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Las protestas de derechos humanos en la Argentina
de la consolidación democrática 1989-1998
SEBASTIÁN PEREYRA
Universidad de Buenos Aires
(Argentina)
"Prepared for delivery at the 2001 meeting of the Latin American Studies
Association, Washington DC, September 6-8, 2001."
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Las protestas de derechos humanos en la Argentina de la consolidación democrática 1989-1998
SEBASTIÁN PEREYRA*
I. Introducción El estudio de la movilización social y política ha adquirido en los últimos años una
riqueza y diversidad crecientes. Por tal motivo, si bien este trabajo presenta los resultados
parciales de un estudio de caso específico1 ha requerido también presentar algunas de las
discusiones más importantes que se han sostenido sobre el tema.
Por razones expositivas este texto se divide en dos partes. En la primera de ellas se
presentan los debates teóricos que desde los años ’60 acompañan el estudio de los
fenómenos de movilización. En términos generales, ese debate ha estado signado por la
presencia de dos grandes perspectivas (una centrada en la noción de racionalidad y la otra
en la noción de identidad) que se han ocupado de dar cuenta de la aparición de los nuevos
movimientos sociales. Cualquier intento de encarar estudios específicos supone adentrarse
en las diferencias conceptuales y teóricas que las distintas teorías han propuesto
sucesivamente.
* Lic. en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Becario de formación de posgrado del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS, UBA. E-mail: [email protected] 1 La investigación se denomina: “Transformaciones en el movimiento de derechos humanos en Argentina 1989-1998” y está financiada con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Agradezco especialmente a Federico L. Schuster y a Francisco Naishtat quienes co-dirigen este trabajo. A su vez, esta indagación está inscripta dentro de un proyecto más ambicioso que pretende elaborar un mapa de la protesta social en Argentina en la década del ’90. Para ello se está realizando un relevamiento de protestas en medios gráficos y una serie de entrevistas a actores y militantes de las protestas en distintos casos seleccionados. Por tal motivo, agradezco especialmente al equipo de investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y al Prof. Federico L. Schuster quien dirige también este esfuerzo colectivo.
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Una de las salidas más frecuentes ha sido la del eclecticismo conceptual. Muchos
estudios han tomado los conceptos más relevantes que ofrecen los distintos enfoques y los
han llevado al campo. Sin embargo, la posición que he intentado sostener en este trabajo –y
a ello se debe la dedicación de un apartado teórico específico- es que es necesario
contraponer con toda claridad los presupuestos que sostienen cada una de las teorías como
prerequisito para encarar el análisis conceptual. Si bien las teorías brindan herramientas
sumamente interesantes para dar cuenta de aspectos particulares del fenómeno estudiado,
sus diferencias sobrepasan ese nivel de distinción. Más bien, representan formas
alternativas de entender la movilización e incluso versiones muy diferentes sobre la
definición del fenómeno en cuestión.
Dada la complejidad que presenta ese debate conceptual partimos de la
consideración del concepto de protesta social en tanto éste permite un acceso empírico a la
movilización y contribuye a analizar en toda su diversidad el escenario de fragmentación
actual; desde allí pueden ponderarse las distintas formas en que se vinculan las protestas
entre sí y cuáles son las dimensiones más significativas de su impacto político.
En la segunda parte se presentan las características del caso en cuestión. Sin
embargo, elaborar un recorte particular sobre las protestas de derechos humanos en
Argentina en la década del ’90 ha llevado a revisar, por un lado, la historia reciente de la
movilización en el país y en América Latina en general y, por otro lado, ha considerar cuál
ha sido el desarrollo de la problematización del tema de los derechos humanos en
Argentina.
El análisis de las protestas actuales surge, entonces, a partir del desarrollo del
movimiento de derechos humanos en Argentina, el cual se presentó en la escena pública
durante la última dictadura militar. Comprendiendo la forma histórica de articulación de las
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protestas de derechos humanos, hemos intentado plantear algunas zonas para el análisis de
los distintos procesos de particularización de las demandas y de surgimiento de nuevos
actores y demandas involucrados. De los cuatro ejes de protesta que presentamos como los
más significativos, nos hemos concentrado específicamente en dos de ellos. Por un lado,
una serie de protestas cuyo rasgo central es su carácter expresivo y que marcan una línea de
ruptura con los reclamos de las organizaciones históricas de derechos humanos.
Analizamos allí el problema de la memoria y de la condena social como los términos
centrales de una disputa simbólica por la reconstrucción de una historia del terrorismo de
Estado. Por otro lado, otro de los fragmentos significativos de las protestas de derechos
humanos, está representado por aquellas que se han organizado en torno al cuestionamiento
de la calidad de la consolidada democracia argentina. El tema de la violencia policial e
institucional ha marcado otro eje común para una serie de protestas que impugnan el
accionar de los organismos de seguridad y que reclaman por una “distribución más
igualitaria” de las garantías civiles mínimas.
En todos los casos, hemos tratado de hacer especial hincapié en el análisis de los
vínculos que nuclean a las organizaciones que soportan las acciones de protesta y también
en la manera en que las protestas se articulan con otro tipo de acciones motorizadas por las
propias organizaciones y con otras redes de protesta.
II. Debates teóricos contemporáneos en torno al estudio de la acción colectiva, los
movimientos y las protestas sociales
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A fines de la década el '60 comienza a tomar forma la discusión sobre la
movilización social y política tal como la conocemos hoy en día. Esta discusión
contemporánea se ha organizado en torno de la noción de movimiento social y tiene dos
enfoques bien definidos. El eje central de una de estas perspectivas está puesto en la noción
de interés y en reconstruir una teoría de la acción (racional) que contemple la especificidad
de la movilización política. Sobre la base de las críticas a las nociones de comportamientos
colectivos y de privación relativa, que han dominado los trabajos de la sociología
norteamericana durante las décadas del sesenta y setenta, este enfoque ha intentado
consolidar una teoría para explicar los fenómenos de acción colectiva. Una multiplicidad de
trabajos teóricos y empíricos definen los lineamientos generales de la teoría de
movilización de recursos.2 La diversidad y el eclecticismo de esta teoría son importantes y
esto se debe, en parte, a la gran cantidad de autores y de análisis particulares que se han
realizado. Su núcleo mínimo común se orienta a analizar la estructura de costos y
beneficios que permiten entender la aparición de fenómenos de acción colectiva.
El segundo enfoque se vincula con algunas de las discusiones que se dieron en la
teoría social europea alrededor de los problemas que suscitó la conceptualización de los
nuevos movimientos sociales. También este fenómeno particular que se abrió paso en las
democracias occidentales desde fines de la década del sesenta marcó los trabajos de la
sociología norteamericana pero, sin embargo, existió hasta estos últimos años una fuerte
desconexión entre ambas perspectivas. La tradición europea se orientó fuertemente hacia la
noción de identidad. La influencia marxista en estas perspectivas es más importante y por
ende, el tipo de reflexiones que orientaron los trabajos de autores como Alain Touraine,
2 Para una caracterización general de la teoría ver: Craig Jenkins, J., "La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales", en Revista Zona Abierta 69, Madrid, 1994,
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Jürgen Habermas, Clauss Offe o Alberto Melucci, fue el problema de qué tipo de sujetos
constituían los movimientos y qué sentido tenían sus acciones políticas. Las luchas de
estudiantes, ecologistas y feministas de la década del sesenta pusieron en cuestión el
privilegio que otorgaba la tradición marxista a la constitución de un sujeto de clase que
encarara una lucha revolucionaria para derrumbar la sociedad capitalista. A comienzos de
la década del '70, la clase obrera en los principales países europeos ya se encontraba
relativamente integrada a la vida política-institucional de los estados de bienestar. El
horizonte de la lucha revolucionaria del siglo XIX y los ecos de la revolución rusa ya se
encontraban aquietados. Sin embargo, la nueva oleada de movilización de esos años
producía profundas transformaciones sociales aunque no lograba cuestionar seriamente la
estabilidad de los regímenes políticos nacionales. Muchos de estos autores comenzaron a
preguntarse por las transformaciones sociales que podían explicar algunos de estos cambios
en los sujetos de la movilización. De hecho, casi todos ellos han desarrollado distintas
versiones de las crisis y transformaciones de la vieja sociedad industrial en sociedades
posindustriales o de capitalismo avanzado.
Las diferencias entre ambas perspectivas han comenzado a borrarse, en parte porque
en los últimos veinte años se han producido una cantidad importante de estudios empíricos
que han permitido acercar posiciones. Pero también porque el conflicto político y la
movilización se han vuelto fenómenos más “normales” -y en alguna medida más acotados-
dentro del funcionamiento democrático.
A diferencia de las décadas del '30 y del '40, cuando los fenómenos de movilización
de masas amenazaban las democracias liberales, en los ’80 y '90 han sido procesos de
intensa movilización y protesta los que han producido transformaciones democratizantes.
pp. 5-49.
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En la actualidad, la movilización no parece orientarse a producir transformaciones a gran
escala, ni siquiera a cuestionar seriamente las formas de organización social y política de
los estados nacionales. Sin embargo, la protesta social constituye un hecho casi cotidiano
en las democracias occidentales. Con distinta intensidad, referida a problemas o demandas
diversas y con la presencia de actores y formatos múltiples, la protesta parece mantener su
vigor como forma de acción política.
¿Cómo pueden comprenderse estos episodios de protesta? La noción de protesta
social se refiere a los acontecimientos visibles de acción que suponen la intencionalidad de
un colectivo en el sostenimiento de una demanda basada y justificada en el reclamo de
derechos. Analíticamente, la protesta puede ser analizada desde un punto de vista interno y
otro externo. Toda protesta surge de la definición de una situación problemática, es decir, la
percepción de una injusticia por parte de los sujetos. A su vez, las protestas especifican, por
un lado, un campo conflictivo (una cierta delimitación entre el espacio del nosotros y el
ellos) que asigna un contenido a la génesis y a los responsables de la injusticia y por otro,
un campo de resolución del conflicto que establece la forma típica mediante la cual la
injusticia puede ser resuelta (respuestas posibles y responsables de las acciones
compensadoras). Desde un punto de vista externo, la protesta requiere un contexto de
oportunidad de la acción, es decir algunos cambios en la estructura política de la sociedad
que habilitan la acción y una enunciación de la acción que incluye la identificación de un
sujeto de acción (un nombre que sostiene la protesta y ciertas redes organizativas que la
soportan) y un cierto abanico de posibilidades de justificación de la acción de protesta (que
incluyen restricciones sobre lo que puede demandarse y sobre cómo puede demandarse).
La noción de protesta social se limita, entonces, a partir de su carácter intencional,
por un lado, y de su visibilidad pública, por el otro. Las manifestaciones, las
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concentraciones o reuniones públicas, las declaraciones públicas son ejemplos de tipos de
protesta aprehendidos desde este punto de vista. El concepto de protesta encuentra su
pertinencia en un marco general históricamente situado. Efectivamente, es necesario y hasta
deseable pensar que la noción de protesta social es la mejor manera de dar cuenta de la
acción colectiva tal cual esta se desarrolla en el contexto de la dinámica de nuestras
sociedades liberales y democráticas. Es necesario considerar que su relevancia es próxima
al contexto general que presentan las sociedades de herencia más o menos homogénea de la
cultura occidental y a la dinámica propia de regímenes democráticos y de Estado de
derecho.3
Otro de los rasgos generales que deben mencionarse es que las protestas se muestran
como el sostenimiento de demandas frente al Estado. Este supuesto puede ser mantenido
como regla general aun cuando se puedan presentar algunas reservas respecto de las
transformaciones que acarrean la regionalización y mundialización crecientes. Así como la
definición de protesta incluye la delimitación de demandas, el interlocutor característico de
dichas demandas es el Estado.4 La apelación a cuestiones de justicia y la referencia
obligada para la intermediación en controversias de este tipo hasta el momento siguen
siendo las entidades estatales. Esto no supone que el Estado efectivamente sea un actor
neutral en la resolución de conflictos sociales; por el contrario aparece como la figura
central de una confrontación. Sin embargo, es cierto y significativo que no sólo el Estado
sino todo el sistema político está obligado a una sensibilidad particular frente a las
3 Se considera ésta la pertinencia teórica de conceptos como el de espacio público democrático –que constituye un elemento central de este análisis- y que pueden ser aceptablemente cuestionados tanto desde el punto de vista de su pertinencia para el análisis de diversos períodos históricos como en el interior de regímenes autoritarios, totalitarios, etc. 4 En el sentido de organizaciones o entidades estatales por contraposición a organizaciones de la sociedad civil o internacionales.
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alteraciones del orden público o los cuestionamientos visibles en virtud de su vinculación
con los problemas de legitimidad.5
Los acontecimientos de movilización social se vinculan entre sí de manera muy
diversa. De hecho, no puede establecerse un recorte a priori acerca de estas formas de
vinculación. Cada protesta puede ser estudiada e individualizada según sus características
particulares de constitución de un sujeto de protesta, formato, estructura de oportunidades
políticas, definiciones compartidas y “logros” estratégicos y performativos. Sin embargo,
las protestas adquieren su sentido en la medida en que se encuentran emparentadas con
otras acciones de protesta. Dicha familiaridad es de por sí discontinua, pero permite
comprender, en cada caso, la dimensión de su inscripción pública y de su impacto político
en general. Así, una protesta reenvía en múltiples direcciones hacia otros acontecimientos
constituyendo redes de protesta. Estas redes son recortes significativos posibles entre
muchos otros. La identificación de una red supone un ejercicio interpretativo que de cuenta
de las continuidades y rupturas que puedan observarse entre distintos acontecimientos en
sus distintas dimensiones de análisis.
Las redes de protesta son, entonces, hipótesis plausibles que pueden construirse
vinculando acontecimientos en virtud de sus parecidos de familia.6 Dicho vínculo se sitúa
tanto en una dimensión sincrónica, en la medida en que pueda detectarse una confluencia
5 Habermas, J., Facticidad y Validez, Trotta, Barcelona, 1997. Capítulo 8. 6 La noción de parecidos de familia permite una ejemplificación del concepto de redes de protesta por analogía a la forma en que L. Wittgenstein piensa al lenguaje: “En vez de indicar algo que sea común a todo lo que llamamos lenguaje, digo que no hay nada en absoluto común a estos fenómenos -por lo cual empleamos la misma palabra para todos- sino que están emparentados entre sí de muchas maneras diferentes. Y a causa de este parentesco, o de estos parentescos, los llamamos a todos ‘lenguaje’.” Wittgenstein, L., Investigaciones Filosóficas, Crítica, Barcelona, 1986, párrafo 65, página 87.
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significativa de acontecimientos, como en una diacrónica en virtud de la correspondencia
entre distintas protestas situadas en un eje histórico.
Las protestas sociales emergen como un doble proceso complejo de definición y
consecuencia del establecimiento de una situación pública problemática.7 Ese proceso de
emergencia es el resultado de un intento exitoso de arribar a una definición de una situación
de injusticia colectivamente compartida y a su vez del establecimiento de un campo de
interacción conflictivo que es el espacio habilitante para dicha aparición y que depende del
reconocimiento –dentro de una “mapa” restringido de motivos apelables– de la legitimidad
de la posición demandante. Dicha emergencia permite comprender una situación de
protesta y especialmente pensar las dimensiones de su impacto político.
Generalmente, el impacto de la movilización social es analizado como una función
del resultado alcanzado por el colectivo de protesta. Sin embargo, intentamos sostener aquí
que esa es sólo una de las dimensiones significativas del contenido político que tienen las
acciones de protesta. Un punto central aquí resulta de los períodos de análisis a considerar.
Según se analicen distintos períodos históricos y distintas redes de protesta la evaluación de
su significación política cambia. Al igual que para la interpretación de redes de protesta, no
toda hipótesis de impacto político resulta plausible aunque, del mismo modo, no pueda
sostenerse que existe una interpretación verdadera o privilegiada.
Haré referencia aquí a algunas dimensiones analíticas del impacto político que
conviene tener en cuenta para pensar la movilización tal como se presenta en la actualidad.
Una primera dimensión se relaciona con los resultados instrumentales de la protesta. En la
medida en que aceptemos que las protestas se vinculan con determinadas demandas, la
7 Cefaï, D., « La construction des Problèmes Publics. Définitions de situations dans des arènes politiques », Reseaux N° 75, Paris, enero-febrero de 1996.
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satisfacción o no de esas demandas constituye el objeto central de esta primera dimensión.
En segundo lugar, dado el vínculo entre protestas y sistema político, las instancias de
resolución de la protesta pueden incluir transformaciones político-institucionales que
incluyen desde la modificación de las alianzas políticas, cambios en la estructura de
gobierno o transformaciones en las formas de gobierno hasta la implementación de políticas
públicas en vinculación más o menos directa con el tipo de problema público presentado o
tematizado por la protesta. Por último, puede pensarse una dimensión significativa del
impacto político de las protestas. Esta dimensión de inscripción pública8 puede
comprenderse en función de la emergencia de un nosotros, así como de temas o argumentos
que acompañan el sostenimiento de determinadas demandas. Asimismo, esta dimensión da
cuenta de la constitución de una historia pública de la protesta en la medida en que
cristalizan repertorios de protesta que definen su significación política.
El análisis de repertorios permite vincular, en última instancia, el impacto de las
protestas con las condiciones que habilitan el surgimiento de nuevas acciones en el
desarrollo de una historia moderna de la movilización social como forma de acción política.
III. Movimientos sociales y protestas en América Latina y en Argentina
En la década del ’80, algunos autores comenzaron a preguntarse por las
características de los movimientos sociales en América Latina. Al igual que en Europa,
8 Naishtat, F., “Acción colectiva y regeneración democrática del espacio público”, en Quiroga, H., Villavicencio, S. y Vermeren, P. (comps.), Filosofías de la ciudadanía: sujeto político y democracia, Homo Sapiens, Rosario, 1999. Habermas, J.,: “Sobre el papel de la sociedad civil y de
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buena parte de estos interrogantes surgieron a partir de las dificultades que suscitaba la
caracterización de la movilización social en términos estrictamente de clases. El panorama
latinoamericano mostraba una diversidad importante de formas de participación política por
vía de la movilización. "Así, los movimientos sociales se ven nutridos por múltiples
energías que incluyen en su constitución desde formas orgánicas de acción social por el
control del sistema político y cultural, hasta modos de transformación y participación
cotidiana de autoproducción societal."9 Históricamente, los movimientos en Latinoamérica
fueron interpretados como movimientos pre-políticos o embrionarios a ser encauzados por
un partido-vanguardia revolucionario. El reconocimiento de que estas manifestaciones
colectivas no podían ser fácilmente encauzadas hacia la revolución llevó a dos tipos de
replanteamiento: a) quienes denunciaban su carácter reformista o reaccionario y b) quienes
comenzaron a interesarse por estudiar sus particularidades.
Aquí se plantea la pregunta central: "La pregunta que surge de inmediato, imposible
de responder a ciencia cierta, es si se trata de una 'nueva realidad' o si la vida social siempre
fue así, y sólo nosotros, ciegos por el peso de los paradigmas dominantes, no la estábamos
viendo."10 De esta forma comenzaba a orientarse la investigación social hacia el sentido de
tales conductas colectivas, intentando indagar en la profundidad de las situaciones de
acción particulares y rescatando el propio punto de vista de los actores. Como puede
apreciarse, el clima intelectual de crítica al marxismo y al funcionalismo como lentes
objetivos para explicar la movilización social impregnó los trabajos de investigadores
la opinión pública política”, en Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, y Bohman, J., Public Deliberation, Cambridge, MIT Press, 1996 9 Calderón, F. y Jelin, E., Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades, CEDES, Buenos Aires, 1987. Pág. 24. 10 Calderón, F. y Jelin, E., op. cit., pág. 27.
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latinoamericanos, guiados, al menos en parte, por los resultados fructíferos que habían
alcanzado los trabajos de Alain Touraine, de Manuel Castells o de Alberto Melucci.11
Una de las perspectivas más interesantes es la de F. Calderón y E. Jelin quienes
intentaron plantear algunos elementos teóricos de análisis de los movimientos sociales, al
tiempo que ensayaban una recorrida histórica sobre la movilización en la región.12
Resumiendo bastante el argumento, podríamos sostener que estos autores proponían
ocuparse de cuatro grandes campos analíticos para entender los procesos de movilización:
a) estructura participativa; b) temporalidad propia; c) espacio y d) efectos sociales.
Estos cuatro campos de la dinámica de los movimientos definían el tipo de
problemas sobre los que tenía que centrarse la investigación social. Un fuerte interrogante
que orientó la indagación empírica que venían y continuaron realizando estos autores se
vinculaba por los campos de conflicto que definían los espacios sociales en que se situaban
los movimientos sociales. De esta forma, los autores habían definido los principales centros
de atención que caracterizaban la década del ’80 en Latinoamérica desde el punto de vista
del conflicto social. En primer lugar, la clase obrera seguía manteniendo importancia
considerando los conflictos típicos que arrastraban sociedades de herencia industrial. La
práctica de la movilización obrera era, sin embargo, centralmente defensiva. "Los efectos
del estancamiento industrial o los procesos de desindustrialización parecen condicionar
estos comportamientos y posiblemente, a excepción relativa de la CUT brasilera, el
11 Tanto Touraine como Castells dirigieron ellos mismos investigaciones en América Latina. Melucci aparece ampliamente citado en muchos de los trabajos a los que hacemos referencia aquí. Ver: Melucci, A., L’invenzione del presente: Movimenti, identitá, bisogni individuali, Il mulino, Bologna, 1982; Touraine, A., Production de la société, Éditions du Seuil, Paris, 1973; Touraine, A., Mouvements sociaux d'aujourd'hui : acteurs et analystes, Éditions ouvrières, Paris, 1982; Touraine, A., [Le] Retour de l'acteur: essai de sociologie, Fayard, Paris, 1984; Castells., M., Ciudad, democracia y socialismo, siglo XXI, Madrid, 1979.
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movimiento obrero sudamericano pierde aparentemente centralidad en la política y en la
economía latinoamericanas, impugnando más a los gobiernos y a los ministerios de trabajo
que al capital, sea éste nacional o internacional; la dirección industrial de la sociedad no
está en cuestión para los obreros."13 Sin embargo, este proceso se acompañaba con el
desarrollo de una mayor autonomía y democratización interna de las organizaciones
sindicales. En segundo lugar, existían toda una serie de conflictos, redes y movilizaciones
cuyo núcleo común era la pertenencia a un mismo espacio de desarrollo urbano, y cuyos
conflictos centrales se ubicaban en torno a problemas de calidad de vida o de consumos
colectivos.14 En tercer lugar, el campo, o el campesinado mantenía una serie de conflictos
centrados en demandas referidas a la tierra, el mercado y la organización campesina, al
tiempo que se detectaban articulaciones muy significativas con otros tipos de demandas
étnicas y culturales. Hasta aquí los conflictos que más tradición tenían en América Latina
hasta los años ochenta. Sin embargo, los autores habían encontrado una cantidad de
demandas y articulaciones identitarias que excedían estos campos conflictuales. En
principio, las cuestiones de género habían dado lugar a una organización progresiva de un
movimiento de mujeres en la región e incluso categorías sociales como la juventud también
daban lugar, en el contexto de las transiciones a la democracia, a subculturas urbanas que
presentaban nuevas fuentes de conflicto.
Uno de los casos analizados por Calderón y Jelin, es el movimiento de derechos
humanos. A partir de un sistema de valores fundamentales basados en la defensa de la vida,
la verdad y la justicia, distintos actores sociales habían logrado crear una identidad común e
12 Calderón, F., La política en las calles, CERES, Cochabamba, 1983; Calderón, F. y Jelin, E., op. cit.; Jelin, E. (comp.), Los nuevos movimientos sociales, 2 volúmenes, CEAL, Buenos Aires, 1985. 13 Calderón, F. y Jelin, E., op. cit., pág. 29.
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incluso habían logrado articular prácticas de protesta social siguiendo una lógica defensiva,
al interior de las dictaduras latinoamericanas de los ‘70. Su potencialidad residía
simplemente, en su capacidad para desnudar la dominación a partir de una ética
fundamentalista. Las distintas organizaciones de derechos humanos habían logrado sostener
prácticas expresivas, no instrumentales y mantenían distancia respecto de las prácticas
partidarias para poder seguir generando un amplio consenso. "Los derechos humanos
surgen junto con una revalorización de la democracia como construcción, no ya como algo
dado y preexistente."15
En ese marco, el objeto de varias investigaciones fue indagar -en cada contexto
nacional- de qué manera estos nuevos movimientos sociales constituían una fuente de
respuesta o resistencia a las crisis desatadas en las sociedades latinoamericanas.16
Especialmente a partir de las distintas transiciones a la democracia –de las cuales muchos
movimientos fueron actores centrales- los autores se preguntaban por los conflictos que
suscitaba la dinámica de los movimientos en relación con la regulación democrática. A su
vez, un interrogante común se refería al potencial de estos movimientos –que representaban
distintas respuestas particularistas a los efectos de una “crisis multidimensional”- para
constituirse en actores históricos capaces de confrontar con los nuevos sistemas de
dominación.
14 Este fue uno de los temas específicos de los trabajos de Manuel Castells: Movimientos sociales urbanos, Siglo XXI, Madrid, 1974. 15 Calderón, F. y Jelin, E., op. cit., pág. 32. 16 Un volumen publicado en 1986 compila los resultados de las distintas investigaciones sobre los movimientos sociales más relevantes en 10 países latinoamericanos. El capítulo sobre Argentina
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En el caso argentino, el acento estuvo puesto en la importancia de los movimientos
en tanto nuevas formas de presentación de identidades, al tiempo que permitían identificar
las “zonas” más significativas de conflicto que ponían en juego el sistema de relaciones
sociales. En este sentido, los casos analizados17 mostraban la particularidad de ser formas
de participación política que caían por fuera de los canales formales e institucionales pero
que además –y fundamentalmente- constituían una alternativa al modelo clásico de
participación corporativa. En todos los casos, además estas nuevas formas de acción
colectiva habían venido a llenar el silencio que había impuesto la dictadura militar y
proponían, entonces, algunos puntos de conflicto susceptibles de constituir ejes de
transformación social.18
Los años siguientes han mostrado que los distintos campos de conflicto, o las
identidades que mostraban centros de articulación más o menos definidos terminaron por
fragmentarse en una multiplicidad de protestas de distinto carácter. La noción de
movimientos sociales resultó sumamente pertinente para el análisis social en la medida en
que la fragmentación y dispersión de las protestas permitían rastrear líneas de continuidad
identitaria a lo largo del tiempo. Sin embargo, también supuso dejar de lado algunos
elementos importantes que permiten, sobre todo, recuperar la problemática dimensión
presenta los resultados de un trabajo coordinado por E. Jelin en el CEDES: Calderón, F. y AAVV, Los movimientos sociales ante la crisis, UNU, Buenos Aires, 1986. 17 El informe presenta los resultados en los cinco casos analizados; estos fueron: los derechos humanos (María Sondereguer), los actores barriales (Inés González Bombal, Daniel García Delgado, Juan Silva y Luis Fara), los jóvenes y el rock nacional (Pablo Vila), las mujeres (María del Carmen Feijoo y Mónica Gogna) y el movimiento sindical (Héctor Palomino). En el texto se aclaran las limitaciones propias de la investigación en el sentido de que sólo cubrió espacios urbanos y en especial el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Jelin, E., “Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratización en la Argentina”, en AAVV, Los movimientos..., op. cit., pp. 17-44. 18 Como se mencionó anteriormente, la toma de posición teórica de estas investigaciones se orientó a descartar las formas clásicas de pensar la movilización social y sus potencialidades políticas. De
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política de la movilización social.19 Es posible, intentar reconstruir algunos núcleos
comunes de la protesta, en tanto, como se dijo más arriba, éstas se nutren de repertorios
socialmente disponibles que posibilitan la acción. Sin embargo, es mucho más complejo
sostener que las protestas hoy puedan ser agrupadas en torno a un núcleo central de
conflicto. Incluso las propias categorías que intentaron caracterizar el surgimiento de
nuevos movimientos sociales resultan insuficientes para comprender la multiplicación y
diversificación de protestas que muestra la actualidad.
Como se mencionó anteriormente, uno de los núcleos conflictivos más
significativos que caracterizó la movilización en Argentina fue el tema de los derechos
humanos. Sin embargo, resulta hoy sumamente complejo reconstruir la unidad de las
protestas de derechos humanos. Más allá de algunos elementos comunes, como un
repertorio de protesta cívica inaugurado por las movilizaciones de la década del ’80, las
protestas se han diversificado mostrando una fragmentación del sentido del reclamo de
derechos humanos en el país. La aparición de nuevos actores, organizaciones, formatos y
demandas ha acompañado este proceso de particularización de las protestas. Para entender
este proceso resulta necesario realizar un breve por el desarrollo histórico que ha mostrado
el tema de los derechos humanos en Argentina desde mediados de la década del ’70 hasta la
actualidad.
este punto de vista, reclamaban para sí una posición “más culturalista” que aquellos enfoques que concebían el rol político de los movimientos en su disputa con el poder. 19 Para un análisis más detallado de las características de las protestas en Argentina en la década del ’90 ver: Schuster, F. L. y Pereyra, S., “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política”, Buenos Aires, 2001 (mimeo), pág. 3. Ver también:
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IV. Movilización social y derechos humanos en Argentina: del sentido histórico a las
nuevas formas de la protesta en la actualidad
El problema de los derechos humanos surge como problema público en Argentina a
partir de la cruenta represión desatada durante la última dictadura militar (1976-1983).20
Especialmente, a raíz de la multiplicación de casos de desaparición forzada de personas
algunos familiares comenzaron a nuclearse e iniciaron reclamos por la aparición de los
detenidos.
El contenido central del reclamo del incipiente movimiento de derechos humanos en
Argentina se resume en el slogan “verdad y justicia”. Las organizaciones que se formaron
en torno al vínculo familiar con las víctimas convirtieron sus reclamos particulares en una
fuente de veto contra el régimen militar.21 Las marchas o declaraciones públicas, así como
las denuncias de las violaciones a los derechos humanos frente a organismos nacionales e
internacionales definieron un sentido particular del reclamo de derechos que se asoció a una
demanda de democratización del país. Los reclamos por una vuelta a la democracia, por la
reinstauración de las garantías civiles y el Estado de derecho suscitaron un interés y un
Schuster, F. L., “Social protest in Argentina today: is there anything new?” en Muñoz, J. y Riba, J. (eds.), Treball i vida en una economia global, Ed. Librería Universitaria, Barcelona, 1999. 20 La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos del país se conformaron antes de 1976 (la Liga Argentina por los Derechos del Hombre comenzó a funcionar en 1937, el Servicio de Paz y Justicia en 1974, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en 1975 y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en 1976), sin embargo, es a partir de la dictadura que se opera una articulación significativa particular y un reconocimiento especial del problema de los derechos humanos en Argentina. Veiga, R., Las organizaciones de derechos humanos, CEAL, Buenos Aires, 1985. 21 Me refiero específicamente a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Otras organizaciones como la Asociación de ex detenidos desaparecidos surgieron en los primeros años de la transición democrática. “Las primeras acciones parten de las relaciones directas de parentesco, de personas que averiguan y buscan a sus familiares.” Jelin, E., “Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratización en la Argentina”, en AAVV, op. cit., pág. 25.
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consenso cada vez mayores en la población hasta convertirse en ideales ampliamente
compartidos que finalmente terminaron por minar la legitimidad del gobierno de facto.22
Una característica central de este origen de la movilización de derechos humanos en
el país fue su marcada heterogeneidad. Efectivamente, a partir del núcleo primario de los
familiares directamente afectados por el terrorismo de Estado, una diversidad de actores y
sectores sociales comenzaron a acompañar un reclamo que se convirtió en símbolo de la
oposición a la dictadura. La “’Aparición con vida’ [de los desaparecidos] fue la consigna
aglutinadora durante el período de auge del movimiento. Esta consigna condensa el sentido
de la lucha del movimiento por los derechos humanos, operando sobre dos dimensiones:
como memoria de la sociedad, construyendo y recuperando su identidad; como proyecto
hacia el futuro, planteando las alternativas de sociedad posible”23.
Los reclamos de derechos humanos constituyeron centralmente un modo de protesta
defensiva apoyada en un reclamo ético-humanitario, pero sin embargo, lograron articular
un proyecto político de democratización en el país definiendo en parte los “contenidos
mínimos” que guiarían el proceso de transición a la democracia.24
22 Hay muchos hechos puntuales que motorizaron este proceso. Hacia fines de 1982, la derrota en la guerra de Malvinas y el agravamiento de la crisis económica –ejemplificado por la creciente movilización sindical- son elementos importantes a considerar. Sin embargo, la democratización sólo puede comprenderse en virtud de la creciente aceptación que los valores democráticos tuvieron en aquellos años a raíz de la percepción de su vínculo con el problema específico de los derechos humanos. 23 Jelin, E., op. cit., pág. 26. 24 Para un análisis del surgimiento del movimiento de derechos humanos en Argentina, ver: Sondereguer, M., “Aparición con vida (El movimiento de derechos humanos en Argentina)”, en Jelin, E. (comp.), Los nuevos movimientos sociales 2, CEAL, Buenos Aires, 1985.
20
A partir de la vuelta a la democracia, el problema de los derechos humanos adquiere
ciertas características particulares.25 Uno de los rasgos más interesantes de este período está
marcado por el hecho de que el problema de los derechos humanos, tal como había surgido
durante la dictadura, fue sostenido como discurso de campaña del partido que ganara las
primeras elecciones presidenciales.26 El problema de los derechos humanos pasó de su
lugar originario en el seno de la sociedad civil a ocupar un lugar central de la política del
primer gobierno democrático. La institucionalización del problema se orientó a retomar los
reclamos de justicia como fuente de legitimación gubernamental pero además como fuente
de adhesión al sistema democrático.
Una serie de leyes y medidas concretas expresan la vigencia de una política de
derechos humanos en el estado argentino.27 Ese conjunto de políticas marcó el pasaje –por
así decirlo- del problema de los derechos humanos de la sociedad civil al estado. El efecto
paradójico de este pasaje se refleja, por un lado, en un tratamiento efectivo del problema
como acabamos de mencionar, pero, por otro lado, en una cristalización del sentido del
problema de los derechos humanos en torno del castigo judicial a los responsables de los
crímenes del período dictatorial y, en buena medida, a la consolidación del sistema
democrático.
25 Sigo en este punto el análisis de Mario Pecheny. Ver: Les droits de l’homme en Argentine: de la justice au pardon. Quelques notes sur le processus d’exclusion des droits de l’homme de l’espace public dans la période post-dictatoriale, Mémoire du D.E.A., Université Paris III, 1993. (mimeo) 26 La Unión Cívica Radical, cuyo candidato fue Raúl Alfonsín, se impuso en las primeras elecciones presidenciales de 1983. 27 Pecheny se centra en las siguientes: a) decreto 157/83 y 158/83 (ordenando el procesamiento de miembros de la guerrilla de la década del ’70 y de los miembros de las tres primeras juntas militares); b) ley 23.040 (derogación de la ley de auto-amnistía promulgada por la dictadura militar); c) ley 23.049 (reforma del Código de Justicia Militar); d) ley 23.070 (reducción de las penas de prisioneros ordinarios en razón de las malas condiciones de detención); e) ley 23.077 (agravamiento de las penas por atentado al orden constitucional y a la vida democrática); f) ley 23.097 (agravando las penas contra la tortura); g) creación de la CONADEP; h) firma y ratificación
21
No queremos indicar con esto que la discusión sobre el problema de los derechos
humanos se cerró definitivamente; de hecho, las políticas específicas fueron objeto de
arduos debates,28 pero sí se definió un recorte y una definición más o menos precisos del
vínculo entre derechos humanos y las consecuencias de la dictadura. La respuesta de
política que ensayó el primer gobierno democrático para tratar el problema de los derechos
humanos se orientó centralmente al juzgamiento de los responsables de la represión. Este
punto reviste particular importancia porque llevó el problema de la justicia como punto
central de la dinámica del régimen democrático.
La eficacia en el tratamiento del problema de los derechos humanos se vinculó con
el enjuiciamiento y la condena a los responsables de la represión, pero además –y
fundamentalmente- con la narración de una nueva historia del “Proceso de Reorganización
Nacional” en la cual se descartaba el argumento de la guerra y se ponía de manifiesto la
violación orgánica y sistemática de derechos que había supuesto el proyecto dictatorial.
Pecheny destaca la importancia que tuvo el informe de la CONADEP y su amplia
repercusión pública en este tipo de transformación cultural.
Este proceso de institucionalización efectiva del problema de los derechos humanos
encontró sus límites unos años más tarde. El progresivo repliegue de las políticas activas
del gobierno radical en la materia, terminaron por devolver el problema de la agenda
gubernamental a la agenda pública. Es preciso reconstruir este proceso de paulatino
abandono del problema de los derechos humanos para entender cómo éste se fue
de convenios internacionales sobre derechos humanos como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica. 28 Un ejemplo de estos debates es el que se refiere a las competencias de los fueros civil y militar para enjuiciar a los miembros de las Juntas. Ver: Bruno, A., Cavarozzi, M. y Palermo, V. (eds.), Los derechos humanos en la democracia, CEAL, Buenos Aires, 1985.
22
diferenciando progresivamente del tema de la consolidación democrática y cómo fue
suplantado por la persistencia y agravamiento de los problemas económicos.
En abril de 1986 comienzan, desde el propio Estado, los cuestionamientos al
procesamiento masivo de los militares involucrados en la represión. Hacia fines de ese año
el Congreso sanciona la ley de Punto Final que estableció un plazo límite para la apertura
de causas judiciales. Como han señalado varios autores, los meses posteriores a la sanción
de la ley supusieron un incremento importante de las tensiones cívico-militares que
finalmente desembocaron en la primera de las crisis o levantamientos militares29 contra el
régimen democrático de transición.30 Esta serie de alzamientos militares junto con la
debilidad creciente del gobierno democrático resolvieron la disputa a favor de las presiones
militares. Sucesivamente, la ley de Obediencia Debida y los decretos de indulto clausuraron
el problema de los derechos humanos sobre el trasfondo del discurso de la “pacificación”
que inauguró el nuevo gobierno de Carlos Menem a partir de 1989.
El problema de los derechos humanos se transformó progresivamente en el
problema militar31 y el lugar central que había ocupado la condena a los crímenes de la
dictadura como prioridad de gobierno fue dejado de lado por los problemas de la
continuidad democrática y por los de la estabilización de la economía. Las protestas de
derechos humanos no cesaron durante el primer gobierno democrático y, como se
mencionó anteriormente, la demanda de “aparición con vida” fue el núcleo central de los
reclamos que sostenían las distintas organizaciones de derechos humanos. Pero a partir de
la firma de los indultos, los reclamos comenzaron a intensificarse y el problema de los
29 Los levantamientos tuvieron lugar en 1987, 1988 y 1990. 30 Acuña, C. y Smulovitz, C., ¿Ni olvido ni perdón? Derechos humanos y tensiones cívico-militares en la transición argentina, CEDES, Buenos Aires, 1991. 31 Esta es la hipótesis central del trabajo de Mario Pecheny.
23
derechos humanos volvió a la sociedad civil con una transformación progresiva de su
sentido.
Luego de los enfrentamientos que siguieron al último alzamiento militar en
diciembre de 1990 y fundamentalmente luego de que se extendieran los indultos a todos los
responsables de los crímenes durante la dictadura, el vínculo entre continuidad democrática
y el problema militar dejó de ser acuciante. Las protestas de derechos humanos, aún por
aquellos años motorizadas por las organizaciones “históricas” continuaron su reclamo de
juicio y castigo, utilizando ahora la categoría de impunidad como símbolo del problema de
derechos que había dejado irresuelto el sistema democrático. Sin embargo, el sentido de las
protestas de derechos humanos comenzó a fragmentarse. Por un lado, porque algunas de las
viejas organizaciones comenzaron a tratar el problema desde el punto de vista de una
condena social a los responsables de la represión. Por otro lado, porque surgieron nuevos
reclamos que comenzaron a pensar el tema de los derechos humanos en vinculación con
elementos que definen la “calidad” de la democracia argentina.
Esta vuelta del problema de derechos humanos al seno de la sociedad civil,
encuentra una pluralidad o fragmentación mayor que, a diferencia de años anteriores, no
articula demandas o intereses diversos, sino que fundamenta distintas protestas, marcando y
tematizando problemas comunes como la justicia, la impunidad, etc. pero cada vez más
circunscriptos a formulaciones específicas y acotadas.
V. Protestas y derechos humanos en Argentina en la década del ’90
24
La firma de los indultos en 1989 y 1990 produjo una nueva intensificación de la
protesta de derechos humanos en Argentina. Sin embargo, luego de las multitudinarias
movilizaciones de aquellos años el sentido de los reclamos vinculados a los derechos
humanos comenzó a fragmentarse, lo cual puede entenderse en relación con los fenómenos
que clausuraron progresivamente el problema militar y su vínculo con la continuidad
democrática como así también por una serie de conflictos, de “promesas incumplidas” que
comenzó a mostrar el funcionamiento institucional de la democracia argentina.
Existen al menos cuatro reformulaciones importantes del problema de los derechos
humanos en Argentina en la década del ’90. En primer lugar, el fin de las crisis militares y
la confirmación de los indultos produjo un desplazamiento de los reclamos de justicia
vinculados a los crímenes de la dictadura hacia la búsqueda de una condena social y hacia
la profundización de una reconstrucción de la memoria colectiva del significado y las
consecuencias del terrorismo de Estado. Esta labor fue encarada por las Abuelas de Plaza
de Mayo y tiempo después también por una nueva organización constituida por hijos de
desaparecidos.
En segundo lugar, dentro de las organizaciones históricas de derechos humanos se
abrió una discusión sobre los incumplimientos del sistema democrático y, sobre los
elementos que permitían marcar una continuidad entre la lucha que habían sostenido los
militantes de izquierda en la década del setenta y las luchas actuales contra un modelo
económico neoliberal que comenzaba a imponerse en la Argentina. Debemos diferenciar
aquí estos dos elementos; la mayor parte de las organizaciones (nuevas y viejas) procesaron
este tipo de interrogantes y muchas, incluso, radicalizaron su posición respecto de los
partidos políticos y el sistema democrático. De hecho, parte importante del intento de
reconstrucción de la memoria estuvo marcado por este tipo de procesamiento. Sin embargo,
25
no todas las organizaciones ni las protestas se orientaron a sostener demandas específicas ni
reclamos que se vinculan con las reformas económicas. El caso más notorio lo representan
las Madres de Plaza de Mayo, en la línea encabezadas por Hebe de Bonafini, quienes
efectivamente comenzaron a sostener una posición más dura de articulación de las
demandas específicas de derechos humanos con una confrontación con los proyectos de
reformas económicas y especialmente contra los procesos de achicamiento del Estado y
ajuste del gasto público que esas reformas impulsaron.32
Un tercer eje de la protestas de derechos humanos, se centró sobre un aspecto
particular del funcionamiento democrático: ya en los años de la dictadura, la participación
de efectivos de las distintas policías provinciales y de la policía federal en los secuestros,
las torturas y los asesinatos había sido corroborada. Incluso, una de las organizaciones de
derechos humanos (el Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS) se había encargado
de interesarse por los problemas relativos al aparato represivo montado durante los años de
plomo que aún integraba las actividades de las distintas fuerzas de seguridad. A partir de
los primeros años de la década del ’90, este problema se reorientó hacia un cuestionamiento
de las formas de funcionamiento de la institución policial en democracia. En el año 1991,
uno de los casos más resonantes de “gatillo fácil”33 dio inicio a una serie de protesta,
movilizadas especialmente por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
32 El eje de este discurso ya estaba presente en la década del ’80; se refiere centralmente a la definición de una ofensiva del poder económico en la Argentina que comienza a mediados de la década del ’70 y que continúa en la actualidad. En esta perspectiva, la dictadura militar es concebida como instrumento de las clases dominantes que utilizaron la represión para lograr neutralizar las respuestas populares que se enfrentaban a las estrategias de concentración de la riqueza. 33 La expresión “gatillo fácil” se refiere a las situaciones en que las víctimas son muertas a manos de oficiales de la policía en situaciones en las cuales no hubo enfrentamiento armado (es decir, en las cuales hubo una presunta ejecución) o en las que las víctimas son transeúntes ocasionales. El caso al que hacemos referencia es la muerte de Walter Bulacio quien fue detenido el 19 de abril de 1991 y posteriormente hallado muerto en una comisaría.
26
(CORREPI) que intentaban denunciar y presionar a los jueces para que se lograran
condenas a los policías involucrados.
Por último, existe un cuarto eje de protestas que resulta más bien originado en las
protestas de derechos humanos pero que se ha expandido como repertorio generalizado de
la protesta en Argentina y que se vincula con los reclamos de justicia y contra la
impunidad. Desde comienzos de la década del noventa, los cuestionamientos al
funcionamiento del poder judicial se fueron incrementando a medida que se hacían públicas
y evidentes las injerencias del poder ejecutivo en las sentencias de los jueces, y
especialmente en la Corte Suprema de Justicia en una multitud de casos resonantes.34 Estas
protestas presentan la particularidad de organizarse en relación con los casos y demandas
particulares35 a la vez que son un buen ejemplo de la forma en que la protesta actual
produce nuevas organizaciones y redes sociales.
Todos estos ejes de la protesta contemporánea marcan la diversidad de sentidos en
que se orientó el reclamo de derechos humanos en la etapa de la consolidación democrática.
En los cuatro encontramos un vínculo sumamente estrecho con los reclamos característicos
de la movilización de derechos humanos en la década del ’80. Los cuatro también,
muestran una atención creciente por un espectro de problemas desatendidos por el
funcionamiento de la democracia argentina. Por el momento, nos concentraremos sólo en
34 Ver: "Sigue en baja la confianza de la sociedad en la Justicia", en diario La Nación, 17 de noviembre de 1996. El artículo presenta resultados de distintas encuestas de opinión que muestran que en 1991 sólo el 22% de la población tenía una imagen positiva del Poder Judicial y que en 1996 esa proporción había descendido al 13%. 35 En torno a este eje, las protestas más significativas fueron las surgidas luego de los atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA (mutual judía), en cuanto pasó un tiempo sin que se lograran esclarecer los hechos. También hay que mencionar algunos asesinatos en los cuales se presumía la implicación o el encubrimiento por parte del poder político como fueron los casos de María Soledad Morales y de José Luis Cabezas. En todos ellos, existió un núcleo común de reclamo al funcionamiento de la justicia denunciando la impunidad reinante en el país.
27
dos de los ejes, los cuales marcan resignificaciones del problema de los derechos humanos
a la vez que resultan útiles para analizar en detalle cómo tuvieron lugar procesos de
particularización de las demandas.
H.I.J.O.S. y la disputa por la memoria
Una de las cuestiones más interesantes vinculadas a los reclamos de derechos
humanos en el país desde la última dictadura fue la de la disputa cultural. La oposición al
régimen militar mostró una multitud de expresiones artísticas que denunciaban la represión
ilegal. El vínculo entre la expresión y la denuncia tiene, entonces, un fuerte anclaje en los
reclamos históricos de derechos humanos. A partir de la década del ’90, la protesta se
orientó en uno de sus ejes a resaltar este componente fuertemente expresivo. Ese eje fue
apuntalado por las distintas actividades que intentaban por un lado, reconstruir la memoria
de los años de la dictadura y por otro, lograr una condena social para los genocidas.
Algunas de las organizaciones de derechos humanos retomaron una lucha cultural frente a
la falta de condena judicial.
Durante los primeros años de vida democrática, existió una fuerte disputa sobre la
caracterización del terrorismo de estado. Uno de los puntos más intensos estuvo
representado por la discusión de la teoría de los dos demonios36 que acompañó la
judicialización de los crímenes. En buena medida, el discurso de la pacificación que
36 Según esta versión de la historia reciente, la democracia podía consolidarse en virtud de un rechazo de toda forma de violencia política. En este sentido, la represión militar como la actividad de la guerrilla eran condenables por igual. Una de las cristalizaciones de este discurso estuvo
28
acompañó la promulgación de los indultos se sostenía en argumentos similares. La lucha y
el reclamo de las protestas de derechos humanos se alzaron contra esa narración de la
historia. A comienzos de la década del ’90 se constituyó la organización H.I.J.O.S. (Hijos
por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio) con el objetivo de no dejar caer
la problematización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la
dictadura. Al igual que la mayor parte de las organizaciones históricas de derechos
humanos, H.I.J.O.S. se organizó alrededor del vínculo primario –familiar- que une a sus
miembros con los desaparecidos.
Esta organización desarrolló un intenso trabajo de movilización durante la década
del ’90. La forma más importante de esa movilización está representada por "el
escrache"37. El escrache surgió como instrumento para la visibilización pública de los
responsables de la represión. Especialmente de aquellos cuyos nombres no habían
trascendido durante la época de los juicios y que continuaban su vida con normalidad. Más
allá de la condena judicial, la protesta se orientó a continuar la reconstrucción de una
memoria colectiva de la dictadura. A diferencia de las primeras movilizaciones de derechos
humanos, el reclamo de juicio y castigo, aunque sigue presente, ya no es central en este tipo
de protestas. Su característica es la de la presentación de un argumento, que por supuesto
implica una demanda, pero que es centralmente una presentación o una representación. En
primer lugar, es una demostración de los límites que tuvieron los intentos de saldar la
deliberación sobre el problema de los derechos humanos en relación con la dictadura. En
marcado por la decisión del gobierno radical de iniciar al mismo tiempo el procesamiento de los militares de las juntas y de algunos militantes de izquierda que habían sobrevivido a la dictadura. 37 “’Escrachar’ es poner en evidencia, revelar en público, hacer aparecer la cara de una persona que pretende pasar desapercibida.” Extracto de un documento de la organización publicado en internet: http://www.hijos.org.ar/español/denuncias/escrache.html. Debo señalar que en algunas entrevistas realizadas a militantes de HIJOS el escrache no fue considerado como una forma de protesta social.
29
segundo lugar, es una apelación al rechazo público pero fundamentalmente, estas protestas
han representado una toma de la palabra, una resignificación del sentido de los reclamos de
derechos humanos que volvió visible una vez más el problema, lo cual a su vez permitió
reencauzarlo por nuevas vías.
Habíamos dicho más arriba que las protestas no pueden ser entendidas como
fenómenos aislados y que siempre tienen por detrás múltiples formas de articulación social
y diversos procesos que le dan sustento. En este caso, este eje de protestas de derechos
humanos estuvo fuertemente vinculado a todo un entramado organizacional que se orientó a
reconstruir las historias particulares de las familias de los desaparecidos. Tanto H.I.J.O.S.
como las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron una indagación sistemática sobre el
paradero de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente. Más
allá de los casos particulares, la reactivación pública de este tema lograda por la intensidad
y repercusión de las protestas permitió que muchos casos comenzaran a tener un nuevo
tratamiento judicial en el país. En 1997 se hicieron nuevos procesos por sustracción de
menores (delito excluido de los beneficios otorgados por las leyes de Obediencia Debida y
de Punto Final y por los indultos) a partir de los cuales fueron detenidos algunos militares.
Asimismo, en 1998 comenzaron una serie de presentaciones novedosas por parte de
organismos de derechos humanos que se denominaron juicios de la verdad para que el
Estado Nacional informe sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
La CORREPI y la represión policial
30
Unas líneas más arriba hacíamos mención a unos de los casos más emblemáticos de
violencia policial que ha sido un hito fundante de la identidad de los reclamos que viene
motorizando hace ya varios años la CORREPI junto con otras organizaciones de familiares
de víctimas de la violencia policial. En realidad, el primero de esos “casos renombrados”
fue la denominada masacre de Ingeniero Budge, en la cual murieron a manos de la policía
tres jóvenes que residían en esa localidad.38 La actividad de la CORREPI se ha orientado
desde fines de los ‘80 a: a) patrocinar jurídicamente a las familias que han sido víctimas del
gatillo fácil; b) a facilitar la organización de dichos familiares y c) a acompañar los casos
judiciales con el recurso de la protesta.
De manera muy sintomática, esta organización se ha preocupado por sostener - de la
misma forma en que el discurso de los derechos humanos combatió la justificación militar
de la represión como excesos de la guerra contra el terrorismo- que la violencia policial no
es un fenómeno aislado sino que constituye una forma de accionar de la institución que
favorece una violación sistemática de los derechos humanos, es decir, de las mínimas
garantías cívicas, especialmente en relación con los estratos más bajos de la sociedad.
La Coordinadora no se dedica únicamente a llevar adelante acciones de protesta.
Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de la organización es dar apoyo
jurídico a las familias que han sido víctimas de casos de violencia policial. Su trabajo
contribuye, en parte, a nivelar la falta de recursos con los que cuentan los familiares para
enfrentar las situaciones que supone la confrontación con la corporativa institución policial,
38 8 de mayo de 1987. Un análisis detallado del caso en cuestión puede encontrarse en: Jelin, E. y otros, Vida cotidiana y control institucional en la Argentina de los ’90, Nuevo hacer, Buenos Aires, 1996. Capítulo V: “Control ciudadano del des-control policial”. El capítulo presenta los resultados de una investigación llevada adelante por Laura Gingold sobre dos casos de violencia policial y sobre las características de la conformación en el año 1992 de la Comisión de familiares de víctimas de la violencia institucional (COFAVI).
31
dado que algunos registros muestran que los casos de gatillo fácil afectan centralmente a
jóvenes pertenecientes a familias de bajos ingresos o que viven en barrios pobres o de
sectores medios 39.
Lo que ha motivado la realización de innumerables protestas, que se han organizado
en torno a los casos y centralmente a partir de la movilización de los vecinos del barrio al
que pertenecían las víctimas, es la falencia que presenta el recurso judicial ordinario para
esclarecer procesos que suelen venir acompañados de estrategias de encubrimiento. En
numerosos documentos y publicaciones,40 la organización se ha preocupado por resaltar
esta dimensión activa y militante de los derechos humanos vinculados a problemas de la
calidad de la democracia argentina en relación con problemas de vida cotidiana.
Un punto central que merece ser analizado en este tipo de protestas es que han
permitido cuestionar las versiones oficiales respecto de los casos de violencia policial y han
acercado importantes argumentos para discutir globalmente las características de la
represión del delito. Los distintos casos de violencia policial fueron puestos en perspectiva
mostrando que no representan excesos aislados o prácticas disfuncionales sino que, por el
contrario, representan un subproducto constante del accionar de las fuerzas de seguridad.41
39 La CORREPI lleva un registro estadístico de los casos de violencia policial desde 1983 hasta la actualidad en todo el país. Este registro documenta hasta el momento unos 800 casos. Un análisis de las características de los afectados por la violencia policial puede encontrarse en el citado capítulo V del libro de Jelin, Vida cotidiana..., op. cit. También en un estudio del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y del HWRA (Human Rights Watch/Americas) realizado entre julio de 1995 y abril de 1998. Ver: CELS y Human Rights Watch, La inseguridad policial: violencia de las fuerzas de seguridad en Argentina, Eudeba, Buenos Aires, 1998. 40 La CORREPI edita la revista AntiRepresivo al tiempo que publican informes y documentos electrónicos en una página web y a través de una lista de distribución de correo electrónico. 41 El estudio del CELS, antes citado, muestra en profundidad los elementos centrales que permiten caracterizar el problema policial. En el informe final se sostiene que la brutalidad policial es sistemáticamente acompañada de prácticas corporativas y fuertes falencias en los controles internos y externos de los organismos de seguridad. Ver: CELS y Human Rights Watch, La inseguridad..., op. cit.
32
Desde comienzos de la década del ’90 el impacto de este tipo de protestas ha sido
importante si se considera que, en buena medida, las discusiones sobre las formas de la
represión del delito en Argentina han estado marcadas por la consideración de los casos de
gatillo fácil. Han habido desde entonces varios intentos de reforma y de “depuración”42 de
la policía de la Provincia de Buenos Aires, una de las más cuestionadas en las protestas
debido a la gran cantidad de casos registrados en ese distrito.
A partir de febrero de 1996, los cuestionamientos al accionar de las fuerzas de
seguridad en la Provincia de Buenos Aires se vieron potenciados debido a una violenta
represión ocurrida en la ciudad de La Plata. Más allá de este hecho particular, la reiteración
de casos de gatillo fácil y su tematización pública obligó a sucesivas respuestas del jefe de
la policía bonaerense (en ese momento el comisario general Pedro Klodczyk), del secretario
de seguridad de la provincia (Alberto Piotti) e incluso del Ministro del Interior de la Nación
(Carlos Corach)43. Finalmente, hacia fines de ese año y en un clima de fuertes críticas fue
relevada la plana mayor de la policía, se aceptó la renuncia del secretario de seguridad y se
abrió un proceso de reestructuración de la fuerza con el pase a disponibilidad de 27
comisarios generales y mayores.
La reforma de la policía bonaerense no estuvo sólo impulsada por la consideración
de los efectos de la violencia policial. De hecho, buena parte de la reestructuración
administrativa se orientó a volver más operativa la tarea de represión del delito. Sin
embargo, la destitución de la conducción de la fuerza y algunas otras medidas específicas,
como la creación de un tribunal de ética policial, la sanción de una ley de disponibilidad de
los agentes o los intentos de profesionalización, estuvieron marcadas por la discusión que
42 "Duhalde ya tiene lista la nueva policía, tras cortar varias cabezas", en diario La Nación, 15 de septiembre de 1996.
33
se dio en torno a la violación de derechos humanos como un producto constante del
accionar policial.
Las reformas se ampliaron en el ámbito nacional a comienzos de 1997 a raíz del
asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en circunstancias en las que se presumía
estaban también involucrados policías de la Provincia de Buenos Aires. Así, hacia fines de
1997, y con una marcada intervención civil, se profundizaron los procesos de reforma que
venían en curso notándose algunos cambios significativos.44 Más allá de los resultados
específicos de las reestructuraciones que, como ya dijimos estuvieron también impulsadas
por el problema de la inseguridad, cabe destacar que los argumentos que circularon en
torno a los proyectos de reforma consideraron el tema particular de los derechos humanos
en relación con los medios de represión de los delitos.
La disputa sobre las formas de organización de las fuerzas de seguridad ha estado
marcada desde fines de 1997 por una doble tensión. El eje de protestas que estamos
analizando se han concentrado centralmente en una disputa discursiva con algunas
perspectivas que vinculan la creciente debilidad policial con el aumento del delito y la
inseguridad.
En los últimos años, la justificación de las demandas que sostienen este tipo de
protestas ha comenzado a integrarse con otras voces que impugnan los resultados de las
reformas económicas implementadas en Argentina. En este sentido, han comenzado a
articularse este tipo de reclamos con aquellos que cuestionan el modelo económico y
especialmente con el aumento de la represión violenta que ha acompañado el aumento
43 Ver: "El uso de las armas ante los delitos", en diario La Nación, 8 de mayo de 1996. 44 Se disolvieron las brigadas especiales, se comenzaron a implementar procesos de departamentalización y se presentaron diversos proyectos de ley que revisaban sobre todo las formas de reclutamiento y de instrucción de los agentes. Ver: CELS y HWRA, op. cit.
34
creciente de la protesta social en el país. Aún así, el trabajo específico de la CORREPI y de
las protestas que continúan motorizando no ha dejado de sostener un costado particularista.
De manera sumamente interesante, la organización no ha renunciado a su disputa
específica, ni a mantener los logros que han alcanzado participando y apoyando los
reclamos vinculados a los casos específicos.
V. Comentarios finales
Este trabajo ha intentado mostrar cuál ha sido el curso de las protestas de derechos
humanos en Argentina durante la década del ’90. Para tal fin, hemos realizado un doble
camino: por un lado, indagamos las formas en que la teoría social contemporánea da cuenta
de los fenómenos de movilización social y sus transformaciones actuales; por otro, hemos
tratado de mostrar cuáles eran las características de la movilización social en Argentina y
América Latina en la década del ’80, cuál fue el vínculo específico que nucleó a la
movilización con el tema de los derechos humanos y por fin, cómo se ha desarrollado ese
vínculo en el contexto de la consolidación democrática.
El punto central que hemos querido resaltar es precisamente el del fin de los
planteamiento militares y la sanción de los indultos como aquel que permite comprender la
progresiva fragmentación de la protesta de derechos humanos en, al menos, cuatro ejes que
se han presentado sucesivamente. Esta característica de la particularización pareciera ser un
rasgo común de las protestas en Argentina durante la década del ’90. Ello dificulta situar el
recorte específico de un ámbito de la movilización vinculada a los derechos humanos.
Como lo hemos sostenido más arriba esa identificación puede ser pensada siguiendo el
35
rastro de los temas o conflictos que marcan confrontaciones inscriptas públicamente como
problemas de derechos humanos. En algunos casos, aquellos en que las mismas
organizaciones o incluso demandas similares muestran una continuidad con el pasado el
vínculo es más preciso. En otros, la difusión y la ampliación de un repertorio de protesta
puede guiar la indagación.
Por otro lado, este trabajo discute la politicidad de los derechos humanos. En este
sentido, quisimos mostrar que su despliegue no supone centralmente una formalización
jurídica, ni una forma de respuesta ética, ni siquiera se agotan en un programa político -
aunque este tipo de elementos no estén desligados de su operatividad- sino que representan
un ideal que puede sustentar la acción política. Los derechos humanos pueden ser
entendidos como un ideal inalcanzable,45 como una forma de demanda de ampliación de
derechos que puede ser modificada y actualizada de manera indefinida.
A modo de ejemplo: en 1995, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
publicaba un informe sobre sus primeros veinte años de actividad en la Argentina. En dicho
informe se relatan las circunstancias de creación de la APDH-Argentina y los elementos de
discusión de las primeras reuniones. Esos primeros temas de discusión se vinculaban con
las violaciones a los derechos humanos cometidas por la triple A, en esos años, que luego
del golpe militar se agudizarían. De modo interesante, la evaluación que sigue del estado y
la vigencia de los derechos humanos en Argentina veinte años después nos presenta una
multitud de temas y problemas cuestionados. El informe se refiere, por supuesto, a la
cuestión de las libertades públicas (derechos y garantías individuales), pero también incluye
apartados sobre: la situación carcelaria, seguridad jurídica y funcionamiento del poder
36
judicial, libertad de prensa y derecho a la información y sobre los derechos económico
sociales.
Por último, nuestra intención ha sido también mostrar de qué manera el lenguaje de
los derechos humanos se muestra como un ámbito propicio para la legitimación de la
protesta, entendida como una forma de acción política y como, además, ese lenguaje
muestra una permeabilidad creciente para acoger nuevos sujetos, temas y argumentos a ser
presentados. Ese potencial se vincula con su génesis histórica, al menos en el caso
argentino, como articulador de distintas demandas en torno a los valores democráticos. Ese
sentido originario, si bien subyace en el horizonte de las protestas se ha transformado
sustancialmente. La calidad de la democracia es ahora cuestionada a partir del lenguaje de
los derechos humanos que pueden sostener demandas de las más variadas. Si, originalmente
este tipo de reclamos se orientaban hacia la defensa de los derechos civiles y políticos, hoy
en día una progresiva apertura muestra su potencial también como legitimación de
demandas sociales y económicas.
45 Para un análisis detallado ver: Lefort, C., "Droits de l'homme et politique", en L'invention démocratique, Fayard, Paris, 1994 y Lechner, N., "Los derechos humanos como categoría política",
37
Bibliografía citada y consultada
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militares en la transición argentina, CEDES, Buenos Aires, 1991.
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