LAS VÍAS PARA REMEDIAR LA NULIDAD DE LAS ?· 44 Rodrigo Tascón López ÍNDICE 1. SOBRE LA NULIDAD…

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  • TEMAS LABORALES nm. 86/2006. Pgs. 43-68.

    LAS VAS PARA REMEDIAR LA NULIDADDE LAS ACTUACIONES PROCESALES

    EN EL ORDEN SOCIAL DE LA JURISDICCIN

    RODRIGO TASCN LPEZProfesor Colaborador de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

    Universidad de Len

    EXTRACTO

    El modo a travs del cual remediar (o, en su caso, combatir) la nulidadde las actuaciones procesales constituye, sin duda, una cuestin capital para eljusticiable y para el sistema judicial en su conjunto, afectando, en ltimo tr-mino, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el cual aparece inte-grado, como contenido de primer orden, por la tramitacin de un proceso contodas las garantas.

    Sin embargo, y por cuanto hace al orden social de la jurisdiccin, la Leyde Procedimiento Laboral guarda silencio sobre tan trascendente cuestin, de-biendo acudirse a las previsiones contenidas tanto en la Ley Orgnica del Po-der Judicial como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien los mecanismosprevistos en tales normas plantean no pocos problemas de encaje con los insti-tutos propios del orden social, sobre todo tras las reformas acaecidas en losltimos aos.

    As, el presente estudio va analizando sistemticamente las distintas vaspara combatir la nulidad de una determinada actuacin procesal.

    En primer lugar, las facultades del propio rgano judicial para subsanar-la de oficio.

    En segundo trmino, las posibilidades que tienen las partes para recu-rrir un acto viciado de nulidad a travs de los cauces ordinarios de impugna-cin que, curiosamente y casi siempre, en el orden social sern recursos ex-traordinarios.

    En fin, la incoacin de un incidente excepcional de nulidad de actuacio-nes para, una vez terminado el proceso, tratar de subsanar la nulidad de aquellasactuaciones que no hubiera sido posible remediar a travs de otro medio, ascomo su obtusa concordancia con el incidente de subsanacin de sentencias,previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  • Rodrigo Tascn Lpez44

    NDICE1. SOBRE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES PROCESALES EN GENERAL2. APRECIACIN DE LA NULIDAD POR EL PROPIO TRIBUNAL QUE EST CONOCIENDO3. LA UTILIZACIN POR LA PARTE DE LOS REMEDIOS ORDINARIOS

    3.1. Recursos de reposicin y splica3.2. Recurso de Suplicacin3.3. Recurso de Casacin3.4. Recurso de Queja3.5. Recurso de revisin3.6. Otros medios para atacar la nulidad3.7. Un medio que ya no lo es para atacar una determinada modalidad de nulidadde actuaciones judiciales: la audiencia al demandado rebelde

    4. EL INCIDENTE EXCEPCIONAL DE NULIDAD DE ACTUACIONES5. EL INCIDENTE DE SUBSANACIN Y COMPLEMENTO DE SENTENCIAS Y AUTOS DEFEC-

    TUOSOS

    1. SOBRE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES PROCESALESEN GENERAL

    Como bien es sabido, el proceso judicial constituye una concatenacinde actos procesales, debidamente regulados en las respectivas Leyes de pro-cedimiento (en la LPL por cuanto a este estudio importa), a travs del cual,y siempre y cuando concurran los requisitos formales debidos, se da cursoa la pretensin de la parte, quedando dirigido hacia un pronunciamiento enel cual el rgano judicial resuelve en Derecho la cuestin planteada 1.

    En este sentido, es menester poner de manifiesto cmo el derecho fun-damental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24. de la Consti-tucin, supone una facultad de acceso a la jurisdiccin 2, como ncleo esen-cial de la tutela judicial efectiva 3, y comprende la facultad de promover laactuacin de los rganos jurisdiccionales en orden a la tutela de los dere-chos e intereses legtimos dignos de proteccin 4, aun cuando no conlleveper se la exigencia de una resolucin sobre el fondo del asunto, pues tal

    1 Posibilidad, en fin, de reclamar ante los Tribunales de Justicia el cumplimiento decuanto el Derecho reconoce y la fuerza de los hechos niega, GUASP DELGADO, J.: La preten-sin procesal, Madrid (Civitas), 1981, pgs. 38-41.

    2 Entre muchas, SSTCo 11/1982, de 29 de marzo; 90/1983, de 27 de noviembre; 19/1986, de 7 de febrero; 148 y 232/1988, de 14 de julio y 2 de diciembre; 33/1989, de 3 defebrero; 213/1990, de 20 de diciembre; 6/1992, de 6 de enero; 217/1994, de 18 de julio 54/1997, de 17 de marzo.

    3 Entre otras varias, SSTCo 308/2000, de 18 de diciembre 10 y 51/2001, de 29 deenero y 26 de febrero, respectivamente.

    4 En formulacin casi tautolgica cabe afirmar que all donde exista un derecho o in-ters legtimo digno de tutela, existir derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-bunales, SSTCo 71/1991, de 8 de abril.

  • Las vas para remediar la nulidad de las actuaciones procesales 45

    requisito se cumple tambin cuando el rgano judicial inadmite o desestimauna pretensin por un motivo de forma si la parte no ha dado oportuno cum-plimiento a las exigencias establecidas por la Ley 5.

    La norma fundamental quiere incorporar, junto a las modalidades cl-sicas de derechos humanos, un conjunto de garantas eminentemente juris-diccionales y procesales 6 elevadas al rango de derecho fundamental 7 au-tntico derecho estrella en el firmamento constitucional 8, erigindosesu contenido en la verdadera norma de cierre del ordenamiento jurdico yen la garanta real para el disfrute de los dems derechos 9.

    Ahora bien, en este acceso a la jurisdiccin ser menester observar loscauces, trmites y requisitos establecidos por el legislador al ser ste underecho prestacional de configuracin legal 10, sin que stos puedan su-

    5 Recurdese cmo el derecho a la tutela judicial efectiva normalmente se satisfacemediante la obtencin de una resolucin fundada en Derecho; [mas sta] podr ser de inadmisincuando concurra una causa legal para ello y as lo acuerde el rgano jurisdiccional en aplica-cin razonada y razonable de la misma, SSTCo 9/1981, de 31 de marzo; 126/1984, de 26 dediciembre; 214/1988, de 14 de noviembre; 5/1990, de 26 de abril; 92/1993, de 15 de marzo;217/1994, de 18 de julio; 159/1995, de 6 de noviembre; 135/1996, de 23 de julio; 101/1997,de 20 de mayo 88/2001, de 2 de abril.

    6 En el conocido fenmeno de la constitucionalizacin de las normas, figuras e institu-tos procesales, puesto de manifiesto desde antiguo por la mejor doctrina, CALAMANDREI, P.:Processo e democrazia, Padua (Cedam), 1954, pg. 148. La inclusin de los denominados de-rechos procesales en los textos constitucionales deriva de la interdiccin de la autotutela delpropio derecho y de la necesidad de proporcionar a los justiciables una serie de garantas ele-mentales en el mbito de la Administracin de Justicia, ACOSTA ESTVEZ, J.B.: Lneas bsicasdel derecho a la tutela jurisdiccional: la garanta constitucional de la accin, La Ley, T. III,1990, pg. 874; en la doctrina laboral, imprescindible la referencia a GOERLICH PESET, J.M.:El derecho al proceso: acceso a la jurisdiccin y al recurso en materia laboral, RL, nms.15-16, 1997, pgs. 201 y ss. , recientemente, VALDS DAL-R, F.: Tutela judicial efectiva yacceso al proceso laboral, en AA.VV.: El proceso laboral. Estudios en homenaje al Prof. LuisEnrique de la Villa, Valladolid (Lex Nova), 2001, pgs. 909 y ss.

    7 Pasando de ser meras garantas de los derechos, a ostentar el carcter de garantascomo verdadero derecho fundamental, segn se encarga de exponer grficamente FUIGUERUELOBURRUEZA, A.: El derecho a la tutela judicial efectiva, cit., pg. 20.

    8 Como lo califica DEZ-PICAZO Y PONCE DE LEN, L.: Notas sobre el derecho a latutela judicial efectiva, PJ, nm. 5, 1987, pg. 41.

    9 VALDS DAL-R, F. y CASAS BAAMONDE, M. E.: Tutela judicial, competencia de lajurisdiccin y acceso al proceso de trabajo, cit., pg. 12.

    10 SSTCo 50/1990, de 26 de marzo; 114/1992, de 14 de septiembre; 149/1993, de 3 demayo; 55 y 174/1995, de 6 de marzo y 23 de noviembre 123/1996, de 8 de julio. En estesentido, el Alto Tribunal recuerda que los trmites y requisitos procesales no son un purocapricho ritual, sino una necesidad de ordenacin del proceso a travs de ciertos cauces obje-tivos en garanta de los derechos de los ciudadanos, SSTCo 185/1987, de 18 de noviembre;132/1992, de 28 de septiembre 221/1994, de 18 de julio. En la doctrina cientfica, APARICIOPREZ, M.A.: El derecho a la organizacin de la tutela judicial efectiva, Anuario de DerechoPblico y Estudios Polticos, nm. 1, 1988, pgs. 75 y ss.

  • Rodrigo Tascn Lpez46

    poner, empero, obstculos excesivos o irrazonables 11 y debiendo atenuarel rigor de su cumplimiento en virtud del denominado principio favoractionis o pro actione 12 bajo los criterios de antiformalismo 13 ysubsanabilidad de cuantos defectos procesales sean por naturaleza sus-ceptibles de reparacin 14, sobre todo cuando no se hayan generado perjui-cios para la contraparte procesal y la finalidad perseguida con el requisitoformal infringido haya sido alcanzada a travs de otros medios 15.

    En consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en el seno delproceso han de ajustarse al principio de legalidad procesal, pues slo as seda verdadero cumplimiento al derecho a un proceso con todas las garantas.Por tanto, aquellas actuaciones procesales no ajustadas a este criterio de co-rreccin formal lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva y, en conse-

    11 SSTCo 93/1990, de 23 de mayo; 195/1992, de 16 de noviembre; 285/1993, de 4 deoctubre 55/1997, de 17 de marzo. No resultan ni excesivos ni irrazonables el cumplimientode los plazos legales [SSTCo 15/1985, de 5 de febrero; 220/1993, de 30 de junio 104/1997,de 2 de junio], la necesidad de observar ciertos requisitos previos al proceso, como pudieranser la conciliacin o reclamacin administrativa previa [SSTCo 14/1993, de 18 de enero; 17/1994, de 20 de enero y 122/1997, de 3 de junio] o la constitucin de fianzas, depsitos o con-signaciones para poder acceder a los recursos legalmente establecidos, siempre y cuando noacaben siendo prohibitivos o especialmente gravosos [STCo 147/1985, de 29 de octubre 202/1987, de 17 de diciembre].