incidencia delictiva 38
DESCRIPTION
Rueda de prensa sobre la Incidencia Delictiva de los meses de febrero y marzo en el área metropolitana de MonterreyTRANSCRIPT
Trigésima Octava Conferencia de Prensa Mensual
Sobre la incidencia delictiva del mes de febrero y marzo de 2014
22 de abril de 2014
Agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa en donde CAINTRA, COPARMEX Nuevo León, CANACO Monterrey y el Consejo Cívico presentamos nuestra postura sobre los resultados de la autoridad estatal y las municipales en materia de seguridad, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2014.
Respecto a esto, ponemos a consideración de la opinión pública los siguientes temas:
1. ¿Qué ocurre con las denuncias de los ciudadanos?
2. Nuevo León todavía no es un estado de paz.
3. Violencia Familiar. Falta liderazgo en el estado para frenar la Incidencia.
______________________________________________________________________________
1. ¿Qué ocurre con las denuncias de los ciudadanos?
En las denuncias de robo a casa y robo a personas reportadas por la Procuraduría de Justicia para los meses de febrero y marzo en Guadalupe y San Nicolás, nos preocupa el proceder del Ministerio Público.
Mientras el municipio de San Nicolás recibió 69 reportes de robo a casa durante el mes de febrero 2014, la Procuraduría solamente llega a registrar una denuncia por este delito. Cabe señalar que en el mes de enero se habían registrado 69 denuncias en la Procuraduría por este mismo ilícito.
En el caso de Guadalupe, en enero se denunciaron a la Procuraduría 67 robos a casa, en tanto que para febrero y marzo sólo se denunciaron 7 y 3, respectivamente.
La historia es la misma para el Robo a Persona. San Nicolás tuvo 43 delitos en el primer mes del año, mientras que en los meses siguientes fueron 5 y 1; situación similar para Guadalupe tuvo 57 en enero, para posteriormente quedarse con 13 para los siguientes dos meses.
En el caso de San Nicolás, específicamente la diferencia es evidenciada en las gráficas que ellos mismos suben a su portal para dar a conocer el número de llamadas que atiende el Ayuntamiento con el motivo de delito, cifras que se mantenían muy similares a las denuncias que publicaba la Procuraduría mes a mes.
Esto nos lleva a realizar varias observaciones al respecto: en primera instancia, solicitamos a la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León que estas inconsistencias sean analizadas de la mano con los mismos municipios, esperamos que esta no sea una estrategia
para presentar buenos resultados y sólo se trate de un error involuntario. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el combate a la inseguridad en el estado no solamente es tarea de los policías o de la Fuerza Civil. Si no existen capacidades de atención a víctimas, investigación, y consignación de delincuentes, el mensaje que manda la autoridad es uno de impunidad e inacción.
En segunda instancia, recordamos que con el nuevo sistema de Justicia Penal todos los reportes realizados con policías municipales se convierten en denuncias, por lo cual instamos a las autoridades a cumplir con los mandatos de este sistema judicial y demostrar a la ciudadanía sus bondades.
Queremos destacar la buena práctica del municipio de San Nicolás que publica mes con mes la información detallada sobre incidencia delictiva, ya que esta información nos permite tener un mejor entendimiento del fenómeno delictivo. Esperamos que más municipios se sumen a esta iniciativa, para dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que realizan sus autoridades en materia de prevención y atención al delito.
2. Nuevo León todavía no es un estado de paz.
Tras dos años de presentar una tendencia a la baja, el delito de Homicidios Dolosos ha tenido un estancamiento en los últimos nueve meses. En mayo de 2011 se presentó el máximo histórico con 241 homicidios al mes, y desde el pasado mes de junio de 2013 se ha mantenido con un promedio de 50 casos mensuales.
Como sociedad civil nos preocupa este estancamiento, ya que estamos aún muy lejos de poder llegar a la cifra promedio de 15 homicidios mensuales que se presentaban en 2006.
Por otra parte, las lesiones que ponen en peligro la vida siguen a la alza, de principios de 2013 que se registraban 25, a la fecha que ya casi alcanzan los 50, una cifra muy cercana a de homicidios dolosos. Este delito es también de alto impacto, ya que es una antesala al homicidio, por la gravedad y afectación a la vida de la víctima.
Finalmente las cifras de extorsión presentadas por la Procuraduría siguen presentando un repunte preocupante, en el primer trimestre del 2014 nos ubicamos con un 49% más delitos que los reportados en el mismo período del año anterior, pasando de 51 a 76 delitos.
CANACO Monterrey realizó una encuesta sobre denuncia ciudadana, misma que respondieron 255 comerciantes mencionando que el cobro de piso es el principal delito que no se denuncia, y la razón más importante de ello es la falta de confianza en las autoridades, además de la corrupción.
Las cifras aquí presentadas no son aceptables, e instamos a las autoridades estatales y municipales que a nuevamente se establezcan metas de disminución y un plan de trabajo que nos permita observar una mejoría. Nuevamente hacemos un llamado a la Procuraduría, para mejorar sus capacidades de investigación, y su efectividad institucional. Un estudio realizado
por México Evalúa nos coloca como uno de los estados con más bajo número de consignaciones precisamente en el delito de Homicidio Doloso. Esta baja efectividad institucional abona al clima de impunidad en el estado y manda el mensaje equivocado a los delincuentes.
3. Violencia Familiar
Aunque el tema es ya una constante por su preocupante proliferación, no podemos quitar el dedo del renglón en Violencia Familiar. Año tras año la cifra va escalando, de 2010 a la fecha el aumento ha sido prácticamente del doble; sin embargo, comparando el primer trimestre del 2014 con el año anterior, el repunte es de 19.4%.
Tan sólo en los primeros tres meses del presente año, se han presentado ante las autoridades un promedio de 40 personas a denunciar este delito diariamente. Las cifras hablan por sí solas: es urgente tomar cartas en el asunto, pero como ya lo habíamos comentado en anteriores ocasiones, falta liderazgo, principalmente del estado para atacar el problema.
En el año 2013, Nuevo León fue el estado más beneficiado de la república al recibir un total de 135 millones 254 mil 872 pesos de parte de la Federación, en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, con la encomienda de usar estos fondos, entre otros, para atender la Violencia Familiar y de género. Este año se recibirán 136 millones 75 mil 184 pesos para este mismo programa. Sin embargo, hemos observado como los delitos sociofamiliares han ido a la alza.
¿Qué evaluación se está realizando de los programas estatales y municipales de prevención del delito y atención a víctimas con el fin de verificar su eficiencia, y que los recursos estén aprovechados y generen resultados concretos? Por el alza en los delitos sociofamiliares, tenemos la gran duda sobre la efectividad de la actuación de nuestras instituciones.
Adicionalmente, el Fondo Federal exige la instalación de una Comisión Interinstitucional para la Prevención Social, misma que estará integrada por 10 municipios metropolitanos a fin de actuar de manera conjunta todos los niveles de gobierno. Consideramos que tras un año de ejercer este recurso, es preciso conocer qué se hizo y qué se hará con el mismo para beneficiar a la ciudadanía. La información actual que publica el Estado y los municipios es insuficiente para conocer tanto los programas como sus alcances, y el impacto social que están teniendo. Sin evaluación objetiva, nos quedamos con la duda sobre el adecuado uso de estos fondos federales.
-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Estamos prácticamente en la recta final de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, y el mayor de los retos es hacer más eficiente el trabajo de las autoridades de punta a punta: tener policías capacitados, un ministerio público eficiente y con capacidad de investigación, que logre consignaciones, y jueces que realmente hagan justicia.
Según un estudio de México Evalúa que ejemplifica nuestros retos, Nuevo León es la décima entidad con menos agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, además de que ocupa el octavo sitio entre las entidades con menor efectividad en la resolución de investigaciones. Lo anterior genera un ambiente de alta impunidad que propicia que se sigan cometiendo delitos de alto impacto.
Lo que no se mide no se evalúa, y no se mejora. A Nuevo León le urge un sistema de indicadores que mida la eficiencia del sistema de seguridad e impartición de justicia, desde la buena labor policial, el desempeño del Ministerio Público, y la labor de los Jueces. La implementación de un nuevo sistema de justicia es la oportunidad perfecta para que se diseñe e implemente una medición del desempeño de sus actores, con el fin de recobrar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.