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Justicia

La maravillosa dictadura del capital (III) Como apagarfuego con gasolinaPor Aldo Santiago 10 octubre, 2015 0 comentarios

Actualmente el gobierno de Río de Janeiro ha montado 38 Unidades de PolicíaPacificadora (UPP) con efectivos que rebasan los nueve mil policías, extendidossobre un terreno total de casi un millón de metros cuadrados (a un costo de casi 2billones de reales). La instalación de dichas unidades comenzó el 20 denoviembre de 2008 en la favela de Santa Marta, barrio de Botafogo, al sur de laciudad. La idea de las UPPs es una réplica de lo ocurrido durante la década delos noventas en la ciudad colombiana de Medellín (y en Brasil, pese a lasevidencias sobre violaciones a los derechos de lxs habitantes donde son

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impuestas, proyectos semejantes a los de Río son implementados en los estadosde Bahía, Salvador, Paraná, Curitiba, Maranhão y Río Grande del Sur)condimentada con la influencia de la estrategia norteamericana decontrainsurgencia –aplicada en Afganistán e Irak como principio de gobierno– loque se traduce en ocupaciones policiacas que militarizan las comunidades.

El proyecto impulsado por el gobernador –que dimitió tras las manifestaciones dejunio de 2013– Sergio Cabral, fue defendido como una medida necesaria paragarantizar la seguridad durante los mega eventos del espectáculo futbolero en2014 y las maniobras financieras-olímpicas del próximo año. No obstante elverdadero plan detrás de su implementación es resolver los conflictos de violenciaque «incomodan» la valorización inmobiliaria de los barrios de clase media-alta dela zona sur e incentivar nuevos y lucrativos proyectos de construcción en laregión.

Las UPPs están presentes en 40 favelas de las casi mil que existen en Río deJaneiro, sin embargo ellas cubren en su totalidad aquellas comunidadesenclavadas en la exclusiva zona sur y casi todas las localizaciones dentro de laszonas olímpicas descritas en el dossier de la candidatura de Río 2016 (mientras laBaixada Fluminese la cual posee el mayor índice de homicidios en el estadopermanece ignorada) donde «los beneficios de la pacificación se observan en elturismo y la llegada de inversiones» como declaró en algún momento JoséBeltrame, responsable de la seguridad de la ciudad carioca, infame autor tambiénde aquella frase «tiro en Copacabana es una cosa… tiro en la periferia esotra»  con la cual resume el profundo desdén hacia la población históricamentemarginada.

Y en los hechos el actuar de la policía no demoró ni un año para reafirmarlo.

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«Los primeros casos de violaciones graves de derechos humanos fueronregistrados a finales de 2009. En ese año aconteció la primer victima fatal en elcerro de Cantagalo: una ejecución sumaria por la policía pacificadora. Desdeentonces ese número solo ha crecido y fue público, con repercusión nacional einternacional, con el caso de la desaparición de Amarildo en 2013» apuntalanintegrantes de la Red de Comunidades Contra la Violencia, durante una protestaen abril de 2015, donde cientos de personas exigen justicia por el asesinato deEduardo de Jesus Ferreira, niño de 10 años ejecutado por la UPP del Complejode Alemão, al norte de Río. «Antes de eso acontecieron muchos casos pero no sehablaba de ello porque las personas tenían mucho miedo pues una ocupaciónpolicial permanente en las favelas crea un terror que impide que se organicenpara hacer denuncias sobre las violaciones cometidas». En paralelo un batallónde policías cerca los manifestantes para restringir su movilidad, maniobra quecalienta los ánimos entre lxs asistentes, acostumbradxs a defenderse del  brutalactuar de la policía militar.

En la práctica, el teatro de la lucha contra el tráfico permanece sólo como unfondo ilusorio para justificar la intransigente permanencia de las UPPs. En

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realidad las milicias, una evolución más poderosa de los «grupos de exterminio»de los años setentas, son quienes controlan las favelas mediante la extorsión,tortura, asesinato y por supuesto, también el tráfico de armas y drogas. Aunado aello, las milicias (integradas por ex policías y agentes en activo, incluso delejército) han diversificado sus negocios y controlan desde hace tiempo eltransporte, suministro de combustibles y servicios como la telefonía y televisiónpor cable.

Las revueltas contra las UPPs ya acontecieron desde 2013 evidenciando elfracaso de su artificial encomienda. El resultado palpable es la proliferación decuerpos de presión y conflictos con las comunidades provocando múltiplesviolaciones; no sólo la posibilidad de agresiones contra los moradores se vuelvemayor, también el nivel de corrupción con la milicia que controla los mercadoslícitos e ilegales se incrementa. No tiene nada que ver con seguridad y muchomenos con respeto a derechos humanos. Si la población no protesta es por miedode represión: madres, hermanos, padres de víctimas de las UPPs sonamenazadxs todo el tiempo por los policías que ocupan y controlan las calles desus comunidades.

Esa situación de peligro es constante por parte de la policía militar y eso lleva alas personas a caminar temerosamente. Además del acoso policial, existe unacriminalización de la favela realizada sobre todo por los medios masivos decomunicación, como la Red Globo, que transmite en vivo persecuciones yoperaciones policiacas que además de alimentar el morbo, fabrican laestúpida  idea de que en esas comunidades «todos son bandidos». Enconsecuencia los intentos de asociación política de las comunidades sonrelacionados al crimen y por ende descalificados por la sociedad racista brasileña.En el cotidiano es aplicada la política del terror para dominar territorios medianteactividades «legales» que transforman los cuerpos en moneda de cambio yaniquila a la población en un estado de excepción continuo.

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En realidad los policías no son cómplices sino protagonistas del delito, puesactúan impunes mediante el «monopolio» de la violencia para mercar con lascomunidades marginadas en una ficticia frontera donde sus acciones legalizan alestado criminal, que actúa al mismo tiempo dentro y fuera de la ley. En ese puntoes que las UPPs preparan a las favelas para enlazar el entramado flujo discursivoy material entre capital, delito, seguridad y mucho lucro. La llegada de la inversiónprivada es realizada en conjunto con la instalación de las UPPs en las favelascariocas. «Acompañamos más de una instalación de UPP y es bizarro. Entra lapolicía y junto a ella vienen los equipos de Sky, empresas de telefonía, el mismodía ni la compañía municipal de limpieza entra. Quienes lo hacen son lasempresas que dicen acabar con la informalidad para imponer un mercado»,comenta la Red contra Violencia. En otra entrevista subrayan además: «Por ahíse ve el peso que las cosas tienen, el porqué utilizar la ocupación militar paraprofundizar relaciones de mercado. Eso es más de lo que se dice abiertamentepues en la falsedad de que su objetivo seria llevar servicios públicos a lascomunidades lo que fue hecho de ello en cualquier comunidad ocupada es poco;no ha mejorado la educación, ni la salud, sino el mercado».

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Para revisar uno de los procesos más simbólicos de esto es pertinente abordar losucedido en el Complejo de Alemão durante los últimos ocho años. En 2007ocurrió la mayor operación policial de Brasil en territorio urbano: 1, 350 policíasinvadieron y esparcieron el terror en las favelas de Alemão; oficialmente hubo 19muertos en cuatro horas, sin embargo datos de lxs propixs habitantes mencionanun total de 45 asesinadxs y un número mucho mayor de heridxs. En casi todos loscasos dispararon contra las espaldas de hombres jóvenes que buscabanrefugiarse del exterminio. Eso tuvo consecuencias importantes en el actuar de lascomunidades y por supuesto en la «política de seguridad» carioca.

Tras ocupar en 2010 el Complejo de Alemão (que reúne 15 favelas con cerca de100 mil habitantes; primero por el ejército y después por las UPPs en 2012), elresponsable estatal de asistencia social y derechos humanos, el economistaRicardo Henriques (uno de los intendentes del banco Itaú, órgano financiero queregistró el mayor lucro de la historia de la banca brasileña en 2014 pese a ladesaceleración económica) inventó y difundió una anodina campaña en la quebuscaba crear una relación entre la inversión de las UPPs y una política de«ciudadanía y desarrollo social en esas comunidades» donde son implementadas.

De lo que se trataba era proponer una agenda común entre territorios de lasfavelas, gobierno, sociedad civil y la iniciativa privada. Ello opera en Alemãodesde las tentativas de «legalizar» lxs comerciantes ambulantes y la gestión delespacio donde está ubicado el teleférico (del cual la mayoría de lxs usuarixs sonturistas extranjerxs) hasta los sugestivos seminarios como el realizado en abril de2012 bajo el título de «El poder de la iniciativa privada en la transformación socialde Río de Janeiro» donde participan ejecutivos de entes financieros como elBanco Santander y representantes de empresas como la energética Ligth.

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El proyecto más cínico resultó producto de las negociaciones de 2013 para lacreación del «Favela Shopping» una inversión de 20 millones de reales para lainstalación de 500 tiendas que emplearían mano de obra local para elestablecimiento del conjunto comercial en una antigua fábrica de 15 mil metroscuadrados; planes redondos para el «aprovechamiento» de las regiones y sushabitantes. Un billón 800 mil reales son presumidos como inversión en las áreaspacificadas con fantasmagóricas acciones de educación, salud y urbanizaciónentre otras; la mejor fachada para lucrar con la violencia, la represión y el trabajode las comunidades todo puesto al servicio de las grandes empresas.

Frente a ello, habitantes de Alemão no permanecen impasibles. Una de lasexpresiones para crear estrategias dentro y desde la comunidad es el grupo«Juntos por el Complejo de Alemão» que aglutina a 17 organizaciones y 12asociaciones de habitantes además de colectivos autónomos. «Las favelas tienenelementos diferenciados de represión principalmente por el tráfico de drogasporque son jóvenes alcanzados por un proceso externo a la comunidad pero lapolítica de seguridad visualiza solo la punta, porque en las favelas no existentraficantes sino narcomenudistas; quien trafica está en la Barra de Tijuca, en la

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avenida Presidente Vargas, está en Brasilia» comentan integrantes de la red decolectivos de Alemão durante una charla sobre violencia de Estado en unauniversidad en el centro de Río. Uno de los ejes de trabajo de la iniciativa deAlemão es el desarrollo de saberes locales sobre todo en seguridad pública. «Ladroga entra a la comunidad en un contexto de negación de derechos y comocooptación de intereses que no son legítimos de las favelas. Por ello surgió laidea de producir nuestros propios datos porque los ‘oficiales’ son manipulados yno nos dan confianza» agregan los testimonios antes de enumerar y contrastarlas cifras colectadas por la comunidad.

El ejercicio se realizó con datos obtenidos mediante medios independientes queacompañan los acontecimientos en la comunidad así como de la boca de sushabitantes con quienes recolectan nombre, edad y local. Durante 2014contabilizaron 26 asesinatos y 43 heridxs de bala en un periodo de sólo nuevemeses. La estrategia se implementó como un instrumento de lucha pues aquellosdatos no existen en las delegaciones policiacas y cuando se realiza un «análisis»con las cifras oficiales siempre se manipulan los datos para interpretarlos comouna reducción en los homicidios. «Nadie tomó en cuenta la cantidad dedesaparecidos porque cuando la curva de asesinatos ‘desciende’ sube la dedesaparecidos; lo que cambia es sólo el modus operandi» afirman en laindignación mientras refieren que para 2015 el mapeo ha sido tarea casi imposiblepues las muertes son diarias. «Queremos continuar con esa tarea, incluso demanera retroactiva, desde la ocupación militar de 2010 porque eso ayuda a otroanálisis de lo que sucede con las UPPs junto a los ‘grandes’ acontecimientos dela ciudad; ¿Cómo se comporta la cantidad de muertxs, heridxs y desaparecidxsen las favelas durante la Copa Mundial de Fútbol o las Olimpiadas, el carnaval,los periodos electorales? Porque sabemos que esos eventos tienen relacióndirecta desde el gobierno en razón del nivel de represión» mencionan habitantesde la favela al reconocer que desde arriba la prioridad no es la comunidad, la cuales sólo usada para generar recursos para el financiamiento privado y capitalpolítico en las farsas electorales.

Reconociendo ello lxs habitantes de Alemão han insistido en demandar cambiosdrásticos en las «políticas públicas» hasta ahora impuestas en las comunidades.

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Prueba de ello fue la audiencia pública de la asamblea legislativa de Río deJaneiro realizada el 4 de mayo de 2015 en la comunidad de Nova Brasilia.Integrada por comisiones de educación, asistencia social y seguridad estatal, conasistencia de habitantes de otras favelas como Pedreira, Acarí, Manguera, Maré,Manguinhos, lxs habitantes de Alemão recordaron la incumplida promesa delPrograma de Aceleración de Crecimiento (PAC), en 2011, de construir 600viviendas y exigieron la salida de las UPPs que prueba la descomposición queproduce en la comunidad mediante el caso de la ocupación policiaca de laescuela Teophilo de Souza Pinto donde desde hace dos años la violencia seexpresa mediante la presencia de los elementos de vigilancia y seguridad en elpatio del colegio.

Mediante una carta, leída por profesores de la escuela, debido al miedo de lxsalumnxs de hablar en público frente a sus agresores, las voces de lxs jóvenesexhiben la precarización de sus vidas y demandan la salida inmediata de la UPP.«Lo primero que hiere es porque genera sensación de inseguridad, nuestrosalumnxs fueron abandonando sus estudios, lo comprendemos pero no nos vamosa acostumbrar. De un total de 1,400 alumnos, ahora asisten 700, la escuela estámuriendo poco a poco. La instalación de la policía convierte a la escuela enobjetivo de disparos, ahí están los muros y vidrios que testimonian ello; o esescuela o UPP, porque juntos no es posible» grita un maestro frente a insensiblescomandantes de la policía que evaden mirar a quienes les reclaman, mientrasotrxs funcionarios públicos simulan preocupación mientras garabatean algunospapeles en mano.

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Las palabras  son espontáneas, sinceras y llenas de rabia. Porque ante unarealidad donde frente a cualquier demanda se obtiene como única respuesta«policía», la paciencia se agota. «El derecho a la vida debería ser garantizadodesde que nacemos y nosotros no tenemos acceso a ninguna mierda, a nada.¿Por qué nos vienen hablar de ley cuando no tenemos ni el mínimo derecho desalir a la puerta de casa?» pregunta una de las habitantes de Alemão que toma elmicrófono casi al final de la audiencia. «Yo quiero preguntar a las madrespresentes ¿quién está dispuesta a representarse, a crear un consejo de madres yno dejar más que nadie hable por nosotras?» añade para hacer un llamado a laacción y burlar la farsa del supuesto diálogo con la policía, pues incluso la solapresencia del comandante general de la policía militar de Río, coronel Ibis Silva,exhibe su hipocresía cuando se dirige a lxs habitantes utilizando un desgastadodiscurso de «luchas de clases» y pretende hacer pasar a la policía como víctimade una «política de guerra» de la cual ellos no se responsabilizan.

Ante ello la furia con que la respuesta golpea con la verdad hace retumbar lafragilidad de los discursos simplistas de las autoridades. «La policía no está malpreparada, está haciendo exactamente la función social que esta destinada a

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realizar. La policía es una institución fallida, no sólo por como actúa, sino porquevivimos en una sociedad fallida, es muy fácil pedir paciencia, cuando no lo estánsintiendo en la piel, es muy fácil venir a decir que la policía es ‘pedagoga’ cuandono fue su hijo el que recibió un tiro en el pecho; fue para el hijo de Denize y murió,eso sólo puede ser una broma. Deberían pedir disculpas a todas las madrespresentes» dice un joven del movimiento Ocupa Alemão para quien el acto seresume en preguntas aún hoy sin respuesta: ¿va a salir la policía de estaescuela? ¿cuándo exactamente? ¿va salir la policía del complejo?», refuerza suspalabras al tiempo que estallan los aplausos y en consignas demandando el fin dela ocupación policial.

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Y del mismo modo en que se fortalecen las redes internas, el histórico recuentode luchas tiene como antecedente el 2013, cuando la comunidad de Alemãoestimuló y organizó un encuentro de periferias de Brasil. Durante cinco díasgrupos indígenas amazónicos del estado de Acre, habitantes de Palafitas deBelém, población negra de Espíritu Santo, movimiento indígena tupinambá del surde Bahía, entre otros, compartieron experiencias y debatieron estrategias delucha al reconocer las semejanzas del permanente estado de excepción en el queson obligados a permanecer.

En aquel tiempo 23 indígenas fueron asesinados en cuatro meses debido a losdesalojos de sus territorios, nada diferente a lo que sucede en Alemão. Las luchasson próximas, sean los hacendados que quieren apropiarse de los bosquesamazónicos, sean los policías que violentan en Belém; la resistencia delmovimiento negro en Espíritu Santo, las favelas cariocas o lxs tupinambas deBahía, lo importante es tener espacios donde intercambiar posibilidades medianteredes porque es una sola lucha.

Clasificación: Brasil Rio de Janeiro