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FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

UNIDAD III

POLITICAS SOCIALES

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1.- CONCEPTO DE POLITICA SOCIAL

Al hablar de Políticas Sociales, es imprescindible entender que éstas emanan desde el Estado, por lo que están ligadas a las políticas estatales y su orientación alude principalmente a la naturaleza propia del mismo.

Por lo anterior, en uno u otro modelo político, tal como lo plantea Fernández en su libro Políticas Sociales y Trabajo Social, el desarrollo y énfasis que cada uno de los Estados genere en torno a las Políticas Sociales será particularmente característico del modelo político del Estado.

Así, en tanto, el Estado como núcleo de poder y como agente integrador de la sociedad, expresa su acción a través de diversos mecanismos que permiten mantener un equilibrio social, económico y político de un país; uno de éstos elementos de acción lo constituyen las denominadas Políticas Estatales, que involucran decisiones globales y, dentro de las cuales se contienen acciones en Seguridad, Políticas económicas y Sociales.

Estas tres áreas de acción sobre las cuales el Estado encamina parte de su gestión pueden entenderse al alero de Fernández, de la siguiente forma:

La Política Económica:

Destinada a facilitar la reproducción del capital, considerando que el Estado representa las bases económicas de la sociedad, además el Estado Capitalista, contribuye a regular los ciclos económicos.

Política de Seguridad:

Orientada a controlar y canalizar los conflictos sociales, tanto internos como externos expresando lo político-social de la estructura social dominante.

Política Social:

El Estado interviene para mitigar las diferencias existentes entre los diversos sectores sociales, con intereses contradictorios.

De este modo, la Política Social puede ser entendida como un conjunto de

decisiones que crea derechos y obligaciones en el seno de la sociedad involucrada y en el propio sector social dominante. Cabe señalar que la política social, se visualiza como la acción del Estado, en variadas esferas de intervención que comprende políticas en el ámbito de vivienda, salud, seguridad social, promoción, asistencia social, entre otras, las cuales en su conjunto y en forma coordinada darán cuenta de la gestión Estatal y de la eficacia de las mismas, teniendo en consideración el factor económico que será siempre indispensable a la hora de financiar y contar con recursos para la elaboración, implementación y evaluación de los impactos provocados por la intervención Estatal, al alero de la Política Social.

Así, en tanto, el Estado de un país, en el sentido de atenuar las desigualdades económicas y todos los problemas sociales que se deriven de ellas, es que interviene mediante estas acciones para de una u otra forma intentar favorecer a los sectores más desfavorecidos.

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En este punto, sin embargo, surge una disyuntiva no menor a la hora de tomar decisiones a nivel global, debiendo tener en cuenta elementos como la naturaleza de las acciones, los objetivos que pretenden cumplir estas intervenciones, los mecanismos con que cuenta el Estado para ejecutarlas y los recursos económicos tan indispensables para concretar estas iniciativas.

Cabe destacar, además del impacto económico que puede generar la implementación de una política social a nivel de Estado, lo más relevante aún es investigar el segmento social hacia donde apunta una determinada acción Estatal, quiénes son los actores sociales que intervienen, cuáles son sus necesidades observadas desde lo observado y no como un ente externo que visualiza desde su ámbito de acción, enriquecer desde ahí la toma de decisiones, con la integración de la comunidad más allá de la intervención de sus representantes sean éstos locales o nacionales.

Volviendo directamente, sobre el tema de la Política Social, para intentar aproximar la observación hacia un concepto más definido, siguiendo a Fernández, se entiende que la Política Social, ha tenido a través de su propio desarrollo una evolución significativa hasta la llegada de la Modernidad.

De este modo, las transformaciones que ha tenido el concepto de Política Social, está directamente relacionado con procesos históricos que fueron acentuando la naturaleza de las mismas y la forma de concretarse en la actualidad.

Entre estos hitos, destacan “Informe Beveridge”, luego de la segunda post-guerra dando cuenta de la importancia de las conclusiones que aportaba y de su aplicación en países industrializados.

Desde aquí, se logra entender a la Política Social, como instrumentos estatales que permiten disminuir las ya mencionadas desigualdades sociales, contando además con mecanismos para su ejecución, recursos económicos que deben estar definidos en el Presupuesto Social, garantizando el Estado a la sociedad un nivel de vida mínimo que integre las necesidades individuales de los seres humanos de una nación.

Dentro de ellas se contemplan satisfacer necesidades humanas de vejez, enfermedad, desempleo, entre otras.

Con todos estos planteamientos, se busca que la Política Social, mediante su intervención busque la igualdad de oportunidades entre las personas, aportando desde el Estado, la capacidad de obtener ingresos que permitan cubrir sus necesidades fundamentales.

Esta capacidad va a ser entendida como el “Capital Humano”, recursos que dan cuenta en definitiva de las cualidades de los integrantes de la sociedad de un país, tales elementos han permitido a lo largo del desarrollo de las potencialidades de los sujetos, favorecer las acciones en el marco de la Política Social.

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Esto ha llevado consigo, una racionalización de la Política Social, pudiendo aplicarse a cada aspecto social un cálculo económico adecuado a las necesidades sociales y coherentes con el sistema social en su conjunto. Mientras que, por otro lado, se ha establecido un determinado número de medidas prioritarias que es posible mejorar, con el apoyo del mencionado capital humano, lo anterior se conoce como la formalización de la Política Social.

Por otro lado, las Políticas Sociales, entendidas como el conjunto de medidas destinadas a asegurar la satisfacción mínima de las necesidades vitales, va ligada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, meta e instrumento del desarrollo integral.

Estas necesidades primordiales, que en definitiva intenta llevar a la sociedad el Estado de Bienestar, son entendidas como aquellos elementos con que cada ser humano debe contar para favorecer su subsistencia, entre ellos destacan, alimento, vivienda, educación y salud, estas necesidades, sin embargo, varían con el período histórico y social de cada individuo.

En la actualidad, estas necesidades primordiales, en Estados capitalistas, están resueltas, lo que importa es más bien identificar cómo están siendo satisfechas tales necesidades, dando cuenta de sus indicadores de calidad y más bien la sociedad en estos contextos se hace tremendamente consumista, en oportunidades de elementos innecesarios para su bienestar, que son más bien influjos de aspectos publicitarios masivos.

En definitiva, las Políticas Sociales, son acciones Estatales que apuntan a disminuir las mencionadas desigualdades sociales, cuya intervención va de la mano, con el aumento de las necesidades primordiales de los seres humanos que amplían la esfera de acción Estatal en el marco de la Política Social.

En este contexto, destaca además las políticas de protección social, instauradas desde el Estado Chileno hace algún tiempo atrás, las cuales tienen por objetivo principal propender a la equidad e igualdad social, favoreciendo a los sectores más desprotegidos.

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2.- DESARROLLO HISTORICO DE LA POLITICA SPOCIAL EN CHILE

Chile cuenta con larga historia de desarrollo de políticas sociales, seguridad social y otros componentes del sistema de protección social. Con ello ha podido conjugar crecimiento económico y progreso en su desarrollo humano global, en aspectos como salud, empleo, educación, vivienda, trabajo, pobreza y otros.

Para dar cuenta de una forma más expedita de cómo estos procesos de

implementación de políticas sociales, han orientado beneficios hacia los sectores más pobres de Chile, es que se intentará hacer una revisión desde el punto de vista histórico acerca de las políticas sociales.

No obstante cabe destacar, que el concepto de políticas sociales se asoció a dos grandes ámbitos de intervención, que son los siguientes:

Indicadores de calidad de vida de la población, como pueden ser la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social.

Dimensión del trabajo, sea la organización del mercado laboral, las condiciones de trabajo y las remuneraciones por concepto de él (Arellano, 1985).

Al pretender realizar una cronología histórica de las políticas sociales en Chile, diversos autores (Arellano, 1985; Martínez y Palacios, 1996; De los Ríos, 1997; en general, han coincidido en caracterizar determinados períodos y procesos que influyeron en la definición de la noción de políticas sociales, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

A continuación se destacan cuatro periodos de la evolución histórica en el

desarrollo e implementación de políticas sociales.

Fase I (Estado protector)

Desde fines del siglo pasado hasta la década de 1930, particularmente asignada en 1931 con la dictación del Código del Trabajo. Es la fase correspondiente a enfrentar por parte del Estado y las élites dirigenciales de la época «la cuestión social», como una forma de dotar a los obreros de mejores condiciones de relacionamiento con sus patrones, en materias laborales de remuneraciones, contratos de trabajo, horarios y descansos, trabajo infantil y de las mujeres, condiciones de seguridad, y también algunas prestaciones sociales como vivienda, y otras leyes de carácter social. En ese contexto, algunos problemas sociales dejan de ser vistos como asuntos de caridad y pasan a ser considerados cuestiones de justicia. Esta fase define al Estado en su rol de Estado Protector de las clases trabajadoras y proletarias, dejando la constancia del supuesto de la relación desigual entre los representantes del capital y los del trabajo.

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Fase II (Estado benefactor)

Segundo periodo desde 1932 a 1955, denominado como Estado Benefactor, en alusión a la expansión de los grupos medios de la sociedad chilena (durante esta etapa, los grandes beneficiados serían los sectores medios que comienzan a configurarse como un sector social con amplia capacidad de negociación y presión hacia las esferas del Estado (Arellano, 1985). Corresponde al proceso de industrialización en lo económico, y a la democratización del país en lo político; donde el Estado:

Promovió el desarrollo industrial y creó las condiciones e instituciones necesarias para ello (entre ellas, la Corfo en 1939), lo que implicó a su vez un importante proceso de urbanización: la industrialización y la urbanización del país fueron acompañadas de fuertes procesos de integración y de democratización social y política» (Martínez y Palacios, 1996).

De igual modo, se instauran otros beneficios e instituciones que favorecen a

los trabajadores en materias sociales, como la construcción de viviendas para trabajadores, la medicina preventiva para trabajadores y sus familiares, llegando a darse las primeras luces para la futura creación del Fondo Nacional de Salud; la ampliación de la seguridad social, el beneficio de la asignación familiar.

Sin embrago, uno de los rasgos más definidores del período lo constituye la ampliación significativa de la cobertura educacional, tanto primaria, secundaria y universitaria, y se: destaca durante este período, en términos de estructura social, un importante auge de la clase media, la que se conformó con los significativos contingentes de profesionales egresados de la "expandida" educación superior y los empleados de la creciente burocracia estatal y privada del país» (Martínez y Palacios, 1996).

Fase III

Un tercer período, lo constituye la incorporación de los sectores populares entre 1964-1973, período ajustado a los gobiernos de la Democracia Cristiana y a la Unidad Popular.

El rol del Estado durante este proceso histórico, fue de lograr ciertas

tendencias hacia una mejor redistribución del ingreso, en beneficio de los sectores más desfavorecidos, cuestión que en la actualidad aún es un tema de constante preocupación pero que aún no se logra hacer llegar los recursos a los más pobres ni menos lograr aumentos significativos en aspectos tributarios para los sectores más acomodados.

Destacan, además progresos en la salud y en la seguridad social, como

también en la tenencia de la tierra por parte de campesinos mediante la reforma agraria, que favoreció a las personas más pobres, mientras que se parcelaron los terrenos gigantes que poseían los sectores económicamente muy afortunados.

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Sin embrago, a pesar de proporcionar un terreno a los más desposeídos, a los campesinos para que trabajaran la tierra y lograran superar su situación de pobreza, lamentablemente éstos no fueron capaces en sus mayoría, de sacar provecho de este recurso, ya que no contaban con los conocimientos y habilidades técnicas idóneas para el desarrollo de alguna actividad productiva, aquí la gran flaqueza de esta iniciativa, de esta reforma.

Por lo anterior, este período puede entenderse como aquel e que el Estado asume características tendientes a redistribuir recursos, haciendo la distinción entre la redistribución de la riqueza en cuanto a bienes y servicios de la sociedad ,para llegar más lejos aún en la redistribución del poder, tanto económico como político (Martínez y Palacios, 1996).

También pueden reconocerse significativos avances en la participación sociopolítica y gremial de los sectores populares y trabajadores, representados en la dictación de la ley de juntas de vecinos y la sindicalización campesina, lo cual favoreció la integración de las personas, además de hacer notar sus propias demandas en forma organizada.

Fase IV (Retirada del estado) El cuarto período histórico de las política sociales en Chile, inicia con un

quiebre en la continuidad que habían tenido las políticas sociales en el país, período de expansión y perfeccionamiento de las políticas sociales, como de la incorporación de sectores sociales que hasta ese entonces se encontraban excluidos de ellas, y desde una ausencia del Estado a una mayor presencia en la definición y aplicación de políticas sociales.

Arellano califica el período como la retirada del Estado (1974-1982), o

también podría denominarse como del Estado Ausente, para caracterizar a todo el período del gobierno militar (1973-1989), e incluso cabría la calificación de Estado Protector Patronal. En este escenario, el rol que asumió el Estado en relación a la implementación de las políticas sociales, fue el de Estado Subsidiario.

Tal principio, adoptado por el gobierno militar, se convierte en dos

orientaciones y principios básicos:

La focalización del gasto social dirigido a los sectores y personas más desfavorecidas, inaugurando la discusión entre políticas sociales de carácter universal v/s focalizadas; y,

La privatización de ciertas áreas de la política social, desligándose el Estado de ellas y traspasándolas a la empresa privada y al mercado su asignación, como fueron la educación, salud, previsión, vivienda.

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Lamentablemente, durante el gobierno militar y, con la implementación de tales principios, no hubo disminución de la pobreza, y al término del gobierno militar los niveles de pobreza y extrema pobreza eran muy superiores a los exhibidos durante 1970. Por otra parte, menos aún se logró visualizar si las políticas sociales llegaron realmente a los más pobres, quienes en definitiva debieran ser por naturaleza los beneficiarios de las medidas sociales que adopta el Estado, no había mayor evaluación de las políticas sociales y, en muchos de los casos se implementaban políticas sociales por hablar de acción social desde el Estado, como lo fue la política habitacional hacia la clase media.

Fase V

El quinto período viene a corresponder al momento pos dictatorial o de recuperación de la democracia en el país.

En este escenario, el rol del Estado era bastante más complejo de definir,

teniendo en consideración que los gobiernos de la concertación, continuaron con la definición de un Estado Subsidiario en materia de políticas sociales, pero poniendo el énfasis en una política de crecimiento económico con equidad social.

Así, los gobiernos de la concertación no alteraron los dos principios

centrales del discurso neoliberal del gobierno militar, en orden a mantener los criterios de políticas sociales focalizadas y la permanencia de agentes privados en la implementación de éstas.

No hubo alteraciones en materia de salud, educación, vivienda, previsión

social, subsidios, entre otras. Lo que sí puede diferenciar a la política social de la anterior, es la selectividad de ciertas políticas, privilegiando algunos sectores sociales considerados como más vulnerables (niños, jóvenes, jefas de hogar, discapacitados, minorías étnicas, tercera edad); como a su vez, puede apreciarse un notorio aumento en el gasto social, llegando en algunos sectores a duplicar éste desde 1990 a 1997.

Es importante recalcar que en los gobiernos democráticos, posteriores al

golpe militar, se disminuyó la pobreza. Pero el énfasis y motor de la política social ha sido el paradigma del crecimiento económico y la mantención de ciertos equilibrios en los indicadores macroeconómicos.

Desde otro punto de vista, los distintos momentos y énfasis que ha asumido

el Estado en materia de políticas sociales, tienen una estrecha relación con los modelos de desarrollo experimentados por ellos, y la forma en que se precisan sus sujetos preferentes de atención y/o preocupación estatal.

De igual modo, existe una relación entre los modelos de desarrollo

adoptados por los países y sus definiciones de políticas sociales a implementar.

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3.- PARADIGMAS IMPULSADOS EN CHILE

El crecimiento económico ha sido desde un comienzo uno de los grandes paradigmas con más repercusión y aplicación en Chile, experimentando periodos, tal como lo plantea Olavarría, con grandes crecimientos en éste ámbito.

A pesar de lo anterior, Chile se ha caracterizado por prestar especial atención a las políticas sociales, lo cual permitió que se ubicara, antes de 1980 como uno de los países con mejores índices en América Latina, en lo referido a la esperanza de vida, mortalidad infantil, mortalidad general, alfabetismo, cobertura de la educación primaria y secundaria, y en la proporción de la población económicamente activa que tenía educación secundaria.

Con lo anterior, Chile se ubica como uno de los países con alto desarrollo humano, durante este período.

Por otro lado, para enfatizar en la temática de los paradigmas, Rolando Franco, ex Director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para America Latina y el caribe, en adelante CEPAL, en su texto Los Paradigmas de la Política social en América Latina, define dos paradigmas fundamentales en políticas sociales, que son el Emergente y el Dominante, ambos poseen características propias y la política opera de la forma que se expone en el siguiente cuadro.

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El autor plantea, que la tendencia histórica latinoamericana ha sido centralizadora. En ello han influido, por un lado, razones de índole puramente económica, como la indivisibilidad de escala de ciertas decisiones y la retroalimentación entre la toma de decisiones centralizada y la concentración de la actividad económica (Boisier, 1976).

Tal enfoque, ha llevado a tomar decisiones careciendo de la información necesaria sobre las particularidades y características propias de cada zona y se opta por soluciones homogéneas que se aplican a realidades que son heterogéneas, lo que conduce a asignar de manera ineficiente los recursos y a no solucionar los problemas. En lo referido a la lógica decisional, destacan los Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME) del Ministerio de Educación de Chile pretenden incentivar a los docentes de escuelas de mediano y alto riesgo a que presenten proyectos para obtener recursos destinados a facilitar la actividad docente (Téllez, 1995).

Por otra parte, en Chile existe la posibilidad de financiamiento compartido en todas las escuelas secundarias, y en las particulares subvencionadas de nivel primario las municipales están obligadas a ofrecer educación gratuita.

En el caso Chileno, se aproxima al subsidio a la demanda la modalidad mediante la cual el Ministerio de Educación de Chile entrega directamente a la escuela respectiva un subsidio por cada alumno matriculado y que efectivamente asistió a clase, ya que los padres, al elegir el establecimiento en que se educarán sus hijos, deciden a cuál de los oferentes se asignarán los recursos fiscales.

Entre variados ejemplos de focalización, cabe recordar el Programa de las 900 Escuelas de Chile, orientado al 10% de las más pobres y de más bajo rendimiento académico, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de los alumnos. Aquí, los criterios de focalización son: a) el bajo rendimiento promedio de los alumnos en las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) y otros indicadores del Ministerio de Educación; b) el bajo nivel socioeconómico de las familias de los alumnos según registro de las escuelas; c) el tamaño y la accesibilidad de las escuelas.

De esta forma, se puede observar, al alero de la visión del autor, en contextos Latinoamericanos, que en la realidad Chilena en cuanto a los paradigmas en políticas sociales, claramente existe una combinación de ambos, resaltando en el trabajo realizado por el ex Director de la CEPAL, en el estudio citado, casos puntuales que suceden en Chile en el marco de las Políticas Sociales.

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4.- CLASIFICACION DE LAS POLITICAS SOCIALES

Para facilitar la comprensión de mejor forma a las Políticas Sociales, es preciso agruparlas en categorías, las cuales darán cuenta de las áreas de intervención a la que cada una de ellas alude.

Cabe mencionar que existe una variada gama de formas de clasificar a las Políticas Sociales, tales como grupos beneficiados, objetivos alcanzados entre otras, siguiendo a Fernández, se plantea la siguiente clasificación:

La existencia de Empleo y de un Ingreso Mínimo.

La Protección de las condiciones de trabajo.

La Educación, la formación y la cultura.

La Higiene pública y la salud.

La Asistencia y la Promoción Social.

El urbanismo y la vivienda.

El tiempo libre y la recreación.

4.1 Las necesidades que abordan.

Las políticas sociales, no obstante la importancia que han adquirido, siguen apareciendo en el plano conceptual como aspectos que en la práctica no ocupan un lugar primordial y urgente en las acciones del Estado, sobre todo respecto de la política económica, a pesar de los intentos por alcanzar índices de igualdad más representativos.

Tal como lo plantea Olavarría, al referirse a las Políticas Sociales, es indispensable entender que van ligadas al desarrollo económico, y a las políticas económicas del país, lo cual se traduce, entre otras cosas, en la mantención de los equilibrios macroeconómicos y la auto sustentabilidad.

En este contexto son los sectores más desprotegidos, quienes claramente se ven más perjudicados debido a que sus ingresos ya sea producto de trabajos particulares y dependientes, o personas sin trabajo no logran autofinanciar sus propias necesidades.

Lamentablemente, la acción de las Políticas Sociales, si bien están orientadas a los sectores más vulnerables, cubriendo necesidades de vivienda como un aspecto básico para la protección de la familia, de salud indispensables para mejorar los índices en cuanto a control de patologías y enfermedades, tratamientos y cobertura en salud que han permitido a lo largo de la historia disminuir la tasa de mortalidad infantil y ocupar uno de los mejores lugares a nivel Latino Americano en factores como el aumento el promedio de vida de las personas, entre otros ya señalados, no se ha logrado sin embargo, que las acciones Estatales están en directa relación unas con otras, lo cual ha provocado que las intervenciones sociales se hagan en forma parcelada, sin ser conscientes que la realidad social es una en su totalidad y la mejor forma de observarla es de manera integral.

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De esta manera, las necesidades que atienden las Políticas Sociales, distribuidas en variados programas y acciones sociales, se abordan de manera independiente, no generando ciertas interrelaciones entre uno y otro tipo de acciones.

Por otro lado, instrumentos como El Registro Social de Hogares, que son en definitiva un indicador determinante a la hora de tener acceso a un beneficio Estatal, dado por el porcentaje de vulnerabilidad que arroja tal instrumento, no comprende hasta la fecha, salvo medidas recientemente denunciados por el Ministerio de Desarrollo Social, en adelante MIDESO, acciones que permitan verificar los datos proporcionados por los sujetos encuestados al respectivo encuestador.

Esta situación se ha convertido en un vacio que muchos inescrupulosos han ocupado para entregar información falsa y de esta forma recibir ayuda de parte del Estado, dejando fuera del sistema a familias que realmente necesitan de estos beneficios y por la naturaleza de la situación socioeconómica en que se encuentra sumergidos, se les dificulta la satisfacción de estas múltiples necesidades tanto de los sujetos individuales como en las de su entorno familiar más próximos.

Por su parte, entendiendo las políticas económicas como elementales para financiar a estas necesidades anteriormente descritas, como acciones del Estado, se debe entender que si la finalidad de la política económica es dirigir la economía hacia la satisfacción de las necesidades materiales de los individuos, la política social tiene por finalidad la producción de las condiciones que aseguran la existencia de la sociedad como tal.

Lo anterior significa un cierto nivel de igualdad entre sus miembros, una calidad de vida definida de acuerdo a la diversidad cultural de quienes la forman y la existencia, desarrollo de actores y redes sociales que le den sustento a la ciudadanía.

Para lo anterior es preciso hacer una revisión de las medidas tendientes a resolver problemas de desigualdades, en el orden que se han enfrentado históricamente, con el objeto de propender a la equidad social.

La aspiración universalizada por sistemas políticos democráticos y la misma situación geo-política internacional hace que las utopías igualitarias tengan que abandonar el método revolucionario de toma del poder, por lo que estas acciones deben surgir en forma mancomunada, en lo posible con la intervención de todos los actores involucrados, para alcanzar las mejores soluciones a los problemas posibles.

En la actualidad, el acceso a las Políticas Sociales, se redefine en términos de la calidad y contenido específico del bien o servicio a que se accede. Es más, el simple acceso a determinadas instituciones o campos, que era condición de igualdad hace algún tiempo, hoy sirve también para reproducir desigualdades.

Ello es válido en educación, salud, información y cualquier campo de la vida social. La calidad pasa a ser condición de la equidad y ella se define según necesidades y objetivos diversificados de los que no dan cuenta las políticas generales.

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No pareciera que los modelos de desarrollo en boga puedan resolver la incorporación estructural y masiva de los excluidos en el plazo de una generación. Más bien, su tendencia es a provocar nuevas segmentaciones y reproducir desigualdades, sobre todo por la forma actual de abordar las necesidades de la población, vistas en forma parcelada y con muchísimos elementos de carácter asistencial que no generan en los sujetos la capacidad y la motivación por superar situaciones por ejemplo de pobreza, malamente entendiendo el concepto de ayuda, el cual se convierte a veces en entrega de beneficios recurrentes hacia las mismas personas.

En la actualidad, los diagnósticos sobre la situación social muestran la incapacidad de las políticas para enfrentar la pobreza y en general atender a la población más vulnerable frente a los mecanismos de mercado.

La idea del Estado subsidiario, y de las políticas asistenciales, que fueron en los momentos más agudos mecanismos de control social (por ejemplo, los Programas de Empleo Mínimo, para paliar las altas tasas de desempleo, en el caso chileno) frente a los sectores más marginados.

Tales políticas fueron acompañadas de cambios institucionales que, en vez de transformar al Estado desde dentro, más bien tendieron a crear nuevas agencias, postergando el cambio más radical de la estructura estatal, cuestión que a la fecha permanece vigente.

Diversos estudios muestran que la privatización de los servicios sociales (educación, salud, previsión) sumada a la filosofía asistencial, han generado condiciones estables y permanentes de duplicación de la sociedad entre aquellos que pueden acceder a los mecanismos de mercado y aquellos que necesariamente deberán siempre ser “asistidos” por el Estado.

Los pobres como el sector más necesitado de la población y, hacia el cual apuntan la gran mayoría de las acciones del Estado, se transformaron de sujetos de políticas sociales (con mecanismos de procesamiento de sus demandas y algunos casos con mecanismos de participación) en “beneficiarios” de políticas focalizadas.

Los ideólogos de la fórmula neo-liberal aseguraban que el crecimiento de la

economía, generaría automáticamente, los recursos necesarios para elevar el nivel de vida de la población. Sin embargo, la realidad mostró que la necesidad de enfrentar la situación social, requería de políticas específicas, de institucionalidades adecuadas y sobre todo de recursos distribuibles mediante el gasto social público.

Variados estudios muestran que el gasto social público en América Latina sufrió una caída durante el llamado ajuste estructural. Su recuperación en los años siguientes, como lo hemos indicado, tuvo un escaso carácter redistributivo.

Surge, entonces la crítica a la ineficiencia estatal de los Estados de Bienestar, la cual dio paso a la focalización en los grupos llamados vulnerables.

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Para el conjunto de la región, las políticas compensatorias se fueron imponiendo como la política privilegiada de los gobiernos, lo que ha impedido una reestructuración de la política social en forma integrada.

Lo anterior, se produjo porque la tendencia en los países del continente fue otorgarle a las políticas focalizadas un carácter de políticas estables que paulatinamente van reemplazando a la institucionalidad estatal de lo social tradicional.

No cabe duda, como lo plantean algunos estudiosos de las acciones del Estado en Políticas Sociales, que un efecto inmediato de los Fondos de Emergencia, tales como visibilidad frente a los grupos de focalización, mayor flexibilidad en los procedimientos, mejor llegada a organismos intermedios no gubernamentales, y potencialidad de generar mecanismos nuevos de participación entre los llamados beneficiarios, puede conllevar los peligros de crear nuevas clientelas, generar dependencias permanentes de los beneficiarios, duplicar esfuerzos estatales, o simplemente dados los menores controles a que están sujetos propiciar casos de corrupción abierta o disfrazada.

Así, las políticas focalizadas no debieran opacar la necesidad de una reforma integral del Estado en este campo, dirigida básicamente a recuperar la legitimidad del Estado en políticas redistributivas de carácter estructural.

La institucionalidad tradicional del gasto social debiera modernizarse y descentralizarse y, a la vez, ser capaz de coordinar la nueva institucionalidad de los Fondos. Se trata de una mejor combinación de las necesidades emergentes, con una mirada de largo plazo en que se aseguren las metas de las políticas sociales: igualdad y calidad de vida de acuerdo a la diversidad socio-cultural, en dimensiones como, por ejemplo, mejor distribución del ingreso, salud, educación, previsión, vivienda. Estas no son por regla general el objetivo principal de los fondos de emergencia.

Con lo anterior, se da cuenta de un, agotamiento de modelos que puedan enfrentar el problema de la igualdad. Para ponerlo en términos radicales, ningún modelo ni política serán efectivos en esta materia, si además de discriminaciones positivas, medidas asistenciales y políticas focalizadas, no hay una distribución organizada y que llegue a todos los sectores de la sociedad.

Tal redistribución enfrenta dos problemas.

El primero es un fenómeno político, el cual señala que no hay redistribución que pueda hacerse hoy al margen de los mecanismos democráticos, es decir, a través de una revolución o de una imposición de principios éticos a través de medios coercitivos físicos. Si no se cuenta con el acuerdo activo de los que serán afectados por la redistribución, al menos hay que evitar su resistencia. Ello supone que tales medidas sean legitimadas democráticamente, lo que exige fuerza política.

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No hay fuerza política democrática sin la conformación de mayorías amplias para lograr acuerdos políticos nacionales que tienen carácter de política de Estado y no de un gobierno particular. Tales acuerdos, en la medida que enfrentan intereses poderosos, son muy difíciles de obtener, pero son inevitables si se quiere preservar el marco democrático. El segundo problema es qué es lo que hay que redistribuir, tanto a nivel de individuos como actores sociales. Porque ya no se está en la época en que todo se reducía a un problema de poder económico identificado a la riqueza, el capital o la propiedad.

No es que en este campo no haya nada que redistribuir. Pero, ello además de cumplir con el requisito democrático ya señalado, no agota toda la cuestión del poder hoy día muy diversificado y multidimensional.

A nivel individual, hay que redistribuir las capacidades de enfrentar la vida, y eso en parte, se llama educación en su sentido más amplio; pero también incluye las dimensiones expresivas y afectivas, es decir, el capital social y cultural. A nivel de actores sociales, hay que redistribuir la capacidad de acción colectiva y eso se llama organización, instituciones y reforzamiento de las nuevas dimensiones de la ciudadanía, es decir, el capital social y el poder político.

Lo anterior con el objeto de revisar la acción Estatal y favorecer a los grupos más desprotegidos con una intervención que, en lo posible aborde las demandas crecientes de manera integral y, que además sea complementaria con medidas que entreguen herramientas para la auto superación de la pobreza.

4.2 Los grupos beneficiados

Según la observación de Olavarría, dentro de los grupos beneficiados por

las Políticas Sociales, destacan Indigentes, no indigentes y no pobre, es decir hacia estos segmentos sociales apuntaría la acción del Estado.

Respecto a esta clasificación, en Chile el MIDESO es el encargado de

clasificar a los beneficiados de beneficios gubernamentales a través de la aplicación del Registro Social de Hogares, este es una base de datos que contiene información de las personas y los hogares, y está compuesto por antecedentes aportados tanto por las familias como por distintas instituciones del Estado, permitiendo entregar a la ciudadanía un instrumento transparente y sencillo, que refleja la realidad socioeconómica de los hogares en Chile.

Cabe señalar que el registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, proveniente de las siguientes instituciones:

Servicio de Impuestos Internos (SII),

Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI),

Instituto de Previsión Social (IPS),

Superintendencia de Salud,

Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y

Ministerio de Educación, entre otras.

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Dentro del conjunto de información disponible en el Registro Social de Hogares, se incluye una Calificación Socioeconómica del hogar, que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las personas que componen un hogar, en un promedio de 12 meses, y son ajustados por el número de integrantes, su edad y grado de dependencia (moderada o severa). En caso que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases administrativas que posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos reportados por el integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares.

Adicionalmente, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente adecuadamente el nivel socioeconómico de los hogares, ésta se construye complementando la información de ingresos con el acceso a ciertos bienes y servicios de las personas, cuando el valor de dichos bienes y servicios es indicativo de un alto estándar de vida. Los bienes y servicios considerados son:

El valor total de el/los vehículos que son propiedad de los integrantes del hogar

El valor total de el/los bienes raíces que son propiedad de los integrantes del hogar

El valor de la mensualidad del establecimiento educacional en el que están matriculados uno o más integrantes del hogar

El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud.

4.3 Los objetivos alcanzados A medida que las sociedades evolucionan y la creación de riqueza

acompaña, son cada vez más los derechos que las personas en su conjunto reclaman para sí y que los Estados quedan con la obligación política de garantizarlos.

Por supuesto, escribir algún derecho en el papel es mucho más fácil que cumplirlo, no solo por intereses encontrados sino porque para ello se requiere mucha organización e inteligencia para hacerlos posibles y sustentables.

En términos generales, no existe una política social, son varias y tienen dos objetivos principales: la inclusión social y la reducción de inequidades sociales.

La inclusión social es permanente, es decir se le da educación a todos, se

permite el acceso a la salud a todos. Pero las políticas de la duración de los programas paracompensar la inequidad tienen una problemática en su objetivo, asistenciales que implica la constante entrega de beneficios a determinados sectores de la población y aquellas que son capaces de generar intervenciones sociales que superan esta barrera y proporcionan herramientas para que los sujetos sean agentes de su propio cambio.

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Las Políticas Sociales que entregan herramientas ayudan a formar ciudadanos, mientras que aquellas que se traducen en entrega de recursos continuamente, sólo forman más clientes de las políticas sociales, si se le da un subsidio a alguien sin ningún tipo de contrapartida, sin plazo de vencimiento, sin un aprendizaje, no es más que fomentar su permanente situación sin una motivación que lo incentive y le enseñe a superar la situación de pobreza.

Si de hecho no hay tareas o acciones a cumplir para lograr ese beneficio, no hay derecho a tenerlo, el único requisito se convierte en conocer y responder a aquella persona que te puede garantizar la continuidad del beneficio.

Por lo tanto pedir contrapartidas y objetivos a las prestaciones (sean monetarios o en bienes y servicios) consolida los derechos del beneficiado, ya que cumple con su tarea.

Cuando se dan libremente, pierde ese derecho y lo delega en otro.Cuando las prestaciones se cumplen y los planes están diseñados para crear ciudadanía, las prestaciones generan independencia y no a la inversa, que es lo que debería existir en toda sociedad que tiene por objeto superar índices marginales de pobreza.

El éxito de los buenos planes sociales es que la cantidad de beneficiados sea cada vez menor, porque si son cada vez más, se genera dependencia y clientelismo.

Quizás una buena parte de los problemas actuales en lo social, sean

producto de las acciones Estatales en la política social que genera más clientes que ciudadanos. El discurso que se hace hoy día de la equidad y la igualdad es necesariamente fragmentario. Ello porque para el tema de la igualdad ya no existen referentes sociales como en el pasado donde la utopía de la sociedad socialista o sin propiedad privada, se planteaba como modelo de la sociedad de igualdad.

Cabe, entonces, una discusión conceptual que permita restituir la

complejidad y legitimidad del tema de la igualdad, desligado de los modelos históricos y las ideologías con los que se le identificó.

Las dos hipótesis básicas en esta materia son, primero, que el espacio de la igualdad, a diferencia de la dimensión equidad, es la sociedad- polis, es señalar, el Estado-Nación que incluye la idea de estados multinacionales, cuya centralidad es hoy cuestionada por los procesos de globalización.

La segunda es que una de las condiciones de viabilidad del Estado-Nación y de la idea misma de sociedad es la igualdad socio-económica.

En el pensamiento y la práctica social de las tendencias progresistas y de la izquierda, el principio que los distinguió de otros fue el segundo componente de la solidaridad y la fraternalidad proclamado por la revolución francesa, en contextos más amplios.

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Por lo demás, las tres grandes utopías occidentales se organizaron en torno a estos principios. Tales principios se bifurcan en algún momento de la historia. La libertad da origen a la utopía democrático-liberal, cuyo sujeto es el individuo/ciudadano. La igualdad a la utopía democrático- socialista, cuyo sujeto es el ciudadano/pueblo. Así, la fraternidad constituye lo esencial de la utopía judeocristiana con el sujeto comunidad/pueblo de Dios. La utopía cristiana estuvo siempre más cerca de los temas de igualdad que de la libertad, que no buscan más que la propia hermandad e igualdad en la humanidad.

En la sociedad contemporánea, todo proyecto histórico debe moverse en torno a estos tres ejes, los que en el caso de las naciones colonizadas, dependientes o sometidas, se organizan en torno al principio de la independencia nacional.

En definitiva la Igualdad y Equidad aparecen como dos caras o dimensiones del viejo concepto de la “justicia social”. Se trata de dos principios éticos distintos, que no pueden ser asimilados el uno al otro ni suplantados entre sí.

En tanto la equidad apunta a la igualdad de oportunidades individuales para la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas o aspiraciones definidas socialmente, la igualdad apunta a la distancia entre categorías sociales respecto del poder y la riqueza, o si se quiere, del acceso a instrumentos que determinan el poder sobre lo personal y el entorno.

Una sociedad puede ser a la vez equitativa y desigual. Es posible que aumente la equidad sin que disminuyan las desigualdades y al revés. Para la equidad no importa cuanta sea la distancia socio-económica si es que los individuos tienen lo básico para enfrentar la vida.

Desde la perspectiva de la igualdad no es buena la distancia socio-económica entre categorías, aunque sí la diferencia o diversidad socio-cultural. Esta última es otro principio ético que tiene como sujetos no al individuo ni a las categorías sociales en general, sino a la identidad, tan propio de los pueblos.

De tal forma, entonces, tanto la igualdad como la diversidad, presentes en los orígenes de las Políticas Sociales, tienen como referentes a una determinada comunidad o sociedad, es decir suponen la legitimidad de la sociedad como algo distinto a la suma de legitimidades de individuos , que constituyen los derechos humanos y, apuntan a un perfil de ella.

Hay quienes plantean que el nivel cero de la igualdad es la igualdad jurídica, pero ella se refiere sólo a individuos y supone una distancia cero entre categorías, lo que no es real. La equidad es un principio absoluto, la igualdad está limitada por la libertad y la diversidad socio-cultural, que en el fondo son aspectos positivos que hablan de las características de los pueblos.

A partir de esta conceptualización es posible preguntarse por qué predomina hoy el tema de la equidad sobre el de la igualdad. Por un lado, está el

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decaimiento de utopías globalizantes o arquitecturas de la sociedad, exigidas por la igualdad, no así la equidad.

En segundo lugar, hay un predominio de la imagen de individuo por sobre la de categorías sociales y comportamientos colectivos. Ello se explica en parte por el cuestionamiento de la idea de sociedad ante los fenómenos de globalización y de la comunidad política donde se pensaba en un comienzo el problema de la igualdad.

Finalmente, cabe hacer notar que en la sociedad global mundial y en el mercado existen individuos y políticas correctivas, que contribuyen a la superación de problemáticas sociales que están en el seno de la sociedad, latentes y exigiendo de los gobiernos acciones para superar las diferentes situaciones sociales, problemáticas que el mercado en términos teóricos, con medidas adicionales puede resolver los problemas de equidad sociales, aunque es preciso destacar que la igualdad es una utopía social, sobre todo partiendo del abismo, desde el nivel de ingresos económicos que existe entre pobres y ricos.

Sin embargo, las constantes luchas de los diversos actores contribuyen en cierta medida a acercarse en un grado menor a un escenario más igualitario, con acciones del Estado que favorezcan a los grupos más vulnerables.

5.- NECESIDAD DE EMPLEO E INGRESO MINIMO

Este tipo de Políticas Sociales, busca asegurar la existencia de un ingreso mínimo, deseable para la sociedad.

Por una parte destaca la existencia de políticas públicas, relativas al tema de empleo y capacitación, tanto en el ámbito público como privado.

Para el caso del sector público destaca la tarea que desarrolla el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en particular de los programas con apoyo fiscal, y por el sector privado el que se canaliza a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

Ambos organismos desarrollan una gama de programas que buscan aportar herramientas técnicas, para que los distintos actores sociales, puedan acogerse a estas medidas y favorecer tanto la capacitación permanente como el acceso a un mejor empleo, que sin duda está en directa relación con la formación y especialización.

Sin ir más lejos el tema del empleo, es en toda sociedad fundamental para el desarrollo de la misma a nivel global y genera en las personas que la conforman mejorasen su calidad de vida, cumplimiento de objetivos familiares y expectativas de mejoras salariales a medida que las personas adquieren un mayor grado de experticia y perfeccionamiento en una determinada profesión u oficio.

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La existencia de un empleo, constituye en tanto, una necesidad para la subsistencia de la economía familiar, para la educación de los hijos, para la adquisición de bienes y servicios y, es siempre indispensable para el común de las personas, salvo casos fortuitos.

Por lo anterior, cuando existen a nivel global crisis económicas que

naturalmente tienden a reducir la mano de obra en los diversos sectores de la economía nacional, es cuando los gobiernos hacen uso de aquellas medidas tendientes a mitigar la cesantía y la escasez de trabajo.

Para superar, de alguna manera, estas instancias, es que desde el Estado a lo largo de la historia ha diseñado diversas medidas y, de este modo enfrentar este tipo de crisis, destacan el seguro de cesantía, que permite a las personas (mediante un aporte entre el cotizante, y el estado) contar con un sueldo mientras esté desempleado, cuestión que de alguna u otra forma intenta mantener un nivel de ingresos y propender a que la economía familiar se vea lo menos afectada posible, dando un tiempo adicional para la búsqueda de un nuevo empleo.

Por otra parte, existen ofertas de empleo desde lo local, a través de los respectivos municipios, quienes mediante un registro comunal, intentan ocupar a las personas cesantes, en relación a los requerimientos de profesión u oficios particulares.

Así, existe una variada gama de alternativas y de políticas que buscan dar oportunidades laborales sobre todo a los jóvenes, teniendo en cuenta que muchas veces, tanto desde la esfera pública como privada, se privilegia el grado de experiencia laboral para seleccionar al profesional idóneo en el desempeño de una función determinada, quedando en la mayoría de los casos, gran cantidad de jóvenes que recién ingresan al mundo laboral, con las expectativas algo limitadas y, es por ello que se han generado políticas para favorecer la integración de este segmento social al mundo del trabajo, aportando el Estado con recursos para ello.

Las políticas de género en el área de la empleabilidad, también han sido temas que en el último tiempo han tenido cabida, haciendo que la mujer se integre cada vez al mercado laboral, pero sin embrago, aún se lucha por equiparar salarios entre hombres y mujeres, debido a que existe en la actualidad diferencias importante para el desarrollo de una misma función, desde el punto de vista económico.

En lo relativo al ingreso mínimo, destaca el Programa de Empleo Mínimo que fue un plan creado en 1974 en Chile, bajo el gobierno de Augusto Pinochet.

Fue considerado como un subempleo institucionalizado, mediante programas especiales de absorción de mano de obra, el cual se mantuvo prácticamente durante todo el régimen militar desde 1974 hasta 1988.

En la actualidad, el empleo mínimo es evaluado y presentado anualmente por el gobierno de turno, en el caso Chileno y decidido en conjunto por el Congreso Nacional.

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Este monto, es en la práctica la base sobre la cual muchos de los trabajadores perciben su remuneración mensual y, un gran número de la población Chilena depende de este ingreso, en el marco de trabajadores no calificados.

Las políticas de empleo e ingreso, también contemplan la existencia de seguros destinados a cubrir contingencias excepcionales y que pueden ocurrir tanto en el ejercicio de las funciones como fuera de ellas.

Para lo anterior la política laboral, regida para el sector privado en el Código del Trabajo, contempla diversas medidas destinadas a intervenir en caso de ocurrir alguna vicisitud.

En términos generales, existen los seguros de accidentes laborales, accidentes del trayecto, enfermedades, regulados por la ley 16744, que puedan ocurrir durante la vida activa de un trabajador, frente a los cuales la normativa determina las acciones a seguir en cada uno de los casos.

Además también destacan aquellos seguros previsibles, que por su naturaleza pueden ser determinados por los propios trabajadores y, decidir a qué tipo de planes acogerse, cuestión que es en cierta medida elegible, puesto que está en directa relación con la remuneración que perciba el trabajador , sea éste dependiente o independiente, puesto que ambas modalidades de cotización existen y están a disposición de las personas mediante estas entidades denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quienes son las encargadas de caucionar los fondos de sus afiliados y aumentar sus recursos para acceder, al momento que el afiliado lo decida, a una jubilación.

Desde la acción Estatal también existen medidas para proporcionar una pensión de vejez, para aquellas personas que no habiendo cotizado durante el ejercicio laboral, también puedan percibir una pensión asistencial, posterior a los 65 años de edad, en la realidad Chilena.

Por último, un tema no menor en lo relativo a la existencia de un empleo y

de un ingreso, cabe destacar que éstos van muy ligados al grado de experticia y capacitación con que cuentan los sujetos y, una vez más llegamos al tema de la educación como un agente de movilidad social, que favorece la competencia y contribuye a la generación de un capital social que eleva el promedio de un país en vías de desarrollo.

El Estado, sin embargo, en el intento de proteger a los más desvalidos, se sitúa dentro de un ámbito que suele denominarse salario mínimo, tal principio implica que el estado está dispuesto a modificar los mecanismos del mercado capitalista en una medida marginal, para no trabar su funcionamiento normal, esta política selectiva se ubica en el nivel más bajo de subsistencia, como en el caso del salario mínimo, con lo cual se amplifican o mantienen las desigualdades sociales, reproduciendo las condiciones de vida de los grupos sociales más desfavorecidos.

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6.- CONDICIONES DE TRABAJO, EDUCACION, FORMACION Y CULTURA

Estos cuatro elementos están íntimamente relacionados entre sí y, son

decidores a la hora de acceder a mejores oportunidades individuales.

Si bien cada uno de ellos se relaciona con un aspecto particular de cada sujeto, son las mismas condiciones económico-sociales, las que van a determinar el grado de participación de cada uno de estos factores en la vida de un ser humano.

La protección de las condiciones laborales, intenta lograr que las personas realicen sus funciones amparados en el respeto a la salud y en la dignidad del trabajador. Para lograr tales objetivos es que se han designado a nivel de Estado, una serie de acciones que buscan regular las condiciones laborales de los trabajadores.

En lo relativo a las condiciones de salud, destacan por ejemplo que el empleador proporcione las condiciones mínimas que permitan desarrollar las funciones sin poner en riesgo la salud de sus colaboradores, en este aspecto, inciden el contar con la implementación necesaria de acuerdo a la labor a desempeñar, así en el área de la construcción, los trabajadores deben contar con los implementos de seguridad acordes con el nivel de riesgo.

En una empresa de alimentos, por ejemplo, los trabajadores deben contar con lasmedidas de salubridad para el ejercicio de la labor y de su propio cuidado personal, como la empresa debe cumplir con las normas de higiene y seguridad propias de la elaboración y conservación de los productos, reguladas por el organismo estatal competente.

Por otra parte, las condiciones de trabajo deben permitir que los trabajadores tengan la libertad de formar e integrar agrupaciones sindicales al interior de una empresa u organización.

Desde la observación de Fernández, en lo referido a educación, formación y cultura, éstos elementos conforman el conjunto de medidas destinadas a integrar los miembros de una sociedad a sus diversos roles y funciones y a perfeccionar esa integración a través de su expansión intelectual y espiritual.

Según el autor, estas medidas se categorizan en tres tipos:

Las que organizan los mecanismos de transmisión de conocimientos.

Las que financian la participación de los estudiantes en los sistemas educativos.

Las que financian actividades culturales, mediante subvención.

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También existen evidencias de la importancia de la inversión en capital humano, principalmente en educación formal, lo cual es un cierto garante de mejores inserciones laborales en el futuro. Rosenthal plantea lo siguiente en lo referido a la educación:

Cada año de educación formal significa un aumento de un 10% del ingreso en la vida adulta;

Los trabajadores adolescentes ya tienen, en promedio, un año menos de educación que sus pares;

Quienes trabajan entre los 13 y los 17 años tendrán dos años menos de educación que el promedio cuando sean adultos;

El recibir dos años menos de educación básica implica ingresos mensuales 20% inferiores al promedio a lo largo de toda la vida activa, o una pérdida del equivalente a los ingresos correspondientes a seis años de trabajo» (Rosenthal, 1996).

Con esta referencia, el autor, intenta resaltar la importancia de la inversión

en educación de la población, partiendo del supuesto de la igualdad de oportunidades en el acceso y el resultado de la educación de todos los ciudadanos, especialmente de los más pobres, como materia de preocupación del Estado, pues el acceso a la educación de los sectores más ricos no está amenazado.

Para enfatizar un poco más en el tema de la educación al alero de las políticas sociales, cabe mencionar que en Chile el sistema escolar es universal, con una educación primaria de carácter obligatoria llegando de esta forma a todos los niños y niñas en edad escolar.

Siguiendo a Olavarría, se plantea que la cobertura en educación secundaria creció desde un 81,5% en 1987 a 90% de los jóvenes menores de 25 años en el año 2000.

En términos históricos, se da cuenta de la tradición en políticas sociales en este ámbito que se llevó a cabo a partir de la Independencia de Chile y que ha dado como resultado una amplia cobertura educacional en el país, lo que sitúa a Chile en un buen nivel educativo en el contexto latinoamericano.

En la actualidad, el sistema escolar como es bien sabido, se organiza a partir de escuelas con administración municipal, además de los establecimientos educacionales particular subvencionado y únicamente particular.

El sistema educacional Chileno, recibe del Estado, subvención escolar, a excepción de las escuelas privadas. Por su parte las escuelas completamente privadas, no reciben aportes desde el Estado y por lo tanto son las familias de los estudiantes quienes asumen el costo económico de la educación de sus hijos, de la colegiatura y cualquier otro gasto que de ella emane.

Por ende, en los establecimientos educacionales municipales se encuentra la mayor cantidad de alumnos provenientes de sectores más vulnerables y de más bajos ingresos, asistiendo los estudiantes de sectores más acomodados a las escuelas privadas.

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Otra de las medidas que entrega el Estado en el marco de las políticas sociales, en el contexto educativo, es el Programa de Alimentación Escolar, el cual se asume como un programa complementario que intenta favorecer el sistema escolar y que consiste en la entrega de desayunos, almuerzos y colaciones para los estudiantes más pobres, entre las edades entre 6 y 14 años de edad.

Este beneficio de Alimentación Escolar, lo reciben aquellos estudiantes que asisten a escuelas municipales y a aquellas que forman parte del sistema subvencionado de educación.

Cabe destacar que este Programa es administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), dependiente del Ministerio de Educación y que opera desde el año 1964.

El formar parte de este programa, en muchas de las realidades familiares, es fundamental para que los alumnos puedan contar con la alimentación necesaria durante el día, sobre todo tratándose de niños y niñas provenientes de sectores pobres, donde es difícil proporcionar desde la familia una colación para cada día escolar.

Por lo anterior tal Programa es elemental y constituye en algunos casos una motivación para que las familias envíen a sus hijos a las escuelas y una cierta descongestión en la economía familiar, cuando los ingresos son precarios y esporádicos, es por ello que la focalización de este beneficio debe estar muy bien asignada para llegará quienes realmente necesitan de él.

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BIBLIOGRAFIA

Arturo Fernández y Margarita Rozas, Políticas Sociales y Trabajo Social, Ed. Hvmanitas, Buenos Aires 1988.

Osvaldo Larrañaga, Las nuevas políticas de protección social en perspectiva histórica, Documento de Trabajo, 2010.

Ley Nº 16.744 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.