hoja de ruta colaborativa de inclusión y derechos humanos...

Hoja de Ruta Colaborativa de Inclusión y Derechos Humanos 2018Mujeres, LGBTI, Personas con Discapacidad y Jóvenes

Proyecto Derechos y Dignidad

Este documento es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID.) Los contenidos de este documento son responsabilidad exclusiva de Counterpart International y PartnersEl Salvador y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.

3

El Proyecto Derechos y Dignidad es una iniciativa implementada por Counterpart International, con el apoyo de PartnersEl Salvador y la Fundación para el Debido Proceso, gracias al financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Este esfuerzo tiene por propósito fortalecer los sistemas de derechos humanos en El Salvador, colaborando ampliamente con organizaciones de sociedad civil y con instituciones estatales.

Como parte de las apuestas estratégicas para el fortalecimiento de los derechos humanos en el país, el Proyecto previó la construcción participativa de una Hoja de Ruta Colaborativa de Inclusión y Derechos Humanos, a través de un proceso de diálogo facilitado por el equipo de PartnersEl Salvador, enfocado en las necesidades de cuatro grupos de población tradicionalmente marginados: Mujeres y jóvenes víctimas de la violencia social, personas con discapacidad (PCD), y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El propósito de esta Hoja de Ruta es convertirse en una agenda actualizada de prioridades orientada a fortalecer el respeto y la promoción de los derechos humanos de las poblaciones mencionadas y ha sido desarrollada y consensuada por representantes de organizaciones y líderes que trabajan con y para estos cuatro grupos de población a nivel nacional.

Para tales fines, se utilizaron metodologías de diálogo colaborativo y construcción de consensos. El Proyecto Derechos y Dignidad reunió las voces de más de 70 líderes de organizaciones reconocidas por su trabajo con los grupos de población priorizados. A lo largo de 6 meses, facilitó una serie de espacios intercambio de ideas, intereses y posiciones por grupo de población, que han dado como resultado la agenda con acciones priorizadas que resumimos y presentamos en este documento.

Consideramos esta Hoja de Ruta como un primer producto de un proceso dinámico y multidimensional, que pretende dar cuenta de los puntos de encuentro entre los actores

PRESENTACIÓN

4

PRESENTACIÓN

que participan en los diálogos. Hoy lo presentamos con el objetivo de sumar alianzas, compromisos y todos los esfuerzos que se necesiten de los distintos sectores de la sociedad salvadoreña y de la comunidad internacional para mejorar los sistemas de derechos humanos de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión en el país.

Como Proyecto, nos comprometemos a continuar apostando por los espacios inclusivos y de construcción participativa de consensos, incorporando voces y miradas de líderes históricos y emergentes, para la construcción de puentes que sirvan para avanzar hacia un El Salvador más tolerante, más justo y equitativo.

Mileydi GuilarteDirectoraProyecto Derechos y Dignidad

5

El Proyecto Derechos y Dignidad busca, a través de sus diferentes componentes, mejorar la situación de los derechos humanos de personas que han permanecido en condiciones históricas de vulneración de derechos y desprotección. De manera específica, se ha visto como prioritario enfocar los esfuerzos para apuntalar en la visibilización de las necesidades y el mejoramiento de la situación de los derechos de las mujeres y los jóvenes afectados de manera particular por el contexto de inseguridad que vive el país, y de los colectivos de personas LGBTI y personas con discapacidad.

En el caso del colectivo de mujeres es importante destacar que el documento de Hoja de Ruta pone un énfasis particular en las múltiples formas de victimización que están viviendo las mujeres en el contexto de inseguridad que se vive en el país.

Si bien, debe reconocerse que en el país ha habido avances importantes en beneficio de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad a la violencia: 1) Avances legislativos, como la ratificación de los convenios internacionales más importantes relativos a la discriminación y violencia contra la mujeres; y la entrada en vigencia de legislación especializada para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación1; 2) Avances institucionales, que han implicado el nombramiento del Instituto de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, como entre rector, el desarrollo de una Política Nacional de la Mujer, la creación de la Secretaría de Inclusión Social y la concreción de programas de atención como Ciudad Mujer, además de la instalación de unidades especializadas para atención a las mujeres en instituciones del sector justicia y seguridad; y 3) Avances jurisdiccionales, como el mandato de crear una jurisdicción especializada y la instalación de los primeros tribunales en la materia en el país. Es también importante reconocer que aún falta mucho por hacer para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, puesto que las cifras de violencia parecen no disminuir a pesar de los avances, que por momentos parecen más formales que reales.

1. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, LIE (2011); y Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, LEIV (2012).

ANTECEDENTES

6

Sólo durante el año 2017, según datos del Observatorio de Violencia de ORMUSA2 basándose en información del Instituto de Medicina Legal, se registró un feminicidio cada 19 horas en El Salvador. 468 mujeres perdieron la vida el año pasado, en su gran mayoría menores de 29 años. Y es bien sabido que, a la forma más extrema de violencia, el feminicidio, generalmente le han precedido múltiples tipos de violencia (física, psicológica y emocional, patrimonial, económica, sexual, simbólica), que se expresan en la vida de las mujeres como un continuum a lo largo de toda la vida y en los múltiples ámbitos en que se desenvuelven. A nivel de instituciones, falta mucho por hacer: avanzar en la transversalización del enfoque victimológico en la prestación de servicios a las mujeres que sufren cualquier tipo o modalidad de violencia; armonizar la legislación nacional ordinaria con la legislación especializada en materia de violencia contra la mujeres; conectar los servicios con las necesidades de las mujeres; trabajar con el funcionariado para promover un abordaje más humano y sensible a las particularidades de la violencia contra las mujeres en un contexto como el nuestro; reducir la impunidad y avanzar en la implementación de la legislación especializada; visibilizar las necesidades de protección de las mujeres en las políticas de seguridad; por mencionar algunos retos relevantes.

Sumado a lo anterior, el contexto de inseguridad y violencia que vive nuestro país coloca a las mujeres en una mayor condición de vulnerabilidad. Estudios recientes3 y documentación de casos por prensa nacional e internacional han evidenciado que las mujeres en El Salvador, especialmente aquellas que viven y transitan por territorios con altos índices de criminalidad, son víctimas del fuego cruzado entre actores estatales y no estatales, y están siendo victimizadas, perseguidas, violadas y explotadas con lujo de barbarie en estos territorios. Sin embargo, en la práctica, las políticas públicas de seguridad aun hacen un tratamiento tímido de la violencia que sufren las mujeres en el contexto actual, poco se hace

2. Observatorio de Violencia de Género contra la Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/3. Molina, N. No Peace, No Truce for Women in El Salvador, Violence Research and Development Project | Papers | No. 7, http://www.uni-bielefeld.de/icvr/publications.html, 2014; PartnersEl Salvador, El Continuum de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, 2017; y ORMUSA, El Salvador: La violencia de las maras y su impacto en la vida, la seguridad y las libertades de las mujeres, 2016..

ANTECEDENTES

7

ANTECEDENTES

para abordar las formas particulares en que la violencia se ensaña en la vida de las mujeres en medio de la pandemia de violencia que vive El Salvador. Así, esta Hoja de Ruta, si bien aporta prioridades amplias que responden a necesidades históricas de este colectivo, también hace eco de la necesidad de generar respuestas y protección a las formas de violencia que viven las mujeres en el contexto de inseguridad que vive El Salvador.

Respecto a la población LGBTI, también es importante reconocer que, sobre todo en la última década, el estado salvadoreño ha avanzado al generar mecanismos institucionales y legales que abonan a la protección de los derechos de la población LGBTI. Entre los avances más significativos se destacan: 1) La entrada en vigor en 2010 del Decreto 56, que prohíbe expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y/o identidad de género en cualquier instancia del poder ejecutivo; 2) La creación también en 2010 de la Dirección de Diversidad, dentro de la Secretaría de Inclusión Social, que ha impulsado el cumplimiento del Decreto 56 y ha generado importantes iniciativas como la creación del “Índice Institucional LGTBI”, cuyo primer reporte se dio a finales de 2017 (midió a 21 instituciones en ítems relacionados con el referido Decreto 56); 3) El aumento de penas relativas a crímenes de odio (homicidios y amenazas), mediante las reformas de los artículos 1294 y 1555 del Código Penal vigente en El Salvador; 4) La inclusión de protección de las mujeres sin importar su identidad de género en la legislación especializada en materia de violencia contra las mujeres; y 5) La creación de políticas sin precedentes en materia de protección a la población LGBTI, como reciente aprobación de la “Política del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la Atención de la Población LGBTI”, a principios de 2018.

No obstante, aún falta mucho por hacer para que en El Salvador se reduzca la violencia y discriminación contra la población LGBTI, aún se debe insistir en generar las condiciones

4. El artículo 129 se refiere al homicidio agravado y la reforma incluyó la agravante “cuando fuere motivado por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual” (Art. 129, numeral 11).5. El artículo 155 se refiere a la agravante del delito de amenazas y la reforma incluyó la agravante “si las amenazas fueren motivadas por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual” (Art. 155, numeral 5).

8

para que los avances conseguidos a nivel formal tengan un efecto significativo en la vida de la población, tanto a nivel de instituciones como en la sociedad en general. Es difícil precisar con exactitud la cantidad de crímenes de odio y actos de discriminación que padece la población LGBTI año con año, puesto que existe un amplio subregistro y una carencia de un sistema de información integrado de estos hechos. No obstante, un reporte reciente de la Relatora Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales y Arbitrarias, después de su visita a país en febrero de 2018, señalaba que organizaciones de sociedad civil han documento, en la última década, al menos 700 crimines de odio en el país (entre ellos, al menos 135 homicidios), casos que quedan en total impunidad6.

Especial preocupación merece la situación de vulnerabilidad de personas trans y defensoras en el país, quienes sufren con mayor frecuencia violencia extrema e incluso privación del derecho a la vida. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el asesinato de Francela Méndez, mujer trans defensora de los derechos de la población LGBTI7, en esa oportunidad la Comisión instó al gobierno de El Salvador a tomar medidas urgentes y adicionales para combatir la violencia y discriminación en contra de la población LGBTI . No obstante, a la fecha subsisten retos importantes como: 1) La ausencia de legislación especializada para proteger los derechos de la población LGBTI (entre los que destaca la falta de apoyo que ha tenido la propuesta de Ley de Identidad de Género, que se encuentra ya en la Asamblea Legislativa para estudio y esperando aprobación; así como la ausencia de marcos normativos antidiscriminación y para protección de defensores de derechos humanos)8; 2) El alto nivel de impunidad que, en el caso de los crímenes de odio, llega a ser de la totalidad de los casos; y la falta de implementación de las reformas alcanzadas en la legislación penal, puesto que a la fecha no se registran antecedentes de la aplicación de dichas reformas penales; y 3) La falta de confianza de la población LGBTI en

6. El Salvador End of Mission Statement, Agnes Callamard, United Nations Special Rapporteur for Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, 5 February 20187. Ver: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/063.asp8. Human Rights Fist, Violencia Motivada por Prejuicio Contra las Personas LGBT en El Salvador, 2016.

ANTECEDENTES

9

las instituciones que deberían recibir denuncias relativas a hechos en su contra, que como señaló la relatora Callamard recientemente es “debido al abuso y discriminación sistemáticos contra este grupo en la sociedad salvadoreña (incluyendo funcionarios públicos) que inhibe a las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”9; entre otras problemáticas graves asociadas con la falta de acceso a servicios de toda índole libres de estigma y discriminación.

Es importante destacar que, como se refirió en el caso de las mujeres, la población LGBTI también se ve particularmente victimizada en el contexto de inseguridad que vive El Salvador, donde viven múltiples violaciones de derechos humanos, tanto por parte de actores estatales como no estatales. Estudios recientes, y el mismo reporte de la Relatora Callamard, han señalado el gran número de casos de desplazamiento forzado por violencia que sufre la población LGBTI, en especial las personas trans, que optan en muchos casos por buscar refugio en países como México huyendo de la violencia que viven en el país10 (sin quedar exentos de más vulneraciones de derechos, tanto en el destino y el tránsito, como en una posible deportación).

Para el caso de las personas con discapacidad, también las organizaciones dan cuenta de algunos avances para la protección de este grupo de población: 1) La ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo en el año 2007 (retirando cualquier reserva en el año 2015); 2) La vigencia de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad desde el año 2000, que si bien está superada por los principios de la referida Convención, contiene un conjunto de mínimos que buscan abonar al disfrute de los derechos de la población con discapacidad en el país; 3) La existencia desde 1993 del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), ente Rector de la Política Nacional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con discapacidad; y del Instituto Salvadoreño de

9. Vid Nota 6.10. Ver: http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/poblacion-lgbti-en-mexico-y-centroamerica/

ANTECEDENTES

10

Rehabilitación Integral, que aglutina una serie de centros de atención integral para esta población; 4) Lanzamiento de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad en mayo de 2017; y 5) Instalación y funcionamiento de la Mesa de Personas con Discapacidad dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH. No obstante, más allá de los avances formales, para las personas con discapacidad subsisten retos históricos importantes para garantizar el disfrute de sus derechos. La falta de abordaje integral de parte de las instituciones que prestan servicios básicos, sobre todo para el disfrute del derecho a la salud, la educación y el trabajo.

Sin bien existe en el país una falta persistente de sistemas de información que den cuenta de las realidades de los distintos grupos poblacionales, en el caso de las personas con discapacidad esta deficiencia es determinante para dar una respuesta integral y para visibilizar la prevalencia de la discapacidad en la población salvadoreña. Para citar información reciente, la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2015 arrojó un estimado de 410,798 personas con discapacidad en El Salvador, resultando en una prevalencia de 6.4 por ciento en el total de la población (54% mujeres, 46% hombres). El 80 por ciento de la población con discapacidad se encuentra entre los 25 y 64 años11. Al analizar los indicadores educativos que recoge la referida encuesta, se estima que el 31% de las personas mayores de 65 años nunca han asistido a la escuela, condición que se agravaba en el área rural donde el 42% de las personas con discapacidad mayores de 65 años nunca ha asistido. En general, el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad es muy bajo, llegando escasamente a un promedio de 4.1 años (5.1 urbano; 2.3 rural) con una tasa de analfabetismo de 34.6%, que afecta mayoritariamente a las mujeres.

En términos de salud, la encuesta estima que la gran mayoría de las personas con

11. Informe de la primera “Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad”, desarrollada en 2015 y publicada por CONAIPD en mayo de 2016.

ANTECEDENTES

11

discapacidad debe avocarse al sistema público de salud (59%) o al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (20%), con las deficiencias que eso puede implicar para una atención integral. Finalmente, en materia de empleo, la encuesta estima que sólo el 29.5% de la población con discapacidad trabaja (58% hombres y 42% mujeres), presentando una brecha de género de 15.4% que desfavorece a las mujeres. Al ver el sector en que se encuentran ocupadas las personas con discapacidad hay claramente una división sexual el trabajo, donde las mujeres son mayoría en trabajos precarios (61% de la categoría de familiar no remunerado y 95% de la categoría de trabajo doméstico). En suma, los indicadores de educación, salud y empleo que resume esta encuesta dan cuenta de las múltiples barreras que impone el contexto a las personas con discapacidad para el acceso a una vida plena. Hoy por hoy, la ratificación de una Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, proyecto de ley que se encuentra esperando ser aprobado en la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa desde diciembre de 2015, es una de las principales necesidades para contar con un marco legal que proteja de manera integral a este grupo de población.

Finalmente, respecto al grupo poblacional jóvenes, es importante destacar que también se han registrado avances respecto a la protección de la juventud en El Salvador: 1) La aprobación de la Ley General de Juventud en 2012, cuyo objetivo es promover la plena protección y el desarrollo integral de la persona joven; 2) La creación, por mandato de la ley anterior, del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE; 3) El Desarrollo de la Política Nacional de la Juventud; y 4) La instalación del Consejo Nacional de la Persona Joven, CONAPEJ, como el ente encargado de “proponer, evaluar, promover y hacer contraloría social sobre las políticas públicas del Instituto Nacional de Juventud”.

No obstante, aun cuando la población joven dispone de instrumentos legales e institucionales en su favor, los retos que enfrentan las personas jóvenes para su pleno desarrollo en el país son de gran envergadura. En particular, las altas tasas de desempleo y empleo precario, que

ANTECEDENTES

12

afectan principalmente a este grupo de población, es una de las problemáticas más sentidas por este colectivo; que sobrevive en una lógica de mercado laboral que no les brinda las oportunidades para insertarse de manera productiva a la vida del país. Sumado a lo anterior, prevalece en la sociedad salvadoreña una profunda estigmatización de la persona joven, sobre todo aquellas que viven y transitan por lugares con altos niveles de criminalidad. Estigma que permea las instituciones de gobierno, resultando en la carencia de un abordaje integral de este grupo de población.

En el referido informe de la Relatora Callamard, se señala con preocupación el aumento de las detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes en el contexto de inseguridad que se vive en el país, así como indicios de presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad; mientras, del otro lado, persiste la preocupación por las prácticas de reclutamiento forzado que ejercen las pandillas a nivel local.

Según datos del Instituto de Medicina Legal, casi el 50 por ciento de las muertes violentas que se registraron en 2017 fue de una persona entre 15 y 29 años, mientras cerca del 43 por ciento de la población penitenciaria en el país puede considerarse como persona joven. Si consideramos que la juventud es y será un grupo poblacional importante en El Salvador durante las próximas décadas, urge tomar medidas para reducir la cantidad de muertes violentas de jóvenes, así como su participación -como víctimas o victimarios- en las espirales de violencia que vive nuestro país. De otra manera, será la población joven la que siga alimentando las cifras más negras de la realidad nacional.

En suma, las marchas y contramarchas, avances y retos, en la atención y protección de estos cuatro colectivos, que representan porciones importantes de la sociedad salvadoreña, justifican dar una mirada fresca a sus necesidades y poner sobre la mesa sus prioridades para avanzar hacia la reivindicación de sus derechos. Esta hoja de ruta está construida desde la mirada que actores de sociedad civil, que hasta el momento han sido motores

ANTECEDENTES

13

importantes detrás de los avances que se han dado para transformar al Estado y el abordaje que como sociedad hacemos de las personas en mayores condiciones de exclusión, y refleja en orden de prioridad los cambios que deben realizarse para garantizar de mejor manera los derechos humanos para estas poblaciones.

A continuación, se da un detalle de los pasos que se siguieron para construir esta Hoja de Ruta, así como el detalle de acciones necesarias priorizadas que las organizaciones consensuaron para mejorar la realidad de los grupos que representan.

ANTECEDENTES

14

CONCEPTOS CLAVE

Esta sección resume los principales conceptos abordados a lo largo del presente documento, pero no pretendemos que estas sean definiciones comprensivas o finales, su propósito es más bien dar una pauta de qué se entiende por estos conceptos en el contexto de los diálogos del proyecto “Derechos y Dignidad”.

Hoja de Ruta Colaborativa de Inclusión y Derechos HumanosSistematización y consolidación pública de los Puntos de Acción Temáticos (PAT) priorizados por representantes de distintos grupos de interés, para el mejoramiento de los Sistemas de Derechos Humanos en El Salvador. La Hoja de Ruta será un documento flexible y vivo, que podrá revisarse y ampliarse, ateniendo a los cambios en el contexto y las necesidades de las organizaciones participantes y las poblaciones de interés. . La Hoja de Ruta Colaborativa busca:

• Servir como un mínimo común denominador, o primer nivel de consenso, entre representantes de los cuatro grupos de población con respecto a las prioridades de corto y mediano plazo para fortalecer los Sistemas de Derechos Humanos en El Salvador.

• Constituir una guía adicional para las acciones de incidencia de las organizaciones y líderes participantes en el proceso de diálogo. No busca substituir las agendas colectivas o individuales de las organizaciones participantes, sino servir como insumo adicional de las mismas.

• Contribuir a fortalecer las relaciones y puentes de comunicación y colaboración entre las organizaciones participantes al ser el resultado de un proceso colectivo de reflexión, priorización y construcción de acuerdos.

15

CONCEPTOS CLAVE

Plataforma de Derechos Humanos Base social organizativa (conjunto de actores gubernamentales y no gubernamentales, relaciones y alianzas formalizadas) que sirve de soporte para la construcción, seguimiento y/o implementación de una Hoja de Ruta Colaborativa en materia de Inclusión y Derechos Humanos. Al igual que la Hoja de Ruta Colaborativa, no busca substituir redes formales o informales de diálogo y articulación existentes, sino potenciarlas y fortalecerlas.

Puntos de Acción Temáticos Acciones priorizadas por representantes de los distintos grupos de población (mujeres, LGBTI, personas con discapacidad y jóvenes) integrados en la Plataforma de Derechos Humanos. Dichas acciones priorizadas constituyen una agenda común para el mejoramiento de los Sistemas de Derechos Humanos en beneficio de los grupos de población integrados en la Hoja de Ruta Colaborativa.

DiálogosEspacios y procesos semi-estructurados de reflexión y discusión colectiva, cuyo objetivo es identificar y acordar las acciones prioritarias de corto y mediano plazo para integrar la Hoja de Ruta Colaborativa. Estos espacios y procesos tienen por objetivos: identificar intereses compartidos y generar opciones que puedan transformarse en propuestas de acción consensuadas. En este sentido, utilizan una serie de técnicas específicas para estructurar las reflexiones y discusiones en grupo, tales como el Café Ciudadano carrusel estructurado, entre otras.

Consenso Mecanismo de toma de decisiones mediante el cual se busca satisfacer las necesidades y responder a las preocupaciones de las personas participantes en el proceso. El consenso se alcanza cuando todas las personas participantes pueden “vivir con la propuesta” sobre la cual se está decidiendo, incluso si dicha propuesta no representa la integralidad de su agenda inicial.

16

La Hoja de Ruta Colaborativa de Inclusión y Derechos Humanos es el producto de una serie sesiones grupales de diálogo y entrevistas bilaterales, desarrolladas con la participación de 74 líderes y personas expertas de 48 organizaciones de sociedad civil (10 de mujeres, 12 LGBTI, 12 PCD, 14 Jóvenes) a lo largo de al menos seis meses de trabajo.

El diseño e implementación de la estrategia de diálogo del Proyecto Derechos y Dignidad es responsabilidad de PartnersEl Salvador, como socio implementador, y suma la experiencia de años de trabajo en la promoción del diálogo y procesos para la construcción de acuerdos colaborativos entre diferentes grupos. En esta oportunidad, el diálogo es una estrategia para mejorar las posibilidades de una transformación de los sistemas de derechos humanos en El Salvador.

El proceso de diálogo del Proyecto Derechos y Dignidad, que incluye la construcción de la Hoja de Ruta, puede resumirse en los siguientes pasos:

LA VÍA DEL DIÁLOGO PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Mapeo de Actores

Diálogos por población

Diálogos multiactor

Entrevistas semiestructuradas

Presentación de resultados

Diálogo deamplio alcance

Actualización yampliación deHoja de Ruta

Validación y priorización de

PATs

Monitoreo de PATs implementados

17

1. Mapeo de actores:El paso inicial para el desarrollo del proceso de diálogo que condujo a la construcción de la Hoja de Ruta fue la elaboración de un mapeo de actores que permitió identificar: 1) Los actores de sociedad civil y las entidades estatales relevantes para el abordaje de los grupos de interés; y 2) La existencia y características de las redes existentes y la frecuencia y calidad de las interacciones entre los actores identificados.

2. Entrevistas semiestructuradas:Durante todo el proceso de construcción de Hoja de Ruta (en la fase de mapeo y de diálogos sectoriales) se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas con los siguientes objetivos: 1) Profundizar el entendimiento de la realidad de los grupos de población con distintos actores (líderes de sociedad civil y funcionarios de instituciones estatales); y 2) Conocerles e incorporarles en la Plataforma articulada por el Proyecto.

3. Diálogos por población:Utilizando distintas técnicas para la promoción de espacios de confianza que favorezcan el diálogo colaborativo (café ciudadano, carrusel estructurado, lluvias de ideas -utilizando recursos lúdicos- en pequeños grupos, entre otras), el equipo de diálogo del Proyecto diseñó y facilitó cada una de las sesiones de intercambio por grupo de población con el propósito de que, a partir de una serie de problemáticas que afectan a cada población planteadas al principio del proceso, se definieran los Puntos de Acción Temáticos para mejoramiento de la situación de derechos humanos de su población meta. Es importante destacar que, para efectos de sistematización del proceso, fueron propuestos y validados por las personas participantes seis dominios principales, o categorías de transformación de la realidad, que sirvieron para estructurar esta Hoja de Ruta: 1) Leyes y políticas; 2) Acceso a la justicia; 3) Cambios culturales; 4) Investigación; 5) Incidencia y participación; y 6) Fortalecimiento de sociedad civil.


18

4. Validación y priorización de Puntos de Acción Temáticos:Posterior a las sesiones iniciales que sirvieron para identificar Puntos de Acción Temáticos para cada grupo y en cada una de las categorías mencionadas, el Proyecto facilitó una serie de sesiones de validación por consenso, entendido como el proceso de toma de decisiones que mejor ajusta para los intereses del colectivo, y una priorización de las acciones identificadas. Al final de este proceso, cada grupo concluyó con un conjunto de Puntos de Acción Temáticos priorizados por dominio, que se constituyen en un horizonte de corto y mediano plazo para mejorar la situación de los grupos de interés. En la sección que detalla los resultados de este proceso se destacan las acciones priorizadas, y ademásse incluyan todas las acciones identificadas por las personas participantes.

5. Presentación de resultados: Terminado el proceso de construcción de esta Hoja de Ruta, tanto las organizaciones participantes, como quienes hemos facilitado el proceso de diálogo, consideramos de vital importancia difundir estos puntos de consenso prioritarios para los grupos de población. La idea de esta difusión es que, aparte de los apoyos que puedan ser canalizados por el Proyecto mismo, los agendas que contiene esta Hoja de Ruta catalicen dinámicas de colaboración que permitan sumar apoyos de distintos sectores de la sociedad salvadoreña para su implementación.

6. Diálogos Multiactor:A partir de los resultados de los diálogos por grupo de población, el Proyecto Derechos y Dignidad ha empezado a servir de puente entre los distintos actores, para coadyuvar a la consecución de alianzas y acuerdos que den mayores posibilidades de implementación a la Hoja de Ruta. Abrir, fortalecer y potenciar espacios colaborativos entre actores de


19

sociedad civil e instituciones de Estado, para generar cambios significativos y duraderos, es uno de los principales valores de esta Hoja de Ruta.

7. Monitoreo de Puntos de Acción Temáticos implementados:Para dar cuenta de los avances en la agenda de derechos humanos de los grupos de población que construyeron esta Hoja de Ruta, el Proyecto Derechos y Dignidad tiene previsto el monitoreo y documentación periódica de los avances que se vayan dando en la implementación los Puntos de Acción Temáticos, documentando los resultados que se vayan teniendo en esta dirección.

8. Diálogos de amplio alcance: Como estrategia de transformación de los paradigmas en los que se sustentan la violencia y discriminación respecto a las mujeres y los jóvenes afectados por la violencia social, la población LGBTI y las personas con discapacidad, el Proyecto abrirá espacios de intercambio de ideas con distintas audiencias y segmentos de la población, con la idea de promover el diálogo constructivo, que abone a la sensibilización para un trato humano, sin importar ninguna condición, en la sociedad salvadoreña.

9. Actualización y ampliación de la Hoja de Ruta:El Proyecto Derechos y Dignidad considera esta Hoja de Ruta como un documento vivo, que debe ser actualizado y ampliado según convenga para mantener actualizadas las necesidades de los grupos de población para los cuales ha sido desarrollada. En este sentido, desde el Proyecto se realizarán esfuerzos para actualizar esta mirada temporalmente y a nivel territorial, ingresando al menos 16 capítulos municipales, que


20

serán resultado de procesos de diálogo que se llevarán a cabo en igual número localidades en las distintas regiones de nuestro país.

Queremos cerrar este capítulo metodológico acotando dos enfoques transversales para el desarrollo de las acciones en materia de diálogo y construcción de consensos:

1. Fortalecimiento de espacio democrático:El proyecto Derechos y Dignidad tiene como eje de trabajo el fortalecimiento del espacio democrático en El Salvador, con todo lo que implica reconocer y potenciar a los actores y dinámicas existentes. Por tanto, este trabajo parte de reconocer que existen en la sociedad salvadoreña actores (de sociedad civil y gobierno) que ya están haciendo esfuerzos importantes para mejorar la situación de derechos humanos e inclusión de estos cuatro grupos; además, de que existen distintos espacios y niveles de coordinación (estatales y no estatales) que dinamizan cambios dentro y fuera del Estado. En este sentido, nuestro Proyecto busca apoyar actores y espacios de coordinación con potencial para transformar la realidad que afecta a los grupos de interés.

2. Interseccionalidad, igualdad de género e inclusión social:Trabajar con grupos en condiciones específicas de vulneración de derechos implica el compromiso de tomar todas las medidas tendientes a: 1) No perpetuar su condición de vulnerabilidad y 2) Realizar todos los esfuerzos posibles para promover su participación efectiva en la sociedad y el disfrute pleno de sus derechos. En este sentido, el proyecto Derechos y Dignidad recoge como principios de actuación: la necesidad de entender y abordar las vulneraciones de derechos y la exclusión desde la interseccionalidad; y la igualdad de género e inclusión social como imperativos para un El Salvador más justo, tolerante y equitativo.


PUNTOS DE ACCIÓN TEMÁTICOS

22

A continuación, se presentan los Puntos de Acción Temáticos consensuados y priorizados por un grupo de representantes de sociedad civil que trabaja por los derechos de las mujeres. El grupo de organizaciones que construyó estas prioridades representa organizaciones con mucha trayectoria y que trabajan en distintas redes de trabajo para la visibilización de las problemáticas diversas que impiden a las mujeres el pleno disfrute de sus derechos. Las prioridades que se verán a continuación dan cuenta de los avances alcanzados, en gran medida gracias al movimiento de mujeres en el país, y también hacen un llamado de atención hacia la necesidad de dar un paso más allá, de los avances formales y legales hacia la implementación de los mecanismos especiales de protección que ya ha se encuentran adelantados. Además, se hace un énfasis particular en la necesidad de visibilizar cómo el contexto de inseguridad y violencia que vive nuestro país afecta de manera particular a las mujeres, quienes pasan en muchos casos invisibles en las narrativas y abordajes de los temas de seguridad pública en el país. Las necesidades de cambio institucional van acompañadas de necesidades de gestión de conocimiento y fortalecimiento de sociedad civil para continuar avanzando en la ruta de transformación del Estado que se ha venido desarrollando de manera histórica en el país.

MUJERES

23

MUJERES / LEYES

Promover de forma incluyente la sensibilización para la aplicación de la legislación especializada y otros cuerpos normativos clave: Promover la sensibilización incluyente del funcionariado a través de la divulgación y aplicación de las leyes especializadas que protegen a las mujeres (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, LEIV; y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, LIE) y de otros cuerpos legales, nacionales e internacionales (Belem do Para, CEDAW, Convención de los derechos de las personas con discapacidad), que jueces y juezas, otros operadores del sector de justicia y demás funcionariado de instituciones clave (como MINSAL y MINED) desconocen y/o no aplican.

2.1 Desarrollar un análisis de la intervención basada en estándares de derechos humanos desde instituciones policiales y fiscales.

1

2

Promover conocimiento/aplicación de artículo 47 de la LEIV y el artículo 2 literal C de la Convención Belem Do Para: Promover el conocimiento/aplicación de la sanción que contiene la LEIV por “obstaculización de la justicia” (Art. 47. Obstaculización al Acceso a la Justicia. Quien en el ejercicio de una función pública propiciare, promoviere o tolerare, la impunidad u obstaculizare la investigación, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta ley, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación para la función pública que desempeña por el mismo plazo); y del Literal C) artículo segundo Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para” (“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: (…) c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.)

a. Promover el litigio estratégico, con un equipo de querellantes, para judicializar casos en contra de funcionarios por “obstaculización de justicia”.

24

MUJERES / LEYES

2.2 Desarrollar procesos formativos de nuevos criterios de aplicación de leyes de segunda generación.

2.3 Promover la divulgación amigable de textos legales con publicaciones dirigidas y adaptadas para diversas audiencias

Promover la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW

Desarrollar un análisis-propuesta para armonizar la legislación nacional ordinaria con legislación nacional especializada y la normativa internacional: Instalación de una mesa de dialogo intersectorial, con participación ciudadana, para generar propuestas enfocadas en armonizar la legislación (la Ley VIF, la LEIV, la LIE, el Código de Familia, etc.) y garantizar la aplicación y prevalencia de aquellas disposiciones que hagan más justicia a las formas específicas de violencia contra la mujer (VCM).

4.1 Desarrollar un análisis de sentencias para identificar y visibilizar los criterios sexistas que se aplican para justificar y favorecer la impunidad en casos de VCM.

4.2 Identificar propuestas para mejorar aplicación y eficacia de intervenciones judiciales en materia de familia y penal (incluyendo justicia penitenciaria)

Ley de Víctimas: Apoyo a propuesta sobre Ley Integral de Atención a Víctimas que se está impulsando desde la Mesa de Atención a Víctimas que lidera en MJSP.

3

4

5

25

5.1. Asegurar que la referida ley incluya el énfasis en reparación integral para víctimas de violencia de género y violencia contra las mujeres.

Régimen sancionatorio: Promover la reforma y armonización del régimen sancionatorio para servidores públicos existente (Ley de Servicio Civil, Ley de Ética Gubernamental) con los estándares de la legislación especializada en materia de VCM para asegurar la aplicación efectiva de sanciones por incumplimiento (incluyendo sanciones pecuniarias); o potenciar por otras vías el derecho disciplinario para que se incorporen estándares dirigidos a la protección de los derechos esenciales de las mujeres.

6.1 Desarrollar un plan de incidencia y contraloría para asegurar que este régimen sancionatorio se implemente

6.2. Revisar la discusión existente sobre la “Ley de Función Pública” para incorporar estándares dirigidos a la protección de los derechos esenciales de las mujeres.

Armonización: Dar seguimiento a los esfuerzos para armonizar la aplicación de la legislación ordinaria (penal, familia, laboral) respecto a los estándares establecidos en la legislación especializada para las mujeres, LEIV y LIE, como marcos de intervención desde un enfoque de derechos humanos e igualdad.

6

7

MUJERES / LEYES

26

Sector educativo: Promover el cumplimiento de políticas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres (VCM) al interior de todas las instituciones educativas.

1.1 Fortalecimiento de la Unidad de Género institucional y del departamento de educación superior del MINED

1.2 Promover la implementación de los avances curriculares que ya tiene el MINED en materia de transversalización del enfoque de género e inclusión y de la educación integral para la sexualidad.

1.3 Incluir dentro de la curriculas de formación profesional de pregrado y posgrado materias de derecho antidiscriminatorio, en vista de que aún no hay cambios en el currículo nacional como lo ordena la LEIV y LIE.

1.4 Trabajar con el sector educativo desde la educación inicial–Ministerio de Educación–, para reforzar la creación de un entorno educativo protector, especialmente en municipios de alta peligrosidad para niños, niñas y adolescentes.

Evaluación de respuesta estatal: Evaluar la respuesta del Estado en materia de mecanismos de protección integral para mujeres que sufren todo tipo de violencia en el contexto de inseguridad en el país, incluyendo la asignación presupuestaria para los mecanismos de atención y protección de víctimas.

2.1. Promover medidas tendientes a la protección de la victimas respecto a su agresor (trabajo con la población carcelaria o uso de medidas como brazaletes para agresores mientras duren medidas de protección)

1

2

MUJERES / POLÍTICAS

27

Protocolos de atención para víctimas de inseguridad y violencia: Promover la revisión y ajuste y/o creación y aplicación de protocolos de atención especializada para que las mujeres en situación de violencia (víctimas y defensoras), sobre todo las que provienen de áreas rurales (para que exista un trato diferenciado de acuerdo a las necesidades de las víctimas), no tengan que padecer la burocracia de las instituciones; y para que se atienda a las especiales necesidades de protección que genera el contexto de inseguridad del país.

3.1 Elaborar un diagnóstico de los servicios públicos y privados de atención a víctimas.

3.2 Creación ”protocolos” o “guías” para el abordaje de víctimas en condición de desplazamiento forzado asociado a pandillas y trata de personas.

3.3 Creación de “protocolos” o “guías” para intervención territorial de policías, militares y vigilancia privada e institucional, que incluya el conocimiento de las prohibiciones y sanciones por hechos de VCM; así como mecanismos expeditos de vigilancia y monitoreo de aplicación de los mismos

Fortalecimiento de unidades de atención especializada: Fortalecimiento de Unidades de Atención especializada al interior de las instituciones clave para la protección de los derechos de las mujeres (UNIMUJER, ODAC, Unidades de atención de la mujer de la PGR, jurisdicción especializada, OLAV).

4.1 Actualización de mapeo de recursos de estas unidades especializadas

4.2 Monitoreo, formación y equipamiento de unidades especializadas

3

4


28

Protección de defensoras: Crear mecanismos locales y de pronta respuesta, para proteger de manera especial a las defensoras populares que trabajan en comunidades con altos índices de violencia y criminalidad. Sensibilizar al funcionariado del sector de justica y seguridad sobre la importancia de reconocer y dar protección a las defensoras comunitarias.

5.1 Activar un sistema de alerta temprana de riesgo de violencia

5.2 Fortalecimiento/creación de redes nacionales, y territoriales, de defensoras y desarrollo de un proceso de fortalecimiento de capacidades que les provea de herramientas para su labor (por ejemplo, en materia de seguridad y auto-cuido)

5.3 Promover la contraloría de la respuesta policial

Trabajo con policía y otros: Trabajar con la PNC y otras unidades territoriales (UNIMUJER, ODAC y OLAVs), que son instancias cercanas a nivel territorial, sensibilizando para la no culpabilización de víctimas y defensoras a nivel comunitario.

6.1 Promover/mejorar mecanismos de coordinación interinstitucional de las instancias que operan a nivel territorial y generar un proceso de fortalecimiento de capacidades

6.2 Promover la vigilancia de la respuesta policial.

6.3 Trabajo con mujeres policías para convertirlas en aliadas en la lucha contra la VCM, además de generar estrategias para protegerlas de la violencia fuera y dentro de la corporación policial

Políticas municipales: a) Apoyo a la revisión y ajuste y/o creación e implementación de políticas municipales de género; y b) creación y/o fortalecimiento de unidades de la mujer de las alcaldías.

5

6

7


29

7.1 Revisión y fortalecimiento de planes trianuales de prevención de la violencia. (Plan Municipal para la Prevención y atención de la VCM)

7. 2 Fortalecimiento de capacidades de las responsables de las unidades municipales de la mujer

Políticas de auto-cuido y seguridad: Promover políticas de autocuidado y seguridad para personal de las instituciones que atienden mujeres en situación de violencia (cómo se cuida al personal de que no sea lastimado), que incluya la identificación de riesgos para funcionaria/os (desde la estructura del trabajo mismo, hasta los entornos o ambientes donde se desempeñan).

Tomadoras de decisión: Trabajar con la formación/sensibilización de una plataforma de funcionarias mujeres clave en puestos de decisión, para que se conviertan en aliadas estratégicas en la transformación de las instituciones en favor de las mujeres y en las que visibilicen las problemáticas de VCM.

9.1 Coordinar procesos de sensibilización y construcción de una agenda de consenso entre funcionarias electas/designadas para el próximo período y el movimiento de mujeres con ASPARLEXSAL Y Andrysas

9.2 Articular una plataforma del gabinete de mujeres en el ejecutivo

9.3 Explorar otros nichos de intervención con aliadas en los procesos de toma de decisión (CONAIPD, por ejemplo)

9.4 Promover con estas aliadas el tema de transparencia y rendición de cuentas

8

9


30

ISDEMU: Fortalecimiento del ISDEMU como ente rector de las políticas y leyes especializadas.

10.1 Empoderamiento de liderazgos de los Consejos Consultivos a nivel territorial para promover mayor vigilancia y contraloría ciudadana (monitoreo, informes, denuncias, solicitud de información)

10.2 Fortalecer el trabajo del ente rector con los gobiernos locales para la elaboración de planes trianuales de prevención de violencia y las unidades de la mujer

10.3 Difundir el mandato del ISDEMU, para promover contraloría al respecto

10.4 Revisión y fortalecimiento del sistema de resguardo y protección a víctimas de violencia.

Sensibilización de cuerpos de seguridad: Desarrollo de ”protocolos” o “guías” para intervención territorial de policías, CAM, militares y vigilancia privada e institucional; y procesos de sensibilización para prevención del acoso sexual callejero por parte de las fuerzas de seguridad (cuya presencia ha aumentado en las calles, generando prácticas de acoso que se supone deben ayudar a combatir).

Fortalecer la coordinación interinstitucional nacional y local, en el seno de los CMPV de los municipios seleccionados, en materia de atención a víctimas.

Fortalecimiento de capacidades técnicas y personales de los equipos que atiendan víctimas. Promover contraloría ciudadana y mecanismos de transparencia dentro de las instituciones relativa a la contratación y evaluación de desempeño de funcionariado. Además, de promover que los criterios de ingreso a la administración pública se basen los principios de mérito y capacidad, legalidad y no discriminación.

10

11

12

13


31

Fortalecer políticas existentes: Actualizar y promover la divulgación y aplicación de las políticas existentes en materia de VCM.

14.1 Desarrollar análisis y propuestas de transversalización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en las políticas de seguridad.

14


32

Debido proceso y acceso a la justicia para las víctimas: Generar propuestas concretas para el respeto al debido proceso y mejora en las condiciones de acceso a la justicia para las víctimas de VCM. Desarrollar acciones encaminadas a reducir la impunidad y garantizar la aplicación del enfoque de reparación integral y transformadora y la no repetición.

1.1 Garantizar apoyos (legales, materiales y psicosociales) a las víctimas de acuerdo con sus necesidades y aplicando un enfoque diferencial para participar en procesos judiciales (cuando así lo deseen)1.2 Generar medidas tendientes a garantizar a las víctimas el resarcimiento y reparación integral (moral, económica) y la no repetición.

Régimen de protección a víctimas y testigos de VCM, con énfasis en contextos de alta peligrosidad: Realizar una revisión y propuesta de mejora sustantiva del actual régimen de protección a víctimas y testigos (en todas sus fases), para que incluya el abordaje de las necesidades específicas de mujeres en situación de exclusión, contextos de alta peligrosidad, trata y desplazamiento forzado por violencia.

2.1 Incluir en las políticas de intervención con las victimas a las víctimas de contexto de alta peligrosidad.

2.2 Dar énfasis a la protección de la seguridad de las víctimas en casos de vulnerabilidad por vinculación de los hechos victimizantes con miembros de corporaciones armadas violentas. Poner atención a la provisión de albergues para mujeres en condiciones de riesgo grave, asegurar el abordaje particular de cada tipo de mujer sujeta de protección (por ejemplo, separar testigos criteriados de víctimas de violencia)

1

2

MUJERES / ACCESO A LA JUSTICIA

33

2.3 Generar una respuesta integral, que no se agote en la situación de emergencia y los momentos procesales, sino que tienda a dar una serie de servicios y apoyos psicosociales tendientes a que la víctima recupere su vida y cotidianeidad.

2.4 Confianza en las instituciones y cultura de denuncia: Fortalecimiento de la confianza en las instituciones y fomento de cultura de denuncia; de la mano con el fortalecimiento de medidas de protección para mujeres en condiciones específicas de vulnerabilidad (por ejemplo, en casos vinculados con pandillas).

Aplicación de la legislación especializada: Reforzar el conocimiento y aplicación de la legislación especializada dentro de las instancias operadoras del sector justicia, con involucramiento de UTE, el Consejo Nacional de la Judicatura y de las escuelas de capacitación del sector, para que se reduzca la impunidad a través de la imposición de penas a los agresores (condenas que puedan mandar un mensaje, función ejemplificadora).

3.1 Promover la utilización de la figura de feminicidio (en la fase de investigación, en la tipificación del delito, en la fase de juzgamiento). Dar seguimiento a la revisión de hoja de registro único de muertes violentas, que incluya la determinación de categorías clave como feminicidio y suicidio feminicida.

3.2 Vigilancia de la selección y desempeño de administradores de justicia para la no utilización de formas/tipos penales y lenguaje y criterios sexistas que minimiza la especificidad de la VCM (“crímenes pasionales” para denominar la violencia feminicida por la pareja de la mujer, “delitos sabrosos” para denominar la violencia sexual contra las mujeres). Trabajo con las áreas de comunicaciones, relaciones públicas y vocerías sobre uso de términos de justificación de la violencia.

3


34

3.3 Impulsar un programa para reforzar el conocimiento y aplicación de la legislación especializada, sobre todo, en juzgados de orden común de pequeñas localidades (donde hay mucha resistencia y desconocimiento).

3.4 Fortalecer conocimientos específicos sobre peritajes especiales, como antropología y uso racional y diferencial de la fuerza y aspectos procesales desde el derecho antidiscriminatorio, para con personal de judicatura especializada en las 3 regiones del país.

3.5 Promover la contraloría social para incidir en la aplicación de la legislación especializada

Promover políticas de igualdad al interior de las instituciones del sector: Diseñar e implementar políticas de igualdad que permitan transformar las lógicas institucionales para mejorar el trabajo de operadores y aumentar la presencia de mujeres (asegurando que estén sensibilizadas y en igualdad de condiciones con sus pares hombres).

4.1 Apoyar con diagnósticos de las condiciones de igualdad al interior de las instituciones del sector (cuales son todas las brechas de contratación, los currículos ocultos, las brechas salariales) para contar con insumos que informen la construcción de estas políticas (que, en su momento, llevarán a la generación de planes y medidas compensatorias de equidad)

Protocolos dentro las instituciones del sector justicia y otras instancias estatales relacionadas: Promover el análisis, actualización y/o la creación y aplicación (con sus respectivos mecanismos de monitoreo y evaluación) de protocolos tendientes a erradicar la revictimización de las mujeres al interior de las instituciones del sector de justicia y otras instituciones de estatales relacionadas.

4

5


35

Enfoque victimológico: Generar una propuesta de transversalización de un enfoque victimológico, para el respeto de los derechos de las víctimas y sus familiares, al interior de las entidades del sector justicia, especialmente dentro de los procesos de VCM. Asegurar que no se culpabilice, ni revictimice a las víctimas de los hechos de violencia en su contra; además, asegurar que se trabaje con la víctima desde su derecho a ser informada, a tomar decisiones formales, a decidir qué se va hacer.

Propuesta de mejora para restitución de derechos: Desarrollar un sistema de seguimiento de la pena (que incluya las apuestas legislativas y las reformas de los sistemas penitenciarios) que garantice la justicia restaurativa, donde se provea de una real reparación para las víctimas.

Programas/procesos de sensibilización y creación de nuevas competencias dentro de las instituciones del sector justicia desde enfoques no tradicionales y vivenciales: Generar programas de concientización/transformación de paradigmas y barreras y creación de nuevas competencias para el abordaje de la VCM, entre operadores del sector de justicia (FGR, PGR, CSJ). Estos contenidos, creados o mejorados, deben incluir mecanismos de evaluación periódica, que permitan valorar la aplicación de los mismos por parte del funcionariado.

7.1 Medir el impacto y los avances en los procesos de formación en cero tolerancia de la VCM y derecho antidiscriminatorio que ya se han impartido, de cara a tener un punto para medir los impactos de los procesos de capacitación y la aplicación de los contenidos impartidos.

7.2 Revisión y mejora de currículas: Revisión y mejora de las currículas de los operadores del sector justicia (escuelas) para promover la cero tolerancia de la VCM, mejorar la capacidad teórica-sustantiva y procedimental del funcionariado, y asegurar la real transformación de paradigmas y conductas. Estos cambios deben incluir mecanismos periódicos de evaluación que permitan monitorear su aplicación.

5

6

7


36

7.3 Desarrollar procesos emocionales dirigidos para hacer una retrospectiva de los propios paradigmas/conductas y generar desde la autoconciencia un cambio de comportamiento.

Visibilizar los vacíos judiciales (y al interior de otras instituciones que no son necesariamente del sector) en el abordaje de casos donde hay victimización de mujeres en contextos de violencia generalizada, asociada al crimen organizado y a las pandillas; para que los operadores puedan abordar los casos atendiendo al contexto en donde estas mujeres han tenido que sobrevivir

8.1 Casos de mujeres imputadas en delitos, que se comenten bajo patrones de dominio y coerción por parte de grupos criminales (extorsión, por ejemplo)

8.2 Encubrimiento y culpabilización de la víctima en casos de trata sexual (y otros delitos) perpetrada por pandilleros (“novias de las pandillas”), bajo figuras como la violación y/o privación de libertad

8.3 Acompañamiento y documentación de casos paradigmáticos que permitan visibilizar los vacíos del sistema

8


37

Medios de comunicación: Trabajar con los medios de comunicación (incluyendo medios locales, comunitarios y alternativos) para el abordaje de la VCM, especialmente la violencia feminicida, desde un enfoque más sensible a la realidad y situación de vulnerabilidad de las mujeres, con total respecto de los derechos de las mujeres víctimas.

1.1 Desarrollar un espacio de diálogo con periodistas sobre el abordaje ético de la noticia, aprendiendo de los errores cometidos por la prensa en casos concretos

1.2 Hacer un análisis actualizado del abordaje del tema de VCM desde los distintos medios de comunicación social y las agencias de publicidad, para construir evidencia sobre abordajes sexistas desde los medios y la publicidad

1.3 Trabajar una estrategia para formación y alianzas con mujeres periodistas y publicistas

1.4 Coordinar, sensibilizar y exigir, incidir, con la Dirección General de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación para vigilar este tema desde enfoques más sensibles a la realidad de las mujeres

1.5 Desarrollar acciones de ciberfeminismo

Desarrollar campañas para visibilizar y disminuir la naturalización de la VCM: Campañas enfocadas la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, deconstrucción de los prejuicios que justifican dicha violencia y en la no culpabilización de las víctimas.

2.1 Apoyarse en aplicaciones electrónicas (“apps”) para informar y educar

2.2 Trabajar con Secultura para promover la gestión cultural con enfoque de género, desde casas de la cultura, y acciones de contracultura en los municipios (por ejemplo, en las fiestas patronales)

1

2

MUJERES / CAMBIOS CULTURALES

38

3

4

Desarrollar proyectos que busquen la deconstrucción de patrones machistas, desde enfoques no tradicionales: Sensibilización enfocada en nuevas masculinidades

3.1 Promover la vigilancia del ISDEMU en estos temas y la contraloría desde sociedad civil

3.2 Evaluar los avances del trabajo en materia de construcción de nuevas masculinidades

Legislación especializada: Promover mayor divulgación inclusiva y sensibilización de la ciudadanía respecto a la legislación especializada.

MUJERES / CAMBIOS CULTURALES

39

1

2

Monitoreo de las instituciones desde la experiencia de las mujeres: Monitoreo de acceso a la justicia con mujeres que acuden a las instituciones en búsqueda de apoyo, para señalar los vacíos en el abordaje desde un estudio de casos.

1.1 Desarrollar un estudio de casos sobre la ruta crítica de las mujeres en las instituciones y monitoreo de respuesta del Estado

1.2 Sistematización de casos de mujeres víctimas de violencia en contextos de alta peligrosidad (casos relativos a desplazamiento forzado por violencia, trata) para evidenciar las fallas de los sistemas de protección.

1.3 Observatorio sobre cumplimiento de derechos de las mujeres, midiendo las autonomías (propuesta de la CEPAL): económica, política y la de cuerpo.

Análisis de sentencias: Promover el análisis de sentencias de VCM sobre la base de un sistema de indicadores de estándar de derechos humanos y debida diligencia (la prevalencia de la aplicación de tipos penales menos favorables para promover el pleno acceso a la justicia por parte de las mujeres, además de prevalencia de criterios sexistas, androcéntricos/adulto-céntricos, andiscriminatorios en la aplicación de la ley).

2.1 Realizar un estudio de sentencias absolutorias de delitos y elaboración de propuesta de criterios de juzgamiento de delitos, libre de criterios sexistas y discriminatorios que favorecen la impunidad.

2.2 Producir y divulgar un compendio de buenas prácticas, procesos y sentencias ejemplificantes de aplicación de la justicia especializada.

MUJERES / INVESTIGACIÓN

40

3

4

5

6

7

8

Estudio sobre efectos del control territorial de las pandillas: analizar el efecto de control territorial de las pandillas en el tejido comunitario, para visibilizar la desmovilización como medida de protección; y estudiar el impacto de este control en la vida de las mujeres.

Reforzar el abordaje de las estadísticas de violencia en razón del sexo. Que se analice la violencia letal por razón del sexo, la misoginia y ensañamiento con el cuerpo de las mujeres, que caracterizan los feminicidios.

4.1 Profundizar en el análisis de la afectación de la vida de las mujeres por el contexto de inseguridad que vive el país.

4.2 Acompañar y participar en el fortalecimiento del SNDVCM y DIGESTYC, para profundizar en evidencia concreta de fenómenos particularizando esta data, incluyendo el acompañamiento a instituciones de registros administrativos.

Mapeo de políticas municipales de prevención de la violencia contra las mujeres (Art. 30 LEIV), cuantos municipios la tienen elaborada, cuantos la están ejecutando y cuantos la tienen presupuestada.

Análisis de violencia perpetrada por cuerpos de seguridad a nivel territorial (con énfasis en la violencia sexual ejercida contra mujeres adolescentes y adultas).

Investigaciones para ampliar el conocimiento sobre la incidencia y experiencia de las mujeres en contextos de crimen organizado y corporaciones masculinas violentas, como integrantes y víctimas de las mismas.

Análisis del impacto y costo de la masculinidad violenta y hegemónica para la sociedad salvadoreña.

MUJERES / INVESTIGACIÓN

41

1

2

3

Fortalecimiento del movimiento de mujeres: Trabajar en la promoción de sinergias dentro del movimiento de mujeres.Promover el reconocimiento del liderazgo de las mujeres en la agenda pública, como agentes de paz y seguridad.

1.1 Desarrollo de una agenda de actuación estratégica, común, amplia e inclusiva, del movimiento de las mujeres: Elaboración/ampliación/integración de una agenda de actuación estratégica y articuladora del movimiento de mujeres (que agrupe las preocupaciones de todo el movimiento, que se comprehensiva y tenga una visión estratégica en múltiples niveles).

1.2 Nuevos liderazgos: Promover la formación integral e inclusiva de nuevos liderazgos (jóvenes) de mujeres que puedan hacer incidencia en múltiples niveles (comunitario, municipal, nacional, internacional)

Defensoras: Promover el reconocimiento y protección de la labor que hacen de defensoría de los derechos humanos de las mujeres que se hace a nivel comunitario, visibilizar su contribución y necesidades de protección. Además de promover su articulación con las instituciones, la creación de grupos de autoayuda y el fortalecimiento de redes de defensoras populares.

2.1 Visibilizar el rol de las defensoras históricas de derechos de las mujeres, como ciudadanas que han generado cambios estructurales para lograr la garantía de los derechos humanos

Promover la transparencia y rendición de cuentas del ente rector: Que el ente rector trabaje más de cerca con las organizaciones de base, que denuncie la especificidad de la VCM a nivel territorial ante otras instancias de Estado.

MUJERES / INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN

42

1

2

Colectivos comunitarios: Fortalecimiento colectivas comunitarias de mujeres, que son clave para generar y promover un entorno protector para las mujeres a nivel comunitario.

Seguridad de mujeres organizadas: Dotar a las organizaciones de mujeres con mayores recursos para abonar al trabajo territorial de manera “segura”.

2.1 Desarrollo de protocolos y planes de seguridad para el trabajo en el territorio para cuidado de las mujeres que trabajan en zonas conflictivas, así como también para no poner en riesgo a las mujeres con que trabajan.

2.2 Desarrollo de curso y políticas de cuidado en contextos de alta peligrosidad.

MUJERES / FORTALECIMIENTO

43

1

2

Proyectos locales/comunitarios para promover entornos protectores contra la VCM:

1.1 Reconocimiento de defensoras: Promover el reconocimiento del trabajo de las defensoras de derechos y fortalecerles para que desempeñen su trabajo de manera segura a nivel comunitario.

1.2 Promover medidas de fortalecimiento del tejido comunitario a nivel territorial: Visibilizar la desmovilización comunitaria que está ocurriendo asociada al accionar territorial de las pandillas y promover formas seguras de organización para generar entornos protectores para las mujeres.

1.3 Propiciar sinergia entre los distintos espacios municipales para el abordaje de la VCM Arte como factor protector: Promover procesos artísticos por su función protectora a nivel local.

Resignificación simbólica de territorios tomados por la violencia: Promoción de espacios comunitarios para promover la equidad de género, expresiones simbólicas que den a las mujeres un espacio para pronunciarse.

2.1 Retomar la experiencia del programa “Ciudades seguras para las mujeres, ciudades seguras para todos y todas”

MUJERES / ABORDAJE COMUNITARIO

44

A continuación, se presentan los Puntos de Acción Temáticos consensuados y priorizados por representantes de las organizaciones que integran la Federación Salvadoreña LGBTI, un colectivo de reciente creación que aglutina liderazgos históricos y emergentes en un esfuerzo sin precedentes para promover los derechos de este grupo de población en toda su diversidad. Las prioridades que se presentan enseguida dan cuenta de sus principales necesidades e incluyen la urgencia de un marco normativo que les ampare de manera particular, mismo que se espera dinamice los cambios políticos necesarios para asegurar la prestación de servicios públicos libres de estigma y discriminación para esta población, así como un avance en el acceso a justicia y reparación para víctimas de crímenes de odio en el país. Las prioridades de transformación institucional van acompañadas de una serie de necesidades en materia de gestión de conocimiento para a toma de decisiones, así como de solidificación del movimiento LGBTI en el país, lo que se espera permita seguir contando con líderes que aseguren la continuidad de los esfuerzos para transformar la situación de este grupo de población.

LGBTI

45

1

2

3

Impulsar la aprobación de la Ley de Identidad de Género y su reglamento.

1.1 Revisar estrategia de incidencia actual.

1.2 Impulsar una campaña de divulgación y sensibilización a través de diferentes medios.

Impulsar la aprobación de una Ley Integral para defensoras y defensores de DDHH, su reglamento y un protocolo de protección.

2.1 Realizar alianzas públicas con otros sectores que trabajan en DDHH.

2.2 Diseñar una estrategia de incidencia para impulsar la aprobación de la Ley.

Impulsar la aprobación de una Ley Anti-discriminación, No discriminación o Inclusión

3.1 Consulta para elaboración de un proyecto de Ley Anti-discriminación, No discriminación o Inclusión (general)

3.2 Elaboración de borrador de la Ley.

3.3 Diseñar una estrategia de cabildeo para ratificar la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia

3.4 Establecer, generar y fortalecer alianzas con actores de interés para el tema.

LGTBI / LEYES Y POLÍTICAS

46

Impulsar una Política Nacional de Educación Inclusiva para población LGBTI

4.1 Crear un diagnóstico del sector educación relacionado con la situación de la población LGBTI.

4.2 Monitorear la política de género existente en el MINED

Impulsar una Política de Inclusión Laboral para la población LGBTI.

5.1 Diseñar un estudio de base de la situación laboral de la población LGBTI

5.2 Promover la desagregación, registro y documentación de la información relacionada a la Política.

5.3 Creación de un índice de evaluación de la inclusión laboral de personas LGBTI.

5.4 Formación de cuadros de la Federación en mecanismo y temas laborales.

Impulsar la extensión de programas y proyectos gubernamentales, emprendimiento, empleabilidad y cooperativismo para población LGBTI.

6.1 Crear estudios de base sobre el nivel de impacto de los programas y proyectos gubernamentales de emprendimiento, empleabilidad y cooperativismo en personal LGBTI.

6.2 Crear una política de desagregación de datos.

4

5

6

LGTBI / LEYES Y POLÍTICAS

47

1

2

Fortalecer la confianza en las instituciones responsables de la investigación, procesamiento y sentencia de un delito.

1.1 Creación y difusión de campañas educativas para formar cultura.

1.2 Creación y diseño de mapeo de aliados dentro de las instituciones de las que “depende” el debido Proceso (FGR, IML, PGR, PNC, CSJ).

Promover acciones a favor de las víctimas desde la Mesa de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la UTE y otras instituciones del sector de justicia:

2.1 Brindar de forma efectiva la asistencia legal y acompañamiento psicosocial a víctimas LGBTI a través de la PGR.

2.2 Creación de protocolo de atención hacia personas LGBTI usuarias de la PGR y creación de estadísticas con desagregación de datos LGBTI.

2.3 Fortalecer los sistemas/protocolos y centros de toma de denuncias de la FGR desde la perspectiva de víctimas y victimarios de población LGTBI, que garantice el cumplimiento del debido proceso libre de estigma y discriminación para ambos.

2.4 Impulsar una evaluación del ejercicio del derecho a la defensa para personas LGTBI que están siendo procesadas por delitos.

LGTBI / ACCESO A LA JUSTICIA

48

3

4

5

6

Impulsar la modificación de currículas de las escuelas de capacitación judicial/fiscal para incluir temas relacionados a población LGTBI.

3.1 Contratación de consultoría para realizar revisión de currículas y proponer modificaciones de ser necesarias.

Desarrollar un Plan de incidencia en las instancias correspondientes del sector de justicia para que se apliquen las reformas a los artículos: 129 (sobre homicidio) y 155 (sobre amenazas) del Código Penal.

4.1 Levantamiento de datos/evaluación de la aplicación de la reforma, condenas y procesos judicializados.

4.2. Implementar procesos de difusión de la reforma

Fortalecer la asistencia legal a la población LGTBI (No discriminación) en las principales instituciones del sector (FGR, PGR).

5.1 Capacitación y sensibilización a los defensores públicos (PGR) para el abordaje de población LGTBI (extensivo a otros actores de las demás instituciones del sector justicia.

Fortalecer la confianza en las instituciones responsables de la investigación, procesamiento y sentencia de un delito.

6.1 Creación y difusión de campañas educativas para formar cultura.


49

6.2 Creación y diseño de mapeo de aliados dentro de las instituciones de las que “depende” el debido Proceso (FGR, IML, PGR, PNC, CSJ).

Promover acciones a favor de las víctimas desde la Mesa de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la UTE y otras instituciones del sector de justicia:

7.1 Brindar de forma efectiva la asistencia legal y acompañamiento psicosocial a víctimas LGBTI a través de la PGR.

7.2 Creación de protocolo de atención hacia personas LGBTI usuarias de la PGR y creación de estadísticas con desagregación de datos LGBTI.

7.3 Fortalecer los sistemas/protocolos y centros de toma de denuncias de la FGR desde la perspectiva de víctimas y victimarios de población LGTBI, que garantice el cumplimiento del debido proceso libre de estigma y discriminación para ambos.

7.4 Impulsar una evaluación del ejercicio del derecho a la defensa para personas LGTBI que están siendo procesadas por delitos.

Impulsar la modificación de currículas de las escuelas de capacitación judicial/fiscal para incluir temas relacionados a población LGTBI.

8.1 Contratación de consultoría para realizar revisión de currículas y proponer modificaciones de ser necesarias.

7

8


50

1

2

3

4

5

6

Realizar Foros temáticos, Cine Fórums, Festivales Culturales, Conversatorios con metodologías lúdicas que aborden la temática de derechos Humanos, orientación Sexual, Identidad y/o expresión de género, estereotipos de género, nuevas masculinidades, entre otros.

Implementación de la estrategia comunicacional de la FESLGBTI.

Diseño e implementación de metodología para el desarrollo y manejo de grupos de apoyo desde un enfoque comunitario no tradicional.

Implementar una estrategia para que la marcha del orgullo LGBTI+ sea una plataforma de incidencia educativa, cultural y política.

Desarrollar Programas de capacitación y sensibilización a gobiernos locales y otras instituciones con alcance territorial.

Talleres de formación para población LGBTI en general, sobre diversidad sexual, sistema sexo-género, identidad y/o expresión de género.

LGTBI / CAMBIOS CULTURALES

51

1

2

3

Implementar un fondo económico concursable para el desarrollo y difusión de investigaciones de las realidades LGBTI.

Desarrollo de un observatorio especializado en monitoreo de violaciones de derechos de población LGBTI y otras realidades.

Contratar una consultoría para el diseño de “estudio de talla poblacional” LGBTI.

LGTBI / INVESTIGACIÓN

52

1

2

3

4

5

Desarrollar un diagnóstico de necesidades de capacitación de nuevos líderes voluntarios LGBTI y talleres de formación para nuevos líderes,

1.1 Implementar una escuela de formación política dirigida a liderazgos LGBTI con interés de participar en política partidaria electoral.

Implementar la agenda política LGBTI ligada al Plan Estratégico de la FESLGBTI para dar respuesta estratégica a la coyuntura política y social.

Creación de un fondo concursable para participar en foros/espacios de sociedad civil y otros a nivel internacional o regional en temas LGBTI, para la incidencia y formación

Fortalecer el trabajo de coordinación con otras organizaciones (grupos o movimientos) desde el enfoque de la interseccionalidad.

Realizar el seguimiento y evaluación a las recomendaciones al estado salvadoreño desde el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos.

LGTBI / INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN

53

1

3

4

5

6

7

2

Diseñar una estrategia de apoyo para el desarrollo de sostenibilidad organizacional (por organización) para miembros de la Federación

Complementar la asistencia legal con atención multidisciplinaria, asistencia psicológica y acompañamiento familiar a víctimas LGBTI

2.1 Dotar de recursos a las organizaciones para que cuenten con los recursos humanos que dan atención psicológica necesaria (proceso formal de intervención en crisis).

2.2 Difundir entre la población LGBTI la existencia de esta asistencia/atención.

Realizar un diagnóstico para identificar necesidades de desarrollo organizacional para cada los miembros de la Federación.

Realizar capacitaciones en metodologías pedagógicas para facilitadores de talleres, charlas. (formación de formadores)

Realizar un diplomado en gerencia social (construcción, elaboración de propuestas de proyectos)

Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones LGBTI salvadoreñas para el desarrollo de litigio estratégico en el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos.

Fortalecer técnicamente a las organizaciones para gestión de datos en caso de violaciones a derechos humanos (toma de denuncias, construcción, monitoreo y seguimiento de casos).

LGTBI / FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

54

Realizar un diplomado, proceso de formación o curso intensivo en derecho y recursos constitucionales (y la búsqueda de su continuidad) para las organizaciones de la Federación y otras.

Desarrollar becas para realizar cursos del idioma inglés (general y técnico).

8

9


55


A continuación, se presentan los Puntos de Acción Temáticos consensuados y priorizados por un grupo de representantes de organizaciones de sociedad civil de y para personas con discapacidad. Las personas representantes en los espacios de diálogo aseguraron, de manera particular, que las prioridades reflejaran las necesidades de esta población en toda su diversidad. En concreto, la necesidad de contar con un marco jurídico apegado a los principios de derecho internacional vigente en materia de discapacidad es de los principales desafíos planteados por los líderes y lideresas participantes en este proceso. Marco jurídico que, de entrar en vigencia y ser implementado, ayudaría a reducir las brechas y barreras que no permiten a las personas con discapacidad el disfrute pleno de todos sus derechos. De manera particular, se hace un énfasis en contar con información y estudios recientes que den cuenta de las amplias necesidades de atención de este grupo, así como la necesidad de abonar a la consolidación de todos los esfuerzos de sociedad civil que ya existen para reivindicar los derechos de este grupo poblacional.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

56

1

2

3

4

Impulsar la aprobación e implementación de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad a través de acciones de incidencia.

Diseñar una propuesta de armonización de legislación secundaria relevante, para que se encuentre en armonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Impulsar la creación de mecanismos para la implementación y seguimiento de las normas técnicas de accesibilidad con enfoque de derechos humanos.

Impulsar un proceso de reformas a la Constitución relativas a la capacidad jurídica y la representación legal de una persona con discapacidad.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD / LEYES Y POLÍTICAS

57

1

2

3

4

5

Continuar y profundizar procesos de sensibilización a policías (y militares) respecto de los derechos humanos en la atención a personas con discapacidad.

Promover e implementar acciones que favorezcan la accesibilidad de las personas con discapacidad (mejorando la infraestructura, las comunicaciones con herramientas específicas para cada una de las discapacidades y la utilización de las TICS) en las instituciones y procesos relacionados a su derecho de acceso a justicia.

Incluir en los programas de las escuelas de capacitación del sector justicia, contenidos para el desarrollo de los procesos formativos sobre discapacidad con enfoque social de derechos, con énfasis en la capacidad jurídica de la persona con discapacidad.

Promover e implementar procesos de sensibilización de jueces, y demás operadores de justicia, respecto de los derechos humanos en la atención a personas con discapacidad.

Revisar, adecuar, divulgar e implementar los protocolos de atención primaria existentes para el sector de seguridad y justicia (atención a usuario/as).

PERSONAS CON DISCAPACIDAD / ACCESO A LA JUSTICIA

58

1

2

3

4

5

Desarrollar procesos de formación para concientizar y empoderar en sus derechos a las personas con discapacidad

Exigir el cumplimiento de la Política de Educación Inclusiva del MINED en todos los niveles del sistema educativo del país.

Articular esfuerzos conjuntos, entre las organizaciones de sociedad civil y el MINED, para la sensibilización de docentes y familiares de personas con discapacidad, para promover la inclusión educativa.

Impulsar y promover campañas de sensibilización y formación al interior de las instituciones de servicios públicos, sobre el abordaje de la discapacidad

Impulsar campañas de concientización y sensibilización respecto de los derechos de las personas con discapacidad dirigidas a la sociedad civil en general.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD / CAMBIOS CULTURALES

59

1

2

3

4

5

6

Impulsar una Investigación con enfoque de género relativa a la condición de discapacidad ocasionada por distintas enfermedades y otras causas (como la violencia social).

Impulsar una Investigación con enfoque de género relativa a la condición de discapacidad ocasionada por la situación de violencia e inseguridad.

Impulsar una investigación relativa a buenas prácticas para mejorar la situación de empleo de personas con discapacidad

Impulsar una investigación relativa a la situación de las personas migrantes con discapacidad retornadas

Impulsar una investigación relativa a la identificación de barreras excluyentes a las personas con discapacidad (reconocidas en la legislación vigente nacional e internacional)

Crear un observatorio para el monitoreo de la Política Nacional de Atención Integral a la persona con discapacidad y a la Ley de inclusión; así como de los instrumentos internacionales que tutelan los derechos de las personas con discapacidad

PERSONAS CON DISCAPACIDAD / INVESTIGACIÓN

60

1

2

3

4

5

6

7

8

Desarrollar capacitaciones especializadas en herramienta para incidencia política dirigidas a liderazgos de las organizaciones de personas con discapacidad.

Impulsar y fortalecer las acciones de coordinación entre las organizaciones de personas con discapacidad en torno a una agenda común.

Impulsar acciones de incidencia para incluir de forma igualitaria cuotas de participación política de hombre y mujeres con discapacidad.

Apoyar el seguimiento de los informes alternativos para los mecanismos internacionales de derechos humanos, por medio del financiamiento de la presentación del informe al Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU y al Comité de Expertas de la CEDAW.

Formar un equipo de formadores locales para garantizar la réplica de conocimientos en derechos de las personas con discapacidad.

Crear un observatorio para el monitoreo de la Política Nacional de Atención Integral a la persona con discapacidad y a la Ley de inclusión; así como de los instrumentos internacionales que tutelan los derechos de las personas con discapacidad.

Impulsar acciones de incidencia para: 1) Fortalecer la actuación del CONAIPD; y 2) Ampliar su alcance territorial por medio de la creación de Centros Regionales (Occidental, Oriental y Paracentral).

Desarrollar acciones de incidencia para impulsar un censo de población con discapacidad.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD / INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN

61

1 Diseñar una estrategia integral de fortalecimiento para las organizaciones de personas con discapacidad y asegurar su implementación

PERSONAS CON DISCAPACIDAD / FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

62

A continuación, se presentan los Puntos de Acción Temáticos consensuados y priorizados por un grupo de representantes de sociedad civil que trabaja por los derechos de la juventud salvadoreña. El grupo de organizaciones participantes en este espacio procuró, de manera particular, visibilizar las necesidades del grupo atendiendo a los retos que impone el contexto de inseguridad que vive el país. Siendo un grupo poblacional afectado de manera particular por la violencia y el estigma, las y los jóvenes priorizaron la necesidad de transformar de manera profunda, con métodos innovadores, la percepción que se tiene como sociedad respecto a la juventud y el abordaje que se hace desde las instituciones clave. Fortalecer liderazgos existentes y potenciar las redes de jóvenes, dándoles espacios para ejercer ciudadanía y volverse agentes de cambio de su propia realidad es una de las demandas expresadas en el proceso de diálogo que culminó en las acciones priorizadas en este documento.

JÓVENES

63

1

2

3

4

5

Conocer, revisar y apoyar dentro de Asamblea Legislativa la propuesta de Ley de Prevención de la Violencia

Impulsar la creación y/o, cuando ya existan, la revisión, el fortalecimiento y la difusión de Políticas Municipales de Juventud.

Impulsar la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ)

3.1. Abrir espacios de interlocución entre la comisión de juventud de la Asamblea Legislativa y las OSC de jóvenes, si no funciona con la comisión, hacer este trabajo con las distintas fracciones legislativas

3.2. Revisión de marco legal existente en temas de Juventudes en armonía con legislación nacional

Hacer una evaluación de la labor del INJUVE y difundir el trabajo que hacen a nivel territorial

Trabajar una propuesta de paquete de reformas al Código Municipal para impulsar la creación de Unidades de Juventud y Políticas de Juventud en los municipios

5.1. Analizar las estructuras y políticas municipales que ya existen y promover mejoras.

5.2. Diseñar una estrategia de cabildeo para impulsar estos cambios.

5.3. Análisis de los presupuestos destinados a las políticas de juventud y hacer recomendaciones para fortalecerlos

JÓVENES / LEYES Y POLÍTICAS

64

Impulsar la reforma de la Ley de Partidos Políticos para asegurar una cuota de participación de jóvenes en política

6.1. Revisar/profundizar el concepto de las “cuotas” para moverse hacia la promoción de la participación efectiva de la juventud en la vida política del país

Revisar/monitorear el presupuesto destinado para el abordaje de la población joven (promover los presupuestos etiquetados por institución, descentralizarlos)

6

7

JÓVENES / LEYES Y POLÍTICAS

65

1

2

3

Desarrollar talleres de formación inclusiva y sensibilización para las juventudes para dar a conocer los servicios y derechos que les amparan desde el sector justicia, tomando en cuenta la interseccionalidad y la diversidad

1.1. Promover/aumentar la confianza en las instituciones del sector justicia.

Proponer/revisar protocolos para militares y policías relativos al abordaje de población joven, estableciendo criterios para detección de presuntos delincuentes.

2.1. Incluir estrategia de monitoreo y seguimiento de la implementación de dichos protocolos, así como mecanismos de evaluación de funcionariado.

2.2. Difusión de estos protocolos/lineamientos entre la población joven

Instituciones amigables: ¿Cómo se comunican con nosotros? Promover dentro del sector justicia la apertura para la difusión/presentación amigable para los servicios que prestan (que se difundan de manera amigable las rutas de atención). Usando medios idóneos para llegar la juventud, con mensajes que se construyan desde los jóvenes, “mensajes para jóvenes, desde los jóvenes” / trabajar con equipos de comunicaciones

JÓVENES / ACCESO A LA JUSTICIA

66

Desarrollar talleres de sensibilización sobre las realidades de la juventud para los operadores del sector de justicia en todos los niveles (especialmente, para funcionario/as que tienen contacto directo con la población).

4.1. Diseñar estos talleres incluyendo metodologías no tradicionales (intervenciones artísticas, performance, “story telling”)

Impulsar desde la institucionalidad correspondiente (PGR, por ejemplo), cuando sea necesario, la garantía de velar por el debido proceso en casos judicializados contra jóvenes.

4

5

JÓVENES / ACCESO A LA JUSTICIA

67

1

2

3

Desarrollar foros u otras actividades, tendientes a transformar paradigmas y percepciones, sobre las identidades y expresiones culturales de los jóvenes (“diferentemente iguales”).

1.1. Desarrollar actividades con diferentes colectivos de jóvenes (por ejemplo, “skaters” u otras tribus urbanas).

1.2. Utilizar metodologías no tradicionales, amigables y adaptadas a los intereses de los distintos tipos de jóvenes.

1.3. Enriquecer el JUVENTUR involucrando a otros sectores (artes, sectores privado, cooperantes).

Desarrollar una campaña que invite a las juventudes a participar en las organizaciones para propiciar cambios sociales y comunitarios.

2.1. La campaña podría promover liderazgos locales, “super jóvenes”, que propongan proyectos concretos para transformar su entorno

2.2. Promover procesos de formación para enseñar a las juventudes a organizarse, “activarse” para participar en espacios de distinta naturaleza

Desarrollar diálogos y otros eventos inclusivos sobre la Ley General de Juventud (en lugares/espacios donde los jóvenes se reúnen naturalmente -centros educativos, espacios públicos- y con metodologías menos convencionales y más vivenciales), en coordinación con instituciones y organizaciones de sociedad civil que incluya participación efectiva de jóvenes (para que puedan ser escuchados, fortalecer sus puntos de vista) y funcionario/as.

JÓVENES / CAMBIOS CULTURALES

68

3.1. Buscar “personas estratégicas”, líderes en los distintos sectores, que puedan participar en estos eventos

Promover espacios de convivencia a nivel comunitario

Incorporación de Ley de Juventud dentro de la curricula educativa del MINED

Impulsar una campaña que promueva historias de éxito de jóvenes en medios de comunicación masiva, para cambiar percepción de que la juventud es el problema de la sociedad

6.1. Incluir la difusión de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, que sean ejemplificantes y muestren las deficiencias de los sistemas de protección y generen conciencia

6.2. Promover espacios de diálogo en torno a estas historias, con metodología que toquen la afectividad de las personas y no solo la razón

Crear espacios de diálogo en temas diversos donde los jóvenes sean los protagonistas, por ejemplo, bajo la modalidad de “story telling”

4

5

6

7

JÓVENES / CAMBIOS CULTURALES

69

1

2

3

4

5

Contar con una plataforma/observatorio que difunda la información relativa a juventudes para hacer incidencia

Hacer un mapeo de sociedad civil organizada en materia de juventudes, tener una base de datos que se pueda hacerse pública

Desarrollar diagnósticos situacionales de cada municipio, o compilar, analizar y compartir información de diagnósticos que ya hayan sido realizados, para poder incidir en políticas municipales.

Investigar y difundir oferta y demanda de servicios públicos para jóvenes

Revisar marcos normativos internacionales relativos a la juventud y generar propuestas para integrar sus principios en la legislación nacional

JÓVENES / INVESTIGACIÓN

70

1

2

3

4

5

Creación de la plataforma nacional juvenil de seguridad, con representaciones por zonas, donde cree una plataforma donde las instituciones que están trabajando en temas de seguridad puedan dialogar con las organizaciones

Diseño y desarrollo de procesos de dialogo a nivel territorial que resulte en propuestas para mejorar el abordaje de la población joven desde distintas estancias de gobierno.

Realizar foros municipales o departamentales de participación política para promover la participación de jóvenes en partidos políticos.

3.1. Preparar a los jóvenes para que tengan criterios para interactuar con estos líderes.

Impulsar la creación de Concejos Municipales de Juventudes y promover la representación de juventudes dentro de los CMPV con agendas de juventudes.

4.1. Crear agendas participativas que incluyan múltiples sectores (OSC, sector privado) para ser incorporadas a las acciones de los CMPV

4.2. Promover rendición de cuentas al interior de estas instancias.

Creación de escuela de formación política para jóvenes.

JÓVENES / INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN

71

Desarrollar acciones de incidencia para que las municipalidades cumplan sus obligaciones y promesas hacia las juventudes. (Vigilancia social: velar por el cumplimiento de obligaciones de las instituciones hacia las juventudes).

Creación de un espacio de denuncia anónimo (observatorio entre OCS e instituciones gubernamentales principalmente el INJUVE) cuando existan casos de abusos policiales y otras formas de abuso y/o discriminación.

7.1. Que ese espacio de denuncia se desarrolle de manera innovadora, utilizando nuevas tecnologías

Impulsar la creación de un Ministerio de Juventud.

Provocar un acercamiento con la cooperación internacional para incidir en la priorización de fondos, que puedan ampliar el alcance de los proyectos para las juventudes al ámbito municipal.

Construcción participativa de agenda nacional de derechos humanos de las juventudes

Promover espacio de articulación de las juventudes organizadas con el CONAPEJ.

Promover la articulación/conformación de distintas mesas/espacios de diálogo de SC con el gobierno, por ejemplo, creación de consejos consultivos de jóvenes.

Desarrollar el monitoreo a políticas municipales de juventudes.

Promover el compromiso de rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno, con énfasis a aquellos temas que atañen a las juventudes

6

7

8

9

10

11

12

13

14


72

Promover mayor presencia del INJUVE a nivel territorial

Impulsar creación de unidades de juventud en las distintas instituciones de Estado, lideradas por talento joven

15

16


73

1

2

3

4

5

Desarrollar una capacitación integral en elaboración y presentación de propuestas de proyectos (elaboración de propuestas, negociación de fondos, desarrollo de proyectos, búsqueda de apoyo en cooperantes)

1.1. Incluir dentro de esta formación herramientas para construcción y manejo de alianzas y los procesos de rendición de cuentas.

Revisar y mejorar el proceso de legalización disponible para organizaciones de jóvenes. Difundir el convenio INJUVE – MINGOB.

2.1. Dar acompañamiento a las OSC

Creación de fondos semilla para organizaciones formales/informales de jóvenes como emprendimientos sociales.

Impulsar la creación de una plataforma/agenda/red de OSCs de jóvenes de trabajo colaborativo; para tener un entendimiento común de las problemáticas que afectan a la juventud.

Desarrollar talleres de incidencia política y negociación para liderazgos juveniles a nivel nacional.

5.1. Promover encuentros e intercambio de liderazgos a nivel nacional y regional.

JÓVENES / FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

74

Habilitar espacios para que las OSC opten a recursos materiales para desarrollar su labor; lo que garantizaría que sean independientes ideológicamente (en tanto que no deberán rendir cuentas a otras OSC que las apadrinan).

Diseñar un manual de funcionamiento y trabajo de las organizaciones de jóvenes (que determine desafíos y retos comunes a los que se enfrenta una organización, instruir los procedimientos de legalización, realizar un instrumento que lleve los requisitos de ley, procedimientos, auditorias, manuales de competencias, etc).

7.1. Generar versiones amigables de estos lineamientos.

Desarrollar talleres para nuevos liderazgos en las organizaciones (teniendo en perspectiva el relevo de liderazgos).

8.1. Desarrollar metodologías y estrategias de formación de formadores

Monitorear evolución de las organizaciones de SC de jóvenes y de su capacidad para hacer incidencia.

Desarrollar capacitaciones para promover alianzas y trabajo colaborativo entre OSC de jóvenes

Promover cultura de rendición de cuentas entre OSC de jóvenes.

6

7

8

9

10

11

JÓVENES / FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

75

CONCLUSIONES

La mirada comprensiva de las agendas de estos cuatro grupos permite extraer las siguientes conclusiones generales:

1) Los marcos normativos, nacionales e internacionales, que aseguran protección especializada para un grupo específico de población son el punto de partida para la transformación de la realidad, tanto dentro como fuera del Estado. El movimiento de mujeres y sus logros en esta vía pueden sostener esta premisa. No obstante, los cambios legislativos especializados no son garantía de que un determinado grupo de población se encuentre efectivamente protegido. En este sentido, es claro que a los cambios formales les sigue una serie de acciones de incidencia y contraloría, donde la sociedad civil organizada es la clave para mantener el ritmo de los cambios. En este sentido, esta Hoja de Ruta da cuenta de la importancia de continuar insistiendo en la aprobación de marcos normativos especializados y acordes a los principios del derecho internacional (especialmente para la población LGBTI y las personas con discapacidad); así como en su implementación (en el caso de mujeres y jóvenes) ; además de los procesos de armonización de la legislación ordinaria respecto a la legislación especial.

2) El contexto de violencia social y desigualdad que prevalece desde hace años en el país se expresa de manera diferenciada en la vida de la población. Si bien algunos grupos pasan menos advertidos que otros, es necesario que las instituciones de Estado generen servicios libres de estigma y discriminación, que sean lo suficientemente comprehensivos e integrales para atender a las necesidades particulares de la población usuaria. Atender a la diversidad y al contexto es una de las demandas en que concurren las cuatro poblaciones.

76

CONCLUSIONES

3) Los cuatro grupos de población priorizados en esta Hoja de Ruta representan importantes porciones de la sociedad salvadoreña en condiciones históricas de vulneración de derechos y discriminación. La alta tasa de impunidad de las víctimas de todo tipo de violaciones de derechos humanos no deja fuera a las mujeres y los jóvenes afectados por la violencia social, ni a las personas con discapacidad y de la población LGBTI. Por tanto, no sólo es necesario transformar los marcos normativos y las instituciones, sino que también es necesario asegurar que cualquier persona encuentre un trato digno y sensible a sus necesidades dentro de las instituciones de sector justicia, además de que a las víctimas se les asegure el acceso a la justicia y a la reparación integral. El abordaje integral para el acceso a la justicia no será posible sin trabajar de la mano con las instituciones del sector, asegurando –en principio– que en las currículas de formación del funcionariado se aseguren contenidos que permitan un trato digno e inclusivo de todas las personas.

4) Hay un acuerdo entre los grupos priorizados en esta Hoja de Ruta en que los cambios serán posibles sólo si se acompañan de procesos, aun cuando se sabe que son de largo alcance, de transformación de los imaginarios sociales a la base de todas las formas de violencia y discriminación. Ante la necesidad de cambios culturales que generen transformaciones duraderas, es posible tener dos posturas: insistir o desistir. Las organizaciones que trabajaron para consensuar las prioridades presentadas coinciden en insistir, sobre todo a través de procesos educativos a todo nivel para asegurar y acompañar los cambios que se vayan dando a nivel institucional y social. Es necesario reeducarnos en la diversidad, en la igualdad y equidad, tanto hacia fuera, como hacia dentro de los mismos grupos de población.

5) La falta de información actualizada, comparable y consistente fue recurrentemente mencionada como uno de los problemas para entender las problemáticas de los cuatro

77

CONCLUSIONES

grupos de población y actuar para resolverlas. En este sentido, la producción de información (cualitativa y cuantitativa) que permita ver las realidades de la población quedó evidenciada en esta Hoja de Ruta, que detalla una serie de temas de investigación que merecen especial interés para informar la toma de decisiones en el país.

6) Los cuatro grupos coinciden en la necesidad de potenciar las redes de trabajo, el trabajo colaborativo y los liderazgos emergentes dentro de la sociedad civil. La existencia de una sociedad civil fortalecida ha permitido y permitirá que se transformen las realidades en favor de estas poblaciones.

Para cerrar, conviene recordar que esta Hoja de Ruta resume las prioridades en un punto en el tiempo. Por tanto, es necesario mantener abierto un diálogo permanente que permita la colaboración, la polinización de ideas, el intercambio de experiencias y el aprendizaje, tanto inter como intrasectorial. El Proyecto Derechos y Dignidad considera esta Hoja de Ruta como un instrumento vivo, que debe alimentarse y crecer, llenarse de las voces de líderes nacionales y locales, históricos y emergentes, sin estas voces y compromisos mejorar los sistemas de derechos humanos en el país no sería posible.

78

LISTADO ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Mujeres1. Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida “Las Dignas”2. Asociación de Mujeres Tecleñas - AMT3. Asociación Mujeres Transformando4. Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña – CONAMUS5. Fundación Cristosal6. Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Sociedad - FUNDEMUSA7. Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU)8. Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz - ORMUSA9. Unidad de Género Universidad de El Salvador 10. Unidad de Género de Servicio Social Pasionista – SSPASS

LGBTI1. Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador - COMCAVIS TRANS2. Asociación Entreamigos3. Asociación Salvadoreña de Mujeres Transgénero, Transexuales y Travestis ASTRANS/Diké LGBTI+4. Acción por la Memoria y Apoyo al trabajo para la equidad en El Salvador. Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica - AMATE5. Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo de Personas Trans de El Salvador - ASPIDH6. Colectivo Alejandría7. Colectivo Estrellas del Golfo8. Colectivo Normal9. Espacio de Mujeres Lesbiana de El Salvador (ESMULES)10. Fundación de Amigos y Familiares de Personas LGBTI (De la Mano Contigo)11. Hombres Trans 503 (HT 503)12. LGBTI+ UES

79

LISTADO ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Personas con Discapacidad1. Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro-Rehabilitación Integral - ACOGIPRI2. Asociación de Ciegos de El Salvador - ASCES3. Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador - AMUCES4. Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad de El Salvador - LOS ANGELITOS5. Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños - ANCIESAL6. Asociación Salvadoreña de Sordos 7. Asociación Salvadoreña de Familiares y Amigos de Personas que padecen Esquizofrenia y otros Desórdenes Mentales - ASFAE8. Asociación Voces Madres de Niños y Adolescentes con Discapacidad - ADVMES9. Fundación para el Desarrollo de El Salvador - FUNDESER10. Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador11. Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador - PODES12. Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física – LA RED

Jóvenes1. Activados KM20, La Libertad (CONAPEJ)2. Asociación Cooperativa de Jóvenes Empresariales, Usulután (CONAPEJ)3. Asociación Grupo Juvenil Arcoiris, Sonsonate (CONAPEJ)4. Asociación Juvenil Intercambio, Santa Ana (CONAPEJ)5. Asociación Juvenil de Trabajo Social Ne-Yawal, San Salvador (CONAPEJ)6. Asociación Juvenil para el Bienestar Integral, La Unión (CONAPEJ)7. Asociación para el Desarrollo de la Juventud de Cuscatlán, Cuscatlán (CONAPEJ)8. Asociación Rosarence Juvenil, La Paz (CONAPEJ)9. Censura Cero, San Salvador10. Desarrollo de las Nuevas Generaciones – DNG, San Salvador11. Fuerza Social Juvenil Avanza Apaneca, Ahuachapán (CONAPEJ)12. Jóvenes Contra la Violencia13. Jóvenes por El Salvador, San Miguel (CONAPEJ) 14. Red de Comunicadoras y Comunicadores Participativos Chalatecos, Chalatenango (CONAPEJ)

Hoja de Ruta Colaborativa de Inclusión y Derechos Humanos 2018Mujeres, LGBTI, Personas con Discapacidad y Jóvenes

Proyecto Derechos y Dignidad

hoja de ruta colaborativa de inclusión y derechos humanos...

Documents