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    Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO:

    Luchas populares / Movimientos sociales / Indgenas / Accin colectiva /

    Sectores populares / Trabajadores / Lucha poltica / Conflictos sociales /

    Cambio social y poltico / Amrica Latina

    Rebon, JulinUna dcada en movimiento: luchas populares en Amrica Latina en elamanecer del siglo XXI / Julin Rebon y Massimo Modonesi. - 1a ed. -Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO;Prometeo Libros, 2011.320 p. ; 16x26 cm.

    ISBN 978-987-1543-73-1

    1. Politica. 2. Movimientos Sociales. I. Modonesi, Massimo. I Ttulo.CDD 306

    Fecha de catalogacin: 07/04/2011

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    La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artculos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los

    autores firmantes, y su publicacin no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretara Ejecutiva de CLACSO.

    Coleccin Perspectivas

    Comit Editorial

    Sergio Caletti

    Pablo GentiliEmir SaderHugo Trinchero

    Secretario Ejecutivo Emir SaderSecretario Ejecutivo Adjunto Pablo Gentili

    rea de Produccin Editorial y Contenidos Web de CLACSOResponsable editorial Lucas SablichDirector de Arte Marcelo Giardino

    Produccin Fluxus Estudio

    Impresin CaRol-Go S.A.

    Primera edicinUna dcada en movimiento. Luchas populares en Amrica Latina en el amanecer del siglo XXI

    (Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2011)

    ISBN978-987-1543-73-1 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

    Queda hecho el depsito que establece la Ley 11.723.

    CLACSOConsejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Cincias SociaisAv. Callao 875 | Piso 4 G | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | ArgentinaTel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | |

    Este libro est disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

    No se permite la reproduccin total o parcial de este libro, ni su almacenamiento

    en un sistema informtico, ni su transmisin en cualquier forma o por cualquiermedio electrnico, mecnico, fotocopia u otros mtodos, sin el permiso previo del editor.

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    nas lneas de interpretacin que abonen a un balance de la dcada quereconozca la centralidad y la politicidad de la accin colectiva, lo cualimplica, a contrapelo de las tendencias de los noventa, una toma dedistancia con los paradigmas institucionalistas, despolitizantes y des-

    movilizantes que dominaban las ciencias sociales y el discurso polti-co. Al mismo tiempo, a la luz de una mirada de conjunto sobre la d-cada y considerando la diversidad de experiencias latinoamericanas,la irrupcin poltica de las movilizaciones crticas del neoliberalismono puede asumirse como un paradigma general y omnicomprensivoque pretenda substituir el anterior. Sin embargo, reconocer un sal-do agridulce no impide destacar la novedad histrica, enfatizar lasrupturas marcadas por las luchas sociales sin dejar de subrayar lascontinuidades de las recomposiciones institucionales, la apertura de

    horizontes de reformas y alternativas en medio de la persistencia deinercias conservadoras y de proyectos reaccionarios y restauradores.Esta constatacin tiene profundas implicaciones historiogrficas, so-ciolgicas y polticas que debern ser objeto de intensos debates queel libro que hoy presentamos procura promover.

    Sin duda, todo cierre cronolgico de una dcada invita a ejer-cicios de caracterizacin que intentan colocar una dimensin o unfenmeno en el centro del anlisis, sealando su relevancia. Despusde la denominada dcada perdida para el desarrollo y, podramosagregar, para la democratizacin, los aos noventa podran ser cono-cidos como la dcada neoliberal. Precisamente, Amrica Latina esla regin del mundo en la cual las denominadas reformas neoliberalesen referencia a la ideologa que las nutri tuvieron mayor profundi-dad. Durante esta dcada, avanzaron en toda la regin, con distintosritmos e intensidades, procesos de reestructuracin capitalista quetuvieron como resultante un debilitamiento de la regulacin estatalde la economa y la prdida de poder social de los trabajadores y lossectores populares. La mayor apertura y desregulacin comercial yfinanciera, la privatizacin de empresas pblicas y la precarizacin de

    las relaciones laborales fueron algunas de las medidas a travs de lascuales avanz esta recomposicin regresiva del ordenamiento social.Pero el avance de esta expansin capitalista no estuvo exento de con-frontaciones. Los procesos expropiatorios y la renovada explotaciny exclusin social resultantes encontraron resistencias desde el iniciodel ciclo. Sin embargo, en lneas generales, dichas resistencias fueronderrotadas en condiciones de aislamiento y fragmentacin.

    A partir de mediados de los noventa, la resistencia empez a desa-rrollarse con nuevo impulso en distintos territorios. Obviamente, si de

    historia hablamos, aunque sea del tiempo presente, la emergencia deun fenmeno remite a su visibilidad pero su gnesis remite a unos or-

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    genes, a una gestacin relativamente subterrnea. La rebelin se gestaen la resistencia. En la resistencia que fue, con distintos ritmos, arti-culndose encontramos los antecedentes de la construccin histricade movimientos, identidades, sujetos que se volvern protagonistas de

    la dcada posterior.Hacia el inicio de la primera dcada del presente siglo ya era evi-

    dente la crisis de la hegemona neoliberal. La intensidad del avance delmodelo neoliberal en la regin comenz a dar lugar a una cada vez msintensa crisis de su legitimidad. La lucha en las calles comenzaba a te-ner una mayor expresin e impacto poltico e institucional. De a pocoemergan nuevos gobiernos que se vinculaban de modo muy hetero-gneo con las luchas de los sectores populares. El neoliberalismo semantena, ya sin ropajes consensuales, en la mayora de los pases, pero

    la tendencia hacia una disputa socio-poltica asediaba el modelo.Nuevas experiencias se desarrollaron en distintos pases retoman-do ahora, desde el gobierno, elementos de la lucha democrtica plan-teada previamente por los movimientos sociales y procesos de reorde-namiento econmico que marcaban una discontinuidad frente a laspolticas de los noventa y, en muchos, casos procuraban su reversin.En Venezuela, Bolivia y Ecuador procesos instituyentes incorpora-ron al gobierno a sectores sociales excluidos, redefiniendo el carctersocial y cultural de la ciudadana misma y alimentando la demodi-

    versidad en la regin al promover nuevas formas de participacinpopular. No sern meramente gobiernos crticos del neoliberalismo.Expresarn formas de enfrentar y resolver injusticias y exclusiones delarga data, en algunos casos planteando la superacin de estructuraspersistentes desde el tiempo colonial. En el campo econmico y so-cial promovieron un mayor peso del Estado, la heterogeneizacin dela matriz socioproductiva con formas no capitalistas, promoviendoprocesos de redistribucin de la riqueza y de la propiedad. Vinculadoa estas experiencias se desarrollar el desafo de reinstalar la luchaanticapitalista en el siglo XXI. En otros pases, como Brasil, Argen-

    tina, Uruguay y Paraguay los nuevos gobiernos plantearn puntos deruptura con la agenda poltica y econmica dominante en la dcadaanterior. No obstante, a diferencia del primer conjunto no se plantea-rn proyectos de refundacin estatal ni necesariamente la reversindel neoliberalismo, y mucho menos, la superacin del carcter capi-talista de la formacin social. Pero ms all de estas diferencias, losarticular la crtica a la agenda de la dcada previa y la bsqueda deuna nueva integracin regional con creciente autonoma de los Esta-dos Unidos de Amrica.

    Gobiernos conducidos por obreros, campesinos, indgenas, exguerrilleros, sacerdotes de la teologa de la liberacin simbolizan la

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    novedad de la apertura poltica de la poca. No obstante, esta emer-gencia de nuevas personificaciones sociales en la funcin de gobiernono puede ser leda lineal y equivalentemente como el cambio del ca-rcter social de los territorios en cuestin. Por el contrario, estamos

    ante procesos contradictorios, en que lo nuevo reorganiza lo preexis-tente y al mismo tiempo es reorganizado por estos ltimos elementosdando lugar como resultantes a heterogneos equilibrios adaptativos.As, por una parte, estos procesos expresan la apertura y acomoda-miento de diversos espacios institucionales a la emergencia de fuerzasy sectores previamente excluidos. Por la otra, la persistencia y capaci-dad sistmica del ordenamiento social para procesar y asimilar con-tradicciones configurando umbrales lmites al proceso de cambiode difcil superacin.

    Este cambio de poca suscitar, en varios territorios, novedososprocesos. Sectores de las clases dominantes, ante la prdida de poderinstitucional, encontrarn en la accin directa en las calles, en mu-chos casos apelando a formatos tradicionales de los sectores popula-res, el modo de defender sus intereses. El paro petrolero en Venezuela,las movilizaciones autonomistas en Bolivia, el conflicto del campoen Argentina, son algunos ejemplos en este sentido.

    No obstante, los gobiernos reformistas como se desprende de lostrabajos de este libro no estarn tampoco exentos de contradiccionesy disensos con la movilizacin de los sectores populares. Aun en loscasos en que se plantean profundos procesos de transformacin socialy poltica estas tensiones estarn presentes. La denominada revolu-cin ciudadana encabezada por Rafael Correa en Ecuador no estexenta de tensiones con el movimiento indgena. Aun en medio de lapopularidad y los triunfos polticos y electorales de Evo Morales, exis-ten cuestionamientos desde abajo del llamado gobierno de los movi-mientos sociales. A pesar de la formacin de un instrumento polticocentralizado el Partido Socialista Unido de Venezuela el chavismoconfirma que un liderazgo indiscutible no es garanta de la ausencia

    de disenso que visibiliza un pluralismo irreductible al interior del pro-ceso transformador venezolano.

    En otros territorios de nuestra regin no se desarroll una rup-tura a nivel del gobierno con la dcada anterior. Ms an, algunos deellos, Mxico y Colombia, por ejemplo, se destacan por el desarrollode estrategias regresivas ante la avanzada de las luchas sociales decarcter popular. En Mxico, aun en medio de intensos procesos demovilizacin y de protesta, la dcada asisti al ascenso al poder deuna derecha francamente reaccionaria, cuyo impulso al neoliberalis-

    mo abandon los ropajes hegemnicos para imponerse por medio dela coercin y la manipulacin meditica. En Colombia, este mismo

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    carcter regresivo fue acentundose en la medida en que la dcadauribistainstrument una agresiva estrategia de militarizacin y crimi-nalizacin del conflicto, con el pretexto de la lucha contra el terroris-mo, reprimiendo toda forma de protesta.

    Inclusive en Centroamrica se sintieron los vientos de cambiosurgidos de la crisis del neoliberalismo. An sin desbordes de masas,desde las urnas surgieron varios gobiernos que, con mayor o menorcoherencia, promueven reformas sociales. En el caso de Honduras,una coyuntura particular, que llev a radicalizar las posturas del presi-dente Zelaya, fue truncada por un golpe de estado cvico-militar. Estaruptura institucional y su posterior legitimacin, pese a la resistenciainicial de la mayora de los pases de la regin, nos alertan sobre laposibilidad de reversin rupturista de los procesos de cambio social e

    institucional en la regin y la persistencia de las clases dominantes enla instrumentalizacin de una herramienta el golpe de estado a lacual han apelado recurrentemente en la historia de Amrica Latina.

    Los artculos que presentamos en este libro1narran la historia ylas vicisitudes de las luchas sociales protagonizadas a lo largo de ladcada por los sectores populares en estos distintos escenarios. Sonresultantes, en su mayora, de avances de investigacin que tomancomo insumo base las cronologas de seguimiento del Conflicto Socialelaboradas por el programa Observatorio Social de Amrica Latina(OSAL) de CLACSO. En su mayora se trata de trabajos elaboradospor integrantes de los comits nacionales de seguimiento del conflictodel OSAL. Cabe aclarar que el presente libro no tiene un punto departida torico-metodolgico comn. Con el correr de las pginas, ellector podr reconocer la pluralidad de orientaciones tericas exis-tentes en la investigacin en ciencias sociales del conflicto social y laaccin colectiva, as como sus respectivas implicancias polticas en losposicionamientos resultantes frente a los objetos de conocimiento.

    En el artculo Una dcada en disputa, Gustavo Antn, JorgeCresto, Julin Rebn y Rodrigo Salgado exploran la evolucin de las

    luchas sociales en su vinculacin con las transformaciones polticas,econmicas y sociales ocurridas en la Argentina. El trabajo expresalos devenires de la protesta social y los procesos de autonomizacin,proponiendo una periodizacin en funcin del carcter de clase y so-cial de las luchas. La autonomizacin y la protesta en las calles queexpresaron y significaron la crisis del la reestructuracin capitalistaneoliberal de los noventa, las transformaciones y dilemas acaecidosen las luchas y movimientos sociales en paralelo a la consolidacin

    1 Agradecemos a Emma Tenorio y Carlos Bauer el apoyo en la correccin y edicinde los textos aqu presentados.

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    de una nueva fuerza social en el gobierno y la emergencia de procesosde movilizacin de carcter regresivo son problematizados desde unaperspectiva que invita a pensar en los dilemas a enfrentar por los sec-tores populares para profundizar la lucha democrtica.

    En La Nueva Guerra de Arauco, Fernando Pairicn Padilla yRolando lvarez Vallejos analizan la cara oculta del modelo chilenoa travs del prisma del conflicto mapuche. En este trabajo, la repoli-tizacin mapuche es propuesta como la resultante de las expectativasincumplidas por aos de gobierno de la concertacin. La emergenciay desarrollo de la accin directa del pueblo mapuche modificar la re-lacin con el Estado basada histricamente en elpeticionismoy la ne-gociacin. Este cambio dar lugar a una serie de transformaciones enla accin del Estado, entre ellas se destacan la criminalizacin de los

    destacamentos ms combativos, la generalizacin del asistencialismoy fallidos intentos de lograr un acuerdo que contemplara el reconoci-miento poltico e institucional.

    En Fragmentacin, reflujo y desconcierto, movimientos socia-les y cambio poltico en el Ecuador, Franklin Ramrez Gallegos nospropone revisar la importante dinmica de la accin colectiva y susimpactos polticos en el pas andino. El sinuoso desenvolvimientodel movimiento social indgena, su estrategia dual de movilizacindisruptiva y participacin poltica institucional, conduce a este movi-miento al gobierno para luego perder peso en el marco de una agudacrisis de representacin del sistema poltico. El desborde ciudadano,que expres en las calles el malestar social con un rgimen poltico,ser el prembulo para la emergencia y consolidacin de un nuevoliderazgo de vocacin transformacional. El liderazgo del presidenteRafael Correa retoma el mismo registro discursivo abierto por el mo-

    vimiento indgena y sus aliados durante los noventa, sin embargo, nointegra a gran parte de dichas dinmicas en el centro del emergentebloque de articulaciones polticas que hoy en da impulsan el procesode cambio en el Ecuador. Entre las coincidencias programticas con

    dicho bloque y la relativa subsidiaridad poltica en la conduccin deltrnsito post-neoliberal, las organizaciones populares han resentidoun profundo desconcierto y desacomodo en sus alineamientos, pro-gramas y formas de accin poltica.

    El trabajo de Carlos Moreira, Movimientos populares y luchassociales en Uruguay, nos convoca a revisar la actualidad de estosmovimientos, su situacin actual y sus perspectivas de futuro en unasociedad que histricamente se ha caracterizado por priorizar la lu-cha poltica institucionalizada a travs de los partidos polticos. El

    trabajo se concentra en realizar una caracterizacin de los principalestemas y sujetos en conflicto durante el gobierno del Frente Amplio,

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    planteando un proceso que revitaliza a los movimientos sociales almismo tiempo que los margina de los escenarios de elaboracin de laspolticas pblicas.

    Una dcada de movimientos sociales en Bolivia se titula el tra-

    bajo de Patricia Chvez Len, Dunia Mokrani Chvez y Pilar UrionaCrespo, quienes nos proponen revisar crticamente tanto la tesis se-gn la cual el gobierno de Evo Morales sera la forma ms acabadade cristalizacin de la accin colectiva desplegada desde diversos es-cenarios de lucha desde el ao 2000, como aquella que, en el sentidocontrario, postula que dicho gobierno sera un usurpador del procesode luchas abierto por los movimientos. Proponen entender al gobier-no del Movimiento Al Socialismo (MAS) como un elemento ms deun amplio proceso que no termina en el ejercicio gubernamental, sino

    que pretende abrir diferentes cauces de expresin de las luchas que seproponen transformar y desmontar lo diversos ncleos de desigual-dad, desde diferentes horizontes polticos.

    En Brasil: o movimento sindical e popular na dcada de 2000, An-dria Galvo, Armando Boito y Paula Marcelino analizan el movimientosindical y los movimientos populares en un contexto poltico marcadopor los gobiernos de Lula da Silva, un ex dirigente sindical. Segn suanlisis, las luchas sociales obreras, campesinas, de pobres urbanos yde capas medias estn caracterizadas por un nivel reivindicativo, sinlograr constituir un movimiento poltico de masas contra el capitalismoneoliberal en el ms extenso y poblado pas de Amrica Latina.

    Marco Antonio Ponce en el artculo Lucha hegemnica, demo-cracia y autoritarismo en el Socialismo del Siglo XXI analiza la luchapor la hegemona durante el gobierno chavista. El autor explica elproceso de concentracin del poder con rasgos autoritarios en unaestructura gubernamental basada en el liderazgo de Hugo Chvez yafianzada en la promocin del poder comunal y la organizacin de lasbases sociales. Por otro lado, se describen los movimientos ms repre-sentativos durante este periodo, haciendo nfasis en el apoyo que el

    ejecutivo de Venezuela ha dado a la organizacin ciudadana. Destacael caso de los Consejos Comunales, que han logrado aplicar progra-mas en beneficio de la sociedad, sin embargo este empoderamientode la colectividad como lo llama el autor no tuvo el alcance espera-do, elemento que motiv la manifestacin de diversas organizaciones,cuyas demandas principalmente giran en torno a la solicitud de de-rechos laborales y servicios bsicos y provocan la reaccin represivadel gobierno, abriendo una lnea de tensin social que atraviesa laactualidad venezolana.

    Nuevo escenario para viejos conflictos es el ttulo del trabajoelaborado por Quintn Riquelme acerca de la evolucin de las luchas

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    sociales en el Paraguay durante la dcada. Segn postula su autor,los movimientos sociales obtuvieron triunfos importantes y tambinreveses que explican las contradicciones del proceso social y polticodel pas. El movimiento social logr avances cualitativos importan-

    tes al pasar de demandas puntuales a demandas ms generales y a laconstitucin de frentes sociales y polticos, lo que le ha permitido in-cursionar en la esfera poltica y pelear por espacios en la estructura depoder. Sin embargo, la falta de unificacin poltica en el campo de lalucha electoral y la ausencia de propuestas de desarrollo alternativosal vigente, y en lo social la persistencia de la fragmentacin, son debi-lidades que conspiran contra la posibilidad de aprovechar el procesoabierto a partir de la eleccin de Fernando Lugo en abril de 2008.

    En Mxico 2000-2009: una dcada de resistencia popular, Mas-

    simo Modonesi, Lucio Oliver, Fernando Mungua Galeana y MarianaLpez de la Vega realizan un balance de los alcances y la fragmenta-cin de la resistencia popular en la primera dcada de la alternanciapoltica en Mxico. Aun mostrando un saldo netamente favorable alconservadurismo oligrquico, la dcada no deja de mostrar tensio-nes y claros momentos de quiebre en que la movilizacin aparececomo contrapeso al espacio poltico institucional. El anlisis que nosofrecen de las ms relevantes manifestaciones del conflicto social elEjrcito Zapatista de Liberacin Nacional, que inaugura la lucha an-tineoliberal en Mxico; Atenco y la lucha por la defensa de la tierra,la nunca resuelta crisis del agro; elobradorismo y el conflicto oaxa-queo cristalizado en la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblosde Oaxaca despierta inevitablemente la inquietud de si en Mxico lacontinuidad neoliberal no ha sido producto de la falta de resistencia,sino de la divisin que la ha caracterizado.

    El artculo intitulado Guatemala: una dcada de transicin, deSimona Yagenova y Rodrigo J. Vliz, da cuenta del periodo denomina-do tiempo de paz (1996-2003). La necesidad de un nuevo pacto socialpara fortalecer los espacios polticos despus de 36 aos de guerra

    civil motiv que la participacin de los movimientos sociales se dieraen el marco de la ciudadana y la democratizacin. An en medio deuna creciente acumulacin de experiencias colectivas, el impacto delmodelo econmico neoliberal (que fortaleci y benefici a las litesnacionales), as como la tendencia a la criminalizacin de la protesta,han limitado el impacto y el alcance de las demandas de los movi-mientos sociales guatemaltecos.

    El anlisis de Sindy Mora Lozano, Las disputas por los sentidosde lo poltico en Costa Rica: hacia un balance de las luchas popula-

    res de la presente dcada, toma como punto de partida la firma deltratado Figueres-Caldern (1995) tratado multipartidista respecto al

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    ajuste estructural que, aunado al movimiento magisterial, afect demanera tcita las elecciones de 1998, provocando que los patrones deidentificacin partidaria y electoral se modificaran. Segn la autora,la organizacin de diferentes iniciativas de protesta antineoliberal a

    lo largo de los aos abri una disyuntiva novedosa en la sociedad civilcostarricense: junto a la tradicional perspectiva institucionalizadoraque sostiene la necesidad de cristalizar una influencia de los actoressociales pasando por la mediacin de los partidos, aparece otra visinque insiste en el valor de la protesta y la autonoma de las luchas y losmovimientos sociales.

    Por ltimo, Robinson Salazar Prez y Rudis Yilmar Flores Her-nndez analizan las vicisitudes que ha debido atravesar el campo delo popular para reconstituirse en el escenario posblico en El Salva-

    dor en su lucha por reconstruir la organicidad poltica popular. 1999-2009. Reconstruyen la historia de las luchas populares desde la firmade los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y el Fren-te Farabundo Mart de Liberacin Nacional (FMLN) en 1992 con eltremendo desafo de recomposicin y reorientacin organizacionalque esto supuso para los movimientos sociales hasta la victoria elec-toral de Mauricio Funes, abanderado del FMLN, en las eleccionespresidenciales de marzo del 2009. Segn los autores, el impacto quesupusieron los Acuerdos de Paz en la correlacin de fuerzas dentrodel campo poltico se refleja en el tiempo transcurrido antes de que serecompusieran movimientos capaces de impulsar luchas sociales. Elcambio de siglo marca el resurgimiento de la conflictividad, y Salazary Flores destacan la pluralidad reivindicativa que mostraron los mo-

    vimientos as como la aparicin de nuevos campos de movilizacin,entre los que sobresalen los de corte ambientalista.

    En general, aun en medio de las diferencias sealadas, el saldode las experiencias de movilizacin y lucha social comparado conla dcada anterior aparece netamente favorable a las expresiones deantagonismo y autonoma, aun cuando no desaparecieron las inercias

    subalternizantes. El asentamiento de gobiernos progresistas muestra,al mismo tiempo, el alcance y el lmite de la oleada de movilizaciones.Por una parte, da cuenta del desplazamiento relativo de estrategiaseconmicas dominantes en la dcada previa y la apertura de procesosde democratizacin poltica y social. En esta direccin, se producentransformaciones progresivas del ordenamiento social cuya gnesisno es ajena a las acumulaciones construidas en aos de lucha y mo-

    vilizacin social. Por la otra, cristaliza temporalmente un equilibriopoltico entre fuerzas progresistas en el gobierno y oposiciones de de-

    recha, en el cual en muchos casos reduce los mrgenes de la accinpoltica autnoma de los sectores populares.

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    En este sentido, la dcada de los movimientos se abre a escena-rios en los cuales no slo se manifiestan proyectos restauradores ode continuidad neoliberal sino que, aun en los pases en los cualeslas experiencias de movilizacin marcaron la formacin antagonista

    y autnoma de la subjetividad popular, se hace presente tambin elfantasma de la subalternidad, de la recomposicin de relaciones he-ternomas de nuevo tipo que obstaculizan la accin autnoma de lasclases populares. No obstante, esto no debe llevarnos a planteos quefetichicen ciertos instrumentos organizativos o ciertos mbitos de lalucha. El problema central es el carcter de la fuerza social y la ade-cuacin de sus formas organizativas a las tareas que debe enfrentaren los distintos mbitos. En este sentido, algunas experiencias de laregin nos alertan que autonoma no debe ser confundida con au-

    tismo y que es necesario combinar la construccin autnoma con lalucha por el poder, paso necesario en la elaboracin de una estrategiacontrahegemnica. Dicho en otras palabras, nos estimulan a vincularde modo creativo la lucha social con la lucha poltica. Por momen-tos, el debate latinoamericano tiende a arrojarnos, como antinomiastericas, el movimiento y el partido, la autonoma y la hegemona,cuando en la diversidad de los procesos concretos podemos observarcmo su articulacin ha dado lugar a las experiencias ms exitosasy su desarticulacin ha permitido la continuidad de gobiernos neoli-berales o, inclusive en el caso de gobiernos progresistas, el recurso aun reformismo institucional ajeno al protagonismo y la participacinpopular.

    Por ltimo, aun en este escenario latinoamericano multifactico,la acumulacin de experiencias de lucha, de vivencia del conflicto, dejauna huella en la memoria corta, en imaginarios sociales que resignifi-can a la poltica. Este acervo forma parte del patrimonio cultural quedejan estos diez aos de movilizaciones y que constituye una reserva,

    verdadera caja de herramientas, de cara a futuros desafos. Una dcadade luchas en el arranque del siglo marca una discontinuidad significati-

    va frente a la derrota que sell el fin del siglo pasado. Aun en el claros-curo, brilla la luz de la fuerza de la accin colectiva de los oprimidos,se vuelve a abrir el horizonte de la emancipacin como motor de luchasocial y como posibilidad histrica de otro mundo posible.

    Massimo ModonesiJulin Rebn

    Mxico-Buenos Aires, mayo de 2010

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    * Socilogo, becario doctoral CONICET-IIGG, doctorando en Ciencias Sociales,UBA.

    ** Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y becario posdoctoral CONICET-IIGG.

    *** Doctor en Ciencias Sociales (UBA), investigador del CONICET y director delInstituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales,UBA.

    **** Magster en Investigacin en Ciencias Sociales (UBA) y Becario doctoralCONICET-IIGG.

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    ILa sociedad argentina experiment en los ltimos aos una serie detransformaciones de gran importancia. Ingres a la dcada del 2000en medio de una grave crisis poltica y econmica, cuyo momentoms lgido se registr hacia finales de 2001 y comienzos de 2002,cuando los ndices de desocupacin, pobreza e indigencia se incre-mentaron significativamente en medio de una fenomenal depresineconmica y se sucedieron cinco presidentes en menos de dos sema-nas. Sin embargo, luego de atravesar el momento ms agudo de estaprofunda crisis, el pas experiment un proceso de recomposicin

    institucional, poltica y econmica hasta comienzos de 2008. Haciafinales de la dcada, la sociedad ingres en una nueva crisis polti-ca de menor importancia en comparacin con la experimentada a

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    comienzos de la dcada y en un proceso de desaceleracin del creci-miento econmico.

    En paralelo y en relacin con estas mutaciones la movilizacinsocial vivi una serie de transformaciones. La protesta social generali-

    zada y el heterogneo proceso de autonomizacin que caracterizarona la lucha social durante los momentos ms intensos de la crisis evo-lucionarn, a partir de la recomposicin institucional, hacia una con-flictividad de carcter menos intensa, ms institucionalizada y con unrenovado protagonismo del movimiento de los trabajadores organiza-dos. Finalmente, hacia fines de la dcada, se intensificarn la protestay la autonomizacin en un contexto de emergencia de protestas concaractersticas regresivas y politizacin del conflicto.

    El presente trabajo explora descriptivamente la evolucin de las

    luchas sociales de la dcada en su vinculacin con las transformacio-nes polticas, econmicas y sociales ocurridas en la Argentina. En estadireccin, primero se expone una periodizacin de la evolucin de lalucha social. Posteriormente, se analiza la evolucin de los procesosde movilizacin y protesta de los actores ms dinmicos del perodoentre los sectores populares: los trabajadores asalariados ocupadosy los trabajadores desocupados. Por otra parte, tambin se analizanprocesos considerados emblemticos de la conflictividad de las dis-tintas etapas: las recuperaciones de empresas, los movimientos socio-ambientales y los procesos de movilizacin con carcter social regresi-

    vo. Finalmente, se plantea una serie de interrogantes sobre el carctersocial que expresa la evolucin de las luchas y de la totalidad social aellas vinculada, planteando tensiones y desafos que se presentan en laperspectiva de la construccin de una estrategia emancipatoria.

    Las fuentes de datos utilizadas en el presente trabajo incluyen unarevisin de las cronologas del conflicto social elaboradas por el Ob-servatorio Social de Amrica Latina (OSAL) de CLACSO sobre la basede la prensa escrita, el anlisis de datos estadsticos sobre hechos derebelin que elabora el Programa de Investigacin sobre el Movimien-

    to de la Sociedad Argentina (PIMSA) basados en dichas cronologaslos cuales nos fueron generosamente facilitados por este programa,la incorporacin de diferentes avances investigativos que los autoreshemos desarrollado en el marco del Programa de Investigaciones so-bre Cambio Social (PICASO), con sede en el Instituto de Investigacio-nes Gino Germani, as como el anlisis de avances investigativos deotros autores pertinentes a la temtica.

    P

    La dcada no encuentra una continuidad en cuanto a la evolucin dela protesta y disconformidad social. A grandes rasgos, pueden distin-

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    guirse al menos tres perodos que guardan estrecha relacin con laevolucin poltica y social del pas.

    Como se observa en el Cuadro 1, el primer perodo puede situarsehasta 2002 inclusive1. Est enmarcado por el agotamiento del modelo

    resultante de la reestructuracin capitalista regresiva de los 90 de-nominado neoliberal por la doctrina que lo nutri y el desarrollode una inusitada crisis que se generaliz en todo el orden social. Laagudizacin de la crisis promover la renuncia del gobierno de Fer-nando De la Ra (1999-2001), de la Alianza (un frente conformado porla Unin Cvica Radical y el Frente Pas Solidario), en un contexto desaqueos y protestas generalizadas, que incluy en la ciudad de Bue-nos Aires una de las movilizaciones de carcter semi-espontneo msmasivas en la historia del pas. Este perodo est caracterizado por el

    malestar y la protesta social generalizada y creciente y la emergen-cia de nuevos movimientos sociales movimientos de empresas recu-peradas por sus trabajadores, asambleas barriales, movimientos deahorristas bancarios y el desarrollo de otros movimientos surgidospreviamente como los movimientos de trabajadores desocupados opiqueteros. Se desarrolla un proceso de autonomizacin de diferentespersonificaciones sociales que no estn dispuestas a delegar la defen-sa de sus intereses en las heteronomas polticas y sociales y en loscanales institucionales. El desarrollo inusitado de la accin directalas configuraciones de acciones no mediadas por los canales insti-tucionales dominantes para el procesamiento de los conflictos es unclaro indicador de este proceso. Es un perodo caracterizado tambinpor el enfrentamiento a procesos expropiatorios y sus resultantes endistintas dimensiones. La creciente politizacin del pas se va a expre-sar en demandas de cambios econmicos y polticos, estos ltimos re-presentados emblemticamente en la consigna que se vayan todos,popularizada hacia fines de 2001. A pesar de los distintos procesos deunificacin de la heterognea protesta y autonomizacin emergente,en el momento de mayor intensidad de la conflictividad, la moviliza-

    cin tender a expresar diversas fracturas y contradicciones no pu-diendo constituirse desde los sectores populares una direccionalidadestratgica que la articule.

    El segundo perodo podra delimitarse entre 2003 y 2007. Estcontextualizado por el desarrollo y la consolidacin del proceso derecuperacin econmica y de recomposicin poltica iniciado a me-

    1 Los lmites de los perodos se han delimitado en aos por restricciones en lasfuentes con las cuales contamos. Si bien podra hacerse sub-periodizaciones en cada

    etapa, no las consideramos pertinentes para los fines descriptivos de las principalestendencias que posee este trabajo.

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    diados de 2002. La descomposicin del anterior modelo de acumula-cin abre espacio a una situacin de disputa en la cual la expansinproductiva desplaza al anterior peso de la valorizacin financiera y,dentro de ella, la industria y el agro ganan peso frente al sector de

    servicios. En el campo poltico, se consolida una nueva alianza socialen el gobierno del Estado nacional que produce rupturas polticas yeconmico-sociales significativas con los gobiernos de la dcada ante-rior2. Con el correr de los aos, se producir un cambio en la morfo-loga de las luchas populares. Ante el nuevo contexto, algunos actoresdel perodo anterior tendern a desaparecer las asambleas barria-les por ejemplo y otros a desmovilizarse crecientemente, como porejemplo los piqueteros. Reemerger con nuevo protagonismo el movi-miento obrero y sindical. La lucha se desplazar de enfrentar procesos

    expropiatorios a la confrontacin de las condiciones de explotacin dela fuerza de trabajo. En paralelo a estas tendencias y desplazamientosse produce una marcada institucionalizacin de las acciones de lu-cha. No obstante, la accin directa seguir siendo significativa, sobretodo para actores no institucionalizados3. Tambin emergen nuevos

    2 Nos referimos a los gobiernos de Nstor Kirchner (2003-2007) y, posteriormente, alde Cristina Fernndez quin asume en 2007 pertenecientes al Frente para la Victoriafuerza de centroizquierda con eje en el Partido Justicialista. El cambio de la polticade gobierno plantear un conjunto de confrontaciones progresivas. Dichas confronta-

    ciones, ejercidas con particular intensidad en los momentos de mayor debilidad polti-ca de la fuerza en el gobierno, recrearn el espacio de la poltica configurando nuevosmrgenes de autonoma frente a los sectores ms concentrados de la clase dominantey de los centros de poder internacional, promoviendo con relacin a la dcada previauna mayor integracin parcial de intereses de las clases subalternas a la poltica degobierno. De este modo, se desarrolla una renovacin parcial de ciertas institucionesCorte Suprema de Justicia de la Nacin y Fuerzas Armadas, por ejemplo, un avancesobre algunos asuntos pendientes de la agenda democrtica promocin de los juiciospor crmenes de lesa humanidad ocurridos durante la ltima dictadura militar y ley deservicios audiovisuales y una poltica internacional que fortaleci la autonomizacinregional. Tambin se desarrolla una poltica econmica ms heterodoxa, que incluyuna mayor intervencin del Estado sobre la economa, junto a una poltica laboral ysocial que, en articulacin con la poltica econmica, promovieron una recuperacindel salario, el descenso de pobreza y la desocupacin y la ampliacin de la coberturade los sistemas de proteccin social y previsional. La agenda reformista tuvo distintosavances y retrocesos a lo largo de ambos gobiernos y no estuvo exenta de medidascontradictorias o de estar prcticamente ausente en diversas reas fundamentales. Porotra parte, no logr modificar significativamente los niveles de desigualdad social, niel desmantelamiento del Estado desarrollado en las dcadas previas. Menos an logrtransformar progresivamente los actores e instituciones polticas; en este campo pesea la existencia de distintos momentos de apertura, existi un marcado continuismo.

    3 Precisamente una de las improntas que deja culturalmente la etapa precedente esla difusin de formatos directos de confrontacin en la caja de herramientas de lucha

    de diversas identidades sociales. Este cambio cultural ser uno de los nutrientes deuna significativa propensin a la accin directa que marca toda la dcada.

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    movimientos sociales, como los movimientos contra la inseguridad olos socio-ambientales, mientras que el movimiento por los derechoshumanos renueva su dinmica de movilizacin4.

    Por ltimo, en 2008, se abre un nuevo perodo en la evolucin

    de la conflictividad social. Estar caracterizado por una ralentizacindel crecimiento econmico y el desarrollo de una crisis poltica de laalianza en el Gobierno. Nuevamente crecen las acciones de lucha y lapropensin a la accin directa, pero la novedad ser su conduccinpor sectores de la burguesa en sus diferentes personificaciones so-ciales. Emerge una renovada politizacin del conflicto que tiende apolarizarse a favor o en contra del Gobierno nacional. En particular,el denominado conflicto del campo expresar un intenso proceso deautonomizacin y movilizacin personificado centralmente por cor-

    poraciones con metas regresivas en lo poltico y lo econmico. An endesarrollo, la duracin y caractersticas de esta etapa dependern dela evolucin econmica, la dinmica de las confrontaciones polticasy la capacidad del sistema poltico para procesar institucionalmentea stas ltimas.

    4 Una porcin sustantiva de la agenda histrica de los organismos de derechoshumanos ser convertida en poltica de gobierno. Esto producir, por una parte, unapoyo de la mayora de dichos organismos, por la otra, distintas respuestas de lossectores afectados por la nueva poltica, entre ellos la desaparicin de Jorge Julio

    Lpez, testigo de uno de los juicios realizados contra los acusados por el genocidioproducido durante la ltima dictadura militar.

    Cuadro 1Periodizacin de la dcada y principales caractersticas asociadas a la conflictividad social

    Dimensiones Perodos

    2000-2002 2003-2007 2008-2009

    Contexto social

    Crisis del modelo de valor-izacin financiera: recesiny depresin. Crisis poltica:renuncia de De la Ra. Gobier-nos provisorios. Inestabilidade ilegitimidad. Crisis social.

    Salida de la crisis: fuerte cre-cimiento econmico y lentarecomposicin poltica. Legiti-midad de gobiernos electosvalidados en las urnas.

    Crisis poltica y desaceleracindel crecimiento econmico.Unificaciones de la oposicinpoltica y social, divisiones enel oficialismo.

    Caracterizacin

    general delconflicto

    Politizacin. Protesta socialgeneralizada. Autonomizacindes-corporativizada y diver-sificada en sus destinatarios.

    Contenido progresivo, conpeso importante del carcterdefensivo en la lucha corpo-rativa.

    Institucionalizacin y corpo-rativizacin moderada delconflicto. Emergencia de

    nuevos movimientos. Conte-nido progresivo, con aumentodel peso ofensivo en la luchacorporativa.

    Politizacin y polarizacin.Autonomizacin corporativa y

    regresiva con el Gobierno na-cional como destinatario.

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    Dimensiones Perodos

    2000-2002 2003-2007 2008-2009

    Cantidad deacciones de

    lucha

    Punto ms alto de las acciones

    de lucha.

    Descenso y estabilizacin a

    niveles ms bajos.

    Crecimiento con el punto msalto en 2008, pero sin alcanzar

    los niveles de 2000-2002.

    Formas de lucha

    Fuerte intensidad de las ac-ciones directas, en 2001 pre-dominan frente a las indirectas.Las formas de accin directason lideradas por el corte, perotambin alcanzan fuerte inten-sidad el ataque, la ocupacin ylos saqueos. La generalizacinde la protesta conduce a un picoabsoluto de movilizacin.

    Descenso de acciones direc-tas y ascenso de las indirec-tas. La actividad huelgusticaalcanza sus picos absolutosy relativos. La movilizacinalcanza su pico relativo.

    Aumento paulatino de la ac-cin directa y descenso dela indirecta, aunque con pre-dominancia de la segunda. Elcrecimiento de las accionesdirectas se da principalmentea partir del crecimiento de loscortes.

    Personificacinsocial

    Tendencia al aumento delpeso de los desocupados, lle-gando en 2002 a ser el actorms significativo. La treguasindical disminuye el peso delos asalariados ocupados apartir de 2002. Es el momentode mayor articulacin en ac-ciones de lucha entre ocupa-dos y desocupados.

    Reemergencia del conflicto labo-ral a partir de 2004, aumento y

    consolidacin del peso de los

    asalariados ocupados. Descenso

    paulatino y sostenido de la par-

    ticipacin de los desocupados. A

    partir de 2004 adquieren peso los

    familiares y vctimas de la insegu-

    ridad y accidentes. Vinculado a los

    movimientos socio-ambientales,

    desde 2006 adquieren importan-

    cia los vecinos y pobladores.

    Aumento del peso de lospropietarios. Durante 2008superan a los asalariados.Estabilizacin de la intensi-dad de la categora vecinos ypoblacin. Descenso del pesode los asalariados ocupados.Leve ascenso en la partici-pacin de los desocupadosaunque con un peso muy pocosignificativo.

    Demandas

    En 2001, se da el punto ms in-

    tenso de la lucha contra el modelo

    econmico y un pico en la exigen-

    cia de la renuncia de funcionarios

    y en defensa de los ahorros. Los

    salarios adeudados, el empleo,

    los subsidios y las condiciones de

    vida son demandas significativas

    en todo el perodo.

    Asalarizacin de la conflictividad:

    crecimiento del reclamo por au-

    mento salarial y por mejoras en

    las condiciones de trabajo. Dismi-

    nucin marcada de las demandas

    polticas. Relevancia de demandas

    de justicia y referentes al medio-

    ambiente, estas ltimas alcanzan

    su punto ms alto en 2006 y 2007.

    Vinculado al conflicto delcampo se da un pico intensode demandas referentes a losimpuestos. Descenso de lasdemandas salariales. En 2009hay un aumento de las de-mandas por empleo. Aumentode las demandas polticas.

    Destinatarios

    Politizacin: importante peso

    del Gobierno como destina-tario pero no en tanto emplea-dor. Peso significativo de lasempresas como destinatariode demandas.

    El crecimiento del conflicto

    laboral da mayor peso al Gobi-erno en tanto que empleadory un aumento significativodel peso de las empresas pri-vadas.

    Repolitizacin: fuerte aumento

    del peso del Gobierno nacional.Emergencia de destinatariospolticos. Hay una disminucindel peso de las empresas comodestinatarias de demandas en2008 y un aumento en 2009.

    Principaleshechos de

    masas

    Jornadas del 19 y 20 dediciembre (2001).

    Marcha contra la inseguridad(2004), marchas de Guale-guaych (2007), acto del Go-bierno del 25 de mayo (2006)y marcha por la aparicin convida de Julio Lpez (2006).

    Principales concentraciones afavor y en contra del aumentode las retenciones durante elllamado conflicto del campo(2008).

    Fuente:Elaboracin propia con base en datos de PIMSA y en las cronologas del OSAL.

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    2000-2002 2003-2007 2008-2009

    Perodo

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    30%

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    50%

    60%

    Cantidad media anual

    % accin directa

    A continuacin, presentamos la evolucin de los procesos de movili-zacin y protesta de los actores ms dinmicos del perodo entre lossectores populares: los trabajadores asalariados ocupados y los traba-

    jadores desocupados o piqueteros. Asimismo, presentamos una breve

    descripcin de los procesos emblemticos de la primera y segundaetapa de la conflictividad, los denominados procesos de recuperacinde empresas y los movimientos socio-ambientales. Por ltimo, expo-nemos el desarrollo de los procesos de movilizacin con carcter so-cial regresivo, que como ya hemos sealado alcanzan su cspide en laltima etapa de conflictividad que hemos delimitado.

    Grfico 1Cantidad media anual de acciones de lucha y porcentaje de acciones

    que asumen carcter directo por perodo

    Fuente: Elaboracin propia con base en datos de PIMSA.

    L

    En el nuevo contexto social de recomposicin poltica, recuperacineconmica y mejoramiento de los indicadores laborales en particularun marcado descenso del desempleo, surgido tras la crisis de 2001,los trabajadores de la Argentina recuperaron, desde 2004, el dinamis-mo demostrado histricamente. De esta manera, los trabajadores ocu-pados comenzaron nuevamente a desempear el rol de vanguardia enlas luchas sociales, luego de varios aos de fuerte protagonismo de losmovimientos de trabajadores desocupados (aos 2002 y 2003)5.

    5 Cabe destacar que el carcter corporativo de las principales estructuras sindicalesen la Argentina incapacit a estas para organizar a los trabajadores expropiados de

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    El renovado dinamismo expresado por los trabajadores ocupadosen este nuevo contexto puede constatarse a travs de los valores quehan registrado al menos dos indicadores: la conflictividad laboral y lanegociacin colectiva.

    Los primeros aos de la dcada estarn marcados por una in-tensificacin de la conflictividad, un marcado carcter defensivo y launificacin del movimiento obrero en varias huelgas generales frentea las medidas de ajuste del gobierno de De la Ra. Como se desprendedel Grfico 2, la lucha de los asalariados en los aos 2002-2003 alcan-za niveles histricos sumamente bajos. Este descenso es producto delcontexto desfavorable del mercado de trabajo y de la tregua practica-da por distintas fracciones sindicales a partir de los procesos de aper-tura de los gobiernos de Duhalde (2002-2003) y luego de Kirchner. En

    cambio, a partir de 2004, se experiment un crecimiento de la con-flictividad laboral, alcanzando su punto ms alto hacia 2005 (MTSS,2007; Etchemendy y Collier, 2007).

    Esta mayor conflictividad laboral registrada a partir de la recom-posicin poltica y econmica es expresin en parte de un crecientepase a la ofensiva de la fuerza de trabajo en su lucha corporativa. Sidurante la dcada inmediatamente anterior y en los aos 2001 y 2002,fueron mayoritarios, en la perspectiva obrera, los conflictos defensivos,enfrentando particularmente los intentos expropiatorios del capital(salarios adeudados, despidos, reducciones salariales, por ejemplo),en la etapa abierta posteriormente, lo dominante fueron los conflictosofensivos. Esto ha sido as en gran medida debido a los reclamos porincrementos salariales, que han superado los niveles de inflacin expe-rimentados durante el perodo. En 2004, el 62,6% de los conflictos sedio por cuestiones salariales, mientras que en 2005, estos llegaron a serel 76,3% (Etchemendy y Collier, 2007). As tambin, se han registradonumerosos y prolongados conflictos por mejoras en las condiciones detrabajo y de contratacin6. Este nuevo contexto estar tambin enmar-cado por la inexistencia de huelgas generales que articulen al conjunto

    del movimiento obrero contra el Gobierno nacional.De igual forma que en los 90, la conflictividad laboral ha estado

    dominada por la conflictividad registrada en el sector pblico de la

    su insercin laboral. As, los movimientos de trabajadores desocupados y de fbricasrecuperadas crecern por fuera de las estructuras sindicales dominantes y en mu-chas ocasiones sin relacin alguna con centrales o corrientes sindicales.

    6 La lucha contra la precarizacin laboral por parte los trabajadores y los cambiosen la poltica laboral, en un contexto de crecimiento industrial, lograron contras-

    tando con las tendencias de la etapa previa comenzar a disminuir el trabajo noregistrado.

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    economa. Por ejemplo, en 2006, del total de conflictos registrados,el 59% se produjo en el sector pblico, mientras que el resto, el 41%,se dio en el mbito privado (MTSS, 2007). En la conflictividad de estesector se ha destacado el dinamismo expresado por la Asociacin Tra-

    bajadores del Estado (ATE), enrolada en la alternativa Central de losTrabajadores Argentinos (CTA), y, en menor medida, por la Unin delPersonal Civil de la Nacin (UPCN), ligada a la mayoritaria Confede-racin General del Trabajo (CGT).

    Los sindicatos han sido quienes han conducido mayoritariamen-te los conflictos laborales. Empero, una serie de conflictos que hanconcitado la atencin de amplias capas de la poblacin y la interven-cin del Estado nacional como los diversos conflictos suscitados enlos subterrneos de Buenos Aires han estado conducidos por cuer-

    pos de delegados, comisiones internas o seccionales opositoras a lasconducciones nacionales de los sindicatos.En el caso de los subterrneos, el cuerpo de delegados ha sido la

    instancia que ha conducido a la fuerza social de los trabajadores enlos distintos conflictos, a pesar de la resistencia implementada por elsindicato que los representaba formalmente la Unin Tranviarios Au-tomotor (UTA). En los ltimos aos, los trabajadores del subterrneoconducidos por su cuerpo de delegados han obtenido mejoras ensus salarios, la reduccin de la jornada de trabajo y la reversin de lapoltica de subcontratacin, entre otras cuestiones, y se han transfor-mado en un verdadero poder alternativo dentro de la empresa.

    Al lograr revertir una porcin significativa de los efectos nega-tivos instalados en los subterrneos a partir de la privatizacin delservicio en los 90 extensin de la jornada de trabajo y subcontrata-cin, por ejemplo, estos trabajadores se han transformado en unaejemplificacin de la posibilidad de reversin de las consecuencias delneoliberalismo en el mbito laboral.

    Estas experiencias organizativas han despertado fuertes expec-tativas en determinadas identidades, quienes han visto en ellas espa-

    cios a partir de los cuales generar una renovacin de las conduccio-nes sindicales.

    Desde el punto de vista cuantitativo, la incidencia de los conflic-tos conducidos por estas instancias ha sido marcadamente minorita-ria. As, para el ao 2006, el 83% de los conflictos laborales registradosfue impulsado por un sindicato y el resto se reparte por igual entre elfrente gremial y las otras organizaciones, que incluyen a los cuerposde delegados y las comisiones internas (MTSS, 2007). No obstante,estos conflictos, junto a la permanencia de la CTA y el desarrollo de

    nuevas organizaciones, marcan una tendencia hacia una mayor plu-ralidad poltica y organizativa en la vida sindical.

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    Con respecto a las formas de lucha instrumentadas en el de-sarrollo de los conflictos, a diferencia de lo sucedido durante ladcada anterior, cuando se extendi el uso de las declaraciones dealertas y las movilizaciones en las calles, el paro ha vuelto a ocu-

    par un lugar relevante en este perodo. Esta forma de lucha tuvosu pico en 2005, alcanzando niveles que duplican el promedio dela dcada de los 90. El paro, en varias ocasiones, ha sido imple-mentado en combinacin con cortes, bloqueos u ocupaciones deestablecimientos.

    Esta revitalizacin de los trabajadores al menos cuantitativa-mente puede tambin observarse por medio del aumento de las nego-ciaciones colectivas desde 2003, pero especialmente a partir de 2005,segn datos del Ministerio de Trabajo de la Nacin.

    La negociacin colectiva ha sido impulsada por el Estado nacio-nal con el objetivo de institucionalizar los diferendos entre el capital yel trabajo, regulando las demandas salariales de los trabajadores. Laspautas salariales sugeridas por el Gobierno han sido generalmenteacompaadas no exentas de negociaciones por el movimiento obre-ro, particularmente por la Confederacin General del Trabajo (CGT),muy prxima a los gobiernos de Nstor Kirchner, primero, y de Cris-tina Fernndez, despus.

    Sin embargo, este crecimiento de la negociacin colectiva no haanulado la conflictividad laboral. De hecho, muchas de las negocia-ciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo han sidoprecedidas o mediadas por conflictos.

    Entre 2004 y 2008 se han firmado casi 4000 convenios colectivos,si se cuenta entre ellos a los acuerdos puntuales. Durante estos aos,han crecido significativamente los acuerdos y convenios por activi-dad, que prcticamente haban desaparecido en la dcada de los 90.Sin embargo, siguen siendo dominantes los convenios y acuerdos porempresa. En promedio, entre 2004 y 2008, el 66% de las negociacio-nes colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nacin

    correspondi al mbito de empresa, mientras que el 34%, al de acti-vidad.

    En las negociaciones colectivas tambin se puede observar la pujadistributiva entre el capital y el trabajo en un contexto de recuperacineconmica, no exento de presin inflacionaria. En este sentido, cabedestacar que, entre 2004 y 2008, el 86% de las negociaciones colectivashomologadas contemplan clusulas de incrementos salariales.

    En suma, en un nuevo contexto econmico y poltico ms favo-rable en comparacin con la dcada anterior los trabajadores ocu-

    pados de la Argentina han desarrollado una creciente movilizacin yrecuperado el dinamismo demostrado en pocas previas.

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    Ocupados

    Desocupados

    Pequeos ymedianos propietarios

    Grfico 2Evolucin de las acciones de lucha de las tres principales personificiaciones sociales del

    perodo, Argentina 2000-2009

    Fuente: Elaboracin propia con base en datos de PIMSA.

    E Durante la dcada, en paralelo al cambio del contexto social y po-ltico, los movimientos y organizaciones de desocupados, conocidospopularmente como piqueteros, experimentarn transformacionesy cambios profundos, atravesando momentos de movilizacin, rear-ticulacin de fuerzas y reacomodamiento ante el escenario planteadopor los nuevos actores de la esfera poltica.

    Al inicio de la dcada, las distintas organizaciones se encontra-ban fortalecidas. Larga y penosamente se haban constituido desdemediados de los 90, a partir de la movilizacin en las calles y en su co-

    tidiano trabajo barrial, logrando personificar a sectores pauperizadosde la clase trabajadora en procura de la mejora de sus condiciones devida. Enfrentaban, de diversos modos, los efectos del proceso expro-piatorio sobre la fuerza de trabajo resultantes de la reestructuracincapitalista que sign dicha dcada. Su meta originaria fue el reclamopor trabajo genuino pero, ante la falta de respuestas del Estado, estademanda comenz a ser desplazada por los planes laborales y socialesque el Gobierno estaba ms dispuesto a otorgar (Svampa y Pereyra,2003). Inscriptas en una lgica de movilizacin y protesta propia, queencontraba en el corte de vas de trnsito su herramienta emblemti-ca, nutrieron sus filas de la existencia creciente de trabajadores des-

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    ocupados sin posibilidad de verse representados sindicalmente y deldebilitamiento de las redes de los partidos polticos tradicionales enlos barrios populares. En este contexto, las organizaciones piqueterasse transformaron en un verdadero lugar de contencin y dilogo, de

    intercambios y resistencia, de elaboracin de proyectos comunitariosy de puesta en prctica de estrategias de accin contra el hambre, ladesocupacin y la exclusin.

    La evolucin de su accionar en las calles a lo largo de la dcadaque aborda el presente trabajo vara en paralelo a los cambios en lasituacin poltica, econmica y social.

    En los primeros aos, la dinmica de movilizacin de las organi-zaciones piqueteras crece constante y significativamente hasta alcan-zar su punto mximo de convocatoria en 2002. Este momento de gran

    movilizacin y capacidad de articular con otros sectores sociales enpos de sus reivindicaciones particulares y de metas polticas ms tras-cendentes es tambin el perodo en el cual comienzan a intensificarselas contradicciones al interior del movimiento. Hasta la crisis de 2001,aun en la marcada heterogeneidad poltica e ideolgica que expre-saban las organizaciones, existan tendencias convergentes en la di-nmica de confrontacin que hacan posible hablar del movimientopiquetero7. A partir de la crisis de finales de 2001 y de la renuncia delpresidente De la Ra se acentuarn las tendencias divergentes. Muytempranamente se intensificaron los distanciamientos, emergiendodivergencias acerca del carcter de la crisis poltica y las estrategias aseguir. A medida que fue cambiando la situacin econmica y poltica,las contradicciones al interior del movimiento se acrecentaron.

    Hacia 2003 el movimiento piquetero se encontraba fuertementeestablecido en la lgica de movilizacin y conflicto, aunque su capaci-dad de convocatoria comenzaba a declinar. Su principal forma de lu-cha el corte o piquete en las vas de trnsito comenzaba a impacien-tar y desarrollar malestar en sectores de capas medias urbanas queotrora prestaran un limitado apoyo y cierta tolerancia. Los piqueteros

    debieron soportar en aquellos das la ms dura oposicin mediticaa sus prcticas de lucha. Sin embargo, aun sin alcanzar la intensidadde 2002, las acciones de lucha de estas organizaciones mantuvieronun fuerte nivel. Recin a partir de 2005 el cambio de etapa impactar

    7 La fragmentacin poltica y social de los sectores populares es una caractersticacentral de la Argentina reciente que se expresar de modo particularmente intensoen los movimientos y organizaciones desarrolladas en el campo de los trabajadoresexpropiados de su insercin salarial. Tanto entre los desocupados como entre lostrabajadores de fbricas recuperadas cada destacamento poltico tender a la cons-

    truccin de un movimiento propio retroalimentando inercialmente la fragmentacinpreexistente.

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    cuantitativamente en sus acciones de protesta, inicindose un marca-do y sostenido descenso hasta alcanzar prcticamente un estado dedesmovilizacin en 2007.

    La actitud del presidente Nstor Kirchner frente a la cuestin pi-

    quetera se torn evidente desde el comienzo de su mandato. Nunca semostr dispuesto a pagar el costo poltico de la represin. Si durantela dcada anterior las tcticas implementadas por los gobiernos hacialos movimientos fueron de deslegitimacin y represin, desde los ini-cios del gobierno de Nstor Kirchner la perspectiva se transform. Elnuevo gobierno abri el camino del dilogo y la negociacin con lasorganizaciones. Su estrategia apuntaba a abrir canales de recursos alas organizaciones, en especial aquellas ms afines, y apostar a queel problema de la desocupacin se resolviera con crecimiento econ-

    mico y creacin de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se iniciauna poltica por parte del Gobierno que tiende a limitar el uso de larepresin ante acciones de protesta poniendo especial atencin a lalegitimidad social del uso de la fuerza y a dejar actuar al sistema

    judiciala posteriori.La bsqueda del Gobierno nacional se centraba en poner en mar-

    cha rpidamente proyectos de trabajo con las organizaciones que tor-naran sin sentido la lgica del corte de calles. Su poltica de puertasabiertas a los reclamos y de diversificacin de la poltica social pron-to profundizaran, an ms, las contradicciones al interior del movi-miento. Desde la perspectiva de las organizaciones ms crticas ensu mayora vinculadas a partidos y organizaciones de izquierda losprimeros pasos dados por el presidente fueron catalogados de insufi-cientes. Las seales de ruptura con algunas de las polticas de los 90que pronto se dieron desde el ejecutivo se comprendieron como inser-tas dentro de una lgica de doble discurso. Para estas organizaciones,Kirchner vena a continuar el trabajo de Menem y De la Ra. Estossectores buscaron y buscan en la actualidad continuar con la lgicade movilizacin y protesta que durante los 90 les arroj resultados sa-

    tisfactorios, colocndolos como representantes legtimos en la luchasocial de un sector de los excluidos8.

    Pero el ciclo econmico de recuperacin que ya se haba iniciadohacia fines de 2002 y que mostrar un crecimiento constante durantelos aos siguientes incidir en el movimiento piquetero de una formaoriginal: socavando las bases de su reclutamiento, el ejrcito de des-

    8 Cabe destacar que este xito en la representacin en la lucha social nunca logravalidarse polticamente en elecciones, por el contrario, los intentos electorales que

    realizan algunas organizaciones afines u opositoras al gobierno fracasaron estrepi-tosamente.

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    ocupados. La capacidad de convocatoria de las organizaciones ya noconocera los niveles del pasado inmediato.

    De esta forma, otras organizaciones tomaron conocimiento dela necesidad de definir una relacin nueva con los actores polticos.

    Quienes se sumaron al dilogo y redefinieron pronto su postura frenteal nuevo gobierno comenzaron a ser vistos como traidores por susanteriores compaeros de lucha. Las contradicciones al interior delmovimiento piquetero se iran profundizando a medida que el kirch-nerismo buscaba fortalecerse y resolva asincrnicamente muchas delas tensiones que lo atravesaban. As, sectores del movimiento se inte-grarn al Gobierno de muy diversas formas como base de apoyo socialy, no pocos, en puestos de gestin gubernamental. Un amplio espectrode organizaciones, en particular aquellas provenientes de tradiciones

    polticas vinculadas al nacionalismo popular, desarrollarn accionesen apoyo a polticas planteadas desde el Gobierno, trasladndolas alas calles y actuando como un factor de presin hacia empresas, me-dios de comunicacin y polticos de la oposicin9.

    Muchas situaciones polticas durante la dcada podran ejempli-ficar las distancias abiertas entre las organizaciones y las polticas quecada una llev adelante. Pero quizs el denominado conflicto con elcampo ejemplifique mejor que ninguna otra las contradicciones abier-tas entre las organizaciones piqueteras. Mientras algunas se movili-zaron en apoyo a la postura del Gobierno y se transformaron en susostn en las calles, otras se encolumnaron con las entidades del cam-po estableciendo una alianza con los propietarios y las corporacionesrurales, bajo el argumento de defender los intereses de los pequeosproductores rurales. Las dems organizaciones, sin mayor repercu-

    9 Los resultados de la apertura del Gobierno hacia los movimientos fueron con-ceptualizados por distintos analistas como institucionalizacin, cooptacin yestatalizacin del movimiento piquetero. Desde nuestra perspectiva, si bien la dis-minucin de la recurrencia a la accin directa y la apertura de diversos canales a

    las instancias de gobierno podra ser conceptualizados como institucionalizacin,no debe olvidarse el carcter parcial de dicho proceso, dado que no se constituyningn diseo institucional especfico que reconozca formalmente a las organiza-ciones otorgndoles derechos y obligaciones. Menos precisos, nos parecen los sea-lamientos de cooptacin y estatalizacin. Difcil es hablar de cooptacin al menosde forma generalizada cuando muchos de los grupos que se incorporan al gobiernoguardan mrgenes de autonoma importantes que los llevan en ocasiones a dimitirde los puestos de gobierno por diferencias con la poltica gubernamental. Por otraparte, esta mirada despectiva soslaya las afinidades electivas que existen entre lastradiciones polticas del Gobierno y la mayora de dichas organizaciones, as comola existencia de coincidencias programticas. Ms desafortunada aun es la cate-gorizacin de estatalizacin, dado que a algunos de los considerandos anteriores

    le suma el error de no distinguir entre gobierno y Estado, distincin central paraentender el perodo.

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    sin, buscaron revertir la polarizacin de la confrontacin apostandoinfructuosamente a abrir una tercera alternativa10.

    Ms recientemente, a fines de 2009, la estructura de oportunidadabierta por el conflicto entre el Gobierno y la oposicin social y pol-

    tica, colaborar en una moderada revitalizacin de la movilizacin dedistintos grupos piqueteros. Aprovechando la difusin proporcionadapor grupos mediticos enfrentados con el Gobierno algunos de loscuales en su momento fueron artfices de la estigmatizacin de lospiqueteros retomarn la protesta en las calles en procura de conse-guir ser incorporados en programas de trabajo del Gobierno nacional,denunciando su discriminacin a expensas de la estructura territorialdel partido en el gobierno del Estado.

    En suma, el movimiento ir perdiendo paulatinamente el pro-

    tagonismo que otrora supo tener en la conflictividad. La prdidade capacidad de movilizacin se dar en paralelo a la apertura denuevos canales institucionales. Esta nueva situacin otorgar enmuchos casos un peso creciente a los emprendimientos en los ba-rrios en la dinmica de la organizacin a expensas o desligados dela lucha en la ruta, desdibujndose algunas de las caractersticasmovimientistas de las organizaciones. Finalmente, la dcada mues-tra los rumbos divergentes que tomaron las organizaciones pique-teras en relacin con el Gobierno y la interpretacin de la situacinpoltica.

    F La recuperacin de empresas es la conceptualizacin con la cual se hadenominado a un conjunto heterogneo de procesos, en los cuales em-presas en crisis son puestas a producir por sus trabajadores. Durantela dcada, miles de asalariados en todo el territorio de Argentina sehan hecho cargo de empresas en crisis.

    Inicialmente, la difusin de las recuperaciones expres una delas respuestas esbozadas por los trabajadores ante la posibilidad de la

    prdida del trabajo, en el contexto indito de crisis econmica, polti-ca y social que mostraron los aos 2001 y 2002. Este contexto de crisispermiti la construccin de una estructura de oportunidades para laconformacin de una serie de articulaciones y alianzas sociales que

    viabilizaron las recuperaciones. El trabajo como valor social, en unpas con tasas inditas de desempleo, otorg legitimidad para que unconjunto de trabajadores lograra preservar, por su propia cuenta, suespacio en el mercado laboral (Rebn, 2007).

    10 La consigna de esta tercera tendencia ser: ni con las patronales del campo nicon el Gobierno K.

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    de empresas expresafuerza de trabajoque avanza en una embrionariarelacin de posesin con los medios de produccin. Representa, fren-te al punto de origen, un empoderamiento social al conformar unanueva relacin con sus medios de produccin, a partir de una nueva

    articulacin, al interior y al exterior de la unidad productiva con otraspersonificaciones sociales.

    L -La expansin capitalista en diferentes actividades extractivas e indus-triales con fuerte impacto ambiental fue resistida por la conformacinde nuevos movimientos sociales. Las distintas resistencias al avancede la minera a cielo abierto y el masivo movimiento emergente en laciudad de Gualeguaych contra la instalacin de papeleras en Fray

    Bentos (Uruguay) configuran sus ejemplificaciones emblemticas.Diferentes cambios institucionales acaecidos durante los 90 fa-vorecieron la expansin de procesos de explotacin minera a cieloabierto por parte de empresas trasnacionales. El desarrollo de estosenclaves extractivos ha tenido un fuerte impulso durante la dcada enestudio contando con medidas favorables por parte del Gobierno na-cional en alianza con los gobiernos locales. Dicha expansin implicun verdadero proceso expropiatorio de los recursos naturales por lascondiciones leoninas a favor de las empresas y provoc graves costosambientales contaminacin, uso irracional de otros recursos natura-les, desertificacin que alteraron otras actividades econmicas comohan sido las agropecuarias y tursticas.

    El carcter depredatorio de estos enclaves ha sido enfrentado endiferentes territorios por diversas alianzas sociales que lograron xi-tos parciales como la no apertura de minas en la ciudad de Esquelen el ao 2003, leyes limitativas de la minera en las provincias deChubut en 2003, Ro Negro en 2005, La Rioja, Tucumn, Mendoza yLa Pampa en 2007, Crdoba y San Luis en 2008, y la conformacinde una red de territorios en resistencia la Unin de Asambleas Ciuda-

    danas que se articularon asambleariamente y coordinaron accionesde diverso tipo.

    La lucha defensiva de estos movimientos y organizaciones no halogrado detener la expansin capitalista en este campo, aunque s leha puesto ciertos lmites, obligando a las empresas y gobiernos a nue-

    vas estrategias para resolver estos obstculos.Las resistencias contra la minera han tenido mayor xito en

    aquellas provincias con mayor heterogeneidad social, econmica ycultural. Por el contrario, en aquellas con matrices ms jerrquicas,

    escasa diversificacin econmica y cultural y altos ndices de pobrezacomo las del Noroeste del pas la capacidad de resistir el poder de la

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    minera en conjuncin con el poder poltico local ha sido ms desfavo-rable. En estos ltimos territorios, no se lograron leyes que limiten di-chos desarrollos o, cuando se lograron, fueron luego revertidas comoen el caso de La Rioja (Svampa y Antonelli, 2009).

    Otro conflicto que instal la dimensin socio-ambiental fue elprotagonizado por la asamblea ciudadana ambiental de Gualeguay-ch. Esta se constituy hacia 2005, luego de una gran movilizacincontra la instalacin de dos fbricas papeleras en la vecina localidadde Fray Bentos, en la Repblica Oriental del Uruguay.

    El conflicto logr instalar socialmente a nivel nacional el proble-ma de la contaminacin que podan producir dichas plantas, con baseen una intensa movilizacin y recurrencia a la accin directa entreellas el corte casi permanente del puente internacional que une Fray

    Bentos con Gualeguaych. La demanda ambiental se cruz con lacuestin nacional y local. Precisamente, el movimiento se desarrollen el lado de la frontera que no iba a recibir los beneficios de las plan-tas trabajo, dinamismo econmico y s sus costos contaminacin.

    El movimiento provoc que el Gobierno nacional se posicionarasobre el tema recurriendo a tribunales internacionales y que procura-ra revertir y/o modificar la instalacin y funcionamiento de las plan-tas. Como resultado del proceso, se logr evitar la instalacin de unade las mismas.

    L Los procesos de movilizacin social de carcter regresivo han sidouna de las novedades del perodo. El retroceso poltico institucio-nal de sectores de las clases dominantes en particular su desplaza-miento parcial del Gobierno nacional a partir de 2003 condujo a laemergencia de procesos sociopolticos basados en la movilizacinde masas en defensa de sus intereses. La prdida de poder institu-cional fue contrarrestada en diferentes momentos con la activaciny apelacin a acciones que excedan los canales institucionales. En

    particular por su relevancia, masividad e impacto poltico deben serdestacados dos procesos que tienden a la reestructuracin regresivadel poder social11.

    El primero lo encontramos en 2004, en pleno ascenso del gobier-no de Nstor Kirchner, con el movimiento liderado por Juan CarlosBlumberg en pos de un endurecimiento de las normas penales como

    11 Entendemos que un proceso tiene un carcter social regresivo cuando procura

    ampliar o conservar privilegios sociales de determinados grupos en detrimento desectores menos aventajados (Rebn, 2009).

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    forma de lucha contra la inseguridad ciudadana12. Padre de unavctima de un secuestro que culmina en asesinato, Blumberg, con laayuda de diversos medios de comunicacin y del poder poltico y eco-nmico, logra convertirse socialmente en la personificacin del ciuda-

    dano-vctima de la delincuencia. Consigue movilizar a un importanteconjunto de la poblacin en particular de los estratos sociales msacomodados a travs de marchas y petitorios. En los hechos, prota-goniza la principal accin de masas durante el gobierno de Kirchner,su primera movilizacin en la ciudad de Buenos Aires es acompaadapor alrededor de 150.000 personas. El movimiento logra promover lasancin de leyes que implicaron un significativo endurecimiento delsistema penal. Por un lado, se agravaron las penas de ciertos delitospenales y, por el otro, se dificultaron las condiciones para la obtencin

    del beneficio de la libertad condicional. La mayora de los proyectos deley definitivamente sancionados fueron presentados con anterioridadal inicio de las movilizaciones. La gnesis de estos proyectos formaparte de una agenda previa sobre la temtica de la seguridad realizadapor sectores mediticos y polticos, que encuentra en el movimientoencabezado por Blumberg la fuerza social para su avance(Calzado yVan Den Dooren, 2009)13. Si bien el proceso tiene una dimensin po-ltica, nunca logra trascender la temtica puntual de la inseguridad,ni logra antagonizar con un gobierno nacional en ascenso que se com-porta de forma ambigua frente al mismo.

    El segundo proceso es mucho ms relevante tanto por su masi-vidad como por sus implicancias polticas. Nos referimos al deno-minado conflicto del campo. Dicho conflicto logra politizar, mo-

    vilizar y polarizar a la sociedad como ningn otro en la dcada14.

    12 Durante la dcada, la temtica vinculada a la denominada inseguridad urbanadio lugar a formas de lucha con dismiles caracteres sociales. Se desarrollaron dife-rentes acciones, desde las movilizaciones de vecinos reclamando justicia hasta los

    violentos ataques a casas de presuntos victimarios en barrios populares. En el campo

    de los trabajadores organizados, en especial del transporte, se realizaron huelgas,cortes y movilizaciones para protestar frente a robos, asesinatos y vejaciones de di-

    verso tipo. Sin embargo, el proceso personificado por Blumberg es el nico que lograproducir impacto nacional durante un perodo significativo.

    13 Unos aos ms tarde Blumberg dej de ser un referente masivo luego de habersido denunciado por usurpar el ttulo de ingeniero y de fracasar estrepitosamente ensu presentacin como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

    14 Precisamente el otro gran momento de politizacin y movilizacin de la pobla-cin se da a fines de 2001 y principios de 2002 al comps del momento ms intenso dela crisis. No obstante, a diferencia de este conflicto, no se produce una polarizacin yuna embrionaria dualidad de poder. Al contrario, los procesos de autonomizacin y

    protesta que canalizan en aquel entonces el malestar social nunca logran coordinarseen una direccionalidad estratgica. Pese a la voluntad de muchos destacamentos, la

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    En marzo de 2008, meses despus de haber asumido, la presidentaCristina Fernndez decide elevar la alcuota de retenciones a la ex-portacin de diversos granos, en especial a la soja, y vincular su

    variacin a la del precio internacional de los productos. La medida

    se da en un contexto de elevada rentabilidad de su venta al exterior.Ms an, dicha medida altera la rentabilidad futura pero sin dis-minuir la rentabilidad con respecto al ao previo. Sin embargo, ypara sorpresa del Gobierno, que toma la medida sin imaginar susconsecuencias polticas, las principales entidades corporativas delos propietarios y patrones del agro se unifican en reclamo de la de-rogacin de la medida. La Sociedad Rural Argentina, las Confede-raciones Rurales Argentinas, la Federacin Agraria Argentina y laConfederacin Intercooperativa Agropecuaria deciden no comer-

    cializar granos ni carne estableciendo verdaderos controles de lasrutas cortes para garantizar la efectivizacin de la medida15. Seinicia as un intenso conflicto en el cual los propietarios agrcolas,a semejanza de diversos movimientos sociales de los sectores po-pulares, van a centrar su movilizacin en la accin directa cortesy escraches, por ejemplo y en la prctica asamblearia. El conflictounificar a los distintos estratos de la propiedad rural tras un pro-yecto hegemonizado por sus sectores ms concentrados16. Si biense trata de poblacin perteneciente a los deciles superiores del pasen lo referente a la magnitud de los ingresos percibidos, existenentre los integrantes de esta fuerza significativas diferencias por lasmagnitudes de sus propiedades y funcin productiva, as como porsus historias sociales y polticas. Los pequeos productores prima-rn en la composicin social movilizada a la vera de las rutas, aun-que nunca lograran hegemonizar el conflicto ni escindir su propiointers del de los sectores ms concentrados. El Gobierno, pese asus tardos intentos, en ningn momento podr quebrar la unidadalcanzada por esta alianza social.

    autonomizacin no logra polarizar el ordenamiento social configurando la posibili-dad de la dualidad de poder.

    15 Estas entidades conforman una Mesa de enlace que se atribuir la represen-tacin del campo. No obstante, otros actores de la vida rural aprovecharn laoportunidad para expresar pblicamente sus contradicciones con los intereses allrepresentados. En particular, nos referimos a los campesinos y pueblos originarios

    vinculados a la produccin familiar que durante toda la dcada resistieron la ex-pansin capitalista en las reas rurales y los procesos expropiatorios que la mismaimplic.

    16 Estratgicamente, estos sectores procuraban incrementar sus beneficios definien-

    do un patrn de acumulacin que subordinase a los asalariados y a la industria a lospropsitos de su expansin (Basualdo y Arceo, 2009).

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    El conflicto es promovido desde el primer da por los principalesoligopolios mediticos y va a lograr condensar el malestar social acu-mulado, principalmente, por las medidas reformistas de los gobiernosde Nstor Kirchner y Cristina Fernndez. Todos aquellos sectores de

    las clases dominantes y sus personificaciones polticas y corporativasque sintieron afectados sus intereses ms polticos que econmicosaprovecharn la oportunidad para atacar y debilitar al Gobierno. Ten-drn su base de apoyo en la cultura de la propiedad privada contrala confiscacin del Estado y en la conciencia anti-peronista de lascapas medias sector histrico del anti-peronismo y contarn con lacomplicidad de algunos destacamentos de izquierda que apostaban aldebilitamiento del Gobierno como paso previo a un proceso de radica-lizacin poltica. Tambin se apoyarn en el prematuro desgaste de un

    gobierno que no lograba frenar una creciente inflacin que minaba larecuperacin salarial lograda en los aos previos por los trabajadoresy se expona constantemente al ridculo pblico al falsear el ndicede inflacin del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC),minando as la credibilidad de su palabra. El conflicto del campose fue convirtiendo en una disputa por la direccionalidad poltica delpas. La lucha contra las retenciones involucr y aline al conjunto dela poblacin, conformando una dualidad de poder que paraliz al pasy desabasteci a los principales centros urbanos. El conflicto expresel ms intenso proceso de movilizacin posterior a 2001. Cada fuerzacort transversalmente la pirmide social con diferentes composicio-nes. Mientras las movilizaciones del campo tuvieron una composi-cin social en la cual tuvieron un fuerte peso, adems de los sectores

    vinculados a los propietarios rurales, los estratos altos y medios altosde los centros urbanos, el Gobierno bas su movilizacin en los tra-bajadores organizados gremialmente y en los pobres urbanos, junto agrupos de intelectuales progresistas17. Pero la magnitud de la fuerzade masas fue diferente. Pese a la masividad de sus movilizaciones,la fuerza liderada por el Gobierno no logra contar con una adhesin

    espontnea de las masas, el entramado organizativo del Partido Jus-

    17 Cada fuerza al cortar transversalmente la estructura social contar con apoyosen los sectores que menos peso relativo tiene. Por ejemplo, el conflicto produce unaescisin en la Confederacin General del Trabajo que apoyar al campo. Tambinalgunos movimientos piqueteros, buscando la rebelin de los chacarareros y la re-forma agraria, se sumarn a la fuerza social regresiva. Por el contrario, el gobiernoencontrar ms dificultades en alinear a los sectores capitalistas beneficiados con supoltica econmica, la rentabilidad extraordinaria obtenida durante el perodo pre-cedente no ser motivo suficiente para apoyar sin ambigedades a un gobierno que

    viven como polticamente ajeno y que tiene ms margen de autonoma de los lobbyempresariales de los que estos estn dispuestos a aceptar.

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    consolida, una nueva alianza social en el gobierno del Estado que es-tablece significativos puntos de ruptura en el campo econmico, pol-tico y social con el perodo anterior. Esta alianza reconstituye el ordenpoltico y social prestando particular atencin al clima de moviliza-

    cin y de malestar previo. En los hechos va a retomar selectivamenteparte de su agenda y tener en cuenta en su accionar el horizonte depotencial estallido que obstaculizaba ciertas posibilidades de accine impulsaba otras. Estos cambios, aun sin lograr revertir los niveles dedesigualdad consolidados en el perodo previo, lograron mejorar lascondiciones de vida y trabajo de amplios sectores sociales. Sin permi-tir hablar de la existencia de una Argentina pos-neoliberal plantea-ron algunas reversiones y transformaciones de los cambios regresivosde pocas previas. Sin que se fueran todos, tambin produjeron el

    desplazamiento de parte de las personificaciones polticas e institu-cionales ms regresivas del perodo anterior. El carcter parcial de loscambios nos plantea diversos interrogantes. Expresa elgatopardismode un gobierno que obtura la posibilidad de una transformacin msprofunda? Representa su falta de voluntad de transformacin? Essimplemente la resultante de su carencia de la suficiente fuerza socialpara llevarlos a cabo? Es resultante de la dinmica de confrontacinque en parte trasciende la voluntad previa de sus protagonistas? Siesto ltimo es as, en qu direccionalidad opera en cada momento?Futuras investigaciones del perodo podrn desentraar con mayorrigor el peso relativo en la realidad de las tesis presentes en los inte-rrogantes planteados.

    Este nuevo contexto poltico y social, como hemos mostrado,produjo cambios significativos en las luchas sociales y en los movi-mientos y organizaciones que personificaban a las clases populares. Aldesarrollo de las tensiones que hemos planteado en la direccionalidaddel Gobierno, se producen realineamientos al interior del movimientopopular, algunos establecen alianzas y treguas de diferentes caracte-rsticas con el mismo. En el otro extremo, otros continan como si

    nada hubiera pasado. As tambin, cambia el carcter de clase de lasconfrontaciones sociales analizadas. De las luchas por detener los pro-cesos expropiatorios ejecutados en la perspectiva de diferentes identi-dades sociales dominantes en los primeros aos, se pasa a una etapaen que asume nuevo impulso la lucha por la mejora en las condicionesde explotacin en la perspectiva de la fuerza de trabajo. En paralelo ala recomposicin poltica y a la asuncin del Gobierno de parte de laagenda democrtica, se produce un proceso de institucionalizacin ycorporativizacin de la lucha social. No obstante, con nuevas carac-

    tersticas, la lucha social y sus emergentes organizativos siguen te-niendo una rica e importante diversidad. Entre ellos podemos sealar

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    los movimientos contra la impunidad del pasado o del presente o lasociognesisde movimientos que cuestionan con diferente intensi-dad el impacto ambiental del carcter productivista de la renovadaexpansin capitalista.

    Por ltimo, un fenmeno novedoso es el desarrollo de procesosde movilizacin social regresivos. La autonomizacin parcial del Go-bierno con respecto a sectores de la clase dominante configura unasituacin original. Sectores sociales que sienten haber perdido poderinstitucional apelan a la va extra institucional y a dinmicas carac-tersticas