juicio administrativo *****. organismo operador de agua
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JA-2000/2017-III 1
JUICIO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE: JA-2000/2017-III
ACTOR: *****.
DEMANDADA: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA, MICHOACÁN.
Morelia, Michoacán, a veintinueve de mayo de dos mil
diecinueve.
VISTOS para resolver el juicio administrativo número JA-
2000/2017-III, promovido por *****, por su propio derecho, y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficialía
de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Michoacán de Ocampo, el día veintisiete de octubre de dos
mil diecisiete, compareció *****, por propio derecho, a
demandar:
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“II. EL ACTO O RESOLUCIÓNQUE SE IMPUGNA, LA
FECHA DE NOTIFICACIÓN O LA FECHA DE
CONOCIMIENTO. Son todas y cada una las contenidas
en el documento denominado “Presupuesto para
contratación de servicios” manifestando bajo protesta de
decir verdad que aunque en el documento se inserta la
fecha 08 ocho de julio de 2016 dos mil dieciséis, este me
fue entregado el día 11 once de septiembre de dos mil
diecisiete cuando con otros vecinos acudí al Organismo
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Morelia, Michoacán, para saber que necesitaba a
efecto de que me fueran proporcionados sus servicios,
informándoseme hasta ese día, que debía de cubrir un
pago por la cantidad total de $12,666.63 (doce mil
seiscientos sesenta y seis pesos 63/100 M.N.) teniendo
disenso específicamente en los conceptos y cantidades
siguientes:
a). La multa que el Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia,
Michoacán, le determinó a un inmueble de mi propiedad,
por considerar que tengo toma clandestina de drenaje, la
cual fue calificada por la cantidad de $3,987.00 (tres mil
novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.);
b) Los aprovechamientos de incorporación por agua,
por la cantidad de $1,442.56 (mil cuatrocientos cuarenta y
dos pesos 56/100 M.N.), por el Organismo Operador de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia,
Michoacán;
c) Los aprovechamientos uso obras cabeza agua
potable, por la cantidad de $5,115.00 (cinco mil ciento
quince pesos 00/100 M.N.), por el Organismo Operador
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Morelia, Michoacán;
d) La multa por aportación para obras de agua potable,
por la cantidad de $4,477.44 (cuatro mil cuatrocientos
setenta y siete pesos 44/100 M.N.), por el Organismo
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Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Morelia, Michoacán;
f) Los aprovechamientos uso obras cabeza
saneamiento, determinado por la cantidad de $3,233.00
(tres mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), por
el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Morelia, Michoacán;
g) Los aprovechamientos incorporación x alcantarillado,
determinado por la cantidad de $816.48 (ochocientos
dieciséis pesos 48/100 M.N.), por el Organismo Operador
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Morelia, Michoacán;
h) El Impuesto al Valor Agregado (IVA), que el
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Morelia, Michoacán, lo determino por la
cantidad de $1,197.19 (mil ciento noventa y siete pesos
19/100 M.N.)
De igual manera se impugna:
El documento que la autoridad demandada denomina
“Presupuesto para contratación se servicios”, haciende a
la cantidad $12,666.63 (doce mil seiscientos sesenta y
seis pesos 63/100 M.N.) y se fijo en un inmueble de mi
propiedad, conociendo dichos montos y conceptos el 11
once de septiembre del presente año 2017 dos mil
diecisiete, momento en que acudió solicitar se me
proporcionaran los servicios que otorga el Organismo
Operar de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de
Morelia, Michoacán.”
Señaló como autoridades demandadas al Director
General del Organismo Operador de Agua Potable,
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Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, y, *****,
empleado de dicho organismo.
SEGUNDO. Por razón de turno tocó conocer de la
demanda, a la entonces Tercera Sala Administrativa Ordinaria
de este Tribunal, quien, previa prevención sin cumplir, por
proveído de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho,
admitió a trámite la misma y ordenó emplazar a las autoridades
demandadas para que dieran contestación dentro del término
de quince días (foja 36).
TERCERO. Por proveído de tres de abril de dos mil
dieciocho, se tuvo a las autoridades demandadas dando
contestación a la demanda; y, se concedió a la parte actora
término para ampliar la demanda (foja 115).
CUARTO. Por auto de veintiséis de abril de dos mil
dieciocho, se tuvo a la parte actora ampliando la demanda, la
cual, se ordenó notificar a las autoridades demandadas para
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que dieran contestación a la misma en el término de cinco días
hábiles (foja 123).
QUINTO. En proveído de veintiocho de mayo de dos mil
dieciocho, se tuvo a las autoridades demandadas dando
contestación a la ampliación de demanda (foja 132).
SEXTO. Mediante auto de veintiocho de febrero de dos
mil diecinueve, se ordenó hacer del conocimiento de las partes
que con motivo de la reforma al Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, publicada el cuatro de
octubre del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 144 de dicho ordenamiento, con fecha dieciocho de
octubre de dos mil dieciocho, el Pleno de este Tribunal, designó
al licenciado Fabricio Dorantes Romero, Juez Tercero
Administrativo de este Tribunal; avocándose al presente (foja
147).
SÉPTIMO. Agotadas las etapas el día treinta de abril de
dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de
pruebas y alegatos en el presente juicio, en la que se hizo la
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relación de pruebas ofertadas por las partes, y, se ordenó
poner los autos a la vista para dictar sentencia; y,
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer y
resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 143, 144, 154, 163 A, 163 B y 163 C, fracción VII,
164, 166, del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo, y 8°, fracción XII y XXI del Reglamento
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, y porque,
además, no se tiene impedimento para resolver lo conducente,
conforme a lo establecido por el artículo 208 del Código de la
materia.
SEGUNDO. Es innecesario transcribir los conceptos de
violación hechos valer por la parte actora en el escrito inicial y
de ampliación de la demanda, así como la contestación a los
mismos por parte de las autoridades demandadas.
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Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
la Novena Época, registro 164618, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de
2010, Materia(s): Común, página 830, del rubro y texto
siguientes:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO
ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los
preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias",
del título primero "Reglas generales", del libro primero
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se
advierte como obligación para el juzgador que transcriba
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios,
para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate,
derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la
cual debe estar vinculada y corresponder a los
planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego correspondiente,
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador
realizarla o no, atendiendo a las características especiales
del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios
de exhaustividad y congruencia se estudien los
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planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.”
TERCERO. La procedencia del juicio administrativo es
una cuestión de orden público y estudio preferente en términos
del artículo 205, último párrafo, del Código de Justicia
Administrativa del Estado.
Las autoridades demandadas invocan como causa de
improcedencia del juicio, la prevista por el artículo 205, fracción
I del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, bajo el argumento de que, el documento combatido
denominado como “Presupuesto para contratación de servicio”,
fue emitido de manera informativa, por lo que, al no ser un
documento o resolución definitiva, no afecta la esfera jurídica de
la parte accionante.
Lo anterior es infundado.
Para verificar esto, debe tomarse en cuenta que, la
relación jurídica que surge entre el Organismo Operador de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, con el
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usuario, cuando cuantifica el monto para proporcionar los
servicios que presta dicho organismo, y condiciona el pago al
usuario para instalar dichos servicios, se genera a nivel de
supra a subordinación entre ambos, porque ese organismo
conforme a la normatividad que lo rige, tiene la característica de
ser público; las normas legales le otorgan la potestad de actuar
de esa manera, y, cuando lo hace actúa de manera unilateral,
porque no requiere del consentimiento del particular o usuario,
ni de acudir ante una autoridad jurisdiccional para tal efecto.
Al respecto debe destacarse que el artículo 115, fracción
III, inciso a) de la Constitución Federal, expresamente indica
que: “Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre, conforme a las bases siguientes: […] III.- Los
Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes: a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado,
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tratamiento y disposición de sus aguas residuales.”, el precepto
transcrito, establece que entre los servicios públicos que les
compete regular a los Municipios, se encuentra el de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales. Lo anterior, igualmente, se desarrolla en el
artículo 123, fracción V, inciso a), de la Constitución Política del
Estado de Michoacán, que dispone: “Artículo 123.- Son
facultades y obligaciones de los ayuntamientos: - - - V.
Proporcionar en sus jurisdicciones los servicios de: - - - a) Agua
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y
disposición de sus aguas residuales;…”; por su parte, la Ley de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de
Michoacán, en los artículos 1°, 2°, 18 y 22, fracciones II, III y V,
disponen: “ARTICULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley son
de orden público e interés social y de observancia general en el
Estado de Michoacán y regulan la prestación del servicio
público de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las
aguas.”, “ARTICULO 2º.- El objeto de la presente Ley es el
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establecimiento de las bases normativas para la prestación del
servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
así como la organización y funcionamiento de los órganos y
organismos o empresas que operan los sistemas en el Estado
de Michoacán, lo cual constituye el Sistema Estatal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento.”; “ARTICULO 18.- Los
organismos operadores municipales a que esta Ley se refiere
tendrán el carácter de descentralizados con personalidad
jurídica y patrimonio propios.”; “ARTICULO 22.- El Organismo
operador municipal tendrá a su cargo: … - - -II. Proporcionar el
servicio de agua potable y alcantarillado, incluyendo
saneamiento, a los centros de población, urbanos, rurales e
industriales en el Municipio que le corresponda, en los términos
de los convenios y contratos que para ese efecto se
celebren;…- - -III. Formular y mantener actualizado y valorizado
el padrón de usuarios del servicio a su cargo;… - - -V. Recaudar
los derechos por el servicio, con base en las cuotas y tarifas
aprobadas en los términos de ley…”.
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Por su parte, los artículos 30 y 45, fracciones I, II, III, IV,
V y VI, de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado
de Michoacán, disponen:
“Artículo 30.- Los municipios tendrán a su cargo los
servicios públicos en los núcleos de población en los usos
público urbano y doméstico de su demarcación territorial, los
que se prestarán en términos de la presente Ley a través de:
I. Organismos operadores municipales;
II. Organismos operadores intermunicipales;
III. Juntas locales municipales;
IV. Desarrollos industriales, turísticos y de otras
actividades productivas que cuenten con la autorización del
Gobierno del Estado y se sujeten a esta Ley; y,
V. Instituciones de los sectores social y privado, que
cuenten con concesión del municipio o hayan celebrado
contrato o convenio con el mismo para proporcionar estos
servicios.
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Artículo 45.- El organismo operador municipal tendrá a
su cargo:
I. Planear y programar en el municipio, el funcionamiento
de sistemas de captación, potabilización, conducción,
almacenamiento y distribución de agua potable, alcantarillado y
saneamiento y manejo de lodos;
II. Proporcionar los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, a los centros de población y
núcleos de población de las zonas urbanas y rurales del
municipio que le corresponda, en términos de los convenios y
contratos que para ese efecto se celebren;
III. Formular y mantener actualizado el padrón de
usuarios de los servicios a su cargo;
IV. Formular y mantener actualizado el inventario de
bienes y recursos que integran su patrimonio;
V. Elaborar estudios necesarios que fundamenten y
permitan el establecimiento de cuotas y tarifas apropiadas para
el cobro de los servicios públicos, con base en la aplicación de
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las fórmulas que establezca la Comisión, estas fórmulas
establecerán los parámetros e interrelación para el cálculo de
las tarifas medias de equilibrio;
VI. Requerir, cobrar o gestionar su cobro en los términos
de Ley;…”.
Así, el conjunto normativo anterior, demuestra que el
referido organismo operador, posee características públicas,
porque forma parte de la administración municipal y a través del
mismo, el Municipio de Morelia, cumple con algunos de los
servicios públicos que constitucionalmente tiene la obligación
de prestar, dado que es una de las formas que la propia ley
prevé para tal efecto, lo que a su vez implica que sus facultades
y obligaciones están reguladas en un ordenamiento jurídico de
carácter público y ello trae consigo también que su ejecución no
pueda ser materia de consenso con los particulares a los que
van dirigidos sus actos en la materia de su competencia.
Además, la propia normatividad faculta a ese organismo para
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actuar de forma unilateral a fin de materializar la voluntad
administrativa y para eso no requiere la aceptación del
gobernado y menos de acudir a autoridades jurisdiccionales.
Lo anterior, demuestra que el Organismo Operador de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, como
ente público, es depositario de la voluntad administrativa y de
manera unilateral, sus facultades y, por consecuencia, imponer
cargas y obligaciones a los particulares, para proporcionar los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los
usuarios que soliciten dichos servicios, es decir, tiene las
prerrogativas para lograr esos objetivos -en los que recaen los
actos impugnados en el presente asunto-, aun en contra de la
voluntad del particular y sin necesidad de acudir a un órgano
jurisdiccional para tal efecto.
De esa manera, las personas que estén obligados al uso
de agua potable y los servicios de alcantarillado y saneamiento,
deberán solicitar ante la demandada que proporcione esos
servicios en el inmueble ubicado en el Municipio de Morelia, y a
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consecuencia de ello, la autoridad demandada, es la que
determina los conceptos y monto a pagar, puesto que es el ente
público autorizado por ley para ello, por lo que actúa de manera
unilateral y en un plano de supra subordinación frente a la
persona que le solicitó dichos servicios, puesto que el
presupuesto para contratación de servicio impugnado, es el
documento en el que se describen los conceptos y pago
correspondiente y en caso de no realizar el pago no le
proporcionarían esos servicios, por lo cual, la autoridad
demandada emitió actos unilaterales a través de los cuales
crea, por sí, situaciones jurídicas que afectan los derechos del
actor, puesto para ello, no requiere del consenso de la voluntad
del particular.
Así, el contenido del prepuesto de contratación de
servicio impugnado, no se trata de un documento meramente
informativo de los conceptos que comprendería la contratación
del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
puesto que describe los conceptos y determina los montos
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unitarios de pago a cargo del actor, así como el Impuesto al
Valor Agregado y el monto total de pago para instalar los
servicios de agua potable en el inmueble del promovente,
incluye además, la multa por toma clandestina de drenaje, la
cual, al igual que los otros conceptos, fueron fijados por las
autoridades demandadas como ente público y en contra de la
voluntad del actor, lo que implica que en el documento consta
el monto líquido a pagar por el actor para proporcionar en el
inmueble los servicios que presta el Organismo Operador de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, que
refleja la voluntad final de la autoridad municipal, que el impone
a la parte actora la obligación de hacer –pago- y en caso de no
acatarlo, trae como consecuencia, que no le sean
proporcionados aquéllos servicios en el inmueble del actor,
aunado a que el artículo 2, fracción XXII del Decreto que
contiene las Tarifas para el Cobro de los Servicios que prestan
el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Morelia y las Juntas Locales Municipales en el
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Municipio de Morelia, Michoacán, para el año 2016, publicado el
tres de marzo de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Michoacán, define la factibilidad como
el acuerdo administrativo en el cual se establece la viabilidad de
otorgar la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, definiendo las condiciones y
montos correspondientes conforme a las cuotas y tarifas del
Acuerdo Tarifario, puesto que dicho precepto y fracción
disponen: “Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente
acuerdo se entiende por: …XXII. Factibilidad. Acuerdo
administrativo en el cual se establece la viabilidad de otorgar la
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, definiendo las condiciones y montos
correspondientes conforme a las cuotas y tarifas de este
Acuerdo Tarifario”, por ende, el “presupuesto para contratación
de servicio” constituye un acto de autoridad contra el que
precede el juicio administrativo.
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Orienta lo anterior, la tesis XXII.P.A.8 A (10a.),
sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, de la Décima
Época, Registro: 2012697, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de
2016, Tomo IV, Materia(s): Administrativa, página 2779, del
rubro y texto siguientes:
“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUAS QUE PONEN FIN A LA
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE DE UN PARTICULAR (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Toda persona tiene
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. Por otra parte, el
suministro de ese líquido, como servicio público,
corresponde originalmente a los Municipios, a través del
organismo público descentralizado Comisión Estatal de
Aguas del Estado de Querétaro. En tanto que los artículos
425, 426 y 446 del Código Urbano de la propia entidad
establecen que los interesados que soliciten el servicio de
agua potable deberán cubrir los requisitos que establezca
dicha comisión, de no ser así, los prevendrá para que los
satisfagan dentro del plazo de tres días y, de no hacerlo,
desechará su solicitud, pero de cumplirse y aprobarse su
petición, se formalizará la contratación, para lo cual, el
solicitante deberá cubrir los derechos de infraestructura y
conexión y los demás pagos que correspondan de
acuerdo al tipo de servicio contratado. Por tanto, en
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términos del artículo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro, contra los actos
emitidos por dicho organismo que ponen fin a una
instancia, como lo es la solicitud de contratación del
servicio de agua potable de un particular, procede el juicio
contencioso administrativo, pues eventualmente afectan el
derecho fundamental de acceso al agua.”
La diversa tesis V.2o.P.A.12 A (10a.), del Segundo
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Quinto Circuito, de la Décima Época, Registro: 2012860,
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia(s):
Común, página 2996, que establece:
“ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO, SONORA. ES
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE
AMPARO CUANDO SE RECLAMA DE ÉSTE EL
COBRO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE O LA
SANCIÓN QUE IMPUSO POR UTILIZAR ESE LÍQUIDO
PARA USOS DIVERSOS A LOS CONTRATADOS.
Conforme a los artículos 73 y 75, apartado B, fracciones
V, VI y IX, de la Ley de Agua del Estado de Sonora, 1 y 4,
apartado B, fracciones V, VI y IX, del Acuerdo de
Creación del Organismo Operador Municipal Denominado
Agua de Hermosillo, publicado en el Boletín Oficial de la
entidad el 26 de diciembre de 2011, dicho organismo es
un ente descentralizado de la administración pública
paramunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que tiene atribuciones para emitir actos de
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inspección y verificación; determinar créditos fiscales,
recargos y demás accesorios legales en términos de la
legislación aplicable y exigir su cobro inclusive en la vía
económica coactiva, así como aplicar a los usuarios las
sanciones por infracciones a la ley. Por tanto, para efectos
del juicio de amparo, el citado organismo tiene el carácter
de autoridad cuando se reclama de éste el cobro por el
servicio de agua potable o la sanción que impuso por
utilizar ese líquido para usos diversos a los contratados,
pues las obligaciones derivadas de la contratación, así
como la determinación y aplicación de las sanciones por
infracciones a la ley mencionada y su reglamento, no son
propias de los acuerdos entre particulares, sino de
verdaderos contratos administrativos a los cuales se
someten los usuarios sin posibilidad de negociación; de
donde se sigue que dicho organismo tiene facultades de
decisión e imperio para hacer cumplir sus
determinaciones.”
Por otro lado, las autoridades demandadas aducen la
actualización de la causa de improcedencia prevista por la
fracción IV del artículo 205 del Código de Justicia Administrativa
del Estado de Michoacán, relativa al consentimiento tácito por
parte del actor, respecto del presupuesto de contratación
impugnado, pues refieren que del propio documento se advierte
que fue emitido en fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, y
señala que se entregó al solicitante en esa misma fecha.
Lo anterior es infundado.
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Es así, porque tales manifestaciones de las demandadas
son insuficientes para tener por acreditada dicha causa de
improcedencia del juicio; para verificar esto, es necesario
transcribir los artículos 234, 235 y 238 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán:
“Artículo 234. Cuando se alegue que la resolución
administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente,
siempre que se trate de las impugnables en el juicio
administrativo, se estará a las siguientes reglas, si el
actor:
I. Afirma conocer la resolución administrativa, los
conceptos de impugnación contra su notificación y contra
la resolución misma, deberán hacerse valer en la
demanda, en la que manifestará la fecha en que la
conoció; o,
II. Manifiesta que no conoce la resolución
administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en
su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye,
su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar
la demanda, la autoridad acompañará constancia de la
resolución administrativa y de su notificación, mismas que
el actor podrá combatir mediante ampliación de la
demanda.
Artículo 235. El Tribunal estudiará los conceptos de
impugnación expresados contra la notificación, en forma
previa al examen de los agravios expresados en contra de
la resolución administrativa.
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Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal,
considerará que el actor fue sabedor de la resolución
administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla
o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando
sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y
procederá al estudio de la impugnación que se hubiese
formulado contra la resolución.
Si resuelve que la notificación fue legalmente
practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue
presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en
relación con la resolución administrativa combatida.
Artículo 238. El actor tendrá derecho a ampliar la
demanda dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo
recaído a la contestación de la demanda, cuando se
impugne una negativa ficta.
También podrá ampliar la demanda cuando en la
contestación se sostenga que el juicio es improcedente
por consentimiento tácito, y el actor considere que la
notificación del acto impugnado se practicó ilegalmente.
En este caso, si al dictarse sentencia, se decide que tal
notificación fue correcta, se sobreseerá en el juicio, en
caso contrario, se decidirá sobre el fondo del negocio.
El escrito de ampliación de demanda o de contestación,
cumplirá con los mismos requisitos previstos en este
Código para la demanda o su contestación.”
Los preceptos anteriores, establecen reglas específicas
respecto a los casos en que haya controversia respecto de la
existencia o bien, la legalidad de la notificación del acto
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impugnado, casos en los que corresponde a la autoridad
demandada acreditar, en primer término, la existencia de dicha
notificación, a efecto de que la parte actora, en caso de
desconocerla, esté en condiciones de formular conceptos de
violación en su contra mediante ampliación de la demanda y,
así, someter la notificación al estudio de legalidad a la luz de
tales conceptos de violación, de lo cual, si se concluye que no
hubo notificación o que fue ilegal, se deberá considerar que el
actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha
en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer,
según se trate; por otro lado, de resolver sobre la legalidad y
validez de la notificación, deberá tomarse en cuenta dicha
actuación para efectos de computar el plazo previsto por el
artículo 223 del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán.
En consecuencia, si la autoridad omitió exhibir
constancias que acreditaran, en primer lugar, la existencia de
diversa notificación mediante la cual se diera a conocer a la
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parte actora el acto impugnado, resulta inconcuso que se debe
considerar para efectos del cómputo del plazo de cuarenta y
cinco días para la interposición de la demanda, la fecha referida
en la demanda, esto es, el once de septiembre de dos mil
diecisiete.
Así, el cómputo del plazo de los cuarenta y cinco días
hábiles concedido a la parte actora por el artículo 223 del
Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,
para la interposición de la demanda de nulidad en contra de la
referida resolución transcurrió del doce de septiembre (por
ser el día hábil siguiente a aquél en que manifestó que tuvo
conocimiento del acto impugnado) al veintitrés de noviembre
de dos mil diecisiete, descontándose de dicho cómputo los
días del catorce al diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de
septiembre; uno, siete, ocho, doce, catorce, quine, diecinueve,
veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre; y, del
uno al cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve y veinte de
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noviembre, todos de dos mil diecisiete, por ser sábados,
domingos y días inhábiles para este Tribunal respectivamente.
Por ende, si la demanda se presentó el día veintisiete
de octubre de dos mil diecisiete, es evidente que fue
presentada en tiempo.
Sin que se advierta la actualización de diversa causa de
improcedencia del juicio.
CUARTO. De oficio, este juzgador advierte que el acto
impugnado se encuentra viciado de origen, puesto que carece
de la firma de la autoridad que lo emitió, lo cual, implica su
inexistencia; lo anterior, con independencia de que no se hayan
planteado en la demanda conceptos de violación sobre tal
aspecto y sin que dicha circunstancia se traduzca en suplir la
deficiencia de la queja en un caso no permitido por el artículo
277 del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.
147/2007, de la Novena Época, registro: 162347, sustentada
JA-2000/2017-III 27
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Materia(s): Común,
Laboral, página: 518, con rubro y texto siguientes:
“LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE
LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO,
CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN
SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE,
CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y
CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA
SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE
DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA. La Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de
firma del laudo por parte de alguno de los integrantes de
un Tribunal de trabajo o, del secretario de acuerdos, trae
consigo su nulidad, sin que para el caso pueda hacerse
pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no
debe surtir efecto jurídico alguno, ya que de lo contrario
se estaría subsanando el vicio de origen. Conforme a ello,
el órgano de control constitucional oficiosamente, sin
necesidad de que en la demanda de amparo
correspondiente se expresen conceptos de violación
sobre tal aspecto e independientemente de quién la
promueva, deberá declarar la nulidad del laudo y
ordenarle al Tribunal que lo emitió subsanar tal
formalidad, sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia
de la queja en un caso no permitido por la Ley de
Amparo.”
Para verificar lo dicho anteriormente, inicialmente, se
debe tener presente que, para que un acto o resolución
JA-2000/2017-III 28
administrativa cumpla con las exigencias establecidas en el
artículo 16 constitucional debe contener firma autógrafa del
funcionario emisor, por ser este signo gráfico el que otorga
certeza y eficacia a los actos de autoridad ya que constituye la
única forma en que puede asegurarse al particular que la
autoridad emisora acepta su contenido1.
1 Jurisprudencia de la Séptima Época, registro: 251598, de los Tribunales Colegiados de
Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 133-138, Sexta Parte, Materia(s): Común, página: 281, con rubro y texto siguientes: FIRMA AUTOGRAFA, RESOLUCION CARENTE DE. ES INCONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que el artículo 16 constitucional no establece expresamente que las autoridades firmen su mandamientos autógrafamente, sí se desprende del citado artículo, al exigir que exista un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, que los mandamientos de autoridad ostenten la firma original. En efecto, por "firma", según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se entiende: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él se dice. El vocablo "firma" deriva del verbo "firmar" y éste del latín "firmare", cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firmar", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (Diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie de una resolución o acto escrito de autoridad, el nombre y apellido de la persona que los expide, en la forma (legible o no) en que acostumbra hacerlo, con el propósito de dar autenticidad y firmeza a la resolución así como aceptar la responsabilidad que deriva de la emisión del mandamiento. Es por ello que la firma de una resolución, para que tenga validez a la luz de la Constitución General de la República, debe ser autógrafa, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo; es decir, es la única forma en que la autoridad emitente acepta el contenido de la resolución con las consecuencias inherentes a ella y además es la única forma en que se proporciona seguridad al gobernado de que el firmante ha aceptado expresamente el contenido de la resolución y es responsable de la misma. Desde luego es irrelevante para que exista esa seguridad jurídica en beneficio del gobernante (quien firma) y el gobernado (quien recibe o se notifica de la resolución firmada), que la resolución o acto de autoridad se encuentren o no impresos, pues al firmar la autoridad emitente se responsabiliza del contenido, sea cual fuere la forma en
JA-2000/2017-III 29
En consonancia con lo anterior, el artículo 7, fracción VI
del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,
dispone que, para que un acto sea válido, los actos
administrativos deben reunir, entre otros, el requisito esencial
de que el acto indique la autoridad de la que emana y contenga
la firma del servidor público correspondiente.
Luego, en el presente juicio, la parte actora compareció a
impugnar el documento denominado “Presupuesto para
contratación de servicio”, de fecha ocho de julio de dos mil
dieciséis, visible en foja 23 de autos, el cual, como lo
reconocieron2 las demandadas al contestar la demanda (foja
que se escribió la resolución. Pero en cambio, no puede aceptarse que la firma se encuentre impresa, pues en estos casos no existe seguridad jurídica ni para el gobernante ni para el gobernado, de que la autoridad de manera expresa se ha responsabilizado de las consecuencias de la resolución.
2 Reconocimiento que constituye una confesión expresa por su parte con pleno
valor probatorio en términos de los artículos 367, fracción I; 391 y 520, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; además de que, no proviene de la confesión de la articulación del pliego de posiciones, sino que se trata de la confesión establecida en el escrito de contestación de la demanda y no es la prueba proscrita por el artículo 257 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, puesto que, implica el reconocimiento formulado por la autoridad demandada acerca de hechos que se le atribuyen; lo anterior, con apoyo en la tesis 2a.II/2007, de la Novena Época, número de registro: 173589, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, Materia(s): Constitucional, página: 2115, con rubro: “CONFESIÓN EXPRESA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES UN MEDIO DE PRUEBA ADMISIBLE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.”
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110), fue emitido previa solicitud del accionante, en los
siguientes términos: ----------------------------------------------------------
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De la imagen preinserta, es posible corroborar a simple
vista que dicho documento carece de la firma de la autoridad
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que lo expidió; puesto que, si bien es cierto que, en el apartado
final de éste se asentó: “Elaboró: *****…”; también lo es que, de
ningún espacio adyacente a dicha manifestación, como de la
totalidad del documento, se advierte que obre firma autógrafa
del funcionario que lo emitió.
En ese sentido, dicha circunstancia implica la
inexistencia del acto impugnado, por lo que, resultaría no sólo
ocioso, sino contradictorio, que se emita un pronunciamiento
sobre el contenido de aquél, en tanto que dicha inexistencia
acarrea la imposibilidad de analizar sus razones y fundamentos,
puesto que constituye la nada jurídica.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes:
Tesis: I.2o.A.21 A (10a.), de la Décima Época, registro:
2019830, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el
Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 10 de
mayo de 2019, a las 10:15 diez horas con quince minutos,
Materia(s): (Administrativa), con rubro y texto siguientes:
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“NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL POR CARECER DE LA FIRMA AUTÓGRAFA
DE LA AUTORIDAD EMISORA. AL IMPLICAR LA
INEXISTENCIA JURÍDICA, IMPIDE EL ANÁLISIS DE
LOS DEMÁS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR EL
ACTOR. La nulidad de la resolución impugnada en el
juicio contencioso administrativo federal, por carecer de la
firma autógrafa de la autoridad emisora, implica declarar
su inexistencia y equivale a la nada jurídica; por esa
razón, es improcedente el estudio de los demás
argumentos hechos valer por el actor, ya que además de
no representarle un mayor beneficio, no puede
analizarse, en otro aspecto, algo que no ha nacido a la
vida jurídica, ante la omisión del requisito esencial de
validez anotado. En consecuencia, es inaplicable la
jurisprudencia 2a./J. 66/2013 (10a.), de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y
subtítulo: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 51, PENÚLTIMO
PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA
AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN
TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL
ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO
ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE
LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.",
al tratar un supuesto diferente, por lo que en el caso no
podría analizarse ninguna otra cuestión, aun cuando se
considere relacionada con el fondo del asunto, pues ello
sería contradictorio, al haberse decretado la inexistencia
jurídica de la resolución impugnada.”
Tesis: (XI Región)2o.13 A (10a.), de la Décima Época,
registro: 2019317, sustentada por el Segundo Tribunal
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Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera
Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz,
consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia(s):
Administrativa, página: 3080, de rubro y texto siguientes:
“NULIDAD DE CRÉDITOS FISCALES POR
CARECER DE FIRMA AUTÓGRAFA. AL IMPLICAR LA
INEXISTENCIA DEL ACTO, IMPIDE ANALIZAR LOS
CONCEPTOS DE ANULACIÓN RELATIVOS AL FONDO
DEL ASUNTO. En dicho supuesto de nulidad, se surte
una excepción a la regla prevista en el artículo 51,
penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, porque la falta de firma es un
vicio distinto al derivado de la incompetencia de la
autoridad demandada, y es ésta la que obliga, en su caso,
a que en atención al principio de mayor beneficio, se
analicen los conceptos de anulación relativos al fondo del
asunto; sin embargo, como la nulidad señalada implica
la inexistencia del acto, resulta no sólo ocioso, sino
contradictorio, que se emita un pronunciamiento
sobre el contenido de aquél, en tanto que dicha
inexistencia acarrea la imposibilidad de analizar sus
razones y fundamentos, lo cual no logra superarse ni
aun a la luz del principio invocado, porque se está en
presencia, se insiste, de un acto inexistente.”
Ante tales circunstancias, en términos del artículo 275,
fracción II del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, procede declarar la nulidad del documento
JA-2000/2017-III 34
denominado “Presupuesto para contratación de servicio”,
combatido por la parte actora, para el efecto de que las
autoridades demandadas emitan un nuevo presupuesto de
contratación de servicio, mediante el cual, se dé respuesta
a la solicitud que en ese sentido planteó la parte actora a
las demandadas, puesto que, no es dable dejar a la parte
accionante sin dicha respuesta a tal petición.
Ilustra lo anterior, la tesis Tesis: I.7o.A.21 A (10a.), de la
Décima Época, registro: 2000653, sustentada por el Séptimo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s):
Administrativa, página: 1924, con rubro y texto siguientes:
“RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CARENTES
DE FIRMA DE LA AUTORIDAD EMISORA.
TRATÁNDOSE DE LAS RECAÍDAS A UNA SOLICITUD,
SU NULIDAD DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE
SE EMITA UNA NUEVA EN LA QUE SE DÉ
CONTESTACIÓN, Y NO PARA QUE SE IMPRIMA
AQUÉLLA. La nulidad de una resolución que carece de
firma de la autoridad emisora debe ser lisa y llana. No
obstante, cuando en el juicio contencioso administrativo
se impugna una determinación recaída a una solicitud, en
la que no se manifestó la voluntad de quien la dictó
JA-2000/2017-III 35
mediante su firma, la nulidad no puede dejar sin respuesta
al particular, por lo que debe ser para el efecto de que se
emita una nueva en la que se dé contestación, y no para
que se imprima aquélla, porque no puede dotarse de vida
jurídica a un acto que contiene el señalado vicio de
legalidad.”
Con fundamento en los artículos 281 y 283 del Código de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se requiere a
las autoridades demandadas a fin de que en el plazo de quince
días hábiles siguientes a la notificación correspondiente,
informen a este órgano jurisdiccional el cumplimiento de la
presente sentencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los
artículos 272, 273, 274, y 276 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, es de resolverse y se
R E S U E L V E:
PRIMERO. Este Órgano Jurisdiccional es competente
para conocer y resolver el presente juicio administrativo.
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SEGUNDO. No se actualizaron las causas de
improcedencia hechas valer por las autoridades demandadas.
TERCERO. El acto impugnado carece de firma de la
autoridad que lo emitió, por lo cual, deviene inexistente; en
consecuencia, se declara la nulidad del documento
denominado “Presupuesto para contratación de servicio”,
combatido por la parte actora, para el efecto de que las
autoridades demandadas emitan un nuevo presupuesto de
contratación de servicio, mediante el cual, se dé respuesta
a la solicitud que les fuera planteada por la parte actora.
CUARTO. Notifíquese personalmente al actor y por
oficio a las autoridades demandadas, y en su oportunidad
archívese el expediente como asunto totalmente concluido y
dese de baja del Libro de Registro.
Así lo resolvió y firma el licenciado FABRICIO
DORANTES ROMERO, Juez Tercero Administrativo del
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, de conformidad
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con el artículo 163 A, 163 C, fracción VII, 272 del Código de
Justicia Administrativa del Estado, que actúa con el Secretario
de Estudio y Cuenta que autoriza, licenciado HUGO MUNDO
RAMOS. Doy fe.
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 97, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el nombre de la actora, de su apoderado, de los terceros interesados, los números, tipos de signos distintivos en controversia, su denominación, diseño y los servicios que protegen; información considerada legalmente como reservada, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”