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AO 14 N. 154AGOSTO de 2013

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2 LA REVISTA AGRARIA / 154

precios internacionales

agroDATAAGROdata

Importante nfasis ha tenido la inversin en infraestructura

vial, sobre todo desde 2003, como un mecanismo casi in-discutible de la integracin regional y de la descentralizacin

econmica, que, finalmente, se traducen en un desarrollolocal, provincial y regional. En realidad se han alcanzado

estos objetivos? Hay indicios de un desarrollo descentrali-

zado y no solo de Lima?Luego de que el proceso de descentralizacin entrara en

vigencia con la formacin de los gobiernos regionales en 2003,

es innegable el notorio incremento de la inversin efectiva eninfraestructura vial, sobre todo en el interior del pas (ver grfi-

co 1). Hemos desagregado en dos la inversin total: Lima y el

resto de regiones, para corroborar si el nfasis en inversinvial ha contribuido a la descentralizacin econmica1.

Una manera de medir el nivel de actividad econmica es elPBI real. Hasta 2003, el PBI del centro y el de la periferia pare-

can converger (ver las lneas granate). Despus de 2003,

paralelo a una mayor inversin vial en las regiones, el PBI deLima y el del resto de regiones entran en un periodo de diver-

gencia (las lneas granate se separan), producto de un creci-

miento del PBI casi exponencial de Lima, frente a uno msmodesto y constante de las regiones. Luego viene un periodo

de crisis (2008-2009), razn de las inflexiones de las curvas

del PBI2. Desde 2009 a 2011, se viene fortaleciendo an msla divergencia, al mismo tiempo que se dispara la inversin

vial regional. En resumen, cuando menor era la inversin vial

(2001-2003), los PBI del centro y de la periferia tendan a con-verger; en contraste, cuando mayor es la inversin vial (2003-

2011), los PBI del centro y de la periferia son divergentes.Para complementar el anlisis, comparamos un indica-

dor de desarrollo humano (IDH) con la inversin vial (ver

cuadros 1 y 2). Lima y Arequipa son los nicos departamen-tos en donde un alto IDH est acompaado de una fuerte

inversin vial (ambos estn dentro de los seis primeros pues-

tos en los rankings de inversin y de IDH). Los dems depar-tamentos dentro del ranking de inversin vial no figuran den-

tro de los seis primeros en el ranking de IDH, e incluso algu-

nos de ellos pelean los ltimos lugares en este ltimo ran-king (Apurmac, Puno, etc.).

Por tanto, una mejor infraestructura vial no es sinnimo de

descentralizacin econmica. Aun cuando la mejora en la

infraestructura vial juegue un rol importante en la integracinregional en la medida en que disminuyen los costos de

transporte, hay indicios de una mayor concentracin eco-nmica, puesto que los PBI reales del centro y de la periferia

divergen en el tiempo, creando condiciones desiguales en-tre regiones; condiciones que, finalmente, se evidencian

en particular con las brechas urbano-rurales en salud3,

educacin4 y en general con la existencia de algunosdepartamentos que, a pesar de haber invertido mucho en

infraestructura vial en los ltimos aos, sin embargo ocupan

los ltimos lugares en IDH.

Notas1

Descentralizacin econmica es sinnimo de descentralizacin de la activi-dad econmica.

Infraestructura vial y descentralizacin

econmica: alcanzables al mismo tiempo?Miguel ngel Pintado

Grfico 1. Inversin en infraestructura vial y PBI en el centro (Lima)y la periferia (resto de regiones)

Fuente: INEI, MEF. Elaboracin: Cepes.Nota: El PBI est medido a precios constantes de 1994.

2 En este periodo la inversin vial no decae, en parte porque los proyectos eneste sector no son de corto plazo ni exclusivamente pblicos (concesionesautosostenibles y cofinanciadas), y tambin por el hecho de que, en crisis,una poltica adecuada es incrementar el gasto pblico.

3

Ver agrodata, LRA 150.4 Ver agrodata, LRA 152.

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2 001 20 02 2 00 3 2 00 4 2 00 5 20 06 2 00 7 2 00 8 20 09 2 01 0 2 01140,000

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110,000

Millones de solesconstantes

Inversin vial centro

Inversin vial periferia

PBI centro (eje derecho)

PBI periferia (eje derecho)

Millones de solesconstantes

Cuadro 1: Ranking trienal* de departamentos con mayor inversinen infraestructura vial (en millones de soles)

Pos. 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012

1 Lima Lima Cusco Cusco(235.1) (187.4) (345.5) (1,012.6)

2 Apurmac ncash Amazonas Cajamarca(98.3) (107.4) (315.5) (546.0)

3 San Martn Junn Madre de Dios Lima(79.4) (97.5) (259.6) (474.6)

4 Arequipa Ucayali Lima Puno(63.2) (90.5) (221.1) (458.4)

5 Cusco Cajamarca San Martn Ayacucho(56.9) (90.5) (176.5) (439.9)

6 Puno Cusco Ucayali Amazonas(49.9) (84.5) (158.0) (380.2)

Fuente: MEF, PNUD. Nota: *Se analizan periodos trienales, para evitar sesgos por ladiferencia entre ao calendario y ao poltico, y por la estacionalidad del gasto.

Fuente: PNUD. Nota. Entre parntesis, el valor del IDH que obtuvo el departamento,donde 0 es la calificacin ms baja y 1 es la ms alta. Este cuadro posee la informacin

ms actualizada (2007) de IDH departamental otorgada por el PNUD.

Cuadro 2: Ranking departamental de acuerdo con el ndice de Desa-rrollo Humano, 2007

Po s. 1 - Po s. 6 Po s.7 - Po s.12 Po s.13 - Pos .18 Po s.19 - Pos .24

1.Lima 7.M. de Dios 13.Piura 19.Hunuco(0.678) (0.63) (0.598) (0.566)

2.Moquegua 8.La Libertad 14.San Martn 20.Cajamarca(0.653) (0.621) (0.590) (0.563)

3.Ica 9.Lambayeque 15.Loreto 21.Ayacucho

(0.6528) (0.62) (0.5893) (0.5617)4.Tumbes 10.Ucayali 16.Pasco 22.Puno

(0.649) (0.602) (0.5892) (0.5611)

5.Arequipa 11.Junn 17.Cusco 23.Apurmac(0.648) (0.60) (0.58) (0.5610)

6.Tacna 12.ncash 18.Amazonas 24.Huancavelica(0.647) (0.5996) (0.57) (0.539)

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El rescate de laagricultura familiary el impacto en labipolaridad del agro

La equidad en lagobernanza del agua:esencial para evitarconflictos

Entrevista con JuanRheineck Piccardo,exviceministro deAgr icult ura

Cules son loslmites y potenciali-dades de las tierrasagrcolas?

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contenidocontenido

editorial

U

no de los temas ms destacados por el presidente Ollanta Humala en el mensaje del

28 de julio fue el de las inversiones. Hizo un recuento de las inversiones realizadas

y de las que se harn en el corto plazo.

En el sector agrario, uno de los ms importantes esfuerzos de inversin es el que

ser ejecutado por el programa Mi Riego: mil millones de soles en obras de irrigacin en

la sierra peruana. Aun cuando han surgido crticas al carcter improvisado del programa

hay dinero, pero no hay proyectos suficientes para gastarlo, de todos modos, un

fondo pblico de tal magnitud, destinados a la marginada sierra rural, no deja de ser algo

notable.

Esperemos que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) vaya aprendiendo cmo

manejar con eficiencia esos fondos y cmo involucrar a los gobiernos subregionales y a

las organizaciones de agricultores en el diseo y ejecucin de los proyectos. Pero surgen

algunas preguntas: las importantes inversiones pblicas obedecen a algn plan maestro

de mediano y largo plazo, intersectorial, con objetivos futuros claros, basados, por ejemplo,en alguna imagen-objetivo que el Per quisiera alcanzar en una o dos dcadas? El

Ceplan1 cumple alguna funcin orientadora en ese sentido?

Estas preguntas vienen al caso, precisamente, por la inversin sin precedentes del

programa Mi Riego, a la que siguieron, poco despus, la creacin del viceministerio de

Infraestructura y Riego y el cambio del nombre del Ministerio de Agricultura al que se le

agreg las palabras y Riego. Estas decisiones expresaran un cierto viraje de la

orientacin del Minagri, en la que se privilegia como estrategia de crecimiento agrario la

construccin de infraestructura, y donde la orientacin de riego ocupara un papel principal.

No cabe duda de la necesidad de ampliar las reas de cultivo bajo riego, tanto

porque mejora los rendimientos de los cultivos como porque defiende al agricultor de los

avatares del clima, cada vez menos predecibles por el impacto del cambio climtico. El

problema reside en que no hay un esfuerzo similar para mejorar las capacidades tcnicas

de los productores, para consolidar sus derechos de propiedad y para facilitarles el

acceso al crdito y a mejores canales de comercializacin. Los resultados del IV Censo

Nacional Agropecuario (Cenagro) van mostrando que en todos estos aspectos hay

inmensas deficiencias y que lo avanzado desde 1994 ao del anterior censo deja

mucho que desear.

El impacto que se logre con el programa Mi Riego, sobre la produccin y la mejora de

la calidad de vida de los campesinos, puede verse muy disminuido si el Estado no hace

esfuerzos a gran escala para promover programas masivos de extensin tcnica, acceso

al crdito, mejoras en los canales de informacin y comercializacin, etc.

Hay un riesgo adicional con inversiones como la de Mi Riego, si no son

complementadas con otras medidas ya mencionadas. El riesgo es que la ampliacin de lasreas de riego en la sierra sea finalmente ms aprovechada por los grandes inversionistas

de la costa o de otros pases, para introducir, sobre todo, cultivos de exportacin. Los

primeros beneficiados, entonces, no seran los agricultores serranos cuya nica funcin

sera la de proveedores, sino las grandes empresas acopiadoras, procesadoras y

exportadoras. Desde esa perspectiva, el programa Sierra Exportadora estara cumpliendo

el papel de una experiencia piloto. Podramos estar viviendo el inicio de un proceso de

control sobre las tierras agrcolas de la sierra por parte de los grandes inversionistas, sin

necesidad de que estos requieran poseer ni una sola hectrea.

Nota1 Centro Nacional de Planeamiento Estratgico.

Publicacin del Centro Peruano de Estudios Sociales

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DirectorFernando Eguren

Comit editorialLaureano del Castillo, Javier Alvarado,Beatriz Salazar, Ricardo Marapi, Jaime

Escobedo, Pedro Castillo, Miguel Pintado

Correccin/DiagramacinAntonio Luya / Jos Rodrguez

Distribucin gratuita con La Repblica elltimo mircoles de cada mes.

Fernando EgurenDirector

Programa Mi Riego:necesario pero insuficiente

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Los permanentes conflictos y la fal-ta de equidad siguen siendo los prin-cipales elementos que caracterizan ala gestin de los recursos hdricosque se realiza en nuestro pas. Lapoca o nula participacin de la po-blacin principalmente agricultoresfamiliares y comunidades campesi-nas en la gestin de las cuencasocurre a pesar de que existen normasy polticas que, se supone, promue-ven una visin participativa sobre el

agua. Por ejemplo, esta visin estincorporada en la poltica nmero 33del Acuerdo Nacional1 Poltica deEstado sobre los recursos hdri-cos y tambin en la Ley de Recur-sos Hdricos (Ley 29338), vigentedesde 2009.

Sin embargo, los conflictos hdri-cos se siguen incrementando y agu-dizando en nuestro pas. En este art-culo revisaremos tres casos actualesque pueden dar luces sobre los fac-

tores que explican esta situacin.

La exclusin de loshuancavelicanos

El mbito del Proyecto Especial TamboCcaracocha (PETACC) abarca la cuencaalta del ro Pampas, en Huancavelica, y lacuenca del ro Ica. Hasta hace poco, todaesta rea se administraba como una cuen-ca integrada, al estar unida por las obrasde trasvase hacia la costa de Ica. Sin em-bargo, actualmente se consideran comocuencas separadas, lo que ha provocadola protesta de las comunidades campesi-

nas de la cuenca alta del Pampas, quienesconsideran que esta es una maniobra paraexcluirlas de los procesos participativos degestin del agua en el marco de la gestinintegrada de los recursos hdricos, GIRH2.

Un ejemplo es que el Gobierno Re-gional de Ica no ha informado a lascomunidades de la cuenca del ro Pam-pas sobre el balance hidrolgico de lapresa Tambo una de las obras rela-cionadas con el trasvase, segn ma-nifiesta Silvano Guerrero, de la comu-

nidad campesina de Ccarhuancho, ubi-

cada en la cuenca alta del Pampas.Guerrero exige que se informe tambin

a los usuarios de su cuenca sobre Tam-bo, porque van a seguir extrayendo aguade aqu, para llevarla a la represa. Ade-ms, reclama que, en aras de la transpa-rencia, las autoridades huancavelicanasy las comunidades de la cuenca alta delPampas deben participar en el Consejode Recursos Hdricos del Ro Ica, parapoder influir en las decisiones sobre eluso del agua de esta cuenca. En sus pro-

pios documentos3, la Autoridad Nacio-nal del Agua (ANA) parece dar la raznal seor Guerrero, pues establece que lascuencas adyacentes articuladas porobras de infraestructura hidrulica seconsideran como sistemas hidrolgicosintegrados y se les incluye en una uni-dad administrativa.

Majes Siguas II marginaa los cusqueos

El conflicto entre Cusco y Arequipa

por el Proyecto Majes Siguas II tambin

La equidad en la gobernanza del agua:esencial para evitar conflictos

Beatriz Salazar y Nelly Rivera

Protestas en Espinar.

Los cusqueos han denunciado queel proyecto Majes Siguas II reducirel caudal de los ros, amenazando elabastecimiento de agua potable ylos proyectos de riego.

Fotointernet

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Visite: www.observatoriocambioclimatico.org y www.larevistaagraria.org/equidad_agua

est relacionado con el trasvase de aguasdesde una cuenca donde predomina laproduccin campesina, en Espinar (Cus-co), hacia otra cuenca dedicada a la agro-exportacin (Proyecto Majes Siguas IIen Arequipa). En Cusco reclaman queMajes Siguas II reducir el caudal de losros de la zona, amenazando ms de 60proyectos de riego y el abastecimientode agua potable de Espinar.

Segn concluye un estudio recientesobre este conflicto4, la poblacin de Espi-nar percibe que el gobierno central preten-de viabilizar el Proyecto Majes Siguas IIs o s, sin considerar la opinin cusque-a. Asimismo, las entidades pblicas en-cargadas de impulsar el dilogo, como laAdministracin Local del Agua, no mos-traron fuerza suficiente. Tras la protesta enEspinar, que dej un muerto y varios heri-

dos, se recomend la formacin urgentedel Consejo de Cuenca del Ro Apurmac,que involucre a Arequipa y Cusco, pero esun proceso que an no se concreta.

El favoritismo hacia lasempresas

El conflicto por la laguna Parn, enncash, enfrenta a la poblacin de laprovincia de Huaylas con la empresaDuke Energy, que utiliza la laguna comoreservorio y mantiene una licencia quegarantiza el uso de sus aguas para ge-nerar electricidad, aun si el volumen deagua disponible se reduce o la deman-

da local de agua aumenta. Desde 2001,la poblacin local muestra insatisfac-cin con la gestin de Parn por partede Duke Energy, en parte por el insufi-ciente volumen de agua que entregabala empresa para uso local.

Luego de varios intentos frustradospara resolver el conflicto por vas forma-les, los actores locales optaron por to-mar las instalaciones de la laguna en 2008,y por un tiempo colaboraron formalmen-te en la gestin multisectorial de la infra-estructura de la laguna. Pero desde oc-tubre de 2011, la ANA desactiv el comi-t multisectorial que gestionaba la lagu-na. Desde entonces, las relaciones entrelos actores principales han sido tensas.

Mayor institucionalidaden la gestin del agua

Hay varios factores comunes a lostres casos, como la debilidad de las en-tidades estatales, sobre todo regiona-les y locales, para intervenir antes deque los conflictos se agraven. Comoseala Adam French investigador dela Universidad de California en SantaCruz, es necesario que las entidadespblicas, el sector privado y la socie-dad civil sean proactivas, aunque lasinstituciones estatales no tienen per-sonal suficiente para intervenir en to-dos los lugares donde se incuba unconflicto. Cuando la poblacin localreclama reiteradamente, el Estado y

otros actores involucrados deben re-accionar y escuchar. Este dialogo abier-to y multisectorial es un aspecto fun-damental de la visin de la GIRH.

Mara Teresa Or profesora de laPUCP5 seala que la nueva Ley de Re-cursos Hdricos ha incorporado a diver-sos actores que antes no participaron enla gestin formal del agua como las co-munidades campesinas, que ahora sitienen voz y un rol en la negociacin en elConsejo de Recursos Hdricos de las Cuen-cas. Pero las comunidades campesinas ypequeos agricultores siguen en desven-taja, y las Administraciones Locales yRegionales del Agua no tienen suficientefuerza para imponerse sobre los distintosgrupos de poder locales y regionales. Poreso, es necesario conocer primero la di-nmica social de las cuencas, para deter-

minar los niveles de poder e influencia desus actores y as facilitar los procesos denegociacin que permitan implementar losConsejos de Recursos Hdricos.

Actualmente el gobierno est promo-viendo agresivamente las inversionespara enfrentar la desaceleracin de la eco-noma. Sin embargo, la prisa por concre-tar nuevos proyectos no debe implicar quese sacrifiquen los plazos necesarios paralograr el consenso de las poblaciones lo-cales involucradas. Adems, el gobiernotiene la responsabilidad de fortalecer a lasinstituciones encargadas de promover eldilogo en las cuencas y de identificarconflictos en etapas tempranas, para aten-derlos antes de que se agudicen y desem-boquen en protestas violentas.

Para una versin ampliada de este ar-tculo entre a www.larevistaagraria.org/equidad_agua

Notas1 Esta poltica compromete al Estado perua-

no a priorizar la prevencin y gestin decontroversias sobre el agua, mediante la par-

ticipacin activa de los usuarios.2 La GIRH es un proceso que promueve la

gestin y el desarrollo coordinados del agua,el suelo y otros recursos, para maximizar losresultados econmicos y el bienestar socialde forma equitativa, sin comprometer lasostenibilidad de los ecosistemas vitales.

3 ANA (2009). Demarcacin y delimitacinde las Autoridades Administrativas del Agua.

4 Salgado, Marlene (2012). Anlisis de lagobernanza del recurso hdrico en la cuen-ca alta del ro Apurmac, Per.

5 Pontificia Universidad Catlica del Per.Las protestas reiteradas de la poblacin local, sobre la gestin del agua, deben ser tomadas encuenta por el Estado y otros actores involucrados, que deben reaccionar y escuchar.

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Desde hace veintiocho aos, el Semi-nario Permanente de Investigacin Agra-ria (Sepia) rene a investigadores agra-rios nacionales, de las ciencias socialesy naturales, que tienen el comn intersde conocer la problemtica del mundorural y aportar a la formulacin de polti-cas pblicas. Este 22 de agosto, luegode tres das de exposiciones, seguidasde intensas deliberaciones, culmin enla ciudad de Chachapoyas, Amazonas,la edicin XV del Sepia.

En esta nueva reunin bienal, que re-uni a trescientos investigadores y es-tudiantes, los temas centrales fueron:Estrategias de vida, cambios en la tenen-

cia de la tierra y cambios demogrficosen el mundo rural; Servicios ambientalesy desarrollo rural sostenible; y Polticasde inversin pblica y su impacto sobreel desarrollo rural.

El anlisis sobre la complejidaddel mundo rural

Como es imposible recoger la riquezade los debates, nos limitaremos a desta-car las ideas presentadas en la ponenciade balance sobre el primer tema, titulada:Cambios en la ruralidad y cambios enlas estrategias de vida en el mundo ru-

Una de las discusiones ms importantes del reciente Sepia XV

La agricultura familiar en el Perya no es la de antes

ral. All se dio cuenta del contexto ac-tual del mundo rural, presentando sumayor complejidad, la que hace que loslmites entre los mbitos urbano y ruralse tornen menos definidos de lo que seconsideraba. Junto al fuerte proceso deurbanizacin del pas, se han producidoalgunos cambios importantes que estnmodificando las condiciones de vida delos pobladores rurales.

En concordancia con ello, parecen es-tar consolidndose otros cambios, comola doble residencia de los pobladoresrurales (en el campo y tambin en las ciu-dades), por lo menos en una porcin sig-nificativa de la poblacin rural. El tama-

o de la familia nuclear se ha reducido,aunque el nivel educativo de la pobla-cin rural se ha incrementado y muestrauna mayor movilidad. El aumento de laedad de los productores agrarios parecehaber continuado, pero llama la atencinuna mayor feminizacin del campo, comoocurre en otros pases. Adicionalmente,como se detectaba en estudios anterio-res, la pluriactividad de los campesinoses un rasgo caracterstico, mostrando quelos ingresos provenientes de la activi-dad agraria se combinan con otros quetienen mayor importancia.

Esas caractersticas, y otras que re-quieren mayor estudio, llevan a la nece-sidad de revisar algunas ideas y a reto-mar antiguos debates, para definir me-

jor a las familias campesinas y la agri-cultura familiar en estos tiempos. Lamayor vinculacin al mercado, el incre-mento de las unidades agropecuarias,la fragmentacin de las tierras comuna-les, la mejora de las vas de comunica-cin y la mejora de las comunicaciones,en general, han definido nuevas rela-ciones que obligan, en efecto, a cues-tionar algunas de las certezas que setenan del mundo rural.

Al mismo tiempo, las polticas p-

blicas aplicadas en las ltimas dca-das, aunque todava no estn suficien-temente articuladas, han contribuidoa definir nuevas relaciones que requie-ren estudiarse con ms a tencin. As,polticas aisladas como la mejora de lavialidad y las comunicaciones, si biengeneran efectos positivos, por ellasmismas no garantizan el desarrollo ru-ral. En esa lnea, el tema de la necesi-dad de definir una poltica educativaadecuada para el sector rural mereciespecial atencin y debate en esta edi-cin XV del Sepia.

Laureano del Castillo

FotoLaureanodelCastillo

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Llama poderosamente la atencin queel Tribunal Constitucional y el actual go-bierno central no hicieran hincapi en lafigura del abuso de derecho para evaluarel tema de las indemnizaciones a los afec-tados por la reforma agraria.

En lugar de ello, el comn de sus opi-niones da por sentado que la sola expro-piacin de las tierras por accin del go-bierno militar justifica el pago del ntegrode indemnizaciones, porque as lo esta-blece la Constitucin. Lo nico que dis-cuten es: a cunto ascienden los pa-gos?, cmo actualizar su valor treintaaos despus?, adems de la partida pre-supuestaria que suministrar los fondos1.

Sin embargo, una aproximacin cabal ala reforma agraria como algo ms que unaexpropiacin ordinaria, como un procesocomplejo de races y consecuencias so-

ciales y polticas, habra conducido a in-cluir la figura del abuso de derecho comoun elemento ms para la estimacin de lasindemnizaciones a los afectados.

Formalmente, la figura del abuso delderecho est contemplada en nuestropas tanto por las ltimas constitucionescomo por los cdigos civiles del sigloXX (ver cuadro). Fue concebida parasancionar a aquellos que, amparados enla titularidad de un derecho, lo ejercende modo tal que atentan contra los dere-chos de otras personas o contra el inte-rs general. El tipo de sancin es la in-demnizacin a la vctima del dao.

Abusaron de su derecho depropiedad los exhacendados y

latifundistas?Las condiciones de ejercicio de la pro-

piedad de terratenientes y gamonales, pre-vias a la reforma agraria, se encuentranampliamente documentadas y revelan elabuso en que incurran frente a trabaja-dores e indgenas sometidos a relacio-

nes serviles dentro de las haciendas ofrente a pequeos propietarios y agricul-

Bonos y abuso de derechoJaime Escobedo

tores vecinos conminados a despren-derse de sus parcelas de cultivo2.

Sin embargo, a ninguno de ellos se leinici un proceso judicial por el abusode derecho ejercido dentro de sus pro-piedades, ni fueron sancionados con in-demnizaciones cuantiosas, pese a la ile-galidad de su conducta.

La sancin lleg por la va de la reformaagraria. Esta no fue una simple expropia-cin jurdica, por la cual el Estado se con-virti en propietario de las tierras y otrosbienes agrarios de los terratenientes, acambio de una indemnizacin o justipre-cio: fue un acto de trascendencia polticay social, por el cual los bienes expropia-dos por el Estado fueron vendidos a tra-bajadores y agricultores adjudicatarios, enseal de justicia por dcadas de abusos.

Estas caractersticas de las races yconsecuencias de las expropiaciones de

Visite: http://www.observatoriotierras.info

la reforma agraria tendran que haber sidoestudiadas por el Tribunal Constitucio-nal y el actual gobierno, de modo tal quese valoren, tanto las indemnizacionescorrespondientes a los afectados por lareforma, como las de las vctimas del abu-so de derecho de los hacendados.

Ambas indemnizaciones son igual-mente legales. En el caso de las vctimas,estas ya habran sido resarcidas con laentrega de las tierras. Pero en el caso delos afectados por la reforma agraria, elque se les pague el ntegro de la indem-nizacin (justiprecio) termina diluyen-do su responsabilidad por el abuso dederecho ejercido contra millones de po-bladores rurales. Al final, el Estado ter-minara asumiendo una responsabilidadeconmica ajena, recompensando a ex-

hacendados que moralmente no se lomerecen.

Notas1 Todos estos puntos forman parte de la sen-

tencia 00022-1996-PI/TC, del Tribunal Cons-titucional.

2 Klarn, Peter (1976). Formacin de las ha-ciendas azucareras y orgenes del APRA, enPer problema N. 5. Lima: IEP. Vase tam-bin Matos Mar, Jos y Jos M. Meja (1980).La reforma agraria en el Per, en Per pro-blema N. 19. Lima: IEP.

La protesta de los movimientos campesinos, desde la dcada del 50, no solo exigan el derechoa la propiedad, sino que tambin denunciaban las condiciones de servidumbre y abusos queimponan los terratenientes.

Constitucin

1979 Artculo 2.-Toda persona tiene dere-cho a contratar con fines lcitos. Laley regula el ejercicio de esta libertadpara salvaguardar los principios de

justicia y evitar el abuso del derecho.

1993 Artculo 103.- La Constitucin noampara el abuso del derecho

Cdigo Civil

1936 Ttulo preliminar:II.- La ley no ampara el abuso del dere-cho.

1984 Ttulo preliminar:Artculo II.- La ley no ampara el ejercicioni la omisin abusivos de un derecho.

FotodiarioLaRepblica

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De manera creciente, en varios secto-res polticos y acadmicos, la agricultu-ra familiar est siendo consideradacomo parte de la solucin. Solucinde qu? De todo: de la inseguridad ali-mentaria (de la falta de soberana alimen-taria); de la crisis energtica; de la malarelacin con la naturaleza; de la persis-tencia de la pobreza; de la falta de desa-rrollo descentralizado; del irrespeto a lasculturas.

No lo era as hace algunos aos, cuan-do la agricultura familiar, o pequea agri-cultura, era percibida como un problemasocial; como una de las razones del atra-so del mundo rural; como un factor demantenimiento de la pobreza y de la ig-norancia, al que haba que encontrar unasalida. En contraste, cuando los agricul-tores familiares eran indgenas eran ad-mirados hasta venerados por algu-nos sectores de las clases medias, quelos encontraban en armona con la natu-raleza e inmunes al materialismo autodes-tructivo de la cultura occidental.

En los pases hoy desarrollados, lasalida fue, histricamente, la industria-lizacin, que absorbi crecientes con-tingentes de mano de obra provenien-tes del campo, y el resto pas a confor-mar el ejrcito de reserva, con el que

jugaba el capital para mantener bajoslos salarios.

La nueva mirada ala agricultura familiar

Pues bien, aun cuando muchos man-tienen la idea de que la agricultura fami-liar es un obstculo para la moderniza-cin (cul modernizacin?), hoy es ob-

jeto de programas nacionales y regio-nales por ejemplo, del Mercosur1para impulsarla, desarrollarla y fortale-cerla, pues con ello se estara garanti-zando la seguridad alimentaria (la de losagricultores y la de toda la sociedad queconsume lo que estos producen) y per-mitiendo, no solo la reconciliacin delhombre con la naturaleza, sino tambinla recuperacin de la dignidad de un

sector social numeroso que ha sido se-

El rescate de la agricultura familiary el impacto en la bipolaridad del agro

cularmente marginado, abandonado porel Estado, despreciado por las pobla-ciones urbanas y arrimado como ciuda-danos de segunda clase.

Este rescate estratgico de la agri-cultura familiar es promovido por mu-chas organizaciones internacionales,entre ellas la FAO y el Banco Mundial, ymuchos gobiernos de la regin, agenciasde cooperacin internacional y ONG. Elprograma de apoyo a la agricultura fami-liar es un xito entre los pases del Mer-cosur, segn lo seal Francesco Pierri2

en una reciente exposicin. La REAF3 hadefinido con toda precisin qu es la agri-cultura familiar, requisi-to indispensable parala implementa-cin de polti-cas en su bene-

ficio, sin que se cuelen otros sectoresdel mundo rural que no califican. Es loque comnmente se llama focalizacino programas focalizados.

Ahora bien, la denominacin agricul-tura familiarno carece de problemas dedefinicin, lo cual es una traba en el mo-mento de calificar quines pueden serbeneficiados y quines no pueden serlo.La idea de una familia dedicada exclusi-vamente a actividades agropecuarias ycon escasa movilidad corresponde cadavez menos a la realidad. Con mayor fre-cuencia, ahora las familias de agriculto-res se desplazan y no solo viven en elcampo. A veces, son pobladores urba-nos; a veces, rurales. A medida que lospases se urbanizan, ms familias de agri-cultores prefieren vivir en reas urbanas,en donde pueden acceder a servicios de

Fernando Eguren

Muchos gobiernos latinoamericanos consideran que la agricultura familiar es la responsable deimpacto de las grandes empresas y latifundios.

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AGOSTO de 2013 9

los gobiernos, corresponde a la agri-cultura familiar.

Al desarrollarse programas en apoyo ala agricultura familiar en el marco de unapoltica alimentaria (de la que se excluye,como se ha visto, la gran agricultura), ode una poltica ambiental, o cualquier otra

justificacin, se contribuye a la consoli-dacin de un agro bipolar, en el que con-viven latifundios y agricultura familiar.Mientras que los primeros producen loque les es ms rentable y, al mismo tiem-po, concentran poder territorial, tanto eco-nmico como poltico y social, a los se-gundos se les exige lo que la sociedadrequiere alimentos inocuos y de cali-dad; orgnicos y que mantengan la bio-diversidad, sin que por ello reciban nin-gn subsidio, no hacindose nada paraque superen su muy escasa capacidad de

negociar su influencia en la sociedad.Hay otras aproximaciones de apoyoa la agricultura familiar, enmarcadas enuna perspectiva de desarrollo territorial,que son superiores a los apoyos pun-tuales y focalizados. El enfoque de de-sarrollo territorial es multisectorial, pro-mueve la diversificacin de la economarural y crea oportunidades a los que nopueden obtener ingresos suficientes dela actividad agraria por ser deficitariosen tierras. Hasta cierto punto, contribu-ye a superar la antinomia rural-urbano.

Cual fuere el enfoque de apoyo a laagricultura familiar, los gobiernos no de-ben escamotear el problema de la con-centracin excesiva del control sobre latierra, inconveniente por razones eco-nmicas, ambientales, sociales, polticasy de justicia social.

Notas1 Mercado Comn del Sur, bloque econmi-

co y comercial que integran Argentina, Bra-sil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

2 Experiencia de la REAF como red de ar-

ticulacin intersectorial: exposicin pre-sentada en el seminario: Fortalecimientode los programas de alimentacin esco-lar en el marco de la iniciativa Amrica

Latina y Caribe sin Hambre 2025, el 21de agosto del presente, en Brasilia.

3 La Reunin Especializada sobre la Agri-cultura Familiar (REAF) fue una iniciati-va poltica del Gobierno brasileo, enfo-cada hacia la integracin regional y a unamayor aproximacin con los pases en de-sarrollo.

4 El censo de poblacin y vivienda de 2007encontr que un tercio de los asalariados

rurales vivan en reas urbanas. Esta pro-porcin, con seguridad, ir en aumento.

salud, educacin, electricidad, transpor-te, etc.4. Por otro lado, los ingresos fami-liares no solo vienen de la agricultura,sino de muchas otras fuentes de activi-dades, fuera de la granja.

El impacto de la concentracinde la tierra

Hay otro orden de dificultades eneste renovado inters por la agricultu-ra familiar. Precisamente, en los pasesque forman parte del Mercosur: Brasil,Argentina, Uruguay y Paraguay y,como asociada, tambin Bolivia, hayuna gran concentracin de la propie-dad de la tierra, dedicada a monoculti-vos: Brasil destina 28 millones de hec-treas a la soya, y 12 millones ms acaa de azcar, para la fabricacin deetanol; Argentina dedica 19 millones de

hectreas al mismo cultivo; Uruguaycubre con soya 1 milln 300 mil hect-reas; Bolivia hace lo propio con 1 mi-lln 200 mil hectreas: alrededor del40% de sus tierras de cultivo; y Para-guay tiene ms de 3 millones de hect-reas con soya. Estas reas se dedican,pues, a cultivos que no estn orienta-

dos a la alimentacin humana, y princi-palmente para la exportacin.

La situacin en el Per es distinta,pero, al mismo tiempo, similar: tiene, enla costa, ms de un cuarto de milln dehectreas de ricas tierras de cultivo bajoriego, en grandes neolatifundios agro-exportadores y de produccin para agro-combustibles, que coexisten con ms dedos millones de familias agricultoras re-partidas en todo el pas.

La consolidacin de unaagricultura bipolar

Ninguno de los gobiernos de estospases plantea la responsabilidad quetienen estas grandes empresas con laseguridad alimentaria, aunque compi-tan en tierras y agua con la produc-cin de alimentos; simplemente, no

son parte del problema. Y varios deestos gobiernos quiz todos lassubsidian abiertamente o de maneraoculta (beneficios tributarios, rgimenlaboral favorable, etc.), sin necesidadde ser calificadas, focalizadas. Laresponsabilidad de la seguridad ali-mentaria, desde el punto de vista de

ntizar la seguridad alimentaria en nuestros pases, olvidando, de manera adrede, el papel y el

F

otoRicardoMarapi

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A un mes de recibir el cargo, la minis-tra de Cultura, Diana lvarez Caldern,no puede ordenar su despacho. Impor-tantes temas pendientes de la carteraque preside la esperan; aparentemen-te, prefiere guardar un perfil bajo y ocu-parse de otras tareas, encargadas porel gobierno, que no obstaculicen lainversin1.

Durante un evento organizado por elDa Internacional de los Pueblos Indge-nas (9 de agosto), la ministra de Culturaanunci que trabajar en la formulacinde polticas pblicas que fortalezcan losmecanismos de proteccin de los dere-chos de los pueblos indgenas, priorizan-do su accin en lneas de trabajo, comodilogo y participacin intercultural, po-lticas indgenas, pertinencia cultural2.

Sin embargo, poco se ha hecho en esta

materia en los dos aos del actual go-bierno. La dbil institucionalidad y lapoca injerencia poltica del Ministerio deCultura ha sido notoria, pues en temasrelacionados con la proteccin de los de-rechos de los pueblos indgenas, su par-ticipacin ha sido frgil e, incluso, va-rios funcionarios han sido removidos desus cargos por no alinearse o hacerlotarde con los intereses del gobiernode Ollanta Humala.

Por qu no publicanla base de datos?

Hasta el momento, el Estado peruanono puede decir, a ciencia cierta, cuntospueblos indgenas existen en el Per ydnde estn ubicados; es decir, los suje-tos de consulta no estn identificados.La publicacin de la base de datos depueblos indgenas importante herra-mienta para facilitar los procesos de con-sulta, porque dara una primera muestrapara identificar a esos pueblos es unaresponsabilidad de este sector, pues el

reglamento de la Ley de Consulta Previaas lo estipula. La falta de esta base dedatos ha sido usada por otros sectoresdel gobierno como un pretexto para noaplicar la consulta.

Segn Vladimiro Huaroc alto comi-sionado de la Oficina Nacional de Dilo-go y Sostenibilidad (ONDS) de la Presi-dencia del Consejo de Ministros, en elEjecutivo an no hay consenso sobrecmo y en qu zonas de los Andes sedebe aplicar el proceso de la consulta pre-via. En el Ejecutivo, an est pendien-te, seal hace poco, confirmando las

Ministerio de Cultura:sin poder ni influencia en la

poltica intercultural

discusiones internas que al respecto exis-ten en los altos niveles gubernamentales.

La mirada limitada del Gobiernosobre los indgenas

El Gobierno central todava no desig-na a un nuevo viceministro de Intercul-turalidad, que posee un rol estratgicoporque es quien atiende las iniciativas,tanto de organizaciones indgenas comode gobiernos regionales, para el desa-rrollo de los procesos de consulta.

Mientras tanto, los discursos de losdiferentes representantes del gobiernoevidencian que se pretende marginar dela categora indgena a las comunidadescampesinas:

En la costa, bsicamente, no hay co-munidades nativas, por el proceso demigracin [...], y en la sierra la mayorparte son comunidades agrarias. Msque todo, las comunidades nativas es-tn en la selva, que eran llamados [sic]no contactados. Presidente OllantaHumala3.

Hablan quechua, pero estn integra-dos a la modernidad. No basta hablarquechua. Caaris es una comunidadcampesina. El ministro de Energa yMinas, Jorge Merino, responde acer-ca de si Caaris es indgena4.

Indgena que tiene celular, ya no esindgena. Palabras de Nadine Here-dia al ex viceministro de Interculturali-dad, Paulo Vilca5.

Debilidad institucional

Retirar de la pgina web del Ministe-rio de Cultura el informe tcnico del es-tudio de impacto ambiental elaboradopara ampliar las actividades del Lote 88fue un acto muy criticado por varios sec-tores. La superposicin de este lote en laReserva Territorial Kugapakori, Nahua yNanti, pone en peligro la vida de los pue-blos indgenas de la zona.

Ms de veinte aos de promocin depolticas que favorecen a la industria ex-tractiva no son fciles de cambiar. El Mi-nisterio de Cultura y los temas que ges-tiona no tienen prioridad para el gobier-no, pues hasta el momento no se hanimplementado consistentes polticas in-terculturales que protejan, verdadera-mente, los derechos de los pueblos in-dgenas.

Notas1 Declaraciones de Luis Peirano, ex ministro

de Cultura: [...] la idea del gobierno y elEjecutivo es la de no poner obstculos eimpedimentos a la inversin.

2 Ministerio de Cultura. Ministra de Cultu-

ra inaugura Foro sobre Diversidad Cultu-ral y reitera compromiso con la defensa delos derechos de los pueblos indgenas.. (22 de agosto de2013)

3 Entrevista con Ollanta Humala: Qu dijorespecto a temas socioambientales? .(22 de agosto de 2013)

4 Extracto de entrevista publicada en el dia-rio El Comercio. . (22 deagosto de 2013)

5 Alonso Ramos. Nadine sigue mandando.

Hildebrandt en sus trece, 16 de agosto de2013.

Paola Arica

La influencia de la ministra de Cultura, Diana

lvarez Caldern, es mnima en el Poder Eje-cutivo.

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El reciente Censo Nacional Agropecua-rio 2012 (IV Cenagro) nos informa quelos cerca de 2 millones 300 mil producto-res que conducen unidades agropecua-rias (UA) poseen, en conjunto, 7125,007hectreas de tierras agrcolas. Pero notodas estas tierras estaban en cultivodurante los das en que se ejecut el cen-so: 20% se encontraban en barbecho1,11% en descanso2 y otro 11% no esta-ban siendo trabajadas. Adems de la su-

perficie de tierras agrcolas mencionada,dichos productores poseen 31617,457hectreas de tierras no agrcolas, entrepastos naturales, montes y bosques ytierras de otros usos.

Cul es el potencial productivo de lastierras agrcolas? No todas cuentan conla misma fertilidad natural ni pueden sercultivadas permanentemente; hay facto-res que limitan su uso: la erosin, la con-dicin del suelo, las condiciones de dre-naje o humedad y las condiciones clim-ticas. Aos antes, la Oficina Nacional deEvaluacin de Recursos Naturales

(Onern)3 haba clasificado los suelos delpas segn su aptitud natural para pro-ducir constantemente bajo tratamientoscontinuos y especficos. En 1971, laOnern estim que haba 5 millones 197mil hectreas. Luego, en 1982, publicun nuevo estimado, con resultados msfavorables: 7 millones 609 mil hectreas,de las cuales el 64% eran aptas para cul-tivos anuales y el 36% lo eran para culti-vos permanentes. (No conocemos infor-macin ms reciente.)

Es interesante comparar la informacinde la Onern con los resultados del IV

Cenagro. En primer lugar, el rea agrcolatotal es similar en las dos fuentes: 7.6millones segn la Onern, en 1982, y 7.1millones segn el Cenagro del 2012. Pero,en un anlisis ms cercano, saltan lasdiferencias entre las tres regiones.

Segn este nuevo censo, la diferen-cia en el rea agrcola de la costa entreel estimado de la Onern y el Cenagroes bastante reducida. Se podra afirmarcomo hiptesis que en la costa se

habra llegado al lmite de la ampliacinde la frontera agrcola de tierras de cul-tivo, pues la diferencia entre los dosdatos es reducida (50 mil hectreas)(ver tabla 1).

En el caso de la sierra, la situacin esmuy diferente: el IV Cenagro 2012 regis-tra casi dos millones de hectreas decultivo ms de las que estim la Onernen 1982. Cmo explicar esto? O laOnern subestim la superficie de tierrascon aptitud agrcola en la sierra, o seestn cultivando tierras que no son deaptitud agrcola (tierras de proteccin,

o de pastos, o forestales). Lo ms pro-bable es que haya una combinacin delas dos situaciones: por un lado, unasubestimacin de la Onern; por otro, lautilizacin agrcola de suelos que no tie-nen esa aptitud.

En contraste, en la selva habra unaamplia frontera agrcola de cerca de 2millones 500 mil hectreas, como se apre-cia en la tabla 1.

Resumiendo: al comparar las dos fuen-tes resulta claro que las reas de expan-

sin agrcola se encuentran en la selva;que en la costa se est llegando al lmite

de esa expansin; y que en la sierra seestn sobreexplotando reas cuyo mejoruso no es el de ser cultivadas.

El Cenagro informa tambin sobre lasuperficie de pastos naturales, que al-canza las 17 millones 916 mil hectreas.La diferencia con la estimacin de laOnern 18 millones 19 mil hectreases pequea: menor al 1%.

Tierras cultivables

que no se cultivanNo todas las tierras de cultivo se en-

cuentran cultivadas. Segn el Cenagro,en las tres regiones hay, en conjunto, 775mil hectreas de tierras agrcolas para cul-tivo que el censo llama no trabajadas(no incluyen las reas en descanso o enbarbecho, que suman, juntas, 2 millones194 mil hectreas). Por tierras no traba-

jadas se entiende aquellas que algunavez han tenido uso agrcola y que nosern sembradas. Son varias las razones

por las que no se siembra. La mitad deUA que dejaron tierras sin cultivar de-clararon hacerlo por falta de agua (en lacosta fue el 55%, en la sierra el 32% y enla selva el 13%), mientras que un 25% deUA lo hizo por falta de crdito. Siguenotras causas: falta de mano de obra, porsanidad y erosin, falta de semilla, de-sastres naturales, etc. An no podemosanalizar la situacin de la tierra por distri-to o por provincia, pues los resultadosno se han difundido todava; pero lasrazones esgrimidas por los agricultores

son suficientes para llamar la atencinde las autoridades del Ministerio de Agri-cultura y Riego. Una propuesta que plan-teaLRA es que parte de los fondos delprograma Mi Riego se destinen a reducirlas reas no trabajadas en la sierra.

Notas1 Superficie agrcola sin cultivo al momento

de la entrevista, que se encuentra en prepa-racin para ser sembrada.

2 Tierras agrcolas con ms de un ao en des-canso, para recuperar fertilidad.

3

La Onern fue liquidada en 1992 por el go-bierno de Alberto Fujimori.

Una nueva mirada bajo el lente del reciente censo agropecuario

Cules son los lmites y potencialidadesde las tierras agrcolas?

Fernando Eguren

Tabla 1. Tierras agrcolas (hectreas)

Onern 19821 Cenagro 20122 Diferencia2-1

Costa 1636,700 1686,778 50,078

Sierra 1361,300 3296,008 1934,708

Selva 4611,000 2142,222 - 2468,778

Total 7609,000 7125,008 - 483,992

Fuentes: Onern. En Marc Dourojeanni, Gran geografa del Per, vol. VI, p. 40; INEI, IV Cenagro.

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Durante casi dos aos, Juan RheineckPiccardo se desempe como vicemi-nistro de Agricultura del actual gobier-no; fue una larga gestin, que le permi-ti conocer, por dentro, la institucio-nalidad gubernamental y burocrticadel sector agrario. Rheineck agricul-tor e ingeniero agrnomo de profe-sin tiene ms de cuarenta aos deexperiencia en el sector. Fue directorejecutivo del Centro Peruano de Estu-dios Sociales (Cepes), consultor paradiversos organismos pblicos nacio-

nales e internacionales, y miembro delconsejo directivo de Conveagro. En lasiguiente entrevista reflexiona sobre laspolticas agrarias realizadas en estosdos ltimos aos y sobre los desafosde lograr la institucionalidad del sec-tor agrario.

LRA: Cul es la experiencia querescatas de tu labor de dos aos comoviceministro de Agricultura? Culesson los logros o frustraciones que hasexperimentado?

JR: El trabajo en el ministerio fue unaexperiencia muy especial. Cuando el mi-nistro Miguel Caillaux me convoc (enagosto de 2011), pensamos en desa-rrollar un ministerio cualitativamente di-ferente al que recibimos. Quisimos, pri-mero: buscar que su estructura fuesedirectamente funcional a los produc-tores a los que nos debamos (campe-sinos y pequeos y medianos agricul-tores); segundo: tomar en cuenta a lasorganizaciones agrarias, como Conve-

agro, las juntas de regantes, los gre-mios agrarios, las comunidades cam-pesinas, entre otros; y a los gobiernosregionales y locales (por la importan-cia de la descentralizacin); y tercero:implementar polticas pblicas orienta-das al desarrollo productivo de los sec-tores largamente mayoritarios, peropoco atendidos.

Con el ministro Luis Ginocchio pusi-mos el acento principal del ministerioen el fortalecimiento de la competitivi-dad y la asociatividad de los campesi-nos y pequeos y medianos agriculto-

Entrevista con Juan Rheineck, exviceministro de Agricultura

El problema es que cada ministro de Agricultura quiereimplementar sus propias polticas de intervencin

res. Impulsamos la propuesta del Repa1,pero, lamentablemente, no pudimos en-contrar mecanismos para que esta pro-puesta se concrete en el Congreso.Creo que se debe insistir en ella.

Y con el ministro Milton von Hesse,el acento central fue orientar nuestrasacciones a la sierra y la selva. Se logrduplicar el presupuesto del sector yadems se destinaron mil millones desoles para la ejecucin de obras de in-fraestructura en las comunidades ubi-cadas por encima de los 1,500 metros

sobre el nivel del mar, a travs del fon-do Mi Riego.

LRA: Es una informacin de volun-tades y buenos deseos que grafica tuintervencin. Pero, concretamente,cules fueron las principales polti-cas dirigidas a los sectores ms em-pobrecidos y marginados?

JR: Una primera medida que destacofue la disposicin de abaratar los cos-tos de produccin de los agricultores,relacionados con el uso de los insu-mos agrarios. Esto favorece especial-mente al pequeo agricultor, abaratan-do los costos de plaguicidas. Dichanorma, el D.S. 001-AG-2012, si se pro-mueve y usa bien, puede fortalecer laasociatividad empresarial de los agri-cultores. Promulgarla signific una lar-ga lucha, desde el inicio de esta admi-nistracin. En la actualidad, los gremiosy asociaciones de productores agrariospueden importar productos garantiza-dos en calidad e inocuidad, y ms ba-

ratos.Una segunda medida de gran tras-cendencia fue sacar adelante el IVCenso Agropecuario, con una compro-metida coparticipacin con el INEI2,para actualizar la informacin que ve-na atrasada ms de dieciocho aos.Un tercera poltica que asumimos fueestablecer el dilogo y las puertasabiertas en el ministerio: se atendi arepresentantes de todo tipo de organi-zaciones: pblicas, privadas, sindica-les; en particular, a los dirigentes delas organizaciones de campesinos, pe-

queos, medianos y empresarios agra-rios. Un cuarto logro fue que trabaja-mos en la transformacin de Agroban-co, al que encontramos casi quebrado:impulsamos un proceso sostenido, yahora el banco es un ente financieroque apoya con financiamiento y ase-sora a la agricultura y a la ganaderanacional.

En quinto lugar, debo destacar el ac-cionar, durante la actual gestin guber-namental, del Programa de Compensa-ciones para la Competitividad (Agroi-

deas), donde se atendieron tres tiposde incentivos: asociatividad, gestinempresarial y adopcin de tecnologa.En dos aos de intenso trabajo se be-nefici a ms de 150 organizaciones;12,000 campesinos y pequeos produc-tores asociados empresarialmente; yms de 55 mil hectreas beneficiadas;todo esto con una inversin aproxima-da de 100 millones de soles. El Estadoperuano dio un aporte de 70 millones ylas organizaciones que accedieron aeste apoyo aportaron 30 millones.Agroideas est generando institucio-nalidad, formando empresas, y promo-viendo el valor agregado de la produc-cin. Quiz lo avanzado es an insufi-ciente, pues para replicar masivamenteun programa de apoyo como este serequerira de cientos de millones de so-les ms. Eso depende de un nuevo in-cremento, mucho ms sustancioso, porparte del Estado. Desarrollar y dinami-zar la economa en el campo es funda-mental para lograr la inclusin a la que

todos aspiramos.

LRA: En el tema de la elaboracinde polticas sobre seguridad alimen-taria se presentaron varias divergen-cias entre el Poder Ejecutivo y el Le-gislativo. El proceso seguir avanzan-do? Llegaremos a contar con un Plande Accin y una Estrategia Nacionalsobre seguridad alimentaria?

JR: Como lo expresa el llamado Aode la Inversin del Desarrollo Rural yde la Seguridad Alimentaria, hemossido persistentes con este compromi-

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so. Cuando digo hemos sido me re-fiero a todos los sectores pblicos y auna gran participacin de la sociedadcivil organizada: es un buen ejemplode lo que se puede hacer cuando serenen ambos actores. Pero tambinse necesita que el Legislativo y el Eje-cutivo se pongan de acuerdo en susplanteamientos. Sobre esto ltimo,con la colaboracin especial de laFAO3 se han logrado reuniones entreel Minagri y el Congreso: congresi s-tas como Yehude Simon, Toms Za-

mudio y otros de diversas banca-das han participado con entusiasmo,en julio ltimo, en definir una polticaque recoja lo mejor de ambas propues-tas. Se tiene la Estrategia terminada,lo mismo que el Plan de Accin. Estosinstrumentos de poltica son muy im-portantes, pero si la poblacin y el mis-mo gobierno no las asumen como pro-pias y con entusiasmo, es poco lo quese habr logrado.

LRA: La Autoridad Nacional delAgua (ANA) donde fuiste presiden-

te del consejo directivo an es con-siderada como una instancia pblicadeficiente, que no presta un servicioadecuado a las demandas de la pobla-cin. Lo mismo se dice del Senasa.

JR: No concuerdo con esa afirma-cin, y no es porque haya tenido unalto cargo en ese consejo directivo.Creo que ambos organismos, ANA ySenasa, si bien acarrean problemas, sonun buen ejemplo de poner seriedad enaspectos tan complejos como el mane-

jo del agua y la sanidad vegetal y ani-

mal. Recibimos una ANA destartalada,sin principios, desorganizada, insol-vente y partidarizada. En los dos aosde gestin de Hugo Jara se hicieronesfuerzos extraordinarios para cambiaresa situacin. Me consta el esfuerzode su equipo de profesionales paraaplicar una poltica transparente en lagestin del agua; quiz con errores,quiz con problemas, pero dnde nolos hay en verdad? Respecto al Sena-sa, la gestin de scar Domnguez yde sus funcionarios tuvo como polti-ca apoyar el desarrollo de una agricul-

tura y ganadera eficientes. Uno de losresultados es que el Per sea conside-rado como Pas Libre de Fiebre Afto-sa. Adems, no han escatimado es-fuerzos en luchar contra la mosca de lafruta y otras plagas, que hacan insos-tenible la exportacin de alimentos aotros pases.

LRA: Viajaste mucho por el interiordel pas. Cmo evalas esos viajes?

JR: Muy duros, algunos. Estar enplazas llenas, en mesas de dilogo com-

plicadas y demandantes por horas yhoras, con una poblacin descreda eimpaciente por obvias y muchas razo-nes, no es nada sencillo. Recuerdo queen Cajamarca, en medio de las protes-tas contra el proyecto Conga, las ra-dios y los canales de TV me pidieronuna entrevista en plena Plaza Mayor.Se form un grupo de protesta, y unamujer, con mucha ira, me grit: Grin-go, ndate a tu pas. Quise dialogarcon ella, pero no terminaba de insultar.No obstante, en la conversacin tiran-te que se dio, logr explicarle que

Cada ministro quiere implementar sus propias polticas de intervencin en el sector, sin tomar en consideracin que se trata de un mismogobierno (...). Esto genera gastos innecesarios y mucho desgaste en lograr la institucionalidad del sector, seala Rheineck.

FotosArchivoCepes

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comprenda su malestar, y nos pusi-mos a escuchar los puntos de vista deuna poblacin, por cierto, enardecida.La verdad es que mi pinta es como lade un gringo, a lo Yanacocha, comome comentaron risueamente los com-paeros que me acompaaban. Perouno aprende a saber escuchar a unapoblacin insatisfecha y decepciona-da de todo.

Tambin fue duro el viaje a Santo To-ms, en Chumbivilcas. Una travesa demuchas horas, en poca lluviosa, conla plaza llena y la poblacin expectan-te. Fuera minas, viva el agro, era laconsigna de todo el da y toda la no-che. Arribamos a resultados muy inte-resantes, pues, luego de escuchar susproblemas, observaban que los com-promisos que asumamos eran serios.

Tambin recuerdo el viaje a Yurima-guas, en Loreto. Junto con diversos

parlamentarios, otros viceministros, yautoridades regionales y locales, es-tuvimos catorce horas seguidas escu-chando los reclamos de la poblacinsobre el deterioro del medio ambientey los daos ocasionados al bosque porgrandes empresas. Reclamos justos, sinduda, de una poblacin que se hartde engaos. Y se encuentran solucio-nes si se acta con buena fe, que es loque hace que estas jornadas se vuel-van relevantes y necesarias. Y muchosotros contactos con pobladores de lascomunidades campesinas, con los

compaeros de Alpachaca, o en la que-rida Andahuaylas; audiencias pblicasen muchas ciudades y pueblos: en Vin-chos, Huanta, Huamanga, Jauja, Huan-cayo, pueblos olvidados de Huanca-velica; es decir, paro de contar. Gratifi-cante; una experiencia dura, donde real-mente conoces y aprendes de los pro-blemas que aquejan a los ms pobresdel pas.

LRA: El Minagri est atravesandouna reorganizacin, y ahora cuentacon dos viceministerios. Crees queest preparado para atender, con re-cursos y con equipos, a la poblacinms necesitada del sector agrario?

JR: Lograr la institucionalidad es unreto difcil. Con Caillaux, el primer mi-nistro de Agricultura de este gobierno,se empez a trabajar una reorganiza-cin en el segundo semestre de 2011,

que se frustr con el cambio que so-brevino en diciembre de ese ao. Sugestin solo dur cinco meses. Luego,con el nuevo ministro, Ginocchio, setuvo un planteamiento interesante, queno buscaba una reestructuracin totaldel ministerio, sino establecer con cla-ridad que este deba tener, por un lado,responsabilidades agrcolas y, por otro,responsabilidades orientadas a la ga-nadera. Su gestin dur siete meses.Luego, el tercer ministro, von Hesse,evalu que la propuesta deba ser tra-bajada de nuevo, descartando todo lo

avanzado. Al final, se tiene al Minagricon una estructura que intenta orde-nar las orientaciones del sector en dosvas: hacia las polticas y hacia la eje-cucin de obras. El problema es quecada ministro quiere implementar suspropias polticas de intervencin en elsector, sin tomar en consideracin quese trata de un mismo gobierno y quelos objetivos y lineamientos de polti-ca deben estar alineados a estos pro-psitos. Esto genera gastos innecesa-rios y mucho desgaste en lograr la ins-titucionalidad del sector.

LRA: Pero, adems de estos aspec-tos burocrticos, existieron diver-gencias de fondo con el actual minis-tro von Hesse?

JR: La divergencia ms relevante con

l estuvo relacionada con algunas po-lticas agrarias, principalmente, sobrelos lmites a la propiedad de la tierra;dicho sea de paso, se acord que setratara una vez que salieran los resul-tados del IV Censo Agropecuario.Ahora, que ya contamos con los resul-tados definitivos, esperamos que elMinagri fije una posicin sobre el lmi-te a la propiedad. A m me preocupa elproceso de acaparamiento de tierrasque hoy atraviesa el Per: ms deochenta mil hectreas, en la costa, es-tn en manos de un solo propietario, ygran parte estn orientadas a la pro-duccin de biocombustibles. Esta si-tuacin debemos evaluarla con cuida-do, porque recordemos que somos unpas donde prima la agricultura fami-liar, que tiene un rol importante para laalimentacin de toda la poblacin. Loesencial es buscar un reordenamientoque nos permita lograr el desarrollo in-clusivo del que hablamos tanto. Creoque desarrollar nuestro sector agrario

y rural es un compromiso que no debe-mos dejar atrs.

Notas1 Rgimen Especial del Productor Agrario

(Repa), una propuesta de ley de la Con-vencin Nacional del Agro Peruano (Con-veagro) para promover la asociatividad y

formalizacin de los productores agrariosa travs de mecanismos de incentivo tri-butario.

2 Instituto Nacional de Estads tica e Infor-mtica.

3 Organizacin de las Naciones Unidas parala Alimentacin y la Agricultura (FAO, porsus siglas en ingls).

Rheineck y el actual ministro, Milton von Hesse, en una reunin con Lucila Quintana, presidenta de

Conveagro. Rheineck destaca que durante su gestin se tom muy en cuenta la opinin de las organi-zaciones agrarias, las juntas de regantes, los gremios, las comunidades campesinas, entre otros.

Fotointernet

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El derecho y la gestin local

del agua en Santa Rosa de

Ocopa. Guevara Gil, J. Arman-do. Lima: ARA editores, 2011.Trabajo que estudia el derecho y

la gestin local de aguas en SantaRosa de Ocopa pueblo ubicado

en la orilla del ro Achamayo, pro-vincia de Concepcin, reginJunn, resalta la forma en que la

municipalidad y, posteriormente, elcomit de regantes han desplega-

do prcticas interlegales para re-

validar su autonoma local y tejerrelaciones sociales en torno del

agua. Propone que, para comprender la dinmica legal lo-

cal, sera ms productivo dejar de concentrarse en la identi-ficacin del sistema legal o el repertorio normativo (estatal,

indgena, local) supuestamente vigente y, en su lugar, volver

la mirada a las prcticas e interpretacin legal cotidianas.Texto descargable desde .

Derechos de las comunida-

des campesinas. Principales

leyes y reglamentos. Casti-llo, Pedro y Laureano delCastillo. Lima: Centro Perua-no de Estudios Sociales (Ce-pes)/ Grupo Allpa/ Heifer In-ternational/ CoordinadoraRural y Socios Per, 2013.

Compilacin que intenta poner enmanos de los comuneros y de las

Ministerio de Agricultura y RiegoEl D.S. 008-2013-MINAGRI (3 ago.)modifica el reglamento de la Ley 28585

Ley que crea el Programa de Riego

Tecnificado, aprobado por D.S. 004-2006-AG.Por R.M. 0274-2013-MINAGRI (4 ago.)se reconoce y dispone la inscripcin, en

la Lista de Ecosistemas Frgiles delMinisterio, de la Loma de Lcumo, ubi-cada en el departamento de Lima.

Mediante D.S. 009-2013-MINAGRI (14ago.) se aprueba la Poltica NacionalForestal y de Fauna Silvestre.

Por R.M. 0293-2013-MINAGRI (15 ago.)se aprueba el Plan Nacional de Accinde Reduccin de la Incidencia y Severi-

dad de la Roya Amarilla del Cafeto,

Hemileia vastatrix, en el Per - Plan Na-cional Contra la Roya Amarilla.Mediante R.D. 0020-2013-MINAGRI-

SENASA-DSA (15 ago.) se establecen

requisitos sanitarios especficos decumplimiento obligatorio en la importa-

cin de determinadas mercancas pe-

cuarias de origen y procedencia de Uru-guay, Brasil y Argentina.

Ministerio de Energa y Minas

Por R.M. 310-2013-MEM/DM (10 ago.)se aprueban criterios que regulan lamodificacin de componentes mineros

o ampliaciones y mejoras tecnolgicas

en las unidades mineras de proyectosde exploracin y explotacin con impac-

tos ambientales no significativos que

cuenten con certificacin ambiental.

Ministerio del Ambiente El D.S. 008-2013-MINAM (22 ago.)aprueba disposiciones reglamentarias

del artculo 20-A de la Ley 29325, Ley del

dirigencias una herramienta que les permita contar con in-

formacin legal pertinente y actualizada, que se convierta

en un instrumento para fortalecer su accin en el marco delrespeto de sus derechos. Esta tercera edicin, adems de

incluir dos nuevos reglamentos (que corresponden a la Ley

de Recursos Hdricos y la Ley de Consulta Previa a los Pue-blos Indgenas), contiene informacin de la situacin de las

comunidades en materia de reconocimiento y titulacin detierras. Puede descargarse de .

Mecanismos financieros. Elementos para la crea-

cin y consolidacin de un fondo de agua. Coro-nel Tapia, Lorena. Lima: Programa AACC, 2013.Este manual es la base conceptual y de contenidos de un

curso regional de aprendizaje realizado en 2013, en el mar-co del programa Adaptacin de la agricultura y del aprove-

chamiento de aguas de la agri-

cultura al cambio climtico en losAndes (Programa AACC), de la

Agencia Alemana de CooperacinTcnica (GIZ). Presenta una bre-ve introduccin a los mecanismos

para la conservacin, que partede una resea sobre los servicios

ecosistmicos y su relacin con

el bienestar humano. Tambinanaliza el funcionamiento, ele-

mentos, actores, lugares y mo-

mentos propicios para la factibili-dad de la aplicacin de un fondo

de agua. Igualmente, detalla ex-

periencias de fondos de agua en la regin. Descargable

desde .

Sistema Nacional de Evaluacin y Fis-

calizacin Ambiental.

Autoridad Nacional del Agua(ANA)Por R.Jef. 327-2013-ANA (3 ago.) sedeclaran infundados recursos interpues-

tos contra la R.Jef. 148-2013-ANA, que

otorg reserva de aguas superficiales afavor del Proyecto Especial Majes Siguas.

Gobierno Regional de MoqueguaMediante Acuerdo 084-2013-CR/GRM(14 ago.) encargan a la Gerencia Regio-

nal de Recursos Naturales y Gestin del

Medio Ambiente, la Gerencia Regionalde Desarrollo Econmico y la Gerencia

Regional de Desarrollo Social, y al Pro-

yecto Especial Regional Pasto Grande,la elaboracin de la Poltica Regional de

Recursos Hdricos en la Regin.

Normas legales Normas legales Normas legales Normas legales

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7/30/2019 LRA-154

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A juzgar por lo que declaran los peque-os productores (PP), el comercio justo(CJ)1 no existe, pues los intermediariosson los que tienen todas las ventajas.Hace treinta aos surgi en Europa unmovimiento conformado por variasorganizaciones de la sociedad civildecidido a instaurar un comercio justo.

En qu consista? En reconocer y va-lorar los bienes generados por peque-os productores. Dicho movimientocre as el sello de Fairtrade Labelling

Organizations (FLO), para promovercondiciones laborales y econmicas

justas para los PP.Pero lo que naci como un sistema ex-

clusivo para la pequea agricultura en elmundo, ahora tambin beneficia a transna-cionales como Dole, Neuman, entre otras.

Transnacionales se benefician de un sistema comercial diseado para pequeos productores.

Existe un comercio justo para lapequea agricultura?

Cuando la demanda de comercio justoempez a crecer, el sello FLO se vio en lanecesidad de contar con mayor produc-cin, y es ah cuando empiezan a incorpo-rarse transnacionales, beneficindose tam-bin a los trabajadores de estas, explicaArnaldo Neira, expresidente de la Coordi-nadora Nacional de Comercio Justo Per(CNCJ). En resumen, no se est cumplien-do el objetivo principal del sistema: reivin-dicar el trabajo del pequeo productor.

En la actualidad existen una serie de

cuestionamientos, en el Per, sobre cmoel CJ beneficia al PP y si, en efecto, lohace. Frente a ello, surgen varias pregun-tas: cul es el rol del Ministerio de Agri-cultura en todo esto?, existe algn enteregulador de este sistema?, qu polti-cas pblicas estn pensadas para impul-

sar el CJ? Tal parece quela respuesta en todoslos casos es negativa.

Por ello, urge porlo menos a nivel local

implementar polticasagrarias para promoverel CJ y a los pequeosproductores, e impulsaras un sistema sosteni-ble. Por ahora, solo hayun trabajo aislado de or-ganizaciones de la so-ciedad civil, que, a vistade las evidencias descri-

tas anteriormente, viene dndose ancon muchas taras.

Datos positivosPese a todo, la iniciativa del CJ necesi-

ta seguir siendo impulsada, pues no sepuede negar el impacto que ha tenidohasta el momento en los pequeos pro-ductores. Arnaldo Neira menciona quesi uno visita cualquier organizacin ar-ticulada al comercio justo, es evidente lahuella positiva que ha tenido en sus vi-

das: muchos han mejorado sus proce-sos agronmicos; otros, la zona dondeviven, con carreteras y postas. Sin em-bargo, es indudable que an falta mstrabajo por hacer2. Slo en 2012, el Perexport ms de 400 mil quintales de cafbajo la modalidad de CJ3. Es un dato querevela la creciente importancia de estesistema entre los productores peruanos.

Notas1 El Comercio Justo es una asociacin comer-

cial que se basa en el dilogo, la transparencia

y el respeto, y que intenta conseguir ms igual-dad en el comercio internacional. Contribuyeal desarrollo sostenible porque ofrece mejorescondiciones comerciales a los trabajadoresmarginados (definicin internacional).

2 Segn informa la CNCJ Per,una parte deldinero recibido como parte del CJ es invertidoen mejorar los procesos de produccin y el de-sarrollo local de los productores y sus familias.

3 Informacin tomada de la CoordinadoraNacional de Comercio Justo Per.

Proyecto Mercados Campesinos

Promoviendo la seguridad y soberana

alimentaria en los mercados locales

Ftima Flores

Dato 1: Los principales productos de CJ en el mun-do son: banano, cacao, caf, algodn, flores, frutas

frescas, oro, miel, jugos, arroz, especies y hierbas,

azcar, t y vino.

Dato 2: Otro de los cuestionamientos actuales porparte de los pequeos productores en Per a Fair-

trade Labelling Organizations es la inclusin del oro

como producto, pues ocasiona dudas sobre cmo

la organizacin lograr cuidar los estndares (labo-

rales/ambientales), tomando en cuenta los riesgos

de la minera informal en pases como el nuestro.

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