informe de coyuntura - ateargentina.org.ar escenarios de resolución de la convertibilidad síntesis...

INFORME DE COYUNTURA

LA ERA POSBRADY

Balance de la etapa 90/92

Febrero 1993

ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO

Instituto de Estudios sobre Estado y Participación

2

Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP)

Director Claudio Lozano

Área Estudios Políticos

Artemio López

Área Económica Eduardo Basualdo

Roberto Feletti Claudio Lozano

Área Distribución del Ingreso y Políticas Sociales

Marcela Jáuregui Daniel Rosso

Área Legislación Laboral

Beatríz Fontana Margarita Jarque

Guillermo Gianibelli

Área Administrativa y Centro de Documentación Paolina Bustos Fernández

Alejandra Maddonni Cora Rojo

3

INDICE

I. PANORAMA GENERAL. La Era PosBrady • LA CUESTION ECONOMICA • LA CUESTION POLITICA

II. EL DESASOSIEGO ELECTORAL. Las Nuevas Estrategias

• LAS ELECCIONES A GOBERNADOR EN CORRIENTES • LAS ELECCIONES EN CAPITAL

III. LA ENCRUCIJADA ECONOMICA. Una Visión Estructural

• CARACTERIZACION DE LA ETAPA Lapso 90/92 Nuevo marco de acuerdo del bloque dominante ¿El fin de la Convertibilidad o su profundización? Posibles escenarios de resolución de la Convertibilidad Síntesis y perspectivas

• LA DEUDA PUBLICA

Composición y reestructuración de la deuda Flujo de fondos Síntesis y perspectivas

• EL AJUSTE FISCAL

Metas comprometidas con el FMI Evolución de la Tesorería Resultado del Sector Público no Financiero Situación tributaria Sistema de Seguridad Social Ajuste en las Provincias Síntesis y perspectivas

• LAS PRIVATIZACIONES

Privatización del sector energético El restante reparto del Estado Producido del remate del Estado (90-92) y principales beneficiarios

• MONEDA Y CREDITO

Características de la política monetaria "Corrida" y bimonetización Tendencias de la situación monetaria y financiera Síntesis y perspectivas

• ECONOMIA REAL

Producción industrial y producción agropecuaria Comercio exterior: intercambio general y Mercosur

IV. PANORAMA LABORAL. Crónica de una Muerte Anunciada

• POLITICA SALARIAL. CONVERTIBILIDAD, PRODUCTIVIDAD, NEGOCIACION COLECTIVA

• EMERGENCIA OCUPACIONAL Y AVANCES DE LA PRECARIZACION • PROYECTOS DE REFORMA DE LA LEGISLACION LABORAL:

COMENTARIOS Y REFLEXIONES • FLEXIBILIZACION LABORAL A TRAVES DE LA JURISPRUDENCIA

4

I. PANORAMA GENERAL

LA ERA POSBRADY

Una ligera lectura del panorama que exhibe nuestro país en sus aspectos económicos, sociales y políticos podría

ser la siguiente. Por un lado, la estabilización económica (pese a la contundencia de los últimos índices de precios) no

llega a ocultar los límites de la presente administración financiera y fiscal.

Esta Argentina, parte de una economía mundial en transformación, sigue sin definir su política industrial ni sus

estrategias comerciales. No exhibe aún qué criterios seguirá el Gobierno para dar respuesta a los sectores poblacionales

afectados por el ajuste. Los rumbos a seguir en materia productiva también brillan por su ausencia, sin que se registren

tampoco atisbos de políticas públicas en materia crediticia. En realidad, esta supuesta "no política" revela con claridad la

profunda mutación del significado de "lo público" que plantea el presente modelo.

Así, las cuestiones comerciales, productivas y tecnológicas, o los problemas vinculados a la integración regional,

han dejado de formar parte de la agenda pública. Se han transformado en puntos de la agenda de grupos empresarios y

en el subproducto de los acuerdos inter o intrafirma.

Cada vez más, la posibilidad de precisar los rumbos de la coyuntura exige de un conocimiento cabal de las

estrategias de los grandes conglomerados. En este sentido, las privatizaciones (el desguace público) han constituido el

broche final de este proceso.

Sobre este marco, el panorama institucional, acicateado por los afanes reeleccionistas del oficialismo, y la

confusión galopante que refleja la primera fuerza de oposición, ha cercenado las fórmulas elementales del Estado de

Derecho y demostrado niveles de flexibilidad jurídica por cierto alarmantes. El carnaval correntino y el conflicto del

Concejo Deliberante de la Capital Federal son tan sólo algunos de los elementos que en esta dirección pueden señalarse.

Más allá de la enumeración de hechos, el presente Informe pretende a lo largo de sus capítulos dar cuenta de la

complejidad que encierra la etapa que hoy vive nuestro país.

En el número anterior, se ha señalado que el ingreso al Brady debía interpretarse como un punto de inflexión

serio, tanto en el terreno económico como político. Dijimos que él suponía la consolidación de la primacía acreedora al

interior de los sectores dominantes y que instalaba, como parámetro inamovible del futuro económico, el nivel de las

transferencias al exterior. Dijimos también que en el terreno político, la gestión estatal menemista, caracterizada por un

5

superlativo predominio del Ejecutivo, comenzaba a presentar puntos de conflicto con el propio "establishment

económico local e internacional". Los conflictos planteados entre el gobierno de Menem (y su decidida apuesta a la

reelección), y los sectores dominantes (grupos empresarios y bancos acreedores) adoptaron, en la negativa de estos

últimos a convalidar la reelección presidencial y en la demanda de mayor "seguridad jurídica", formas concretas de

expresión.

Estas complejas consecuencias abiertas por el Brady, tanto en el terreno económico como en el político, tienden a

procesarse durante el presente año electoral 1993.

LA CUESTION ECONOMICA

En lo económico, la cristalización del acuerdo con los acreedores externos y el cercano final de las

privatizaciones decretan el agotamiento del dispositivo de política económica abierto por la Convertibilidad.

La desaceleración del ritmo de actividad económica, la crisis comercial externa evidenciada en un déficit superior

a los u$s 2.500 millones, el derrumbe del mercado bursátil y el agotamiento de un patrón impositivo, cuya evolución

favorable estuvo asociada a la reactivación vivida, son muestras elocuentes de que el final del dispositivo está planteado.

Más tarde o más temprano, la salida natural que propone la Convertibilidad se llama recesión. Esta aparece como

el mecanismo idóneo para reequilibrar las cuentas comerciales externas al presente tipo de cambio y, a la vez, para

inducir la ruptura definitiva del mercado de trabajo, promover una mayor centralización del capital ante la quiebra de

unidades productivas y garantizar el contexto adecuado para la flexibilización absoluta de la mano de obra (este punto se

detalla en el tercer capítulo). En directa articulación con esta situación recesiva, la perspectiva de caída en los niveles de

actividad altera los términos de la presente ecuación fiscal. Mayor poda en los gastos y un esquema tributario más

progresivo sintetizan los rumbos futuros del ajuste sobre el Sector Público.

Un panorama signado por mayores contingentes de mano de obra desempleada, y la regresividad que evidencia a

futuro el modelo en curso para los trabajadores, definen un contexto que, indudablemente, presenta puntos de fricción

con los objetivos electorales y las ansias de reelección que caracterizan al oficialismo. En este sentido, en las páginas

que siguen se evalúan diferentes escenarios posibles. Es claro que la posición que hoy tiene el Banco Central, en materia

de divisas, le otorga a la autoridad económica una razonable capacidad para conducir la coyuntura y graduar el impacto

del proceso recesivo con vistas al comicio de 1993. En una prudente utilización de las reservas, observamos la capacidad

oficial para posponer el fenómeno recesivo al que invariablemente conduce la política económica actual. No obstante,

las contundentes declaraciones del ministro Cavallo a la prensa internacional ("No se le puede pedir a la economía que

gane las próximas elecciones"), la reciente corrida cambiaria, y la absoluta inflexibilidad que han demostrado los

agentes que priman en los diferentes mercados, demuestran que si bien existe la capacidad que señalamos, ésta sólo

podrá utilizarse en dosis que reflejen "máxima prudencia": dosis que en ningún caso supongan un "abandono" del rumbo

adoptado.

6

Con independencia de si el proceso recesivo se profundizará en el primero o segundo semestre del año, lo cierto

es que la recesión aparece al final del camino. La etapa de estabilización signada por el desguace estatal, y que ocupó el

lapso 90-92, ha tocado a su fin. Las privatizaciones, como prenda de paz o acuerdo interno del bloque dominante, no dan

para más. En las perspectivas que aquí se plantean, el nuevo espacio de alianza entre los poderosos parece fundarse (más

allá de detalles instrumentales) en las siguientes premisas: mantener el nivel de transferencias a los acreedores externos;

descenso de los salarios y de los costos laborales en dólares; profundización del ajuste sobre el gasto en provincias y

municipios; sesgo progresivo creciente en la recaudación tributaria nacional.

Resulta importante destacar, como se señala en las páginas que siguen, que el esfuerzo del ajuste ya vivido por la

sociedad argentina no revela consecuencias similares a las que se han dado en otros países de América Latina. Nos

referimos básicamente a los dos paradigmas exitosos que suele esgrimir el neoliberalismo: Chile y México. A diferencia

de lo ocurrido en esas experiencias, culminado prácticamente el desguace público, la Argentina revela aún marcadas

incertidumbres.

• El alineamiento internacional con los EE.UU. resulta improductivo en términos comerciales por tratarse de

economías competitivas. Más aun, este alineamiento ni siquiera ha logrado remover los obstáculos que

sistemáticamente coloca el país del Norte (venta de productos agropecuarios subsidiados) a la experiencia regional

del Mercosur. Esta última, por otra parte, al carecer de políticas públicas precisas ha terminado subsumida en las

estrategias de proyección regional de los grandes conglomerados empresarios.

• El modelo exportador aparece inconcluso, ya que en el lapso de sólo dos años se ha operado una importante

reprimarización de las exportaciones que coloca interrogantes respecto del perfil definitivo de bienes comerciales

externamente y, en consecuencia, pone límites a la elevación de los niveles de inversión productiva.

• La vulnerabilidad externa adquiere niveles extremos en el desbalance comercial que presenta el país, poniendo en

tela de juicio la continuidad de la estrategia oficial de apertura económica a la producción importada en el marco del

presente tipo de cambio. Desbalance que, por otra parte, plantea una perspectiva de potencial crisis externa y ubica a

la recesión como salida Indispensable del modelo en curso.

• Nuestro país, a diferencia de México y Chile, no presenta tampoco a futuro un mecanismo de regulación pública

que le garantice al Estado las divisas necesarias para afrontar los compromisos externos con los acreedores.

En síntesis, pese a la magnitud del ajuste vivido, la Argentina exhibe problemas tales en materia de regulación

pública, perfil productivo e inserción internacional que conspiran para que el período que culmina en 1992 pueda

pensarse como partero de una nueva perspectiva de crecimiento, inversión y estabilidad para el futuro nacional.

Lejos de ello, la Argentina aparece como un modelo de ajuste inacabado. Más aun, la profundidad que ha

alcanzado el desguace del Sector Público argentino coloca bajo un cono de sombra la perspectiva de integración

7

geoeconómica y territorial del país. El remate de empresas, la ruptura de la cadena de bancos públicos nacionales y la

desaparición de los entes reguladores de las producciones regionales plantean serios inconvenientes para el futuro.

Además de los contenidos indudables de concentración económica que han inducido estos procesos, es bueno

recalcar que el Sector Público argentino definió durante más de cuarenta años la unidad geoeconómica y territorial de

nuestro país. El desmonte del Estado, propuesto y realizado por el modelo en curso, aún no logra señalar cuál será el

nuevo eje vertebrador del futuro argentino.

LA CUESTION POLITICA

En nuestro Informe anterior señalamos que el predominio político del Poder Ejecutivo, típico de la gestión estatal

menemista, constituye un rasgo temporal propio de la presencia de inestabilidades y disputas en el mapa de los sectores

dominantes y no necesariamente un carácter permanente. Señalamos también que el ingreso al Brady, la culminación del

desguace público y la probable institucionalización de un predominio acreedor estable abrían condiciones de posibilidad

para la emergencia de un nuevo formato de Estado. Las tendencias que hasta ese momento se esbozaban, tanto desde los

factores de poder internacional como local, convalidaban esa posibilidad.

A nivel mundial, los rumbos señalados se han visto consolidados a partir del triunfo de Clinton en los EE.UU. A

nivel local, el carácter específico que pueda adoptar la mencionada modificación del aparato de Estado dependerá, en

una medida importante, de la batalla electoral que se plantea en 1993. No parece ocioso, por lo tanto, examinar las

estrategias que, por el momento, esbozan las dos primeras fuerzas políticas: el Gobierno y la UCR.

Las Estrategias del Gobierno y la UCR

A nivel oficial, la política se orienta a mantener el presente formato estatal. Por detrás del objetivo de la

reelección aparece la cristalización del tipo de Estado que el peronismo ha impuesto hasta el momento. Es decir, un

esquema centrado en el predominio del Poder Ejecutivo.

En un intento de alcanzar éxito en sus objetivos, han aparecido sobre comienzos del año dos estrategias básicas

del oficialismo. Por un lado, el lanzamiento del Plan Social y la definición gubernamental de nombrar al año en curso

como el año de lucha contra la corrupción y la pobreza. Por otro, el Gobierno intenta modificar la negativa actitud del

establishment frente al afán reeleccionista, apelando a presentarse como único garante del modelo de ajuste en curso.

Respecto del Plan Social, la cosmética electoral implícita en el recambio de gabinete (puesta en forma por un

proceso de menemización del mismo), sienta las bases del tipo de estrategia que el Gobierno busca inducir (más allá de

la suerte que tenga) con destino hacia los sectores más postergados e incluso hacia el campo de las capas medias de la

sociedad. Los recambios en Interior, Trabajo y Educación intentan ponerle un límite a la fuga de votos que, en los

8

mencionados sectores, podría sufrir el oficialismo. Una imagen de mayor transparencia, y el intento de aumentar la

efectividad en el gasto con destino a objetivos sociales, son las armas puestas en juego.

En un marco económico como el ya descripto, donde la reactivación tiende a cesar y la recesión se dibuja en el

horizonte, estas iniciativas presentan límites inexorables. Más aún, la dificultad para impulsar objetivos como los

planteados no sólo choca con las restricciones propias del modelo económico, sino también con los límites políticos de

la presente gestión.

El combate a la corrupción, y la mayor eficacia en la asignación del gasto social, exige impulsar estrategias de

gestión comunitaria de los recursos. Sin embargo, las disputas partidarias, y la dificultad para expresar en ámbitos

comunitarios otros aspectos de las políticas en curso, termina posponiendo los mejores objetivos en la materia. En este

estricto sentido, la corrupción aparece como un mecanismo inherente a un modelo de exclusión. Este tiende a sustituir el

consenso democrático en la tarea de garantizar políticas públicas de dificil presentación en sociedad.

Una nota destacada en este marco es el tipo de relación que el Gobierno pretende establecer con las estructuras

sindicales. Intenta definir un esquema de absoluta subordinación de las mismas a sus objetivos. De hecho, el espacio de

acuerdo que tiende a gestarse con la CGT oficial se vertebra a partir de haber impulsado, en el marco del Plan Social, el

proceso de desregulación de las Obras Sociales. En términos específicamente electorales, todo el apoyo que estas

estructuras puedan brindar al objetivo de la reelección debe fundarse (desde la perspectiva gubernamental), en la

absoluta subordinación de las organizaciones gremiales a las políticas del Ejecutivo. El Gobierno reedita, en este

sentido, una vieja estrategia: confrontar con el modelo sindical tradicional tiene, por lo general, el éxito garantido. Por

otra parte, lo planteado respecto a las Obras Sociales, y lo referido a la negociación por establecimiento, constituyen

también elementos que ayudan a fisurar a la CGT oficialista y que pretenden abrir espacio para garantizar la sanción

parlamentaria de la reforma previsional (hasta ahora impedida por la ausencia de los diputados de origen sindical).

Respecto de la estrategia frente al establishment, el discurso puesto en juego pretende mostrar al oficialismo

como el único garante del modelo de ajuste en curso. En realidad, se intenta afirmar la idea de que el predominio del

Ejecutivo sigue siendo el único dispositivo institucional eficaz para demoler las resistencias que aún generará la

propuesta económica. Los conflictos que desata el ajuste en provincias y municipios, las perspectivas de recesión y la

necesidad de legalizar reformas fuertemente regresivas en el mercado de trabajo, así como las fricciones que desatará en

el campo empresarial la fijación de precios y tarifas en los mercados privatizados, constituyen los argumentos del

oficialismo para intentar captar el apoyo de los sectores dominantes. En esta dirección, deben interpretarse los

acercamientos a los conglomerados empresarios triunfantes en las privatizaciones ("Club de los Privatizadores") como

línea alternativa de negociación frente a los canales tradicionales de relación con el empresariado.

Las vías que el oficialismo pretende transitar en el desarrollo de ambas estrategias reconocen, por lo menos, tres

aspectos:

9

• En primer término, la apuesta a la estabilidad de precios, con independencia del nivel de actividad económica en

que ésta se alcance, especula con la afirmación definitiva de un piso más bajo de expectativas y demandas en el

conjunto de la población. Este aspecto, ligado indisolublemente a las secuelas sociales de la hoguera

hiperinflacionaria, tiende a transformarse en una fuente inagotable de legitimidad en tanto no se constituya una

oposición sólida al presente modelo.

• En segundo lugar, el oficialismo pretende explotar al extremo el grado de fragmentación cultural, social y política

que presenta la Argentina. Este punto, que en detalle se refleja en el análisis político de este Informe, es parte de la

estrategia electoral oficial.

• Los resultados contrastantes que para el peronismo evidencian las dos elecciones realizadas en el año 92 (Capital y

Corrientes) señalan que el oficialismo intentará, compitiendo con partidos provinciales que constituyen verdaderas

rémoras feudales, compensar con triunfos en algunas regiones de mayor composición rural, el deterioro electoral

que tiende a presentársele en zonas de alta urbanización.

• En tercer término, el Gobierno intenta "embretar" con distintas estrategias a la principal fuerza de oposición, a los

efectos de demostrar que los caracteres de corrupción, venalidad e inseguridad jurídica no son patrimonio exclusivo

del elenco gobernante. El carnaval correntino (compartido por la UCR, que colocó a miembros importantes de la

comparsa) y la ofensiva sobre el Concejo Deliberante, que lejos de terminar en el derruido sistema “grossista”

orienta sus auditorías hacia 1984, son ejemplos elocuentes de la estrategia oficial.

El radicalismo, por su parte, no parece recuperarse de la fractura que le ha impuesto su pasada gestión de

gobierno y su dramático final. Sus divisiones internas y su confusión discursiva no sólo lo hacen aparecer de manera

difusa ante el conjunto de la sociedad, sino que lo transforman en sumamente permeable ante las maniobras del

oficialismo. La aparente transacción mercantil que viró el voto de un elector radical correntino y la asunción de la

tercera intervención en la provincia por parte de un ex-ministro de Alfonsín constituyen datos elocuentes de lo que se

señala. Por cierto, no es menor el aporte que la UCR efectúa a la imagen que el Gobierno intenta proyectar de ella.

Sus oscilantes comportamientos en la crisis correntina (primero apoyó al PJ, luego intentó acordar con el Pacto),

la violación al histórico precepto de respaldar al candidato más votado en nombre de alcanzar una gobernación con una

ínfima proporción de votos, las estrategias seguidas con los partidos provinciales y el reciente llamado a un frente

antimenemista constituyen sus aportes últimos en la materia.

La respuesta a la estrategia menemista de confrontar con los partidos provinciales ha inducido una reacción

especular en el radicalismo. El objetivo de alcanzar acuerdos con dichas fuerzas políticas, seguido tanto en el Chaco

como en Salta y en Corrientes, transforma a la UCR en socia electoral de partidos con prácticas eminentemente reñidas

con el Estado de Derecho. Es decir, socia de modelos partidarios que niegan en los hechos el discurso democrático del

radicalismo y vacían de sentido sus críticas al oficialismo. El lanzamiento de un frente antimenemista, asociado al

10

objetivo de reclutar a los partidos provinciales y en directa relación con un conflicto como el de Corrientes (el cual los

tiene como parte sospechada), no parece haber sido una feliz idea.

Todos estos elementos tienden a destruir la imagen de "seguridad jurídica" y compromiso con el Estado de

Derecho de la principal fuerza de oposición. Por otra parte, es obvio que alianzas del carácter de aquellas con el Partido

de Acción Chaqueña, con Ulloa en Salta o Romero Feris en Corrientes, impactarán sobre el radicalismo neutralizando la

influencia de sus sectores más progresistas. Dicha circunstancia tiende a inhibir, en perspectiva, la posibilidad de que

esta fuerza política exprese en los próximos comicios un modelo de oposición serio y definido frente al presente

proyecto. Más allá de su contundente presencia en Córdoba y Capital Federal, lo cierto es que la primera minoría no

evidencia aún signos concretos de recuperación ni en Provincia de Buenos Aires ni en Santa Fe.

Relación Sindicalismo-Gobierno

La relación sindicalismo-gobierno sigue abonando el terreno para la agonía definitiva del modelo sindical

tradicional. Si éste fundó su poder en la tríada sindicato único por rama de actividad –negociación colectiva– control

sobre los fondos de las Obras Sociales, es obvio que el tipo de reestructuración que se impone en la Argentina y que

consolida el presente Gobierno va demoliendo, progresivamente, estos aspectos.

La reciente disposición respecto de la desregulación de las Obras Sociales y de la negociación por

establecimiento certifican lo afirmado. El primero de los aspectos tiende a promover la fractura al interior de la

estructura sindical, ya que obliga a "competir" a las Obras Sociales entre sí. El resultado esperable es una progresiva

"concentración del sistema" donde primen aquellas Obras Sociales vinculadas a asalariados de altos ingresos o de mayor

escala de afiliación. Por otra parte, como las que sobrevivan deberán absorber trabajadores de otras actividades, cuyo

aporte pueda quedar desfasado frente al precio de las prestaciones, el eventual déficit será cubierto por el Estado.

En síntesis, el objetivo oficial tiende a fragmentar la estructura sindical, concentrar el sistema y subordinar el

funcionamiento de aquélla a la política oficial. El efecto de la concentración será el de legalizar una transformación que

se viene operando hace ya varios años. La figura del dirigente sindical continuará siendo sustituida por la del gerente

empresarial de una unidad económica destinada a la prestación de servicios. El final de este camino es la desaparición

del sindicato como organización apta para canalizar demandas sectoriales. De hecho, en el último congreso de la

Federación de Luz y Fuerza se aprobó la transformación de la misma en un "holding" empresario encargado de gerenciar

diferentes actividades. Avanzamos entonces desde el sindicato como ámbito de representación de intereses de grupo o

sector hacia el 'holding" empresarial dedicado a la prestación de servicios para la satisfacción de demandas individuales.

Sin duda, más allá de que éste sea el rumbo de las modificaciones, lo cierto es que las transformaciones se

encuentran hoy con dirigentes que hace tiempo vienen cultivando una definida vocación empresarial. De hecho, las

distintas negociaciones que involucraron en los últimos meses al Gobierno y la cúpula cegetista demostraron que la

discusión acerca del tamaño de los mercados sobre los que intentaban ejercer control era, para la dirigencia sindical,

11

importante. El levantamiento de paros a cambio del control de los fondos de las Obras Sociales, o su efectiva

convocatoria en función de alcanzar participación en el mercado privado de fondos de pensión (apoyo a la reforma

previsional) revelan la ya señalada vocación empresaria de los principales dirigentes de la CGT.

En una perspectiva diferente de la desarrollada por el modelo sindical oficial, un conjunto de sindicatos

nacionales, gremios locales y comisiones internas nuclearon a más de 3.000 delegados en noviembre. Esta experiencia

aparece como un intento de transformar la marcada atomización que sobre los trabajadores y la estructura sindical

impone el modelo en curso, en un nuevo esquema organizativo que permita canalizar las demandas del sector. El

reconocimiento de que la organización sindical es una de las formas organizativas que hoy pueden encontrar los

trabajadores pero no la única, un fuerte compromiso con la democratización reflejado en haber definido el voto directo

como mecanismo de consagración de sus conducciones nacionales y locales y la autonomía frente a las opciones

partidarias y el Estado constituyen definiciones clave para el futuro desarrollo de esta experiencia.

En la capacidad de que ésta demuestre transformarse en canal de representación político-social eficaz para el

desarrollo político de los conflictos que desata el ajuste, se juega la suerte futura de esta nueva organización. Darle una

nueva forma discursiva y organizativa a la presencia pública de los trabajadores argentinos puede aportar a la gestación

de novedades en el sistema institucional.

Quienes esto escriben consideran fundamentales experiencias de este carácter, básicamente para poder resolver

los dilemas que plantea una etapa de singular complejidad. Los contrastantes resultados electorales de Capital Federal y

Corrientes, y las debilidades que exhibe aún la primera fuerza de oposición, no permiten abrir predicciones optimistas

fundadas exclusivamente en las condiciones de exclusión e injusticia del presente modelo. Garantizar su derrota exige de

una tarea política monumental. La tarea planteada es también un desafío: construir lo nuevo en un mundo donde no

abundan los "paradigmas para la transformación". Es la tarea de construir nuevas identidades políticas para el conjunto

de los sectores populares, único modo de resolver los límites políticos, sociales e institucionales que hoy se presentan.

El menemismo se ha transformado en una síntesis político-social que captura votos en ambos extremos de la

pirámide social: los mejor situados y los más postergados. La capacidad que el presente proyecto aún revela de captar el

apoyo en franjas populares se debe, al menos en parte, a la orfandad política que éstos perciben frente al resto de las

opciones institucionales. Tanto el radicalismo como la centroizquierda logran reclutar votos en el campo de los sectores

medios y exhiben fuertes limitaciones para articular su práctica política con las demandas más urgentes de los sectores

más postergados. No es otra la razón que explica las dificultades que el radicalismo encuentra en múltiples zonas del

país. Por otra parte, este hecho (en tanto no se altere) transforma a estos dos espacios opositores en mutuamente

competitivos, sin llegar a afectar seriamente la base electoral del menemismo. Por razones que hemos expuesto en otros

trabajos de nuestro Instituto, la fuerza política que ha logrado mejor implantación en las zonas populares, antes

dominadas por el PJ, fue el MODIN. Este señalamiento no intenta transformar dicha opción en paradigma. Sólo pretende

indicar cuál es el dilema que tenemos que resolver.

12

II. EL DESASOSIEGO ELECTORAL

LAS NUEVAS ESTRATEGIAS

"Dios mío. Dios mío ¿a quién asisto?

¿cuántos soy? ¿quién es yo? ¿qué es este intervalo

que hay entre mí y mí?"

Fernando Pessoa

El modelo de gestión del ajuste desarrollado por el actual gobierno peronista habrá de ser sometido en 1993 a su

más dura prueba de legitimidad política. Paso previo para afirmar sus tendencias reformistas más vigorosas, una derrota

nacional en 1993 quitaría virtualmente todo sostén político efectivo a la estrategia política central del Gobierno: la

reelección presidencial en 1995.

Si bien es improbable desarrollar pronósticos electorales ciertos con fechas de comicios aún tan distantes, es de

esperar que el nuevo mapa electoral argentino de 1993 quede diseñado en medio de tendencias contrastantes, de alta

complejidad en su evaluación política, y cuyos límites ya han sido anticipados en 1992 a través de las dos prácticas

electorales más importantes del pasado año: las elecciones a senador porteño y a gobernador correntino.

En efecto, con resultados contradictorios, la derrota global del peronismo porteño, y la muy satisfactoria

performance electoral del Justicialismo correntino, enfrentan el análisis con una nueva realidad política cuyos primeros

síntomas electorales son contundentes: la fragmentación creciente de la práctica política y el desmoronamiento

acelerado de los hegemonismos partidarios nacionales.

La política se ha regionalizado a extremos insospechados capaces de arrojar, simultáneamente, comportamientos

comunitarios muy diversos, que muestran como nunca a nuestro país atravesado por múltiples culturas políticas que no

encuentran ya su síntesis nacional. Síntoma de los tiempos por venir, también en lo referido a sus prácticas políticas, las

continuidades nacionales están siendo quebradas en la Argentina posajuste.

Frente a esta realidad de prácticas políticas tan heterogéneas pueden, sin embargo, establecerse tendencias

estructurales que difícilmente se alteren en 1993. La actual gestión peronista aparece muy resistida en grandes núcleos

urbanos donde predominan culturas políticas demandantes de una relación Estado-Sociedad compleja, mediada por

diversas tramas institucionales descentradas del aparato político de Estado.

13

En sentido opuesto, el peronismo de fines de siglo encuentra su mayor consenso en zonas de baja composición

urbana, atravesadas por culturas políticas que legitiman una relación Estado-Sociedad caracterizada por el predominio

del Poder Ejecutivo por sobre el resto de la trama institucional que fue, por otra parte, el comportamiento típico de la

mayoría de los partidos provinciales con los cuales hoy el PJ compite con éxito en su mismo terreno, y compartiendo en

lo esencial su fuerte tendencia al encapsulamiento estatal de la política, angostando su perfil de participación y creación

comunitaria.1

Hechas estas referencias, observamos lo ocurrido en las dos elecciones paradigmáticas de 1992, que como se

anticipa señalan la extensión y modalidad del nuevo mapa electoral a desarrollarse en 1993.

LAS ELECCIONES A GOBERNADOR EN CORRIENTES

Como es sabido, la paradoja electoral de Corrientes puede resumirse en que el Pacto Autonomista Liberal (PAL)

obtuvo 15.000 votos más que el Justicialismo y, sin embargo, este último un elector más (12) que el partido de la familia

Feris.

La alquimia se completa cuando el árbitro de la contienda resulta ser el candidato radical (Noel Breard), que

obtuvo un nivel de votos bien por debajo del 20%. En rigor, lo más notable de la elección correntina fue la persistencia

electoral del menemismo, que aun a posteriori de los traumáticos tres años de ajustes, se ubicó apenas 2 puntos por

debajo de la elección a Presidente del '89 (donde Menem superó el 42% de los sufragios).

De la mano de una intervención que, originalmente fraudulenta, (alentada igualmente por peronistas y radicales),

en los últimos seis meses desarrolló una política tan discrecional como agresiva en la consecución de consenso electoral,

el candidato oficial Alberto Di Filippo logró la mejor performance peronista en la provincia luego de 1989. Más allá de

las resoluciones institucionales futuras que se desarrollen en la provincia, la conclusión política central resulta ser que la

estrategia electoral del peronismo reconoce en los centros urbanos su mayor riesgo y ha resuelto desarrollar con

agresividad notable su consenso electoral en territorio provincial, compitiendo incluso con los partidos locales.

Frente a esta situación, y dada la morosidad manifiesta en la recomposición nacional de la segunda minoría, la

estrategia política global de la UCR parece diseñada a incorporar ineludiblemente las alianzas con los partidos

provinciales, de cara a desarrollarse como alternativa nacional electoralmente eficaz en 1995. Subordinar, entonces, a la

derrota electoral eventual del peronismo en 1995 la política de alianzas provinciales supone, en principio, deponer las

críticas a veces descarnadas con que las dirigencias radicales nacionales solían obsequiar a los partidos provinciales,

(denunciados como rémoras feudales, corporaciones prepolíticas y responsables del atraso institucional indisimulable de

sus respectivas provincias).

1 En este sentido es particularmente acertada la afirmación de Horacio Verbitsky: "Entre el menemismo y el Pacto hay una afinidad profunda que subyace por debajo de las diferencias coyunturales. Cuando el Justicialismo gobernó en la provincia, con los Díaz de Vivar o los Romero, lo hizo en el mismo estilo paternalista y de clientelismo que ahora su propaganda presenta como rasgo exclusivo del Pacto la coalición menemista-liberal realiza los deseos imaginarios de Romero Feris". (Página 12, 27/12/92, pág. 8.)

14

Desde luego, estas nuevas alianzas habrán de intervenir también en la dinámica interna del partido de Yrigoyen

(y Alvear) neutralizando aun más el desarrollo de sus tendencias más progresistas. Por caso, la

parálisis política que habrá de envolver a los sectores radicales más progresistas, al observar que el frente antimenemista

que acaba de lanzar la dirigencia radical ante el desarrollo de la experiencia correntina, está direccionado a captar futuras

alianzas electorales con los partidos provinciales. Estrategia módica si las hay, la UCR está siendo atrapada en medio de

una ecuación política paradojal: creció en distritos como Capital, con el aporte de votos del Centro hacia la izquierda

del espectro político, y resuelve su estrategia nacional con alianzas que transitan claramente el espacio de

centroderecha. Todo un hallazgo de ingeniería electoral, cuya sumatoria bien puede ser cero: perdiendo los votos

urbanos de centroizquierda y consolidando el predominio de los partidos provinciales, que a la hora de decidir políticas

globales harán "pito catalán" a las sudorosas huestes de "El Peludo".

LAS ELECCIONES EN CAPITAL

En las elecciones a senador porteño las cosas marcharon en sentido opuesto a lo acontecido en Corrientes.

En el distrito porteño, el PJ obtuvo apenas el 13% de los sufragios (240.000 votos), perdiendo así el 53% de sus

votantes históricos de la etapa premenemista que, en 1989, ascendían a 640.000. Veamos detenidamente lo acontecido

en el distrito con cada una de las principales fuerzas políticas.2

Evolución del Voto en Blanco y Ausentismo

Como puede observarse en los Cuadros Nº 1 y 2, el voto en blanco, y muy acentuadamente el ausentismo,

evolucionan positivamente en el distrito.

CUADRO Nº 1. Evolución del voto en blanco 1983/1992

Año 1973 1983 1985 1987 1989 1991 1992

% voto en blanco 1,53% 2,05% 0,42% 0,90% 1,38% 2,81% 2,41%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral.

En el caso del voto en blanco, recién en 1992 revierte su tendencia creciente de los últimos nueve años, y muy

probablemente la inversión de su progresión deba atribuirse a la aparición en la escena electoral porteña del MODIN,

receptor de una franja tradicional del voto en blanco porteño con bemoles nacionalistas. Sin embargo, la nota más

espectacular en el comportamiento electoral resulta el crecimiento del ausentismo distrital.

15

CUADRO Nº 2. Evolución del ausentismo 1983/1992

Año 1973 1983 1985 1987 1989 1991 1992

% de votantes 85,18% 85,78% 84,55% 84,34% 85,73% 79,22% 75.23%

Nº de votos aus. 300.000 327.740 365.800 375.526 346.060 507.312 609.342


En efecto, si la media de ausentismo distrital desde 1973 hasta 1989 representaba el 15% del electorado, tras la

asunción presidencial del Dr. Menem, el índice crece de manera insólita para el típico comportamiento electoral del

distrito, trepando al 20,78% en 1991 y a 24,77% en 1992. Un comportamiento tan singular del electorado obedece a una

multiplicidad de causas. Es cierto que las rutinas democráticas producen normalmente un aumento en los niveles de

ausentismo estructural, sin que de ello pueda rápidamente concluirse una merma en la representatividad del sistema

político institucional.

Sin embargo, el inusual crecimiento del ausentismo distrital, a punto casi de duplicar su índice en menos de tres

años, quiebra toda posibilidad a las interpretaciones estructurales y señala un profundo deterioro en la relación entre el

sistema político institucional porteño y la comunidad.3 Observe el lector la magnitud del fenómeno que estamos

analizando. Si medimos el ausentismo medio del distrito entre 1973 y 1989, éste representa, como se señaló, el 15% de

los votantes hábiles.

Si consideramos ya no la cifra total de electores ausentes sino sólo el incremento que los índices de ausentismo

de 1991/92 registran sobre la media 73/89, obtendremos valores por encima de la media del 5% para 1991 y del 10%

para 1992. Traduciendo estos porcentajes abstractos a cifras de votos concretos: para un padrón de electores que, como

el porteño, asciende actualmente a 2.460.883, el ausentismo registrado por encima de la media representa 123.044 votos

en 1991 y 246.088 en 1992.

Más concretamente aún, la evolución por encima de la media distrital del índice de ausentismo representaba en

1991 el quinto acumulado electoral y, en 1992. asciende al tercer acumulado electoral porteño, ubicándose en el centro

de las novedades políticas de la etapa, síntoma inequívoco del acelerado agotamiento del dispositivo político-

institucional del distrito.

2 Para más datos acerca de las elecciones en Capital Federal, véase Cuadernillo IDEP/ATE: "Las Elecciones a Senador Porteño", noviembre 1992. 3 En efecto, el retiro en la participación electoral ciudadana es un hecho común a las democracias occidentales. Sin embargo, una alteración sustantiva –en más o en menos– del índice de ausentismo electoral en períodos cortos –en el lapso de una convocatoria electoral a otra en el caso porteño– señala la aparición de una o varias causas no estructurales que alteran la relación: sistema político institucional/comunidad.

16

Agotamiento que no supone necesariamente un colapso de la arquitectura bipartidista típica de la Capital. En

efecto, a la par del crecimiento sostenido del índice de ausentismo, el bipartidismo no sólo no se quiebra a partir de 1991

sino que logra revertir su tendencia al deterioro.

Obsérvese la evolución del sistema bipartidista porteño desde 1983 a 1992. En el Cuadro Nº 3, se muestra el

porcentaje del total de votos emitidos, atrapados por el dispositivo UCR/PJ.

CUADRO Nº 3. Porcentaje de atrapamiento de votos PJ/UCR 1983-1992

Año 1983 1985 1987 1989 1991 1992

% PJ/UCR 71,11 67,47 62,14 58,88 66,72 79,37


La tendencia 1983/89 muestra un deterioro marcado en los rendimientos electorales del dispositivo bipartidista.

Esta tendencia declinante se rompe en 1991. Sin embargo, para poder quebrar el deterioro de la arquitectura bipartidista

porteña, el sistema político institucional integró (de hecho a partir de 1991 y por derecho desde 1992) en una única

alternativa electoral a la segunda y tercera fuerza política distrital, PJ y UceDé. Este mecanismo ad hoc de ingeniería

institucional fue el gran responsable de la inversión de la tendencia decreciente y de la eficacia en la captura de votos

por parte del sistema bipartidista porteño.

Una lectura rápida de los últimos comportamientos electorales podría reforzar la idea, tan común en buena parte

de la clase política que nos acontece, de cierta perpetuidad en el modo de funcionamiento político electoral del distrito.

Sin embargo, si a esta lectura aparente le agregamos las determinaciones que surgen del fuerte incremento del índice de

ausentismo, y la integración del segundo y tercer acumulado electoral del distrito en una alianza político social volátil, el

comportamiento electoral futuro podrá probablemente alterar su tradicional perfil bifronte.

Las tendencias parecen reforzar la idea de un próximo distrito electoralmente despolarizado, con un significativo

deterioro en la magnitud de los acumulados partidarios sobre una base estructural de ausentismo creciente, cuya

evolución sobre la media histórica va camino a constituirlo en el segundo acumulado electoral porteño. Una tendencia

muy acentuada a la que sólo podrá alterar estructuralmente la reconstrucción del vínculo entre sistema político

institucional y comunidad, hoy muy empobrecido.

17

Desarrollo de la Alianza del Nuevo País

Como podemos observar en el Cuadro Nº 4, la magnitud del descenso en el acumulado liberal-peronista 1991 vs.

1992 muestra, como tendencia, una peor adhesión a la alianza del voto de origen peronista respecto al de origen liberal.4

CUADRO Nº 4. Variación del acumulado de la Alianza PJ/UCeDé 91 vs. 92

Sección Porcentual de descenso en el acumulado '92

Del Socorro (20) -5,36%

Flores (5) -5,52%

Lugano (22) -6,39%

Media distrital -5,28%


• Para elaborar el valor del acumulado electoral de 1991, se sumaron los votos del PJ y la UCeDé respectivamente. El porcentaje de baja surge de la comparación de esta suma de sufragios (PJ-UCD 1991) con los votos obtenidos en 1992 por la Alianza del Nuevo País. • La dispersión respecto de la media distrital de baja, que asciende al 5,28% de los sufragios, es para zonas de fuerte tradición liberal de +1,5% respecto de la media. En tanto, para secciones de fuerte tradición peronista histórica, el deterioro electoral de la alianza PJ- UCeDé en 1992 respecto al ''91, es mucho más acentuado, superando en un 21% a la media distrital. Por ejemplo, se observa que la baja en la Sección 20 (del Socorro) asciende a 5,36% en tanto que en la Sección 22 (Lugano) asciende a un 6,39% del electorado total de 1991.

Tal como se desprende del Cuadro Nº 4. es más que aceptable establecer que, para la media distrital, la fuga de

votos peronistas frente a la Alianza del Nuevo País supera al menos en un 10% a la fuga del voto de origen liberal. En

otras palabras, del 5,28% de los votos del distrito perdidos en 1992 respecto de 1991 por la alianza liberal-peronista, un

2,90% de los votos distritales fugaron del PJ, en tanto de la UceDé migró un 2,38% del electorado.

Sin embargo, a los fines del análisis no consideraremos esta diferencia de mayor fuga justicialista. Supondremos.

entonces. que el deterioro electoral se debe atribuir en partes iguales a las fugas del PJ y la UceDé (para el caso de la

media distrital 2,64% de fuga para cada fuerza política de la alianza). En cifras, observe el lector que el 5,28% de los

votos distritales, perdidos por la alianza en 1992 respecto al '91, representan 100.000 sufragios, de los cuales migraron

del peronismo 50.000 e igual cantidad de la UceDé. Drenaje importante de la alianza liberal-peronista que en número de

votos es equivalente al 96% del acumulado del MODIN y al 73% de los votos obtenidos por el Frente del Sur.

En lo que respecta al PJ en particular, si sumamos al drenaje de 1992 (distribuidos casi en 30.000 votos al

MODIN y 20.000 a la UCR) las fugas ya registradas en 1991 que representaron 70.000 sufragios transferidos a la UCR y

85.000 acumulados por el peronismo disidente en sus variantes FREDEJUSO, Alianza Frente Popular y variantes

4 Obsérvese que el deterioro en la performance electoral de la Alianza del Nuevo País, respecto del acumulado PJ/ UCeDé de 1991, desciende muy por debajo de la media distrital en secciones de mejor posicionamiento socioeconómico. Así resulta que, para la media distrital, el descenso electoral de la

18

menores –hoy acumulados por el Frente del Sur y la UCR5–, la fuga de votos registrada por el PJ porteño en el período

91-92 asciende a la significativa cifra de más de 205.000 sufragios, sin tener en cuenta los votos peronistas históricos de

la etapa premenemista que, a partir del '91, fueron a engrosar las cifras del ausentismo distrital.

Si recordamos que, como lo muestra el Cuadro Nº 5, el PJ acumuló como promedio entre 1983/89 –período

anterior a la alianza con la UceDé– 25,62% de los votos distritales –esto es aproximadamente 520.000 sufragios–, sin

mayor esfuerzo puede inferirse que el PJ capitalino ha perdido, en el período 1991/92 y a mano de otras fuerzas

políticas, el 39% de los votos distritales propios, tal como lo señala el Cuadro Nº 6. Insistimos: este porcentaje de fuga

de voto propio fue calculado sin considerar los 85.000 votos peronistas históricos que optan hoy por el ausentismo que,

al incluírselos en el cálculo de fugas, hacen trepar el deterioro electoral del PJ porteño en 1992 –para la media distrital–

al 53% de sus votos efectivos de la etapa premenemista.

CUADRO Nº 5. Promedio de votos distritales acumulados por el PJ 1983/89

Año 1983 1985 1987 1989 Promedio

% votos 22,95 24,97 23,61 30,92 25,62


CUADRO Nº 6. Votos fugados desde el PJ período 1991 / 1992

Hacia la UCR 90.000 votos

Hacia el MODIN 30.000 votos

Hacia el Frente del Sur 74.000 votos

Hacia el Ausentismo 85.000 votos

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la UceDé porteña, su alianza con el PJ ha limitado significativamente su crecimiento como

partido. En el Cuadro Nº 7 puede observarse la acumulación del electorado liberal porteño desde 1983 hasta 1992.

CUADRO Nº 7. Acumulado liberal porteño período 1983/92

Alianza PJ/UCeDé de 1992, respecto del '91, es de 5,28% de los votos; para la Sección 15 baja al 4,3%, para la Sección 14 es de 4,88%; en la Sección 16 se registra una merma del 4,99%; en la Sección 17 del 5,07, etcétera. 5 Para más datos sobre fuga de votos del PJ en 1991, véase Cuadernillo IDEP/ATE: 'El Nuevo Mapa Electoral. Las Elecciones en Capital Federal", 1991.

19

Año 1983 1985 1987 1989 1991 1992 (en alianza)

% votos 8,4 10,27 17,93 21,67 8,30 30,90


Tal como lo muestra el Cuadro Nº 7, la tendencia del acumulado liberal porteño fue creciente hasta 1989, pero

tras la asunción del gobierno peronista, y la singular alianza político social que comienza a desarrollar desde el aparato

estatal, las elecciones de 1991 muestran al acumulado liberal en su punto de mínima histórico tras la recuperación

democrática (8,30% del electorado), habiendo transferido en ese año al acumulado del PJ capitalino el 12% de los votos

totales del distrito.6

En el curso de las elecciones de 1992, los resultados tampoco fueron satisfactorios –teniendo en cuenta el

mecanismo de transferencia de votos ya registrados en 1991 entre el PJ y la UceDé– y es posible calcular muy

aproximadamente la composición del 30,90% del acumulado por la Alianza Nuevo País en 1992.

Anticipamos la conclusión: según nuestro análisis y siempre en referencia a la media distrital, el PJ aportó a la

alianza un 13,20% del electorado, y la UceDé un 17,70%. Para analizar cómo se arriba a los porcentajes señalados de

votos propios del PJ y la UceDé respectivamente en 1992, deténgase el lector en el Cuadro Nº 8. En él se muestran el

acumulado PJ-UceDé en 199 1: el acumulado de la Alianza del Nuevo País y la merma electoral '91 vs. '92. Al mismo

tiempo se señalan los votos propios del PJ en sus niveles de Máxima, Mínima y Media, cuya modalidad de cálculo se

explica a continuación del cuadro. Veámoslo detenidamente.

CUADRO Nº 8. Alianza del Nuevo País: Composición del voto distrital global


* Para determinar los votos propios aportados a la Alianza 1992 por el PJ, se desagregó a los niveles obtenidos por el PJ en 1991, el porcentaje de transferencia que en aquella oportunidad realizara la UCeDé, que representó el 43,6%, del total de los votos acumulados por el Justicialismo en 1991. En otras palabras, según nuestro análisis, del 27,88% de los votos que acumulara el PJ en 1991, sólo fueron votos propios un 15,88% de los sufragios, en tanto la UCeDé le transfiere en 1991 un 12% del electorado porteño.

Esta transferencia explica la singular caída que registró la UCeDé en aquella oportunidad, que de un acumulado de 21,67% en 1989 pasó al 8,30% en 1991. Teniendo en cuenta lo dicho, para obtener el porcentaje de máxima en los niveles de votos propios del PJ porteño, se consideró que el 100% de la merma electoral de la Alianza PJ-UCeDé de

6 Para más datos sobre fuga de votos de la UCeDé en 1991, véase Cuadernillo IDEP: op. cit./ 1991.

PJ + UCedé 1991 36,18% de los votos

Alianza Nuevo País 1992 30,90% de los votos

Merma electoral '92 vs. '91 5,28% de los votos

Votos propios PJ 1992* Máx. 15,88% - Mín. 10,60% - Media 13,20%

Votos propios UCeDé 1992** Máx. 20,30% - Mín. 15,02% - Media 17,70%

20

1992, respecto de 1991, era atribuible a la fuga del voto de la UCeDé. Por el contrario, para construir el porcentaje de mínima en los niveles de votos propios aportados a la Alianza del Nuevo País por el PJ, se supuso que el 100% de la merma electoral del '92 respecto del '91 era fuga del voto del PJ. La media de votos propios distritales surge, como es obvio, del promedio de máxima y mínima en los niveles de votos propios del PJ, y es considerada como cifra de votos propios aceptables para el desarrollo del presente estudio.

** Para determinar los votos propios aportados a la Alianza de 1992 por la UCeDé, se agregó a los niveles obtenidos en 1991 el porcentaje de transferencia que, en aquella oportunidad, realizara la UCeDé hacia el PJ, que representó el 43,6% del total de los votos acumulados por el Justicialismo en 1991. Se siguió el mecanismo antes descripto para establecer los valores de votos propios máximo, mínimo y medio, esta vez para la UCeDé. (Para más datos, véase Cuadernillo IDEP, "El Nuevo Mapa Electoral, Las Elecciones en Capital Federal, IDEP/ATE 1991.)

Tras el análisis del comportamiento distrital de la Alianza del Nuevo País, puede concluirse que el liberalismo

porteño ha retrotraido su acumulado a los niveles de 1987, pagando un alto precio electoral por su alianza con el PJ: la

pérdida de un 5% del electorado porteño conquistado en 1989. Cien mil ex votos liberales, que no responden ya a la

orgánica partidaria y cuya recaptura parece ser una tarea compleja, sino imposible, en los actuales marcos político

institucionales de la alianza del centro porteño.

Sin embargo, del matrimonio liberal-peronista capitalino fueron los Justicialistas quienes resultaron los grandes

perdedores, habiendo cedido en 1992 el 53% de sus votos distritales efectivos de la etapa premenemista (promedio

1983/89) que como ya señaláramos ascendían a 520.000 sufragios.

Al mismo tiempo la UceDé perdió en 1992 el 22,7% de su acumulado de máxima registrado en 1989 pero, a

diferencia del Justicialismo, logró ubicarse en un 16,60% por sobre su promedio electoral del período 83/89. Cabe

consignar que las cifras precedentes corresponden al comportamiento electoral promedio del distrito.

Si observamos lo acontecido con la Alianza del Nuevo País en zonas del norte, centro y periferia distrital surgen

también datos elocuentes.

Como lo señala el Cuadro Nº 9, si se analiza lo ocurrido en una zona de fuerte tradición liberal –como claramente

lo es la Sección 20 ("Del Socorro")– vemos que, para acumular el 43,84% de los sufragios, la Alianza Nuevo País

recibió el aporte del 31,25% del electorado a través de la UceDé, en tanto el PJ aportó el 12,59%. Recuerde el lector que

antes de la alianza, la UceDé había obtenido, en esa misma sección en 1989, el 43,66% de los sufragios, en tanto el PJ

un 19,81%. Las caídas son importantes para ambos acumulados respecto de la etapa premenemista, en el norte

capitalino.

A fin de ajustar aun más los cálculos téngase en cuenta que, debido al altísimo ausentismo distrital y zonal, para

el caso de la Sección 20, un acumulado del 12,59% de los sufragios (como el obtenido por el PJ en 1992), sólo

representa 5.793 votos. Esta cifra supone una merma del 50% en el número de votos, históricamente acumulados por el

PJ premenemista en la Sección 20, que en 1989 sumaban 11.593 y representaban el 19,8% de los votos emitidos. Mídase

la magnitud del ausentismo porteño de la etapa posmenemista observando que, en la misma sección electoral pero en

1992, un acumulado del 19,8% de los votos efectivos representa tan sólo 9.500 sufragios.

21

CUADRO Nº 9. Alianza del Nuevo País: Composición del voto en la Sección 20 (Del Socorro)


* Para establecer los votos propios del PJ se desagregaron los transferidos en 1991 por la UCeDé en la Sección.

Para obtener los valores máximo, mínimo y medio de votos propios, tanto para el PJ cuanto para la UceDé, se utilizó el

procedimiento antes descripto.

** Para establecer los votos propios de la UCeDé se agregaron los transferidos en 1991 al PJ en la Sección. (Para

más datos sobre los porcentajes de transferencia de votos en 1991, Sección 20, véase Cuadernillo IDEP: "El Nuevo

Mapa Electoral. Las Elecciones en Capital Federal", IDEP/ATE, 199l.)

En el centro distrital, cuya zona representativa en este estudio es la Sección 5 ("Flores"), los bajos rendimientos

electorales de la alianza resultan drásticos. Así observamos que, según lo indica el Cuadro Nº 10, para acumular el

26,85% del electorado la Alianza del Nuevo País recoge el aporte del 17,25% de los votos a través de la UceDé y el

9,60% provenientes del PJ. Si se recuerda que en la etapa previa a la asunción del doctor Menem la UceDé logró

acumular en 1989 un 21,24% del electorado y el PJ un 27%, el descenso en los acumulados es significativo en el caso de

la UceDé y espectacular en lo que respecta al PJ. En número de votos efectivos, el PJ acumulaba en 1989 más de 31.000.

Su actual caudal en la sección de 10.300 marca una caída en el número de votos propios del 67% respecto de los

niveles de 1989, y un 64% de los votos peronistas del promedio 1983-89 (etapa pre-Menem). La caída de la UceDé es de

6.230 votos respecto a su acumulado de 1989, un deterioro del 24,8% en su caudal de votos de la etapa electoral anterior

al gobierno peronista.

En la Sección 22 ("Lugano") los acontecimientos marchan en igual sentido.

CUADRO Nº 10. Alianza del Nuevo País: Composición del voto en la Sección 5 (Flores)


PJ+ UCeDé 1991 49,20%

Alianza Nuevo País 1992 43,84%

Merma electoral '92 vs. '91 5.36%

Votos propios PJ* Máx. 15,29% - Min. 9,89% - Media 12,59%

Votos propios UceDé Máx. 33,95% - Mín. 28,55% - Media 31,25%

PJ + UCeDé 1991 32,37%


Merma electoral '92 vs. '91 5,52%

Votos propios PJ* Máx. 12.36% - Mín. 6,84% - Media 9.60%

Votos propios UceDé Máx. 20,01% - Mín. 14,49% - Media 17,2%

22


El mecanismo para asignar valores de máxima, mínima y media a los votos propios, tanto del PJ como la UCeDé, en la

Sección, es el antes descripto.

** Para establecer los votos propios de la UCeDé se agregaron los transferidos en 1991 al PJ en la Sección. (Para

más datos véase IDEP/ATE, op. cit.)

Como lo muestra el Cuadro Nº 11, para acumular un 38,9% de los votos, la Alianza del Nuevo País recibió un

29,9% de su acumulado por parte del PJ y un 9% desde la UceDé. Si comparamos con los niveles de 1989, observamos

que la Unión de Centro acumulaba un 12,79% del electorado, en tanto el PJ premenemista, un 52%. Así las cosas, la

UceDé cayó en 3.890 sufragios respecto a sus niveles de 1989, un 32% de merma en su acumulado histórico en la

sección.

CUADRO Nº 11. Alianza del Nuevo País: Composición del voto en la Sección 22 (Lugano)



Como ya aclaramos, para obtener los valores máximo, mínimo y medio de votos propios, tanto del PJ como de la

UCeDé, se utilizó el procedimiento antes descripto. ** Para establecer niveles de votos propios de la UCeDé, se

agregaron los votos transferidos en 1991 al PJ en la Sección. (Para más datos sobre transferencia de votos en la Sección,

véase IDEP/ATE, op. cit.)

El deterioro peronista en Lugano es muy significativo cuanti/cualitativamente: en 1992 sólo logra acumular

26.200 votos, un 47% por debajo de sus niveles de 1989 que sumaban 49.422 sufragios, en una zona de gran tradición

peronista que en la etapa premenemista aportaba al PJ porteño el 8% del total de sus votos distritales y hoy,

paradojalmente representa el 11% del total de votos justicialistas aun con una caída tan pronunciada de los votos

peronistas en la sección.

PJ + UCeDé 1991 45,29%


Merma electoral '91 vs. '92 6.39%

Votos propios PJ* Máx. 33,14% - Mín. 26,75% - Media 29,94%

Votos propios UCeDé** Máx. 12,15% - Mín. 5,76% - Media 8,96%

23

Desarrollo de la UCR Porteña

Como lo señalan los Cuadros Nº 12 y 13, la performance electoral de la UCR porteña fue tan contundente que

impide mayores comentarios. Sólo cabe acotar que para obtener el total acumulado en 1992 (48,47%), a los votos

obtenidos en 1991 (38,84%) la UCR logró incorporar en 1992 un 3% del electorado que en 1991 había votado en favor

de la Unidad Socialista; un 2% que había acumulado el PJ y, finalmente, sumó un 4,5% del electorado que en 1991

había optado por otras alternativas menores tales como el FREDEJUSO, vecinales, independientes de izquierda e

incluso votantes de la UceDé (el 1% del total de electores porteños acumulados en 1992 por la UCR provienen de la

UceDé).

CUADRO Nº 12. Acumulado distrital UCR 1991/1992


CUADRO Nº 13. Composición de la diferencia de votos '92 vs. '91 para la UCR


El dato más significativo, es, sin duda, el importante número de ex sufragios peronistas que ya desde 1991

migran hacia el acumulado radical porteño. Un 3% se transfirió en 1991. y un 2% del electorado fugó en 1992 del PJ a la

UCR. Aproximadamente 90.000 votos que ubican a la UCR como primer receptor distrital del voto de ex peronistas o

peronistas disidentes.

Al mismo tiempo, la implantación electoral del radicalismo en las barriadas más populosas de la Ciudad de

Buenos Aires es un hecho no sujeto a discusión.

Obsérvese por caso el análisis de los votos justicialistas, registrados durante las elecciones de 1992 en Villa

Lugano. Comparándolos con el acumulado radical en la sección, se concluye que la UCR supera en Lugano el caudal de

Acumulado '91 38,84% de los votos

Acumulado '92 48,47% de los votos

Incremento '92/'91 9,63% de los votos

Aportes a la UCR Ex. U. Socialista '91 3% de los votos

en 1992 Ex PJ/UCeDé 3% de los votos

Otros '91 3,5% de los votos

24

votos del PJ en un 8% del electorado (poco más de 7.000 votos). En efecto, como lo señalan los cuadros de referencia, el

PJ aportó en Lugano un 30% del electorado a la Alianza del Nuevo País, en tanto la UCR acumuló un 37,7% de los

votos.

Aun más, la diferencia de votos entre la Alianza PJ/UceDé (considerada sin discriminar la composición de su

voto) respecto a la UCR es en la Sección 22 de apenas un 1,20% del electorado a favor del conglomerado liberal

peronista. Diferencia exigua que se amplía 4 veces en el norte distrital y se revierte absolutamente en el centro

capitalino, donde las diferencias en favor de la UCR respecto de la Alianza del Nuevo País guardan una relación de 2

sufragios a 1.

CUADRO Nº 14. Acumulados zonales UCR 1991/1992

Año Secc. 5

(%)

Secc. 20

(%)

Secc. 22

(%)

1991 42,56 28,77 31,03

1992 52,86 38,98 37,70

Incremento 1992/ 1991 10,30 10,23 6,67


Desarrollo del Frente del Sur

CUADRO Nº 15. Composición de la diferencia de voto zonal a la UCR *92 vs. *91

Aportes a la UCR '92 %

Secc. 5

%

Secc. 20

%

Secc. 22

U. Socialista 91 3,50 1,00 2,00

PJ/UCeDé 3,00 3,00 2,00

Otros 3,80 6,00 1,00


El espectro de centroizquierda perdió globalmente posiciones en 1992 respecto de 1991. tal como lo muestra el

Cuadro Nº 16.

25

CUADRO Nº 16. Acumulado espectro centroizquierda 1991/1992

Año 1991 1992

Unidad Socialista 6,13% 3,02%

FREDEJUSO 3,60%

Al. Fte. Popular 1,53%

Verde 1,46%

MAS 1,31% 0,51%

PC 1,15%

PO 0,45%

PTP 0,20%

Frente del Sur 7,24%

Acumulado 15,83% 10,77%


En efecto, incluyendo las izquierdas tradicionales, el acumulado de centroizquierda descendió del 15,8% del

electorado obtenido en 1991 al 10,77% acumulado en 1992. La gran fuga de votos desde el mosaico de centroizquierda

se dirigió hacia la UCR, y sus orígenes fueron, el 3% del electorado transferido por la Unidad Socialista y otro

porcentaje del 1,5% de los sufragios que en 1991 acumularan el FREDEJUSO, el Partido Verde Ecologista e

independientes menores.

Por su parte, el MAS, sacudido por una fuerte crisis político ideológica, electoralmente se diluyó, perdiendo al

menos 10.000 de sus votos de 1991. El PO, víctima de las nuevas normas que regulan las actividades partidarias, agregó

a la encrucijada política, la quita de personería jurídica impuesta desde el Ministerio del Interior.

En medio de esta dispersión político electoral, la novedad del conglomerado de centroizquierda la constituyó el

Frente del Sur. Tras la candidatura de Fernando E. Solanas pudieron aglutinarse, tal como lo indica el Cuadro Nº 17, un

4% del electorado, aportado por ex votantes del FREDEJUSO y de la Alianza Frente Popular (Luis Brunatti), enrolados

en el peronismo disidente. Se sumaron también el 1% de los votos acumulados por el PC en 1991 y el 1,50% del

electorado provenientes del ecologismo y alternativas de izquierda independientes menores, respetando esta

composición a lo largo de todo el distrito.

26

CUADRO Nº 17. Composición del voto distrital y zonal al Frente del Sur

Partidos y/o Alianzas

1991

(%)

Distrito

(%)

Secc. 20

(%)

Secc. 22

(%)

Secc. 5

FREDEJUSO 2,50 1,30 2,00 3,00

Al. Fte. Pop. 1,50 0,70 2,00 1,40

PC 1,00 0,50 1,50 1,00

Verde, otros

Izq. Indep. 2,14 1,20 2,18 2,00

Total 7,24 3,78 7,68 7,40


En otras palabras, sobre un total global de 133.953 votos acumulados por el Frente del Sur, 74.000 votos son ex

peronistas, en tanto que 60.000 provienen del arco de izquierda tradicional, independiente y del ecologismo.

En este sentido, los estudios que se conocieron momentos antes de las elecciones acerca de la composición del

voto del Frente del Sur, resultaron equivocados.7 Tras analizar la performance electoral del Frente a lo largo del distrito,

no cabe duda alguna de que se convirtió en la tercera fuerza electoral del distrito con hegemonía del voto peronista

disidente.

Más allá de su composición electoral interna, la experiencia frentista mostró límites.

Los datos señalan que no se lograron acumular los votos que en 1991 recogieron los partidos actualmente

integrantes del Frente del Sur, síntoma inequívoco de las dificultades de esta fuerza para proyectarse ya no en el espacio

comunitario más global, sino en los propios marcos del estrecho espectro del centroizquierda porteño.

Dificultades que en referencia a su captación del ex electorado peronista (un objetivo central del Frente) se

expresan en la merma de 13.000 votos con respecto a los alcanzados en 1991 por el peronismo disidente. A diferencia de

la UCR, que expande su capacidad de captación del ex voto peronista de 70.000 en 1991 a 90.000 en 1992, las

experiencias electorales filoperonistas de implantación en el espectro de centroizquierda distrital se encapsulan,

cediendo en 1992 el terreno electoral conquistado en 1991.

7 'Nos referimos al trabajo publicado en el matutino Página12, el 27/6/92, donde según una encuesta sobre 400 casos realizada por Hugo Haime y Asoc., se afirmaba que la intención de votos para el Frente del Sur estaba dominada por ciudadanos de izquierda y muy escasos peronistas. Las proporciones eran 21 a 1 en favor de lo que denominaban "voto socialista o de izquierda", por sobre los votantes peronistas. Una encuesta errónea, que cualquier estudio posterior refuta absolutamente. En realidad, un 55% del voto al Frente proviene del peronismo disidente, un 13% tiene origen en la izquierda tradicional, en tanto el restante 22% proviene de la izquierda no tradicional, independientes y ecologistas. Estos porcentajes de origen de los votos frentistas surgen transparentes al comparar el acumulado '92 del Frente con los respectivos acumulados electorales de 1991, de los partidos que lo integran.

27

Desarrollo del MODIN Porteño

En líneas generales, y a pesar de lo que pareciera indicar un bautismo electoral con un acumulado del 5,48% de

los votos, el MODIN no logró implantarse con eficacia social y política en el distrito, no tanto por el número de

sufragios obtenidos cuanto por el tipo de implantación político-social que logró.

En efecto, a diferencia de lo ocurrido en Provincia de Buenos Aires –donde para acumular el 9,24% de los votos

el MODIN se desarrolló electoralmente en secciones socialmente postergadas, con alta potencialidad política y de fuerte

tradición peronista (Moreno, Alte. Brown, La Matanza), que representaron el 80% de su acumulado provincial–, en

Capital el ex voto peronista representó para la media distrital, tal como lo indica el Cuadro Nº 18, sólo un 30% de su

acumulado.

CUADRO Nº 18. Composición del voto distrital y zonal del MODIN

Partidos y/o

Alianzas 1991

(%)

Distrito

(%)

Secc. 20

(%)

Secc. 22

(%)

Secc. 5

PJ/ UCeDé 2,00 1,30 4,00 1,00

Votos en Blanco 1,00 0,75 1,00 1,00

Otros (Gen. Interm.

Fza. Repub., Un. Pop.

P.N. Const. Vecinal) 2,48 2,70 3,42 2,80

Total 5,48 4,75 8,42 4,80


En las zonas más populosas del distrito, esta tendencia no varió y los ex votos peronistas acumulados por el

MODIN en la periferia distrital no alcanzan el 40% de su electorado. En rigor, el voto distrital a esta fuerza, que en las

zonas de mejor y peor posicionamiento socioeconómico resultó tercera, debe a los tradicionales votantes de los retazos

de la derecha nacionalista porteña el 60% de su caudal electoral.

Este singular conglomerado electoral atávico, social y políticamente inactivo, no ofrece perspectiva alguna al

desarrollo del MODIN en el distrito.

De esta forma, el tipo dominante del electorado que el MODIN logró convocar en Capital es el síntoma de una

modalidad de discurso conspirativo, modelado por la lógica militar. Los efectos manifiestos de esta concepción resultan

aquello que Pietro Ingrao denominó "reducción de la política a guerra", ideología que sella en lo inmediato la futura

evolución política de una fuerza, para la cual un potencial político electoral aceptable estaba disponible en el distrito.

28

Desarrollo de la Unidad Socialista

El mosaico socialista porteño sufrió una fuga (direccionada casi absolutamente hacia la UCR) de 62.506

sufragios, de los 118.495 que acumulara en 1991, año cuando logró su mayor desarrollo electoral alcanzando, como se

recordará, el 6,13% de los votos emitidos.

Ciertamente, la renuncia a su candidatura por parte de Alfredo Bravo, así como la tardía pero fuerte polarización

que sacudió al distrito, conmovió a todo el espectro de centroizquierda en general (que, como se señaló, vio descender su

acumulado global de 1991 en más de 90.000 votos) y, como resulta obvio, golpeó muy particularmente la evolución

electoral del conglomerado socialista. En efecto, la Alianza descendió en su acumulado a sólo el 48% de los sufragios

alcanzados en 1991 y al 64% del número de votos sumados en 1989, que ascendían a 88.572.

En síntesis, con su más reciente caudal electoral del 3,02% de los votos emitidos (55.989 sufragios), la Unidad

Socialista parece cerrar un cielo de evolución política que, en su momento de máxima, supo constituirla en la mayor

referencia electoral del voto progresista porteño. Referencia cuya reconstrucción, de cara a los nuevos comportamientos

y espacios electorales abiertos por la ciudadanía de centroizquierda en 1992, resultará muy complicada respetando el

actual sistema de alianzas del mosaico socialista, que se reveló política, ideológica y, por lo visto en el '92,

electoralmente estrecho, a la hora de convocar al menguante pero muy variado espectro progresista distrital.

A continuación, el lector podrá observar, a modo de conclusión gráfica de lo acontecido en el distrito porteño en

las elecciones de Junio de 1992, el gráfico tradicional de barras, donde se muestran los acumulados totales de las

principales fuerzas políticas porteñas, y el deterioro electoral del PJ para cada sección electoral porteña de acuerdo a

nuestro estudio de las elecciones a senador: así, mediante círculos oscuros podrá registrar cómo se distribuye

geográficamente el deterioro electoral justicialista que, tal como se observa en el gráfico, se acentúa fuertemente en el

norte y centro distrital, para amortiguarse, aunque sin perder su contundencia, en la periferia porteña.

GRAFICO Nº 1

Fuente: Elaboración propia

897.313

240.503332.502

133.953 101.402 56.089

0100000200000300000400000500000600000700000800000900000

Cant

idad

de

voto

s

UCR PJ UCD F. del Sur MODIN Un. Soc.

Total Distrito

29

GRAFICO Nº 2. Deterioro electoral PJ (1989 vs. 1992)

30

III. LA ENCRUCIJADA ECONOMICA

UNA VISIÓN ESTRUCTURAL

CARACTERIZACION DE LA ETAPA

Lapso 90/92: Período más Agudo del Ajuste

El año 1992 marca el fin de un ciclo iniciado en 1990, signado por el desarrollo de un profundo ajuste estructural,

cuya conclusión define el ingreso al Plan Brady –reestructuración de largo plazo de la deuda–, el agotamiento de las

privatizaciones –"prenda de paz" del período– y la desregulación y apertura de la economía.

El cierre del tramo más grueso del ajuste, –lapso 90/92–, abre un período de marcada incertidumbre sobre el

funcionamiento del modelo resultante, a diferencia de lo ocurrido en otras economías ajustadas como el caso chileno.

Estos interrogantes se pueden sintetizar en tres aspectos:

• Ausencia de un poder regulatorio del Estado que garantice el cumplimiento de las obligaciones externas, en el

marco del Plan Brady. En suma, no hay mecanismos seguros de apropiación de rentas en moneda dura por parte del

Estado, para transferir a la banca acreedora.

• Indefinición acerca del rumbo productivo de la economía; el modelo exportador aparece inconcluso, sobre todo en

el perfil de los bienes comerciables externamente, pasando de una importante participación relativa de las

manufacturas en las ventas externas a una creciente primarización de las mismas. Esta indefinición incide

resueltamente en los flujos positivos de capital, no pudiendo elevarse de manera sensible los montos de inversión,

excepto en aquellos rubros de alta tasa de retorno (activos públicos privatizados y bienes de valor retrasado en

términos de dólar).

• Fuerte vulnerabilidad del sector externo que cuestiona el proceso de apertura económica, sobre el que se sustenta el

esquema de equilibrio macroeconómico articulado con el pago de la deuda externa. La comentada insuficiencia de

flujos de capital, que compensen el déficit de la balanza comercial, coloca a la economía argentina ante una

potencial crisis externa, cuya corrección altera drásticamente el programa de estabilización de corto plazo. Este

último aspecto se ve agravado por las dificultades de la inserción internacional de la Argentina, la cual, a diferencia

de la vigente a fines del Siglo XIX con Gran Bretaña, es escasamente viable en el alineamiento con los Estados

Unidos –economías históricamente competitivas antes que complementarias– y desintegradora del espacio

geoeconómico en la experiencia regional del Mercosur.

31

Los tres aspectos reseñados (ausencia de poder regulador estatal, indefinición del rumbo productivo y

vulnerabilidad del sector externo) configuran un contexto altamente inestable en el que se desarrollará el intento del

poder económico –banca acreedora y grupos empresarios– de establecer una nueva base de acuerdo para sus intereses y,

en definitiva, un modelo de crecimiento y funcionamiento estable de la economía argentina, elemento este último

altamente improbable.

Nuevo Marco de Acuerdo del Bloque Dominante a Partir del Brady

El ingreso de la Argentina al Plan Brady definió un reacomodamiento de los espacios de acuerdo en el seno del

bloque de consorcios empresariales y bancos acreedores,8 signado esencialmente, por el hecho de que las transferencias

a los acreedores se incorporan como un dato de la realidad en magnitud y tiempo y desplazan al plano interno los

debates en torno de la concreción del ajuste fiscal y la reconversión productiva.

La incorporación del pago regular de la deuda externa al contexto delineado por el ingreso al Brady –debe

recordarse que dichos pagos se interrumpieron en el lapso abril 88/abril 90–, inserta en la coyuntura un conjunto de

elementos que necesariamente aparecerán, en distintos grados de relevancia, en cualquiera de los escenarios de

resolución del Plan de Convertibilidad: el descenso de los salarlos en dólares y una progresividad tributaria creciente.

En este sentido, el escenario de salida de la Convertibilidad posBrady tiende a estructurar un nuevo escalón de la

relación banca acreedora-grupos económicos –dominante en la Argentina–, cuyas características definitivas dependerán

de los avatares político-institucionales ligados a la proximidad del comicio de 1993, de la nueva conformación de poder

económico que surja del proceso privatizador en curso y, obviamente, de la magnitud del costo de esta reconducción del

ajuste que pueda trasladarse hacia los sectores populares, aspecto insoslayable en toda evaluación a realizar.

¿El Fin de la Convertibilidad o su Profundización?

La Convertibilidad, que emergió como la reconducción del ajuste acreedor orientado a superar la crisis del

esquema "Erman", afronta en el presente restricciones intrínsecas que la insertan en un contexto similar al de principios

de 1991.

El plan Cavallo, que garantizó la estabilidad política –éxito en los comicios nacionales de 1991– en tanto se

transitaba el ingreso al Plan Brady, aparece hoy inaugurando una etapa, cuyas exigencias –en esencia los compromisos

asumidos con el ingreso al Brady–, tienden a alterar el actual diseño de política económica. La Convertibilidad

desvinculó el pago de la deuda externa de la afirmación de un modelo exportador en la Argentina, colocando las

transferencias a la banca acreedora en la prioridad exclusiva del Plan. En este sentido, se avanzó en un esquema que

combina el ajuste fiscal –para generar excedentes para el pago– con la reactivación de la actividad económica.

8 Para una mejor comprensión de este tópico, véase Informe de Coyuntura del IDEP, Mayo 1992. "Caracterización Estructural de la Etapa".

32

La estabilidad derivada del tipo de cambio fijo, la apertura importadora y el equilibrio fiscal con transferencias al

exterior crearon condiciones para la reactivación del consumo, al producir un desplazamiento de capitales desde los

activos financieros a los físicos. El tipo de cambio "anclado" por el volumen de reservas en el BCRA, la menor demanda

de crédito del Estado producto del ajuste y el "techo" a los precios que implica una política arancelaria aperturista

favorecieron el fin de la valorización financiera como destino de los excedentes y abrieron una instancia productiva que

dinamizó la reactivación. Sin embargo, este diseño tiende a agotarse.

El agotamiento de la Convertibilidad como ajuste pagador puede verificarse en dos planos, el productivo y el

fiscal. En el primero deben evaluarse dos factores, el detenimiento de la dinámica de la reactivación interna y el déficit

de la balanza comercial que puede inducir a una crisis externa. En el plano fiscal, el fin de los activos públicos para

privatizar y el estancamiento de la recaudación tributaria, derivada de la conclusión de la reactivación, a su vez pueden

convertirse en determinantes de una crisis fiscal.

La Convertibilidad, en consecuencia, ha ingresado en una fase de continuidad inercial, sustentada por la

ejecución de las privatizaciones y otras aristas inherentes al ajuste como la reestructuración provincial, acumulando en

este tránsito las tensiones antes reseñadas que obligan a una redefinición, máxime cuando la resolución del "acuerdo-

Brady" con los bancos acreedores presenta una clara tendencia –en la opción financiera adoptada por éstos– a

incrementar los pagos externos y el monto de las garantías a constituir.

Posibles Escenarios de Resolución de la Convertibilidad

Previamente a ponderar las alternativas de salida de la coyuntura, debe analizarse una característica presente en

todos los planes de ajuste posteriores a la crisis del endeudamiento externo. En efecto, desde 1985 hasta la actualidad,

los sucesivos planes de estabilidad apelaron a mecanismos ("prendas de paz") que permitieron transitar el ajuste

compatibilizando los intereses de los sectores dominantes –pago de la deuda externa y transferencia a los consorcios

empresariales– y, subsidiariamente, afrontar la coyuntura electoral.

En el lapso referido, el agotamiento de esas 'prendas de paz" determinó una crisis de la etapa en curso y su

reconducción partiendo del contexto socioeconómico ya delineado. De este modo, el Plan Austral recurrió, para su

equilibrio, a un creciente endeudamiento financiero interno –el "festival de bonos" o el "déficit cuasi-fiscal"– hasta que

su magnitud y plazos lo tornaron impagable y, por ende, incapaz de financiar pagos externos y subsidios a los grupos

económicos. A su vez, el ajuste poshiperinflacionario se sustenta, para esos fines, en el proceso privatizador (nueva

prenda de paz) iniciado en 1990. Vale la pena destacar que tanto el Plan Austral como la Convertibilidad fueron

acompañados en sus comienzos por sendas victorias electorales.

La proximidad del fin del remate de los activos públicos exige al gabinete económico estructurar una

reconducción del ajuste. La discusión más relevante que surge remite a dilucidar si el futuro escenario contempla la

utilización de manera sostenida de las reservas del BCRA –que superan los U$S 12.000– para cumplir los compromisos

33

externos. Conforme lo señalado, los escenarios planteados, más allá de las diferentes mixturas posibles, pueden

sintetizarse en dos.

Un primer escenario –hasta ahora el vigente–, que descarta el uso de las reservas del BCRA como herramienta

activa y plantea la continuidad del peso convertible a este tipo de cambio, lo que se traduce en la profundización del Plan

de Convertibilidad. Este escenario está vinculado a una nítida preeminencia política de la banca acreedora en la

conducción del proceso, dado que el mismo se asemejaría bastante al desarrollado por la dupla Erman González-

González Fraga e interrumpido por restricciones políticas. Este esquema exigirá de un fuerte proceso recesivo, que

determine la elevación del superávit de la balanza comercial y que seguramente desencadenará una aguda crisis

bancaria.

La recesión, inducida a través del aumento de la tasa de interés, provocará un incremento en los costos de

captación de depósitos que no todas las entidades financieras podrán trasladar a sus carteras de préstamos. Esto

dependerá de la solvencia de sus deudores y del margen de intermediación con el que operen. Indudablemente

perjudicará a los bancos minoristas.

En el plano fiscal, la referida situación obligará a generar el superávit del Sector Público, en base a criterios

distintos del dispositivo fiscal actual. Pronunciada caída del gasto y un perfil tributario que tienda a incidir

sensiblemente sobre los patrimonios definiría el tipo de políticas compatibles con la caída del nivel de actividad.

Por último, la optimización de la tasa de ganancia empresaria –particularmente la exportadora– exige de dos

elementos que se encuentran insertos en el ajuste en curso: la concentración de los mercados y la ruptura del sistema de

relaciones laborales. El primero se verifica en el proceso de desmantelamiento estatal, en el cual los grandes consorcios

empresariales anexan renta y se apropian tanto de mercados cautivos como de insumos industriales, que les otorgan una

enorme capacidad de fijación de los precios de la economía. El remate del sector público, como también el valor de

bienes con precios retrasados en dólares –acciones e inmuebles–, tienden a absorber toda la inversión disponible, no

visualizándose hasta el presente desarrollos de especialización productiva, economías de escala o fuertes innovaciones

tecnológicas, que evidencien mejoras en la rentabilidad empresaria por esa vía.

Por lo tanto, en la medida en que los flujos de inversión tienen el destino antes citado, el crecimiento de las

ganancias empresarias se alcanza por incorporación de áreas rentables de las que se desprende el Estado, compra-ventas

especulativas, y el requisito de hacer descender estructuralmente, la participación del salario en el producto. Esto último

no debe analizarse como un problema de costo-beneficio por firma, sino como la existencia permanente de un sobrante

de mano de obra compatible con un costo laboral bajo y fluctuante, conforme a las variaciones de demanda propias de

una economía exportadora. La flexibilización laboral, la abrogación de convenios colectivos, la dispersión salarial y el

desmonte de la seguridad social son claves para hacer descender el costo laboral en forma permanente, garantizando

además –producto de la desorganización y fragmentación que genera un esquema de estas características– el control y

34

subordinación de los sectores populares. Un escenario como el descripto, no parece ser compatible con la proximidad de

un evento electoral.

El otro contexto posible es el que contempla la utilización de reservas internacionales –la nueva "prenda de paz"

a partir del agotamiento de las privatizaciones– para el pago de la deuda externa, modificando la paridad cambiaria

como resultado de esa decisión.

La devaluación tendría efectos cualitativos similares al proceso recesivo, mejora del saldo de la balanza

comercial y descenso de salarios valuados en dólares. En este marco, el equilibrio fiscal –incluyendo los pagos

externos– podría obtenerse con un menor recorte del gasto y acentuando la presión impositiva sobre las rentas de

exportación acrecentadas por la devaluación.

Pareciera que una salida de la Convertibilidad que asuma las características reseñadas, se compadece más con los

objetivos políticos y electorales trazados por el Poder Ejecutivo, dada la capacidad de graduar el impacto del ajuste que

otorga el uso de reservas internacionales, liberadas del cepo del "peso convertible".

Las proyecciones de diversas instituciones indican que el desbalance externo y fiscal del año '93 rondará los U$S

8.000 millones, los ingresos por privatizaciones (acciones y activos de YPF, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, bienes

menores) se estiman en U$S 3.000 millones, por lo tanto, el desbalance de la Convertibilidad será de U$S 5.000

millones. Este deberá ser financiado con ingreso de capitales del exterior o el planteado como posible uso de las reservas

del BCRA. A diciembre del '92 dichas reservas oscilaban en U$S 12.100 millones, integrándose U$S 1.300 millones con

títulos y otros activos externos ilíquidos: uno de los mecanismos de utilizar las reservas para cubrir el desbalance sin

alterar la paridad de conversión es aumentar la proporción de títulos públicos en el total de las reservas. De hecho, la

reciente reforma de la Carta Orgánica del BCRA ha extendido el límite autorizado de dicha proporción del 10 al 33%,

decisión que parece compatible con la necesidad de financiamiento que prevé el Gobierno para 1993.

Síntesis y Perspectivas

La entrada de la Argentina al Brady determinó el agotamiento de la Convertibilidad, desde su concepción como

plan de ajuste destinado a viabilizar el ingreso a dicho programa internacional.

En tanto el Brady es una propuesta de regularización de pagos en beneficio de los acreedores externos, las

transferencias a la banca en ese marco se incorporan como un dato de la realidad, provocando reacomodamientos del

bloque dominante a partir de este nuevo elemento. Los rasgos del ajuste desarrollado en la actualidad permiten un

cambio de etapa paulatino –a diferencia de lo ocurrido con la hiperinflación–, pero que se tomará ineludible con el final

de las privatizaciones.

35

Los escenarios posibles de resolución del cambio de etapa se centran en el mantenimiento o alteración de la

paridad cambiaria, utilizando, en este último caso, las reservas acumuladas en el BCRA para afrontar los compromisos

asumidos en el Brady.

El sostenimiento del actual tipo de cambio exigiría una profundización del ajuste de tal magnitud, que

demandaría una fuerte exhibición de poder político de la banca acreedora en la conducción económica. A su vez, esta

estrategia limitaría seriamente los fines electorales y reeleccionistas del Poder Ejecutivo. Por el contrario, apelar a la

fórmula transaccional, que supone el uso de reservas para el pago, contemplaría la proximidad del comicio de 1993 y los

intereses de los consorcios empresariales, pero generaría severos interrogantes a futuro acerca de las posibilidades de

reconducir un ajuste pagador, una vez agotados dichos recursos, preocupación esencial de la banca acreedora. Las

privatizaciones están conformando un bloque de poder económico integrado por los principales consorcios beneficiarios,

que cuestiona la capacidad del Estado de imponer un ajuste que les exija contribuir en parte al pago de los compromisos

externos. Para los sectores populares, el resultado será una nueva depredación del producido de un esfuerzo.

Es evidente que, –excepto por el sostenimiento a rajatabla de la paridad de conversión–, los escenarios descriptos

admiten variadas mezclas y grados, signados por la nueva conformación de poder económico que surja del proceso

privatizador, los avatares político-institucionales, el volumen de reservas que se afecte, etcétera.

Las afirmaciones oficiales hasta el presente parecen privilegiar el primero de los escenarios. Las fuertes

restricciones, que una profundización del ajuste determinan para afrontar con éxito la coyuntura electoral, podrían

encontrar cierta permeabilidad en utilizar pautadamente las reservas para atenuar los efectos del ajuste y

simultáneamente mantener inalterado el tipo de cambio. El uso limitado de títulos públicos en la composición de la

reserva hasta el máximo autorizado (33%) permitiría posponer los efectos más duros de la recesión hasta el final del '93.

Más allá de estas disquisiciones, y de las incertidumbres propias de cualquier predicción, emergen con claridad

tres elementos que resultan comunes a ambos escenarios. Un nivel dado por pagos al exterior, creciente progresividad

tributaria y descenso de salarios en dólares parecen constituirse en ejes a futuro del ajuste argentino, con independencia

de la salida coyuntural que se adopte.

Dado que el presente facilita la aplicación de cambios graduales, el ministro Cavallo ha decidido acelerar la

presencia del último de los ejes mencionados –la caída salarial en dólares– y retrasar todo lo posible la aplicación del

segundo, la progresividad tributaria. Como puede observarse, al ministro no parece atribularlo la perspectiva electoral

del Presidente.

En suma, y como de costumbre en tanto se configura la nueva etapa, se hace recaer el costo del tránsito sobre los

sectores populares todo lo que la coyuntura lo permita. En este caso, la situación es extrema, pues combina

flexibilización laboral con agudización de la regresividad tributaria como forma de salvaguardar la rentabilidad

empresaria manteniendo el actual tipo de cambio. La Argentina exhibe una posición desventajosa, aun respecto de otras

36

economías ajustadas. Al cabo de la feroz reforma estructural, a la que fue sometida en estos últimos dos años sigue

careciendo de un proceso de inversión y crecimiento sólido y no revela una inserción internacional viable y definida.

LA DEUDA PUBLICA

Composición y Reestructuración de la Deuda: Firma del Acuerdo Brady

Después de arduas negociaciones iniciadas en abril, finalmente la Argentina firmó el 6 de diciembre el acuerdo

con los bancos comerciales para reestructurar su deuda en el marco del Plan Brady. El acuerdo alcanzado, en sus

aspectos intrínsecos, abre numerosos interrogantes sobre los siguientes temas: la magnitud real de la quita. el volumen

de transferencias al exterior, el costo real de entrada al Plan Brady.

Estos interrogantes dificultan una evaluación precisa del impacto del compromiso con los bancos sobre la

economía argentina. En principio, con referencia a la reducción de deuda producto del convenio, sorprende la distancia

que media entre el optimista anuncio del Gobierno acerca de una quita de U$S 7.000 millones, y la moderada estimación

del presidente del "Steering Committee" –comité de bancos que agrupa a los principales acreedores–, William Rhodes,

sobre una quita oscilante entre los U$S 500 millones y los U$S 2.000 millones. Los motivos de esta diferencia deben

rastrearse en la mezcla de opciones adoptada por los bancos para reestructurar la deuda. En este sentido, el "menú" de

opciones brindado a los bancos para refinanciar los U$S 24.360 millones de capital –véase Cuadro Nº 19– incluía:

• Bonos de Descuento (Descount Bond), emitidos con una quita del 33%, tasa flotante Líbor, más 0,81% a 30 años,

con pago único de capital de vencimiento.

• Bonos a la Par (Par Bond), emitidos al 100% de valor nominal, sin quita, a una tasa fija (año 1: 4%; año 2: 4,25%;

año 3: 5%; año 4: 5,25%; año 5: 5,5%; año 6: 5,75%; año 7 al 30: 6% fija) a 30 años, con pago único de capital al

vencimiento.

• Bonos de Privatizaciones durante 1992, emisión de U$S 3.000 millones para ser aplicados al canje de deuda por

activos públicos.

La tendencia de los bancos para refinanciar el capital, deducido el Bono de Privatizaciones aplicado en las

empresas de energía eléctrica y gas (U$S 24.360 millones - U$S 2.620 millones), fue mayoritaria en la opción por los

Bonos a la Par, es decir, sin quita de capital y con tasa de interés fija. La tendencia inicial fue del 80% por el Bono a la

Par y sólo el 20% por el Bono de Descuento, preferencia explicable por dos factores.

En primer lugar, el mecanismo del Plan Brady establece, para cualquier opción, que el país ingresante debe

garantizar íntegramente el capital adeudado, mediante la compra de bonos del Tesoro de los EE.UU., –bonos "cero

cupón"–, lo que elimina el riesgo de cobro al vencimiento y por ende le resta relevancia a la realización de una quita en

función de una potencial incobrabilidad. Esto desplaza la decisión al volumen de intereses que se perciba según la

37

opción elegida. En este sentido, la tasa de interés fija, contenida en el Bono a la Par, se ubica en la actualidad por encima

de la Líbor (4% respecto del 3,5% anual), y la perspectiva –al menos desde los acreedores– es que esta relación se

mantendrá a mediano plazo. En suma, eliminado el riesgo de cobro del capital, los bancos optan por percibir en lo

inmediato más intereses.

CUADRO Nº 19. Composición de la deuda del Sector Público no Financiero*

Cifras en millones de U$S

al 30/6/92

Bancos Comerciales - Capital 24.360

Intereses 8.310

Organismos multilaterales de crédito FMI, Banco Mundial, BID y BIR 7.540

Club de París 8.830

Bonex - excluido cartera BCRA y ANsES 3.650

Eurobonos 830

Bocon - en $ y en U$S 5.160

Otros títulos - en $ y en U$S 3.980

Deuda sin consolidar 11.270

Total Deuda Sector Público no financiero 73.930

Fuente: Ministerio de Economía. *Véase Informe de Coyuntura del IDEP Mayo 1992, "Negociación Externa: El Brady y el Crédito de Facilidades Extendidas".

Los negociadores argentinos desarrollaron intensas gestiones para modificar esta tendencia, hecho que demoró la

firma del acuerdo –desde abril a diciembre–, por la incidencia de la misma en la magnitud de los pagos al exterior y en

la constitución de las garantías. El resultado de esta gestión fue la decisión de los bancos miembros del "Steering

Committee", de optar por convertir un 35% de sus acreencias en Bonos de Descuento y el 65% restante en Bonos a la

Par, tal como se materializó en la firma del 6 de diciembre.

Ahora bien, el "Steering Committee" está constituido por los trece principales bancos acreedores de la Argentina:

de EE.UU., Citicorp, Chase, Morgan Chemical y of America; de Japón, Sanwa y Tokio; del Reino Unido, Midland y

Lloyds; de Francia, Credit Lyonais; de Suiza, Unión de Bancos Suizos; de Alemania, Dresdner y de Canadá Royal Bank

of Canada. Estas instituciones reúnen el 34% de la deuda total, U$S 7.390 millones, repartiéndose el resto en más de 300

entidades bancarias que no estuvieron presentes en el pomposo acto de firma del Palacio de Correos.

Esta situación es la que debe haber impulsado al jefe del "Steering Committee", W. Rhodes, a acotar la reducción

entre U$S 500 y U$S 2.000 millones. Sin embargo, William Stanley del Citicorp se apresuró a manifestar que el

38

"Steering Committee" tiene consenso en el resto de las entidades, y por ende el 90% adoptará las proporciones de los

principales acreedores.

En síntesis, hasta ahora sólo han cerrado trato trece bancos que reúnen el 34% de la deuda; sin embargo,

aceptando la veracidad de los conceptos vertidos por Stanley, es decir que prácticamente la totalidad de los bancos

acreedores optará por canjear sus acreencias un 65% por el Bono a la Par y el 35% por el Bono de Descuento, la

estructura definitiva de la deuda con los bancos comerciales sería:

CUADRO Nº 20. Deuda reestructurada por el "Brady"


Capital Total de capital- deducidas las privatizaciones antes del acuerdo 21.740 Bonos a la Par 14.130 Bonos de Descuento 4.950 Reducción de deuda 2.660 Total de capital reestructurado por el acuerdo 19.080 Intereses atrasados Bonos a 12 años con 3 de gracia, pagaderos semestralmente y a tasa flotante -Libor + 0,81% 7.610 Pago en efectivo 400 Entrega en pago de bonos "cero cupón" del Tesoro de los EE.UU. 300 8.310

Dando por válida la reestructuración reseñada en el Cuadro Nº 20, se arribaría a una reducción de deuda de U$S

2.660 millones, equivalente al 12,2% del capital adeudado y sólo el 3,6% del total de la deuda pública del sector privado

no financiero –U$S 73.930 millones. Las especulaciones del Gobierno, en torno a una quita de U$S 7.000 millones, se

sustentan en el ahorro de transferencias generado por una eventual suba de la tasa de interés de mercado por encima de

la tasa fija inserta en los Bonos a la Par –expectativa inversa a la de los bancos. En base a una quita estimada de U$S

2.600 millones, se determina para 1993 una transferencia en concepto de intereses. (Véase Cuadro Nº 21.)

39

CUADRO Nº 2 1. Intereses de 1993

Cifras en mill. U$S Cifras en mill. U$S

4% s/Bonos a la Par -U$S 14.130 mill 560

4,31% s /Bonos de Descuento -U$S 4.950 mill 210

4,31% s/Bonos Int. Atrasados -U$S 7.6 10 mill.

Pago excepcional para regularizar atrasos

330

400

1.500

La cifra de transferencias para 1993 –U$S 1.500 millones–, implica un aumento del 89% respecto de lo girado en

1992 –U$S 790 millones– y si se deduce el pago excepcional de atrasos, el incremento en los pagos regulares a la banca

es del 39%. Se advierte, en consecuencia, cómo el Plan Brady cumple su papel de instrumento regularizador de pagos

externos, antes que el declamado fin de solucionar la problemática de los países endeudados mediante quitas que

aliviarán el peso de las transferencias. Por el contrario, los giros al exterior aumentan y se convierten en un dato

inamovible de las economías de los países deudores por un largo tiempo. En la Argentina se observa el creciente nivel

de pagos al compás de la profundización del ajuste estructural, (véase Cuadro Nº 22).

CUADRO Nº 22. Pagos a la banca acreedora

El otro factor sobre el cual incide la indefinición de la quita real del monto adeudado es en el costo de entrada al

Brady, centrado en la constitución de las garantías sobre el capital refinanciado.

Los Bonos de Descuento y los Bonos a la Par deben ser garantizados mediante la entrega a los tenedores de los

bonos "cero cupón" del Tesoro de EE.UU. Estos bonos no reditúan interés periódico –por ello la denominación "cero

cupón"– y su valor presente iguala, al cabo de treinta años, al valor futuro del capital a pagar al vencimiento final de los

Bonos del Brady. Partiendo de un capital reestructurado de U$S 19.080 millones, resultante de la quita estimada en este

trabajo –U$S 2.660 millones– las garantías a constituir son:

CUADRO Nº 23. Costo de entrada al Brady, garantías a constituir y pagos a realizar

Abril '88/marzo '90 pagos interrumpidos

Abril '90/febrero '91 U$S 40 mill. mensuales

Marzo '91/ mayo '92 U$S 60 mill. mensuales

Junio '92/ febrero '93 U$S 70 mill. mensuales

Marzo '93 en adelante U$S 92 mill. mensuales

40

Concepto Cifras en mill. U$S

Bonos a la Par y de Descuento 2.180

Intereses primer año s/bonos emitidos 770

Pagos intereses atrasados 700

• En efectivo 400

• En bonos "cero cupón" 300

3.650

Los fondos necesarios para reunir esta "masa crítica", que viabilice el ingreso al Plan Brady, serán suministrados

por los organismos internacionales de crédito en las proporciones detalladas en el Cuadro Nº 24.

CUADRO Nº 24. Financiamiento del costo de entrada al "Brady"

Cifras en mill. de U$S

FMI- Tramo del crédito de Facilidades Extendidas 1.040

BID 650

Banco Mundial 750

Eximbank-Japón 450

2.890

La diferencia entre la "masa crítica" y lo aportado por los organismos financieros internacionales, U$S 760

millones, constituye una suma que la Tesorería deberá esforzarse por reunir a partir de marzo de 1993. La "brecha" de

financiamiento tiende a coincidir con el monto de intereses atrasados que la Argentina debe cancelar, y constituye una

forma de compulsa de la capacidad de pago del deudor.

Habiendo reseñado, aun desde una perspectiva de incertidumbre en base a la información disponible, los aspectos

centrales del ingreso al "Plan Brady" –reestructuración del capital, pago de intereses y garantías a constituir–, cabe

formular las siguientes reflexiones.

• No produce ninguna reducción del stock de deuda –arista más publicitada del acuerdo–, sino por el contrario,

aumenta la deuda global. En efecto, si bien disminuye en U$S 2.660 millones el capital adeudado a los bancos, la

Argentina debe, para acceder al acuerdo, tomar préstamos de los organismos financieros internacionales por U$S

41

2.890 millones, a fin de constituir las garantías exigidas. En definitiva, se sustituye –aumentándolo– un

financiamiento por otro.

• La reestructuración del capital, sustentada en el pago único al vencimiento del acuerdo –30 años de plazo– y con

garantía de bonos del Tesoro de los EE.UU., se articula directamente con los intereses de los acreedores externos, en

virtud de que:

– Los bancos resuelven su problema de deterioro patrimonial, producto de asistir a deudores morosos con riesgo

de incobrabilidad. El Brady les permite una significativa revaluación de sus carteras activas con los países

endeudados, a partir de canjear títulos que cotizan a un 30% del valor nominal por bonos garantizados por el

Tesoro de los EE.UU. Este efecto, que elimina el riesgo de cobro del capital reestructurado en el Brady, es el

que influye en la tendencia renuente de los bancos a optar por el Bono de Descuento –65% del valor nominal–,

pues tanto mayor será el beneficio patrimonial de la revaluación –del 30% al 100%, en vez del 30% al 65%

cuanto mayor sea la opción de canje por el Bono a la Par– 100% del valor nominal.

– Se regulariza y se aumenta el pago de intereses, en el caso argentino, se refinancian los U$S 8.300 millones de

servicios atrasados –cancelándose U$S 700 millones al ingresar al acuerdo– y se incrementan las transferencias

anuales de U$S 790 a U$S 1.100 millones (39%). De este modo, los bancos se aseguran la colocación del

capital –sin riesgo– a largo plazo y la percepción periódica de intereses, bajo pena en caso de mora, de hacer

caer los términos de acuerdo.

En suma, el Plan Brady mejora el cuadro patrimonial de los bancos –derivado del riesgo de cobro del capital– y

regulariza los pagos a largo plazo, es decir, resuelve el problema económico y financiero de los acreedores externos,

pero además desplaza al plano interno, exclusivamente, los interrogantes acerca de los modos de obtención de los

recursos para el pago. Las transferencias a la banca acreedora se convierten –a partir del Brady– en un dato insoslayable

de la economía argentina, más propiamente de las cuentas fiscales, a largo plazo, coronándose el proceso de "ajuste

acreedor" iniciado en 1990.

La rigidez que implica el Brady para el desenvolvimiento de la política económica argentina, no parece ser

simétrica en el caso de Brasil. El Cuadro Nº 25 comparativo revela algunas diferencias importantes.

42

CUADRO Nº 25. El Brady en la Argentina y Brasil


Argentina Brasil

Deuda refinanciable 32.670 62.400

Capital 24.360 50.400

Atrasos 8.310 12.000

Bonos a la Par

Tasa Mín. 4% 4%

Tasa Máx. 6% 6%

Bonos de Descuento Libor + 0,81% Libor + 0,81%

Plazo 30 años 30 años

Pago contado por atrasos 700 nada

Fondos frescos no U$S 1 por cada U$S 5,5 reconvertidos

Masa crítica 3.650 3.200

En principio, el "costo de entrada" para Brasil es sensiblemente inferior que para la Argentina, la "masa crítica"

para el primero representa el 5,12% del capital refinanciado, en tanto que para el segundo asciende al 11, 17% de la

deuda reestructurada. Pero además, Brasil recibirá U$S 1 por cada U$S 5,5 que se reconvierta en el marco del Brady,

como líneas de crédito de los mismos bancos acreedores, sin exigirle el pago excepcional por los atrasos.

Sin embargo, el análisis no debe centrarse en las ventajas inherentes al acuerdo logradas por el Brasil, sino que su

ingreso al Brady no estuvo precedido por el férreo ajuste fiscal ejecutado por la Argentina en el bienio 90/92, previo al

convenio. Por el contrario, el país limítrofe en el primer semestre de 1992 presentó una inflación del 23% mensual y un

déficit de Tesorería cercano al 8% del PBI, incumpliendo la totalidad de las metas comprometidas con el FMI.

La mejor posición de Brasil, tanto en los beneficios intrínsecos del acuerdo como en la menor exigencia del

ajuste, se apoya en dos factores: la enorme capacidad de pago que le permite su comercio exterior –el superávit

comercial de 1991 fue de U$S 17.800 millonesy la facultad del Estado de comprar divisas con emisión monetaria,

administrando el tipo de cambio sin restricciones.

Es indudable que el esquema brasileño, asentado en superávit comercial/déficit fiscal, atenúa el impacto del

ajuste, pues no obliga a acelerar el proceso privatizador y le otorga cierta autonomía a la política monetaria y fiscal. En

43

definitiva, el tránsito previo para ingresar al Brady, y su desarrollo posterior, no implican para Brasil un condicionante

tan rígido como para la Argentina.

En nuestro país, el diseño superávit comercial/déficit fiscal se agotó con la hiperinflación del '89, siendo

reemplazado por el dispositivo superávit fiscal/apertura económica/tipo de cambio fijo, cuyo sostén exigió profundizar

el ajuste fiscal en un corto lapso. No obstante, el peso fiscal que implican las transferencias del Brady y la perspectiva de

déficit comercial, producto de la apertura y el retraso cambiario, cuestionan al mismo.

Esta política de equilibrio macroeconómico se aproxima más al caso mexicano. México, que también ingresó al

Brady precedido de un fuerte ajuste fiscal y en condiciones similares a las de la Argentina, desarrolla una política de

apertura económica compensando el déficit comercial con un significativo flujo de capitales y reteniendo el Estado el

control de porciones de la renta exportadora.

En síntesis, la Argentina aparece como versión incompleta de las políticas de estabilización de los otros dos

grandes deudores latinoamericanos, cuyo único horizonte a mediano plazo es la recurrente profundización del ajuste.

Flujo de Fondos de la Deuda

El Cuadro Nº 26 tiene por objeto reflejar la real carga que los servicios de la deuda pública significan para la

Tesorería. El superávit con privatizaciones –$ 3.344 millones– sólo alcanzó para afrontar el 32% de los vencimientos,

debiendo recurrirse al crédito interno por $4.296 millones, para equilibrar el flujo de fondos y asistencia externa por $

1.043 millones.

Definido un perfil de vencimientos en la reestructuración de la deuda con los bancos comerciales, en el marco del

Brady, los títulos públicos de circulación local acumulan el grueso de las amortizaciones en el corto plazo, obligando a

sucesivas refinanciaciones –nuevas emisiones–, que acrecientan su volumen.

44

CUADRO Nº 26. Evolución de la deuda pública durante 1992

Cifras en millones de

$ noviembre '92

Vencimientos Intereses y Avales en moneda local 1.694 Amortizaciones en moneda local 3.873 Intereses y Avales en moneda extranjera 2.287 Amortizaciones en moneda extranjera 2.710 Resultado Operativo de la Tesorería con Privatizaciones 3.344 Total a Financiar 7.220 Financiamiento Moneda Local Cuenta 3855 B.N.A - 519 Fondo Unificado 1.043 Crédito Interno 4.296 Otras 120 Moneda extranjera Crédito Externo 2.196 Uso cta. M. Extranjera 67 Otras 15


La deuda pública configura un problema que estará presente durante mucho tiempo en cualquier horizonte de

política económica que se trace. Tres factores inciden en el aumento de su peso sobre las cuentas públicas:

• La reestructuración de la deuda con la banca comercial constituye en los hechos un plan de regularización de pagos

que acrecienta las transferencias.

• La asistencia de los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, etc.) se vincula a planes de

reconversión, que financian el ajuste pero no generan actividades que eleven la capacidad de pago del país, con el

agravante de que aumentan su endeudamiento.

• La trasnacionalización de la economía y la dolarización emergente impiden financiar un déficit fiscal con emisión

monetaria, abultándose, en consecuencia, los títulos públicos de circulación local emitidos para saldar deudas

operativas del Estado, contraídas por falta de excedentes de "caja". Estas deudas –a excepción de las contraídas con

los jubilados– se originaron en una década de subsidios a los grupos empresarios más concentrados. La realidad es

que el Sector Público debe recurrir a la emisión de un título o al financiamiento del Banco Nación, ante cualquier

necesidad de fondos líquidos.

45

En suma, después del feroz ajuste del lapso 90/92, que prácticamente acabó con los activos del Estado, los

pasivos públicos siguen constituyendo uno de los determinantes de la economía nacional.

EL AJUSTE FISCAL

Metas Comprometidas con el FMI

En líneas generales, se puede afirmar que, durante 1992, el Gobierno tiende a sortear sin sobresaltos las

exigencias del FMI, en términos de magnitudes de excedente fiscal a alcanzar. (véase Cuadro Nº 27 a).

CUADRO Nº 27 a). Cumplimiento de metas con el FMI

Cifras en mill. de U$S 1992 Superávit primario Privatizaciones Superávit total

I TRIM. Alcanzado 867 983 1.850 FMI 853 601 1.454 Dif. 14 382 396 II TRIM. Alcanzado 822 157 979 FMI 540 475 1.015 Dif. 282 - 318 - 36 III TRIM. Alcanzado 1.205 115 1.320 FMI 689 329 1.018 Dif. 516 - 214 302 IV TRIM. Prov. Alcanzado FMI Dif.

479 925 - 446

611 473 138

1.090 1.398 - 308

El excedente primario alcanzado en el año –U$S 3.373 millones– supera holgadamente la meta pautada con el

FMI para 1992 –U$S 3.007 millones. No obstante, la misión del FMI que monitoreó el primer semestre, advirtió el

retraso en inversión pública y en los pagos internos, así como también la recurrencia al crédito doméstico. A su vez, lo

recaudado por privatizaciones en el año se iguala con lo previsto –U$S 1.866 millones.

Todo parece indicar que el Gobierno está alcanzando un éxito pírrico, pues si bien ha cumplido con las metas del

FMI, no ha obtenido una sensible reducción de la deuda en el marco del Brady –al contrario ésta ha aumentado–, ha

rematado el grueso de los activos públicos para apenas cumplir lo pautado, ha deteriorado la infraestructura estatal por

46

ausencia de inversión y, además, ha incrementado el endeudamiento interno mediante la emisión de bonos y préstamos

del Banco Nación. El Cuadro Nº 27 b) revela la fragilidad fiscal de excedente presentado al FMI.

CUADRO Nº 27 b). Financiamiento del resultado positivo del Sector Público no Financiero


Resultado Positivo del Sect. Pub. 5.239 No Financ. Origen de los fondos Total % 5.239 100 Superávit genuino 1.676 32 Privatizaciones 2.639 50 Financiamiento BNA 924 18

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de la Secretaría de Hacienda.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, del excedente presentado al FMI, sólo el 32% es superávit

genuino; el resto del mismo se sostiene con privatizaciones y financiamiento del BNA. Esto explica que los pagos

realizados durante 1992 –$ 3.344 millones– sean sensiblemente inferiores al resultado positivo del Sector Público no

Financiero –U$S 5.239 millones–, dado que los fondos reales disponibles son el superávit genuino y la afectación

específica de las privatizaciones– remanente de lo destinado al ANsES.

Las perspectivas para 1993 son aún más sombrías, dado que el FMI requirió el aumento de U$S 1.000 millones

de superávit fiscal respecto del originalmente comprometido en el Crédito de Facilidades Extendidas –de un superávit

anual sin privatizaciones de U$S 3.400 millones a U$S 4.400 millones. Esta exigencia nace de la demora en

implementar la reforma previsional, pues los técnicos del FMI evalúan que, en tanto el Estado no pierda los aportes de

los trabajadores como consecuencia de la reforma, los recursos disponibles en 1993 –año en que se esperaba entrara en

vigencia la reforma– son superiores, por ende le exigen el "blanqueo" de los mismos a través de mayor superávit, el cual

deberá aplicarse a cancelar deuda interna o fortalecer las reservas.

A su vez, los auditores del FMI han observado el cambio de tendencia del último trimestre y evalúan también la

proximidad de un año electoral, por lo tanto se han apresurado a neutralizar cualquier desvío, elevando las metas a

cumplir. En síntesis, para 1993 la proyección indica un esfuerzo tanto o mayor que el de 1992, y con resultados

igualmente infructuosos en términos de inversión, crecimiento y menor peso del ajuste fiscal. Esfuerzo que, a no

dudarlo, recaerá masivamente sobre los sectores populares.

47

Evolución de la Tesorería

En el Cuadro Nº 28 se pueden advertir dos tendencias en el desarrollo del ajuste. La primera, de consolidación

creciente del superávit que se desenvuelve entre el I y III trimestre: y la segunda, de estancamiento y declinación en el

final del año. Este movimiento se refleja con claridad en el Resultado Operativo (Ing. Corrientes - Gastos Operativos),

que de $ 340 millones positivo en promedio de los tres primeros trimestres pasa a $ 195 millones negativo en el lapso

oct./dic. La tendencia apuntada se agudiza en el mes de diciembre en el que, de no mediar un ingreso por privatizaciones

–Gas del Estado e YPF– de $ 505 millones, el resultado sería negativo en $ 42 millones. A su vez el resultado operativo

(Ing. Corrientes menos Gastos Operativos) de diciembre presenta un déficit de $ 240 millones, que prácticamente iguala

al producido en el IV trimestre.

48

CUADRO Nº 28. Evolución de la Tesorería General de la Nación. 1992

en millones de pesos Esquema de Financiamiento I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

Total Ingresos 4,102 3,218 3,329 4,061 1. Ingresos Corrientes 2.950 2,996 3.017 2,960 1. 1. Tributarios 2.791 2,892 2,830 2.511 – Coparticipados 2.304 2,398 2,206 1,917 • Ganancias 180 176 201 183 • Capitales/Activos 63 46 29 26 • IVA 1.021 1,262 1,261 1,126 • Internos 247 237 195 189 – Cigarrillos 166 159 129 121 – Resto 81 79 66 68 • Débitos 209 72 9 0 • Combustibles 342 315 273 258 • Presentac. Exp. 50 99 74 • Otros 192 222 138 62 – No Coparticipados 487 494 624 593 • Importación 267 317 385 325 • Exportación 3 13 25 2 • Otros 217 165 213 267 1.2. No Tributarios 159 104 188 450 2. Ingresos de Capital 898 134 109 528 3. Contrib. de empresas 5% 89 0 0 0 4. Extrapresupuestarios 166 88 105 271 5. Aporte Tes. s/ Conv. Fcias. 0 0 99 302 Total Gastos Operativos 2.692 2.632 2,619 3,155 1. Personal 957 901 907 684 2. Bienes 269 336 279 308 3. Transferencias 1.257 1,272 1,300 1,848 Empresas 257 180 191 262 Provincias 192 183 198 402 Act. no lucrativas 59 19 21 8 Sist. Seg. Social 0 0 0 400 Pasividades 286 275 325 291 Org. Descentralizados 381 499 453 354 Cuentas Especiales 79 115 109 132 Otras transferencias 3 1 4 1 4. Otros egresos 209 123 132 115 5. Gastos de Capital 0 0 0 0

5

Resultados operativos

(ing. ctes. gtos. operativos) 259 364 398 (195)

Resultado Operat. s/Privat.

400

331

545

400

1

Resultado Operat. c/ Privat.

1.298

465

653

928

Fuente: Secretaría de Hacienda

49

Las causas de este desenvolvimiento deben buscarse en la caída de los ingresos tributarios coparticipados y en el

aumento de las transferencias, esencialmente a empresas, provincias y seguridad social.

Para completar el cuadro de caja del sector público, debe evaluarse el resultado de los Organismos

Descentralizados, las Cuentas Especiales, Empresas y el Sistema de Seguridad Social.

Resultado del Sector Público no Financiero

A continuación, el Cuadro Nº 29 detalla el resultado global del Sector Público no Financiero.

CUADRO Nº 29. Resultado global del Sector Público no Financiero


I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. *

Administración Nacional Tesorería General 1.417 473 674 942 Cuentas especiales y

Organismos Descentralizados

276 268 265 209

Empresas 130 113 26 -19 Sistema de Seg. Social

27

125

355

-42

1.850

979

1.320

1.090

* Provisorio.

El resultado total del Sector Público no Financiero es de U$S 5.239 millones, compuesto conforme lo descripto

en el Cuadro Nº 27 b), correspondiendo: U$S 1.676 millones a superávit genuino, U$S 2.639 millones a privatizaciones

y U$S 924 millones al financiamiento proporcionado por el Banco de la Nación Argentina. La composición del

resultado de este Sector revela la fragilidad fiscal del excedente alcanzado, más de una tercera parte de las

privatizaciones sostienen el superávit del sistema de seguridad social, en tanto que la asistencia crediticia del BNA

revierte el déficit de las empresas.

50

De hecho, la Tesorería General y el Banco Nación funcionan como una única caja, que enjuaga el movimiento

operativo del Sector Público, adaptando los flujos de fondos a las exigencias de pago de la deuda pública interna y

externa. La primera, utilizando el producido de las privatizaciones y, más recientemente, la retención de tributos

coparticipados que, al igual que los fondos de la venta de activos públicos, no gira en tiempo y forma a la

Administración Nacional de la Seguridad Social, en tanto que el Banco Nación utiliza su enorme capacidad de captación

del ahorro interno para cubrir los desequilibrios de corto plazo. En el Cuadro Nº 30 se detallan los préstamos del primer

banco comercial del país a las empresas públicas.

CUADRO Nº 30. Financiamiento del Banco Nación a empresas públicas


Ministerio de Defensa 519

ELMA 160

Secretaría de Energía 167

YCF 11

FFCC 61

Otros 6

Total 924

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SIGEP y publicados en Página12, 2/8/92, por Horacio Verbitsky.

Situación Tributaria

El comportamiento de la recaudación tributaria se asemeja al seguido por el resultado de la Tesorería. un

movimiento ascendente en los tres primeros trimestres para estancarse e inclusive decrecer, en el último trimestre. Este

movimiento es acentuado en la recaudación de la DGI, e inverso en la de la Aduana –producto de la reciente elevación

de la tasa estadística.

La tendencia pareciera ser compatible con la desaceleración del nivel de actividad que se verifica hacia el final del año,

y en el cual descansa el grueso de la recaudación tributaria a través del Impuesto al Valor Agregado (50,9% del total).

Concretamente, en el mes de diciembre la recaudación de impuestos coparticipados experimentó una caída del 7% y del

4,4% en el IVA, respecto de lo recaudado en el mes de noviembre conforme al cuadro que sigue.

51

CUADRO Nº 31 a). Evolución de los recursos tributarios durante 1992

En mill. de pesos de Noviembre '92

l Trim. II Trim.. III Trim. IV Trim. l. Coparticipados 4.241.6 4,701.5 4.790.6 4,783.0 Coparticip. Neta(1)' 1.241.5 3.934.2 – Ganancias 425.5 439.0 532.8 529.6 – Capitales 0.0 0.0 0.0 0.0 – Activos copartic. 160.6 111.0 55.9 71.9 – I.V.A. 2.374.7 3.104.6 3,280.8 3.331.6 – Internos 580.9 560.8 533.0 562.4 – Débitos 491.5 193.8 23.7 0.0 – Serv. financieros 35.9 0.0 0.0 0.0 – Combustibles y gas 0.0 0.0 0.0 0.0 – Present. espontánea 131.2 200.7 292.4 228.7 – Otros coparticipados 41.3 91.6 72.0 58.8 Il. No coparticipados 536.8 613.3. 644.0 662.5 – Sellos 87.9 108.2 112.2 111.1 – Der. importación 347.1 370.0 399.3 332.2 – Der. exportación 5.4 23.2 26.2 1.7 – Tasa estadística 93.0 111.8 106.2 217.5 – Comp. Exter. s/Discr. 3.3 0.0 0.0 0.0 Intereses ext. YPP 0.0 0.0 0.0 0.0 Saldo combustibles 0.0 0.0 0.0 0.0 Total Sec. Adm. central 4.778.4 5.314.7 5.434.5 5.445.5 III Asig. específica 1.286.2 1.305.9 1,553.7 1.535.4 – Int. pzo. fijo 0.0 0.0 0.0 0.0 – Int. p/seg. social 0.0 0.0 0.0 0.0 – Fdo. desc. fisc. prov. 0.0 0.0 0.0 0.0 – Fondos infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 – Combustibles 670.7 647.8 653.0 628. 4 – IVA P.Seg. Sos. 292.4 383.7 405.5 411.7 – Activos (educación) 154.1 107.9 87.5 70.1 – Divisas (educación) 0.0 0.0 0.0 0.0 – Bienes personales 9.8 0.0 0.0 11.0 – Varios p/Tesoro 126.6 0.0 0.0 0.0 – Varios p./ Pcias. 12.1 0.0 0.0 0.0 – Ganancias p/ctas. espec. 20.6 0.0 0.0 0.0 – Ganancias (Pcias.) 0.0 67.6 133.2 132.4 – Ganancias (SSS) 0.0 32.3 166.5 165.6 – Otros 0.0 66.6 108.1 116.2 Total 6.064.6 6.620.6 6.988.3 6.980.9 Otros recursos 0.0 0.0 0.0 0.0 Ahorro forzoso 0.0 0.0 0.0 0.0 Contribución solidaria 0.0 0.0 0.0 0.0 5 % aporte emp. pub. 0.0 0.0 0.0 0.0 Total imp. combust. 0.0 0.0 0.0 0.0 Imp. energía eléctrica 0.0 0.0 0.0 0.0 IVA 0.0 0.0 0.0 0.0 Total D.G.I. 5,620.0 6.017.3 6.456.5 6.429.5 Total Aduana 450.0 485.5 531.7 551.4 Ap. y Contr. Seg. Soc. 2,340.6 1.422.0 2,424.7 2,031.5 Recursos totales 8.870.6 8.317.1 9.917.9 9.443.6

(1)Nota del 15% p/ Seg. Soc. y suma fija para Pcias. *Provisorio. Fuente: D.G. L y Dirección General de Aduana.

52

CUADRO NO 31 b). Recaudación del mes de diciembre

Total (en millones de pesos)

Variación respecto de las

metas de diciembre (en %)

Coparticipados (total bruto) 1.485,6 - 7,0

IVA total 1.203,3 - 4,4

Ganancias 244,9 - 17,4

Activos 37,9 - 23,0

Internos 188,4 - 0,3

No coparticipados 212,9 - 2,8

Sellos 40,8 9,3

Derechos import. 90,5 - 3,2

Tasa de estadística 80,9 - 7,6

La realidad parece demostrar que la actual estructura tributaria es inviable técnicamente ante un proceso recesivo.

La inequidad tributaria también tiene sus restricciones en un plan de estabilización de sesgo pagador como el vigente y

constituye uno de los "nudos gordianos" a resolver en los escenarios de ajuste fiscal que exige el Brady. La regresividad

del sistema tributario se puede apreciar en el Cuadro Nº 32.

Durante el año, el Gobierno fue trocando su estrategia inicial de gravar la renta presunta y efectivamente

percibida, contenida en proyectos de reforma tributaria como el Impuesto al Excedente Primario de las Empresas (IEPE)

y el Impuesto a las Ganancias Distribuidas, Dispuestas y Consumidas (IGDDC), por una extensión cada vez mayor del

Impuesto al Valor Agregado (IVA). El dispositivo fiscal estructurado por el Ministerio de Economía se sustenta en:

• La simplificación del sistema tributario articulado en torno al IVA y, subsidiariamente, al Impuesto a las

Ganancias, Activos y Bienes Personales, tendiendo a la eliminación de los gravámenes de emergencia

(Impuesto a los Débitos Bancarios, Sellos en 1993, Servicios Financieros, Combustibles, etcétera).

• La generalización del IVA, conforme al diseño precedente, responde no sólo a exigencias de mayor

recaudación, sino también de transparentar la facturación de los nuevos sectores alcanzados que potencie la

percepción de los tributos a la renta y patrimonio. Es decir que opera la lógica de "cuanto más consumos se

graven, más rentas se exteriorizan".

53

• La firme decisión de reducir los niveles de evasión, encadenada con el objetivo de transparentar rentas,

disponiendo facilidades fiscales para la repatriación y exteriorización de capitales, normas de facturación

uniformes, supresión de exenciones, aumento de los operativos de control, etcétera.

En consecuencia, el planteo descansa en el supuesto de que la elevación de la recaudación del IVA, obraría como

palanca –por el "blanqueo" de transacciones que implica– en la percepción global de impuestos. En los hechos, lo que

ocurrió fue una fuerte acentuación de la regresividad propia del sistema.

CUADRO Nº 32. Equidad tributaria. Incidencia de la presión tributaria: Lapso enero-diciembre 1992

Concepto En millones de pesos de noviembre '92

Importe de recaudación % s/r. trib

Renta

2,660.45

10.0

Ganancias 2,624.59 Servicios financieros 35.85 Patrimonio

839.70

3.2

Activos 818.94 Bienes personales 20.75 Consumo y transacciones

19,550.30

73.3

IVA 13,585.02 Internos 2,236.95 Sellos 419.44 Débitos bancarios 709.04 Combustibles 2,599.85 Comercio exterior

2,037.05

7.6

Derechos de importación 1,448.68 Derechos de exportación 56.58 T. Estadística 528.49 Otros 3.31 Otros

1,566.83

5.9

Regularización tributaria 853.02 Varios de asign. especial 713.81 Total recaud. tributaria

26,654.33

100.0

* Provisorio. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda.

Como era previsible, se produjo un impactante crecimiento de la recaudación del IVA (véase Cuadro Nº 32), que

trepó durante 1992 un 73% por encima de 1991, orillando un promedio mensual superior a los $ 1.000 millones. Sin

embargo este "boom" recaudador incidió sobre los pequeños contribuyentes. Pues en tanto a marzo la DGI registraba

54

1.200.000 nuevos, inscriptos como resultado de las normas de facturación, en ese mismo mes un 43% de los grandes

contribuyentes –772 empresas sobre un total de 1.811– presentaron la declaración jurada del IVA con saldo a su favor.

Esta proporción si bien descendió en los meses subsiguientes, ronda el 30%.

Sorprende una cifra tan elevada de crédito fiscal, difícilmente explicable por las razones técnicas que

habitualmente originan más compras que ventas, como son la necesidad estacional de aumentar "stocks",

reequipamiento e inversión en bienes de uso o un marcado sesgo exportador de las ventas industriales. Aspectos que no

justifican una proporción tan elevada como recurrente.

Algo similar ocurrió con las proyecciones de recaudación del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.

En el primero, la elevación de la alícuota –del 20% al 30% para las sociedades– y los límites en la determinación y

cómputo del quebranto impositivo, permitían presupuestar una recaudación un 50% superior a la percibida, no obstante

el Impuesto a las Ganancias creció en 1991 un 52% respecto de 1992. Más grave aún fue el fracaso de las proyecciones

de cobro del Impuesto a los Bienes Personales –gravamen a los grandes patrimonios personales–, que ingresó al Fisco $

20,8 millones en relación a un estimado de $ 500 millones para el corriente año.

La realidad demuestra, entonces, que los éxitos de recaudación y control de la evasión recaen sobre el consumo

de la población y los pequeños contribuyentes. Esta realidad contrasta con las afirmaciones del secretario de Ingresos

Públicos, Carlos Tacchi, quien identificó como sectores de mayor evasión fiscal: la comercialización de frutas, verduras

y pollos, la pequeña construcción civil y las confecciones textiles particulares.

Los anuncios del ministro Cavallo para 1993 definen una profundización de la regresividad, pues se prevé la

eliminación del Impuesto a los Activos y la modificación del sistema impositivo provincial –véase Apartado "Ajuste en

las Provincias"– centrándolo en un futuro Impuesto a las Ventas Minoristas. Sin embargo, el estancamiento de la

recaudación verificado en el último trimestre, el posible cuadro recesivo que presente la economía en 1993 y las

elevadas metas fiscales comprometidas con el FMI abren severos interrogantes acerca de la viabilidad de la actual

estructura tributaria, de incidencia primordial sobre el consumo, en función de las restricciones precedentes.

Sistema de Seguridad Social

En el Cuadro Nº 33 aparecen los flujos de fondos del Sistema de Seguridad Social. Precisamente, la tendencia en

el sistema es la dominante en el sector público, superávit operativo creciente en los tres primeros trimestres y déficit en

el último. Sin embargo, lo reflejado numéricamente no se ajusta a la real disponibilidad de recursos del ANsES, dado

que la Tesorería General de la Nación no remesa la totalidad de montos que surgen de retener el 15% de la recaudación

de los Impuestos Coparticipados con destino a seguridad social, aspecto acordado con las Provincias en agosto. Sólo ha

transferido en diciembre la suma de $ 335 millones para afrontar los aguinaldos de jubilados y pensionados.

55

CUADRO Nº 33. Administración Nacional de la Seguridad Social

Concepto En millones de pesos constantes noviembre/92

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

I. Ingresos 3,150 3,032 3,668 3,936 – Aportes y contribuc. 2.368 2,147 2,552 2,305 • Sector Privado 2,136 1,931 2,341 2,061 • Autónomos 115 111 97 131 • Sector Público 116 105 114 113 – Impuestos Ley 23549 272 376 540 996 • Combustibles 8 0 0 0 • Gas 0 0 0 0 • Divisas 0 0 0 0 • Teléfonos 0 0 0 0 • IVA 257 336 341 404 • Riqueza 8 6 27 27 • Ganancias 0 34 171 166 • 15% de coparticipación 0 0 0 400 – Para otros Regímenes 471 455 526 479 • I.N.S.S.J. Y P. 348 348 399 336 • FONAVI 0 0 0 0 • A.N.S.S.A.L. 53 56 67 63 • Cajas Asignac. Famil. 71 51 60 si – Otros Ingresos** 39 53 50 156 II. Egresos

3,258

2,841

3.259

3,980

– Prestaciones brutas 2.582 2,196 2,566 3.231 • O.P.P. 2,318 1.968 2,305 2,941 • Pens. no contrib. 75 77 94 91 • Jueces 20 20 21 21 • Pros. Pagos y Senten. 169 132 146 178 – Subs. p/ Sepelios 21 16 35 28 – Gastos Administrativos 163 135 95 78 – Ret. por Cta. de Terc. 487 472 528 479 * I.N.S.S.J. Y P. 362 365 401 336 * FONAVI 0 0 0 0 * A. N. S. S.A. L. 54 57 67 63 * Cajas Asignac. Famil. 70 50 60 si – Varios 5 21 36 165 III. Resultado Operativo (MI) (108) 191 409 (44) IV. Privatizaciones 422 40 319 83 V. Resultado con privatizac. 314 231 728 40

Fuente: Información suministrada por el A.N.Se.S.

56

La deuda que por este concepto mantiene el Tesoro con el ANsES es de $ 632 millones. La negativa a transferir

los fondos se funda en la intención del Gobierno de evitar que un resultado positivo elevado del sistema genere

presiones para aumentar las pasividades. Al hecho de haber girado los recursos correctos, el superávit del último

trimestre sería de $ 441 millones que, distribuido en una población de 3.500.000 jubilados, permitiría elevar las

remuneraciones en $ 126.

Los inminentes anuncios sobre reparación social de los pasivos en condiciones de miseria extrema se sustentan en

el uso gradual de estos recursos, ocultados en la Tesorería. La reticencia a reflejar un superávit importante también se

encuentra influida por la demorada reforma previsional prevista inicialmente para 1993, por la que es probable que el

Estado pierda aportes de los trabajadores con los que sostiene la actual población pasiva.

El Gobierno, en definitiva, está utilizando el reciente pacto fiscal con las Provincias como una herramienta

ambivalente en la ejecución del ajuste: por un lado, le retiene fondos al interior del país y, por el otro, –en vez de darle el

destino pactado– viabiliza la reforma privatizadora del sistema previsional.

Ajuste en las Provincias9

El uso de los recursos financieros y tributarios disponibles en el lapso '83/89, para preservar actividades inviables

y sin retorno productivo –pero fuertemente articuladas con el poder económico de cada jurisdicción–, el recurrir al

empleo público, como paliativo de la situación social, y concentrar el accionar político de las gobernaciones en

demandar al Gobierno Nacional recursos crecientes, sin cuestionar su origen ni el efecto que la obtención de dichos

recursos genera en la economía del país, colocó a la mayoría de las Provincias en estado de indefensión frente al ajuste

lanzado desde el poder central. La realidad evidencia que, desde 1990, el Gobierno Nacional desarrolla una política,

escalonada en el tiempo, por el impacto político y social que significa, destinada a reproducir en las cuentas provinciales

el ajuste fiscal que viene ejecutando.

Al compás de las exigencias de los compromisos externos, la Nación ha avanzado en distintas etapas podando

recursos y traspasando gastos, como forma de inducir la racionalización de los presupuestos provinciales. Dichas fases

se pueden sintetizar en tres, desarrolladas a partir de 1990, hasta el reciente pacto fiscal celebrado en agosto del '92.

Primera Fase: Recorte Financiero y Holgura Fiscal

En 1990 se inició un proceso de sinceramiento del deterioro patrimonial y financiero que padecía la banca

oficial de Provincia, impulsado desde el BCRA con una dura política crediticia que contemplaba el recorte de

redescuentos y la exigencia inmediata de regularizar los saldos en "rojo" mantenidos con el Ente Rector, producto de su

9 Para profundizar este tema, véase documento de trabajo del IDEP: "Las Crisis Provinciales. Evaluación del Reciente Acuerdo Nación – Provincias", R. Feletti y C. Lozano.

57

giro operativo, esencialmente de la compensación de valores. La crisis de liquidez que esta política produjo en la banca

provincial derivó en la liquidación del Banco de La Rioja y el comienzo de esquemas de racionalización –cierre de

sucursales, reducción de personal, disminución nominal de salarios y beneficios sociales y saneamiento de carteras– y

privatización de numerosas entidades del interior.

Simultáneamente, y para evitar un "shock" incompatible con la proximidad de un comicio, en 1991 se

incrementaron –encadenados con el aumento de la recaudación de tributos coparticipados– los recursos fiscales

transferidos a las Provincias (de $ 6.148 millones en 1990 a $ 9.262 millones en 1991).

Segunda Fase: Comienza el Torniquete Presupuestario con el Traspaso de Servicios

Durante 1992, la discusión acerca del ajuste provincial se desplazaría del plano financiero –acotada la asistencia

del BCRA a la banca oficial de Provincia– al presupuestario, iniciándose con la decisión de la Nación de transferir el

gasto en salud, asistencia social, educación y cultura –por U$S 935 millones en el '92. Luego se agregaría la

responsabilidad de los servicios públicos, remanentes del vertiginoso desguace del Estado, siendo el caso más grave por

su incidencia social el transporte ferroviario de pasajeros, virtualmente condenado a desaparecer incomunicando por esa

vía, vastas zonas del país.

Tercera Fase: Nuevo Pacto Orientado a Acotar los Recursos Coparticipados

El acta acuerdo Nación-Provincias definió el siguiente reparto de fondos, vigente a partir del 1/9/92.

• El 15% de –los recursos coparticipables se destinará al pago de las obligaciones previsionales y otros gastos

operativos inherentes. Dicho importe oscilaría en el lapso septiembre/diciembre, de acuerdo a la recaudación

proyectada, en $ 235 millones mensuales. La porción de recursos coparticipados efectivamente a las Provincias –en

función de la citada proyección– es de $ 118 millones.

• La suma fija de $ 43,8 millones mensuales para ser aplicada a compensar fiscalmente a las Provincias con menor

coeficiente de coparticipación, incluyendo en ese sentido a Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut con $ 3 millones

cada una. Río Negro, La Pampa, Neuquén y Salta con $ 2,5 millones cada una. Catamarca, Formosa, Jujuy, La

Rioja, San Juan, Sgo. del Estero, Tucumán, Misiones, Mendoza y San Luis con $ 2,2 millones cada una. El resto del

importe se destina a afrontar el costo de los servicios ferroviarios, correspondiendo a Entre Ríos $ 1,8 millones y a

Córdoba y Santa Fe $ 0,5 millones.

• Se garantiza a las Provincias un ingreso mensual neto de $ 725 millones, hasta el 31/12/93. El Tesoro Nacional

adelantará ese valor a las Provincias, con independencia del monto real recaudado, compensando bimestralmente

con los excedentes de recaudación que se produjeran los desfases a su favor.

58

• Las partes (Nación y Provincias) deberán limitar el aumento de los gastos corrientes financiados con la

coparticipación a un 10% durante 1993 respecto a 1992. Incluyendo los servicios transferidos a las Provincias. Las

proyecciones presupuestarias se harán por un monto de coparticipación bruta anual de $ 10.890 millones, los

excedentes de esa suma sólo podrán aplicarse a gastos de capital o cancelación de deudas preexistentes.

• Se les transfiere a las Provincias los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Consejo Federal de

Agua Potable y Saneamiento (COFAPyS), Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y Fondo Vial

Federal, que recaudan alrededor de U$S 850 millones anuales.

La conclusión esencial, que surge de la evaluación del movimiento de fondos del acuerdo. es la

institucionalización del recorte de recursos coparticipados que la Nación viene realizando desde principios de 1992 en

detrimento de las Provincias. De este modo, el poder central, paulatinamente ha orientado en su beneficio –vía traspaso

de gastos y reasignación de impuestos– el incremento experimentado por la recaudación de impuestos coparticipados

durante 1992. En efecto, durante el primer semestre dicho aumento fue del 28%, en tanto los recursos coparticipados

transferidos a las Provincias consistieron en un 21%.

El acuerdo suscripto refleja la continuidad del proceso de ajuste desencadenado sobre el interior del país –al

margen de que la coyuntura determine algún piso de recursos para las Provincias, porque obliga a éstas a compartir el

desequilibrio del sistema previsional, ratificando el esquema de transferir gastos a los presupuestos provinciales; apunta

a restringir el uso de recursos coparticipados por las Provincias, al limitar el crecimiento de erogaciones corrientes –10%

durante 1993 sobre 1992– con independencia del volumen de la recaudación tributaria coparticipable, por último, por la

vía de reducir el gasto provincial, sienta las bases para modificar el régimen de coparticipación a partir de 1994.

En el Cuadro Nº 34 la evaluación del primer mes de funcionamiento del acuerdo revela que la Tesorería General

de la Nación debió desembolsar más de $ 107 millones para cumplir con el piso de transferencias garantizado –$ 725

millones.

59

CUADRO Nº 34. Coparticipación federal de impuestos

Garantía Gob. Nac.

(piso) (1) Ejecutado

al 30.9

Garantía Ejec. 29.9

Sec. Hac. (3=1-2)

Rec. Neta a Pcias. 725.000 617.432 107.568

Buenos Aires 159.483 135.820 23.662 Catamarca 20.003 17.035 2.968 Córdoba 64.485 54.918 9.567 Corrientes 26.997 22.992 4.005 Chaco 36.229 30.854 5.375 Chubut 11.486 9.781 1.704 Entre Ríos 35.461 30.199 5.262 Formosa 26.438 22.515 3.922 Jujuy 20.633 17.571 3.061 La Pampa 13.639 11.615 2.024 La Rioja 15.037 12.806 2.231 Mendoza 30.284 25.791 4.493 Misiones 23.990 20.430 3.560 Neuquén 12.605 10.734 1.870 Río Negro 18.325 15.606 2.719 Salta 27.836 23.706 4.130 San Juan 24.549 20.907 3.642 San Luis 16.576 14.117 2.459 Santa Cruz 11.486 9.781 1.704 Santa Fe 64.905 55.275 9.630 Sgo. del Estero 30.005 25.553 4.452 Tucumán 34.551 29.425 5.126 TOTAL 725.000 617.432 107.568

Fuente: DNCFP.

La Nación, en el mes de setiembre, debió aportar $ 107 millones para cumplir con la garantía; en tanto la

perspectiva hacia 1993 es el estancamiento y la caída de la recaudación, la Tesorería General deberá continuar girando

fondos a las Provincias, razón que induce a pensar que se requerirá una renegociación del acuerdo que concluya con el

piso garantizado. La otra arista del acuerdo, que pone de relieve la intención de la Tesorería de restringir los fondos con

destino al interior, es la reticencia a girar la recaudación del FONAVI, ya que según la cláusula quinta del acta acuerdo

60

la remisión debe ser con carácter automático "... y dentro de las limitaciones autorizadas por la Ley de Presupuesto

respectiva y las acordadas con los organismos internacionales..."

La interpretación del Ministerio de Economía es que dicha cláusula no sólo comprende a los créditos para

construcción de vivienda, suministrados por el BID o el Banco Mundial, (de los cuales la recaudación del FONAVI obra

como garantía de pago), sino que la misma es abarcativa de todos los compromisos externos. Por lo tanto, la Tesorería –

al igual que los recursos coparticipados retenidos para el sistema previsional– absorbe los fondos con destino específico,

a fin de abultar el superávit para el pago de la deuda pública. La cifra del FONAVI se aproxima a $ 900 millones anuales

(la distribución automática que hubiera correspondido para septiembre se detalla en el Cuadro Nº 35).

En definitiva, en el flujo de fondos, la Tesorería General ha resultado beneficiada, pues retuvo el 15% de la

coparticipación bruta –no girándola al ANsES–, la recaudación del FONAVI y sólo remitió a las Provincias $ 107

millones por la ejecución del piso garantizado.

CUADRO Nº 35. Distribución de Fondos FONAVI. Setiembre 1992

En millones de pesos

Provincias Distribución Automática

Buenos Aires 10.3 Catamarca 1.5 Córdoba 4 Corrientes 3.5 Chaco 3.2 Chubut 2.2 Entre Ríos 27.9 Formosa 2.8 Jujuy 2.1 La Pampa 1.4 La Rioja 1.4 Mendoza 2.8 Misiones 3.3 Neuquén 3 Río Negro 3.2 Salta 2.8 San Juan 2.5 San Luis 2.5 Santa Cruz 2.2 Santa Fe 4 Sgo. del Estero 3 Tucumán 3 Capital Federal 0.9 Tierra del Fuego 1.8 TOTAL 71.6

Fuente: Secretaría de Vivienda

61

Cuarta Fase: Limitación del Poder Tributario Provincial y Racionalización de la Banca Oficial

Los límites al régimen de copartipación federal, impuestos por el acta acuerdo de agosto, intentan ser

complementados por una profunda reforma de los sistemas impositivos locales, centrada esencialmente en la resignación

del poder tributario provincial, en función de la política fiscal nacional.

Las medidas económicas del mes de octubre, destinadas a mejorar el tipo de cambio para la exportación, –véase

Apartado "Comercio Exterior"– mediante el uso de subsidios fiscales, revelaron la decisión del Gobierno de desgravar a

las exportaciones agropecuarias e industriales y acentuar la presión tributaria sobre el consumo interno. Política

orientada a apuntalar un modelo exportador resquebrajado por el retraso cambiario, transfiriendo indirectamente

recursos del mercado interno al externo. Esta política pretende ser trasladada a las Provincias en base a la siguiente

propuesta de reforma tributaria, que entraría en vigor durante 1993.

COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES

• Eliminar ingresos brutos sobre la producción primaria (rural y minera), actividad financiera, fondos comunes de

inversión, administradoras de fondos de pensión y compraventa de divisas.

• Cobrar tasa de 0,5% de ingresos brutos en la industria, en la producción de electricidad, agua y gas, comercio

mayorista y construcciones.

• Cobrar entre el 5,5 y el 7,5% en reemplazo del impuesto a los ingresos brutos, a la venta minorista.

• Podrá cobrarse más del 7,5% en agencias de turismo o publicidad, venta de billetes de lotería, juegos de azar,

tabaco, hoteles por hora, casas de cita, boites, cabarets, café concerts, salones, pistas y confiterías bailables.

• El impuesto inmobiliario deberá tener una tasa máxima del 1.20% para inmuebles rurales, 1.35% para subrurales y

1,5% para urbanos, calculado sobre el 80% del valor de mercado o valor de la tierra libre de mejoras.

• Derogar el impuesto de sellos, impuestos provinciales a combustibles, gas y luz; que las tasas de seguridad e higiene

no superen el 0,5% de los ingresos brutos y que las tasas viales no superen el 0,6% del 80% del valor de mercado o

valor de la tierra libre de mejoras.

• Eliminar en un período de tres años, si se logra controlar la evasión, la tasa del 0,5% de ingresos brutos en industria,

electricidad, agua, gas, comercio mayorista y construcción.

62

COMPROMISOS DEL GOBIERNO CENTRAL

• Reformular los tributos de la Municipalidad de Buenos Aires y el impuesto nacional de sellos (que se cobra en

Capital Federal) de acuerdo a las mismas pautas.

• Propiciar una ley para disminuir el valor computable del impuesto a los activos, reducir el impuesto a los

combustibles líquidos y al gas natural en las Provincias que se adhieran a este régimen, y limitar aportes

patronales y sociales del 34 al 17% de la masa salarial sin mengua de la recaudación.

• Formar un fondo compensador provisto con el 25% de la recaudación de ingresos brutos para las Provincias

que mermen su recaudación.

De concretarse esta reforma, culminaría una nueva fase del ajuste sobre el interior, signada esta vez por el recorte

de recursos propios. Es decir que, de las restricciones financieras, el traspaso de erogaciones y la poda de recursos, se

avanzaría ahora al cercenar el propio poder tributario provincial materializado en la eliminación del impuesto a los

ingresos brutos sobre la producción primaria, industrial y la actividad financiera, reemplazándolo por un gravamen a las

transacciones minoristas locales.

La recaudación del impuesto a los ingresos brutos en todo el país se estimó para 1992 en el orden de los $ 3.000

millones, representando el 56% del total de los recursos tributarios provinciales –estimados para el '92 en $ 5.350

millones. Difícilmente su reemplazo por un impuesto a la venta minorista –en una alícuota superior al 5%– podría

allegar esa masa de fondos a las arcas provinciales, tanto por la estrechez de la base imponible –la actividad interna es

exigua en numerosas jurisdicciones–, como por las dificultades de control de la evasión –se amplía enormemente el

número de sujetos incididos. Sin embargo, es necesario trascender el mero análisis fiscal, para evaluar correctamente las

implicancias de una reforma de estas características. Ella articula el sistema tributario nacional con el provincial,

dotándolo de una regresividad de escaso paralelismo mundial, pues desgrava los patrimonios, las actividades productivas

y financieras, los insumos industriales y las transacciones comerciales y de bienes registrables, para acentuar la presión

impositiva sobre el consumo interno –ésta alcanzaría a superar el 23% sobre cada venta, computando el IVA y el

impuesto a la venta minorista. De materializarse esta reforma, los fondos del interior para afrontar los gastos sociales y

servicios públicos que le han transferido, serán –además de la cuota fija que gire la Tesorería– los que generen actividad

interna y no los derivados de la explotación de sus recursos jurisdiccionales.

En definitiva se perfecciona un esquema de transferencia de gastos con tope al reparto de los impuestos

nacionales y expropiación del poder tributario provincial.

El interior, entonces, queda abandonado a su suerte, desvinculado cada vez más de una realidad nacional cuyo

único "norte" parece ser generar divisas exportando lo que sea y recursos fiscales para com-prarlas y cumplir los

compromisos externos. Por la ingeniería tributaria planteada en la reforma descripta, el poder central se reserva la

63

posibilidad de aplicar impuestos progresivos a las ganancias y los patrimonios, que le permita captar renta exportadora.

Es en el ámbito de las cuentas fiscales nacionales donde se dirimirá el conflicto entre los grupos exportadores y la banca

acreedora por el pago de la deuda externa.

La otra medida, que también incide directamente en la política económica provincial, en este caso la financiera,

es el tope, vigente desde el 15/10/92, a la tasa activa de la banca oficial nacional, provincial y municipal del 2% para las

operaciones en pesos y del 1,3% para las realizadas en moneda extranjera.

En un contexto de desregulación como el actual, pautar la tasa de interés activa debe interpretarse como un

mecanismo para inducir la racionalización de la banca oficial, particularmente la provincial más afectada por el tope.

Al mes de junio de 1992, la tasa activa de los bancos provinciales para operaciones en pesos oscilaba en 2,77%

mensual, frente a una tasa pasiva del 0,83%, lo que determina un margen de intermediación del 1,94%. Encuadrar sus

operaciones dentro del tope del 2% significa reducir dicho margen en un 40% –de 1,94 a 1, l7%–, con el consiguiente

impacto en los gastos de estructura de cada institución. La opción de reducir la tasa pasiva es inviable por los riesgos de

liquidez debida a la pérdida de depósitos que ello supone; además numerosos bancos de provincia se financian con

redescuentos del BCRA cuyo costo es del 1.66% mensual.

La exigencia de acelerar el desmantelamiento de la banca de provincia es señal de continuidad del proceso de

ajuste en el interior, (el Cuadro Nº 36 exhibe el grado de avance de dicho proceso.)

Si a esto se le agrega el desguace del Sector Público nacional, la realidad del interior del país, además del

deterioro social, es de creciente ruptura de los lazos de unidad geoeconómica de la Argentina: la crisis de Aerolíneas

Argentinas que incomunica a las regiones menos pobladas, y la posibilidad concreta de cortes de luz en varias

jurisdicciones son testimonios elocuentes de lo afirmado.

CUADRO Nº 36. El Ajuste en la banca provincial

Santa Cruz: está en la Legislatura la ley de privatización del 49% de las acciones. Chubut, Tucumán, Salta, San Luis, Buenos Aires, Jujuy, Sgo. del Estero y Catamarca: 100% provincial, sin miras de abrir su capital. Rio Negro: en proceso de privatización. La provincia se quedará con el 34%, los empleados con el 9% y se venderá el 57% restante. Tierra del Fuego: 100% provincial, pero existen planes de privatización. Neuquén: capital oficial, pero la dirección está en manos de empresarios (acuerdo de management). Mendoza y Santa Fe: sociedades anónimas. Los gobiernos aún poseen 100% de las acciones. San Juan: capital mixto (50% gobierno, 50% privado). Al presidente lo designa la provincia. Córdoba: continuará siendo del gobierno. Se incorporaron gerentes de la banca privada. Existe un proyecto de fusión con el Banco Social de Córdoba, aunque en esta entidad hay reticencia a la unión. Chaco y La Rioja: cerrados. Formosa: participación privada del 10%. Corrientes: privatizado. Un grupo liderado por el Banco del Iberá tiene 60% de las acciones. Misiones: una consultora realiza estudio de factibilidad para su privatización. Entre Ríos: mixto. El gobierno mantendrá el control. La Pampa: capitales mixtos (55% del gobierno y 45% en manos privadas).

64

La decisión del Ministerio de Economía de forzar la reconversión de los estados provinciales, lo obliga a

intervenir directamente la política económica de los mismos –expropiación de poder tributario y límites de política

crediticia–, embate que hasta ahora ha encontrado escasa resistencia de los gobernadores, a pesar de que por este camino

se convierten, con mayor nitidez en 1993, en ejecutores de un duro ajuste que, sin contraprestación alguna, les erosiona

el caudal político acumulado.


El cuadro fiscal revela las siguientes tendencias:

• Cumplimiento de la meta anual de superávit pactado con el FMI para 1992 y sensible acrecentamiento de las

exigencias para 1993 –de U$S 3.007 millones de superávit sin privatizaciones en el '92 a U$S 4.400 millones en el

'93.

• Reversión en el último trimestre del resultado operativo positivo que presentó la Tesorería en los tres primeros

trimestres –de un promedio de $ 340 millones positivo a $ 195 millones negativo.

• El excedente fiscal alcanzado en el Sector Público no Financiero, de U$S 5.239 millones, se compone de U$S 1.676

millones de superávit genuino, U$S 2.639 millones de privatizaciones y U$S 924 millones de financiamiento del

BNA. Esta composición revela la fragilidad de las cuentas fiscales, dado que las privatizaciones son indispensables

para el equilibrio del sistema de seguridad social, y la asistencia crediticia al BNA cierra el presupuesto de las

empresas. De hecho los pagos de deuda pública durante 1992 ascendieron a U$S 3.344 millones, inferiores en U$S

1.895 millones –porción de privatizaciones afectadas al ANsES y financiamiento del BNA a empresas– respecto del

resultado global del Sector Público no Financiero –U$S 5.239 millones.

Los mayores requisitos del FMI para 1993, el déficit operativo de la Tesorería en el final del '92 y la fragilidad

del resultado positivo del Sector Público no Financiero plantean un escenario fiscal complejo para el próximo año,

dentro de la modalidad de ejecución del ajuste vigente.

Los límites a una caída sustancial del gasto –de hecho en el presupuesto '93 aumenta–, y los topes que parece

haber alcanzado la recaudación impositiva en este esquema tributario, abren interrogantes acerca de las posibilidades de

elevar el superávit en este marco.

La médula de resolución de este problema intrínseco al ajuste fiscal se centra en el costado de los recursos,

máxime ante el agotamiento de las privatizaciones. La modificación de la pauta de presión tributaria, en el sentido de

mayor progresividad, constituye prácticamente un requisito técnico permanentemente eludido desde el '90 y cada vez

más condicionante del cierre del equilibrio fiscal. El Gobierno, a su vez, da pasos en sentido contrario –acentúa la

65

regresividad impositiva–, amparado en los fondos que todavía pueden aportar algunas privatizaciones. Sin embargo,

demorar el cobro de impuestos a quienes detentan el poder económico y simultáneamente entregarles el control de

insumos y sectores básicos para el funcionamiento del país, tiende a colocar al Gobierno en una posición de extrema

debilidad –además de la obvia inequidad provocada– aun para ejecutar un ajuste destinado a pagar la deuda.

LAS PRIVATIZACIONES

Las privatizaciones cierran un dilatado ciclo de vaciamiento del Estado, iniciado a fines de los '70 con el

endeudamiento externo. El traspaso a un reducido núcleo de grupos empresarios y operadores extranjeros de empresas

públicas que en 1989, antes del proceso privatizador, aportaban el 8,9% del PBI y el 29,3% de la Inversión Bruta Interna

Fija, tiene implicancias tanto desde el impacto en el espacio geoeconómico del país, que el abandono de la

administración estatal significa, como desde la perspectiva de consolidación de un nuevo bloque dominante y la

incidencia de su estrategia empresarial en el funcionamiento del país.

Los apartados que continúan intentan aproximar algunos elementos que permitan evaluar ambos impactos,

profundizando el análisis en la privatización del sector energético –electricidad, petróleo y gas–; también se sintetiza en

cuadros ilustrativos el desguace de otros sectores –ferrocarriles, siderurgia, petroquímica, etc.– y los consorcios

beneficiarios. En sucesivos informes se completará el análisis pormenorizado de estos últimos sectores.

Privatización del Sector Energético

Electricidad

La privatización de la energía eléctrica durante 1992 comprendió la extinción de Servicios Eléctricos del Gran

Buenos Aires (SEGBA), que abastecía a 4,5 millones de usuarios y que en 1991 facturó un importe superior a U$S

1.040 millones, y el desmembramiento de Agua y Energía Eléctrica con jurisdicción nacional.

La empresa SEGBA fue dividida entre las centrales térmicas de generación –transferidas individualmente– y las

áreas de distribución –fragmentadas en tres zonas–. (véase Cuadro Nº 37 b).

En el Cuadro Nº 37 a) se observa una posición dominante de los compradores extranjeros que controlan el 89%

de la potencia generada por las centrales transferidas y casi el 60% de la distribución de energía de Capital y Gran

Buenos Aires. La generación se encuentra prácticamente en manos de grupos chilenos, que a su vez poseen el 49% de

Edesur –que abastece a alrededor de 2 millones de usuarios. El resto de la distribución se reparte entre consorcios

españoles, 30% de Edenor –con un mercado cautivo de 1,8 millones de clientes–, franceses, también con el 30% de

Edenor y, en menor medida, estadounidenses que participan en el 10% de Edesur y el 49% de Edelap –con 700 mil

consumidores.

66

Entre los grupos de origen local se destaca Pérez Companc con el 25% de la Central Costanera –que genera 1.260

mw sobre los 2.538 mw transferidos– y el 40,5% de Edesur, Astra con el 40% de Edenor y Techint con el 51% de

Edelap.

El reparto de SEGBA permite apreciar que convergen diferentes estrategias empresariales sobre el sector de

energía eléctrica. Su explotación combina el abastecimiento de un mercado interno de alto consumo con las demandas

de fuerza motriz barata de las firmas industriales exportadoras. Esto se refleja con claridad en el perfil de la estructura

tarifaria diseñada a partir del 1/9/92, fecha de comienzo de la administración privada.

CUADRO Nº 37 a). El reparto del Estado. Privatización de la energía eléctrica al 31/12/92

Sector Grupo Ex Emp. Pub. Adqui- rente Nueva Emp.

Energía eléctrica

SEGBA Generación Centrales

SEGBA Distribución

Agua y Energía Generación

Pto. Nuevo

Costa-nera

Dock Sud

P. de Men-doza

Ede-nor Edesur Edelap Alto

Valle Güe-mes

So-rrento

Locales

Pérez Companc 25.00% 40.50 Techint 51.00% Astra 40.00% Soldati 25.00% Acindar 75.00% Massuh 25.00% Polledo 100% Neuquén limitada 40.00% Malvicino 18.00% Iate 18.00% Eleprint 4.00% Argon

50.%

Extranjeros Estados Unidos Psi Energy Inc. 5.00% 10.00% Dominion Energy Inc. 60.00% Costanera Power 49.00% Houston Lighting Power 75.00% Power Co.

España Endesa 10.00% Emp. Nac. Hidroel. del Ribagoranza

20.00%

Francia Electricité de France 20.00% Soc. d’Ananegernent Urbain et Rural

10.00%

Chile Distrib. Chilectra Metropolitana 5.00% 20.00% Enersis 15.00% 19.50% Chilectra V Región 17.50% Chilgener 82.50% Endesa Chile 50.00% 10.00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaria de Privatizaciones y otras publicaciones.

67

CUADRO Nº 37 b). Extinción de SEGBA

Activo % Vendido Monto de Venta millones de U$S

Efectivo Títulos

Centrales de Generación

Puerto (1.009 mw) 60 92.20

Costanera (1.260 mw) 60 90.10

Dock Sud (211 mw) 90 25.00

Pedro Mendoza (58 mw)

90 8.50

Areas de Distribución

EDENOR- desde el norte de la Capital

y la Matanza hacia el N. 51 30.00 397.90

Usuarios: 1.800.000

EDESUR- desde el sur de la Capital.,

L. de Zamora y Echeverría

hacia el S. usuarios: 2.000.000 51 30.00 481.00

EDELAP- La Plata y Gran La Plata,

usuarios: 700.000 51 5.00 134.00

280.80 1.012.90

El Cuadro Nº 37 c) revela la intención de las empresas privadas de promover el consumo de energía eléctrica –a

diferencia del ahorro impulsado históricamente por SEGBA–, a través de un costo por kw decreciente a mayor consumo

y un cargo fijo de elevada incidencia proporcional en la franja más numerosa de consumidores (de 301 a 550 kw/h). En

el consumo de fuerza motriz industrial, las pequeñas y medianas empresas solventan indirectamente a los grandes

consumidores, reemplazando el rol del sector público en el subsidio tarifario. Las tarifas de la ex-SEGBA permiten

identificar la convergencia de los intereses de los operadores extranjeros, de explotar la capacidad de consumo de un

mercado cautivo, y de los grupos de origen local, de garantizarse –ante la retirada del Estado– fuentes de abastecimiento

energético barato, utilizando además la política tarifaria como herramienta de control del mercado industrial.

68

CUADRO Nº 37 c). Cuadro tarifario ex-SEGBA

Consumos residenciales kw/h Cargo fijo $ $/kw. h

1-300 2,54 0,061

301-550 13,04 0.056

551-1.600 6,35 0,108

1.601-4.000 47,14 0,083

+ de 4.000 127,91 0,063

Consumos industriales kw/h

P. y M.E. 6,69 0,067

Grandes Consumidores

Baja Tensión 7,09 0,048

Media Tensión 4,02 0,046

Alta Tensión 2,07 0,043

Las empresas adquirentes, lejos de mejorar la eficiencia mediante la inversión, apuntan a elevar rentabilidad vía

precios administrados –tarifas– en un mercado oligopólico, directamente sobre los usuarios e indirectamente subsidiando

el gran consumo industrial. En tanto que la racionalización de costos hasta ahora pasa exclusivamente por la reducción

de personal.

Un caso mucho más complejo lo presenta Agua y Energía Eléctrica, por ser la única empresa de energía eléctrica

con jurisdicción nacional y cumplir diversas funciones en siete regiones del país que trascienden la generación y

distribución en una gran concentración urbana como el caso de SEGBA. Su desmembramiento, tal como se plantea en el

Cuadro Nº 37 d), puede tener implicancias más severas en el abastecimiento energético del país.

La privatización de las centrales térmicas producidas hasta el presente responde esencialmente a orientaciones

regionales y sectoriales, advirtiéndose también la presencia relevante de operadores extranjeros –véase Cuadro Nº 37 a).

69

CUADRO Nº 37 d). El desmembramiento de Agua y Energía

Organización Actual

Cambios Generación Distribución y

Riego Transferencia Actividades Regulatorias

Despacho Nacional de

Cargas (DNC) Ingeniería

Medidas

Privatización.

Transferencia a Provincias.

División de lí- neas de 500 kw. 220 kw. y 132 kw.

Eliminación y reemplazo por el Regulador de Electricidad (ERE).

Disolución y creación de la Cammesa (Compañía Ad- Ministradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.)

Eliminación y creación de S.A. específicas con parte del personal de la empresa

Consecuencias

En la primera etapa se venden centrales térmi-cas: Alto Valle, Güemes, Sorren-to, San Nicolás y Luján de Cuyo. La segunda etapa comprenderá la venta de centra-les hidroeléctri-cas.

Se transfieren sistemas de riego a: Río Negro, La Rioja, Sgo. del Estero. La distri-bución pasa a manos de las Provincias:Tucu-mán,Formosa. La Rioja, Sgo. del Estero.

Se agrupan siste-mas de trans-misión de 500 km, (AyEE e Hidronor y se privatizarán antes de fin de año. Con las lí-neas de media y baja tensiónse crea-rán'distribuidoras troncales re- gioonales" para su posterior transferencia al sector privado.

La ley 24.065 creó el ERE, que se hará cargo de las tareas de control que venia haciendo AyEE.

La tarea del DNC (especie de "clearing" energético entre generadores y distribuidores) pasó a la órbita de la Cammesa. Esta organización está integrada en partes iguales por Estado nacional, generadores, distribuidores, transportistas y grandes usuarios, con facultad para fijar el precio de la energía mayorista.

Para ocupar a parte del personal que se queda sin trabajo con la eliminación de AyEE,la empresa y la Secretaría de Energía promo-vieron las S.A. específicas Tra-nelsa, Ingeniería de transmisión para Yacyretá. Evarsa: evalua-ción de recursos. Emasa:monitoreo del impacto am-biental. Proyectos hidráulicos. Seguridad de O-bras.

Fuente: Subsecretaría de Energía.

CUADRO Nº 37 e). Centrales de Agua y Energía Eléctrica vendidas

Central % vendido Efectivo Títulos

millones de U$S

Ato Valle -Neuquén- 95 mw 90 22.10

Güemes- Salta- 305 mw 60 10.00 76.20

Sorrento- Sta. Fe.- 226 mw 90 5.00 3.80

37.10 80.00

70

La desintegración del sistema energético se completaría con la venta de las redes de transmisión, agrupándose la

red 500 kw con una "unidad de negocio" y las redes de 330 kw, 220 y 132 kw como "distribuidoras troncales

regionales". La privatización del transporte, sobre todo las redes de alta tensión, implicará una fuerte suba tarifaria, dado

que en el presente AyEE e Hidronor reciben una distribución casi simbólica por el servicio de transporte. Este

incremento tarifario supone un costo adicional que recaerá en los usuarios –con el sesgo analizado en la estructura de

tarifas de la ex-SEGBA– y que probablemente no pueda ser absorbido en las regiones menos desarrolladas. Igual suerte

pueden correr los servicios de riego y distribución transferidos a las Provincias, repitiéndose lo ocurrido con el

transporte ferroviario de pasajeros: el deterioro y hasta la probable suspensión del servicio.

La privatización de las redes de transmisión terminará de consolidar la corporación monopólica, encargada de

administrar la electricidad en la Argentina: la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. –

CAMMESA– integrada, además del Estado, por generadores, distribuidores, transportistas y grandes usuarios, que tiene

el poder de fijar cada tres meses el precio de la energía mayorista.

Petróleo

La entrega del petróleo argentino comprende sucesivas fases escalonadas, en la siguiente secuencia: venta de la

totalidad de las reservas de las áreas marginales: cesión de la porción mayoritaria de las áreas centrales; desregulación

del mercado petrolero; concesión de la exploración de nuevas reservas; venta de los activos de YPF y privatización de

parte de su capital. En el Cuadro Nº 38 a) se detallan los beneficiarios de la transferencia de las reservas y del comienzo

de la venta de bienes de YPF.

La secuencia del remate del petróleo argentino se entronca con los pasos seguidos para desmantelar YPF. Por ser

ésta una empresa integrada que cumple todas fases del ciclo petrolero: Producción, Refinación, Comercialización y

Servicios, se comenzó por reducir la propiedad de sus reservas y su participación en el volumen producido.

La desregulación del sector petrolero eliminó las restricciones para exportar crudo –"libre disponibilidad del

crudo"– liberó los precios y suprimió la facultad estatal de comprar toda la producción privada. Estas medidas iniciales

abrieron el camino para reducir la participación de YPF como empresa productora, transfiriendo áreas de extracción. La

privatización de las refinerías, los ductos y la flota serán pasos posteriores en la entrega del petróleo nacional.

71

CUADRO Nº 38 a). El reparto del Estado-Petróleo

Sector Grupo Ex Emp. Pub. Adquirente Nva. Emp.

YPF A. Sec.

Petróleo YPF- áreas Centrales*

YPF-Activosy

Refi-nerías

86** Areas

El Hue-mul

El Tor-dillo

Vizca-cheras

Puesto Her-

nández

Santa Cruz I

Santa Cruz II

T. del Fuego

Palmar Largo N.O.

Agua- ragüe N.O.

Campo Durán

Locales

Pérez Companc 11 áreas 18.00% 35.00% 42.00% 28.00% Techint 10 áreas 42.75% n.d. Astra 6 áreas 50.00% 28.00% 10.50% Macri 3 arcas n.d. n.d. Soldati 3 áreas 32.50% 17.90% 5.00% Roggio 8 áreas Bridas 2 áreas 36.66%

Extranjeros Estados Unidos

Coastal Arg. 10.00% Oxy 25.00% Energy Develop- ment Corp. 11.25% Santa Fe Energy 18.00% Quintana Petrolera 20.00% Norcen Inc. Ltd. n.d. Dong Won Co. n.d. Ampolex n.d.

España Repsol 2 áreas 50.00% Algas n.d.

Francia Total Austral 70.00%

Canadá Chauvco Resources 23.34%

Suiza Marc Rich 17.50% Total de participación

45 áreas 70.00%

90.00%

100.00%

60.00%

70.00%

70.00%

70.00%

*Los porcentajes remanentes de participación en las áreas de explotación centrales los retiene todavía YPF. ** Las restantes áreas secundarias fueron adjudicadas a diversas petroleras de origen local y extranjero. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Privatizaciones y otras publicaciones.

Las 86 áreas secundarias concedidas se definieron en virtud a que su producción diaria no superaba los 200 m3.

Sin embargo, esta explotación menguada, originada en la política de desinversión que aquejaba a YPF desde la dictadura

militar, justificó el traspaso del 8,8% de las reservas comprobadas del país, después que YPF asumiera el costo más

gravoso y de mayor riesgo de recupero que es la exploración. Los compradores ingresan de inmediato en zonas

exploradas y en producción, privilegiando en muchos casos la proximidad de un campo petrolero propio que optimiza

los gastos de estructura.

72

El segundo tramo del reparto de las reservas de petróleo es la venta de las áreas centrales de explotación, (véase

Cuadro Nº 38 b).

CUADRO Nº 38 b). Venta de úreas de explotación de YPF

Areas Centrales % Vendido Importe Efectivo mill. U$S

El Huemul 70 187,40

Vizcacheras 100 174

El Tordillo 90 187

Puesto Hernández 60 310

Santa Cruz I 70 55

Santa Cruz II 70 141,50

Tierra del Fuego 70 143,50

Palmar Largo 70 36

Aguaragüe 55 143.70

Areas secundarias 86 áreas 464,50

1.842,60

Fuente: Subsecretaría de Privatizaciones.

CUADRO Nº 38 c). Producción petrolera y su destino

M3 anuales Participación

de YPF en la Prod. Porcentaje exportado total

1990 28.084.708 97 17.7

1991 28.505.353 65 19.8

1992 31.560.000* 42 21.3* * Estimado. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Energía y Cámara de Empresas Petroleras.

Los resultados inmediatos de este proceso incluyen un sustancial aumento de la producción –con significativa

caída de la participación de YPF– y brusco salto de las exportaciones de combustible.

La política petrolera en curso determina un sensible incremento de la producción –12,4% en 1992 respecto de

1990– con destino a la exportación, en poder de las petroleras privadas, (véase Cuadro Nº 38 d).

73

CUADRO Nº 38 d). Principales productores petroleros a junio 1992

% de producción Junio'92

YPF 41.9

Pérez Companc 16.6

Total Austral- Francia 7.5

Anioco-EEUU- 7.3

Bridas 5.7

Astra 5.1

Occidental- EEUU- 4.3

Tecpetrol- Techint- 3.0

PIuspetrol - Macri- 1.7

Cadipsa- vinc. a Techint- 1.6 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Empresas Petroleras.

La apropiación del mercado por estos grupos empresarios plantea diversos interrogantes acerca del futuro

petrolero del país. En principio, por U$S 1.842 millones Ingresados a la Tesorería –no reinvertidos YPF–, con destino a

atender compromisos externos, se han entregado reservas comprobadas que comienzan a ser extraídas intensamente y en

porciones relevantes con destino al mercado externo. El primer interrogante que surge, por tratarse de un recurso no

renovable, es en torno a la disponibilidad de reservas.

Las reservas petroleras del país se establecieron en 1991 en 256 millones de m3, muy distantes de las existentes

en los países calificados como "petroleros", conforme se aprecia en el Cuadro Nº 38 e).

De proseguir este ritmo de explotación –31,6 millones de m3 al año– las reservas se agotarían en 8 años, tiempo

muy escaso para un país que sorpresivamente se ha convertido en exportador de hidrocarburos. El remate de reservas,

sin ninguna política industrial asociada –sólo cerrar la "caja" de la Tesorería– pretende ser paliado con el programa de

exploración denominado "Plan Argentina" que, teóricamente, las incrementará. Sin embargo, sobre las primeras 41 áreas

licitadas, sólo 10 recibieron ofertas, mayoritariamente por consorcios extranjeros, a pesar de las diversas ventajas

otorgadas para explotar el petróleo que se encuentre.

El pensamiento de los grupos económicos locales frente a la cuestión petrolera quedó reflejado con claridad en

las declaraciones de Carlos Cortizas –gerente comercial de Petrolera Pérez Companc–, al referirse a la problemática de

las reservas y la exploración.10 Cortizas reclama sin ponerse colorado, subsidios para la exploración, libre disponibilidad

10 " .... las dificultades para hallar reservas podrían superarse a través de incentivar las condiciones de inversión, por ejemplo, disminuir regalías o impuestos sobre el petróleo descubierto. Si aún así no se logran incrementar las reservas, el país debería importar, pero esto no es dramático. El

74

del petróleo encontrado y despreocupación sobre el agotamiento de las reservas del país. La premisa es maximizar la

renta aquí y ahora.

CUADRO Nº 38 e). Reservas de petróleo al 31/12/91

en millones de m3

País m3

Argentina 256

Brasil 452

México 8.274

Venezuela 9.397

EE.UU 4.166

Rusia 9.072

Kuwait 15.045

Irán 14.778

Iraq 15.916

Arabia Saudita 40.985

Total Mundial 159.021

Fuente: IAP.

Este criterio es el que define el sesgo exportador de los nuevos propietarios del petróleo, pues los refinadores

locales pagan U$S 17,5 por barril frente al precio del exterior de U$S 18,8. La situación descripta introduce la

problemática de las refinerías, mercado repartido esencialmente entre YPF, Shell y Esso. En este punto es donde se

agudizan las exigencias de desguace de YPF, ingresando en la segunda etapa comprendida por la venta de los activos de

la empresa estatal, en concreto YPF, surgiendo la incógnita acerca de si los productores avanzarán en la integración

vertical de sus empresas.

La primera refinería vendida, la de Campo Durán, contó entre sus compradores a Pérez Companc, Astra y Macri

abonando en efectivo U$S 64,1 millones. La desregulación petrolera también implica la libertad para importar crudo lo

que les permitiría a largo plazo eludir las restricciones de agotamiento de las reservas.

hidrocarburo es un "commodity" que podría ser importado sin que esto dificulte el crecimiento, como hacen Japón, los EE.UU. y Europa. Guardar

75

CUADRO Nº 38 f). Plan Argentina. Ofertas de inversión para explorar

Area Consorcio Compromiso en U$S

Malargüe Sur Tritón Argentina 9.6

Mendoza Occidental 9.5

Sierra Morada BHP-Union Pacific 3.0

China Muerta Victrix-Bridge-Crusader 6.3

Río Senger Unión Pacific 0.9

Río Grande Sur Chauvco 1.5

Santa Rosa Chauvco 2.9

Buen Pasto Pluspetrol-YPF-Sipetrol- Norcen-Triton 0.8

Río Desaguadero Marathon 2.0

Río Turbio Pérez Companc-Astra 2.7

Total

39.2

Fuente: Secretaría de Energía.

El ciclo se completaría con la retirada de YPF de la comercialización interna, entregando a operadores privados la

distribución del combustible en las 2.800 estaciones de servicio que actualmente abastece, con la participación

porcentual que se detalla en el Cuadro Nº 38 g).

CUADRO Nº 38 g). Mercado de combustibles. Participación porcentual en las ventas Junio'92

Naftas Gas oil Fuel oil GNC YPF 53 58 64 31 Shell 22 16 11 8 Esso 17 16 13 9 C.G.C. (Soldati) 3 3 7 – Isaura 3 4 – 4 Astra – – – 11 Agip – – – 28 Otras 2 3 5 9 Total 100 100 100 100

Fuente: Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.

reservas para el futuro tiene el peligro de que pueden perder valor por la aparición de sustitutos".

76

Por último, el Congreso de la Nación distribuyó las acciones de YPF entre el Estado Nacional con el 51%, las

Provincias con el 39% y el Régimen de Propiedad Participada el 10%, debiendo en tres los dos primeros tenedores –

Nación y Provincias– colocar en el mercado de capitales no menos de la mitad de sus acciones, no pudiendo el Estado

Nacional desprenderse de menos del 20% de su participación sin autorización legislativa.

La recaudación esperada por la venta del 31% del paquete accionario y los activos remanentes –refinerías, ductos,

flota, etc.– se estima en U$S 2.700 millones.

De este modo se concluye el desguace de una empresa que, además de haber descubierto la totalidad de las

reservas de petróleo del país –hoy extraídas con fines rentísticos de corto plazo–, durante 1991 facturó U$S 4. 100

millones, exportó U$S 600 millones y generó utilidades operativas por U$S 300 millones.

Gas

El traspaso de los activos de Gas del Estado al sector privado supone la privatización de la segunda fuente

energética del país. Esta empresa, que en 1991 facturó U$S 1.820 millones, atendiendo a un mercado de 4,3 millones de

usuarios, es poseedora de un sistema integrado que abarca el transporte desde las zonas productoras hasta los usuarios.

La privatización implicó la división de las zonas de distribución en 8 y el transporte en 2, sin embargo, el negocio

comprenderá a tres actores: los productores de gas, los transportistas y los distribuidores.

Con respecto al primer tramo, del mismo modo que lo ocurrido con el petróleo, la desregulación ha comenzado a

arrebatarle la producción gasífera a YPF, posicionando diversos consorcios privados en áreas centrales de gas. El otro

tramo, clave en el nuevo esquema, es el "peaje" que cobrarán los nuevos dueños de los gasoductos, repartiéndose las

tarifas con los distribuidores de los usuarios. Algunos consorcios adjudicatarios han desarrollado una estrategia de

integración, como el caso de los grupos Techint y Soldati, que posicionándose en la cuenca gasífera del Noroeste (área

de producción Aguaragüe), completan el círculo con su participación en el gasoducto del Norte y la distribución en

Buenos Aires Norte (en este caso sólo el grupo Soldati).

Este reparto del negocio del gas tiene decisiva influencia en la estructura tarifaria. En principio, las tarifas, por el

pliego de condiciones de la venta, se encuentran atadas a la evolución del tipo de cambio (la "dolarización" tarifaria de

las empresas privatizadas es una constante para garantizar la rentabilidad de los compradores). En segundo lugar, la

división de una empresa integrada, como la ex Gas del Estado, determina un abultamiento de las tarifas por aumento de

los costos de intermediación (rentabilidad de los transportistas y de los distribuidores). En último término, al igual que

en el caso eléctrico, la privatización supone alterar el precio del gas, de modo de subsidiar el gran consumo industrial.

77

CUADRO Nº 39 a). El reparto del Estado- Gas


Gas

Gas del Estado - Distribución Gas del Estado-Transporte

Metrop. Pam-peana Litoral Bs. As.

Norte Sur N. Oeste Centro Cuyo Zona

Norte Zona Sur

Locales

Pérez Companc 25.00% 50.00% Techint 18% Astra 20.00% Macri 75.00% 75.00% Soldati 28.00% 18% Bunge y Born n.d. n.d. Alpargatas 20.00% Zorraquín 20.00% Bemberg 20.00% Cartellone 40.00% Invertrad 14.00% Manra 21.00%

Extranjeros Estados unidos 25%

Enron Pipeline 25% 25% Citicorp 39% Novacorp Internac.

Wartings

España Gas Natural 51.00% Iberdrola 20.00%

Italia Canuzzi Gasometri

n.d. n.d.

Italgas 25.00% 25.00%

Chile Gasco 40.00%

Gran Bretaña British Gas PLC 41.00%

Bélgica Tractebel 40.00%

En este sentido, las proyecciones de los consorcios adjudicatarios contemplan elevar la facturación de gas hacia

1994 en un 38% respecto de 1991, casi a U$S 3.000 millones. Sin embargo los metros cúbicos vendidos continuarán en

el nivel de 1991. En suma, la mayor facturación dependerá exclusivamente de la elevación de tarifas, y no de la mayor

oferta del servicio.

78

Las tarifas de gas en vigencia con la privatización implicaron convalidar y profundizar la tendencia seguida por el

gobierno de Menem, de presión sobre los usuarios domésticos e industriales de menor consumo, tal como se observa en

el Cuadro Nº 39 b).

CUADRO Nº 39 b). Tarifas de gas natural

El monto percibido por el Estado, a cambio del negocio empresarial oligopólico, se puede observar en el Cuadro

Nº 39 c).

Ajustes reales (*) Entre junio de 1989 y marzo 1992 Consumidores domésticos (zona 1) Promedio en % Entre 0 y 60 metros cúbicos +605 60 a 250 metros cúbicos +405 250 a 600 metros cúbicos +137 Más de 600 metros cúbicos +130 Cargo fijo +202 Consumidores industriales (zona 1) Entre 0 y 200 metros cúbicos +98 Más de 200 metros cúbicos +73 Cargo fijo -46 (*) Ajustados según el promedio entre precios al consumidor y mayoristas a marzo de 1992. Fuente: Gustavo Calleja en base a publicaciones del INDEC, resoluciones de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía Consumidor doméstico, Zona 1: incluye la provincia de Buenos Aires (menos Patagones, Vilarino, Bahía Blanca y Rosales), la Capital Federal, Entre Ríos, Santa Fe. Corrientes y Misiones. Consumidor industrial, Zona 1: comprende Capital Federal, y el Gran Buenos Aires. Aumentos en % para consumos Residenciales Grandes promedio tras la privatización industrias Capital Federal +5 -25 Gran Buenos Aires +4 -26 Litoral -4 -30 Cuyo +2 -25 Neuquén +152 +1 Tierra del Fuego(x) +294 -6 Santa Cruz (x) +182 +20 Chubut(x) +212 +8 (*) El incremento tarifario de estas tres provincias será compensado con un subsidio explícito del Teso- ro Nacional. Valor del M3- Peq. y Med. Ind. $ 0,109 Valor del M3- Gdes. Industrias $ 0,073

79

Es evidente que la privatización del gas, del mismo modo que lo ocurrido con la electricidad, define dos características centrales del proceso de remate del Estado, que poco o nada tiene que ver con lo declamado en ocasión de sancionarse en 1989, la Ley de Reforma del Estado.

CUADRO Nº 39 c). Monto percibido por la venta de Gas del Estado y mercado cautivo entregado Usuarios Empresa Adjudicatario Monto en millones de dólares

Resid. en miles

Indust. en miles Efectivo Títulos de deuda* Pasivos

delegados Pasivos

transferidos

Transportadora de Enton Pipeline Company- 100 256.189 205 395 Gas del Sur S.A. Argentina S.A. (25%): (70%) Cía. Naviera Pérez Companc S. A. (25%): Citicorp Equily Investments S.A. (25%): Argentina Privale Development Trust Co. Ltd. (25%) Transportadora Novacorp International 28 182.222 38 70 de Gas del Norte S.A. (25%): Transcogas (70%) Inversora S.A. (36%): Warting S.A. (39%)

1.609 98 Distribuidora de British Gas (41%); Cía 44 256.021 62 110 Gas Metropolitana Naviera Pérez Companc S.A. (70%) (25%). Astra (20%) Invertrad (14%).

830 41 Distribuidora de Gas Natural (51%): Discogas 28 127.555 33 70 Gas Buenos Aires (28%); Manta (21%) Norte S.A. (70%)

548 40 Distribuidora de Camuzzi Gazometri SpA 18 217.407 Gas Pampeana S.A. (100%) Grupo CG (70%) Argentino S.A.

248 12 Distribuidora de Tractebel S.A. (40%): 14 89.606 13 25 Gas Litoral S.A. Iberdrola S.A. (20%); (90%) Garovagllo y Zorraquín S.A. (20%); Diecisiete de Abril S.A. (20%)

207 9 Distribuidora de Sideco Americana S.A. 18 120.0 7 30 Gas Centro S.A. (75%): Societá Italiana per (90%) 11 Gas SpA (25%)

182 9 Distribuidora de Sideco Americana S.A. 26 96.0 – – Gas Cuyana S.A. (75%); Societá Italiana (60%) per fl Gas SpA (25%)

173 9

Distribuidora de

J. Cartellone Construcciones

10

62.030

12

Gas Noroeste S.A. Civiles S.A. (40%); Banco (90%) Francés del Rio de la Plata S.A (20%); Cía de Consumidores de Gas de Santiago S.A. (10%)

208 32 Distribuidora de Camuzzi Gazometri 14 134.035 10 5 Gas del Sur S.A. Spa (100%) Grupo CG (90%) Argentino S.A.

4005 250 Total 300 1.541.065 380 730

* Equivalente en efectivo – Fuente: Subsecretaría de Privatizaciones.

80

• La rentabilidad empresaria se alcanza por elevación de tarifas y no por mejora en el servicio.

• En el caso de insumos industriales clavel, como la electricidad y el gas, el perfil tarifario apunta a subsidiar el gran

consumo a expensas de los consumidores chicos y medianos, con el consabido efecto concentrador en la economía,

máxime si se tiene presente que los consorcios adjudicatarios presentan, en su mayoría, un dispositivo empresarial

integrado –producción y distribución de insumos energéticos, vinculado a complejos industriales– que les facilita

suprimir a la competencia.

El Restante Reparto del Estado

Los Cuadros que continúan pretenden aproximar un reflejo de la división que sufrieron otros sectores de la

economía antes estatales.

CUADRO Nº 40 a). Teléfonos

Sector Grupo Adquirente Ex Emp. Pub. Nva. Emp.

Teléfonos

ENTEL

Telecom Telefónica Locales

Pérez Companc 25.00% 15.30% Techint 8.30% Soldati 5.20% Extranjeros Estados Unidos J.P. Morgan 10.00% Republic New York 1.30% Manufacturers Hanover Trust 3.30% Bank of New York 3.20% Southel Equity Corp. 4.00% Citicorp 20.00% España Telefónica 10.00% Banco Central de España 7.00% Banco Hispanoamericano 5.00% Italia Stet 32.50% Francia Cable et Radio 32.50% Diversos inversores extranjeros 17.40%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Privatizaciones y otras publicaciones.

81

CUADRO Nº 40 b). Petroquímica

Sector

Grupo

Ex Emp. Pub.

Adquirente

Nva. Emp.

Petroquímica

Polisur

Ipako

Petropol

Indupa

Induclor

Indupa

M. Vinílicos

Viniclor

Petroq. Rio III

Egerton

Indupa 100.00% 100.00% 100.00%

Zorraquin 100.00%

Bunge y Born 100.00% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Privatizaciones y otras publicaciones.

CUADRO Nº 40 c). Siderurgia

Sector

Grupo

Ex Emp. Pub.

Adquirente

Nva. Emp.

Siderurgia

Altos Hornos Zapla

Aceros Zapla

Somisa

Aceros Paraná

Locales

Techint 100.00%

Prensa 28.33%

Penfin 5.00%

Extranjeros

Estados Unidos

Citicorp 33.33%

Francia

Aubert Duval 14.00%

De Metallurgie Avancee 19.34%


82

CUADRO Nº 40 d). Ferrocarriles


Ferrocarriles

Ferrocarriles Argentinos

Ferroexpreso Pampeano

Nvo. Central Argentino Ferrosur Delta-Borges Mesopo-

támico

Locales Pérez Companc 8.00% Techint 58.00% Soldati 20.00% 100.00% Pescarmona 71.25% Fortabat 65.00% Alpargatas 17.50% 5.00% Acindar 10.00% Eaca n.d. Aceitera Gral. Deheza 61.50% Asoc. Cooperativas Argentinas 21.00% 5.00% Decavial 5.00% Petroquímica Cdro.Rivadavia 10.00% Olmatic 12.50% Petersen, Thiele y Cruz 6.25% Alesia 10.00% Extranjeros Estados Unidos Iowa Interstate Railroad n.d. Chase Manhattan n.d. Montana Rail Link operadores Anacostia Pacific operadores RaiIroad Development Corp. operadores Consolidated Rail Corp. operadores


83

Producido del Remate del Estado 90- 92 y Principales Beneficiarios

Los Cuadros que continúan [Nº 41 a), 41 b), 41 c) y 41 d)] detallan las privatizaciones concluidas entre 1990 y 1992 y los fondos generados por las mismas así como los principales beneficiarios (Cuadro Nº 42).

CUADRO Nº 41 a). Privatizaciones. Unidades de negocio y empresas transferidas al sector privado

1990 1991 1992 Total

Empresas/ Unidades de negocio vendidas 6 2 25 33 Servicios/ Empresas dados en concesión 3 7 9 19 Petróleo: Concesiones 37 22 27 86 Contratos de asociación 5 4 9 Venta de acciones de empresa privatizada 1 1 2 Ingresos (en millones de dólares) En efectivo 790,5 1.892,5 2.658.9 5.341.9 En títulos de deuda 6.740,2* 12,0* 41.8* 6.794.0 2.633.8** 2.633.8**

* Valor nominal ** Equivalente en efectivo. Fuente: Subsecretaría de Privatizaciones.

CUADRO Nº 41 b). Privatizaciones concluidas en 1990 Año 1990 Monto en millones de U$S

Mes Sector/Empresa Tipo de Transferencia Efectivo Títulos de deuda

Enero Canales de televisión – LS 84 Canal 11 Concesión 15 años 8,2 – LS 85 Canal 13 Concesión 15 años 5.7 Septiembre Caminos Concesión de 10.000 km de rutas nacionales 100 por año Octubre Petroquímicas: – Polisur Venta (30%) 14,1 41 – Petropol Venta (30%) 4,5 12,1* – Induclor Venta (30%) 17,8 50,6* – Monómeros vinílicos Venta (30%) 9,3 26,5* Subsecretaría de Concesión de 28 áreas 241,1 Combustibles marginales CPI 1/90 Noviembre

Entel

Venta del 60%

214

5.000 *

Aerolíneas Argentinas Venta del 85%. 260 1.610 * Posteriormente el porcentaje se redujo El Estado posee el 43%

Incluye OPTAR y el

55% del capital social de

Buenos Aires Catering. S.A.

Subsecretaría de Concesión de 9 áreas

15,8

Combustibles marginales CPI 2/90 Empresas vendidas: 6 Servicios/Empresas dados en concesión: 3 Petróleo: concesiones: 37 Total de ingresos: –En efectivo: 790,5 millones de dólares –En títulos de deuda: 6.740.2 millones de dólares*

*Valor nominal Fuente: Subsecretaría de Privatizaciones.

84

CUADRO Nº 41 c). Privatizaciones concluidas en 1991

Año 1991 Monto en millones de U$S

Mes Sector/Empresa Tipo de Transferencia Efectivo Títulos de deuda

Febrero Estaciones de radio Concesión de 6 radios Mayo Hotel Llao-Llao Venta 3,7 12*

Junio UPF S.A. Contratos de asociación en 4 áreas centrales (Puesto Hernández, Vizcacheras, El Huemul, Tordillo) 50%

560,1

Agosto Subsecretaria de Combustibles

Concesión de 22 áreas marginales CPI 1/91

140,5

Octubre YPF S.A. Ampliación de la participación privada en las cuatro áreas centrales precedentes (Dcto. 1727/91)

243,4

Noviembre Ferrocarriles Concesión del Ramal Rosario-Bahía Blanca (5.287 km)

Diciembre Entel Venta de acciones de TelefónicaArgentina (30%)

830

YPF S.A. Contrato de Asociación área central Santa Cruz I (Cuenta Austral)

55

Tandanor (Talleres Navales)

Venta 59.8

Empresas vendidas: 2 Servicios/Empresas dados en concesión: 7 Petróleo: concesiones: 22, contratos de asociación 5 Venta de acciones de empresa privatizada: Total de ingresos: –En efectivo: 1892.5 millones de dólares –En títulos de deuda: 12,0 millones de dólares

* Valor nominal.

Fuente: Subsecretaría de Privatizaciones

85

CUADRO Nº 41 d). Privatizaciones concluidas en 1992

Año 1992

Monto en millones de U$S

Mes Sector/Empresa Tipo de transferencia Efectivo Títulos de deuda

Enero YPF S.A. Contrato de asociación área 143.5 central Tierra del Fuego (Cuenca Austral]

Subsecretaría de Combustibles Concesión de cinco áreas marginales

18.8

CPI 2191 Marzo ENTEL Venta de acciones de Telecom (30%) 1.226,9 Petroquímica Río Tercero

Venta (39%)

7,3

YPF S.A. Contrato de Asociación área central Santa Cruz Il (Cuenca Austral)

141,6 Abril

Ferrocarriles

Concesión de la línea Mitre (5. 0 12 km)

SEGBA: Central Venta del 60% 92,2 Puerto S.A. (1.009 MW)

Altos Hornos Zapla

Venta

3,3 29.7*

Mayo

SEGBA: Central

Venta del 60%

90,1

Costanera S.A. (1260 MW) Junio

Subsecretaría de Combustibles

Concesión de 22 áreas marginales

48,3

CPI 1/92

Mercado de Hacienda de Liniers Concesión por 10 años (Canon del 12% de los ingresos totales del concesionario) Agosto SEGBA: Edenor S.A. (distribución) Venta del 5 1% 30 397,9

** SEGBA: Edesur S.A. (distribución) Venta del 5 1% 30 481**

Elevador Terminal del Puerto de Quequén Concesión (U$S 3.5 Ton. embarcada y un canon de U$S 0,40)

2,9

Elevador del Puerto de Buenos Aires Concesión (U$S 3 Ton embarcada y un canon de U$S 0, 15) 1.1 Agua y Energía Eléctrica: Central Venta del 90% 22,1

Alto Valle (95 MW) Septiem.

Ferrocarriles Concesión del Ramal Delta Borges (17.5 km)

Agua y Energía Eléctrica: Central Venta del 60% 10 76,2**

Güemes (305 MW)

Elevador terminal del Puerto Diamante Venta

2

Ferrocarriles

Concesión de resto de la Línea G. Roca (4.620 km)

Hipódromo Argentino Concesión (8,5 del fondo de apuestas y 30% del precio de las entradas

61.5

Octubre SEGBA: Central Dock Sud (211 MW) Venta del 90% 25 SEGBA: Central Pedro de Mendoza (58

MW) Venta del 90% 8,5

SOMISA (Acería) Venta del 80% 140 12. 1*

Ferrocarriles Concesión de la Línea G. Urquiza (3200 km)

Noviembre

SEGBA: EDELAP S.A. (Distribución) Venta del 5 1% 5 134**

86

CUADRO Nº 41 d). Privatizaciones concluidas en 1992 (Continuación)

Año 1992 Monto en millones de U$S

Mes Sector/Empresa Tipo de transferencia Efectivo Títulos de deuda

Noviembre YPF S.A. Contrato de asociación área central Palmar Largo (70%) Cuenca Noroeste 36

YPF S.A.

Contrato de asociación área central

Aguaragüe (55%) Cuenca Noroeste 143.7 YPF S.A.

Refinería Campo Durán Venta del 70%

64.1

Diciembre GAS Transportadora del Sur Venta del 70% 100 256.189

GAS Transportadora del Norte Venta del 70% 28 182.222*

*

GAS. Distribuidora Pampeana Venta del 70% 18 217.407

GAS. Distribuidora del Litoral Venta del 90% 14 89.606**

GAS. Distribuidora del Centro Venta del 90% 18 120.0**

GAS. Distribuidora Cuyana Venta del 60% 26 96.0**

GAS. Distribuidora Sur Venta del 90% 14 134.035*

*

GAS. Distribuidora Noroeste

Venta del 90% 10

62.030**

GAS. Distribuidora Metropolitana Venta del 70% 44 256.021*

*

GAS. Distribuidora Buenos Aires Norte Venta del 70% 28 127.555*

*

Obras Sanitarias de la Nación Concesión (30 años) Coeficiente 0.731

AyEE: Central Sorrento (226 MW) Venta del 90% 5 3.8**

Empresas/Unidades de Negocios vendidas: 25

Servicios/Empresas dados en concesión: 9

Petróleo: concesiones 27, contratos de asociación, 4

Venta de acciones de empresa privatizada: 1

Total de ingresos: –En efectivo. 2.458,9

–En títulos de deuda: 4 1,8 valor nominal 2.633,8 equivalente en efectivo

Valor nominal. ** Equivalente en efectivo. Fuente: Subsecretaria de Privatizaciones.

87

CUADRO Nº 42. Participación de los cinco principales grupos económicos en el reparto del sector energético,

ferrocarriles, siderurgia y teléfonos

Grupo Electricidad Petróleo Gas Ferrocarriles Teléfonos Siderurgia

Pérez Companc Importe Invertido Total: u$s 1 .050 mill.

Segba-Generación 25% Central Costanera

Areas Centrales El Tordillo: 18% Puesto Hernández: 35% Santa Cruz II: 42% Areas sec. 11 áreas YPF- Activos 28% ref. Campo Durán Factur. YPF: u$s 4. 100 mill.

Gas del Estado- Distrib. 25% Metropol. Gas del Estado Transp.:

Ferrocrr. Argent.: 8%

ENTel Zona Norte: 25% Telecom ENTel Zona Sur: 15. 3% Rentabil. privada

Ferroexpreso Pamp. Segba-Distrib.: 40,5% Edesur Factur. ex Segba: u$s 1.040 millones

Factur. Ex-Gas del Est.: u$s 1.820

mill.

Techint Importe Invertido Total: u$s 534 mill.

Segba- Distrib.: 51% Edelap Factur. Ex-Segba: u$s 1.040 millones

Areas Centrales El Tordillo: 42,75% Aguaragüe N.O.: sin datos de porcent. Areas secund.: 10 áreas Factr. YPF: 4.100 mill.

Gas del Est.- Transp. 18% Zona Norte; Factur. Ex-Gas del Est.: u$s 1.820 mill.

Ferrocarr. Argent.: 58% Ferroexpreso Pamp.

ENTel Zona Sur: 8,3% Telefónica Rentabil. privada

SOMISA- 100% Aceros Paraná Factur. Ex-SOMISA: u$s 610 mill.

ASTRA Importe Invertido Total: u$s 395 mill.

Segba-Distrib.: 40% Edenor Factur. Ex-Segba: u$s 1.040 millones

Areas Centrales Vizcacheras: 50%: Santa Cruz II: 28% Ares Secund. 6 áreas; Factur. YPF: u$s 4. 100 mill.

Gas del Est. Distri- buc.: 20% Metropolit. Factur. Ex-Gas del Est. u$s 1.820 mill.

Ferrocrr. Argent: 20% Ferroexpreso Pamp. Ferrocarr. Argent: 100% Delta Borges

ENTel Zona Sur 5,20% Telefónica; Rentabilidad Privada

Macri Importe Invertido Total: u$s 195 mill.

Areas Centrales Palmar Largo N.O.: Sin datos de porcent. YP-Activos: s.d.p. ref. Campo Durán; Factur. YPF: U$S 4.100 mill.

Gas del Est.- Distrib.: 75% Centro; Gas del Est.- Distrib.: 75% Cuyo; Factuur. Ex Gas del Est.: u$s 1.820 mill.

Fuente: Subsecretaría de Privatizaciones.

88

MONEDA Y CREDITO Características de la Política Monetaria

Desde 1990, la política monetaria asumió características progresivamente subordinadas al flujo externo. Esta

tendencia a adaptar la expansión y contracción monetarias a la disponibilidad de divisas –concretamente el dólar– se

denomina genéricamente "dolarización". La "dolarización" comenzó a gestarse con el Plan Bonex (enero'90), se

profundizó con la Convertibilidad del peso (abril '91) y, finalmente, se perfecciona con la bimonetización del sistema

financiero que comenzará a regir en 1993. 11

El ligar el flujo de moneda local a la oferta de divisas determina que el BCRA no puede crear moneda autónoma,

incidiendo en la expansión o contracción originada en el sector externo, únicamente a través de la política de encajes

bancarios. Es decir, que el BCRA sólo puede actuar sobre la creación secundaria de dinero, expandiendo o limitando la

capacidad de préstamo del sistema financiero. La política de encajes se complementa con préstamos de corto plazo al

sector, con garantía de títulos públicos, para resolver situaciones transitorias y estacionales de iliquidez –operaciones de

pase contra títulos.

El BCRA, en consecuencia, ha resignado legislativamente la facultad de emitir dinero conforme a las necesidades

de la economía global, restringiéndose a los límites impuestos por el sector externo, y por supuesto también ha

renunciado desde hace tiempo, a orientar la asignación de recursos crediticios, ni siquiera a través de los bancos

públicos, hoy en franco desmantelamiento.

Efectuadas estas precisiones sobre las escasas herramientas monetarias en poder del BCRA, cabe distinguir dos

etapas de política monetaria en la era de la "dolarización". La comprendida durante 1990 hasta la crisis del verano del

'91 y la inaugurada durante la Convertibilidad.

El primer tramo gestionado por González Fraga al frente del BCRA se centró en absorber la expansión monetaria,

generada por los fuertes excedentes de la balanza comercial, con política de encajes elevados, incrementando la tasa de

interés a fin de inducir un proceso recesivo acorde con el diseño de política macroeconómica general.

La tasa de interés elevada, sostenida en el tiempo, tiende a desencadenar un proceso que, de agudizarse, concluye

con un "crack" bancario. La pesadez de las carteras activas –producto de los altos intereses– y la iliquidez resultante

concluyen con una crisis bancaria que concentra en sector en aquellas entidades mejor dimensionadas –menor relación

gastos de estructura/volumen de depósitos– y con –deudores solventes –grandes empresas menos afectadas por la

recesión. Los efectos de esta política comenzaron a sentirse a principios de 1991 en la banca oficial de provincia.

11 Para un mayor desarrollo de este tema. véase documento de trabajo del IDEP: 'La Etapa Menem" de R. Felleti y C. Lozano.

89

La reconducción del ajuste que implicó la Convertibilidad determinó un cambio en la política monetaria. A

diferencia de González Fraga, el manejo de Roque Fernández intentó garantizar un nivel de liquidez suficiente, que

permitiera sostener la reactivación en curso, base de la política macroeconómica.

El diseño apunta a disminuir la tasa de interés hasta tornarla convergente con los niveles internacionales,

induciendo la reestructura del sector a partir de la mayor capacidad de apropiación del mercado de los bancos que

operen con el margen de intermediación –"spread"– más reducido, dado que simultáneamente pueden mejorar su tasa de

captación y disminuir la de colocación, centrando el negocio en la magnitud de volumen transado. Indudablemente el

esquema está pensado para un perfil de banco nítidamente mayorista, que concentre en pocas operaciones –menor costo

de estructura–, un significativo volumen de dinero –optimización de los puntos de "spread". El otro ingrediente consiste

en utilizar la compra de divisas como factor primordial de la expansión monetaria, razón por la cual se fijó un "piso

mínimo" de flotación del tipo de cambio, debajo del cual el BCRA se obliga a comprar para sostenerlo.

Sin embargo, este segundo tramo de la administración monetaria del ajuste tropezó con dos escollos, ligados

entre sí, que desembocaron en la "corrida" cambiaria y determinaron la inauguración de una nueva etapa, la tercera, del

esquema de "dolarización" vigente. Esta etapa se expresa esencialmente, en la bimonetización del sistema financiero.

"Corrida" y Bimonetización

El Cuadro Nº 43 a) refleja la evolución de las tasas de interés activas y pasivas y su tendencia a desvincularse del

flujo de la base monetaria durante casi todo 1992.

CUADRO Nº 43 a). Base monetaria y tasas de interés 1992

Efecto neto de la Base

Monetaria en mill. de $

Tasas de interés en %

Pasivas Activas

Enero

519

4,50

1,00

Febrero 323 3,90 0,90 Marzo 19 3,80 0,90 Abril 4 3,80 0,70 Mayo 704 3,70 0,80 Junio 608 3,50 0,60 Julio 475 3,80 1,00 Agosto 66 3,20 0,80 Septiembre -119 3,20 0,90 Octubre 798 2,90 0,80 Noviembre 516 3,80 1,20

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA, CPCECF y CEFIM.

90

En el Cuadro Nº 41 a) se aprecia cómo las tasas activas y pasivas fluctúan con escasa correlación, respecto del

movimiento predominantemente expansivo de la base, ampliada su expansión con una política de reducción de los

encajes y préstamos del BCRA al sistema financiero de corto plazo contra garantía de títulos públicos. Resalta en el

Cuadro la intangibilidad del "spread" oscilante en el 2,5%, si bien la tendencia desde el principio hacia el fin del año es a

la baja de las cotas inferiores. Las razones de esta situación se explican en que existen causas estructurales que impiden

la caída de la tasa de interés, sobre todo la activa.

En principio, la política expansiva del BCRA (compra de dólares, adelantos al sistema previsional, disminución

de encajes, etc.) son insuficientes frente al efecto contractivo que implica el superávit de las cuentas públicas, un Estado

que recauda más de lo que gasta absorbe fondos del mercado. En segundo término, la reestructura del sector financiero

permanece aún indefinida, por ende, los bancos privados, particularmente los de origen local, son renuentes a

redimensionarse, en tanto la porción mayoritaria de depósitos permanece aún en poder del sistema bancario público.

Ambas razones revelan que la continuidad del ajuste se ve entorpecida por el desenvolvimiento del segmento de

intermediación de recursos monetarios en pesos (impide la caída de la tasa de interés y demora la reestructuración

bancaria). Esto ocurre en parte por la pérdida del poder regulatorio del BCRA, intrínseca al diseño macroeconómico y,

en parte, porque la capacidad de préstamo del segmento de intermediación en pesos financia al Estado, retrasando en

consecuencia el desmantelamiento del Banco Nación y constituyendo a su vez un pingüe negocio para la banca local,

mejor posicionada en la captación de recursos en pesos, demorando también su propia reestructuración.

La bimonetización implantada, a partir de enero de 1993, apunta a resolver estos problemas, disolviendo el

circuito financiero en pesos dentro del flujo de fondos externos.

Hasta el presente, los segmentos de intermediación en pesos y en moneda extranjera se desenvolvían en

compartimientos separados normativamente. El BCRA obligaba a mantener equilibrios de usos y fuentes diferenciados

por el origen de la moneda, según fueran pesos o divisas extranjeras, aun dentro del mismo banco.

La integración de los encajes –efectivo mínimo que deben guardar los bancos en función del volumen de

depósitos– debía realizarse por origen de moneda. A su vez, la diferencia negativa entre los activos y pasivos en moneda

extranjera no podía exceder el 5% del patrimonio de la entidad bancaria, es decir que los recursos captados en dólares no

podían ser aplicados a financiar operaciones en pesos, más allá de ese exiguo límite.

El funcionamiento descripto determina márgenes de rentabilidad distintos según la porción de mercado, en pesos

o en moneda extranjera, en la que opere cada entidad bancaria. Aquellos posicionados preferentemente en el circuito en

pesos (banca pública y privada local) operaban con un "spread" mayor que los captadores de recursos en moneda

extranjera (banca del exterior), sujetos a márgenes de rentabilidad internacionales.

91

Las medidas adoptadas por el BCRA intentan romper y nivelar estas diferencias a partir de facultar a los bancos a

integrar sus encajes con cualquier moneda, sin discriminar el origen de los depósitos que los generan, y a financiar

operaciones en pesos con recursos en moneda extranjera hasta el 25% de sus patrimonios. En síntesis, tiende a haber un

solo segmento de intermediación financiera en el que circulan en igualdad de condiciones, pero no de cantidades y

fuentes de creación, pesos y dólares.

La bimonetización, así definida, determinará la paulatina convergencia de los márgenes de rentabilidad de las

entidades bancarias, con independencia del mercado en el que operen. Pero dicha convergencia, se producirá en torno de

niveles próximos a los "spreads» internacionales, dejando evidentemente en mejor situación a la banca extranjera. Las

consecuencias de estas medidas incluyen:

• La convalidación de la incapacidad regulatoria del BCRA: del mismo modo que la Convertibilidad le quitó la

capacidad de crear moneda en forma autónoma y desarrollar una política monetaria activa, la bimonetización le resta

la posibilidad de incidir en la creación secundaria de dinero –capacidad de préstamo de los bancos– a través de la

fijación de los encajes. En tanto, los bancos pueden ingresar fondos del exterior y aplicarlos a operaciones de

préstamo en pesos, el BCRA ya no puede regular el volumen de crédito interno de la economía. El otrora Ente

Rector monetario y crediticio se aproxima cada vez más a una oficina de archivo de datos estadísticos. De hecho, la

convertibilidad y la bimonetización tornan ocioso cualquier análisis sobre su recientemente sancionada Carta

Orgánica, no importa si el presidente del BCRA es o no independiente del Poder Ejecutivo, pues el organismo en la

práctica carece de poder regulatorio.

• La bimonetización obliga a una paulatina reestructuración del sector financiero, pues la posibilidad de mezclar

recursos –en pesos y en moneda extranjera– de diferente costo de captación, impactará decididamente en la

rentabilidad de las entidades. En efecto, quienes puedan captar fondos en moneda extranjera a tasas internacionales

y colocarlos en el mercado interno a tasas domésticas, verán ampliado sensiblemente su margen de intermediación.

Es evidente que la banca extranjera y algunos bancos privados locales son, por su fluido acceso al mercado

financiero internacional, los más beneficiados por estas medidas. La capacidad de captación de depósitos en pesos, y

la mayor rentabilidad que la misma otorgaba, pierde relevancia en el nuevo esquema y perjudica, indudablemente, a

los bancos públicos y a los de escasa incidencia en el mercado dolarizado.

En suma, la "corrida" del mes de noviembre no respondió a incertidumbres técnicas o políticas ni concluyó con

un rotundo triunfo de Cavallo. Fue una clara maniobra de los bancos acreedores para destrabar algunos escollos en el

camino del ajuste pagador.

En el plano monetario es claro que dicho ajuste tiene como norte la "dolarización", pero ésta tiende a concretarse

en un tipo de cambio compatible con el pago de la deuda externa. El Plan Bonex en 1990 dolarizó la deuda financiera

interna, la Convertibilidad en 1991 dolarizó la creación primaria de dinero, y en 1992, la bimonetización dolarizó la

creación de crédito interno.

92

La tendencia de la "dolarización" es a suprimir el financiamiento interno del Estado –factor de elusión del ajuste–

y convertirlo en externo. Lo cual exige suprimir el sistema de bancos públicos nacionales, provinciales y municipales y

reconvertir el sistema privado tornándolo en mayorista. Las redes de sucursales, por ejemplo, como boca de captación de

pesos perderían relevancia, en un esquema donde lo decisivo en la rentabilidad bancaria es la captación de crédito

externo. El peso, en definitiva, sólo va a ser usado para el pago de impuestos y de salarios.

Estas medidas sólo pueden aplicarse en un mercado financiero que reúna las características del argentino, después

de la política monetaria seguida a partir de 1990.

Tendencias de la Situación Monetaria y Financiera

En este apartado se describe la evolución seguida por los agregados monetarios durante 1992, revelando la

creciente "dolarización" del sistema financiero.

CUADRO Nº 43 b). Agregados monetarios en pesos

Período Promedio de saldos diarios en millones de pesos

Base Monetaria

Billetes Monedas

Depósitos a la vista

M1 Caja de Ahorro

Depósitos Plazo Fijo

M2

ENE. 8,141 5,060 3,332 8,392 1,879 3,079 13,350

FEB. 8,473 5,138 3,445 8,583 1,965 3,370 13,918

MAR. 8,496 4,986 3,547 8,533 2,022 3,591 14,146

ABR. 8,494 5,046 3,705 8,751 2,021 3,868 14,640

MAY. 9,239 5,241 4,094 9,335 2,154 4,355 15,844

JUN. 9,825 5,460 4,349 9,809 2,287 5,042 17,138

JUL. 10,279 6,083 4,583 10,666 2,344 4,887 17,897

AGO. 10,363 5,866 4,882 10,748 2,447 5,387 18.582

SET. 10,232 5,800 4,873 10,673 2,628 5,943 19,244

OCT. 10,325 5,947 4,758 10,705 2,639 6,018 19,362

NOV.* 10,443 6,033 4,599 10,632 2,630 6,220 19,482

DIC.* 11,016 6,757 4,910 11,667 2,683 6,220 20,570

* Provisorio.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del B.C.R.A.

93

CUADRO Nº 43 c). Evolución de los depósitos en moneda extranjera

1992 Mes

En millones de dólares

Depósitos Totales

Cuentas a la vista

Caja de Ahorro Plazo Fijo

ENE. 6,970 756 1,223 4,991 FEB. 7,446 775 1,307 5,364 MAR. 7,898 868 1,515 5,515 ABR. 8,203 852 1,500 5,851 MAY. 8,707 820 1,467 6,420 JUN. 9,157 850 1,530 6,777 JUL. 9,535 816 1,601 7,118 AGO. 10,101 807 1,643 7,651 SET. 10,466 818 1,662 7,986 OCT. 10,721 820 1,700 8,201 NOV.* 10,999 883 1,797 8,319 DIC.* 11,160 815 1,860 8,485

*Provisorio. Fuente: B.C.R.A.

En ambos Cuadros se pueden apreciar la fuerte tendencia a la dolarización del sector financiero, si se tiene en

cuenta que a diciembre de 1992 los depósitos a plazo (en caja de ahorro y a plazo fijo) en pesos ascendían a $ 8.903

millones, en tanto las imposiciones en moneda extranjera alcanzaban a U$S 10.345 millones. Si a eso se le agrega que

los $ 11.667 millones de coeficiente de monetización (M1: billetes y monedas más depósitos a la vista) prácticamente se

igualan con las reservas del BCRA, se advierte que de hecho el sistema monetario y financiero argentino es de dos

monedas.

Si bien el coeficiente de monetización se ubica en uno de los niveles más altos de los últimos años,

aproximándose al 7,5% del PBI, la realidad demuestra que el vínculo de la política monetaria y crediticia con el sector

externo, poco o nada tienen que ver con las demandas de liquidez de una economía real que aspire a crecer.


El análisis de la política monetaria del Gobierno obliga a articularla en torno de la denominada "dolarización", a

la que se avanza en etapas secuenciales desde 1990, pudiéndose reconocer tres tramos; el primero, iniciado con el Plan

Bonex que dolarizó la deuda financiera interna; el segundo, inaugurado con la Convertibilidad del peso, que dolarizó la

creación primaria de moneda y, el tercero, que nace con la bimonetización que apunta a dolarizar la creación secundaria

de dinero o capacidad de crédito interno de la economía.

94

La bimonetización se centra en disolver el circuito financiero en pesos en el flujo de fondos externos,

privilegiando –debido a la eliminación de las diferencias existentes entre los segmentos de intermediación en pesos y en

moneda extranjera– la capacidad de crédito originada en los recursos en moneda extranjera, de menor costo que los

captados en pesos. Posicionando de este modo a la banca extranjera con mejores márgenes de rentabilidad –dado que

toma fondos en el mercado financiero internacional a tasas externas y los coloca en el mercado local a tasas domésticas–

respecto de los bancos públicos y privados locales de mayor presencia en el segmento de depósitos en pesos.

El ajuste acreedor pretende así alcanzar la "dolarización" a un tipo de cambio compatible con el pago de la deuda

externa, orientándose en el plano monetario, a reemplazar el financiamiento interno al sector público –factor de elusión

del ajuste– por crédito externo. Forzando la reestructuración del sector financiero público y privado local,

desmantelando definitivamente la capacidad regulatoria del BCRA –dado que no puede incidir ni en la creación primaria

de moneda ni en el volumen de crédito interno de la economía– y beneficiarse de paso, con la apropiación del mercado

financiero argentino.

ECONOMIA REAL

Producción industrial y Producción Agropecuaria

Los Cuadros Nro. 44 a) y 44 b) describen la evolución de la actividad industrial durante 1991, tanto en índices de

producción como en valores absolutos de volúmenes producidos.

CUADRO N' 44 a). Indice de producción desestacionalizado (Base promedio 80/84= 100)

Período Producción

Global Bs. Consumo no durable

Bs. Consumo durable

Bs. uso interm.

Bs. de capital

Prom. '90 81,0 90,4 56,6 118,6 50,6 Prom. '91 94,1 113,9 77,9 116,2 53,1

1992 ENE. 111,6 122,4 120,8 109,2 80,6 FEB. 111,5 138,7 92,7 119,0 85,9 MAR. 118,5 136,0 123,2 114,7 78,0 ABR. 118,5 130,8 129,3 118,9 85,0 MAY. 119,0 134,1 127,9 114,0 90,6 JUN. 130,8 144,6 147,9 122,0 86,0 JUL. 122,4 131,1 141,7 114,5 79,0 AGO. 119,0 133,6 138,3 106,9 80,4 SET. 122,2 137,0 140,2 112,3 80,3 OCT. 120,2 122,9 148,0 111,0 82,0 NOV.* 122,4 124,7 145,9 116,3 86,4

* Provisorio. Fuente: U.A.D.E.

95

La tendencia general es creciente durante el primer semestre del '92, para decrecer y estancarse en el tercer

trimestre. El impacto reactivador resulta desigual en los distintos tipos de bienes,12 verificándose una mayor incidencia

en los bienes de consumo durable y no durable que en los bienes de capital y una retracción respecto de los promedios

de 1990 y 1991 en los bienes de uso intermedio.

Un análisis más profundo de los volúmenes producidos evidencia que la expansión productiva se sostiene en los

artículos para el hogar y automotores, asume características menos sólidas en la construcción, decididamente errática en

el consumo de alimentos, y de retroceso en algunos rubros textiles.

La industria automotriz, con 206.576 unidades producidas en el lapso enero/octubre '92, supera el 49% de la

producción de 1991 y el 107% de la de 1990, aproximándose al récord histórico de 1973 de 293,742 unidades, siendo el

sector más dinámico de la reactivación.

Como contracara de este proceso, el consumo de carne durante los primeros diez meses de 1992 descendió a

186.000 toneladas en promedio mensual, en relación a las 188.000 toneladas promedio mensual consumidas durante

1991.

Ambos extremos de la actividad económica revelan lo endeble del rumbo productivo, en el que la reactivación

aparece más como un efecto no deseado del Plan de Convertibilidad que como una definición del futuro horizonte de

crecimiento. La producción mercado internista encuentra límites en el deterioro salarial, la apertura importadora y la

ausencia de crédito que la introducen en una "meseta de volúmenes", con pronóstico recesivo. En suma, difícilmente

pueda canalizar flujos de inversión relevantes. A su vez, la producción articulada con el modelo exportador –bienes

intermedios– ha sufrido un severo retroceso durante 1992, al compás de la caída de las ventas, presentando también un

horizonte complejo para recibir inversiones.

Este panorama se completa con el creciente desequilibrio del sector externo y la absorción del grueso del ingreso

de inversiones por las privatizaciones. El horizonte productivo de la Argentina hacia 1993 emerge extremadamente

incierto y sombrío.

12 Véase Informe de Coyuntura Nº 1 IDEP, Julio 1992.

96

CUADRO Nº 44 b). Producción Industrial

Concepto Total Promedio Mensual 1992

1990 1991 1990 1991 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. oct.

Art.p/hogar-

000 unid-

Heladeras 216.7 420.6 18.1 35.1 65.2 29.5 59 44.4 48.5 46.4 45.3 48.7 50.2 51.7

Lavarropas 180.1 209.6 15.0 17.5 22.2 18.6 21.4 23.5 27.7 24.3 23.8 25.3 28 25.2

Automotriz-

Total unid

99639 138958 8,303.3 11579.8 17689 5380 18108 20693 19880 23152 24678 25149 25886 25781

Automóviles 86937 120755 7,244.8 10062.9 14632 4544 14954 17324 16656 19630 20542 21279 22169 22326

Utilit. Livianos 8049 12264 670.8 1,022.0 2477 467 2268 2562 2351 2634 3134 2884 2707 2807

Utilit. Pesados 4653 5939 387.8 494.9 580 369 886 807 873 888 1002 986 1010 648

Neumáticos -

000 unid.

n.d. n.d. n.d. n.d. 91.2 85.9 115 121.4 116.1 119.8 124.6 117.4 122.2 122,4

Construcción-

000m2

Permisos

Acordados

Capital Federal 1084.1 1785.8 90.3 148.8 0 185.3 118.7 171.1 130.2 168.4 219.3 159.8 177.3 179.5

Hierro redondo

000ton 199.6 209.2 16.6 17.4 26.5 28.9 26.9 25.8 24.4 27.6 31.7 32.4 30.8 23.6

Cemento -000

ton,

3673.8 4422 306.2 368.5 390 395 405 407 391 392.1 382.2 430 480 485

Consumo

popular-ton-

Aceites comest. 3638900 265155

8

303241.

6

220963.

1

13410

0

26500

0

290000 260000 279000 350000 305000 243000 241000 187530

Galletitas 138802 160000 11566.8 13333.3 14100 12000 14500 14700 1490 15120 14260 14680 14150 15230

Jabones 118084 108078 9840.3 9006.5 9600 10000 10500 10850 11160 9876 10900 11150 11800 12340

Harinas 000 2919719 325150

0

243309.

9

270958.

3

21600

0

23470

0

280000 248250 242125 227970 249575 237655 232440 255600

Vino 17714 17051 1476.2 1420.9 1265 1212 1445 1304 1341 1313 1379 13335 1394 1358

Cerveza 6151 7987 512.6 665.6 1077 954 965 676 488 404 432 667 837 924

Licores 568 726 47.3 60.5 54 32 63 79 70 77 73 75 71 85

Gaseosas 10062 15764 838.5 1,313.7 1870 1880 1600 1397 1150 1197 1160 1306 1564 1750

-000ton,

Consumo de

carne

2211.5 2259.2 184.3 188.3 202 189 193 191.5 182.2 187.2 182.7 176.1 174.3 187.6

Azúcar 732 991 61.0 82.6 85 90 93 55 96 98 90 85 91 91

–Mill.

paquetes-

Cigarrillos 1655.5 1725.4 138.0 143.8 157 142 153

156

139 139 146 157 143 149 162

Farmacéutica

Vta. de

medicamentos

76 85 93 85 108 117 105 108 118 107 102 101

97

Textil -ton-

Fibras

Artificiales

2653 3198 221.1 266.5 63 154 290 316 227 354 309 280 291 n.d.

Fibras

Sintéticas

48416 56728 4034.7 4727.3 3609 4348 4691 4779 4945 5016 4210 4178 4328 n.d.

Consumo de

algodón

132065 127900 11005.4 10658.3 9800 8700 10100 10500 10800 11100 11200 11900 11250 10830

Energía

eléctrica

–mill. kwh.– 47973 51083 3997.8 4256.9 4300 3900 4200 4545 4490 4486 4590 4570 4630 4750

Petróleo-

000m3-

27955 28255 2329.6 2354.6 2437 2499 2615 2504 2712 2693 2775 2747 2741 2780

Gas natural -

000 m3–

18394 18679 1532.8 1556.6 n.d. n.d. 1441 n.d. n.d. 1925 2100 2070 1975 2030

Agroquímica-

ton-

Amoníaco 88652 86057 7221.0 7171.4 3958 7071 7535 7123 1529 3773 5869 5433 7313 6815

98

CUADRO Nº 44 b). Producción Industrial (continuación)

Concepto Total Promedio Mensual 1992

1990 1991 1990 1991 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct.

Urea 109794 108852 9.149.5 9,071.0 4546 9004 9111 8110 634 2955 6380 6121 9194 9072

Sulf. de amonio 6662 8047 555.2 670.6 480 546 592 401 628 655 649 563 527 n.d.

Acido 2,4 D 3031 3399 252.6 283.3 58 69 150 260 79 159 183 279 316 108

Acido 2,4 DB 526 679 43.8 56.6 0 0 50 100 94 88 84 86 97 82

–000 litros-

Glifosato 494 393 41.2 32.8 49 40 0 39 29 7 0 0 0 0

Atrazina 190 854 15.8 71.2 0 49 153 351 512 443 460 424 547 529

Tractores-unid- 4~ 3100 405.7 258.3 311 140 377 374 321 353 377 305 388 303

Siderurgia -000

ton-

Hierro Primario 2900.6 2322.2 241.7 193.5 97.1 139.3 185.1 184.1 144.4 219 170.4 156.4 148.5 174.9

Acero Crudo 3623.9 2972 302.0 247.7 101.5 181.3 245.8 245.5 240 282.8 250.4 219.9 198 240.5

Laminados

terminados

en frio 2802.1 2562 233.5 213.5 113.2 139.1 214 208.1 193.7 221.1 240.4 186 194.5 186.4

Laminados

terminados

en caliente 707.8 664.8 59.0 55.4 47.4 33.9 56.9 66.8 58 62.8 65.4 61.3 58.5 61

Aluminio -Ton.-

Colado 165607 168275 13,800.6 14,022.

9

13078 11968 6491 11354 13135 13780 14196 14370 14183 14690

Trans. secundaria

(BASE 1979=100) 80 123 6.7 10.3 115 103 129 147 126 129 152 130 126 137

Petroquímica -

Ton. -

Etileno 281850 256344 23,487.5 21,362.

0

24587 23532 23656 24598 23728 25122 17714 25692 26857 26619

Aromáticos 424268 348587 35,355.7 29,048.

9

30967 32774 38015 26949 34714 32847 32562 24156 33000 33137

Anhidrido Ftalico 21541 19248 1,795.1 1,604.0 1020 1658 1499 2506 1961 2016 1853 1433 1904 2088

TDI 17623 16570 1,468.6 1,380.8 1521 1435 1543 1573 1523 1591 931 1646 1387 1456

LPG 12352 13382 1,029.3 1,115.2 2291 11304 1907 2704 4916 4579 4509 2575 5005 4786

Caucho SBR 56727 40028 4,727.3 3,335.7 3300 3300 3400 3900 3250 3600 3750 3500 4000 3500

Plástica-ton.-

Poliestireno 32274 57015 2,689.5 4,751.3 5747 5466 1641 6237 5257 5635 5023 4721 3906 4773

Polietileno 225153 247594 18,762.8 20,632.

8

20307 18499 22426 23926 24363 28890 21545 17892 22830 24043

P.V.S. 105788 105825 8.815.7 8,818.8 8198 5988 8335 9024 8457 8654 4505 4515 4283 9103

99

Polipropileno 54803 66431 4,566.9 5,535.9 5173 6210 4579 6229 6410 6092 10505 9322 9471 10231

Química

Acido sulfúrico 20094 236183 16,691.2 19,681.

2

18644 15341 19787 20327 15309 18837 20685 191,58 20775 1876

Soda cáustica 211869 200469 17,655.8 16,705.

8

16335 14252 13531 14195 13151 13447 13638 14012 15980 11984

Cloro utiliz. 160135 137991 13,344.6 11,499.

3

11142 8225 10802 11863 10312 10720 11898 11682 10667 10091

Papelera- 000 ton.

Pasta de papel 739.3 654.2 61.6 54.5 65.9 58.5 64.3 61.3 68 65 65.4 26.2 58 67.5

Papel y cartón 950.6 991.5 79.2 82.6 87.8 84.7 83.5 90.8 79 85.7 89.8 88.3 79.6 83

Fuente: Elaborado en base a datos de Tendencias Económicas.

La situación agropecuaria también, aunque en menor medida, se encuentra afectada por la política económica en

curso, precisamente el Cuadro Nº 44 c) describe la producción del agro desde 1990 hasta la fecha.

CUADRO Nº 44 c). Estadísticas agropecuarias

Concepto Superficie Cultivada (000 has.)

Campaña Producción (000 ton.) Campaña

Agricultura 1990/92 1991/92 1992/93* 1990/91 1991/92 1992/93*

CEREALES Y OLEAGINOSAS 20,508 19,915 19,575 37,353 40.738 40,010

Trigo 6,174 4,751 4,415 10,683 9,867 9,800

Avena 2,150 2,050 2,110 434 600 600

Cebada Cervecera 144 233 228 323 568 530

Centeno 642 670 690 96 80 100

Cebada Forrajera 103 110 115 7 10 10

Alpiste 69 60 65 78 60 70

Maíz 2,177 2.686 2,955 7,585 10.699 10,900

Sorgo Granífero 752 823 837 2,255 2,766 2,400

Arroz 98 148 139 365 735 600

Mijo 100 100 105 91 70 100

Soja 4,939 5,007 5,288 10,703 11,315 11.300

Girasol 2,372 2,693 1,238 3,994 3,407 3,200

Maní 198 153 160 339 220 200

Lino 590 431 230 400 341 200

CULTIVOS INDUSTRIALES

Y FRUTAS

Algodón

en bruto* 660 615 373 880 715 430

fibra* – – – 270 230 130

Caña de azúcar 360 360 340 13500 14000 13200

Manzanas 60 60 60 1000 1100 1150

Pera 20 20 20 220 250 280

1990 1991 1992

GANADERIA (ene-dic) (ene-dic) (ene-dic)

Faena vacunos total país

(000 de cabezas) 12.508 12.333 11.697

(*) Estimado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Tendencias Económicas.

100

La campaña de producción agrícola '92/93 se ubica en niveles levemente inferiores al récord alcanzado en el

período '91/92 con una producción de 40,7 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. En esta proyección se

ratifica el predominio cerealero de la soja –11,3 millones de toneladas–, el maíz –10,9 millones de toneladas– y el trigo

–9,8 millones de toneladas–.

A diferencia de la producción agrícola, la faena de vacunos presenta una caída constante desde 1990, pasando de

12,5 millones de cabezas faenadas en ese año, a 11, 7 millones faenadas en 1992. La producción agropecuaria presenta

la siguiente problemática:

• La producción agrícola se vincula esencialmente al mercado externo, dependiendo su rentabilidad de los precios

internacionales y de la relación tipo de cambio/costos internos.

• La producción ganadera, después de la pérdida de los mercados de exportación a mediados de los '70, se ha

convertido prácticamente en un producto del mercado interno (sólo se exporta un 5% de la faena), cuya rentabilidad

depende de los niveles de demanda del país, esencialmente salariales (en el Apartado "Producción Industrial", se

citaron las cifras de la baja en el consumo de carne).

En virtud de la descripción precedente, puede concluirse que el agro está sufriendo un deterioro creciente de su

rentabilidad, cuya consecuencia mediata es la concentración de la propiedad rural. La producción cerealera y oleaginosa

se encuentra severamente afectada, tanto por la caída de los precios internacionales, como por la suba de los costos

internos tal como lo reflejan los Cuadros que continúan.

CUADRO Nº 44 d). Precios agrícolas internacionales

U$S por tonelada FOB. Golfo de México

Períod. 1992

Trigo Maíz Sorgo Soja

ENE. 176,4 113,6 117,4 222,1

FEB. 169,8 115,6 117,2 225,4

MAR. 167,6 114,9 117,6 225,7

ABR. 153,4 109,8 102,9 222,3

MAY. 150.4 109,0 113,7 229,1

JUN. 147,5 110,2 110,2 234,7

JUL. 137,2 104,1 101,7 221,5

AGO. 128,6 97,3 95.6 214.7

SET. 137,6 97,1 96,5 214,1

OCT. 140,7 93,7 95,2 207,9

NOV. 149,2 95,1 95,7 216,0

Fuente: Informe Agrícola.

101

CUADRO Nº 44 e). Indice de evolución de costos internos

Base 100: Años 87-90

Trigo Soja

Gastos de comercialización

206,3

155,6

Costos implantación 171,6 147,5 Carga financiera 111,7 106,0 Gasto cosecha 158,7 131,9 Costo estructura 227,6 216,7 Costo total 180,7 156,5 Margen bruto 185,7 152,5

Fuente: Sociedad Rural Argentina.

En ambos Cuadros, se observa la caída del precio internacional de los cereales, (trigo, maíz, sorgo y soja) y la

evolución (conforme a un índice elaborado por la SRA) de los costos internos de la explotación agropecuaria,

advirtiéndose cómo el margen bruto de explotación ha fluctuado por debajo del costo de estructura. Esto determina que

aumenta el tamaño mínimo de las unidades productivas agropecuarias, lo que conduce a la quiebra de los pequeños y

medianos productores de actividades tradicionales. El Cuadro Nº 44 f) revela esta situación.

El contexto presente conducirá, según lo expresado por el titular de la FAA, Humberto Volando, al

'despoblamiento del campo y al abandono de innumerables explotaciones regionales del interior". La preocupación de

esta entidad agraria se tradujo en un paro de 48 horas denominado de "tranqueras afuera", en el mes de octubre de 1992,

llevado a cabo por la FAA, Coninagro y la CRA. Las medidas gubernamentales de reembolso de las exportaciones

agropecuarias, restricciones al ingreso de productos lácteos e intentos de disminuir el costo del crédito de los bancos

públicos fueron consideradas insuficientes, a los efectos de revertir la tendencia a la concentración de la propiedad antes

anunciada. La estructura y características de las organizaciones agrarias se describe en el Cuadro Nº 44 g).

CUADRO Nº 44 f). Tamaño mínimo de las unidades de explotación agropecuaria

Supeficie mínima para cubrir costos –en hectáreas–

Cantidad de productores por debajo del mínimo –en porcentajes–

Trigo

435,5

58

Maíz 220,2 66 Girasol 404,0 55 Soja 217,6 66 Invernada 247,1 39 Cría 822,0 81

Fuente: Federación Agraria Argentina, Coninagro, Confederaciones Ruralistas Argentinas y Sociedad Rural Argentina.

102

CUADRO Nº 44 g). Organizaciones agrarias

Organización Nº afiliados Características

FAA 170.000 Pequeños productores

Coninagro

320.000

Cooperativistas de 13 federaciones,

entre ellas, FACA, ACA y Sancor

CRA

106.000

Productores medianos con sesgo

ganadero, afiliados a las sociedades

rurales locales

SRA

10.000

Grandes productores agropecuarios

Fuente: Informe Agrícola.

Otra consecuencia de la política económica en curso es la creciente reprimarización de las exportaciones

agrícolas; en el lapso enero/octubre '92, la exportación de aceites sólo alcanzó al 9,5% del total del tonelaje cerealero y

oleaginoso exportado.

Comercio Exterior: Intercambio General y Mercosur

La publicación de cifras oficiales sobre la evolución del comercio exterior en 1992 registra un sensible atraso,

disponiéndose a fin de año, sólo de cifras confirmadas correspondientes al primer trimestre. El Cuadro Nº 44 h) refleja el

desenvolvimiento del intercambio comercial argentino desde 1989 hasta la última información oficial publicada.

Las cifras de 1992 reflejan el efecto de la apertura importadora sobre la balanza comercial argentina,

revirtiéndose el saldo superavitario del trienio 89-91, que alcanzó un total de U$S 17.523 millones de excedente,

estimándose un déficit próximo a los U$S 1.200 millones. A esta tendencia relevante, se le agrega la caída del valor

agregado de las ventas externas, el efecto conocido como reprimarización de las exportaciones, efecto desencadenado

esencialmente por el nivel del tipo de cambio definido por la política macroeconómica. El Cuadro Nº 44 i) registra el

curso de la tendencia señalada.

103

CUADRO Nº 44 h). Intercambio comercial argentino. Por secciones

En millones de dólares

1989 1990 1991 1992

Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp.

Total general 9579.5 4203.1 12352.6 4077 11963.8 8902.9 2559. 12882.5

Animales vivos y prod. 917.4 18.2 1047.8 21.5 1048.1 136.2 286.8 53.3

Productos vegetales 1572.6 119.8 2726 110.1 2746.2 177.2 523 46.3

Grasas y aceites 875.9 6.5 1151.3 6.2 1220.5 11.7 279.6 3.5

Productos alimenticios 1928.3 36.9 2078 53.7 2215.7 164.9 511.9 73.8

Productos minerales 372 557.8 1015.5 507 788.6 621.2 194.4 99.5

Productos químicos 544.9 1083.8 584.7 1075.2 569.4 1460.9 121.8 392.7

Materias plásticas art 242.4 224.2 250.6 273.4 193.3 557.7 41.3 181.2

Pieles y cueros 438.6 3.5 557.7 4.1 591 12.6 127.1 6.1

Madera y carbón veg. 59.8 31.3 62.4 30.5 42.9 56.4 14.4 17.7

Papel 155.1 66.6 223.3 84.2 112.6 269.8 36.6 95.6

Materias textiles 451.6 73.4 582.5 100.6 493.8 391 66.1 183.8

Calzado, sombr.,

paraguas 41.2 1.2 49.3 7.3 59.6 55.5 10.5 20.2

Manuf. de piedra, vidrio 72.6 46.2 94.1 47.9 78.6 89.6 18 28.4

Metales comunes 1238.6 398.5 1163.3 281.5 910.7 597.9 144 250.1

Máquinas y mat. eléc. 430 1080.8 485.7 956.8 561.7 2206.1 07.3 892.2

Material de transporte 190.1 242.5 223.1 270.4 266.2 678.4 59.3 383

Ins. y ap. de óptica, fot. 25 183.4 26.2 196.5 31.9 437.8 8.5 99.1

Resto 23.4 28.4 31 50.1 33 168 8.5 56

*Primer trimestre del año 1992.

Fuente: INDEC.

CUADRO Nº 44 i). Tendencia de las exportaciones

cifras en millones de U$S

1989 % 1990 % 1991 % 1992* %

Productos primarios 1.961 20.4 3.486 28.2 3.295 27.5 644 25.2

Manuf. Orig. Aprop. 4.061 42.4 4.664 37.8 4.924 41.2 1.139 44.5

Manuf. Orig. Indust. 3.163 33.1 3.364 27.2 2.981 24.9 585 22.9

Combustibles 394 4.1 839 6.8 764 6.4 191 7.4

* Primer Trimestre. Fuente: INDEC.

104

Las manufacturas de origen industrial presentan un constante descenso, tanto en términos absolutos como en

participación en el total de las ventas externas desde 1989, descenso en consonancia con el estancamiento del tipo de

cambio. A la inversa, los productos primarios y los combustibles han elevado paulatinamente su participación en las

exportaciones.

A su vez las importaciones, producto de la política comercial aperturista, revelan un movimiento ascendente en

los bienes de consumo y en los vehículos, cayendo la importación (13 puntos respecto de 1990) de bienes intermedios,

mayoritariamente materias primas de uso industrial, tal como se detalla en el Cuadro Nº 44 j).

CUADRO Nº 44 j). Tendencia de las importaciones

en % según uso económico

1987 1988 1989 1990 1991 1992*

Total 100 100 100 100 100 100

Bienes de capital 18 17 18 16 18 17

Partes y piezas bienes de capital 21 20 17 17 14 19

Bienes intermedios 44 49 si si 41 38

Bienes de consumo 6 5 5 8 19 20

Combustibles 11 9 9 8 6 2

Vehículos automotores pasajeros 0 0 0 0 2 4

Resto 1 0 0 1 0 0

*Primer Trimestre.

Fuente: INDEC.

El Mercosur como experiencia de integración regional permanece plagado de incertidumbres de difícil

resolución, en consecuencia surge como necesario establecer un conjunto de criterios y definiciones globales de lo que

supone dicha experiencia. En este sentido, parece oportuno transcribir a continuación el documento producido por las

entidades organizadoras (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Federación Agraria Argentina, Instituto

Movilizador de Fondos Cooperativos y el Congreso de los Trabajadores Argentinos) del Seminario "Las experiencias de

integración regional, el Mercosur, los trabajadores, los productores agropecuarios y las pequeñas y medianas empresas",

llevado a cabo en Buenos Aires en noviembre de 1992.

105

Las experiencias de integración regional, el Mercosur, los trabajadores, los productores

agropecuarios y las pequeñas y medianas empresas

Caracterización del nuevo emblocamiento económico

La reconversión capitalista, emergente de la crisis de comienzos de los '70 y sustentada en los cambios

tecnológicos desarrollados a partir del complejo electrónico, aceleró sensiblemente la globalización de las

economías como forma de optimizar a escala planetaria el uso de los medios de producción.

Esta característica determinó tanto la conformación de nuevos bloques como el afianzamiento de los ya

existentes bloques económicos regionales en los países centrales como escenario de la nueva etapa

posindustrial.

La tendencia señalada lleva implícitos dos rasgos esenciales. En primer lugar, la agudización de los

conflictos económicos entre los líderes de los bloques conformados (EE.UU., CEE –especialmente

Alemania, Francia y Reino Unido– y Japón), en segundo orden una fuerte desarticulación económica,

medida en términos de espacio nacional, de aquellos países integrantes de los bloques con un menor grado

de desarrollo respecto de los líderes, aunque debe mencionarse que cada bloque tiene una dinámica interna

muy distinta y por ello son distintas las relaciones entre el líder y los restantes países del bloque.

Si se evalúa que las decisiones de inversión, producción y comercio del bloque regional se encuentran

fuertemente asociadas a las estrategias empresariales de los grandes consorcios, que la unidad

geoeconómica de numerosos países periféricos se afirma en la presencia decisiva de un sector público hoy

en vías de privatización y por último que el incremento de la puja entre los bloques, coloca el uso de los

recursos en función de esa disputa, la inserción pasiva y acrítica de los países subdesarrollados en estas

experiencias de integración puede introducirles fuertes desequilibrios al interior de sus espacios

nacionales, que llegan inclusive a cuestionar su continuidad como tales.

El cuadro descrito comienza a verificarse en las relaciones entabladas por EE. UU. con Canadá y México,

la CEE con los países del Este y el Japón con el sudeste asiático, en las que el socio líder del bloque –o sus

empresas transnacionalizadas– actúan como una fuerza centrífuga de captación y colocación de recursos

que tiende a disolver los espacios nacionales, pero a fortalecer las fronteras del bloque con fuertes barreras

proteccionistas y subsidios a la producción comunitaria.

La Iniciativa Bush para las Américas

En el marco descrito la formulación de la Iniciativa Bush para las Américas define con claridad la

intención de EE.UU. de obtener ventajas comerciales en América Latina que lo posicione frente a los otros

bloques de poder económico (la C.E.E. y Japón).

Tras una década de ajuste, el desmonte del modelo de sustitución de importaciones, el desguace del sector

estatal y la afirmación de mecanismos de transferencia de recursos a los acreedores externos, incidieron en

orientar la actividad de la región hacia las ventas externas a la vez que el ajuste contraía las importaciones,

creando un saldo comercial fuertemente superficiario.

106

Al iniciarse la presente década, el saldo positivo del comercio exterior favorece la implementación de

planteos como el de la Iniciativa Bush, a partir de esquemas aperturistas en todas las economías de la

región con el fin de revertir el superávit comercial latinoamericano y utilizarlo para disminuir la

fuertemente deficitaria balanza comercial de Estados Unidos.

En consecuencia, la reinserción internacional de los países latinoamericanos en el nuevo orden económico,

aparece más como una nueva fase de su ajuste estructural antes que el resultado de una voluntad nacional.

El Mercosur

El Mercado Común del Cono Sur surge formalmente en Asunción, en marzo de 1991, con la firma del

tratado cuadripartito, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El tratado expresa la intención de

formar un espacio económico común a partir de la armonización de políticas cambiarias, liberalización del

comercio entre los signatarios y adopción de un arancel externo común, produciéndose la integración entre

Argentina y Brasil a fines de 1994 y de los restantes miembros al concluir 1995.

Sin embargo, si bien estas definiciones se producen en el nivel de naciones signatarias, las mismas

responden esencialmente a urgencias planteadas por los consorcios empresariales de origen de cada uno de

los países, en procura de preservar mercados ante el nuevo diseño de bloques de integración regional.

Difícilmente países con grandes diferencias estructurales y de tamaño puedan desarrollar políticas

gubernamentales coordinadas para constituir un mercado común en un tiempo tan breve. En un principio,

la persecución de fuertes superávit fiscales a los que están obligados por las políticas de ajuste pueden

demorar y dificultar la coordinación de las políticas.

Al promover la liberalización comercial y sostener una política cambiaria, que en lo posible no desvirtúe

esa finalidad, se restringe el accionar del Gobierno.

En síntesis, los avances de integración regional responden –del lado argentino– a estrategias empresariales

vinculadas a la racionalización de costos y el recorte de áreas de negocios inducida por el ajuste acreedor,

antes que por la aparición definida de un mercado común. De hecho, estas políticas empresarias, intentan

tanto el desarrollo de economías de escala que optimicen el beneficio de un perfil exportador con valor

agregado –v.g. siderurgia–, como el aprovechamiento de un mercado interno ampliado –v.g.

agroalimentos y automotriz.

En la medida que la experiencia de integración regional descanse en los grupos económicos

transnacionalizados, se producirán enormes desequilibrios al interior de cada uno de los países, costosos

socialmente y desarticuladores de la unidad geoeconómica nacional.

Los efectos de una integración de este tipo impactan negativamente en dos planos, la introducción de

desequilibrios regionales al interior de los países y elevados costos sociales derivados de la reconversión

productiva.

En el primer aspecto, en tanto el Mercosur es un instrumento de mejora de la tasa de ganancia empresaria

y especialización productiva de algunos sectores de actividad, el mismo en la Argentina sólo dinamizaría

el desarrollo de la Pampa Húmeda y el Litoral, desintegrando del mercado común al resto de las regiones

no vinculadas a las actividades dinámicas (agroalimentos, siderurgia, ciertos bienes de consumo durable y

107

disponibilidad de mano de obra). El Mercosur obraría como cuestionador de la unidad geoeconómica del

país al beneficiar con la integración a sólo una de sus regiones.

En lo que respecta al costo social, ya se señaló que en líneas generales, en tanto la reconversión productiva

no es acompañada de inversión, el peso de la misma recae sobre los trabajadores, pero además, la

liberalización de las fronteras para la fuerza de trabajo apunta a nivelar hacia abajo los salarios y las

condiciones de empleo. La flexibilización laboral implementada en la Argentina destinada a convertir en

variable el costo de la mano de obra, eliminando los componentes fijos insertos en la protección social,

desregula el mercado de trabajo como instrumento de producir una baja estructural en la medida del

salario, derivada de la sobreoferta de la mano de obra que el esquema supone. Los efectos del mismo se

verían fuertemente potenciados por la existencia de un mercado de trabajo común que incorpore a

argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos, generando una tendencia a nivelar hacia la peor situación

las relaciones laborales. Un estudio reciente revela la fuerte dispersión en el costo salarial: en el sector

siderúrgico la hora en la Argentina se paga U$S 6,36 y en Brasil U$S 3, eliminar esta dispersión implica

reducir el salario de los trabajadores argentinos.

La integración latinoamericana

La integración latinoamericana es una vieja aspiración que ha sido acariciada por vastos sectores

progresistas del continente.

En los tiempos que corren, es una estrategia estrictamente necesaria para el desarrollo de nuestros países,

ya que dado el grado de globalización de las relaciones económicas y la evolución del paradigma

tecnológico, se necesita una gran masa crítica de recursos para desarrollar las fuerzas productivas que no

pueden alcanzar los países individualmente.

Una integración que debe ser realizada con las miras puestas en el mercado interno de los países y con una

perspectiva exportadora importante, de forma tal de permitir el desarrollo de las pequeñas y medianas

empresas, con cláusulas de salvaguarda (que no existen en el Mercosur) que otorguen a esta franja

productiva el tiempo suficiente para ajustarse a los cambios que produce toda integración, con el auxilio

estatal o comunitario a las actividades prioritarias, minimizando los costos del ajuste para los sectores

trabajadores y el de las Pymes.

Sin embargo, la constitución de un bloque regional capaz de negociar con autonomía frente al espacio

liderado por los EE.UU. encuentra severas restricciones en las políticas de los gobiernos, tanto por el

ajuste fondomonetarista en curso como por la inserción internacional de la región planteada por la

“Iniciativa Bush".

De allí que para avanzar debe definirse el tipo de inserción internacional, a partir de una nueva definición

del papel del Estado.

Alternativas para la inserción internacional de la Argentina

Lo expuesto evidencia que propuestas como la que hoy están en curso, distan mucho de garantizar una

inserción viable de la Argentina en el mundo. A diferencia de lo que la oligarquía terrateniente de finales

108

del Siglo XIX pudo establecer con Gran Bretaña, a partir de la complementariedad de intereses, el actual

modelo propone una inserción contradictoria en la cual la Argentina resulta sistemáticamente depredada

por las exigencias de la banca acreedora y la voracidad de grupos empresarios locales que se han revelado

como incapaces para definir un rumbo productivo cierto para el país. Esta puja rentística entre los sectores

dominantes. se traslada al intento de inserción internacional hasta el extremo de cuestionar la unidad

geoeconómica del país.

Es evidente que en tanto el Estado no recupere capacidad regulatoria del proceso económico, la utilice

para reconstruir un sector no trasnacionalizado de producción, se reconstituya un proceso armónico de

equilibrio regional en el interior hoy severamente afectado por el desguace del sector público que viabiliza

dicho equilibrio, es imposible definir un rumbo en la inserción internacional.

Por otra parte, en los grandes bloques económicos, que emergen concluida la guerra fría, la integración

con los Estados Unidos no aparece como la más conveniente para la Argentina tanto por el carácter

históricamente competitivo de ambas economías, como por la debilidad que dicho bloque presenta

respecto de los restantes (la C.E.E. y el Japón).

En síntesis, la Argentina debe definir su inserción internacional a partir de una política estatal en ese

sentido, que priorice el equilibrio regional interior y la mayor conveniencia en el vínculo externo.

La realidad afirma lo reseñado en los párrafos precedentes, la ausencia de políticas comunes en los países

miembros del Mercosur se traduce en el desequilibrio comercial de la Argentina con el Brasil que, para 1992, se estima

en U$S 1. 100 millones.

109

IV. PANORAMA LABORAL

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

En trabajos publicados por el IDEP desde 1989 en adelante, y particularmente a partir del momento en que

comenzaron a circular proyectos de reforma a la legislación laboral hasta entonces vigente, se ha insistido en predecir

que el país se encaminaba hacia una sociedad dual, con una clara tendencia hacia el crecimiento de la precarización y la

marginalidad, consecuencias tanto de la caída de la pauta distributiva como de la rebaja de los niveles mínimos de tutela

que hasta entonces beneficiaban a los trabajadores. También se mencionó la tendencia hacia el ensanchamiento de la

perversa brecha entre derecho y realidad que caracteriza en general a América Latina y en especial a nuestro país. Esos

análisis no llegaron a vislumbrar probablemente en toda su magnitud los efectos que se producirían en la sociedad

argentina.

POLITICA SALARIAL. CONVERTIBILIDAD. PRODUCTIVIDAD. NEGOCIACION COLECTIVA

Según informaciones divulgadas entre agosto y septiembre de 1992, fundadas en investigaciones emanadas de

fuentes diversas, existe consenso en sostener que desde la vigencia de la ley de Convertibilidad, los salarios han sufrido

una baja considerable, tanto en el sector público como en el privado, y dentro de este último, tanto en la industria como

en los servicios.

La merma salarial se ha producido debido a la erosión provocada por el índice de inflación real de la economía, y

por las diversas trabas y cepos impuestos a la negociación colectiva para limitar, precisamente, la posibilidad de

incrementos salariales. (En los Cuadros Nº 45 y 46 se reflejan por un lado, las variaciones salariales por sectores desde

la Convertibilidad, y por otro la diferencia entre salarios de bolsillo y canasta familiar de emergencia.)

110

CUADRO Nº 45. Los salarios desde la Convertibilidad

Setiembre 1992

Sectores Variaciones Sectores Variaciones

Industrial Educativo Operario calificado -7,6% Maestro de grado - 17,9% Supervisor/Encargado/Capataz -10,6% Profesor nivel medio -20,6% Profesor titular (dedicac. excl.) -21,2% Bancario Aux. Administrativo Jefe de sección

Jubilaciones Haber mínimo Haber máximo

- 3,6%

-19,9% -18,2% -19,9%

Administración Pública Categoría F -4,7% Comercio

Encargado de la. Vendedor/ promotor

2,9% 15,6% Categoría E 10,1%

Energético Operario calificado -6,6% Construcción

Medio oficial Oficial especializado Agropecuario Peón general Conductor tractorista

-22,9% -22,9%

7,4% 7,4%

Supervisor/Encargado/Capataz -9,2% Transporte Operario calificado Supervisor/Encargado/Capataz

-20,7% -20,7%

Fuente: UADE.

CUADRO Nº 46. Cuánto se gana, cuánto se gasta

Fecha Salario de bolsillo

$*

Canasta de Emergencia

$**

Cobertura

%

Agosto*** 479 926 51

Julio 475 911 52

Junio 470 831 57

1992 Mayo 461 864 53

Abril 454 830 54

Marzo 446 861 52

Febrero 439 653 67

Enero 437 623 70

Diciembre

433

604

71

Noviembre 429 595 72

Octubre 421 580 72

Setiembre 417 530 78

1991 Agosto 414 516 80

Julio 412 504 81

Junio 406 470 86

Mayo 404 442 91

Inicio Plan Cavallo 397 411 96

(*)Fuente: PIEL. Promedio del salario industrial. (**)Fuente: Clarín en base a datos del mercado. (***)Estimado.

111

A ello debe sumarse la situación de los trabajadores del Estado incluidos en el SINAPA, cuyos haberes estarán

congelados por lo menos hasta octubre de 1993, según declaraciones efectuadas en septiembre pasado, por el entonces

secretario de Organización de la Función Pública. En el Cuadro Nº 47 se comparan las categorías y sueldo del antiguo

escalafón, con la situación vigente a partir del reencasillamiento en el SINAPA. Si se tiene en cuenta que las categorías

más pobladas han sido históricamente de la 10 a la 20, actualmente comprendidas en las letras F, E y D, queda claro que

la mayor parte de los trabajadores estatales no alcanza a cubrir la canasta familiar de emergencia.

Como ya hemos señalado, además del incremento de los precios, han incidido en esta situación las limitaciones

impuestas a la negociación colectiva por vía de decretos inconstitucionales y contrarios a la doctrina de libre

negociación de la O.I.T., pero que, como ya es habitual, el "brazo jurídico del Poder Ejecutivo" se ha encargado de

convalidar.

Esas trabas comenzaron ya en 1990 con el dictado del decreto 1757/90, por el cual se suspendió "de facto" gran

cantidad de cláusulas de convenios colectivos de empresas del Estado, alegando que las mismas atentaban contra la

productividad.

En algunos casos, como fue el de Aerolíneas, la suspensión de cláusulas convencionales fue a beneficiar a las

adjudicatarias de la privatización, las mismas que luego involucraron al Estado en una porción de la empresa ya

endeudada, y que actualmente ponen en riesgo la integridad física de los pasajeros de esa Aerolínea y la de sus propios

trabajadores. Ello sin mencionar la situación conflictiva planteada con estos últimos, a raíz del intento de suspender y

despedir a gran parte del personal.

A pesar de los variados reclamos judiciales, administrativos, y ante el Comité de Libertad Sindical de la O.I.T., el

Gobierno no sólo no ha dado marcha atrás, sino que, a mediados de 1992, reprodujo y profundizó la experiencia de

aquel decreto, esta vez mediante los decretos 817/92 y 1264/92, que resolvieron la caducidad lisa y llana de todos los

convenios colectivos de trabajo vigentes en el área portuaria, también sujeta a privatización.

CUADRO Nº 47. Cuadro de equivalencias Viejo escalafón (Ley 1428173)m Hasta el 12191 Nuevo escalafón (SINAPA) Desde el 12191

Nº Sueldo Letra Sueldo

24 $ 810 A $ 2.240

23 $ 650 B $ 1.512

22 $ 500 C $ 980

21 $ 310

20 $ 275 D $ 700

19 $ 241

18 $ 210 E $ 420

17 $ 206

16 $ 193

15 $ 184

13 $ 183 F $ 280

10 $ 180

Canasta familiar de Emergencia. Dic. 1991 $ 600; Set. 1992 $ 946,44.

112

Es preciso señalar que, aun cuando el Ejecutivo insiste en señalar que esos decretos son reglamentarios de la Ley

de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, en realidad los mismos resultan violatorios del Capítulo IV de la

Ley 23.696, cuyo art. 42, entre otros, estableció que: "Durante el proceso de privatización (...) el trabajador seguirá

amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del Derecho del Trabajo (...)".

En el terreno de la negociación colectiva general, el decreto 1334/91, llamado "de productividad", se ha

convertido en la llave maestra para limitar, impedir o morigerar los aumentos salariales pretendidos por el sector

trabajador.

Decreto 1334/91. Incrementos Salariales en Base a Mayor Productividad

El decreto 1334/91, mediante el cual se modificó el art. 3ro. del decreto 199/88, –reglamentario de la Ley de

Negociación Colectiva–, estableció pautas sumamente rígidas para la negociación de las escalas salariales a establecerse

en los convenios colectivos, las que actuarían como requisitos para la homologación de los mismos.

Dictado como consecuencia de la ley 23.928 de Convertibilidad, el decreto en cuestión se constituyó en un cepo

de la negociación colectiva, al pretender sostener la política económica de estabilidad con la restricción a los aumentos

salariales. Paralelamente determinó un congelamiento de la pauta distributiva macroeconómica, impidiendo que las

enormes pérdidas en términos de salario real, sufridas por los trabajadores, puedan ser recuperadas a través de la

negociación paritaria. A partir de su vigencia sólo se convalidará un aumento salarial que sea correlato de “efectivos

aumentos de la productividad, verificados o razonablemente estimados", con lo que sólo habrá mayor salario a mayor

rentabilidad empresaria, o lo que es lo mismo: la porción del salario en el ingreso nacional se mantendrá invariable.

Precisamente, a continuación, un estudio pormenorizado intentará dar cuenta de los efectos de dicho decreto

sobre un muestreo de convenios y acuerdos salariales.

Resultados en una Muestra de Treinta y Cinco Acuerdos Colectivos13

13 En los acuerdos utilizados como "corpus" de la presente investigación se incluyen los grandes núcleos negociadores llamados 'convenios testigos" (de éstos el más reconocido para tal función, el convenio metalúrgico, sólo acordó para una de las ramas de su vasto convenio de actividad: la rama automotriz; el resto continúa aún en negociación y con conflictos crecientes), y otros de menor incidencia pero que se incluyen a fin de dar mayor representatividad a la muestra.

113

CUADRO Nº 48. Primera clasificación de los treinta y cinco convenios.

Acuerdo

CCT 180/91- Vidrio del 1/4/92

CCT 132/90- Vestido del 24/2/92

CCT 157/91- Perfumistas del 3/7/92

CCT 175/91- Tabaco-Obreros del 28/4/92

CCT 178/91- Tabaco- Emplead. del 28/4/92

CCT 77/89- Ind. Química y petroq. del 16/3/92

CCT 179/75- Ind. del caucho del 17/1/92

CCT 231-75- Caucho- Ind. neumático del 17/3/92

Gremios Industriales CCT 20/88- SMATA- rama Conces. del 8/5/92

CCT 120/90- Textiles- Obreros del 22/11/91

CCT 123/90- Textiles~ Emplead. del16/12191

CCT 1/76- Empacad. Fruta Río Negro y Neuquén del 14/2/92

CCT 260/75- Metalúrgicos- rama automotriz del 15/5/92

CCT 56/75- Ind. de la carne del 4/5/92

CCT 85/89~ Vitivinícolas del 12/5/92

CCT 119/90- Ind. fideera del 10/9/92

CCT 189/92- Plásticos del 11/8/92

CCT 96/90- Obreros mosaístas del 21/2/92

CCT 398/75- Encarg. casa de renta

del 26/3/92

CCT 391/75- Emp. est. de servicio del 615192

CCT 122/75- Sanidad-Conf. clínic. y Sanator. del 6/4/92

CCT 107/75- Sanidad~ Mutualidades del 2/12/92

CCT 160/75- UTEDYC del 5/6/92

CCT 163/91- Telefónicos TELECOM- FOETRA del 28/4/92

Gremios de Servicios CCT 172/91- Telefónicos TELECOM- UPJETRA del ídem

CCT 165/91 - Telefónicos TELECOM- FOPSTA del ídem

CCT 122/90- Publicidad en la vía pública del 10/3/92

CCT 460/73- Tranviarios automotor del 12/2/92

CCT 40/89- Camioneros del 7/7/92

CCT 130/75- Empleados de comercio del 11/12/91

CCT 173/75 E- Hipódromo San Isidro

del 19/6/92

Convenios de Empresas CCT - STARTEL- FOETRA del 26/5/92

CCT 63/92 E- CALSA del 2/9/92

CCT 13/89 E- TRASAX- SMATA del 22/4/92

CCT 16/88- PUMPER NIC- Obreros alfajoreros del 12/3/92

114

PERIODO COMPRENDIDO

Según exigencia del decreto 1334/91 el período mínimo por el cual se podía pactar era de seis meses. No

obstante, en dos acuerdos se pactó por menos tiempo, e igualmente fueron homologados (SMATA- Concesionarios: 3

meses; y Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén: 4 meses). En otros seis acuerdos se pactó por encima de los

seis meses: Vidrio y UTA, ocho meses; Plásticos (en CGT general) y metalúrgicos, un año; Comercio, quince meses;

CALSA (en CGT general) dos años.

TIPO DE INFORME O ESTUDIO SOBRE PRODUCTIVIDAD

En veinte acuerdos se menciona en la resolución de la homologación la existencia en el expediente de estudios e

informes sobre productividad, pero no constan datos o valoración alguna. Aparece como un requisito formal, sin que se

haya examinado la validez o procedencia del informe. En otros diez acuerdos se incluyen algunas cuestiones importantes

a resaltar, fundamentalmente por cuanto son expresión de las insoslayables limitaciones que encierra el texto del decreto

1334 y, en definitiva, del reconocimiento de las partes firmantes y del propio Ministerio de Trabajo, de la imposibilidad

de abordar el cumplimiento del mismo. De estos últimos, cinco acuerdos dejan expresa mención de la imposibilidad de

puntualizar determinaciones de productividad individual, limitándose a mediciones de productividad global, tomando

como base indicadores de producción/ número de horas trabajadas (casos de SMATA, Vidrio, Camioneros, Publicidad,

Garajistas).

En otros casos la referencia a la productividad resulta en función de incrementos futuros (esperables) y no

constatación de productividad anterior.14

En los convenios de Perfumistas y Comercio se otorgan aumentos en base a incrementos de productividad ya

operados, comparando los períodos 1991/1992 según los parámetros de "producción total"/ –personal ocupado"

(Perfumistas); y los valores del período marzo/septiembre 1991, teniendo en cuenta la estimación del valor agregado de

las diversas actividades, sustentados en datos macroeconómicos (metodología de cálculo similar a la que aplica el Banco

Central para la determinación del valor agregado de esta rama de actividad) y comparación con el nivel de empleo de la

actividad (el que ha aumentado sólo levemente) (Comercio). En el caso del convenio de Camioneros se sostiene haber

cumplido con el decreto 1334 ya que los incrementos acordados tienen directa relación con la prestación laboral: ítems

kilometraje y viáticos (mayor cantidad de horas de prestación laboral). Por último, el acuerdo obtenido en el CCT

260/75 (actividad metalúrgica, rama automotriz), es quizás el único en que pareciera se ha tratado por parte del

Ministerio de Trabajo de exigir el cumplimiento de los extremos del decreto 1334, en la forma más celosa posible, lo

14 Casos como el de encargados de casas de renta que sostienen en su convenio: "...Dichos incrementos se vinculan con la mayor productividad que se obtiene y se presume en base a las siguientes pautas: a) se otorgarán cursos de capacitación a distancia, con programación consensuada entre las partes... b) modificación de algunos arts. del CCT (estabilidad del suplente, exclusión de horas extras para otorgamiento de vacaciones)".

115

que a su vez demostraría acaso que el mismo ha sido una herramienta política, desvinculada de la cuestión económica

que sirviera de excusa.

La resolución homologatoria, extensa y fundamentada, a diferencia del argumento clisé incluido en el resto,

reconoce que la productividad real exigible puede ser pasada o futura y que "se puede vincular con cláusulas que

establezcan en forma general la productividad del trabajo". Luego valora como elemento que de por sí genera una

mayor productividad, el hecho de que se habiliten las modalidades promovidas establecidas por la Ley de Empleo, y que

se establezca una cláusula de paz social en todos los establecimientos. Previo a la homologación, el Ministerio de

Trabajo solicitó de las partes dos precisiones:

• si la mención a la "preservación del poder adquisitivo del salario" significa una indexación salarial: lo que es

negado por las partes;

• si la expresión efectuada por la parte empresaria acerca del "alto costo argentino" tiene relación con los salarios

pactados en el presente acuerdo.

Y la respuesta del sector empresario ante este requerimiento resulta ejemplarizadora:

• que el convenio es consistente con el plan de estabilidad y permite la contención de los costos internos;

• logra, como en los países más adelantados del mundo, un acuerdo cuyo lapso de duración contribuye al

mejoramiento de la planificación de la industria;

• abraza la paz social, que ya ha demostrado resultados concretos de productividad, producción y trabajo

ininterrumpido;

• "es novedoso y resalta la preocupación de las partes sobre la necesidad de aportes concretos al proceso de

estabilidad, los salarios pactados en el acuerdo no tienen relación con el costo argentino, sino por el contrario

contribuyen a su contención y/o disminución.

Pareciera que en el trámite de homologación hubiesen salido a la luz los fantasmas que en forma insistente

inculca el Ministerio de Economía, ahora por boca del Ministerio de Trabajo: aquel Departamento de Estado procura y

vigila la contención del "costo argentino" en materia salarial, pero no aparece en párrafo alguno preocupación por el

persistente deterioro salarial de los trabajadores o la posibilidad de incrementos del nivel de empleo o protección de los

mismos.

Un dato a tener en cuenta, en relación a la homologación del acuerdo de la rama automotriz del convenio

metalúrgico, es que a pesar de que el Ministerio de Trabajo aborda la cuestión en los términos del decreto 1334, las

116

partes del acuerdo han llegado al mismo en función de lo dispuesto por el art. 24 de la ley 24.013 sin mención alguna a

dicho decreto.

TIPO DE INGREMENTO SALARIAL ACORDADO

La mayoría (23) de los convenios analizados pactó incrementos salariales con porcentajes sobre las escalas

salariales, distribuidos en el período del acuerdo. Sobre la base de los datos disponibles, los porcentajes de aumento

incluyen los siguientes:

• Sanidad (conf. Clínicas y Sanat.): 9,1% (incremento gradual de marzo/julio 1992) (no se cuenta con datos

respecto del porcentaje de aumento en relación a la escala salarial anterior).

• Sanidad (Mutualidades): 2% enero/febrero; 1% marzo, abril, mayo (acumulativos).

• Caucho: 8% enero 92; 1% marzo, abril, junio (acumulativos).

• Utedyc: 3% agosto/91; 3% setiembre.

• Carne: 2% mensual acumulativo de mayo a setiembre.

• Smata: 9,5% abril/92; 5,5% junio.

• Camioneros: 11,51% por todo el periodo.

• Hip. San Isidro: 15%.

• Garajistas: tres aumentos del 1,8% acumulativos octubre 91 /marzo/ 92.

• Tabaco: 7% marzo/92 y 5% mayo/92.

• Ind. química: 8% enero y 4% julio.

• Caucho-neumático: 9% de aumento general y 8% por productividad.

En otros casos (4 acuerdos) los aumentos fueron otorgados bajo la forma de sumas fijas únicamente, o como

agregadas a los aumentos porcentuales: en el convenio de Smata-concesionarios se dispuso el pago de una "gratificación

117

especial extraordinaria no retributiva", en el de Empacadores de Fruta, una "suma no remunerativa ni bonificable y por

única vez"; el correspondiente al Hipódromo de San Isidro consistió en una "gratificación especial compensatoria por

única vez de $ 200; y en el acuerdo de la U.O.M. –rama automotriz– se establecieron "adicionales fijos por categoría".

Otra modalidad de incremento salarial incluyó premios por rendimiento o mayor productividad (8 acuerdos):

• Empacadores de fruta: premio por rendimiento (cantidad de cajones embalados) y por reducción de ausentismo.

• H. San Isidro: premio por presentismo y puntualidad del 10% del básico.

• Garajistas: premio por asistencia perfecta (10%).

• Vestido: premio por productividad determinado a nivel de empresa, y, en su defecto, establecido en un 25% sobre el

sueldo básico, el que podría actuar como techo.

• Telefónicos: premio extraordinario por cumplimiento de mayor productividad.

• Telefónicos-Startel: ídem.

• U.T.A.: premio a la asistencia.

• Textiles: premio a la productividad

NIVEL DE LA NEGOCIACIÓN

En la mitad de los convenios de la muestra no se ha previsto articulación de la negociación, habiéndose pactado a

nivel de actividad, en consonancia con los rígidos patrones propios de la negociación colectiva argentina. En nueve

acuerdos, en cambio, el decreto 1334/91 dio oportunidad de gestar y ensayar algunas modalidades de articulación que

seguidamente se enumerarán. Las dificultades que la norma señalada determina han forzado al nivel superior de la

negociación a bajar la misma, en procura de salvar los escollos que el decreto impone, sobre todo en cuanto a la fijación

de los índices de productividad.

• Sanidad- Mutualidades: se prevé articulación en la negociación de modificación de categorías del personal, lo que

se hará con el Sindicato de Sanidad que corresponda a la jurisdicción (el acuerdo fue suscripto por la entidad de

segundo grado, Federación).

• Caucho: para medir la productividad en las empresas, se da intervención a la Comisión Interna de las mismas. En

caso de desacuerdo intervendrá la Comisión Negociadora del Convenio.

118

• Empacad. de Fruta: negociación a nivel de empresa en aquellas que hubieran incorporado tecnología, a los efectos

de determinar el premio por rendimiento.

• Vidrio: acordó la negociación de los aumentos por productividad por empresa (con las variantes establecimiento o

sector, salvo la rama Vidrio Plano (que opta por la tipología de la negociación por rama).

• Vestido: articula a nivel de empresa para establecer el premio por productividad. A su vez, actúa como acuerdo

marco, al establecer los plazos y modalidades para llegar a un acuerdo en los niveles inferiores y estableciendo un

"techo" al premio señalado.

• Ind. Química: deja a salvo acuerdos que se puedan llevar a cabo por sobre el pactado, entre la organización sindical

y las respectivas empresas.

• Vitivin.: negociación por empresa para establecer bases de cálculo y métodos técnicos u organizativos de la

producción.

• Comercio: posibilita articular la negociación conforme la tipología establecida por el decreto 2284/91, fijando un

plazo de cinco días desde la homologación para que las entidades gremiales empresarias provinciales, locales,

sectoriales y/o las empresas que opten por discutir según esa modalidad, exterioricen su decisión.

• Metalúrg. (rama automotriz): el acuerdo a nivel de rama, rompe una larga tradición del gremio de pactar por

actividad, no obstante las diferenciaciones que se establecían por sectores, pero siempre dentro del gran convenio

metalúrgico Nº 260/75.

CLÁUSULAS DE SOLIDARIDAD

La aplicación del decreto 1334 ha dado oportunidad para que, en algunos de los acuerdos negociados en su

consecuencia, se establecieran o renovaran cláusulas de solidaridad mediante las cuales las organizaciones sindicales

firmantes se aseguraran una fuente de financiamiento extra, no supeditada a la afiliación de los trabajadores

comprendidos en el ámbito del convenio.

El cepo salarial, determinado por el decreto de productividad, no alcanzó a las contribuciones convencionales que

los empresarios se obligaron a aportar, debiendo tenerse en cuenta que, en el marco de aquella norma y de una economía

estable, los incrementos salariales dispuestos han sido, en la mayoría de los casos, de escasos puntos porcentuales

mensuales, con lo que adquieren importancia las contribuciones que entre el 1 al 4% de la masa total de salarios, los

empleadores aportan al sindicato. Ejemplo de ello son: Sanidad Conf. Clínicas: 2%; Vidrio: 2%: Text.: 2% del CCT

vigente, se incrementa al 4% por un año y luego al 3% desde el 1/2/92 al 30/4/92.

CON CONVENIO RENOVADO O SIN ÉL

119

En este punto se discrimina entre aquellos acuerdos realizados sobre convenios que tuvieron renovación en la

ronda abierta a partir de 1988 y aquellos que continúan con cuerpos normativos pactados en la última ronda de

negociación (1975), previa a la clausura impuesta por la dictadura.

La proporción entre un caso y otro es pareja y puede observarse que el texto de grandes convenios permanece aún

sin renovar (Comercio, Metalúrgicos, Sanidad, Caucho, Utedyc, UTA): otros sí lo han hecho (Smata, Camioneros,

Vidrio, Textiles, Perfumistas, Tabaco, Químicos, Plásticos. Telefónicos, ctc.).

OTROS BENEFICIOS

La inclusión de este rubro tiene por objeto observar si frente a la restricción salarial impuesta, la negociación por

productividad daba la posibilidad de incorporar otros beneficios laborales que no estuvieran ligados al salario. Lo que

"prima facie" podría haber sido una oportunidad en la negociación no aparece constatado por la realidad de los acuerdos

en estudio. En un solo caso la negociación por productividad dio ocasión de introducir como derecho de los trabajadores

la provisión de ropa de trabajo, un subsidio por sepelio de trabajador y refrigerio o su reemplazo por una suma de dinero

(CCT 132/90, industria del vestido).

ORGANIZACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO Y LICENCIAS

Contrapuesto al punto anterior, en que no se produjo incorporación de beneficios, en materia de organización de

jornada de trabajo y licencias, los acuerdos en estudio dieron pie a importantes modificaciones. Resultan dignos de

mención los casos siguientes.

• Sanidad (conf. Clínicas y Sanatorios): modifica la jornada de trabajo de telefonistas (7 hs. diarias con sistema de

clavijas y 8 hs. diarias con equipo automático). Auxiliares técnicos de radiología: jornadas de 4 hs. diarias y 24

semanales; con un adicional del 50% sobre el salario básico podrán tener una jornada normal de 6 hs. diarias y 36

semanales. Ayudantes de laboratorio de rayos con servicio, por lo menos 75% de su jornada en esas tareas: jornada

de 6 hs. diarias y 36 semanales; con un adicional del 33% del salario básico podrán tener una jornada normal de 8

hs. diarias y 48 semanales. El personal existente al 31/3/92 continuará con su horario y salario anterior salvo que, a

propuesta de su principal aceptare las nuevas condiciones.

• Sanidad-Mutualidades: personal de telefonistas con centrales automáticas, horario de 8 hs. diarias (antes, 6 hs.

diarias). No se aplica a personal que se desempeñaba en horario anterior.

• Utedyc: al establecerse la suspensión de disposiciones que impidan directa o indirectamente la modificación de

horarios.

120

• Empacadores de Fruta: dispone que las empresas podrán pactar con sus trabajadores la organización de la jornada

de trabajo en horario continuo, discontinuo o por turnos.

En materia de licencia vacacional anual, se ha dispuesto el otorgamiento de la misma en períodos distintos de lo

establecido en el art. 154 de la LCT en los CCT del Caucho, industria fideera, UTA y Textiles.

PROCEDIMIENTOS EN CONFLICTOS COLECTIVOS Y/O CLÁUSULAS DE PAZ SOCIAL

Estos se pactaron en los convenios que a continuación se detallan:

• Sanidad- Mutualidades: mecanismo de autocomposición mediante arbitraje previo, con suspensión de medidas de

fuerza, (no se aplicará en caso de grave o manifiesto incumplimiento del empleador en sus obligaciones laborales).

• Caucho: sometimiento a la ley 14.786.

• Carne, Camión. y Metalúrg.: compromiso de paz social mientras rige el acuerdo.

• Textiles: procedimiento ante la Comisión paritaria.

IMPLEMENTACION DE MODALIDADES CONTRATACIÓN L.N.E.

Se aprovechó la negociación originada por el decreto 1334 para Implementar las modalidades promovidas de la

ley 24.013 que, según el art. 30 de dicha norma, debe operarse a través del CCT en los siguientes Convenios: Caucho,

Industria fideera, Plásticos, obreros mosaístas, CALSA (CCT 63/92 "E"). UTA, Comercio, Textiles.

CUESTIONES NO CONTEMPLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES

Por último, mencionamos algunas cuestiones de importancia no tratadas precedentemente, en relación a los

siguientes convenios:

• Sanidad- conf. Clínicas y Sanat.: introduce polivalencia funcional (mediante la denominada "categoría polivalente",

calificación que dispone la patronal). Se crea un Instituto de Capacitación mediante el 50% del aporte pactado como

cláusula de solidaridad.

• Sanidad- Mutualid.: creación de categorías polivalentes.

• Utedyc: se acuerda suspender las disposiciones que impidan el cambio de tareas cuando el trabajador no pudiera

cumplir completamente su horario normal en la tarea habitual.

121

• Empacad. de Fruta: el único de los convenios que hace mención a incorporación de tecnología. Se acota lo

establecido como premio por rendimiento a la vigencia de la temporada 1992, estableciéndose que al respecto "no

será de aplicación el art. 6to. de la ley 14.250".

Como se desprende del estudio precedente, el decreto en cuestión no ha contribuido a una verdadera discusión

sobre la productividad. Y no podía ser de otra forma: lo fundamental es la carencia absoluta de derecho de información

en favor de los representantes sindicales, lo cual impide encarar seriamente una negociación en tal sentido. Pero más

importante que las dificultades para encarar el tema, resulta tal vez la voluntad política definida del Ministerio de

Trabajo que pretende vincular productividad con rebaja de costos laborales. En ese sentido, es elocuente la vinculación

que surge del estudio anterior entre habilitación de modalidades de contratación flexibles, y/o modificaciones en la

jornada laboral y/o modificaciones en los plazos y forma de otorgamiento de vacaciones, etc., y la posibilidad de

autorizar incrementos salariales.

Salario Mínimo Vital y Móvil: Cómo Olvidarte en esta Queja ... !

En este marco, la CGT interpuso un reclamo de aumento del salario mínimo vital móvil, que situó primero en la

suma de $ 500, llegando en los últimos tiempos a peticionar $ 835.

La respuesta del Gobierno, con el anterior y el nuevo ministro de Trabajo, fue la misma y no ofreció sorpresas: se

argumentó que el aumento no era posible porque todos los básicos de convenio están por debajo de esa cifra, y que no se

puede permitir que se generen expectativas inflacionarias.

Lo que llama la atención es que la CGT no avanzara más allá de su reclamo y la negativa gubernamental: o no

preveían la negativa, lo cual sería ingenuo, o nunca pensaron realmente en reclamar un verdadero aumento. En efecto, de

no ser así, la central sindical tendría expedita la vía judicial para reclamar por el incumplimiento de una garantía

constitucional debidamente reglamentada por una ley vigente.

El tan mentado y nunca cumplido artículo 14 nuevo de la Carta Magna, asegura la protección de las leyes;15 y por

su parte el art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo se ocupó de reglamentar dicha garantía constitucional.16 Teniendo

en cuenta estos antecedentes, y comparando los montos de la canasta familiar de emergencia con el salario reclamado

por la CGT, es evidente que todavía se quedaron retrasados. Sin embargo, en lugar de insistir con este reclamo por otras

vías, –judicial o incluso legislativa–, la dirigencia sindical nucleada en la CGT ha preferido insistir en la promulgación

de la reforma a la Ley 14.250 de negociación colectiva, suponiendo que ello por sí mismo implica la derogación lisa y

15 "...las que asegurarán al trabajador: ... salario mínimo vital móvil: ...". 16 "Salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión."

122

llana del decreto 1334/ 91. Sin perjuicio de insistir en el retroceso que implica el proyecto de ley en cuestión, lo cierto es

que nada impide que un nuevo decreto reglamentario de la nueva ley reinstale un cepo parecido o peor.

EMERGENCIA OCUPACIONAL Y AVANCES DE LA PRECARIZACION

Ante las declaraciones efectuadas por S.S. Juan Pablo II, respecto de la situación de pobreza en el país, y las

afirmaciones vertidas posteriormente por el ministro Aráoz frente a los obispos, en el mismo sentido, las réplicas del

Ejecutivo fueron contundentes y terminantes: no sólo no ha crecido la pobreza en la Argentina, sino que además

disminuyó la desocupación.17

Sin embargo, según informes del Instituto de Estadística y Censos divulgados por la prensa, "... la población con

problemas de ocupación se mantuvo estable el último año".18 Precisamente, en el Cuadro Nº 49, emanado del Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, se demuestra que más de un treinta por ciento (30%) de la Población

Económicamente Activa tiene problemas ocupacionales, sea porque no tiene trabajo, o porque se desempeña en una

ocupación de baja productividad, o porque pertenece al sector precarizado, informal, etcétera.

Si comparamos este cuadro –sin fechas– con el transcripto por el mismo Ministerio en el Mensaje de Elevación

del Proyecto de Ley de Empleo (Cuadro Nº 50) es posible constatar que el cuadro ocupacional no se ha modificado

sustancialmente, a pesar de haber transcurrido ya tres años.

CUADRO Nº 49. Situación ocupacional

Fuente: Ministerio de Trabajo.

17 Confr. relato del discurso presidencial pronunciado el viernes 4/9/92 en el Partido de Gral. Sarmiento, Pcia. de Bs. As. (véase Página 12. Sábado 5/9/92, pág. 4). 18 18Véase diario Clarín, 20/8/92, pág. 15.

123

CUADRO Nº 50. Situación ocupacional argentina

Fuente: Estimaciones sobre la Encuesta Permanente de Hogares y proyecciones de población de INDEC

Más ilustrativa aún puede resultar la comparación entre la política de empleo propuesta y descripta en aquel

Mensaje de Elevación, y lo que realmente ha emanado como pautas políticas desde el Ministerio de Trabajo. Decía el

citado Mensaje:

"… El Gobierno tiene en claro que una situación de semejante magnitud (alude al cuadro ocupacional citado) no

se resuelve sino a través de profundos cambios estructurales. Sólo en el contexto de una economía sana, en crecimiento

y con equitativa distribución de las oportunidades y el ingreso, podremos generar, suficiente espacio de participación en

el esfuerzo productivo de la sociedad, para que esos tres millones y medio de argentinos recuperen el lugar y la situación

social que les corresponde (...) La política de empleo que sustenta el proyecto, se resume en los siguientes criterios

básicos:

• La política de empleo como componente principal de la política social del Gobierno;

• La regularización de las situaciones de empleo "en negro”;

• La tipificación de dos nuevas modalidades de contratación para adultos y dos para jóvenes;

• La protección del trabajador desempleado y el apoyo a su reinserción ocupacional;

124

• La atribución de competencia primaria en toda iniciativa de política pública referida al empleo al Ministerio de

Empleo, Trabajo y Seguridad Social;

• La adopción de criterios de participación tripartita para la toma de decisiones y de implementación y gestión

descentralizada y federal de las políticas;

• El compromiso de vincular las decisiones y acciones en materia tecnológica, educativa y ocupacional;

• La concepción de la formación profesional como un componente básico de la política de empleo;

• La negociación colectiva como instrumento central de regulación del sistema de relaciones laborales;

• La legislación laboral argentina vigente como marco doctrinario."

Frente a semejante declaración de objetivos, la actividad gubernamental efectivamente desplegada por ese

Ministerio hasta la fecha resulta más que lamentable, ratificando ciertas advertencias respecto de la hipocresía que

encerraba entonces el discurso oficial.

Una de las medidas adoptadas con mayor fluidez por la autoridad administrativa del Trabajo ha sido la

declaración de Provincias en estado de emergencia ocupacional. A la fecha suman doce en tal situación (Jujuy, Neuquén,

Salta, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Corrientes, Chaco, Río Negro, San Juan, y Pcia. de Buenos

Aires), es decir, la mitad del país.

La declaración de emergencia ocupacional tiene como efecto y consecuencia inmediata la habilitación en esas

zonas de las modalidades de contratación flexibles y precarias de la Ley de Empleo, las cuales, de otro modo, no

hubieran podido aplicarse de no estar negociadas en los convenios colectivos o acuerdos de cada actividad o sector.

Según las resoluciones ministeriales que resuelven la declaración de emergencia ocupacional, en todos los casos

se prevé que "... se promoverá un Programa de Emergencia Ocupacional a través de la Dirección Nacional de Empleo y

con la participación de los organismos y autoridades provinciales competentes en la materia, en el marco de la Red de

Servicios de Empleo". Sin embargo, hasta el momento no se han tenido noticias de que ninguno de esos programas se

haya diagramado y mucho menos puesto en marcha en ninguna de las Provincias afectadas. En cuanto a la regulación

del empleo no registrado, el indulto laboral contenido en la Ley Nacional de Empleo no rindió en absoluto los resultados

que eran de esperar, teniendo en cuenta los beneficios inmediatos que deparaba a los evasores. Según la información

atribuida al entonces director del Sistema Único de Registro Laboral, Dr. Carlos A. Etala,19 el citado indulto habría

beneficiado a unos 130.000 trabajadores, sobre un total de 2.100. 000 que la O.I.T. estimaba en mayo de 1989 se

encontraban "en negro".20 Esto es escasamente un 6.20% del total de afectados. Por otra parte, finalizada la etapa del

19 Véase diario Clarín, 318/92, pág. 12. 20 Confr. declaraciones del entonces ministro de Trabajo, Rodolfo Díaz, Clarín, 'Suplemento Económico", 13-9-92, pág. 10.

125

blanqueo-indulto y contrariamente a lo manifestado por el ex-ministro en el reportaje antes aludido, no han existido

inspecciones de la Policía del Trabajo, y no se han conocido denuncias efectuadas por ese Ministerio respecto de los

evasores a quienes, en caso de ser detectados, podría corresponderles incluso pena de prisión. No sólo nada de esto ha

ocurrido, sino que además los montos aplicables en concepto de multas por violación de la legislación laboral resultan

irrisorios, y demuestran la ausencia de voluntad política sancionatoria de tales conductas. En realidad, lejos de cumplir

con aquellos objetivos de Política de Empleo antes transcriptos, el Ministerio de Trabajo se ha empeñado solamente en

reducir los costos laborales, respondiendo así a las presiones claras y concretas de los empresarios.

En ese sentido, los proyectos de reforma de la legislación laboral elaborados por Trabajo y por Economía

demuestran hasta qué punto se pretende dar respuesta a las presiones empresarias, contrariamente a lo afirmado por el

entonces secretario y actual ministro de Trabajo, Dr. Enrique Rodríguez.21

Si bien dichos proyectos han sido retirados por el momento, con la promesa de presentar uno nuevo en marzo,

incluimos a continuación un análisis comparativo de ambos.

PROYECTOS DE REFORMA DE LA LEGISLACION LABORAL:

COMENTARIOS Y REFLEXIONES

El análisis que se efectúa a continuación se ha llevado a cabo comparando ambos proyectos de reforma, el

emanado del Ministerio de Economía, (al cual aludimos como “P.E.”), y el que luego fuera consensuado por ese

Ministerio con el de Trabajo, (referido como "P.C.").

Para facilitar la comprensión de los contenidos normativos, se han desglosado por institutos y, en cada caso, se

incluye el análisis comparado de ambos proyectos y un comentario relativo al régimen propuesto. En este último punto,

se ha tenido en cuenta fundamentalmente el proyecto consensuado.

Ámbito de Aplicación

El P.E. es claro al remitir a empresas de hasta 200 trabajadores, existentes o a crearse, admitiendo que ese límite

puede ser superado en el futuro, sin que ello implique modificaciones respecto de las normas aplicables. En el P.C. no se

menciona número de trabajadores, pero se aclara que dicho límite, una vez que se determine, podrá ser superado hasta su

duplicación. De lo que se desprende que no es demasiado importante qué cantidad de trabajadores se establezca

finalmente, ya que la voluntad es que ese límite sea lo más amplio y flexible posible, para que nadie quede afuera.

El P.E. establece que cuando se trate de empresas, que forman parte de un grupo o conjunto económico, serán

consideradas individualmente en lo que hace al número de trabajadores, con lo cual se pretende asegurar que dichas

empresas puedan ser merecedoras de la legislación para PYMES. Si bien el P.C. omite tal disposición, ello no significa

21 Véase diario Página/12, 9/9/92, pág. 6.

126

que no se la pretenda incorporar luego por vía de la reglamentación. Una señal clara sería acaso la incorporación de una

norma que disponga que las empresas que pertenezcan a conjuntos o grupos de empresas no podrán reclamar la

aplicación de estas normas.

Régimen Legal Aplicable

El P.E. establece expresamente un orden de prelación de normas, dejando aclarado que las normas de la ley

proyectada prevalecen sobre las de la Ley de Contrato de Trabajo y sobre el régimen general de negociación colectiva.

Por su parte el P.C. no aclara nada al respecto, limitándose a señalar quiénes son los grupos de trabajadores excluidos de

su aplicación.

Al igual que en el punto anterior, la falta de aclaración del orden de prelación de normas no significa que no se

pretenda llegar al resultado propuesto por el P.E. En efecto, por aplicación de los principios generales, siendo ésta una

ley posterior y más específica, existirían razones para defender su aplicación aun cuando no se lo diga expresamente.

Jornada de Trabajo

Este instituto es tratado de igual forma en ambos proyectos.

• Los convenios colectivos podrán establecer el cómputo de la jornada ordinaria en períodos superiores a una semana

y no mayores de un año.

• En esos casos, el “promedio diario" no podrá superar las ocho horas, si bien eso no significa que no se pueda

trabajar más de ocho horas por día.

• Entre el fin de una jornada y el comienzo de la otra debe mediar una pausa mínima de 12 horas, lo cual no significa

que el trabajador tenga 12 horas para gozar de descanso, ya que ello incluiría viajes, comidas, etcétera.

• Para tener derecho al pago de horas extraordinarias, en este régimen deberían superarse las jornadas legales

establecidas según las pautas señaladas.

• Cuando se acuerde el cómputo de la jornada de acuerdo con las pautas descriptas, se podrá pactar también la

facultad del empleador de disponer la postergación del descanso hebdomadario por un plazo no mayor de treinta

días, luego de los cuales los descansos se gozarán acumulados. Debe destacarse que si bien se remite esta facultad a

que sea acordada en el convenio, lo cierto es que, una vez acordada, su utilización será "facultad del empleador".

127

Sanciones para el Empleador que No Otorgue los Descansos

Mientras las facultades acordadas al empleador son de ejecución inmediata y su puesta en marcha se deja librada

a la voluntad del mismo, las sanciones que el trabajador puede aplicar al empleador que viole estas normas no tienen la

misma contundencia.

En efecto, la sanción consiste en considerar caduco el sistema de jornada especial, o sea que el trabajador puede

reclamar su horario de trabajo según L.C.T. y Ley de Jornada, y el pago de horas extraordinarias trabajadas. Pero lo

cierto es que, para lograr esos extremos en la mayoría de los casos deberá arriesgar: o bien la pérdida del puesto de

trabajo o la iniciación de un juicio lento y farragoso, o ambas cosas a la vez.

Teniendo en cuenta que actualmente hay muchos trabajadores que deben prolongar su jornada por encima de la

legal, al solo efecto de incrementar sus ingresos, no parecería que la norma relativa a jornada modifique demasiado la ya

precaria situación vigente. Pero lo que sí deja en claro la regulación de ambos proyectos es que, de ahora en adelante, el

trabajador no solamente podrá seguir laborando hasta doce horas diarias, sino que la retribución no será incrementada en

un 50%, en tanto no supere el "promedio anual". En otras palabras, se incrementa la explotación de los trabajadores y se

reducen los costos empresarios.

Vacaciones

También en este punto coinciden ambos proyectos analizados.

Se establece que el trabajador y el empleador podrán convenir libremente la época de las vacaciones, pudiendo

acordar: a) que ellas se gocen fraccionadas, en períodos no inferiores a una semana; y b) la postergación de un período

completo de vacaciones y su goce acumulado con el siguiente.

Si bien se determina que, de no existir acuerdo, las vacaciones deberán otorgarse en el período entre el 1 de

octubre y el 30 de abril del año siguiente, lo cierto es que seguramente, ante una propuesta del empleador, el trabajador

no estará muy protegido para poder negociar libremente este punto del contrato.

Por último, debe destacarse que el punto 49 del art. 6 del P.C. establece que el período normal rige cuando no

haya acuerdo de partes, y cuando no exista "... previsión en contrario en el convenio colectivo ... ". Es decir, que el

convenio también podría autorizar esta modificación, limitando así las posibilidades de negociación del trabajador.

128

Prevención de Crisis, Crisis y Reconversión Productiva

En los dos proyectos, este punto se trata esencialmente igual, si bien existen algunos matices. En todo caso, en

ambos queda claro que no se previene ninguna crisis y mucho menos se promueve ninguna reconversión tecnológica.

Por el contrario, estas normas son una clara señal de cuál es el papel que se reserva para el sindicalismo.

Reglamentación en el Proyecto de Economía

Cuando las condiciones de trabajo o salariales resultaran excesivamente onerosas para el empleador, el proyecto

le acuerda tres opciones: a) acordar con el Sindicato la modificación temporaria de las condiciones de trabajo y salarios

de convenio; b) acordar con los trabajadores la reducción temporaria de los salarios que superen los mínimos de

convenio; y c) modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, siempre que no se afecte patrimonial y moralmente

al trabajador.

El acuerdo que celebre el empleador con el Sindicato tiene efectos inmediatos, y frente a él no se pueden alegar

derechos adquiridos.

La modificación dispuesta unilateralmente por el empleador debe ser notificada al trabajador indicando causas y

plazo de duración. Idéntica notificación deberá cursarse al Ministerio de Trabajo, y durante el plazo de vigencia de las

modificaciones no puede haber despido sin causa. En este último caso el trabajador se hace acreedor a una

indemnización equivalente al 25% del Fondo de Capitalización de Antigüedad. Con estas pautas, queda claro que:

• Las condiciones fácticas que hacen aplicable estas normas quedan a consideración exclusiva del empleador, sin que

se dispongan controles de ningún tipo, ni derecho de información para los trabajadores.

• La única intervención del Sindicato es para acordar la modificación –a la baja, claro– de las condiciones de trabajo

y de los salarios de convenio. En modo alguno se lo autoriza a emitir otras opiniones relativas a las causas reales de

la crisis, a la existencia o no de crisis, a la posibilidad de introducir tecnología, a opinar sobre dicha tecnología, etc.

Esta norma ejemplifica mejor que cien discursos acerca del papel que el oficialismo acuerda a los sindicatos:

gestionar el ajuste.

• Como ya es costumbre, las ventajas para el empleador, de aplicación y efectos inmediatos, contrastan con las tutelas

mínimas que se acuerdan a los trabajadores sin las mismas características. En efecto, no hay razón para prohibir el

despido mientras existan modificaciones dispuestas por el empleador, y no prohibirlo cuando las modificaciones

sean producto de la negociación con el Sindicato, o cuando surjan de la negociación entre el empleador y sus

trabajadores. En todo caso tampoco queda claro cuál es la protección contra la violación de esa norma. Según el

proyecto, si se despide sin causa se deberá una indemnización igual al 25% del FCA, pero no se aclara si esa

indemnización se suma a la del art. 245 LCT, según lo que dispone el art. 19 del P.E.

129

Reglamentación del Proyecto Consensuado

Opera por vía de modificación de la Ley de Empleo, a la que le incorpora el art. 97 bis, de contenido similar al

art. 89 del P.E., a saber: "Cuando el mantenimiento de las condiciones de trabajo y salariales pudiera comprometer la

funcionalidad económica de la unidad productiva o su nivel de empleo, se podrá convenir con la entidad sindical la

modificación temporaria de las condiciones de trabajo y también de los niveles salariales de convenio. En caso de no

llegar a un acuerdo, la Autoridad Administrativa podrá modificar temporariamente las condiciones de trabajo para

hacerlas funcionales a las necesidades operativas de la empresa y sin que causen perjuicio material ni moral al

trabajador".

Como puede observarse, las condiciones fácticas para hacer aplicable la norma siguen siendo de evaluación

unilateral y discrecional del empleador, sin participación sindical alguna. En este caso, sólo se alude a negociaciones con

el Sindicato, descartando las modificaciones unilaterales y/o negociadas en forma directa con los trabajadores. Pero bajo

la apariencia formal de una mayor tutela de estos últimos, se oculta un mecanismo mucho más perverso aún: de no haber

acuerdo entre las partes –empleador y Sindicato– el Ministerio de Trabajo será quien disponga la modificación a aplicar.

Puede decirse, entonces, que el proyecto consensuado mantiene en este punto las desventajas del proyecto

original de Economía, pero le agrega un mayor intervencionismo del Ministerio de Trabajo para garantizar la concreción

de las modificaciones. Cabe señalar que también se incorpora la prohibición de despedir mientras duren las

modificaciones, pero no hay sanción para el caso de violación de dicha prohibición.

Período de Prueba

El instituto está reglamentado del mismo modo en ambos proyectos, con las siguientes excepciones:

Plazo: El P.E. otorga 60 días, el P.C. habla de 90. Este último coincide en los resultados con la situación ya

vigente actualmente, dado que cuando no se han superado los tres meses de este rubro, no hay derecho a indemnización

por antigüedad. Sólo procede el preaviso.

Reingreso: El P.E. permite que se contrate al trabajador que reingresa con un nuevo período de prueba, siempre

que hayan pasado más de dos años desde su desvinculación. En cambio el P.C. no admite un reingreso con período de

prueba.

Preaviso: El P.E. exime de dar preaviso y de indemnizar. En cambio el P.C. exige un preaviso de 30 días.

Vacaciones: El P.E. no las admite durante el período de prueba.

130

Accidente o enfermedad inculpable: Si se produce incapacidad por más de diez días, continuos o discontinuos, el

P.E. dispone la extinción del contrato.

Además en ambos proyectos el instituto del período de prueba no modifica sustancialmente la situación vigente

con la Ley de Contrato de Trabajo. En efecto, actualmente existe un período de prueba virtual, ya que si no se han

superado los tres meses de antigüedad, no corresponde pagar la indemnización por antigüedad, y sólo hay derecho al

preaviso, gozado o indemnizado. Pero al introducir la reglamentación, se pretende: mermar la base cálculo para el

ejercicio de derechos sindicales ya que, según los proyectos, los trabajadores en período de prueba no se computarán a

esos fines, eximir al empleador de efectuar aportes y contribuciones durante ese períodos; el período de prueba no

cuenta a los efectos previsionales.

En otras palabras, el costo indirecto de los empleadores se disminuye al introducir una nueva figura de

contratación temporal, que seguramente dará origen a la industria del período de prueba.

Preaviso

Está reglamentado igual en ambos proyectos, excepto en lo que se refiere a los casos en que puede omitirse: el

P.E. incorpora casi todas las causas posibles, mientras que el P.C. las limita a los casos de justa causa o fuerza mayor.

Los plazos de preaviso son los mismos que regula la L.C.T., pero se modifica aquél a partir del cual comienza a

correr el preaviso. Según la legislación vigente el plazo siempre comienza a partir del primer día del mes siguiente al de

la notificación. O sea, si el telegrama de preaviso llega al trabajador el 15 de noviembre, el plazo de preaviso corre a

partir del 1 de diciembre en adelante. En cambio, en las normas analizadas, el preaviso empieza a correr a partir del día

siguiente al de la notificación. (En el ejemplo anterior sería a partir del 16 de noviembre.)

Modalidades Promovidas

En ambos proyectos se aclara que la utilización de este régimen excluye el del Fondo de Capitalización de

Antigüedad. Pero mientras el P.E. se limita a habilitar las modalidades de contratación de la ley 24.013, aun cuando no

hubiera negociación colectiva al respecto, el P. C. genera una nueva modalidad contractual temporaria para las PYMES.

Se trata de un contrato cuyo plazo máximo sería dos años, pudiéndose celebrar por plazo inferior con prórrogas

de un mínimo de tres meses. El contratado puede ser un trabajador de cualquier edad, pero si es menor de 24 años el

empleador se exime del 100% de SUSS, mientras que si es mayor sólo se exime del 50%.

El único requisito a cumplir por el empleador es que los trabajadores contratados por este medio superen el

plantel total del establecimiento en los últimos seis meses. Sin embargo, la violación de este requisito no da como

131

resultado la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, sino que en ese caso se deberá cumplir el plazo

del contrato, y la única sanción es que no se puede renovar. Es decir que el sancionado es el trabajador temporario, que

pierde su expectativa de seguir trabajando, y no el empleador quien en realidad cometió el fraude. El único caso en que

el contrato se convierte en otro por tiempo indeterminado se produce si supera los dos años y continúa trabajando.

En cuanto a la extinción por vencimiento del plazo del contrato, los jóvenes de hasta 24 años no tendrán derecho

a indemnización; a los mayores de esa edad, les corresponderá un cuarto de remuneración mensual (50% de lo acordado

por la Ley de Empleo para las modalidades promovidas.)

Fondo de Capitalización de la Antigüedad

Se trata de un sistema parecido al Fondo de Desempleo de los Trabajadores de la Construcción. El empleador

deberá efectuar los aportes que se indican en una cuenta a nombre del trabajador, y éste podrá disponer de dichos fondos

en caso de ruptura de la relación laboral. Esos importes sustituirán las indemnizaciones previstas en la LCT y en la Ley

de Empleo, excepto en los casos de despido por matrimonio y por maternidad. No se aclara nada respecto de las

indemnizaciones correspondientes a un delegado sindical, pero es de suponer que no deberían ser reemplazadas por este

Fondo.

El P.E. establece un sistema de transición, y determina que los contratos, vigentes a la fecha de entrada en

vigencia de esta ley, seguirán siendo acreedores a determinadas indemnizaciones por despido, sea del art. 245 o del 247

L.C.T., –sin aplicación de la garantía mínima de dos salarios reales–, además del FCA. El P.C. dispone en cambio que

las indemnizaciones de la L.C.T. procederán hasta la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, y a partir de entonces

regirá el FCA. Es decir, una superposición de institutos en forma temporal.

Negociación Colectiva

Este ítem aparece reglamentado del mismo modo en ambos proyectos: se genera un Convenio Colectivo de

Trabajo para PYMES. Se puede modificar el ámbito del convenio anterior por pedido de alguna de las partes, o bien

puede fijarlo la Autoridad de Aplicación en caso de desacuerdo entre las partes. Se reglamenta la articulación de los

convenios, y se dispone la prevalencia de estos últimos sobre cualquier otro de otro ámbito funcional, territorial o

temporal.

Teniendo en cuenta la facultad de la Autoridad de Aplicación para decidir en la contienda respecto de la

modificación del ámbito funcional, territorial, y el orden de prelación que privilegia a este convenio frente a cualquier

otro, queda clara la tendencia a que la negociación se lleve a los niveles de empresa o establecimiento.

132

Estatutos Especiales

En ambos proyectos se autoriza a reglamentar, modificar o derogar estatutos especiales por medio de una

negociación colectiva, aclarándose que en esos casos no habrá lugar a reclamos por pérdida de derechos adquiridos.

Debe tenerse en cuenta que los estatutos especiales incluyen en su mayor parte, leyes y, en muchos casos, de

orden público. En consecuencia, una convención colectiva no podría modificarlos, y menos aún derogarlos "in pejus".

Un convenio que contuviera tales cláusulas no debería ser homologado por ser contrario al orden público. Si el

Ministerio de Trabajo efectivizara la homologación, aun cuando se basara en el proyecto en estudio, podría ser

querellado por violación de deberes de funcionario público, por violar la Constitución Nacional y el orden de prelación

de normas que ella establece.

Por último, queda por señalar que un trabajador no afiliado a un sindicato, puede verse obligado por un convenio

que mejore su situación laboral respecto de la ley, y en ese caso nada podría objetarse. Pero si ese mismo trabajador no

afiliado, tuviera por ley un derecho determinado, y se encontrara conque un sindicato al que él no pertenece ni le dio

mandato alguno ha negociado con el empleador la pérdida de ese derecho en su contrato individual de trabajo, dicho

trabajador podría iniciar reclamos judiciales por falta de representatividad del sindicato, y por el perjuicio que se le

causa. Dicha demanda podría encaminarse en ese caso tanto contra el empleador como contra el sindicato.

FLEXIBILIZACION LABORAL A TRAVES DE LA JURISPRUDENCIA

Para avanzar en el camino de la flexibilidad laboral y de la reducción de costos empresarios no se necesita el

dictado de nuevas leyes: basta con una interpretación distinta, –más flexible– de las que ya existen. De eso se ha estado

ocupando la Justicia argentina, en parte a través de algún tribunal del Trabajo y, cuando la Justicia del fuero no pudo ser

disciplinada, por intervención del brazo jurídico del Poder Ejecutivo, es decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

1 - Tasa Activa vs. Tasa Pasiva

Un ejemplo de esa tarea flexibilizadora ha sido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 10-

6-92, recaído en autos "López, Antonio Manuel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", que produjo el

disciplinamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en materia de tasas de interés.

En efecto, hasta la aparición de dicho fallo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo regía las tasas de interés de los

créditos laborales por la Resolución 6/91, según la cual correspondía aplicar "... el promedio mensual de la tasa activa

aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuentos comerciales...". A partir de

aquel fallo del Superior Tribunal, la Cámara modifica esa Resolución, y dispone que se aplicará la tasa pasiva, tal como

lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que la aplicación de una u otra puede significar diferencias de entre

el 30 y 50% en montos que configuran créditos alimentarios, y que tuvieron que ser perseguidos judicialmente debido a

133

que el empleador no cumplió con su pago en término. En otras palabras, una vez más se premia al evasor y al

incumplidor.

2- Elecciones en la Unión Ferroviaria

En junio de 1990, la Unión Ferroviaria debía elegir nuevas autoridades. En esa oportunidad, la Junta Electoral

rechazó el pedido de oficialización de una lista opositora, dando lugar a acciones judiciales que demoraron la realización

del comicio. En primera y segunda instancia la Justicia del Trabajo se pronunció a favor de una nueva convocatoria a

elecciones, reconociendo la inclusión de la lista opositora. Sin embargo, la Unión Ferroviaria efectuó la nueva

convocatoria, pero considerando oficializada sólo una lista, la que respondía a la conducción. Dicha convocatoria es

convalidada por el Ministerio de Trabajo, provocando la apelación de la Lista Celeste opositora, que se resolvió en favor

de esta última. Pero la Unión Ferroviaria interpuso recurso extraordinario, denegado por la Cámara de Trabajo, y el

sindicato acudió en queja ante la Corte, la cual no sólo abrió el recurso sino que dictaminó de acuerdo con los intereses

de la conducción de la Unión Ferroviaria y del Ministerio de Trabajo, y en contra de lo resuelto por la Cámara de

Apelaciones del Trabajo.

De esta forma, se acotan considerablemente las posibilidades de que se produzca una verdadera democratización

interna de las asociaciones sindicales, y se avanza en la consolidación de conducciones afines y cómplices del proceso

en marcha.

3- Restricciones a la tutela sindical

En este caso, se trata de la sentencia a un Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo de la Capital

Federal, ante el cual acudió el Banco Central a demandar el levantamiento de la tutela sindical de la Comisión Interna, a

fin de aplicar una sanción de 30 días de suspensión.

Si bien el Banco alegó la perpetración de roturas y destrozos en el desarrollo de una asamblea sindical, lo cierto

es que no se lograron probar daños, por lo que la petición de levantamiento de tutela acaba fundándose solamente en el

simple ejercicio de los derechos sindicales de los delegados, como es la participación en una asamblea de personal. A

pesar de ello, el juez interviniente se pronuncia haciendo lugar parcialmente a la demanda, autorizando la exclusión de la

tutela sólo respecto de dos de los delegados, y a fin de que se les aplique una sanción de cinco días de suspensión.

Además de la aberración jurídica que implica el avance de un juez más allá del levantamiento o no de la tutela, y

que se expida sobre los alcances de la sanción, lo más grave de este asunto resulta el precedente que pretende sentar

respecto de la limitación de garantías de los delegados de personal. En efecto, en el caso en examen, se autoriza al

empleador a aplicar una sanción disciplinaria fundada en el ejercicio de los derechos sindicales propios de un delegado

de personal. De esa forma, este último estaría en peor situación que un sujeto regido por el Derecho Civil, ya que según

134

el art. 1071 del C. Civil, "el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede

constituir como ilícito ningún acto …

Sólo cabe esperar que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aplique las normas vigentes y demuestre

que la Justicia Laboral aún no ha desaparecido, como lo hizo el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, que falló a

favor de los trabajadores bancarios al interpretar que no correspondía la aplicación de la reglamentación de la huelga en

los servicios esenciales; o como el Tribunal de Trabajo de Cipolletti, que se pronunció en contra de la vigencia de la Ley

de Empleo.22

Casos como éstos demuestran que la Justicia puede recuperar su dignidad sin mucho esfuerzo, basta con que

quienes deben representarla se decidan a respetar las normas vigentes, empezando por la Constitución Nacional.

Negociación Colectiva para Trabajadores del Estado

Y si de recuperar la dignidad se trata, también el Parlamento puede hacer lo suyo si se lo propone. Así fue cómo,

a principios de noviembre pasado, se obtuvo finalmente la sanción de la ley que rige las convenciones colectivas de los

trabajadores del Estado, asignatura pendiente desde la ratificación del Convenio Nº 154 O.I.T. y cuyo plazo estaba

vencido en exceso.

Teniendo en cuenta que los trabajadores del Estado han sido reencasillados según una estructura impuesta en

forma unilateral y autoritaria, –y sin participación de uno de los sindicatos con personería gremial y aptitud para

representarlos a nivel nacional– que se ha cesanteado a muchísimos agentes bajo formas diversas (retiros voluntarios,

disponibilidades, etc.), y que los salarios, como ya se ha visto, se encuentran congelados, la sanción de esta ley aparece

como fuera de época. Sin embargo, implica un avance importante, ya que frente a un Estado y a un Gobierno

caracterizados por los rasgos absolutistas y autoritarios, esta ley viene a transformar la posibilidad de negociar en un

derecho irrenunciable de los trabajadores del sector. En la elaboración de los proyectos de convenios a negociar y

discutir se irá perfilando seguramente el modelo sindical en que se encuentran enrolados cada uno de los sindicatos del

sector.

Nuevo Ministro: y Ahora le Toca a los Pobres

El último cambio de gabinete vino acompañado por promesas de una nueva etapa en la que, aparentemente, los

pobres serían no sólo reconocidos, sino también atendidos. En todo caso, frente a las políticas implementadas por el

22 En efecto, en el caso de un trabajador que reclamaba la diferencia de indemnización por despido existente entre la abonada, según el tope de tres salarios promedio de convenio, y la que le hubiera correspondido con la redacción del art. 245 L.C.T. sin la reforma introducida por la Ley de Empleo, el Tribunal dictaminó que el procedimiento de "promulgación parcial", empleado en el caso de la Ley de Empleo, no existe en la Constitución Nacional. Que, en consecuencia, dicha ley no puede considerarse vigente, y que por lo tanto correspondía hacer lugar al reclamo del trabajador.

135

Gobierno, tales afirmaciones deberían suscitar un dejo de desconfianza. Por lo pronto, en el área laboral los objetivos

parecen estar cifrados en dos puntos: a) reforma del Sistema Previsional; b) reforma de la Legislación Laboral.

En el primer caso, los proyectos en discusión no contribuyen a generar expectativas de mejora, y mucho menos

para los pobres. El Ejecutivo insiste con su proyecto de privatización, que ubicaría las cosas no en el mismo lugar que el

Primer Mundo, sino en todo caso, cercanas a la situación chilena. Contrariamente a lo que se propone, los países

industrializados mantienen el sistema de jubilación a cargo del Estado como único sistema obligatorio; las empresas

privadas operan en esos casos como fondos compensadores o complementarios de la jubilación obligatoria, y son

totalmente optativos. De esa forma, queda claro que con el proyecto del Ejecutivo no se apunta a solucionar el problema

de la jubilación en la Argentina, sino a lograr la formación de un mercado de capitales. Y como no existen empresarios

que inviertan, entonces, una vez más, el dinero debe ser extraído del bolsillo de los trabajadores.

En cuanto al prometido proyecto de reforma de la Legislación Laboral, el cual según el Ministro de Trabajo,

apuntará a la modernización de las relaciones laborales argentinas, es de esperar que sea de tal entidad que permita, por

lo menos, superar la etapa de la Revolución Industrial y gozar de algunas de las mejoras propias del Siglo XIX.

Mil novecientos noventa y dos, el año del Quinto Centenario, finaliza, lamentablemente. con el derrumbe literal

de la Justicia del Trabajo que, al igual que los derechos de los trabajadores, ha sucumbido por el exceso de peso de las

desigualdades, las injusticias y las inequidades.

informe de coyuntura - ateargentina.org.ar escenarios de resolución de la convertibilidad síntesis...

Documents