informe de gestión 2015 - viviane morales
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El año 2015 pasará a la historia como el año en que se consolidaron las bases estructurales de la paz de Colombia. Nosotros, protagonistas en el Congreso de la República, defendimos de manera irrestricta elementos esenciales de los Acuerdos de Paz. Nuestros principales retos: garantizar los derechos de las víctimas y construir los mecanismos de refrendación e implementación de los Acuerdos alcanzados en La Habana.TRANSCRIPT
V I V I A N E M O R A L E S H O Y O S
Senadora de la República de Colombia
INFORME GESTIÓN 2015
La defensa irrestricta de la paz, una
lucha por nuestro destino histórico.
El año 2015 pasará a la historia como el año en que se consolidaron las bases
estructurales de la paz de Colombia. Nosotros, protagonistas en el Congreso de
la República, defendimos de manera irrestricta elementos esenciales de los
Acuerdos de Paz. Nuestros principales retos: garantizar los derechos de las
víctimas y construir los mecanismos de refrendación e implementación de los
Acuerdos alcanzados en La Habana.
Plebiscito por la paz
La decisión popular sobre los Acuerdos de Paz es trascendental. Por esta razón,
buscar un mecanismo idóneo para el pronunciamiento ciudadano fue objeto de
nuestros esfuerzos en el segundo semestre del 2015. Además de apoyar la
propuesta presentada por el Gobierno Nacional, presentamos dos proposiciones
que enriquecieron fundamentalmente el proyecto.
Nuestra primera propuesta estuvo centrada en el conocimiento que debe tener
la ciudadanía de los Acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociaciones. Solo una
comprensión amplia, profunda y democrática garantizará que la decisión que
tomen los ciudadanos sea libre y responsable, y que la legitimidad de la misma
sea reconocida por todos los actores sociales. Nuestra propuesta que fue incluida
en la Ley, con apoyo de todos los Partidos, garantizará la divulgación y publicidad
del contenido íntegro del Acuerdo Final alcanzado en La Habana con un mes de
anticipación a la votación del plebiscito a través de medios masivos de
comunicación y canales digitales de manera permanente y a título gratuito
durante cinco minutos en horario prime time.
Nuestra segunda propuesta, si bien no fue acogida por la mayoría de la Plenaria
del Senado, pretendía eliminar el umbral mínimo de participación para el
Plebiscito por la Paz. Esto con el objetivo de eliminar los umbrales arbitrarios que
se habían planteado y que en lugar de premiar la participación popular ya sea
para aprobar o rechazar los Acuerdos, premiaban la indiferencia y el
abstencionismo. Sin umbral se garantizaba que los promotores discutieran en
franca lid sus propuestas y que no jugaran a la indolencia frente a la guerra del
país.
Acto Legislativo para la Paz
El segundo gran reto que enfrentamos en el 2015 fue la discusión frente a la
implantación de los Acuerdos de Paz. Esta discusión se centró en dos puntos: el
primero, el Procedimiento Legislativo para la Paz que incluía la creación de la
Comisión Legislativa Especial para la Paz, y el segundo, las facultades
extraordinarias que tendría el Presidente de la República para proferir Leyes
ordinarias.
Frente a este debate de tan alta trascendencia, logramos cambios fundamentales
para evitar las graves consecuencias que tendría para la democracia apoyar una
Comisión Legislativa para la Paz que asuma las funciones de decisión que le
corresponden al pleno del Congreso y que reduzca las plenarias de la Corporación
a un “congresito” que tenga como única función la improbación de los proyectos.
Los cambios presentados por el Gobierno Nacional no eran meramente
procedimentales, sino que implican una modificación sustancial de la Constitución
atacando de manera grave el principio democrático y de bicameralidad que
fundamentan nuestra Carta Política, lo que podría llevar a una eventual
inconstitucionalidad del Acto Legislativo.
Justicia Transicional
La Plenaria del Senado fue testigo de tal vez, uno de los más altos debates que
se han llevado a cabo en su recinto. La razón: la discusión sobre el acuerdo en
materia de Justicia Transicional, que no es otro tema que el puente que ha de
llevarnos hacia la paz.
Frente a los mitos que se generaron en torno al Acuerdo de Justicia Transicional
alcanzado en La Habana, precisamos como la Justicia Transicional no es un
proceso en el que se deba priorizar la justicia penal sino que es un proceso que
tiene como objetivo alcanzar la paz. Así, insistimos en que no existe ningún
instrumento internacional que establezca que se debe pagar un determinado
número de años en prisión, sino que de lo contrario debe buscarse la superación
del conflicto a través de herramientas que permitan la garantía efectiva de la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En ese sentido, planteamos
la discusión sobre la participación política de las FARC, que consideramos
fundamental y necesaria para romper el ciclo de violencia al que nos llevaron
anteriores procesos de paz. Una vez hayan cumplido con lo acordado, con la
verdad y la reparación, las FARC se deben convertir en garantes de los Acuerdos
que ellos mismos suscribieron.
Igualmente, insistimos en el papel que deben jugar los Estados Unidos para la
seguridad jurídica de los Acuerdos, dado que la verdad que aquí nos hace falta
la han contado allá militares, paramilitares, y narcotraficantes extraditados.
La verdad será la garantía de la efectiva implementación de los Acuerdos y la
construcción del posconflicto.
Defensa de los derechos civiles:
Objeción de conciencia
En este semestre logramos uno de los triunfos más importantes de nuestra
gestión legislativa: la aprobación en primer debate y por unanimidad del Proyecto
de Ley de nuestra autoría que establece la regulación del derecho a la objeción
de conciencia frente al servicio militar obligatorio y la prestación de servicios
médicos.
Este Proyecto de Ley representa la lucha de miles de colombianos por defender
con decisión y esperanza los valores más profundos de su existencia.
Frente al servicio militar obligatorio se aprobó un procedimiento que se llevará a
cabo ante el Ministerio de Defensa. Los objetores podrán manifestar su
declaración de forma verbal o escrita, por el mismo objetor o por interpuesta
persona. Presentada la objeción, se suspenderá el proceso de definición de la
situación militar hasta que se dé respuesta a la declaración, lo cual se deberá
hacer un plazo máximo de quince días, término al cabo del cual si no se ha dado
respuesta se configurará silencio administrativo negativo. La reglamentación de
la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio se hace en cumplimiento
del exhorto que hizo la Corte Constitucional al Congreso en la Sentencia C-728
de 2009.
Con respecto a la prestación de servicios médicos se reconoce la posibilidad de
objetar a los profesionales de la salud que deban realizar directamente la
intervención necesaria o la labor asistencial relacionada directamente con la
intervención, excluyendo de la posibilidad de objetar de conciencia a quienes
realizan tareas administrativas, paliativas, de valoración o de preparación,
anteriores o posteriores a los procedimientos y tratamientos médicos. A su vez,
los objetores contraen la obligación de remitir el paciente a un profesional no
objetor, asegurando tanto la prestación permanente e ininterrumpida de los
procedimientos como los derechos de los profesionales objetores.
En este sentido, el Proyecto de Ley responde al vacío de una regulación legislativa
que delimite claramente el alcance de este derecho, y que hoy es mucho más
urgente no solo en cuanto al servicio militar, sino a los derechos que se han
reconocido a los colombianos en materia de salud tendientes a garantizar la
dignidad humana.
Defensa del carácter excepcional
del fuero militar, una lucha contra
la impunidad.
En el segundo semestre del 2014 el Gobierno Nacional presentó un Proyecto
de Reforma Constitucional que pretendía alterar el carácter excepcional del
fuero penal militar. El texto original de este proyecto implicaba una grave
violación a los principios que caracterizan nuestro Estado social de derecho,
razón por la cual con mi voto dejé constancia de las consecuencias adversas
de dicho proyecto de Acto Legislativo.
La iniciativa insistía en que todos los delitos que se cometieran en el marco
del conflicto armado se investigaran bajo las normas del Derecho
Internacional Humanitario. Esta era una equivocación, porque el Derecho
Internacional Humanitario no se hizo para beneficiar a las partes en el
conflicto sino para beneficiar a las víctimas y a la población civil. Los delitos
cometidos por los militares deben ser juzgados de acuerdo al ordenamiento
jurídico del país, como garantía de no impunidad y en el marco de negociación
de la paz se deben buscar salidas dentro de la justicia transicional. Sumado
a lo anterior, la reforma abría la puerta para que los “falsos positivos” queden
en la impunidad.
Los ponentes atendieron nuestras críticas y en segunda vuelta renunciaron a
la ampliación del fuero militar, razón por la cual voté favorablemente la
iniciativa.
Código Nacional de Policía, normas
para la convivencia.
Como coordinadora ponente del Código Nacional de Policía solicité la
modificación y la eliminación de más de 40 artículos que afectaban, entre
otros, los principios constitucionales de legalidad y non bis in ídem y los
derechos de reunión, de libertad de cultos, y al debido proceso. Los cambios
se aplicaron en materias concretas como la tranquilidad de las personas en
el vecindario, las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades, la
integridad de los niños, niñas y adolescentes, los grupos sociales de especial
protección constitucional y la inclusión de normas en materia ambiental y
minería.
Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades
Negras, la voz de las minorías.
Presenté ponencia favorable a este Proyecto de Ley No. 12 del 2015 Senado
de iniciativa liberal consciente de la importancia de apoyar iniciativas que
fomenten tal como lo expresa el Proyecto de Ley un espacio de encuentro de
los Congresistas afrocolombianos para incentivar, a través de la gestión
legislativa y de control político el mejoramiento de las condiciones
individuales y colectivas de dichas comunidades.
Fijación provisional de cuota
alimentaria para adultos mayores
La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate nuestra iniciativa
para establecer que los Comisarios de Familia puedan fijar provisionalmente
una cuota alimentaria para las personas adultas mayores en caso de no lograr
la conciliación. De esta forma, este Proyecto de Ley subsana el vacío jurídico
existente sobre el particular que consiste en que cuando las personas adultas
mayores acuden a la Comisaria de Familia a solicitar alimentos y no se logra
la conciliación, se les remite a los juzgados de familia, sin una medida
provisional que salvaguarde sus derechos, debiendo esperar más de 3 años
para que un juez defina su situación.
Defensa del patrimonio público:
ISAGEN, preciado activo de todas y
todos los colombianos.
La defensa de lo público es eje central de mi acción legislativa. Por esto, junto
con la senadora Sofía Gaviria y la bancada del Partido Liberal manifestamos un
rotundo rechazo a la propuesta del Ministro de Hacienda de enajenar Isagén para
financiar las vías 4G. Existen otras alternativas económicas que pueden permitir
el desarrollo de dichas vías sin tener que recurrir a la privatización de la segunda
generadora del país, que es sin duda un preciado activo por ser parte de un
sector estratégico como lo es el de la energía. Existen múltiples opciones para
desarrollar las Vías 4G entre ellas sacar recursos de los intereses producidos por
la Reserva del Banco de la República que ascendieron a 21,3 billones en 2014 y
6,2 billones de pesos en 2013.
Por cuenta del tema cambiario el Banco tuvo un gran superávit en los últimos
dos años, el cual no pasó a sus utilidades sino a su crecimiento patrimonial
que se incrementó de 5 billones a los 31 billones de pesos. Esos mayores
recursos patrimoniales se podrían utilizar, en parte, para capitalizar a la
Financiera de Desarrollo Nacional con miras a realizar las Vías 4G.
Defendimos Isagén en el Congreso y lo seguiremos defendiendo en los tribunales.
Por eso, junto con un grupo de senadores presentamos una demanda ante el
Consejo de Estado para garantizar que Isagén siga siendo patrimonio de todas y
todos los colombianos.
Plan Nacional de Desarrollo, soñando
el país del futuro
La educación y la paz son los ejes estratégicos del desarrollo. Sin ellos, es
imposible construir un país con justicia social. Por ello, sostuve en el debate del
Plan Nacional de Desarrollo tres propuestas que responden a los problemas
ambientales, educativos y de desigualdad de género que aquejan nuestra patria.
En primer lugar, luché por establecer una Zona Especial de Protección Ambiental
y de Turismo Alternativo en la Serranía de la Macarena, como un laboratorio para
la paz que permitiera explotar de una forma social, ambiental y económicamente
responsable una región de alta importancia biológica y ecológica, históricamente
afectada por el conflicto armado en Colombia.
En segundo lugar, consciente de que la educación es la principal herramienta de
superación de la segregación en las zonas afectadas por la guerra, procuré por
la inclusión de un artículo que permitiera el desarrollo de una educación rural con
pertinencia, calidad y cobertura, construida desde las regiones y consciente de
sus realidades.
Finalmente, la propuesta de crear el Programa de Educación para la Ciudadanía
y la Convivencia, buscaba centralizar todos los esfuerzos de educación para la
paz y llevar a cabo una evaluación periódica de sus gastos, resultados y el
impacto en los indicadores de ciudadanía y convivencia.
Así mismo, en respuesta a la iniciativa de diversas organizaciones de mujeres,
participé junto con otros congresistas en la elaboración e inclusión de los artículos
relacionados con la Mujer Rural, que compromete al Estado Colombiano con el
desarrollo de una política pública para este grupo poblacional vulnerable.
En el mismo sentido, dejé constancia de las inconveniencias del Plan Nacional de
Desarrollo y de sus errores en temas claves como la salud, la educación, el medio
ambiente, la competitividad y la paz. En particular, acompañé la eliminación en
el Senado de los artículos que permitían las Licencias Ambientales Express y la
Explotación Minera en los Páramos, a la vez que defendí junto con la bancada
del Partido Liberal el artículo que impuso la obligación del Ejecutivo de pedir
permiso al Congreso para vender las empresas del sector energético de
propiedad del Estado, en defensa de Isagén y el patrimonio público.
Por último, en desacuerdo con texto conciliado que borró de un plumazo los
logros alcanzados en la Plenaria del Senado, voté en contra del informe de
conciliación.
Defensa de la Industria Nacional
La política industrial del país fue eje central de nuestra acción legislativa dada la
falta de planeación económica que vivimos en los últimos años. El país dejó pasar
las vacas gordas de los altos precios de los commodities, y no planteó políticas
acertadas de infraestructura y competitividad que nos permitieran crecer en las
vacas flacas que vivimos hoy en día. La década de las vacas gordas se perdió, y
ni la agricultura ni la industria mejoraron.
Planteamos firmemente nuestra posición frente a la gran oportunidad que
significa la devaluación para reindustrializarnos y reagriculturizarnos. Debemos
cambiar el esquema de apertura económica y de firma desordenada de TLCs,
que ningún beneficio ha traído para la industria nacional. Hoy en día tenemos
una balanza comercial negativa con todos los países con los que hemos firmado
TLC, y hemos descuidado nuestro mercado interno.
Debate al presupuesto de la Fiscalía
General de la Nación
Este semestre el país fue testigo del inadecuado manejo del presupuesto en la
Fiscalía General de la Nación. Frente a esta situación alzamos nuestra voz de
protesta ante la inasistencia del Fiscal General para explicar al Congreso de la
República el incremento de un billón de pesos que ha tenido en los últimos dos
años la Fiscalía.
Mientras todas las entidades públicas tienen reducciones en su presupuesto para
el 2016, la Fiscalía, la Rama Judicial, la educación y la defensa tienen
incrementos. Por eso, lo mínimo de esperar es que nos cuenten qué se ha hecho
con los incrementos de los últimos años y cómo se ha visto beneficiada la
ciudadanía: agilidad en los procesos, duración de las investigaciones y
profundidad en los resultados.
Prohibición de importación de
cannabis y sus derivados con fines
medicinales
En el marco del debate del Proyecto de Ley que reglamenta la producción y uso
medicinal de la marihuana, logramos incluir una proposición que prohíbe la
importación del cannabis y sus derivados para fines médicos y científicos, salvo
que exista imposibilidad de su producción en el territorio nacional.
Colombia ha pagado un precio muy alto a través de su historia por los cultivos
ilícitos y el consumo de los mismos, con la prohibición de la importación del
cannabis y sus derivados garantizamos que por lo menos el negocio que se abre
con su producción le quede al país, no queremos que el país se vaya a inundar
de productos extranjeros, de Estados Unidos o Inglaterra que son los mayores
productores de estos medicamentos a base de marihuana.
La oposición al TLC con Corea, la
defensa del empleo y la industria
nacional
José Antonio Ocampo, uno de los grandes economistas de Colombia, señaló que
“estamos indigestos de TLCs”. En efecto, en los TLCs “nos ha ido como a Rin Rin
Renacuajo, nos ilusionan con francachelas y comilonas, y terminamos desolados
con pérdida de empleo y más inequidad”. Aún en contra de la posición del Partido
Liberal voté en contra de aprobar el tratado, ya que las oportunidades que nos
ofrece el TLC con Corea son solo eso, oportunidades y sueños. Seguimos siendo
muy optimistas, hemos suscrito demasiados tratados de libre comercio y su
balance no es bueno para el país.
El análisis de la reforma tributaria,
propuestas claras de frente al país
Una reforma tributaria que espera recaudar 53 billones de pesos merece un
análisis profundo, y aún más si no es una reforma estructural. Esta iniciativa toca
temas álgidos para el país, por lo cual presenté cinco proposiciones, que
apuntaban a hacerle los ajustes necesarios para su coherencia: una aclaración al
artículo 116 del Estatuto Tributario, un artículo nuevo referente a la transparencia
de la información de los beneficios tributarios, una proposición aditiva referente
a dichos beneficios, un artículo nuevo que fija el gravamen a los dividendos, y
una proposición que busca dar claridad a la información oficial de los beneficios
tributarios y el costo fiscal que implican, desagregándolos por sectores y
subsectores y por tipo de contribuyente. Justamente esta última proposición fue
aceptada y se incluyó como un artículo nuevo en la Reforma Tributaria.
En el mismo sentido propuse eliminar la deducción que por pago de regalías
hacen las empresas mineras, considerándola ilegal y lesiva de los intereses
nacionales. Esta propuesta fue derrotada, pero quedó muy clara la necesidad de
seguir luchando por una equidad tributaria para todas las empresas.
Reforma al equilibrio de poderes, el
fin de la reelección.
La Constitución de 1991 se caracterizó por una tendencia anti política, que
fortaleció enormemente los organismos de control y llevó a la politización de las
Altas Cortes. Hoy, ese desequilibrio sumado a la reforma que introdujo la
reelección presidencial ha creado una Constitución que no garantiza el equilibrio
de poderes.
Frente a esos problemas retomé y reafirmé un principio histórico del Partido
Liberal: la eliminación de la reelección presidencial y la introducción de una
clausula pétrea que hoy impide al Congreso de la República modificar el artículo
referente a este tema, dejando directamente al pueblo esa decisión y
garantizando que ningún Presidente intente de manera populista perpetuarse en
el poder. Adicionalmente la eliminación de la reelección de los altos funcionarios
del Estado, de las funciones electorales de las Altas Cortes, de la Comisión de
Acusaciones y del Consejo Superior de la Judicatura, así como la propuesta
del voto obligatorio de manera transitoria como medio para atacar la corrupción
y fortalecer la participación ciudadana fueron otras luchas lideradas.
En el mismo sentido, denuncié como en la ponencia para primer debate en
segunda vuelta se pretendía consagrar la inviolabilidad para los Magistrados de
las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación. Esta figura pretendía convertirlos
de aforados - que pasaban de tener un juez inoperante - en intocables pues la
inviolabilidad no es otra cosa que la irresponsabilidad absoluta por las decisiones
judiciales que tomen.
Durante el debate en segunda vuelta, logré incluir en el artículo 17 de la
ponencia, la presencia de empleados judiciales en el Consejo de Gobierno de la
Rama Judicial. Así, por primera vez el órgano encargado de definir las políticas
de la Rama Judicial cuenta con la representación y participación de jueces y
empleados.
Adopción Homoparental
El referendo sobre la adopción de parejas del mismo sexo, un debate abierto al
pueblo.
En el primer semestre de mi periodo legislativo inicié una campaña para que sea
el pueblo colombiano y no una Corte conformada por nueve personas la que
decida acerca de un tema que toca tan profundamente la fibra ética de la
sociedad como es la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Para tales
efectos en el pasado mes de febrero se inscribió el Comité Promotor ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil con más de 250.000 firmas.
Por esta razón, durante este semestre desarrollamos un debate pendiente sobre
la política pública de infancia y adolescencia en materia de adopciones y la
adopción homoparental. El Congreso de la República fue por primera vez el
escenario donde concurrieron múltiples voces sobre este tema, retomando un
debate limitado a los auditorios y los medios de comunicación.
Sostuvimos que en Colombia son más las solicitudes de las parejas
heterosexuales que quieren adoptar que los niños que están en situación de
adoptabilidad. Así, resaltamos que el principal problema en el proceso de
adopción es la demora injustificada en la asignación de familias a los menores,
que desde el 2011 se vio aumentada drásticamente por los lineamientos
adoptados por el ICBF con base en la sentencia T-844 de 2011.
No es cierto que prefiramos que los niños se queden en el ICBF. A partir del 2011
hubo un descenso en las adopciones, toda vez que la Corte Constitucional
estableció que se debía llegar hasta el sexto grado de parentesco en la búsqueda
de la familia extensa en proceso de adopción. Un proceso de adopción que puede
durar entre 3 y 5 años.
Existen multiplicidad de estudios que llegan a una conclusión común: se
presentan diferencias cuando los menores crecen en hogares conformados por
parejas del mismo sexo. Esto en comparación con los estudios que se entregaron
a la Corte Constitucional, y que cuentan con graves fallas metodológicas en
cuanto a su elaboración.
Citaciones y debates de control
político
Invitación al Fiscal General Eduardo Montealegre y a cuatro
académicos para precisar en la Comisión Primera del Senado de
la República el alcance del proyecto de Ley estatutaria 109/2014
Cámara, 133/2014 Senado en cuanto a los fallos de equidad en
Casación y la facultad de proferir sentencias interpretativas.
En el marco del debate en que se archivó el Proyecto de Ley 133 de 2014
Senado, se contó por primera vez con la presencia de toda la Sala de
Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, que en un tono amable y
ponderado aportó sus argumentos en la discusión de este tema.
Luego de un análisis concienzudo de la iniciativa en la Comisión Primera,
que contó con la presencia de destacados académicos, se acogió mi
proposición de archivar este Proyecto de Ley.
Debate de Control Político sobre los efectos de la venta de
ISAGEN
Citados: Ministro de Minas y Energía, Tomas González Estrada; al director
de Planeación Nacional Simón Gaviria Muñoz, al ministro de Hacienda
Mauricio Cárdenas Santamaría; de Comercio Industria y Turismo Cecilia
Álvarez Correa; de Transporte Natalia Abelló y al director de INVIAS Carlos
Alberto García.
Discusión sobre el papel de las mujeres víctimas del conflicto
armado y conmemoración del día de la No Violencia Contra La
Mujer.
Citados: Cecilia Lorena Barraza, Eduardo Montealegre, Francisco Javier
Ricaurte Gómez, Juan Carlos Pinzón, Juan Fernando Cristo Bustos, Ricardo
Sabogal Urrego, Yesid Reyes Alvarado.
Debate de Control Político sobre el estado de las conversaciones
de paz que se adelantan en La Habana entre el Gobierno Nacional
y la guerrilla de las FARC.
Citados: Humberto de la Calle Lombana, Juan Fernando Cristo Bustos,
Sergio Jaramillo Caro.
Participación en Comisiones
Constitucionales, Legales y
Accidentales.
Comisión Primera Constitucional del Senado de la República
Consejo Superior de Política Criminal
Consejo Superior de Política Criminal:
En ejercicio del nombramiento que me hicieron los integrantes de esta
Comisión Primera para integrar el Consejo Superior de Política Criminal,
organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la implementación de
la política criminal del Estado, he tenido la oportunidad de discutir a
profundidad importantes iniciativas en materia Penal, en una mesa
interdisciplinar en la que toman parte diferentes instituciones del Estado como
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, la Defensoría del Pueblo y la
Fiscalía de la Nación.
Autorías y ponencias de otros
Proyectos de Ley
Proyecto de Ley 153/15 Senado "Por el cual se adiciona el Código
Sustantivo del Trabajo con normas especiales para las
tripulaciones y se dictan otras disposiciones. [Protección laboral
a tripulaciones]"
Objeto: Regular los tiempos de la jornada de trabajo, de vuelo, de
descanso y demás parámetros observados en el estudio de derecho
comparado y que atienden a las condiciones para la seguridad de las
operaciones aéreas, sin vulnerar la viabilidad de las compañías y por ende
el crecimiento sostenible del sector aéreo colombiano.
Proyecto de Ley 54/14 Senado "Por la cual se crea el Sistema
Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINSAN, se
crea la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, y se
establecen otras disposiciones. [Sistema Nacional para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINSAN, Agencia Nacional
de Seguridad Alimentaria]"
Objeto: Crear el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SINSAN), como una estrategia para erradicar la desnutrición en Colombia
y garantizar la soberanía alimentaria, mediante la articulación, orientación,
planificación, verificación, coordinación y monitoreo de las políticas,
planes, programas, proyectos, acciones y presupuestos gubernamentales,
nacionales, departamentales y municipales, destinados a amparar el
derecho de todas y todos los colombianos de contar con alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos acordes con sus necesidades vitales; y que
estos sean accesibles física, económica, social y culturalmente de forma
oportuna y permanente.
Proyecto de Ley 39/14 Senado "Por medio de la cual se autoriza
y se promueve el uso, la producción e importación del gas licuado
del petróleo (GLP) con destino a carburación en motores de
combustión interna en general, transporte automotor y otros
usos alternativos y se aprueban otras disposiciones
complementarias. [Importación gas licuado de petróleo]"
Objeto: Autorizar el uso del Gas Licuado del Petróleo (GLP) como
carburante en motores de combustión interna, transporte automotor
(Autogás) y demás usos alternativos del GLP en todo el territorio nacional,
estableciendo el uso prioritario para la atención del Servicio Público
Domiciliario de Gas Combustible Residencial.
Proyecto de Ley número 157 de 2015 Senado, 140 de 2015
Senado (acumulados).Por medio del cual se prorroga el artículo
155 de la Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y de Restitución de
Tierras; ampliando el periodo para que las víctimas presenten
ante el Ministerio Público solicitud de inscripción en el Registro
Único de Víctimas y se dictan otras disposiciones”.
Objeto: Prorrogar por dos (2) años a partir de la vigencia de la presente
ley el término de solicitud de registro de víctimas ante el Ministerio Público
de que trata el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, para las personas que
hayan sufrido violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho
Internacional Humanitario con anterioridad al 10 de junio de 2011.
Proyecto de Ley número 35 de 2014 Senado “Por medio de la cual
se reglamenta la participación en política de los servidores
públicos, de conformidad con el artículo 127 de la Constitución
Política de Colombia, y se dictan otras disposiciones”.
Objeto: Desarrollar el parágrafo 3° del artículo 127 de la Constitución
Política, estableciendo las condiciones en las cuales los Servidores públicos
podrán participar en política.
Este Proyecto de Ley establece que dichas disposiciones les serán
aplicables a los servidores públicos que no han sido excluidos por el
mandato constitucional previsto en el artículo 127 y a su vez establece
como excepciones a los miembros de las corporaciones públicas:
miembros de juntas administradoras locales, ediles, diputados, concejales,
congresistas y los empleados vinculados a sus unidades de apoyo
normativo y unidades de trabajo legislativo.
Proyecto de Ley no. 12 de 2015 Senado “Por la cual se modifica y
adiciona la Ley 5 de 1992, se crea la comision legal para la
proteccion de los derechos de las comunidades negras o
poblacion Afrocolombiana del Congreso de la Republica de
Colombia y se dictan otras disposiciones”.
Objeto: La presente ley tiene por objeto crear la Comisión Legal para la
Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población
Afrocolombiana, con el fin de asegurar la protección de los derechos
colectivos e individuales en el mejoramiento de sus condiciones y calidad
de vida a partir de la gestión legislativa, institucional, organizativa, y el
control político que realicen los Congresistas afrocolombianos a través de
esta Comisión Legal.
Proyecto de Ley Estatutaria no. 20 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se regula el derecho fundamental a la objecion de
conciencia”.
Objeto: El objeto de la presente ley es regular el ejercicio del derecho
fundamental a la objeción de conciencia frente al cumplimiento de
determinados deberes jurídicos, manteniendo el orden social justo y el
adecuado goce de los derechos.
Proyecto de Ley no. 63 de 2015 Senado “Por la cual se modifica y
adiciona la Ley 5a de 1992, se crea la Comision Legal del
Congreso de la Republica para la Defensa, Proteccion y
Promocion de los Derechos de los Pueblos Indígenas y se dictan
otras disposiciones”.
Objeto: El proyecto de ley bajo discusión tiene por objeto promover la
implementación efectiva de las normas que reconocen los derechos de los
pueblos indígenas, a través de la creación en el Congreso de la República,
de la Comisión Legal para la Defensa, Protección y Promoción de los
Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual abogará por garantías para el
ejercicio y disfrute pleno de los derechos de los pueblos indígenas y por
un eficaz control político desde el Congreso de la República, sobre
políticas, proyectos o acciones públicas o privadas que los afecten.
Proyecto de Ley Estatutaria no. 94 de 2015 Senado – 156 de 2015
Camara “Por medio de la cual se regula el plebiscito por la Paz”.
Objeto: Tiene como objetivo establecer la posibilidad de que los acuerdos
que el Gobierno Nacional suscriba con los voceros o miembros
representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley,
puedan ser refrendados a través del Plebiscito para la Paz. En ese sentido,
la finalidad del proyecto es reafirmar la importancia del pronunciamiento
popular frente a los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ya que serán los
colombianos quienes decidan si estos acuerdos serán implementados en
el país. Eso solo se logra a través de un mecanismo de refrendación que
sea ágil y sencillo pero que a la vez mantenga un umbral adecuado para
lograr la necesaria legitimidad de la decisión ciudadana.
Proyecto de Ley No. 99 de 2014 Senado “Por la cual se expide el
Codigo Nacional de Policía y Convivencia”. Acumulado con el P.L
Proyecto de Ley no. 145 de 2015 Senado.
Objeto: El objeto del Proyecto de Ley es expedir un nuevo Código
Nacional de Policía y Convivencia de carácter preventivo, que busca
mantener las condiciones para la convivencia en el territorio nacional
propiciando el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas
naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función
y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el
ordenamiento jurídico vigente.