la transformación estructural y la transformación rural en

La transformación estructural y la transformación rural en América Latina y el Caribe

INFORME SOBRE EL DESARROLLO RURAL 2016

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ResumenEn este capítulo se examinan las transformaciones estructurales y rurales que tuvieron lugar en América Latina y el Caribe (LAC) durante la primera década del siglo XXI, con una particular atención en los países de habla hispana y portuguesa,1 en los cuales vive el 94 por ciento de la población rural de LAC. En la segunda mitad del siglo XX estos países experimentaron una vasta transformación rural que tuvo, para la mayoría, cuatro características en común: una integración espacial, producto de la constitución de territorios funcionales rurales-urbanos2 donde vive la mayor parte de la población rural; una diversificación de las economías rurales a partir de la agricultura; una transformación de los sistemas y cadenas de valor agroalimentarios caracterizada por el dominio de las grandes empresas, y una atenuación de la distancia cultural entre las juventudes de los medios rural y urbano, facilitada por la ampliación de la red vial rural y las tecnologías de las comunicaciones (Berdegué, J. A., T. Rosada y A. J. Bebbington, 2014). Estos factores se han influido entre sí de múltiples maneras, y constituyen tanto causas como consecuencias de los cambios estructurales y rurales. Las viejas sociedades, fundamentalmente agrarias, han sido reemplazadas por nuevos tipos de sociedades rurales en las que la agricultura todavía conserva su importancia, pero no su hegemonía. Al poner la atención en la primera década de este siglo, aproximadamente, el análisis aborda las fases avanzadas de dos transformaciones en una región que todavía se encuentra en proceso de desarrollo, caracterizada por un nivel de desigualdad extremadamente alto, sociedades rurales que ya han atravesado cambios tremendos y una agricultura familiar que ha logrado sobrevivir al impacto provocado por una liberalización muy rápida —y radical, en algunos casos— pero que, sin embargo, sigue contribuyendo a la economía rural y a la sociedad en general. Los datos que hemos encontrado confirman la validez de las principales hipótesis de este informe, esto es, que todos los países (excepto el Estado Plurinacional de Bolivia) que han conseguido reducir su pobreza rural de manera más acelerada que el promedio de la región experimentaron también procesos rápidos de transformación estructural o rural, o ambos

a la vez, pero que no todos los países que experimentaron una transformación rápida redujeron su pobreza rural rápidamente. Todos los países que han reducido su pobreza rural de manera rápida también consiguieron disminuir la desigualdad del ingreso rural más rápidamente que la media regional, con excepción de Chile. Estos hallazgos pueden interpretarse en el sentido de que podría ser muy difícil reducir la pobreza rural rápidamente sin un cambio estructural rápido en las sociedades, pero que tal transformación no garantiza, por sí sola, una rápida disminución de la pobreza. Los datos encontrados no corroboran el consabido argumento de que las transformaciones recientes de las sociedades rurales son desfavorables a la población pobre de las zonas rurales, ni tampoco apoyan la idea de que si transformamos las economías rurales y nacionales (y le agregamos protección social), automáticamente disminuirá la pobreza. En cambio, lo que nuestro análisis pone de manifiesto es que se necesitan tanto procesos de transformación como políticas de desarrollo rural inteligentes si es que la rápida reducción de la pobreza rural es un objetivo nacional. No obstante, tan solo tres países consiguieron resultados mejores que la media regional en las tres dimensiones que aborda nuestro análisis (transformación estructural, transformación rural e inclusión social). ¿A qué se debe que no les vaya mejor, como a países en otras regiones menos avanzadas en la curva de transformación? Parecerían entrar en juego tres factores inmediatos: en la mayor parte de los países no se ha visto un aumento suficientemente rápido de la productividad agrícola; otros sectores de la economía no han generado la cantidad necesaria de puestos de trabajo de alta productividad, y los procesos de crecimiento económico rural e inclusión social siguen muy concentrados en determinados territorios, lo cual trae como resultado elasticidades bajas de reducción de la pobreza rural con respecto al crecimiento. El análisis de esta región en el período estudiado aporta utilidad desde una perspectiva internacional por al menos dos razones. En primer lugar, la experiencia de LAC nos permite ver cómo los cambios estructurales en la sociedad en general, y las sociedades rurales en particular, pueden coexistir con la exclusión social; y que los cambios económicos rápidos y profundos no

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siempre traen como consecuencia el desarrollo generalizado. En segundo lugar, LAC puede ser un ejemplo para las transiciones operadas en otras regiones en desarrollo, considerando que en los últimos 30 años la mayor parte de los países de LAC avanzaron varios escalones en el proceso para convertirse en naciones de ingresos altos y baja pobreza rural. Los países de otras regiones en desarrollo que estén atravesando los cambios que LAC ya ha experimentado quizás quieran examinar las reflexiones sobre LAC.

Patrones de transformaciónPanorama rural de la región a fines de la década de 1990Al comenzar el siglo XXI las sociedades rurales de América Latina eran muy diferentes de las de tiempos no muy lejanos. Alrededor del año 2000, la agricultura contribuía un poco más del 5 por ciento de la economía de la región, por un valor de USD 100 000 millones. Gracias a los aumentos de la productividad, el valor agregado agrícola en 2002 era 1,6 veces más alto que el de 1980, y el valor agregado agrícola por trabajador era 2,2 veces más alto en 2002 que en 1980. Estas alzas se dieron a pesar de que la participación de la agricultura en el PIB regional cayó un 40 por ciento en el período considerado. Así y todo, el empleo agrícola representaba en 2000 el 35 por ciento del total regional.3 En 1999, la tasa de pobreza rural de la región4 era del 64 por ciento (basada en las líneas nacionales de pobreza), equivalente a 77 millones de personas pobres de las zonas rurales. Esta cifra representó un retroceso con respecto al 60 por ciento registrado en 1980 (73 millones de personas), momento en que dio comienzo el ciclo de políticas neoliberales en la región. En el mismo período tampoco mejoró la proporción de personas pobres de las zonas rurales que vivían en condiciones de pobreza extrema. En 1999, la desigualdad de los ingresos era extremadamente alta. En ese año, la renta laboral (correspondiente a todas las formas de empleo) del decil más rico de la población rural era asombrosamente 40 veces mayor que la percibida por el decil rural más pobre, y el ingreso total (que incluía las transferencias de efectivo del Gobierno y otros subsidios sociales) del decil más rico era 18 veces el del decil más pobre. El coeficiente de Gini del ingreso rural total para la región en su conjunto fue 0,52 en 1999. En

Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia, que en ese entonces encabezaban la lista en materia de desigualdad, el coeficiente fue 0,58 y 0,64, respectivamente. Al aproximarse el fin de la década la economía rural de la región estaba muy diversificada. El ingreso rural no agrícola crecía rápidamente y se acercaba a la mitad del ingreso rural total (Haggblade et al., 2007): representaba el 39 por ciento en Brasil, el 41 por ciento en Chile, el 50 por ciento en Colombia y Perú, el 55 por ciento en México, y en Honduras, Ecuador y Nicaragua, los países con economías más agrarias, los porcentajes eran del 22 por ciento, el 41 por ciento y el 42 por ciento, respectivamente (Reardon et al., 2001). A finales de la década de 1990 el ingreso rural no agrícola representaba la mayor parte del ingreso de las mujeres rurales en 10 de los 12 países que estudiaron Reardon et al. (2001). Y, sin embargo, las actividades no agrícolas empleaban a entre un 10 por ciento y un 30 por ciento de la población rural económicamente activa, una proporción inferior a la porción del ingreso, lo cual muestra que, en promedio, el empleo en estas actividades tendía a ser mucho más productivo que el trabajo asalariado agrícola o el empleo autónomo (Reardon et al., 2001). La región había superado el umbral de urbanización del 50 por ciento a principios de la década de 1960, y en 2000, el 75 por ciento de la población vivía en centros urbanos. Las zonas rurales albergaban a 121 millones de personas y a un tercio de todos aquellos en situación de pobreza.5 Gran parte de la población rural vivía en territorios caracterizados por fuertes interacciones funcionales entre uno o más centros urbanos de tamaño pequeño y mediano, y numerosas localidades rurales. Menos del 10 por ciento del total habitaba en lugares realmente distantes de una ciudad (Barbier y Horchard, 2014; Berdegué y Proctor, 2014; Berdegué et al., 2015a) Un estudio comisionado por el FIDA (Schneider y Cassol, 2014) donde se examinaba en detalle el sector de la agricultura familiar en ocho países6 concluyó que, a pesar de la importancia creciente para los hogares del ingreso proveniente de actividades rurales no agrícolas, muchos dependían de la agricultura para generar una parte significativa de sus ingresos, desde el 27 por ciento en Chile al 38 por ciento en Colombia, el 47 por ciento en México, el 58 por ciento en Brasil y el 75 por ciento en Nicaragua.

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No existen datos que sostengan que el sector de la agricultura familiar se encuentre en peligro de desaparición en un futuro cercano. De hecho, la alta proporción de explotaciones familiares que se especializan en la producción agrícola sugiere que muchos pequeños agricultores han conseguido adaptarse a las intensas conmociones ocurridas después de 1980 a raíz de la liberalización económica, el desmantelamiento de los servicios agrícolas públicos y el enorme incremento de la competencia de mercado. A fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, el número de fincas familiares se estimaba en unos 15 millones (Berdegué y Fuentealba, 2014). Si bien el sector es extremadamente diverso (gráfico 1), admite una división en tres categorías principales. Una primera categoría compuesta por alrededor de 10 millones de hogares con tierras y activos escasos, a menudo situados en territorios desfavorables, y cuyos medios de vida dependen en gran medida del ingreso no agrícola. Una segunda formada por unos 4 millones de hogares con acceso a algo más de 200 millones de hectáreas y medios de vida principalmente dependientes de la agricultura; estos hogares están integrados en los mercados agrícolas, pero se enfrentan a arduos desafíos debido a las dificultades de los territorios y la falta de activos productivos y del hogar.

Por último, un grupo integrado por 1 millón de fincas familiares que abarcan un poco más de 100 millones de hectáreas de tierras muy productivas, en territorios más favorables; estos hogares son bastante competitivos, incluso en mercados y cadenas de valor muy exigentes (Berdegué y Fuentealba, 2014). En la mayoría de los países, el sector de las grandes explotaciones agrícolas ha evolucionado de un sistema de haciendas, sumamente ineficiente e injusto, a uno dominado por grandes empresas.7 Si bien faltan estimaciones acerca del tamaño o la importancia económica de este sector, que incluye a la manufactura agroalimentaria moderna y, por lo menos, ciertos servicios especializados, no puede ponerse en duda una serie de aspectos: el número de empresas agrícolas corporativas es bajo, el sector es un empleador importante en algunos países, es el que tiene la mayor porción del PIB agrícola8 y está a cargo de casi la totalidad de la producción agroalimentaria de carácter comercial. Incluso en países donde la agricultura comercial corporativa o las grandes explotaciones agrícolas (o ambas) son muy importantes (como Brasil), la estructura dual de unas pocas explotaciones grandes que emplean a trabajadores sin tierras coexistiendo con numerosos pequeños agricultores, tan típica de América Latina, sigue siendo una característica destacada del paisaje rural (recuadro 1). Brasil ha reconocido la existencia de esta dualidad hasta un punto tal que tiene dos ministerios de agricultura. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento es responsable de las políticas y reglamentaciones relativas a la agricultura comercial y los agronegocios. El Ministerio de Desarrollo Agrario tiene competencia sobre los ámbitos de la agricultura familiar y el desarrollo rural. En 2015 el presupuesto del Ministerio de Agricultura era el doble que el del Ministerio de Desarrollo Agrario. La asignación presupuestaria que este último preveía en 2015 para cada finca familiar era de alrededor de USD 412. La del Ministerio de Agricultura para cada agricultor comercial era de USD 4 347 (estos dos ministerios estaban en funcionamiento al momento de elaborarse el presente informe. Tras su finalización, la estructura institucional de estas áreas ministeriales fue objeto de reformas). Sin duda que las explotaciones familiares se benefician también de los programas y servicios en la órbita del Ministerio de Agricultura

GRÁFICO 1. Tipos de explotaciones familiares de acuerdo con la dotación de activos y el entorno

Nota: El tipo A abarca alrededor de 1 millón de explotaciones familiares, el tipo B unos 4 millones de hogares y el tipo C unos 10 millones de hogares.Fuente: Berdegué y Escobar (2002).

Alta posición de activos

Baja posición de activos

Ent

orno

des

favo

rabl

e Entorno favorable

5

(como la investigación que lleva a cabo la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, [EMBRAPA]) de la misma manera que los agronegocios se benefician de los agricultores familiares —capacitados y organizados con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario— quienes los abastecen con materias primas. Al establecer estos dos ministerios, Brasil ha tratado de solucionar un problema crucial que afecta a todos los países de América Latina con sistemas agrarios duales: la extrema dificultad de diseñar y aplicar políticas que tengan en cuenta las capacidades, las necesidades y los objetivos de agentes económicos y sociales en esencia distintos, incluso cuando estén unidos por la misma actividad agrícola. En países con altos niveles de desigualdad, como Brasil, los

presupuestos y las políticas suelen acordarse en función del poder político y económico, en lugar de las necesidades sociales. La solución institucional que dio Brasil al fenómeno de la dualidad agraria debe también servir al estrato superior del sector de la agricultura familiar, menor en número de explotaciones pero tan productivo como las empresas agrícolas corporativas, por lo menos. Política y socialmente resulta vital que estos productores agropecuarios estén firmemente contenidos dentro del sector de la agricultura familiar. Sus capacidades, objetivos económicos y estrategias difieren, no obstante, de los de la gran mayoría de los agricultores familiares pobres y se acercan de muchas maneras a los del sector de las empresas agrícolas corporativas.

RECUADRO 1. La dualidad agraria en Brasil

Brasil es una potencia agrícola mundial. En 2012, el PIB de su agricultura primaria era de

USD 112 700 millones (el 5 por ciento del PIB total) y absorbía el 17 por ciento de la mano de obra

del país. En virtud de sus vínculos a nivel de insumos y productos, la agricultura aporta un

17 por ciento adicional al PIB y absorbe un 18 por ciento adicional de la mano de obra. El sector

agrícola y alimentario tomado en sentido amplio y sus industrias relacionadas son en conjunto

responsables de más de un quinto (USD 496 000 millones) de la economía brasileña y emplean

a más de un tercio de su mano de obra (OCDE, 2015). Lo anterior también significa que en Brasil

muchas fincas están integradas en las cadenas de valor, y que las opciones disponibles para cada

agricultor individual dependen cada vez más de decisiones que se adoptan en otras partes del

sistema agroalimentario.

Alrededor del 84 por ciento de los 5 millones de fincas (distribuidas en 330 millones de

hectáreas) reúnen las condiciones establecidas por la Ley de Agricultura Familiar para ser parte de

ese sector. Controlan el 24 por ciento de la tierra (Schneider y Cassol, 2014), con la cual generan

cerca del 34 por ciento del valor bruto de la producción agrícola del país (Vieira Filho y dos Santos,

2011). Tan solo un 5 por ciento de las explotaciones producen el 64 por ciento del valor bruto de la

producción del sector de la agricultura familiar (Fornazier y Vieira Filho, 2012). Este es un ejemplo

clásico de lo que en América Latina se denomina una estructura agraria “dual”, pero que debería

conocerse más bien como una estructura agraria tripartita:

n un 16 por ciento de las explotaciones (empresas agrícolas corporativas) controlan el

76 por ciento de la tierra y producen el 66 por ciento del valor bruto sectorial;

n un 4 por ciento de las explotaciones (las fincas familiares más productivas) controlan el

5 por ciento de la tierra y producen el 22 por ciento del valor bruto sectorial, y

n un 80 por ciento de las explotaciones (las fincas familiares menos productivas y más pobres)

controlan el 19 por ciento de la tierra y producen solo el 12 por ciento del valor bruto sectorial.

Fuentes: OCDE (2015); Schneider y Cassol (2014); Vieira Filho y dos Santos (2011); Fornazier y Vieira

Filho (2012).

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Cambios experimentados por la región en su conjunto después de 2000Según la lógica de la transformación estructural, la contribución de la agricultura al conjunto de la economía debería disminuir a medida que crecen la industria manufacturera y los servicios. A decir verdad, en el período comprendido entre 2000 y 2012, la participación de la agricultura en la economía de la región de LAC descendió un 6 por ciento, si bien algunos países (El Salvador, Paraguay, Nicaragua y Uruguay) tuvieron un nuevo proceso de “agriculturalización”, en parte debido al auge de los productos básicos. Muchos autores han mostrado que el desarrollo agrícola tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza (Banco Mundial, 2007; Timmer, 2009). Sin embargo, el Banco Mundial (2007) también ha señalado que, en LAC, la elasticidad de la reducción de la pobreza con respecto al crecimiento agrícola era muy baja, aun cuando la región estuviera registrando indicadores de desarrollo agrícola muy positivos: “La paradoja en América Latina es que mientras la agricultura ha funcionado relativamente bien como sector productivo con un crecimiento anual sostenido de 2,5 por ciento en el valor agregado agrícola en los últimos 40 años, a los pobladores rurales no les ha ido bien. La pobreza rural sigue atascada en 58 millones” (Banco Mundial, 2007, pág. 207). Esta “paradoja latinoamericana”9 motivó a que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pusiera en marcha un proyecto para examinar esta relación en los ocho países de LAC con las economías agrícolas más importantes (Graziano da Silva et al., 2009). Los principales constataciones del proyecto son las siguientes: 1) Incluso en países con políticas y presupuestos abiertamente favorables a la agricultura y las pequeñas explotaciones, la contribución del crecimiento agrícola a la reducción de la pobreza fue relativamente pequeña, y las mejoras significativas alcanzadas en varios de ellos en cuanto a la disminución de la incidencia de la pobreza se debieron en gran medida al papel de las políticas sociales, las remesas privadas y el crecimiento de la economía rural no agrícola; 2) La relación entre crecimiento agrícola y pobreza rural varía marcadamente a nivel subnacional y, de forma relacionada, de acuerdo con la composición de la producción agrícola en diferentes lugares;

3) La demanda de mano de obra así como la productividad laboral y los salarios vinculados con cadenas de valor específicas también variaron significativamente, y 4) Los niveles iniciales de desigualdad tuvieron un gran efecto perjudicial en la elasticidad de la reducción de la pobreza con respecto al crecimiento agrícola. En el informe del Banco Mundial (2008), el análisis incorporó otro factor para explicar esta paradoja: la debilidad de la gobernanza de la agricultura y las zonas rurales. El Panel Independiente sobre Agricultura para el Desarrollo de América Latina (PIADAL, 2013, págs. 87-89) concluyó que las políticas agrícolas y de desarrollo rural de la región son “una suma de acuerdos parciales construidos en un proceso político basado en negociaciones parciales entre el Estado y sectores sociales de base estrecha [...] a veces casi privadas, [en las que] están sub-representados actores sociales rurales con menos poder, como los agricultores familiares, los pobres y los sectores sociales excluidos, salvo cuando se trata de políticas dirigidas específicamente a ellos”. La industria manufacturera es un motor importante de desarrollo en virtud de su convergencia absoluta en la productividad laboral (Rodrik, 2013). Históricamente, este sector ha absorbido una gran cantidad de mano de obra poco calificada proveniente de sectores menos productivos. Sin embargo, su importancia en LAC ha disminuido recientemente: de 2000 a 2013 su contribución a la economía cayó cuatro puntos porcentuales (al 15 por ciento) y su producto total creció menos que el de la agricultura. Este es el episodio más reciente de una tendencia que se inició tras concluir la estrategia de sustitución de importaciones en la década de 1980 (Narula, 2002; Mesquita Moreira, 2006). La informalidad laboral es un aspecto importante de estas economías. Para este informe, que se centra en la transformación rural inclusiva, la informalidad laboral es un factor altamente problemático ya que, por definición, se relaciona con empleos no regulados, poco seguros y menos productivos. Por otro lado, se vincula muy de cerca con la desigualdad económica (Arim y Amarante, 2015). Los trabajadores informales —desligados de la seguridad social— representaban en 2011 el 45 por ciento de la fuerza laboral de la región, con valores que variaban entre el 68 por ciento en Bolivia y el 85 por ciento

7

en Uruguay (CEPAL, 2013). Si en la definición de informalidad laboral se incluye el empleo poco cualificado y el trabajo independiente, sus valores fluctúan entre el 40 por ciento en Chile y el 70 por ciento en Bolivia (Gasparini y Tornarolli, 2009). En el último decenio se ha visto una leve caída de la informalidad laboral, relacionada con una disminución modesta pero significativa de la desigualdad de los ingresos (Arim y Amarante, 2015), pero el 60 por ciento de los jóvenes está empleado en el sector informal y hoy en día se necesitarían 27 millones de puestos de trabajo en el sector formal para corregir el problema. Lo mismo que pasa con la relación entre crecimiento agrícola y reducción de la pobreza, se observan diferencias muy significativas en la informalidad laboral a nivel subnacional. En el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2013 (RIMISP, 2014) se proporcionan estimaciones de la tasa de formalidad laboral para seis países de la región de LAC. La tasa media nacional varía entre un 5 por ciento (Ecuador) y un 61 por ciento (Chile). Sin embargo, en los departamentos en que se divide Ecuador, la tasa varía entre un 2 por ciento y un 9 por ciento, y en el caso de Chile, se observa una variación regional de entre un 40 por ciento a un poco más del 70 por ciento. En Brasil, con una tasa de formalidad media nacional del 45 por ciento, los valores a nivel municipal varían entre un 5 por ciento y un 90 por ciento. La urbanización es un fenómeno concomitante de la transformación estructural. En la región de LAC el proceso ha alcanzado su madurez y la población urbana se ha estabilizado en un valor levemente inferior al 80 por ciento de la población total. En los 19 países que estamos considerando, la población rural en términos absolutos comenzó a descender en algún momento entre 1990 y 1995. En el período comprendido entre 2000 y 2015, la región habrá perdido 1,8 millones de pobladores rurales.10

Debemos decir que nuestra interpretación de esta tendencia está muy influida por la definición de “rural” en las estadísticas oficiales. En los países de LAC, se define de manera residual: es decir, aquello que no es urbano. Así, bajo el ámbito “urbano” se incluyen desde poblados con solo 2 000 o 2 500 habitantes,11 hasta regiones metropolitanas como Ciudad de México y

São Paulo (de alrededor de 21 millones cada una). En el período 2000-2015, LAC tenía 123 grandes ciudades y aglomeraciones urbanas (de 500 000 o más habitantes) con una población combinada de 267 millones, lo cual representaba el 53 por ciento de la población urbana total. El resto del medio “urbano” se componía de un número no definido de ciudades pequeñas y medianas de hasta 500 000 habitantes, donde viven 236 millones de personas (el 47 por ciento de la población urbana) con interacciones funcionales muy estrechas con los espacios rurales circundantes. Se prevé que la población de estos centros urbanos de pequeño y mediano tamaño, situados en territorios de naturaleza urbana y rural, aumente un 11 por ciento entre 2015 y 2030 y que absorba a muchas de las personas que abandonen las zonas consideradas “oficialmente rurales”. En casi todos los países de LAC la urbanización es alta pero la concentración urbana es baja. La tasa media mundial de “primacía urbana”12 es del 33 por ciento. La mayor parte de los países de LAC, incluidos casi todos los más grandes, se sitúan bien por debajo de este valor. Este predominio de ciudades de pequeño y mediano tamaño es un factor poco valorado que debería tenerse en cuenta de manera más visible en las estrategias y programas de desarrollo rural de la región. Christiansen y Todo (2014, pág. 43) tratan el papel de este “medio faltante” en la transformación rural y concluyen que los países con patrones de urbanización más descentralizados muestran un crecimiento más inclusivo y una reducción más rápida de la pobreza que las aglomeraciones de las megaciudades. Las economías rurales de todos los países de LAC están muy diversificadas. A partir de una proyección de los datos aportados por Dirven (2011) se puede decir que es más que probable que la porción del empleo rural no agrícola en la región ya haya superado el 50 por ciento en 2015. Si bien las estadísticas nacionales se ven afectadas por ciertas cuestiones metodológicas a la hora de medir la participación individual en el mercado laboral, la tendencia es clara según lo confirman las cifras del empleo rural no agrícola calculadas por Klein (1992) para principios de la década de 1980 (el 24 por ciento), por Reardon et al. (2001) para fines de la de 1990 (el 31 por ciento) y por Dirven (2011) para 2008 (el 45 por ciento).

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Huelga decir que gran parte del empleo rural no agrícola es en trabajos de baja productividad a los que Klein (1992) denomina “trabajos refugio”. En las regiones con una agricultura más dinámica este sector del empleo tiende también a ser de mayor calidad y más productivo (Reardon et al., 2001). Por otro lado, los individuos y miembros de los hogares más pobres, con menos recursos, generalmente suelen refugiarse en este tipo de empleos en lugar de migrar de la agricultura a trabajos más productivos, muchas veces como parte de estrategias para diversificar los medios de vida del hogar. Si bien esta respuesta puede verse como una leve mejora con respecto a la opción de una agricultura de subsistencia en muy pequeña escala, su aporte a reducir la pobreza de manera sostenida o al crecimiento de la economía rural es mínimo. Incluso teniendo en cuenta la baja productividad de los trabajos rurales, entre 2002 y 2012 los 12 países de LAC de los que se tienen datos redujeron la pobreza rural un promedio del 26 por ciento. A la cabeza de estos procesos se ubicaron Chile y Brasil, que disminuyeron la pobreza rural en un 56 por ciento y un 42 por ciento, respectivamente, seguidos del Perú y Bolivia con alrededor del 30 por ciento cada uno. La reducción en Paraguay, la República Dominicana y México fue de menos del 20 por ciento. Si bien no existen datos completos y comparables de Guatemala para el período en consideración, este país parecería ubicarse en el último puesto de la región, con una tasa de reducción de la pobreza rural entre 2002 y 2006 que, proyectada al decenio completo, sería de menos del 6 por ciento. Asimismo, por primera vez desde que se cuenta con datos fiables, en la década de 2000 comenzó a verse en las zonas rurales de LAC una disminución estadística significativa en la desigualdad de los ingresos: la razón entre el ingreso total del decil rural superior y el ingreso total del decil rural inferior disminuyó de 19 a 14 (2002-2013), una tendencia similar a la registrada en las zonas urbanas. Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay tuvieron un buen desempeño con respecto a este indicador, mientras que la tendencia en los países de América Central, más Paraguay, fue de un aumento de la desigualdad.

La reducción de la desigualdad se debe en parte a los flujos de efectivo transferidos por el Gobierno a sectores específicos, dado que la misma razón con respecto al ingreso laboral rural fue mucho mayor y casi no registró mejora alguna, pasando de 39 a 37 entre 2002 y 2013.13 Los países que mejores resultados obtuvieron en cuanto a la distribución del ingreso total y el ingreso laboral son Bolivia, Colombia y Ecuador; mientras tanto, en Brasil, El Salvador, México y Perú, la mejora de la distribución del ingreso laboral arrojó resultados significativamente menos positivos que los referidos a la distribución del ingreso total. Entonces, aunque quizás sea posible postular que los resultados positivos conseguidos en materia de pobreza rural y desigualdad del ingreso rural hayan sido impulsados, en parte, por un mayor empleo y salarios agrícolas más altos, daría la impresión de que las políticas de protección social también jugaron un papel importante. En estos diez años hubo un gran progreso en la ampliación de los servicios sociales básicos (salud, educación, agua potable y saneamiento, y electricidad) a gran parte de la población rural. La brecha de género en el acceso a estos servicios se redujo de forma pronunciada, si bien todavía se observan desigualdades étnicas muy amplias en dicho acceso —así como en otros indicadores (recuadro 2)— en todos los países con datos disponibles. Las cuestiones de género también son fundamentales. El índice de feminidad de la pobreza para las zonas rurales de LAC aumentó un 7 por ciento de 2002 a 2012 (de 107,5 a 115,2), lo cual significa que la pobreza rural disminuyó más para los hombres que para las mujeres. La tendencia se registra en los 19 países de LAC, si bien con tasas que varían de uno a otro.14 Algunos autores sostienen que se está dando una feminización de la agricultura en la región (Deere, 2005; Lastarria-Cornhiel, 2008).

9

RECUADRO 2. La marginación de los pueblos indígenas

Las transformaciones estructurales y rurales que tienen lugar en la región marginan en sumo grado

a los pueblos indígenas que viven en ella. En LAC estos pueblos han sido desposeídos de sus

territorios y padecido la exclusión social desde los tiempos de la conquista española en el

siglo XVI. Hasta hace poco sus condiciones socioeconómicas pasaban prácticamente inadvertidas

en las estadísticas oficiales de la mayoría de los países (CEPAL, 2014a). Los países con la mayor

proporción de población indígena respecto del total son Bolivia (62 por ciento), Guatemala

(41 por ciento), Perú (24 por ciento), México (15 por ciento) y Panamá (12 por ciento).

La incidencia de la pobreza es mayor en estos pueblos que en el resto de la población (Cord et al.,

2015). Por ejemplo, en Ecuador la tasa de pobreza de 2012 fue del 30 por ciento para la población

total y del 60 por ciento para la población indígena (Cord et al., 2015). La tasa de pobreza de

Guatemala en 2011 fue del 61 por ciento para la población rural no indígena y del 81 por ciento

para el grupo de indígenas rurales. En México, la tasa de pobreza dentro del grupo de personas que

habla una lengua indígena era en 2014 casi el doble que la del resto de la población (77 por ciento y

43 por ciento), y la diferencia en cuanto a la tasa de pobreza extrema era de casi cinco veces

(38 por ciento y 8 por ciento) (CONEVAL, 2014). No obstante, las políticas para reducir la pobreza

han tenido un efecto más fuerte en la población indígena, pues han conseguido que la brecha de

pobreza entre los dos grupos disminuyera. Aun así, la brecha todavía es grande, no solo en cuanto a

los ingresos y los bienes, sino también en las esferas de la educación y la salud.

En el año 2000, la proporción de indígenas que vivían en centros urbanos (del total de la

población indígena) variaba de un 65 por ciento en Chile a un 56 por ciento en Perú,

un 53 por ciento en Bolivia y un 40 por ciento en Nicaragua. En el cuadro a continuación se puede

ver que los indígenas que viven en centros urbanos en Guatemala y Chile están mucho mejor,

desde el punto de vista de los ingresos, que los que viven en las zonas rurales, lo cual puede ser

indicativo de que las condiciones de exclusión social son más manifiestas en estas últimas.

Rural

No indígena

112 338

131 564

161 331

180 875

Indígena

68 543

82 877

99 977

134 061

Indígena/

no ind. (%)

61

63

62

74

Ingreso rural e ingreso urbano en los pueblos indígenas de Guatemala y Chile

Guatemala (quetzales a valores actuales, ingreso total)

Chile (pesos a valores actuales, ingreso laboral solamente)

2000

2006

2011

Urbano

No indígena

489

885

1 643

Indígena

293

531

827

Indígena/

no ind. (%)

60

60

50

Rural

No indígena

243

456

713

Indígena

174

312

533

Indígena/

no ind. (%)

72

68

75

Año

2006

2009

2011

2013

Urbano

No indígena

178 610

225 538

247 707

294 247

Indígena

120 363

153 370

166 344

207 008

Indígena/

no ind. (%)

67

68

67

70

Año

1010

El legado de conflictos heredados plantea para varios pueblos indígenas de estos países un riesgo

real de desaparición. En Chile, por ejemplo, siete pueblos indígenas diferentes han sido arrastrados

al borde de la extinción y esto se remonta, al menos en uno de los casos, a épocas tan recientes

como la década de 1980. La explotación de los recursos mineros (petróleo, gas y otros) ha

desencadenado un nuevo ciclo de desposeimiento territorial. A lo largo y ancho de la región existen

200 grupos indígenas en aislamiento voluntario debido a la presión sobre los recursos naturales

de sus territorios; todos están en una situación de riesgo demográfico extremo y se enfrentan a

problemas de violencia, enfermedades y violaciones de derechos humanos (CEPAL, 2014a).

Nota: En 2013, el Ministerio de Desarrollo Social de Chile cambió la manera de imputar los costos de vivienda, y dejó de ajustar los resultados de encuestas a los datos las Cuentas Nacionales del Banco Central. A efectos de comparación, para 2013 utilizamos la antigua definición de ingreso autónomo per cápita del hogar Fuente: Encuesta CASEN (2006, 2009, 2011 y 2013).

Si se considera la población activa y masculina rural, la proporción de personas empleadas en la agricultura en las zonas rurales descendió un 6 por ciento entre 2002 y 2012; en el caso de las trabajadoras, sin embargo, aumentó un 5 por ciento.15 La creciente participación de las mujeres, principalmente en tareas temporales (Lastarria-Cornhiel, 2008; Soto Barquero y Klein, 2012), puede implicar una correlación con la feminización de la pobreza. El desarrollo territorial rural se ha convertido en una idea importante en las estrategias de desarrollo rural en América Latina. Modrego y Berdegué (2015) resumen los resultados de varios estudios de caso de países en los que se consideraron alrededor de 9 000 municipalidades, distritos y provincias de nueve países que albergan en conjunto a un poco más del 80 por ciento de la población de la región. Los autores encontraron que en el 42 por ciento de estos lugares había indicios de crecimiento económico, que en el 36 por ciento el crecimiento estaba acompañado por una reducción de la pobreza, y que solo en el 13 por ciento el crecimiento vino también junto con mejoras en la distribución del ingreso. El 29 por ciento de todos estos lugares no registraron un crecimiento ni avances en materia de reducción de la pobreza o distribución del ingreso. Resulta significativo que en el 29 por ciento de estos territorios los autores constataran una reducción de la pobreza o de la desigualdad (o de ambas) pero sin crecimiento económico localizado, lo cual es indicativo de cómo las transferencias sociales y, en algunos lugares, las remesas de los migrantes, han logrado desconectar el desarrollo social del económico.

Tipología de los procesos de transformación en LACComo en los demás capítulos regionales, hemos elaborado una tipología para clasificar a los países de acuerdo con su posición en tres dominios (véase más adelante). La posición de cada país se establece en relación con la media de los países de LAC de los que se disponen datos completos (16 países). Por este motivo, un país puede estar en una situación inferior en cuanto a la transformación rural, pero bien avanzado en comparación con un país de otra región. Y lo que resulta más importante es que un país puede estar progresando bien con respecto a su situación pasada, pero aún situarse en una posición inferior a la media regional. Los tres conjuntos de indicadores utilizados son los siguientes (cuadro 1.):n Transformación estructural: cambio en la contribución de las actividades no agrícolas al PIB. El período de cambio es entre 1990 y 2014, aproximadamente. Los países con una proporción mayor del 90 por ciento automáticamente se consideran transformados. Para el resto, una variación en puntos porcentuales por año igual o superior a la variación media regional es indicativo de una transformación estructural avanzada.n Transformación rural: cambio en la productividad de la mano de obra agrícola (valor agregado agrícola por trabajador). Una variación igual o superior a la variación media regional es indicativo de una transformación rural avanzada.

11

CUADRO 1. Datos para la clasificación de países de LAC según la tipología establecida, 16 países

País

Brasil

Chile

Colombia

República Dominicana

Guatemala

México

Nicaragua

Perú

Estado Plurinacional de Bolivia

Ecuador

Honduras

Paraguay

Uruguay

Costa Rica

El Salvador

Panamá

Transformación estructural

Contribución de las actividades no agrícolas al PIB

(%)

Transformación rural

Productividad de la mano de obra

agrícola (%)

Inclusión social en las zonas rurales

Tasa de pobreza según la línea nacional de pobreza (%)

PIB per cápita Coeficiente de Gini rural

c. 1990

91,9

91,3

83,3

85,5

84,9

92,2

79,0

91,1

83,3

78,6

77,6

83,0

90,8

87,7

82,6

90,2

c. 2014

94,4

96,7

93,3

93,8

88,5

96,5

79,5

92,6

86,7

90,6

86,2

79,1

91,4

94,4

89,2

96,5

c. 1990

1 990

1 712

3 224

3 654

2 460

1 477

2 712

1 623

1 025

594

1 222

1 644

5 475

3 199

2 344

2 133

c. 2012

2 014

5 470

6 638

3 982

8 181

2 009

4 416 3 973

1 949

658

2 647

3 173

10 297

6 813

4 187

3 489

c. 2000

70,6

51,8

61,7

47,4

74,5

66,5

70,3

78,4

84,0

82,2

71,3

52,5

20,7

26,3

42,4

64,4

c. 2012

31,1

27,9

42,8

51,2

71.4

63.6

63.3

48.0

61.3

35.3

68.5

33.8

3.0

30.3

36.0

49.4

c. 1990

10 331

9 193

7 752

5 278

5 315

12 479

3 025

5 280

3 740

7 542

3 205

5 985

9 841

7 333

4 454

7 463

c. 2014

15 412

21 967

12 447

12 505

7 181

16 496

4 574

11 514

6 153

10 774

4 214

8 038

19 929

13 713

7 613

19 637

c. 1999

54,7

49,5

50,6

48,0

47,9

50,2

51,4

45,0

64,0

62,7

54,2

56,0

43,1

46,2

48,9

57,2

c. 2012

49,5

47,1

47,1

39,2

44,6

47,5

44,7

42,8

54,3

45,2

57,8

53,2

36,9

46,8

37,6

50,1

Fuentes: Indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial (no incluye Brasil); CEPAL (2014b) (Brasil). Datos de pobreza: Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial (no incluye Brasil); CEPALSTAT (CEPAL), con una línea nacional de pobreza alternativa calculada por este organismo de las Naciones Unidas para hacer el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Brasil).

n Inclusión social en las zonas rurales: cambio en la tasa de pobreza rural. Una disminución anual igual o superior a la variación media regional es indicativo de una rápida reducción de la pobreza. Para compensar el hecho de que esto da solamente un panorama limitado de la inclusión social, se utilizan algunos análisis de la desigualdad económica medida con el coeficiente de Gini.

Del análisis pueden extraerse seis categorías amplias (cuadro 1). Dentro de cada una examinamos los cambios en la desigualdad económica en la población rural, basándonos en el coeficiente rural de Gini. Los datos encontrados sugieren que la reducción de la pobreza rural depende más de la transformación estructural que de la transformación rural.

12

CUADRO 2. Distribuciones de los resultados de la transformación y la inclusión de los países en América Latina y el Caribe: tipología

Transformación estructural rápida

Transformación estructural lenta

Reducción de la pobreza rural

Lenta

Tipo B

Costa Rica, Honduras, República Dominicana

Tipo D

El Salvador, Guatemala, México*

Rápida

Tipo A

Brasil*, Chile, Ecuador,

Perú*, Uruguay*

Tipo C

Colombia, Panamá

Tipo E

Nicaragua, Paraguay

Tipo F


Transformación rural rápida

Transformación rural lenta

Transformación rural rápida

Transformación rural lenta

Notas. Los países con una trasformación estructural rápida son aquellos con tasas de transformación estructural por encima de la

media regional. Los países con una trasformación estructural lenta son aquellos con tasas de transformación estructural por debajo de la media regional. Las medidas de la transformación rural y la reducción de la pobreza se presentan también en términos relativaos con respecto a las medias de la región. Los países resaltados en negrita muestran una reducción de la desigualdad igual o superior a la media de la región. * Se aplica a cuatro países de la región que, como se expuso en la introducción, se clasificaron automáticamente como de transformación estructural rápida debido a que el valor inicial de la contribución de la actividad no agrícola al PIB supera el 90 por ciento.Fuente: Los autores.

Explicación de los patrones de transformación observadosDespués de haber visto cómo los distintos países de LAC siguieron patrones particulares de transformación estructural y rural, con muy diferentes implicaciones para la inclusión social en las zonas rurales, nos dedicaremos ahora a contrastar los patrones observados con aquellos contemplados por las distintas teorías y enfoques normativos del desarrollo disponibles, con el fin de detectar si alguno muestra una vinculación significativa con las tendencias que se acaban de describir.

Liberalización económica y comercialLa teoría del desarrollo más influyente desde la década de 1980 es la que postula que las políticas de libre mercado aceleran las transformaciones estructural y rural, así como la reducción de la pobreza. Sin embargo, el índice de libertad económica de la Heritage

Foundation,16 que mide la apertura comercial, los derechos de propiedad y otros aspectos de las políticas librecambistas, muestra solo una correlación baja con nuestra tipología de países de LAC (cuadro 3). Tres de los cinco países de tipo A (cuadro 2) ocupan los primeros puestos de la región, pero Brasil (también de tipo A) se sitúa en los últimos puestos. Costa Rica y México (de tipo B y D, respectivamente, indicativo de una reducción lenta de la pobreza) se encuentran en los primeros puestos según el índice en cuestión. Tampoco se observa una correlación muy fuerte entre los cambios en la desigualdad y la libertad económica. A pesar de que muchos postulan que la liberalización del mercado fomenta la desigualdad, Colombia, Uruguay y Perú están en los primeros puestos de la lista en cuanto a libertad económica en la región (cuadro 3) y muestran resultados por encima de la media con respecto a la reducción de la desigualdad.

Velocidad de la transformación estructural y rural

13

Al mismo tiempo, Chile —líder indiscutido en cuanto a libertad económica— no muestra una reducción de la desigualdad rural tan visible como otros países. Nicaragua, Brasil, Ecuador y Bolivia muestran buenos resultados de inclusión social, pero se sitúan en los últimos puestos con respecto al índice de la Heritage Foundation. La conclusión más imparcial quizás sea la de que, aunque es posible que una economía abierta, orientada al mercado, en un Estado limitado —una economía “liberal”— potencie el crecimiento económico, no puede, por sí misma, reducir la pobreza rural y la desigualdad. La mayoría de los países liberalizaron sus políticas comerciales entre 2002 y 2012. La consecuencia para algunos (Paraguay, por ejemplo) fue un nuevo proceso de

agriculturalización. Los países con las políticas económicas más liberales (Costa Rica y Chile) registraron una baja reducción de la desigualdad. Otros países (Brasil por ejemplo), menos dependientes del comercio después de 2000, tuvieron resultados buenos o mejores que otros como México, donde el comercio cobró más importancia. Existe también una relación débil entre la apertura comercial y la posición de un país en nuestra tipología (véase el cuadro 3, tercera columna de datos). Si la relación fuese fuerte, se podría esperar que los países de tipo A estuvieran en los primeros puestos de la lista, pero algunos de estos están en los últimos. Así, la reducción de la desigualdad tampoco muestra ninguna correlación con la apertura comercial.

CUADRO 3. Valores de la liberalización económica frente a la tipología de países

País

Chile

Colombia

Uruguay

Perú

Costa Rica

México

El Salvador

Panamá

Paraguay


Guatemala

Nicaragua

Brasil

Ecuador


Nota: La negrita denota una reducción de la desigualdad rural superior a la media regional. El grado de apertura comercial se mide como la proporción del PIB de la suma del total de importaciones y el total de exportaciones.Fuentes: Heritage Foundation (Índice de Heritage); versión 8.1 de Penn World Table (apertura comercial); autores (última columna).

Puesto mundial según el índice de la Heritage Foundation

7 28

43 47

51

59 62

68

83

86

87

108 118

156

163

Apertura comercial (2011)

64,6

28,9

47,3

35,9

84,3

57,7

n.d.

79,0

58,8

31,5

51,8

n.d.

33,2

46,5

39,0

Tipo

A

C

A

A

B

D

D

C

E

B

D

E

A

A

F

14

Instituciones inclusivasOtra teoría destacada plantea que la calidad de las instituciones es crucial para el desarrollo inclusivo. Acemoglu y Robinson (2012) y otros autores sostienen que existe una fuerte relación entre organización social y desarrollo, facilitado por instituciones económicas y políticas inclusivas que estimulan la innovación al tiempo que facilitan un amplio grado de participación y rendición de cuentas. Por el contrario, las “instituciones extractivas” limitan el crecimiento económico y el desarrollo en general puesto que impulsan políticas que concentran la riqueza y el poder en manos de las élites. Las instituciones inclusivas pueden ser más importantes en países con una gran dotación de recursos naturales, como es el caso de muchos en LAC. Gylfason y Zoega (2006) encontraron que existe una relación inversa entre los recursos naturales, por un lado, y las libertades civiles, el crecimiento económico, las inversiones y la educación secundaria, por el otro. Isham et al. (2005) constataron que los países que dependen de recursos naturales localizados poseen instituciones más débiles y una mayor división socioeconómica. En los países con élites que buscan el provecho propio es importante contar con mecanismos de distribución apropiados. Existen países en LAC con políticas fiscales (como el Sistema de Regalías, en Colombia, o el Canon Minero, en Perú) que distribuyen una cantidad considerable de regalías provenientes de los recursos naturales a las regiones que los generan, y a otros lugares menos favorecidos. En Colombia, por lo menos, los resultados han sido heterogéneos, y el éxito depende de las capacidades de los gobiernos regionales y locales, y de la sociedad en general, de utilizar estos recursos de manera transparente y eficaz en favor del desarrollo (Bonet et al., 2014). En Perú, Arreaza y Reuter (2012) no encuentran datos que corroboren una mejor distribución de los bienes públicos a partir de la aplicación del Canon Minero, pero sí observan que el gasto público es mayor en las regiones donde se aplica, lo cual sugiere que el problema radica en la ineficiencia de los gobiernos locales. Utilizando como base los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial (2015a)17 para 2012, no hemos podido constatar que las instituciones inclusivas afecten a los indicadores de transformación estructural o rural.

Lo que sí encontramos es una relación fuerte y estadísticamente significativa entre algunos indicadores de la calidad de la gobernabilidad y la reducción de la pobreza rural (cuadro 4),18 lo cual muestra una mayor correspondencia con la tipología que hemos propuesto. Según la teoría de las instituciones inclusivas de Acemoglu y Robinson (2012), existe una relación entre las instituciones políticas y económicas (sean inclusivas o extractivas), y la prosperidad nacional definida como el crecimiento económico que beneficia a la mayor parte de la sociedad. A su vez, muchos estudios han corroborado la existencia de sociedades con altos niveles de desigualdad de oportunidades que tienen también altos niveles de concentración del poder político y económico (Banco Mundial, 2005). Aunque obviamente la correlación no sea perfecta,19 existen fundamentos para postular relaciones entre las tendencias en la desigualdad, la capacidad de inclusión de las instituciones políticas y económicas, y los procesos de transformación estructural y rural que rescatan de la pobreza a grandes cantidades de personas pobres del medio rural.

Productividad de la mano de obraEl movimiento de mano de obra de trabajos de menor a mayor productividad es un aspecto central de la teoría de la transformación estructural socialmente inclusiva (Timmer, 2007). McMillan y Rodrik (2011) sostienen que, si bien en las etapas iniciales del desarrollo la productividad laboral no agrícola crece más rápido que la de la mano de obra empleada en la agricultura, ambas convergen una vez que la productividad total supera cierto umbral. Sin embargo, en LAC, observamos que los países a los que se clasifica como más transformados no son necesariamente los que tienen las brechas de productividad de mano de obra más bajas. Por ejemplo, la razón entre la productividad de la mano de obra general de una economía y su productividad de la mano de obra agrícola en un país de tipo A como Brasil pasó de 5,8 a 2,5 entre 1990 y 2012. En el mismo período la República Dominicana, un país de tipo B, mostró un movimiento de 2,4 a 1,7. Resulta interesante el caso de Nicaragua, un país de tipo E, que muestra una brecha por debajo de 1 en 2010, esto es, la productividad de la mano de obra es superior en la agricultura que en las actividades económicas tomadas en conjunto.

14

15

CUADRO 4. Correlación entre los indicadores mundiales de gobernabilidad y la pobreza rural

Variables independientes

Control de la corrupción

Eficacia del Gobierno

Estabilidad política

Calidad del marco normativo

Imperio de la ley

Participación popular y rendición de cuentas

Constante

R2

Nota: a = regresión de mínimos cuadrados ordinarios. ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1. Errores estándar en paréntesis.Fuentes: Cálculos de los autores a partir de datos del Banco Mundial (2015) (no incluye Brasil); CEPALSTAT (CEPAL) (Brasil).

Variable dependiente: pobreza rural medida según la línea nacional de pobrezaa

1

-17,0***

(1,9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,7***

(1,4)

0,4

2

-

-

-17,7***

(2,7)

-

-

-

-

-

-

-

-

49,8***

(1,5)

0,3

3

-

-

-

-

-16,0***

(1,9)

-

-

-

-

-

-

47,7***

(1,5)

0,4

4

-

- - - - - -10,5*** (2,7) - - - - 54,3*** (1,5) 0,1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-18,8***

(2,2)

-

-

44,5***

(1,7)

0,4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-25,3***

(2,7)

56,5***

(1,2)

0,4

Los países que aparecen en el cuadro 5 con unas brechas más bajas no necesariamente convergen hacia un equilibrio de alta productividad. Esto puede observarse en Nicaragua, Paraguay y Honduras, que tienen unas brechas de productividad pequeñas y niveles muy bajos de productividad de la mano de obra en la economía en general y, en particular, en la agricultura. De hecho, los países como Honduras o Nicaragua, que son bastante pobres, tienen altas tasas de empleo en la agricultura y una productividad de la mano de obra agrícola muy baja pero, aun así, sus brechas de productividad son tan bajas o inferiores a las de los tres países desarrollados que aparecen en el cuadro 5 (agregados con fines de comparación). Seguramente, este es un tipo de “convergencia” muy diferente del postulado

por la teoría de la transformación estructural.En el cuadro 5 puede observarse una tendencia general descendente en la brecha de productividad entre la agricultura y la economía en su conjunto, y esto, en general, es una buena noticia. McMillan y Rodrik (2011) han constatado que el crecimiento de la productividad en LAC está causado principalmente por aumentos de la productividad de la mano de obra intersectoriales y que se registra muy poca variación estructural entre los distintos sectores. Desde la década de 1990, la mano de obra ha fluctuado entre trabajos de baja productividad (del empleo agrícola al empleo informal urbano de baja calidad o rural no agrícola) y no hacia los del sector manufacturero o los servicios de alta productividad.

1616

CUADRO 5. Productividad de la mano de obra en la agricultura y en la economía en su conjunto

País

Chile

México

Panamá

Uruguay

Costa Rica


Brasil

Colombia

Perú

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Paraguay

Honduras

Nicaragua

Bolivia

PIB por trabajador Valor agregado agrícola por trabajador

Brecha de productividad agrícolaa

c. 1990

11 534

18 827

10 317

9 667

8 867

6 682

9 939

9 212

5 468

7 402

5 697 6 012

3 670

3 681

3 332

2 636

75 482

72 630

62 477

c. 2011

20 159

20 624

16 181

15 111

12 974

11 976

11 964

9 822

7 302

7 856

7 509

5 958

3 828

4 060

3 253

2 601

95 535

86 981

67 001

c. 1990

3 224

2 663

2 369

5 475

3 199

2 581

1 712

3 654

1 025

1 946

2 133

1 945

1 644

1 222

1 773

594

31 577

31 040

16 048

c. 2011

6 536

3 809

3 862

9 559

6 461

6 894

4 770

3 587

1 885

3 946

3 468

1 938

2 216

2 237

3 479

643

62 957

61 026

33 198

c. 1990

3,6

7,1

4,4

1,8

2,8

2,6

5,8

2,5

5,3

3,8

2,7

3,1

2,2

3,0

1,9

4,4

2,4

2,3

3,9

c. 2012

3,1

5,4

4,2

1,6

2,0

1,7

2,5

2,7

3,9

2,0

2,2

3,1

1,7

1,8

0,9

4,0

1,5

1,4

2,0

a. PIB por trabajador dividido el valor agregado agrícola por trabajador.Fuente: Cálculos de los autores utilizando datos de los indicadores de desarrollo mundial (Banco Mundial, 2015b).

Países tomados para comparación

Estados Unidos

Países Bajos

España

17

CUADRO 5. Productividad de la mano de obra en la agricultura y en la economía en su conjunto

Variación anual de la brecha de productividad

agrícola (%)

-0,7

-1,5

-0,2

-0,5

-1,5

-2,0

-3,9

0,4

-1,5

-2,9

-0,9

0,0

-1,2

-2,4

-4,5

-0,5

-3,4

-2,3

-4,0

Agricultura Industria Servicios

c. 1990

1,2

26,9

19,1

1,4

25,9

20,3

7,5

7,4

12,9 50,1

22,6

39,8

26,6

2,1

40,5

1,2

2,7

4,5

9,0

c. 2011

10,3

13,4

16,7

10,9

13,4

14,5

15,3

16,9

25,8

27,8

21,0

32,3

27,2

35,3

32,2

32,1

1,6

2,5

4,4

c. 1990

25,1

22,0

26,3

30,9

25,9

22,9

25,2

29,1

29,8 16,7

27,8

22,5

14,6

27,6

13,6

25,1

24,1

25,9

30,2

c. 2011

23,4

24,1

18,2

21,1

19,5

17,8

21,9

20,9

17,4

17,8

21,1

19,5

16,1

19,8

16,5

20,0

16,7

15,3

20,7

c. 1990

73,2

51,0

54,6

67,7

47,5

56,6

67,3

63,4

57,2

33,2

46,1

37,7

58,7

70,3

39,5

73,2

73,1

68,6

60,8

c. 2012

66,4

61,9 65,2 68,0

66,9

67,8

62,7

62,2

56,8

54,4

57,9

48,2

56,7

44,9

51,2

47,9

81,2

71,5

74,9

Empleo sectorial (% del empleo total)

18

Desarrollo territorialMucho se ha debatido acerca del desarrollo territorial como estrategia. En un número especial de la revista World Development (Berdegué et al., 2015a), publicado recientemente, se presenta un resumen de los datos encontrados y un análisis de los mismos. Para el objeto de nuestra discusión, resaltamos dos de estos hallazgos:n En LAC —una región con amplias desigualdades— los promedios nacionales pueden inducir a interpretaciones erróneas. En cada país hay territorios rurales que se están transformando y otros que no, con diferentes grados de inclusión social.n Aunque las variables geográficas y las condiciones, actores y políticas nacionales sean importantes factores determinantes del desarrollo territorial, las características particulares estructurales de cada territorio son fundamentales para establecer su nivel de desarrollo a ese nivel. Entre estas se incluyen las instituciones sociales que regulan el acceso y control a los recursos, las estructuras económicas (organización industrial y tipo de empresas por tamaño y origen del capital), los vínculos con mercados dinámicos, las conexiones con ciudades intermedias, el grado en que la inversión pública se orienta hacia bienes públicos o privados, la participación popular en las decisiones sobre prioridades de inversión y las “coaliciones transformadoras”.20

Podemos utilizar este marco para analizar la posición de los diferentes países en nuestra tipología de transformación rural (véase el cuadro 2). Como era de esperar, los promedios nacionales en los que se basa la tipología de países no se correlacionan con los hallazgos sobre desarrollo a nivel del territorio. Los países de tipo A tienen muchos territorios sin transformación (o muy limitada) y poco o ningún progreso social: el 32 por ciento de las 4 200 municipalidades analizadas en Brasil y el 42 por ciento de las 342 municipalidades en Chile. De manera similar, para los países de tipo B y D, como México, por ejemplo, si bien el rápido proceso de transformación nacional no parece estar sacando a las personas rurales de la pobreza de manera lo suficientemente rápida, el 35 por ciento de las 2 400 municipalidades muestran signos claros de que sus resultados económicos y sociales están mejorando.

De hecho, cada país contiene territorios que en nuestra tipología de países entrarían dentro de los tipos A a F. Las políticas nacionales impactan de manera diferente cuando se introducen en lugares diferentes con antecedentes e instituciones particulares.

Conclusiones e implicaciones para las políticas y las inversionesLos países de LAC tienen patrones diversos de transformación estructural y rural, y diferentes grados de inclusión social. Todos se caracterizan por una urbanización muy marcada, un sector agrícola relativamente pequeño y tasas de productividad de la mano de obra agrícola en aumento. Estas características generales, sin embargo, tienen escaso poder para predecir las tendencias en materia de inclusión social, y las explicaciones simplistas no sirven para analizar los patrones de desarrollo observados. Los países y las regiones pueden transformarse de diversas formas, y existe mucha variación en cuanto a cómo podría convertirse en inclusión una tendencia estructural particular. Las preguntas fundamentales de este informe en lo que respecta a LAC son las siguientes: 1. ¿Por qué algunos países de LAC experimentan actualmente procesos rápidos y significativos de transformación estructural y rural mientras que en otros el crecimiento y los procesos de transformación son muy limitados? 2. ¿Por qué en algunos países de LAC la transformación rural conduce a generar oportunidades de desarrollo generalizadas e inclusivas y a una mejora del nivel de vida mientras que en otros el proceso deja atrás a importantes grupos de la población? 3. ¿Qué pueden hacer los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los asociados en el desarrollo, incluido el FIDA, para estimular y apoyar la transformación rural inclusiva y sostenible?

Se puede responder a la primera y la segunda preguntas diciendo que solo tres de los 16 países con conjuntos completos de datos (Brasil, Chile y Uruguay) muestran un patrón de desarrollo que más o menos se asemeja al esperado a partir de una proyección de la experiencia de los países de la OCDE que ahora son desarrollados. Esto es, transformaciones estructurales y rurales que avanzan paralelamente y conducen a una convergencia de la productividad y a una

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inclusión social generalizada. Sin embargo, en estos tres países se ha dejado muy atrás a importantes sectores de la población rural, como los pueblos indígenas y a un número significativo de regiones y territorios rurales. Tres de los 10 países de LAC que están reduciendo su pobreza rural rápidamente lo están haciendo sin experimentar una transformación rural rápida. Este fenómeno refleja probablemente la gran importancia de las políticas de protección social en la región, que incluyen las transferencias de efectivo condicionadas y no condicionadas, y los planes de pensiones no contributivos (la región tiene, por ejemplo, 135 millones de beneficiarios transferencias monetarias condicionales de efectivo). La generación de políticas sociales defendidas y aplicadas a partir de mediados de la década de 1990 tuvieron el efecto de desconectar la reducción de la pobreza rural de la inclusión económica. ¿Por qué la mayoría de los países no están transformándose más rápidamente y de maneras que permiten sacar a las personas del medio rural de la pobreza? En este capítulo se formula una hipótesis según la cual entran en juego tres factores. El primero, que la productividad no ha aumentado lo suficiente en muchos países;21 el segundo, que otros sectores de la economía no han generado suficientes puestos de trabajo de alta productividad en todos los países, y el tercero, que los procesos de crecimiento económico rural e inclusión social siguen estando muy concentrados en ciertos territorios y grupos, lo cual da como resultado bajas elasticidades de crecimiento-pobreza. Todavía quedan interrogantes fundamentales. ¿Por qué la productividad agrícola no ha crecido más rápido? ¿Por qué no se han creado mayores cantidades de puestos de trabajo fuera de la agricultura y del medio rural? ¿Por qué los resultados positivos tienden a concentrarse tanto? Una hipótesis podría ser que la desigualdad económica que aumentó de manera tan pronunciada en LAC a raíz del auge de las exportaciones de productos básicos de finales del siglo XIX (Williamson, 2015) consolidó la posición de las instituciones extractivas, caracterizadas por la búsqueda del provecho propio, de quienes gobiernan estos países (Acemoglu y Robinson, 2012) y dejó dos legados: 1) El crecimiento económico a largo plazo de la mayor parte de los países ha sido bastante modesto desde la década de 1940,22

ya que estuvo basado más en las exportaciones de productos básicos que en la innovación, y 2) En LAC no se dio la baja pronunciada en la desigualdad del ingreso que se vio en los países de Europa y América el Norte tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo cual significó que los recientes procesos de transformación sucedieron en un contexto de récord máximo de desigualdad. En pocas palabras, las personas pobres nunca tuvieron una oportunidad porque cualquier crecimiento que hubo tendió a favorecer la concentración de la riqueza más que la inclusión. Si aceptamos esta hipótesis, la respuesta a la tercera pregunta podría ser que una estrategia para la transformación rural inclusiva no puede estar separada de un enfoque integral tendiente a fomentar instituciones económicas y políticas más inclusivas, y trasladar los esfuerzos de actividades extractivas en busca del propio provecho a otras más socialmente inclusivas y capaces de generar aumentos de productividad. Chile, Brasil y Perú están embarcados en estos esfuerzos, y en Colombia se está elaborando un paquete completo de políticas rurales de largo alcance que, si se aplica, podría tener repercusiones muy positivas en lo que se refiere a fomentar la transformación rural socialmente inclusiva. Más específicamente, resulta muy difícil vislumbrar cómo cualquier programa de políticas rurales podría tener el impacto necesario a menos que otros sectores de la economía puedan incrementar su capacidad de generar millones de puestos de trabajo más productivos y de mayor calidad, lo cual parecería poco probable habida cuenta de las tendencias de “desindustrialización prematura” que están viéndose en la región. Teniendo en cuenta estas cuestiones problemáticas, un programa de fomento de la inclusión debería tener los siguientes objetivos: 1. Concentrarse en incrementar la competitividad agrícola en los sectores de las empresas agrícolas corporativas y de explotaciones familiares, y en aprovechar los patrones descentralizados de urbanización para estimular la diversificación de las economías rurales. Este objetivo requiere un cambio fundamental en los presupuestos públicos destinados a la agricultura y el mundo rural, cuyas partidas hoy en día se asignan principalmente a transferencias privadas a agricultores de mediano y gran tamaño y agronegocios en las regiones más productivas, y a obras de infraestructura en dichas zonas.

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Se necesita un cambio total de dirección hacia políticas que favorezcan a las personas pobres de las zonas rurales y los pequeños agricultores para que los presupuestos públicos se asignen y utilicen de manera que contrarresten los efectos acumulados y actuales de las estructuras agrarias duales. Una prioridad será el apoyo a la expansión de bienes públicos de alta calidad, lo cual requerirá también un gran esfuerzo de coordinación entre las políticas y programas agrícolas (y que favorecen a los pequeños productores) y aquellos en materia de servicios públicos, infraestructura y desarrollo económico en general, algo que probablemente pueda hacerse solamente sobre la base de enfoques regionales y territoriales. Estas políticas diferirán enormemente según el país. En la mayoría, pero particularmente en los de tipo B y D, es poco probable que el impulso del cambio venga del sector agrícola mismo; una estrategia para la transformación rural con inclusión social requerirá entonces consolidar coaliciones políticas con una presencia sustancial de partes interesadas que no pertenezcan al mundo rural como consumidores, activistas sociales, ecologistas e inversores privados en los eslabones inferiores y superiores de los sistemas agroalimentarios. El FIDA y otros organismos internacionales pueden apoyar este cambio normativo por medio del diálogo sobre políticas y la asistencia técnica. Naturalmente, el sector privado será un actor central, si no el principal, en las inversiones que se hagan para estimular la productividad agrícola y para, en el campo y las ciudades aledañas de pequeño y mediano tamaño, crear más puestos de trabajo productivos en la economía no agrícola. Muchas de estas actividades se vincularán con la “revolución silenciosa” en los sistemas y cadenas de valor alimentarios (véase el capítulo 6 del informe completo). 2. Fomentar una reducción más rápida de la desigualdad económica rural aprovechando los resultados positivos que se obtuvieron en muchos países en los últimos 15 años. Este objetivo de desarrollo se sustenta éticamente por sí mismo, pero resulta también esencial que el crecimiento económico agrícola y rural tenga un mayor impacto en la reducción de la pobreza. Debe incluir políticas e inversiones focalizadas en apoyo de grupos sociales rezagados (de los cuales los prioritarios son los pueblos indígenas y afrodescendientes,

las mujeres rurales y los agricultores en pequeña escala) y territorios rurales rezagados. Es una condición que resulta esencial en una región con no solo un alto grado de desigualdad, sino también una estructura agraria dual, y donde los fondos públicos que se han invertido sin tener en cuenta destinatarios específicos han beneficiado desproporcionadamente a los grandes propietarios de tierras y agronegocios. En el último decenio, las transferencias condicionadas y no condicionadas de dinero han sido el principal instrumento para mejorar las condiciones sociales de las zonas rurales, pero da la impresión de que han alcanzado su punto límite tanto fiscal como político. La capacidad de las personas pobres de generar ingresos por sí mismas deberá tener un papel más importante. Las condiciones estructurales actuales son mejores que en el pasado,23 e incluyen una mejor infraestructura rural, una mano de obra rural de mayor nivel educativo, un crecimiento más rápido de las ciudades provinciales de pequeño y mediano tamaño y, en algunos países como Brasil, Chile, Colombia y Perú, unas políticas de desarrollo rural mejor diseñadas. La sociedad civil y los medios de comunicación tradicionales tienen ahora mayor capacidad y voluntad de denunciar las prácticas corruptas y clientelistas que han plagado a los programas de desarrollo en LAC por muchas décadas. Se requieren también esfuerzos continuados y a largo plazo para mejorar los mercados laborales y los sistemas educativos rurales. Se necesitan también políticas fiscales progresivas que tengan efectos en las grandes empresas agrícolas, los agronegocios y las empresas involucradas con las industrias extractivas en las zonas rurales. Nuevamente, el FIDA tiene un papel que desempeñar en este ámbito (como otros organismos de desarrollo) a través de su labor regular con los grupos más pobres y vulnerables de la población. El FIDA deberá además apoyar a las empresas privadas agrícolas y no agrícolas que deseen trabar un nuevo tipo de relación con los productores en pequeña escala y contribuir al desarrollo social y económico a largo plazo de territorios rurales que han quedado rezagados. 3. Mejorar las políticas de protección social de los dos últimos decenios a fin de aumentar su impacto y sostenibilidad a largo plazo. La nueva generación de políticas de protección social —como las que se vienen

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probando en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú— tendrán que incluir transferencias gubernamentales, programas de desarrollo económico focalizados específicamente en los grupos pobres y vulnerables, y desarrollo territorial. El objetivo es que los bienes y capacidades nuevos o mejorados de dichos grupos puedan capitalizarse en un entorno socioeconómico más favorable. El FIDA y otros organismos de desarrollo han comenzado a participar en este ámbito prometedor de discusión sobre políticas que surgió en las capitales de los países, más que en las sedes internacionales de los organismos, y deberán tener papeles todavía más activos. El nivel de informalidad generalmente es alto en LAC: por lo menos el 60 por ciento en Bolivia, México y Paraguay. Como lo explican Fox y Gaal (2008) en su análisis del África Subsahariana, puede ser más eficaz aceptar este alto grado de informalidad como un hecho temporalmente inmutable de la vida económica y diseñar políticas que lo fomenten como forma de salir de la pobreza. Esto es particularmente importante para muchas mujeres. Sin embargo, puesto que en LAC existe una correlación entre la informalidad y la desigualdad, las políticas tendientes a reducir la incidencia de la primera desempeñan un papel importante en la región. Resulta impensable que la estrategia para fomentar una transformación rural inclusiva tenga, como en el pasado, a la agricultura como pilar central. Esta afirmación se apoya en tres razones: el tamaño relativamente pequeño de la agricultura en las economías nacionales de LAC,24 la concentración de la mayor parte de la población rural de la región en ciudades provinciales pequeñas o medianas, o cerca de ellas, y la contribución cada vez mayor del ingreso proveniente del empleo rural no agrícola. Ya no puede verse a las sociedades rurales de América Latina a través de una lente agraria, ni se las puede seguir desarrollando por medio de un paquete de políticas exclusivamente de ese ámbito. La agricultura todavía tiene un papel central que desempeñar y por cierto, en muchos territorios dentro de cada país la agricultura sigue siendo la actividad alrededor de la cual se organiza la vida económica y social; sin embargo, los enfoques intersectoriales y por zonas, como los de desarrollo territorial, son probablemente los más pertinentes hoy en día.

Lo anterior nos lleva a otro ámbito de políticas: la descentralización. Si las medidas de mañana han de aplicarse cada vez más a nivel territorial, existe la necesidad de reforzar la capacidad de los actores sociales y gobiernos subnacionales en esos lugares. No solo es cuestión de apoyar la descentralización del Estado y de esta manera el fortalecimiento de los gobiernos locales, sino, sobre todo, de desarrollar la capacidad de todos los actores públicos y privados que viven y trabajan en cada territorio rural (incluidas las ciudades pequeñas y medianas) de planificar juntos, resolver conflictos y colaborar en la aplicación de programas integrales de desarrollo. El FIDA ya lo está haciendo, principalmente en los países andinos y Brasil. Conviene mencionar finalmente el papel que desempeña el FIDA en la región, y en especial los seis países25 con grandes cantidades de pobladores rurales, un PIB per cápita por encima de los USD 4 000, y gobiernos con capacidades y presupuestos relativamente grandes para apoyar el desarrollo. Cada año, estos países gastan varios cientos de dólares de sus propios recursos en cada habitante del medio rural, y cuentan con el personal cualificado y la capacidad organizativa para diseñar políticas y programas que consideran más apropiados. En estos países, el FIDA y otros organismos de desarrollo necesitan idear propuestas que se centren en la agregación de valor por medio de iniciativas basadas en conocimientos, que fomenten mejoras en la calidad de las políticas y programas nacionales. Para lograrlo se pueden poner en marcha proyectos focalizados en grupos específicos de la población y financiados por medio de préstamos, con objetivos explícitamente referidos a la innovación y estrategias claras de ampliación de escala. Sin embargo, puede lograrse una mayor eficacia si se combinan los proyectos financiados por medio de préstamos con la asistencia técnica, el aprendizaje Sur-Sur y los proyectos en materia de diálogo sobre políticas.

2222

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10 En parte se debe a la recategorización de las que

anteriormente se consideraban aldeas rurales,

cuya población ha crecido hasta el punto de

clasificarlas como “urbanas”.

11 José Eli da Veiga (2002) escribió un libro muy

visionario sobre el tema titulado Cidades

Imaginárias. La mayoría de los países en

desarrollo padecen este problema. Los umbrales

de población más comunes para lo que constituye

una localidad “urbana” alcanzan valores tan bajos

como de 1 000 a 5 000 habitantes (McGranahan

y Satterthwaite, 2014).

12 Se define como la porción de población urbanaque

tiene la ciudad más grande de cada país.

13 Sobre datos provenientes del anexo estadístico de

CEPAL (2014b).

14 CEPAL (2014b). El índice de feminidad de la

pobreza se calcula de la siguiente manera:

(Female population in poor households/ Male population in poor households)

(Female population in total households/ Male population in total households)

15 Datos de CEPALSTAT (CEPAL).

16 Utilizamos este índice porque lo elabora un grupo

de expertos que apoyan una visión bastante

extrema de la libertad económica; sus mediciones

deberían reflejar estándares rigurosos de políticas

económicas de libre mercado.

17 Cada uno de los diversos índices internacionales

de calidad institucional tiene sus ventajas y

desventajas. Utilizamos este porque ofrece

un conjunto coherente de indicadores con datos

estandarizados para un número grande de países.

18 Con excepción del índice de calidad normativa,

en el caso de la transformación estructural, y el

grado de participación popular y rendición de

cuentas, en el caso de la transformación rural,

que están estadísticamente correlacionados a un

5 por ciento de intervalo de confianza.

19 Varios países han avanzado mucho en materia de

reducción de la pobreza al impulso de un crecimiento

económico rápido, pero muestran niveles crecientes

de desigualdad económica. Si se los analiza en

función de la capacidad de inclusión política,

también se ubicarían en los niveles más bajos.

Notas1 Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,

República Dominicana, Uruguay y la República

Bolivariana Venezuela.

2 Ciudades pequeñas y medianas y sus espacios

rurales circundantes que son interdependientes

debido a vínculos que se establecen a través de,

por ejemplo, los mercados de productos y mano

de obra y las redes sociales.

3 Datos provenientes de los indicadores de

desarrollo mundial 2015 del Banco Mundial;

todas las comparaciones son a valores constantes

en dólares de Estados Unidos de 2005.

4 Según información suministrada por la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), basada en líneas oficiales de pobreza

de cada país.

5 Datos provenientes de los indicadores de

desarrollo mundial 2015 del Banco Mundial;

todas las comparaciones son a valores constantes

en dólares de Estados Unidos de 2005.

6 Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, México y Nicaragua, quienes juntos

representan alrededor del 90 por ciento de todas

las explotaciones familiares de la región.

7 El origen de las modernas empresas agrícolas

corporativas es variado. En el noroeste de México,

por ejemplo, surgieron a partir de la consolidación

de explotaciones agrícolas más pequeñas tras la

reforma agraria. En el Cono Sur, son el producto de

las primeras etapas de la colonización. En el

Cerrado brasileño, su origen se remonta a políticas

impulsadas durante las últimas etapas del proceso

de colonización. En Chile, surgieron de la

desintegración de las grandes haciendas tras la

reforma agraria.

8 En Chile, por ejemplo, calculamos que el

21 por ciento de las explotaciones agrícolas

pertenecen a grandes empresas comerciales y

son responsables de casi el 80 por ciento del

PIB agrícola.

9 Término acuñado por Alain de Janvry.

25

26

20 Acción colectiva en la que participan varios

actores con distintos grados de autonomía

(en el capítulo 101 se trata esto con

mayor detalle).

21 Lamentablemente carecemos de estudios que

comparen las diferencias de productividad entre

empresas comerciales y familiares en el mismo

país, el mismo producto y la misma cadena de

valor. Sin embargo, apoyándonos en las

observaciones de campo realizadas por los

autores nos inclinaríamos a decir que los

pequeños agricultores aumentan su productividad

en los países y cadenas de valor donde la mejora

de la productividad es general. Que las tasas

de estas dos grandes categorías de explotaciones

agrícolas sean similares o no constituye una

pregunta empírica que necesita responderse.

22 Con excepciones como México, que después de

1940 registró un crecimiento anual del PIB

de entre el 5 por ciento y el 8 por ciento

por cuatro décadas consecutivas.

23 Debemos decir, sin embargo, que mientras

se estaba elaborando este documento los países

de la región estaban mostrando signos de una

desaceleración del crecimiento económico.

24 El Paraguay tiene el sector agrícola más grande

de LAC (21 por ciento).

25 Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y

Venezuela. Juntos combinan el 67 por ciento

de la población rural, el 80 por ciento de los

agricultores en pequeña escala y el grueso de las

personas pobres de las zonas rurales en LAC.

EL INFORME SOBRE EL DESARROLLO RURAL 2016

El Informe sobre el desarrollo rural 2016 del FIDA aborda la

transformación rural inclusiva como el elemento central de

los esfuerzos para erradicar la pobreza y el hambre a nivel mundial,

y edificar sociedades sostenibles e inclusivas para todos. En el informe

se analizan las distintas vías de los procesos de transformación rural

a escala local, regional y nacional, y se sugieren cuatro categorías

dentro de las cuales se puede clasificar a la mayoría de los países y

regiones, cada una con objetivos específicos en cuanto a las estrategias

de desarrollo rural encaminadas a fomentar la transformación rural

inclusiva. Estas categorías son las siguientes: adaptación a condiciones

cambiantes con sostenimiento del ritmo de la transformación y la

inclusión; amplificación de la capacidad de inclusión del proceso

de crecimiento con sostenimiento del ritmo de la transformación;

aceleración del ritmo de la transformación sin sacrificar la inclusión,

y una combinación de las tres. El informe presenta las implicaciones

para las políticas y programas en varias regiones y esferas temáticas

de intervención, basándose tanto en un análisis riguroso como en los

40 años de experiencia del FIDA de invertir en la personas de las zonas

rurales y facilitar la transformación sostenible e inclusiva de estas zonas.

https://www.ifad.org/ruraldevelopmentreport

la transformación estructural y la transformación rural en

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