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HISTORIA MILITAR

DE LA

GUERRA DEL PACFICO

Entre Chile, Per y Bolivia (1879-1883)

TOMO I Orgenes de la guerra. Campaa Naval.

Conquista de Tarapac

CON 9 CARTAS

SANTIAGO DE CHILE

SOC. IMP. Y LIT. UNIVERSO

Galera Alessandri 20

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A

LA ACADEMIA DE GUERRA CHILENA Y

A MIS DISCPULOS

DEDICO ESTA OBRA DE RECUERDO CARIOSO.

WILH. EKDAHL.

3Cumplo con el deber ms grato al ofrecer mis ms sentidos agradecimientos a mis

distinguidos amigos, seores

Coronel Don Manuel A. Dlano y Mayor Don Roberto Wegmann

por la ayuda que me han brindado en la publicacin de esta obra que, sin ellos, probablemente nunca hubiera salido impresa.

El Coronel Dlano no slo ha quitado los errores de lenguaje de mi defectuosa redaccin, hacindolo con una finura y piedad para con el estilo personal del autor, que comprometen su gratitud y le causan una admiracin sincera, sino que tambin ha llenado muchos vacos que, por falta de datos, existan en el manuscrito; ha hecho desvanecer incertidumbres o dudas molestas de que tambin adoleca, y, en ms de una ocasin, ha corregido errores involuntarios.

En realidad, si algn mrito tiene esta obra, se debe en gran parte a la valiosa colaboracin de este distinguido amigo mo.

El Mayor Wegmann se ha encargado benvolamente de la compilacin y revisin de cartas y planos, y de los mltiples y cansados trabajos que son inseparables de la publicacin y distribucin de un libro como ste.

Siento en el alma la pobreza de mis expresiones de gratitud por estas muestras de una amistad que corresponde cordialmente su afectsimo amigo,

WILH. EKDAHL.

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Historia Militar de la Guerra del Pacfico

Tomo I

Orgenes de la Guerra. Campaa Naval. Conquista de Tarapac.

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HISTORIA MILITAR

DE LA

GUERRA DEL PACFICO

ENTRE CHILE, PER Y BOLIVIA (1879-83)

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I

INTRODUCCIN

La Guerra del Pacfico tiene un carcter muy especial, que en ningn momento debe perderse de vista durante su estudio, si uno quiere formarse idea correcta sobre el modo cmo fueron y cmo hubieran debido ser aplicados los principios tcticos y estratgicos.

Esta guerra podra ser llamada la guerra de las improvisaciones, de los pequeos ejrcitos, de las grandes distancias y de los largos plazos.

Por razones que veremos despus, cuando estudiemos cmo produjo la guerra, los tres contendores la llevaron a cabo defensas nacionales casi en su totalidad improvisadas. Las fuerzas y la organizacin de estas defensas eran esencialmente distintas a las de las defensas nacionales de esa poca en las principales naciones europeas. Y aun la terminologa estratgica y tctica sufre modificaciones en esta campaa, en que se da el nombre de ejrcitos a agrupaciones de fuerzas cuyos efectivos apenas llegan a los de una brigada combinada, y en que el alto comando del vencedor fue organizado en conformidad con principios que la ciencia militar rechaza perentoriamente.

Uno de los deberes que se imponga el presente estudio ser el de analizar las causas del xito as obtenido, en condiciones extraas a toda norma, como asimismo el de examinar la posibilidad o conveniencia de una eventual repeticin del experimento.

Otra caracterstica de esta guerra es la relacin verdaderamente desproporcionada que existi durante cierto perodo entre la fuerza de los ejrcitos y la extensin de sus lneas de operaciones.

Examinaremos la ejecucin de tales expediciones analizando sus motivos y resultados, para determinar cules fueron debidas a causas de verdadero peso, cules otras tuvieron su origen en una apreciacin exagerada o enteramente errnea de la importancia estratgica de su objetivo y cules las que fueron resultado de un mero deseo de hacer algo como medio de satisfacer a la opinin pblica impaciente.

Finalmente, en el carcter de esta guerra se hizo sentir de una manera especial la influencia de la naturaleza excepcional del teatro de operaciones. Esta circunstancia proporcionar numerosas oportunidades de estudiar las modificaciones ocasionadas por aquella causa en la organizacin, el equipo y la tctica de los ejrcitos que deban operar en tales comarcas, y pone de manifiesto la posibilidad y conveniencia de encauzar aquellas modificaciones dentro de ciertas normas, mediante una preparacin adecuada de la defensa nacional durante la paz, con el fin de estar prevenidos para futuras eventualidades.

6Asimismo, no se deben olvidar los trabajos que ser necesario llevar a cabo para facilitar

las operaciones militares en esas regiones, como ser: caminos, lneas frreas, etc., etc. Efectuado en esta forma, el estudio que nos ocupa ser de resultados prcticos para el

porvenir inmediato de Chile. Y, a fin de asentar ms solidamente esta aseveracin, permtaseme alejarme un momento de nuestro objeto inmediato.

En el ao 1913 apareci un libro, cuyo autor es Mr. John Barret, Director general de la Unin Pan Americana. Dicho libro lleva por ttulo: El Canal de Panam, lo que es y lo que significa, es decir, cul ser su influencia.

Se subentiende que por la posicin de su autor, el espritu que informa el mencionado libro es eminentemente pacfico; en todas sus pginas se acenta la conveniencia de fortalecer la unin panamericana por medio de mltiples esfuerzos amistosos; pero quienquiera que lea la obra con atencin, profundizando el estudio de los numerosos problemas en ella enumerados, habr de pensar en que la construccin del Canal de Panam influir forzosamente sobre la situacin poltica del continente americano de un modo que no ser exclusivamente pacfico; y a tal conclusin se llegar aunque de antemano se aceptase la idea de que la grandiosa construccin haya sido ejecutada nicamente con fines pacficos y que su constructor haya movido solamente el deseo de garantir o imponer la paz en Amrica. Al contrario, existen cuestiones polticas que, sin el Canal de Panam, tal vez hubiesen demorado siglos en tomar proporciones amenazantes para la paz; mientras que ahora asumirn una actualidad tan violenta, persistente e inmediata, que se necesitar no solamente la ms firme voluntad sino tambin una defensa nacional muy robusta para obtener el mantenimiento de la paz sin hacer sacrificios territoriales, que, por otra parte, seran extremadamente perjudiciales para el futuro desarrollo de algunos pases del continente. Quiero referirme a un punto relacionado muy estrechamente con el inmediato porvenir de Chile.

Con efecto, basta estudiar atentamente los tres captulos de la obra de Mr. Barret que llevan los siguientes ttulos: Lo que significa el canal ( pgs. 81-84), La gran costa de la Amrica latina en el Pacfico ( pgs. 86-95) y Preprense para el Canal de Panam (pgs. 96-102), para comprender que la cuestin de un puerto boliviano en el Pacfico tomar una actualidad fulminante con la apertura del Canal.

Bolivia se vera, pues, impedida a solucionar sin demora la cuestin, ya que obrar de otra manera significara un suicidio poltico, si se considera el rpido desarrollo industrial y comercial que producir el funcionamiento del Canal en la costa occidental de la Amrica latina, segn las predicciones de los ms prominentes economistas y hombres de negocios.

Como son solamente dos pases los que pueden satisfacer la aspiracin vital de Bolivia, lgico es que se ver obligado a ceder el puerto aquel cuyas defensa nacional no fuese suficientemente fuerte o no est oportunamente lista para sostener a tiempo la voluntad nacional, que, como es probable, se opondra a semejante sacrificio. Sin entrar al examen de cules seran en este caso las conveniencias del Per o bien las combinaciones polticas que de dichas conveniencias pudiesen resultar entre ese pas y Chile, conviene acentuar, de una vez por todas, que la entrega del puerto de Arica por parte de Chile equivaldra a debilitar la defensa de la regin del Norte, en un grado que sera injustificable an ante los sentimientos ms pronunciados en favor del panamericanismo.

El problema de un puerto para Bolivia est ntimamente relacionado con una circunstancia especial que es necesario considerar y a cuyas consecuencias deber presentarse continua y vigilante atencin. E1 amor que los Estados Unidos mantenimiento de la paz en el continente americano, amor variable, en realidad, segn sus exclusivas conveniencias, tal vez se manifestar despus de la apertura del Canal en una Forma enrgica, que quizs no se limite al empleo de la persuasin o presin diplomtica.

Prescindiendo de lo irritante de una presin armada de los Estados Unidos en el Pacfico que tuviese por objeto impedir el estallido de una guerra suscitada por el deseo de Bolivia de

7adquirir un puerto y por el de su antagonista de impedrselo, siempre subsistir el hecho dc que esta influencia extraa slo se har sentir con toda su fuerza en los pases de la costa. Las voces de mando que resuenen en los acorazados de la Unin surtos en aguas sudamericanas, o las insinuaciones diplomticas apoyadas con la presencia de su flota, tendrn toda su fuerza en las orillas del mar, y se apagar su eco antes de llegar a la lejana altiplanicie de Bolivia.

As, pues, Bolivia podra desentenderse de esta presin al perseguir la consecucin de su objetivo y si es cierto que, en el momento de la solucin final del problema, probablemente necesitara contar con la aquiescencia de los Estados Unidos, no lo es menos que posesionada Bolivia del ambicionado puerto, la Repblica norteamericana sera la ltima en el empeo de quitrselo porque lo contrario no estara de acuerdo con los intereses de su comercio y de su poltica misma.

Expuesto lo anterior, superfluo sera insistir sobre la necesidad en que se encontrara Chile de poder resistir influencias dirigidas a compelerlo en el camino de la cesin del puerto al vecino de la altiplanicie, influencias que bien podran tomar la forma de una coercin efectiva para impedirle defender con las armas lo que es suyo!

Todo Estado Soberano, aun cuando sufra de postracin econmica en el momento dado, tiene el primordial deber de atender al mantenimiento y desarrollo de su defensa, si no quiere exponerse a que poderes extraos le dicten la ley en asuntos que afectan a sus ms vitales intereses. Si de lo dicho se desprende la posibilidad de una nueva Guerra del Pacfico en un futuro ms o menos prximo, tanto ms razonable es que se estudie concienzudamente la pasada, a fin de extraer de las enseanzas que encierra toda la utilidad posible, para dar a Chile la certeza de hacer frente, en mejores condiciones que entonces, a las eventualidades del porvenir. Slo las glorias de aquella no podrn ser superadas, pero queda el deber de igualarlas!.

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II

LAS CAUSAS DE LA GUERRA

Se podra pensar que al tratar de las causas de una guerra entre naciones latinoamericanas, bastara mencionar las principales; empero, no es posible aqu proceder de esta manera, porque las causas que la produjeron contribuyen tambin a dar a esta guerra un carcter hasta cierto punto especial y poco comn. Esta circunstancia debe ser tomada en cuenta si se desea formarse un claro concepto de la actividad militar a que dio origen, y para poder juzgar esta misma con entera justicia.

As, es de notar que las negociaciones diplomticas, originadas en aquellas causas siguieron, su curso a pesar de haberse producido ciertas acciones militares, que, si bien no son de guerra propiamente dicho, por lo menos llevaron la situacin internacional a un grado tal de gravedad que no ofreca otra alternativa que la guerra.

Si las circunstancias hubiesen sido diversas, es decir, si alguno de los beligerantes o todos ellos hubieran contado con una defensa nacional bien preparada, es indudable que la guerra se habra desarrollado de una manera diversa desde su iniciacin hasta su desenlace.

Debido, pues, a la ausencia de una eficaz preparacin militar, las operaciones blicas se desarrollaron en condiciones especiales, de las cuales es indispensable tomar nota para formular un juicio acertado sobre los mritos o defectos de las acciones militares.

Nos proponemos dilucidar tambin, a su debido tiempo, otra cuestin de importancia, cual es la relacionada con la forma que el Gobierno o el Comando militar imprimieron a la conduccin de la guerra, a fin de decidir si habra sido posible y conveniente conducir la guerra en otra forma, a pesar de las condiciones especiales de que se ha hecho mencin.

Al entrar en el estudio de las causas polticas de la guerra y del intercambio diplomtico a que dieron origen, debo dejar constancia de la escasa cooperacin que he pedido a los, escritos de Vicua Mackenna sobre la campaa: pues comparto las opiniones de autorizados autores sobre las obras histricas del distinguido escritor. En efecto, se ha reconocido que Vicua Mackenna, como historiador, adolece de defectos que en parte se deben tal vez a la estrecha proximidad entre los hechos y el momento en que escribi la historia de los mismos. As, no es de extraar que falte en sus referidas obras la serenidad suficiente para juzgar los actos del Gobierno de su pas y la imparcialidad que todo historiador debe a uno y otro beligerante. Adems, la historia de Vicua Mackenna se resiste de otras cualidades caractersticas que la hacen inadecuada para servir de gua a un estudio serio y concienzudo y que ms bien le dan el carcter de una crnica amena y pintoresca.

En cambio. a menudo he seguido gustoso a dos historiadores de indiscutibles mritos: los seores Barros Arana y Blnes. Sobre todo el seor Blnes que ha podido disponer de una documentacin ms completa y autorizada, y por competencia especial en cuestiones diplomticas, me ha servido de experto gua para tratar el presente captulo.

Es de notar asimismo, la ecuanimidad de los juicios con que el seor Blnes aprecia los actos de los enemigos de su Patria y el acierto de muchas de su, observaciones crticas sobre las operaciones militares, acierto tanto ms notable si se considera la dificultad con que debe tropezar una inteligencia, por muy clara que sea, si no se encuentra fortalecida por conocimientos militares perfectamente asimilados o suficientemente amplios. Empero, en la apreciacin de las operaciones militares, tal como la hace el seor Blnes, campea un espritu marcadamente desafecto a la legtima preponderancia de los profesionales en la direccin de la guerra. En efecto. obedeciendo a ese criterio, el seor Blnes pondera los mritos y disimula benvolamente los defectos o errores en que incurri cl elemento civil directivo de la guerra.

Haciendo abstraccin de este aspecto personalista de su modo de pensar, queda subsistente un punto de importancia como es el relacionado con la organizacin y atribuciones del alto

9comando. A este respecto, la conclusin que parece desprenderse del escrito del seor Blnes est, en tesis general, no solamente en abierta pugna con la sana doctrina, tal como la comprenden hoy da las naciones que cuentan con mejor organizacin, sino que constituye asimismo un peligro de fracaso en futuras eventualidades, y por tal motivo considero pernicioso este criterio; por lo dems, insistir en otra oportunidad sobre este punto.

Tal vez no est de ms advertir que no he seguido a los autores ya nombrados cuando se separan del tenor de los documentos oficiales de veracidad indiscutible. Para la confeccin de los captulos siguientes he consultado, adems, el Boletn de la Guerra del Pacfico, la Compilacin de documentos oficiales sobre la campaa, hecha por el seor Ahumada Moreno, los folletos del Almirante Lpez, del seor General Duble, del seor Molinare, del seor Capitn Langlois y de muchos otros. Desgraciadamente, en realidad slo he podido disponer de fuentes y documentos chilenos, pues los nicos peruanos y bolivianos que me ha sido dado aprovechar, son los escasos que figuran en las obras mencionadas.

Debo lamentar, asimismo, no haber podido conocer de vsu sino un reducido nmero de campos de batalla, debido entre otras causas a escasez de tiempo y de recursos pecuniarios. Finalmente, en este trabajo se evitar hacer la apreciacin de las personalidades dirigentes en uno y otro campo; en el lado chileno, por razones de ndole personal del autor, y en el lado de los aliados, por falta de documentos suficientes e imparciales. As, pues, a pesar de la importante influencia que las caractersticas personales ejercen sobre la guerra, nos contentaremos con analizar la obra sin relacionarla con las personalidades mismas que fueron sus autores.

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Los hechos histricos, o causas, que dieron origen a la Guerra del Pacfico, pueden ser agrupados como sigue:

a) La vaguedad de los lmites divisorios entre los dominios coloniales de Espaa que despus se erigieron en naciones independientes;

b) El descubrimiento de salitre en el Desierto de Atacama; c) La nacionalidad de la poblacin que habitaba el litoral boliviano, juntamente con la desorganizacin administrativa que reinaba en esa comarca; y

d) La poltica econmica adoptada por el Per desde el ao 1872.

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Mientras los pases hispanoamericanos formaron parte del imperio colonial de Espaa, los lmites entre ellos tuvieron para el Gobierno espaol el carcter de meras delimitaciones internas o administrativas, por cuya razn los gobernantes de la metrpoli muy poco se preocuparon de establecerlos con precisin; a lo cual se opona, por otra parte, el escaso conocimiento de estos vastos territorios tan poco explorados en aquella poca. De aqu que los pases sudamericanos comenzasen su vida independiente sin contar con mutuas fronteras bien definidas.

Las consecuencias de tal hecho no se hicieron esperar mucho, exteriorizndose en forma de recelos y controversias entre las ex-colonias, convinindose finalmente en adoptar como principio general de delimitacin el Uti possidetis de 1810.

La adopcin de este principio, como es notorio, no resolvi del todo la cuestin; empero, ofreci a lo menos la ventaja de excluir la existencia de territorios sin dueo, impidiendo as que potencias extraas al continente ocupasen alguna parte del suelo sudamericano a ttulo de res nullius.

El previsor Gobierno del General Blnes tom, a este respecto, una iniciativa cuya trascendencia veremos ms adelante, presentando al cuerpo legislativo la ley que ste sancion en 1842-43, y que fue llamada ley de los huanos. Esta ley declar que lmite septentrional de Chile era el paralelo 23 de latitud Sur (latitud de Mejillones).

10 El Gobierno boliviano protest acto continuo por tal declaracin, sosteniendo que, en virtud del uti possidetis de 1810, el lmite meridional de su provincia litoral coincida con el paralelo 26 (entre los actuales puertos de Taltal y Chaaral) y no con el 23. Anotemos, de pasada, que la iniciativa del Gobierno del General Blnes fue simultnea con el comienzo de la explotacin del huano en el Per. La disidencia en las pretensiones de Chile y Bolivia provoc un vivo disentimiento y agrias controversias que estuvieron a punto de hacer estallar la guerra en 1863; pero tres aos ms tarde, en 1866, y debido a la iniciativa del Gobierno boliviano de Melgarejo, se celebr una convencin con el objeto de terminar la cuestin de los huanos, que haba sido prcticamente identificada con la del lmite.

Luego de celebrado el tratado, se puso de manifiesto la ligereza con que ambos gobiernos haban procedido, evidencindose el descontento con el convenio. El Tratado de 1866 fue indudablemente celebrado bajo la impresin de los calurosos sentimientos panamericanos que hicieron explosin con motivo de la guerra de reivindicacin contra el Per que Espaa acababa de intentar. Este entusiasmo panamericano naci del error en que incurrieron los pases sudamericanos, estimando exageradamente el peligro de ser reconquistados por Espaa; falsa apreciacin nacida del desconocimiento del verdadero estado econmico y militar en que se encontraba la ex-metrpoli en esa poca.

Apenas enfriados los nimos, los estadistas chilenos y bolivianos examinaron con calma el Tratado de 1866, quedando descontentos con su fondo y con su forma.

El fondo del convenio consista en que se fijaba el paralelo 24 como lmite austral de Bolivia y boreal de Chile; ambos pases percibiran por mitad los derechos de aduana provenientes de la exportacin del huano y de los minerales de la zona comprendida entre los paralelos 23 y 25, descontando los gastos de administracin de la aduana boliviana de Mejillones, nica por donde podran exportarse aquellos productos. El personal de esa aduana sera exclusivamente boliviano y designado por el Gobierno de Bolivia. Chile tendra derecho a mantener representantes en la aduana de Mejillones para controlar la contabilidad, y Bolivia tendra igual derecho en cualquiera aduana que Chile estableciese en el paralelo 24(Se quera tal vez vigilar que Chile no exportase por aqu ni huanos ni minerales?)

La nacin boliviana consider el Tratado inspirndose en los alegatos, basados en antecedentes histricos, de sus estadistas y publicistas, y estim que su Gobierno, por ignorancia de Melgarejo, el caudillo-presidente, haba hecho una concesin innecesaria cediendo un vasto territorio (el litoral al Sur del paralelo 24), sobre cuya nacionalidad boliviana no abrigaba dudas, y adems se reparta con Chile entradas netamente bolivianas (las del territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24).

La opinin chilena, por su parte, reprochaba al Tratado las concesiones que acordaba a Bolivia al Sur del paralelo 24, despus de obsequiar a sta todo el territorio entre dicho paralelo y el 23, siendo sin duda chileno segn la conviccin chilena.

Haba en el fondo del Tratado otras cosas de menor importancia que irritaban a la opinin pblica de ambos pueblos, pero que no tomaremos en consideracin.

Entre los trminos de la redaccin haba dos que causaron especial disgusto y originaron discusiones, me refiero a que se indicaba a la aduana boliviana de Mejillones como nica entre los paralelos 23 y 25 por donde se podra exportar huano y minerales, y al alcance de la palabra minerales, a la cual ambos contratantes dieron ulteriormente un sentido muy diverso.

Antes de estudiar los inconvenientes producidos por los defectos sealados en el Tratado de 1866, conviene recordar un acto internacional sin precedentes cuya ejecucin fue inminente en ese mismo ao, y cuya realizacin habra fortalecido de un modo notable la posicin de Chile en el litoral del Norte.

11El Presidente Melgarejo, cuyo Gobierno haba nacido con un motn, se estaba

enajenando la simpata y el apoyo de la parte ms consciente de la opinin boliviana, debido, adems del origen, a los procedimientos despticos de su dictadura.

La situacin de Melgarejo haba llegado hasta el punto de haber perdido toda confianza en las tropas bolivianas, por cuyo motivo no se atreva a enviar una parte considerable a guarnecer el lejano litoral, para no desprenderse de la vigilancia inmediata de las mismas. Por tal causa pidi al Gobierno de Chile que enviase tropas a Cobija, principal puerto de la costa boliviana entre los paralelos 22 y 23. Felizmente para los intereses bolivianos, el Ministro de Bolivia en Santiago supo poner trabas a la ejecucin de ese proyecto.

En 1871 el Presidente Melgarejo fue derrocado merced a los mismos medios violentos de que l se sirvi para escalar el poder, y uno de los primeros actos del nuevo Gobierno fue la obtencin de una ley, sancionada por la Asamblea legislativa, por la cual se declar nulos todos los actos gubernativos del dictador Melgarejo; ley cuyos efectos alcanzaron tambin a la validez del Tratado de 1866.

La anulacin del Tratado ofreca al Gobierno de Chile la ocasin de satisfacer el anhelo patritico de la nacin, recuperando el paralelo 23 como frontera Norte; sin embargo, el Gobierno no procedi as, sino que entabl negociaciones para mantener su vigencia. Dichas negociaciones dieron por resultado el Convenio Lindsay-Corral, celebrado al finalizar el ao de 1872.

El punto principal de dicho Convenio era el reconocimiento del paralelo 24 como lmite entre los dos pases; adems, conceda a Chile el derecho de controlar las aduanas que Bolivia estableciese entre los paralelos 23 y 24 y a Bolivia, recprocamente, el mismo derecho sobre las aduanas chilenas que se estableciesen entre los paralelos 24 y 25, y se declaraba comprendidos en la palabra minerales al salitre, al brax, a los sulfatos, etc., y terminaba proponiendo un modo de fijar definitivamente el lmite oriental de la zona objeto del pacto.

Chile aprob, aunque con poco agrado el Convenio Lindsay-Corral; pero el Congreso boliviano rehus discutir el convenio, alegando que corresponda hacerlo a la Asamblea ordinaria de 1874.

La resistencia que el Convenio encontr en Bolivia puede atribuirse, en cierto modo, a la irritacin producida all por la participacin que se atribua a Chile en la tentativa revolucionaria de Quevedo.

Saliendo de un puerto chileno (Valparaso) con un buque adquirido y armado con dinero obtenido en Chile, un boliviano expatriado, el General Quevedo, se haba apoderado de Antofagasta en 1872. El intento revolucionario de Quevedo fracas; pero la nacin boliviana qued resentida con Chile a causa de las circunstancias que rodearon su ejecucin. La justicia histrica nos obliga a reconocer que aquel resentimiento no careca de fundamento; porque, si bien es cierto que las facilidades dadas a Quevedo en Chile lo haban sido por particulares que tenan intereses en Bolivia, no puede negarse que ni el Gobierno ni las dems autoridades chilenas haban empleado el celo y energa de debidos, para impedir la organizacin en su territorio y la partida de un punto de sus costas, de una expedicin revolucionaria contra el Gobierno de un pas vecino, con el cual Chile estaba ligado por tratados de paz y amistad y con cuyo Gobierno se seguan simultneamente negociaciones diplomticas de gran trascendencia para los dos pases. (Vanse los detalles sobre la Expedicin Quevedo en la obra de GONZALO BLNES, Guerra del Pacfico, De Antofagasta a Tarapac. Valparaso, Sociedad Imprenta y Litografa Universo, 1911, tomo I pgs. 30-35.) El Gobierno del Per, de cuya poltica internacional tendremos ocasin de ocuparnos en seguida, explot la irritacin boliviana a favor de la alianza secreta que en esa poca estaba tramando contra Chile. Con este objeto, hizo especial hincapi en la circunstancia de que algunos buques de guerra chilenos estaban en las rada de Tocopilla y Mejillones cuando Quevedo se apoder de Antofagasta; llevando su empeo hasta el punto de realizar una demostracin en Mejillones con dos de los buques de su flota ( el Huscar y el Chalaco) y ordenar a su Ministro en Santiago que

12manifestase al Gobierno chileno que el Per no sera indiferente a la ocupacin de cualquiera parte del territorio boliviano por fuerzas extraas.

La resolucin de la Asamblea boliviana de postergar el estudio del Convenio Lindsay-Corral, produjo naturalmente cierto descontento en los crculos gubernativos de Chile; sin embargo, no puede negarse la serena actitud del Gobierno de este pas y la influencia de su espritu conciliador para aminorar el efecto de la poltica agitadora del Per.

El Ministro chileno en La Paz, don Carlos Walker Martnez, estaba animado de la mejor voluntad para llegar a un arreglo amistoso con el Gobierno de Bolivia; pero no se le ocultaba que la opinin pblica se encontraba all muy distante de participar en estos pacficos propsitos.

Habindose recogido ciertos rumores de que el Per, Bolivia y Argentina tramaban una conspiracin contra Chile, Walker Martnez hizo una contra jugada de alta habilidad: invit al Gobierno de La Paz a discutir un nuevo tratado en reemplazo del de 1866 (dejando de este modo intil el Convenio Lindsay-Corral, cuya consideracin estaba postergada por el Congreso boliviano hasta 1874).

La base del nuevo convenio sera el reconocimiento por parte de Chile del dominio definitivo de Bolivia sobre el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24, (reservndose para l solamente la mitad de los derechos de exportacin del huano de aquel sector.

Entretanto, el Congreso boliviano en sesin secreta de 2 de julio del mismo ao (1873) haba aprobado la alianza con el Per, cuyo objeto sera para Bolivia fortalecer la defensa del litoral que consideraba suyo, pero cuya apropiacin, segn las afirmaciones de la cancillera peruana, era el firme propsito de Chile. Empero, como el Gobierno boliviano no abrigaba, a pesar de todo, el deseo de subordinar enteramente su poltica a la del Per en aquellas cuestiones en que los intereses de uno y de otro pas no coincidan, vio en el ofrecimiento del Ministro de Chile un categrico desmentido a las aseveraciones peruanas, de que Chile no estara contento mientras no fuese dueo de todo el litoral de Bolivia, y, por consiguiente, acept discutir las proposiciones del diplomtico chileno, llegndose al ao siguiente (1874) a formalizar el convenio.

Este Tratado tiene gran importancia para juzgar, bajo el punto de vista del Derecho Internacional, las relaciones entre ambos pases al estallar la Guerra del Pacfico y para apreciar la justicia que acompaaba a cada uno de los beligerantes.

El objeto del convenio, como lo explica el diplomtico chileno, autor y negociador del proyecto, don Carlos Walker Martnez era afianzar la paz, suprimiendo todo motivo de desacuerdo y dar garantas al capital e industrias chilenos que se hubiesen desarrollado en el litoral. El Tratado de 1874 fij el lmite entre Chile y Bolivia en el paralelo 24, es decir, idntico ofrecimiento al hecho a esta ltima en 1866, y se fijaba como frontera oriental al divortium aquarum: se suprimi la medianera con excepcin de los huanos en actual explotacin o que se descubriesen despus entre los paralelos 23 y 24, (debindose resolver por arbitraje cualquiera duda sobre ubicacin de dichos minerales); finalmente Bolivia quedaba comprometida a no aumentar dentro de dicha zona hasta transcurridos 25 aos ( desde la fecha del Tratado) los derechos de exportacin vigentes sobre los minerales, ni sujetar a las personas, industrias y capitales chilenos a otras contribuciones, cualquiera que fuese su naturaleza, que las que al presente existiesen. (Blnes incurre en un error cuando dice (Guerra del Pacfico, I, Pg. 38): en la zona del antiguo territorio de comunidad,. pues no exista ni haba existido nunca zona de comunidad, porque todos los tratados posteriores a 1866 haban reconocido la soberana de Bolivia al Norte y la de Chile al Sur del paralelo 24, y antes de aquel ao (desde 1843) el territorio intermedio entre los paralelos 23 y 26 haba estado en litigio, pero jams fue comn.

Efectivamente, no era el territorio lo comn o sujeto a medianera sino las entradas provenientes de los impuestos de exportacin del salitre, etc., de la zona 23-24, cosa, por cierto, bien distinta.)

Posteriormente se celebr un Tratado complementario, que fue firmado en La Paz el 21 de julio de 1875 y canjeado en esta misma capital el 22 de septiembre del mismo ao, con el fin de

13explicar el sentido de algunos puntos dudosos del Tratado del 74, y extendi la competencia del arbitraje a todas las cuestiones consultadas en este mismo, a cuyo respecto deca textualmente el Art. 2 del Tratado complementario lo siguiente: Todas las cuestiones a que diera lugar la inteligencia y ejecucin del tratado del 6 de Agosto de 1874 debern someterse al arbitraje. Despus de viva resistencia, en gran parte inspirada por el Per, el Congreso boliviano aprob el Tratado en 6 de noviembre de 1874. El Congreso chileno lo aprob sin dificultad. Ambos lo ratificaron y el canje oficial se efectu en La Paz en 28 de julio de 1875. (Vase el Tratado de lmites del 6 de Agosto de 1874 y el Protocolo o Tratado complementario de 21 de julio de 1875, promulgados como ley de la Repblica de Chile en 25 de Octubre de 1875, en el Boletn de las Leyes y Decretos del Gobierno, libro XLIII, Santiago, Imprenta Nacional, 1875, pginas 524-530.)

Con esto dejamos la cuestin de lmites para ocuparnos de la del salitre en el Desierto de Atacama.

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En 1866 el seor don Francisco Puelma haba formado con don Jos Santos Ossa una compaa que se llam Exploradora del Desierto. Poco despus, este ltimo seor y su hijo don Alfredo Ossa salieron en expedicin de exploracin, durante la cual descubrieron el Salar del Carmen, no muy lejos de lo que despus lleg a ser la ciudad de Antofagasta. En el interim, se negociaba el Convenio de 1866 entre las repblicas de Chile y de Bolivia que deba colocar el sitio del descubrimiento bajo la jurisdiccin de la ltima, pues se encontraba entre los paralelos de 23 y 24 de latitud, y los seores Ossa y Puelma obtuvieron del Gobierno boliviano la primera concesin (de 1866), que les reconoca en propiedad cinco leguas ( Es de suponer que cinco leguas cuadradas) de terreno salitral y cuatro ms para cultivos agrcolas, contra la obligacin de construir un muelle en Antofagasta. Los propietarios traspasaron esta concesin a la Compaa Explotadora del Desierto de Atacama. Esta consigui en 1868 la liberacin de derechos exportacin y el privilegio exclusivo de la explotacin libre del salitre y del brax en todo el Desierto de Atacama durante 15 aos, sin pagar impuesto alguno por las sustancias inorgnicas (excepto metales) que pudieran sacar de una faja de terreno que se extenda por una legua a cada lado del camino, de 25 hasta 30 leguas, que la Compaa se comprometi a construir desde Antofagasta. Por esta concesin, la Compaa pag, por una sola vez, la cantidad de 10.000 pesos.

Como la construccin del camino mencionado era indispensable para explotar la concesin, se consider en Bolivia que los 10.000 pesos eran una miseria y que el Gobierno de Melgarejo haba descuidado de escandalosa manera los intereses nacionales al otorgar la concesin de 1868. Tanto ms violenta y motivada se hizo la oposicin pblica en Bolivia contra este acto del dictador, cuanto que en 1870 se presentaron otras personas solicitando explorar nuevos descubrimientos de salitre y cuyas peticiones no podan ser acordadas por existir el privilegio exclusivo que se haba dado a los peticionarios privilegiados de 1868. Ya hemos dicho que, a raz de la revolucin de 1871 que derroc a Melgarejo, la Asamblea del mismo ao haba declarado nulos todos los actos de su administracin; y un decreto de 1872 declar nulos y sin ningn valor las concesiones de terrenos salitrales y de borato que hubiese hecho la administracin pasada. Establecido esto, la Melbourne, Clark & Co., que haba comprado los derechos de la Compaa Explotadora del Desierto de Atacama, se esforz en salvar sus intereses, logrando al fin conservar la concesin, pero con considerables restricciones. Se anulaba el privilegio general y exclusivo que abarcaba todo el Desierto de Atacama, reduciendo la concesin a las quince leguas que comprendan la zona del Salar del Carmen y parte de la de Salinas.

La Compaa de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, que se haba trasformado la Melbourne, Clark & Co., reclam de esta resolucin, transigiendo con el Gobierno de Bolivia en

14Noviembre de 1873, quien le concedi, como indemnizacin del privilegio primitivo, cincuenta estacas bolivianas de terreno salitral, adems de las 15 leguas que le reconoca la resolucin anterior. Y todava, la Compaa quedara por quince aos (de 1874 a 1889) exenta de todo derecho de exportacin y de cualquiera otro gravamen municipal o fiscal.( Artculo 4 de la concesin.)

Este compromiso entre el Gobierno de Bolivia y la Compaa de Salitres haba sido reducido a escritura pblica, sin esperar la aprobacin del Congreso boliviano que, segn el mismo contrato, se exiga para que tuviera fuerza legal. Como la Asamblea legislativa de 1874 no se preocup del asunto, el mejor amparo para la Compaa fue, en realidad, el Tratado de 1874 que celebraron entre ambos Gobiernos Chile y de Bolivia, y cuyo artculo 4 estipulaba que las personas, industrias y capitales chilenos no quedaran sujetos a ms contribuciones, de cualquiera clase que sean, las que a las que al presente existan. La estipulacin contenida en este artculo durar por el trmino de veinticinco aos.

Volveremos a ocuparnos de la cuestin salitre al tratar de la poltica econmica del Per. ____________

Pasemos ahora a la tercera causa de la guerra: la composicin tnica de la poblacin en el

litoral de lo que hoy es la provincia de Antofagasta y el estado de desorganizacin en que se encontraban la administracin y la justicia en estas comarcas. Desde el origen de la Repblica de Chile, sus emprendedores hijos haban explorado los ridos territorios del Norte, y apenas se descubrieron en ellos posibilidades industriales, se encargaron de sus arduas tareas los esforzados brazos de los chilenos. Se calcula que al estallar la guerra, ms del 90 % de la poblacin del litoral del Norte era chileno. Slo los empleados pblicos del Gobierno, administrativos, judiciales y policiales, y naturalmente, las pequeas guarniciones militares de la zona entre los paralelos 23 y 24, eran bolivianos.

Igualmente tambin, los capitales que se invirtieron en las nuevas industrias de esas comarcas eran en gran parte chilenos, o, cuando menos, haban llegado va Chile.

Tanto esta poblacin como estos capitales necesitaban garantas administrativas, judiciales y de polica: pero, en la realidad, tales servicios bolivianos estaban en la ms completa desorganizacin.

Entre las dos nacionalidades exista en el litoral una constante y muy marcada rivalidad. Por una parte, era slo humano que los bolivianos vieran con recelo el poderoso desarrollo econmico de los chilenos en territorio boliviano: y por otra parte, los chilenos no podan olvidar que hasta recientemente (1866) esta zona era considerada como chilena, mientras que ahora no solamente no tenan derechos de ciudadana, sino que sufran constantemente el menospreci con que en muchas partes se trata a los extranjeros y la extrema dificultad que como tales, tenan para conseguir justicia de parte de los jueces, de las autoridades administrativas y de la polica bolivianas. Sin aceptar la apasionada exposicin que Vicua Mackenna hace de los atropellos y crueldades a que la poblacin chilena estuvo sometida en esta zona, y qu ni Blnes ni Barros Arana acogen, no cabe duda de que dichas autoridades bolivianas se mostraron, a lo menos, enteramente incapaces de dar a esta comarca la garanta de orden, de justicia y de paz que eran indispensable para su desarrollo pacfico. Por otra parte, semejantes defectos en la administracin boliviana del litoral eran del todo naturales, tomando en cuenta el constante estado de revolucin y dictadura que durante tan largo perodo reinaba en Bolivia. As pues, si los conflictos entre chilenos y bolivianos eran constantes en esta zona, sera injusto echar la culpa de ellos exclusivamente a los bolivianos. Sabemos que el minero chileno, con sus muchos mritos, adolece del defecto de no respetar mucho el orden pblico cuando la embriaguez perturba sus facultades mentales. Mientras estos conflictos por cuestiones de desordenes y atropellos irritaban los nimos por parte de unos y otros, ocurrieron otros hechos de mayor importancia poltica.

15Los residentes chilenos hicieron obra de zapa, por medio de sociedades secretas,

anlogas al carbonarismo poltico que floreci en el perodo de la Independencia, e intentaron que el Gobierno los ayudase a independizarse de Bolivia... ( BLNES, Loco citado, t. I, pg. 50. )

Es cierto que el Gobierno de Chile, bajo Errzurriz y Pinto, rechaz estas gestiones como atentados contra la paz y los tratados vigentes, pero es evidente que semejantes organizaciones y trabajos polticos secretos no podan menos que preocupar seriamente al patriotismo boliviano. No sera raro que la existencia de estas sociedades secretas (que de ninguna manera haban logrado mantener el secreto de su existencia ignorado de los bolivianos) fuera la base sustancial del argumento peruano sobre las intenciones conquistadoras atribuidas a Chile y que el Per us para hacer que Bolivia entrase en la alianza secreta que se firm en 1873.

Tambin en el Per trabajaba gran nmero de chilenos, tanto en las salitreras de Tarapac, como en la construccin de lneas frreas, tales como las de Oroya, de Mollendo a Puno y de Ilo a Moquegua. Constantemente se hacan reclamaciones por la marcada hostilidad con que estos trabajadores eran tratados por parte de la poblacin y de las autoridades peruanas. A pesar del defecto en sus costumbres del trabajador chileno, que mencionamos al hablar de su situacin en el litoral boliviano, no cabe duda de que el trato que reciba en el Per revelaba una hostilidad sistemtica a la nacionalidad chilena, como lo expresaba el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Jos Alfonso, dando cuenta de estos hechos al Congreso. Es, evidentemente, obligacin del Estado proteger a sus ciudadanos procurando que, aun en el extranjero, reciban la proteccin que acuerdan las leyes del territorio que los hospeda. En semejante caso, el Estado est obligado a emplear medios eficaces, hasta el extremo de tener que emplear, en fin, el ms violento de todos: la guerra.

_______________ La ltima causa de esta guerra, y por cierto, no la menos activa, era la poltica econmica

del Per. Por motivo que no es del caso estudiar aqu, la hacienda pblica de esta nacin se

encontraba desde tiempo atrs en muy mal estado. La exposicin que el Presidente Pardo hizo al Congreso de 1872 mostraba al pas al borde de la bancarrota.

La base de las entradas fiscales era la explotacin de las huaneras de la costa, que constitua un monopolio del Estado. ltimamente estas entradas haban mermado considerablemente por la competencia que hacan al huano los productos de las salitreras, sobre todo las de Tarapac. Es cierto que, el salitre pagaba al fisco peruano derechos de exportacin; pero, evidentemente, la venta del huano (que haca entrar en las arcas fiscales todo el producto del negocio, puesto que el fisco era dueo de huaneras) proporcionaba mayores recursos a un Gobierno que se encontraba en constantes apuros econmicos.

Para salvar tan precaria situacin, se ide el plan de monopolizar tambin a favor del fisco, la explotacin del salitre. Pero, para ejecutar este plan, sera preciso expropiar las salitreras de Tarapac, cuyos concesionarios eran casi exclusivamente chilenos; y, como la hacienda peruana careca de los fondos necesarios para dicha compra, se dict en 1873 la ley de Estanco cuyo objeto era limitar la explotacin del salitre autorizando al fisco para comprar el total de la produccin con el fin de venderlo con ganancia. Sin entrar en el escabroso terreno del cuestionable derecho de intervenir en la administracin y el uso de concesiones ya acordadas que constituyen derecho de propiedad, basta comprobar que el negocio result malo, pues la produccin era mayor que el consumo. Como la dictacin de una nueva ley que restringiese ms la explotacin del salitre habra evidentemente causado reclamaciones de parte de los concesionarios por cuantiosas indemnizaciones, no era posible seguir por ese camino. No haba ms remedio que proceder francamente a la expropiacin. En 1875, el Congreso peruano dict una ley que autorizaba al Gobierno para contratar un fuerte emprstito para cancelar los bonos con que debera liquidarse la compra de las salitreras. El emprstito fracas el fisco qued con deudas todava mayores a los

16bancos que haban anticipado fondos para garantizar los bonos fiscales y para cancelar los que fueran sorteados para amortizar antes de que el emprstito llegase a realizarse. Pero, al fin y al cabo, las oficinas salitreras estaban en poder del fisco.

El monopolio fiscal del salitre, sin embargo, presentaba cada da mayores dificultades. Para defenderlo de la competencia de las salitreras que se haban establecido en Bolivia al del paralelo 23, el Gobierno peruano se vio obligando a arrendarlas: pero esto no era hacedero con las salitreras de Antofagasta. Sus contratos con el Gobierno boliviano y el Tratado Chileno-Boliviano de 1874, las eximia de todo aumento de impuestos de exportacin, o de cualquiera otra clase de contribucin, permitindoles as hacer competencia sumamente perniciosa a la venta peruana completamente intil cualquiera ley de Estanco. El peligro mayor todava cuando los salitreros chilenos, cuyas concesiones de Tarapac haban sido compradas por fisco peruano, descubrieron, en 1878, salitre en las pampas de Taltal, es decir, al Sur del paralelo 25, en territorio que, por los tratados de 1866 y 1874, haba sido reconocido como chileno. La hacienda pblica del Per iba, pues, de mal en peor. Por la anterior exposicin se ve, pues, que desde el momento en que la poltica financiera del Per entr en 1872 por el camino del monopolio, se encontr con el obstculo ms difcil de vencer en las industrias salitreras chilenas. Las haba visto nacer y desarrollarse vigorosamente en territorios peruanos, bolivianos y chilenos; por todas partes encontraba a estos cateadores audaces, a estas combinaciones de capitalistas emprendedores y a estos trabajadores incansables. Era preciso acabar con tal estado de cosas; era necesario paralizar el desarrollo econmico de Chile: era cuestin vital para el bienestar del Per!

No extraa pues, que el Gobierno peruano acogiese de buen agrado la gestin que, a fines del ao 1872, inici en Lima para formar una alianza contra Chile, el Gobierno boliviano, descontento por las disidencias a propsito de la medianera de las entradas del litoral y muy irritado por el apoyo que la intentona revolucionaria de Quevedo (en Julio de 1872) haba encontrado en Chile.

Ms de una vez la diplomacia peruana haba insinuado a Bolivia la idea de la necesidad de defenderse contra el propsito evidente de Chile de anexar todo el litoral boliviano. Al fin pareca que el Gobierno boliviano se hubiese dado cuenta del peligro. Ahora convena andar de prisa, y convenir pronto en la alianza y en el modo de operar, a fin de sacar provecho de ella antes de que pudiesen llegar los acorazados que Chile estaba haciendo construir en Inglaterra, para equilibrar la superioridad que, en estos momentos, favoreca a la Escuadra peruana. Deba hacerse lo posible para que la Repblica Argentina entrase tambin en la alianza. Bolivia deba insistir en no respetar el Tratado de 1866, es decir, mantener la declaracin de nulidad con que su Congreso de 1871 haba borrado todos los actos del Gobierno de Melgarejo; deba hacer caso omiso del Convenio Lindsay-Corral (5-XII-72.). (BLNES, Loc. cit., pg. 28, declara vigente en esa fecha el Tratado 1866; pero, en vista de la declaracin del Congreso boliviano de 1871 y de resolucin del de 1873 de postergar el estudio del Convenio Lindsay-Corral para 1874, consideramos que en esa fecha, es decir. a fines de 1872 y al principio de 1873, en realidad, no exista tratado de lmites vigente entre los dos pases. Es preciso distinguir entre un contrato hecho entre particulares que, naturalmente, no puede anularse sin mutuo consentimiento de las partes, y un Tratado entre Estados Soberanos; pues, si uno de los Altos Contratantes no se cree obligado por su honor a cumplir el convenio, basta el anuncio de esta circunstancia para anular el Tratado, por la simple razn de que los Estados Soberanos no reconocen ley o autoridad alguna que est por sobre su soberana voluntad ( Toca a la Constitucin del Estado establecer las formas legales para dar expresin a dicha voluntad).) En seguida, Bolivia deba ocupar territorio a que alegaba derecho, esto es, el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 26, lo que equivale de toda la zona salitrera, lo que permitira al Per afirmar poltica financiera. Las escuadras combinadas del Per y la Argentina obligaran a Chile a aceptar el arbitraje que le insinuara para decidir la cuestin de lmites, en condiciones tanto ms

17desfavorables para esta Repblica cual que Bolivia ocupara la zona en litigio y que las escuadras de sus aliados dominaran en el Pacfico.

Bajo semejantes auspicios se firm en Lima el 6 de Febrero de 1873 el Tratado de Alianza entre el Per y Bolivia al que un artculo adicional dio carcter de secreto mientras dos Altas Partes Contratantes, de comn acuerdo, estimen necesaria su publicacin. El Tratado fue aprobado por el Congreso peruano el 22 de Abril y por el boliviano el 2 de Junio, y habiendo sido ratificado por los gobiernos de ambos pases, fue canjeado en La Paz el 16 de Junio de 1873.

Por el texto, (El texto se encuentra en BLNES, Loc. cit., tomo I, pginas 65-68 y en AHUMADA MORENO, Guerra del Pacfico, Recopilacin completa de todos los documentos oficiales, correspondencias y dems publicaciones referentes a la guerra, etc., tomo I, cap. IV, pginas 151-152.) se ve que este convenio guardaba una forma mucho menos arrogante que las ideas que lo inspiraban. En primer lugar, se presenta como netamente defensivo: los pases firmantes lo haban convenido para garantizar mutuamente su independencia, su soberana y la integridad de sus territorios respectivos, obligndose en los trminos del presente Tratado a defenderse de toda agresin exterior...; en segundo lugar: la alianza fue firmada sin esperar la entrada en ella de la Argentina; y, en fin, en ninguna parte nombra a Chile a pesar de que prcticamente diriga particularmente en contra de esta Repblica.

Examinando el Tratado de Alianza, se nota que la diplomacia peruana superaba en mucho a la boliviana. Especialmente oneroso para Bolivia era el artculo VIII inciso 3, que contena el compromiso para ambos de no concluir tratados de lmites o de otros arreglos territoriales, sin conocimiento previo de la otra parte contratante; porque esta estipulacin abra la puerta al Per para intervenir en toda negociacin para fijar definitivamente los lmites entre Bolivia y Chile. El efecto se hizo sentir acto continuo, pues fue uno de los motivos que tuvo el Congreso boliviano de 1873 para aplazar hasta 1874 el examen del Convenio Lindsay-Corral, es decir, aplazar el resultado de las negociaciones diplomticas que haban sido establecidas para llegar a un arreglo amistoso despus de la declaracin de nulidad que el Congreso boliviano haba lanzado contra todos los actos del gobierno anterior, y, por consiguiente, tambin contra el Tratado de 1866. Ya conocemos el otro motivo, a saber, la irritacin que haba causado el proceder de las autoridades chilenas con respecto a la intentona revolucionaria de Quevedo.

Pero, calmados los nimos, muy especialmente por la hbil iniciativa del Ministro chileno en La Paz, seor Carlos Walker Martnez, que hemos ya mencionado, los polticos bolivianos comenzaron a resentirse de la tutela peruana que vieron asomar en el Tratado de Alianza de 1873.

El resultado de esta reaccin fue el convenio con Chile de 1874-1875. En vano la diplomacia peruana haba hecho lo posible para impedir ese arreglo. Se comprende fcilmente cun poco convena al Per este tratado chileno-boliviano, que hacia simplemente insostenible la base de su poltica econmica.

Natural era, entonces, que hiciera lo que pudo para que su nuevo aliado rompiese pronto el Tratado de 1874, empleando como principal argumento la necesidad que tena Bolivia de asegurar el dominio del litoral, que con derecho consideraba suyo, antes de que Chile recibiese los acorazados nuevos, y el otro argumento de que la actitud moderada que este pas haba mostrado en el Tratado de 1874 era slo ocasional y de corta duracin: la poltica chilena habra postergado, pero de manera alguna abandonando su objetivo de apoderarse de todo el litoral boliviano.

Desde 1873 el Per trabaj tambin para que la Repblica Argentina entrase en la alianza contra Chile; pero entonces palparon los aliados los inconvenientes de haber formulado y firmado el tratado sin ingerencia alguna de la Argentina. La misin diplomtica que, con el mencionado fin, llev a Buenos Aires don Manuel Irigoyen, sufri varios meses de atraso por las contraproposiciones que fueron presentadas por el Gobierno argentino; pero, al fin, ste acept la idea de alianza el 14 de Octubre de 1873, exigiendo, sin embargo, algunas modificaciones del Tratado, que haban sido sugeridas por el Senado argentino, para resguardar los intereses particulares de ese pas. El resultado final de esta negociacin fue otro fracaso para la poltica

18peruana y al cual contribuyeron varias circunstancias. Las exigencias adicionales de la Argentina no agradaron ni al Per ni a Bolivia, este pas encontr tambin demasiado egosta la poltica peruana; los tres Estados negociadores divisaron el peligro de una contra- alianza entre Chile y el Brasil. Pero ms que todo contribuy a quitar al Per el deseo de provocar la guerra a Chile a toda costa, la inesperada llegada a Valparaso el 26 de Diciembre de 1874 del nuevo acorazado Cochrane. Desde este momento el Gobierno peruano no tena la seguridad de la supremaca martima y su Ministro en la Argentina recibi instrucciones de no apresurar las negociaciones con ese pas. El cambio de presidentes en esta Repblica, cuando en 1874 Avellaneda sucedi a Sarmiento, puso fin por el momento a las gestiones para el ingreso de la Argentina en la alianza. Cuando se supo en Lima que el Cochrane haba partido para Chile, la cancillera del Rimac entendi que haba pasado ya el momento oportuno para atacar. Por eso, desde mediados de 1874 adopt un tono mucho menos arrogante en sus transacciones diplomticas con Chile. La crisis haba pasado; y hay que reconocer que haba producido este resultado la hbil poltica del Gobierno de Errzuriz, sabiendo acercarse oportunamente al Brasil y tomar la enrgica resolucin de ordenar el viaje del Cochrane en cualquier estado que su construccin se encontrase. Llegando as en 1874, cuando los enemigos de Chile lo esperaban slo en 1875 en el Pacfico, el nuevo acorazado haba salvado al pas de un inminente peligro. Poco importa entonces el aumento de su costo que result de la necesidad de enviarlo a Inglaterra Enero de 1877 para concluir su construccin de donde regres a mediados de 1878.

Como hemos dicho, la crisis inmediata haba pasado en 1874; pero las relaciones polticas entre las tres repblicas del Pacfico distaban mucho de ser amigables; en su fondo, no eran ni normales; porque todas las causas de la discordia anterior estaban latentes y todava sin solucin. La atmsfera de la poltica exterior en esta regin sudamericana estaba tan cargada, que bastaba slo una chispa para hacerla estallar.

De Bolivia parti esa chispa. La transaccin que el Gobierno boliviano haba hecho en 1873 con la Compaa de

Salitres de Antofagasta y a la cual faltaba nicamente la aprobacin final del Congreso boliviano, libraba a la Compaa de todo impuesto de cualquier clase, fiscal municipal, desde 1874 a 1889; y, lo que es todava de mayor importancia por tener carcter internacional, el Tratado de 1874 haba hecho a Chile garante de esta libertad durante 25 aos, es decir, hasta 1899 inclusive.

Durante los aos de 1874 hasta 1878 hubo algunos reclamos contra tentativas municipales de imponer a la Compaa ciertas contribuciones locales; pero estos pleitos fueron de escasa importancia. Otra cosa sucedi en 1878.

En 1876 el General don Hilarin Daza se haba hecho Presidente de Bolivia, empleando los mismos medios revolucionario de sus antecesores; y un par de aos haban bastado para convertirle en director absoluto de ese pas, al mismo tiempo que su administracin estaba agotando los recursos de la hacienda pblica, pues todos sus actos tuvieron por nico objeto afirmar el poder del dictador y satisfacer sus caprichos. Haba necesidad de crear nuevas entradas. Con este fin, la Asamblea de 1878 desenterr de sus archivos la transaccin de 1873 que hasta entonces haba dormido en ellos sin que nadie se preocupase del asunto. Con fecha 14 de Febrero de 1878 la Asamblea dict una ley aprobando dicha transaccin a condicin de hacer efectivo, como mnimun, un impuesto de 10 centavos por quintal exportado. El Gobierno boliviano promulg sin demora esta ley. El directorio de la Compaa Salitrera de Antofagasta, que vio en la creacin de este pequeo impuesto el principio de un sistema que concluira en su ruina, porque privndola de la liberacin de derechos de exportacin y de otros gravmenes le quitara tambin la posibilidad de competir en el mercado comercial con los salitres ms ricos del Per, recurri al Gobierno chileno pidiendo su amparo, en virtud del Tratado Chileno-Boliviano de 1874; y el Gobierno de Chile no poda menos que acceder a la solicitud de la Compaa. En un principio recibi promesas verbales del Ministro de Hacienda de Bolivia de que se suspendera los efectos de la ley en cuestin,

19mientras se buscase una solucin de la dificultad pendiente; pero, como estas promesas no se cumplieran, el Gobierno chileno formul en Julio de 1878 una reclamacin formal sobre la materia.

Pero el hecho era que el Gobierno de Daza haba resuelto echar a los ingleses de Antofagasta. Llamaron inglesa la Compaa bajo el pretexto de que el gerente, don Jorge Hicks y una parte de los empleados eran de esa nacionalidad. Pero, como la sociedad industrial en cuestin estaba formada y radicada en Chile, tambin los capitales ingleses en ella invertidos tenan, segn el Derecho Internacional, carcter de chilenos. Si los socios ingleses tenan alguna reclamacin que hacer, deban presentarla al Gobierno chileno, que a su turno, deba entenderse sobre ella con el Gobierno boliviano. La nacionalidad de los empleados no poda manera alguna cambiar a la Compaa su carcter de chilena.

Es evidente que con esto se pensaba eludir el Tratado de 1874 y evitar la intervencin chilena. Pero, como tan ftil pretexto no poda tener semejante efecto, el Gobierno boliviano lleg a declarar al Ministro chileno seor Videla, que no demor en reclamar, que las concesiones de la Compaa no tenan base legal y podan ser anuladas. Durante tres meses, de Agosto hasta Noviembre, esper el Gobierno chileno, con harta paciencia, que el Gobierno boliviano reflexionase mejor sobre las consecuencias internacionales que poda producir su modo incorrecto de tratar el Convenio de 1874. Pero al fin, en el mes de Noviembre (28-XI-78.) hizo una reclamacin enrgica, haciendo presente al Gobierno boliviano que la violacin del Tratado de 1874 no podra menos que poner fin a la concesin que Chile haba hecho en l, reconociendo el dominio boliviano sobre la zona entre los paralelos 23 y 24. El Gobierno de Daza mantena su modo de pensar: en contestacin oficial y escrita de 13- XII-78. sostuvo que la cuestin suscitada por la ley del impuesto no es del derecho pblico sino de orden privado, y que, por consiguiente, no se relacionaba en nada con el Tratado de 1874. Si la Compaa tuviera alguna queja por la ejecucin de la ley del 14 de Febrero (1878), sera sta cuestin que estara por completo dentro de la competencia de los tribunales de la justicia boliviana. Ni aun fue atendida la insinuacin chilena de no cobrar el impuesto intertanto el Gobierno de Santiago tuviese tiempo de imponerse de la nota del 13-XII-78. y apreciar su alcance, a pesar de que el Ministro chileno avis que el Gobierno de Chile considerara la ejecucin de la ley como la ruptura del Tratado de 1874.

La respuesta del Gobierno boliviano a la mencionada insinuacin fue ordenar (el I7- XII.) al Prefecto de Antofagasta que cobrase el impuesto sobre la base de su efectividad desde el 14 de Febrero, es decir, desde la fecha de la aprobacin de la ley por la Asamblea, mientras que el Ejectese del Gobierno llevaba fecha de 23.-II.-78. El pedido del Cnsul chileno en Antofagasta de que el Prefecto suspendiese la ejecucin de la cobranza mientras que los gobiernos llegasen a algn acuerdo, insinuacin que el Cnsul hizo sin saber, naturalmente, el trmino a que las negociaciones diplomticas haban llegado en La Paz, no pudo ser atendida por el Prefecto Zapata que tena orden terminante de proceder.

Los dos gobiernos, considerando que haba llegado el momento de ir al arbitraje en conformidad al artculo 2 del Tratado complementario de 1875, as lo propusieron casi simultneamente, debiendo versar el arbitraje sobre la relacin entre la ley de impuestos del 14-II.-78. y el Tratado de 1874, el Gobierno boliviano por nota del 26-XII.-78. y el chileno con fecha 3-I.-79. Como en esa poca no haba comunicacin telegrfica entre Santiago y La Paz, las dos notas diplomticas se cruzaron en el camino.

Pero las dos propuestas de arbitraje contenan condiciones previas irreconciliables. Chile exiga la suspensin mientras tanto de la ejecucin de la ley del 14-II.-78.; en cambio, Bolivia insista en hacerla efectiva mientras tanto; y como ninguno de los dos gobiernos quera ceder, el proyectado arbitraje tuvo que fracasar.

En vista del giro desagradable que tomaba el debate diplomtico, el Gobierno chileno orden que los blindados que estaban en Lota saliesen para Caldera y el Blanco fue despachado a Antofagasta, a donde lleg el 7.-I. Su presencia en este puerto tuvo el efecto de evitar desrdenes

20que, sin ella, hubieran podido resultar del estado de irritacin en que se encontraba la poblacin chilena all residente. Vindose amparada por esta medida previsora de su Gobierno, se mantuvo tranquila.

El da anterior a la llegada del Blanco, el Prefecto de Antofagasta haba notificado a la Compaa el pago de los derechos, en conformidad a la orden que haba recibido de su Gobierno; y, como la Compaa no acat la orden, el 11-I. , mand trabar embargo en sus bienes por la cantidad de 90.848 bolivianos y 13 centavos, ordenando al mismo tiempo la prisin del gerente Hicks. Este huy; pero los trabajos de la Compaa fueron suspendidos.

Noticiado de estos acontecimientos, el Gobierno boliviano dict el 1-II.- 79. un decreto que dej sin efecto la transaccin de 1873 entre el mismo y la Compaa. As, opinaba, deban volver las cosas al estado creado por la ley de 1871 que haba anulado todos los actos del Gobierno de Melgarejo, y, por consiguiente, tambin las concesiones a la Compaa. El decreto estaba motivado en que la Compaa haba protestado por escritura pblica contra la ley del 14-II-78., ley que era, sin embargo, el ltimo y principal acto de dicha transaccin, sin el cual sta no tena fuerza legal, pues toda enajenacin de bienes nacionales necesitaba de la aprobacin del Congreso. El proceder del Gobierno boliviano para con la Compaa de Salitres, debe, de todos modos, ser caracterizado como poco legal y digno. Tal vez se habra podido sostener la legalidad de forma o exterior de semejante proceder, SI NO HUBIESE EXISTIDO el Tratado de 1874 entre Chile y Bolivia. Pero la existencia de dicho Tratado bastaba para condenar como incorrecto el proceder boliviano; puesto que, al concretarse este convenio internacional, nadie, ni el Gobierno boliviano, dudaba de la existencia real de la Compaa Chilena de Salitres de Antofagasta, y, por consiguiente, el artculo 4 de dicho Tratado la comprenda tambin a ella. Pero, pedir lealtad y dignidad a los gobiernos y autoridades bolivianas de esa poca, era tal vez pedir demasiado en vista de su modo de nacimiento y existencia. Por otra parte, considero que si el procedimiento ni fue leal ni fue digno, tampoco fue habilidoso. Si el Gobierno boliviano estaba resuelto a toda costa a aniquilar esa Compaa, hubiera debido principiar por el desahucio del Tratado con Chile. Veremos cmo trat de esquivar la influencia de este acto por otro camino... Al comunicar, el 6-II.-79. al Encargado de Negocios de Chile el decreto de reivindicacin del 1-II.-79., el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, seor Lanza, agreg que como este decreto haba suspendido la ejecucin de la ley del 14-II.-78. haba desaparecido el motivo del reclamo del Gobierno chileno... Para el caso de suscitarse un nuevo incidente, el Gobierno boliviano estaba dispuesto a acogerse al recurso arbitral consignado en el artculo 2 del Tratado de 1875. Pero esta ltima oferta desagrad de tal modo al Presidente Daza que expuls al seor Lanza del Ministerio. Es que Daza estaba resuelto a recuperar el litoral que consideraba boliviano. De hecho haba ya enviado Lima al seor Reyes Ortiz para pedir la adhesin del Per a la guerra contra Chile en cumplimiento al Tratado secreto de alianza de 1873.

El Gobierno chileno, que todava ignoraba los ltimos sucesos de La Paz, recibi el 7-II., es decir, al da siguiente de la notificacin en la capital boliviana del decreto de reivindicacin, un telegrama del Cnsul chileno en Antofagasta, don Nicanor Zenteno, avisando que el Prefecto de Antofagasta haba comunicado el 5-II. A la Compaa un decreto suyo (del Prefecto) ordenando el remate pblico de los bienes embargados.

El Gobierno chileno entendi que, si este remate se llevaba a efecto, las propiedades de la Compaa chilena podan ser adquiridas por ciudadanos de una potencia extranjera, cosa que podra llegar a complicar muy desagradablemente la cuestin del Norte. Todava no se tena noticia en Santiago del decreto de reivindicacin de las salitreras (del 1-II.-79.); el aviso lleg el 11-II. y bast para que el Gobierno resolviese la ocupacin de Antofagasta; lo que fue comunicado al Ministro de Chile en La Paz por telegrama que sali de Valparaso el 13-II.-79 (la nota oficial lleva fecha 12). El telegrama del 13. ordenaba tambin al Ministro retirarse inmediatamente; pero el Ministro Videla haba pedido ya de hecho sus pasaportes el da 12 en vista

21de no haber recibido contestacin a una nota del 8-II. en que peda saber dentro de 48 horas si el Gobierno boliviano aceptaba o no el arbitraje en las condiciones chilenas. La nota del Ministro Videla de 12-II.-79. conclua diciendo: Roto el Tratado de 6 de Agosto de 1874, porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en l estipuladas, renacen para Chile los derechos que legtimamente hacia valer antes del Tratado de 1866 sobre el territorio a que ese tratado se refiere. En consecuencia, el Gobierno de Chile ejercer todos aquellos actos que estime necesarios para la defensa de sus intereses, etc., etc.

Por consiguiente, al recibir el telegrama del 13-II., hacia ya varios das que el Ministro Videla haba cortado las relaciones oficiales con el Gobierno boliviano.

Al resolver, el 12-II., el Gobierno chileno la ocupacin de Antofagasta, dispuso que el Cochrane y la O'Higgins partiesen a ese puerto, llevando dos compaas de desembarco a cargo del Coronel don Emilio Sotomayor, en aquel entonces Director de la Escuela Militar. Sotomayor deba ocupar la ciudad antes que se verificara el remate.

El 14-II.-79., es decir, en el primer aniversario de la aprobacin de la ley de impuestos por la Asamblea boliviana fondearon en la rada de Antofagasta el Blanco, el Cochrane, y la O'Higgins. Haban llegado muy a tiempo, pues el remate de la propiedad de la Compaa chilena estaba anunciado para la maana de ese mismo da.

Las tropas chilenas de desembarco, 100 infantes y 100 artilleros del Regimiento de Artillera de Marina, ocuparon el puerto sin resistencia; pues el prefecto boliviano Zapata, que dispona slo de 40 policiales, les hizo que entregaran sus armas, y, despus de haber recibido del Comandante chileno, Coronel Sotomayor, la promesa de proteccin de los ciudadanos bolivianos pacficos, se retir al consulado peruano, dejando formulada y presentada la protesta oficial del caso. El Prefecto y los dems empleados bolivianos tomaron, el 16-II., el vapor de la carrera a Cobija; 40 policiales desarmados haban ya emprendido la marcha por tierra a ese puerto. El Coronel Sotomayor ocup con 70 hombres la pequea quebrada de Caracoles, que se encuentra inmediatamente al NE. de Antofagasta, y el Salar del Carmen. El 15-II. la O'Higgins fue a Mejillones y el Blanco a Cobija y Tocopilla.

Esta medida haba sido ordenada por el Coronel Sotomayor a fin de dar proteccin a nuestros compatriotas y vigilar el litoral. Es cierto que as la Escuadra chilena era enviada a los puertos de la regin boliviana al N. del paralelo 23, entre ste y el 22; pero ningn cargo puede hacerse por ello al Comandante chileno, pues la medida era legtima, mientras los buques chilenos se limitasen a la misin de proteccin a las personas y a las propiedades chilenas. Repetidas veces se ven semejantes medidas de proteccin, constantemente y en todas partes del mundo, sin que estas operaciones se caractericen como de guerra. El hecho de que de esta manera los buques chilenos quedaran enteramente dueos de la situacin en esas partes del litoral boliviano, no dependa de dichas operaciones sino que de la completa impotencia de la defensa boliviana en ellas.

Entre la poblacin chilena el entusiasmo fue general; apenas se impuso del desembarco, Antofagasta se cubri de banderas chilenas. Tambin en Santiago y en el pas entero el acto del Gobierno fue aclamado con general entusiasmo.

Los crculos ms exaltados y cierta opinin que no cargaba con las responsabilidades del Gobierno se crean ya en plena guerra.

En medio del entusiasmo patritico se pronunciaba por todas partes la sospecha de que el Per tena la culpa de los sucesos del Norte.

Para el Gobierno se trataba, pues, de saber pronto lo que poda esperar del Per. Dada la orden de ocupar a Antofagasta (12-II.) el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Alejandro Fierro, invit a su despacho al Ministro diplomtico peruano seor Paz-Soldn y le comunic la resolucin adoptada. Este ofreci los buenos oficios del Per si se postergaba la ocupacin de Antofagasta por algunos das. Por razones que conocemos, el Gobierno chileno no poda aceptar esta condicin y declin cortsmente el ofrecimiento del plenipotenciario peruano. Este comunic

22acto continuo el hecho a su Gobierno telegrafiando: Chile juzga inaceptable los buenos oficios en vista actitud Bolivia. Ocupa hasta grado 23.

Hasta ese momento gran parte de la opinin pblica en Lima, y su prensa, en general, haban acompaado a Chile en el conflicto sobre la ley boliviana de impuestos a la Compaa de Antofagasta (ley de 14-II.78.); pero, al saber la ocupacin chilena de ese puerto, la opinin pblica peruana se declar unnimemente contra Chile. Como era natural, la irritacin fue mayor en Lima, donde fue encabezada principalmente por los partidarios de la poltica salitrera del Gobierno peruano; mientras que el ardor blico era menos manifiesto en las provincias.

Hacia cabeza en el movimiento de hostilidad a Chile el partido civilista formado por Pardo. El Presidente del Per, don Mariano Ignacio Prado, deseaba personalmente la paz; pero la mayora de sus ministros y de los hombres que ocupaban los altos puestos en la administracin y en la poltica (y en primer lugar, los salitreros peruanos, esto es, los que tenan arrendado el monopolio del fisco sobre el salitre), todos estos hombres influyentes eran partidarios de la guerra con Chile.

En Chile, la opinin pblica comprendi desde el primer momento que la contienda con Bolivia se hara extensiva al Per. Sin embargo, el Presidente Pinto deseaba sinceramente la paz y en esto le acompaaba aquella parte de los hombres influyentes cuyas relaciones personales o de negocios les daban motivos para desear que se arreglara la cuestin del Norte sin guerra.

En vista del estado de cosas en Lima, fcil es comprender que la misin del Comisario boliviano Reyes Ortiz colocaba al Gobierno peruano en un conflicto; porque muchas e influyentes personas consideraban ms prudente no ir a la guerra, ya que la superioridad naval del Per de 1873 haba desaparecido desde el momento que Chile dispona de dos nuevos acorazados, cada uno de los cuales era superior al mejor buque de guerra del Per.

Despus de varias deliberaciones, el Gobierno peruano resolvi ofrecer oficialmente su mediacin en el conflicto entre Chile y Bolivia; pero, al mismo tiempo, se comprometi con Reyes Ortiz a declarar la guerra a Chile, si dicha oferta no fuese aceptada.

El seor Jos Antonio de Lavalle fue enviado a Santiago para ofrecer la mediacin peruana bajo las siguientes condiciones: desocupacin por parte de Chile, de Antofagasta; derogacin, por parte de Bolivia, de la ley que gravaba los salitres y del decreto que reivindicaba la propiedad de la Compaa; en seguida, el arbitraje debera resolver sobre la legalidad de las medidas bolivianas.

A pesar del deseo del Presidente Prado de evitar la guerra, es evidente que abrigaba poca confianza en conseguirlo, por comprender que sera imposible que el Gobierno chileno aceptase la condicin de la desocupacin de Antofagasta. Y, en realidad, as fue; porque, aun en el caso de que el Presidente Pinto hubiera deseado hacer este sacrificio, habra, sin duda alguna, resultado intil y, por consecuencia, altamente perjudicial para Chile: en Antofagasta haba de 5.000 a 6.000 mineros chilenos que quedaron desocupados con la paralizacin de los trabajos de la Compaa Salitrera, los que, en el momento que se hubieran visto abandonados por su Gobierno, no habran demorado en levantarse contra las dbiles fuerzas bolivianas en el litoral. As se habra visto obligado nuevamente el Gobierno chileno a ocupar a Antofagasta, y este acto habra tenido entonces otro carcter muy distinto del realizado el 14-II.; porque, con la nueva ocupacin, se prestara apoyo a un acto subversivo contra las autoridades de una nacin con que todava no estaba en guerra. As veo el asunto; porque, al desocupar ahora a Antofagasta, Chile reconoca indirectamente la legalidad de las autoridades bolivianas all, mientras el rbitro dirimiese la cuestin.

No ignorando el Gobierno peruano esta dificultad en que se encontraba Chile para desocupar a Antofagasta, natural fue que procediera acto continuo a prepararse para la guerra. Al mismo tiempo que el Ministro de Relaciones Exteriores explic, por medio de una nota-circular a los plenipotenciarios peruanos en el extranjero, la situacin poltica internacional, tal como la vea el Gobierno del Per, dando a conocer su conviccin de que la guerra era inevitable e inmediata y la parte que cabra al Per en ella, el Gobierno peruano orden por telgrafo la compra en Europa, a cualquier precio, de buques de guerra y de otros pertrechos para la Defensa Nacional.

23Pero mientras tanto, su diplomacia deba procurarle el plazo que necesitaba para estos

preparativos blicos, como tambin deba esforzarse en buscarle aliados en la contienda. As pues, es evidente que la verdadera misin que el seor Lavalle deba llevar en Santiago

era la de ganar tiempo. Al seor La Torre, Ministro peruano ad hoc en Buenos Aires, se confi el trabajo

diplomtico en la Argentina, cuyo objeto sera hacer que esta Repblica entrase en la alianza contra Chile, o, si esto no fuese posible, debera tratar de conseguir un convenio de subsidios, el que, segn el singular modo de interpretacin del Derecho Internacional del Gobierno peruano, podra ser cumplido por la Argentina sin quebrantar la neutralidad que posiblemente querra guardar para con Chile, si dicho convenio de subsidios fuera firmado antes de que la guerra no estuviese todava declarada entre el Per y Chile. (A pesar de no faltar ejemplos de semejante proceder en pocas anteriores, tal interpretacin de la neutralidad no se acepta por el Derecho Internacional moderno.) Si la Argentina no quisiese aceptar ninguna de las dos proposiciones indicadas, deba el Ministro peruano proponer la compra de uno o dos blindados (argentinos), operacin que sera ejecutada por tercera mano y consultando las reservas convenientes y mediante la promesa de la ms completa reciprocidad por parte del Per, si ms tarde la Repblica Argentina se viera en la necesidad de hacer uso de su escuadra.

Para no ocuparnos ms en este Captulo de estas negociaciones en Buenos Aires, diremos slo que la Argentina concluy por negarse a aceptar las propuestas peruanas, a pesar de todas las simpatas que all existan en favor del Per. En realidad, lo nico que convena a la Repblica Argentina era la neutralidad; porque, desde 1878, sus negociaciones para solucionar la cuestin de lmites con Chile haban tomado un giro que prometa un resultado altamente ventajoso para ella, y que, como sabemos, se realiz en 1881, por el tratado que le entreg casi toda la Patagonia y gran parte de la Tierra del Fuego.

En Chile luchaban dos corrientes opuestas. El Presidente Pinto y polticos tan prominentes como Santa Mara, Varas y Montt contemplaban con sobresalto la guerra en este momento, motivando su resistencia a ella la situacin sumamente precaria de la hacienda pblica; mientras que la gran masa de la nacin era partidaria entusiasta de la guerra inmediata, y con esta corriente simpatizaba tambin la mayor parte de los miembros del gabinete, como el Ministro del Interior, seor Prats, a la cabeza.

Estas circunstancias, junto con la habilidad diplomtica del seor Lavalle y las excelentes relaciones sociales que supo establecer en derredor suyo en Santiago, hicieron que su misin no fracasara inmediatamente, sino que se prolong desde el 7-III. hasta el 3-IV.-1879., en que Lavalle se retir despus de recibir sus pasaportes el mismo da, esto es, al da subsiguiente al de la sesin secreta en la cual el Congreso peruano haba autorizado la declaracin de guerra a Chile.

No es nuestro nimo seguir los enmaraados caminos de esta negociacin diplomtica en Santiago, por considerar que el asunto no tiene importancia para el fin especial de nuestro estudio.

Muy esencialmente contribuyeron las frecuente, hbiles y enrgicas comunicaciones del Ministro chileno en Lima, don Joaqun Godoy, para poner en manos del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Alejandro Fierro, las armas que necesitaba para combatir al diplomtico peruano. Repetidas veces hizo presente el seor Godoy al Gobierno la conviccin inquebrantable que se haba formado en Lima de que el Per estaba resuelto a entrar en guerra contra Chile.

No haremos la historia de la agitacin que la calmosa poltica del Gobierno y muy especialmente su recepcin de la misin Lavalle produjeron en la prensa y en el pblico chileno; como tampoco la historia de las manifestaciones de igual naturaleza que tuvieron lugar en el Per y Bolivia; a pesar de llegar dichas manifestaciones en varias partes y ocasiones a excesos deplorables que eran, en cierto grado, muy naturales y excusables en pueblos de naturaleza tan viva como el chileno y el peruano y de la parte del boliviano que no es de indios puros (porque stos son muy sufridos).

24Menos excusables son parecidos excesos de lenguaje y de acciones cuando, como

sucedi varias veces, ellos emanan de los gobiernos o de las autoridades; pero, como no ejercen influencia mayor en la guerra, podemos bien dejar estos sucesos fuera de nuestro estudio actual, slo s dejando constancia de que tanto el Gobierno chileno como sus autoridades subordinadas se abstuvieron con honrosa serenidad de cometer semejantes excesos.

Por decreto de 1 de Marzo de 1879, el Gobierno boliviano declar la guerra a Chile, ordenando al mismo tiempo la expulsin del territorio boliviano de todos los ciudadanos chilenos y el embargo de sus propiedades con excepcin de sus papeles privados, su equipaje y artculos de su menaje particular. Esta declaracin fue comunicada a los ministros extranjeros residentes en Lima por el Enviado Extraordinario de Bolivia, seor Reyes Ortiz, y el Gobierno peruano la comunic por cable a Estados Unidos, hacindola as pblica en todo el mundo con el fin de cerrar para Chile los mercados de armas y buques, municiones y otros pertrechos de guerra.

El Ministro Godoy avis este hecho por telegrama de 14-III. al Gobierno chileno, quien le orden el mismo da pedir al Per una inmediata declaracin de neutralidad. Cuando el Presidente Prado se impuso del oficio por el cual el Ministro chileno solicitaba la audiencia correspondiente, le invit a una conferencia privada para intentar un ltimo esfuerzo para evitar la guerra, lo que era, en realidad, sincero deseo personal del Presidente peruano. Como Godoy sostuvo con firmeza que la nica manera de evitar la guerra entre Chile y el Per era una declaracin franca e inmediata de la neutralidad peruana, el Presidente Prado confes con tristeza que no poda hacerla, porque dijo, Pardo me ha dejado ligado a Bolivia por su Tratado secreto de alianza.

Al fin tuvo con certeza el Gobierno chileno noticia exacta de la existencia del Tratado secreto de 1873! Desde aos atrs estaba oyendo rumores sobre l, la opinin pblica, desde el comienzo de la poltica violenta de Bolivia en 1878, estaba plenamente convencida de su existencia; desde Lima haba comunicado el Ministro Godoy varias veces sus fundadas sospechas en el mismo sentido; desde el Brasil haban llegado noticias idnticas... y cosa notable y rara! los diplomticos chilenos en Lima, La Paz y Buenos Aires no haban logrado desenterrar el secreto, cuando estaba en poder no slo de los congresales del Per y de Bolivia sino que tambin de casi todos los hombres influyentes de estos dos pases y de la Argentina.

El Ministro de Chile acreditado en La Paz durante los aos en que se prepar y firm el Tratado secreto de alianza, don Carlos Walker Martnez, manifest (Diciembre de 1873) que dudaba de su existencia: en este pas (Bolivia) todo el mundo juzga que es una patraa. Los esfuerzos del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, seor Fierro, y de los dems polticos que intervinieron en la negociacin de Lavalle en Santiago, para saber de l la verdad sobre este asunto, tambin fueron frustrneos, vindose el diplomtico peruano en apuros tan grandes para ocultar su existencia, que lleg a faltar a la verdad de un modo que nunca podra ser ignorado y bastante condenado por la historia.

El 25-III. el Gobierno chileno envi orden telegrfica al Ministro de Guerra y Marina, Coronel don Cornelio Saavedra, que en esa fecha se encontraba en Antofagasta, de alistar la Escuadra.

El Gobierno peruano en el intertanto haba ordenado al seor Lavalle tratar de ganar tiempo, usando los argumentos de que se convocara al Congreso peruano para pronunciarse sobre la posibilidad de desentenderse del Tratado de alianza, pero, como pasara un mes antes de que ese Congreso pudiera reunirse, sera preciso que Chile tuviese paciencia mientras tanto. Pero el Gobierno chileno que tena ya certidumbre de la existencia de la alianza Per-boliviana, no se dej engaar.

El 28-III. el Consejo de Estado dio su aprobacin al mensaje al Congreso en que el Gobierno peda autorizacin para declarar la guerra al Per y a Bolivia. El seor Rafael Sotomayor fue enviado al Norte al da siguiente; llevaba en su cartera un decreto reservado que le nombraba Secretario general del Almirante y del General en jefe con la facultad de asesorarlos tanto en las operaciones blicas como en la parte administrativa. ( Ms tarde volveremos a tratar de este

25nombramiento.) El Ministro Saavedra fue llamado a Santiago, y el Ministro diplomtico de Chile en Lima, Godoy, recibi orden de pedir sus pasaportes. Al Norte se mand nueva orden de tener la Escuadra lista y reunida, pero sin mandar ningn buque al Per.

El 2-IV. el Congreso autoriz al Gobierno para declarar la guerra al Per y a Bolivia, promulgndose esta declaracin por bando en todas las ciudades de la Repblica el 5 de Abril, aniversario de la batalla de Maip.

El pas respondi con vigoroso patriotismo a la declaracin de guerra. Ricos y pobres se presentaron a los cuarteles ofreciendo sus servicios a la patria.

_______________ Nuestro limitado tiempo no nos permite analizar en todos sus interesantes detalles esta controversia, desarrollada en largo lapso de cerca de cuatro aos, que condujo a la GUERRA DEL PACFICO; pero en la guerra, como en todos los actos de la vida de las naciones y de los particulares, es bueno darse cuenta en qu grado la justicia nos acompaa. Limitndonos a las causas principales y al carcter general de su aparicin en el curso de la controversia, examinaremos, entonces, este punto de la justicia con la absoluta imparcialidad que es deber imprescindible del historiador y que, muy distante de estar en oposicin al verdadero y sereno patriotismo, es, al contrario, uno de sus rasgos caractersticos.

Entre las tres repblicas beligerantes, Bolivia fue la que vio amenazados sus intereses nacionales ms grandes, al mismo tiempo que fue ella misma quien tuvo la culpa mayor en este estado de cosas. Por razones, en cierto grado explicables por la situacin interna de este pas, su poltica haba cometido errores fundamentales.

Se haba contentado con protestar, y mantener una polmica diplomtica, contra la ley chilena de huanos de 1842, sin tomar las precauciones prcticas respecto a su Defensa Nacional que la situacin aconsejaba y haba permitido que las industrias chilenas se desarrollasen libremente en el litoral que consideraba boliviano. Las conexiones que el Gobierno de Melgarejo hizo a la industria chilena de salitres eran verdaderos crmenes contra los intereses de la nacin boliviana. El convenio de 1866 era otro error, pues sin arreglar la cuestin de los huanos, hiri profundamente los intereses bolivianos al reconocer el paralelo 24 como lmite.

Era, pues, poltica patritica legtima tratar de subsanar estos gravsimos errores del Gobierno de Melgarejo. Pero, esta poltica patritica err lastimosamente el camino que hubiera debido tomar para alcanzar su objetivo.

El primero de sus errores fue extender los efectos de la ley de 1871, que anulaba los actos Gubernativos del Gobierno de Melgarejo, a los convenios internacionales. Estos se modifican o se deshacen convenientemente de otras maneras.

Dos aos ms tarde cometi la poltica boliviana el segundo error fundamental al no comprender que deba aprovechar impostergablemente la oportunidad de recuperar el litoral que le ofreca la alianza secreta con el Per en 1873. Hecho esto, habra sido posible entenderse con el Per, acompandolo en su poltica, sin quedar bajo una pesada tutela.

Este error produjo el tercero y tal vez el mayor de los desaciertos de la poltica boliviana: el Tratado Chileno-Boliviano de 1874-75 cuya significacin analizaremos al hablar de Chile.

Y, en fin, err seriamente al entrar en 1878 por el camino de los atropellos y violencias en sus relaciones con Chile. Mal podan los atentados contra la propiedad chilena en Antofagasta ser justificados por las artimaas que trataron de llevar a los tribunales de la Justicia ordinaria la controversia entre las autoridades bolivianas y la Compaa de Salitres; ni podan poner remedio al mal, puesto que no haran desaparecer el Tratado de 1874-75. Ya lo hemos dicho: el Gobierno boliviano debera haber principiado su accin contra la Compaa de Salitres por desahuciar francamente dicho Tratado;

26pero entonces hubiera debido tambin estar preparado para entrar en la guerra que, sin duda, habra sido el resultado de semejante proceder.

As fue como una poltica inepta hizo perder a Bolivia el apoyo de la justicia, que, de otro modo, la habra acompaado en su controversia con Chile.

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Para el Per, era cuestin nacional de vital importancia salvar su hacienda pblica, y aspiracin patritica, defender la base de su poltica financiera (monopolios de huano y del salitre) contra la competencia chilena del litoral de Atacama. Por consiguiente, hay que reconocer como patritica su actividad diplomtica en Bolivia que culmin en el Tratado Secreto de Alianza de 1873. No nos creemos con el derecho moral de censurar su mantenimiento secreto durante ms de cinco aos; semejante proceder se considera como un gran triunfo en la diplomacia de todo el mundo; toca al adversario aclarar el misterio.

Salvo el error de formular y firmar con Bolivia la alianza, sin dar a la Argentina ingerencia en su gestin, cuando deseaba su entrada en la combinacin; salvo este error, hay tambin que reconocer que el Per despleg tanta habilidad como energa, tanto en Bolivia como en la Argentina, para hacer de esta alianza una arma mortal contra Chile.

El error de la poltica boliviana que ya hemos sealado hizo fracasar este plan en 1874. Desde este momento, el Tratado de Alianza era ms bien oneroso para el Per, pudiendo hasta convertirse en un peligro para l; pues poda verse envuelto en una guerra en momento inoportuno y en condiciones desventajosas, sin contar con probabilidades de ganar despus compensaciones equitativas. Esto fue precisamente lo que aconteci y peor todava! Si, en general, la poltica exterior del Per fue hbil hasta 1875, ahora cometi, a nuestro juicio, un grave error al no desahuciar el Tratado de Alianza tan pronto como tuvo conocimiento del Tratado Chileno-Boliviano de 1874-75; pues este convenio cruzaba por completo los planes econmicos peruanos que dieron origen a la poltica aliancista del Per. De todas maneras habra convenido al Per proceder as, pues entonces hubiera estado en libertad para elegir su posicin en cualquier conflic