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Servicio Internacional para la Paz

InformeDiciembre 2008 Año XIII, Nº 4

Teniendo como trasfondo la cr is is económica mundial, se prevé que México entrará en una desaceleración generalizada en todas sus variables, principalmente las de crecimiento, consumo, y empleo x

La estrecha dependencia hacia Estados Unidos representa un factor no menor en cuanto a lo que se puede esperar. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, reconoció que la desaceleración económica en Estados Unidos ha provocado mayor desempleo y la caída en las remesas que los mexicanos envían desde este país (700 millones de pesos menos con respecto a 2007), lo cual “va a afectar a las familias mexicanas que viven en pobreza alimentaria”.

En este marco, la Secretaría de Hacienda llamó a las familias a “ser prudentes” y a “ahorrar para cualquier contingencia que se vaya a presentar en el futuro”.

Después de minimizar el impacto negativo que podría tener la crisis financiera en EEUU para México, a principios de octubre, el presidente Felipe Calderón presentó un programa que busca mitigar esos efectos. También tuvo que ajustar el presupuesto 2009 a la baja.

Desde el 1º de septiembre, al entregar su segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón afirmó que un “entorno económico externo adverso” afectó el alcance de las metas en materia de inflación, crecimiento y generación de empleo. La oposición en la Cámara de Diputados afirmó que en los dos primeros años

ANÁLISIS

Perspectivaspoco alentadoras

MÉXICO

ÍNDICE

1. ANÁLISISMéxico: perspectivas poco alentadoras

7. ENFOQUEMinería en Chiapas: Nueva amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas

12. ACTIVIDADES DE SIPAZDe principios de agosto a finales de noviembre de 2008

Ciudadanos mexicanos protestan contra los altos precios del maíz.

(© artdiamnondblog.com)

2 Informe

Luisa Palmer, PresidenteEstados Unidos

José Astudillo, VicepresidenteCorporación Justicia y Paz, Ecuador

Gustavo Cabrera, TesoreroServicio Paz y Justicia en América Latina, Costa Rica

Rev. Denise Griebler, SecretariaMinisterios Mayas, Estados Unidos

Åsa HenrikssonMovimiento Internacional para Reconciliación sección Sueca (SweFOR)

Marina Pagés, Coordinadora de SIPAZChiapas, México

Jet Nauta, Miembro del Equipo de SIPAZChiapas, México

SIPAZ es un programa de observación internacional nacido en 1995, después del levantamiento armado zapatista en 1994, para monitorear el conflicto de Chiapas, México.

SIPAZ surgió de la petición realizada por líderes religiosos y organiza-ciones de derechos humanos de México a una delegación internacional que visitó Chiapas en 1995. A partir de la demanda de una presencia interna-cional permanente en la región decidieron crear una coalición de distintas organizaciones de los Estados Unidos, Europa y América Latina cuyo de-nominador común fuera su preocupación por la situación en Chiapas.

Hoy en día, SIPAZ apoya la búsqueda de soluciones pacíficas y la construcción de una cultura de paz, diálogo y tolerancia entre actores en Chiapas y de forma creciente, en otros estados de México (Oaxaca y Gue-rrero). Al mismo tiempo, sirve de puente de comunicación e intercambio entre organizaciones y redes que trabajan por la construcción de una paz justa y verdadera a nivel local, nacional, regional e internacional n

Tiene una presencia internacional y acompaña procesos en la cons-•trucción de una cultura de la paz en México.

Informa a través de una comunicación confiable que involucra a los •actores y moviliza la comunidad local, nacional e internacional en la búsqueda de las respuestas alternativas a las causas de la violencia en el país.

Se articula con las organizaciones, movimientos y redes para compar-•tir y fortalecer procesos de construcción de cultura de paz.

Mantiene contacto e interlocución con los actores presentes en el •conflicto en todas sus expresiones.

SIPAZ reconoce y respeta los principios de no intervención y soberanía del Estado mexicano y de sus ciudadanos, de quienes debe depender la iniciativa para alcanzar la solución a los conflictos.

Los miembros de la coalición de SIPAZ tienen muchos años de expe-riencia en transformación de conflictos y construcción de la paz, mediante iniciativas internacionales y no gubernamentales. A partir de esta expe-riencia, SIPAZ busca jugar un papel de facilitador que fortalezca el contexto en el que los mexicanos están trabajando n

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) (Argentina)Baptist Peace Fellowship of North America (North Carolina, EEUU)Benedictine Sisters of Erie (Pennsylvania, EEUU)Capacitar (California, EEUU)CAREA (Berlin, Alemania)Carolina Interfaith Task Force on Central America (N. Carolina, EEUU)Catholic Conference of Major Superiors of Men’s InstitutesPeace and Justice Committee (Washington DC, EEUU)Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. (La Habana, Cuba)Christian Peacemaker Teams (Illinois, EEUU)Church of the Brethren (Washington DC, EEUU)Dominican Sisters of San Rafael (California, EEUU)Ecumenical Program on Central America & the Caribbean (Washington, DC, EEUU)Episcopal Peace Fellowship (Washington, DC, EEUU)Fellowship of Reconciliation/EEUU (New York, EEUU)FOR Austria (Austria)Franciscan Friars, Santa Barbara Province (California, EEUU)Franciscan National Justice, Peace and Ecology Council(Washington DC, EEUU)Global Exchange (California, EEUU)IF/ When (California, EEUU)Illinois Mayan Ministries (Illinois, EEUU)Iniciativa Ecuménica «Oscar Romero» (CIPFE, Montevideo, Uruguay)International Committee for the Peace Council (Wisconsin, EEUU)International Fellowship of Reconciliation (Alkmaar, Holanda)Jubelee Economics Ministries (EEUU)JustaPaz (Bogotá, Colombia)Justicia y Paz (Cuenca, Ecuador)Kentucky Interreligious Taskforce on Central America (EEUU)Leadership Conference of Women Religious (Washington, DC, EEUU)Loretto Community Latin America / Caribean Committee (Colorado, EEUU)Marin Interfaith Task Force on the Americas (California, EEUU)Michigan Faith and Resistance Peace Team (Michigan, EEUU)Movimento Ecuménico de Derechos Humanos (Buenos Aires, Argentina)National Benedictines for Peace (Pennsylvania, EEUU)Pax Christi (Pennsylvania, EEUU)Pax Christi International (Bruselas, Bélgica)Peace Brigades International (Londres, Inglaterra)Peaceworkers (California, EEUU)Presbytery of Chicago (Illinois, EEUU)Racine Dominican Sisters (EEUU)Religious Task Force on Central America and Mexico (Washington, DC, EEUU)Resource Center for Nonviolence (California, EEUU)Servicio Paz y Justicia de América Latina (Montevideo, Uruguay)Sojourners (Washington, DC, EEUU)Southeastern Yearly Meeting of the Religious Society of Friends(Florida, EEUU)Strategic Pastoral Action (SPAN) (New York, EEUU)SweFOR (Suecia)Unitarian Universalist Service Committee (Massachusetts, EEUU)Washington Office on Latin America (WOLA) (EEUU)Western Dominican Province (Arizona, EEUU)Witness for Peace (Washington DC, EEUU)

S!Paz - Servicio Internacional para la Paz

3Diciembre 2008

ANÁLISIS (Viene de la Pág.1)

de esta administración, 1.300.000 mexicanos han abandonado el país por falta de trabajo. Este mismo día, organizaciones obreras, campesinas y sociales salieron a las calles en varias partes del país “para demostrar el creciente descontento e irritación de los trabajadores” hacia la política económica, laboral y energética del gobierno.

La prioridad gubernamental sigue siendo la “guerra contra el narcotráfico”

De acuerdo con datos del Segundo Informe de Gobierno: “Desde el inicio de la presente administración se han materializado un total de 46 operaciones de alto impacto (…) participando un efectivo mensual promedio de 45.000 elementos, no teniendo comparativo con la administración anterior siendo esta una nueva estrategia de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) en la lucha contra el narcotráfico”.

Aún así, las ejecuciones a manos del crimen organizado han seguido aumentado a tal grado, que en el primer semestre de 2008 ya se había alcanzado la cifra de 2.673 muertos, el total del año anterior. A principios de diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) ya hablaba de 5.400 muertos y asumía que esta cantidad iba a seguir aumentando.

A finales de agosto, el gobierno federal reconoció la existencia de un “deterioro institucional y estructural” para combatir la delincuencia, y para revertir el “alto grado de impunidad” y “control territorial” que ejercen

grupos criminales. Presentó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, que mediante 75 puntos pretende depurar y fortalecer las instituciones policiales y de procuración de justicia.

Uno de los primeros cuestionamientos que se hizo al mismo fue la ausencia de obligatoriedad o de sanciones para quienes incumplan lo acordado. Especialistas afirmaron también que el gobierno de Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” sin un trabajo de inteligencia militar y civil

suficiente, además de que no previó “la dimensión tan violenta de la respuesta por parte de los traficantes de drogas” y que tampoco evaluó el grado de infiltración y corrupción de los cuerpos de policía por el crimen organizado (La Jornada, 29 de septiembre).

En octubre, la Operación Limpieza evidenció esta infiltración del narcotráfico hasta los niveles más altos del gobierno. La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el crimen organizado cooptó desde 2004 a altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes vendían información clasificada al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

A finales de noviembre, a 100 días de haber firmado el Acuerdo, el gobierno federal aseguró que había dado cumplimiento “cabal” a los compromisos adquiridos, con la reasignación de recursos en el presupuesto, el fortalecimiento de la sociedad civil, la adecuación del modelo de coordinación institucional y la presentación de un paquete de reformas al Congreso. Felicitó al Congreso de la Unión por haber aprobado un presupuesto en cuestión de seguridad superior en un 35% respecto del año anterior, casi duplicando lo que se destinará para desarrollo social el próximo año.

Diputados y senadores de PRI (Partido de la Revolución Institucional) y PRD (Partido

México es la segunda fuente más grande de heroína para el mercado de los EEUU.

© vanguardia.com.mx

José Luis Santiago Vasconcelos y Juan Camilo Mouriño fallecieron en accidente aéreo del 4 de noviembre de

2008 en el Distrito Federal.

© AP

4 Informe

ANÁLISIS

Revolucionario Democrático), así como representantes de diversas iglesias, consideraron que los resultados presentados al agotarse el plazo de 100 días establecido en el Acuerdo Nacional eran “pobres e insuficientes”.

Tengan o no que ver con la delincuencia organizada, dos hechos reforzaron la percepción generalizada de inseguridad. Por un lado, el 15 de septiembre, en el marco de las festividades por la conmemoración del día de la Independencia se dieron dos explosiones en Morelia, Michoacán, dejando un saldo de siete muertos y 132 lesionados.

Por otro lado, el 4 de noviembre, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, murieron al caer la aeronave en la que viajaban a la ciudad de México. La caída del avión dejó 15 muertos y 40 heridos. Con ello, fallecieron dos de los principales estrategas del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico. Mouriño, muy cercano a Calderón, y Vasconcelos quien era, según varios medios, el hombre de mayor confianza para el Ejército y para los EEUU. Aunque la versión oficial afirma que no hay pruebas que sugieran un atentado, se ha mantenido una polémica en torno a si estas muertes pudieron haber sido producto de accidente o sabotaje, sospechas que se mantienen a la fecha en la opinión pública.

Cooperación internacional contra el crimen organizado

En 2008, México pasó del 4º al 2º lugar en asistencia militar y policíaca de EEUU en América Latina, sólo por debajo de Colombia. La Iniciativa Mérida, que contempla cerca de 400 millones de dólares en asistencia en una primera etapa, pretende buscar una mayor integración en materia de seguridad entre México y EEUU. El gobierno mexicano esperaba la liberación de los recursos en septiembre, pero apenas el 3 de diciembre, en un acto de bajo perfil, se firmó una carta de intención que formaliza la entrega a México de 197 millones de dólares (de los 400 ya aprobados por el Congreso de los EEUU).

México también concretó varios otras alianzas: en octubre, con el gobierno de Brasil (para fortalecer el intercambio de información, programas y experiencia para reducir la

criminalidad) y la Unión Europea (a través de una Asociación Estratégica que permitiera trabajar conjuntamente en temas como el cambio climático, la delincuencia organizada, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos y la migración); así como, en noviembre, con Argentina (para enfrentar de manera coordinada la delincuencia organizada transnacional, las drogas y el lavado de dinero).

Aprobación de la reforma energética Después de 8 meses de anál is is y

negociación, que incluyeron la celebración de foros en los que participaron más de un centenar de especialistas, la reforma energética fue finalmente aprobada por el Congreso mexicano el 23 de octubre. Entre otros cambios, otorga a Petróleos Mexicanos (PEMEX, nacionalizados desde 1938 y símbolo de la soberanía nacional) una mayor autonomía presupuestal y de gestión; moderniza su diseño institucional y flexibiliza su sistema de contratación de adquisiciones y de obra pública.

Un frente de oposición a su posible privatización se venía organizando a través del

Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de la Economía Popular encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex candidato a la presidencia. Los legisladores izquierdistas habían señalado que aunque estaban a favor de la reforma en términos generales, consideraban que algunos aspectos debían clarificarse. El día de la aprobación, tomaron la tribuna después de que AMLO se reuniera con los legisladores de todos los partidos. Les pidió que se incluyera una cláusula para prohibir expresamente la posibilidad de concesionar a empresas extranjeras bloques específicos para explorar y producir crudo, un candado adicional que finalmente no fue aprobado.

Aunque la iniciativa se aleja significa-tivamente de la propuesta de Calderón (con la que, por ejemplo, empresas privadas hubieran podido construir y operar refinerías), él calificó la aprobación de la reforma de logro “histórico” y afirmó que “con la reforma gana la economía nacional y ganamos todos los mexicanos”. Los únicos en no expresar beneplácito por la misma fueron los empresarios mexicanos e

Cristína Kirchner y Felipe Calderón durante el viaje a Argentina del presidente mexicano.

© El Siglo de Torreón

Diputados de la oposición celebran la aprobación de la reforma energética.

© La Jornada

Siguieron las manifestaciones contra la reforma energética en el Distrito Federal.

© La Jornada

5Diciembre 2008

inversionistas extranjeros, por lo que consideran el carácter limitado de la reforma.

Dicha reforma integra por otro lado varias de las propuestas impulsadas por el Frente Amplio Progresista (FAP agrupa los principales partidos de izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT; y Convergencia). Sin embargo, su aprobación dejó todavía más divididas a las facciones del PRD y FAP. A mediados de noviembre, tras ocho meses de un conflictivo proceso interno para definir la elección de su dirigente nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la nulidad de la elección interna del PRD efectuada en marzo y reconoció a Jesús Ortega Martínez como nuevo presidente nacional del PRD, éste último representando a una tendencia más distante a AMLO.

Después de la aprobación de la reforma energética, AMLO anunció el inicio de una nueva etapa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de la Economía Popular. Advirtió que las brigadas conformadas no se desmovilizarán, sino que continuará la lucha contra la carestía y en defensa del salario.

Derechos humanos: “buenos propósitos” frente a preocupaciones que se mantienen idénticas

A finales de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. Dicho documento plantea un retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y propone “impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos internacionales adoptados en materia de derechos humanos por el Estado Mexicano”. También habla de la creación de directrices para el uso de la fuerza con respeto a los derechos humanos. Organizaciones civiles cuestionaron este programa por considerarlo “un catálogo de buenos propósitos”.

Una de las tendencias preocupantes más señalada sigue siendo la criminalización de la protesta social ante la militarización del país. En octubre, Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que durante la administración de Felipe Calderón se han recibido 983 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas

armadas: “la militarización de la seguridad pública ha provocado torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales por parte de elementos militares; sin embargo, el despliegue de más 45 mil efectivos en tareas de seguridad pública no ha logrado frenar los índices de violencia”.

Una nueva plataforma para los derechos humanos comenzará a funcionar en febrero de 2009, cuando México será sometido a examen por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como parte del Examen Periódico Universal (EPU) que se aplica a todas las naciones miembros de la ONU.

En septiembre, más de un centenar de ONG entregaron en Ginebra, Suiza, un informe especial en el cual denuncian que “México no cumple con sus compromisos internacionales” y que persisten la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las

limitaciones a la libertad de expresión y la impunidad. El informe incluyó 60 casos de criminalización de la protesta social en 17 estados mexicanos.

A finales de noviembre, el Estado mexicano presentó su informe para el mismo EPU. Indicó que el uso del Ejército para el combate al crimen organizado es una medida provisional para restablecer condiciones mínimas de seguridad pública “con pleno respeto a los derechos humanos”. Como ejemplo de ello pone la creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional (que no cuenta aún con presupuesto oficial). Los organismos mexicanos de derechos humanos exigieron poner fecha al regreso del Ejército a los cuarteles que ofrece el Estado mexicano en dicho documento.

En noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México fue elegido como Miembro de la Mesa de la Asamblea de

El Comité de Derechos Humanos de la ONU

© CINU - Centro de infomación de las Naciones Unidas

Agentes policíacos detienen a un campesino en Chinkultic

© Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

6 Informe

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ANÁLISIS

los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para 2009-2011. El nombramiento ilustra el intenso activismo internacional de México en materia de Derechos Humanos, que, según las ONGs especializadas en el tema, contrasta con la situación interna.

Chiapas: impunidad y nuevos conflictos

En noviembre, dos años después de la matanza de indígenas en la comunidad Viejo Velasco (norte de Montes Azules), la situación vinculada a la muerte de 4 personas y la desaparición de 4 más sigue impune.

El pasado 3 de octubre, un violento operativo efectuado por policías federales y estatales dejó un saldo de seis muertos (4 de ellas ejecutadas según los testimonios de los pobladores), 17 personas heridas y 36 detenidos, casi todos habitantes del ejido Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria, Chiapas. El pasado 7 de septiembre, los ejidatarios habían tomado las ruinas de Chincultik que se encuentran enfrente de su comunidad, con la intención de que el propio ejido administrara el sitio arqueológico.

Las autoridades estatales y federales han optado por la entrega de 35.000 pesos por gastos funerarios y 75.000 pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares. El gobierno de Chiapas también señaló a 5 policías como responsables de la masacre y se comprometió a castigar a los que resulten culpables de excesos en el cumplimiento de sus funciones. Luego de estos hechos en los que la Secretaría de Gobierno de Chiapas en la que se reconoce que no existía orden de desalojo, el Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad un protocolo de desalojos para las corporaciones de seguridad

del estado y los municipios de Chiapas, que pretende regular el uso de la fuerza pública.

La Comisión Civi l Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) afirmó que es un ejemplo de la política gubernamental que criminaliza la protesta social, delega la solución política y dialogada a los conflictos y busca con indemnizaciones tapar su responsabilidad institucional. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también manifestó por su parte que: “Existe un gran riesgo de que la masacre de Chinkultic, como otras, quede impune y la sanción a los responsables sea únicamente a los servidores públicos de más bajo rango”.

De manera más general, el principal eje de la conflictividad tiene que ver con proyectos sociales y más que todo, económicos: de transporte (como la anunciada autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque), turísticos (“parques temáticos” en Palenque y las cascadas de Agua Azul) y de desarrollo (áreas naturales protegidas como Huitepec o la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, o la minería entre otros; ver enfoque en este informe).

EZLN: Festival de la Digna Rabia La primera semana de agosto, una caravana

nacional e internacional de solidaridad documentó diversas violaciones a los derechos humanos en territorios zapatistas. También, asistió a la conmemoración del quinto aniversario de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas.

En septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, que cumplió 25 años el 17 de noviembre) convocó a dar nuevo inicio a las movilizaciones por la liberación de las 13 personas aún presas por los hechos de San Salvador Atenco en mayo de 2006, todas con sentencias de más de 30 años y 112 años en

el caso de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. También anunció la realización del primer Festival Mundial por la Digna Rabia, que se celebrará la última semana de diciembre y los primeros días de enero de 2009 en el Distrito Federal y Chiapas. El comunicado explica: “El hastío frente al cinismo y la incompetencia de las clases políticas tradicionales se ha ido convirtiendo en rabia. En veces esa rabia sigue la esperanza de un cambio por los mismos caminos de siempre y se topa o con la desilusión que inmoviliza o con la fuerza arbitraria que avasalla”. Pero también hay veces, muchas, tantas que la sonrisa nos arrancan, que las rabias buscan sus propios caminos, nuevos, otros. Y el “no” que levantan ya no sólo resiste, también empieza a proponer, a proponerse n

Afiche del Primer Festival de la Digna Rabia

© Enlace Zapatista

7Diciembre 2008

ENFOQUE (Para acceder a los enlaces de la Notas visite nuestra web)

Hasta hace relativamente poco, el estado de Chiapas, que es considerado como uno de los más ricos del país en recursos naturales (en 2001, produjo un 47% del gas natural y un 21% del petróleo a nivel nacionali), parecía haber sido olvidado por la industria minera. Sin embargo, a partir de los ‘90, el gobierno federal empezó a otorgar concesiones mineras para su exploración y explotación a corporaciones transnacionales, la mayoría de ellas de capital canadienseii x

En lo inmediato, estas concesiones se sitúan en la Sierra Madre del Sur, sierra que abarca el sur de México y se extiende hasta Honduras y el norte de Nicaragua, regiones en las que las mismas empresas han venido trabajandoiii.

[i] Sitio Web de SIPAZ, “Chiapas en Datos: Recursos Naturales”.

[ii] México, Secretaría de Economía, Dirección General de Minas, Expedición de Títulos de Concesión Minera

[iii] Radius Gold Inc., Exploration Projects in Southern Mexico

Reformas mineras: Abriendo la puerta a corporaciones transnacionales

Uno de los detonantes del aumento del número de concesiones mineras fue la reforma constitucional de 1993, que se llevó a cabo para implementar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 (TLCAN, entre EEUU, Canadá y México).

Tradicionalmente, la propiedad de la tierra no incluía en México (al igual que en el resto del continente) la propiedad sobre los recursos del subsuelo, reservada al Estado. Sin embargo, no existía legislación que regulara de forma precisa los conflictos que pudieran aparecer entre ambas esferas de propiedad, entre los pobladores y agricultores de las tierras y las empresas interesadas en la explotación del subsuelo. La reforma minera en los años 90 dio clara prioridad a los intereses de las empresas mineras, al conceder al concesionario de las tierras el derecho a “Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración,

Nueva amenaza para la supervivenciade los pueblos indígenas

Nueva amenaza para la supervivenciade los pueblos indígenas

Minería en Chiapas:Minería en Chiapas:

Plantón de los ejidatarios de Carrizalillo en defensa de la tierra, contra la empresa minera

© CDH Tlachinollan

8 Informe

ENFOQUE

explotación y beneficio”iv. Además, las nuevas leyes les otorgan el derecho a usar el agua y a tirar “terreros, jales, escorias y graseros” resultantes de la explotación.

Los cambios en las leyes mineras, como otras reformas que abrían el paso al TLCAN, no solamente permiten la entrada de compañías extranjeras sino que desregulan profundamente la minería en Méxicov. Estas decisiones se integran perfectamente en la doctrina neoliberal, que afirma que el desarrollo y el crecimiento son estimulados al desregular la economía y al permitir la libre circulación del capital internacional.

No obstante, el balance realizado a más de 10 años de la entrada en vigor del TLCAN plantea resultados por lo menos matizados. Entre los impactos negativos del lado mexicano se ha venido subrayando la pérdida de empleos y el aumento de los precios. Los campesinos mexicanos representan uno de los sectores más afectados. En el conjunto, si bien el TLCAN ha beneficiado a las grandes corporaciones (incluyendo las de

[iv] México, Secretaría de Economía, Legislación Minera

[v] Estrada, Impactos de la inversión minera canadiense en México

capital mexicano), no ha logrado frenar el avance de la pobreza en el paísvi.

Los efectos medioambientales y sociales de las prácticas mineras actuales

Aún con cambios, la minería sigue siendo peligrosa no solamente en términos de condiciones laborales sino también en términos medioambientales (contaminación del agua y de la tierra, y deforestación) y sociales (por la destrucción de las formas tradicionales de vida basadas en el respeto a la tierra y la agricultura de subsistencia así como por las divisiones internas dentro de las comunidades afectadas donde los enfrentamientos entre facciones partidarias y contrarias a los proyectos mineros se enfrentan a menudo con violencia, con los actores externos promoviendo la agudización de los conflictos)vii. Según Gustavo Castro de la organización Otros Mundos Chiapas A.C. “La minería no es algo

[vi] Public Citizen’s Global Trade Watch, “The Ten Year Track Record of the North American Free Trade Agreement”, Washington DC, 2004.

[vii] No Dirty Gold Campaign, Earthworks, Dirty Gold’s Impacts

Mapa de las concesiones mineras en Chiapas

9Diciembre 2008

nuevo en Chiapas, lo que sí lo es, es la intensidad y el tipo de extracción que se llevan a cabo”viii.

La práctica actual más común de extracción es lo que se suele llamar “minería a cielo abierto”. Según un informe publicado por el World Rainforest Movement, una red internacional de organizaciones que trabajan en la conservación de la Selva tropical:

[viii] Gustavo Castro, Otros Mundos A.C. Chiapas, de la entrevista con SIPAZ realizada el 20 de noviembre de 2008

“Las minas a cielo abierto se parecen a una serie de terrazas en las que se encuentran grandes y amplios pozos en medio de un paisaje desolado y desértico, en el que no quedan ningún recurso para la vida. El trabajo empieza usualmente con quitar la vegetación y parte del suelo, antes de hacer explotar las piedras y otros materiales que se encuentran sobre los minerales hasta alcanzar el nivel de depósito, que nuevamente se dinamita para obtener pedazos más chicos” ix. Además, una vez que estos grandes montones de piedra y basura se

encuentran desenterrados, todavía falta extraer los minerales de valor que se encuentran en su interior. El mineral se obtiene habitualmente pasando las materias primas a través de una solución química. En el caso de las minas de oro, se usa una solución de cianuro, que disuelve las piedras y permite llegar al oro puro. Las empresas mineras afirman que el cianuro y otros restos se desechan respetando el medio ambiente, pero es inevitable que una parte de estos químicos nocivos llegue al suelo y a las reservas de aguax. Este tipo de contaminación es particularmente dañina para los campesinos: el agua y los suelos contaminados amenazan no solo a su salud, sino también sus formas de vida tradicionales.

Otro de los efectos colaterales es la cantidad de piedras que se remueven. Según la campaña ‘No al Oro Sucio’ lanzada por Earthworks y OxFam, las pilas de basura tóxica pueden alcanzar 100 metros de altura y no solo dañan el suelo por los elementos químicos que contienen, sino que además ocupan espacio físico útil para las actividades agrícolasxi.

La entrada de compañías mineras también tiene un número de impactos negativos a nivel comunitario. De manera general, estas compañías prometen una forma de pago ya sea a través de dinero o construcción de infraestructuras. No obstante, no hay ninguna forma de garantizar que cumplirán con sus promesas. Por otro lado, la vulnerabilidad y la pobreza de muchas de las comunidades afectadas no permiten una negociación de igual a igual. Las cantidades de dinero ofertadas pueden

[ix] Ricardo Carrere, World Rainforest Movement, Mining: Social and Environmental Impacts, March 2004

[x] No Dirty Gold Campaign, Dirty Gold’s Impacts

[xi] Ibid.

Capital Internacional: Explotando la riqueza mineral de la Sierra

En la medida en la que la industria minera requiere de una importante inversión inicial en cuanto a equipo y dinero, la amplia mayoría de las concesiones mineras han sido otorgadas a grandes corporaciones. Dichas corporaciones, cuya sede se encuentra en Canadá, operan sin embargo a lo largo y ancho de Centroamérica y América del Sur. En Chiapas, sin bien aparentemente las concesiones pertenecen a compañías mexicanas, éstas pertenecen y son dirigidas a su vez por corporaciones trasnacionales. Esta realidad se debe a una multiplicidad de factores, pero más que todo al hecho de que mantener esta aparente distancia, permite crear una barrera entre las transnacionales y las empresas que operan las explotaciones. De esta forma, cualquier cuestionamiento que se podría hacer a los impactos dañinos, tanto a nivel medioambiental como social, queda dificultado por la distancia, y la difusión de responsabilidades entre la empresa local y la transnacional. Por lo demás, suele haber menor oposición por parte de las comunidades a la hora de aceptar la presencia de los proyectos de minería, si asumen que la empresa concesionaria es mexicana.

En el estado de Chiapas, seis importantes compañías mineras internacionales están operando en distintas etapas del proceso de explotación. Existen dos compañías con minas abiertas y funcionando, mientras las demás siguen en las etapas de exploración y construcción. Dichas compañías están buscando oro y plata pero también están extrayendo baritina, titanio, magnetita (mineral de hierro), y cobrei.

Una de las principales compañías en Chiapas es Blackfire Exploration Ltd., cuya sede se encuentra en Alberta, Canadá y tiene como lema “Explorando agresivamente y desarrollando Chiapas, México”. A través de varias empresas subsidiarias o intermediarias ha adquirido 27.412 hectáreas para su exploración y explotación. Tiene abierta una mina de baritina en la municipalidad de Chicomuselo y planea abrir dos más para 2010 en la Sierraii.

Otra compañía, Linear Gold Corp. tiene derechos de exploración sobre 198.416 hectáreas y explota una mina de oro a través de dos empresas intermediarias, en la municipalidad de Ixuatán en el Norte de Chiapas. Tiene además una serie de proyectos, incluyendo la posibilidad de abrir una mina de oro en la municipalidad de Motozintlaiii.

Las otras cuatro compañías (3 canadienses y una chilena) no han empezado aún a explotar minas como tales, pero sí tienen concesiones para la exploración y en unos casos también para la explotación. Se trata de Radius Gold Corp. (con 103.210 hectáreas), Fronteer Development Group (con 208.392 hectáreas), New Gold Inc. (con 246.249 hectáreas), y CODELCO (compañía chilena que explota el cobre con 121.831 hectáreas). Dichas compañías obtuvieron concesiones en 31 municipalidades del estado, aunque la mayoría se encuentran en la Sierraiv n

[i] Dirección General de Minas, Expedición de Títulos

[ii] Blackfire Exploration Ltd., Projects- The Payback Barite Mine

[iii] Linear Gold Corp, Properties

[iv] Dirección General de Minas, Expedición de Títulos

Cerro San Pedro, mina de cielo abierto en el estado de San Luis Potosí

© NO A LA MINA

10 Informe

ENFOQUE

parecer grandes sumas a familias necesitadas, pero ponen en riesgo el futuro de las comunidades que pueden perder todas sus tierras.

Por ejemplo, en la municipalidad de Chicomuselo, la compañía Blackfire Exploration ha abierto una mina de barita llamada La Revancha. Cuando entró en la zona en 2006, prometió a la comunidad que construiría nuevas carreteras, instalaría electricidad, un sistema de drenaje y más infraestructura. La compañía no llegó a cumplir con lo acordado: la empresa se limitó a construir la infraestructura estrictamente necesaria para la explotación minera, sin realizar una sola obra en beneficio de la comunidadxii.

Construyendo procesos de resistencia frente a las empresas mineras

En conjunto, la resistencia frente a empresas mineras en Chiapas y México está adquiriendo fuerza de manera progresiva pero lenta. Uno de los principales problemas a la hora de organizar este tipo de resistencia tiene que ver con la falta de conocimiento de las comunidades respecto a cuáles podrán ser los efectos de la explotación minera. A pesar de que la legislación vigente (Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1990) prevé que se informe a las comunidades detalladamente y a su debido tiempo sobre los efectos sociales y medioambientales de los proyectos de explotación, el hecho es que en la mayoría de los casos, estos efectos se hacen evidentes solo cuando la

[xii] Elio Enríquez, “La barita, otro tesoro que no ha dejado beneficios para pobladores de Chiapas”, La Jornada, Mayo 5, 2008

mina está abierta y funcionando, momento en el que resulta más difícil oponerse a la explotación mineraxiii. Las compañías mineras saben que podrán enfrentarse a distintos grados de resistencia y por ello utilizan estrategias que pretenden frenarla desde el principio: por ejemplo buscar comprar o cooptar a una parte de la comunidad o a sus líderes con el fin de generar divisiones y limitar posibles intentos de organización.

Las comunidades tienen dos tipos de recursos a la hora de organizar los procesos de resistencia, ambos complementarios e igualmente necesarios: la vía legal (nacional e internacional), y la organización y la movilización a nivel comunitario, nacional o internacional.

En cuanto a la primera, a nivel nacional la mejor defensa de las comunidades y ejidos afectados por la explotación minera sigue siendo la Ley Agraria y los derechos que se derivan de la misma. Se les otorga el derecho a decidir como ejido o comunidad. Sin embargo, después de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y de la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), ha sido cada vez más difícil recurrir a estos mecanismos.

A nivel internacional, una de las herramientas más importantes ha sido el Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales ya mencionado. Dicha Convención afirma en particular que “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a

[xiii] Gustavo Castro, Nov. 20, 2008

Blackfire Exploration Ltd., lema de su sitio web

© Blackfire Exploration Ltd.

11Diciembre 2008

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (art. 15).

El Convenio 169 ha sido utilizado exitosamente en comunidades de Guatemala que se resistieron a la explotación minera en sus tierras. Por ejemplo, el 13 de febrero de 2007, 64 comunidades del municipio de Concepción Tutuapa realizaron consultas a través de las que la mayor parte de la población optó por rechazar la presencia minera.

Sin embargo, a pesar de que el Convenio 169 reconoce a las comunidades indígenas el derecho a ser consultadas sobre cualquier proyecto de explotación en sus tierras, no les reconoce el derecho a veto. Es decir, una negativa por parte de la comunidad obliga al Estado a explicar de forma detallada por qué decide seguir adelante con el proyecto a pesar de su negativa, y a tratar de limitar al máximo el impacto negativo de la explotación, pero no necesariamente a paralizar el proyecto.

Por otro lado, este tipo de convenciones resulta difícil de implementar. Eso se debe en parte al hecho que aunque haya sido ratificada por el Estado mexicano, no existen mecanismos coercitivos que lo obliguen a cumplir con ese compromiso. En todo caso, la organización y la movilización a nivel comunitaria, nacional o internacional serán igualmente necesarias.

La organización comunitaria es clave al ser la única forma de hacer llegar la información a la población sobre los efectos de la minería, datos en base a los que pueden llegar a movilizarse optando por una u otra forma de resistencia. Uno de los principales actores en estos procesos organizativos a sido la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Se trata justamente de una red nacional que intenta organizar e informar a la población mexicana sobre los efectos de la minería y los modos de resistencia frente a las grandes compañías minerasxiv.

Otro actor activo en la resistencia a la minería en la Sierra de Chiapas ha sido el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS). En noviembre, organizó una movilización estatal sobre varias problemáticas (incluyendo la minería), algunos cierres de carreteras y una marcha en Motozintla, municipio en el que la compañía Linear Gold Corp. tiene varias concesionesxv. El FNLS ha denunciado represión en su contra por organizar este proceso de resistencia. El 12 de Noviembre de 2008, destacaron: “Para el FNLS, los allanamientos realizados ayer en los hogares de nuestra compañera Yolanda Castro y nuestro compañero Jaime González, son la respuesta fascista del Estado mexicano a la denuncia pública que emitimos el pasado día 10 y a la lucha de Resistencia en contra del saqueo de minerales que pretenden realizar las empresas transnacionales del ramo”.

Otro ejemplo tanto de organización como de represión es El Carrizalillo, en Guerrero. En enero de 2007, la población se organizó en la “Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo” e inició un plantón impidiendo el paso de la empresa Luismin a la mina, para exigir la revisión y renegociación de los contratos de ocupación temporal

[xiv] Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

[xv] Justo Reclamo Blog, “¡FIN A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA POPULAR!”, Chiapas, México. Nov. 20, 2008

de sus tierras. A finales de enero, cien policías estatales y municipales desalojaron violentamente a los ejidatarios que se encontraban en el plantón. Posteriormente, se realizaron varios intentos de dialogo con representantes de Luismin, que finalmente culminaron en un nuevo acuerdo cuyos logros incluyen entre otros: el aumento de 1.475 pesos a 13.500 pesos anuales por hectárea, en concepto de renta; la construcción o mejoría de obras públicas (carretera, hospital comunitario, escuela) y la reinstalación de todos los trabajadores que laboran para la empresa y que estuvieron en paro durante 82 días

El 8 de Noviembre de 2008, un Encuentro Popular sobre “Agua, Energía y Alternativas Energéticas” tuvo lugar en Cacahuatepec, Guerrero, comunidad que sería afectada en caso de confirmarse la construcción de la represa hidroeléctrica de La Parota. Uno de los temas abarcados fue el de la minería. Miembros de la comunidad de Chicomuselo, Chiapas, pudieron compartir su experiencia con otros pueblos en resistencia del país. De un mismo modo, el 15 y 16 de noviembre, el Encuentro de Nuestras Voces de Lucha y Resistencia, realizado en Juchitán, Oaxaca, concluía también: “Nos pronunciamos por un NO rotundo a los proyectos de carreteras, presas, minas y eólicos trasnacionales, porque no son para el desarrollo comunitario, ya que nos desplazan y despojan de nuestros territorios”.

La minería no es una problemática aislada sino que tiene que ver con modos de concebir la vida y modelos de desarrollo. Este tipo de proyectos tiene un impacto diferenciado en poblaciones campesinas, en el sentido de que no piensa en sus prioridades y necesidades, y resulta ser un factor que puede provocar su migración. El impacto es aún mayor en comunidades indígenas, culturalmente unidas de manera íntima a la tierra, de forma que este tipo de proyectos contribuye directamente a su desaparición como pueblos. En cualquier caso, resulta estratégico que los procesos de resistencia frente a varios megaproyectos de infraestructura (carreteras, represas, minas entre otros) puedan unirse n

Mina Marlin, mina de cielo abierto en Guatemala

© NO A LA MINA

12 Informe

De principios de agosto a finales de noviembre de 2008ACTIVIDADES DE SIPAZ

Servicio Internacional para la PazAve. Chilón #8, Barrio El Cerrillo,CP 29220, San Cristóbal de las Casas,Chiapas - MÉXICO

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO RELACIONES PÚBLICAS

A principios de septiembre, nos reunimos con la Embajadora y el secretario político de la Embajada de Suecia, así como con la Embajadora y el Secretario Político de la Embajada de Finlandia en la Ciudad de México.

El 10 de octubre, asistimos a la ceremonia de inauguración de la sede del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

CHIAPASZona Norte

A principios de agosto y en octubre, estuvimos en varias comunidades y ciudades de la zona Norte de Chiapas para entrevistarnos con varios actores de la región: dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, autoridades civiles y bases de apoyo zapatistas.

Altos

Visitamos Acteal y otras comunidades de Chenalhó en octubre. El 13 de noviembre, asistimos al Encuentro Latinoamericano por la Verdad y la Justicia realizado en la comunidad de Acteal.

En octubre, junto con una delegación de El Paso, Texas, nos reunimos con catequistas y mujeres partes de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) de Zinacantán.

Selva

A principios de agosto, realizamos entrevistas con diversas contrapartes y organizaciones sociales en Ocosingo. También asistimos a la reunión que se organizó para dar a conocer la coyuntura en la región a la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos durante su visita en octubre.

A mediados de agosto, visitamos el ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, donde prevalece un conflicto entre miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) y ejidatarios Adherentes a La Otra Campaña sobre el control de la caseta de pago en la entrada a las cascadas de Agua Azul.

Centro

En agosto, entrevistamos a integrantes de la OCEZ-Región Carranza que han venido denunciando incursiones militares y hostigamiento a sus comunidades.

CARACOLES

En el plazo cubierto por este informe, se visitaron una a dos veces 4 de los 5 Caracoles zapatistas.

OAXACA

Del 17 al 22 de septiembre, realizamos un viaje de una semana a Oaxaca. Asistimos al Foro Nacional “Construyendo Caminos y Articulando Proyectos para la Transformación Política” que se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca el 19 y 20 de septiembre, así como a la XXII Reunión Plenaria Ampliada del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizada en la comunidad indígena de Cacalotepec, municipio Santos Reyes

Pápalo. También se realizaron algunas entrevistas con distintas contrapartes en la ciudad de Oaxaca.

El 15 y 16 de noviembre, asistimos al Encuentro “Nuestras Voces de Lucha y Resistencia” que se llevó a cabo Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, región donde se encuentran en desarrollo grandes proyectos eólicos.

GUERRERO

En septiembre, visitamos la zona de La Parota (donde se planea la construcción de una represa hidroeléctrica), Ayutla de los Libres (oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa-OPIM y cárcel municipal en la que se encuentran 5 presos de esta organización) y el municipio de Xochistlahuaca (donde opera una radio comunitaria en idioma amuzgo).

MÉXICO DF

El 24 de septiembre, participamos en un “Taller sobre la Iniciativa Mérida y Seguridad Pública” en el que participaron varias organizaciones de derechos humanos de México y EEUU.

El 26 y 27 de septiembre, asistimos al Encuentro de Defensores de Derechos Humanos de Migrantes convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

PROMOCION DE PAZEDUCACION PARA LA PAZ

En agosto, participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión convocado por el Grupo Ecuménico de Análisis de la Coyuntura y de la Realidad (GEACR) del que formamos parte.

En noviembre, el equipo de SIPAZ recibió un taller introductorio al tema “Construcción de Paz y Perspectiva de Género”.

ARTICULACION

Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.

Mantuvimos reuniones con miembros de la coalición de SIPAZ y contrapartes cercanas como son SweFOR (Movimiento Sueco por la Reconciliación), Acción Permanente por la Paz, Brigadas de Paz Internacionales (PBI) y Pax Christi-Alemania.

Entre el 3 y el 6 de octubre, asistimos al II Encuentro Hemisférico frente a la Militarización que se llevó a cabo en La Esperanza, Honduras.

Del 7 al 12 de octubre, asistimos al III Foro Social de las Américas realizado en la ciudad de Guatemala. La Red por la Paz de la que SIPAZ forma parte participó con un taller sobre “Conflictividad Social, Tierra y Territorio”.

Asistimos a actividades realizadas en el marco del IX Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas en noviembre.

El 24 y 25 de noviembre, participamos en una reunión de CMC-Holanda con sus contrapartes que integran un Programa de Paz y Reconciliación en Chiapas y México.

INFORMACION

Recibimos visitas, delegaciones, estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.

Durante todo el mes de septiembre, un miembro del equipo realizó una gira en Suecia e Inglaterra para dar a conocer el contexto en México y el trabajo de SIPAZ. Entre el 17 y el 21 de septiembre, asistimos al Foro Social Europeo. SIPAZ participó en un taller “Chiapas: 14 años después del levantamiento zapatista” y en un debate sobre movimientos sociales en el sur de México n