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GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Los sujetos obligados (entre otros, los abogados en los casos que se indican) deberán
cumplir las obligaciones que la normativa de aplicación indica y que se refiere en
esta Guía. Habida cuenta de la casuística que la normativa establece, en particular
en las obligaciones de diligencia debida, se ha optado por precisarlas, con cierto
detalle, en Anexo. En Anexo también se precisan otras cuestiones para su consulta.
Info: Webs
Destacar que en la página web del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias –Sepblac- (“Sepblac.es”), hay
información de interés, incluyendo normativa actualizada, formularios, informes,
estadísticas y consultas.
También de interés, entre otras: “Tesoro.es” (Dirección General del Tesoro y Política
Financiera).
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A OBJETIVO DE LA NORMATIVA
Se pretende la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
NORMATIVA BÁSICA
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo.
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Mayor detalle en web Sepblac.
*No se debe olvidar lo reciente de la normativa y, muy en particular, de su Reglamento, en el
que se desarrollan, entre otros, obligaciones a cumplir. En ocasiones, de difícil interpretación.
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BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Se considerará blanqueo de capitales las siguientes actividades (art 1 L 10/10 ):
La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad
delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen
ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus
actos.
La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o
la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos,
de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
La participación en alguna de las actividades antes mencionadas, la asociación para cometer este tipo de
actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o
facilitar su ejecución.
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BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
A los efectos anteriores:
Existirá blanqueo de capitales aún cuando las conductas antes descritas sean realizadas por la
persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.
se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya
adquisición o posesión tenga su origen en un delito, así como los documentos o instrumentos jurídicos
con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de
dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de
los delitos contra la Hacienda Pública.
se considerará que hay blanqueo de capitales aún cuando las actividades que hayan generado los
bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Se entenderá por tal el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por
cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento
de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de
terrorismo tipificados en el Código Penal. Se considerará que existe financiación del terrorismo aun
cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro
Estado.
A) ART. 2 L 10/2010: Inclusión abogado. (ver precepto íntegro)
Abogados cuando participen en: la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de
clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u
otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización
de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el
funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por
cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea
aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer
funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación
con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una
dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro
instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento
jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta
de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de
información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra
persona ejerza dichas funciones.
Asesores Fiscales o otros supuestos recogidos en la norma (p.ej. quienes ejerzan profesionalmente actividades de
agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles).
Cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten servicios
permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica
respecto de los servicios prestados.
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ABOGADO/A
B) DEBER DE SECRETO PROFESIONAL: Normativa(ver íntegra)
Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 542.3 LOPJ)
Normativa de la Advocacia Catalana (art. 31, 32, 33, 34, 65.4 JUS/880/2009):
a) Ámbito objetivo: Incluye cualquier información recibida del cliente en ejercicio de la profesión.
b) Ámbito temporal: No limitación temporal: persiste tras la relación contractual.
c) Ámbito subjetivo: Extensivo a todos los colaboradores y dependientes.
d) Sanción: Su vulneración constituye infracción profesional muy grave.
1.- Inhabilitación profesional de 1 a 5 años.
2.- Multa de 5.001 a 50.000 euros.
Código Deontológico de la Abogacía Española (art. 5)
Estatuto General de la Abogacía Española (art. 32)
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ABOGADO/A
C) SUPUESTOS DE SUJECIÓN a las exigencias de la L10/10:
REQUISITOS ACUMULATIVOS para la sujeción:
MODALIDADES DE ACTUACIÓN: concebir, realizar o asesorar (cuando participa en la operación).
TIPO DE OPERACIONES: Sólo cuando participa determinadas operaciones: (art. 2 L 10/10) :
a) concepción, realización o asesoramiento por cuenta de clientes en:
- Compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales.
- Gestión de fondos, valores u otros activos.
- Apertura o gestión de cuentas corrientes, de ahorro o de valores.
- Organización de las aportaciones necesarias para la creación, funcionamiento o la gestión de
empresas, fideicomisos, sociedades o estructuras análogas.
- Operaciones financiera o inmobiliarias.
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PARA EL
ABOGADO/A
b) Prestación de los siguientes servicios profesionales:
- Constitución de sociedades u otras personas jurídicas.
- Funciones de dirección o secretaria de la sociedad, socio de una asociación o funciones similares en
una persona jurídica directamente o disponer que otra persona las ejerza.
- Facilitar un domicilio social, dirección comercial, postal, administrativa o servicios afines a una
sociedad.
- Funciones de fideicomisario o disponer que otra persona las ejerza.
- Funciones de accionista por cuenta de otra persona (o disponer que otra persona las ejerza), a
excepción de las sociedades que coticen en mercado regulado.
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PARA EL
ABOGADO/A
D) CASOS DE EXENCIÓN-NO SUJECIÓN a las obligaciones en
materia de blanqueo: (Arts. 22 y 24 L 10/10).
Los abogados no están sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3 (no entablar una
relación sino se pueden establecer medidas de diligencia debida), 18 (comunicación por indicio) y 21
(deber de colaboración con la Comisión Sepblac) de la Ley cuando:
SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN O EXENCIÓN: defensa y asesoramiento jurídico (art. 542.1
LOPJ) (art. 22 L 10/10)
a) Defensa del cliente: en procedimientos judiciales o en relación a los mismos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso.
b) Asesoramiento jurídico: cuando interviene para determinar la posición jurídica en favor del
cliente.
= emitir una opinión jurídica sobre unos hechos, implicaciones y consecuencias (analizar la posición jurídica del cliente).
- Si la intervención es Posterior a la operación: No obligado.
- Previa: No exento si diseña operación de blanqueo.
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PARA EL
ABOGADO/A
Las obligaciones a considerar se pueden clasificar (hay que tener presente que habrá diversos niveles de detalle en función de supuestos), en tres grupos:
De diligencia debida.
De información.
De control interno.
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PARA EL
ABOGADO/A Medidas normales (sigue en detalle en Anexo Diligencia debida)
Identificación formal (previo).
Identificación del titular real (previo).
Conocer al cliente y la naturaleza de su actividad (previo).
Conoce a tu cliente: obligación de seguimiento continuo del cliente y de su actividad.
Identificación de cliente y titular real en cualquier caso de indicio o certeza de blanqueo
(previo a examen especial y comunicación, en su caso, al Servicio ejecutivo de la Comisión).
Prohibición de revelación al afectado(omitir la práctica de obligaciones, para evitar revelar al
afectado el examen o comunicación de la operación).
Cabe la delegación de la aplicación de las mismas en terceros (incluyendo de países terceros
equivalentes) con los que se haya llegado a un acuerdo al efecto (salvo la relativa al seguimiento
continuo); no obstante, no por ello hay exención de responsabilidad respecto de la operación de que
se trate.
Existen supuestos susceptibles de aplicación de medidas simplificadas y otros que, por el contrario, es
obligatoria la aplicación de medidas reforzadas (ver en Anexo Diligencia debida).
* Aplicación: Se debe aplicar, a los clientes existentes, todas las medidas de diligencia debida en un
plazo máximo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley (abril 2010).
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PARA EL
ABOGADO/A
Examen especial de cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su
naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Establecimiento de un registro por escrito de tales casos, con inclusión de datos básicos y
cronología.
Comunicación por indicio y sin dilación al Servicio ejecutivo de la Comisión (formulario F19-1) de
cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial,
exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo.
Establecimiento de un proceso integral y estructurado de examen especial, con inclusión, entre
otros, de datos básicos, análisis y gestiones efectuadas y manteniendo un registro al efecto
Establecer sistemas de alerta y de detección de operaciones susceptibles de estar relacionadas
con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (ver Anexo Obligaciones de
información), en el caso de tener que realizar procedimientos de control interno (ver Obligaciones
de control interno).
Deber de abstención de participar o realizar este tipo de operaciones (con excepciones, por
ejemplo, ejecutar la operación para no dificultar la investigación).
GUIA DE
BLANQUEO
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PARA EL
ABOGADO/A
Conservación de documentos (en aplicación de sus obligaciones de diligencia debida) y de
registro de relaciones y operaciones: 10 años desde fin de la relación u operación ocasional, en
particular, de las copias de los documentos fehacientes de identificación, las declaraciones del
cliente, la documentación e información aportada por el cliente u obtenida de fuentes fiables
independientes, la documentación contractual y los resultados de cualquier análisis efectuado.
Disponer de copias de los documentos fehacientes de identificación en soportes ópticos,
magnéticos o electrónicos, salvo para los que ocupen menos de 10 personas y su volumen de
negocios o balance anual no exceda de 2 millones de euros que podrán optar por copias físicas.
De colaboración y de atender requerimientos: la documentación e información podrá ser
requerida por la Comisión del Sepblac, por sus órganos de apoyo o por cualquier otra autoridad
pública o agente de la Policía Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
legalmente habilitado.
No revelación de la información facilitada al Sepblac o del examen de alguna operación (salvo
autoridades competentes o revelación por motivo policial en investigación penal).
* Disuadir a un cliente de una actividad ilegal, no constituirá revelación de haber comunicado
información a Sepblac.
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PARA EL
ABOGADO/A Obligaciones de control interno (por escrito):
Documentar el análisis de riesgo. Se identificará y evaluará atendiendo a criterios diversos (clientes,
geografía, productos servicios,…) y se revisará periódicamente.
Tener un manual de prevención (detallando, cuanto menos, los aspectos indicados en la normativa, tales
como política de admisión de clientes, procedimiento de diligencia debida, hechos que pueden estar
vinculados, por naturaleza, con el blanqueo,…), que deberá ser verificado y actualizado periódicamente.
Creación de órganos de control interno: (i) Designa de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información (formulario F22)
(formulario 22-6). (ii) Designa, con excepciones por tamaño, de un órgano de control interno, responsable
de la aplicación de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo. (ii) Creación de unidad técnica: solo supuestos de mayor tamaño.
De someterse a examen externo (anual) describiendo y valorando las medidas de control interno, y de
seguir las medidas indicadas para solventar deficiencias (no procede en caso de empresario o profesional
individual).
Plan anual de formación del personal.
Excepción: Se exceptúa de estas obligaciones a quiénes ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de
negocios o balance anual no exceda de 2 millones de euros. No obstante, en todo, los sujetos obligados
mantendrán medidas de control interno que les permita cumplir las obligaciones previstas en el articulo 34
Reglamento (control y gestión adecuada de información de clientes y operaciones; aplicación de controles;
mitigar y controlar riegos; controlar cambios de operativa de clientes; etc.).
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PARA EL
ABOGADO/A
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que puede actuar
en Pleno, y que actúa o cuenta con órganos de apoyo:
Comité Permanente de la Comisión
Comité de Inteligencia Financiera
Secretaría de la Comisión
Servicio Ejecutivo de la Comisión, a la que hay adscrita la Unidad de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y las siguientes unidades policiales: la Brigada Central de Inteligencia
Financiera del Cuerpo Nacional de Policía y la Unidad de Investigación de la Guardia Civil
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PARA EL
ABOGADO/A
INFRACCIONES Y SANCIONES (I)
INFRACCIONES MUY GRAVES
INFRACCIONES art.51 SANCIONES art.56
1. Incumplimiento del deber de comunicación previsto en el
artículo 18 .
2. Incumplimiento de la obligación de colaboración prevista
en el artículo 21 .
3. Incumplimiento de la prohibición de revelación establecida
en el artículo 24 o del deber de reserva prevista en los
artículos 46.2 y 49.2.e) .
4. Resistencia u obstrucción a la labor inspectora.
5. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
correctoras a las que se refieren los artículos 26.3, 31.2, 44.2
y 47.3, si concurre una voluntad deliberadamente rebelde
el incumplimiento.
6. La comisión de una infracción grave durante los 5 años
siguientes a la imposición al sujeto obligado de una sanción
firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.
- Amonestación pública: se impondrá en todo caso,
simultáneamente con alguna de las indicadas a
continuación.
- Multa de un mínimo de 150.000€, y un máximo
equivalente a la mayor de las siguientes cantidades: 5%
del patrimonio neto del sujeto obligado, el duplo del
contenido económico de la operación o 1.500.000€.
- La revocación de la autorización administrativa para
operar si se trata de entidades sujetas a ésta.
- A quiénes ejerciendo en el sujeto obligado cargos de
administración o dirección fueran responsables de la
infracción, se les podrá imponer una o varias de las
siguientes sanciones: multa por importe de entre 60.000 y
600.000€, o separación del cargo con inhabilitación para
ejercer cargos de administración o dirección en la misma
entidad o en cualquier sujeto obligado, por un plazo
máximo de 10 años.
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PARA EL
ABOGADO/A
INFRACCIONES Y SANCIONES (II)
INFRACCIONES GRAVES
INFRACCIONES art.52 SANCIONES art.57
1. Incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida
(art.52.1 a-f).
2. Incumplimiento de las obligaciones de información
(art.52.1.g-l).
3. Incumplimiento de las medidas de control interno (art.52.1.
m-t).
4. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Capítulo V (en relación a los arts.34-35).
5. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Capítulo VI (en relación a los arts.39,41,43).
6. El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
correctoras comunicadas por requerimiento del Comité
Permanente a las que se alude en los artículos 26.3, 31.2,
44.2 y 47.3 cuando no concurra una voluntad
deliberadamente rebelde al cumplimiento. (art.52.1.w)
- Amonestación privada.
- Amonestación pública.
- Multa de un mínimo de 60.001€, y un máximo equivalente a la
mayor de las siguientes cantidades: 1% del patrimonio neto del
sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la
operación más un 50% o 150.000€: se impondrá en todo caso,
simultáneamente con alguna de las indicadas anteriormente.
-A quiénes ejerciendo en el sujeto obligado cargos de
administración o dirección fueran responsables de la infracción, se
les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones:
amonestación privada, multa por importe de entre 3.000 y 60.000€
o suspensión temporal en el cargo por plazo no superior a 1 año.
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PARA EL
ABOGADO/A
INFRACCIONES Y SANCIONES (II)
INFRACCIONES GRAVES
INFRACCIONES art.52 SANCIONES art.57
7. El establecimiento o mantenimiento de relaciones de
negocio o la ejecución de operaciones prohibidas
(art.52.1.x).
8. La resistencia u obstrucción a la labor inspectora cuando
no haya mediado requerimiento del personal actuante
expreso y por escrito al respecto (art.52.1.y).
9. Incumplimiento de otras obligaciones que sean
calificadas como graves según los Reglamentos
comunitarios que establezcan medidas restrictivas
específicas, de conformidad con los artículos 60, 301 o 308
del Tratado Constitutivo de la Unión Europea (art.52.4).
10. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos 5 a 14 Reglamento (CE) nº 1781/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de
2006, relativo a la información sobre los ordenantes que
acompaña a las transferencias de fondos.(art.52.5).
- Amonestación privada.
- Amonestación pública.
- Multa de un mínimo de 60.001€, y un máximo equivalente a la
mayor de las siguientes cantidades: 1% del patrimonio neto del
sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la
operación más un 50% o 150.000€: se impondrá en todo caso,
simultáneamente con alguna de las indicadas anteriormente.
-A quiénes ejerciendo en el sujeto obligado cargos de
administración o dirección fueran responsables de la infracción, se
les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones:
amonestación privada, multa por importe de entre 3.000 y 60.000€
o suspensión temporal en el cargo por plazo no superior a 1 año.
GUIA DE
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DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
INFRACCIONES Y SANCIONES (III)
INFRACCIONES LEVES
INFRACCIONES art.53 SANCIONES art.58
1. Incumplimiento de obligaciones que no
constituyan infracción muy grave o grave.
- Se podrá imponer una o ambas de las siguientes
sanciones: amonestación privada y multa por importe
de hasta 60.000€.
GUIA DE
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DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A PREVISIÓN NORMATIVA: ART. 301 CÓDIGO PENAL.
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen
en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la
infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena
de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los
jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del
delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su
profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o
definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de
cinco años. (…)
2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los
mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o
de un acto de participación en ellos.
3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y
multa del tanto al triplo.
4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos
penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.
(…)
CONDUCTA TÍPICA: adquisición, posesión, utilización, conversión y transmisión de bienes de procedencia delictiva.
OBJETO MATERIAL: Bienes (susceptibles de ser valorados económicamente, incorporables al tráfico económico).
HECHO PREVIO: “actividad delictiva”:
- No inclusión de las faltas (acorde con normativa administrativa: art. 1.2 L 10/10 e internacional).
- No se exige previa condena por ese delito (TS): Sólo prueba del hecho típico antijurídico.
- Incluye el autoblanqueo :
TIPO SUBJETIVO:
a) DOLOSO: conocimiento de la procedencia delictiva.
b) IMPRUDENTE: imprudencia grave: estar en condiciones de conocer la procedencia delictiva sólo con
observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, obviar esas cautelas o inobservar los deberes
de cuidado exigibles (posible remisión a la normativa).
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Obligación de identificación formal
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Con carácter general: se deberá identificar a las personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones; de forma previa, se comprobará la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes.
Para personas físicas:
a) Españoles: DNI
b) Extranjeros: la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen. De forma excepcional: es posible la identificación por
otros documentos siempre que estén dotados de medios fotográficos de identificación de su titular.
Para personas jurídicas: los documentos públicos que acrediten su existencia y contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de sus administradores, estatutos y número de identificación fiscal. En el caso de personas jurídicas de nacionalidad española, será admisible, a efectos de identificación formal, certificación del Registro Mercantil provincial, aportada por el cliente u obtenida mediante consulta telemática.
También hay obligación de identificación en idéntico sentido en casos de representación legal o voluntaria (respecto al representado y representante).
En cuanto a entidades sin personalidad jurídica: con carácter general, se identificará a los partícipes.
En todos los casos: los documentos de identificación deberán encontrarse en vigor en el momento de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones ocasionales. En el supuesto de personas jurídicas, la vigencia de los
datos consignados en la documentación aportada deberá acreditarse mediante una declaración responsable del cliente.
Obligación de identificación del titular real
GUIA DE
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DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Con carácter general y previo se deberá identificar al titular real.
Tendrán la consideración de titulares reales:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o
intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un
porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a
través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la
gestión de una persona jurídica.
Se deberá documentar las acciones realizadas a fin de determinar la persona física que, en último término,
posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los
derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la
persona jurídica y, en su caso, los resultados infructuosos de las mismas.
Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al
25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el
control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o
administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es
ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.
Las presunciones a las que se refiere el párrafo anterior se aplicarán salvo prueba en contrario.
Obligación de identificación del titular real
GUIA DE
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DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o más de los bienes
de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por
designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o
instrumento jurídicos. Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25 por
ciento o más de los bienes mencionados, tendrán consideración de titular real la persona o personas físicas en
última instancia responsables de la dirección y gestión del instrumento o persona jurídicos.
Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o
más de los derechos de voto del Patronato (Fundaciones), o del órgano de representación (Asociación), teniendo
en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación de la titularidad real.
Cuando no exista una persona/s física/s que cumplan estos criterios, se consideraran titulares reales: los miembros
del Patronato (Fundaciones) y los del órgano de representación o Junta (Asociaciones).
La identificación del titular real se efectuará, con carácter general, mediante una declaración responsable del
cliente o de la persona que tenga atribuida la representación de la persona jurídica (previo a relaciones de
negocio o a la ejecución de operaciones ocasionales por importe superior a 15.000 euros).
No obstante, cuando se trate de supuestos de riesgo, exista indicios de que la identidad del titular real declarada
por el cliente no es exacta o veraz o concurran circunstancias que merecen examen especial o la comunicación
por indicio (artículos 17 y 18 de la Ley), procederá la acreditación de la titularidad real mediante la obtención de
información documental o de fuentes fiables independientes.
No se pueden establecer relaciones de negocio con personas o instrumentos cuya estructura de propiedad o de
control no haya podido determinarse, ya sea por resistencia o por negativa del cliente.
Conoce a tu cliente
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Se deberá recabar de los clientes información a fin de conocer la naturaleza (real) de su actividad
profesional o empresarial. La actividad declarada por el cliente será registrada por el sujeto obligado con
carácter previo al inicio de la relación de negocios.
Los sujetos obligados comprobarán las actividades declaradas por los clientes en los siguientes supuestos:
a) Cuando el cliente o la relación de negocios presenten riesgos superiores al promedio, por disposición
normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo del sujeto obligado.
b) Cuando del seguimiento de la relación de negocios resulte que las operaciones activas o pasivas del
cliente no se corresponden con su actividad declarada o con sus antecedentes operativos.
Se efectuará seguimiento continuo y se velará por un escrutinio integral de cliente, efectuándose revisiones
periódicas a fin de velar para que los documentos, datos e informaciones obtenidos como consecuencia de
la aplicación de las medidas de debida diligencia se mantengan actualizados y se encuentren vigentes.
Excepción: cabe omitir la práctica de obligaciones de diligencia debida cuando se considere
razonablemente que con ello se revelaría al cliente o potencial cliente el examen o comunicación de la
operación.
Medidas simplificadas de diligencia debida
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Se prevé unos casos muy concretos a los que cabe aplicar medidas simplificadas. Pero hay que tener en cuenta,
además, que éstas deberán ser congruentes con el riesgo. No podrán aplicarse medidas simplificadas de diligencia
debida o, en su caso, cesará la aplicación de las mismas, cuando concurran o surjan indicios o certeza de
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo o riesgos superiores al promedio.
En función del riesgo los sujetos obligados podrán aplicar medidas simplificadas (en lugar de normales) de diligencia
debida respecto de los siguientes clientes:
a) Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
b) Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas mayoritariamente por entidades de derecho
público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
c) Las entidades financieras y sociedades cotizadas, domiciliadas en la UE o países terceros equivalentes, y
sucursales y filiales participadas mayoritariamente
Y en tales casos, se podrá aplicar, en lugar de las medidas normales de diligencia debida, una o varias de las
siguientes medidas:
a) Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un umbral cuantitativo con
posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.
b) Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental.
c) Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral
cuantitativo.
d) No recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente, infiriendo el propósito y
naturaleza por el tipo de operaciones o relación de negocios establecida.
Medidas reforzadas de diligencia debida
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Señalar las operaciones con sujetos de responsabilidad pública (tal y como se definen en Ley, esencialmente
referidos a personas ejercientes o que han ejercido cargos públicos, familiares y allegados) y que, aunque por
número de operaciones puedan resultar, en general, muy poco relevante, si se debe destacar que es un
caso que se regula de forma muy particular, se prevén medidas específicas respecto a los tratos con los
mismos, así como al tratamiento de sus datos (fichero). Deberá ser objeto de un muy detallado análisis el
caso de operaciones con los mismos, y fiel seguimiento de las obligaciones previstas en la normativa.
Existen además numerosos SUPUESTOS sujetos a medidas reforzadas: a destacar, a nuestros efectos:
Operaciones no presenciales (con algunas medidas específicas).
Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones al portador, que estén permitidas
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley (esto es, conocer la estructura de propiedad o de
control o caso de conversión a títulos nominativos –o anotaciones en cuenta-).
Relaciones de negocio y operaciones con clientes de países, territorios o jurisdicciones de riesgo.
Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconstituídas (entendiéndose, por tales, a
estos efectos, las constituidas sin actividad económica real para su posterior transmisión a terceros).
* Se deberá valorar, cuando corresponda llevar procedimientos control interno (ver apartado de
Obligaciones de control interno), otros casos en los que merezca aplicar medidas reforzadas. La norma
indica, de forma no limitativa, factores a considerar a estos efectos (p. ej. clientes no residentes en España,
sociedades cuya estructura accionarial y de control no sea transparente o resulte inusual o excesivamente
compleja o de mera tenencia de activos) o por operación (relaciones de negocio y operaciones en
circunstancias inusuales, o con clientes que empleen habitualmente medios de pago al portador o
ejecutadas a través de intermediarios).
Medidas reforzadas de diligencia debida
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Las MEDIDAS a adoptar, amén de identificar al titular real en todo caso, y en función del riesgo en general
pueden ser todas o algunas de las previstas al efecto:
a) Actualizar los datos obtenidos en el proceso de aceptación del cliente.
b) Obtener documentación o información adicional sobre el propósito e índole de la relación de negocios.
c) Obtener documentación o información adicional sobre el origen de los fondos.
d) Obtener documentación o información adicional sobre el origen del patrimonio del cliente.
e) Obtener documentación o información sobre el propósito de las operaciones.
f) Obtener autorización directiva para establecer o mantener la relación de negocios o ejecutar la
operación.
g) Realizar un seguimiento reforzado de la relación de negocio, incrementando el número y frecuencia de los
controles aplicados y seleccionando patrones de operaciones para examen.
h) Examinar y documentar la congruencia de la relación de negocios o de las operaciones con la
documentación e información disponible sobre el cliente.
i) Examinar y documentar la lógica económica de las operaciones.
j) Exigir que los pagos o ingresos se realicen en una cuenta a nombre del cliente, abierta en una entidad de
crédito domiciliada en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.
k) Limitar la naturaleza o cuantía de las operaciones o los medios de pago empleados.
l) Aquellas propias y específicas en relación con sujetos de responsabilidad pública.
GUIA DE
BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A
Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo:
entre otros, los siguientes supuestos:
a) Cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones activas o pasivas de los clientes no se corresponda
con su actividad o antecedentes operativos.
b) Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada mediante ingresos en
efectivo por un número elevado de personas o reciba múltiples ingresos en efectivo de la misma persona.
c) Pluralidad de transferencias realizadas por varios ordenantes a un mismo beneficiario en el exterior o por un
único ordenante en el exterior a varios beneficiarios en España, sin que se aprecie relación de negocio entre los
intervinientes.
d) Movimientos con origen o destino en territorios o países de riesgo.
e) Transferencias en las que no se contenga la identidad del ordenante o el número de la cuenta origen de la
transferencia.
f) Operativa con agentes que, por su naturaleza, volumen, cuantía, zona geográfica u otras características de
las operaciones, difieran significativamente de las usuales u ordinarias del sector o de las propias del sujeto
obligado.
g) Los tipos de operaciones que establezca la Comisión. Estas operaciones serán objeto de publicación o
comunicación a los sujetos obligados, directamente o por medio de sus asociaciones profesionales.
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BLANQUEO
DE CAPITALES
PARA EL
ABOGADO/A PAÍSES TERCEROS EQUIVALENTES.
Se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o jurisdicciones que, por establecer
requisitos equivalentes a los de la legislación española, se determinen por la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera
mantendrá en su página Web una lista actualizada de los mismos.
PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO.
a) Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
b) Países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas aprobadas por la Unión
Europea, las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales.
c) Países, territorios o jurisdicciones que presenten niveles significativos de corrupción u otras actividades
criminales.
d) Países, territorios o jurisdicciones en los que se facilite financiación u apoyo a actividades terroristas.
e) Países, territorios o jurisdicciones que presenten un sector financiero extraterritorial significativo (centros «off-
shore»).
f) Países, territorios o jurisdicciones que tengan la consideración de paraísos fiscales.
En la determinación de los países, territorios o jurisdicciones de riesgo los sujetos obligados recurrirán a fuentes
creíbles, tales como los Informes de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) o sus
equivalentes regionales o los Informes de otros organismos internacionales.
La Comisión del Sepblac publicará orientaciones para asistir a los sujetos obligados en la determinación del
riesgo geográfico.