M•DOLORESFERNANDEZRODRIGUEZ Profesora 'Iltulat de Det<cho pemll Univetsidad de Mmcla

Lesiones: Clasilicacl6n y modus opermuli

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SUMARIO

l. DETERM!NAQONES PREVIAS

11. CLASIFICACION DB LAS LESIONES

111. LESIONES AGRAVADAS POR l!L MODUS OPBRANDI l. Consideraciones genendes 2. Estudio de los tipos:

A) Lesiones peligrosas: a) Fundamento

b) Elemento objetivo

e) Elemento subjetivQ

B) Lesiones brutales:

a) Fundamento b) Elemento objetivo

e) Elemento subjetivo q Lesiones-tnrtura.

I. DEI'ERMINACIONES PREVIAS

Al margen del innegable objetivismo que informa gran parte de los ordenamientos jurídicos foráneos en mate­ria de lesiones, hay que reconocer que, tradicionalmente, el Derecho penal español ha elevado aquel criterio hasta lfmi­tes inadmisibles, aunque sólo sea por el excesivo casuismo que ha añadido a esta problemática y ya desde Ja promulga­ción de nuestros primeros Códigos penales.

Efectivamente, la entidad real de la lesión ha sido lo sustancialmente decisivo a la hora de la decantación de res­ponsabilidades penales y no la valoración subjetiva de la ac­ción que la produjo. Es cierto, sin embargo, que el Código de 1848 supuso una notable simplificación de las tipicidades que confusa y prolijamente había dibujado el Código de 1822 y una cierta mejoría en la técnica legislativa. Como ha subrayado Antón Oneca, el Código de 1848 reguló en siete artículos los delitos de lesiones, frente a los diecinueve "ex­tensos y palabreros" del código anterior (1). El Texto de 1870 rompió con esta saludable tendencia simplificadora, para complicar aún más el casuismo ofrecido por el código. Todas las reformas posteriores, hasta la de 21 de junio de 1989, han sido limitadamente ambiciosas, al margen de la espectacularidad de alguna de ellas.

(1) Cfr. J. Antón Oncea, Notas criticas •1 C6digo pcllflÍ. Las lesio­nes, en Estudios de De-usto, Número~homenaje al P. Pereda, Bilbao, 1%5, pág. 778.

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Durante muchos años la doctrina española ha sido prácticamente unánime en la crítica de este pasaje del Có­digo, que permitía Ja vigencia de la vieja responsabilidad objetiva al condicionar la pena al azar del resultado lesivo y en el que la precisión típica de los medios originaba inde­seables lagunas.

No puede extrañar, en consecuencia, que reciente­mente se haya lamentado en nuestro país la falta de sensibi­lidad mostrada en la materia por Jos redactores de Ja Ley Orgánica de reforma urgente y parcial del Código penal, de 25 de junio de 1983. Se perdió entonces una magnífica oportunidad de acompasar la regulación de los delitos de le­siones con las exigencias del Derecho penal moderno, de corte ineqnívocamente culpabilista. No faltan ejemplos ex­tranjeros de soluciones posítiv-.is·mejor logradas en este sen­tido.

En cualquier caso, ha llegado a afirmarse que cual­quíera de las fórmulas ofrecidas en los más recientes textos prelegislativos (Proyecto de Código penal de 1980 y Pro­puesta de Anteproyecto de 1983) hubiera mejorado en no escasa medida la regulación vigente hasta junio de 1989. Elogio un tanto parco para aquellas iniciativas pero que po­nía de relieve la situacíón límite a que en la materia se había llegado.

La solucíón político-criminalmente recomendada por la mayoría de la doctrina apuntaba a la necesidad de cons­truir un tipo básico completado, después, con otras modali­dades agravadas o atenuadas, en función de la peligrosidad de los medios empleados y de Ja gravedad de los resultados producidos. Reforma estructural sugerida al margen, por supuesto, de la conveniencia de erradicar del capítulo tipici­dades como, por ejemplo, la contenida en el art. 427; pre­cepto definidor de las lesiones laborales, procedente del Código de 1944, que es contemplado con escasa simpatía

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por la doctrina española (2), que prewniza su desaparición, sobre todo después de la reforma de 1983 que ha incorpo­rado a nuestro Código el art. 348 bis a).

Con cierto triunfalismo, se afirma en el Preámbulo de la Ley Orgáníca de actualizadón del Código penal, de 21 de junio de 1989, que en el ámbito de las lesiones se ha deci­dido acabar "con el envejeddo y defectuoso sistema técníco de incriminación en atención a las cuantías, criterio resulta­tivo que prescinde de cualquier valoración político-criminal. Por ello se sustituyen aquellas tipicidades por otras en las que lo determinante no es tanto el tiempo de sanidad de la lesión cuanto los modos y formas de su causación, preser­vando, como es lógico, la mayor gravedad de Ja castración, mutilación y esterilización".

Al margen de qne efectivamente se hayan logrado los resultados aludidos, resulta evidente que en la materia, como en tantas otras, la reforma de junío de 1989 no ha he­cho más que recoger alguna de las iniciativas acometida.~ en los textos prelegislativos antes mencionados.

En efecto, la sistemática adoptada por la Ley de ac­tualización ya se había intentado en el Proyecto de Código penal de 1980 y en la Propuesta de Anteproyecto de 1983. Suponía la misma una ruptura con los planteamientos polí­tico-criminales hasta entonces vigentes y más aeorde con los criterios imperantes en el Derecho comparado más evolu­cionado.

Se formulaba en aquellos textos un concepto general de lesiones, excluyente de la anacrónica responsabilidad objetiva, que sirvió de inspiración a la definición introducida por la Ley actualizadora en el art. 420. Se elimina en ella la tan justamente denostada tasación de medios alcanzando así

(2) Vid. por IOdol;; J, Boú< Reig y otros, en la obra colectiva La = forma penal de 1989, Tirant lo Blanch1 Valencia, 1989, pág. 11.4.

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tanto a supuestos de comisión violenta y no violenta como de comisión por omisión.

Precisamente, la amplia referencia comisiva del art. 420, "(,'llalquier medio o procedimiento', ha llevado a la Fis· calía General del Estado a criticar el mantenimiento del art. 348 bis. Este precepto -se afirma- no es un delito de riesgo a pesar de su ubicación puesto que el verbo típico es el de propagar, que exige una materialízación de la enfermedad en terceras personas y no un mero riesgo o peligro de propaga­ción. Y "por si ello fuera poco el Código establece la salve­dad de castigar el hecho como corresponda si constituyere un delito más grave", clara referencia -se concluye- a las le­siones más gravemente penadas.

Argumentaciones discutibles que han servido de jus­tificación a la F"JSCalía para calificar la permanencia del art. 348 bis de "dislate sólo atribuible al olvido" (3). Calificativo de dudoso fundamento en este caso pero perfectamente aplicable a otros supuestos, como tendré oportunidad de poner de relieve.

En otro orden de cosas, hay que destacar que la defi­nición del art. 420 ilumina, con iududable acierto, el conte­nido sustancial de los delitos de lesiones: "menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental". Confirma· ción, en suma, de la interpretación sostenida de modo gene­ralizado por la doctrina en base a Ja regulación anterior y respaldada de forma definitiva por el art. 15 de la Constitu­ción (4).

Sobre este tipo básico se estructuran las lesiones en función de la peligrosidad del medio o forma utilizados o de

(3) Vid. Memoria elevada al Gobierno de S.M. por el Fiscal Gene· ral del Estado> Madrid, 1989, págs. 281 y s.

(4) Sorprende, por ello, que en el Preámbulo de la Ley de actuali­zación de 21 de junio de 1989 se aluda repetidas veces a los delitos de lesio­nes como infracciones "contra Ja integridad física•.

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la gravedad del resultado, si bien -y aquí reside en mi opi­nión la novedad más relevante y acertada de la reforma- en uno y otro caso los criterios culpabilistas tienen un rango prioritario. Sistema que reproduce, salvo matices, el de la Propuesta de Anteproyecto de 1983 y que ya estaba esbo­zado en el Proyecto de Código penal de 1980.

Atendiendo también a estos modelos, se suprime el homicidio en riña tumultuaria; figura constantemente criti­cada por la doctrina, en función de su componente objeti­vista.

En cambio, otras iniciativas orientadas a la siempre ambicionada reducción del ámbito de intervención del De­recho penal no encontraron el mismo eco.

Se siguen acogiendo, ahora en los arts. 422 y 423, las mutilaciones para eximirse del servicio militar que, con me­jor criterio, la Propuesta de Anteproyecto de 1983 había erradicado. Se reintroduce el art. 4Z7 que el Anteproyecto y Proyecto de la propia Ley de actualización dejaban sin con­tenido y que, como ya se indicó, carece de sentido desde la incorporación del art. 348 bis a). Además, se añaden dos nuevas figuras de discutible incardinación entre las lesiones, como son la participación en riña tumultuaria y confusa (art. 424) y las violencias físicas habitualmente ejercidas sobre el cónyuge u otras personas legalmente concretadas ( art. 425).

Cabe señalar, sin embargo, que es en orden a la rele­vancia del consentimiento donde se produce el mayor dis­tanciamiento con los modelos brindados por aquellos textos prelegislativos.

Como es sabido, el art. 177 del Proyecto de Código penal de 1980, inspirado en el parágrafo 226 a) del Código de la República Federal Alemana, preveía que salvo en los supuestos en que expresamente se estableciera otra cosa, las lesiones producidas con el consentimiento del ofendido sólo se sancionarían cuaudo se estimaran •socialmente reproba-

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bles". A su vez, la Propuesta de Anteproyecto de 1983 aeo­gía, en su art. 157, una fórmula distínta: "en los delitos de le­siones, el consentimiento del ofendido, libre, espontáneo y expresamente emitido eximirá de responsabilidad criminal, salvo que se haya obtenido viciadamente, o mediante precio, promesa o reeompensa o el otorgante fuere menor o ínca­paz, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales". Con ella, se imponía un criterio radicalmente diferente del tradicional en España y de menor dificultad ínterpretativa que la ofrecida por el ar!. 177 del Proyecto de 1980.

Incluso, el Anteproyecto de la Ley de actualización ofrecía una regulación del consentimiento menos ambiciosa que las antes apuntadas pero que partía, asimismo, de su relevancia (5).

La Ley de 21 de junio de 1989 no reeoge ninguna de estas soluciones; se desperdicia así, como ya hiciera en su día la Ley de reforma parcial y urgente de 1983, una eicce­lente ocasión para resolver definitivamente la cuestión en el sentido que el art. 10-1 de la Constitución demanda.

Posiblemente en materia de lesiones no exista otro tema como el de la relevancia del consentimiento cuya solu· ción se haya visto tan insistente como unánimemente solici· tada por la doctrína penal española. Por ello, suscita cierta perplejidad que se haya soslayado tan trascendente cuestión y que, sín embargo, sí incida la reforma sobre el art. 428 para posibilitar que el consentimiento para la esterilización de los incapaces mentales pueda ser prestado por sus repre· sentantes legales.

Sin entrar en el fondo del asunto, lo que quiero re­saltar es que, a diferencia de aquélla, ésta es una cuestión

(5) Vid. el interesante análisis que sobre el texto del art. 428 de este Anteproyecto realiza Boix: Reig en Ja obra La reforma penal de 1989, cit., págs. 129 y SS.

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sobre la que apenas se ha pronunciado la doctrina. La expli­cación de tan paradógico proceder nos la quiere ofre<.'l:r el legislador en la Exposición de motivos del Anteproyecto de la Ley de actualización: "recogiendo un sentir generalizado ... De tal sentir se han hecho eco el Defensor del Pueblo y otras instituciones". Realmente es dificil decidir lo que es más reprochable de esta pretendida justificación: que se fal­see la realidad o el sentimiento de culpabilidad que trasluce.

En verdad, son muchas las cuestiones que la reciente reforma de las lesiones suscita pero mi propósito no es, por supuesto, abarcarlas todas, ni siquiera simplemente enun­ciarlas. El objetivo de este trabajo es mucho más modesto: estudiar las posibilidades que la Ley de reforma ofrece de establecer unos criterios sistematizadores que sustenten una clasificación de las lesiones y analizar algunas de las modali­dades de nuevo cuño recogidas en el art. 421 como son las lesiones agravadas por el 'modus operandí".

ll. CLASIFICAC!ON DE LAS LESIONFll

Como es sabido, hasta la Ley Orgánica de actualiza­ción del Código penal de 21 de junio de 1989 las lesiones se clasificaban, sobre la base del resultado producido, en tres grandes grupos:

1•.

Lesíones graves: arts. 420 y 421. Lesiones menos graves: art. 422. Lesiones leves, constitutivas de falta: arts. 582 y 583-

Otros tipos de lesiones se regulaban de forma autó­noma, obedeciendo a diversos criterios conjugados con el omnipresente baremo del resultado: castración, esteriliza­ción, mutilaciones para eximirse del servicio militar, etc.

El Proyecto de 1980, la Propuesta de Anteproyecto de 1983 y el Anteproyecto de la Ley de actualización de 1988 calificaban también de "graves" a detenninadas lesiones constitutivas de delito y de "leves" las constitutivas de falta. Denominaciones legales que desaparecieron en el Proyecto de la Ley de actualización del Código penal que estamos comentando.

En la nueva regulación no existe ninguna referencia expresa a la naturaleza gradual de las lesiones que, de forma directa, abone una similar clasificación.

La cuestión no carece de importancia porque, evi­denciando una vez más la falta de rigor de nuestros legisla­dores, algunos preceptos del Código penal y de las leyes pe­nales especiales ( 6) se siguen remitiendo a las "lesiones gra­ves" de la regulación anterior. Será necesario, por tanto, determinar qué tipos de lesiones merecen en la actual tipifi­cación la consideración de graves a los efectos, por ejemplo, de los arts. 136, párrafo 2", 137 bis-1•, 144-3º o 414, párrafo 2º del Código penal.

Como ya se ha dicho, la incriminación abordada por la Ley Orgánica de actualización parte de una figora básica (art. 420-12) sobre la que se eoustruyen una serie de agrava­ciones que, reflejando la filosofía inspiradora de la reforma, obedecen a principios predominantemente culpabilistas, si bien eombinados eon otros eriterios como son el del resul­tado (arts. 418, 419 y 421-22) o el del medio o forma utiliza­dos (art. 421, 1• y3•), y estos mismos criterios, pero conjun­tamente estimados, facultan la atenuación prevista en el n• 2 del art. 420.

La vigente regulación genérica de las lesiones queda, por tanto, eslabonada de la siguiente forma:

(6) Código penal miUtart de 9 de diciembre de 19&5, arts. 69, 76, 91, 98, 99, 104, 159 y 186.

r 'l'ipoatenuado (art. 420·2")

Tipo básico (art.420-t•)

Tipos agravados (arts. 418, 419 y4:W)

En definitiva, de lo que se trata es de resolver cuáles de estos tipos agravados pueden ser identificados como las "lesiones graves" a las que se siguen refiriendo algunos pre­ceptos.

A primera vista puede esta cuestión mostrarse ano· dina y su planteamiento rebuscado pues parece que existe una solución obvia: rastrear en estos tipos las lesiones coin· cidentes con las etiquetadas como "graves" en la regulación anterior. Sin embargo, no estimo lícito acndir a un recurso tan simple ya que resultaría aberrante resucitar unos bare· mos sustentados exclusivamente en principios objetivistas que, precisamente, la reforma abordada por la Ley actuali· zadora pretende superar.

Por otra parte, a través de las modificaciones intro­ducidas en algunos preceptos, puede columbrarse que la mens legislatoris se mueve en otra dirección. Preceptos en los cuales, al igual que sucede en los mencionados arts. 136, párrafo 2•, 137 bis-1°, 144·3• y 414, párrafo 2°, los tipos de lesiones aparecen configurados en blanco pero que, acaso porque sus renúsiones estaban numéricamente concretadas, sí merecieron, en cambio, la atención de los reformadores.

Veamos si un análisis comparativo de tales remisiones proporciona algún indicio racional que permita metodizar los tipos de lesiones para poder colmar las lagunas denun· ciadas;

art.S7bís b) n• 2 {

arts. 418,419ynúmero< lºy2•del420.

arts.418,419y421 (LOACP)

.99.

{ arts. 418, 419y números 19y zg del 420 art. 139, párrafo 20

' arts. 418, 419 y421 (LOACP)

[ números 12 y Z!l' del art. 420

art. 233, párrafo!•

arts. 418, 419 o 421 (LOACP)

{ n" 1 del art. 420 art. 411, último párrafo

n• 2 del art. 421 (LOACP)

mutilaciones de las: preví&tas en et art. 418, en el párrafo 1s del an. 4190 lesiones dci nsr 1 del art. 420

art.S-01·2"

art. 418 (LOACP)

mutilaciones de Ja.s previstas en er párrafo 2 del art, 419 o lesiones del n2 ~ dél art. 420

art. 501-39

arts. 419 0421-2• (LOACP)

{ números 39 y 40 del art. 420 art. 501-4"

art. 420 (LOACP)

{ "lesiones graves11

art.565

arts.418, 419 0421·2" (LOACP)

Como se advierte, los arts. S7 bis b) n• 2, 139, párrafo 2• y 233, párrafo 1•, coinciden en sus remisiones. Habida

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cuenta que los arts. 418 y 419 recogen lesiones antes abarca­das por los arts. 418, 419 y números 1> y 2º del art. 420, su alusión está justificada. En cambio, la insistente mención de todos 'ellos al art. 421 -dotado por la Ley de actualización de original contenido- sólo puede encontrar explicación en nn deliberado 'propósito por parte del legislador de que dicho precepto quede integrado con los arts. 418 y 419 en un mismo grupo de lesiones, las de naturaleza más grave.

Por otra parte, en el art. 411 último párrafo se susti­tuye la cita del número 1 del art. 420 por Ja del número 2• del art. 421 lo cua~ en principio, no parece improcedente si se toma en consideración que el art. 411 último párrafo está haciendo referencia a lesiones causadas "a consecuencia de aborto o de prácticas abortivas realizadas en mujer no en­cinta, creyéndola embarazada, o por emplear medios inade­cuados para producir el aborto"; es decir, alude a lesiones no queridas directamente como son, por cierto, las del nº 2 del art. 421.

Sin embargo, de este art. 411, párrafo último, se de­riva otra cuestión que me interesa destacar y es que en el mismo se sigue contemplando el supuesto, castigado con menor sanción, de que a la mujer se le causare "cualquier otra lesión grave". ¡

En su precipitación, al reformador se le ha pasado inadvertido que si bien la reproducida fórmula tenía sentido, efectivamente, en el texto anterior -ya que en el art. .ll20 también tenían la consideración de "graves" otras lesiones de menor entidad que las del n• 1- su inclusión en el texto vi­gente no resulta demasiado afortunada.

Con independencia de la etiqueta concreta que se les otorgue ("muy graves", "graves", 'menos graves" o "leves"), es incuestionable que las lesiones que tienen asignada idéntica pena participan, asimismo, del mismo grado de reproche por muy diverso que sea su fundamento. En esta inteligen-

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cia, se puede afirmar que "otras lesiones" semejantes a las del nº 29 del art. 421 son, sin dnda alguna, las previstas en los números 12 y 3° del mismo. No obstante, habida cuenta que ambas constituyen modalidades de lesiones dolosas, es obvio que en el art. 411, último párrafo, resultan de imposi­ble aplicación. Es más, aunque se prescindiera de este obs­táculo dogmático insoslayable, supondría un desatino casti­gar de desigual manera {reclusión menor / prisión mayor) conductas que en el art. 421 aparecen penalmente equi­paradas.

Descartado este recurso, y dados los amplios térmi­nos en que está concebido el art. 421-2º -que, en mi opinión, abarca todos los resultados de los arts. 418 y 419·, podría pensarse que sólo queda el art. 420, párrafo 1•, como única posibilidad de colmar el presupuesto al que se alude con la cuestionada fórmula de "cualquier otra lesión grave". En consecuencia, tendría que imponerse la prevista pena de prisión mayor si las lesiones resultantes de las maniobras abortivas requirieran para su sanidad, además de una pri· mera asistencia facultativa, tratamiento médico o qnirúrgico. Pero esta solución es también objetable.

Como ya se ha señalado, la razón de ser de la fórmula en la anterior tipificación residla en el hecho de que todas las lesiones del art. 420, aunque castigadas con distinta pena, gozaban a efectos clasificatorios de la misma consideración. No puede decirse lo mismo respecto de los actuales arts. 420, párrafo 1• y 421-2", habida cuenta que en una sistemati­zación razonable no cabe dar el mismo cobijo a un tipo bá· sico y a sns figuras agravadas.

Tales evidencias respecto a Jos números 19 y 32 del art. 421 y del n• 1 del 420 vacían de contenido la última de las previsiones del art. 411. Se produce así una indeseable laguna legal qne hubiera podido evitarse con una mínima atención.

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Con mayor fortuna se han llevado a cabo las correc­ciones de los números 2º, 3º y 42 del art. 501. En todos ello's se eonstata una adecuada correspondencia con el contenido de la regulación anterior. Además, en el n2 32 se da cabida al nuevo tipo recogido en el art. 421-21>, previéndose para el mismo, con indudable tino, una reducción de la pena en atención a la distinta magnitud de su elemento subjetivo.

Por ültimo, ha de hacerse referencia al art. 565; pre­cepto del mayor interés, como se verá, para el objetivo cla­sificatorio perseguido. De hecho, constituye el único su­puesto en que el legislador manifiesta expresamente un cri­terio sistematizador.

En efecto, en el art. 565 se sustituye el término "lesio­nes graves" por la referencia a los arts. 418, 419 y 421-2º. Con dicha sustitución se establece un principio jerárquico que coincide con el ya deducido del análisis de los arts. 57 bis n• 2, 139-22 y 233, párrafo 1•. Es cierto que en estos artí­culos la remisión al art. 421 no se ve limitada a los supnestos del n• 2, pero hemos de tener en cuenta que en el art. 565 esa concreción resulta obligada puesto que las lesiones que allí se contemplan son consecuencia de impericia o negli­gencia profesional y, por tanto, incompatibles con las moda­lidades dolosas de los números l9 y 3° del art. 421.

De esta forma, la tesis apuntada entonces encuentra en el art. 565 una decisiva confirmación: para una estima­ción gradual, los arts. 418, 419 y 421 quedan integrados en el mismo grupo de lesiones, las de más grave entidad.

Ello sentado, puede afumarse que en la vigente tipifi­cación genérica quedan perfilados tres grupos de lesiones (7):

(7) Aunque en mi -opinión es tñáS acertada, por su mayor expresivi­dad, una clasificación de las lesiones en muy graves, graves y leves, vista la gravedad de las sanciones impuestas en los artículos que, como et 136 .. zo. 137 bis o 144-39, continúan haciendo alusión a "lesiones graves" (reclusión

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1) Lesiones graves: arts. 418, 419 y 421. 2) Lesiones menos graves: art. 420. 3) Lesiones leves, constitutivas de falta: art. 582, pá­

rrafo 1•.

No debe pensarse, sin embargo, que esta clasíficaclón gradual de las lesiones resuelve las cuestiones que las pro­pias remisiones suscitan.·

El anilisis de los anteriores preceptos, además de alumbrar una regla sistemática, pone en evidencia un hecho que, lamentablemente, se produce con demasiada frecuencia como es la falta de coherencia con que se abordan en este país las reformas legales.

En efecto, era 'de esperar que al decidirse, pcr fin, el legislador a llevar a cabo una reforma en profundidad de las lesiones, hubiera aprovechado para retocar también aquellos

· preceptos que en su remisión a las lesiones albergaban una indiscriminada punición de las mismas. Me refiero a los arts. 136, párrafo 2•, 137 bis 1•, 139-2", 144-3º y 233, párrafo 1•.

Como ya tuve ocasión de exponer en otro lugar (8), la redacción del tipo del párrafo 2" del art. 136 planteaba ya con anterioridad a la Ley de actualización de1989 una serie de problemas derivados, alguno de ellos, de la imposición de la pena de reclusión menor a todos los supuestos de 'lesio­nes graves" y de la prevísión de la pena de prisión menor para las "lesiones leves'.

Señalaba entonces que, teniendo en cuenta que las sanciones acuñadas para las "lesiones graves" en el art. 420

menor, reclusión mayor, reclusión~ en su grado máximo) no hay duda de que es preferible mantener la ternúnología tradicional. De no hacerlo así, las conductas del art. 420 merecerían la consideración de "graves" y por ello se harían merecedoras de tales penas.

(8) Vid. M• D. Fe:rnández Rodríguez, Delitm rontm la comunidad intcmaciona' en Documentación Jurídica, monogtáfreo dedicado a la Pro­pues!a de Anteproyecto del nuevo Código pena~ vol. 2, 1983, pág¡¡. 659y '"·

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oscilaban entre la pena de arresto mayor y multa y la de pri­sión mayor, la respuesta punitiva en el art. 136-22 debería ser, igualmente, diferenciada. Se criticaba, por ello, la impo­sición indiscriminada de la pena de reclusión menor a su­puestos tan desiguales como los contenidos en aquel pre­cepto.

Por lo que respecta a las "lesiones leves", se estimaba desproporcionada la reacción agravatoria que el art. 136-2" les tenía designada. Dar un salto de tres grados en la escala punitiva, convertir unas penas de arresto menor (que eran las previstas en los arts. 582 y 583) en una pena de prisión mayor no parecía, desde luego, jurídicamente defend.Ole. Se subrayaba, además, la paradoja que implicaba semejante agravación en una norma en la que el legislador, en el más grave de los delitos allí previstos, el de lesa majestad, se ha­bía limitado a incrementar la pena en un solo grado y en toda su extensión.

En la actualidad, la redacción del art. 136 se mantiene en idénticos términos pues, como ya se ha dicho, la reforma no ha incidido en la misma. En su párrafo 2•, se sigue casti­gando con la pena de reclusión menor al que produjere '1e­siones graves" y con la de prisión mayor si fueran "leves".

A la vista de ello, podría pensarse que continúan siendo válidas las anteriores eonslderaciones críticas y que, en consecuencia, bastaría con insistir en las mismas; sin em­bargo, intacta su vigencia, resultan hoy insuficientes como veremos.

La Ley Orgánica de actualización, al prescindir del art. 136, párrafo 2", no sólo desperdició la ocasión de corre­gir sus defectos, sino que con esa rara habilidad a que nos tienen acostumbrados nuestros legisladores, consiguió in­crementarlos.

Si ya era objetable en la regulación anterior que se castigasen de igual forma todas las 'lesiones graves" produ-

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cidas al Jefe del Estado extranjero o persona internacional­mente protegida por un tratado que se hallaren en España, con la nueva sistematintción de las lesiones esa indiscrimi­nada punición deviene insoportable.

Reoordemos que, razonadamente, habíamos llegado a la conclusión de que en la tipificación vigente tenían la con­sideración de "graves" las lesiones integradas en los arts. 418, 419 y 421. Para todas ellas, el párrafo 22 del ar!. 136 tiene prevista la pena de reclusión menor, lo cual implica, prima facie, que si se produce alguna de las lesiones del ar!. 418 queda anulada la especial protección pretendida por la norma.

Por otra parle, ya no se trata ahora únicamente de censurar que se uniformen los distintos marcos penales de los arts. 418, 419 y 421. Después de la reforma, se produce una consecuencia aún más intolerable desde elementales exigencias culpabilistas como es la paridad represiva de le­siones inequívocamente intencionadas, arts. 418 y 419, y le­síones no buscadas de propósito, como son las del n• 2 del art. 421. Al margen de opinables matizaciones dogmáticas, lo que no se cuestiona es que éstas se hacen acreedoras de un juicio de reproche menos intenso; evidencia ésta que la Ley de actualización sólo ha tenido en cuenta, como ya se indicó, en el art. 501 que con exquisito cuidado establece penas diferenciadas para los distintos supuestos allí contem­plados.

Por lo que respecta a las lesiones "leves", constitutivas de falta y mencionadas también en el párrafo 2° del art. 136, es suficiente con abundar en la denuncia hecha antes sobre el desproporcionado y paradójico incremento punitivo que supone pasar de una pena de arresto menor a otra de pri­sión mayor.

Defectos semejantes a los acabados de señalar en el art. 136, párrafo 2•, pueden ser detectados en otros precep-

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tos. Así, en el art. 137 bis lº, en el art. 139, en el art. 144, pá· rrafo 3°, y en el art. 233, párrafo 1º.

En el art. 137 bis 1° la "muerte, castración, esteriliza­ción, mutilación o lesi6n grave" encuentran la misma res­puesta punitiva: reclusión mayor.

En el art. 414, párrafo 30, se impone a las '1esíones graves" resultantes de un aborto la pena de prisión menor en toda su extensión. Habida cuenta que la pena correspon­diente al art. 421-2° es la de prisión menor en sus grados medio a máximo, el aborto honoris causa se acaba convir­tiendo en un privilegiado medio de corrúsión.

El art. 233, párrafo 1°, establece que "incurrirá en la pena de reclusión mayor en su grado máximo si a conse­cuencia del hecho resultare muerte o lesiones de las com­prendidas en los arts. 418, 419. o 421, y en la de reclusión menor en los demás casos". Casos que no pueden ser otros que las lesiones del art. 420 y las lesiones "leves" del art. 582, párrafo t•. De esta forma, en el supuesto de que las lesiones ocasionadas sean de carácter "leve", se consigue superar -incluso- el despropósito al que aludíamos en el art. 136, pá­rrafo 2°, puesto que lo que aquí se prescribe es un salto de cinco grados en la escala punitiva: la transformación de una pena de arresto menor en otra de reclusión mayor, eso sí, en toda su extensión.

Mayor·estupor, aún, produce el art. 139; de ahí que deliberadamente haga mención del rrúsmo en último lugar.

En efecto, en este precepto no sólo se prescribe nna sanción única para todas las lesiones de los arts. 418, 419 y 421, sino que, además, el mismo marco punitivo acoge tam­bién a delitos tan diversos como son los de robo, incendio, asesinato, horrúcidio, delitos contra la honestidad (9), omi-

(9) RePárese en que el n° 2Q de este artículo no escapó a la perspi­cacia de los reformadores, ya que ta antigua referencía a los números 12 y~

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sión del deber de socorro y daños, lo que demuestra que la incongruencia del legislador no alcanza su techo en las le­siones.

111. LESIONES AGRAVADAS POR EL MODUS OPERANDI

l. Consideraciones generales

Las figuras hoy recogidas en el art. 421 tienen su fuente de inspiración en la Propuesta de Anteproyecto de 1983, siendo éstas las únicas lesiones que en aquel texto go-7,aban expresamente de la consideración de "graves". Natu· raleza gradual de la que siguen gozando como hemos visto en páginas anteriores. No se produce, sin embargo, la misma coincidencia en cuanto a su configuración.

En el art. 150 de la Propuesta de 1983 estas figuras estaban estructuradas como delitos autónomos de lesiones. No sólo originaban una pena distinta, sino que al independi· zarse del tipo básico (10) ("cualquiera que sea su plazo de curación") adquirían un significado propio, revelándose como un delito valorativamente diferente.

Las modalidades del art. 421, en cambio, no constitu­yen tipos autónomos de lesiones. Por imperativo legal arran­can todas ellas del tipo básico del párrafo 1 º del art. 420. Es cierto que, literalmente, el art. 421 se remite a las "lesiones del artículo anterior'' pero resulta evidente que sólo pueden venir referidas las del tipo básico. Constituiría una verda-

del art. 420 fue sustituida por la alusión al art. 421 vigente. Agotados, sin dudat por semejante esfuerzo; no llegaron a leer el nº 39 que contemplaba tos atentados 11oontra la honestidad-.

(10) Art. 149~1: " . ..siempre que la lesión requiera para su sanidad ocho o más días de asistencia médica o provoque inutilidad por igual tiemp011

•

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dera contradicción que las mismas peculiaridades funda­mentaran agravaciones y atenuaciones (11).

Por otra parte, las características que añaden a este tipo básico no originan una pena ex novo; no se crea para ellas una pena cualitativamente distinta de la que dicha fi­gura básica tiene asignada, solamente se recorta su exten­sión: el art. 421 prescribe imponer en sus grados medio a máximo la pena de prisión menor.

En definitiva, las lesiones del art. 421 aparecen hoy configuradas como tipos agravados del básico de lesiones del párrafo 1• del art. 420. Conclusión que no es unánime­mente compartida y, por ello, requiere algunas precisiones.

Como es sabido, el art. 582, párrafo 12 , caracteriza las "lesiones leves", constitutivas de falta, como aquéllas que no precisaren tratamiento médico o quirúrgico o sólo exigieran la primera asistencia facultativa, asignándoles la pena de arresto menor "salvo que se tratare de alguna de las lesiones del artículo 421".

En base a esta salvedad, notoriamente superílua, que aparece por vez primera en el Proyecto de la Ley de actuali­zación, se ha llegado a afirmar que las agravaciones del art. 421 pueden apreciarse en lesiones que no requieran trata­miento médico o quirúrgico, es decir, en lesiones constituti­vas de falta (12). Opinión que no se puede compartir por va­rias razones.

En primer lugar, por ineludible imperativo legal El art. 421 se remite taxativamente a las lesiones del art. 420 que requieren, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.

(11) Invocando razones de justicia material, en el mismo sentido, vid. Boix Reig, en La reforma penal de 19li9, cit., pág. 109.

(12) Vid. !. Berougo Gómez de ta Torre, en la obra colectiva La ,.,. forma penal de 1989, Tecnos, Madrid, 1989, páp. 85 y ss.

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En segundo término, porque técnicamente no es fac­tible imponer una pena "grave' exclusivamente reservada a las conductas que en nuestro ordenamiento punitivo son constitutivas de delito { arts. 6 y 27) a comportamientos con­figurados como faltas, a no ser que legalmente así se esta­blezca de forma expresa. Así lo hacía el art. 150 de la Pro­puesta de Anteproyecto de 1983, que pennitfa apreciar estas agravaciones en las lesiones "cualquiera que sea su plazo de curacióntt.

F'malmente, por una sencilla razón de sentido común, no por ello despreciable: resulta dificil admitir, ni siquiera como hipótesis, que las lesiones que se produzcan utilizando "armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas" peligrosos, o mediante acciones brutales o torturando al su­jeto pasivo, puedan requerir sólo una primera asistencia fa­cultativa. Sin necesidad de aludir, por sentado, a la produc­ción de los graves resultados del número 2 del mismo ar!. 421 (13).

La pena establecida para todas las modalidades del art. 421, como ya se ha dicho, es la de prisión menor en sus grados medio a máximo, o sea, una pena privativa de bber­tad no inferior a dos años, cuatro meses y un día; tope mí­nimo que traduce, en definitiva, el alcance agravatorio de las mismas respecto al tipo básico.

Esta uniformidad sancionatoria es enérgicamente cri­ticada por la doctrina, que defiende como soluciones alter­nativas más adecuadas una punión escalonada en tres nive­les: tipo general, lesiones peligrosas por el medio y lesiones graves por el resultado (14) o una integradón de las con­ductas del número 2 en el tipo básico del art. 420, dtjando

(13) En el mismo sentido del texto, respecto de la imposibilidad ju .. rídica de aplicar las agravaciones del art. 421 a las lesiones constitutivas de fr.dta, se pronuncia: Boix Reig quien, sln emba~ parece admitir su compa­tibilidad fáctica (en La tefonna penal de 1989, ciL, pá~ 126 ys.).

(14) ctr. llerdugo, en La reforma penal de 1989, cit., pág. 87.

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en el art. 421 los supuestos de medios pelígrosos y de tortura {15). En última instancia, lo que se pretende en ambos casos es diferenciar punitivamente las modalidades agravadas por el medio de aquellas que resultan caracterizadas por la enti­dad del resultado.

Precisamente con el objetivo de encontrar respuesta a ésta y otras cuestiones que sugiere el nuevo art. 421, se aborda el estudio de algunos de sus tipos.

2. Estudio de los tipos

En el art. 421 pueden distinguirse dos grupos de le­siones:

Lesiones agravadas por el modus operandi: A) Lesiones peligrosas (art. 421-1•). B) Lesiones brutales (art 421-19).

C) Lesiones-tortura (art 421-3").

Lesiones agravadas por la forma de producción del resultado ( art. 421-2º).

Como ya se indicó, en el presente trabajo sólo será objeto de estudio el primer grupo de lesiones.

A) Lesiones peligrosas. Ar!. 421-12 : "Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas susceptibles de causar graves daños en la integridad del lesionado".

a) Fundamento. La ratio del prect,.,to es señalada por el propio tipo al vincular la efectividad de la agravación a la exigencia de que los medios o formas de realización de la conducta sean 'susceptibles de causar graves daños en la integridad". Sobre esta base, se puede afirmar que la con­ducta es más reprochable por la potencialidad lesiva de los

(15) Cfr. Boix Reig, en La reforma penal de 1989, cit., pági¡. 109 y s.

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medios o formas utilizados; se apunta, en defmitiva, al plano de la antijuridicidad. Ahora bien, esta escueta afirmación deja en penumbra algunas cuestiones.

Una de ellas es la determinación de si el mayor con­tenido del injusto se deriva de un aumento del disvalor del resultado o del disvalor de la acción.

Es sabido que en el disvalor del resultado se puede incluir tanto la lesión como la puesta en peligro de un bien jurídico. Desde esta óptica, se podría entender que en la modalidad primera del número 1• del art. 421 se contemplan dos resultados: el del efectivo daño a la integridad personal, lesiones básicas del art. 420-1 • y punto de partida del art. 421, y el de la creación de un riesgo añadido; siendo este úl­timo el que desencadenaría el incremento de la sanción.

No obstante, hemos de tener en cuenta que los re­sultados no son simultáneos. El tipo no exige que sea el me­noscabo real de la integridad corporal o de la salud ffsiea o mental el que origine el peligro, sino los medios o formas utilizados en la acción. En definitiva, lo que fundamenta esta agrava<;ión es el aumento del disvalor de la acción.

Ello sentado, es preciso señalar tambifo que la ratio no procede solamente del plano de la antijnridicidad. Al exigir la creación de un peligro concreto de daños más gra­ves que los realmente producidos, se está valorando, asi­mismo, que con la elección de los medios o formas se asume la generación del riesgo, lo que implica, a su vez, la acepta­ción de los eventuales resultados lesivos más graves.

l>} Elemento objetiva. La primera <-'11'.tica que la des­cripción típica de esta modalidad agravada ha suscitado, es la utilización del término "agresión", por las connotaciones que pudieran derivarse de la exigencia de un comporta­miento activo y violento que dicha palabra parece sugerir

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'"':/''',; '!<''J'

(16). Sin embargo, habida cuenta que este tipo toma como punto de partida las lesiones básicas del artículo anterior, la interpretación que de dicho vocablo se haga forzosamente ha de ir referida a las mismas. Siendo así, se puede afirmar que con el término "agresión" se está aludiendo al menos­cabo de la integridad corporal o de la salud física o mental. Menoscabo que puede ser debido tanto a un procedimiento activo como omisivo y, por supuesto, no necesariamente violento. Además, por exigencias del tipo debe requerir para su sanidad no sólo una primera asistencia facultativa, sino también tratamiento médico o quirúrgico.

Estas mismas consideraciones nos sirvea para alum­brar otro término equivoco, como es el de "integridad". El tenor literal del mismo parece insinuar que la agravación prevista en el tipo queda reducida a los supuestos de crea­ción de riesgo para la integridad corporal. No obstante, las razones antes aludidas abonan otra comprensión.

En efecto, si el contenido sustancial de las lesiones es tanto la integridad corporal como la salud física o mental, a este interés jurídico en toda su extensión debe ir dirigida la previsión del peligro añadido que, con efectos agravatorios, se contiene en este número l º del art. 421. Es éste también el sentido que la doctrina atribuye al término; es más, se ha llegado a afll'mar que con el empleo del mismo lo que se pretende es abarcar tanto la vida como la integridad corpo­ral (17).

En mi opinión, es más probable que hayan sido razo­nes de economía legislativa las que determinaron la elección del controvertido vocablo. Motivos que habrían podido res­petarse de modo más afortunado aludiendo a la "integridad

(16) En este sentido, vid. Berdugo, en La rcibrma penal de 1989, cit., pág. 86.

(17) Cfr. Berougo, en La refomla penal de 1989, cit, págs. 86 y s. El mismo alcance atribuye al término Boix Reig, en La rcfomm penal de 1989, el~, pág. 111.

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personal'', lo que tampoco cegarla la posibilidad de incluir la creación de un riesgo para la vida.

Se hace referencia, asimismo, en el tipo a uarmas", "'instrumentosº, 11objetos11 y "medio..~11, lo que resulta innecesa­rio habida cuenta que todos ellos constituyen "medios". Se alude, además, a los "métodos" y "formas" de utilización de los mismos.

Semejante minuciosidad en la exposición obedece, a mi juicio, a un deseo del legislador de subrayar de manera iuequivoca que son los medios utilizados los que funda­mentan la agravación. Posiblemente, por un afán obsesivo de abarcarlos todos se llegó a tan exhaustiva fórmula.

En primer lugar se mencionan las 11armastl, medio eminentemente peligroso; también se alude a "instrumentos" y "objetos", o sea, medios de diversa naturaleza pero de si­milar contundencia potencial que aquéllas. Todos ellos, es­pecialmente adecuados para lesionar la vida y la integridad personal. Ahora bien, puesto que existen otros medios me­nos evidentes, más sutiles, pero igualmente peligrosos que no podían ser obviados, el legislador se vió en la necesidad de mencionar el género "medios", sin advertir que con ello hacía innecesaria la relación anterior.

Por último, en la expresión "métodos o formas" que­dan cobijados aquellos supuestos en los que el riesgo no es inherente al medio en sí, siuo que el peligro surge por la manera con que es utilizado en el caso concreto.

En la fórmula están iuclufdos, como vemos, medios de potencialidad lesiva abstracta y otros que carecen de ella. Cabe deducir, en consecuencia, que lo verdaderamente de­cisivo en el primer tipo del número 1 del art. 421 no es la naturaleza genérica de los medios, sino su materialización concreta. No se exige que ab initic éstos sean peligrosos

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(18), pero sí que quede demostrado que su instrumentación ha originado nn riesgo en la situación concreta.

Asimismo, la agravación no entrará en juego aunque el sujeto se sirva de medios que en abstracto sugieren la po­sibilidad de creación de un riesgo si, debido a la forma en que la acción se ejecuta, aquél resulta finalmente conjurado.

En resumen, lo que el tipo está exigiendo es la crea­ción de un peligro concreto. Y este peligro concreto, creado por el medio o la forma utilizados en la aeción, ha de ser de "graves daños" para la integridad personal. No tienen que ser "graves" las situaciones de riesgo que se creen, sino los daños. Estos, por fuerza, han de ser de más entidad que los ya ocasionados, es decir, que los previstos en el tipo básico del art. 420.

Pues bien, si se castigan conductas que por los me­dios o formas son susceptibles de dañar de modo parcial, aunque grave, la integridad corporal o la salud f'isica o mental, por su obviedad parece innecesario aludir a que en el tipo también se contempla la creación de nn riesgo para la vida, el más grave y definitivo atentado contra la integridad personal.

e) Elemento subjetivo. La conducta es inequívoca­mente dolosa. El sujeto act6a con nn dolo genérico de lesio­nar y, como consecuencia, produce nnas determinadas Je.. siones. Además, por haber utilizado nnos determinados me­dios o formas en la acción, ésta provoca, asimismo, una si­tuación en la que el bien jurídico corre el riesgo de sufrir graves daños.

El elemento subjetivo, en suma, que distingue esta modalidad agravada del propio de las lesiones básicas oca-

{18) Sobre el texto del Proyecto de Código penal de 1980, Berougo entiende, por el rontrario, que ta peligrosidad del medio debe valorarse previamente a la realización de la conducta (Vid,: El delito de lesiones, Universidad de Salamanca, 1982, págs. 108 y s.).

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síonadas es ese margen de dolo añadido, ese dolo de peligro dirigido a lesiones más graves, arriesgadas pero no materia­lizadas.

B) Lesiones brutlJles. Art. 421-12 : "Si en la agresión se hubieren utilizado ... formas ... reveladoras de acusada bruta­lidad en la acción".

Aunque inspirada esta modalidad en el Proyecto de 1980, la configuración actual del tipo procede del Antepro­yecto de Ley de actuali7.ación. Son dos las modificaciones introducidas por este texto sobre la redacción original.

Una de ellas, aparentemente inofensiva, un insignifi­cante cambio gramatical, consigue reducir el ámbito de apli· cación de la agravante.

"Reveladores de acusada brutalidad" se decía en el texto primitivo, lo que permitía atribuir tal capacidad tanto a los medios como a las formas. Con la expresión "revelado­ras", hoy utilizada, sólo cabe atribuir tal virtualidad a las "formas" (19). Cambio semántico que vino forzado por la otra modiftcación del texto.

La fórmula del Proyecto de 1980, reproducida en la Propuesta de Anteproyecto de 1983, hacía referencia a la "acusada brutalidad en el agresor'', considerándose que "ar­mas, instrumentos, medios, métodos o formas" podían ser "reveladores", todos ellos, de la brutalidad del mismo.

El enunciado de la conducta en tales términos fue re­pudiado por la doctrina, por entender que respondía a un Derecho penal "de autor"; objeción que se pretendió salvar con la sustitución de la referencia a la brutalidad del sujeto por la de la brutalidad en la acción. Posiblemente con el mismo propósito, es decir, alejar el reproche del plano de la

(19) Aunque gramaticalmente puede extenderse a las "annas", és-­tas deben quedar excluídas en cuanto constituyen "medios".

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culpabilidad, se decidió que tínicamente las "formas" pudie­ran ser indicativas de dicha brutalidad.

Ahora bien, habrá que plantearse si, verdaderamente, con dicbo cambio se ha alcanzado el objetivo ambicionado o, lo que es lo mismo, cuál es en la actualidad la razón de ser de la agravación.

a) Fundamento. No hay duda de que en la redacción original se iluminaba, perfectamente, la ratio del precepto al aludir a la "acusada brutalidad del agresor": un aumento del juicio de reprocbe dirigido al autor, un mayor contenido de la culpabilidad.

El art. 421-1" alude hoy a la "acusada brutalidad en la acción•, lo que parece indicar que el fundamento se traslada del ámbito subjetivo al plano de la antijuridicidad. Sin em­bargo, para que asi fuera, la agravación tendría que basarse en la peligrosidad de la acción, en la creación por ésta de un riesgo añadido de daños más graves para la integridad per­sonal, posibilidad ya contemplada en el supuesto anterior.

En mi opinión, la sustitución de la referencia al sujeto por la referencia a la acción no conlleva un cambio sustan· cial. No se habla de brutalidad de la acción, sino de brutali­dad en la acción. No es la lesión en sí, es decir, acción y efecto de lesionar lo que se califica como tal, sino la "forma" de llevarla a cabo lo cual significa, en última instancia, que el especial reproche se sigue dirigiendo al autor.

Partiendo de que la primitiva fórmula revelaba un re­pudiable Derecho penal de autor, critica Boix Reig el man­tenimiento del término "brutalidad" por lo que tiene de ca­racterizador del autor. En esa inteligencia, propone conside­rar la agravación "en la producción de un daño, probable­mente innecesario, en la victima que no incremente el re­sultado lesivo de la misma". Afirma, por ello, que los efectos penol6gicos habrían sido los mismos aplicando la circuns-

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tancia genérica de ensañamiento del n• 5 del art. 10 del Có­digo penal (20).

Es cierto, efectivamente, que la variante introducida no ha modificado el fundamento de la agravdción. También hoy, la rano de la misma procede del plano de la culpabili­dad; veamos desde qué perspectiva.

Cabría pensar que el juicio de reproche se incre­menta porque la forma de llevar a cabo la acción revela que el dolo del agente traspasa, eventualmente, los propios re­sultados de la acción. Ahora bien, como el Derecho penal no se puede basar en presunciones, elementales exigencias de seguridad jurídica reclamarían que ese presumible dolo de peligro se plasmara en la generación de un riesgo aña­dido para el bien jurídico, en cuyo caso coincidiría con la primera modalidad del número 12 del art. 421.

Más probable es que el legislador, al configurar el tipo, tuviera in mente una situación semejante a la que fun­damenta el ensañamiento. Sería la especialmente reprocha­ble actitud anímica del sujeto, su crueldad, su insensibilidad al sufrimiento ajeno, lo que incrementaría el juicio de repro­che personal; en suma, lo que justificaría la agravación.

Si éste es el fundamento de la agravación, como lo era también en la primitiva redacción, no creo qne esté justifi­cado, en modo alguno, hablar en este caso de nn "Derecho penal de autor", de un Taterstrafrechl de reminiscencias na­zis, demoledor del Tatstrafrecht.

Estamos, sí, ante nn supuesto de "Derecho penal de autor", pero desprovisto de tales connotaciones autoritarias que, como es sabido, hoy se admite que tenga una misión auxiliadora del "Derecho penal de hecho'', es decir, como excepción respecto de la regla. Conciliación entre ambas opciones que un autor tan poco sospechoso de veleidades

(20) Cfr. Boix Reig. en La reforma penal dc 1989, clt, pá¡¡<. 111 y s.

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totalitarias como Jiménez de Asúa califica de "posible y de­seable" (21).

En efecto, el Derecho penal actual se basa en el he­cho de manera fundamental pero no exclusiva. La persona­lidad del individuo, sus motivaciones, son también tenidas en cuenta para matizar su culpabilidad, y debe ser as! porque, como se expresa con afortunada metáfora, el dolo, por sí mismo sería incoloro si en él no se encontraran trazos de los antecedentes psicológicos que impulsan al agente a actuar (22). Precisamente, la agravación prevista en esta modalidad de 'lesiones brutales" responde, como el ensañamiento y otras muchas circunstancias del Código penal español (23), a esa tendencia subjetivista que persigue el loable propósito de que la pena guarde la debida proporción con el conte­nido de la culpabilidad.

Ahora bien, aunque coincida en el plano culpabilista con la ratio del ensañamiento, no por ello deja de tener sen­tido esta previsión.

Ya hemos visto que, para subrayar la innecesariedad de este tipo, se afirma que la aplicación de la agravante 5" del art. 10 produciría los mismos efectos penológicos. Desde luego, así sería si sólo concurriera dicha circunstancia en el tipo básico del art. 420-1• ya que la pena a imponer sería la de prisión menor en sus grados medio o máximo. Sin em­bargo, de concurrir además otras circunstancias, las conse­cuencias punitivas no serían las mismas.

(21) CTr. L. Jirnénez de Astia, Tratado de Derecho pclUíl, tomo III, cuarta edición, Losada, Buenos Aires, 1977, pág. 73.

(22) Cfr. G. Bettiol - L. Petoello Mantovan~ Diritto penale, 12' cdizione, Cedam, Padova, 1986, pág. 583.

(23) En esta Unea, señala Jin1énez -de Asúa que la teoría de las c!r-­cunstanclas lega.le$, es dec¡r, Jas especialmente definidas por la ley "surge por la desconfianza en el arbitrio judicial oomo medio de realizar en ta ley~ que sólo puede hacerlo de modo imperfecto, la adaptación que no se con­siente a los jueces (cft, Tratado de Derecho penal.¡ tomo Ill, cit .. pág. 124).

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No hay que olvidar que en el art. 421 la pena a impo­ner es la de prisión menor en sus grados medio a máximo. En conse<mencia, si por ejemplo, se apreciara al i;nismo tiempo que el ensañamiento alguna otra circunstancia agra­vante, el grado máximo de la pena del art. 420-1 • no coinci­diría, evidentemente, con el que resultaría de dividir la pena del art. 421 en tres grados. Pero no es ésta la verdadera cuestión.

Lo que a mi juicio constituye el motivo, y a la vez la justificación, de esta previsión expresa, no obstante la exis­tencia de la agravante genérica de ensañamiento, es la pro­pia naturaleza de los delitos de lesión. Me explico.

A nadie se le escapa que un resultado lesivo puede producirse de una forma cruel sin causar, por ello, "males innecesarios para su ejecución"; hipótesis en las que estaría vedada la aplicación del art. 10-5'. Piénsese, por ejemplo, en el supuesto en el que un sujeto, por puro sadismo, aplasta un cigarrillo encendido en la planta del pié de su víctima. En este caso de evidente crueldad, merecedor de un especial reproche, la agravante de eusaíiamiento no podría entrar en juego porque, realmente, no se han producido "males ínne­cesarios para la ejecución".

Concluyendo: la expresa previsión de esta agravación, fundamentada en la acusada brutalidad del agente, puesta de manifiesto en la forma de realización de la acción, está plenamente justificada. Lo único que hay que lamentar es que su aplicación se limite exclusivamente a los supuestos de lesiones básicas.

b) Elemento objetivo. Como colofón de las anteriores consideraciones, se puede afirmar que realiza la conducta típica de esta segunda modalidad del número 12 del art. 421 el que por cualquier" medio, pero de forma bruta~ que no sea susceptible de causar graves daños en la integridad del lesionado, cause a otro una lesión que menoscabe su inte-

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gridad corporal o su salud física o mental, que requiera para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.

e) Elemento su/1jetivo. El dolo que caracteriza a ese tipo, y lo diferencia del dolo genérico propio del tipo básico, es que a éste se añade un deliberado propósito por parte del sujeto de que la lesión se produzca con el máximo sufri­miento para la víctima.

Componente subjetivo que, como hemos visto, coin­cide con el del ensaúamiento, lo que impedirá, como es ló­gico, la apreciación de la agravante 5" del art. 10 cuando, además, se produzcan males innecesarios para la ejecución.

(.."') Lesiones-tortura. Art. 421-3•: "Si se hubiera em­pleado tortura".

Esta agravación, como los demás supuestos del art. 421, sólo es operativa en las lesiones básicas del párrafo 1• del art. 420. Distinto alcance tenía en los textos prelegislati­vos que le sirvieron de antecedente.

En efecto, en el Proyecto de Código penal de 1980 las 11torturas o sevicias11 incidían solamente en las lesiones cons­titutivas de faltas, elevándolas a la categoría de delito (24). Asimfamo, en la Propuesta de Anteproyecto de 1983, que introdujo sensibles cambios respecto al texto anterior, la formulación era diversa. Eliminada la referencia a las sevi­cias, la tortura aparece ubicada entre las lesiones entonces consideradas ''graves" y apreciable lo mismo en las lesiones constitutivas de delito como en las lesiones con rango de

(24) Quizá la expJicación del silencio agravatorio respecto de las Je~ siones constitutivas de delito esté en la nueva configuración que este texto ofrecía del en...afianúento, Hip600S:is que parece confinnar la Propuesta de Anteproyecto de 1983 que, al mismo tiempo que restablece el concepto tra~ dicionaJ de ensañamiento, extiende !a agravación a ias lesiones constltutivas de delito.

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falta. Ubicación y alcance inalterados hasta la presente Ley de actualización.

El supuesto que aquí se contempla es el de la realiza· ción de la acción mediante el empleo de "tortura". De la in· terpretación que se haga de este término dependerán, es ob­vio, todas las cuestiones que esta modalidad agravada pueda sugerir.

Como es sabido, existe a nivel internacional un con­cepto "normativo" de tortura que, partiendo del art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (25), ha ido configurándose a través de distintas Convencio­nes y Declaraciones hasta la plasmación en una fórmula ad· mitida por la mayoría de los países, como es la reproducida en el art. 1 de la Convención contra la tortura y otros malos tratos o penas crueles de Nueva York, de 1984 (26). Según dicha definición, los caracteres fundamentales de la tortura son los siguientes:

a) Conducta: acto por el que se infringe intenciona· <lamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales.

b) Sujeto activo: funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas.

e) Fines: obtener una confesión, castigar, intimidar o coaccionar.

(25) Art. 5: 11Nadie setá sometido a tortura, tratamientos o castigos crueics, inhumanos o degradantes", principio que ha tenido acceso a nume­rosas Constituciones, entre eJlas la española de 1978.

(26) Esta Convención de Nueva York1 hecha el 10 de diciembre de 19841 fue ratificada por España mediante Instrumento de 19 de octubre de 1987. Asimismo, en fecha reciente (1 de septiembre de 1989) entró en vigor para &pafia et Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos ínhumanos o degradantes, hecho en Estrasburgo el 26 de no~ viembre de 1987 yrntificado por nuestro país el 28 de ábril de 1989.

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En nuestro país, además de la previsión constitucio­nal del art. 15, la tortura es contemplada en los arts. 204 bis y 501-49 del Código penal.

Aunque el art. 204 bis no reproduce exactamente las exigencias de la fórmula internacional, como lamenta Del Toro (L:I), uadíe pone en duda que lo que dicho precepto tipifica es el delito de tortura. En este sentido, se puede afirmar que el art. 204 bis ofrece, efectivamente, un con­cepto «normativo11 de tortura.

En el otro precepto mencionado, el art. 501-4•, sí se menciona expresamente el término "tortura". Pues bien, cuando en la reforma de 1983 se introdujo el robo acompa­ñado de tortura, se planteó la misma cuestión que ahora provoca el art. 421·39 : determinar si el sentido y alcance de la palabra "tortura" corresponde a un concepto normativo o si su utilización es meramente descriptiva.

La Sentencia de 6 de julio de 1983 es expresión del criterio mantenido entonces por la mayoría de la doctrina: "Para hallar el sentido y alcance de la palabra tortura.y no se puede acudir a la Exposición de Motivos de la Ley de 25 de junio de 1983, porque el legislador guarda en ella el más ab­soluto silencio y tampoco sirve relacionar el inciso dicho con el art. 204 bis, del Código penal, y ello no sólo por la ampli­tud de este último precepto ... sino porque el sujeto activo ha de ser necesariamente una autoridad o nn funcionario pú­blico, porque las conductas integrantes de las torturas han de efectuarse en el curso de una investigación policial o ju­dicial y porque, finalmente, dichas conductas han de pro-

(Z7) Alude A del Toro Marzal a ta definición de tortura contenida en el art. 1 de la Declaraeión de la 01\'U para Ja Prevención deI delito y Tra­tamiento del delincuente, abordada en Ginebra e11 de septiembre de 1975. Definición que roincide en esencia con la ofrecida por la citada Convención de Nueva York (Vid. Bl nuevo delito de tortura, en La refonna del Dere-­cho penal, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1980, págs. 269 y293yss.).

pender, teleológicamente, a conseguir una confesión o tes­timonio~.

Por las mismas razones, se rechaza también hoy la equiparación entre el art. 204 bis y el art. 421-3• (28) pero, al margen de esta inicial coincidencia, veamos el juicio que merece a la doctrina esta modalidad agravada de lesiones.

Sostiene Berdugo que el art. 421-39 halla su justifica­ción en la lesión de otros bienes jurídicos como son la digni­dad de Ja persona, bienestar corporal y el honor, lamen­tando por ello que no se haya previsto para todos los su­puestos de lesiones (29).

Por su parte, afirma Boix Reig que estamos ante un concepto de tortura amplio; concepto que este autor con­cibe en los siguientes términos: 'empleo de cualquier medio, que menoscabando la integridad corporal o salud física o mental del sujeto pasivo pretenda doblegar su voluntad en orden a conseguir una ulterior fmalidad'. La particularidad de la tortura propia del art. 421-3• es que la lesión produ­cida sería una lesión básica del art. 420 (30).

En mi opinión, en el art. 421·3ª el término •tortura'' se utiliza en un sentido descriptivo que, según el Diccionario de la Real Academia, equivale a dolor o aflicción grande. Sufrimiento de carácter físico o mental que, por definición, es distinto y más intenso que el inherente a la propia lesión.

Siendo así, o bien se identifica con el ensañamiento, como tradicionalmente se ha hecho en nuestros Códigos

(28) En este sentido, vid. Boix Rci& en La reforma penál de 19891

cit., pág. 115; Berdugo, en La .reforma penal de 1~ cit.. pág. 90. (29) Cfr. Berdugo, l...as lesiones en fa Propuesta de Anieprcy-ecto,.

en Documentación Jurídica, monográfico dedicado a la Propuesta de Ante­proyecto del nuevo C6digo pena11 cit., vol. 1, págs. 401 y s.

(30) Cfr. Boix Reig, en La reforma penal de 1989, cit., págs. 115 y s.

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(31) o bien coincide con la modalidad agravada de las "le­siones brutales" del número 1 del art. 421.

En definitiva, la modalidad agravada de tortura ca­rece totalmente de justificación.

(31) Ya en el Código penal de 1822 se oonten1ptaba como una de las circunstancias cuatíficatívas del asesinato realizar el hecho uoon tormen· tos o con un acto de ferocidad o crueldad~, circunstancia que, precisamente, daba lugar a ona agravación expresa en los delitos de lesiones.

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JORGE DE FIGUEIREDO DIAS

Catedrático de Direito e Processo Penal da Facultade de Direlto da Universidade de Coimbra

Sobre a lnimputabllldade jurldico-penal em razáo de anomalia psíqnica: a caminho de um novo paradigma? (*)

(•) El texto del presente artículo se corresponde con el contenido de la conferencia pronunciada por el autor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de ComposteJa el día 25 de abril de 1989, con roo~ tivo de la celebración de la Semana Jurídica Portuguesa.

L

O tema que me proponho tratar perante vós tem di­rectamente a ver com a no~áo e o sentido da exigencia de imputabílüiade como pressuposto ou elemento da categoría jurídico-penal da culpa (1). Sao de todos conhecidas a evo­luc;áo e as transforma~es sofridas por esta categoría na mais recente dogmática jurídico-penal -e sobre as quais tive de resto ocasiiío de me pronunciar, em artigo náo há muito tempo ainda surgido nas páginas prestigiadas dos vossos Cuadernos de política criminal (2), seudo essa urna razáo mais para que nao insista em tal ponto. Dentro dos diver­síssimos temas que constituem a dogmática da culpa jurí­dico-penal, porém, talvez que o da inimputabilidade -e aquí fa~o en já a minha primeira redu<;áo: o da inimputabilidade em raziio de anomalia ps(quíca, querendo com isto significar que deixarei por inteiro fora de considerac;áo o tema da inimputabilidade em razlio da ida de-, talvez que o tema da inimputabilidade, dizia, seja aquele que parece ter alcan­<;ado urna maior "estabilizac;áo doutrinal" e menos sofrer com as tormentas que hoje voltam a sacudir o edificio do di­reito penal da culpa mesmo nos seus fundamentos. Parecem

(1) Permito-me chamar a aten~ para que em portugués a palavra culpa tem um significado inteiraruente oortespondente a culpabilidad eru espanhol ( Scbuld em alemáo ). B com esse significado -nao com o corres­ponden te a negligencia (culpa em espanho1, Fahdfissigkeit em aternao) que o tenno será sempre usado no texto.

(2) J. Fig\!elredo Dias, "Culpa y personalidad. Para una reconstruc­ción ético-jurídica del concepto de culpabilidad en Derecho penaí", Cua­dernos de pofftica criminal 31 (1987)1 págs. 5 e ss.

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adquiridos, na verdade, o sentido e o significado da exigen­cia de imputabilidade para afirmai;áo da culpa jnrídico-pe­nal; parecem assegurados os seus critérios de aferi~o em funi;áo de urna anomalía psíquica de que padei;a o agente; parecem estabelecidas no essencial as consequancias, subs­tantivas e processnais, que daquela inimputabilidade devem ser retiradas para a responsabiliza~áo do agente.

E no entanlo, talvez todos possamos concordar facil­mente em que o problema da inimputabilidade em razáo de anomalía psíquica é, logo por sua propria natureza, wn dos mais movedii;os com que pode deparar-se em toda a dog­mática jurídico-penal. E dos mais movedíi;os, digo, porque nao só nele convergem todas as dúvidas -dogmáticas e polí­tico-criminais, por um lado, metodológicas e epistemológi­cas, por outro- que fazem a grandeza e a dificuldade incom­paráveis dos problemas da culpa jurídico-penal; mas porque ele se situa na fronteira, cada vez mais ténue e imprecisa, que separa ( ou aproxima?) os problemas dogmáticos, polí­tico-criminais e criminológicos dentro do edificio global do direito penal. Para poneos problemas, com efeito, como para o da inimputabilidade em razáo de anomalia psíquica se revelam táo decisivas e condicionantes as constru~ provenientes do campo inexaurível das ciencias humanas. E é justamente para este ponto que desejo pedir a vossa ateni;áo.

É indiscutível, na verdade, que a rela<;áo dialéetlca que, desde o surgimento das ciencias do homem, entre estas e o coneeito de inimputabilidade em razlio de anomalía psí­quica se estabeleceu tem deparado com sensíveis dificulda­des; táo grandes que parecem por vezes conduzir a um diá­logo de surdos e r~ o divórcio entre juristas e dentistas do homem, acarretando sempre os maiores danos para a ta­refa de apliea¡¡áo do direito. Mas acredito firmemente que os recentes desenvolvimentos operados ao nivel, tanto da compreensiio do direito penal como da imagem das ciencias

,;::\i'.,

:iti;?:.

do homem, dáo jus a esperar que se afastem as dificuldades tradicionais; e que se atinja um estádio de trabalho eonjunto -baseado numa racional divisiio de tarefas e de eompetén­cias, mas sem qnebra da interdisciplinaridade e da comple­mentaridade funcional necessárias- eom o qua! muito terá a ganhar a justiga e a efieácia da aplica9áa do direita penal. Ponto é que este novo espírito de relacionamento, determi­nado por um novo ponto de encentro entre o normativo e o especulativo de um lado, e o fáctico e o empírieo do outro, náo fique reduzido ao domínia abstracto da dogmática jurí­dico-penal, mas se concretize na vivencia prática da apli­cagáo do dircito. Para tanto, a palavra decisiva pertence a reeonformagáo do processo penal, sobre quem recaí a tarefa prática de, sem enfraqueeer a fungáo de protecgáo dos di­reitos, liberdades e garantías das pessoas, erigir os meca­nismos que permitam a mais frutuosa eolaboragáo entre ju­ristas e dentistas do hornero na definigáo da responsabili­dade penal.

A minha intengáo é pois a de produzir urna breve meditagáo sobre o estado pregresso do relacionamento en­tre a inimputabilidade em razáo de anomalía psíquica e o contributo que para aqueta nogáo foi fornecido pelas den­cias do homem; seguida de urna curta alega<¡áo em pro! da necessidade de carrear elementos que permitam a ponde­ragao daquele relacionamento a urna nova luz, ao longo de todo o sistema da justiga penal. Fa.zendo-o, náo me peniten­ciarei de substituir um modo de consideragáo especulativo e normativo, característieo da dogmática jurídico-penal, a urna dimensáo empírica, própria da criminología. Já passou o tempo (3) do modelo 'positivista" de urna criminologia dr­cunscrita ao problema etiológieo; como também do modelo "dentífico' de urna criminología totalmente cindida da valo­ragáo e utilizagáo pragmática ou polftica-crirninal dos seus

(3) Sobre o que se segue ver J. Figueiredo Dias / M. Costa An­drade, Criminologia, CoiJnbm, Coimbra Editora, 1984, págs. 93 e ss.

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dados; como ainda, consequentemente, do modelo pura­mente 'sociológico" de mna criminología intencionahnente divorciada do jurídico, das suas normas e das suas valo­ra9óes específieas. Objecto do pensamento erinúnológieo é hoje considerado, a justo título, o inteíro sistema de apli­ca9ao da justi~ penal; tornou-se pacífica a ideia, por outro lado, de que uma directa intencionalidade político-criminal "erítica" é intrínseca a própria criminología. Por esta forma, política criminal, direito penal e crinúnologia sáo, a igual tí­tulo, partes integrantes de uma unidade funcional (4), para caracteriza~áo da qual poderá ser recuperada, se bem que em novos termos e com sentido diferente, a ideia de v. Liszt de uma geswnte Strafrechtswissenschajl -de mna "ciencia glo­bal do direito penal" (5).

Devendo acantonar a exposi~o dentro dos limites de tempo que me sáo impostas, terei de me exprimir através de fórmulas secas, quaudo náo mesmo, as veres, apodícticas; como terei, por outro lado, de procurar obter urna redu~o da eomplexidade da matéria, ensaiando a sua comparti­menta9áo em síntesis apertadas. Mas sínteses que, apesar de tudo, niio fa9am violencia a realidade das coisas e a verdade histórica da evolu9i10, nem obscure~am a dupla vertente -a normativa e a empírica- que tem dificultado, mas ao mesmo tempo também enriquecido, o diálogo entre juristas e cien­tistas do homem neste campo.

Creio poder afirmar, com razoável exactidáo, que a bistória pregressa do contributo das ciencias do bomem para a elabora~o e aplica~ao do conceito de inimputabili­dade em razáo de anomalia psíquica se deixa reduzír a duas fases características de evolu9áo, prenunciando-se boje uma

(4) De que nos faJam por exemp.lo Maurach / Zipf, Deutsches Stra .. frecht, AT, B. 1, 611 ed., Kadsruhe: Müller, 1983, pág. 42.

(S) V. Llszt, Stmfrcchtlichc Aufsíitzc und Vortnf¡¡e, 1, Berlin: Guttentag. 1905, págs. 284 e ss. e uKriminaJpotitische Aufgaben'\ 7.eitschrift f. d. gesamte Strofrechtswisscnschaft, 1889, págs. 452 e~

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terceira e nova via de consideraváo. Náo gostaria, todavia, que esta minha tentativa rígida de compartimenta9ao fosse perspectivada e avallada segundo um critério puramente histórico de análise. Se bem possa dizer-se que a primeira fase se encontra boje quase por inteiro superada e que a se­gunda corresponde a concep9fio ainda boje dominante, en­quanto a terceira mal desponta e a custo se deixa definir, a verdade é que, no mesmo ponto geográfico e relativamente a um qualquer momento histórico, a situa9fio do nosso pro­blema nunca foi unívoca nem relevou de uma única con­ce~áo. Náo é pois um ponto de vista fundamentalmente histórico, mas compreensivo, aquele que me guiará nas con­sideravües seguintes.

H.

Na primeira fase do nosso problema, o modelo de ra­cionalidade que preside iis ciencias do homem ( 6) é ainda, basicamente, o das ciencias natnrais; um modelo, por conse­guinte, confessadamente positivista, mecanicista e estrita­mente causal. É certo que, num primeiro momento, o mo­delo que as ciencias naturais pressupunham assentava na distin<¡iio entre natureza e pessoa humana -aquela dominável através da observa~áo e da experimenta~áo, esta o campo por excelencia do imprevisto, da variabilidade e do mistério. Quando, porém, as ciencias do homem se constituíram como tais, elas viram nas ciencias naturais a concretiza<;;io de um modelo de conhecimento universalmente válido e, de resto, o único válido. A psicología, a psicopatologia, a psiquiatría, a psicanálise e a própria sociología nasceram e constituí­ram-se sob a égide do paradigma dominante das ciencias

(6) Sobre esta questa.o do modelo das ciéncias cfr. B. Sousa Santos, 11Um discuxso sobre as Ci!nclas11

, separata do Anu.úio da Universidade de Coimbra (1985-86), págs. 27 e ss.

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naturais e ficaram, durante muito tempo, por completo ape­gadas aos seus snpostos metodológicos.

Deste ponto de vista, uro relacionamento das ci\lncias humanas com a culpa e a imputabilidade jurídico-penais e uma efectiva contribuio;iio daquelas para estas só se torna­riam possíveis se a própria culpa fosse construida dentro de urna concept¡iio do mnndo e da vida, de pressupostos meto­dológicos e epistemológicos -em suma, dentro de um modelo de racionalidade- compatíveis com o modelo de que partici­pavam as ciencias do homem. Foi isso o que aconteceu: no dominio do direito penal operou-se a des-normativiza<;¡áo dos seus conceitos e a redm;áo naturalista e positivista dos seus conteúdos. E, antes de todos, do conceito de culpa, A esta luz, a culpa é apenas, s6 pode ser, o conglomerado dos momentos s1.1/Jjectivos do crime, a comprova¡;áo da subsis­ténda de uma rela~áo psicológica entre o <1gCnte e o seu comportamento, que permite imputar-lhe este a título de dolo ou de negligencia.

Decerto, mesmo nesta concept¡iio náo deixava de considerar-se a imputabilidade do agente -fundada na exi­gencia de uma certa idade e de um mínimo de saúde mental­como pressuposto da afirma~áo da culpa. Bem se com­preendc, porém, que fossem entáo diminutas as exigencias postas l\ afirma<;áo da imputahilidade, e náo só diminutas como, sobretudo, assentes nnn fundamento somático -numa "doen~a" em sentido estrito, permanente, temporária ou in­termitente-, ainda e sempre /Jiopsicolagicamente comprová­veL Por isso me permito ligar esta concept¡iio ilquilo que chamarei o paradigma biopsicolágico da imputfibilidade (7).

Diga-se, em abono desta concep<;;áo, que ela tinha por si o mérito de ser simples e precisa; e mais ainda, de ser re-

(7) Muitas le~la!,Jées actuais podem ainda ser reoonduzidas no es­sencial a este modelo, É esse .seguramente o caso da legífila~l'io francesa, re~ gundo a !!~o que dela nos dá por exemplo J. Pradel, Dmit pénaJ général, lt 6'ed., 198B, págs, 542e ss.

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duccionista ou mesmo eliminadora das tensóes entre juristas e peritos das ciencias do homem, estabelecendo entre eles urna razoável divisiio de trabalho. Em consequencia, esta fase viu crescer, enormemente e com rapidez, a soma de conhecimentos sobre o homem necessários as tarefas de aplical(lio do direito e da administral(lio da justíi;a penal.

Na cria,ao desta espécie de "harmonia universal" jo­gou antes de mais o sen papel a ideia que se fazia do fun­damento de interven~áo do direito penal e do sentido e fi­nalidade da pena. Considera\¡óes de retribui,áo ou expial(lio eram repudiadas como ineompatíveis com o monismo cien­tífico-cultural em que toda esta Weltanschauung se baseava. Em sen lugar valiam puras considera\¡óes de preveni;ao, ob­serváveis~ mensuráveis e, como tal? ainda recondutfveis a única finalidade científica de conhecer a natureza (incluída a natureza humana), para melhor a dominar.

Jogou ali o seu papel, em segundo lugar mas com im­portancia decisiva, a circunstancia de a concepl(lio que se fazia da culpa nao por em causa o dogma consubstancial a própria ideia de ciencia: o dogma determinista, a que inflexi­velmente estariam submetidos todos os fenómenos, incluído o da voutade humana. O que fazia com que o problema da imputabilidad.e do agente sofresse urna nova redu~o, seudo amputado pratícamente da totalidade da temática relacio­nada com a capacidade da vontade, para quase se esgotar nas questóes relacionadas com a capacidade de entender e -quando multo- de avaliar, em suma, com o chamado mo­mento intelectual da imputabilidade.

Jogou ali o seu pape~ finalmente, a circunstancia de este modo de considera,áo do problema se harmonizar in­teiramente com a concep\¡áo da ciencia criminológica nas­cente. Também esta, como estudo exclusivo das causas do crime, participava do modelo de racionalidade global das ciencias e sufragava os cánones positivistas, naturalistas e deterministas do paradigma etiológico.

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Náo havia pois, nesta perspectiva, lugar para quais­quer conflitos, positivos ou negativos, de compet<!ncia entre o aplieador do diteito e o perito de ciencias humanas -da biología a psiquiatria, da antropolgia il psicologia e il pr6pria sociología- a quem fossem postas quaisquer questoes juridi­eamente relevantes: o que o juiz poderla querer saber era exactamente aquilo para cuja resposta o perito se sentia ca­pacitado. Saber, nomeadamente, se o agente sofria de urna doeno;a mental biopsicologíeamente comprováve~ fosse permanente ou temporária; e, em caso afirmativo, se o seu grau de gravidade era tal que afectasse as suas faculdades de entendimento, de discernimento e -eventualmente- de avalia~o do facto cometido.

Ill.

O edifícío harmonioso e pacífico, assim laboriosa­mente construído, ruin porém logo no momento em que se compreendeu que a realidade normativa do direito penal se náo deixava apreender dentro dos férreos pressupostos do naturalismo de raiz positivista. Cavam-se nesse preciso mo­mento os fossos, ainda hoje táo visíveis, entre o mundo do dever-ser e do ser, entre o normativo e o empírico, entre o juiz e o perito; e abre-se, deste modo, aquilo que considera­rei a segunda fase de evolu~1ío do nosso problema.

Come~o por notar que a abertura desta fase é deter­minada pela substituic;áo das eoncep~es ao nível do direito, enquanto as ciencias humanas propriamente ditas, a crimi­nología inclusive, -pese ao rápido e acentuado progresso que experimentaram- continuaram agarradas ao modelo de ra­cionalidade global atrás referido. Foi esta décalage a fonte das dificuldades e perplexidades a partir daí táo vivamente sentidas. O direito passa agora a ser visto como urna ordem normativa autónoma, na base de urna axiologia pressuposta

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que dá fundamento ao sen específico modo de validade (8). Bem se compreende que, deste modo, o próprio funda­mento de interven~o do direito penal e de legitima~o da pena se modifique, dando lugar ao reaparecimento das con­sidera~oos absolutas de justi~ e de retribui~áo, ao lado ou mesmo a frente de considera<;óes pragmáticas, utilitárias e relativas de preven,ao.

Com isto, é, antes de mais, o próprio conceito de culpa jurídico-penal que se modifica (9). Urna concep\¡áo pnrrunente psicológica da culpa, como mera atribuii;iio snb­jectiva do facto ao agente a título de dolo ou de negligencia, náo serve para justificar, a luz de considerai;óes de justii;a, o mal ou o sofrimento da pena. A eulpa torna-se agora assim em pressuposto necessário e suficiente de aplica,áo da pena; e, como portadora de um momento ético, passa a conter obrigatoriamente em si urna censura: a censura de um comportamento humano, por o culpado ter actuado contra o dever, quando podía ter actuado "de outra ma­neira", isto é, de acordo com o dever.

As consequencias, para o nosso problema, desta mo­difica~áo do sentido da culpa sao vi<Jveis. Por um lado, todo o sentido da imputabilidade se modifica: esta deixa de ser mero pressuposto da atribui~áo subjectiva e psicológica do facto ao agente, para se tomar elemento integrante -e, ua verdade, náo autónomo- da afuma~íio da capacidade do agene para se deixar motivar pela norma no momento do facto (10). Dal a formula~áo correnle da imputabilidade

{8) Sobre esta oonoepi;ao do direito ver A. Castanheira Neve&i Jn­trodu~o ao F,studo do Direito (UfiOes copíografadas), Coímbra1 J. Abran~ tes, 1983, págs. 6 e ss.

(9) Sobre esta módifica~llo ver B. Correia, Dircito Crimina/, It Coimbn1.1 Allnedina, 1963, págs:, 310 e s.¡ e o estudo fúndamental de H. Welzel1 Naturalismus und Wcrtphllosophic in1 Strafrecht; 1939.

(10) Sobre este ponto J. Figuciredo Días, O Problema da Con.s­cilncia da llicitude cm Ditcito Penal, Coimbra, Coimbra Editora, 1969, págs. 210 e s.

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-constante, já no essencial, por exemplo, dos códigos penais sní~ e italiano, e agora também dos novos códigos federal­alemáo, portugu&, brasileiro, etc. - como capacidade do agente, no momento do facto, "para avaliar a ilicitude deste e para se deixar determinar por essa avalia<;áo". O que, queira-se ou nao, acarreta uma segunda consequéncia de náo menor relevo: desta forma, na verdade, o dogma da culpa da vontade faz o seu aparecimento na doutrina da culpa jurídico pena~ ligando-se esta e a imputabilidade, de urna forma indissolúvel, íl. questáo do livre-arbítrio e da li­berdade da vontade humana (11). Numa palavra, ao anterior paradigma biopsicológico substítui-se o que chamarei opa­radigma normativo da doutrina da imputabilidade.

O que tudo isto significa para o relacionamento, nesta matéria, entre direito penal e ciencias do homem,; entre juiz e perito, é fácil de compreender. Desde logo, e sobretudo, há agora urna questáo fulera! -a da liberdade do agente no momento do facto- que o juiz devería propor ao perito, mas a que este niio pode responder sern eom isto se arrogar urna competéncia que nao possui. Pois numa conclusáo conti­nuam as ciencias humanas unilnimes, se possivel ainda eom maior convie<;áo do que no tempo em que Kurt Sclmeider a formulou: na de que a afirma~áo ou nega<¡áo de urna con­creta capacidade de escolha do homem cm situa~iio é abso­lutamente inverificável e por ninguém pode ser feíta de modo responsável (12). Aeresee que, com este sentido do problema, se verifica um indiscriminado alargamento do substrato biopsicológico da inimputabilidade, o qual passa agora a poder abranger, nao apenas a "doen~a mental' em sentido estrilo, mas toda e qualquer "anomalia psíquica" -das psícoses il oligofrenia, das psicopatías as perturba,Oes de consci~ncia, das neurosas as personalidades com reac.;óes

(11) Em detaUre sobre esta rela~lo J. Figueiredo Dias, Liberdade -Culpa - Dircito Pe11a/1 2' ed., Coimb.ra, Coimbra Editora., 1983.

(12) K. Sehneider1 Die Beurtcilung der Zurcchnungsfiihigkeit, 3a ed., 1956,

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ou tendencias anómalas isoladas. Ao mesmo tempo que se verifica este alargamento dáse porém, algo eontraditoría­mente, uma brutal desvaloriza~áo do elemento biopsicoló­gico a favor do critérío normativo; até ao ponto de poder perguntar-se se há razlío para continuar a exigir um funda­mento biopsicológico da inimputabilidade, quando esta constituí afmal apenas um elemento náo autónomo da unitá­ria e global capacidade do agente de motiva~o de acordo coma norma, em que a culpa jurídico-penal se traduz.

Em conclusáo: o perito das ci<lncias do homem, na primeira fase da evolu~o, tomava sobre si a generalidade das tarefas do juiz neste campo, até ao ponto de poder di­zer-se que se sobrepunha a fun~áo judicial e que era a ele que em (!!timo termo pertencia a decisáo. O perito tornase agora porém, em rigor, um auxiliar dispensável do juiz, para quem inclusivamente constituirá por vezes um estorvo. Ele pode, é certo, continuar a responder as questóes relaciona­das com o fundamento bíopsíco/ágico da lnimputabilidade, mesmo com a muito maior extensáo que este fundamento agora assume. Ao que o perito náo pode responder, todavia, nem sequer auxiliar a responder, sem cometer mn palmar excesso de competencia, é ao fnndamenlo nonnativo da inimputabilidade, no fundo do qual se insereve a indiscerní­vel questáo do Jivre-arbítrio e da liberdade da vontade em situa~o.

B o problema em nada se altera ou se simplifica, do ponto de vista do perito das ciencias do homem, pela eir­cunstllncia de os dogmáticos do direito penal pretenderem que náo é verdadeiramente a questáo do livre-arbítrio que ali está implicada, antes só, na expressáo de Roxin, "mn postulado político-eriminal dirigido ao juiz" (13); postulado que traduzíria, no dizer de Jescheek, "urna indiscutível reali-

(13) C. Roxin, *Kriminalpotitische Überlegungen zum Schuldprinzip''i Momuschrift fiir Krinüiiologi.e, 56, 1972, pág. 320.

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dade da nossa eons~ncia social e moral" (14): a de que o agente adulto e medianamente saudável do ponto de vista psíquieo é responsável pelos seus actos perante a comuni­dade. Pois o perito em ciéncias humanas nada tem para ofe­recer ao juiz quando -como aquí entáo sucederia- se trata da substituic;lio de comprovac;;óes reais por categorias estrita­mente normativas, por adscric;;áo ou imputac;á.o presumidas em certas condi\¡Oes.

IV.

A situac;á.o da crise que acabo de tentar descrever em apertada síntese é ainda hoje dominante; mas num lado e nnutro, no domínio do normativo como no do empírico, no díreito como nas ciencias do homem, muita coísa mudou já ou está em processo acelerado de muta<¡lio. Creio que isto permite entrever a abertura de mua tetceira fase na evolu<;lio do nosso tema, que agora procurarei cara<.,'l:erizar.

1. A autonomía normativa do direito nao se perdeu nem me parece em risco de perder-se. É notável, é cerio, a extensíio e a intensidade com que, relativamente a ele, se reafirma hoje o dogma empírico-analítieo. Mas, ao menos na minha leitura, as teorias funcionalistas, críticas e sistémicas sobre o direito revelam, ao nivel mais profundo, urna !acuna essencial que elas náo podem ou náo querem preencher e que respeita ao fundamento do particular modo de validade do direito (15). A resposta só pode continuar a ser aqui a de que aqnilo que define a normatividade jurídica é a dimensáo axiológica, procurada no quadro de valores integrantes do

{14) H.-H. Jesche<:k, Lchrbucñ des Stmfrechts AT, 4' ed., 1988, p. 370.

(15) Pergunta--.me, precisamente, se ruio terá sido na base desta consciet1cia que N. Luhmann, Soziale Sjstemc. Gn.uwn·ss ciner allgemciner Thcon'e1 Frankfurt a, M., Subrkamp, 1984, reviu recentemcnte, em diversos pontos, as was concep~Oes sobre o sistema socíal.

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consenso comunitário e mediadas ou positivadas, nos países democráticos, nas leis constitucionais (16).

Com isto, porém, em alguma eoisa mudou de novo o sentido da intervern;áo do direito penal e da legitima<;iio da pena. Num Estado de Direito, de cariz social e democrático, a fun<;ao do direito penal s6 pode consistir, nao na reall­za<;áo de qualquer ideia absoluta de retribui<;áo, mas no propósito de constituir urna ordem efectiva de protee<;áo de bens jurídicos; é dizer, das condi\¡Oes comunitárias essen­ciais de livre realizagáo e desenvolvimento da personalidade de cada homem. Consequentemente (17), o momento inicial e decisivo de fundamenta<;áo da pena há-de residir na neces­sidade de estabiliza<;áo da ~alidade da norma violada, pela reafirma<;áo dos orientamentos culturais e dos critérios ético-sociais de comporlamento que naqnela se cont<lm. Por outro lado, aplicando-se a pena a nma pessoa humana, aqnela nao pode deixar de respeitar o "axioma antropoló­gico" da eminente dignidade desta e, por isso, de ser funda­mentada e medida pela culpa do agente.

Ternos assirn que a culpa, axiologicamene fundada no valor da garantia da dignidade da pessoa, há-de conservar nm elemento ético-pessoal, !imitador das exigl>ncias que de outros pontos de vista -nomeadamente dos da prevern;áo· se fa<;am á responsabilidade do agente; e há-de, <leste modo, supor a liberdade do agente, sem com isto cair de novo na aporía do livre-arbítrio e da liberdade da vontade. Como é isto possfvel?

(16) Neste sentido e sobre o que se segue J, Figueiredo Dias:, romo na nota 2, págs. 8 e ss.

(17) Sobre as afumaqOes que .se seguem e a proposta potitiro-cri .. minal que nebs vai impiicada cfr. por último J. Figuciredo Días, "0 Sistema Sancionatórlo do Direito Penal Portugués no Contexto dos Modelos da Política Criminal"~ separata dos Bstudos cm Homenagcm a Eduardo Co­rrei11¡ 1988, págs. 34 e ss. "Carrara e l'attuale paradigma pcnale", Riv. ita­liana di dir. e proc. pen.., págs. 790 e ss.

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Respondo (18): colocando e resolvendo a questiio da liberdade do homem, nao no plano das propriedades da ac9ao, mas antes no plano das características do ser humano como um todo prosseguindo assim uma linha de especu­la~iio filosófica que hoje particularmente se conforta com a viragem do pensamento contemporilnco para a antropología filosófica e com os mais recentes desenvolvímentos das cién­cias do homem. A esta luz, o homem determina a sua ac<;¡áo através de uma op9áo fundamental, através da livre decisáo sobre si mesmo: por isso ele, no concreto existir, é sempre ser-/ivre. Só que esta liberdade -algo, com efcito, absoluta­mente insubstantivável- é pressuposto, mas náo também cri­tério da culpa jurídico-penal. Esta encontra-se quando se pensa que o substrato total derivado da decisáo do homem sobre si mesmo -e, nesta acepQáo, o mais puro efeito da fi­berdade- é o que se chama a personalidade. Deste ponto de vista a culpa jurldico-pena/ é o ter que responder pela persona­lidade, étíco-jurldicamente censunível, documentada num facto antijurldico.

2. Ficam assinaladas as muta,óes no paradigma nor­mativo que reputo mais importantes para uma nova com­preensáo do nosso problema. Náo menos importante porém -e decerto mais radical na transforma,áo- se revela o para­digma emergente nas ciencias do homem dos nossos días. Ele deriva de uma nova compreensáo do "eu'' da conscien­cia, tomada possível por uma reposi<;;áo, em diferentes mol­des, do problema da oposi1;áo sujeito-objecto. O paradigma emergente das ciéncias do homem caracteriza-se (19): pelo abandono da concepQáo mecanicis!a da matéria a que aquelas ciencias se referem, bem como dos supostos meto­dológicos positivistas e empiristas do conhecimento do ser humano, da cultura e da sociedade; pela desvaloriza<;;áo do

(18) Em por menor sobre a questio o meu Jivro referido na nota 11; e, em síntese, também o meu artigo citado na nota 2, págs. 21 e ss.

(19) De novo sobre este ponto B. Sousa Santos, como na nota 6.

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f¡

paradigma etiológico e explicativo, agora sempre integrado -e as vezes suplantado- pelo paradigma compreensivo; pela recusa -ou ao menos pelo pór em questáo- do dogma deter­minista e, inversamente, pela aceita~ao de elementos de contingencia e de indetermína<;iio; por fim, pela convic~iio de que todo o conhecimento científico, constituindo-se em· bora em redor de lemas integrantes de um objecto especí­fico, tem como horizonte o homem na sua totalírlade e na sua individualidade.

Niio devo ceder aquí a tenta<;áo -que as limitagóes de tempo me náo permitiriam realizar- de mostrar como este novo paradigma se encontra bem presente nas investiga<;óes de ponla no ambito das ciencias do homem mais diversas. Limito-me a notar que trabalhos recentes em domíuios como os da psicología da vontade (20), da psicopatología (21), da psiquiatria (22), da própria biología (23), da carac­terología (24), da teoría das camadas (25), da investiga~ao da personalidade (26)- q¡1e trabalhos destes confortam a ideia acima exposta. Pois a verdade é que logo na análise do concreto humano -seja no seu nivel inferior, a partir da aná·

(20) Por exemplo P. Rieoour, Philosophie de la volont6, 1949 e Mt!thodes et ti ches d une philosophie de Ja voloatt!, 1952; e W. Ketter, Psy.. chologi<: und Philosophie des Wolle118¡ 1954 e "MénschHehe Existenz1

Willensfrcihiet und Schuld", in Schuld - Vemntwortung - Strafe, Zürlcht Scheltess, 1964, págs. 201.

(21) Por exemplo L Binswanger, Orundformen und Erkenntnis mcnschlichen Daseins, ~ ed.1 1964¡ e já antes K. Jaspers, Psychopathologic général°' trad. franc. de Kastler-Mendousse, 1933.

(22) Por exemp!o V. Franld, Der unbedingte Mcnsch, 1949. (23) Por exemplo Portmann1 Zoologie und das ncue Bild des

Mcnschens, 1956; e no dominio específico da neurobtotogia PoppedEccles1

Tbc Self anti its Brain, N.Y.1 Springe:r, 1917. (24) Por exemplo Klages, Los fundamentos de la cat8ct-crología,

trad. argentina, 1959. (25) Por exemplo Ph. Lersoh, Aulbau dcr Pets0n, !!' ed., 1962; E.

Rothacker. Camadas Constitutivas da Perronalid&ft¡ trad. portuguesa de A. Brandfi.01 1946; e. de modo mais restritiv<l, H. 'lbomae, "Verant­Wórtungsreife und strafrechtliche Verantwortlichkeit in psychologischer Sicht', BerliDcr UníversitiitfilBgc, 1964, pág.104.

(26) Por exemplo K. Stavenhagcn, Penon und Persiin!iáikt:i419S1.

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lise real dos seus "impulsos" ou "pulsóes"; seja no fun da in­vestiga<¡áo psicofeuomenológiea da actua~áo da vontade humana em face dos motivos; seja na considera\;iio global da personalidade como conjunto das camadas caracterológícas e do "principio pessoal" que as penetra-, logo aí nos depa­ramos com urna "abertura" para algo que excede e trans­cende o complexo "carpo/alma" e representa o espa~o onde actua urna categoria nova; urna categoria que apela para um modo característico da realiza~áo humana: a realiza~áo pes­soat ou -nestc sentido- pela liberdade.

Aquí reside mais urna justifica<¡áo para a actual cien­cia criminológica se liberte definitivamente dos dogmas do determinismo e da causalidade. Nao para, desta forma, abandonar de todo o campo da "explica9áo" criminológica; mas para trabalhar também com a categoria da "com­preensáo" e para, a partir desta dupla dimensáo, participar do novo projeeto sobre o homem e o sen mundo que está a ser esbo\;lldO pela antropología filosófica e cultural (ZT). O que abriga, por sen turno, a um refor~o do trabalho con­junto e da interdisciplinaridade entre todas as ciencias do homem, da cultura e da sociedade, com espedal destaque para a dogmática jurídico-penal e para a política criminal. Só deste modo poderá a criminología adequar-se ao para­digma emergente nas ciencias do homem, que aquí procurei caracterizar a tra~o breve.

v.

Resta,me analisar, com a máxima brevidade compatí­vel coro a inteligibilidade do discurso, as consequencias que das actuaís muta9ÓeS na compreensao da fun~o do direitu penal e do novo modelo de racionalidade global das ciencias

(27) Assim já J. Baptista Machado, Antropologia, Existencil!ÍÍSmo e Direit0¡ Coimbra, 1966.

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do homem, acima sumariamente descritas, deri\1ll111 para o problema da imputabilidade.

1. Poderia pensar-se que, a luz do conceito de culpa jurídico-penal que ficou es~do, assente numa liberdade concebida como modo-de-ser característico de todo o existir humano, o problema da inímputabilidade perderla sentido. Pois que a distin~iio entre a imputabilidade e a inimpntabili­dade deixaria de poder fazer-se sobe a fronteira hipotética que separaría ac<¡óes livres de ac~s nao livres; e pois que (como as mais recentes investigac;óes psícopatol6gicas, psi­canalítícas e psiquiátricas parecem confirmar) no próprio ser psíquicamente enfermo ou anómalo há um principio pes­soal que permanece intocado, ou níio é ao menos destruido pela anomalía mental -urna e outra coisa pareceriam condu­zir a conclusáo de que mesmo os doentes mentais mais gra­vemente afectados continuam "capazes de culpa"!

Náo é todavía assim. É verdade que a anomalla men­tal náo destrói o principio pessoal e o ser-livre, pois também o ser psiquícamente anómalo ou doente, na sua maneira modificada, se realiza a si mesmo. Mas, ao menos nas suas formas mais graves, a anomalia psíquica destr6i as conex:óes reais e objectivas de sentido da actua~o do agente, de tal modo que os actos deste podem porventura ser "explicados", mas nao podem ser "compreendidos" como factos de uma pessoa ou de wna personalidade. Ora, a comprova~o da culpa jurídico-penal supóe justamente um acto de "comuni­ca~íío pessoal" e, portanto, de "compreensiio" da pessoa ou da personalldade do agente. Por isso o julzo de culpa jurí­dico-penal náo poderá efectivar-se quando a anomalla mental oculte a personalidade do agente, impedindo que ela se ofereqa a contempla9áo compreensiva do juiz. É a isto que, no fundo, chamamos inímputabilidade; e é para tradu-

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zir a idcia aqui contida que falarei do paradigma compreen­sívo da imputabilidade (28).

Um eminente penalista alemáo -o professor de Muni­que Claus Roxin- critieou no entanto a minha concep<;;áo sob um duplo ponto de vista: o de que, por um lado, a comuni­ca\¡iio entre juiz e arguido só muito dificilmente terá lugar no processo, tanto mais que o arguido tem direito ao silen­cio; e, por outro lado, o de que a possibilidade daquela co­munica.,áo náo está excluida quando a anomalia psíquica se nao funde na falta de sentido objectivo do facto, mas sim na fala de inibi~óes (29).

Náo posso aqui encarar em detalhe estas obje~óes, todavia essenciais, e que sáo expressáo -nota-o certeiramente Roxin- de urna divergencia mais funda quanto aos sentidos básicos da culpa e da imputabilidade. Permito-me apenas sublinhar que o acto de "comunicagiío pessoal" entre o juiz e o arguido níio se esgota na audiencia ou num interrogatório, ou náo tem mesmo que processar-se através da fala. Aquele acto possui urna naturcza bem mais complexa, estende-se ao longo de todo o processo e das suas manifesta~óes e rea­liza-se através de todas as formas possíveL• de comunicagáo,

(28) J ulgo que esta ~se aproxima da que já em seu tempo foi sugerida por juristas como M.R Mayer, Dcr A'.t des dcutsc:hcn Strairechts, l.ehrbuch1 2u ed., 1923} págs. 206 e ss., e E. Mezger, K.riminal­politiscbe Problema im Strafrccht, 1943, pág. 51, Problemc des stmfrechtJi .. che :ZMrech11ungsflihigkeit1 1949, págs. 47 e ss. e Das Vcntebcn als G.rond­legc dcr Zurcchnung, 1951, págs.. 7 e ss.¡ e por psicopatolog,istas, psicólogos e psiquiatras como Binswanger, oomo na nota 21, KeUer, como na nota 20, Haddenbrock, ~Die juristisch·psychiatrische Kompetenzgrenze bei der Beurtei!ung des Zurechnungsfiihigkeit im Lichte der neueren Rechtspre~ chung', Zcitscbr. f.d.¡¡, Strafrcchtsw, 75 (1963), págs. 460 e ss. e V. Frankl, romo na nota 20, ou ainda como, cm data mais recente, Luthe, Ve.rantwor­tlicbkcit; Pers-Onlichlreit und Brlcbcn, Berlin, 1981 e Witter, ~wissen und We.rten bei der Beurteilung des sttafrechtlichen Schuldfáhigkeifl 1

FC$tscbrift für Lcfen:nz, HeidelbetgwMüUer, 1983, pág. 441. (29) C. Roxin, "Acerca da Problemática do Direito Pena1 da

Culpa", separata do Bolctim da Rte. de Dircito da Uni.v. d~ Coimbra 59 /1983), pág¡¡. 15 e s.

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nas quais o papel do perito de todas as formas possíveís de comunícac;áo, nas quais o papel do perito de ci<Oncias huma­nas será precioso e insubstituível (30). Quando, por outro lado, falo da "compreensao' do facto criminoso, tenho em vista exactamente a possibilidade para o juiz, náo tanto de TT!Vivenciar subjectivamente o facto do agente, mas de re­construir obje<-iivamente as conexoes de sentido do facto, é dizer, os nexos que conduziram á transposi~o de um fenó­meno psíquico em um contexto de sentido real. Creio, por isso, que a viabilidade de uma tal reeonstru¡;iío pode ficar excluída mesmo em hipóteses em que a anomalía psíquica determina uma falta de iníbi<;óes, nomeadamente em estados graves e intensos de afecto (31).

2. Penso, finalmente, que o ponto de vista expendido abre caminho a um novo e extenso campo de entendimento entre juristas e cientistas do homem, entre juiz e peritos. Apontarei, em jeito conclusivo e a maneíra de proposi<;óes, as consequí!ucias mais importantes que, para o nosso tema, me parecem resultar daquele ponto de vista.

19• No paradigma compreensivo, o substrato tradicio­nalmente chamado 'biopsico/ógico" da imputabilidade ganha de novo sentido e significado precisos, ao contrário do que sucedia a luz do paradigma normativo. Na verdade, só a anomalía psíquica -a "enfermidade mental" no seu mais am­plo sentido- e náo também, v.g., a 'tend<lncia' para o crime, a heranc;a caracterológica ou o condicionalismo do mí/ieu, é susceptível de destruir a conexáo objectiva de sentido da actua<;áo do agente e, portante, a possibilidade de 'eom-

(30) Sobre este problema das 11estruturas de comunicaj_S!O proces~ sua111 pode ver..se o meu artigo *Para urna Refonna Globat do Proeesso Pe­nal Portugués - Da sua Neeessídade e de Algumss Orlent~Oes Fundamen~ tais", in AA.VV., Para uma 'Nova Justiqa Penal, Coímbra, Al.medina, 1983, págs. 219 e s.

(31) Em síntese sobre este ponto o meu estudo referido na nota 2, págs. 15 e 32.

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preensíio• da sua personalidade manifestada no facto. Na caracterízai¡áo deste snbstrato biopsicológico, da sua gravi­dade e intensidade, a primeira e mais importante palavra perlence aos peritos das ciencias do homem, sendo aí diml­nnta, para n!io dizer nula, a capacidade de crítica material por parte do juiz. Deste ponto de vista nao pode allás deixar de saudar-se a constfuicia da legislat;iío penal espanhola, seja ao nivel do código ou dos projectos de reforma, seja mesmo ao nfvel doutrinal, na acentua<¡iio da base bipsicológiea da inimputabilidade (32): aquilo que, segundo o paradigma normativo, poderla parecer um excessivo sacrificio na ara de ideias anligas e ultrapassadas assume a esta luz urna insus­peítada modernidade.

2•. O caminho propasto dá ainda, apesar de tudo, um conteúdo válido ao chamado elemento "nonnativo" da impu- . tabilidade: a capacidade do agente, em muitas legisla~oes expressamente requerida, "de avaliar a ilicitude de facto ou de se determinar de acordo com essa avaliat;iío". Com efeito, também do ponto de vista do paradigma compreensivo náo basta nunca a comprova~áo do fundamento biopsicológico, da existencia no agente de runa anomalía psíquica, por mais grave e anormal que ela se apresente. É ainda e sempre ne­cessário determinar se aquela anomalia é urna tal que torne lmpossível o juizo judicial de compreensiio, de apreensáo da conexáo objectiva de sentido entre a pessoa e o seu facto; que o torne impossível ou, ao menos, altamente duvidoso -deparando-nos neste iíltlmo caso coma verdadeira essencia das hipóteses tradicionalmente chamadas de imputabilidade diminuida (33). Naquela possibilidade de compreensao se traduz o elemento normativo que acresce a base biopsicol6-

(32) Cfr. por outros A. Fernández Albor, "Conciencia y responsa~ bilidad del hombre en el Dere-eho Pena111:, Tc/WJS penales, Santiago de COmpostelo, 1973, pág. 5.

(33) Depois da obra fundamental de Willmans, Die seg vcrmindertc Zureehnungsfáºhigkeit als zcntralcs Probletn der Bntwiirfc zt1 cincm dcuiseben Strafgcsetzbuch1 Berlín, 1927.

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gica e que, deste modo1 nada> mas mesmo nada, tem a ver com as quest1ies irrespondíveis do livre-arbítrio ou da hber­dade da vontade.

Fica assim afastado o principal óbice que ainda hoje se suscita a runa estreita e frutuosa colabora~áo do períto com o juiz. A luz do paradigma emergente nas ciencias do homem, a distin<;iío entre modos de actua\¡iio "compreensí­veis segundo o sentido" é perfeitamente aceitável e cientifi­camente dominável pelos peritos. Por isso deve esperar-se destes um auxilio decisivo para o juiz também quanto a comprova~áo do elemento normativo: aquí, porém, a última palavra pertencerá sempre ao juiz e a sua capacidade de crítica material será irrestrita, nesta parte e medida conti­nuando a caber-lhe justificadamente o cognome de perittts peritomm.

3". O caminho proposto póe novas e acrescidas exigiin­cias d consider(Jfáo do problema da imputabilidade ao nível do processo penal. Desde logo, o tratamento do problema, ainda usual em muitas legisla~óes, nos quadros acanhados de um "incidente processual de aliena<;iío mental" é profun­damente desaconselhável: porque assim se cinde completa­mente a anomalía mental do facto praticado, o qua! acaba por náo ser processnalmente averiguado, ou por o ser só de modo insuficiente; porque, consequentemente, correm grave risco os direitos processuais do arguido, ao qual pode vir a ser aplicada urna medida de seguranp sem que tenba sido devidamente averiguado o facto antijurídico que é seu pres­suposto; porque, finalmente, nos quadros de um mero "inci­dente processual", escasseiam inevitavelmente os meios de investiga<;iio e de discussiío das circunstancias do caso e de auxilio científico a decisáo judicial.

Merece por isso, em minha opiniáo, ser olhada com aten<;iío uma solu<;iio como a preconizada a propósito pelo novo Código de Processo Penal ( = CPP) portugues de 1987 {art. 19-1, al. a), segundo o qual a questáo da inimputabili-

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dade do agente, seja qua! for a extensáo e gravidade da anomalía psíquica que o afecte, é tratada sempre nos qua­dros e com a totalidade dos meios de invcstiga<;áo e dis­cussáo do processo penal comurn (34). Que, para além disto, a autonomiza~ao, no decurso da audiencia, de urna fase es­pecíficamente dedicada a escoJha e medida da Sllll\(ÍÍO a aplicar pode ser da maior import1lncia para urna correcta e cabal considera\(ao do problema da imputabilidade -também na dimensao do tratamento do agente-, é conclusáo que tenho por segura. E também esta soll19áo se encontra hoje acolhida no novo CPP portuguBs ( arts. 369'1 e 371 º) (35).

4°. O caminho proposto requer com insistencia a con­sagrariio, ao nivel do processo penal, da pericia colegial e da pericia interdisciplinar. Como disse atrás, o paradigma emer­gente nas ciencias do homem revela que cada urna destas é, ao mesmo tempo, geral e local, universa! e especializada. É indiscutíve~ por outro lado, que o paradigma compreensivo da imputabilidade tem como horizonte a personalidade do homem ua sua totalidade. De uma e outra coisa decorre que dificilmente se suscitará um caso onde o desejável e exigível auxilio para o juiz possa provir ou só da psicología, ou só da psicanálise, ou só da psiquiatria, ou só da sociologia. Acresce que a necessidade de considera<;áo global da per­sonalidade do agente tornará já por si instante, em muitos casos, a interven9áo pericial do criminólogo enquanto tal -quero dizer, do criminólogo orientado por urna antropolo­gía jurídico-cultural ou jnrídico-filosófica a qual, como acentuei, já boje se náo pode renunciar. A forma<;lio de equipas multidisciplinares e interdisciplinares, actuando como taí.s no processo penal, parece-me ser, por tudo isto, urna das exigí!ncias mais vivamente postas por uma nova

(34) Sobre este ponto ver já, no contexto das discussOes sobre a re~ forma do processo penal porlu~s; o meu artigo referido dupra, nota 30, pág.216.

(35) Urna refertncia a questio encontra-se nas minhas li~s de Direito Penal .Z em cuts0 de pubiica~io, § 1, n" m. 6.

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forma de considera~áo do problema da inimputabílidade penal em razáo de anornalia psíquica.

Apresto-me a terminar as mínhas consideragóes. Náo sei se o meu pressentimento de que na dogmática jurldico­penal emerge urna nova forma de considera~áo do problema da inimputabílidade em raziío de anomalía psíquica terá lo­grado merecer a vossa aprovagáo e concordancia. Mas ainda qnando tal náo tenha sido possível, ha todavía duas conside­ra~óes que eu gostaria pudessem ter ficado gravadas no es­pirito dos mens ouvintes. A primeira é a de que a dogmática jurídico-penal é cada vez menos uma ilha que possa ser contemplada e habitada em esplendido isolamento; bem ao contrário, ela participa de um conjunto inextricável de disci­plinas, de que fazem parte entre outras, com valor constitu­tivo para as próprias solu~es da dogmática, a criminologia e as ciencias do homem, o processo penal, a política crimi­nal A segunda considera~o é a de que, apesar de quanto tem sido alegado a propósito nos 6ltimos tempos, na actua­lidade e no futuro previsível náo há alternativa para um di­reito penal da culpa. É nele de resto que convergem, com extraordinária forga, tanto urna nova concepgáo normativa da dogmática jurídico-penal como um novo modelo de ra­cionalidade global das ciencias do homem; convergencia que, il luz de urna antropologia compreensiva, refor9a a pos­sibílidade de construgáo de urna renovada "ciéncia universal do direito penal". Hoje como ontem, em suma, continua ple­namente válida a palavra segundo a qua! é com o aproftm­damento do pensamento da culpa que se mede o progresso do direito penal.

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