-31- OPINIÓN Jueves 6 de setiembre del 2018

LA FUNCIÓN PÚBLICA

LA REFORMA LABORAL RINCÓN DEL AUTOR

Patrimonialismo, ética y sociedad civil

Jóvenes: ley pulpín no, ¿fl exibilidad sí? Lucha eterna

Sociólogo y profesor de la Universidad de Lima

JAVIER Díaz-Albertini

H ace más de dos décadas rea-licé el primer estudio del im-pacto social de Internet en el Perú. Solo había una empre-sa servidora en el país, mil

nodos y 20.000 usuarios fi nales. Internet te-nía entonces mayor impacto en la esfera ins-titucional, ya que solo llegaba a 500 hogares. Por esta razón, era importante indagar cómo las instituciones estaban usándolo. Para ello realizamos grupos focales con los principales usuarios institucionales que eran algunos co-legios privados, el Estado, las ONG y algunas empresas. Al fi nalizar la dinámica con los fun-cionarios estatales, les entregamos a cada uno una botella de whisky como agradecimiento por su participación. Poco a poco se fueron to-dos menos uno: era el funcionario de la Sunat. Se acercó y me devolvió la botella, que no po-día aceptar por política institucional. Respon-dí que entendía las razones e intenciones, pero que me parecía exagerado porque era costum-bre obsequiar algo en este tipo de indagación. Él me dijo que lo sentía, pero siempre había la posibilidad que –en alguna oportunidad– tu-viera que examinar mi caso.

A poyo Consultoría encargó a Ipsos una encuesta nacional urbana a jóvenes de 18 a 29 años para entender qué ha-cen, cómo se informan, cuán

interesados están en política, cuáles son sus preferencias y qué piensan en temas econó-micos, sociales y políticos. Los resultados son sumamente interesantes y, en no pocos casos, sorprendentes. Dos respuestas relacionadas con políticas laborales parecieran ir a contra-corriente de lo que se asume y podrían servir de punto de partida para repensar nuestra aproximación a cambios en la legislación.

La primera pregunta está relacionada con la tolerancia de los jóvenes a la reducción de benefi cios laborales para fomentar la contra-tación. El rechazo es rotundo. Los jóvenes no consideran aceptable ajustar a la mitad las gratifi caciones de julio y diciembre (91%), la CTS (87%) ni las vacaciones (78%). No es fácil entender este rechazo, dado que solo el 21% de jóvenes tiene un trabajo formal de-pendiente. En todo caso, es claro que la lla-mada ‘ley pulpín’ nació muerta por esta razón.

Las respuestas a la pregunta sobre fl exibi-lidad laboral son sorprendentes en sentido inverso. Frente a un mal desempeño del tra-bajador, tres de cada cuatro jóvenes aprueban el despido –incluso con menor indemnización que la actual o sin ninguna–. Solo uno de cada cuatro considera que no debería haber despi-do porque el trabajador goza de estabilidad laboral. Es decir, la mayoría de los jóvenes está de acuerdo con un régimen más fl exible.

Avanzar en una reforma que disminuya la actual rigidez laboral, entonces, podría ser

E l cielo estaba nublado, el día húmedo y la mañana andaba con ese disfraz de tarde interminable. Pa-recía el día perfecto para

quedarse en casa, esperando a la familia para el almuerzo, o para el lonche. Pero no. Con 101 años a cuestas, sus faculta-des intactas y sus ya naturales proble-mas para movilizarse, doña Lucha pidió a las Rositas (sus eternas compañeras) que la ayudaran a vestirse. Se puso im-pecable, se colocó su abrigo más calien-te, se pintó la boca de rojo y llamó a su hija Marisol: “Llévame a votar”, le pidió.

Llegó al local en silla de ruedas, fue recibida con aplausos y ese domingo frío del 5 de junio, en el que Keiko Fu-jimori y Pedro Pablo Kuczynski pelea-ban una de las batallas electorales más duras de nuestra historia, la señora Lucha Villena de Labarthe, con más de un siglo de vida, ejerció, por última vez, su derecho a decidir sobre el futu-ro de su país.

Pero desde entonces ya pasaron va-rios años. Mi mamama Lucha murió esta semana. Hubiera cumplido 104

años en octubre. Podría contar-les que fue una mujer rebelde y que desafió sus tiempos. Pero eso no sería del todo cierto. Fue audaz, sí; decidi-da, también; res-petuosa y con un altísimo sentido del deber; más que nadie en este mundo. Pero so-

bre todo fue una mujer que supo, desde el lugar que le tocó, trabajar sin descan-so para construir un futuro más amable. Crió hijos con amor y disciplina, engrió nietos con dedicación, apachurró bis-nietos sin pudor; y transitó década tras década con una fe en los demás que solo la consiguen quienes miran a su próji-mo con respeto.

De las millones de cosas que hizo mi abuela, votar a los 101 años no fue la más importante. Pero en estos momen-tos resulta la más simbólica; porque en ese acto tan simple, una mujer nacida a principios del siglo pasado reafi rmaba su derecho a participar en un futuro que ella ya no disfrutaría, pero que tenía que asegurar para los suyos. Cuando los me-dios la vieron llegar toda emperifollada y alegre a su centro de votación, le pre-guntaron por qué hacía ese esfuerzo, y su respuesta fue lúcida y contundente: “A esta edad es poco lo que uno puede hacer por los demás. Esta es una de las cosas que sí puedo hacer para colaborar con un país mejor”.

Tremenda lección. En momentos en que la democracia se ve amenazada por mafi as de corrupción, por sinver-güenzas, por prepotentes capaces de mentir, difamar y manipular para sal-var el pellejo aunque el país reviente, a uno a veces le dan ganas de resignarse. Pero no se puede. Nos toca pintarnos los labios de rojo, colocarnos el abrigo de valientes y salir a pelear. Porque se lo debemos a quienes vienen y a quie-nes se fueron. Porque de eso se trata ser ciudadano.

Se me quedó grabado este incidente por-que era algo tan ajeno y contrario al acostum-brado patrimonialismo de nuestras autori-dades y funcionarios públicos. En términos generales, patrimonialismo es cuando se pri-vatiza la función pública y sus recursos. Es decir, cuando se dispone de lo público como si fuera personal, sea para benefi cio propio, de familiares, amigos, correligionarios o de su agrupación política. Es un fenómeno ex-tendido desde la cabeza hasta el trabajador de menor jerarquía. Se apropia el alcalde, al igual que el portero de la municipalidad.

El funcionario me estaba recordando que no hay un uso “inocente” cuando uno se apro-pia de lo ajeno. Si por ocupar un cargo se le otorga un auto con chofer, no debe usarse para encargos personales. El celular que pagamos con nuestros tributos no debe utilizarse para tuitear y textear a amigos o amantes. Los em-pleados bajo mi cargo no son mis mandade-ros. El trago que sobra después del brindis de honor no debe terminar en mi bar. Público y privado, agua y aceite, no se mezclan.

Peor es cuando se genera una cadena de favores que –tarde o temprano– tendrás que pagar. Por ello resulta inapropiado usar una posición de poder para agilizar procesos, no importa que ya estén resueltos y sea solo cues-tión de trámites. Quien hace el favor, con segu-ridad, cobrará. Así son las reglas de la recipro-cidad. Además, es una interferencia a un acto que debe ser autónomo, sin presión externa.

Todo esto se llama comportamiento ético.

políticamente más aceptable de lo que se su-ponía. La urgencia de hacerlo es evidente. En las últimas dos décadas, la mayoría de países de economías desarrolladas ha continuado eliminando las rigideces de sus mercados la-borales, mientras que el Perú ha hecho lo con-trario. El último reporte de Competitividad Global del World Economic Forum nos ubica como la octava economía con mayor rigidez laboral entre las 137 incluidas.

Las consecuencias del fallo del TC del 2001, que determinó que un despido sin cau-sa da derecho a reposición –lo que le da una estabilidad absoluta–, han sido estudiados a profundidad por Miguel Jaramillo de Grade en “Los efectos desprotectores de la protec-ción del empleo: el impacto de la reforma del contrato laboral del 2001”, publicado el año pasado. El estudio muestra cómo desde el 2001 se ha producido un crecimiento espec-tacular de la contratación temporal en des-medro de la permanente. En el sector formal, cuatro de cada cinco empleos que se crean son temporales y solo uno es permanente.

En los últimos meses nos fijamos solo en el delito. Lo ético parece accesorio. “No es de-lito, solo es una falta ética”. ¿Cómo? ¿Desde cuándo se ha devaluado lo correcto? Pues, desde que la sociedad civil se ha descuidado y ha perdido de vista que nuestro poder no es solo salir a las calles, sino también utilizar nuestras organizaciones para sancionar al corrupto y al incorrecto.

Menciono esto porque ha llegado a mi co-nocimiento una carta que está circulando exigiendo que el Colegio de Abogados de Lima aplique las máximas sanciones a jue-ces, fi scales y abogados que han utilizado su posición para depredar al sistema judicial. La misiva es clara: no es necesario basarse en una sentencia, el comportamiento va en con-tra del Código de Ética del gremio y se deben aplicar las sanciones prevista con imparciali-dad y celeridad.

Los argumentos son prístinos. Sin embar-go, al momento de circular la carta no son pocos los abogados y abogadas que han guar-dado silencio. Yo especulo que esta aparente indiferencia no obedece a la poca contun-dencia de los argumentos. Sino, más bien, porque la cadena de favores ya ha generado un entramado tan espeso que toca directa o indirectamente a un sector importante del gremio. Espero que esté equivocado, porque si sacrifi camos la ética, la sociedad civil y sus organizaciones se encontrarán huérfanas de su autoridad moral, es decir, de uno de sus principales poderes.

Pero, además, esta rigidez es una valla más en la ruta hacia la formalidad. Solo tres de cada diez trabajadores están formalmen-te empleados. El estudio “Trayectorias ha-cia la formalidad” (Banco Mundial, 2008), realizado con trabajo de campo, encuestas y focus groups a microempresas y pequeñas empresas, plantea que las microempresas in-formales, en la medida en que van creciendo, son capaces de acceder a dos dimensiones de la formalidad: la legal (obtienen licencia mu-nicipal), y la tributaria (pagan impuestos por al menos una parte de sus rentas, lo que les permite lidiar con fi scalizaciones y les facilita la obtención de créditos). La valla hacia la for-malización laboral, sin embargo, les resulta infranqueable. El estudio muestra que más del 80% de las empresas chicas (1-5 trabaja-dores) no tiene a ningún trabajador bajo con-trato laboral, y dos tercios de las más grandes (11-50 trabajadores), tampoco. El estudio sostiene que una de las principales razones de esta informalidad es el costo y la difi cultad de despedir –que incluye el temor de acabar en el Poder Judicial–. Las microempresas y pequeñas empresas sienten que enfrentan un mercado cambiante y altamente cíclico, que hace que les sea preferible mantener relacio-nes laborales fl exibles.

En realidad, estos estudios ratifi can lo que viene del sentido común: las empresas evita-rán contratar personal permanente si no se-rán capaces de despedir a quienes no rindan o de ajustar su planilla en épocas de desacelera-ción. Esto es aun más válido en un mundo que está viviendo el gran impacto de una transfor-mación digital generada por el surgimiento de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, big data y analítica, etc. Como muestra el estudio, nues-tros jóvenes la tienen clara. Esto es una buena noticia para el ministro de Economía y Finan-zas, Carlos Oliva, quien en reciente entrevista en este Diario manifestó su interés en impul-sar políticas en esta dirección.

ILUSTRACIÓN: GIOVANNI TAZZA

“Al votar a los 101 años, doña Lucha participaba en un futuro del que ya no disfrutaría”.

Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría

GIANFRANCOCastagnola

Periodista

PATRICIAdel Río

“Frente a un mal desempeño del trabajador, tres de cada cuatro jóvenes

aprueban el despido”.