Prebish, Raúl.1981:17).
René Villarreal sintetiza acerca del estructuralismo que se consiguió
efectivamente, que los países latinoamericanos alcanzaran algún grado
importante de industrialización favoreciendo sus economías. Pero el excesivo
protagonismo del Estado, en cuanto al proteccionismo se refiere y así mismo
el respaldo irrestricto, a las clases económicamente privilegiados, acompañada
de un endeudamiento externo y un déficit fiscal alto dieron al traste con los
propósitos expuestos por el modelo estructural (Villareal, Rene.1986:53).
Lo planteado anteriormente abrió el camino para sustentar la imposición del
Fondo Monetario Internacional, en el sentido de edificar una crítica frente al
Estado Fáustico, traduciéndose en la implementación del neoliberalismo
latinoamericano que dirige sus propuestas a: La creación de riqueza como
estrategia ideal contra la pobreza y la cual corresponde a los particulares y no
al Estado, b) El rechazo a la estrategia del desarrollo hacia adentro orientando
la economía hacia el exterior, c) Una estrategia fiscal de estímulo a la inversión
y no al consumo, d) Estímulo a la inversión extranjera para reducir la deuda
externa, y finalmente la privatización para aumentar el horro público y reducir la
acción del Estado (Plazas, Mauricio.1995:145).
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3. LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN COLOMBIA
3.1 CONCEPTO Y DESARROLLO
Las políticas socio-económicas proyectadas por los países industrializados en
Latinoamérica, han sido de recibo por los diferentes miembros de las clases
dominantes en estos países.
Buscando el orden de las ideas impuestas por los países industrializados en
aspectos socio-económicos vemos como en la guerra fría y en el
desvanecimiento de la URSS y de sus políticas socialistas se empezaron a
implantar las propuestas concebidas por parte de los ideólogos de derechas
entre quienes figuraban Milton Friedman, Karl Popper, Ludwin Von Moisés y
Von el profeta del dogma neoliberal quien apareció en la escena intelectual
hasta 1983 con una obra llamada “Camino a la Servidumbre” previniendo que
la intervención del Estado en la economía inevitablemente llevaría al recorte de
la libertad política.
Ideas que estaban encaminadas a implantar el modelo neoliberal europeo y
como bien lo cita Francis Fukuyama. “El significado esencial del final de la
historia no es que haya cesado la turbulencia o que el mundo se haya vuelto
completamente uniforme, sino más bien que no hay ninguna alternativa
institucional sistemáticamente sería a la democracia liberal y al capitalismo
basado en el mercado” (Fukuyama, Francis. 1995:103).
Porque en efecto la implementación del sistema de mercado obedece a la
influencia de los ideólogos de derecha como lo afirma Kalmonovitz. “En efecto,
el monetarismo de Friedman es una salida opuesta a la keynesiana, en
dirección a la recuperación de las tasas de ganancias privadas sin manipular la
demanda agregada y más bien reestructurando brutalmente todas las
relaciones entre capital, trabajo y Estado: Devolución de sus impuestos a la
burguesía y, por ende, aumento de la plusvalía efectivamente apropiado por el
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alto desempleo para disciplinar a los trabajadores, aumentar la productividad,
disminuir los salarios, debilitar y destruir el sindicalismo; destruir o
reestructurar el capital más ineficiente mediante importaciones y altas tasas de
interés, o sea, el arsenal que en el continente ha sido llamado la economía de
oferta” (Kalmanovitz, Salomón. 1989:249).
Pensamiento que resume la arremetida ideológica de ultraderecha en contra
de la dignidad de los y las colombianas, además de enumerar algunas
características del sistema como por ejemplo: “Liberación del capital de las
obligaciones sociales, aumentando la plusvalía; fe ciega en las fuerzas del
mercado y fiscal, como fenómenos monetarios ajenos a fallas de estructuras:
apertura económica que da rienda suelta a las oportunidades para que cada
país produzca bienes y servicios conforme a la eficiencia y ventajas
comparativas que posea, etc” (Kalmanovitz, Salomón. 1989:460).
Se desprende de estos análisis, que la política neoliberal en Colombia
efectivamente empezó a formar parte de las estrategias abordadas por los
dirigentes colombianos a lo largo de la historia, enmarcados dentro de un
contexto liberalizante en términos de Economía Internacional y asesorados por
los miembros de las bancas internacionales que condicionaron los designios
del país y que se presentan como personas apolíticas que únicamente buscan
a través de principios técnicos modernizar la economía para buscar el
desarrollo.
La modernización de los países obedece a implementaciones de culturas
foráneas que tienen como principal fundamento crear la dependencia técnica y
tecnológica en nuestros países logrando la recolonización. De tal suerte que
las herramientas de trabajo altamente tecnificadas y eficientemente
correlacionadas, brindan la agilidad suficiente y necesaria en la sistematización
de datos, pero en realidad la modernización no se traduce en verdaderas
propuestas sistemáticamente sociales.
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Un ejemplo de la tecnocratización y modernización de nuestros sistemas lo
encontramos en Chile, que en los años setenta a través del dictador Augusto
Pinochet, patrocinó el incipiente auge de la implantación de la política
neoliberal en Latinoamérica, a través de estos tecnócratas, que fueron
educados en las universidades de Estados Unidos y más concretamente en
Chicago, denominándose los Chicagos Boys marcados por la teoría del
monetarismo Económico tan difundido por esta política (Ahumada, Consuelo.
1998:136).
Todo esto configura la formación de una elite, eje principal de la política
Neoliberal que en este caso se realiza en Chile, pero que posteriormente pasó
a México donde los Estados Unidos por lo general ponen en práctica sus
políticas Económicas para luego continuar con el resto del continente sur
americano.
3.2 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA LIBERACIÓN ECONÓMICA E N
COLOMBIA.
Para neutralizar la revolución cubana, en el año de 1959, la administración
Kennedy reunió a sus cabezas latinoamericanas, con el objeto de crear la
alianza para el Progreso, que fue adoptado entre los años de (1961-1970) por
Colombia siendo el primer plan de desarrollo llamado Programa para el
Desarrollo Económico y Social, esto ocurrió en el mandato del Doctor Lleras
Camargo (1958-62) en tiempo del Frente Nacional que como lo citan los
análisis políticos fue un sistema excluyente, una democracia controlada una
élite bipartidista tradicional, pero su origen fue la radicalización ideológica en el
continente como lo sostienen Ricardo Forenc Davis y Oscar Muñoz el
programa buscaba conciliar una asistencia económica a largo plazo para el
desarrollo, con la reforma de las estructuras tradicionales de propiedad. Su fin
de poner en práctica una racionalidad concertada por los préstamos.
26
Durante todo el período del Frente Nacional los distintos reglamentos liberal-
conservadores hicieron varios intentos de liberalizar el comercio exterior y
devaluar la moneda, bajo presión de la institución financiera internacional
(Ahumada, Consuelo. 1998:76).
De tal manera en la administración del Doctor Guillermo León Valencia (1962-
1966) todas las importaciones habían sido liberadas del requisito de licencia
previa. Las estadísticas demostraron como el crecimiento del producto interno
bruto (PIB) y las tasas de expansión de la manufactura y la construcción
mostraron la declinación más notoria (Díaz, Manuel. 1976:27).
De acuerdo a los parámetros económicos esbozando en ese entonces por la
CEPAL presidida por el Doctor Presbish, como eran: la Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI) industrialización de las empresas infantes
para el crecimiento económico del país, lo que se conoce con el nombre de
desarrollo hacía adentro, que de manera general dio buenos resultados en la
administración del doctor Lleras Restrepo (1966-1970) quien en un comienzo
no adopta las recomendaciones y estrategias de la Banca Internacional y como
lo mencionan el doctor José Antonio Ocampo uno de los más altos funcionarios
de las administraciones de los doctores Gaviria y Samper durante el período
1967-1970 la tasa de crecimiento por sectores estuvo más balanceado, el valor
en dólares de las exportaciones menores prácticamente se duplicó. La
expansión estuvo acompañada por un crecimiento en las reservas de oro del
Banco Central y en las reservas extranjeras (de 77 millones de dólares a finales
de 1966 a 222 millones a finales de 1969).
Sin embargo, por las presiones de la Banca Internacional una nueva misión se
puso en marcha a través del Fondo Monetario Internacional que buscaba la
liberación de las importaciones. Además se firma el acuerdo “SIANOBY” por
35.6 millones y en la diferente negociación de un crédito por 40 millones de
dólares, con las recomendaciones o estrategias que son fundamentales en este
tipo de acuerdo en materia económica. Y en mayo de 1968 algunos productos
27
esenciales correspondientes a 150 categorías tarifarias quedan exentos de
licencia de importación (Giraldo, Cesar. 1994:249).
Muy importante para resaltar en esta administración es lo referente al Pacto
Andino, Integrado inicialmente por los países de Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Chile con el objetivo de efectuar reducciones graduales de los
controles nacionales sobre sus respectivas economías, sectorizando la
economía, pero en la realidad lo que se destaca como se cita en la revista
Tribuna Roja, 49. “El Pacto Andino respondió a intereses de E.U. y sus
multinacionales para consolidar mercados en el continente. En este sentido el
informe de Nelson Rockefeller del 30 de agosto de 1969 a la administración
Nixón, señala:
“El desarrollo industrial requiere de amplios mercados para poder producir
eficazmente; los mercados internos en la mayor parte de las naciones del
hemisferio son demasiado limitados como para permitir una amplia
industrialización. Los acuerdos de intercambios, ofrecen una vía constructiva
para la ampliación de mercados”.
Consecuentemente se vislumbra en el plano económico internacional, como la
potencia mundial (E.U.) ha mantenido constante la política proteccionista y por
el contrario estrategias que finalmente se plasman en imposiciones para el
resto de las economías en vías de desarrollo, es decir la política económica
debe traducirse en la liberación de sus economías de lo que significa aceptar
dichas condiciones.
Continuando con la administración del doctor Misael Pastrana B. (1970-74)
quien siguió con el proceso de liberación de la economía y de la eliminación de
la protección industrial, creó en el año de 1972 mediante decreto las
Corporaciones de Ahorro y Vivienda con el sistema de Unidades de Poder
Adquisitivo Constante (UPAC), mecanismo de carácter especulativo que
encarecía la vivienda del sector popular, mediante la captación de ahorradores
28
favoreciendo así el sector financiero en detrimento del sector productivo, siendo
el sector financiero que no produce sino muy por el contrario capta recursos
especulando luego con el dinero de los ahorradores, la instauración del sistema
representó un paso importante en el proceso de concentración de grandes
capitales, en los conglomerados económicos del país entre quienes se cuentan
los industriales, Julio Mario Santo Domingo, Carlos Ardila Lule, Luis Carlos
Sarmiento Angulo y el Sindicato Antioqueño, este sistema lo consideró el
columnista del Tiempo Posado Dartañan como el padre de la política Neoliberal
en Colombia, en el sentido de favorecer al sector financiero en la acumulación
de Capitales.
La continuidad en las políticas estatales del período comprendido entre (1974-
1978) estuvo en cabeza del doctor Alfonso López Michelsen toda vez que
siguió favoreciendo al sector financiero como a la economía de mercado
expresa el doctor Méndez Munévar en su libro Efectos Sociales de la Apertura
en Colombia: “el sector financiero adquirió un papel central en la movilización y
distribución en los sectores al tiempo de un movimiento en los flujos de ahorro
y la flexibilidad en las tasas de interés de captaciones y colocación(…)”
(Méndez, Munevar.1994:29).
En dicha administración se decreta una amplia legislación que favoreció a los
grandes consorcios industriales especialmente a los extranjeros, gravó de
manera considerable a los pequeños y medianos productores, aprobó un
aumento notorio en el costo del crédito para el sector industrial y aceleró la
liberalización de importaciones mediante la eliminación de las barreras
arancelarias, al tiempo que suprimía subsidios y control de precios (Ahumada,
Consuelo.1998:16).
Las políticas en materia comercial fueron la ampliación de los permisos de
importación de Bienes, el descenso de los aranceles y la autorización para una
revaluación monetaria. “A finales de los años setenta se dio una importante
liberación de importaciones, su efecto fue un alto crecimiento de las
29
importaciones de Bienes, que se incrementaron en un 40% anual. El gobierno,
concluyó con un déficit de la balanza comercial de más de 4.500 millones de
dólares, acompañado de una considerable disminución de las reservas
internacionales del país y de una tasa de crecimiento industrial negativa por
primera vez en 40 años. Además durante este período se duplicó el costo de la
deuda externa al pasar de 6.200 a 11.000 millones de dólares entre 1979-1982”
(Ahumada, Consuelo.1998:16).
Ya en este año de 1982 el doctor Belisario Betancur ahondó más la crisis,
socializando las perdidas del sector financiero destinando alrededor de 15 mil
millones de pesos para pagar la deuda de los financistas desfalcadores de la
banca al tiempo que en el año 1984 empezó a poner en practica el programa
de ajuste estructural que liberalizo aun mas los controles a las importaciones, e
impulsó recetas bastante conocidas del F.M.I como reducción de subsidios y la
creación del impuesto al valor agregado (IVA) con ocasión del crédito JUMBO.
Para contextualizar el análisis propuesto es del caso mencionar el punto de
partida de la realidad colombiana. El gobierno del doctor Virgilio Barco Vargas
conocido como el gobierno de los especialistas, asesores y técnicos que
desplazaron a los políticos son su idea central del gobierno, del “cambio”
enfocado a: modernización del Estado, perfeccionamiento del sistema electoral,
fortalecimiento de la justicia, descentralización y autonomía (Child, Jorge.
1986).
En el año de 1989. El estudio de la economía colombiana realizada por el B.M.,
arrojó las nuevas orientaciones en cuanto a política económica se refiere,
estableciendo un marco de liberación del comercio para garantizar la inserción
del país en los mercados mundiales. Fue así como en el año de 1990 se
presentó al CONPES el documento: “Programa de Modernización de la
Economía Colombiana” en el cual se recogen las recomendaciones del B.M.
creando el marco de condiciones para la apertura económica.
30
Consecuentemente la administración Barco emprendió los primeros pasos en
lo que respecta al cambio del modelo de desarrollo vigente en el país. En este
sentido se abandonó el intervencionismo y se le dio prioridad a la inversión del
sector privado tanto nacional como extranjero.
Además de aceptar los condicionamientos de la Banca Extranjera se adelantó
el crédito denominado “CHALLENGER” en el cual en lo que tiene que ver con
endeudamiento no fue un crédito que pudiera aprovecharse en su totalidad
como lo reitera el director del INCOMEX en ese tiempo el doctor Alberto
Yophani “durante el año fiscal de 1988-89 Colombia pagó alrededor de 600
millones de dólares al B.M. en tanto que el país recibió solamente entre 300 y
350 millones del préstamo anterior, teniendo una relación del servicio de la
deuda con el producto interno bruto PIB del 27% en/98 al 42%, en 1988, y los
pagos se incrementaron de 200 millones de dólares en 1984 a 1000 millones
en 1986” (Cámara de Comercio de Bogotá. Julio de 1991:30).
Este desarrollo de los gobiernos antes de la promulgación de la carta marcan
importantes hitos acerca de la influencia de estamentos internacionales de la
banca mundial y proyecta lo que actualmente se esta viviendo en Colombia.
En síntesis y como consecuencia del desarrollo dentro del contexto histórico
económico del país se ha reiterado que la política de mercado tiene claramente
definidos sus propósitos como son : generar el desempleo para que exista una
disciplina laboral y un excedente en el ejercito disponible para la ocupación,
para así abaratar la mano de obra y poder ejercitar la explotación por parte de
las clases pudientes frente a los trabajadores, privatizar las entidades del
Estado con el fundamento de su ineficiencia y la burocratización que genera
dichas entidades, y la apertura económica que da rienda suelta a las
oportunidades para que supuestamente cada país produzca bienes y servicios
conforme a la eficiencia y las ventajas comparativas , argumento la fe ciega en
el mercado y el bien común generado por el remándate del mismo siendo la
rentabilidad y eficiencia privada la piedra angular, menoscabando así la idea
31
del estatismo y por le contrario dándole plena vigencia a los particulares, en
este momento es pertinente traer a colación el modelo alemán con normas
social demócratas que aluden “mercado hasta donde sea posible y Estado
hasta donde sea necesario”.
3.3 EFECTOS SOCIALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PO LÍTICA
NEOLIBERAL
Las consecuencias del modelo neoliberal han sido nefastas para los sectores
empobrecidos de la sociedad colombiana, la apertura económica soporte
principal del mismo, significa el cierre de cientos de empresas productivas que
vieron invadido el mercado de un momento a otro. No sucedió lo mismo en el
sector comercial y financiero, que ha venido absorbiendo parte de los
desempleados. Lo anterior lo ratifican los estudios que señalan que a nivel de
los países latinoamericanos Colombia es la primera nación en donde el 24 %
de los jóvenes menores de veinticuatro años no cuentan con un empleo,
seguido por países como Uruguay (21.2%), Ecuador (20.1%) y Venezuela
(18%); Por sexo en Colombia el 14.8 % de las mujeres no cuentan con un
empleo formal esto solo superado por Jamaica (16.7%) y República
Dominicana (21.0%) aumentando la cifras de trabajadores informales o por
cuenta propia, así lo determino la OIT en su informe “Panorama Laboral 2010,
America Latina y el Caribe”, que fue dado a conocer en el primer mes del año
2011.
Las tablas que se señalan a continuación permiten ver los porcentajes a nivel
de desempleo del país en los últimos años:
Año Tasa de desempleo Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información
2003 17,40 % 58 2002 est.
2004 14,20 % 72 -18,39 % 2003 est.
2005 13,60 % 121 -4,23 % 2004 est.
2006 11,80 % 119 -13,24 % 2005 est.
2007 11,10 % 124 -5,93 % 2006 est.
2008 10,60 % 123 -4,50 % 2007 est.
32
Año Tasa de desempleo (%)
2000 20
2001 20
2002 17
2003 17.4
2004 14.2
2005 13.6
2006 11.8
2007 11.1
2008 11.2
2009 11.3
El desempleo volvió a aumentar durante el mes de diciembre del año 2.010
hasta alcanzar el 11,3 por ciento, desde el 10,6 por ciento en que se
encontraba en diciembre de 2008.
El Dane informó que la desocupación en Colombia está afectando a más de 2,4
millones de colombianos, una cifra preocupante si se tiene en cuenta que para
este año no hay expectativas de un importante dinamismo de la economía.
La inversión extranjera está llegando a un menor ritmo y la poca que ha
ingresado a la economía no es generadora de empleo masivo; la mayoría de
estos recursos van para el sector de la minería y los hidrocarburos, escasos en
la generación de mano de obra.
El informe del Dane indica que los ocupados en diciembre pasaron de 17,6
millones en 2008 a 19,1 millones un año después. En este período el número
de desocupados pasó de 2,09 millones en el último mes de 2008 a 2,4
millones para similar periodo un año después, lo cual indica que se dejaron de
crear 335.000 puestos de trabajo.
Para todo el año 2009, el desempleo nacional fue del 12 por ciento frente al
11,3 por ciento registrado entre enero y diciembre de 2008. Para las 13 áreas
metropolitanas, la tasa de desempleo promedio se ubicó en 13 por ciento,
superior en 1,5 puntos porcentuales a la registrada en el mismo período del
año anterior que había sido de 11,5 por ciento.
33
En cuanto al empleo informal, ha suplido en gran medida el empleo directo,
generando un nuevo foco de preocupación social toda vez que estas personas
invaden el espacio público; de otro lado no tienen garantías mínimas de salud
y prestaciones, este es el oscuro panorama que ha dejado la implementación
de la política de mercado en los países latinoamericanos y concretamente en
Colombia.
34
4. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL FRENTE AL NEOLIBERALI SMO.
Las contradicciones generadas antes y después del establecimiento de la
nueva Carta Política frente a la cruda realidad que atraviesa el país, hacen
necesario que en este punto de la investigación, se traiga a colación el
aspecto constitucional, con ocasión de la política neoliberal, en aras de ilustrar
cómo el activismo judicial a partir del nuevo derecho, permite hacer frente a los
embates de la política neoliberal, y cómo este nuevo enfoque, ha atenuado de
manera considerable la vulneración de derechos que atentan continuamente
contra la dignidad de los colombianos.
4.1 LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y EL NEOLIBERALISMO
Previa convocatoria de plebiscito por el gobierno de Virgilio Barco, en ejercicio
de facultades de Estado de Sitio fue elegida una Asamblea Nacional
Constituyente que sesionó del 5 de febrero al 4 de julio de 1991,
promulgándose el 7 de julio del mismo año, la nueva Carta Política de
Colombia, utilizando estos procedimientos de reforma o subrogación no
previstos en el artículo 218 de la constitución Política de 1986, pero avalados
por la Corte Suprema de Justicia (Matías, Sergio.1998:73).
César Gaviria como presidente elegido y jefe del partido liberal, llegó a un
acuerdo sobre la convocatoria de dicha Asamblea con los líderes de los dos
sectores del partido conservador (partido social conservador denominado de
Salvación Nacional) y con el M-19 (Movimiento 19 de abril). Entonces el
gobierno expidió el Decreto 1926 del 24 de agosto para el 9 de diciembre de
1990.
Este proceso de la reforma constitucional tuvo aspectos que fueron objeto de
diversas críticas como lo afirman el constitucionalista Luis Carlos Sáchica
cuando se refirió a las ilimitadas pretensiones de los constituyentes: “la
cuestión es realmente intrincada. Es evidente que no se trata de la creación de
35
un Estado ni de una revolución política, que cambie el Estado. Tales son las
situaciones en que el poder constituyente del pueblo se emplea a fondo, sin
restricciones”.
Una vez aprobada la nueva Constitución de Colombia surgió para el país una
serie de contradicciones que se expresan a lo largo del articulado de nuestra
carta; a través de su artículo primero establece: “Colombia es un Estado Social
de Derecho (…)”, rescatando el vocablo “social” dentro del primer artículo se
puede observar la importancia que el constituyente le atribuyo al aspecto
social, es así como los magistrados lograron armonizar el Estado demo liberal
con un Estado social, donde destacan los derechos económicos y sociales
sobre los derechos civiles y políticos, luego se empiezan ha emitir sentencias
que garantizan los mencionados derechos, en conexión con los derechos
fundamentales y es precisamente a partir de la sentencia T-406 del 1.992,
donde se define de manera amplia el vocablo social dentro de la formula
clásica del Estado de derecho, y es precisamente por la importancia que tiene
este aspecto, que a continuación se esbozaran algunas sentencias relevantes
que definen este tópico dentro de la evolución jurisprudencial de la Corte
Constitucional.
4.2 ESTADO SOCIAL DE DERECHO .
El constituyente le imprimió al artículo primero de la constitución política la
palabra “social” que agrega al Estado de Derecho, una connotación
específicamente amplia en el marco fundador supremo toda vez que la filosofía
emanada por este articulo descansa en lo social .
En este orden de ideas, por sustracción de materia los dirigentes de acuerdo a
su ideología política podrán llevar la balanza de uno u otro lado. Sin embargo
las directrices y parámetros señalados precedentemente estarán presentes a la
hora de establecer las políticas.
36
No obstante, la realidad ha demostrado que el péndulo ha estado suspendido
diametralmente opuesto a esta filosofía social que imprimió el constituyente del
1991.
A pesar de la realidad del Estado Colombiano, la Corte Constitucional se ha
pronunciado a través de la jurisprudencia, resaltando el Estado Social de
Derecho del Estado Colombiano, llevando implícitamente todo el andamiaje
que tiene que ver con los derechos fundamentales al igual que los Derechos
Humanos.
Los Derechos Humanos históricamente han sido la razón del
constitucionalismo moderno, cuyo origen no puede entenderse sin la
proclamación de los mismos por el mundo de occidente desde 1789.
Para efectos históricos la doctrina ha clasificado los derechos humanos en tres
categorías:
En un principio por las libertades publicas que durante el periodo clásico del
liberalismo ampararían al Estado la obligación del dejar hacer, y dejar pasar a
fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad individual (practica actual,
en nuestro sistema y traducido en el neoliberalismo).
En segunda instancia tenemos un conjunto de garantías que recibe el nombre
de Derechos asistenciales imponiendo una carga u obligaciones al Estado
frente al cual el individuo es situado en el marco social en la condición de
acreedor de ciertos bienes que debe dispensar el operativo público a través de
la función administrativa. Igualmente imponen estos nuevos bienes, cargas a
ciertas libertades publicas, tal es el caso de la función social que es señalada a
la propiedad privada. Estos orígenes históricos emanan de la carta alemana de
1919, como consecuencia de los cambios llevados a cabo por la interpretación
de la constitución en los países neocapitalistas a fin de señalar los alcances
sociales del Estado, llegando a convertirlo en un Estado Social de Derecho, es
37
decir, un Estado de Derecho que actualice los postulados liberales del Estado
de Derecho y los armonice con las exigencias de la justicia social.
Y en última instancia los derechos de tercera generación como los denomina la
doctrina, están compuestos por los derechos a la paz, al entorno, al medio
ambiente común de la humanidad y el derecho al desarrollo económico y
social.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto de
lo que implica el vocablo social dentro de la formula del Estado de Derecho.
Por lo tanto transcribo el tenor de algunas sentencias relevantes que definen el
Estado Social de Derecho.
Entre estas tenemos:
T-406 DE 1.992
DERECHOS FUNDAMENTALES Concepto/ESTADO SOCIAL DE
DERECHO/ACCION DE TUTELA
“Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en
el concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de
este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión
objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los
derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del
Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido sino se entiende
como mecanismo encaminado a la realización de los derechos.
En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la
existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como
mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a
todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención
de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las
38
decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de
interpretación.
Esta Corte considera que para que un derecho tenga la calidad de
fundamental debe reunir unos requisitos esenciales. Para la
identificación de un derecho de tal naturaleza existen unos
criterios que ponen en evidencia los requisitos señalados y, de
contera, el derecho fundamental mismo: 1) Conexión directa con
los principios constitucionales; 2) Eficacia directa y 3) Contenido
esencial.”
DERECHOS DE APLICACION INMEDIATA
“El carácter de fundamental no coincide con el de aplicación
inmediata. Siendo así, es necesario distinguir entre derechos
fundamentales de aplicación inmediata y derechos fundamentales
que no son de aplicación inmediata. Ante esta dificultad,
corresponde a la jurisprudencia, y en especial a la Corte
Constitucional, la definición de la naturaleza y alcance de los
derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata.”
DERECHOS ECONOMICOS/DERECHOS SOCIALES/DERECHOS
CULTURALES/ACCION DE TUTELA/JUEZ DE TUTELA Facultades
“La aceptación de la tutela para los derechos económicos,
sociales y culturales, sólo cabe en aquellos casos en los cuales
exista violación de un derecho fundamental de acuerdo con los
requisitos y criterios de distinción anotados; sólo en estos casos,
el juez puede, en ausencia de pronunciamiento del legislador, y
con el fin de adecuar una protección inmediata del derecho
fundamental, pronunciarse sobe el sentido y alcance de la norma
en el caso concreto y, si es necesario, solicitar la intervención de
39
las autoridades competentes para que tenga lugar la prestación
del Estado que ponga fin a la violación del derecho. En tales
eventos el juez debe tomar decisiones que consulten no sólo la
gravedad de la violación del derecho fundamental a la luz de los
textos constitucionales, sino también las posibilidades económicas
de solución del problema dentro de una lógica de lo razonable,
que tenga en cuenta, por un lado, las condiciones de escasez de
recursos y por el otro los propósitos de igualdad y justicia social
que señala la Constitución. En la mayoría de estos casos, una vez
establecida la violación de un derecho fundamental, el juez se
enfrenta a un problema de justicia” distributiva.
Así mismo la sentencia C-449 de 1992,
Sentencia No. C-449/92
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
La concepción clásica del Estado de derecho no desaparece sino
que viene a armonizarse con la condición social del mismo, al
encontrar en la dignidad de la persona el punto de fusión. Así, a la
seguridad jurídica que proporciona la legalidad se le a una la
efectividad de los derechos humanos que se desprende del
concepto de lo social. El respeto por los derechos humanos, de
un lado, y el acatamiento de unos principios rectores de la
actuación estatal, por otro lado, constituyen las consecuencias
prácticas de la filosofía del Estado social de derecho. En este
sentido el concepto de Estado social de derecho se desarrolla en
tres principios orgánicos: legalidad; independencia y colaboración
de las ramas del poder público para el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado; y criterios de excelencia.
Sentencia No. C-566/95
40
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
El Estado social de derecho se erige sobre los valores tradicionales de la
libertad, la igualdad y la seguridad, pero su propósito principal es
procurar las condiciones materiales generales para lograr su efectividad
y la adecuada integración social. A la luz de esta finalidad, no puede
reducirse el Estado social de derecho a mera instancia prodigadora de
bienes y servicios materiales. Por esta vía, el excesivo asistencialismo,
corre el riesgo de anular la libertad y el sano y necesario desarrollo
personal.
FUNCION DISTRIBUTIVA DEL ESTADO
La función distributiva de determinados bienes y servicios culturales y
materiales por parte del Estado, se apoya fundamentalmente en el
ejercicio de la potestad tributaria y tiene, por ende, un límite en la
capacidad de exacción del sistema fiscal, el cual a su turno depende del
nivel y del crecimiento de la economía. No es, pues, ilimitado, el poder
del Estado social de derecho de captar ingresos y convertirlos en
recursos fiscales. La necesaria distribución del producto social, no puede
traducirse en la destrucción del proceso económico, cuya dirección de
otra parte se confía al mismo Estado. Igualmente, por idénticas razones,
la gestión del Estado en su ámbito prestacional, deberá caracterizarse
por su eficiencia, economía y eficacia.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN LA CONSTITUCION POLITIC A
VIGENTE
El Estado social de derecho, se proyecta en la Constitución, en primer
término, en la consagración del principio de igualdad y en su
consecuencia obligada: los derechos sociales y económicos y en la
prestación de los servicios públicos. En segundo término, través de los
derechos de participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, que
41
se compendian en el principio democrático y gracias al cual se socializa
el Estado y las diferentes instancias de poder dentro de la comunidad. El
avance del Estado social de derecho, postulado en la Constitución, no
responde al inesperado triunfo de ninguna virtud filantrópica, sino a la
Finalmente, los magistrados de la Corte en año 2.003 se pronunciaron acerca
del concepto de Estado Social de Derecho a través de la sentencia 772 de
2.003, que transcribo dada su importancia:
Sentencia de Tutela nº 772/03 de Corte Constitucion al, 4 de
Septiembre de 2003
Sentencia T-772/03
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Deberes del Estado para erradicar la
pobreza y desigualdad/ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Prohibición de
adelantar políticas económicas, sociales y culturales de carácter
regresivo
Hay dos clases de deberes diferenciables para el Estado: (i) por una
parte, debe adoptar e implementar las políticas, programas o medidas
positivas encaminadas a lograr una igualdad real de condiciones y
oportunidades entre los asociados, dando así cumplimiento a sus
obligaciones internacionales y constitucionales de lucha contra la
pobreza y progresiva satisfacción de los derechos económicos, sociales
y culturales básicos de la población -en aplicación de lo que la
jurisprudencia constitucional ha denominado ''cláusula de erradicación
de las injusticias presentes''-; y (ii) por otra, se debe abstener de
adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas
ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a generar más
pobreza de la que actualmente agobia al país, y agraven la situación de
exclusión o marginación de determinados sectores de la sociedad,
especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones
económicas precarias; mucho más si, como consecuencia de tales
42
políticas, programas o medidas, se acaba por empeorar la situación
material de quienes ya están en circunstancias extremas de subsistencia
ESPACIO PUBLICO-Criterios y condiciones que deben regir las
actuaciones encaminadas a su recuperación
Las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de
adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y
preservar el espacio público, pero tales políticas, programas y medidas
(i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los
afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los
afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de
la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la
actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y
características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo
de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden
adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho
al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población,
ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades
económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de
subsistencia que tienen a su disposición.
Con la introducción dentro del artículo primero de la Carta del Estado Social de
Derecho varía el parámetro anterior entendiéndose este precepto como la
superación del Estado Liberal que pretende establecer un orden económico-
social basado en la igualdad de oportunidades y en la procura de su mínimo
existencial, para garantizar materialmente el principio de dignidad humana que
en la nueva concepción se acerca a las ideas kantianas al establecer que la
dignidad del hombre es un fin y no un medio, es decir se tiene la dignidad como
fin supremo en el mismo, y de ahí depende la prevalencia humanística que
desprende nuestra Carta Política.
43
La Carta establece en sus artículos 13, 53, 54, 70 la igualdad de
oportunidades, la procura de un mínimo existencial en los artículos 43, 44 a 53
y 64 entre los más importantes, de los cuales hay que destacar el 48 que
garantiza el acceso al sistema integral de seguridad social.
En suma el Estado Social de Derecho se encuentra en función de la dignidad
humana que pretende desarrollar el valor de la igualdad, igualdad de
oportunidades.
Para la unidad ideológica de estas fórmulas, la Corte Constitucional
desarrollando un enfoque humanístico y valorativo estimo que:
“El Estado se califica y define en función a su capacidad para proteger la
libertad y promover la igualdad, la efectiva realización y el ejercicio de
los Derechos por parte de todos los miembros de la sociedad. El Estado
Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las
condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país
una vida digna” (Corte Constitucional Sentencia T – 533 1.992).
Al igual la Corte se refiere al Estado Social de Derecho en sentencia en la cual
explica como: “La superación del Estado de Derecho como garantía de la
libertad y de la igualdad formales tiene lugar en el Estado Social de Derecho
mediante la acumulación de los elementos finalistas que guían la actividad
estatal administrativa y política” (Corte Constitucional Sentencia T – 533 1.992).
De hecho vemos enfrentados el demoliberalismo y la social democracia punto
bien polémico, que a través del tiempo ha sido objeto de toda clase de
pensamientos y que han generado la discordia aparentemente pacífica, que en
nuestro país lleva ya casi medio siglo, sin poder alcanzar su máximo ideal, que
es la reconciliación nacional a favor de la tan inalcanzable paz que tanto
reclaman todos los diferentes sectores de nuestro país.
44
Pero el aspecto del Estado Social de Derecho como principio nuclear del
ordenamiento lo resume el profesor español Gregorio Peces Barza cuando
dice: “Un Estado que pretende el desarrollo de la condición humana, la
dignidad del hombre como dinámica de la libertad (igualdad para todas las
personas) desde la libertad moral o libertad final, a través de la creación de una
organización social adecuada a esos objetivos, y esa organización busca
integrar en síntesis abierta las conquistas liberales y las socialistas” (Peces
Barza, Gregorio. 1993:54).
En este orden de ideas vemos como el constitucionalismo moderno apoyado
en el concepto de derechos humanos, en los instrumentos internacionales para
su protección y así mismo con su nueva definición de Estado ha permitido sin
lugar a dudas hacer frente a los embates del mercado, viéndolo desde un
enfoque eminentemente positivo, entendiendo este proceso que ha sido lento
pero satisfactorio.
Por cuanto a partir de esta nueva concepción de derecho se le ha dado vida al
derecho dentro de un proceso dinámico de defensa de derechos
fundamentales, pero así mismo ha permitido por parte de los magistrados un
activismos judicial creativo, que ha propendido por garantizar derechos
económicos y sociales esbozando tesis como las que ha reiterado la Corte
Constitucional como la conocida tesis de la convexidad que se traduce en que
se protege el Derecho a la salud como derecho social en convexidad con el
derecho fundamental a la vida.
4.3. LA EFICACIA JUDICIAL DE LOS DERECHOS SOCIALES EN EL
CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO.
De la constitución de 1.991 subyacen contradicciones en tanto, de un lado
como se ha reiterado precedentemente se trata de armonizar el Estado
demoliberal con un Estado Social, encaminado a la materialización de los
derechos de los coasociados, pero así mismo propende dentro de su articulado
45
por el libre mercado y las privatizaciones de las entidades públicas, debido a lo
anterior surge un debate entre economía y derecho, tal como lo indica el Dr
Rodrigo Uprimny (Uprimny, Rodrigo.1995).
Así las cosas, ha sido necesario que profesionales en derecho y economía
realicen un debate concienzudo respecto a evaluar las tesis planteadas por
cada una de estas disciplinas y así plantear el balance de sus argumentos.
Dentro de este debate se pueden distinguir tres etapas: La primera
denominada como de observación reciproca en la que los juristas y los
economistas se acercan al tema y empieza el análisis dentro del mismo círculo
de profesionales, aunque sin intercambiar información con sus análogos de la
otra disciplina.
Luego emergió una fuerte discusión entre profesionales de ambas disciplinas,
en la cual cada uno de ellos esbozaba y defendía sus puntos de vista, esto con
el fin de sustentar sus propias tesis como las más idóneas.
Teniendo en cuenta lo anterior, no fue viable la puesta en marcha de un
intercambio de ideas, constructivo y eficaz, sin embargo los fallos más
neurálgicos emitidos por la Corte Constitucional permitieron que al fin los
interesados comenzaran a fijarse en los aspectos mas relevantes a tener en
cuenta, con el fin de buscar acercamientos y elementos de juicio tendientes a
desarrollar unas políticas económicas que permitan desarrollar los derechos
sociales; así las cosas hoy estamos frente al inicio de una etapa en la cual se
nota un marcado intercambio de ideas que ha la larga será el más fructífero de
todos.
El resultado de esta aproximación es lo que se denomina institucionalismo
social, que en lugar de subordinar una disciplina a la otra, incorpora temas
jurídicos, pero deja intacto el paradigma económico neoclásico, tratando de
involucrar las partes (Uprimny, Rodrigo.1995:115).
46
Es indudable que estos avances jurídicos no deben ser sobrevaluados. Es
claro que a pesar de la mejoría en la protección judicial de los derechos
humanos, el goce efectivo y práctico de esos derechos por parte de los
colombianos sigue siendo muy precario. Colombia vive desde hace unos años
una verdadera catástrofe humanitaria, como lo muestra la simple lectura de
cualquier informe de derechos humanos, la continuación de las masacres y
ejecuciones extrajudiciales y las dimensiones del desplazamiento forzado en el
país.
La inclusión de los derechos sociales en el constitucionalismo temprano del
siglo XX, es obra de la crítica socialista y marxista al principio liberal de
igualdad, entendido como mera igualdad ante la ley. Según esta crítica de nada
sirve la igualdad legal si esta no se complementa con una igualdad material
que suponga las diferencias entre las personas e intente remediarlas al menos
parcialmente (García, Mauricio. 2005:30)
Los derechos económicos, sociales y culturales fueron incluidos en el
constitucionalismo con el propósito de atenuar las diferencias materiales entre
las personas. En el capitalismo el fundamento de los derechos sociales se
circunscribe en la defensa de la libertad, es decir los derechos sociales
propenden por el mantenimiento de la igualdad material necesaria para la
libertad efectiva (García, Mauricio.2005:48)
Mientras que en los derechos de libertad la simple acción u omisión del Estado,
es por lo general un elemento suficiente para determinar la violación o
protección del derecho, en los derechos sociales se requiere de la evaluación
de las acciones de protección para emitir un juicio de eficacia.
Las normas constitucionales que consagran derechos pueden tener la forma de
reglas o de principios. Las reglas consagran derechos definitivos mientras que
los principios solo postulan derechos que no se aplican de manera inmediata si
47
no luego de un ejercicio judicial de ponderación con otros derechos y otros
principios en las circunstancias fácticas del caso. (Uprimny, Rodrigo.1995:133)
Según R. Alexy los derechos sociales pueden ser garantizados si se cumplen
las siguientes dos condiciones: A. cuando lo exige de manera urgente el
principio de la libertad fáctica y B: Cuando los principios de la división de
poderes de la democracia y de la libertad jurídica de otros individuos se
encuentran afectados en medida reducida (, Robert. 1989:32)
Respecto de este tópico algunos autores consideran que la tradición liberal del
Estado de Derecho considera que los derechos sociales son postulados del
constituyente que solo consagran derechos subjetivos que se hacen efectivos
en la medida que el legislador los desarrolle. Frente a otras posiciones que
están más cercanas al constitucionalismo contemporáneo del cual se nutre la
constitución colombiana, estima que los derechos sociales consagran normas,
no meros enunciados políticos (García, Mauricio.2005:69).
Para el caso colombiano la Corte considera que en algunos casos
excepcionales los Derechos sociales constitucionales adquieren autonomías
como derechos fundamentales, los jueces pueden protegerlos directamente sin
depender del desarrollo legal. La Corte Constitucional restringe el ámbito de
protección de los derechos sociales a situaciones en las cuales se cumplan los
siguientes dos casos: una violación palmaria del principio de la dignidad
humana en niños, personas de la tercera edad, disminuidos físicos y mentales
y otras poblaciones en situación de debilidad y la existencia de una efectiva
capacidad económica del Estado que permita la protección requerida.
Dos decisiones de la Corte en cuanto a los derechos sociales han sido
relevantes como es la sentencia de unificación 559/97, la sentencia de
unificación 225/98. En la primera se estableció la teoría del “Estado de cosas
inconstitucionales”, según la cual, la violación de los derechos fundamentales
puede ser el resultado de fallas estructurales en la prestación de un servicio.
48
En la sentencia SU 225 de 1.998, se estableció la teoría del “mandato
constitucional de erradicación de injusticias presentes”, apoyado en el artículo
13 de la carta. Con fundamento en este concepto se protegen aquellas
situaciones humanas límites producidos por la extrema pobreza y la indigencia
cuando quiera que frente a las necesidades mas elementales y primarias, el
Estado y la sociedad no responden de manera congruente y dejan de observar
las afectaciones más extremas de la dignidad humana. La jurisprudencia de la
Corte Constitucional con base en la teoría de la justicia de John Rawls edifico
la teoría del mínimo vital que hace referencia precisamente a las afectaciones
extremas de la dignidad humana, logrando así la Corte concluir que la
desatención estatal que se evidencia por la inexistencia de una ley que asigne
recursos para enfrentar las necesidades básicas, autoriza la intervención
judicial y la subordinación del principio de división de competencias entre las
ramas del poder público.
En este orden de ideas vemos como la protección de los derechos sociales, ha
sido progresiva y determinante para lograr equilibrar las desigualdades sociales
generadas a partir del modelo económico imperante en el país por cuanto el
origen de todas estas desigualdades obedece a fallas estructurales y no
coyunturales, lo que permite deducir que ha pesar que la Corte haya tratado de
ser garantista y protectora de los derechos tanto de primera como de segunda
generación, en tanto no se reestructure el modelo económico y se propenda
más por una política económica que minimice la economía de mercado seguirá
la Corte en defensa a ultranza de los derechos de los coasociados
precisamente por estar adscritos a la nueva concepción del constitucionalismo
moderno, aspecto que ilustra el valioso papel desempeñado por la Corte a
través de sus magistrados por cuanto si hubiésemos mantenido la constitución
de 1886, el país se hubiera visto avocado a una guerra civil.
Dentro de este contexto económico y jurídico se hace necesario abordar el
tema entre economía y derecho, por cuanto es un debate que ha cobrado
49
vigencia dentro de la sociedad, en razón que lo económico subordina lo jurídico
político.
4.4. RELACIONES ENTRE CONSTITUCIÓN Y MODELOS ECONÓM ICOS.
¿Cómo se refleja esta tipología clásica de las constituciones en la relación
entre Constitución y economía? Teniendo en cuenta que las constituciones
contemporáneas tienden a ser valorativas y normativas, nos concentramos
ahora en analizar el tipo de vínculo que existe entre estas constituciones y la
política económica y social. Las dos preguntas fundamentales en este debate
son, las siguientes: primero, ¿Qué tipo de derechos reconocen esas
constituciones? Y segundo, ¿en que medida se constitucionaliza un modelo
económico para realizar esos derechos?
En cuanto a la primera pregunta, el derecho constitucional diferencia entre los
derechos económicos de libertad y los derechos sociales de prestación. Los
primeros son garantías, como la propiedad o el cumplimiento de los contratos,
que buscan proteger el funcionamiento del mercado y la autonomía privada
(Uprimny, Rodrigo.1995:139).
Son los derechos de libertad del liberalismo clásico que se reconocen como
derechos de defensa porque en principio establecen esencialmente
obligaciones negativas para el Estado, por ejemplo, la obligación de no
expropiar a los particulares sin indemnización previa. Por su parte, los
derechos sociales de prestación son derechos como la educación, la salud y la
vivienda, que implica políticas públicas para el suministro de ciertos bienes o
servicios. En este sentido hay que diferenciar, en primer lugar, entre las
constituciones que reconocen únicamente los derechos de libertad y aquellas,
que además, reconocen los derechos sociales. Hoy en día, casi todas las
constituciones del mundo reconocen los derechos económicos liberales, como
la propiedad y la posibilidad de contratar, pero no todas reconocen derechos
sociales (García, Mauricio.2005:70).
50
En segundo lugar, hay que establecer en qué medida las constituciones
institucionalizan un modelo económico, o por el contrario, tienden a ser
abiertas. Entendemos por una constitución que institucionaliza un modelo
económico aquella que no sólo establece límites a la acción del Estado y que
proclama objetivos que deberían ser alcanzados, si no que además incide en
la política económica, en la medida en que desde el texto constitucional
estarían prefigurados los instrumentos para alcanzar dichos objetivos. Por el
contrario una Constitución puede ser considerada abierta si, a pesar de ser
valorativa y normativa, y de establecer límites a las políticas económicas, e
incluso objetivos a los cuales las sociedades deben llegar no prefigura los
instrumentos para alcanzar esas metas.
Tomemos como ejemplo el derecho a la salud (y otros servicios y bienes). Una
Constitución que instaure un modelo de gestión y un modelo económico es
aquella que establece no sólo que las personas tienen derecho a la salud, si no
que determina que este servicio debe ser prestado directamente por el Estado
(constituciones estatalistas) o que, por el contrario, prohíbe la educación
pública (constituciones radicalmente neoliberales). A diferencia, una
Constitución abierta que no constitucionaliza un modelo económico, es aquella
que admite una pluralidad de formas para llegar a un mismo objetivo, como
podría ser la satisfacción universal.
Una constitución totalmente abierta o plenamente neutra frente a la política
económica no es de recibo en la medida en que el ordenamiento tenga fuerza
normativa y reconozca derechos constitucionales permite imponer limites a la
política económica, esto no quiere decir que la constitución institucionalice un
modelo económico y excluya la posibilidad de que existan múltiples alternativas
de desarrollo. La constitución de un Estado social, fundado en los derechos
sociales debe ser entonces abierta sin que eso termine el pluralismo y
deslegitime el ordenamiento jurídico.
51
La constitución de 1.991 es una constitución de orden normativa y valorativa de
constitucionalismo social, en tanto no solo reconoce derechos liberales, si no
también derechos sociales otorgándoles vinculación normativa y así mismo
tiene connotaciones de una constitución abierta, por cuanto permite
implementar políticas públicas que tengan como fin garantizar los derechos
sociales.
La Corte Constitucional en sus primeros pronunciamientos dejo de precedente
que las decisiones políticas deben de respetar los linderos emanados por el
conjunto de derechos. Sentencia C-040-1.993.
De otro lado la Corte Constitucional reconoce que la norma de normas le
otorga el legislativo y el ejecutivo amplitud y libertad de intervenir en la
economía y de diseñar las políticas económicas, por consiguiente afirma que el
Juez constitucional debe admitir una gama de políticas cambiantes. Así mismo
la Corte sostiene que la constitución consagra derechos sociales que implican
deberes para las autoridades en el sentido de desarrollar políticas orientadas a
satisfacer esos derechos a través de medios diversos para la consecución de
los mismos.
Concluimos que dentro de este contexto existen amplitud de posibilidad de
políticas públicas por parte del diseñador de la política pública, como se puede
apreciar en la sentencia C-265 de 1.994, C 445 de 1.995, C-093/2.001, y
C137/2.007, que precisan que el control judicial de las políticas económicas
debe ser suave o deferente con los órganos políticos, pero así mismo existe
una amplitud de posibilidades de realización de derechos sociales, como por
ejemplo la sentencia C408/1.994, y C1489/2.000 que señalan la amplia libertad
del legislador para diseñar el sistema de seguridad social y declaran
constitucionales los mecanismos básicos previstos en la ley 100 de 1.993, por
eso es que existen numerosas sentencias de la Corte que han avalado el
diseño del sistema de seguridad social en salud y en pensiones de la ley
52
100/93 que podría ser un sistema incompatible con una constitución que
estableciera un modelo económico más cerrado.
La constitución igual establece en ciertos ámbitos, conceptos constitucionales
indeterminados, cuyo alcance, aunque impreciso, tiene un núcleo mínimo que
debe ser respetado por las autoridades y cuyo control corresponde a las
autoridades judiciales. Un ejemplo entre muchos otros es la noción de “gasto
público social”, que, en virtud del artículo 350 de la Carta tiene efectos
normativos, en la medida, que ese tipo de gastos tiene prioridad sobre otras
asignaciones presupuestales.
La Corte ha reconocido un margen amplio de libertad para que el congreso
entienda que se entiende como gasto social, pero ha afirmado que dicha
libertad tiene limites y, que, en consecuencia, no se puede considerar como
gasto social cualquier tipo de partida presupuestal, porque se estaría vaciando
de contenido el mandato constitucional de la prevalencia del gasto social.
En estos términos la sentencia C-317/1.998, considero que era
desproporcionado incluir como gasto social partidas destinadas al deporte o a
la recreación, porque ello excedía el concepto establecido por la constitución.
Finalmente, el principio constitucional de la Constitución Política establece que
las políticas económicas de financiación de vivienda a largo plazo deben ser
adecuadas mientras que el artículo 363 señala que el sistema tributario se
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Estos principios constitucionales de manejo económico y de hacienda deben
ser respetados por las autoridades y por ello, la Corte ha anulado regulaciones
muy importantes cuando ha concluido que desconocen estos estándares
normativos. Por ejemplo la sentencia de inconstitucionalidad del sistema UPAC
(C-383/1.999), que señala que la UPAC debía estar atada a la inflación y no ha
las tasas de interés y sentencia C-747 de 1.999 que decreto la
53
inconstitucionalidad de capitalización de intereses en los programas de
adquisición de vivienda) se fundaron en el principio de adecuación de las
políticas. Para la Corte estas medidas eran inadecuadas como sistema de
financiación de la vivienda en el largo plazo. Por su parte, los principio de
igualdad y equidad tributarias, que son abiertos y muy complejos han tenido
una importancia central en el control constitucional de numerosas medidas
tributarias.
54
CONCLUSIONES.
1. La hipótesis planteada, en la presente investigación que corresponde al
hecho de que el desarrollo legislativo en Colombia influido por la
implementación de la política neoliberal ha traído como consecuencia el
deterioro en la calidad de vida de los y las colombianas, en el sentido
que existe un rasgo distintivo y contradictorio en el cual se refiere al
forzado camino de la implementación de esta política.
2. Se desprende claramente que esta política entra en contra vía, con la
dignificación de la vida de los y las colombianas, es decir, en Colombia
se han reducido sosteniblemente los derechos y garantías con ocasión
de la política del mercado.
3. Frente a esta cruda realidad se puede resaltar como a partir de la
expedición de la Carta política nació para los colombianos un nuevo
enfoque del derecho que ha permitido que en el terreno de los derechos
tanto civiles y políticos como sociales se les proteja y garantice.
4. Como a partir del concepto de Estado Social de Derecho, se han podido
materializar los derechos de los coasociados, en el sentido de que no
sólo sean buenas intenciones normativas sino que sencillamente se
efectivicen los mismos.
5. El constitucionalismo moderno ha permitido el activismo judicial como
garante de derechos de una manera respetuosa frente a la
institucionalidad pero al mismo tiempo creativo en aras de proteger la
dignidad del ser humano de lo cual subyace el respeto a los derechos de
las minorías, de los pueblos indígenas y demás poblaciones y sectores
en condiciones de debilidad manifiesta.
55
6. Cómo la justicia constitucional a través de sus magistrados ha
propendido por equilibrar las cargas frente al sistema que impera en la
sociedad colombiana y ha incursionado con sus pronunciamientos en
temas financieros y de orden económico que vulneran los derechos de
los más desprotegidos como por ejemplo las sentencias que tienen que
ver con el sistema de financiación y adquisición de vivienda.
56
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