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Lunes 13 de Marzo de 2017

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La Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo de La Plata deberá resolver en las próximas horas el recurso presentado por la empresa Aubasa contra el fallo que dejó en suspenso los aumentos en los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires y la Autovía 2. Según se informó, la empresa estatal que administra las autopistas presentó el jueves de la semana pasada una apelación contra la medida cautelar que dictó el juez en lo Civil y Comercial José Catoggio. El magistrado hizo lugar a un amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien, a su vez, se hizo eco de un planteo presentado por organizaciones como Consumidores Responsables. El fallo, que ordenó retrotraer las tarifas a los valores anteriores a la aplicación de los aumentos, se apoyó en dos argumentos. El primero, el incumplimiento del “deber de información” en que, entiende Catoggio, incurrió Aubasa al aplicar los aumentos sin la realización previa de una audiencia pública. El segundo, en “situaciones particulares” que se dan en cada uno de los casos: en la Ruta 2 por el “colapso que se produce en fechas determinadas” y en la Autopista por las obras que mantienen paralizado el Ferrocarril Roca. En ese marco, el magistrado habló de la necesidad de que la empresa realice una audiencia pública para discutir un posible aumento en las tarifas de peajes. Tras la resolución, la empresa Aubasa presentó, el jueves de la semana pasada, una apelación en la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se deje sin efecto la cautelar. Ayer, en diálogo con EL DIA, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino dijo que desde el organismo esperan “que la Justicia entienda lo difícil que resulta hoy para los ciudanos de la Provincia enfrentar estos aumentos y que mantenga la medida cautelar”. Además, Lorenzino pidió que se “obligue a la empresa Aubasa a llevar adelante la audiencia pública para discutir montos de posibles incrementos en los peajes pero también inversiones para la Autopista”.

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La pelea por el aumento salarial docente arrastra desde hoy también a más de 1,3 millón de estudiantes secundarios. En la segunda semana de conflicto por la falta de acuerdo entre el gobierno y los gremios, el paro que comienza esta mañana coincide con el inicio del ciclo medio, que tiene más de 3.900 establecimientos públicos y privados en todo el territorio. Así, ya serán m{as de cuatro millones los chicos perjudicados. La controversia ingresa en un sendero de máxima tensión: los sindicatos que representan a la mayoría de los educadores estatales desconocieron una conciliación obligatoria dispuesta el viernes pasado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Y el Poder Ejecutivo inicia a partir de ahora los procedimientos reglamentarios que determinarán sanciones, multas y hasta expedientes para reconsiderar la validez de las personerías jurídicas de los gremios declarados en “rebeldía”. Pero aquí no termina todo: el paro de hoy convocado por el sector más duro del Frente de Unidad Gremial (FEB, Suteba y Udocba) constituye el primero de una semana que tendrá más complicaciones en Buenos Aires y en todo el país. Las entidades de jurisdicción nacional anunciaron 48 horas de huelga a partir del miércoles. Y otra protesta idéntica la semana que viene. La FEB y Suteba tienen esta mañana sus congresos y plenarios donde debatirán “los pasos a seguir en función de la falta de ofertas satisfacitorias”. No se descarta que puedan resolver que mañana también dejarán las aulas sin docentes. Suteba tiene “mandato de las bases para seguir la protesta”, si no aparece nueva oferta. Y FEB realizará un congreso con el mismo propósito. De concretarse la advertencia, sería otra semana más con actividad académica mínima. La semana pasada hubo –en muchos establecimientos- apenas una jornada con aulas abiertas plenamente. Todo varía según la escuela, la ciudad, el barrio. Ese es el otro aspecto que intentarán medir con precisión las partes en disputa. Cada uno desde su lugar tiene una mirada diferente del impacto de la medida de fuerza. “Seguimos con el respaldo total de las bases. Nos piden que no aflojemos. Demostramos nuestro malestar con una marcha de 100 mil maestros”, dicen desde la vereda de los gremios. “Está claro que el paro pierde fuerza. Ya hay más de la mitad de los educadores que van a trabajar y desechan las medidas gremiales”, es la evaluación de la Gobernación. En las oficinas de La Plata están convencidos de que se trata de un plan “político de sectores del kirchnerismo que intentan horadar la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri”. Por el momento, el gobierno provincial no tiene previsto hacer un nuevo ofrecimiento. “Cuando los técnicos de Economía y Educación elaboren un nuevo esquema de aumento, convocaremos”, explican en el Ministerio de Trabajo. Los gremios insistirán por la via judicial. Hace una semana, el juez Luis Arias rechazó la conciliación que dispuso el Ejecutivo. Cuatro días después, la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión. Ayer, Roberto Baradel, de Suteba, dijo que llevarán ese caso a instancias superiores. Es un planteo jurídico pero de resolución política. Nunca los Tribunales arreglaron una paritaria docente. En la última reunión las autoridades plantearon un esquema con cuatro items: un importe extraordinario no remunerativo de $500 por cargo “para compensar 2016”, un pago no remunerativo a pagar en marzo de entre $1.500 y $3.750, según el cargo; el pago de la suba salarial en tres cuotas (en vez de en cuatro) y “un piso garantizado” de 19%: 5% de aumento en enero, otro 5% en abril y un 9% en septiembre. A los 15 minutos, era letra muerta. La respuesta fue un nuevo paro. La reacción oficial: descontarán los días no trabajados y recuperarán los días en el receso invernal.

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La tasa "vial" es un impuesto a los combustibles que establecen los municipios para recaudar más, al margen de los tributos provinciales y nacionales. En los hechos, encarece el precio para llenar el tanque de nafta y gasoil. Aunque el gravamen parecía olvidado, la municipalidad de Campana acaba de establecerlo desde el 1 de marzo. Le añade 40 centavos extra al importe de cada litro de nafta premium o gasoil de mayor calidad, 30 centavos a la nafta súper y 20 centavos al gasoil común. Como Cambiemos prometió ir disminuyendo la carga impositiva, el intendente de Pilar -Nicolás Ducoté-, que es del PRO, eliminó la tasa vial durante al año pasado. Sebatián Abella, alcalde de Campana, también es del mismo partido y se mostró con María Eugenia Vidal y María Eugenia Vidal en un foro de intendentes de esa tropa. Ducoté y Abella forman parte del un espacio político común, pero su visión de la tasa vial parece diferir. En septiembre de 2016, el municipio de General Rodríguez agregó la tasa vial, cobrando 35 centavos a cualquier litro de nafta o gasoil despachado en su municipio. Durante el año pasado, solo José C. Paz se había animado a impulsar este impuesto, capturando 27 centavos por cada litro despachado allí. La venta de combustibles cayó en 2016 (salvo en las categorías premium, que registran una mejora muy leve) y los impuestos no ayudan en las estimaciones de mejoras por parte de las petroleras. Las tasas viales nacieron de los distritos enemistados con el kirchnerismo. Les sirvieron para recaudar, al margen del Poder Ejecutivo nacional. Se extendieron por Córdoba y Santa Fe, haciendo que los valores de los combustibles en esas provincias superaran los de Buenos Aires por mucho. Antes del último aumento, la nafta súper que estaba $ 17,08 en Buenos Aires se estiraba a $ 19,33 en Córdoba. Y la premium (Infinia YPF), que cotizaba a $ 19,30 en la capital del país, se despachaba a $ 21,32 en localidades mediterráneas Ese cuadro se agravó con el último aumento, de enero del 8%. La súper de YPF pasó a $ 18,45 y la "premium" a $ 20,85, en la ciudad de Buenos Aires. Pero, en el conurbano, los números son más altos (en general, en torno a $ 1 por arriba). En el cordón norte del conurbano, hay tasas "viales" por doquier y también existen en el oeste del conurbano. San Miguel y Vicente López fueron pioneros en esta tasa (20 centavos de recargo), seguidos por San Fernando (19 centavos) en 2013. Muy pronto, se sumaron un lote de municipios del conurbano norte: Tigre (18 centavos), San Isidro (26 centavos), Escobar (20 centavos) durante 2014. En su momento, parecía una estrategia de los alcaldes encolumnados en el Frente Renovador (como era Joaquín De la Torre, ahora ministro del gabinete provincial de María Eugenia Vidal). Pero luego se propagó a otras banderas políticas: están en Hurlingham (12 centavos por litro), Malvinas Argentinas (15 centavos), San Martín (18 centavos). Merlo fue uno de los más osados en la categoría, ya que no estableció una tasa en centavos, sino en porcentajes. Se queda con un 2,5% de cada litro de súper y 3% de la nafta premium. En noviembre de 2015, antes del cambio de Gobierno, Ituzaingó hizo su versión local, con un impuesto de 2% sobre el expendio. En 2016, José C. Paz cargó con 27 centavos por litro y en septiembre, fue General Rodríguez el que estableció 35 centavos.

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El juez federal Sebastián Ramos rechazó el pedido de indagatoria al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, realizado por el fiscal Jorge Di Lello en febrero pasado, en una causa por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas sociales en su municipio con fondos nacionales. Di Lello había requerido citar a Posse al cuestionar la falta de construcción de viviendas en el barrio Martín y Omar. El fiscal dijo que debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas, pero sólo se hicieron 44 (apenas el 17,6%), mientras que los certificados de obra dieron cuenta de que habían sido terminadas el 99,44% de las viviendas. Para el fiscal, el perjuicio para el Estado nacional ascendió a 31 millones de pesos. Sin embargo, el juez consideró que no existen pruebas que ameriten una citación a indagatoria del intendente Posse e instó a la fiscalía a realizar peritajes técnicos y financieros. La Secretaria de Obras Públicas de San Isidro había explicado el destino de los fondos al señalar que los recursos nacionales suponían la construcción de viviendas en un lugar que ya contara con aptitud de suelos, servicios y trazado urbano, pero que ésa no era la realidad de la zona del bajo de San Isidro, que reúne las características de un bañado. Por eso, indicó, parte del presupuesto nacional se destinó a poner a punto el lugar, pero también a la construcción de las viviendas provisorias para albergar a las familias. Para Posse hay una motivación política detrás de la causa judicial. "Esta denuncia fue iniciada por Marcela Durrieu, concejal del Frente Renovador de San Isidro y suegra del diputado Sergio Massa, en el marco de la campaña electoral de 2015, en la que se postuló como candidata a intendenta", manifestaron desde la intendencia en un comunicado. Agregaron que este año, también electoral, "el fiscal Di Lello, que imputó al presidente Mauricio Macri el día de su discurso ante la Asamblea Legislativa, avanzó con un pedido de indagatoria a Posse que estuvo más ligado a lograr un impacto mediático que a alcanzar la verdad". Cerca de Posse agregaron: "Podría estar vinculado a una movida más grande por parte del grupo de fiscales con filiación partidaria que usan a la Justicia con fines políticos". En su momento, en febrero, el fiscal, antes de emitir el dictamen y luego de una recorrida por el barrio, había advertido: "[Posse] estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras".

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Acorralada por la insensatez de los gremios docentes bonaerenses, María Eugenia Vidal resolvió anoche convocar para hoy a su gabinete a una reunión de carácter urgente, en busca de encontrar una solución al conflicto que frustró el normal inicio de clases y que se prolonga con un nuevo paro este lunes. La gobernadora escuchará, fundamentalmente, a su ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y al de Trabajo, Marcelo Villegas, quienes ofrecerán una alternativa de rediseño de planes y partidas que permita, en síntesis, hacer un aporte adicional a la propuesta del 19% de aumento que recibieron (y rechazaron) los sindicatos de maestros. Cualquier cálculo, aseguran en La Plata, excluye la posibilidad de un auxilio financiero de Nación, en línea con la bravuconada realizada el fin de semana por el titular de Suteba, el preceptor Roberto Baradel, en pos de obtener una suba del 35%. "10% por el salario perdido en 2016, y 25% para este año", presionó. El conflicto con los docentes volvió a agravarse con el llamado a un nuevo paro nacional de cuatro días (15, 16, 21 y 22 de marzo) y el fracaso de la negociación salarial en la provincia. Tras el cerrojo que le impuso a la negociación el Frente Gremial y el anuncio de un nuevo paro, Vidal trazó en su cuenta de Facebook un sórdido panorama de las finanzas bonaerenses. Dijo que "la provincia está fundida" y "como una familia, tiene más gastos que ingresos". En respuesta cosechó la confirmación de otro paro, pero logró encadenar una suerte de hechos no menores: por un lado, en los despachos platenses apelan a un paro débil por el impacto de los descuentos en los bolsillos de los docentes. "La idea es deslegitimar el paro como acción frente a las familias también. Seguimos negociando, pero con los chicos en las aulas", reconoció un hombre cercano a las conversaciones. Por otro lado, el Gobierno también hace una apuesta al desgaste interno del Frente Gremial, jaqueado por la voracidad política de muchos de sus dirigentes -entre ellos el propio Baradel que se juega su continuidad en mayo- y la presunción de que un sector del Frente no habla de salarios sino que responde a presuntos intereses partidarios. El dictar la conciliación obligatoria en el conflicto consiguió la fractura de la embestida y logró que tres de los seis gremios docentes acaten la decisión en el marco de "paro ilegal". También fracasaron el viernes las gestiones en la Ciudad de Buenos Aires, aunque en ese distrito las clases se dictan con normalidad desde el miércoles pasado en un contexto de negociación menos virulenta que la de la provincia. En tierra porteña las conversaciones continuarán en las próximas horas. En espejo con Buenos Aires, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta también ofreció una suba del 19% y una cláusula gatillo por inflación. Ayer, el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que buscan debatir el conflicto por las paritarias docentes "sin la coacción y la amenaza del paro". Lacunza, en tanto, habló de "intencionalidad política", y dijo que los gremios "armaron un grupo de kirchnerismo radicalizado" para "golpear al Gobierno de (Mauricio) Macri y al de Vidal".

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El conflicto docente tendrá hoy una nueva etapa. En esta jornada iban a comenzar las clases en las escuelas secundarias, pero los establecimientos públicos de ese nivel de enseñanza deberán esperar porque habrá un nuevo paro de los docentes. Y no se sabe si mañana podrán arrancar, ya que para esta jornada los gremios tienen previsto reuniones y plenarios en los que podrían resolver extender la medida de fuerza y de esta forma deberán esperar hasta el viernes, porque para el miércoles y jueves está previsto un paro nacional del sector. La medida de fuerza de hoy afectará a todos los niveles de enseñanza, lo que implica que millones de alumnos de escuelas públicas no tendrán clases otra vez. Si bien la semana pasada se dio un acatamiento parcial a los paros del miércoles y jueves, una buena cantidad de alumnos primarios sólo tuvieron clases un día: el viernes último. El gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes libran una batalla que ya consumió varios días del calendario escolar 2017. El ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sostuvo ayer que “nunca está roto el diálogo” con los docentes, pero advirtió que “nos gustaría sentarnos con los gremios sin la coacción y la amenaza del paro”. “Eso coacciona a las partes, en las negociaciones las dos partes tienen que tener la libertad de trabajar y decidir”, declaró ayer el ministro provincial, “Nosotros estamos analizando cómo seguir: el paro de la semana pasada tuvo un acatamiento de menos de la mitad de los docentes, convocamos a todos para que mañana -por hoy- empiecen a trabajar y estamos analizando todas las herramientas constitucionales que tiene la provincia” de Buenos Aires apuntó. El ministro reiteró que la última propuesta del gobierno bonaerense contempla una recomposición de 500 pesos para un cargo y 1000 para dos, además de un aumento del 5 por ciento en enero, otro tanto en abril y 9 por ciento en septiembre ajustables por la inflación. En ese sentido, el sueldo mínimo quedaría para un cargo en 11.800 pesos y el promedio alcanzaría a 23 mil pesos, explicó el funcionario. “Nunca está roto el diálogo, estamos dispuestos a dialogar siempre, pero nos gustaría sentarnos con los gremios sin la coacción y la amenaza del paro”. “Estamos trabajando para destrabar el conflicto; pero esto se destraba si las dos partes se quieren sentar”, puntualizó. CONCILIACION OBLIGATORIA Por su parte, el titular del gremio Suteba, Roberto Baradel, insistió con desconocer la conciliación obligatoria dictada con aval de la justicia por el gobierno de María Eugenia Vidal al señalar que si

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convocan a los sindicatos fuera de ese marco “concurrimos inmediatamente para ver si podemos encontrar una solución a todo esto”. Baradel apuntó que “no hay reunión prevista” luego de que su gremio impulsara un nuevo paro y junto a otros cuatro sindicatos desconoció el sábado la audiencia de conciliación a la que había llamado el gobierno y que fue acatada por otros tres sindicatos. Asimismo, dijo que mañana -por hoy- “vamos a recusar a la cámara, veremos cómo sigue el tema en tribunales” en rechazo a la conciliación.

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Tiempos lejanos aquellos en los que vivir en La Plata o muy cerca de ella era prácticamente una condición inescindible para la esmerada atención de los asuntos públicos de la Provincia. Esa cercanía de los funcionarios con la capital bonaerense suponía cierta garantía de estar no sólo en la trinchera, sino de agudizar una mirada distinta de la realidad de un distrito muchas veces incomprendida por desconocimiento o intereses políticos. Con el correr de los gobiernos y de los años, aquella pertenencia -una suerte de simbiosis entre la administración y la residencia- se fue perdiendo. De hecho, el último gobernador que vivió efectivamente en La Plata y utilizó la casona oficial que da sobre calle 5, fue Felipe Solá. Daniel Scioli viajaba una y otra vez a su casa de La Ñata, en el Tigre. La actual mandataria María Eugenia Vidal, argumentó cuestiones familiares para no irse de Morón, aunque se mudó por razones de seguridad de su casa de Castelar a la base aérea de este distrito del oeste del Conurbano. Lo cierto es que cada vez más ese desarraigo entre los funcionarios y la ciudad capital se hace notorio. El gobierno de Vidal es un claro ejemplo. Una abrumadora mayoría de los ministros vive en Capital Federal o en la zona norte del Conurbano como Tigre o San Isidro. Es decir, están prácticamente a tres horas de sus lugares de trabajo. Quizás por aquél dicho que reza que “Dios está en todas partes pero atiende en Capital”, esos viajes técnicamente se han acortado. Tanto, que no pocos funcionarios atienden asuntos públicos y pactan reuniones en la virtual delegación gubernamental que funciona en la sede del Banco Provincia, en el microcentro porteño. Allí, sobre calle Mitre y a pocas cuadras de Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, no sólo Vidal recibe intendentes, funcionarios o empresarios. Lo propio hacen ministros y algunos secretarios. LEJOS DE LAS DIAGONALES El desapego laboral de buena parte de los ocasionales funcionarios bonaerenses de primera línea por La Plata se fue profundizando con el correr de los años. Varios ministerios fueron desprendiéndose de residencias que oficiaban de domicilio interino de quienes estaban a cargo de esas carteras. Hoy quedan en pie las casonas de la Jefatura de Gabinete, en calle 54 entre 7 y 8, y de la Dirección de Cultura y Educación en 44 entre 5 y 6. El vicegobernador conserva la suya en 11 y 51 y el ministerio de Justicia, que contaba con la propia en 9 entre 51 y 53, desde hace un tiempo la transformó en oficinas administrativas. De los catorce ministros de Vidal, nueve viven en Capital Federal. El jefe de Gabinete, Federico Salvai, en Recoleta. Tanto Gustavo Ferrari (Justicia) como Leonardo Sarquís (Agroindustria), en Palermo. Por la zona de Colegiales tienen domicilio Zulma Ortiz (Salud) y Alejandro Gómez (Cultura).

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También en Palermo vive el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien hasta hace poco tiempo residía en la zona de Talar de Pacheco, en Tigre. En tanto, en el barrio de Devoto habita el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro. Y en el microcentro porteño, Santiago López Medrano. Por su parte, el titular de Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo, mantiene residencia en Pergamino pero desde hace algunos años está instalado en la zona de Villa del Parque. Los “bonaerenses” son Hernán Lacunza (Economía) que vive en la zona de Tigre y Marcelo Villegas (Trabajo) en San Isidro. Además de Joaquín De la Torre (Gobierno), que se mantiene fiel a su distrito, San Miguel. En el gabinete provincial, el único con domicilio en La Plata es el Secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnik, que vive en la localidad de Gonnet. Entre ida y vuelta, los ministros tienen, en definitiva, no menos de tres horas de viaje desde su casa hasta sus despachos oficiales. En voz baja, varios admiten que les resulta agotador.

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Por MARIANO SPEZZAPRIA Gobierna desde 1995 y transita el que sería su último mandato. Alejandro Granados, el único intendente del municipio de Ezeiza desde su creación, acaba de cumplir 66 años y ya prepara el terreno para la sucesión política en el distrito. Su esposa Dulce y su hijo Gastón son sus cartas principales para lograr ese objetivo. Pero antes deberá atravesar el próximo desafío electoral. “El trabajo está en la calle, con los vecinos, para la campaña aún falta”, se ataja el jefe comunal cuando se lo consulta sobre las perspectivas que presentan las próximas elecciones legislativas en el municipio del sur-oeste del Gran Buenos Aires. Pese a que encabeza el PJ local, Granados ensaya un posicionamiento particular respecto de Cambiemos, donde lo consideran como un aliado. El intendente lo sabe y por eso aclara: “Acompañamos al gobierno institucionalmente y buscamos soluciones para la gente de Ezeiza”, sostiene en contacto con EL DIA. En este marco, sus reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y la buena sintonía de gestión que tiene con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, son parte de la comidilla política local. Hasta llegó a comentarse que el Gobierno bonaerense le había ofrecido el cargo vacante de ministro de la Producción, algo que Granados no confirma, pero en su entorno afirman que ese puesto no le parece atractivo, como sí lo fue en su momento hacerse cargo de la seguridad provincial, con Daniel Scioli como gobernador. Ahora está lejos del ex mandatario provincial. El alineamiento de Scioli con la ex presidenta Cristina Kirchner es el motivo principal de ese distanciamiento. “Soy peronista, pero fui claro cuando el 10 de diciembre de 2015 dije que Cristina ya no me conduce”, reafirmó Granados. Así se refirió al discurso que dio el día en que asumió su sexto mandato como intendente, el mismo en que la ex presidenta tuvo que dejar el poder. Granados encarna una vieja “ley política” del Conurbano, no escrita por cierto, que dice: los presidentes y los gobernadores pasan, pero los intendentes quedan. Aunque la norma que puso tope a la reelección de los jefes comunales tendrá efectos en Ezeiza. Granados podría aspirar a un séptimo mandato, pero ya prepara el terreno para la sucesión en su propio entorno familiar. De hecho, su esposa Dulce Granados iría a la cabeza de la lista de candidatos a concejales por el PJ local, mientras que su hijo Gastón, de 38 años y actual jefe de Gabinete del municipio, se perfila como el delfín político de su padre. “La idea es blindar el distrito, sobre todo si Cristina se presenta como candidata”, admiten por lo bajo a este diario dirigentes cercanos al intendente Granados. Traducción: el jefe comunal podría hacer el doble juego de poner a sus candidatos en la lista del PJ, pero a la vez combinar con un apoyo extraoficial a Cambiemos. En cambio, lo que nunca haría Granados es pactar con el massismo, que figura segundo en las encuestas, porque tiene motivos personales y políticos para no hacerlo desde que su hermana Leonor saltó al Frente Renovador.

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De todos modos, la ex diputada provincial perdió la interna del FR con el edil Roberto “Bebe” Mosto, algunos comentan que con un “ayudín” municipal. Como fuera, el Concejo Deliberante tiene 20 miembros, de los cuales 12 (entre PJ y FpV) responden a Granados, cuatro son massistas y otros cuatro de Cambiemos, que tiene al veterinario Rubén Barabani como su referente local. Apodado “el Sheriff” por propios y extraños, Granados identificó su marca de gestión con la seguridad. Tanto, que entre las demandas de los vecinos, eso figura recién en el quinto lugar. Y el delito se muda a distritos cercanos de la Tercera Sección, como Esteban Echeverría y La Matanza. No es un elemento menor para explicar su liderazgo desde hace más de 20 años en Ezeiza.

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El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, responsabilizó ayer a la productora del Indio Solari por la tragedia en el recital y admitió que la ciudad se vio desbordada porque “vino más gente de la que esperábamos”. Galli, sin embargo, se había mostrado entusiasmado con el recital; había asegurado que no iba a haber problemas y había contestado los reparos planteados antes de la “misa ricotera”. Galli ganó la elección municipal en 2015 como candidato de Cambiemos. Casado, con dos hijos, el jefe comunal tiene 36 años y es abogado. Le ganó por 10 puntos por al entonces intendente José Eseverri, que iba por la reelección después de 8 años de gobierno. Así, Galli terminó con la dinastía que había dominado Olavarría 24 años, iniciada con el Helios Eseverri (fallecido en 2007), quien había prohibido, en 1997, la realización de un recital de Los Redonditos de Ricota en esa ciudad. Según confió a varios canales de TV y de radio en los últimos días, uno de sus deseos desde que asumió la intendencia era que se celebrara una “misa ricotera” en su ciudad. Lo promovió y lo logró. El sábado a la tarde informó desde su cuenta de Twitter: “14:30 abrieron las puertas del predio. Ya pueden ingresar los miles de ricoteros que están en Olavarría”. Y contó que le había entregado al músico, como ofrenda, un cuchillo hecho a mano.

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“Es muchísima la gente que va a venir, pero no va a suceder ninguna locura. La mayoría, el 80%, va a llegar a la ciudad el sábado al mediodía, y se va a ir una vez concluido el recital. Así lo indica la experiencia de la productora, con ya diecisiete recitales a cuestas”, había asegurado Galli antes del recital. En diversas notas periodísticas enumeraba el beneficio económico que representaba para su municipio la realización de este tipo de eventos. Luego de los trágicos incidentes, encabezó una conferencia de prensa en donde destacó el operativo de salud y apuntó a la empresa privada que estuvo a cargo del show. Más allá de las responsabilidades penales, el jefe comunal no previó los efectos secundarios de la realización de un evento que, si respetaba la habilitación, duplicaba la cantidad de personas estables que viven en Olavarría (según datos del censo realizado en 2010, poco más de 111 mil habitantes), pero que se estima llegó finalmente a cuadruplicarla.

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El 2,5% de inflación que informó el Indec para febrero, sumado al 1,8% de enero y un marzo que rondaría el 2%, se convirtió en pasto para los gremios, que van por paritarias superiores al 20%. Con estos antecedentes, se diluye la intención del Gobierno de fijar un techo en torno al 18%. Aun cuando dentro de las ofertas oficiales -por caso, la que les hacen a los docentes en provincia de Buenos Aires- sumen una cláusula gatillo para compensar incrementos por encima de lo acordado. La UOM debe arrancar abril con nueva escala salarial, por lo que el gremio solicitará apertura de paritarias esta semana: van por un 30% de suba en la nómina, según confirmó a este diario Francisco “Barba” Gutiérrez, secretario de Relaciones Internacionales de ese sindicato y de Interior de la CGT. En el Gobierno consideran al ex intendente de Quilmes como uno de los duros referentes kirchneristas dentro del espectro sindical. Pero los reclamos por encima de los deseos macristas no se circunscriben a los metalúrgicos. Los gremios ferroviarios, por caso, están citados para el 20 de este mes a debatir la cuestión paritaria: “Pediremos un 25% y un bono del 6% por lo que perdimos en 2016”, dijo Omar Maturano, el líder de La Fraternidad, a Clarín. Son cuatro gremios en total que discuten los sueldos de 40.000 trabajadores con funcionarios estatales y con delegados que representan a empresas privadas. También, obviamente, está el tema docente en danza, cuyas aspiraciones aún están lejos del 18% y se estima aceptarían cerrar en 25%. Como parte del sondeo que realizó este diario, José Luis Lingieri, titular del sindicato de Obras y Servicios Sanitarios, calculó que los pedidos estarán “en torno al 21 a 24 por ciento”. Su gremio recién discutirá paritarias en mayo y Lingieri no quiso adelantar un número porque “se evaluará el comportamiento de la economía durante estos meses”. Voceros de la UOCRA acompañaron las palabras de Lingieri, ya que su paritaria vence a mediados de abril y consideran que “la franja paritaria que discutirán irá del 20 al 25 por ciento”. El triunviro Héctor Daer, en tanto, dijo a Clarín que prevé pedidos en torno al 22 y el 25 por ciento. Con el antecedente conflictivo y judicial de lo que fue el acuerdo salarial bancario (en los casi tres meses que hubo de discusión, la Asociación Bancaria y el Gobierno se llegaron a cruzar en tribunales previo a cerrar el 16 de febrero por el 24,3% de aumento), Clarín quiso saber cuál iba a ser la postura del Gobierno ante estos pedidos que superan sus expectativas. Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que “el Gobierno sostiene que las paritarias son libres por lo que confiamos en la madurez de los representantes” pero aclararon que “no vamos a homologar acuerdos en que la unidad negociadora no esté 100% de acuerdo”. ¿Cómo sería eso? “Pongamos el caso bancario justamente, hay distintas ramas dentro de esa actividad que tienen distintas situaciones por lo que hay que buscar las formas de contemplarlos a todos”. El caso de la UOM, que está por arrancar, se vislumbra complejo. El año pasado, este sindicato había conseguido un 33% más un bono de 4.000 pesos, por lo que el pedido del 30% para 2017 no incluye compensaciones por 2016. Los datos de este sector castigado según alertan sus sindicalistas (la UOM acusa 10.000 despidos y 20.000 trabajadores incluidos en distintos regímenes de suspensión), engloban a múltiples ramas (siderurgia, electromecánica, electrónica, energía nuclear) que están representadas por más de 20 cámaras empresarias. De acuerdo a lo informado por Trabajo, será difícil llegar a un acuerdo unánime: “Hay sectores que van a poder afrontar un

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número como ese porque tienen perspectivas de crecimiento, pero hay otros que no, y es allí que vamos a tener que buscar la forma de incorporar otros mecanismos de compensación”. ¿Cuáles? “Bonos, premios por presentismo, productividad”. A propósito de la UOM, mañana habrá una reunión de los gremios más golpeados con funcionarios. Además de los metalúrgicos estarán los de calzado y textiles, entre otros. No hay grandes expectativas: “Nos convocan para dialogar pero ya adelantaron que no se tocará la política económica, entonces para qué ir”, reflexiona Gutiérrez. Y reclama: “Tiene que haber un programa que contemple protección, fomento y estímulo; aranceles para mercadería del exterior del 35%, porque con arancel cero nadie en el país puede ser competitivo”. Para el jueves, se espera otro día de tensión gremial: tras la marcha, la CGT anunciará una huelga nacional para los primeros días de abril.

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Diecisiete senadores sobre 72. La Cámara alta del Congreso es poco más que un páramo para el oficialismo. Así y todo -con excepciones como la Reforma Electoral y la boleta electrónica- Cambiemos se las ingenió para sancionar buena parte de las leyes que quería. Con ese panorama, Mauricio Macri y sus armadores políticos ponen el ojo en las ocho provincias que este año elegirán senadores. Son 24 sillas, de las que Cambiemos sólo juega tres puras (en Formosa, Jujuy y Santa Cruz) y una aliada (San Juan). BUENOS AIRES De norte a sur, cada provincia tiene su particularidad. La lógica para ordenar las candidaturas ya la planteó el jefe de Gabinete Marcos Peña tras una cumbre con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Cada gobernador tendrá autonomía para elegir a los candidatos. Falta saber si los reclamos explícitos de Elisa Carrió y Emilio Monzó para evitar que Jorge Macri sea el candidato son efectivos o en vano. “Tiene todos los boletos para ser el candidato y el compromiso de Macri, Vidal y Peña”, se resignaba días atrás un adversario del primo del Presidente. Pero el panorama cambió y está abierto. Es la madre de todas las batallas. Allí se juegan además de dos bancas, el liderazgo del Presidente, la gobernadora y muy probablemente los proyectos políticos de Macri y el de su antecesora Cristina Kirchner. Sin embargo, en Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis, La Rioja, Formosa, Misiones y Santa Cruz también se renuevan bancas. Donde Cambiemos no es gobierno, dirimirán los liderazgos locales. Queda muy poco margen para discutir nombres: habrá muy pocas sorpresas. JUJUY El gobernador Gerardo Morales elegirá a los dos candidatos, con buenas chances de asumir. Pica en punta el titular de la UCR local Mario Fiad. A la actual senadora Silvia Giacoppo se le termina el mandato. Si ella no es la elegida, su lugar en la boleta quedará para la diputada Graciela Burgos. Los candidatos del PRO solo se colarán en la lista de diputados. A Morales no lo conmueve ser uno de los mandatarios provinciales que más fondos recibió de la Casa Rosada. La división del peronismo colabora. Como el titular del PJ local era el massista Carlos Haquim, el partido fue intervenido por la conducción nacional a través del ex gobernador mendocino Celso Jaque. El ex gobernador Eduardo Fellner buscaría, en tanto, que su hermana Liliana renueve su banca. FORMOSA Podría habría interna radical. Luis Naidenoff necesita renovar su banca. Su némesis y correligionario, el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, también podría postularse. Ambos quieren gobernar la provincia en 2019. Gildo Insfrán esta vez no podrá hacer pesar su nombre en la boleta. LA RIOJA

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En la Casa Rosada pretenden que los ministros con aspiraciones en sus provincias jueguen. Sin embargo, el ministro de Defensa, el riojano Julio Martínez, no está muy convencido de ser candidato en su provincia, que visita todas las semanas y donde el gobernador Sergio Casas -¿por instrucción de su antecesor Luis Beder Herrera?- ordenó adelantar las elecciones provinciales para el 4 de junio. Casas pretende no entorpecer el triunfo de su armado y asegurar la unificación de un PJ con signos de fractura. En el Ministerio del Interior interpretan que la estrategia de Beder es que el candidato a senador sea Carlos Menem o Teresita Luna. “Si pierde, no pierde Beder, pierde Menem”, calculan. En cuanto a Cambiemos, decidirá Martínez. pero en el Gobierno creen que el ministro radical debe jugar y ganar, tras una derrota ajustada en 2015. El -aseguran- podría garantizar un triunfo. SAN LUIS A esta provincia, donde el Presidente viajó semanas atrás, ensayan un experimento audaz, que no disimulan. Quieren que el ex gobernador y delfín de los Rodríguez Saá, Guillermo Poggi, encabece la lista. El radicalismo está dividido. El titular de la UCR local José Ricardo avala la estrategia, pero Walter Ceballos -viceministro de Defensa y alfil de Ernesto Sanz- rechaza la iniciativa. El macrismo cree que el tiempo político de los Rodríguez Saá se acabó y que podría quedarse con los dos senadores por la mayoría. Por eso piensan disputar el segundo lugar de la lista. Corre con ventaja Gabriela González Riollo, joven asesora de Gabriela Michetti y ex funcionaria del Ministerio de Gobierno porteño. Puntana, tiene el ADN del PRO incorporado. Y es joven y mujer, un detalle que serviría para acabar con las aspiraciones del fundador del PRO local Luis Abdala. El tercero en discordia es el intendente Enrique Ponce, un ex kirchnerista que -según el oficialismo- no está dispuesto a jugar y regalarle un triunfo a los hermanos Saá. La imagen de Macri allí pesa. Después de Córdoba, en el balotaje fue la provincia donde más distancia le sacó a Daniel Scioli. Curiosamente hoy “el Alberto” se muestra más cerca de Cristina. MISIONES Y SAN JUAN En estos distritos, la estrategia es similar a la que Clarín relató días atrás: presentar candidatos propios y apostar a que los oficialismos provinciales -aliados- impongan candidatos potables que puedan acompañar circunstancialmente las iniciativas de Cambiemos. En la provincia cuyana, el ex massista Roberto Basualdo buscará renovar su banca, ahora dentro de Cambiemos. Senado: el Gobierno juega pocas bancas y confía en sumar en octubre Roberto Basualdo, ex massista, durante una sesión en el Senado en 2016. Quiere renovar. El macrista Eduardo Cáceres, que sueña con ser gobernador, será la cabeza de diputados. Nadie se ilusiona con ganar, aunque miran de reojo para ver si el gobernador Sergio Uñac, que podría presentar a su hermano, se atreve a enfrentar a su antecesor José Luis Gioja. Algo similar ocurre en Misiones, donde la sombra de Carlos Rovira sobrevuela el gobierno de Hugo Passalacqua, cercano al Gobierno. Humberto Schiavoni, presidente del PRO y de Yaciretá, buscaría quedarse con la banca de la minoría. El radical Luis Pastori corre de atrás. SANTA CRUZ Aquí, el radical Eduardo Costa decidirá quién lo acompaña en la boleta para enfrentar al kirchnerismo. El PRO sólo pondrá algún nombre en la lista de Diputados. En Cambiemos no descartan que -si Cristina compite en Buenos Aires- puedan quedarse con las dos bancas por la mayoría para la Cámara alta. Senado: el Gobierno juega pocas bancas y confía en sumar en octubre Eduardo Costa, diputado nacional de Cambiemos por Santa Cruz. Encabezaría para el Senado. Quiere ser gobernador. Macri intentará traccionar con su presencia y con inauguraciones en las provincias en cuestión. Por ahora sigue sin fecha la visita del Jefe de Estado a Santa Cruz, la única provincia que no recorrió ni como candidato ni como Presidente.

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Sin paritaria nacional docente, decisión que Mauricio Macri se niega a revisar, la discusión política-salarial entre María Eugenia Vidal y Roberto Baradel se convirtió en la negociación testigo para los gobernadores. Dos provincias clave, Córdoba y Santa Fe, siguen la saga bonaerense casi como una novela porque sus propias paritarias están frenadas, o tensionadas, por lo que ocurre en Buenos Aires. El cordobés Juan Schiaretti acordó el fin de semana con el principal gremio estatal un aumento de 19,5% con un régimen de controles periodicos respecto a la inflación. Falta, todavía, el trámite interno del sindicato pero en la provincia lo dan por acordado. Estaría, como dijo Schiaretti, 1,5% arriba de la inflación proyectada por Nación para el 2017 y contempla, como la mayoría de los acuerdos salariales, una cláusula gatillo para actualizar los valores si la inflación superar esos indicadores. Lo que no avanza en Córdoba es la discusión docente. Schiaretti les acercó la misma propuesta pero el gremio local está mirando lo que pasa en Buenos Aires. Desde el PJ cordobés hablan de "kirchnerización del planteo docente" por los paros nacionales y el impacto de la discusión bonaerense. En Santa Fe, Miguel Lifschitz les ofertó a los docentes una suba de 19,5% con revisiones según la evolución de la inflación, tomando como parámetro el ïndice de Precios que se mide en la provincia. Como contó Clarín, varias provincias que miden el IPC en sus territorios, detectaron inflación más baja que el registro de Capital que se tomó como referencia en 2016. Del 41% "nacional" a 33% o 34% en provincias como San Luis, Córdoba y Santa Fe. En Santa Fe vienen de dos días de paro la semana pasada y, como en Córdoba, con un inicio de clases demorado porque hubo paro 6 y 7 de marzo. Después se "normalizó" aunque están en agenda otras jornadas de paro. "No hay paritaria nacional pero la discusión bonaerense se convirtió en la paritaria nacional. Hasta que no cierre Vidal, a nosotros se los va a poner difícil", explicaron en Santa Fe. Hubo mesa de diálogo y buenas relaciones pero el el gremio local quiere ver qué pasa, primero, en Buenos Aires. Tesis: los gremios de las provincias no quieren firmar porque, advierten, Vidal puede ceder y dar 22%. En Entre Ríos, la situación es parecida y como en la mayoría de las empresas, la provincia avisa que no pagará el día que los docentes no trabajen. El gobierno entrerriano tuvo que montar un dispositivo de control porque las autoridades escolares no quieren hacer los informes sobre los docentes que no concurran a clases. Mendoza es, hasta ahora, el que avanzó con un aumento por decreto y asegura que la adhesión en los dos días de paro fue muy baja. Alfredo Cornejo, gobernador de Cambiemos, selló el año pasado un acuerdo con estatales con una suba de 17% y aplicó esa suba por decreto a los demás.

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner le propuso el año pasado a su ex jefe de Inteligencia y ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli "salir a apretar a los jueces" que llevaban causas promovidas durante su gobierno contra el ex hombre fuerte del espionaje local al que ella jubiló al final de su segundo mandato, Antonio "Jaime" Stiuso. Así surge de unas nuevas escuchas telefónicas a las líneas de Parrilli difundidas anoche por el programa La Cornisa, de América TV, obtenidas en el marco de una causa en la que el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) terminó procesado. Se trata de otras secuencias de la escucha conocida a principios de año en las que Cristina trata a su ex subordinado de "pelotudo". "Hay que salir a apretar a los jueces", le recomendó la ex presidenta a Parrilli cuando éste le enumeró las causas es las que Stiuso era investigado y le mencionó que estaban en manos de los magistrados Julián Ercolini, Sergio Torres y Sebastián Casanello. "¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo?", le preguntó la ex presidenta a su ex colaborador. "Mirá, tiene uno… A Casanello se la sacaron, la otra la tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo ver el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda", respondió Parrilli. El llamado de la ex presidenta a Parrilli ocurrió luego que ella le recomendara salir a dar entrevistas por radios afines al kirchnerismo tras la publicación de un reportaje a Stiuso en el diario La Nación el domingo 10 de julio de 2016. Las escuchas corresponden al lunes 11 y martes 12 de julio del año pasado. La intervención a los teléfonos de Parrilli había sido ordenada por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa que se le seguía al ex funcionario kirchnerista por presunto encubrimiento del narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi. Parrilli terminó procesado por ese delito y ahora discute ello en la Cámara Federal penal porteña. "¿Sabés por qué tenemos que seguir con esto? Porque ese es un personaje deleznable.Y esto que está manejando mucha porquería. Hay que salir a… ", le dijo luego la ex presidenta a Parrilli. "A pegarle, claro", respondió al actual titular del Instituto Patria, refugio político de la ex presidenta doblemente procesada por presuntos delitos cometidos durante sus dos gobiernos y a la espera de un casi seguro tercer procesamiento por parte del juez federal Claudio Bonadio en la llamada causa "Los Sauces". "Porque éste está con Macri, éste está con Macri", le insistió Cristina a Parrilli en referencia a Stiuso. El ex director general de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) le había dado ese reportaje a La Nación a apenas media cuadra del colegio al que asiste su hija más chica, Antonia, en el barrio de Bajo Belgrano. De acuerdo con las escuchas difundidas por el programa conducido por Luis Majuk, la ex presidenta y Parrilli coordinaron ese día en qué medios salir para responder al ex espía y mencionaron a los periodistas Gustavo Sylvestre, Raúl "Tuni" Kollman y Víctor Hugo Morales.

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"Yo lo que creo que hay que remarcar ahora mucho y Martin Sabbatella también lo va hacer, el hecho de que este hombre entra y sale del país, ahora se fue a Miami dicen este…", le comentó al día siguiente Cristina a Parrilli y luego de que éste le dijera que había salido al aire por el mismo tema en el canal CN23 y que La Nación publicara que Stiuso había salido del país hacia los Estados Unidos. "Ahí yo lo mandé a hablar a Martín (por Juan Martín Mena, ex subdirector de la AFI) para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación, lo citen", respondió Parrilli en referencia a Stiuso y la causa por el atentado contra la AMIA de 1994.

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Lo que integrantes del Gobierno ya habían expresado, que el fallido acuerdo del Estado con el Correo Argentino fue uno de los "errores" que causó un efecto negativo en la imagen de Mauricio Macri, fue admitido por el propio Presidente. "Ahí me equivoqué", reconoció el jefe de Estado en una entrevista con La Cornisa, el programa de Luis Majul. "Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de Arribas, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno, en ninguno, ¿está? Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad, ¿está?", dijo Macri enseguida, luego de admitir la equivocación. A su vez, ante las idas y venidas de los funcionarios sobre si había tomado conocimiento del acuerdo, el Presidente aseguró que estaba al tanto del conflicto, pero negó haber interferido. "Obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas. Yo sabía que existe un conflicto hace 12 años, lo que yo hice fue no participar en nada en la solución…", respondió Macri a una de las preguntas. En un primer momento, en un intento de blindar al jefe de Estado, desde el Gobierno sostenían que no le habían informado sobre los términos del acuerdo. Luego Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, puso en duda esa versión durante una exposición en el Congreso. "Jamás dije que el Presidente no lo conocía, dije que nunca hable con él de este tema. Es muy probable que haya sabido", dijo Aguad. "Lo sabía desde siempre. Por eso dije, dado que en la Argentina nadie tiene un cheque en blanco y la gente tiene derecho a desconfiar, por muchos años de mentira, de corrupción, que tenía que haber previsto un mecanismo especial", admitió Macri, y ahí reconoció su "equivocación". La controversia se disparó cuando la fiscal Gabriela Boquin pidió el rechazo del acuerdo por considerarlo "ruinoso, abusivo e inadmisible", con el argumento de que implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del Presidente y un perjuicio de más de 70 mil millones de pesos para el Estado. Macri, Aguad y Juan Carlos Mocoroa -director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Comunicaciones- fueron imputados por presuntas irregularidades, el Presidente salió a anunciar la suspensión del convenio y el Gobierno presentó la semana pasada los dos decretos simples con los que buscará evitar posibles conflictos de interés que involucren al Presidente, otros funcionarios, sus familiares y amistades.

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Fue una semana convulsionada. Al paro docente que impidió el correcto inicio de las clases en gran parte del país se le sumó su respectiva marcha del lunes, la de la CGT el martes y la movilización por el día Internacional de la Mujer el miércoles. Aún así, el índice de optimismo elaborado por Management and Fit (M&F) para Clarín lanzó que, siguiendo la tendencia del último relevamiento, la imagen política del Gobierno nacional subió (0,6), mientras que la económica también aumentó levemente y se mantuvo estable (0,1). En el ámbito político, las variables que más mejoraron fueron las relacionadas a las perspectivas de lo que vendrá: tanto la "situación política a futuro", como el "liderazgo político del Presidente a futuro" aumentaron un punto. En contraposición, la percepción de los encuestados sobre la "situación de política actual" disminuyó 0,9 puntos. Al respecto, Juan Pablo Hedo (M&F) explicó: "La semana pasada fue complicada para el gobierno con marchas, paros y manifestaciones, razón aparente de por qué el optimismo respecto a la situación política no logra remontar desde hace ya dos semanas". Mientras que desde la perspectiva económica, la situación es similar. "Las expectativas futuras compensaron la caída en la confianza actual sobre la economía del país", analizó el consultor Hedo. Sucede que el "índice de confianza económica" disminuyó 0,8, con un fuerte retroceso en las variables de la percepción sobre el empleo actual (-1,5) y la de los precios (-1.2). El Gobierno teme que la inflación termine siendo mayor a la prevista, y por eso, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció que "no va a haber variaciones" en las tarifas de transporte público. Así, buscan no alimentar la incipiente suba de precios.

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Pero tal como viene sucediendo desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, las expectativas a futuro siguen siendo altas y ayudan a mantener la imagen. Creció 1,2 puntos la percepción sobre los precios a futuro, como así también aumentó 1,1 la variable sobre que los ingresos también mejorarán.

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En un margen de tres semanas para evitar o neutralizar el impacto del paro general que la CGT prevé activar entre el 4 y el 6 de abril, el Gobierno define una serie de medidas para negociar con los sindicatos. La estrategia oficial tiene varias aristas. Desde un proyecto de ley para fomentar la industria nacional hasta un incremento del auxilio financiero y exenciones impositivas a sectores en crisis. También prevé un mayor intervencionismo estatal en las negociaciones salariales del sector privado, garantizando la eventual reapertura de las paritarias en caso de que la inflación supere el porcentaje acordado entre el gremio y la cámara empresaria. Así surge de un borrador que preparan los ministerios de Trabajo y de Producción, cuyos principales puntos fueron adelantados a LA NACION por fuentes oficiales. El conflicto con los docentes, en tanto, lo manejan cada distrito y el Ministerio de Educación. En línea con estas medidas, surgió la determinación de Mauricio Macri de postergar los aumentos de las tarifas y moderar el plan de ajuste. Hay una intención netamente electoral, pero también económica: el Presidente quiere evitar un repunte inflacionario antes de las elecciones legislativas y de las paritarias de los sindicatos más poderosos, que negocian salarios entre abril y agosto. Otra señal fue la reglamentación de la ley de emergencia social, que se concretó el viernes último. La normativa, aprobada por el Congreso al cierre de 2016, destinará 30.000 millones de pesos en tres años para las agrupaciones sociales, que actúan en tándem con la CGT. El plan oficial para contrarrestar el paro se refuerza además con un eslogan: diálogo permanente. Las iniciativas que impulsa el Gobierno, sin embargo, no serían suficientes para forzar una tregua con los gremios. "Hacen falta hechos concretos. Una normativa o decreto presidencial para detener los despidos y las suspensiones, y una marcha atrás en la política de importaciones y quita de aranceles a determinados productos. Hasta es necesario que ruede alguna cabeza del gabinete", dijo a LA NACION Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Entre mañana y el miércoles, los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Francisco Cabrera (Producción) recibirán a los gremios industriales que más sufrieron los coletazos de la apertura de las importaciones y de la crisis brasileña. Desfilarán por los despachos oficiales los metalúrgicos de la UOM, mecánicos del Smata y referentes de la industria textil y del calzado. Son, casualmente, las actividades más favorecidas por los fondos del Programa de Recuperación Productiva (Repro), un plan de contingencia por el cual el Estado nacional subsidia parte del salario de los trabajadores que se encuentran en empresas cuya situación es crítica. Triaca confía en trabajar con la UOM y el Smata la letra chica de un proyecto de ley que favorecerá a los proveedores nacionales. Con el sector de textiles y calzado buscará coordinar un mecanismo de regularización laboral a través de beneficios impositivos. Una suerte de blanqueo laboral, pero con la lupa puesta en estas dos actividades. Sin embargo, los jefes de los cuatro gremios en cuestión no son optimistas acerca de lo que pueda surgir en las reuniones y ya dieron el visto bueno en la CGT para avanzar con el paro de abril. La tensión con el Gobierno hasta podría acelerar el posible regreso a la CGT de Ricardo Pignanelli, del Smata.

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Otro ministerio que activó a su equipo en función del eventual paro es el del Transporte. Hace casi un mes, cuando la amenaza de huelga ya estaba latente, el ministro Guillermo Dietrich convocó a todos los gremios del sector con la excusa de exhibir los avances en la gestión e informar acerca del plan de inversiones para los próximos años. Los edulcoró diciendo que su organismo será el más beneficiado en fondos para obra pública entre 2017 y 2018 y con su plan de infraestructura, que contempla fuertes inversiones en el sector ferroviario, sobre todo en el transporte de cargas. Dietrich insistirá en su mensaje con dos gremios que podrían sentenciar la viabilidad del paro: los colectiveros de la UTA y los maquinistas de tren de La Fraternidad. Sus jefes, Roberto Fernández y Omar Maturano, respectivamente, garantizaron puertas adentro que adherirán a la huelga que convoque la CGT. Fernández y Maturano dependen de los subsidios estatales. La UTA perdió recientemente un auxilio importante por la competencia aérea. Pero a través de la justicia laboral le llegó una buena noticia: revocaron la personería gremial de los metrodelegados y la UTA sigue teniendo la representación colectiva en el subte metropolitano. Fernández necesitará ahora del macrismo para no volver a perder el subte a manos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, uno de los brazos más vigorosos de la izquierda sindical. En forma paralela, otros dirigentes de la CGT mantienen negociaciones subterráneas para que se agilice la entrega de fondos para las obras sociales sindicales, la caja que garantizó la tregua con el Gobierno durante 2016. ¿Contra el cambio? El editor En el Gobierno están convencidos de que detrás del endurecimiento de los reclamos salariales hay una estrategia política dirigida a dañar las posibilidades electorales del oficialismo en octubre; reconocen igualmente la situación difícil que atraviesan algunos sectores y no niegan el impacto de la inflación en el bolsillo de los trabajadores. Pero en la Casa Rosada se aferran a la idea de que lo peor ya pasó y de que el recrudecimiento de la protesta ocurre a destiempo. En esa idea anclan una consigna que debe ser leída en clave electoral: la conflictividad guarda relación directa con la idea de cambio que propone el Gobierno. Y por lo tanto quienes protestan lo hacen porque se oponen a ese cambio. Es un reduccionismo. La realidad seguramente está en algún punto entre el cálculo político y las necesidades concretas de muchos.

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Hay una estrategia sin pausa para impedir que el Gobierno cumpla con sus objetivos y la responsabilidad es del kirchnerismo. Así lo definió ayer el presidente Mauricio Macri, quien afirmó que "el kirchnerismo sistemáticamente pone palos en la rueda a todo" lo que hace el Gobierno. "Me queda claro", enfatizó el mandatario. Cauteloso, no fue más allá. Cuando se le preguntó si su antecesora Cristina Kirchner está detrás de "un intento de desestabilización del Gobierno" Macri respondió que él no iba a hacer "semejante nivel de acusación". En una entrevista transmitida anoche en La cornisa, programa conducido por el periodista Luis Majul, el Presidente también habló de la pobreza, del conflicto docente, de la polémica por el acuerdo del Estado con el Correo Argentino, de la política económica y del aumento de los niveles de pobreza en lo que va de su gestión. En medio de un conflicto docente que se extiende y que por ahora no ofrece una solución a la vista, el mandatario vinculó a Roberto Baradel, el jefe del sindicato docente Suteba, con el Frente para la Victoria (FPV). "Es parte del kirchnerismo", sostuvo sobre el gremialista, que lidera la negociación paritaria con el gobierno bonaerense. La corrupción también fue tema de conversación en la entrevista, y la polémica en la que quedó envuelto el mandatario por el acuerdo por la deuda con el Correo Argentino no quedó afuera. "Obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas. Yo sabía que existe un conflicto desde hace 12 años. Lo que yo hice fue no participar en nada en la solución", afirmó Macri. Y agregó: "Dado que en la Argentina nadie tiene un cheque en blanco y que la gente tiene derecho a desconfiar, por eso [después de] muchos años de mentira, de corrupción, tenía que haber previsto un mecanismo especial. Me equivoqué". El mandatario aprovechó el momento para defenderse de las acusaciones de supuesta corrupción que recibió su gobierno, no sólo por el caso de la empresa postal, sino también por los Panamá Papers, la denuncia contra el jefe de la inteligencia, Gustavo Arribas, y la llegada de Avianca al mercado aerocomercial argentino junto con otras empresas low cost. "Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de Arribas, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno. ¿Está? Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad, ¿está?", sentenció. Además, Macri se refirió a la caída en la imagen de su gestión en las encuestas de opinión y su posible impacto en las elecciones legislativas de este año. "Falta muchísimo. Muchos de los que hoy opinan fueron gobierno y no se hacen cargo de nada. ¡Un mínimo de autocrítica!", exclamó. "A todos ellos", respondió, en tanto, cuando Majul le preguntó si hablaba de Sergio Massa o de Florencio Randazzo. También se refirió a su aliada de Cambiemos Elisa Carrió. Le destinó elogios, pero al mismo tiempo marcó diferencias. "Muchas veces dice cosas que siento no están fundamentadas", dijo. Y con respecto a su otro socio Ernesto Sanz, desmintió que se esté evaluando darle al ex senador radical un lugar en el gabinete.

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Por otro lado, el líder de Pro también habló de las medidas que tomó desde que asumió el poder para sincerar la economía y el impacto que ello tuvo en el bolsillo de la población. Según dijo, los pasos que se dieron fueron evaluados teniendo en cuenta las consecuencias que pudieran tener. "Cada decisión que he tenido que tomar que significa un esfuerzo adicional para la gente lo he evaluado, lo he pensado, me ha dolido, pero lo he hecho [porque] estoy convencido de que esto es mejor para todos. Que esto va a ser futuro. No más que me regalen presente y me roben el futuro, que es lo que nos han hecho durante muchos años", sostuvo el mandatario. En ese sentido, Majul le preguntó por los índices de pobreza en el país, luego de que el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que 1,5 millones de personas cayeron debajo de la línea de pobreza en 2016. Macri justificó los datos y alegó que la suba del índice se debió a la "inercia" de varios años de crecimiento de la pobreza y al sinceramiento de la economía. "Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa y dijo cuántos eran los pobres en la Argentina. Y hay que tener en cuenta que venimos de una tendencia, entre 2011 y 2016, de aumento sistemático de la pobreza. En 2016 la inercia nos llevó al punto en el que estamos hoy, que es el punto de partida", sostuvo. En ese sentido, Macri afirmó que lo "único" que hizo su administración fue "sincerar cosas que estaban ocultas". Además, el Presidente ratificó su postura sobre los objetivos de su gobierno en cuanto a la pobreza. "Lo ratifico hoy acá. A mí, la primera cosa por la cual quiero que se evalúe mi presidencia es si puedo o no reducir la pobreza. Antes de hablar de otros temas, lo primero es eso."

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El presidente Mauricio Macri se refirió al recital del Indio Solari en Olavarría, donde fallecieron dos personas, y al respecto consideró que una tragedia de esas características sucede "cuando uno pasa por arriba de las normas". "Tiene que ver con que entendamos este cambio que hemos emprendido, este cambio cultural, que cuando hay normas, y dicen ´tanta gente puede entrar a un lugar´...por ahí son antipáticas, ¿no? Muchas cosas a veces resultan antipáticas. Esto es lo que sucede cuando uno pasa por arriba de las normas", analizó Macri. El mandatario nacional rompió el silencio que primaba en el oficialismo sobre la desgracia acontecida durante el multitudinario show a partir de una avalancha humana. Para el jefe de Estado, el apego a las normas debe ser un precepto a seguir "en todos los órdenes de la vida", al evaluar que el hecho de "saber ponerse límites" puede conducir a un porvenir más promisorio. "Creo que hay que aplicarlo en todos los órdenes de la vida, a veces el saber ponerse límites nos genera oportunidades mayores, un futuro mejor", afirmó. Y agregó que "lo contrario puede terminar en tragedia como terminó ayer", lo cual a su entender "sucede cuando el voluntarismo en la mala expresión nos gana". En declaraciones al canal América, el mandatario dijo que se siente "muy triste" por la tragedia y le envió su pésame a los familiares de las víctimas fatales, que murieron tras sufrir un paro cardíaco.

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El Gobierno apostó con todo al gradualismo para intentar ganar las elecciones legislativas en octubre, aún a riesgo de que las empresas demoren las inversiones. El sector energético no es una excepción, ya que el ministro Juan José Aranguren aseguró ayer que el gas aumentará entre 30% y 40% promedio desde el próximo 1º de abril. En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario comentó: "A fin de este mes se van a anunciar los nuevos cuadros tarifarios que van a regir al partir del 1º de abril y las subas, en promedio, van a estar en el orden del 30% o 40%". Ya durante la semana Aranguren había anunciado que dividirá los incrementos en transporte y distribución en tres tramos, a aplicarse desde el próximo mes, en noviembre y en abril de 2018. Y el viernes pasado ratificó en una nueva audiencia pública que aumentará un 10% en promedio el precio del gas mayorista. "Pretender que la energía es barata y que la vamos a pagar al 20% de lo que cuesta producirla no es gratuito para los argentinos", dijo el ex Shell. "Eso se paga con inflación", consideró el viernes cuando habló del mismo tema en el Teatro de la Ribera. De esa manera justificó la progresiva quita de subsidios que implementará el Estado. Desde octubre del año pasado, las arcas estatales sostienen el 50% del precio de las boletas de los usuarios residenciales. A partir del mes que viene, el Estado nacional se hará cargo solamente del 44%. Pese a la voluntad manifiesta del Gobierno de dar señales positivas a las empresas en materia de tarifas, la situación económica y social obligó a recalcular. Los comentarios de Aranguren fueron en la misma semana de marchas sindicales, de docentes y de mujeres, con datos elevados de inflación en febrero (2,5%) y de pobreza. Se entiende que no es momento de recalentar los humores e impulsar más inflación, que sepultaría definitivamente la meta del 17% como máximo. Por todo esto, mientras representantes de algunas compañías dijeron que prefieren "esperar" hasta que se informen oficialmente los nuevos precios, otros ya expresaron su malestar. Es el caso de Hugo Vivot, especialista en energía y director de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que afirmó: "Si bien el transporte de gas tiene una incidencia mínima en la factura final al usuario residencial (menos de un 5%), si se postergan las subas se podrían demorar nuestras inversiones". TGN pidió en la audiencia pública de diciembre un aumento del 197%, según Vivot. De todas formas, y aunque también se establecieron topes para que las facturas mayores a $ 250 finales no tengan incrementos superiores a 300% respecto al mismo período de 2016, Aranguren cosechó el viernes críticas de distintos defensores del pueblo y representantes de asociaciones de consumidores. Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pidió: "Los aumentos tienen que ir a la par de las paritarias. Queremos la eliminación del cargo fijo y dividir también en tres esta suba (del precio del gas en boca de pozo)". Su par en la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, criticó: "Queremos que esto sea un ámbito real y no solamente formal de discusión, si ya está decidido todo".

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Una muestra más del gradualismo tarifario que eligió el Gobierno para este año se encuentra en que Aranguren definió subir los umbrales de consumo para la categoría residencial más baja (R1) en la provincia de Mendoza, Bahía Blanca y otras 25 localidades. El tope pasará de 600 metros cúbicos (m3) mensuales a 900 m3/mes, con lo que se evitarán quejas de algunas de las ciudades más frías del país por el ajuste en las facturas. "Decir la verdad" fue otro de los ejes de Aranguren ayer en su participación radial: para él, sincerar la economía "tiene su costo".

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La obra pública busca encontrar su ritmo durante este año. El quiebre de los llamados a licitación y las readecuaciones de precios hicieron que en 2016 el sector mostrara poco entusiasmo. Pero el año electoral y la necesidad de la administración de Cambiemos de empezar a mostrar rápidamente números positivos está acelerando las licitaciones. Esto queda demostrado en los llamados a licitación que se registraron en los tres estadíos de la administración pública municipal, provincial y Nación en donde 519 convocatorias para licitaciones, un promedio de 29 por día hábil, por un total de 13.191 millones de pesos. Así se desprende del trabajo realizado por Construar que releva los tres distritos y en donde también se señala una caída en los montos respecto de enero ($ 16.819 millones) Sin embargo, medido en montos el acumulado de los dos primeros meses de 2017 $ 30.010 millones implica un aumento de 242% respecto a igual bimestre del año pasado cuando los llamados sumaban apenas 8768 millones de pesos. Además, el dato es alentador si se tiene en cuenta que durante el primer semestre del año pasado se realizaron licitaciones de obras públicas por un monto de $ 48.662 millones, un promedio de $ 8110 millones por mes. El trabajo realizado por Construar señala que en el primer bimestre del año la provincia de Buenos Aires licitó obras por $ 7648 millones, seguido por Córdoba con $ 5469 millones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $ 3608 millones. El único de los 25 distritos del país que no realizó ningún llamado durante los dos primeros meses fue la provincia de Misiones. Pero mientras las licitaciones se van acumulando mes a mes en el sector privado de las grandes constructoras siguen esperando. "No podemos vivir de rutas" afirmó un ejecutivo de una de las grandes empresa constructora del país. La apreciación de este contratista se debe a que se observa un fuerte crecimiento en tres sectores de la obra pública que, según explicó un especialista a El Cronista "hoy está repartida principalmente en rutas y cloacas en la provincia de Buenos Aires y escuelas, pero en este caso están más repartidas en la totalidad del territorio". Las grandes obras de ingeniería las represas del sur o el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, por ejemplo fueron licitadas en la gestión anterior. Respecto a este punto, el viernes pasado este diario publicó en el suplemento 3D que "En el primer mes de 2017 las obras públicas viales crecieron un 74% respecto de enero de 2016, con fuertes incrementos en las transferencias a provincias". Esto también se traduce en las obras más importantes que se licitaron, según su monto, en febrero pasado. Según el trabajo de Construar, durante el mes pasado las obras se repartieron de manera equitativa entre las diferentes tipologías. Fueron licitadas obras viales por $ 4534 millones, obras de ingeniería por $ 3705 millones y, finalmente, obras de arquitectura por $ 4951 millones.

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Si bien la actividad económica comenzó a mostrar a fin del año pasado cifras positivas, no lo está haciendo de la mano del consumo, que sigue en rojo y sin perspectivas de mejora, al menos en el corto plazo. Tras haber cerrado un 2016 muy negativo, tendencia que se confirmó durante el primer mes de este año, febrero volvió a mostrar un panorama desolador para las empresas de consumo masivo y las cadenas de supermercados y pequeños almacenes. De acuerdo con datos relevados por la consultora Scentia, que dirige Osvaldo del Río, el mes pasado la contracción en el consumo trepó al 6,6% respecto del mismo período del año pasado, lo que generó un primer bimestre con una merma acumulada del 5,6%. "Seguimos considerando que en abril podría comenzar a observarse una estabilidad versus el año pasado. El volumen logrado en 2016 podría ser la nueva base del consumo", afirmó Del Río, al aclarar que la pronunciada baja del mes pasado se explica, en parte, porque febrero de 2016 tuvo un día más. De no haber habido esta diferencia, la caída habría sido algo menor a la de enero, aclaró el analista. El informe denota fuertes bajas en todos los rubros. El de bebidas sin alcohol es el que mostró una merma más pronunciada, con una baja de 10,9% respecto del mismo mes del 2016 y una caída acumulada en el primer bimestre de 8,2%. Fuentes de una importante empresa de bebidas confirmaron que la tendencia sigue muy negativa, aunque algo mejor que el año pasado. Sucede que en este sector, el agua es el reemplazo natural cuando los consumidores necesitan ajustarse. También cayó fuerte el rubro de productos de limpieza y hogar, cuyas ventas en supermercados y almacenes disminuyó 9,7% en febrero y 7,3% en el acumulado del año. Le siguieron los "perecederos y fríos" y los de higiene y cosmética, con bajas de 7,1% y 6,7% respectivamente. El rubro Alimentos es uno de los que menos se derrumbó, con una baja de 3,2%, pero el que se vio menos afectado por la retracción del consumo fue el de bebidas con alcohol, que mostró una contracción de apenas 0,8% en febrero y de 1,7% en el bimestre. Del Río aclaró que este rubro "observa una desaceleración de la caída producto de que la base de 2016 ya estaba afectada, especialmente por los vinos". Según el informe, las transacciones sufrieron una caída del 6,9% y las grandes superficies denotan la peor contracción en 13 meses, con una baja en la cantidad de operaciones del 11,6%. Los comercios de cercanía tuvieron una baja de 4,5%. Arrancó el 2017 sin recuperación del consumo, con caída en todas las canastas (entre 3% y 4% de retracción) y en todos los niveles socioeconómicos. "Pero no sólo empezó mal, sino que nos cuesta ver hacia adelante; hay mucha incertidumbre", afirmó el directivo de una importante empresa alimenticia. Confía en que los salarios le ganen a la inflación este año y eso haga repuntar las ventas, pero no se mostró demasiado optimista.

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El directivo consultado agregó que "se rompieron las lógicas históricas del consumo", que establecían que en épocas de ajuste se deja de vender lo más caro, pero lo más económico da pelea y las categorías básicas, como la de fideos por ejemplo, vuelan. "Ahora todas están cayendo. A las marcas les cuesta crecer", explicó. Desde el supermercadismo confirmaron los datos y la tendencia y anticiparon que no ven buenas perspectivas para marzo y abril. Incluso, el rubro electrodomésticos, que las consultoras de consumo masivo no miden, registró una pésima performance en febrero, con bajas que alcanzan al 30%, dijo una fuente del sector. A pesar o como consecuencia, dicen en el sector de la aplicación del plan Precios Transparentes, que obligó a los comerciantes a discriminar el precio contado del financiado. Si bien hubo algunas bajas por abonar en efectivo, débito o crédito en un pago, en la mayoría de los casos hubo importantes recargos para comprar en cuotas. En una de las principales cadenas afirmaron que "hubo una fuerte caída en la categorías de aguas saborizadas y artículos de limpieza y tocador, mientras que las de productos básicos están estancadas".

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Como ya hizo en el foro de Davos el presidente de China, Xi Jinping, Cuba sumó su voz a la de los países que se oponen al proteccionismo que Donald Trump quiere para EE.UU. El canciller del país comunista, Bruno Rodríguez, advirtió el viernes en una cumbre caribeña celebrada en La Habana del “peligro de que se implante un proteccionismo comercial extremo”. “La implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático está amenazada, se estimula la criminalización y deportación de nuestros nacionales, cuyos derechos humanos son frecuentemente violados”, dijo también Rodríguez en su bienvenida a los líderes de la V Reunión Ministerial con los miembros de Caricom, una alianza de países del Mar Caribe. Cuba se suma a China y critica el proteccionismo comercial extremo El canciller cubano, Bruno Rodríguez, habla en la Inauguración de la V reunían Ministerial de la Comunidad del Caribe (Caricom) con Cuba el sábado 11 de marzo del 2017, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa) Sin mencionarlas, Rodríguez se refería a las políticas anti inmigrantes de Trump cuando subrayó que la persecución por motivos religiosos o raciales está en aumento y al decir que “levantar muros” no resolverá los problemas de “pobreza, efectos de las catástrofes climáticas ni el injusto orden internacional que son, entre otras, las causas de las migraciones”. Su defensa del librecomercio recuerda a la de Xi en enero en Suiza y también a la del primer ministro chino, Li Keqiang, que a principios de marzo cargó contra las barreras comerciales frente a 5.000 funcionarios y miembros del Partido Comunista en el congreso de su país. “Nos opondremos al proteccionismo en todas sus formas”, dijo. En un mundo que se fragmenta, el canciller cubano también defendió el viernes la vigencia de la Celac (una alianza de países de la región latinoamericana que incluye a los pequeños Estados insulares del Caribe anglófono)como un “mecanismo indispensable, legítimo, unitario y diverso de concertación política”. Pese a las reformas iniciadas en 2007 por Raúl Castro las perspectivas económicas en el corto plazo no son buenas. Las proyecciones son de estancamiento o leve caída para el PBIde 2016 y una baja mayor en 2017. El turismo sigue siendo la apuesta más segura: de 3,5 millones de turistas en 2015 pasó a unos 4 millones en 2016.

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El aviso de abrocharse los cinturones ya fue encendido: Brasil se aproxima a una nueva zona de severas turbulencias. Pasado el relajo del Carnaval, la justicia electoral avanzó en los últimos días a toda velocidad para juzgar cuanto antes una demanda que podría acabar con la anulación del mandato del presidente Michel Temer y sumir al país en otro período de inestabilidad e incertidumbre como el que atravesó el año pasado durante el proceso de impeachment a Dilma Rousseff. Desde hace un año y medio, el Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene en análisis la causa por presunto abuso de poder político y económico en la campaña de la fórmula Rousseff-Temer en los comicios de 2014, que llevó a la reelección de la dupla de los entonces aliados del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Con la aprobación, a fines del año pasado, del acuerdo de delación premiada que firmaron con la Justicia 77 ex ejecutivos de la compañía Odebrecht condenados por sobornos en el esquema de corrupción de Petrobras, los arrepentidos empezaron también a brindar pruebas de las donaciones no declaradas que hicieron a campañas políticas, y por ende del supuesto financiamiento ilegal de la fórmula Rousseff-Temer. El juez del TSE a cargo del caso, Herman Benjamin, pasó las últimas semanas tomando declaraciones a los ex ejecutivos de Odebrecht -entre ellos el ex presidente de la corporación Marcelo Odebrecht-, varios de los cuales revelaron que la empresa aportó unos tres millones de dólares al PMDB en la campaña de 2014 por expreso pedido de Temer, además de otros montos al PT. Según los arrepentidos, ese dinero nunca fue declarado a la justicia electoral (práctica apodada "Caja 2"), aunque Temer y el PMDB aseguran que sí. Benjamin ya ha adelantado que pretende juzgar el caso entre marzo y abril; él elaborará un informe y luego los siete magistrados del TSE tendrán que decidir si hubo o no financiamiento ilegal de la campaña. Como Dilma quedó fuera del escenario tras su destitución por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas, quien tiene todo para perder ahora es Temer. "Nunca antes hubo una acción contra una fórmula presidencial que haya llegado tan lejos, con tantos elementos que apuntan a la posible anulación del mandato. El riesgo de que Temer quede fuera del poder es real", apuntó a LA NACION Silvana Batini, profesora de Derecho Electoral de la Fundación Getulio Vargas y miembro del Ministerio Público Federal. Irónicamente, la demanda contra la fórmula Rousseff-Temer fue presentada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), derrotado en el ballottage de octubre de 2014, pero hoy principal socio de la coalición que sostiene a Temer. De comprobarse el financiamiento ilegal de aquella campaña, Brasil entraría en un nuevo remolino político. Como no hay vicepresidente, asumiría el poder interinamente el presidente de la Cámara de Diputados (Rodrigo Maia, del partido Demócratas, aliado del gobierno) hasta que sea elegido un sucesor. Y como ya pasó la primera mitad del mandato actual (plazo que se venció el 31 de diciembre de 2016), la Constitución prevé que la elección sea indirecta; es decir, que el Congreso, reunido en sesión unicameral, elija al encargado de completar el presente período presidencial hasta las elecciones generales de octubre de 2018. "Los diputados y senadores tendrían un plazo de hasta 30 días para elegir al nuevo mandatario. Pueden elegir a cualquiera de sus miembros o a cualquier persona fuera del Congreso que reúna los requisitos para ser presidente", explicó el constitucionalista Leonardo Vizeu, de la Orden de Abogados de Brasil. "Con el desprestigio que tiene el actual Congreso, la mejor solución sería alguien que no forme parte del

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viciado juego político brasileño, sin filiación partidaria. Tal vez alguien del mundo empresarial, un buen gestor que conduzca al país hasta las elecciones de 2018", opinó. ¿Qué sucedería mientras tanto con la economía brasileña, que después de dos años de la peor recesión de su historia está empezando a exhibir algunos brotes verdes? "El apartamiento de Temer produciría un shock de incertidumbre política que contaminaría toda la economía", vaticinó el analista Rafael Cortez, de la consultora Tendencias. "En su visión economicista, hoy el mercado no tiene esa posibilidad en su radar, pero el riesgo es mucho mayor de lo que se piensa. Ni los actores económicos ni los políticos ejercen presión en ese sentido, pero lo que definirá todo es el proceso en la justicia electoral", agregó. Dentro y fuera del TSE la defensa de Temer puso en marcha varias estrategias de contención. Por un lado, frente al juez Benjamin ha alegado que el actual presidente jamás discutió cifras con los empresarios de Odebrecht y que cualquier "donación" irregular fue hecha sin el consentimiento del entonces vicepresidente. Además, ante la posibilidad de que los métodos de recaudación de Dilma comprometan también a Temer, pidió separar las cuentas del PMDB de las del PT. Y en todo momento buscó atrasar el proceso para postergar una decisión del TSE. "El gobierno sabe que lo que sale a la luz en el TSE, alimentado por la delación premiada de Odebrecht, no pinta bien y está desplegando maniobras para desactivar esa bomba", indicó Paulo Calmon, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia. La justicia también es consciente de todo lo que está en juego, de los estragos que provocaría en el país la caída del segundo presidente en menos de un año. Pero con la alta impopularidad de Temer y el amplio apoyo de la sociedad a la "depuración" iniciada por la operación Lava Jato, la opción de permanecer inmóvil o de absolver al actual mandatario no sería bien recibida en las calles. Unos 200 políticos, en la mira de la justicia RÍO DE JANEIRO.- Se espera que a partir de hoy el procurador general de la república, Rodrigo Janot, envíe al Supremo Tribunal Federal (STF) los primeros pedidos de investigación o demandas concretas contra legisladores y ministros citados como beneficiarios de sobornos en el acuerdo de delación premiada firmado con la justicia por 77 ex ejecutivos de la compañía Odebrecht. En la Corte, el juez Luiz Edson Fachin analizará las solicitudes y podrá determinar el levantamiento del secreto de sumario que pesa sobre el caso. La expectativa es gigantesca, tanto que se habla del "tsunami Odebrecht". Según las filtraciones, se calcula que unos 200 políticos con foro privilegiado, de todos los partidos, fueron acusados