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Medios de comunicación, opinión pública y conflicto armado.El consenso por otras vías
(Artículo publicado en: Síntesis. Anuario social, político y económico de Colombia. Bogotá, FESCOL, IEPRI, Nueva Sociedad, 2004. pp. 9-30)
Por:Jorge Iván Bonilla
Si bien el 2002 comenzó con un clima negativo de opinión, caracterizado por la frustración
y la desconfianza que dejó la ruptura de las negociaciones de paz entre el gobierno de
Andrés Pastrana (1998-2002) y la guerrilla de las FARC, ese mismo año terminó con un
rostro bien distinto. Esto gracias al concurso de unas corrientes de optimismo y confianza
nacional, lideradas por sectores empresariales, políticos, militares y periodísticos que
comenzarían a mirar con otros ojos las perspectivas inmediatas de resolución del conflicto
armado ―por las buenas o por las malas―, y cuya mejor descripción apareció en el
balance del primer año de la administración de Álvaro Uribe, efectuado por una importante
publicación semanal: “el año en que volvió la esperanza”.
En efecto, cuando el 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez es elegido, con el 53% de los
votos, como Presidente de la República para el periodo 2002-2006, el clima de opinión en
el país era bastante negativo. Según una encuesta realizada por la firma Napoleón Franco &
Cía., días antes de los comicios electorales, el 90% de los colombianos pensaban que las
cosas en el país marchaban por un “mal camino”, mientras que apenas el 20% de los
encuestados tenían una imagen favorable del saliente presidente Andrés Pastrana. En
diciembre de ese mismo año las cifras señalaban un cambio de opinión. El 44% de los
colombianos consideraban que las “cosas están mejorando”, mientras que el índice de
aprobación de la gestión del recién posesionado presidente alcanzaba el 67%. Doce meses
Comunicador Social-Periodista. Magíster en Comunicación. Director de la Maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Director del grupo de investigación ‘comunicación, medios y cultura’ e investigador de la temática medios de comunicación, opinión pública y conflictos armados. Correo electrónico: [email protected]
después, la popularidad de Uribe Vélez aumentaba al 76%, según una encuesta realizada
por la firma Gallup. Una frase pronto comenzó a hacer carrera como slogan de
gobernabilidad: “ahora si tenemos presidente”.
Tres escenarios de explicación ayudarán a entender por qué este tránsito del pesimismo al
optimismo en el clima de opinión nacional y por qué los medios de comunicación
empezarán a jugar un papel decisivo en la construcción de un renovado consentimiento
social para enfrentar la guerra, basado en las “buenas noticias”, la cero visibilidad del
horror y la figura presidencial. El primero, está relacionado con la ruptura de las
negociaciones de paz entre el gobierno Pastrana y la guerrilla de las FARC; el segundo,
tiene que ver con la centralidad que adquirió la dicotomía “paz” o “guerra” en las
elecciones presidenciales de 2002; mientras que el último escenario está asociado al
consenso social que comenzó a tejerse alrededor del presidente Uribe y su nuevo estilo de
gobernar. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en estos escenarios?
La profecía autocumplida: la ruptura de las negociaciones de paz
El 20 de febrero de 2002, en una alocución radial y televisiva que se transmitió en directo
para todo el país, el presidente Andrés Pastrana anunciaba oficialmente el fin de la zona de
distensión y la ruptura de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Según
Pastrana, las FARC no sólo habían traicionado, durante los últimos tres años, la voluntad de
paz del gobierno nacional sino que cada vez más estaban comprometidas con la violación
del Derecho Internacional Humanitario. La respuesta presidencial ocurrió horas después de
que un comando guerrillero secuestrara en el departamento del Huila un avión de la
compañía Aires y se llevara consigo al senador Jorge Eduardo Gechem.
La alocución del presidente Pastrana hacía eco de las, mil veces, repetidas voces de
oposición de los sectores más conservadores de opinión que desde el primer momento no
sólo criticaron las excesivas concesiones del gobierno a la guerrilla, sino que vieron con
desconfianza la voluntad de paz de las FARC, incluso desde el mismo día de la instalación
de las mesas de negociación, el 7 de enero de 1999, cuando el máximo comandante de esta
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fuerza guerrillera, Manuel Marulanda, dejó plantado al presidente, en lo que se diera a
conocer como la metáfora de la “silla vacía”. Y ese eco se repetía una vez más en las
palabras de Pastrana: “Manuel Marulanda: yo de di mi palabra y la cumplí, y siempre la
cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no sólo a mi, sino a todo el pueblo
colombiano. Desde el primer momento usted dejó vacía la silla del diálogo cuando yo
estuve ahí custodiado por sus propios hombres, listo para hablar (…) Usted ha convertido
la zona de distensión en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas
ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados”.
Que ese 20 de febrero de 2002 el proceso de paz llegara a su fin no era, sin embargo,
ninguna novedad. En los estados de ánimo de la llamada opinión pública nacional esta
ruptura ya se había pronosticado con anterioridad como consecuencia de la incertidumbre y
la ausencia de resultados de una negociación en medio de la guerra, atizada además por la
disputa territorial entre la guerrilla y los paramilitares y por la presión, cada vez mayor, del
denominado Plan Colombia, orientado a la lucha militar contra el narcotráfico. Desde 1999,
los sondeos y las encuestas de opinión, enmarcados en la mayoría de las veces bajo la
pregunta, “¿Usted cree en la voluntad de paz de las FARC?”, pronto mostraron los
desgastes de un proceso de paz ―y de un gobierno―, cuyo (mal) desenlace se avizoraba
como una profecía autocumplida: no va a terminar bien, como en efecto no lo hizo.
Durante los tres años y 44 días que estuvo vigente el proceso de paz, los medios de
comunicación también fueron transformando sus agendas informativas, que pasaron de las
expectativas crecientes, de las primeras semanas de las conversaciones, a los hechos
gobernados por el escepticismo y la desconfianza. Desde un principio, éstos asumieron el
“control” y la “fiscalización” simbólica de la zona de distensión, lo que se tradujo en
diversas campañas informativas contra el secuestro y en constantes denuncias periodísticas
sobre el planificado, e indebido, uso militar-delincuencial-criminal-de economía ilegal dado
por las FARC a esta región desmilitarizada por el Estado colombiano.
Así, con la percepción mayoritaria de un gobierno generoso, pero débil, y de una guerrilla
arrogante y desbordada, no es de extrañar que el año 2002 se iniciara con un proceso de paz
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en cuidados intensivos. Y esto en el marco de una cruzada internacional antiterrorista,
liderada por los Estados Unidos, después de los acontecimientos de S-11, en cuyo escenario
global encajaban cada vez más las dinámicas internas del conflicto armado. Si al llegar
1998, los esfuerzos estratégicos de las FARC de pasar de una guerra de guerrillas a una
guerra de movimientos, con las consecuentes derrotas militares inflingidas al ejército
colombiano (Puerres, Las Delicas, El Billar, Patascoy, entre otras), así como su decisión
política de iniciar un proceso de paz, fueron importantes para inclinar la balanza a favor de
la salida negociada al conflicto armado, cuatro años después su estrategia político-militar,
unida al escalamiento de la confrontación y la participación de las fuerzas paramilitares,
cumplía un papel similar, pero esta vez inclinando el peso a favor de la vía militar. Por eso,
cuando el 20 de febrero de 2002, el presidente Pastrana dio por finalizado cualquier
acercamiento de paz con la guerrilla de las FARC, distintos sectores de opinión asumieron
que el mejor camino hacia la paz no eran los diálogos de paz, sino la intensificación de la
guerra. Paradójicamente, el rechazo a la violencia se tradujo en la bienvenida al orden y la
autoridad. El país asistía a una contienda electoral en la que el conflicto armado se
convertiría en el “gran barón” electoral.
El conflicto armado como gran elector
Si algo caracterizó el clima de opinión electoral en las elecciones presidenciales de 2002
fue la cristalización de una agenda de opinión, cuyo protagonismo no sólo recayó en el
reconocimiento de que el país estaba en guerra, sino en los valores de autoridad,
personalidad, capacidad y honestidad como consideraciones de primera fila para la elección
del nuevo presidente de la nación. En este contexto, las encuestas de opinión, y el uso que
de ellas hicieron los medios de comunicación, jugaron un papel importante en la medida en
que encuadraron la campaña presidencial alrededor de un debate basado en las dicotomías
“guerra” o “paz”, y en los valores “autoridad” o “debilidad”, como variables decisivas para
la decisión electoral.
Este encuadre se hizo evidente, incluso, meses antes de la ruptura del proceso de paz. A
esto se refería precisamente Hernando Gómez Buendía, columnista de la revista Semana,
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cuando el 3 de septiembre de 2001 afirmaba lo siguiente: “No debería ser así. Pero el
camino hacia la paz pasa por la intensificación de la guerra (...) Una nueva 'doctrina'
comienza a abrirse paso. La resumo en dos tesis. Primera, que las Farc no 'entraran en
razón' sin un duro castigo militar (fue la tesis del general Mora en la pasada edición de
SEMANA). Segunda, que la guerra de la DEA contra la droga pasa por una guerra abierta
contra las Farc (...) Y así Pastrana mantenga la distensión —es su criatura— los
candidatos a sucederle están 'girando' contra ella y no podrá mantenerla —porque no
tiene sentido—. Por eso viene la escalada de la guerra”.
Encuadre que se repetiría el 4 de febrero de 2002, cuando se publicaron los resultados de la
primera Gran Encuesta del año, contratada a la firma Napoleón Franco & Cía., por un pool
de medios de comunicación. Entre los resultados de esta encuesta, llamaba la atención la
preferencia en la votación hacia los distintos candidatos presidenciales (Uribe, Serpa, Sanín
y Garzón, entre otros) en escenarios relacionados con el escalamiento del conflicto armado
y el paulatino derrumbe del proceso de paz. A la pregunta “¿si la primera vuelta de las
elecciones para presidente fuera mañana, por quién votaría si no se logra ningún avance y
se prorroga nuevamente la zona de despeje?”. El 42.1% de los encuestados respondía que
lo haría por Uribe; el 30.5% por Serpa; el 14.7% por Sanín; el 0.7% por Garzón, mientras
que el 1.8% votaría en blanco. A la pregunta “¿por quién votaría en la segunda vuelta si se
acuerda un cese al fuego y de hostilidades?”. El 38.1% respondía a favor de Uribe; el 32%
por Serpa; el 16.9% por Sanín; el 0.9% por Garzón, mientras que el 1.9% votaría en blanco.
Este sobredimensionamiento del conflicto armado se acentuaba en los temas paz-seguridad,
en los que el candidato preferido era Álvaro Uribe, con el 48%; seguido por un empate
entre Serpa y Sanín, con el 19%.
El clima de favorabilidad con que el candidato presidencial de la disidencia liberal, Álvaro
Uribe, cada día se posesionaba en las encuestas de opinión (ver tabla 1), comenzaría a
darle un giro a los temas de campaña: de las demandas de índole económica a los asuntos
de seguridad y paz. ¿Qué era lo que alimentaba esta disparada de Uribe? Tal era la pregunta
que se formularon algunos medios de comunicación. Para la revista Semana, en su edición
del 4 de febrero de 2002, la razón más importante de esta situación era la desesperación de
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la gente que estaba llevando a querer acabar con la guerrilla. “Y Uribe Vélez es quien la
gente cree que tiene el carácter, la convicción y el respaldo para hacerlo”. Por eso,
pronosticaba la revista, “no es exagerado decir que, por primera vez, la elección
presidencial se va a hacer por cuenta de la guerrilla (…) el país quiere escuchar mensajes
de firmeza contra los violentos, sobre todo después de tres años y medio de un proceso de
paz que no avanza y que se ha convertido en una 'mamadera de gallo’ para millones de
colombianos”.
Esta sobreexposición del conflicto armado en las agendas de los medios de comunicación
ganará consenso entre los periodistas y analistas políticos del proceso electoral. O como lo
dijera el propio Antonio Caballero, en su columna de opinión de la revista Semana: “Por lo
visto la gente se ilusiona con lo que Uribe promete: orden”. Sin embargo, para Caballero el
meollo del fenómeno Uribe no estaba precisamente en que prometiera orden, “sino en los
verbos: ilusionarse y prometer”. Según el columnista, “esa es la circunstancia, en la cual
se parecen el Uribe de hoy y el Pastrana de entonces. La psicología de su electorado es la
misma: quieren ilusionarse con una solución mágica al conflicto social y armado de
Colombia, que anule sus efectos sin tocar sus causas. La solución de la paz pactada hace
cuatro años, o la solución de la guerra total hoy. Ambos, Pastrana hace cuatro años y
Uribe ahora, cabalgan en la esperanza”.
La ruptura de las negociaciones de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC, así como la
posterior reconquista por parte de las Fuerzas Armadas de la denominada zona de despeje,
no hizo otra cosa que confirmar en los periodistas, los analistas y sectores de opinión la
concentración temática del conflicto armado para determinar el rumbo del proceso
electoral: “estamos en guerra”. Por eso, cuando el 20 de mayo de 2002 se publicó la última
encuesta de preferencia electoral, una vez más los medios confirmaron la centralidad de su
agenda periodística, en la que el conflicto armado apareció como el “gran barón” electoral.
Este puso los votos, llevó al país a la polarización y eligió a Álvaro Uribe. De ahí la fuerza
de la afirmación con que Hernando Gómez Buendía concluyera su columna de ese 20 de
mayo de 2002: “este domingo los colombianos van a votar en masa contra las Farc: eso es
Uribe, y lo demás es música de fondo. Uribe —hay que decirlo— fue el único que se
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mantuvo firme, el referente que no cambió de posición: por eso, todas las otras fuerzas
tuvieron que ubicarse con relación a él (...) Yo hubiera preferido a Noemí (...) Pero las
Farc descarrilaron a Colombia”. El 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez es elegido
Presidente de Colombia, en la primera vuelta electoral, con un total de 5.862.655 votos,
prácticamente la misma votación que 17 meses después obtuviera la publicitada, pero
fracasada convocatoria del referendo nacional contra “la corrupción y la politiquería”.
Tabla 1Evolución de la preferencia electoral según las encuestas de opinión, 2001-2002
Firmas encuestadoras Fecha de publicación
A. Uribe H. Serpa N. Sanín L. Garzón Votaría en blanco
NS/NR
Napoleón Franco & Cía.
1 de octubre de 2001
23% 41% 16% 1% 4% 2%
Centro Nacional de Consultoría.
8 de octubre de 2001
21% 40% 21% 1% 3% 2%
Invamer-Gallup,Centro Nacional de
Consultoría
3 de diciembre de 2001
22% 37% 25% 2% ___ 5%
Napoleón Franco & Cía.
4 de febrero de 2002
39% 30% 17% 1% 4% 6%
Napoleón Franco & Cía.
4 de marzo de2002
59% 24% 5% 1% 2% 4,5%
Napoleón Franco & Cía.
29 de abril de2002
47,7% 27,4% 6,5% 7,1% ___ ___
Napoleón Franco & Cía.
20 de mayo de2002
49,3% 23% 6% 7,8% 6,7% 4,6%
Fuente: cuadro resumen a partir de encuestas publicadas
De la censura a la unanimidad: el consenso por otras vías
Una vez instalado en la silla presidencial, la popularidad de Álvaro Uribe no ha dejado de
aumentar, lo cual ayuda a entender algunos debates en torno a la visibilidad mediática del
conflicto armado, que más adelante abordaremos. Ni siquiera la debacle del referendo
nacional, ocurrida el 25 de octubre de 2003, logró empañar la “luna de miel” entre el
gobernante de marras y algunos sectores de opinión, que si bien no son toda la opinión, son
los que tienen mayor protagonismo en los centros de decisión y en los medios de
comunicación. El lugar de eso, disparó una nueva campaña: la reelección presidencial. Nos
referimos a sectores “fuertes” de opinión y decisión, a los que también se les han unido
otros públicos, incluso populares, que ven con buenos ojos no sólo la firmeza del gobierno
para enfrentar a la guerrilla, sino la sencillez y la proximidad del presidente: “se puede
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tocar”. Y que, por supuesto, nos obliga a considerar que la opinión pública no es sólo el
ámbito del uso público de la razón, sino también el de la pasión, esto es, el campo de las
creencias, las experiencias personales y compartidas, las adhesiones, los rechazos, las
memorias, los amores y los odios que se expresan a través de discursos y relatos que no
necesariamente llevan el sello de la ‘irracionalidad’. Es justamente allí donde es fuerte la
narrativa presidencial.
¿Qué consecuencias ha tenido esta popularidad en las agendas informativas y en el clima de
opinión sobre el conflicto armado en el país? Por una parte, es preciso reconocer que
asistimos a un viejo pero renovado estilo de gobernar-actuar-comunicar, basado en la
promesa de retornar a los valores de la autoridad, la austeridad, la disciplina y la obsesión
por el trabajo. Estilo de gobierno que, desde el 7 de agosto de 2002, ha pretendido
movilizar a la opinión pública local, regional, nacional e internacional con el fin de ganarle
las “batallas” por la significación ―no sólo en el plano de la enunciación, sino en el de la
escucha― al caos y la incertidumbre, encarnados en aquellos “enemigos” de la nación que
no se sometan a los términos de pacificación estipulados por el gobierno. Y esto mediante
el llamado permanente a un “código común” ―la lucha contra el terrorismo―, construido
sobre la base de la unidad entre el Estado y la sociedad civil, de la que ningún ciudadano
puede, ni debe, quedar exento.
Por otra parte, no se puede desconocer que en esta construcción del consenso, la
emergencia y consolidación de la capacidad comunicativa gubernamental, en cabeza del
jefe del Estado, ha sido fundamental. Allí se ha buscado combinar la política del cara-a-cara
—el contacto con el líder—, con una presencia cada vez más avasalladora en los medios de
comunicación, cuyas agendas informativas y géneros del entretenimiento parecen rebosarse
de una visibilidad mediática presidencial que llegó para quedarse, y de la cual la campaña
por el referendo sólo fue la punta del iceberg. Se trata además de una popularidad que en
diversas ocasiones se ha sustraído no sólo de la mediación periodística para comunicar el
mensaje gubernamental a la nación, sino de las propias redes de intermediación de la
política local y regional. Tal ha sido el hecho de los denominados “consejos comunales de
gobierno”, cuya transmisión televisiva ya superaba, a finales de diciembre de 2003, las
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quinientas horas de cobertura en directo, primero por el canal público, Señal Colombia, y
luego por el Canal A (ahora llamado Señal Colombia Institucional) de la televisión
nacional. Pero también ha sido el caso, el 28 de julio de 2003, de la “rendición de cuentas y
balance a la nación” en la que el presidente y su equipo de ministros respondieron, durante
14 horas de transmisión televisiva, las preguntas y mensajes del público, a propósito del
primer año de gobierno.
La ruptura de las negociaciones de paz, la centralidad del conflicto armado en el último
proceso electoral y la popularidad presidencial han sido, por lo tanto, factores decisivos
para entender los desplazamientos, pero también las tensiones y fisuras, en las relaciones
entre los medios de comunicación, la opinión pública y el conflicto armado, durante los
años 2002 y 2003. ¿Qué tipo de visibilidades mediáticas del conflicto armado se han venido
configurando desde entonces? ¿Qué tópicos de discusión vienen construyendo el consenso
comunicativo que busca legitimar la gobernabilidad del Estado frente a la confrontación
armada?
Aunque los asuntos que se pueden rastrear a lo largo de estos dos años son diversos, éstos
se pueden clasificar en cuatro escenarios temáticos que, a su vez, han ido conformando
tendencias en los modos de producir la información sobre el conflicto armado. El primero,
se podría resumir con la pregunta, “¿Sabe usted de qué lado está?”, que no sólo ha tomado
fuerza, una vez se rompieron los diálogos de paz, sino a propósito del denominado estatuto
antiterrorista. El segundo, se podría sintetizar con la consigna: “¡No más pantalla a los
violentos”!, pronunciada reiteradamente por los sectores más conservadores de opinión, a
propósito de la paulatina disolución del protagonismo mediático de los denominados
grupos armados ilegales durante el último año (la guerrilla, sobretodo). El tercero, está
asociada a la urgente necesidad de darle paso las “noticias positivas del país”, como
antídoto para contrarrestar los horrores de la guerra y la saturación de las “malas noticias”
en las agendas de los medios de comunicación. Por último, aparece la cuestión de “la
violencia contra los periodistas”, que señala los peligros del ejercicio informativo en
contextos cruzados por el conflicto armado.
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¿Sabe usted de qué lado está?
La ruptura del proceso de paz llevado a cabo por la administración Pastrana, así como la
“Política de defensa y seguridad democrática” del presidente Uribe, han desatado el
protagonismo de un “discurso oficial” que no sólo pretende exigirle al periodismo tomar
partido a favor de las instituciones del Estado y los valores de la democracia, sino
persuadirlo para tal fin. Según esta posición, la ausencia de mayores controles, pero
también de mejores niveles de consenso provenientes del Estado hacia los periodistas ―y
los medios de comunicación― es lo que ha minado el esfuerzo gubernamental para ganar la
guerra y lograr la confianza de la opinión pública.
No han sido pocos los pronunciamientos que apuntan a la necesidad de que el periodismo
nacional se alindere a la institucionalidad y abandone la ambigüedad de “no tomar partido”.
Entre ellos, vale la pena mencionar el discurso de inauguración pronunciado por el entonces
Ministro de Justicia, Rómulo González, en la ‘Conferencia Internacional sobre Violencia
contra los Medios de Comunicación’, organizada por la Asociación Mundial de Periódicos
y Andiarios, el 22 de marzo de 2002; las declaraciones del ex-alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, en una entrevista concedida al semanario El Espectador en junio de 2002; las
palabras de la Ministra de Comunicaciones, Martha Pinto, en un evento de celebración del
día del periodista, el 3 de febrero de 2003 y, más recientemente, las palabras del
Vicepresidente de la República, Francisco Santos, en la entrega de los “Premios de
Periodismo Simón Bolívar”, el 25 de septiembre de 2003, por citar solamente algunos
casos.
Dentro de este bloque, las tentaciones de los sectores más conservadores de acudir a la
censura legal-formal, como vía para lograr el alinderamiento institucional de los medios de
comunicación, se contrapone con posiciones más flexibles que plantean que, en lugar del
cierre informativo por las vías legales, se debe acudir a la consolidación de un consenso
más estrecho entre los periodistas y el Estado, de modo que asegure la presencia
permanente de las autoridades en las agendas informativas y no quede ningún “hueco”
disponible en los sistemas de información para aquellos contra-públicos que atentan contra
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la seguridad nacional y el orden institucional. Posición que, a diferencia de la primera
opción, no se basa exclusivamente en la censura directa, sino en la combinación estratégica
de “políticas de restricción” con “políticas de desregulación” económica favorables a las
empresas mediáticas, por una parte, y a novedosas alianzas de cooperación y creación de
pools informativos entre periodistas, políticos y militares, por la otra. (A modo de
paréntesis, esto último es precisamente lo que está sucediendo con la consolidación de la
renovada capacidad comunicativa de las Fuerzas Militares, que a la fecha cuentan con una
Cadena Radial ―La Cadena Radial del Ejército Nacional―, que reúne a 32 emisoras en
todo el país. Hablamos de una planificada estrategia de comunicación, gracias a la cual
éstas han pasado de ser “fuentes” informativas de los periodistas, a ser los “emisores” de su
propia comunicación, como también sucede con el magazín Vamos Colombia y los
“noticieros” Insignia y En Contacto, transmitidos diariamente por el canal de televisión
Señal Colombia Institucional).
Precisamente, esta tensión entre los más “radicales” y los más “flexibles” se pudo apreciar
en el fallido artículo 35 del borrador del proyecto de ley denominado 'Estatuto
Antiterrorista', retirado por solicitud expresa del presidente Álvaro Uribe, en febrero de
2003, y que decía lo siguiente: “el que mediante prensa escrita, radio, televisión o sistemas
de información virtual divulgue informaciones que puedan entorpecer el eficaz desarrollo
de las operaciones militares o de Policía, coloque en peligro la vida del personal de la
Fuerza Pública o de los particulares o ejecute cualquier otro acto que atente contra el
orden público, la salud moral pública, mejorando la posición o imagen del enemigo o
estimulando las actividades terroristas para causar un mayor impacto de sus acciones,
incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (120 años, sin perjuicio de la suspensión del
correspondiente servicio”. En lugar de esta opción por la censura legal-formal, el gobierno
nacional decidió hacer un llamado “patriótico” a los medios de comunicación, invitándolos
a “ser veraces y responsables, en especial, a la hora de divulgar información que pueda
poner en peligro la vida de las personas y el desarrollo de operaciones, como así lo hizo
saber a través del documento de “Política de defensa y seguridad democrática”, dado a
conocer en julio de 2003.
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Partidaria de limitar la libertad de informar con el fin de preservar la defensa de libertades y
derechos más importantes que la propia información, la directora de El Colombiano, Ana
Mercedes Gómez también ha entrado a terciar en esta tensión. El 12 de noviembre de 2003,
en un encuentro celebrado en Madrid, España, para debatir los temas de la información y el
terrorismo, la mencionada periodista afirmaba que “hay momentos, como es el caso
colombiano, en que las libertades pueden ser restringidas en la búsqueda de un bien
mayor. En este caso, de un derecho fundamental como es la vida, y también, la
supervivencia de un país”. Posición que, sin embargo, no comparten otros agentes del
campo periodístico, en la medida en que el cierre informativo por la vía de los “papeles
firmados” de la ley suele ser visto por éstos como una intromisión no deseada en los valores
fundacionales del periodismo, asociados a la libertad, la autonomía y la autorregulación, los
cuales se acostumbran invocar con bastante recelo.
Ahora bien, que en estos dos años no haya existido un consenso total por parte del
periodismo nacional alrededor de los beneficios de “tomar partido”, y de las vía para
hacerlo, no significa que la información sobre el conflicto armado se caracterice por la
pluralidad y el contraste periodístico de la fuente institucional, bien sea de índole civil-
gubernamental o militar. Así lo muestra un estudio realizado por el Proyecto Antonio
Nariño, que reúne a distintas organizaciones sociales y de periodistas en procura de velar
por la defensa de la libertad de prensa y la calidad del periodismo nacional. Durante un año
(octubre de 2002 a octubre de 2003). Este estudio, dirigido por el investigador y analista de
medios, Germán Rey, monitoreó las informaciones de 12 diarios y un semanario,
publicados en distintas ciudades del país, con el fin de indagar por algunos criterios de la
calidad periodística, entre ellos, la diversidad en el manejo de las fuentes consultadas en
materia de conflicto armado y los asuntos más frecuentes de la cobertura periodística
alrededor del tópico del conflicto.
De un total de 3.039 piezas periodistas analizadas, este estudio muestra no sólo la
concentración de la información en las fuentes oficiales del Estado: Gobierno + Fuerza
Pública + Poderes del Estado, que alcanza el 48% (gráfico 1), sino el predominio de los
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asuntos bélico-militares, que obtienen el 42% de los temas que conforman el promedio
general de la agenda informativa de los diarios objeto de estudio (gráfico 2).
Gráfico 1Fuentes de la información periodística sobre el conflicto armado
Fuente: Monitoreo de prensa. Proyecto Antonio Nariño
Cifras que para algunos pueden ser normales. Como dijera un directivo de un diario
regional en la presentación de los resultados del estudio, esto muestra que estamos en
guerra, por lo tanto, es natural que los temas que tengan primacía sean los bélico-militares y
las fuentes preponderantes sean las oficiales del Estado: “¿O de qué lado estamos?”.
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Gráfico 2Asuntos de la información sobre el conflicto armado
Fuente: Monitoreo de prensa. Proyecto Antonio Nariño
¡No más pantalla a los violentos!
El 4 de marzo de 2003, veinticuatro días después del atentado contra el Club el Nogal, el
entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, revivió una polémica no cicatrizada. Lanzó
una propuesta que consistía en abrir las páginas de la separata de Cultura Democrática del
periódico D.C. para que los grupos al margen de la ley expresaran sus ideas, los fines y los
métodos de la lucha armada, de modo que no terminaran solamente justificándose ante sí
mismos. Según Mockus, en una entrevista concedida un día después al diario El Tiempo,
esta iniciativa mostraba la diferencia que caracteriza a “la actitud democrática, la actitud
del Estado de Derecho, que les permite expresar su voz, aun a los que combaten de
manera infame”. Como él mismo lo dijera, “la salud de la democracia consiste en que la
mayoría de las voces logren neutralizar estas justificaciones y que la gente aprenda a
discutir con ideas”.
Los rayos y centellas no tardaron en llegar. En el editorial del 5 de marzo de 2003, el diario
El Tiempo cargaba contra el alcalde Mockus, por una propuesta tan “ingenua” y “absurda”
como esa. “Pero más grave que la ingenuidad es el derrotismo implícito que traduce la
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actitud del alcalde bogotano. A la sombra del atentado de El Nogal o de la racha de
asesinatos en “tregua” de las autodefensas, no tiene presentación pagarle una página a
Castaño para que pose de estadista, o a ‘Tirofijo’ para que despotrique contra el
“terrorismo de Estado”. Es el momento de cerrar filas contra el terrorismo; de respaldar
al Gobierno para que lo enfrente con firmeza, y no de hacerle concesiones”.
Lo cierto es que polémicas similares ya se habían presentado en pleno proceso de paz de la
administración Pastrana. Una de ellas tuvo lugar el 19 de marzo de 2000, cuando el
entonces director de El Espectador, Carlos Lleras de la Fuente, le propusiera a ‘Manuel
Marulanda Vélez’ escribir una columna de opinión sobre el proceso de paz, puesto que el
periódico quería “servir de ejemplo de pluralismo y de apertura mental para que las
gentes que están ‘fuera El Caguán’ entiendan mejor lo que pasa ‘dentro de El Caguán’ y
comiencen a ajustar sus mentes y sus comportamientos a lo que muchos queremos decir al
hablar de la Nueva Colombia”. Para nada complacido con este ofrecimiento, Juan Manuel
Charry, a la sazón Vocero del Lector de El Espectador, expresaba su preocupación por el
hecho de que la columna fuera utilizada por la guerrilla como un frente más de ataque
contra la democracia y la libertad de expresión. En su columna del 26 de marzo de 2000,
Charry mostraba su desacuerdo con la propuesta del director del semanario y afirmaba que
“el manejo de la información en un proceso de diálogo debería estar sujeto a la mesa de
negociación, la cual expide los comunicados respectivos, o se expresa a través de sus
voceros autorizados. No se puede perder de vista que los diálogos se están adelantando
dentro de la guerra, y la columna podría ser utilizada estratégicamente dentro del
conflicto”.
La reconstrucción de este tipo de polémicas es interesante, en la medida en que hace
evidente una vieja tesis, que ha calado profundamente en diversos sectores de opinión: la
idea de que cuando se informa sobre los actores armados ilegales esto significa
inexorablemente “hacer apología del delito” o servir de “idiotas útiles” para divulgar sus
intereses, convirtiéndose los medios de comunicación en “cajas de resonancia” de las
acciones propagandísticas de los violentos. Según esta posición, debe existir una
correspondencia entre el periodismo responsable y la defensa de la democracia, entendida
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como defensa de las instituciones y la legalidad; por lo tanto, cualquier intento de hacer
visibles, con voz e imagen propia, a quienes están al margen de la ley representa un peligro
serio para la estabilidad de la democracia.
Para los numerosos defensores de esta posición, la visibilidad mediática de los
movimientos armados, sobre todo en épocas donde no se adelanta ningún proceso de paz
con éstos, debe restringirse a su mínima expresión, es decir, sus planteamientos deben
permanecer en el anonimato y al margen del debate público; esto con el fin de no hacerles
el juego propagandístico, ni exacerbar el sensacionalismo informativo. Y con esto lo que
parece revivirse son los denominados “pactos de caballeros” entre los medios de
comunicación, en tanto llamados a la sensatez y la prudencia, como los que viene
proponiendo, entre otros, el periodista y senador, Juan Gómez Martínez, quien a través de
su columna de opinión del diario El Colombiano invitaba, el 12 de septiembre de 2003, a
no publicar informaciones que atentarán contra el buen nombre de la patria: “por la patria,
todo; contra la patria, nada”. Lo que, por supuesto, ha llevado a algunos periodistas y
analistas críticos de esta posición a reflexionar sobre la frontera que divide la discreción y
el silenciamiento, la prudencia y el olvido, el patriotismo y la autocensura, tal y como
ocurrió el 4 de febrero de 2004 en el foro ‘Medios de comunicación y conflicto armado’,
organizado por Naciones Unidas, El Tiempo, Semana, Radio Caracol y Caracol Televisión
en donde, una vez más, apareció la discusión sobre este tipo de problemáticas, lideradas,
entre otros, por Germán Rey, Judith Sarmiento, Héctor Rincón y Paulo Laserna.
De las “malas noticias” a las “noticias positivas” del país
Poco a poco ha venido ganando terreno entre algunos sectores de opinión el interés por
definir unos acuerdos suficientes sobre la desdramatización de las consecuencias humanas
de la guerra, por las vías de la “cero visibilidad del horror”. Según esta posición, la
“cobertura negativa” del conflicto armado, hasta el punto de saturación, no sólo ha minado
el consenso nacional alrededor del esfuerzo gubernamental, bien sea para ganar la guerra u
obtener la paz, sino que además ha alimentado en los públicos nacionales un cansancio-
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malestar frente a la confrontación bélica, así como sentimientos de pesimismo e
impotencia.
Las razones de proponer una “visibilidad cero” del horror, está asociada a la propia
cobertura informativa del conflicto armado, sobre todo en las pantallas de la televisión.
Pues así como en estos años la confrontación armada se ha escalado y degradado hasta
niveles insostenibles para la dignidad humana, así también las agendas informativas han
escalado sus valores noticiosos relacionados con la novedad, el dolor, el antagonismo y la
tragedia hasta límites donde la información se confunde con el melodrama, el
sensacionalismo y el espectáculo. Tal ha sido esta situación que diversos sectores de
opinión (gremios económicos, empresarios, padres de familia, políticos y funcionarios
públicos, entre otros) han elevado paulatinamente su malestar por el protagonismo
mediático de la guerra y por la sobreexposición de las “malas noticias” en las pantallas de
la televisión.
Uno de los llamados de alerta contra esta negatividad de las noticias lo propinó el entonces
presidente Andrés Pastrana en una alocución televisada, el 22 de junio de 2000. En aquella
ocasión Pastrana, quien le dedicó una de sus intervenciones presidenciales específicamente
a este tema, decía lo siguiente: “me cansé que las malas noticias no nos dejen ver y
construir un mejor país para todos (…) Me cansé de que el pesimismo siempre le gane a la
esperanza, de que lo negativo le gane a lo positivo; de que lo malo le gane a lo bueno; de
que lo individual le gane a lo colectivo”. Su propuesta iba dirigida a que los colombianos
generaran “un cambio de actitud” que él mismo denominó “Empresa Colombia”, una
empresa decidida a “cambiar el panorama oscuro y pesimista” del país.
Pero sería el consenso producido alrededor del gobierno de las “esperanzas crecientes”
(esto es, el de Álvaro Uribe), y sus nuevas modalidades de tramitar el consentimiento
informativo de lo que es y debería ser el país, entre empresarios de medios de
comunicación, directivos, editores y periodistas, aquel que se encargaría de revertir el
cansancio y la postración en las modalidades de producción noticiosa. Por ejemplo, las
“malas noticias” en los noticieros de televisión han venido dando paso, o al menos
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compitiendo, con una información cada vez más institucional ―que muestra el tesón
individual de la gente que con sus propias recursos y limitaciones sale adelante y
“triunfa”―, patrocinada por empresas privadas que dan título a las secciones de la “gente
buena” y “las noticias positivas”, y cuyo espacio ya no solamente está destinado a las
“buenas noticias del entretenimiento” y la farándula, sino a los bloques centrales de los
noticieros, tal y como se puede apreciar en el caso, pero no el único, de Tele País, el
noticiero producido por Jorge Barón que comenzó emisiones el 1 de enero de 2004 en el
Canal Uno de la televisión nacional.
En todo caso, este cansancio que muestran distintos sectores de opinión con las agendas de
la información que excarcelan el dolor y sobreexponen el horror de los asuntos de la
nación, entre ellos el conflicto armado, también se cruza con la satisfacción que exhiben
algunos “públicos fuertes” que están a favor de los beneficios relativos de la censura y de la
“cero tolerancia” hacia las visibilidades de la guerra. Públicos, sobre todo estos últimos,
que acostumbran invocar como elemento probatorio de sus reclamos la irresponsabilidad
del periodismo nacional en la banalización del horror y, por supuesto, la saturación de la
opinión frente a las agendas informativas del conflicto.
Saturación que, sin embargo, no se hizo evidente en una encuesta de opinión sobre medios
y conflicto armado, realizada entre el 23 y el 25 de enero de 2004 por la firma Invamer-
Gallup. Así, al preguntarle a una muestra de hombres y mujeres de cuatro ciudades del país,
y de distintas clases sociales, cuáles eran sus percepciones acerca de la cobertura
informativa del conflicto, la mayoría de los encuestados respondió que no se sentían
cabalmente informados, pues en el 51% de los casos la información que recibían era escasa
(ver gráfico 3).
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Gráfico 3¿Es suficiente la información sobre el conflicto armado?
Fuente: Encuesta sobre medios y conflicto, Invamer-Gallup
Entre los resultados de esta encuesta, que se dio a conocer en el ‘Foro de medios de
comunicación y conflicto armado’, realizado el 4 de febrero de 2004, se mostraron diversas
percepciones, entre ellas, que apenas el 10% de los encuestados consideraba que las
informaciones del conflicto “son muy completas y explican bien lo que sucede” (ver
gráfico 4). Así mismo, el 53% afirmaba que entrevistar a personas al margen de la ley “es
irresponsable”, frente a un 40% que opinaba que “es necesario para el país”.
Gráfico 4¿Explican lo que sucede las noticias sobre el conflicto armado?
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Fuente: Encuesta sobre medios y conflicto, Invamer-Gallup
¿Qué tipo de cobertura informativa es entonces deseable para abordar los asuntos de paz y
guerra relacionados con el conflicto armado? Aquí aparece una preocupación que viene
ganando fuerza entre otros sectores de opinión, y que no necesariamente apuesta por la
sustitución, sin más, de las “malas noticias” por las “noticias positivas” del país. En este
caso la pregunta apunta al desequilibrio que, según algunos periodistas, analistas de medios
y organizaciones no gubernamentales, existe en las agendas informativas de los medios de
comunicación nacionales para hacer visible los fenómenos de la paz y de la guerra en la
esfera pública. Precisamente a esto se refería, el 11 de agosto de 1999, el periodista Daniel
Samper, cuando afirmaba en su columna de opinión del diario El Tiempo que la deuda que
tiene el periodismo colombiano es su incapacidad para descubrir la noticia más allá del
conflicto ruidoso, esto es, la incapacidad que existe de proponer un modelo de periodismo
que muestre, desde la información, cómo se esfuerza un país anónimo por sobrevivir a la
violencia y construir escenarios de vida.
Según algunos analistas de esta problemática, cuando los medios de comunicación le dan
más visibilidad a las acciones bélicas y de violencia, lo que hacen es contribuir a perpetuar
dinámicas perversas dirigidas a promocionar el discurso o la acción violenta como única
respuesta a los conflictos. La propuesta aquí es exhortar a los medios para que asuman que
la paz no sólo se hace con los actores armados sino desde la base de la sociedad, con sus
esfuerzos y su trabajo cotidiano. O como lo dijera Vicent Fisas, el investigador catalán
sobre asuntos de paz, en una entrevista concedida el 22 de agosto de 2000 al diario El
Tiempo, el reto de los medios es hacer visible “los logros de la sociedad en superar sus
conflictos, pues al hacerlo, esto contribuiría a cambiar la visión del público sobre los
conflictos y los modos de su resolución”.
La violencia contra los periodistas
El último escenario nos conduce al tema del periodismo como “blanco” y “víctima” del
fuego cruzado de los actores armados del conflicto. ¿Por qué esta situación? Para los
periodistas la respuesta a este interrogante señala dos ámbitos de atención. En primer lugar,
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está la tesis de que la libertad de prensa está en riesgo debido, no sólo a las constantes
amenazas e intimidaciones de que éstos son objeto, sino a la ausencia de un respaldo
efectivo de una organización que los defienda y promueva la solidaridad de la profesión.
En segundo lugar, aparece la tesis de que la principal razón para que los periodistas se
conviertan en víctimas —otras víctimas— del conflicto armado, obedece al bajo nivel de
preparación profesional y a los vínculos laborales “mixtos” (jefes de prensa, relacionistas
públicos y colaboradores) que éstos suelen establecer con distintas fuentes de poder en las
regiones dominadas y disputadas por los “señores de la guerra”: desde políticos y militares
corruptos, hasta paramilitares, guerrilleros y delincuencia común organizada.
Según informes de la ‘Fundación para la Libertad de Prensa’, FLIP, y del ‘Instituto de
Prensa y Sociedad’, entre 1995 y 2003 fueron asesinados en el país treinta y siete
periodistas por razones del oficio. En el escalafón anual-2002 que efectúa la organización
‘Reporteros sin Fronteras’ sobre las violaciones contra la libertad de prensa en el mundo,
Colombia ocupó el lugar 114, entre un total de 139, de los países donde más se violan los
derechos de la prensa. Y según el informe de ‘Libertad de Expresión, 2003’, preparado por
la FLIP, si bien las violaciones contra la libertad de información se redujeron levemente en
el 2003, estás han mostrado tendencias similares en los últimos años (ver tabla 2).
Tabla 2Violaciones a la libertad de prensa, 2002-2003
Tipo de violaciones Número de víctimas, 2002
Número de víctimas,2003
Asesinados por razones de oficio 3 5Asesinados en cubrimiento periodístico 1 1
Asesinatos en investigación 4 1Periodistas secuestrados 12 11
Atentados contra periodistas 10 1Heridos en cubrimiento periodístico 0 1
Periodistas exiliados No hay datos 7Amenazas contra periodistas 75 55Agresiones contra periodistas 3 4
Obstrucciones a la prensa 3 8Total violaciones 111 94
Fuente: Informe de Libertad de Expresión, 2003.Fundación para la Libertad de Prensa.
Un mismo periodista puede ser objeto de más de una violación
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En las regiones más disputadas por los diferentes agentes del conflicto, la libertad de prensa
es precaria, ya sea por las intimidaciones y asesinatos que han acallado diversas voces, o
porque se ha instalado la autocensura. Según un estudio de la corporación ‘Medios para la
Paz’, realizado durante el año 2003 en veinte ciudades intermedias y zonas de influencia
del conflicto armado, el 65% de los periodistas de estas regiones se han sentido intimidados
por los actores del conflicto, frente a un 32% que dice que no ha sufrido ninguna
intimidación. Este estudio, que combinó varias metodologías de análisis, entre ellas, una
encuesta de opinión a 120 periodistas, preguntó por los actores responsables de esta
intimidación. El 19% respondió que provenían de sujetos desconocidos; el 13%
responsabilizaba a las FARC; el 11% a los paramilitares; el 3% a las Fuerzas Militares y al
ELN por igual, mientras que el 4 % prefirió no responder la pregunta.
Son datos que concuerdan con las investigaciones adelantadas por la FLIP con respecto a la
pregunta, ¿quién amenaza a la prensa en Colombia? (ver tabla 3). Según esta fundación
siempre existe dificultad para determinar los autores de los asesinatos y las amenazas
contra los periodistas, en un marco de impunidad generalizada que ocasiona que los
periodistas no sólo se vean en aprietos para publicar sus informaciones, sino que además no
siempre logran denunciar las presiones de las que son víctimas. Y esto pese a los esfuerzos
del gobierno nacional, que instauró el 10 de agosto de 2000, el Programa de Protección a
Periodistas y Comunicadores Sociales, con el fin de garantizar la seguridad de los
periodistas que se encuentran en situación de riesgo; programa del que hacen parte diversas
instituciones del Estado, como la Policía y el Das, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y organizaciones de periodistas, como el Proyecto
Antonio Nariño, la Fundación para la Libertad de Prensa, La Fundación para el Nuevo
Periodismo Iberoamericano y la Corporación Medios para la Paz, entre otras.
Tabla 3Violaciones contra la libertad de prensa según autores responsables, 2003
Autores Número de violaciones
Autores desconocidos 36FARC 23
Paramilitares 16
22
Ejército y Policía 6ELN 3
INPEC 2Organismos de seguridad 2
Políticos 2Otros 5
Total violaciones 94Fuente: Informe de Libertad de Expresión, 2003.
Fundación para la Libertad de Prensa.
La persistencia o no de estos cuatro escenarios que actualmente enmarcan no sólo las
tendencias de la cobertura informativa de la confrontación armada, sino el clima de opinión
pública que se respira para dar cuenta del conflicto, caracterizado por unas expectativas
crecientes con respecto a los triunfos militares del Estado y a la figura del presidente
Álvaro Uribe, pasa de todos modos por la reconfiguración de los mapas de la confrontación
armada que, dicho sea de paso, no ha llegado a ningún punto muerto. En la medida en que
el conflicto armado se agudice por diferentes vías, no sólo la de los combates, estaremos
asistiendo a niveles mayores de concentración del poder que reivindicará, para sí, zonas
cada vez más opacas de visibilidad pública del conflicto. Así, mientras las agendas
informativas buscarán —en teoría— hacerla visible, los guerreros de todo tipo intentarán
hacer invisibles sus acciones y decisiones, o al menos las que no les favorecen, o que
favoreciéndoles no tienen por qué someter al “poder visible” del debate público. Tal podría
ser uno de los escenarios futuros que nos viene.
Bibliografía
Bonilla Jorge y Catalina Montoya, “Tres hipótesis sobre la visibilidad mediática de la guerra en Colombia”, en Revista de Estudios Sociales, No 16, Bogotá, Universidad de los Andes-Fundación Social, 2003, págs. 70-81.
Eugenia García y Edward Romero, “Las trampas de la aparición. Información y conflicto en Colombia”, en Jorge Bonilla y Gustavo Patiño (Eds), Comunicación y política. Viejos conflictos, nuevos desafíos, Bogotá, Ceja, 2001. págs. 366-391.
Daniel Hallin, The 'Uncensored War': The Media and Vietnam, New York, Oxford University Press, 1986.
Michael Ignatieff. “Guerra virtual”, en Manuel Leguineche y Gervasio Sánchez, Los ojos de la guerra, Madrid, Plaza y Janés, 2001, págs. 427-441.
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Jesús Martín-Barbero y Germán Rey, “El periodismo en Colombia: de los oficios y los medios”, en Revista Signo y Pensamiento, No. 30, Bogotá, Departamento de Comunicación, P.U.J., 1997, págs. 13-30.
Daniel Pecaut, «Opinión pública, violencia y memoria histórica», en Revista de El Espectador, No. 8, Bogotá, domingo 10 de septiembre de 2000, págs. 76-80.________ Guerra contra la sociedad, Bogotá, Planeta-Espasa, 2001.
Germán Rey, Balsas y medusas: visibilidad comunicativa y narrativas políticas, Bogotá, Cerec-Fundación Social-Fescol, 1998.
Germán Rey, et al. Estándares de calidad periodística en el cubrimiento del conflicto armado en Colombia, 2002-2003. Monitoreo de prensa. Bogotá, Proyecto Antonio Nariño, Mimeo, 2004.
Philip Schlesinger y Bob Lumley, “Dos debates sobre violencia política y medios de comunicación: la organización de los campos intelectuales en Gran Bretaña e Italia”, en Philip Schlesinger et. al. Los intelectuales en la sociedad de la información. Barcelona, Anthropos, 1987.
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