la opinión pública ante la reforma del sistema de...
TRANSCRIPT
1
La Opinión Pública ante la Reforma del Sistema de Pensiones en Europa1
Antonio M. Jaime Castillo Universidad de Granada E-mail: [email protected]
Resumen: Los cambios demográficos que se han producido en los países europeos en las últimas décadas han convertido el sistema de público de pensiones en una de las políticas del estado de bienestar más sometidas a debate en las dos últimas décadas. En este trabajo se analizan las actitudes de la opinión pública ante las diferentes alternativas de reforma que se están barajando en el debate público en estos países. Para ello se utilizan datos comparativos del Eurobarómetro con el fin de comparar las diferencias en los climas de opinión por países. En el trabajo se constata que existen importantes diferencias entre países que pueden ser parcialmente explicadas en función de la tipología de estados de bienestar. Al mismo tiempo, se contrasta empíricamente si la formación de las opiniones en torno a la reforma del sistema de pensiones viene determinada por motivaciones ideológicas o si, por el contrario, las preferencias individuales pueden explicarse en función de la posición en la estructura social. Con el fin de testar conjuntamente la influencia de las características nacionales y las variables individuales sobre las actitudes hacia la reforma se utiliza una combinación de metodologías de análisis multinivel y de estimación conjunta. Palabras clave: jubilación, estado de bienestar, pensiones, preferencias.
I Congreso Anual de la Red Española de Política Social (REPS) Panel 3: Reformas de las políticas sociales y cambios en el Estado del Bienestar
Oviedo, Noviembre 2009
1 Este trabajo es producto del proyecto titulado “Desigualdad Social y Actitudes hacia la Redistribución de la Renta en Europa” financiado por el Centro de Estudios Andaluces (PRY126/08).
2
1. Introducción
Los cambios demográficos que se han producido en los países europeos en las
últimas décadas han convertido el sistema de público de pensiones en una de las políticas
del estado de bienestar más sometidas a debate en los tiempos actuales (Bonoli, 2003;
Taylor-Gooby, 2002). Han sido numerosos los planteamientos, especialmente desde
instituciones internacionales como la OECD o el World Bank, que argumentan la
imposibilidad de sostener los sistemas públicos de pensiones PAYG (pay-as-you-go) en el
largo plazo. Ello sería la consecuencia de la contracción de la población activa cotizante y
el crecimiento de las cargas financieras de laSeguridad Social producido por el incremento
de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población (Pierson, 1998).
Este debate se ha trasladado a la opinión pública desde finales de la década de los ochenta
en muchos países europeos, al tiempo se han producido reformas importantes en algunos
sistemas de pensiones (Taylor-Gooby, 2002; Withehouse y Queisser, 2007). En el contexto
de los países de la Unión Europea, dichas reformas, allí donde se han producido, han
afectado fundamentalmente a la edad de jubilación (tanto desde el punto de vista de la
eligibilidad como de los incentivos para retrasar la jubilación), así como a la introducción
de planes de pensiones privados complementarios, bien de forma obligatoria o a través de
incentivos (Whitehouse, 2006; Whitehouse y Queisser, 2007).
No obstante, a pesar del volumen considerable de investigaciones sobre actitudes
hacia las políticas sociales (Alesina y Giuliano, 2009), el tema de las preferencias hacia los
sistemas de pensiones (al igual que las actitudes en otros sectores específicos de las
políticas sociales) ha sido tratado escasamente en la literatura. Por una parte, tenemos
evidencia de que las reformas han generado importantes movimientos de resistencia en
países en los que se han producido (Boeri, Börsch-Supan y Tabellini, 2002; Bonoli, 1997b;
Pierson, 1996), si bien las estrategias de desmovilización de la protesta han facilitado las
reformas en algunos casos (Béland and Marier, 2006). Al mismo tiempo, buena parte de la
literatura en Economía Política ha argumentado que las preferencias sobre el sistema de
pensiones tienden a ser inconsistentes. En un estudio sobre la opinión pública ante el
sistema de pensiones en Alemania e Italia, Boeri, Börsch-Supan y Tabellini (2002) señalan
que mientras los ciudadanos son conscientes que los sistemas de pensiones actuales son
3
insostenibles en el largo plazo y de la necesidad de reformarlos, también ignoran o
subestiman los costes de dicho sistema. De la misma forma que Janky y Gál (2007)
sostienen que, a pesar de la toma conciencia acerca del impacto los problemas
demográficos sobre el sistema de pensiones, los europeos se siguen oponiendo a las
reformas, si bien la resistencia no es uniforme.
Este trabajo se centra específicamente en el análisis las actitudes de la opinión
pública ante las diferentes alternativas de reforma presentes en el debate público en el
contexto europeo. Se analizan las actitudes ante cambios en las contribuciones a la
Seguridad Social, ante cambios en la edad de jubilación y ante la introducción de planes de
pensiones privados. El marco de referencia teórico es el de la literatura sobre redistribución
que subraya la importancia de los factores ideológicos (Feldman y Zaller, 1992) y de auto-
interés (Meltzer y Richard, 1981) en la explicación de las preferencias hacia las políticas
sociales, así las tesis institucionalistas que sostienen la influencia de las características
institucionales de los regímenes de bienestar sobre las preferencias individuales (Arts y
Gelissen, 2001; Gelissen, 2001). La novedad esencial de este trajo se centra en estudiar el
efecto de diferentes principios de solidaridad en el nivel individual. A diferencia de los
enfoques institucionales habituales en los que se asume que es el régimen de bienestar el
que condiciona las preferencias individuales, aquí se pretende analizar cómo la adhesión a
diferentes principios de solidaridad (o modelos abstractos de estado de bienestar) afectan a
las actitudes hacia la reforma del sistema de provisión de pensiones. Para contrastar las
hipótesis derivadas de este planteamiento se utilizan datos comparativos del Eurobarómetro
que cubren un total de quince países de la Unión Europea. Y con el fin de testar
conjuntamente la influencia de las características nacionales y las variables individuales
sobre las actitudes hacia el sistema de pensiones se combina el enfoque multinivel con una
metodología tradicional.
En lo que resta, el presente trabajo se organiza como sigue. En la siguiente sección
se presentan los principales enfoques teóricos en la explicación de las preferencias por los
sistemas de pensiones, dentro del marco de la literatura sobre redistribución. En el apartado
tercero se exponen algunos rasgos básicos de la situación y evolución reciente de los
sistemas de pensiones en el contexto europeo, así como las reacciones de la opinión
pública, para pasar a proponer algunas hipótesis explicativas. En la siguiente sección se
4
presentan los datos y la metodología empleada y en la sección quinta se exponen los
resultados. El trabajo finaliza con un apartado de conclusiones en el que se enumeran las
principales implicaciones de los resultados hallados y las líneas de investigación futuras en
este ámbito.
2. Enfoques teóricos
En la literatura sobre preferencias por políticas sociales existen dos planteamientos
teóricos claramente delimitados: el enfoque del auto-interés y el enfoque ideológico. El
enfoque del auto-interés, inspirado en los modelos de redistribución de Meltzer y Richard
(1981) y Browning (1975), sostiene que los programas de bienestar generan efectos
redistributivos, que hacen que los beneficiarios netos sean favorables a dichas políticas,
mientras que los pagadores netos se opongan a ellas (Galasso, 2006; Lynch y Myrsylä,
2009). Particularmente, en los estados de bienestar maduros existe un claro cleavage entre
la población en edad de trabajar y la población jubilada, que son beneficiarios del sistema
público de pensiones. Por este motivo, señala Weaver (2003) que los recortes de pensiones
son bastante arriesgados para los gobiernos debido a que las pérdidas resultan bastante
salientes para el grupo social beneficiario y porque la población anciana tiene una alta
participación electoral en muchos países. De forma similar, la idea de retrenchment de
Pierson (1995; 1996) se basa en el supuesto de que los recortes en políticas sociales serán
opuestos esencialmente por los grupos beneficiarios de las políticas. Y señala que los
grupos beneficiarios (incluyendo pensionistas) son más importantes en la ‘nueva política’
de reforma del estado de bienestar que el amplio abanico de organizaciones de interés
público. Estas predicciones teóricas se basan en los micro-fundamentos de la prospect
theory (Kanheman y Tversky, 1979), según la cual las personas atribuimos más importancia
(en sentido negativo) a las pérdidas que a las ganancias, y en la lógica de la acción colectiva
(Olson, 1965), que predice una relación positiva entre intereses específicos y capacidad de
movilización política. De forma similar, Campbell (2003) argumenta que el desarrollo del
sistema de Seguridad Social sólo puede entenderse a partir de las dinámicas de apoyo que
se generan desde los grupos beneficiarios.
5
No obstante, no siempre es fácil derivar predicciones teóricas concretas acerca de
las preferencias por diferentes sistemas de pensiones. Así pues, el efecto del proceso de
envejecimiento sobre el estado de bienestar ha sido interpretado de forma radicalmente
opuesta por dos teorías rivales dentro del enfoque del auto-interés: la teoría del ‘poder
anciano’ y la teoría del ‘goteo fiscal’ (Tepe and Vanhuysse, 2009). Según la primera teoría,
el proceso de envejecimiento debería provocar una demanda de sistemas de pensiones más
generosos, en la medida en que se incrementa el número de beneficiarios potenciales
(Galasso, 2006; Galasso y Profeta, 2000; Galasso y Profeta, 2007; Persson and Tabellini,
2000). Según la segunda teoría, sin embargo, las bajas tasas de fertilidad y el incremento de
la esperanza de vida reducen el valor de los sistemas públicos de pensiones porque los
trabajadores de hoy anticipan el hecho de que cuando ellos lleguen a la edad de jubilación
será difícil que puedan cobrar sus pensiones, debido al colapso del sistema por el propio
proceso de envejecimiento (Breyer y Stolte, 2001; Razin y Sadka, 2007). Ante esta
situación, los trabajadores en edad activa pierden la confianza en el pacto generacional
implícito que sostiene el sistema público de pensiones y se oponen a contribuir en el
presente, puesto que piensan que no podrán convertirse en beneficiarios en el futuro (Tepe
y Vanhuysse, 2009). Y dado que, aun a pesar del proceso de envejecimiento, la mayoría de
la población es no jubilada, surgirán demandas para reducir las contribuciones al sistema
público de pensiones y se producirá un trasvase hacia sistemas de pensiones privados. Estas
predicciones encajan con la idea que el sistema de pensiones cumple tanto una función
redistributiva como una función de aseguramiento (Tepe, 2006). A este respecto, Iversen
(2005) sostiene que las preferencias por políticas sociales no reflejan tanto una demanda de
redistribución, sino de aseguramiento. Y cabe añadir, en referencia a la política de
pensiones, que en la medida en que las contribuciones presentes no puedan asegurar contra
las contingencias futuras, el apoyo al sistema público se erosionará y surgirán demandas de
reforma.
A pesar del dominio del enfoque del auto-interés en la literatura sobre
redistribución, los resultados empíricos no siempre confirman que las preferencias por los
programas de gasto social estén determinadas principalmente por el interés propio (Sears y
Funk, 1990). Taylor-Gooby (2001) muestra que la posición en el mercado de trabajo y el
género son predictores bastante débiles del apoyo a recortes en programas de bienestar. De
6
forma similar, Tepe (2006) señala que las preferencias por diferentes sistemas de pensiones
no pueden ser explicadas exclusivamente por el interés pecuniario, hallando que tanto la
ideología política como la confianza política son también predictores significativos. Y
Groezen (2009) ha hallado recientemente que el sistema de provisión de pensiones
preferido depende fundamentalmente de las preferencias ideológicas. Por su parte, Boeri,
Börsch-Supan y Tabellini (2002), encuentran una evidencia mixta al analizar
específicamente las actitudes hacia la reforma del sistema de pensiones, y concluyen que
tanto los factores pecuniarios como los principios ideológicos tienen un efecto significativo
sobre las preferencias. En esencia, el enfoque ideológico pronostica que las actitudes hacia
las políticas sociales se explican en términos de los valores y orientaciones políticas básicas
(Feldman y Zaller, 1992; Jacoby, 1994). De otra parte, señala Jacoby (2000), el proceso de
gestación de climas de opinión hacia las políticas sociales está condicionado por efectos de
framing, inducidos por las élites políticas. Podemos esperar, siguiendo este planteamiento,
que los partidos políticos de izquierda traten de centrar el debate sobre el sistema de
pensiones en los efectos positivos sobre la población anciana y los grupos desfavorecidos,
mientras que los partidos de derecha fijen el debate en torno la falta de viabilidad del
sistema y sus efectos negativos sobre el crecimiento económico. Así pues, el efecto framing
introduce la idea de que el modo en el que se plantean las propuestas de reforma ante la
opinión pública tendrá importantes consecuencias.
Por último, desde el enfoque institucional, se pronostica una relación causal entre el
tipo de régimen de bienestar y las actitudes hacia las políticas sociales, dado que las
instituciones socio-políticas ejercen una función de socialización sobre los individuos
(Andreβ y Heien, 2001; Gelissen, 2001; Forma, 1997; Jaeger, 2006; Mau, 2004). En un
sentido similar, Velladics, Henkens y Van Dalen (2006) analizando las diferencias entre los
países del Este y Oeste de Europa, encuentran que los europeos del Este tienden favorecer
reformas en las que los beneficios dependen del número de hijos, como consecuencia de la
adherencia a los valores tradicionales promovidos durante la etapa comunista. Las tesis
institucionales se basan en la idea de que diferentes regímenes de bienestar se inspiran en
diferentes criterios de justicia distributiva. Arts y Gellisen (2001) señalan que cada ‘tipo
ideal’ de estado de bienestar produce diferentes pautas de solidaridad al estar basado en
diferentes criterios de justicia distributiva. El tipo liberal se basa en la igualdad de
7
oportunidades, lo cual implica que cada persona es responsable de su propio bienestar y,
por tanto, la misión del estado, será la de garantizar un acceso en condiciones de igualdad a
las oportunidades vitales sin preocuparse por la igualdad de resultados. El tipo conservador
se basa fundamentalmente en una jerarquía de clase y status, que da lugar a una
segmentación del bienestar basado en líneas de división corporativas. Por último, el modelo
social-demócrata estaría inspirado por el universalismo y el igualitarismo, lo que lleva a
una inclinación hacia la igualdad de resultados con un énfasis importante en la
redistribución de rentas.
Según Gelissen (2001), estos diferentes principios de inspiración de los regímenes
de bienestar se traducen en diferentes modelos de organización de los sistemas de
pensiones. Gelissen pronostica que en el modelo liberal se atribuirá la mayor importancia a
las instituciones de provisión privada con un papel modesto del estado y un rol
relativamente importante de empleados y empleadores. En el modelo corporativo o
conservador, los fondos de pensiones privados tendrán un papel modesto mientras se da
gran importancia a la participación de empleadores y empleados y el papel del estado es
relativamente importante. En el modelo social-demócrata el rol del estado será muy
importante, mientras que los fondos de pensiones y el papel de empleadores y empleados
tienen una modesta importancia. Gelissen (2001) tiene en cuenta también el modelo
mediterráneo, en el que tanto el estado como los fondos privados tienen una importancia
marginal con un rol relativamente importante de empleados y empleadores. Los resultados
empíricos hallados por el propio autor soportan la idea de que las preferencias por
diferentes modelos de provisión dependen del régimen de bienestar, aunque quedan por
explicar importantes diferencias entre países pertenecientes al mismo régimen de bienestar.
Arts y Gelissen (2001) apuntan que sería ingenuo pensar que las preferencias
individuales están enteramente determinadas por factores contextuales. Los regímenes de
bienestar están inspirados por principios de solidaridad generalmente aceptados pero
también generan diferencias entre grupos sociales como consecuencia de los diferentes
conflictos redistributivos que se producen en cada uno de ellos (Svallfors, 1997). Los
diferentes regímenes de bienestar son el producto de los cleavages sociales que se producen
en la transición de la sociedad industrial a la sociedad post-industrial (Esping-Andersen,
1990), lo que lleva a Pettersen (1995) y Gelissen (2001) a pronosticar que las actitudes
8
hacia el tipo y la intensidad de la intervención del sector público en la provisión de
pensiones debería variar en función de las categorías sociales de pertenencia. Cabe añadir
que los principios de justicia distributiva que inspiran las preferencias individuales están
insertos en una determinada cultura pero tienen igualmente una base idiosincrásica. Y ello
da lugar a que individuos movidos por principios diferentes tengan diferentes preferencias
en relación con el sistema de provisión de pensiones.
3. Preferencias y reformas de los sistemas de pensiones
Como ya se ha mencionado, en las dos últimas décadas han aparecido numerosas
propuestas de reforma de los sistemas públicos de pensiones en el contexto europeo,
caracterizado por el principio reparto o PAYG. Buena parte de estas propuestas de reforma
se han justificado sobre la base del proceso de envejecimiento de la población (Pierson,
1998), a pesar de que existen otras cuestiones importantes que inciden sobre el problema,
como los cambios en las carreras profesionales o la globalización de los mercados de
capitales (Bonoli, 2003). Con frecuencia se argumenta que, dado que los sistemas de
pensiones públicos fueron creados en sociedades en las que las pensiones era pequeñas y
los años de jubilación relativamente reducidos, el crecimiento de ambas magnitudes hará
que los sistemas de bienestar maduros se vuelvan insostenibles en algún punto a lo largo de
este siglo (Bonoli, 2003; Pierson, 1998). Las proyecciones de la OECD muestran que el
proceso de envejecimiento es especialmente intenso en los países desarrollados. De acuerdo
a tales previsiones, en países como España, Italia, Grecia, Portugal o Finlandia, la
proporción de personas mayores de 65 años sobre el conjunto de la población superará el
30 % para el año 2050. Así pues, conforme se incremente la demanda sobre una población
activa cada vez más reducida el contrato inter-generacional acabará colapsando (Pierson,
1998).
No obstante, las reformas producidas en los sistemas de pensiones europeos no han
llegado tan lejos como los argumentos de instituciones internacionales o parte de la
literatura académica han reclamado a lo largo de este tiempo. En la línea institucionalista,
Pierson (1995; 1996) ha señalado que las resistencias a los recortes sistémicos de los
programas de bienestar son intensas en la medida en que las ganancias (vía reducciones de
impuestos) son difusas mientras que las pérdidas están claramente focalizadas en grupos
9
sociales altamente visibles, justo de forma opuesta a lo que ocurre cuando se amplían
programas de bienestar, situación en la que las pérdidas son difusas y las ganancias
focalizadas. Por su parte, Esping-Andersen (1996) señala amenazas para un estado de
bienestar congelado, carente de capacidad de innovación para hacer frente a los desafíos
que plantea la cambiante estructura económica y demográfica de los países desarrollados,
lo cual llevaría al colapso final del sistema de bienestar en última instancia. No obstante,
Taylor-Gooby (1999), en un análisis de las reformas en los sistemas de pensiones en
Francia, Alemania Italia y Reino Unido, argumenta que los cambios efectivamente se
producen, a pesar de las resistencias y que el éxito de las reformas depende en gran medida
de la estructura institucional. Así, mientras el sistema alemán ha mostrado una gran
capacidad de reforma dentro de sus propios límites, en el caso francés o italiano las
reformas han sido mucho más difíciles de implementar. En esta misma dirección,
Anderson (2001) argumenta, en apoyo de la teoría de los recursos de poder, que la reforma
de las pensiones en Suecia durante los años noventa fue exitosa (al contrario que la reforma
del sistema de prestaciones por desempleo) precisamente por la implicación y el acuerdo
con los sindicatos.
[TABLA 1]
Si bien los debates sobre los sistemas de pensión europeos han girado en torno a
temas similares en la mayoría de los países europeos, los datos de la tabla 1 muestran la
persistencia de características diferenciadas por países, tanto en la generosidad de las
pensiones, como en cuanto a los niveles de gasto (per cápita o como porcentaje del PIB), y
a la forma de financiar el sistema y sus correspondientes efectos impositivos. Como ponen
de manifiesto Bonoli (2003) o Whitehouse (2006), a pesar de que los sistemas de pensiones
europeos enfrentan retos relativamente similares, la forma en la que los diferentes países
han respondido a estos retos ha variado considerablemente de unos países a otros, a pesar
del proceso de integración europea. Tanto Bonoli (2003) como Taylor-Gooby (1999)
insisten en que las posibilidades de evolución de cada sistema de pensiones están
determinadas, al menos en gran medida, por las limitaciones institucionales. Así pues, será
más fácil que se produzcan las reformas en países con sistemas de provisión mixtos en los
10
que interviene tanto el sector público como los programas ocupacionales, dado que ello
hace posible una cierta compensación entre ambos (Bonoli, 2003). Ahora bien, ¿qué efecto
tiene el diseño institucional sobre las preferencias individuales y las actitudes ante las
reformas de los sistemas de provisión?
[TABLA 2]
Al pasar de las características de los sistemas de provisión reales a las preferencias
por unos u otros sistemas en abstracto, se observan las mismas pautas ya puestas de
manifiesto por Gelissen (2001). El mayor apoyo al sistema de provisión pública de
pensiones se da en los países del Sur de Europa (España, Grecia y Portugal), además de
Suecia y Bélgica, mientras que el menor apoyo se produce en Filandia, Holanda,
Dinamarca y Alemania. En sentido inverso, el mayor apoyo a un sistema de pensiones
privado se produce en Holanda, Luxemburgo e Italia. El apoyo a los sistemas
ocupacionales también muestra una gran variabilidad entre países. Los únicos países en los
que es la opción mayoritaria son Finlandia (donde un 62.2 % de la población lo considera el
sistema preferido), Dinamarca y Holanda. Según Gelissen (2001), la mayor demanda de
sistemas públicos en los países del Sur de Europa podría explicarse por el desarrollo
inmaduro de su estado de bienestar, el cual se caracteriza por la combinación de unas
generosas pensiones de jubilación para aquellos que han estado cotizando en el mercado de
trabajo y unas bajas pensiones no contributivas. Los datos sugieren que la opinión pública
estaría reclamando un rol más activo del sector público en la provisión de pensiones ante la
falta de esquemas de provisión alternativos (Gelissen, 2001). Al mismo tiempo, la
relativamente baja demanda de provisión pública en los países Nórdicos se explicaría por la
saturación de estos sistemas, lo cual sería producto del mayor desarrollo del estado de
bienestar.
Un siguiente nivel de análisis es el de las preferencias por reformas concretas en los
sistemas de provisión. Según Bonoli (2003), ante los desafíos actuales únicamente se
presentan dos alternativas posibles para asegurar la viabilidad del modelo europeo de
pensiones: o se incrementan las cotizaciones para mantener el nivel de pensiones o se
reducen las pensiones (lo cual podría hacerse reduciendo su cuantía o la duración de las
11
mismas). Por este motivo, en la tabla 3 se presentan las actitudes hacia tres propuestas de
reforma del sistema de pensiones implícitas en el planteamiento anterior: el incremento de
las cotizaciones, el incremento de la edad de jubilación y permitir la aportación de las
cotizaciones a planes de pensiones privados o pólizas de seguro de libre elección. Es
importante señalar que las respuestas de cada individuo ante estas reformas se refieren al
sistema de pensiones en vigor en cada país, lo cual introduce un cierto problema de
comparabilidad en la respuesta. Por ejemplo, cuando un individuo manifiesta una
preferencia por el incremento de la edad de jubilación está revelando algo distinto en
diferentes países si las edades de jubilación difieren entre países. No obstante, el interés
básico de este trabajo es comparar las actitudes hacia la reforma del sistema de pensiones
con respecto al status quo en cada país. Una primera pauta común a todos los países es que
existe una opinión pública mayoritaria que es partidaria de liberalizar las aportaciones a
planes de pensión privados, mientras que el incremento de la edad de jubilación es la
opción menos preferida en todos los países europeos analizados. No obstante, existen
diferencias importantes por países en cuanto al apoyo a las diferentes propuestas de
reforma, si bien tales diferencias no son fácilmente explicables a partir de las hipótesis de la
influencia del régimen de bienestar sobre las preferencias por los sistemas de pensiones. El
apoyo a la libre disposición de la cotizaciones sociales oscila entre el 71.5 % de Suecia y el
94.7 % de Irlanda.
[TABLA 3]
El mayor apoyo al incremento de las cotizaciones se da en Holanda, Reino Unido,
Dinamarca, España, Suecia o Luxemburgo, en donde más de dos tercios de la población
son partidarios de incrementar las cotizaciones. Por el contrario, la mayor resistencia a la
reforma se da en Portugal, en donde menos de la mitad de la población apoyaría esta
medida. Es interesante notar que la correlación entre el apoyo a esta medida y las
cotizaciones a la Seguridad Social (como porcentaje del PIB) es negativa pero no
significativa y de una magnitud muy reducida. La mayor resistencia al incremento de la
edad de jubilación se da en Suecia, Grecia, Alemania y Luxemburgo, donde la proporción
de individuos que aceptaría esta posibilidad está por debajo de un quinto de la población,
12
frente a Irlanda en donde casi la mitad de la población estaría dispuesta a aceptar un
incremento de la edad de jubilación. Una primera inspección visual a los datos sugiere la
idea un cierto efecto framing (Jacoby, 2000), según el cual las propuestas de reforma que se
presentan en términos positivos concitan más apoyo que aquellas que se presentan en
términos negativos, como también apuntan Janki y Gál (2007).
De los resultados anteriores se concluye, de forma similar a Janki y Gál (2007), que
la resistencia a la reforma de los sistemas de pensiones, aún siendo importante, no es
homogénea y depende tanto del país como de la medida concreta de reforma. Sin embargo,
la distribución de preferencias por países no se ajusta del todo bien a la idea de que las
preferencias varían según el diseño institucional. La tesis que aquí se propone es que los
principios de solidad no están contenidos únicamente en las variables institucionales de
régimen de bienestar, sino que también podemos investigar el efecto de diferentes
principios de solidaridad a nivel individual sobre las actitudes hacia los sistemas de
pensiones y su reforma. A nivel empírico, sin embargo, el problema es cómo medir la
adhesión individual a diferentes principios de solidaridad. No obstante, en el
Eurobarometer 56.1 se pregunta por el grado de acuerdo con una serie de enunciados que
reflejan razonablemente bien los principios inspiradores de diferentes modelos de estado de
bienestar. Su operacionalización se discute en la siguiente sección.
A nivel teórico se proponen las siguientes definiciones. En primer lugar, se
entenderá que un individuo suscribe un principio universalista en la provisión de las
pensiones, si considera que dichas prestaciones constituyen un derecho social universal
para todos los ciudadanos. En segundo lugar, se entenderá que un individuo se adhiere a un
principio conservador si suscribe la idea de que las pensiones tienen como finalidad el
mantenimiento del status o los ingresos previos a la jubilación. Por último, se entenderá que
un individuo suscribe un principio liberal si considera que la pensión que cada persona
reciba debe depender exclusivamente de sus aportaciones individuales. No obstante, en la
clasificación de regímenes de bienestar de Esping-Andersen (1990) y sus correspondientes
principios de solidaridad, es preciso tener en cuenta también el modelo mediterráneo
(Gelissen, 2001), también conocido como modelo del sur (Bonoli, 1997a; Ferrera, 1996;
Moreno, 2000) o Latin Rim (Leibfried, 1992). Dicho modelo se distinguiría del resto por
una fuerte implantación de los valores familistas y, por tanto, los individuos que se
13
adscriban a al principio de solidaridad equivalente deberían valorar la importancia de la
solidaridad inter-generacional en la provisión de los ingresos de los ancianos. Así pues, se
entenderá que un individuo suscribe un principio familista si considera que la familia tiene
la obligación de garantizar la protección de los jubilados. Es importante notar que, a partir
de las definiciones anteriores, un individuo no aparece encuadrado de forma exclusiva en
un único principio de solidaridad, sino que a cada individuo corresponden diferentes grados
de compromiso con cada uno de los principios propuestos.
A partir de la discusión precedente y otras consideraciones teóricas previas, se
formulan las siguientes hipótesis sobre las actitudes hacia la reforma de los sistemas de
pensiones en Europa para ser testadas empíricamente:
H1: Las actitudes hacia la reforma del sistema de pensiones dependen de la
posición en la estructura social. A mayor status socio-económico mayor preferencia
por restricciones al sistema público y favorecer los sistemas privados.
H2: Las actitudes hacia la reforma del sistema de pensiones dependen de la
ideología política. Los individuos de izquierda tenderán a oponerse a reformas que
impliquen recortes del sistema público o crecimiento del sistema privado.
H3: Las actitudes hacia la reforma del sistema de pensiones dependen de los
principios de solidaridad a nivel individual. Los individuos que suscriban
principios liberales tenderán a favorecer reformas que amplíen el papel de los
sistemas privados de provisión, mientras que aquellos que suscriban principios
universalistas tenderán a oponerse. Los individuos que suscriban principios
conservadores y familistas tenderán a situarse en posiciones intermedias.
H4: Dado que los principios de solidaridad tienen un componente cultural,
individuos viviendo en países diferentes tenderán a desarrollar preferencias
diferentes hacia la reforma del sistema de pensiones.
4. Datos y metodología
Datos y variables
14
Los datos usados en esta investigación proceden del Eurobarometer 56.1 (2001). Se
analizan tres variables dependientes referidas a diferentes aspectos de la reforma del
sistema de pensiones. En esta encuesta se preguntó a los entrevistados sobre su nivel de
acuerdo con los siguientes enunciados: (i) “Las cotizaciones no deben incrementarse
incluso si esto significa pensiones inferiores”; (ii) “La edad de jubilación debe
incrementarse para que la gente trabaje durante más tiempo”; y (iii) “El gobierno debe
permitir a la gente poner sus cotizaciones en planes de pensiones privados o pólizas de
seguros de vida de su elección”2. La escala ordinal de respuesta a esta variable es: (1) “Muy
de acuerdo”, (2) “Más bien de acuerdo”, (3) “Más bien en desacuerdo”, y (4) “Muy en
desacuerdo”. No obstante, se ha invertido el orden de las categorías de respuesta de los dos
últimos enunciados para una más fácil interpretación.
[TABLE 4 HERE]
Tres tipos de variables explicativas han sido incluidas en el análisis: principios de
solidaridad basados en diferentes modelos de estado de bienestar, ideología y variables
socio-demográficas. El principio universalista es medido a través del grado de acuerdo con
el enunciado “Una pensión mínima garantizada debe ser un derecho social básico de todo
ciudadano”; el principio conservador es medido a través del grado de acuerdo con el
enunciado “Un buen sistema de pensiones debe permitir a toda persona mantener un
adecuado nivel de vida en comparación con sus ingresos antes de la jubilación”; el
principio liberal es medido a través del grado de acuerdo con el enunciado “La cuantía de la
pensión de una persona debe calcularse estrictamente en función de las cotizaciones que la
persona ha pagado al sistema de pensiones”; y el principio familista es medido a través del
grado de acuerdo con el enunciado “Debe haber una obligación legal para los hijos de
ayudar financieramente a los padres si éstos no tienen ingresos suficientes por sí mismos”3.
2 La redacción original de estos enunciados es la siguiente: (i) “Contribution rates should be not be raised even if this means lower pensions”; (ii) “The age of retirement should be raised so that people work longer”; y (iii) “The government should allow people to put their contributions into private pension fund or life insurance policies of their choice”. 3 La redacción original de estos principios es la siguiente: “A guaranteed minimum pension should be a basic social right of every citizen”; “A good pension system should allow everybody to maintain an adequate standard of living relative to their income before retirement”; “The amount of one’s pension should be strictly based on the amount of contributions one has paid into the pension scheme”; “There should be a legal
15
La escala ordinal de respuesta a esta variable es: (1) “Muy de acuerdo”, (2) “Más bien de
acuerdo”, (3) “Más bien en desacuerdo”, y (4) “Muy en desacuerdo”. No obstante, las
categorías de respuesta de las dos últimas preguntas fueron recodificadas para una más fácil
interpretación. La ideología está medida a través de una escala de diferencial semántico de
diez puntos en la que 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha.
Las variables socio-demográficas incluyen aquellas que reflejan diferencias en las
fuentes de ingresos de acuerdo con la literatura sobre mercado de trabajo y desigualdad,
puesto que estas variables han probado estar correlacionadas con preferencias por la
redistribución en diferentes estudios comparativos (Alesina y Giuliano, 2009). Este grupo
de variables incluye: género (0 = “Masculino”, y 1 = “Femenino”), edad y edad al cuadrado
con el fin de capturar una posible relación lineal con esta variable, años de educación4 (1 =
“Hasta 14 años de educación”, 2 = “15-20 años de educación”, y 3 = “Más de 20 años de
educación”), estado civil (0 = “Casado o viviendo en pareja” 1 = “Soltero” y 2 =
“Divorciado, separado o viudo”). Otras variables relevantes como la ocupación o el nivel
de ingresos no han podido ser incluidas en el análisis por el elevado número de casos
perdidos que contienen las muestras nacionales. Un análisis descriptivo de las variables
incluidas en el análisis se presenta en la tabla 4.
Metodología estadística
Dado que la variable dependiente es ordinal categórica, se ha usado un modelo logit
ordinal para estimar el efecto de las variables explicativas (Greene, 2008; McKelvey y
Zavoina, 1975). Se asume que el grado de acuerdo con cada una de las medidas de reforma
del sistema de pensiones analizadas para el individuo i puede ser medido por una variable
latente yi*, que es una función de un vector de características individuales xi:
obligation for children to financially support their elderly parents if they don’t have enough income of their own” 4 Esta variable ha sido recodificada a partir de sus valores originales, siguiendo la especificación de Groezen (2009), ya que el Eurobarometer no recoge datos sobre niveles educativos alcanzados. En la definición empleada aquí, la primera categoría podría corresponder con el grupo sin estudios y estudios primarios; la segunda categoría se correspondería con estudios secundarios; y la tercera categoría con educación universitaria.
16
* 'i i iy xβ ε= + (1)
Empíricamente no es posible observar yi*, sino una variable yi que toma valores de 1
a 4 que crece conforme se incrementa el grado de acuerdo con cada uno de los enunciados
de reforma propuestos. Así, la probabilidad de que observemos un individuo cuyo grado de
acuerdo yi sea m puede ser expresado como la probabilidad de que yi* esté entre los puntos
de corte μm-1 y μm:
( ) *m-1 mP | P ( | )i i i iy m x y xμ μ= = ≤ < (2)
A partir de la ecuación (2), podemos calcular la probabilidad de que un individuo
pertenezca a la categoría m como:
( ) m m-1P | ( ) ( )i i i iy m x x xμ β μ β′ ′= = Λ − −Λ − (3)
Asumiendo que la distribución del término de error aleatorio εi es logística, se ha
estimado un modelo logit ordinal. El test de Wald propuesto por Brant (1990) se ha usado
para testar el supuesto de las regresiones paralelas (también conocido como el supuesto de
las razones de probabilidad proporcionales), el cual implica que los coeficiente de los m-1
logits binarios implícitos por el logit ordinal comparte los mismos parámetros de regresión.
Sin embargo, no todas las variables independientes han podido ser retenidas en los logits
binarios, debido a que las categorías extremas de las variables dependientes están menos
pobladas. Por tanto, el supuesto de las regresiones paralelas no puede darse por garantizado.
Si bien las consecuencias de una hipotética violación del supuesto anterior son
difíciles de evaluar en este contexto, una inspección bivariada de los datos (así como
consideraciones teóricas), puede sugerir que las diferencias entre las categorías “más bien
de acuerdo” y “más bien en desacuerdo” podrían ser mayores que las diferencias entre las
categorías “muy de acuerdo” y “más bien de acuerdo” o las diferencias entre las categorías
“muy en desacuerdo” y “más bien en desacuerdo”. Por esta razón, también se ha estimado
un logit binomial como modelo alternativo para cada variable dependiente. En esta
17
especificación, la variable dependiente toma valor 0 si el individuo está “muy en
desacuerdo” o “más bien en desacuerdo” con la medida propuesta y valor 1 si está “muy de
acuerdo” o “más bien de acuerdo”. Los resultados indican que la significación y la
dirección de la influencia de las variables explicativas no cambian en esta especificación
alternativa. Finalmente, con el propósito de testar la robustez de las estimaciones, se ha
estimado también un modelo probit ordinal para cada una de las variables dependientes,
aunque los resultados no se presentan en la tabla 5 por brevedad. No obstante, el signo, la
significación y la magnitud de los coeficientes son prácticamente coincidentes con la
estimación a través del logit ordinal.
Aunque los resultados presentados indican una gran robustez a diferentes
especificaciones, no podemos olvidar que los individuos se hayan agrupados por países con
sistemas de pensiones y características diferentes en cuanto al régimen de bienestar. Por
este motivo, el análisis multinivel podría proponerse como una alternativa metodológica
para estimar los coeficientes de regresión logística (Goldstein, 2003; Rabe-Hesketh,
Skrondal and Pickles, 2005; Raudenbush and Bryk, 2002). La consecuencia estadística de
que los individuos pertenezcan a diferentes países es que el vector de coeficientesβ en la
ecuación (3) puede variar entre grupos. Así pues, se ha usado un enfoque multinivel para
estudiar los efectos del país, si bien no es posible analizar el efecto de variables nacionales
sobre las variables dependientes, dado el reducido número de unidades muestrales de
segundo nivel5. Los resultados se presentan en la tabla 6. En las especificaciones usadas, se
asume que el efecto de cada variable explicativa es fijo a través de los países, pero existe un
efecto aleatorio asociado al país que da cuenta de las variaciones de respuesta entre países.
Esto implica que los errores son constantes dentro de los países pero no entre diferentes
países, al tiempo que se asume que los errores no están correlacionados entre países. De
esta forma, podemos reescribir el primer elemento del vector de coeficientes ( 0 jβ ) en la
ecuación (3) como una función de un efecto fijo ( 00γ ) y un efecto aleatorio por país ( 0 ju ).
Por tanto, 0 jβ se puede escribir como:
5 A pesar de que no existe un consenso definitivo en la literatura estadística sobre análisis multinivel, la mayoría de los autores convienen en establecer un umbral mínimo en torno a treinta observaciones por nivel de análisis (Goldstein, 2003).
18
0 00 0j juβ γ= + (4)
El modelo multinivel así propuesto incluye tanto efectos fijos como aleatorios. Sin
embargo, la estimación por máxima verosimilitud (ML) de los modelos multinivel con
variables dependientes categóricas implica importante problemas computacionales debido a
la alta dimensionalidad de la función de verosimilitud. En la literatura hay dos enfoques
principales para afrontar este problema: la estimación de quasi-verosimilitud (PQL y MQL)
y la aproximación a la función de verosimilitud a través de algún método de integración
numérica. Mientras que los métodos de quasi-verosimilitud son menos exigentes
computacionalmente, su principal inconveniente es que no implican el uso de la función de
verosimilitud. Al mismo tiempo, los estimadores QL están sesgados negativamente en
presencia de grandes varianzas o variables de respuesta que se alejan de la normalidad
(como es el caso aquí). Por estas razones, se ha usado la aproximación de la función de
máxima verosimilitud a través de la Cuadratura Gaussiana Adaptativa (AGP), como
proponen Rabe-Hesketh, Skrondal y Pickles (2005), la cual escala y traslada los puntos de
cuadratura teniendo en cuenta las propiedades del integrando. El algoritmo Newton-
Raphson ha sido usado a continuación para maximizar la función de verosimilitud. Los
cálculos se han realizado usando la rutina GLAMM para Stata.
5. Resultados y discusión
Los resultados de las diferentes estimaciones para cada una de las variables
dependientes muestran un patrón consistente, si bien la capacidad predictiva de cada una de
las variables varía de forma considerable. De una parte, las variables asociadas con el status
socio-económico tienen una influencia significativa sobre las actitudes hacia las diferentes
medidas de reforma en la dirección esperada por la teoría del interés pecuniario, aunque su
efecto es relativamente modesto. El género es únicamente significativo en el caso de la
actitud hacia la introducción de planes de pensiones privados, de forma que el hecho de ser
mujer incrementa la probabilidad de oponerse a los planes de pensiones privados. La edad
tiene un efecto en forma de U con las preferencias hacia la reforma, al igual que en muchas
otras preferencias políticas. A medida que se incrementa la edad desde la juventud hacia la
19
etapa adulta se incrementa el apoyo a incrementar las cotizaciones y se reduce el apoyo a
ampliar la edad de jubilación. Sin embargo, al pasar de la etapa adulta a la ancianidad el
efecto de la edad se invierte. En este caso, se reduce la probabilidad de apoyar el
incremento de las cotizaciones y se incrementa el apoyo al cambio en la edad de jubilación.
El efecto de la educación es un tanto más enigmático. Esta no tiene un efecto
significativo sobre las actitudes hacia la privatización del sistema de pensiones, pero sí
tiene un efecto significativo de signo positivo tanto sobre las actitudes hacia el incremento
de las cotizaciones como sobre la edad de jubilación. De acuerdo a la tesis del auto-interés,
el signo en ambas ecuaciones debería ser diferente, ya que ambas reformas tienen un efecto
redistributivo contrapuesto. Esto lleva a buscar una posible explicación alternativa en el
hecho de que los más educados, al estar más informados sobre los problemas del sistema de
pensiones, estén más dispuestos a aceptar las reformas. Sin embargo, no disponemos de
datos para testar empíricamente esta posibilidad. Por último, el hecho de estar divorciado,
separado o viudo (caeteris paribus) incrementa las probabilidades de estar en contra de un
incremento en las cotizaciones.
[TABLA 5]
Por otra parte, la ideología también tiene un efecto significativo sobre las opciones
de reforma preferidas y su signo coincide con lo esperado según la hipótesis H1. Cuanto
más a la derecha se incrementa la probabilidad de rechazar una subida de las cotizaciones,
pero se incrementa la probabilidad de aceptar un retraso en la edad de jubilación y la
privatización del sistema de pensiones. Por el contrario, cuanto más a la izquierda se
incrementa la probabilidad de aceptar un incremento de las cotizaciones sociales, de
rechazar un incremento de la edad jubilación y de oponerse a la privatización del sistema de
pensiones.
[TABLA 6]
El efecto de los principios de solidaridad en el nivel individual es elevado y
altamente significativo en la predicción de las tres variables, aunque el efecto del familismo
20
sobre la preferencia por la privatización es relativamente reducido. En todo caso, se
constata que la adhesión a valores universalistas y conservadores lleva a aceptar un
incremento de las cotizaciones sociales y a rechazar un incremento de la edad de jubilación.
En sentido inverso, los valores liberales y familistas favorecen la aceptación del incremento
de las políticas sociales y el rechazo al incremento de cotizaciones. Sin embargo, el efecto
sobre la preferencia por la privatización, a pesar de ser significativo, es positivo para todos
los principios de solidaridad, lo cual es un resultado contra-intuitivo.
Una vez estimados los efectos de las variables se ha procedido a simular las
probabilidades de apoyo a cada una de las medidas de reforma, a partir de los resultados
obtenidos en la tabla 5 (logit ordinal). En las figuras 1, 2 y 3 se representa gráficamente el
cambio en la probabilidad de apoyo para cada una de las reforma en función de los
principios de solidaridad universalista, conservador, liberal y familista. En cada una de las
tres figuras, cada línea representa la probabilidad de apoyar cada una de las medidas por
agregación de la probabilidad de estar en la categoría “muy de acuerdo” y la probabilidad
de estar en la categoría “bastante de acuerdo”. Para cada simulación de probabilidades, el
resto de variables se mantenido en sus valores medios, de acuerdo con la práctica habitual.
[FIGURA 1]
En la figura 1 se representan las probabilidades simuladas para el apoyo a
incrementar las contribuciones. Se observa que el efecto de los valores de solidaridad sobre
la variable dependiente es opuesto. De una parte, los valores universalistas y conservadores
llevan a aceptar en mayor media un incremento de las contribuciones, mientras que los
valores liberales y familistas llevan a rechazarlo. No obstante, hay que señalar igualmente
que la magnitud del efecto asociado al principio universalista es mayor que el efecto
asociado al principio conservador. Dicho de otra forma, las actitudes hacia las
contribuciones están más influidas por el principio universalista que por el principio
conservador.
[FIGURA 2]
21
En la figura 2 se representan las probabilidades simuladas para el apoyo a
incrementar la edad de jubilación. Al igual que en la gráfico anterior, los efectos de los
principios de solidaridad son contrapuestos. Los liberales y los familistas son más
partidarios de incrementar la edad de jubilación, mientras que los universalistas y los
conservadores se oponen con mayor intensidad. También, al igual que antes, la magnitud
del efecto del principio universalista está por encima del de las otras variables como puede
apreciarse bien en la representación gráfica.
[FIGURA 3]
En la figura 3 se representan las probabilidades simuladas para el apoyo a permitir
los planes privados de jubilación. En esta gráfica, a diferencia de las anteriores, todos los
principios de solidaridad tienen un efecto positivo. Este resultado, un tanto paradójico
desde un punto de vista redistributivo, quizá podría explicarse en términos de framing. Los
individuos pueden valorar mejor una medida que está expresada en términos positivos,
como dar una posibilidad de elección. Y esto es lo que llevaría a producir la alta aceptación
de esta medida, que ya sido puesta de manifiesto en el análisis descriptivo de las variables.
[FIGURA 4]
Finalmente, en la figura 4 se representan gráficamente los efectos aleatorios (los
estimadores empíricos bayesianos) por país. Dichos efectos aleatorios para cada una de las
variables dependientes han sido calculados a partir de las estimaciones de análisis
multinivel presentadas en la tabla 6. Los efectos aleatorios del país capturan la variabilidad
de la respuesta no explicada por las variables individuales y que es atribuida al efecto del
país, por lo que pueden interpretarse de forma similar al efecto fijo en los modelos logit
ordinales de la tabla 5. Una vez controlado el efecto de las variables individuales, puede
observarse que los efectos aleatorios por país no siguen una pauta claramente definida. La
mayor resistencia al incremento de las contribuciones se produce en Portugal, Finlandia y
Bélgica, mientras que la mayor aceptación a esta reforma se da en Holanda y Reino Unido.
Por lo que se refiere al retraso de la edad de jubilación, la mayor resistencia se da en Suecia
22
y Grecia, mientras que la mayor aceptación se producen en Irlanda y Portugal. Respecto a
permitir que las contribuciones se dirijan a fondos de pensiones privados, la mayor
resistencia se concentra en Suecia, España y Portugal, al tiempo que los países más
receptivos a la medida son Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
Con todo, emerge una pauta relativamente coherente y es el hecho de que los países
que tienden a oponerse al retraso de la edad de jubilación también tienden a oponerse a la
introducción de cotizaciones a fondos privados, al tiempo que son más favorables al
incremento de cotizaciones. Tal es el caso de España, Reino Unido u Holanda. En sentido
contrario, países más inclinados a oponerse al incremento de las cotizaciones tienden a
favorecer el incremento de la edad de jubilación (como el caso de Portugal) e incluso los
planes de pensiones privados (como el caso de Irlanda). Al mismo tiempo, sin embargo,
hay países que se oponen simultáneamente al incremento de la edad de jubilación y a la
introducción de esquemas privados de jubilación (como el caso de Suecia). Por último, se
constata que el orden de la magnitud de los efectos aleatorios por país no sigue una pauta
definida en función del régimen de bienestar al que pertenece cada país. Así pues, cabe
concluir que, a diferencia de los principios de solidaridad en el nivel individual que han
resultado ser altamente significativos, el régimen de bienestar a nivel agregado tiene una
potencia explicativa relativamente limitada por lo que se refiere a la compresión de las
actitudes hacia la reforma del sistemas de pensiones.
6. Conclusiones
En la mayoría de los países europeos, la reforma del sistema de pensiones viene
estado en la agenda política de forma continuada desde hace al menos dos décadas, como
consecuencia de los cambios demográficos que amenazan la viabilidad de los sistemas de
provisión pública. No obstante, si bien existen numerosas investigaciones sobre la relación
entre el tipo de régimen de bienestar y las preferencias por diferentes políticas sociales, el
tema de las actitudes hacia la reforma del sistema de pensiones ha sido más escasamente
tratado en la literatura. Este trabajo ha tenido como finalidad esencial plantear una
explicación de las actitudes hacia diferentes propuestas de reforma presentes en la agenda
política, usando como variables explicativas factores individuales. Concretamente, se ha
23
propuesto como hipótesis central que las actitudes hacia la reforma vienen determinadas,
entre otros factores, por los principios de solidaridad que inspiran los diferentes regímenes
de bienestar, si bien dicho principios de solidaridad se han medido en nivel individual a
través de variables contenidas en el Eurobarometer.
Los resultados empíricos muestran un fuerte soporte a la idea de que dichos
principios ejercen una influencia significativa sobre las preferencias en el nivel individual.
Específicamente, se ha hallado que los principios universalistas y conservadores operan en
direcciones contrapuestas a los principios liberales y familistas en el nivel individual. Los
resultados indican que aquellos individuos que se adscriben a principios de tipo
universalista (y también a principios de tipo conservador) son más partidarios de
incrementar las contribuciones para mantener el nivel de las pensiones, al tiempo que se
oponen al retraso de la edad de jubilación. En sentido contrario, quienes se adscriben a
principios liberales (o familistas) son más partidarios de reducir las cotizaciones e
incrementar la edad de jubilación.
Estos resultados son coherentes con las hipótesis propuestas, si bien dejan abiertos
algunos interrogantes importantes para el futuro. En primer lugar, cabe preguntarse sobre
cuál es el origen de tales de principios de solidaridad, si dependen esencialmente de
factores pecuniarios o de motivaciones ideológicas aprendidas a través del proceso de
socialización. En segundo lugar, cómo se relacionan estos principios de solidaridad en el
nivel individual con las variables institucionales en el nivel agregado. Por una parte, es
posible que tales principios individuales sean producto de los diferentes regímenes de
bienestar, como argumentaría la tesis institucional, pero también es posible que las políticas
de bienestar estén condicionadas por la distribución de estos principios entre la población.
En tercer lugar, el hecho de que la influencia de los principios universalistas y
conservadores opere en la misma dirección, de la misma forma que los principios liberales
y familistas comparten el signo de la influencia, plantea la pregunta de qué relación puede
establecerse entre tales principios en el nivel individual. Por último, pero no menos
importante, cabe preguntarse igualmente si el efecto de tales principios se puede trasladar a
otros ámbitos de la política social y si ejercen una influencia consistente y coherente sobre
las preferencias en tales ámbitos.
24
Referencias
Alesina, A. and P. Giuliano (2009). “Preferences for Redistribution”, IZA DP 4056.
Anderson, K. M. (2001). “The Politics of Retrenchment in a Social Democratic Welfare State.
Reform of Swedish Pensions and Unemployment Insurance”, Comparative Political
Studies, 34(9): 1063-1091.
Andreβ, H.-J. and T. Heien (2001). “Four World of Welfare State Attitudes? A Comparison
of Germany, Norway, and the United States”, European Sociological Review, 17:
337-356.
Arts, W. and J. Gelissen (2001). “Welfare states, solidarity and justice principles: Does the type
really matter?” Acta Sociologica, 44(4): 283-299.
Béland, D. and P. Marier (2006). “Avoiding protest: labor mobilization and welfare state
politics in France”, Mobilization, 11(3): 297-311.
Boeri, T. A. Börsch-Supan and G. Tabellini (2002). “Pension reforms and the opinions of
European citizens”, American Economic Review, 92: 396-401.
Bonoli, G. (1997a). “Classifying Welfare States: A Two-dimension Approach”, Journal of
Social Policy 26(3): 351-372.
Bonoli, G. (1997b). “Pension politics in France: patterns of cooperation and conflict in two
recent reforms”, West European Politics, 20(4): 111-124.
Bonoli, G. (2003). “Two Worlds of Pension Reform in Western Europe”, Comparative
Politics, 35(4): 399-416.
Brant, R. (1990). “Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model for Ordinal
Logistic Regression”, Biometrics, 46: 1171-1178.
Breyer, F. and K. Stolte (2001). “Demographic change, endogenous labor supply and the political
feasibility of pension reform”, Journal of Population Economics, 14: 409-424.
Browning, E. (1975). “Why the social insurance budget is too large in a direct democracy”,
Economic Inquiry, 13: 373-388
Campbell, A. (2003). How Policies Make Citizens: Senior Political Activism and the American
Welfare State. Princeton: Princeton University Press.
Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford: Polity Press.
Esping-Andersen, G. (ed) (1996). Welfare States in Transition, London: Sage.
Eurobarometer (2003). Eurobarometer 56.1: Social Exclusion and Modernization of Pension
Systems, September-October 2001.
25
Feldman, S. y J. Zaller (1992). “The Political Culture of Ambivalence: Ideological Responses to the
Welfare State”, American Journal of Political Science, 36(1): 268-307.
Ferrera, M. (1996) “The ‘Southern’ Model of Welfare in Social Europe”, Journal of
European Social Policy 6(1): 17-37.
Forma, P. (1997). “The rational legitimacy of the welfare state: popular support for ten
income transfer schemes in Finland”, Policy and Politics, 25: 235-249.
Galasso, V. (2006). The Political Future of Social Security in Aging Societies, Boston: MIT Press.
Galasso V. and P. Profeta (2000). “The political economy of social security: a survey”,
European Journal of Political Economy, 18: 1-29.
Galasso, V. and P. Profeta (2007). “How does ageing affect the welfare state?”, European Journal of
Political Economy, 18: 1-29.
Gelissen (2001). “Old-Age Pensions: Individual or Collective Responsibility? An
Investigation of Public Opinion Across European Welfare States”, European
Societies, 3(4): 495-523.
Goldstein, H. (2003). Multilevel Statistical Models. London: Arnold.
Greene, W. H. (2008). Econometric Analysis. New York: Prentice Hall.
Groezen, B., H. Kiiver and B. Unger (2009). “Explaining Europeans' preferences for
pension provision”, European Journal of Political Economy, 25: 237-246.
Iversen, T. (2005). Capitalism, democracy, and welfare. Cambridge: Cambridge University Press.
Jacoby, W. G. (1994). “Public Attitudes toward Government Spending”, American Journal of
Political Science, 38(2): 336-361.
Jacoby, W. G. (2000). “Issue Framing and Public Opinion on Government Spending”, American
Journal of Political Science, 44(4): 750-767.
Jaeger, M. M. (2006). “Welfare Regimes and Attitudes toward Redistribution: The Regime
Hypothesis Revisited”, European Sociological Review, 22(2): 157-170.
Janky, B. and R. I. Gál (2007). “Public Opinion on Pension Systems in Europe”, ENEPRI
Research Report No. 36
Kahneman, D. and A. Tversky (1979). “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under
Risk”, Econometrica, 47: 263-291.
Leibfried, S. (1992). “Towards a European welfare state? On Integrating Poverty Regimes
into the European Community”, in Z. Ferge and J. E. Kolberg (eds.), Social Policy
in a Changing Europe (pp. 245-279). Frankfurt am Main: Campus Verlag.
26
Lynch, J. and M. Myrskylä (2009). “Always the Third Rail? Pension Income and Policy
Preferences in European Democracies”, Comparative Political Studies, 42(8): 1068-
1097.
Mau, S. (2004). “Welfare regimes and the norms of social exchange”, Current Sociology, 52: 53-74.
McKelvey, R. D. and W. Zavoina (1975). “A Statistical Model for the Analysis of Ordinal
Level Dependent Variables”, Journal of Mathematical Sociology, 4: 103-120.
Meltzer, A. and S. Richard (1981). “A rational theory of the size of government”, Journal of
Political Economy, 89: 914-927.
Moreno, L. (2000). “The Spanish Development of Southern welfare”, in n S. Kuhnle (ed.),
Survival of the European Welfare State (pp. 146-165). London: Routledge.
Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press.
Persson, T. and G. Tabellini (2000). Political Economics, Cambridge: MIT Press.
Pettersen, P. A. (1995). “The welfare state: the security dimension”, in O. Borre and E.
Scarbrough (eds.), The Scope of Government: Beliefs in Goverment (Vol. 3) (pp.
198-233). Oxford: Oxford University Press.
Pierson, C. (1998). “Contemporary Challenges to Welfare State Development”, Political
Studies, XLVI: 777-794.
Pierson, P. (1995). Dismantling the Welfare State? Cambridge: Cambridge University
Press.
Pierson, P. (1996). “The New Politics of the Welfare State”, World Politics, 48(2): 143-
179.
Rabe-Hesketh, S., A. Skrondal and A. Pickles, A. (2005). “Maximum likelihood estimation
of limited and discrete dependent variable models with nested random effects”,
Journal of Econometrics, 128: 301-323.
Raudenbush, S. W. and A. S. Bryk (2002). Hierarchical Linear Models. Aplications and
Data Analysis Methods. Thousand Oaks: Sage.
Razin, A. and E. Sadka (2007). “Aging population: The complex effect of fiscal leakages on the
politico-economic equilibrium”, European Journal of Political Economy, 23(2): 564-575.
Sears, D. and C. Funk (1990). “The limited effect of economic self-interest on the political attitudes
of the mass public”, Journal of Behavioral Economics, 19: 247-271.
Svallfors, S. (1997). “Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribution: A Comparison of Eight
Western Nations”, European Sociological Review, 13: 233-304.
27
Taylor-Gooby, P. (1999). “Policy Change at a Time of Retrenchment: Recent Pension
Reform in France, Germany, Italy and the UK”, Social Policy and Administration,
33(1): 1-19.
Taylor-Gooby, P. (2001). “Sustaining state welfare in hard times: Who will foot the bill?”, Journal
of European Social Policy, 11: 133-147.
Tepe, M. (2006). “Individual preferences for old age pensions. Evidence form the
International Social Survey Program”, paper presented at the FNA
Graduiertenkolloquium der Deutschen Rentenversicherung, Berlin (Germany).
Tepe, M. and P. Vanhuysse (2009). “Are Aging OECD Welfare States on the Path to the Politics of
Gerontocracy? Evidence from 18 Democracies, 1980-2002”, Journal of Public Policy,
29(1): 1-28.
Velladics, K., K. Henkens and H. P. Van Dalen (2006). “Do Different Welfare States
Engender Different Policy Preferences? Opinions on Pension Reforms in Eastern
and Western Europe”, Ageing and Society, 26: 475-495.
Weaver, R. K. (2003). “The Politics of Public Pension Reform”, Working Paper 2003-06,
Center for Retirement Research, Boston University.
Whitehouse, E. R. (2006). Pensions Panorama: Retirement-Income Systems in 53
Countries. Washington: World Bank.
Whitehouse, E. R. and M. Queisser (2007). Pensions at a Glance: Public Policies Across
OECD Countries. Paris: OECD.
28
TABLAS Y FIGURAS
Table 1: Economic Indicators by Country
Net
replacement on average
Pension spending
Pension spending per head
Social security
contributions
Taxes average worker
Population over 65 years
Austria 93.2 10.3 3025.7 14.6 46.9 15.5 Belgium 63.1 6.6 1834.5 14.2 56.7 16.9 Denmark 54.1 4.7 1352.5 1.7 43.6 14.8 Finland 71.5 6.2 1620.3 12.0 46.4 15.1 France 68.8 10.1 2567.6 16.0 49.8 16.2 Germany 71.8 9.7 2532.9 14.4 53.0 16.9 Greece 99.9 7.6 1465.5 10.6 38.2 17.0 Ireland 36.6 1.7 509.1 4.3 25.8 11.2 Italy 88.8 10.6 2767.1 12.0 46.0 18.6 Luxembourg 109.8 3.7 1996.4 10.9 37.0 13.9 Netherlands 84.1 4.6 1355.2 13.8 37.2 13.6 Portugal 79.8 7.1 1224.4 10.5 36.4 16.4 Spain 88.3 7.1 1554.7 12.3 38.8 16.9 Sweden 68.2 6.6 1846.2 14.2 49.1 17.2 United Kingdom 47.6 4.2 1114.9 6.3 32.2 15.9
Notes: Data refer to 2001. Net replacement on average and taxes for average worker as percentage of earnings, pension spending per head in dollars (PPP), pension spending and social security contributions as percentage of GDP, population over 65 years as percentage of total population. Source: OECD database (2009).
29
Table 2: Preferred Pension System by Country
Public pension Occupational
schemes Private pension
plans Austria 68.8 23.4 7.9 Belgium 80.2 15.0 4.8 Denmark 49.0 44.1 6.9 Finland 36.0 62.2 1.9 France 64.8 26.0 9.2 Germany 53.2 39.0 7.8 Greece 85.4 10.2 4.4 Ireland 66.5 27.9 5.7 Italy 70.9 18.8 10.3 Luxembourg 69.8 18.3 11.9 Netherlands 40.8 43.2 16.1 Portugal 78.0 18.1 3.9 Spain 94.4 4.4 1.2 Sweden 73.9 20.4 5.7 United Kingdom 61.1 30.8 8.1
Source: Eurobarometer 56.1.
30
Table 3: Attitudes toward Pension Reform by Country
Raising
contributions Raising
retirement age Allow private pension funds
Austria 65.3 27.4 82.9 Belgium 59.2 23.9 90.5 Denmark 68.0 29.1 92.8 Finland 63.9 26.8 88.4 France 58.4 26.3 85.7 Germany 60.9 16.8 85.4 Greece 60.8 14.0 88.7 Ireland 58.9 48.7 94.7 Italy 59.3 31.2 88.3 Luxembourg 66.2 19.0 88.4 Netherlands 75.7 26.0 86.5 Portugal 49.8 31.1 92.1 Spain 67.5 22.2 76.6 Sweden 67.2 13.8 71.5 United Kingdom 73.9 25.8 93.2
Notes: Cells display percentage of individuals who “strongly agree” or “slightly agree” on that measure to be taken. Source: Eurobarometer 56.1.
Table 4: Descriptive Statistics
Variable Mean Std. Dev. Min. Max.Raising contributions 2.773 0.953 1 4Raising the age of retirement 1.873 0.958 1 4Allow private pension funds 3.252 0.792 1 4Female 1.523 0.500 1 2Age 45.205 18.376 15 99Age2 2381.127 1782.356 225 9801Years of education 2.092 0.691 1 3Marital status 2.433 1.768 1 5Ideology 5.197 1.916 1 10Universalistic principle 3.552 0.636 1 4Conservative principle 3.399 0.689 1 4Liberal principle 2.879 0.931 1 4Familistic principle 2.248 1.047 1 4
Source: Eurobarometer 56.1.
31
Table 5: Preferences for Pension Reforms. Ordered Logit
Raising
contributions Raising
retirement age Allow private pension funds
Female -0.003 -0.020 -0.077* (0.039) (0.039) (0.040) Age 0.014** -0.017** -0.006 (0.007) (0.007) (0.007) Age2 -0.000 0.000*** 0.000 (0.000) (0.000) (0.000) 15-20 years of educationa 0.133** -0.027 0.025 (0.061) (0.062) (0.063) More than 20 years of educationa 0.217*** 0.234*** 0.085 (0.068) (0.069) (0.071) Singleb 0.065 0.030 -0.159** (0.066) (0.066) (0.068) Divorced, separated, or widowedb 0.114** -0.014 -0.085* (0.050) (0.051) (0.052) Ideology -0.032*** 0.046*** 0.080*** (0.010) (0.010) (0.011) Universalistic principle 0.271*** -0.337*** 0.271*** (0.033) (0.033) (0.034) Conservative principle 0.123*** -0.273*** 0.361*** (0.030) (0.030) (0.031) Liberal principle -0.228*** 0.159*** 0.254*** (0.022) (0.022) (0.023) Familistic principle -0.259*** 0.261*** 0.048** (0.021) (0.021) (0.021) Francec -0.083 -0.081 0.124 (0.141) (0.143) (0.147) Belgiumc -0.259* 0.269* 0.227 (0.140) (0.141) (0.147) Netherlandsc 0.538*** 0.056 0.271* (0.138) (0.139) (0.144) Germanyc -0.130 -0.216* 0.071 (0.127) (0.129) (0.134) Italyc -0.001 0.283** -0.032 (0.144) (0.144) (0.150) Denmarkc 0.199 0.254* 1.149*** (0.136) (0.137) (0.147) Irelandc -0.117 0.929*** 0.821*** (0.145) (0.147) (0.156) United Kingdomc 0.428*** 0.015 0.609*** (0.135) (0.137) (0.142) Greecec -0.170 -0.837*** 0.340** (0.143) (0.149) (0.151) Spainc 0.291** -0.016 -0.322** (0.142) (0.142) (0.149) Portugalc -0.457*** 0.461*** -0.146
32
(0.146) (0.146) (0.152) Finlandc -0.354*** 0.151 0.013 (0.137) (0.140) (0.145) Swedenc 0.110 -0.839*** -0.474*** (0.140) (0.146) (0.147) Austriac -0.102 0.279** 0.231 (0.142) (0.142) (0.151) Threshold μ1 -1.495*** -1.259*** 0.275 (0.265) (0.265) (0.276) Threshold μ2 0.042 0.130 1.409*** (0.263) (0.264) (0.274) Threshold μ3 1.783*** 1.577*** 3.675*** (0.264) (0.266) (0.276) No. Obs. 9136 9603 9499 McFadden's pseudo-R2 0.035 0.048 0.051 Log likelihood -11548 -11154 -9770 Chi-Square 843.2 1122 1061
Notes: ***, **, and * indicate significance level at 1%, 5%, and 10%, respectively. Standard errors in brackets. a Up to 14 years of education is the reference category. b Married or living as couple is the reference category. c Luxembourg is the reference category. Source: Eurobarometer 56.1.
33
Table 6: Preferences for Pension Reforms. Multilevel Ordered Logit
Raising
contributions Raising
retirement age Allow private pension funds
Female -0.004 -0.020 -0.077* (0.039) (0.039) (0.040) Age 0.014** -0.017** -0.006 (0.007) (0.007) (0.007) Age2 -0.000 0.000*** 0.000 (0.000) (0.000) (0.000) 15-20 years of educationa 0.142** -0.026 0.032 (0.061) (0.062) (0.063) More than 20 years of educationa 0.227*** 0.232*** 0.092 (0.068) (0.069) (0.071) Singleb 0.065 0.032 -0.159** (0.066) (0.066) (0.068) Divorced, separated, or widowedb 0.113** -0.014 -0.085 (0.050) (0.050) (0.052) Ideology -0.033*** 0.046*** 0.081*** (0.010) (0.010) (0.011) Universalistic principle 0.271*** -0.339*** 0.273*** (0.033) (0.033) (0.034) Conservative principle 0.125*** -0.273*** 0.361*** (0.030) (0.030) (0.031) Liberal principle -0.229*** 0.157*** 0.255*** (0.022) (0.022) (0.023) Familistic principle -0.263*** 0.262*** 0.046** (0.021) (0.021) (0.021) Threshold μ1 -1.503*** -1.304*** 0.098 (0.237) (0.257) (0.265) Threshold μ2 0.034 0.083 1.232*** (0.236) (0.256) (0.263) Threshold μ3 1.773*** 1.529*** 3.495*** (0.237) (0.258) (0.265) Level 2 Variance ( 0 jU ) 0.994 0.183 0.159
(0.025) (0.060) (0.060) No. Obs. Level 1 (Individuals) 9136 9603 9499 No. Obs. Level 2 (Countries) 15 15 15
Notes: ***, **, and * indicate significance level at 1%, 5%, and 10%, respectively. Standard errors in brackets. a Up to 14 years of education is the reference category. b Married or living as couple is the reference category. Source: Eurobarometer 56.1.
34
Figure 1: Support for raising contributions
.5
.55
.6.6
5.7
.75
Pro
babi
litie
s
1 2 3 4Raise contributions
Universalistic principle Conservative principleLiberal principle Familistic principle
Notes: Simulated probabilities from ordered logit models in table 5. Support for raising contributions (“strongly agree” and “slightly agree”). Source: Eurobarometer 56.1.
35
Figure 2: Support for raising retirement age
.2
.25
.3.3
5.4
Pro
babi
litie
s
1 2 3 4Raise retirement age
Universalistic principle Conservative principleLiberal principle Familistic principle
Notes: Simulated probabilities from ordered logit models in table 5. Support for raising the age of retirement (“strongly agree” and “slightly agree”). Source: Eurobarometer 56.1.
36
Figure 3: Support for allowing private pension funds
.7
5.8
.85
.9P
roba
bilit
ies
1 2 3 4Allow private pension funds
Universalistic principle Conservative principleLiberal principle Familistic principle
Notes: Simulated probabilities from ordered logit models in table 5. Support for allowing private pension funds (“strongly agree” and “slightly agree”). Source: Eurobarometer 56.1.
37
Figure 4: Random effects by country
-.5 0 .5Raise contributions
the netherlandsunited kingdom
spaindenmarksweden
italyluxembourg
franceaustriaireland
germanygreece
belgiumfinland
portugal
-1 -.5 0 .5 1Raise retirement age
irelandportugal
italyaustria
belgiumdenmark
finlandthe netherlandsunited kingdom
luxembourgspain
francegermany
greecesweden
-1 -.5 0 .5 1Allow private pension funds
denmarkireland
united kingdomgreece
the netherlandsaustria
belgiumfrance
germanyluxembourg
finlanditaly
portugalspain
sweden
Notes: Empirical Bayes Estimates (BLUP) for country effects. Source: Eurobarometer 56.1.