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1H i s t o r i a d e E s p a ñ a

2H i s t o r i a d e E s p a ñ a

3© Oxford University Press España, S. A. H i s t o r i a d e E s p a ñ a

CANARIAS CONVOCATORIA JUNIO 2009

S O L U C I Ó N D E L A P R U E B A D E A C C E S OAUTORA: Marta Monje Molina

� El texto recoge dos fragmentos de la obra de JoaquínCosta Oligarquía y caciquismo como forma actual degobierno en España. Fue publicada originalmente en1901 como respuesta a una encuesta de título similarpromovida por el Ateneo de Madrid en la que participa-ron, además de Costa, intelectuales de prestigio comoUnamuno, Ramón y Cajal, Pi i Margall o Pardo Bazán,entre otros. Oligarquía y caciquismo… es la muestra mássignificativa del pensamiento político de Costa, uno delos principales representantes del regeneracionismo. Enella su autor censuró el falseamiento de la democraciaque caracterizó al sistema político canovista. La ediciónde Alianza Editorial, de donde procede el texto, recogeotra de las obras clave de Costa, Colectivismo agrario enEspaña (1898), además de algunos escritos sobre temasculturales, jurídicos, la tierra y la cuestión social y variosdiscursos políticos.

En el texto, una fuente histórica de carácter primario, seindica qué grupos de poder, bajo la fachada que otorga-ba la Constitución de 1876, regían realmente la vidapolítica de la Restauración. Por orden de importancia, secita a oligarcas, caciques (clasificados también por sugrado de influencia) y gobernadores civiles. Los dos pri-meros grupos ocupan la cúspide del sistema, desde unaposición central o repartidos por el territorio, mientrasque el gobernador civil, representante del Estado en lasprovincias, se limita a ejecutar sus órdenes.

Oligarcas y caciques forman la «clase directora o gober-nante» de un sistema político corrompido que no repre-senta a la sociedad, «un artificio bajo cuya pesadumbregime rendida y postrada la Nación». Constituyen un«cuerpo extraño», que se ha apropiado de las institucio-nes del Estado (ministerios, capitanías, etc.) con la únicarazón de imponer tributos y cobrarlos. Las elecciones,falseadas, son el instrumento del que sirven estos secto-res para perpetuarse en el poder. Ellos son los verdaderosculpables de la corrupción del sufragio y no el pueblo.

El tono severo del texto es un reflejo del hartazgo queinspiraba a un sector importante de la sociedad españo-la el régimen de la Restauración un cuarto de siglo des-pués de su instauración en 1875. Este sistema políticopermitió el regreso al poder de la dinastía borbónica enla persona de Alfonso XII y abrió una etapa de estabili-dad política después de las incertidumbres vividasdurante los últimos años del reinado de Isabel II (1865-1868) y el Sexenio Democrático (1868-1874). AntonioCánovas del Castillo, artífice del nuevo régimen, preten-dió dotar a la monarquía restaurada de un sistema polí-tico liberal que permitiera la alternancia pacífica en el

Gobierno de dos grandes partidos que no se margina-ran entre sí ni recurriesen a la insurrección para accederal poder. Los partidos antimonárquicos, antiliberales oantinacionales quedaron excluidos. El edificio políticocanovista se sustentó en la Constitución de 1876, en elpapel arbitral del rey y en los partidos Conservador yLiberal. Un elemento indispensable para el funciona-miento del sistema fue el fraude electoral.

La Constitución de 1876 establecía un modelo centralis-ta de Estado en el que el catolicismo era la región oficial.El monarca era el mando supremo del Ejército, elegía alGobierno y tenía autoridad para disolver las Cortes, decarácter bicameral. Asimismo, podía vetar los proyectosde ley y ejercer la potestad legislativa. El Congreso fueelegido por sufragio censitario hasta 1890; a partir deese año se instauró el sistema de sufragio general mas-culino. Los miembros del Senado eran elegidos por elrey y el resto por las corporaciones y los mayores contri-buyentes mediante un sistema indirecto.

El juego de partidos de la Restauración se articuló entorno al Partido Liberal Conservador, que constituía laderecha moderada, y el Partido Liberal, llamado inicial-mente Partido Fusionista. El primero, dirigido por Cáno-vas, agrupó a liberales moderados, ex progresistas yalgunos tradicionalistas. Práxedes Mateo Sagasta fue ellíder del Partido Liberal, formación en la que se integra-ron antiguos progresistas y demócratas del SexenioDemocrático. No eran partidos de masas sino organiza-ciones de notables (por eso la palabra partidos apareceentrecomillada en el texto de Costa). Su fortaleza nodependía tanto de la cohesión interna de sus miembroscomo de la influencia de su líder y de su capacidad demantener unidas las distintas facciones del partido.

Ambas fuerzas se alternaron en el poder, en lo que seconoció como el turno de partidos, mecanismo que eraactivado por el monarca, no por la voluntad popular. Elprocedimiento se inauguró en 1881, cuando Alfonso XIIencomendó la formación de Gobierno a Sagasta, enlugar de a Cánovas, y se oficializó tras la muerte del reyen 1885. Su esposa, María Cristina de Habsburgo, emba-razada de quien sería Alfonso XIII, asumió la regencia.Cánovas, presidente del Gobierno en ese momento,acordó con Sagasta cederle el poder durante los prime-ros años de la regencia (Pacto de El Pardo).

En el mecanismo del turno se encuentra el origen de lacorrupción del sistema político denunciada por Costa.Este sistema neutralizó en parte las medidas liberaliza-doras impulsadas por los gobiernos de la Restauración.Estas medidas se llevaron a cabo en su mayoría durante

Opción A



el llamado Parlamento Largo (1885-1890), en el que elpartido de Sagasta ocupó el poder. En este período seaprobaron la libertad de prensa e imprenta, la de cáte-dra y la de asociación (Ley de Asociaciones de 1887),que hizo posible la aparición de sindicatos como la UGT.También se aprobó la Ley del Jurado (1888), que permi-tía a la sociedad participar en la administración de Justi-cia. En 1890 se implantó el sufragio general masculino,medida con la que, en principio, se instauraba un genuinosistema democrático. Sin embargo, no fue así. La adop-ción del sufragio general masculino no eliminó las prác-ticas caciquiles y de falseamiento del voto propias delsistema del turno de partidos sino todo lo contrario, lasintensificó y las hizo más evidentes.

El funcionamiento del sistema del turno era el siguiente:el candidato a presidir el Gobierno debía ser designadopor el rey y contar con una mayoría sólida en las Cortes.De no ser así, obtenía del monarca el decreto de disolu-ción de las Cortes y promovía la convocatoria de elec-ciones. En este momento, se ponían en marcha los meca-nismos de falseamiento del voto a través de las redes declientes o «amigos políticos» con que contaban los par-tidos dinásticos: compra del voto o presión a los electo-res y a los poderes locales, falseamiento de las listaselectorales y manipulación de los resultados. Estas prác-ticas fraudulentas recibieron la denominación de «puche-razo». En el texto, Costa no hace responsable de ellas alpueblo, que vendía su voto o no tenía más remedio queemitir el sufragio en la dirección indicada por el caciquelocal, sino a la clase dirigente, que se beneficiaba del sis-tema. El proceso electoral se controlaba en el Ministeriode Gobernación, desde donde se administraba el «enca-sillado», procedimiento por el que se decidía, antes delas elecciones, qué cargos debían corresponder al parti-do del Gobierno y cuáles a la oposición. Este sistema,conocido como caciquismo, fue más eficaz en las zonasrurales que en las urbanas, donde la opinión pública ylos votos eran más difíciles de controlar. El descontentoy la apatía fueron extendiéndose en sectores cada vezmás amplios de la sociedad hasta que la pérdida de lasúltimas colonias españolas, episodio conocido como eldesastre del 98, provocó el surgimiento del regeneracio-nismo. Se trataba de un movimiento intelectual y socialcrítico que aglutinó a la pequeña y mediana burguesía,marginada del poder y perjudicada por la política eco-nómica de los gobiernos de la Restauración. El regenera-cionismo exigió la eliminación del caciquismo, la necesi-dad de una reforma social y la recuperación de lagrandeza de España.

Oligarquía y caciquismo… es una de las muestras másimportantes de la literatura del regeneracionismo y suautor uno de sus principales ideólogos. Licenciado enDerecho y Filosofía y Letras, Joaquín Costa (1846-1911)desarrolló una intensa y amplia actividad intelectualque le llevó a ocuparse de asuntos relacionados con lahistoria, el derecho, la economía y otros muchos aspec-tos de la realidad española. Fue profesor de la Institu-ción Libre de Enseñanza y mantuvo posiciones próxi-

mas al krausismo y al republicanismo. Su actividad polí-tica se inició en la década de 1890. Participó en la consti-tución de la Liga de Contribuyentes de Ribagorza (1891)y dirigió la Cámara Agrícola del Alto Aragón (1892), des-de donde defendió una revisión del arancel proteccio-nista, que perjudicaba los productos agrícolas de expor-tación, y la adopción de una política de obras públicas,especialmente en el sector hidráulico. En 1899 su movi-miento se unió a la Liga Nacional de Productores, queCosta pasó a presidir. Un año después la Liga se unió a laAsamblea de las Cámaras de Comercio de Basilio Paraí-so, formando la Unión Nacional, que se presentó a laselecciones de 1901 y obtuvo cuatro escaños. El movi-miento, sin embargo, se disolvió dos años después yCosta, tras ser elegido diputado por la Unión Republica-na (1903), se retiró de la vida política en 1904. Algunosde los planteamientos del regeneracionismo fueronasumidos por los líderes de los partidos dinásticos, tantolos conservadores (Silvela, Maura) como los liberales(Alba, Canalejas).

Veinte años después de la aparición de Oligarquía y caci-quismo, el general Primo de Rivera, que encabezó la dic-tadura militar instaurada tras el golpe de Estado de sep-tiembre de 1923, pretendió encarnar al «cirujano dehierro» que, según Costa, era necesario para solucionarlos males del país. Sin embargo, Costa siempre se man-tuvo en los límites del liberalismo y su legado fue defen-dido por intelectuales de esa tendencia.

� La industrialización española fue más tardía y escasaque la de otros países europeos debido al mantenimien-to de una agricultura tradicional que empleaba técnicasancestrales y adolecía de una baja productividad. Porotra parte, los capitales generados por la venta de laspropiedades desamortizadas en 1836-1837 y 1855 no seinvirtieron en la industria. La actividad agrícola, por tan-to, apenas incidió en la liberación de capitales hacia laindustria y las ciudades. El medio rural tampoco se con-virtió en mercado para los productos industriales, debidoa la extrema pobreza de la mayoría de los campesinos.

Uno de los factores clave en la industrialización españo-la fue el desarrollo del sector minero, que se intensificóconsiderablemente tras la aprobación de la Ley deMinas en 1868. En muchos lugares, fueron compañíasextranjeras las que se hicieron cargo de la explotaciónde las minas, alrededor de las cuales surgieron numero-sas industrias y se construyeron redes de ferrocarriles.Sin embargo, algunos enclaves (como el de Río Tinto)quedaron desligados del resto de la economía nacional.El carbón, la primera fuente de energía en la Revoluciónindustrial, se concentraba en Asturias y León, pero eraescaso, caro y de baja calidad. Su extracción estaba muyprotegida por elevados aranceles, lo que encareció loscostes de la industria nacional.

En el siglo XIX los principales sectores industriales fueronel textil y el siderúrgico, además de la producción manu-facturera destinada a la elaboración de artículos de con-sumo. El sector textil algodonero cobró gran importan-



cia en Cataluña donde ya existía, antes del siglo XIX, unaimportante actividad comercial y una cultura manufac-turera y artesanal basada en la lana. La producción semecanizó poco a poco y se destinó al mercado nacionaly al indiano de Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, predo-minaba la autofinanciación familiar y su incapacidadpara atraer a la banca le privó del capital necesario parasu desarrollo. La pérdida de las colonias agravó la crisisen la región desde finales del siglo.

Las industrias siderometalúrgicas se establecieron juntoa las minas de hierro en Málaga, Asturias (Mieres-La Fel-guera) y Vizcaya, donde la familia Ybarra fundó la empre-sa Altos Hornos y Fábricas, S. A., en 1882. A principios delsiglo XX, en 1902, se creó Altos Hornos de Vizcaya.

Por su parte, los talleres, las manufacturas y la produc-ción a domicilio formaban un tejido industrial que ofre-cía artículos de consumo imprescindibles para los mer-cados locales. A finales de siglo, estas pequeñas fábricaspermitieron llevar a cabo una incipiente industrializa-ción en las ramas agroalimentaria (harinera, conserveray vitivinícola) y química (colorantes para tejidos, explosi-vos), en la fabricación de maquinaria (para la industriatextil, herramientas) y en el sector de los transportes(astilleros). La limitada demanda de los nacientes núcleosurbanos se bastaba con este tipo de pequeñas indus-trias, que fueron las verdaderamente representativas delsiglo XIX español.

Uno de los principales frenos para el desarrollo del pro-ceso industrializador en España era la existencia de unadeficiente red de transportes, a causa del accidentadorelieve y la ausencia de ríos navegables. Era imprescindi-ble la creación de una red ferroviaria que articulara elmercado interior de la Península. Aunque con enormesdeficiencias, la red fue impulsada desde la Administra-ción del Estado a través de la Real Orden sobre Creaciónde Ferrocarriles (1844), que permitió la construcción delas primeras líneas ferroviarias (Barcelona-Mataró yMadrid-Aranjuez). Más tarde, se promulgó la Ley Generalde Ferrocarriles (1855), que concedió enormes privile-gios para la construcción ferroviaria: creación de bancos,fomento de inversiones, pago de subvenciones, desgra-vación fiscal en la importación de materiales… Pese a todo, la construcción de la red se inició tarde, se llevó acabo demasiado deprisa (entre 1856 y 1866 se comple-taron 4 500 km de vía) y su planificación fue irracional.Las compañías que explotaban el ferrocarril tuvieronnumerosas dificultades de financiación y no percibieroningresos suficientes. La fabricación de material ferrovia-rio, por último, no benefició a la industria nacional, yaque buena parte del capital, la tecnología y la iniciativaempresarial provinieron de Francia.

El desarrollo industrial también requería un sistema finan-ciero estable que pudiera surtir de capital a las empre-sas canalizando los recursos disponibles de las élitessociales. Sin embargo, la mayor preocupación del Estadofue obtener ingresos para las arcas públicas; por elloejerció un fuerte dirigismo estatal sobre el sector banca-

rio. Los esfuerzos por crear una banca privada en Españaestuvieron ligados al boom de la construcción ferroviaria.La actividad bancaria experimentó un período de expan-sión (1855-1864) y otro de contracción (1864-1870). Lalegislación del Bienio Progresista permitió la creación en1856 de bancos de emisión, autorizados a emitir billetesy especializados en créditos comerciales a corto plazo, yde sociedades de crédito, que podían realizar préstamosa largo plazo. Los bancos, entre ellos estaban los de Bar-celona (1844-1922), Santander (1857) y Bilbao (1857),financiaron, sobre todo, las compañías ferroviarias y ladeuda pública del Estado. A partir de 1874, el Banco deEspaña obtuvo el monopolio de emisión de moneda,por lo que estas entidades pasaron a ser sociedades decrédito comercial y financiación industrial.

En el primer tercio del siglo XX, España se convirtió en unpaís industrializado. Dos acontecimientos favorecieronel proceso: la pérdida de las colonias en 1898 y la Prime-ra Guerra Mundial (1914-1918). El desastre del 98 impli-có el cierre de mercados para los productos españolespero, a su vez, permitió que parte de los capitales queantes se destinaban a América se invirtieran en la Penín-sula, en particular en la banca y la industria. La PrimeraGuerra Mundial favoreció las exportaciones de produc-tos españoles a las naciones beligerantes: impulsó laindustrialización del país y con ello la aceleración de loscambios económicos y sociales. El ciclo expansivo secerró con la crisis de 1929, que, aunque no afectó dema-siado a España, tuvo importantes repercusiones en elcomercio internacional y ralentizó el crecimiento econó-mico en la década de 1930.

La economía española se caracterizó en este períodopor un intenso proteccionismo arancelario y una políti-ca de intervención activa del Estado en la industria.Asturias, Vizcaya y Barcelona se consolidaron comograndes centros industriales mientras Madrid se mante-nía como sede del capital financiero y de muchasempresas de ámbito nacional. Al mismo tiempo, tuvolugar una gran diversificación industrial. Al sector debienes de consumo (industrias alimentaria y editorial) seincorporó la industria de bienes de producción o pesa-da (siderúrgica, naviera, minera), así como las industriasautomovilística (en 1904, por ejemplo, se constituyó laHispano-Suiza) y aeronáutica (fundación de Construc-ciones Aeronáuticas en Getafe, Madrid).

También se diversificaron las fuentes de energía, ya quea las tradicionales se sumaron la hidroeléctrica y el petró-leo. Asimismo, el capital industrial se concentró, lo quedio lugar a oligopolios (en la industria eléctrica, porejemplo), cárteles e incluso monopolios (como el delpetróleo, controlado por Campsa desde 1927); tambiénse desarrollaron las sociedades anónimas.

En el sector bancario se produjeron cambios decisivos.El peso del Banco de España disminuyó en beneficio dela nueva banca privada, que combinaba el créditocomercial a corto plazo con el industrial a largo plazo, yse estableció en el País Vasco y Madrid: Banco Hispano



Americano (1900), Banco de Vizcaya (1901), Banco Espa-ñol de Crédito (1902), Banco Urquijo (1918), Banco Cen-tral (1919) y Banco Popular (1926). También creció labanca oficial (Banco de Crédito Industrial, Banco Exte-rior, Banco de Crédito Agrícola), que suministraba prés-tamos a las industrias.

El proceso de urbanización del país fue paralelo al deindustrialización, y se aceleró a finales del siglo XIX. Las difi-cultades de la vida en el medio rural, más que la atrac-ción de la débil industria de las ciudades, produjeron unmovimiento migratorio del campo a la ciudad, que setradujo en un ligero crecimiento urbano. Pese a que fue-ron configurándose centros urbanos importantes comoBarcelona, Madrid y, más tarde, otros en el País Vasco y elresto de la costa peninsular, en 1914 la población espa-ñola seguía siendo mayoritariamente rural: el 51 % vivía enpoblaciones de menos de 5 000 habitantes, y el 91 %en ciudades por debajo de los 100 000. Una excepción laconstituía Cataluña, con una tasa de urbanización mayorque la del resto de España y similar a la de los paísesmás desarrollados de la época.

A pesar de que el crecimiento urbano no fue espectacu-lar, muchas ciudades derribaron sus cercas y murallasdesde mediados del siglo XIX para aumentar su períme-tro y poder acomodar a los inmigrantes. La ampliacióndel centro histórico de las ciudades se denominó ensan-che. En ocasiones, siguió un diseño planificado segúnuna trama ortogonal que casi nunca se respetó deltodo: en Barcelona, el plan fue concebido por IldefonsoCerdá, y en Madrid, por Carlos María de Castro. Otrasciudades, como Bilbao y Valencia, realizaron tambiénampliaciones similares.

Los barrios obreros carecían de infraestructuras (aguacorriente, condiciones higiénicas). Las casas, casi siem-pre de alquiler, eran pequeñas y mal ventiladas, lo quefavorecía la propagación de enfermedades e incremen-taba la mortalidad. Además era frecuente que variasfamilias compartieran una misma vivienda, por lo queno existía apenas intimidad. La sensación de desarraigode la población de origen rural en las grandes ciudadesera extrema.

Hacia 1930 el nivel de urbanización del país seguía sien-do bajo. Sin embargo, en las grandes ciudades comoMadrid y Barcelona se trazaron planes para ordenar suextrarradio y abrir grandes vías (Gran Vía en Madrid y VíaLayetana en Barcelona) que comunicasen los barriosantiguos con los ensanches.

� Tanto los nacionalismos como el movimiento obrerosurgieron a lo largo del siglo XIX como consecuencia delradical proceso de transformación que supuso el des-mantelamiento de la sociedad del Antiguo Régimen y laformación de un Estado nacional, por una parte, y eldesarrollo de la Revolución Industrial, por otra. En Espa-ña ambos fenómenos se produjeron de forma lenta ydificultosa, pero se asentaron firmemente en la segundamitad del siglo y en el primer tercio del siglo XX.

En el caso de los nacionalismos, se trataba de movimien-tos moderados, en algunos casos, que pretendían la crea-ción de instituciones propias o la consecución de laautonomía administrativa para sus regiones. En otroscasos, perseguían la independencia de sus territorios, alos que consideraban auténticas naciones. Entre ellosdestacaron el nacionalismo catalán y el vasco y, enmenor medida, el gallego y el valenciano.

Un factor que explica el surgimiento de estos movi-mientos fue la existencia de movimientos culturales queimpulsaron la recuperación de las lenguas vernáculas ylas costumbres autóctonas (Renaixença en Cataluña y Rexurdimento en Galicia). Otras causas fueron la impo-pularidad con que se acogió en algunas regiones el pro-ceso de centralización política y el nacionalismo españolimpulsados por los gobiernos liberales así como la reac-ción frente a las transformaciones sociales y económicasprovocadas por la industrialización de finales del sigloXIX. Los contextos variaron de una región a otra. En Cata-luña, que gozaba de un mayor desarrollo industrial, lasélites burguesas defendían el proteccionismo y sus inte-reses como productoras frente a las medidas liberalesadoptadas por los gobiernos de Madrid; además, exigíanun mayor peso de Cataluña en la gobernación del Esta-do. En el País Vasco se produjo una rapidísima industria-lización en el último cuarto del siglo XIX y una llegadamasiva de inmigrantes; desde algunos sectores, esteproceso se vivió como una amenaza a las costumbres e instituciones vascas, que se añadía al trauma provoca-do por la supresión de los Fueros tras la conclusión de laTercera Guerra carlista (1876).

En Cataluña se produjo un largo proceso de formacióndel catalanismo político en el que destacaron la forma-ción del Centre Catalá de Valentí Almirall (1882), de laUnió Catalanista (1891), la publicación de las Bases deManresa (1892) y la constitución de la Lliga Regionalista(1901). La Lliga fue una de las fuerzas en las que se apo-yó el movimiento de Solidaritat Catalana (1906-1909),surgido como consecuencia de la Ley de Jurisdiccionesde 1906. Además, capitalizó el éxito político que supusola consecución de la Mancomunidad de Cataluña en1914 e impulsó el movimiento en favor de la reformadel Estado, que culminó en la asamblea de parlamenta-rios de 1917. Entre 1917 y 1922, la Lliga aceptó partici-par en diferentes gobiernos de coalición con los parti-dos dinásticos. Durante la Dictadura de Primo de Rivera,mantuvo una posición ambigua con respecto al nuevorégimen.

El principal ideólogo del nacionalismo político vasco fueSabino Arana. Defensor de las antiguas tradiciones vascas(los fueros), identificó el capitalismo y el centralismo conlo español y señaló a los inmigrantes o maquetos comolos culpables de la degeneración de la raza vasca a cau-sa del mestizaje. Sus ideas se encuadraban en una líneade pensamiento católico y antiliberal que se resumía enel lema «Dios y ley vieja». En 1895 Arana fundó el BizkaiBuru Batzar o Consejo Provincial Vizcaíno, que fue el ori-



gen del Partido Nacionalista Vasco. Opuesto a la guerrade Cuba, Arana fue elegido diputado provincial en 1898.Ese mismo año se integró en el partido el grupo de loseuskalerriacos —aglutinado en torno al semanario Eus-kalduna—, dirigido por Ramón de la Sota y de ideologíaforalista. Arana inició entonces la llamada «evoluciónespañolista», en la que moderó su independentismo yaceptó el proceso de industrialización. Muerto su líderfundador, la dialéctica entre el independentismo radicaly la integración del País Vasco como entidad autónomase convirtió en una de las señas de identidad del PartidoNacionalista Vasco. El partido se extendió lentamentedesde su núcleo inicial de Vizcaya al resto de las provin-cias vascas y Navarra, y en 1911 se creó el primer Conse-jo Nacional. Ese mismo año se constituyó Solidaridad deObreros Vascos (SOV), un sindicato afín a sus postulados.En 1916 se adoptó una nueva denominación: ComuniónNacionalista Vasca. Un año después obtuvo la mayoríaen la diputación de Vizcaya y en 1918 sus representan-tes lograron acceder a las Cortes por primera vez. En1921 se produjo una escisión, al ser expulsado un grupode las juventudes del partido que retomó el nombre dePartido Nacionalista Vasco, aunque fueron conocidosbajo la denominación de Aberri. Los aberrianos defendíanun nacionalismo más radical, próximo al modelo quebrindaba el Sinn Feinn irlandés. En 1930 se produjo lareunificación de Comunión Tradicionalista y Aberri, altiempo que tenía lugar una nueva escisión tras la cual seconstituyó Acción Nacionalista Vasca (ANV), un partidonacionalista de ideología laica y liberal.

El regionalismo gallego surgió como una reacción con-tra el atraso y la marginación de la región. Sus teóricosmás importantes fueron Alfredo Brañas y Manuel Martí-nez Murguía, quienes reivindicaron la descentralizaciónadministrativa y el uso de la lengua gallega sin llegar acrear un partido unificado. La formación de las Irmanda-des de Fala en 1916 supuso un cierto resurgimiento delgalleguismo político, que estuvo marcado por la debili-dad y la división en la década de 1920. Parte del movi-miento convergió con los republicanos autonomistaspara formar la Organización Republicana Gallega Autó-noma en 1929. El regionalismo valenciano no solo recha-zó el centralismo del Estado español, sino también elnacionalismo catalán, que consideraba a los valencianosparte de la misma comunidad lingüística y cultural. Laasociación cultural y política valencianista de mayorimportancia a finales del siglo XIX fue Lo Rat Penat (1878).

Al igual que los nacionalismos, el movimiento obrerofue cobrando fuerza en España a lo largo del siglo XIX. Elludismo, un movimiento que defendía la destrucción delas máquinas, a las que culpaba de la pérdida de puestosde trabajo, dio lugar a las primeras protestas de raízobrera. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se pro-dujeron motines luditas en Galicia y Alcoy (Alicante). Sinembargo, los sucesos más graves ocurrieron en Catalu-ña, donde tuvo lugar el incendio de la fábrica de Bona-plata (1835), un establecimiento pionero en el uso de lasmáquinas de vapor en el sector textil.

A partir de la década de 1840, la protesta de los obreroscatalanes derivó hacia la creación de agrupaciones quelos protegieran, como la Asociación de Protección Mutuade Tejedores de Algodón (1840). Desde 1839 se autori-zaron las sociedades de socorro mutuo, formadas portrabajadores que practicaban la solidaridad entre elloscreando, con sus aportaciones, un fondo económicopara cubrir la pérdida del puesto de trabajo o la dismi-nución de los ingresos. También en Cataluña se produje-ron huelgas organizadas, como la de 1854, contra las lla-madas selfactinas y la libre contratación. Las selfactinas(del inglés self-acting, que «funciona por sí misma») eranunas máquinas semiautomáticas que se empleaban enlas fábricas textiles. Un año después tuvo lugar unahuelga general, convocada en respuesta a la ilegaliza-ción de las sociedades obreras que proponían los pro-gresistas. La huelga puso de manifiesto el desengaño delos trabajadores ante la gestión de los gobiernos de laizquierda liberal; los obreros industriales se inclinaronentonces por los demócratas y los republicanos, que rei-vindicaban la libertad de asociación y la aprobación demedidas legislativas que protegiesen a los trabajadores.

Sin embargo, durante el Sexenio Democrático se evi-denció también la desconfianza de los trabajadoreshacia la democracia y la República. Los obreros ya nosolo pretendían mejorar sus condiciones de vida, tam-bién deseaban una revolución política y un cambiosocial profundo. En esta evolución desempeñó un papelclave la implantación en España de la Asociación Inter-nacional de Trabajadores (AIT) o I Internacional, fundadaen 1864. La AIT llegó a España en 1868 de la mano deGiuseppe Fanelli.

La división entre los partidarios de Bakunin y de Marx enel seno de la AIT tuvo su reflejo en España. Los anarquis-tas eligieron la acción directa mediante la convocatoriade huelgas y la creación de sindicatos o sociedades deresistencia estables y organizadas. Los socialistas, favora-bles al marxismo, combinaron la acción directa y la polí-tica, aunque dieron preferencia a esta última. En 1870los bakuninistas crearon la Federación Regional Españo-la (FRE), sección de la AIT que, en 1873, contaba conentre 30 000 y 40 000 afiliados. En 1872, un pequeñogrupo de obreros de Madrid que había sido expulsadode la FRE, liderado por el tipógrafo Pablo Iglesias, esta-bleció una célula de inspiración socialista marxista. Unaño después, este grupo se incorporó a una sociedad desocorro mutuo para los tipógrafos, la Asociación Generaldel Arte de Imprimir.

En 1874 la FRE fue prohibida y dos años después la AITse disolvió. La federación anarquista española resurgióen 1881 con el nombre de Federación de Trabajadoresde la Región Española (FTRE). Dentro de esta formaciónlas organizaciones andaluzas (partidarias de la accióndirecta) adquirieron una enorme influencia frente a losrepresentantes de las asociaciones catalanas. En estecontexto surgieron en Andalucía occidental diversassociedades secretas que cometieron atentados y accio-



nes criminales contra los patronos. Fue el caso de laMano Negra, que sufrió una durísima represión. Dicharepresión así como la división existente entre las dife-rentes organizaciones anarquistas condujeron a la diso-lución de la FTRE en 1888. En la década de 1890, losanarquistas desencadenaron una campaña de atenta-dos en Cataluña (Teatro del Liceo de Barcelona, 1893;procesión del Corpus Christi, 1896, también en la capitalcatalana). En 1897, el presidente del Gobierno, AntonioCánovas del Castillo, fue asesinado por el anarquista ita-liano Michelle Angiolillo.

Mientras tanto, el núcleo marxista de trabajadoresmadrileños formó el Partido Socialista Obrero Español(PSOE) en 1879 y empleó la asociación de tipógrafos a laque pertenecía Pablo Iglesias para crear un sindicatoafín, la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888. El PSOE fundó su propio periódico, El Socialista (1886) yparticipó en la creación de la Segunda Internacional(1889), de carácter socialdemócrata. Inicialmente, recha-zó toda colaboración con los partidos burgueses. Lainfluencia del partido, escasa a finales del siglo XIX, se fueafianzando en las zonas en que se estaba produciendouna industrialización acelerada (País Vasco) y en losgrandes núcleos urbanos (Madrid).

El PSOE abandonó su política de aislamiento cuando seintegró en la Conjunción Republicano-Socialista, unacoalición electoral que permitió al líder del partido, PabloIglesias, ser elegido diputado en 1910. Desde entonces,el PSOE mantuvo una presencia constante en las Cortesy se consolidó como alternativa política al régimenmonárquico. La Revolución bolchevique y la formaciónde la Tercera Internacional (1919) provocaron un debateen el PSOE sobre la conveniencia o no de incorporarse a

la nueva organización internacional; finalmente, lossocialistas decidieron no ingresar en ella, lo que provocóla escisión de dos grupos que acabaron formando en1922 el Partido Comunista de España (PCE).

En las primeras décadas del siglo XX los sindicatos cre-cieron de forma significativa. La UGT creó el SindicatoMinero Asturiano (SOMA, 1910) y se extendió también alos ferroviarios (1911). En Cataluña, Solidaridad Obrera,fundada en 1907, pasó a convertirse en un organismosindical nacional, la Confederación Nacional del Trabajoo CNT (1910-1911), que se definía como anarcosindica-lista, partidaria del comunismo libertario y apolítica. LaCNT solo empleaba la acción directa y sus objetivos eranla revolución social y la supresión del Estado y de lospartidos políticos, que debían ser sustituidos por agru-paciones libres de trabajadores. Aglutinó a la mayoría delos sindicatos catalanes y tuvo gran implantación enGijón, Valencia, Zaragoza y Andalucía Occidental.

UGT y CNT confluyeron en la huelga general indefinidaconvocada en agosto de1917. En años posteriores pro-tagonizaron nuevos conflictos sociales. La CNT organizóen Barcelona una huelga de trabajadores en La Cana-diense (febrero-marzo de 1919), la compañía que sumi-nistraba electricidad a la ciudad. Barcelona quedó parali-zada y el conflicto desembocó en una huelga general. ElGobierno se vio desbordado por la situación, y se desatóun clima de violencia que se mantuvo hasta 1923 y arro-jó un saldo de cerca de trescientos muertos. La conflicti-vidad promovida por la CNT llegó también a la Andalu-cía rural. Entre 1918 y 1920, en Sevilla y Córdoba, tuvolugar el llamado Trienio Bolchevique, durante el cual seprodujo la primera movilización sindical de trabajadoresdel campo.

Opción B

� El texto reproduce casi en su integridad el artículo sextode la Ley Orgánica del Estado, promulgada en España el10 de enero de 1967. La Ley constaba de 66 artículosrepartidos en diez títulos, además de cinco disposicionestransitorias y dos finales, en los que se trataban y regula-ban todas las instituciones del Estado franquista. Conella se pretendía adecuar a las necesidades del momentolas Leyes Fundamentales promulgadas durante los veinteaños anteriores y asegurar la continuidad de los princi-pios por los que se regiría el régimen tras la muerte deldictador. Franco presentó la Ley a las Cortes para su apro- bación en noviembre de 1966. Sometida a referéndumun mes después, fue ratificada con un 95,5 % de votosafirmativos.

El artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado, una fuen-te primaria de carácter jurídico-político, pertenece a sutítulo II, que fijaba y regulaba las atribuciones del jefe del

Estado. El texto confirma el poder absoluto que el gene-ral Franco venía ejerciendo desde su proclamación comoGeneralísimo y Jefe del Gobierno del Estado español enoctubre de 1936 —personifica la soberanía nacional,ostenta la jefatura Nacional del Movimiento (el par-tidoúnico) y es la autoridad máxima del Estado, el Gobiernoy el Ejército— y reafirma, por tanto, la permanencia en el poder del dictador hasta su muerte. El resto de losartículos de la Ley confirmaban las disposiciones de lasLeyes Fundamentales garantizando la continuidad delos principios e instituciones del régimen, cuyos garan-tes eran las Fuerzas Armadas (Título VI).

También existían en la Ley indicios de la inminencia deun cambio importante. Franco tenía casi 75 años y dabacada vez mayores muestras de debilidad. En esa línea, laLey establecía la separación de los cargos de jefe delEstado y de presidente del Gobierno, aunque el segundo



no fue cubierto hasta 1973 por Luis Carrero Blanco. Asi-mismo, se vislumbraban leves indicios de apertura: apa-recían los llamados procuradores familiares, sujetos auna especie de elección directa, limitada pero que exi-gía cierta participación de la opinión pública; tambiénse establecía el llamado recurso de contrafuero contralas disposiciones del Gobierno que vulnerasen los prin-cipios del Movimiento Nacional.

La Ley Orgánica del Estado se promulgó durante los lla-mados años dorados del franquismo. En esa época, elrégimen había logrado cierto reconocimiento en el ámbi-to internacional, sus instituciones se habían asentado yse beneficiaba del vertiginoso crecimiento económicoque transformó la sociedad española en la década de1960. Pero junto a estos factores de estabilidad existíanotros de incertidumbre. Crecía la oposición al sistema enel interior del país, impulsada por los movimientos sin-dical (surgimiento de la Unión Sindical Obrera, USO,en 1960; y de Comisiones Obreras, CC OO, entre 1962 y1966) y estudiantil. Aumentaba también la influencia delPartido Comunista de España (PCE) y la actividad clan-destina de otras formaciones políticas se hacía másintensa. Incluso la Iglesia, imbuida por el espíritu moder-nizador del Concilio Vaticano II (1962-1965), comenzó adistanciarse del régimen. Las presiones a favor de unaapertura política empezaban a dejarse sentir.

El mayor factor de incertidumbre, sin embargo, era elpropio Franco, que se adentraba en la ancianidad y aúnno había designado a quien le sucedería. Dado el con-trol personal que el dictador había ejercido sobre elEstado y el Gobierno durante los treinta años anteriores,existían dudas sobre cuál sería el funcionamiento de lasinstituciones sin su tutela personal. Durante la décadade 1940, fundamentalmente, se había realizado unalabor «constituyente» para dotar al Estado franquista deun entramado jurídico que lo legitimara y equiparara, almenos en apariencia, con otros estados europeos. Sepromulgaron diversas normas, como el Fuero del Traba-jo (1938), y una serie de Leyes Fundamentales: la LeyConstitutiva de las Cortes (1942), el Fuero de los Espa-ñoles (1945), la Ley de Referéndum Nacional (1945), laLey de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947) y la Leyde Principios del Movimiento Nacional (1958). La Ley deSucesión concedía a Franco la prerrogativa de nombrarsu sucesor. Se establecía en ella que España era un «rei-no» y se incluía la promesa indeterminada de una res-tauración monárquica una vez que Franco estuvieraincapacitado para gobernar o hubiera muerto. El suce-sor del general debería acatar los principios del Movi-miento. La Ley de Principios del Movimiento Nacional,por su parte, definía el régimen como una «monarquíatradicional, católica, social y representativa».

La insistencia en definir como un reino una dictaduramilitar de carácter personal apuntaba a la posibilidad,nunca hecha explícita, de una restauración de la dinastíade los Borbones. Sin embargo, el depositario de la legiti-midad dinástica, Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, se

había mostrado partidario de una monarquía constitu-cional al publicar en 1945 el Manifiesto de Lausana (1945),opción que Franco rechazaba de plano. Tras la aprobaciónde la Ley de Sucesión en 1947, don Juan se resignó aque su hijo Juan Carlos fuera educado en España bajolos principios del Movimiento, lo que abría la posibilidadde que se convirtiese en sucesor de Franco.

En la década de 1960 el futuro de Juan Carlos de Borbónse convirtió en un factor más en la sorda lucha por elpoder establecida en el seno del régimen entre los parti-darios del inmovilismo, es decir, de preservar inalteradoslos principios del Movimiento (falangistas, determina-dos sectores del Ejército), y aquellos que se mostrabanproclives a una cierta apertura que permitiese algunaslibertades políticas (tecnócratas del Opus Dei). Estos semostraban partidarios de que Juan Carlos de Borbónfuese nombrado sucesor de Franco, mientras que losprimeros no sentían una especial simpatía hacia esaopción.

Los partidarios de la apertura del régimen franquista sehicieron fuertes en torno al almirante Carrero Blanco,mano derecha de Franco, y fueron ganando posicionesfrente a los representantes del partido único (FET y delas JONS). Muestra de ello fueron los cambios de Gobier-no de 1962 y 1965. En el primero de ellos, se produjo lasalida del Gobierno del ministro de Información y Turis-mo, el falangista Gabriel Arias Salgado; le sustituyóManuel Fraga Iribarne, quien promovió la Ley de Prensae Imprenta (1966), que suprimía la censura previa y lasustituía por multas y suspensión de las publicacionesque fueran críticas con el sistema. En 1965 tuvo lugar unnuevo avance de los aperturistas como consecuencia deotro cambio de Gobierno, que supuso la entrada en elmismo como ministro sin cartera de Laureano LópezRodó, líder de los tecnócratas del Opus Dei y uno delos artífices del crecimiento económico de los añossesenta, el llamado «milagro español».

La preparación de la Ley Orgánica provocó fuertes ten-siones entre estos dos grupos políticos. Finalmente, laLey se ajustó estrictamente a los principios del Movi-miento y apenas reflejó signos de apertura. La Ley hacíaoficial la separación de los cargos de jefe del Estado ypresidente del Gobierno, unidos hasta ese momento enla persona de Franco. En su artículo 14 se estipulaba que laelección del presidente del Gobierno debía realizarseentre tres candidatos (es decir, una terna) propuesta porel Consejo del Reino, un órgano asesor del jefe del Esta-do establecido en la Ley de Sucesión a la Jefatura delEstado de 1947. El procedimiento limitaba la capacidadde maniobra del sucesor de Franco y garantizaba, enprincipio, el control de las instituciones franquistassobre hipotéticas maniobras aperturistas.

Meses después de la aprobación de la Ley, Carrero Blan-co pasó a ocupar la vicepresidencia del Gobierno. Susti-tuyó al general Agustín Muñoz Grandes (1962-1967),quien había dirigido la División Azul en la Segunda Gue-rra Mundial (1941-1942) y era representante entre los



militares del sector falangista. En esta época, comenza-ron a abundar entre los partidarios de Franco, civiles y militares que consideraban excesivamente «liberal» la línea política seguida hasta ese momento y pedían lavuelta al espíritu de la sublevación militar de 1936 (tam-bién conocido como el espíritu del 18 de julio, en alu-sión a la fecha en que se rebeló parte del Ejército). Estesector del franquismo temeroso de lo que pudiera ocu-rrir tras la muerte del dictador fue denominado el «bún-ker», es decir, era considerado el último refugio del siste-ma. La división entre los partidarios del régimen se hizonotoria tras el estallido del escándalo Matesa en 1969,que provocó una crisis gubernamental y el nombra-miento, en octubre de ese año, de un nuevo gabinetehomogéneo (formado por tecnócratas del Opus Dei), enel que Carrero Blanco siguió a cargo de la vicepresiden-cia. Tres meses antes, se había despejado la incertidum-bre con respecto al futuro jefe del Estado con el nom-bramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor deFranco a título de rey. Para ello, tal y como estaba previs-to, el príncipe hubo de jurar lealtad a los Principios delMovimiento Nacional. En 1976, meses después su pro-clamación como rey de España tras la muerte del dicta-dor, Juan Carlos I supo sortear los obstáculos que plan-teaba la Ley Orgánica del Estado y nombrar al candidatoelegido por él para establecer en España un régimendemocrático: Adolfo Suárez.

� La España de posguerra (1939-1959) se puede dividir endos etapas: una primera de construcción del régimenfranquista (1939-1951) y otra de consolidación (1951-1959), tanto a nivel interno como en el ámbito interna-cional.

� La construcción del régimen franquista (1939-1951)

El régimen franquista fue una dictadura personal ymilitar, en la que Franco concentró el poder sobre elEjército, el Estado, el Gobierno y el partido único (FETy de las JONS). Inicialmente, tuvo una gran influenciaRamón Serrano Súñer, ministro de Gobernación en elprimer Gobierno de Franco (febrero de 1938). Estepolítico fue el encargado de diseñar un Estado de tin-te fascista o nacionalsindicalista. Además de SerranoSúñer, en los primeros gobiernos de Franco se combi-naron ministros de las distintas facciones políticas o«familias» en las que se apoyaba el dictador, aunquepredominaron los de origen falangista y los militares.También participaron los católicos, aunque en mino-ría, reclutados generalmente entre los miembros dela Asociación Católica Nacional de Propagandistas(ACNP) y, más tarde, del Opus Dei. Desde 1945, debi-do a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial,se incrementó la influencia política de los católicos enlos gobiernos franquistas. Se inició así una etapa denacionalcatolicismo en la que comenzó a destacarcomo «hombre fuerte» del régimen Luis Carrero Blan-co, nombrado subsecretario de la Presidencia, esdecir, el ayudante político y administrativo más próxi-mo a Franco. A los falangistas, sometidos progresiva-

mente, se les otorgó el Ministerio de Trabajo y el con-trol de los sindicatos.

Se realizó también una labor legislativa para dotar alrégimen de un entramado jurídico que lo legitimara yequiparara, al menos en apariencia, con otros estadoseuropeos. Entre las nuevas normas figuraban el Fuerodel Trabajo (1938) y las Leyes Fundamentales: la LeyConstitutiva de las Cortes de 1942, por la que se creóuna asamblea consultiva formada por delegados cor-porativos o procuradores que representaban a sindi-catos, familias y municipios, aunque en la prácticaconstituían una prolongación de las institucionesfranquistas; el Fuero de los Españoles, promulgado en1945, recogía «derechos y deberes fundamentales»concedidos por el dictador y muy limitados, ya queno se podían atacar los principios fundamentales delEstado ni «la unidad espiritual, nacional y social»del país; la Ley de Referéndum Nacional de 1945 pre-veía la posibilidad de realizar consultas popularesmediante plebiscito o referéndum; por último, la Leyde Sucesión a la Jefatura del Estado (1947) concedía aFranco la potestad de nombrar su sucesor, establecíaque España era «un reino» e incluía la posibilidad deuna restauración monárquica una vez que Franco estu-viera incapacitado para gobernar o hubiera muerto.

La oposición al franquismo en esta época fue escasadebido a la desunión de los grupos que la integraban:republicanos en el exilio, monárquicos partidarios deJuan de Borbón y guerrilleros (maquis). Los primerosestaban muy divididos, pero lograron mantener algu-nas instituciones republicanas, cada vez más debilita-das. En 1944 se intentó crear una organización común,la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Sinembargo, siempre se aisló a los comunistas y los anar-quistas perdieron toda su influencia. Los socialistasde Prieto, por su parte, se aproximaron sin éxito a unasolución monárquica. Juan de Borbón, hijo de AlfonsoXIII, se había mostrado favorable a una monarquíaconstitucional (Manifiesto de Lausana, 1945) e intentópresionar a Franco para llegar a un acuerdo por elque este le cediera el poder. Tras la aprobación de laLey de Sucesión en 1947, don Juan se resignó a quesu hijo Juan Carlos fuera educado en España bajo losprincipios del Movimiento, lo cual implicaba que seconvertiría en sucesor de Franco. En cuanto a las gue-rrillas, lideradas por los comunistas y, en menor medi-da por los anarquistas, mantuvieron focos de resis-tencia armada en el interior del país. Los comunistasllegaron a organizar, sin éxito, la invasión del valle deArán (Lérida) en 1944 con 4 000 hombres.

La proyección exterior del régimen durante la Segun-da Guerra Mundial se concretó en una postura de nobeligerancia que era, en realidad, un apoyo apenasdisimulado hacia la Italia fascista y la Alemania nazi.España acordó su entrada en el conflicto en noviem-bre de 1940, tras la entrevista entre Hitler y Franco enHendaya (Francia), pero la intervención se pospuso



por el inicio de la campaña en el este de Europa.Escudándose en el anticomunismo, el Gobierno deFranco cooperó en la invasión nazi de la Unión Sovié-tica mediante el envío de la División Azul. A partir de1942, con el cambio de signo de la guerra en contrade las potencias del Eje, Franco intentó aproximarse alos aliados, pero no pudo evitar que después de 1945España sufriera una etapa de ostracismo internacio-nal. El régimen fue condenado por la ONU y todos losembajadores abandonaron el país, que fue bloquea-do diplomática y económicamente. El bloqueo, sinembargo, fue interrumpido por el Gobierno argenti-no presidido por Perón entre 1946 y 1948 y por labanca estadounidense poco después. Posteriormen-te, el contexto internacional de guerra fría y el antico-munismo imperante en el bloque occidental llevarona Estados Unidos a acercarse al régimen de Franco y arestituir a su embajador en España (1950).

Tras la Guerra Civil, el franquismo adoptó una políticaeconómica de autarquía y de aislamiento con respec-to al mercado exterior. Como consecuencia de ello, seprodujo un estancamiento económico generalizado.La agricultura entró en una profunda crisis: la produc-ción descendió de manera alarmante y la escasez deproductos básicos condujo al racionamiento y al des-arrollo del mercado negro. La actividad industrial seestancó. Las leyes de Protección y Fomento y deOrdenación y Defensa de la Industria Nacional (1939)obligaron a las industrias a solicitar al Estado permi-sos para producir, importar y exportar. Se creó unimportante sector industrial público agrupado en elInstituto Nacional de Industria (INI). Se trataba de uncomplejo o holding de industrias estatales (ENDESA,ENASA, ENSIDESA, SEAT) pertenecientes a sectoresque no podía asumir la inversión privada: siderurgia,construcción naval, química, automoción… El des-censo de los salarios y el aumento vertiginoso de losprecios provocaron un deterioro del nivel de vida.

La sociedad se distinguió por una rígida jerarquiza-ción en la que predominaban los valores tradiciona-les y la moral católica; se reprimió toda manifestaciónde pensamiento que se opusiese a estos valores, asícomo cualquier indicio de liberalización y moderniza-ción de las costumbres. A la mujer se le asignó elpapel de ama de casa y madre, en consonancia conlos valores tradicionales y católicos de la España de laépoca.

� La consolidación del régimen (1951-1959)

En 1951 se produjeron las primeras protestas sociales yhuelgas relevantes como consecuencia de la persisten-te escasez de casi todo. Se impulsaron entonces unaserie de transformaciones destinadas a solucionar losproblemas planteados por estas protestas, entre ellas laeliminación progresiva de la política autárquica. Duran-te los años siguientes, en el Gobierno se incrementó latendencia católica. Alberto Martín Artajo se mantuvo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores (hasta

1957) y Joaquín Ruiz-Giménez, un reformista modera-do y miembro de la ACNP, fue designado ministro deEducación. El contrapeso a las reformas correspondióal falangista Gabriel Arias Salgado, a cargo del Minis-terio de Información y Turismo (1957), quien impusouna severa censura de prensa. Carrero Blanco, por suparte, se consolidó como la mano derecha de Franco.

En 1956 tuvieron lugar en Madrid protestas entre losuniversitarios, que provocaron la suspensión del Fuerode los Españoles, la detención de numerosos estu-diantes e intelectuales y el cese de los ministrosJoaquín Ruiz-Giménez (Educación) y Raimundo Fer-nández Cuesta (Secretaría General del Movimiento).Un año después se produjo una remodelación minis-terial por la que entraron en el Gobierno los ministroscatólicos del Opus Dei, conocidos como tecnócratas,que en los años siguientes desmantelarían la políticaautárquica. El responsable de su entrada fue CarreroBlanco, quien ya comenzaba a formar un grupo deinfluencia de carácter monárquico que fue despla-zando a los falangistas. La otra «familia» del franquis-mo que perdió protagonismo a partir de 1957 fue lade los militares. En 1958 se completó la institucionali-zación del franquismo con la promulgación de la Leyde Principios del Movimiento Nacional, en la que sedefinía al régimen como una «monarquía tradicional,católica, social y representativa».

Después de 1950, las relaciones diplomáticas experi-mentaron una mejoría. La España franquista resulta-ba útil a Estados Unidos para su política de conten-ción del comunismo. En septiembre de 1953 elGobierno firmó una serie de pactos con Estados Uni-dos que supusieron la integración económica y mili-tar de España en los planes estratégicos de la poten-cia líder del bloque occidental. Los acuerdospermitieron a los estadounidenses construir basesmilitares en Torrejón de Ardoz (Madrid), Zaragoza,Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). A cam-bio, Franco obtuvo seguridad económica y militarpara su régimen. La culminación de este proceso fuela visita a España del presidente estadounidenseEisenhower en 1959. Sin embargo, el Estado franquis-ta nunca pudo formar parte de la comunidad occi-dental como miembro de pleno derecho, ya que nodisfrutó de las ayudas del Plan Marshall y su ingresoen la CEE y en la OTAN fue vetado. Sin embargo, Espa-ña pasó a formar parte de la ONU en 1955.

En la década de 1950 comenzó a formarse en el inte-rior de España una auténtica oposición, que se expresómediante una protesta social prácticamente espontá-nea y descoordinada. Los conflictos más relevantes se produjeron en el ámbito estudiantil (incidentes defebrero de 1956, ya citados) y laboral (huelgas obre-ras en Barcelona, Madrid y País Vasco en los años1951 y 1956-1958).

En el ámbito económico, entre 1951 y 1959, se inicia-ron cambios en las directrices del régimen que per-



mitieron el abandono de la política autárquica. Losfactores que hicieron posibles estas transformacionesfueron los siguientes:

� El fin del bloqueo diplomático amplió las posibilida-des comerciales y económicas del país. La ayuda ame-ricana, que proporcionó divisas desde 1943, tuvo unaenorme repercusión.

� Los nuevos equipos gubernamentales presentabanhombres más liberales en los ministerios del ámbitoeconómico. Así, Manuel Arburúa (ministro de Comer-cio entre 1951 y 1957) impulsó una mayor liberaliza-ción del comercio y de los precios tras el final delracionamiento (1952).

� Los dirigentes del régimen adquirieron conciencia delagotamiento del modelo autárquico, incapaz de abas-tecer el país y promover su desarrollo. Las crecientesprotestas sociales (1951, 1956-1958), el aumento de lainflación y la amenaza de una recesión económicahicieron evidente la inviabilidad del sistema.

� La llegada al Gobierno de los tecnócratas del OpusDei tras la crisis gubernamental de 1956-1957, pro-movió una mayor integración con la economía inter-nacional; España ingresó en organismos como laOECE, el FMI y el Banco Mundial. Los tecnócratas dise-ñaron el Plan de Estabilización y Liberalización Econó-mica (julio de 1959), que marcó el paso definitivo auna política liberalizadora y antiinflacionaria similar a la de otros países occidentales.

Durante los años cincuenta la sociedad española pre-sentó características similares a las de la década anterior.La novedad más destacada fue la intensa emigracióninterior que tuvo lugar desde las provincias con menordesarrollo económico hacia las grandes ciudades comoMadrid y Barcelona, proceso que se intensificaría a partirde 1960.

� La transición es la denominación del período histórico,comprendido entre los años 1975 y 1982, durante elcual se llevó a cabo la restauración de las institucionesdemocráticas en España. El período comenzó con lamuerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos I(1975) como rey y jefe del Estado. La victoria electoraldel PSOE, en 1982, ha sido aceptada generalmentecomo el acontecimiento histórico que marcó el final dela transición. La evolución de un sistema dictatorial yautoritario a otro de carácter democrático fue paulatinay pacífica. Aunque no estuvo exenta de problemas, endicha evolución no se produjeron cambios políticos,económicos o sociales bruscos.

La transición fue fruto de la negociación entre los diri-gentes del antiguo Estado franquista y la oposición.Aunque se basó en pactos establecidos entre políticos,la presión y movilización popular influyó decisivamentepara que se produjeran cambios sustanciales.

Tras la proclamación de Juan Carlos de Borbón comorey el 22 de noviembre de 1975, el entonces presidente

del Gobierno, Carlos Arias Navarro, fue confirmado en sucargo. La continuidad de Arias Navarro, que había sidonombrado por el dictador, parecía confirmar la vigenciadel régimen franquista. Sin embargo, el intento de per-petuar el anterior sistema fracasó, debido al enfrenta-miento personal entre Arias Navarro y el rey, partidariode una democratización plena. Para alcanzar ese obje-tivo, el monarca se apoyó en Torcuato Fernández-Miran-da y Adolfo Suárez. El primero era un político falangistaque había sido profesor del monarca y que, posterior-mente, ocupó la presidencia de las Cortes y del Consejodel Reino, un órgano asesor del jefe del Estado. AdolfoSuárez, por su parte, era un joven político, tambiénfalangista, que ocupaba el cargo de secretario generaldel Movimiento en el Gobierno de Arias Navarro.

En los meses inmediatamente anteriores y posteriores ala muerte de Franco, se incrementó de forma considera-ble la actividad de la oposición, agrupada en dos organi-zaciones: la Junta Democrática, constituida en 1974 yliderada por el PCE, y la Plataforma de ConvergenciaDemocrática, formada en 1975 e impulsada por el PSOE.Ambas agrupaciones se unieron y formaron Coordina-ción Democrática, un organismo que concentró prácti-camente a todas las fuerzas políticas y sindicales que noestaban reconocidas por ley. Coordinación Democrática,conocida como Platajunta, publicó su primer manifiestoen marzo de 1976. En Cataluña, la oposición se unió enla llamada Assemblea de Catalunya.

Durante estos meses se produjeron graves problemasde orden público. Tuvieron lugar, además, una oleada dehuelgas, en el contexto de una crisis económica cadavez más acentuada, y varios atentados de las organiza-ciones terroristas ETA y GRAPO. Finalmente, presionadopor el monarca, Arias Navarro dimitió en julio de 1976.Según la legislación vigente, el nuevo presidente delGobierno debía ser elegido por el rey entre tres candi-datos (es decir, una terna) propuestos por el Consejo delReino, institución que en aquel momento presidía Tor-cuato Fernández Miranda. Este, de acuerdo con JuanCarlos I, incluyó en la terna a Adolfo Suárez, el candidatoque ambos apoyaban.

El Gobierno presidido por Suárez (julio de 1976-junio de1977) promovió la aprobación de la Ley para la ReformaPolítica, que establecía unas nuevas Cortes bicamerales(formadas por un Congreso y un Senado). Se daba porhecho, aunque la ley no lo indicara explícitamente, quelas nuevas Cortes tendrían carácter constituyente. ElCongreso sería elegido mediante sufragio universal; sinembargo, una quinta parte de los miembros del Senadoserían nombrados por el rey. Además, el Gobierno que-daba facultado para convocar elecciones. La Ley fuedebatida y aprobada mayoritariamente por las Cortesfranquistas en noviembre de 1976 y aprobada en refe-réndum el 15 de diciembre de ese mismo año. A partirde enero de 1977, el tema central del debate político fuela legalización de los partidos que deberían presentarsea los futuros comicios. El Gobierno tenía dificultades



para legalizar el PCE, debido al anticomunismo visceral,difundido durante el franquismo, del que estabanimpregnados las derechas españolas y el Ejército. Suárezpreparó muy discretamente su legalización, que se hizoefectiva el 9 de abril de 1977.

Finalmente, el 15 de junio de 1977 se celebraron en Espa-ña las primeras elecciones democráticas y plurales des-de 1936. La formación política ganadora (sin mayoríaabsoluta) fue la Unión de Centro Democrático (UCD) delpresidente Adolfo Suárez. El PSOE fue la segunda fuerzapolítica más votada, seguido por el PCE-PSUC y AP. Losnacionalismos catalán y vasco también estuvieronrepresentados en las nuevas Cortes.

Entre 1977 y 1979, ya con un Gobierno y unas cámarasdemocráticas, se elaboró una nueva Ley Fundamental(la Constitución de 1978, aprobada en referéndum el 6de diciembre de ese mismo año), se diseñó el Estado delas Autonomías y se gestionó una política económica de urgencia. En esta fase constituyente de la transiciónpredominó la política de acuerdos (el consenso) quepermitió firmar los Pactos de la Moncloa —suscritos porel Gobierno y los representantes de los principales parti-dos de la oposición que, involucrando a patronal y sindi-catos, proponían un nuevo modelo de relaciones labo-rales y pretendían neutralizar la conflictividad social—,restablecer la Generalitat de Cataluña y crear trece regí-menes preautonómicos.

Una vez aprobada la Constitución se disolvieron las Cor-tes y se convocaron nuevas elecciones (marzo de 1979).UCD logró vencer por segunda vez, aunque, al igual queen junio de 1977, sin alcanzar la mayoría absoluta. Se ini-ció entonces el desarrollo del Estado de las Autonomíascon la aprobación de los estatutos y la celebración deelecciones, entre 1979 y 1983, para constituir los diferen-tes parlamentos autonómicos. También tuvieron lugarlas primeras elecciones municipales democráticas (abrilde 1979), que permitieron el acceso de la izquierda(generalmente, el PSOE o el PSOE-PCE) a las alcaldías delas principales ciudades. Asimismo, se aprobó el Estatutode los Trabajadores (1980).

En ese tiempo también se produjeron cambios en losprincipales partidos de la oposición. En el PSOE, los resul-

tados de las elecciones de 1979 fueron consideradosinsatisfactorios, pese a confirmar su posición comosegunda fuerza política; se abrió entonces un tensodebate interno tras el cual se abandonó el marxismo yse reforzó el liderazgo de su secretario general, FelipeGonzález. El PCE se sumergió en una profunda crisisdebido a sus constantes disidencias, mientras que Alian-za Popular reforzó sus filas con la incorporación de polí-ticos procedentes de UCD.

Durante esta segunda legislatura, el partido gobernanteentró en crisis. La heterogeneidad de sus miembros y lamoción de censura presentada por el PSOE contra elGobierno en mayo de 1980 incidieron negativamenteen el liderazgo de Adolfo Suárez. Este dimitió como pre-sidente del Gobierno en enero de 1981. Semanas después,el 23 de febrero, un destacamento de cerca de doscien-tos guardias civiles, dirigidos por el teniente coronelAntonio Tejero, irrumpieron en el Congreso de los Dipu-tados durante la votación de investidura de Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno y tomaron comorehenes a los parlamentarios. En Valencia, el generalJaime Milans del Bosch declaró el estado de guerra.También participó en la conspiración, entre otros oficia-les, el general Alfonso Armada. La falta de apoyo al golpede Estado por parte de los altos mandos militares y lapostura contraria del rey (que desautorizó a los golpis-tas ante las cámaras de televisión seis horas después dela ocupación del Congreso) frustraron la operación.

Durante el mandato de Calvo-Sotelo tuvo lugar el juiciocontra quienes habían participado en la intentona gol-pista del 23 de febrero, se aprobó la Ley de Divorcio(1981) y se produjo el ingreso de España en la OTAN. Ladescomposición interna de la UCD siguió su curso. Adol-fo Suárez abandonó la formación para crear en julio de1982 el Centro Democrático y Social (CDS). Las eleccio-nes generales de octubre de 1982 dieron un vuelco alpanorama político español. Por sus resultados (victoriaelectoral arrolladora del PSOE, que obtuvo la primeramayoría absoluta de un partido político en la democra-cia española) y sus consecuencias se ha considerado elpunto final de la etapa de transición democrática inicia-da en 1975.

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