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Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia 24. marzo, 2013 Érika Ramírez @erika_contra Capitales, Portada, Semana, Sociedad
⇒ Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia
Parte II: San José del Progreso, explotación y miseria
Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema
En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver
Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la
extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno
mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los
pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social
Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru
sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.
Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de
Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la
carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.
El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría
bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una,
en el pulmón derecho, fue letal.
A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna
derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.
“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al
llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”,
recuerda la joven.
Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban
de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la
sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).
Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión
por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para
ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.
Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la
zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con
hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO,
Leovigildo Vásquez Sánchez.
Derechos humanos, violentados
El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos
tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que
estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas
susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y
otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en
la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal
reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles
estatales, nacionales e internacionales.
Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las
empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.
El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo
el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.
“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José
del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en
México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca,
esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”,
dice el Centro Prodh mediante su informe.
El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera
Cuzcatlán.
Sin consulta previa
Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay
una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.
En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto
complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de
comunidades completas.
Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los
derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.
Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del
Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.
“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al
uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de
consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.
Infografía:
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San José del Progreso, explotación y miseria 25. marzo, 2013 Érika Ramírez @erika_contra Capitales, Destacadas, Portada, Semana, Sociedad
Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia
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Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema
San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la
filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.
Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
San José del Progreso, Oaxaca. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que en este municipio habitan 6
mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado
gobernado, hasta 2010, por el Partido Revolucionario Institucional y ahora por el aliancista Gabino Cué Monteagudo (partidos de la Revolución
Democrática y Acción Nacional). A nivel nacional ocupa el sitio 481, de los casi 2 mil 500 municipios que conforman la nación.
Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en
alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.
Andrés Vásquez, padre de Bernardo Vázquez –dirigente opositor a la minera Cuzcatlán, asesinado el 15 de marzo de 2012– de la Coordinadora de
Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de los campesinos que ha padecido las condiciones de pobreza.
Huérfano de padre y madre, don Andrés ha vivido toda su vida del trabajo en el campo. A sus 62 años de edad, es padre de 10 hijos que ahora viven
en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas
para aquellos que están a favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.
Contrario a la pobreza que hay en el lugar, actualmente, la empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines –representada en México por la
Compañía Minera Cuzcatlán– tiene en sus registros la extracción de millones de onzas de metales preciosos del suelo oaxaqueño.
Incertidumbre en la salud
Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en San José del Progreso es una de
las preocupaciones que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde
hace algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los
problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas.
Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la niña de casi 4 años de edad. “Me
dicen que es el jabón, pero antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”.
Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la probabilidad de que se esté
contaminando el agua, o al polvo que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues
no cuentan con información clara del impacto ambiental que trae consigo la extracción que hace la
minera canadiense.
La organización internacional Hesperian, en su Guía comunitaria para la salud ambiental, indica
que con la minería “la contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a
muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y
al hambre. Y la contaminación del aire, proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones
construidas cerca de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la industria minera es
explotar hasta el último pedazo de tierra y hasta el último trabajador disponible, sacrificando la salud,
los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre otros aspectos.
Minería, oscuro panorama
Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta que
actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su mayoría de oro y
plata.
Como lo documentó Contralínea (edición 268), México ha otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 millones 994 mil 312.7
hectáreas, con base en los padrones de expedición de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía. “Se trata de más de una cuarta parte
de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y
plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.
Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas constitucionales en
derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a
cambio de algunos pesos. No es posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para despojar a
los pueblos de sus territorios”.
—¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta.
—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más de lo que sacaron los
españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y
300 toneladas en un sólo camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos
gigantes.
“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la mina. El problema más
grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto)
son los impactos a los acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los
desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la
contaminación.”
Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana
La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño
1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.
De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas
de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.
La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de
pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía
Minera Cuzcatlán.
Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la
industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de
marzo de 2013, la onza de oro en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.
Las desigualdades
En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de
los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y
2010, pero sólo pagaron al país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y
brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.
El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios
minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por
ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.
“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la
de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a
empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.”
Un cuarto del país en poder de mineras extranjeras 22. enero, 2012 Érika Ramírez @erika_contra Portada
Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio
nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses
son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las
empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de
florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los
permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.
Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría de Economía–
revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los
últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.
El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela que las empresas
más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration,
Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-
mexico-a-trasnacionales/
).
La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documentoEstadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen
293 empresas con capital extranjero operando en México”.
Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una
pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.
Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el tiempo que duran
las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son
los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.
Las cifras
Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17
mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la
concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.
Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas,
que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio anterior. Los informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en
esos años.
Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones 377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo
se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la entidad que más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.
Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que haya tal beneficio a las
trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la concesión minera es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de
florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque los precios de los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.
Trasnacionales en México
Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen canadiense son las que acaparan las
concesiones para la exploración, explotación y producción en las minas mexicanas.
El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último
metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de la producción mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por
Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 808 proyectos en total” (esto,
durante el periodo fiscal 2011).
Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República Popular China;
cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda,
respectivamente, indican las Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.
El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98
proyectos, 12 por ciento; el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto,
estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca fosfórica, lo
que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.
Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados– opina que el “acaparamiento de las
concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros
desempeñen sus trabajos”.
En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a las trasnacionales que han obtenido
concesiones.
“No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan
con todos los requisitos.
“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos
hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace
un uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad sino porque cumplan o no
las leyes mexicanas.”
La Auditoría Superior y la Constitución
En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el otorgamiento de las
concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las
sociedades son de nacionalidad mexicana y [que] tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen
derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos
bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación,
los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”
López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta fuente de entrada de divisas al país, superada por el
petróleo, la industria automotriz y el sector turístico.
La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas; son mano de obra barata y padecen un
fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.
El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, así como con los intereses de una burguesía trasnacional. Se debe recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes y
su explotación son de la nación y su desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no se agote”.
Violaciones a los DH
Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través de 2 mil 183 títulos, también es donde más
violaciones a los derechos humanos se registran en la industria minera.
El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
evidencia que “las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un traba jo digno”.
Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da
cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para
garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e incluso, a la vida”
Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo el primer lugar en incapacidades
permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el primer lugar por incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron
a 705; y el primer lugar en enfermedades de trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Al cierre de edición no
se obtuvo respuesta.
Coahuila: mineros en calidad de servidumbre
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la organización Familia
Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con
las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los
trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que utilizar su propio
equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y
forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro,
subregistrado y altamente peligroso.
Mineras pagan a México 1% de lo que extraen 4. marzo, 2012 Érika Ramírez @erika_contra Portada
Trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio
nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero
sólo pagaron al país “derechos” por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses,
australianas y brasileñas sacaron de México más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata
Mineras trasnacionales pagan a México poco más del 1 por ciento del valor total de lo que extraen del territorio nacional, del cual las administraciones panistas les han
concesionado alrededor del 25 por ciento de los 2 millones de kilómetros cuadrados que lo conforman, hasta por 50 años.
Tan sólo por la extracción de oro y plata las multinacionales se llevaron a sus arcas el 90 por ciento del valor de los metales preciosos. A México le dejaron un equivalente de
menos del 10 por ciento de esos recursos, durante el último lustro. De documentos de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, y de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) se desprende la disparidad entre los beneficios obtenidos por las empresas y los montos que se retribuyen al erario.
Del análisis de las estadísticas de producción y valor de los metales, publicadas por la Dirección General de Minas para el periodo 2005-2010, y del Informe del resultado de la
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 (presentado el 15 de febrero pasado), resulta que la mayor utilidad para México por la extracción de oro fue de apenas 10.61 por
ciento, en 2008.
Los documentos revelan que de los 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos en que se evaluaron los 50 mil 365 kilos de oro extraídos ese año, entraron al erario 1 mil 667 millones
42 mil 800 pesos por el concepto de pago de cuotas para explotar minas.
En tanto, por plata ?metal que coloca a México como el productor más importante a nivel mundial? la “ganancia” para el país fue del 11.93 por ciento del valor total de lo extraído,
en ese mismo periodo fiscal. Ese año la producción del metal precioso fue de 2 millones 668 mil 28 kilos, lo que implica un valor de 13 mil 972 millones 569 mil pesos. La ganancia
para las trasnacionales fue del 88.07 por ciento.
El año en el que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue el que más pérdidas representó para México en este rubro: registró un pago de cuotas de tan sólo 322
millones 696 mil 600 pesos. No obstante, el oro se cotizó, en ese año, en 7 mil 628 millones 188 mil 800 pesos. El “beneficio” para México fue de 4.23 por ciento de los valores
mercantiles.
El avalúo de la plata llegó a los 9 mil 777 millones 994 mil 200 pesos, por la extracción de 2 mil 413.147 toneladas. Durante ese mismo año, el pago por derechos, en más de 320
millones de pesos, dejó utilidades a las compañías extranjeras por 96.7 por ciento, contra el 3.30 por ciento aportado al fisco.
Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, asegura que las disposiciones “relativas a las actividades mineras no regulan
derechos a favor de la nación ni de los propietarios de las tierras donde los minerales se encuentran, sino para favorecer a las grandes mineras”.
Cuotas simbólicas
En México las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, s ino por hectárea concesionada. En enero
pasado, Contralínea documentó que las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por cada hectárea concesionada.
Esta situación ha motivado iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza. Sin embargo, éstas permanecen en la congeladora de la
Cámara de Diputados (Contralínea 268).
El informe de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son “simbólicos” y “contrastan” con el valor de los
recursos extraídos del territorio nacional.
En cuatro años de administración calderonista y el último de Vicente Fox (periodo analizado en la Cuenta Pública 2010) sólo se aportó poco más del 1 por ciento de los beneficios
obtenidos por las compañías.
La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, indica que el valor de la producción en ese lustro ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos, y
el de los derechos cobrados a 6 mil 543 millones 417 mil 400, los cuales equivalieron al 1.2 por ciento de la producción.
Concesiones sin beneficio a la nación
De acuerdo con el informe de fiscalización, los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras son “mínimos y de fáci l cumplimiento, por lo que no se encuentra
garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de proporcionar un beneficio a la nación”.
Los auditores del máximo órgano de fiscalización del país detectaron “deficiencias en la integración y datos del padrón de concesionarios y asignaciones mineras, así como en el
contenido de los expedientes”.
Igualmente, documentaron que la Secretaría de Economía, que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, “carece de manuales de procedimientos o lineamientos específicos para el
control de pagos de los derechos de solicitud y trámites diversos al título de concesión minera, de asignaciones mineras, así como de los adeudos”.
López Bárcenas, maestro en derecho y desarrollo rural, expone que los problemas de la minería “se agravan cuando los propietarios de las tierras son los pueblos o comunidades
indígenas, por la relación especial que mantienen con la tierra y en general con la naturaleza [...]. Esto genera conflictos, porque los campesinos, pueblos o comunidades indígenas
saben que tienen derechos, aunque la legislación minera no los contemple, y no están dispuestos a que les sean violados”.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las principales beneficiarias de las concesiones son la australiana Azure Minerals, Ltd y las canadienses Almaden
Minerals, Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; y Goldcorp, Inc.
Efectos nocivos
Una de las iniciativas que permanece congelada en la Cámara de Diputados es la promovida por el legislador petista Jaime Cárdenas Gracia, quien hace énfasis en el impacto
ambiental que producen las mineras en el país.
Presentada el 6 de septiembre de 2011, solicita se realicen modificaciones a la Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos que se reconocen en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por el Senado, a pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y
comunales, y para restringir la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”.
Éste también fue uno de los aspectos observados por la Auditoría Superior, pues señala que los costos son significativos para la sociedad y que perduran en el tiempo: incendios
en las venas de carbón mal selladas o restauradas, emanaciones de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra.
El listado de la ASF contempla, también, “filtraciones de agua freática de las minas abandonadas, las cuales pueden tener un alto nivel de acidez o estar contaminadas con metales
peligrosos; alteración de los acuíferos debido a su removimiento o la fracturación causada por trabajos de extracción. Éstas pueden provocar la pérdida o degradación de las
fuentes locales de agua freática”.
Mientras que los minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos, pueden ser causantes de enfermedades en la comunidad
y los trabajadores.
Actualmente México cuenta con reservas oficiales de oro por 105.9 toneladas. El oro extraído por las trasnacionales representaría el 50 por ciento de ese valor. Contralínea solicitó
entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Trasnacionales pagan 5 pesos por concesión minera 24. enero, 2012 Érika Ramírez @erika_contra Capitales
La extracción de cualquier metal precioso o mineral mexicano cuesta de 5 a 111 pesos a las compañías del sector, por
hectárea concesionada. Lejos de los precios del mercado internacional de oro, plata, cobre, carbón, estas empresas –
trasnacionales, la mayoría de capital canadiense– encuentran en México una fuente de enriquecimiento, con un marco
jurídico laxo. El país está regalando su riqueza minera, señalan legisladores
Compañías extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de metales preciosos en México pagan al gobierno federal entre 5 y 111 pesos cada semestre, por hectárea
concesionada. La recaudación por este concepto alcanza poco más de los 500 millones de pesos por año. Iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los
montos de cobranza, permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados.
Las iniciativas de reforma congeladas en el Congreso de la Unión se refieren a los artículos 262 y 263, pues son los que, principalmente, marcan los montos que deben de aportar
los concesionarios de las minas mexicanas, así como sus obligaciones. El primero de éstos obliga a pagar los derechos sobre la minería a aquellas compañías que desempeñen
trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera.
El artículo 263 indica que los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán cada semestre por cada hectárea o fracción concesionada o asignada el derecho sobre
minería, de 5 a 111 pesos de forma progresiva. Las cuotas durante el primer y segundo año de vigencia son de 5.08 pesos; el tercero y cuarto año, 7.60 pesos; el quinto y sexto,
15.72 pesos; séptimo y octavo, 31.62 pesos; el noveno y onceavo, 63.22; y a partir del décimo, 111.27 pesos.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la actividad minera recaudó 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a septiembre de 2011, de acuerdo con el
documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.
Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, indica que esta
ley “está regalando un recurso no renovable como es el minero. El cobrar por hectárea y no por el valor de la extracción, como se
hace en los demás países del mundo, habla de un entreguismo del Estado mexicano”.
Luis Enrique Mercado Sánchez, integrante de la Comisión de Economía por el Partido Acción Nacional, comenta que es
necesario realizar reformas a la Ley Minera para hacer más eficientes a las empresas y establecer mecanismos de protección al
medio ambiente, así como actualizar los trámites y las tarifas que cada concesión debe cubrir ante el Estado mexicano.
Las concesiones
Datos de la Dirección General de Minas –dependiente de la Secretaría de Economía– indican que de 2000 a 2009 se han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas para
la exploración y explotación de minas mexicanas. Con estas cifras se puede calcular que los pagos por este concepto podrían ir de 264 millones 131 mil 108.51 pesos a 5 mil 785
millones 407 mil 174.12 pesos por semestre.
Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el cobro por las concesiones fue de 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a septiembre de
2011. Así lo indica el listado de Recaudación del Gobierno Federal por sector económico, publicado en el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y
la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.
Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, urge a que sean aprobadas las iniciativas presentadas ante la Comisión de Hacienda, para que el
cobro del derecho sea proporcional al valor de la extracción. Éste, explica, puede ir de l 3 al 7 por ciento, según el metal que se extraiga. La época de La Colonia, agrega, “fue más
generosa con México; en esos tiempos se construyeron haciendas, templos; ahora sólo queda devastación”.
Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señala: “Los pagos son bajos, sí. Hay que modificarlos, así como los
derechos. Olvidémonos de que sean extranjeras o mexicanas; tratemos de que cumplan la ley”.
Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que “el atractivo que han tenido las trasnacionales es el marco jurídico laxo que
hay en nuestro país: pagan muy poco en derechos, las normas ambientales no son respetadas y las condiciones laborales para los mineros son mínimas, esto hace que sin lugar a
dudas haya mucho interés por invertir”. El legislador, integrante de la fracción del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, agrega que “desde el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari la minería dejó de ser un sector reservado a la nación; ahora, está abierto a la inversión mixta y privada y es un potencial que se está desperdiciando”.
Las iniciativas
El 19 de mayo de 2010, los perredistas Agustín Guerrero Castillo y Claudia Edith Anaya Mota presentaron ante la Comisión
de Hacienda y Crédito Público la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de las
leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal.
En ésta se propone “la creación de un derecho adicional sobre la minería, que se fijaría en una tasa de 3 por ciento sobre el
valor nominal anual de la producción minera total. La base de cálculo sería el último dato anual disponible que haya
calculado la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Minas. Este valor ascendió, en 2006, a 100 mil
633 millones de pesos, lo que significa que se podrían recaudar por este nuevo derecho unos 3 mil millones de pesos”.
Además, promueve la creación del Fondo de Participaciones en el Derecho Adicional a la Minería, para distribuir los
recursos de esta actividad a todas las entidades federativas, con énfasis en las que lleva a cabo “predominantemente la
actividad minera nacional”.
Jaime Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, también presentó una iniciativa el 6 de septiembre
de 2011, en la que solicita se hagan las modificaciones de Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos que se
reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por
el Senado, a los pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales y, para
restringir la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”.
El panista Luis Enrique Mercado adelanta que será en este periodo de sesiones en que su partido presentará una iniciativa
para realizar reformas a la Ley Minera.
Minas, atractivo trasnacional
De acuerdo con la Secretaría de Economía, las compañías con mayor presencia en México son la australiana Azure Minerals, Ltd; y las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia
Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; Goldcorp Inc, entre otras.
Almaden Minerals se estableció en el país en 1992, después de haber trabajado en México en la década de 1970. Entre los proyectos de esta empresa, se encuentra la
adquisición de la mina de oro en La Trinidad, Sinaloa. Actualmente realiza perforaciones en la llamada zona Ixta, en Puebla, para la extracción de oro y plata, indica el portal de
internet de la compañía.
Dia Bras Exploration es otra de las empresas canadienses interesadas en la búsqueda de plata, cobre y oro, así como de metales básicos como el zinc y el plomo. El atractivo que
encuentra es que en la actualidad México es el primer productor de plata en el nivel mundial, con un registro histórico de producción de más de 10 millones de onzas de plata y de
cierre actual producción anual de sobre 100 millones de onzas. “La mayoría de los depósitos son de alta calidad y susceptibles de bajo costo”.
De acuerdo con su página de internet, políticamente, el país es uno de los más estables de América Latina, “con estructuras f iscales favorables y un firme compromiso del
gobierno para el desarrollo de los recursos naturales”.
Pediment Gold Corp es otra de las trasnacionales interesadas en extraer metales preciosos de las minas nacionales. Entre sus proyectos se encuentran la mina de El Castillo, en
Durango; el proyecto de San Antonio, en Baja California Sur, y La Colorada y La Fortuna, en Sonora. Esta empresa se constituyó en 1983, y tiene su sede en Vancouver, Canadá.
Goldcorp indica en su información corporativa que mantiene cuatro proyectos importantes en el país: El Sauzal, productor de oro, en Chihuahua; la mina Peñasquito, que espera
se produzca un promedio anual de 500 mil onzas de oro, 28 millones de onzas de plata, 450 millones de libras de zinc y 200 millones de libras de plomo; El Camino Rojo,
productora de oro y plata, y Los Filos, actualmente la mayor mina de oro en México.
La Revista Mexicana de Estudios Canadienses estima que “casi todo el territorio mexicano se encuentra mineralizado, y se calcula que el 85 por ciento de las reservas minerales
aún no han sido explotadas”.
México, indica la publicación, “continúa siendo un país líder en la economía internacional en la producción de plata, estroncio, celestita, bismuto y sulfato de sodio […] La industria
minera es, además, proveedora de insumos para un gran número de ramas productivas de la economía, y un factor importante en la promoción del desarrollo regional”.
Entregan oro y plata de México a trasnacionales 25. abril, 2010 Érika Ramírez @erika_contra Portada No comments
Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año,
la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la
lista de trasnacionales beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La
Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos
indígenas
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile,
revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede
realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarrollar más de 704 proyectos en todo el país. Los
trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a
salvo los derechos de la nación sobre sus recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas
más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc,
con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los “permisos” gubernamentales fue en beneficio de filiales con oficinas centrales en Canadá. El
resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
“Socio comercial” de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha
colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las
concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los “permisos” entregados por el gobierno de Felipe
Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.
Inconsistencias legales: ASF La Ley de Minas precisa en su artículo 10 que “la exploración y explotación de los minerales o sustancias (…) sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana,
ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas (…)”.
En este contexto, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2008 indica que 24 de 48 solicitudes para obtener concesiones –de 108 expedientes de
la muestra– “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la exploración o explotación de
minerales”.
La observación hecha a la Dirección General de Minas, órgano dependiente de la SE, es contundente: “No revisó los requisitos que deben cumplir los solicitantes, antes de la
expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la Ley Minera”.
En tanto, el artículo 27 constitucional dice que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las
tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos
bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación,
los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”
24 mil concesiones en 10 años Otros 10 listados del documento Expedición de títulos de concesión minera, publicados por la Dirección General de Minas, muestran que en lo que va de las administraciones
panistas se han concedido 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio nacional.
Las concesiones, que anualmente rebasan unas 2 mil, fueron palomeadas sin que la SE cuente con una política pública en la materia. Según el informe del máximo órgano de
fiscalización, correspondiente a 2008, “la dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas
mineras y el otorgamiento de concesiones mineras”.
Del análisis de la Expedición de Títulos de Concesión Minera, de 2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos permisos es la Compañía Minera La Parreña (filial
de Industrias Peñoles), con 1 mil 130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo privado y diversificado integrado por compañías como el Grupo Palacio de Hierro (t iendas departamentales); Grupo Nacional
Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos-Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número de concesiones: Industrial Minera México, 647; Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera
Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y Minera Largo, 109; como las 10 principales autorizadas para explorar en las minas
nacionales.
Auditoría reprobada Según la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño que aplicó el máximo órgano de fiscalización a consecuencia de que las autoridades
encargadas del ramo “no fijaron un indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras”.
La SE “omitió” verificar los requisitos de la concesión minera; se excedió en los plazos para la emisión de las propuestas; no veri ficó las obligaciones de presentar informes
estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras; no certificó el pagó de derechos por solicitud de concesión minera, ni el de concesión minera, consigna el informe de
la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Mateos no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas
a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, los procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye,
en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SE, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Se solicitó entrevista con el titular de la SE para conocer la respuesta a las observaciones planteadas por la ASF. También se solicitó entrevistas con los directivos del Fideicomiso
del Fomento Minero y de la Cámara Minera, que representa a la industria en México. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Resistencia contra la minería La resistencia de las comunidades afectadas por la minería en Chiapas se ve cada vez con más fuerza, ya que se están vinculadas con luchas que se dan en otros estados de la
república y otros países, como Guatemala, dice el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas 2008, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas.
Entre las acciones que enumera se encuentran:
· Los habitantes del Barrio Las Nubes, del ejido Toquián, municipio de Siltepec, dijeron que “no permitirán que una empresa canadiense explote mineral en su territorio”.
· En septiembre de 2008, habitantes del municipio de Chicomuselo protestaron por la explotación de barita, realizada por la canadiense Blackfire Exploration.
· El Frente Regional Contra las Privatizaciones, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organizó distintas marchas para exigir detener la explotación minera en
Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad.
· Los pobladores de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, se negaron a la explotación minera en su territor io, ya que “la extracción de oro a cielo abierto
dañará irremediablemente las tierras y contaminará el aire y el agua con residuos tóxicos”.
· En junio de ese año, representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la república decidieron conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Su principal objetivo es frenar y eliminar la minería a cielo abierto.
· Luego, en diciembre de 2008, “25 organizaciones de México y Guatemala consolidaron un movimiento binacional contra la minería y acordaron rechazar las políticas que
pretenden “despojar a las nuestras comunidades de sus recursos naturales”. (ER)
Primeros 50 “Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero, 2010”, muestra de 231
Lugar Empresa Concesiones País de origen
1. Azure Minerals, Ltd 25 Australia
2. Almaden Minerals, Ltd 17 Canadá
3. Dia Bras Exploration Inc 16 Canadá
4. Pediment Gold Corp 14 Canadá
5. Goldcorp Inc 11 Canadá
6. Macmillan Gold Corp 11 Canadá
7. Soltoro, Ltd 11 Canadá
8. Mag Silver Corp 10 Canadá
9. Canasil Resources Inc 10 Canadá
10. Chesapeake Gold Corp 10 Canadá
11. First Gold Exploration Inc 9 Canadá
12. Golden Goliath Resources, Ltd 9 Canadá
13. Oremex Resources Inc 9 Canadá
14. Remstar Resources, Ltd 9 Canadá
15. Us Gold Corporation 9 Canadá
16. Mexivada Mining Corp 8 Canadá
17. Silvermex Resources, Ltd 8 Canadá
18. Timmins Gold Corp 8 Canadá
19. Tumi Resources, Ltd 8 Canadá
20. Coeur D’alene Mines Corp 8 Estados Unidos
21. Cotton & Western Mining Inc 8 Estados Unidos
22. Hochschild Mining Plc 7 Perú
23. Lake Shore Gold Corp 7 Canadá
24. Nwm Mining Corporation 7 Canadá
25. Oro Gold Resources, Ltd 7 Canadá
26. Sterling Mining Co 7 Estados Unidos
27. Arco Resources Corp 7 Canadá
28. Blackcomb Minerals Inc 7 Canadá
29. Riverside Resources Inc 7 Canadá
30. High Desert Gold Corporation 6 Canadá
31. Linear Gold Corp 6 Canadá
32. Qrs Capital Corp 6 Canadá
33. Cardero Resource Corp 6 Canadá
34. Tara Gold Resources Corp 6 Estados Unidos
35. Ternium 6 Luxemburgo
36. Xtierra Inc 6 Canadá
37. Cronus Resources, Ltd 5 Canadá
38. Great Panther Resources, Ltd 5 Canadá
39. Newstrike Capital 5 Canadá
40. Oro Silver Resources, Ltd 5 Canadá
41. Paramount Gold & Silver Corp 5 Canadá
42. Premium Exploration Inc 5 Canadá
43. Solitario Exploration & Royalty Corp 5 Estados Unidos
44. Zinco Mining Corp 5 Canadá
45. Arian Silver Corporation Plc 5 Reino Unido
46. Minefinders Corporation, Ltd 5 Canadá
47. Quaterra Resources Inc 5 Canadá
48. Yale Resources, Ltd 5 Canadá
49. Galena Capital Corp 4 Canadá
50. Geologix Explorations Inc 4 Canadá
Fuente: Dirección General de Minas, Secretaría de Economía
Las 30 compañías más beneficiadas con concesiones mineras 2000-2010
Empresa Concesiones
Compañía Minera La Parreña 1,130
Industrial Minera México 647
Exploraciones Mineras Parreña 367
Minera Penmont 199
Minera Pecobre 182
Minera Tayahua 181
Minera María 158
Minerales Monclova 157
Minera De Cordilleras 137
Minera Largo 109
Minera Del Norte 100
Minera Kennecott 100
Minas de Celestita 96
Minera Rarámuri 89
Exploraciones del Altiplano 84
Compañía Minera La Valenciana 77
Minera San Francisco del Oro 75
Compañía Minera Ameca 74
Abelardo Garza Hernández 73
Compañía Minera Las Torres 67
Jorge Preisser Rivera 65
Minera Cascabel 63
Minera Hecla 63
Plata Panamericana 63
Las Encinas 60
Minera Gavilán 60
Minera Teck Cominco 60
Minera Mexicana La Ciénaga 59
Minera Phelps Dodge México 59
David Alejandro Espinosa Dueñas 58
Fuente: Dirección General de Minas, Secretaría de Economía
Países en la explotación de minas mexicanas en 2010
País Empresas Concesiones
Canadá 187
Estados Unidos 31 88
Australia 4 28
Reino Unido 3 8
India 1 2
Japón 1 1
Corea / Canadá 1 1
Luxemburgo 1 6
Perú 1 7
Chile/ México 1 4
231 704
Concesiones mineras por entidad, 2008
Entidad federativa Concesiones
otorgadas Superficie
(hectáreas)
Aguascalientes 7 137.095
Baja California 66 131.565
Baja California Sur 10 91.398
Coahuila 152 620.353
Colima 18 35.994
Chiapas 1 29.700
Chihuahua 228 628.965
Durango 289 707.898
Guanajuato 31 188.380
Guerrero 72 351.101
Hidalgo 33 10.711
Jalisco 116 121.808
México 16 29.262
Michoacán 92 135.456
Morelos 11 16.599
Nayarit 28 24.368
Nuevo León 33 225.417
Oaxaca 44 403.272
Puebla 14 70.879
Querétaro 26 42.642
San Luis Potosí 81 304.444
Sinaloa 123 167.816
Sonora 486 887.139
Tamaulipas 13 98.103
Veracruz 1 19.431
Yucatán 1 49.522
Zacatecas 160 618.029
Total Acumulado 2.152 6.147.361
Fuente: Dirección General de Minas
Participación de México en la Producción Minera Mundial, 2008
Lugar Producto
Segundo Plata
Fluorita
Bismuto
Tercero Celestita 3/
Cuarto Diatomita
Wollastonita
Quinto Plomo
Sexto Cadmio
Molibdeno
Séptimo Zinc
Grafito
Sal
Octavo Barita
Manganeso
Décimo Feldespato
Doceavo Oro
Cobre
Fuente: Dirección de Control Documental, Informática y Estadística, Secretaría de Economía
Megaminería tóxica en México: muerte y saqueo 500 años después 1. abril, 2012 Opinión Opinión
Jorge Peláez Padilla*
En memoria de Bernardo Vázquez Sánchez
(…) Si ahora los muertos hablan
con sus voces de sangre
y sus cuerpos sumidos,
que, en el coro de los vivos,
nadie guarde silencio
Ledo Ivo,Hora de hablar
El 15 de marzo de 2012, cuando muchas familias (en realidad las pocas que pueden) se preparaban para escapar del puente, Bernardo Vázquez Sánchez, líder de la Coordinadora
de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), fue asesinado por sicarios. También fueron heridos Rosalinda Canseco y Andrés Vázquez Sánchez. Los asesinos –claramente
identificados por la comunidad– fueron enviados por el presidente municipal de San José del Progreso, Oaxaca, Alberto Mauro Sánchez, acusado del asesinato de otro opositor al
proyecto minero, perpetrado el 18 de enero de 2012, y por ese motivo prófugo de la justicia. Pero al dirigir los dedos que dispararon las armas se encuentran, de manera directa, la
minera canadiense Fortuna Silver Mines (que opera en México con el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán) y la impunidad y el desdén que reinan en la administración de
Gabino Cué Monteaguado, gobernador de la entidad.
La lucha de los pobladores de San José del Progreso contra la Minera Cuzcatlán comenzó en 2008, cuando se enteraron que el presidente municipal, de espaldas a la población,
otorgó los permisos para que la empresa operara en el territorio del municipio. El proceso de resistencia llevó a que los pobladores inconformes pidieran a las autoridades
información. Como ésta nunca llegó, y en su lugar sólo encontraban mentiras y dilaciones, decidieron en una asamblea comunitaria oponerse a la nueva explotación minera y tomar
acciones. Se ampararon en que como pueblos originarios debieron de ser consultados. Entre las medidas tomadas destacó el bloqueo a los accesos a la mina (que en esos
momentos estaba en construcción). Esta acción se llevó a cabo entre el 16 de marzo y luego el 6 de mayo de 2009. Ese último día fueron violentamente desalojados.
La resistencia detonó en la comunidad todo un proceso organizativo y autogestivo por parte de los opositores a la Minera Cuzcatlán. También se generaron formas autónomas de
financiamiento para la resistencia y los pobladores se empoderaron a contrapelo de las formas tradicionales de hacer política. La complicidad de las autoridades municipales con la
empresa minera, las amenazas constantes a los pobladores y la ingobernabilidad e inseguridad en que habían sumido al municipio, llevó a que los opositores organizados y
empoderados, solicitaran, en varias ocasiones, la desaparición de poderes en el municipio, petición que nunca fue tomada en cuenta por el Congreso de Oaxaca.
Todas las acciones coordinadas de resistencia no pudieron impedir que la mina se instalara, pero sí lograron retrasar el inicio de operaciones hasta el 1 de septiembre de 2011
(www.fortunasilver.com/s/home.asp). No obstante, el trabajo de la minera continuó encontrando obstáculos, ya que los opositores se han negado sistemáticamente a que extraiga
agua de un pozo profundo en las cercanías de la comunidad, en una zona donde el propio estado ha reconocido la escasez del vital líquido.
El conflicto escaló cuando, en un supuesto acto de instalación de agua potable para la comunidad, el 18 de enero de 2012, pol icías municipales e integrantes del Cabildo abrieron
fuego contra los pobladores, lo que causó la muerte de Bernardo Méndez Vásquez y heridas de bala a Abigaíl Vásquez Sánchez. A partir de ese momento las múltiples
advertencias respecto a las amenazas por parte de los pobladores afines a la minera –armados y nucleados en torno a la organización SanJosé Defendiendo sus Derechos, AC–
cayeron en oídos sordos y en las redes de la indolencia y la pasividad del gobierno de Oaxaca. El resultado: el reciente asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez.
¿Cómo es posible que se pueda atentar de esa manera contra las comunidades y personas que lo único que intentan es defender sus derechos y hacer escuchar su voz?
Una de las posibles respuestas podemos rastrearla en la impunidad que reina en Oaxaca (como en el país). El caso del sistemático y selectivo proceso de aniquilamiento de los
integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala –que llevó incluso al ataque de una caravana de paz que culminó con el asesinato de los activistas por los derechos
humanos Beatriz Alberta Cariño y Jiri Jaakkola, en 2010–, es sólo uno de los tantos ejemplos en el estado. En éste, como en otros casos, la impunidad ha sido la regla. En el resto
del país los ejemplos sobran: piénsese en el ataque impune a los derechos de la periodista Lydia Cacho por parte del empresario Kamel Nacif, en complicidad con el exgobernador
de Puebla Mario Marín y el gobernador en turno de Quintana Roo (2006), Félix González Canto; la brutal represión a los pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México,
arengada desde los medios de comunicación y contemplada por millones como un reality show (mayo de 2006); los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Estado de
México, y el exterminio de los defensores de derechos humanos que exigen justicia: el de Mariano Abarca, opositor a la implantación de ingenios por parte de empresas extranjeras
en Chiapas, en la localidad de Chicomuselo (noviembre de 2009); el asesinato en 2011 de los activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en Ostula, Michoacán
(Pedro Leyva, Trinidad de la Cruz Crisóstomo, entre otros), y Sonora (Nepomuceno Moreno)… La lista sería interminable.
Con este clima de impunidad que el Estado genera por omisión y muchas otras veces por su acción directa represora, es perfectamente entendible que las mineras tengan licencia
para dividir y matar de cara a la opinión pública.
Otra vía de respuesta a la pregunta formulada la encontramos si nos asomamos a todo el entramado institucional y jurídico, conformado a modo para garantizar la expansión de
empresas mineras trasnacionales en el país. La puerta a todo el proceso de despojo y venta del país la abrió la modificación al artículo 27 constitucional, en 1992, y la entrada en
vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN). A ello se suma la conversión en ley de los pliegos petitorios de los empresarios mineros, a través de
la aprobación de la Ley Minera de 1992 y sus subsiguientes reformas.
A todo lo antes referido hay que agregar la debilidad de la legislación internacional (el Convenio 169 de laOrganización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes y elPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) que, ante la parcialidad de las instituciones del Estado y la ignorancia o
indolencia de los jueces, no ha podido hacer frente a la capacidad de corromper que tienen las empresas del ramo.
Con sólo poner algunos ejemplos de esta complicidad jurídica con la situación de muerte y despojo que generan las mineras, basta mencionar que la Ley Minera le otorga a esta
actividad privada el carácter de “utilidad pública y preferente” (artículo 6). Esto permite expropiar en caso de que los part iculares o los pueblos no quieran vender o rentar sus tierras
o territorios, y exenta a las empresas mineras del pago de impuestos estatales y municipales. Además las concesiones son otorgadas por 50 años, prorrogables a otros 50 más
(Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. Legislación minera en México, Colegio Oficial Agentes de la Propiedad Industrial, México,
Distrito Federal, 2011).
Por si todo lo anterior fuera poco, las empresas del ramo están exentas de pagar el impuesto sobre la renta, ya que éste se lo tributan en sus países de origen
(http://www.jornada.unam.mx/2011/11/14/min-privilegios.html). Gracias al TLCAN empresas canadienses y estadunidenses no pagan impuesto alguno por la extracción del mineral
o sobre el valor de las ventas. Al final, sólo sufragan el 2 por ciento por concepto de nóminas, el impuesto sobre el valor agregado y un risible –como si no fuera indignante–
impuesto anual que oscila entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, que no distingue en el tipo de mineral que se extrae.
Este saqueo encuentra en los mercados internacionales otro motivo de expansión. Al día de hoy, la tendencia del oro y la plata se reporta, como balance, al alza. La onza de oro se
vende a 1,660.5 dólares, mientras la de plata se cotiza en 32.62. Para tener una idea de lo que esto significa, sólo Peñasquito (mina propiedad de Goldcorp, en Zacatecas)
producirá este año 425 mil onzas de oro y 28 millones de onzas de plata (www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9128251), lo cual representa en términos monetarios una ganancia de
705 millones 712 mil 500 dólares y 912 millones 800 mil dólares, respectivamente. El resultado se expresa en que hoy casi el 30 por ciento del territorio nacional se encuentra
concesionado para la explotación minera. Además, entre 2001 y 2010, se extrajo el doble de oro y la mitad de plata que se produjo en 300 años de explotación colonial
(www.jornada.unam.mx/2011/11/14/minera.pdf).
Por si no fuera suficiente con el saqueo de nuestra riqueza, estas empresas, que se presentan como “ecológicas” y “socialmente responsables”, dejan tras de sí una estela de
muerte y destrucción ambiental: contaminación de las aguas con cianuro y metales pesados y en el agotamiento de sus fuentes hídricas, debido a que la minería es una actividad
altamente consumidora del vital líquido (una mina consume como promedio 250 mil litros diarios de agua, el equivalente a lo que una familia campesina consumiría en 20 años).
Para ir en búsqueda de esta riqueza ya tienen, como hemos señalado, gran parte de la normatividad a su favor. Si se les atraviesan individuos, pueblos o una sociedad organizada
en el camino del saqueo, tienen la suficiente capacidad económica para sobornar a funcionarios, quebrantar la justica y crear conflictos inter e intracomunitarios que debiliten el
tejido social y dividan a las familias y pueblos. Si a pesar de ello la oposición continúa, recurren a los asesinatos selectivos de líderes sociales, sea directamente o a través de
sicarios de las propias comunidades, como en el caso de la asociación San José Defendiendo sus Derechos.
Luchar contra esos monstruos del despojo, el ecocidio y la corrupción fue lo que le costó la vida a Bernardo Vázquez. En ello, el Estado mexicano es corresponsable por permitir el
saqueo y la impunidad de estos nuevos conquistadores, y cómplices son todos los que con indolencia miran y callan.
El 17 de marzo de 2012, mientras la familia de Bernardo y más de 600 personas asistían al sepelio, y lloraban, con rabia y enojo, otra muerte más, los paseantes llenaban playas,
balnearios y salones de baile; los políticos seguían alistándose para el inicio de otra campaña electoral más de nuestra hueca democracia; y los aviones Hércules continuaban
cargando el oro y la plata y elevando vuelo hacia Canadá, llevándose además de la riqueza nacional, la vida de Bernardo y de muchos otros, la tierra que da cobijo a las plantas y
animales que hacen posible que el planeta respire, los hogares y calles donde nos relacionamos con otros y construimos eso que llamamos humanidad.
*Profesor-investigador adscrito a la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; integrante del Colectivo de Estudios Críticos en Derecho